El puente transcurrirá en la Comunidad de Madrid con un tiempo estable y sin fenómenos meteorológicos significativos, