¿Cómo se monta una huelga unitaria entre dos sindicatos de clase, dos profesionales conservadores, dos anarcosindicalistas, otro intersindical progresista, una asociación de familias, un colectivo de docentes, otro transversal y dos asociaciones de estudiantes? A esa pregunta tratan de responder estos días CCOO, UGT, ANPE, CSIF, CGT, CNT, STEM, CSIT, la confederación de AMPAS Confapa, la asamblea Menos Lectivas, la Marea Verde, el Sindicato de Estudiantes y el Frente de Estudiantes para organizar una protesta que, idealmente, paralice la educación madrileña, a imagen y semejanza de la huelga docente en la Comunitat Valenciana.

La idea se concretó la semana pasada, cuando UGT y CCOO, por un lado, y CGT, CNT y la asamblea de profesores Menos Lectivas anunciaron el mismo día de manera independiente que convocarían sendos paros el próximo curso. CCOO y UGT explicaron desde el primer momento que su idea era sumar al resto de organizaciones para lograr un frente común que dote de fuerza al movimiento y también aprender de las lecciones que deja la pelea en el Levante: es más fácil empezar unidos que acabar unidos.

La tarea requerirá flexibilidad de todos. Como explican desde el sindicato STEM, “la unidad de acción sindical en nuestra Comunidad se encuentra actualmente muy deteriorada, con apenas espacios de coordinación entre los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial [CCOO, UGT, CSIF y ANPE] y aquellos que trabajamos fuera de esta [STEM, CGT, CNT, CSIT]”, entre otras cuestiones motivada porque los primeros firmaron un acuerdo con la Comunidad de Madrid que los segundos rechazaban por insuficiente y que acabó siendo una treta del Gobierno regional.

Para explorar hasta dónde puede llegar la unidad, las 13 organizaciones se reunieron el pasado lunes —con una cierta protesta de algunos sindicatos porque les convocaran a algo ya planteado en vez de incluirlos desde el principio— con el objetivo de poner elementos en común y empezar a diseñar una agenda que acabe en una convocatoria de huelga indefinida. La reunión fue positiva para casi todas las partes, según han relatado a este diario varias personas presentes en la cita. Ahora, cada organización debe respaldar o no la movilización y en qué términos la apoya. Unas ya han hecho ese proceso, otras están consultando a sus bases. El próximo jueves 11 se vuelven a reunir para definir posturas ya de manera oficial y empezar a dar pasos.

Donde hay bastante acuerdo, más allá de aterrizarlo más adelante en cifras o reivindicaciones concretas, es en las áreas de reclamación: mejores salarios, más docentes, especialistas para atender la diversidad, menos horas lectivas, más recursos en general, la falta de plazas públicas en la FP, medidas contra el calor en los centros...

Es más lo que nos une que lo que nos separa", dice UGT; "Hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca", sostiene CCOO. "Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos", opina Menos Lectivas. "Nadie se puede permitir fallar aquí", sostiene CGT

“Creo que es más lo que nos une que lo que nos separa”, expresa Chema Pinto, de UGT, un sentir optimista mayoritario entre las organizaciones. “En este momento hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca”, sostiene Aída San Millán, de CCOO. “Los movimientos sociales, esto está estudiado, van y vienen. Y este puede no volver en 20 años”, cierra. “Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos”, corroboran desde el colectivo docente Menos Lectivas. “Nadie se puede permitir fallar aquí”, ahonda Rafael Valentín, de CGT, “creo que vamos en el buen camino para solucionar este asunto, que es conseguir mejoras laborales que necesitamos como agua de mayo”.

La primera toma de contacto sirvió para ver dónde está cada uno y empezar a abordar los asuntos que marcarán la convocatoria: quién se va a unir —las dudas atañen principalmente a ANPE y CSIF—; en qué fecha empezarán los paros —hay propuestas de septiembre, octubre o incluso enero—; quién negociará con la Consejería de Educación llegado el momento —hay acuerdo en que será un comité mixto que incluya también a organizaciones que no están presentes en la mesa sectorial—; el rol de la asamblea unitaria que se reunirá el próximo día 24 para votar sobre todas estas cuestiones, si será consultiva o vinculante; y cómo se articularán esas votaciones —quién puede votar y cómo se establece un método fiable—.

ANPE es el sindicato que parece plantear más dudas. “Plantear una huelga a finales de curso para dentro de varios meses sin saber cómo van a venir las instrucciones de inicio de curso, que se publican ahora, y cuando en el seno de la mesa sectorial la administración estaba proponiendo abrir un proceso negociador sobre diversos temas... Nos sorprendió”, explica Esteban Serrano, vicepresidente de ANPE Madrid. “Nosotros somos más de la vía de comenzar con una negociación, intentar llegar a acuerdos y, si la Administración no atiende a razones, entonces plantear medidas reivindicativas”, argumenta.

CSIF Madrid emitió un comunicado en el que señala que los servicios mínimos que suele imponer la Comunidad de Madrid hacen las huelgas poco efectivas y, como ANPE, advierte de que “los descuentos en nómina podrían ser muy abultados y no serviría nada más que para dar un balón de oxígeno” al Gobierno regional, aunque concluye que “no descarta adherirse a esta convocatoria o a otras y tomará en breves fechas una postura definitiva, siempre valorando el interés general de los docentes y por supuesto en pro de la unidad sindical de acción”. A nivel estatal, el sindicato comunicó después que empieza en septiembre una “campaña de movilizaciones” que no descarta concluya en una huelga.

Cuándo se para

La fecha de la convocatoria es de los primeros elementos a resolver. CCOO y UGT habían propuesto que el curso ni empezara (hacerla en septiembre), mientras Menos Lectivas, de la mano de CGT, apostaba por enero. No parece que vaya a ser un gran escollo, en cualquier caso.

“Nosotros vamos a la huelga, a eso ya estamos comprometidos por mandato de la asamblea”, explica San Millán, de CCOO. “No nos importa flexibilizar las fechas”.

Exactamente la misma palabra utilizado por Valentín, de CGT. “Nosotros la preferimos en enero, con alguna movilización y quizá incluso paros antes, en octubre. Pero si CGT tiene que cambiar su propuesta de hoja de ruta para la huelga, se cambia. Es una propuesta flexible, lo importante es que salga bien para que sea masiva, eficaz y efectiva contra la consejería, que está muy muy muy –la triple repetición es suya– en contra de los derechos laborales”.

Una persona presente en la reunión, no adherida a ninguna de estas dos formaciones y que prefiere no identificarse, pondera ambas propuestas: “Una huelga indefinida a partir de septiembre es complicada, no veo tanto mimbres como en la Comunitat Valenciana. Y a la de CGT le veo el problema de que si a una indefinida en enero le metes unas jornadas previas puede resultar desmotivador”, y apuesta por una especie de tercera vía: huelga en enero, pero sin grandes alharacas previas, como mucho algún paro parcial para no desgastar al profesorado. El paro en enero tiene la ventaja, cierra esta fuente, de que da más tiempo para organizar cajas de resistencia, etc. y llegaría con la paga extra de navidad recién ingresada, que ejercía de colchón.

Quién negocia

Aunque no hay nada cerrado a la espera de la reunión del próximo jueves, varias fuentes coinciden en que hay un cierto consenso en que las futuras negociaciones deben recaer en un comité mixto de huelga que represente a todas las organizaciones y no dejar ese rol solo a quienes están presentes en la mesa sectorial de Educación (CCOO, UGT, CSIF y ANPE), el órgano oficial de conversación entre sindicatos y Gobierno regional. Entre otras razones, para que no se dé la paradoja de que alguien que eventualmente no apoye la huelga (si fuera el caso de ANPE O CSIF) negocie en nombre de otros que sí.

“Era una propuesta que llevábamos varios y un acto de confianza”, sostiene Millán, aunque otras organizaciones dicen que más bien “lo aceptaron”. Su compañero Pinto cree que “no es el momento de egos”, y también menciona que “hay que restablecer la confianza”, alusión a las diferencias pasadas entre organizaciones. En STEM dudan de que las asociaciones estudiantiles formen parte de ese comité porque es una huelga de profesores lo que está sobre la mesa y deben ser ellos quienes negocien, argumentan.

En cualquier caso, ahonda San Millán, “es un lugar complejo, porque la huelga la hacen los trabajadores, pero tenemos mucha responsabilidad los convocantes. Y es igual de importante saber dibujar la puerta de entrada que la de salida. Un comité mixto es la forma más realista y honesta de negociación de salida de una huelga”, sostiene.

Quién decide

Uno de los aspectos que más debates puede levantar es quién tendrá el poder de decisión sobre los movimientos del colectivo durante la huelga. Sobre si una eventual propuesta de la Consejería de Educación se acepta o no. Sobre hasta dónde forzar.

De momento las organizaciones han convocado una asamblea unitaria de profesores el próximo día 24, como siguiente paso a la reunión del jueves 11. En esa gran cita se debe votar la fecha de la convocatoria y dibujar una tabla de reivindicaciones, idealmente con unos máximos y unos mínimos “de salida” a partir de los cuales una propuesta merece ser votada por el colectivo de trabajadores.

La duda es si esta asamblea debe ser consultiva o vinculante. Si su voto es decisión o si luego cada una de las 13 organizaciones debe validarla por su cuenta y método: algunas con sus propias asambleas, otras no. Y aquí las posturas difieren algo.

“CGT quiere que la asamblea sea vinculante. Sabemos que cuando se negocia, se debaten cuestiones, se puede ganar o perder. Nosotros queremos que sea vinculante para que no pase eso de 'tú has ganado y tú has perdido', sino que la asamblea pueda decidir cosas y se respeten, independientemente de cada sindicato”, sostiene Valentín, de CGT. CCOO también cree que la asamblea del 24 debe decidir, pero STEM no lo tiene claro.

“En STEM los acuerdos pasan por la asamblea de STEM”, expone Sergio López. “Nuestra asamblea nos suele dar mandatos abiertos, un plan A y un plan B, según el contexto. Está en nuestros estatutos consultar”, explica.

¿Un censo para votar?

Lo que apela a la cuestión de la unidad, de las reivindicaciones mínimas, de qué se acepta y qué no. Qué se vota (¿tiene sentido plantearle a la asamblea una oferta de subida de, por ejemplo, 50 euros al mes, si se están reivindicando varios cientos?) y cómo y quién. Los sindicatos le dan vueltas a cómo establecer un mecanismo por el que un sindicato no se pueda desmarcar por su cuenta aceptando un acuerdo que el comité de huelga rechaza en su conjunto, una situación que se acabó dando en la Comunitat Valenciana.

“Tenemos algunas propuestas”, desliza San Millán, que prefiere reservarlas para el jueves 11. “Hubo hasta quien propuso firmar algo ante notario, pero no sé si es legal. Debería haber un compromiso de mínimos, una línea roja común. Y también establecer de alguna manera que si se consulta algo y sale que no, sea que no para todos”.

Lo que tiene que quedar es clara la función de la asamblea, pide Valentín, de CGT. “Sería importante que si se establece que es vinculante, sea vinculante, no vale bajarse del carro”.

STEM también planteó en la reunión del lunes, que para su sindicato es importante, tanto como posible motivo de autoexclusión si no se da, establecer un mecanismo para votar posibles propuestas que sea transparente. “Que todo el profesorado tenga la oportunidad de decidir sobre el tipo de movilización en cada momento. Si se mantiene, si se suspende, que pueda opinar sobre cualquier propuesta de acuerdo. Esto no es incompatible con asambleas unitarias, que nos permiten ir modulando acciones. Pero en los momentos clave, que se dé la oportunidad a todo el profesorado de opinar. Y, habida cuenta de que no somos capaces de juntar a los más de 50.000 que somos a día de hoy, plantear consultas telemáticas fiables y verificables, como han hecho en la Comunitat Valenciana y en Catalunya”, explica López.

CCOO ve con buenos ojos la propuesta. “Es importante articular mecanismos de voto, pero con censos”, sostiene San Millán. “Quizá a través del email de la consejería”, desliza.

Con estos frentes abiertos, las organizaciones se disponen a avanzar. Hay optimismo porque, dicen, el profesorado “no puede más” y está dispuesto al paro, según les cuentan en sus visitas a sus centros. Llamar hoy a un sindicalista es que te explique que acaba de salir de un colegio o instituto y muchos profesores, todos, dicen algunos, les muestran su hartazgo y su disposición a parar. Solo STEM tiene dudas de este espíritu y ANPE duda de la conveniencia del momento y del orden de los factores.

Pero todos son conscientes de la importancia del momento y del movimiento, y de los riesgos de que salga mal. Lo resumen STEM: “La huelga es uno de los instrumentos de lucha más importantes de los que nos dotamos los trabajadores y trabajadoras y su utilización a la ligera puede ser contraproducente, más aún la huelga indefinida por el elevado desgaste que supone y el riesgo de derrota que puede suponer de no organizarse correctamente”.

La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino utilizó, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

La juventud católica del Papa lo tiene claro: es el 'influencer' del catolicismo. Así lo han demostrado los miles de jóvenes que se han congregado este sábado por la tarde en las cercanías —y no tan cercanías— de la plaza de Lima de Madrid, en la que el pontífice ha dado una vigilia acompañado de chavales de diferentes grupos religiosos. El ambiente era relajado, pero los nervios estaban a flor de piel porque las colas interminables bajo el sol no parecían asegurar un sitio para todos. “Parece que muchas veces somos unos pocos, pero me parece increíble que el Papa sea el mayor influencer en la sociedad actual”, dice uno de estos grupos de jóvenes creyentes.

Estos días hay una pequeña contraprogramación, por decirlo de alguna manera, a la visita de León XIV en la capital: los macroconciertos de Bad Bunny continúan, haciendo que dos mundos aparentemente lejanos se toquen de alguna manera. En los alrededores de la Castellana se podía apreciar esta mezcla. Un grupo de chavales que habían decidido salirse de la cola explicaban: “Hubo gente que también se salió del concierto de Bad Bunny”. Ya hacia las 17:00 de la tarde las colas eran interminables.

Algunas de las proclamas que se podían escuchar de grupos muy variados eran “Papa, León, queremos tu bendición” o “Esta es la juventud del Papa”. Un clásico también eran las canciones de misa y alguna otra del grupo Taburete. Mientras, familias con niños, personas mayores, adolescentes y gente de todas las edades avanzaba lentamente guiados por la policía y los voluntarios. En un vistazo general de estas aglomeraciones se podía apreciar, además de camisetas y pañuelos de colores relacionados con la visita, banderas de España de todos los tipos y formas: relacionadas o no con el catolicismo, como capa, atadas a un palo o incluso como una especie de pareo.

En general, el ambiente era tranquilo a pesar de la cantidad de personas, muchas de ellas sin tener muy claro a dónde ir. “Creo que es impresionante todo lo que puede llegar a mover esto”. Hablan Pilar y Pedro, una joven pareja de 23 y 25 años, a unas pocas horas de la llegada del pontífice. “Es un momento muy emocionante que puede llegar a tocar muchos corazones”. “Yo creo que a la gente se le está yendo el miedo de decir que es cristiano y quiere salir a la calle y reivindicar sus valores y tradiciones”, dice el joven.

“La gente joven está un poco harta”

Pero los asistentes no son solo de Madrid, también muchos vienen de otras partes de España. Es el caso de Javier, de 20 años, que hacía solo unas horas que había llegado a la capital desde Granada. Ha ido a la vigilia para “tener una relación más personal con Dios y crecer un poco más espiritualmente”, además de “disfrutar” de sus amigos y de la gente. ¿Pero tendrá tiempo para ir a ver a Bad Bunny? Parece que no: “Yo me mantengo fiel a esto”, dice entre risas.

Preguntado por su opinión sobre este Papa actual y el papa Francisco, el granaino lo tiene claro: “Francisco también era muy buen Papa, pero es verdad que todas estas cosas le venían un poco más grandes, creo que León las afronta muy bien. Yo creo que ahora está habiendo un 'boom' —de la religión— porque la gente joven está un poco harta, un poco cansada de lo de siempre, y si te llega alguien normal que se lo pasa bien, va a misa y vive tranquilamente la vida ordinaria, eso a la gente le gusta”, asegura antes de irse para buscar a sus amigos.

A su lado, un grupo de voluntarios informan a la gente de por dónde tiene que buscar su acceso a las gradas mientras se nota una cierta inquietud ante la inminente llegada del pontífice, un nerviosismo que también se aprecia en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Antes de llegar a uno de los accesos, dos chicas cercanas a la treintena responden a elDiario.es. Se han acercado para “escuchar el mensaje” que quiera decir a la gente que acude hoy al encuentro: “Da mucha paz poder escuchar qué tiene que decir y cómo quiere que vivamos”, aseguran.

Una de las cosas que ha dicho, de hecho, el Papa es que a los migrantes “hay que tratarlos como seres humanos, no como animales”. ¿Qué opinan los asistentes de este tema? “Yo pienso que todos tenemos los mismos derechos pero que la libertad de uno empieza donde acaba la del otro. Hay que tener siempre en cuenta el bienestar común y mantener un orden siempre y cuando no esté afectando a las propias personas del país”, dice una de las jóvenes antes de entrar al recinto. “Es complicado, siempre y cuando se respete a las personas”, dice otra, de un grupo diferente.

“Me parece increíble que el Papa sea el mayor influencer”

“Da gusto ver la calle llena por la razón que es. Parece que muchas veces somos unos pocos en la sociedad, pero decir, me parece increíble que el Papa sea el mayor influencer en la sociedad actual”. Hablan entre risas Álvaro, Javi y Carlos, los tres en la veintena de edad. Hacen cola bajo el sol y aplauden que estos días la capital esté llena de gente católica. Los tres achacan esto a que existe un “vacío existencial en la sociedad que hace que mucha gente” busque algo que dé “sentido a su vida”, en este caso, el cristianismo. “Hemos dejado un libertinaje durante mucho tiempo y al final el actuar sin sentido te lleva a que entres en una crisis profunda y de repente no encuentres sentido a lo que haces”, dice uno de ellos.

Coinciden en una “crisis de valores”, como por ejemplo, el “valor de la familia”, que a juicio de uno de ellos, “está totalmente perdido”. Aunque aseguran que prefieren no mezclar política y religión, a la pregunta de si creen que ahora mismo desde las instituciones se respalda el catolicismo, aseguran que hay un “acoso a lo que representa” la institución, así como a la “familia tradicional” o a “elegir la educación que quieras para tus hijos”.

Aunque la mayoría de asistentes han preferido no mojarse en cuanto a qué papa prefieren y apuntan a que es un “representante de Dios en la Tierra” y que, por tanto, cualquiera está bien, en este caso uno de ellos sí ha querido mojarse: “Prefiero a este Papa. Me parece que es mucho más carismático y encaja bastante más”, asegura. Pero parece que su decisión ha estado motivada también por un vídeo que ha circulado este sábado en redes en el que Prevost decía que era del Real Madrid... y del Atlético de Madrid. “Hoy ha hecho declaraciones de que es del Real Madrid, así que me ha ganado”, decía el joven.

“Venir aquí no te hace ni mejor ni peor persona”

Ya sobre las 19:30 la expectación era máxima. La gente se agolpaba dentro pero también fuera del recinto, muchos rezagados sin entrada que intentaban cruzar al otro lado. “Sin el QR no se puede”, repetían los voluntarios una y otra vez. Era complicado tener una visión general pero fue muy obvio cuando Prevost cruzó por la calle central con el papamóvil entre los fieles. Hubo aplausos, gritos y gente llorando que grababa con sus móviles desde la distancia entre gritos de “viva el Papa”.

A medida que avanzaba la vigilia y después de diferentes actuaciones, entre ellas la de los actores del musical Godspell, producido por Antonio Banderas, algunos de los asistentes abandonaban el lugar. Otros preferían, a pesar de tener entrada, quedarse fuera de las vallas policiales. Era el caso de Joaquín, Cristina y Jesús, que, al contrario de lo que se veía en otros grupos de jóvenes, bebían cerveza y tinto de verano sentados en la calle. “Hay ciertos tipos de mirada que juzgan un poco a pesar de que justo lo que el Papa dice es que cada uno sea real, un ser humano de carne y hueso”, reconocían a elDiario.es.

Los tres chavales decían que habían acudido a la cita para vivir “un momento histórico” y porque querían estar acompañados “de la fe”. “No tienes por qué ser un prototipo de persona para creer en Dios, para poder creer en la Iglesia”. “Venir aquí no te hace ni mejor ni peor persona”, aseguraban.

“Yo podría estar en el concierto de Bad Bunny igual que estoy aquí, sería igual de buena o mala persona. Bad Bunny tiene muy presente a Dios en su vida y lo menciona en su concierto. El discurso es el mismo porque habla de amor y de que mientras uno esté vivo debe amar lo más que pueda. Es al final el mensaje de Jesucristo también, amar todo lo que puedas”, decía uno de ellos.

El grupo de tres planteaba algo diferente. “Creo que Francisco ayudaba mucho más. Abrió un camino con la homosexualidad, abrió la puerta”, lo que pudo favorecer a que ahora ya exista esa conversación dentro de la Iglesia católica, un punto que consideran positivo.

Mientras, el pontífice cerraba desde el escenario su discurso unos minutos antes del rezo colectivo: “Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con amor”. Acto seguido los fieles callaban, algunos de ellos se ponían de rodillas y oraban acompañando a Prevost. Otros, perdidos por haber salido a los baños portátiles de los alrededores, intentaban pasar entre la multitud para volver a encontrar a su grupo de amigos sin molestar demasiado al resto. Una imagen que, de nuevo, bien podría darse en un concierto de Bad Bunny.

Isabel Díaz Ayuso fue contundente después de que el polémico concepto de “prioridad nacional” salpicase los pactos entre PP y Vox en territorios como Extremadura o Aragón. Dijo que “esos requisitos no son legales”. Pero el nuevo reglamento de vivienda aprobado por su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid exige un empadronamiento mínimo de diez años para la compra de casas protegidas, un requisito que según distintas organizaciones, ya implica una “discriminación indirecta” a las personas migrantes y, por tanto, podría suponer en la práctica una suerte de “prioridad nacional”.

El aumento de las exigencias mínimas para acceder a ayudas de este tipo no solo se da en la Comunidad de Madrid, aunque con las medidas más recientes, es una de las autonomías más duras en cuanto al mínimo de años de empadronamiento. También ocurre en Canarias, que recientemente ha pasado de siete años a doce. Ahora, diferentes organizaciones sociales han acudido a los tribunales a denunciar lo que consideran una “discriminación indirecta” especialmente a las personas migrantes. El Observatorio DESCA es una de estas asociaciones que ahora apunta a Madrid. “Esta demanda es un aviso a navegantes” para quien vaya por el mismo camino. “Esta propaganda barata y ultra no puede salir gratis al gobierno”, apuntan en declaraciones a elDiario.es.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre este tema.

Desde el Observatorio DESCA trabajan junto a diferentes entidades para evitar lo que consideran una “discriminación indirecta”, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. “Creemos que en cualquier sitio que se apruebe una medida parecida se tiene que impugnar”, dicen a elDiario.es.

“Es un tipo de medida que parece neutra en apariencia” pero que “discrimina más a las personas migrantes” en realidad. Las personas migrantes tienen más dificultades para empadronarse en una comunidad. “La propia trayectoria de la persona migrante impide tener un recorrido en el mismo municipio”, pero es que además “muchas de estas personas tienen una trayectoria discriminada debido al racismo inmobiliario”. “Las mismas comunidades que no actúan contra este racismo son las que además las excluyen del único mecanismo por el que pueden acceder a una vivienda estable”, indican desde la asociación en referencia a las dificultades que experimentan muchas personas migrantes para acceder al mercado de la vivienda, especialmente a un alquiler.

Una de las organizaciones que trabaja con el Observatorio DESCA es el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El abogado Javier Rubio explica en declaraciones a elDiario.es que se prevé que el nuevo reglamento general de VPO que el Gobierno de Ayuso está elaborando también incluya estos requisitos: “Junto con otras organizaciones sociales venimos haciendo seguimiento a los sistemas de acceso a la vivienda, cada vez más inaccesibles, y en su momento habrá que valorar una posible impugnación de estas medidas en varios frentes”, precisa.

“Esto ya es la prioridad nacional, que viene de otros países como Francia o Italia”, donde ya se han encontrado con problemas en los tribunales. Sin ir más lejos, este pasado mes de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que exigir diez años de arraigo para acceder a ayudas sociales es una “discriminación indirecta” que afecta “principalmente a los no nacionales” y que, por tanto, estaría “prohibida, en principio” por el “Derecho de la Unión”.

¿Eso significa que es discriminatorio aplicar cualquier requisito de residencia mínimo? En principio, no tiene por qué. “En Catalunya, la ley establece que los municipios pueden decidir no imponer mínimo, pero como máximo pueden ser tres años. Tiene sentido porque para acceder al arraigo son tres años, eso ya muestra una voluntad. Uno puede establecer límites razonables, pero no excluyentes. La vivienda pública sirve para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad”, concluyen desde la organización. A nivel nacional, explica el abogado Javier Rubio, la regulación de la Ley de Vivienda o el Plan Estatal cuentan con “requisitos económicos o sociales pero no establecen ningún requisito de antigüedad”.

Una propuesta inspirada en los pactos autonómicos

Aunque el nuevo Reglamento de Vivienda Protegida en trámite ya contemplaba este requisito de pedir un empadronamiento en la Comunidad durante al menos diez años tanto en la vivienda protegida pública como en la privada, en mayo se aprobó una proposición no de ley presentada por Vox en la Asamblea de Vallecas inspirada directamente en el concepto de “prioridad nacional”. A través del texto, se exige a la Comunidad de Madrid que reclame al Gobierno central que promueva el acceso a estas ayudas bajo este término, no solo en materia de vivienda, sino también con otros subsidios sociales. Una PNL presentada por el partido de extrema derecha y que finalmente el PP modificó y aprobó, a pesar de haber rechazado durante meses la “prioridad nacional”.

El documento contempla como fin “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. También plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

En concreto, mencionan el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social, que también buscan que esté “inspirado en el principio de prioridad nacional” pero “adecuado a la legalidad vigente”. Además del mínimo de años, se recoge asimismo el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. Y consideran que “se debe excluir a aquellos” condenados por okupar viviendas “en los últimos cinco años” además de instar al Gobierno a poner fin al proceso de regularización de migrantes.

Por su parte, Vox celebró lo que consideran como un “giro” del PP: “La Asamblea de Madrid ha aprobado, gracias a Vox, una iniciativa para avanzar en la aplicación del principio de prioridad nacional”, comunicaron. Incluso a nivel nacional celebran aplicar esta medida a toda España: “Exigir diez años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante, es legal y moral”, dijo el diputado Carlos H. Quero.

Este mismo jueves, la Asamblea de Vallecas ha aprobado la nueva ley de medidas urgentes para la vivienda por la que pretenden ampliar la oferta de vivienda asequible y “acelerar los plazos de construcción”. Según datos de la Comunidad de Madrid, en la actualidad la región cuenta con 14.000 viviendas protegidas, en total 4.875 se han entregado ya en nueve municipios, y hay otras 3.495 en construcción. Uno de los puntos que la oposición lleva tiempo pidiendo en este sentido es que estas viviendas no pierdan su calificación de protegidas: desde 2019, 9.871 viviendas han pasado al mercado libre, según publicaba Cadena Ser tras una petición en Transparencia.

Ayudas a la natalidad

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, explicó la relación de la región con el polémico concepto. Lo hizo después de que PP y Vox cerrasen en Castilla y León un pacto que incluía la “prioridad nacional”. Preguntado por si le gustaba el término, García Martín habló precisamente del requisito del arraigo y puso como ejemplo las ayudas a la natalidad.

Cuando Ayuso anunció estas ayudas a la natalidad en 2021, la polémica estalló porque en un principio se exigió que llevaran diez años empadronadas en Madrid. Un requisito que tuvieron que rebajar hasta los cinco años que se piden actualmente. “Esto no es un concepto nuevo”, dijo el portavoz este miércoles, que enmarcó el requisito en la “normalidad”.

Después de varios días de tregua en lo que al calor intenso se refiere, las temperaturas máximas volverán a subir este fin de semana hasta un domingo en el que se regresarán a valores por encima de los 35 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Aemet ha advertido de una jornada de “calor intenso” teniendo en cuenta las actividades planificadas en la calle por la visita del papa León XIV, con mínimas que no bajarán el domingo de los 20 grados en la capital y máximas que podrían estar entorno a los 33 o 34 grados.

En la Comunidad de Madrid, en general, se espera que las temperaturas empiecen a subir tanto en las mínimas como en las máximas, con valores que ya se quedarán entre los 15 y 18 grados, mientras las máximas oscilarán entre los 28 y 32 grados.

Pero será el domingo la jornada en la que el calor volverá a ser intenso, siguiendo progresión en el ascenso. Con mínimas que estarán por encima de 20 grados en la capital y con máximas que superarán los 30 grados en casi todas las localidades, quedándose entre los 31 y 35 grados.

Cielos despejados para el domingo

El sábado se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, que por la tarde podría derivar en nubosidad de evolución en la Sierra. En cuanto al viento, soplará flojo variable.

Por su parte, el domingo los cielos serán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas de madrugada, que a partir del mediodía podría ser nubosidad de evolución diurna en la Sierra y páramos del sureste. El viento soplará flojo variable en la jornada, con predominio de componente sur en horas centrales.

La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.

La primera vez que un papa anunció una visita oficial a Madrid hubo que aplazarla porque coincidía con unas elecciones generales, las del año 1982. La votación de la que saldría airoso un joven Felipe González cambió de lleno el panorama político justo antes del evento, que se aplazó unos meses. Pero la victoria socialista no impidió que, en noviembre de ese año, Juan Pablo II (1978-2005) pisara al fin la capital, que en la edad moderna no había recibido la visita de ningún otro pontífice.

Por aquel entonces, otro socialista era el alcalde de Madrid. Enrique Tierno Galván, agnóstico confeso, que recibió al Papa en latín y le hizo entrega de las llaves de la ciudad junto a la plaza del Doctor Gregorio Marañón, en pleno paseo de la Castellana. Nada más aterrizar, el viaje apostólico ya había dejado una imagen para la historia: la de Juan Pablo II besando el suelo de Barajas.

Desde el aeropuerto dio luego un discurso inaugural en el que estuvieron presentes Juan Carlos I y su esposa Sofía como reyes de España y el que ya era presidente en funciones, Leopoldo Calvo Sotelo. Muchos de los actos que tuvieron lugar en los días siguientes volverán a repetirse ahora, esta vez ante una nueva generación de fieles. Repetirá incluso el Santiago Bernabéu, que Karol Wojtyla utilizó como recinto de masas para un encuentro celebrado con jóvenes. También ofreció misas multitudinarias en la Plaza de Lima.

El 3 de noviembre de aquel 1982, pocos días después de su llegada, Juan Pablo II se reunió con unos 150.000 jóvenes que poblaban las gradas y el césped del Real Madrid. A ellos les confesó, desde un escenario papal montado en medio del campo, que ese era “uno de los encuentros que más esperaba” en su primera visita a España. “Me permite tener un contacto directo con la juventud española en el estadio Santiago Bernabéu, testigo de tantos acontecimientos deportivos”, les dijo al inicio de su discurso. Fue uno de los acontecimientos más rompedores y recordados de aquel viaje.

También León XIV congregará miles de personas en el estadio del club que preside Florentino Pérez, e igualmente dará protagonismo a los jóvenes con un acto central de su agenda. Pero no a la vez: el encuentro en el Bernabéu será el lunes y le reunirá con la comunidad diocesana de Madrid, mientras que el sábado previo se celebrará una vigilia acompañado de distintos grupos juveniles. Una de las incógnitas que circularon antes de anunciar la agenda oficial de la visita fue el lugar desde el que 'entraría' a la capital, en un sentido simbólico.

La Puerta de Alcalá o una entrada desde Carabanchel

El 18 de agosto de 2011, Benedicto XVI cruzó a pie la famosa Puerta de Alcalá acompañado de 50 jóvenes de cinco continentes y un amplio grupo de agentes policiales. Aquel fue uno de los momentos más recordados de la hasta ahora última visita papal, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Por dónde accedería León XIV, considerado el heredero de una Iglesia más modesta y cercano al ideal de Francisco? Aunque ya se intuía antes del anuncio oficial, finalmente la primera visita del nuevo Papa será a un centro de Cáritas en Lucero, entrando desde Carabanchel. Un mensaje que exhibe cercanía con las periferias, y un distanciamiento respecto a los iconos más céntricos o turísticos.

Sea desde uno u otro lado, las visitas de un alto representante del Vaticano siempre son concurridas. En otro viaje de Juan Pablo II, unos años más tarde de aquella foto besando el suelo de Barajas, el pontífice se dio un baño de masas en el que ha sido uno de sus actos más multitudinarios en Madrid: una gran misa en plena plaza de Colón, junto al paseo de la Castellana.

Era 1993 y llegó a reunir a un millón de personas atentas a la eucaristía, sentando los primeros precedentes del impacto y la capacidad de movilización que pueden tener los encuentros a pie de calle con un máximo representante del Vaticano. Desde entonces, esta misma plaza se ha convertido en uno de los espacios emblemáticos de las visitas papales a la capital.

Durante su largo período como papa, que duró desde los inicios de la democracia española hasta su muerte, Juan Pablo II llegó a visitar varias veces la capital: lo hizo a principios de los ochenta y luego, a principios de los noventa. Volvió a hacerlo una década más tarde, justo dos años antes de fallecer. Fue entre los días 3 y 4 de mayo de 2003 cuando se produjo la tercera y última visita oficial del polaco Karol Józef Wojtyla a Madrid. También fue su quinto viaje a España, aunque esa vez solo pisó la capital.

Un despliegue policial y humano con pocos precedentes

Por aquel entonces, el Ayuntamiento –que dirigía Alberto Ruiz Gallardón– desplegó uno de los mayores operativos municipales de la época, con unos 4.300 efectivos municipales. De todos ellos, más de la mitad (2.500) eran agentes de la Policía Municipal, mientras que unos 500 se destinaron a labores de recogida extraordinaria. El resto se repartieron entre efectivos de Bomberos, Samur o el servicio de limpieza.

Más de dos décadas en adelante, para la visita de este mes de junio, ese récord se supera: ante la llegada de León XIV se ha coordinado un dispositivo histórico que en total suma 14.000 agentes, en su mayoría miembros de la Policía Nacional y a cargo de la Delegación del Gobierno (9.700, así como otros 625 guardias civiles), que también incluía el despliegue de 4.000 policías municipales que se coordinarán desde el Área municipal de Seguridad y Emergencias. Además, este mismo departamento ha anunciado que otros 1.000 efectivos de Samur-Protección Civil velarán por la seguridad de la visita. En total, solo el Ayuntamiento dispondrá 10.000 personas para asegurar que todo transcurre con relativa normalidad.

La ciudad, además, espera un retorno económico “muy importante” para la visita. Más allá de los edificios municipales que las administraciones han ofrecido para alojar a peregrinos inscritos a través del Arzobispado, principalmente en colegios, institutos o polideportivos, se intuye una alta ocupación hotelera y un sinfín de visitantes entre finales de esta semana y principios de la siguiente. Según las previsiones que hace la Conferencia Episcopal, para la visita a España se esperan ingresos en torno a los 150 millones de euros, después de haberse desembolsado unos 25 millones en preparativos.

Sobre el caso de Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha manifestado en varias ocasiones que la llegada del Papa supondrá para la ciudad un “reto logístico gigantesco”, en el que tratarán de movilizar el máximo número de recursos disponibles. La vicealcaldesa de Madrid y responsable de Seguridad, Inmaculada Sanz, aseveró a finales de marzo que “toda la plantilla” de su departamento “va a estar absolutamente implicada” en los actos del 6 al 9 de junio. Será el primer viaje oficial de un Papa a la capital española desde que Juan Pablo II la pisó por última vez en su breve estancia de 2003. Así que la previsión es que se convierta en un macroevento.

El mayor evento católico desde la Jornada Mundial de la Juventud

Hasta la fecha, el evento católico con un pontífice a la cabeza que más personas ha concentrado en Madrid –buena parte de ellas, llegadas desde países de todo el globo– sucedió hace algo más de una década, aunque no se trató de una visita apostólica. En 2011, la ciudad fue la sede de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud; una gran cita internacional organizada por la Iglesia para reunir al Papa con miles de jóvenes de distinta procedencia.

Ese verano, entre el 16 al 21 de agosto, todo Madrid se transformó en un enorme recinto de actividades, esta vez alrededor de Benedicto XVI (2005-2013): un acto de bienvenida al aire libre, en plena plaza de Cibeles; otro encuentro masivo, como es tradición, junto a la plaza de Colón; recorridos por las distintas parroquias, colegios u otros lugares clave de los barrios y una guinda final, con la vigilia y una misa en el aeródromo de Cuatro Vientos. Solo a aquel acto de clausura acudieron más de un millón y medio de asistentes, convirtiendo el recinto en la sede de una misa histórica. La última, de hecho, que un máximo representante del Vaticano ha ofrecido en la ciudad desde entonces.

El sucesor de Benedicto XVI, y el último pontífice hasta el nombramiento de León XVI, tuvo una relación dual con la región madrileña. El papa Francisco (2013-2025) murió el 21 de abril del año pasado sin haber viajado a Madrid, al menos no desde que fue nombrado en la fumata blanca. En sus 12 años de mandato recibió diversas invitaciones desde los distintos gobiernos que se alternaron en España, y también desde la Casa Real. Pero ese vuelo nunca llegó a darse.

Sin embargo, en sus días de formación como jesuita residió durante varios meses en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares. Vivió en ella como Jorge Bergoglio, e incluso celebró allí su 35 cumpleaños. Pero nunca volvió como Francisco. En algunas ocasiones, el papa argentino explicó que su prioridad era conocer la realidad en los estados más pequeños o los menos desarrollados, dejando entrever que España no estaba en esa lista. Ahora, con la llegada inminente llegada de su sucesor y el precedente de otras visitas masivas, los engranajes comienzan a rodar: en total, 18.000 voluntarios coordinados con la Archidiócesis se sumarán al despliegue de recursos públicos. Todo queda a punto para que, en los próximos días, la ciudad se convierta en un amplio recinto apostólico.

Cuando a Sergio Montero, enfermero de 47 años, y a su pareja les concedieron el año pasado un piso de tres habitaciones del Plan Vive de Valdebebas por 900 euros, pensaban que les había tocado la lotería del alquiler asequible. La cosa se torció cuando vieron en el contrato que les obligaba a contratar dos plazas de garaje a más de 100 euros cada una y un trastero de 80 euros. Y fue a peor cuando el primer mes le cobraron 60 euros de IBI (que en teoría está bonificado) y unos 200 de comunidad que no sabe en qué se gastan porque la maleza no para de crecer y atrae hasta a las ratas. Total, una renta de unos 1.500 euros pagada a la gestora privada Avalon que se acaba comiendo el 50% de los ingresos de la pareja y no el 35% que recoge como requisito la normativa del Plan Vive y que inicialmente sí que se cumplía. 

Ante lo que consideran cobros excesivos y sin justificar, más de 100 vecinos de entre las 700 familias que viven en los tres lotes de Valdebebas con estos costes que llegan a duplicar el alquiler pactado han constituido la Asociación de Inquilinos del Plan Vive de Valdebebas, tal y como ha podido comprobar elDiario.es con los contratos y comunicaciones de cobros. Pero la gestora de los pisos, Avalon, socimi del fondo estadounidense Ares Management, cuyo accionista mayoritario es Blackrock, no les reconoce como tal y no se sienta a negociar ni individual ni colectivamente para solucionar una situación que desespera a muchos de los vecinos. La Comunidad de Madrid no ha respondido a elDiario.es sus preguntas sobre este problema.

El ejemplo más estrambótico de estas cláusulas, recogidas en las normativas del Plan Vive, que ya prevé cargar con IBI y comunidad y obligar a coger plaza de garaje a los inquilinos, es el de los pisos más pequeños, que aunque son para una sola persona están vinculados a dos plazas. Es el caso de Núria, cuyo alquiler se duplica de los 514 euros del alquiler a los más de 1.036 que acaba pagando sumando dos plazas de garaje a 154 y 123 euros cada una (aunque solo tiene un coche), 40 euros del trastero, 150 de comunidad y 56 de IBI. Más surrealista es el caso de otro inquilino que prefiere mantener el anonimato y está en la misma situación pero ni siquiera tiene coche. Por contrato, tienen prohibido realquilarlas. 

Un esfuerzo de hasta el 50% del sueldo sin contar luz y agua

ElDiario.es ha podido comprobar con hasta cuatro contratos el mismo incremento de precios con las tasas añadidas (y de las cuales no se les avisó a los inquilinos, denuncian) que llevan a disparar la tasa de esfuerzo. Así, Núria pasa del 25% de ingresos que suponía su alquiler inicial al 46% con los gastos; Pedro, el inquilino anónimo, del 22% con los 530 iniciales al 44% de 1047 y Ruth, que vive con su pareja, del 21% por los 694 iniciales al 39% por los 1.247 que acaba pagando con los costes. 

O sea, que ni una persona con un sueldo de 2.400 euros puede pagar el alquiler de la vivienda unifamiliar asequible sin gastar menos de la mitad. Sería necesario cobrar más de 3.000 al mes para cumplir con el esfuerzo recomendado y estipulado una vez se suman los gastos. Y eso sin contar los gastos de luz, agua y gestión energética (calefacción y agua caliente), que pueden elevarse a entre 100 y 180 euros al mes según el gasto. 

En un breve paseo por Idealista, se encuentran en Valdebebas viviendas del mercado privado a precios inferiores a los del Plan Vive, con todos los gastos incluidos. Los garajes se ofertan mayoritariamente por 70 euros en los pisos privados, casi la mitad de lo que se llega a cobrar en los pisos supuestamente asequibles. 

Al encontrarse con el contrato y con las cláusulas, tanto Núria, como Sergio, como Pedro se plantearon no aceptar esas viviendas. “¿Pero adónde voy a ir? Mi exmujer vive aquí al lado con mis hijos y es la forma de estar cerca de ellos y el mercado está imposible”, dice Sergio. “Cuesta mucho encontrar piso, ya había dado la salida del otro y no tenía una alternativa”, aporta Núria. “Como llegué el primero al concurso, me dieron la vivienda. La asignación está bien y es algo que en el mercado privado no pasa, por lo que no pude rechazarlo”, dice Pedro. “Tal y como está la vivienda, 1.200 euros, aunque no es alquiler asequible, no me pareció una locura. Lo que es caro para mí es que pagas los gastos de comunidad pero no ves por ninguna parte en qué se van”, denuncia Ruth. 

Maleza, ratas y mala calidad

En efecto, en los precios no acaban los problemas de los inquilinos, que les acompañan desde la entrada y unas escaleras agrietadas que se tambalean aunque son nuevas hasta el interior de las cocinas por donde se les cuela el olor de lo que cocinan los vecinos a través de las campanas extractoras. “A veces en el grupo de Whatsapp bromeamos: ‘¡a ver quién invita a esos macarrones!'”, dice Sergio con humor. Han exigido que se detallen los gastos de comunidad, que, denuncian, les están cobrando al máximo permitido, el 18% del alquiler, pese a no cumplir con los servicios. Y no han recibido respuestas. 

“La maleza sigue creciendo”, denuncia Sergio apuntando a unos arbustos altos y secos que rodean y casi se cuelan en el patio del bajo donde vive. “Y eso atrae a las ratas, que ya se pasean por aquí, denuncia. ”Y a las garrapatas“, completa Núria, que también se ha quedado cinco veces sin agua caliente, una de ellas durante cuatro días por la falta de respuesta de mantenimiento.

La aerotermia, que según Pedro dispara los costes hasta los entre 40 y 100 euros de luz al mes, falla a menudo. El agua caliente también, cuentan, porque funciona todo con una caldera central que no tiene capacidad para todo el bloque. “Y las calidades son muy justas”, denuncia Sergio mientras golpea una pared que suena hueca. “Si le doy fuerte, nos vamos al piso de al lado”, completa. 

Según coinciden los vecinos de los bloques, las condiciones espantan a muchos adjudicatarios que acaban optando por no aceptar las viviendas. A ello atribuyen el cambio de pliegue del Plan Vive firmado a principios de abril, en el que se aprobó asignar las viviendas adaptadas a personas sin discapacidad si no entran perfiles así, flexibilizar el acceso en cuanto a los años de padrón permitido y elevar el lindar máximo de rentas hasta 7,5 veces el IPREM, una renta anual de 63.000 euros, en los paquetes asequibles. 

Los vecinos denuncian que tienen un “techo de cristal como inquilinos”, en palabras de Sergio, a la hora de negociar las condiciones de la vivienda. Al ser un solo propietario para todas las viviendas, estas se dividen a partir de la propiedad vertical. Los gastos de comunidad se calculan en todo el bloque y después se dividen en función de la superficie. Los 28.000 euros en suministros de áreas comunes, 47.000 de mantenimiento y 149.000 de servicios generales (limpieza, conserjes, jardinería) suman con seguros y gastos extraordinarios 229.626 en 2025, según documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, que no convencen a los inquilinos. 

“Nos aplican el máximo permitido del 18% sobre las rentas y, aunque luego nos digan que nos van a devolver una parte, les estamos financiando su negocio, porque no nos lo devuelven con intereses. Eso es un exceso de provisión de fondos y es ilegal”, denuncia Sergio. 

Aunque el caso de Valdebebas es el más llamativo por los elevados precios vinculados a un alquiler en teoría asequible, vecinos de Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes o Móstoles se están organizando, con problemas similares, para movilizarse ante la Comunidad de Madrid y la gestora. 

Un complejo entramado privado con apoyo público

Mientras la presidenta Ayuso presume de haber entregado ya 5.000 de las 15.000 viviendas del Plan Vive promovidas, los vecinos se encuentran en viviendas que acaban por no ser asequibles y que las gestionan grandes fondos internacionales que no responden ante los problemas, con graves problemas estructurales y de mantenimiento. 

Avalon, adjudicatario del Plan Vive, la constructora Sanjose y Aedas, como project manager, ya gestionan 3.400 de ellas en 22 promociones concluidas. Las viviendas se adjudicaron entre septiembre y noviembre de 2021 en cuatro lotes de hasta 5.200 y todas fueron a parar a Aedas y Ares, propietaria de Avalon y unida con la constructora Sanjosé en Dorsono, y a Culmia, que también está controlada por gran un fondo estadounidense, Oaktree. 

Ares Management, fondo estadounidense que gestiona más de 600.000 millones de dólares en activos en todo el mundo, es la impulsora y propietaria de Avalon y es uno de los mayores caseros de España. A su vez, Avalon creó dos socimis (sociedades inmobiliarias cotizadas) para la gestión del Plan Vive, a través de la filial Madrid Affordable Housing. 

Una socimi es Daria 323, que gestiona 1.118 viviendas del Plan Vive y salió a Bolsa el año pasado. La otra es Iante, que Ares Management vendió el pasado mes de abril a otro fondo internacional, Hoopp, según publicó El Periódico. Recientemente, Ares puso en venta toda su cartera de viviendas ya construidas del Plan Vive por 600 millones, según publicó Cinco Días. Un entramado de empresas, fondos y movimientos de capital complejos y tan difíciles de seguir como lo es entender la cantidad de gastos de sus inquilinos en Valdebebas o que se obligue a una persona que vive sola a tener dos plazas de garaje. 

La visita del Papa a España centra el pleno de la Asamblea de Madrid este jueves. La oposición ha recordado a Isabel Díaz Ayuso su posición respecto a la regularización extraordinaria de personas migrantes propuesta por el Gobierno. La presidenta intentó suspenderla y ahora la oposición le lanza su contradicción: “¿Le ha dicho al Papa que está intentando boicotear el proceso de regularización de migrantes?”. “¿Es cristiano impedir la regularización?”, le han preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El Papa León XIV, que visitará España entre el 6 y 12 de junio y pasará por la capital en su primera parte del viaje, ha hablado en diferentes ocasiones sobre las personas migrantes, pidiendo que “hay que tratarlos como seres humanos, no como animales”. Un planteamiento cristiano que choca con los días de enfrentamiento de la líder del PP de la capital con el Gobierno por la regularización extraordinaria.

Hace solo unos días Ayuso aplaudía en el Vaticano la próxima visita del Pontífice después de la reunión entre ambos. La presidenta autonómica trasladaba a los medios que León XIV había celebrado que “ciudadanos de tantos rincones” vengan a virir a la ciudad. Una “bendición”, decía que era. Eso sí, después de la intervención de la portavoz de Vox, Isabel Moñino, que afeaba a Ayuso la regularización, la presidenta regional cambiaba el tono: aunque sí veía los beneficios —“gracias a los inmigrantes” van a poder construir viviendas, según sus palabras—, también consideraba que el Gobierno central aplicaba una “estafa electoral” para modificar el censo e intentar “importar pobreza masiva”.

Tanto PSOE como Más Madrid han puesto sobre la mesa esta cuestióne ne l pleno. “Se han radicalizado tanto que hoy la Igleisa católica está mucho más cerca de la izquierda que de la derecha”, decía la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. “¿Le ha contado al Papa que 7291 personas murieron a causa de sus protocolos? La única religión que conoce es la de la pasta”, le ha espetado la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

El calor en las aulas salta al pleno de la Asamblea

El calor en las aulas salta al pleno de la Asamblea de Madrid. Más Madrid propuso este miércoles que se quitara el aire acondicionado en el edificio de Vallecas “hasta que las escuelas infantiles tengan el mismo confort térmico que el despacho de la consejera”. Una propuesta que vino después de la polémica por las palabras de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, quien dijo que “cuando hace calor, hace calor” para concluir con las protestas sobre el calor en las aulas de la Comunidad.

“Explíqueme por qué las aulas de la Comunidad son las únicas que no tienen aire acondicionado”, le ha espetado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante su intervención frente a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. “¿Cuando hace calor, hace calor? Eso no se atreve a decírselo a los padres y madres a la cara en la salida del colegio”, le ha lanzado Bergerot, quien ha añadido que ellos sí que llevan a sus hijos a la “pública”, al contrario que la bancada del PP.

Frente a eso, Ayuso ha asegurado que sus consejeros también llevan a sus hijos a la escuela pública y que así es Madrid, “todos juntos”. “Vendrá el invierno y volverá con lo mismo”, ha seguido la presidenta, quien ha asegurado que siguen “Invirtiendo en infrestructura” y que van “poco a poco” climatizando las aulas. “Hay que tener valor para hablar de servicios públicos en mitad de una huelga provocada por su ministra”, ha añadido, en referencia a la ministra de Sanidad, Mónica García.

El calor sigue con su pequeña tregua en esta primera semana de junio, aunque las máximas se mantendrán en algunas localidades por encima de los 30 grados como será el caso de Alcalá de Henares donde se llegará a los 32 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Y es que las máximas volverán a descender este jueves 4 de junio, especialmente en la Sierra, sin grandes cambios en el resto, lo que oscilará entre los 26 y 32 grados.

Mientras, las mínimas sufrirán un ligero ascenso, que será ligero en la Sierra y el suroeste, aunque no estarán por encima de los 20 grados, quedándose entre los 15 y 19 grados, con los valores más altos en Getafe o la capital.

Esta tendencia de descenso de temperaturas se mantendrá hasta el viernes, volviendo de nuevo a subir durante el fin de semana de forma progresiva, con mínimas por encima de 20 grados y máximas en 30.

Posible viento moderado

La jornada del jueves tendrá cielo poco nuboso en la Comunidad de Madrid, con intervalos de nubosidad de evolución por la tarde. En cuanto al viento, soplará de flojo a moderado con predominio de componente oeste, que rolará a noroeste y norte en las últimas horas del día.

Después de que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, despachara este martes el asunto de las altas temperaturas en colegios e institutos de toda la región aludiendo a que “cuando hace calor, hace calor”, la Consejería se ha lavado las manos ante nuevas protestas formales.

Proceden de varias familias del CEIP Ignacio Zuloaga, en el distrito de Tetuán de la capital, a las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contestado que es cosa del centro resolverlo. “En el marco de situaciones de altas temperaturas, los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas para la realidad del centro, que han de quedar recogidas en el documento elaborado para tal adaptación”, dice la carta de respuesta, firmada por la directora del área territorial de Madrid ciudad, Marta González Rodríguez.

Las palabras de Zarzalejo durante el foro Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, levantaron una polvareda que esta contestación acrecenta. Las familias del Ignacio Zuloaga no pueden más. Como cientos de miles por todo el territorio, sus hijos e hijas se asan en el colegio, que apenas tiene elementos para mitigar el calor que abrasa el centro. Y como tantas comunidades educativas, han decidido pasar a la acción. Pídanle cuentas a la dirección del colegio, viene a decir ante ello la Consejería: “Disponiendo el centro de autonomía de gestión y recursos para la adopción de medidas, corresponde la solicitud de la implantación de aquellas que consideren adecuadas a la dirección del centro escolar, a través de los cauces establecidos para la comunidad educativa; esto es, en el seno del Consejo Escolar a través de sus representantes”, se lee en la misiva.

“Pero los centros públicos no tienen presupuesto para adoptar las medidas de climatización necesarias, tiene que elaborar proyectos para que las administraciones los aprueben y la administración las tumba”, expone una madre para ilustrar la “espiral sin fin” a la que se enfrentan. Para la Asociación de Familias de Alumnos y Alumnas (AFA) la situación es especialmente sangrante en su centro porque este colegio es de referencia en el barrio para campamentos y actividades de verano por su ubicación privilegiada, cerca de una piscina municipal y de la Dehesa de la Villa. “Las administraciones se pasan la pelota una a otra, cuando usan el colegio prácticamente todo el año”, lamenta Belén López, miembro del AFA del centro.

Ante la inacción de las administraciones, la AFA del Zuloaga se movió para conseguir una pequeña subvención y, junto al colectivo Basurama, instalar unas carpas de material reciclado que al menos dan un poco de sombra en el patio, aunque “de la forma más casera posible, porque no se puede anclar nada al suelo por normativa”, explica López. Esta madre explica que, aunque quisieran, no pueden ir más allá por una cuestión de leyes y competencias. A diferencia de otros territorios, donde las familias están organizando rifas para sufragar la climatización, desde la FAPA Giner de los Ríos les han advertido de que hay precedentes del Gobierno regional denunciando actuaciones de ese estilo.

Una plataforma para organizar y movilizar la indignación

El Ignacio Zuloaga es precisamente uno de los centros donde la plataforma Aprender Sin Calor está agitando la movilización a través de las redes y también en la calle. Este jueves 4 de junio desde las 17.00, la AFA presentará en el pleno de la Junta Municipal de Tetuán una propuesta para su climatización del colegio. “La comunidad educativa de Tetuán dice basta ante la inacción de las administraciones frente a las olas de calor prematuras y el aumento global de las temperaturas. Exigimos soluciones reales urgentes: la climatización y el acondicionamiento térmico de las aulas y patios de nuestros hijos e hijas. Bajo el lema El barrio se organiza contra el cambio climático, acudiremos vestidos con indumentaria de pleno verano: chanclas, gafas de sol, flotadores, abanicos y pulverizadores de agua”, recogen en la convocatoria. Están previstas concentraciones similares en los plenos de Arganzuela (9 de junio) y Centro (el día 11).

En la iniciativa a debate en la Junta de Tetuán, de nuevo, las posibilidades legales del Consistorio con este fin son limitadas y la información que tienen en la AFA es que lo máximo a lo que aspiran es a intervenir sobre elementos como la envolvente del edificio, las cubiertas o los patios, plantando árboles o instalando pérgolas. Las perspectivas de que se apruebe, dice López, son buenas. Porque la climatización de las aulas en principio es competencia del Gobierno regional, aunque algunos municipios las han llevado a cabo en sus centros sin, de momento, problemas. Ha sucedido en Torrejón, gobernado por el PP, y en Rivas, donde manda IU.

Dimas, padre de dos niñas de 9 y 5 años en el CEIP Lope de Vega de Carabanchel, es uno de los cientos de padres y madres implicados en la iniciativa Aprender Sin Calor. Vincula su origen a la movilización de 2023, uno de los años más duros con unas altas temperaturas que empezaron ya a finales de abril. “La situación hizo que surgiera un grupo de WhatsApp que nos ha ido dando soporte, aunque es complicado organizar tanta gente. Varias familias se han animado para sacar la web, los perfiles en redes y dar visibilidad, ya que el calor una vez más está apretando cuando las clases siguen a pleno rendimiento. Se han unido AFAs de Madrid y de toda la región porque vemos la dejadez de una Comunidad que no hace nada”.

“Si digo crudamente lo que pienso tenemos que cortar esta conversación”, asevera Dimas. “Opino que es un plan para favorecer lo concertado y lo privado. A nivel administrativo te das contra una pared, porque a la temperatura se unen otros problemas como la falta de gimnasio, instalaciones deportivas o hasta una sala de profesores. Carencias que la Comunidad de Madrid debería resolver, pero no lo hace”.

“No hay ningún plan, ni trienal ni quinquenal, para acometer esto. Van con parche año tras año. La aerotermia ha tardado dos en algunos centros y en otros ni ha llegado. En el Lope de Vega conseguimos la autorización para los toldos con un contrato menor, a instancia del Ayuntamiento (propietario del suelo y mantenimiento). Pero se pasan la pelota con la Comunidad constantemente”, reprocha. No en vano, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida también ha protagonizado importantes controversias en torno a este tema. Dimas asegura que celebran “reuniones anuales con la Junta de Carabanchel, donde todo son buenas palabras que no se cumplan”. En esta ocasión, dice, ni siquiera se ha producido ese encuentro.

Javier, padre de un niño de 3 años en el CEIP República de Venezuela de Usera, también se ha implicado en Aprender Sin Calor. El República de Venezuela, como el Zuloaga, forma parte de la más de una treintena de colegios e institutos se han sumado a una iniciativa para registrar medidas de temperaturas y síntomas. “En la mayoría de aulas de Madrid la temperatura supera los 30 grados, algo que incumple la normativa laboral”, dice. El Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija el rango de temperaturas en puestos de interior entre los 17 y los 27 grados. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) aconseja por su parte mantener los espacios nunca por encima de 26 grados.

En este contexto, donde “no es que a veces haga calor, sino que las olas van a ser cada vez más intensas” (como reflejan informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), “no queda otra opción que preparar nuestros colegios ante la nueva normalidad”. La plataforma Aprender Sin Calor “hereda una movilización que ya existía gracias a Madres por el Clima o Revuelta Escolar”. Así, “conforme crece el descontento se suma más gente”. Para Javier, “frente a un calor que con el cambio climático no va a cambiar y solo va a ir a más, lo inadmisible es que las instalaciones no ofrezcan una respuesta adecuada”.

“La idea de la plataforma surge de que en centros hay familias con experiencia de lucha y demanda en las condiciones climáticas de los centros. Esto ha ido confluyendo hacia una intervención en el pleno de abril de Usera donde tratamos de aunar esfuerzos para la mejora de los espacios en nuestro centro”, narra Sonsoles, madre de una niña de 8 años y otro de 6 en el República de Venezuela. “Nos hemos sumado a otras familias con el mismo diagnóstico y demandas. La plataforma, surgida en las últimas semanas, es prometedora. No es cosa de un colegio, de una familia, es la lucha de todos los centros de Madrid para que consigan las condiciones que merecen”. Califica de “desesperante” tener la sensación de que “tus hijos salen cocidos del colegio”.

Sangrados, cefaleas y miedo a que vuelvan a producirse golpes de calor

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales riesgos para la salud son la inflamación, disfunciones renales y potencialmente la muerte”, recuerda Javier. El sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III ha atribuido un total de 1.180 fallecimientos a las olas de calor en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025. Esta cifra representa un aumento de más del 1.035% respecto al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 114 muertes. “El de la infancia es uno de los colectivos a los que más hay que proteger, sudan menos y son más vulnerables”, recalca. Dimas alerta de que en el alumnado del Lope de Vega se han producido “sangrados nasales y cefaleas habituales estas semanas” y avisa de que “no se puede jugar con que haya que llamar al 112”.

“Queremos que ese plan incluya medidas pasivas de adaptación, como la envolvente térmica con la que cubren edificios de bloques. Es lo más sostenible. También renaturalizar los parques, no pueden ser como los de los ochenta cuando el clima es otro. Una vez hecho eso, si no es suficiente, medidas activas como la aerotermia y otros sistemas de climatización”, cuenta Javier.

Cree que todo ello obedece a “criterios objetivos y transparentes, no pedimos nada que no pida cualquier otro actor como los sindicatos, arquitectos o el propio plan del Ayuntamiento de Madrid”. Dimas tampoco entiende que se autoricen campamentos de verano en recintos que no están preparados para el calor, como el propio Lope de Vega, al que seguirán acudiendo en los meses estivales “unos 80 escolares” frente a los 420 que asisten durante el período lectivo.

La Consejería presume de un aumento del presupuesto

“Un colegio como el nuestro requiere 2,5 millones de euros para adaptarse climáticamente. Después de reclamar nos dieron 300.000”, lamenta Javier. La Comunidad de Madrid destina este curso que acaba 17,8 millones de euros “a mejorar la climatización y reducir los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos públicos de la región”, según explicó el Ejecutivo regional en una nota a mitad de mayo. “Esta cuantía supone un incremento del 33% respecto a los 13,3 millones invertidos el pasado año académico y permitirá desarrollar 106 actuaciones orientadas a mejorar el confort térmico en las aulas madrileñas”.

“Si hay si unos 1.900 centros, hablamos de un 5% de intervenciones”, contextualiza Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Y eso en el mejor escenario (en el que se cuentan las 106 actuaciones a nivel de centro), porque la nota es ambigua en su redacción y habla tanto de las envolventes térmicas de los edificios o las cubiertas como de la compra de “unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, que permiten un descenso de entre 8 y 11 grados sobre la temperatura de la estancia”.

Estas últimas actuaciones solo tienen impacto a nivel de aula. En aquella nota la Comunidad adelantaba por dónde va su política para mitigar el calor: “Los centros educativos también pueden tomar medidas en los días de calor como adaptar el horario a las circunstancias meteorológicas y hacer cambios en las actividades físicas y sus horas de realización, evitando el ejercicio intenso y extremando las precauciones en las salidas al patio en los momentos más calurosos del día. Asimismo, tienen la posibilidad de revisar las actividades complementarias y extraescolares para evitar que se hagan en lugares expuestos al sol”, proponía.

Zarzalejo destacó en su acto del martes que la Comunidad de Madrid ha instalado, con una inversión de 18 millones de euros, unidades enfriadoras en las instalaciones con suelo radiante y unidades adiabáticas de reducción de temperaturas para aquellos centros que carecían del recurso. “Estamos haciendo todo dentro de ese plan de inversión que tenemos en climatización estamos haciendo todo lo posible y yo creo que estamos invirtiendo muchísimo dinero en esto, pero no se puede pedir que tapemos el sol con un dedo”, zanjó la consejera.

La salud, la educación y el trabajo, derechos en juego

En paralelo, la vertiente laboral comienza a agitarse también desde sectores sindicales. La Federación de Educación de Comisiones Obreras de Madrid ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social después de constatar que numerosos centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid registran “temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas de trabajo y aprendizaje”. Para Comisiones se trata de “un problema estructural, no una anomalía puntual”. Recuerdan que Inspección de Trabajo ya emitió requerimientos a la Consejería de Educación por denuncias presentadas en 2018 y en 2022. Una nueva actuación de inspección, entre 2025 y 2026, volvió a exigir medidas a la Comunidad de Madrid. “Los centros educativos siguen registrando, pese a todo, temperaturas que incumplen los límites establecidos por la prevención de riesgos laborales”, lamentan.

Las mediciones, efectuadas por delegadas y delegados de prevención durante las primeras horas de la jornada escolar, alcanzan hasta 35 grados en algunos centros antes incluso de que lleguen las horas más cálidas del día. La cifra se da en el IES Juan de la Cierva de Arganzuela. La organización ha registrado mediciones que superan los 30 grados desde primera hora en centros de Madrid capital (IES Vista Alegre, CEIP Alhambra o Colegio Raimundo Lulio), Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, Casarrubuelos y Mejorada del Campo.

Javier rescata el artículo 111 de la Lomloe para poner sobre la mesa que no hay un efecto únicamente sobre el derecho a la salud, sino también contra el derecho a la educación: “Los centros deben adaptarse a las consecuencias del cambio climático o vulnerarán la legislación. Los profesores son los primeros que lo sufren”, concluye. Para Sonsoles, los cambios llegarán aunque el equipo de Ayuso escurra el bulto: “Tarde o temprano habrá medidas de calado porque se incumplen los derechos laborales. Además, es difícil que esto se apague en centros con fuerte tejido de familias que vamos a estar mínimo nueve años. Es tiempo suficiente para acumular indignación y movilización. Queremos acciones pensadas porque nuestros hijos van a pasar mucho tiempo y después vendrán otras familias. Conservamos esperanza en que las dos administraciones planteen algo realista, pero pensado y planificado. Despacito, pero lo lograremos”.

El embrión será “un miembro más de la unidad familiar” y contará para acceder a beneficios y ayudas en la Comunidad de Madrid. Así lo ha comunicado el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín. El Ejecutivo regional aprueba el Proyecto de Ley que ahora deberá pasar a la Asamblea de Madrid y que busca “proteger la vida y ayudar a las familias que decidan tener un hijo” a través del reconocimiento del “concebido no nacido”.

Según ha explicado García Martín en rueda de prensa este miércoles en la Finca de Vista Alegre tras el Consejo de Gobierno, la medida está incluida dentro de la Estrategia de Protección a la Paternidad y la Natalidad. Según indica el texto del anteproyecto, “al concebido se le tendrá por nacido, siempre que la unidad familiar o alguno de sus miembros, mediante la aplicación de esta asimilación, obtengan un mayor beneficio”. Además, a no ser que se aplique lo contrario en algunas regulaciones de procedimientos concretos, para esta asimilación como parte de la unidad no se pedirá “una semana mínima de gestación”.

Fue anunciada hace ya años, cuando Ayuso entró al Gobierno de la Comunidad e imitaba un modelo que se había puesto en marcha en Galicia o en la Comunitat Valenciana. En ese momento ya contó con parte de la oposición en contra: desde Ciudadanos, que reconocían “dudas jurídicas”, hasta Podemos, que lo veían como un “intento de disfrazar de ayuda administrativa sus posiciones contra el aborto”.

Aunque hay diferencias: la ley vigente en Galicia recoge solo beneficios en el caso de las familias numerosas, mientras que en Madrid cualquier familia, sea numerosa o no, podría acceder a determinadas ayudas que tengan en cuenta los miembros de la unidad familiar “acreditando el estado de gestación de la madre”, indican. Para acceder al título de familia numerosa, se podrá hacer a partir del primer día después de que finalice la semana 14 de gestación.

El texto aprobado irá a la Asamblea regional, donde se espera su aprobación con la mayoría absoluta de Ayuso, y se prevé que entre en vigor dentro de seis meses. Forma parte de las estrategias aplicadas por la líder autonómica en materia de fometo de la natalidad, como las ayudas de 500 euros por hijo a partir de la semana número 21 de gestación a madres menores de 30 años y que lleven cinco años empadronadas en la comunidad.

Tras el anuncio, Ayuso ha compartido en sus redes sociales una imagen de este mismo miércoles junto a un carrito de bebé y un mensaje: “Cada vida cuenta desde su concepción. También para las familias que la esperan”, ha escrito en X.

Los robotaxis pretenden aterrizar en España este año, a través de Madrid. Así lo anunciaron el martes la empresa china de conducción autónoma WeRide y Uber Technologies, en lo que, de cristalizarse, se trataría de la primera entrada conjunta de ambas compañías en el mercado europeo.

En Madrid, el servicio de transporte se llevaría a cabo con el apoyo de Avomo, filial del Grupo Moove Cars destinada a la movilidad autónoma, y socio de operaciones de flotas autónomas de Uber en Estados Unidos, utilizando la tecnología de conducción autónoma de WeRide, como indican en un comunicado. La iniciativa pretende llegar a España a finales de este año, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y los viajes estarán disponibles a través de la aplicación de Uber.

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodigo Domínguez, ha confirmado esta información y ha asegurado que la comunidad acogerá el primer piloto comercial de robotaxis de España. “La Comunidad de Madrid vuelve a situarse a la vanguardia de la movilidad del futuro”, ha añadido.

WeWide espera replicar en Madrid el “éxito operativo” obtenido en Oriente Medio a través de un despliegue “más rápido” de Robotaxis “seguros y fiables”, en palabras de la firma, que describe la capital española como “uno de los entornos urbanos de más rápido crecimiento en Europa”. Los servicios comerciales de Robotaxis totalmente autónomos ya operan en la región en ciudades como Abu Dabi y Dubái, mientras que el próximo mercado en incorporarse será Riad (Arabia Saudí).

“España es nuestro quinto mercado europeo y refuerza nuestra posición como operador de Robotaxis de confianza en el continente. Junto con Uber, estamos combinando nuestra tecnología de conducción autónoma con su plataforma de movilidad para acelerar la comercialización a gran escala”, asegura el fundador y director ejecutivo de WeRide, Tony Han. Por parte de Uber, el director global de Movilidad Autónoma y Entrega, Sarfraz Maredia, valora la “hoja de ruta regulatoria clara y sólidos socios locales” de Madrid.

El proyecto, como informan en su nota de prensa, representa la cuarta ciudad del total de 15 previstas en el acuerdo previo entre WeRide y Uber. En el acuerdo estratégico previsto hasta 2030, figuran 11 ciudades adicionales. En el marco de esta alianza, ambas compañías planean desplegar decenas de miles de Robotaxis en vías públicas para ofrecer una movilidad autónoma segura y fiable a usuarios de todo el mundo, añaden.

El calor ha sido el gran protagonista en el final del mes de mayo, pero ha llegado con menos fuerza al comienzo de junio, una dinámica que se deja también ver en la Comunidad de Madrid, aunque con temperaturas máximas que en su mayor parte superarán todavía los 30 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, las temperaturas máximas se espera que este miércoles 3 de junio oscilen entre los 31 y 33 grados después de un ligero ascenso, especialmente en la Sierra y que no se den grandes cambios en el resto de la Comunidad.

Sin embargo, en cuanto a las temperaturas mínimas sí que se espera un descenso mayor, quedándose en gran parte de la región por debajo de los 15 grados, llegando apenas a los 16 en Getafe o la capital.

Cielo despejado y posible viento moderado

En lo que respecta al ambiente general de la jornada de miércoles, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con viento que soplará de flojo a moderado de componente noreste que rolará y amainará a flojo de componente suroeste durante el mediodía.

En cuanto al tiempo para los próximos días, se espera que las temperaturas sigan hacia un ligero alivio, pero con máximas que en gran parte se mantendrán por encima de 30 grados, siendo el descenso de las mínimas más notable, quedando por debajo de los 15 grados el viernes.

Nos están robando Madrid. Lo hacen los fondos de inversión (que ya quisieran parecerse en algo a los buitres), las cadenas de comida rápida, los cafés de especialidad sin alma y los pisos turísticos que acaparan locales y edificios donde antes ocurría la vida de barrio. Nos roban el suelo con alquileres insoportables, expulsan a nuestras vecinas para meter turistas y nos dejan un decorado vacío diseñado para el consumo pero imposible para vivir. 

Este robo de los espacios, de los barrios y de la convivencia no es casual ni mucho menos inevitable. Es política. Pura y dura política al servicio de un modelo depredador que nos quiere más consumidores que vecinos, más en los márgenes que en el centro y más aislados que organizados. Pero, principalmente, que busca llenar los bolsillos de unos pocos pasando por encima de todo y de todos, arramplando con lo común y convirtiendo en producto de consumo rápido cualquier experiencia que nos importe (y especialmente lo que no cueste dinero).

Esta lógica sale ya de la capital y sus alrededores para instalarse también en los espacios naturales de toda la región. Y es que la nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial del Gobierno de la Comunidad de Madrid planea entregar la tierra solo a los que pagan. Concretamente, a los que pagan por matar. 

Este nuevo proyecto de ley supone un cambio importante en la forma en que la Administración entiende la relación con los animales silvestres y la gestión del territorio. Aunque el texto se presenta oficialmente como una modernización técnica de la normativa vigente hasta la fecha, hecha en los años 70, en la práctica consolida la caza como herramienta estructural de gestión y ordenación ambiental. 

No es ninguna sorpresa, sabiendo que se ha redactado al dictado de los cazadores. Tres años de reuniones en un grupo de trabajo impulsado desde la Consejería de Medio Ambiente con el lobby cinegético, representado en la mesa por organizaciones como la Fundación Artemisan o la Federación Madrileña de Caza, entre otras. A la vista de los resultados, pueden darse por satisfechos, porque ni en sus más sangrientas fantasías se hubieran imaginado un gobierno que cumpliera de forma tan sumisa y obediente cada uno de sus deseos. 

La propuesta ha hecho saltar las alarmas de los colectivos en defensa de los animales y ecologistas, quienes ya se han unido en la plataforma Madrid Sin Caza para informar a la ciudadanía, organizar protestas como la de este pasado sábado en el centro de Madrid, y frenar este atropello. 

Como la propia plataforma explica en su manifiesto, algunas de las concesiones del Gobierno de Ayuso a los cazadores son: 

Caza los 365 días del año

Esta es una de las principales novedades y de los asuntos más controvertidos de este proyecto de ley. Se trata de la creación de los Planes de Control Poblacional, una medida pensada para agilizar y facilitar las autorizaciones excepcionales de caza para determinadas especies durante los períodos de veda. 

Hasta ahora, se tenían que solicitar estas autorizaciones excepcionales de una en una (justificando, por ejemplo, problemas por la presencia de determinadas especies, como conejos o jabalíes). 

La diferencia fundamental es que ahora ya no será necesario justificar y solicitar estos permisos caso por caso, sino que los ayuntamientos podrán activar estos “planes de control poblacional” sobre determinadas especies y que su caza esté permitida en cualquier momento del año. Esto, en la práctica, supondrá una mayor presencia de cazadores, disparos y sus consecuencias sobre el conjunto de todos los animales que habitan un territorio, y que ya no tendrán ni el más mínimo descanso biológico, ya que la actividad cinegética será constante.

Quienes argumentan en el debate que las vedas seguirán operando con sus fechas y límites, como hasta ahora, tienen razón. Pero ocultan la clave de este cambio, que es facilitar de forma extrema la autorización que rompe las vedas. Y que, ya sea por caza “deportiva” o bajo la excusa del “control poblacional”, los cazadores tendrán presencia y prioridad en cualquier momento del año y por todas partes. 

Más especies en el punto de mira

Se aumentan de 24 a 31 las especies que se podrán cazar, incluyendo aves de humedal con poblaciones que se encuentran en declive en la Península, como gansos, ánades o agachadizas.

Tecnología de asedio para acorralar

Uso de drones, visión nocturna y dispositivos térmicos, que dejarán a los animales sin ninguna posibilidad real de escapatoria. Bajo la premisa inicial de los “planes de control poblacional”, se da vía libre al uso de herramientas hasta ahora no permitidas por el asedio que implica para los animales. 

Autorización de prácticas prohibidas por su extrema crueldad

Hablamos, por ejemplo, de la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, modalidades que emplean a animales vivos como señuelo para atraer a otros, de forma que se multiplican las víctimas, ya que a los animales cazados hay que añadir los utilizados como señuelo, que tienen, además, vidas terribles al estar enjaulados permanentemente. 

Supervisión delegada al propio sector

La Administración traslada el control a los propietarios de los cotos, lo que reduce estrepitosamente la vigilancia pública efectiva sobre lo que realmente ocurra en cada jornada de caza.  

Maltrato extra para los perros 

La ley permite entre 18 y 40 perros por cada 40 hectáreas. En una montería del tamaño mínimo legal (500 hectáreas) se podrán concentrar hasta 500 perros en una sola jornada, animales que suelen vivir hacinados y en condiciones lamentables, y que son utilizados como armas contra otras especies mientras son, a la vez, víctimas también de la caza. 

Cierre de caminos públicos

Se prohíbe el acceso a caminos públicos y márgenes de ríos en días de caza. Además, se penalizará el acceso de no cazadores a las zonas acotadas, lo que limitará nuestro derecho de protesta y de uso del espacio público. Así, actividades como el ciclismo, el senderismo, la observación de aves, la recogida de setas o un simple pícnic familiar solo serán posibles con el permiso de los nuevos amos y señores del monte: los cazadores. 

Pero es que la caza además de ser una práctica minoritaria y cruel, es incompatible con cualquier otra actividad, ya que implica la presencia de personas armadas y disparos al aire libre, lo que supone un peligro real de muerte no solo para quienes la practican, sino para cualquiera que se cruce por allí.

Así es como, gracias al Gobierno de Ayuso, el 0,63 % de los ciudadanos de la región, los cazadores de la Comunidad de Madrid (los titulares de las 43.855 licencias activas) tendrá acceso VIP a los espacios naturales, pisoteando la libertad del 99,37 % de la población no cazadora. A partir de ahora, cada vez que queramos hacer una ruta o dar una vuelta en bici, antes de hacer la mochila, tendremos que confirmar con los ayuntamientos si podemos pasear tranquilos o debemos desviarnos para no llevarnos un tiro por error o una multa por el despiste y la osadía de molestar. 

Posiblemente este arrodillamiento del Gobierno regional ante el lobby cinegético sea uno de los ejemplos más gráficos de toda una forma de hacer política: la del sálvese quien pueda, la que siempre protege al fuerte, al rico y al poderoso. La política cortijera del PP, que desde hace más de 30 años descuartiza nuestra región para repartirla entre sus amigos, parejas, familiares y socios. 

Lo hemos visto antes: entre las familias madrileñas desahuciadas y los fondos extranjeros, Ayuso está con Blackstone. Entre la sanidad pública y el negocio privado, Ayuso está con Quirón. Entre las personas enfermas de ELA y su tratamiento, Ayuso elige copago. Entre los perpetradores de un genocidio y el pueblo palestino, Ayuso está con Israel. Y entre la libertad de los madrileños para disfrutar de sus entornos naturales y los que masacran animales regando nuestros montes de plomo y dolor, Ayuso, cómo no, está con los cazadores.

Este proyecto de ley se prevé que llegue a la Asamblea para su votación durante este mismo año, lo que supondría la consolidación del modelo más violento para los animales y la perpetuación de las mismas prácticas que desequilibran los ecosistemas que dicen equilibrar. Porque la propia caza es una de las causas principales del desorden y el caos en el medio natural; porque rompe familias y grupos sociales; porque provoca huidas, accidentes y desorientación en los animales; porque no quiere competidores y elimina a los depredadores naturales, como los zorros, para ocupar indebidamente su lugar. Por no hablar de las granjas cinegéticas donde se crían animales con el objetivo de liberarlos solo para cazarlos después, impactando gravemente en cuestiones como el reparto de territorios y recursos entre los habitantes de cada zona. 

Es cierto que la Comunidad de Madrid no podía seguir con una ley de caza de 1970, pero la actualización de 2026 no traerá nada bueno para los animales, ni para sus hábitats, ni para el medio rural. Una vez más se impone el cortoplacismo y perdemos la oportunidad de innovar con políticas públicas de gestión ética, de avanzar hacia un modelo donde las matanzas no sean la opción por defecto y de buscar soluciones para una organización del territorio que favorezca la convivencia respetuosa con el entorno natural y la vida silvestre. 

Así que, para los problemas de siempre, Ayuso nos trae la versión empeorada de las soluciones de siempre, las que ya sabemos que nunca han arreglado nada. Es normal el bochorno y la preocupación por la que se nos viene encima. 

Pero no nos vamos a quedar mirando, los movimientos contra la caza ganan fuerza y representación año tras año; la ética, la ciencia y la evidencia están de nuestro lado. El sentido común del 99 % no incluye matar por entretenimiento y diversión. Nos están robando Madrid, pero tenemos intacta la determinación para defender una convivencia respetuosa y pacífica con los animales. A nuestra convicción no hay lobby que le tuerza el brazo.

Tras una semana y media en la que el calor de verano ha llegado antes de lo previsto para despedir el mes de mayo, las temperaturas comienzan ya su ligero descenso este martes en la Comunidad de Madrid, aunque se alcanzarán los 34 grado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, en esta jornada de martes 2 de junio se espera un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución diurna en la Sierra de Madrid.

En un día en el que el viento soplará flojo del noroeste con intervalos moderados por la tarde, y en el que se tenderá al final a componente norte.

Temperaturas mínimas superiores a 20 grados

En lo que respecta a las temperaturas, en las mínimas se vivirán pequeños cambios, con descenso que será mayor en la Sierra, y con incluso ligero ascenso en el resto, más acusado en el sur, superando los 20 grados, alcanzando los 21 grados en la capital. Mientras, las máximas descenderán de forma generalizada, pero todavía estarán situadas sobre los 30 grados, llegándose a marcar en los termómetros hasta 34 grados.

Para los próximos días, el descenso ligero seguirá a más, bajando las mínimas por debajo de los 20 grados y las máximas en menos de 30, siendo incluso de 20 solo en la Sierra. Hacia el viernes las mínimas se podrían quedar en menos de 15 grados, pero el fin de semana podrían volver a subir y superar de nuevo los 30 grados.

La Comunidad de Madrid afronta este lunes una nueva jornada de temperaturas elevadas, con máximas que alcanzarán los 36 grados en varios puntos de la región y cielos dominados por el sol. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé pocos cambios térmicos respecto a días anteriores, en un contexto de estabilidad atmosférica que seguirá dejando temperaturas elevadas en amplias zonas del territorio madrileño.

La previsión apunta a cielos poco nubosos durante la mayor parte del día, acompañados por algunas nubes altas y por intervalos de nubosidad de evolución a partir del mediodía. Estas nubes serán más abundantes en la Sierra, donde no se descarta la aparición de algún chubasco aislado o una tormenta ocasional durante la tarde.

Máximas de 36 grados en el sur y el este de la región

Las temperaturas máximas volverán a situarse entre las más altas de la región en el sur y el este de la comunidad. Según la AEMET, los termómetros alcanzarán los 36 grados tanto en Aranjuez como en Alcalá de Henares, mientras que en la ciudad de Madrid se esperan hasta 35 grados. En Getafe y Navalcarnero también se llegará a los 35 grados, confirmando una jornada marcada por el calor en buena parte del área metropolitana.

Las mínimas se mantendrán igualmente en valores elevados para la época. La capital arrancará el día con 21 grados, la misma temperatura prevista en Navalcarnero. En Getafe se esperan 19 grados, mientras que Alcalá de Henares registrará una mínima de 18 y Aranjuez descenderá hasta los 15 grados durante las primeras horas de la mañana.

La Sierra podría registrar alguna tormenta aislada

La Sierra presentará un comportamiento algo más suave desde el punto de vista térmico, aunque sin abandonar los registros cálidos. En Collado Villalba la previsión sitúa las temperaturas entre los 18 y los 33 grados, con una mayor presencia de nubosidad de evolución durante la tarde y la posibilidad de que se produzca algún episodio tormentoso aislado.

La estabilidad seguirá siendo la nota dominante en el conjunto de la comunidad. Los cielos despejados o poco nubosos favorecerán una elevada insolación durante las horas centrales del día, contribuyendo a mantener unas temperaturas máximas muy altas, especialmente en las zonas más bajas y alejadas de la influencia de la sierra. En cuanto al viento, la previsión apunta a un régimen flojo y variable durante buena parte de la jornada.

Descenso térmico a partir del martes

La previsión para los próximos días apunta a una ligera moderación del calor. Para el martes, la AEMET espera un descenso generalizado de las temperaturas máximas en la Comunidad de Madrid, mientras que el miércoles predominarán los cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas apenas experimentarán cambios significativos. El jueves continuarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas máximas estables o en ligero descenso.

Navarra inició en los cinco primeros meses de 2026 un total de 483 viviendas protegidas, que suponen el 77% del total de las iniciadas el año pasado. Igualmente, en 2025, esta fue la comunidad que más vivienda protegida promovió, con 0,8 viviendas por cada mil habitantes, el doble que la segunda comunidad en la lista, la Comunidad de Madrid. 

Son datos que la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, presentó esta semana durante la celebración de un nuevo Consejo de Vivienda de Navarra. Datos provisionales que maneja el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, y que indican que hasta el 26 de mayo se han iniciado un total de 483 viviendas protegidas, de las que 357 son VPO y 126, VPT. Suponen un 161,5% de las viviendas iniciadas en el mismo periodo de 2025, lo que refleja “el esfuerzo de este Gobierno por procurar aumentar la oferta de vivienda protegida en esta comunidad para dar respuesta al mayor número de personas posible”, ha señalado la consejera Alfaro.

El informe anual recoge una comparativa de la promoción de vivienda protegida en todo el país, siendo Navarra la primera comunidad con 0,8 viviendas protegidas iniciadas por cada mil habitantes, el doble que la Comunidad de Madrid, que se sitúa en segundo lugar en la lista con 0,4 viviendas protegidas promovidas en el ejercicio anterior. La media estatal es de 0,3. 

Esta cifra, además, ha incrementado en 0,2 viviendas respecto a 2024, cuando Navarra ocupaba la tercera posición en el Estado en viviendas protegidas iniciadas, con 0,6 por cada mil habitantes.

Evolución del parque de vivienda

Tal y como se refleja en el informe, en 2025 el incremento en la edificación de vivienda protegida se observa en los dos tipos de vivienda: la VPO aumenta un 34,9% respecto al año anterior (pasa de 407 a 549) y la VPT duplica su volumen (pasando de 39 a 81 viviendas). Igualmente, el año pasado se calificó provisionalmente el mayor número de VPO desde 2017 y durante 2025 se terminaron 2.015 viviendas (entre libres y protegidas), lo que supone un incremento del 7,1% con respecto a 2024.

El número de viviendas protegidas de Navarra, a 1 de enero de 2026, asciende a 58.931 viviendas, que suponen un 22,7% del total de viviendas principales que se contabilizan en Navarra. Además, el 44,4% de las viviendas tienen limitación del precio por situarse en uno de los 21 municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, y el 9,8% de las viviendas se ofrece en alquiler protegido: viviendas de alquiler, alquiler con opción a compra, alquiler joven, apartamentos tutelados, etcétera, todas con precio limitado.

Por otro lado, la Bolsa de Alquiler complementa la oferta del parque de vivienda protegida en alquiler y, a finales de 2025, este programa que gestiona Nasuvinsa contaba con un total de 1.123 viviendas, un 10% más que en 2024 y más del doble del número de viviendas disponibles en 2015 (474 viviendas).

Subvenciones y ayudas en 2025

Además de esto, en 2025 el Gobierno de Navarra ha concedido 68,2 millones de euros en subvenciones y ayudas para el alquiler, compra o rehabilitación. En concreto, se han destinado 14.256.602,29 euros de subvención para alquileres, para 4.194 viviendas de protección oficial y 868 viviendas de Bolsa de Alquiler. Además, 2.057.925,09 euros se han destinado a la adquisición de 151 viviendas protegidas; 790.718,57 euros para la adquisición de 66 viviendas usadas; y 51.169.095 euros de esos más de 68 millones han servido para rehabilitar 7.875 viviendas. 

Estas subvenciones se complementan con las ayudas destinadas al acceso a una vivienda a través de los programas Emanzipa y David. En 2025, el primero de estos programas destinó 6.252.099 euros en ayudas a 2.440 jóvenes y con el programa David se destinaron 7.304.889 euros a un total de 2.757 unidades familiares.

Metro de Madrid permite a partir de este lunes 1 de junio el pago directo con tarjeta bancaria de débito, crédito o prepago, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología sin contacto. La medida llega a las 303 estaciones de la red del suburbano de la capital, sin necesidad de adquirir antes una Tarjeta de Transporte Público (TTP) para validar los billetes sencillos.

Precisamente este tipo de viaje es el único sujeto de momento a esta forma de pago en su primera fase de implantación. Tendrá temporalmente un precio reducido y único de 1,50 euros si se abona por este método, para incentivar su uso las primeras semanas, según recoge Europa Press. El precio habitual de estos pasajes va de 1,50 a 2 euros en función del recorrido, salvo descuentos especiales como familia numerosa.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo; el director general de Mastercard España, Juan Pablo Vivas y el consejero delegado de Metro, Ignacio Vázquez, han presentado esta iniciativa en la estación de Feria de Madrid de la línea 8 (uno de los puntos donde se han realizado las pruebas del nuevo sistema).

La novedad llegará a las 303 estaciones de la red y permitirá agilizar el acceso al suburbano, así como facilitar los desplazamientos de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan cada día este medio de transporte. “Queremos que los ciudadanos madrileños tengan la oportunidad de acceder a los sistemas de transporte de las maneras más rápidas y de la manera accesible”, ha remarcado Rodrigo, quien ha subrayado que “va a ser perfecto para los usuarios eventuales, en este caso especialmente visitantes y turistas, y para cualquier otro ciudadano madrileño que no tenga tiempo para recargar en un momento puntual el abono transporte o la tarjeta multi”.

En este sentido, su implantación coincidirá además con la visita del Papa León XIV, del 6 al 9 de junio, cuando se espera gran afluencia de turistas a la capital. También se adelanta al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en septiembre.

Este nuevo sistema, en el que la Comunidad ha invertido más de 6,6 millones de euros, trata de beneficiar las alrededor de 210.000 personas que compran billetes sencillos cada día y seguirá siendo plenamente compatible con el resto de los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Todas las estaciones incorporarán estos dispositivos preparados para validar títulos de transporte mediante códigos QR, ampliando así las opciones de acceso y adaptando el sistema a los nuevos hábitos digitales de los viajeros. Estará operativa en 1.249 tornos distribuidos por toda la red. De ellos, 470 son ya inteligentes y, en las estaciones con modelos anteriores, al menos dos de ellos permitirán esta modalidad, y uno estará habilitado para la lectura de códigos QR.

Madrid se suma por fin a otras grandes ciudades que introdujeron la tecnología

Estas ventajas ya han sido probadas con éxito a nivel global en ciudades como Nueva York, Sydney, Londres, Milán y Ámsterdam, donde Mastercard ha colaborado en la implementación del pago EMV contactless en el transporte público. “Poder hacer tap en el Metro de Madrid (acercar la tarjeta o el dispositivo al lector para realizar un pago) es un avance muy significativo que transformará la experiencia de viaje en la capital”, ha destacado el director general de Mastercard España, Juan Pablo Vivas.

Entre otras, Vivas ha subrayado que al simplificar el acceso a la red de Metro, que se suma a la ya existente en los autobuses de EMT, interurbanos y en Renfe Cercanías, no solo se mejora “la experiencia diaria de los ciudadanos madrileños” sino que también se hace de Madrid “un destino aún más atractivo y accesible para los turistas, además de contribuir a la sostenibilidad y a impulsar el gasto en la economía local, beneficiando a todos”.

Entre otros beneficios en experiencias similares internacionales, ha apuntado una satisfacción del usuario del 86% al 98% en Sídney, 22 millones de transacciones contactless en sus primeros seis meses en Países Bajos, donde un 42% de los usuarios destacó la velocidad del servicio como el factor clave de su experiencia, un ahorro directo de costes en el Metro de Londres, con una bajada de costes de recaudación de tarifas del 14% al 9%, o una reducción de 1.800 toneladas de emisiones de CO2 al año en Ámsterdam.

Formas de pago modernizadas

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resistencia, se suma al despliegue de estos pagos ya existente en los autobuses de la capital y los autobuses interurbanos. Igualmente, se añade a otras de modernización impulsadas por la compañía metropolitana como el abono transporte en el móvil, posible para sistemas Android 9.0 o superior desde mediados de enero y que próximamente llegará también a iPhone.

En 2027 además está prevista la llegada del Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), un sistema de acceso al transporte público que elimina los billetes físicos y gestiona los viajes y las tarifas en la nube, asociándolos a una cuenta de usuario digital. El pasado año, llegó la Tarjeta de Transporte virtual, que permite disponer del título en el móvil aunque a costa de prescindir del formato físico.

Miles de personas han salido de nuevo este domingo a las calles desde distintos puntos de la ciudad de Madrid en defensa de la sanidad pública “para evitar que continúe” su “desmantelamiento planificado” por parte de las administraciones madrileñas del Partido Popular (PP).

Bajo el lema 'Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos', la manifestación convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha partido en cuatro columnas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir todas ellas en Cibeles.

Se trata de la quinta marcha con este formato convocadas por este espacio vecinal en los últimos años. Los convocantes hablan de una situación “crítica” y denuncian listas de espera “interminables”, falta de médicos y pediatras; citas que tardan semanas, “y un largo etcétera” de reivindicaciones.

A la concentración han asistido la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, y las portavoces de Podemos Irene Montero, Ione Belarra e Isa Serra, así como representantes de CCOO y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Msdrid (FRAVM), entre otras.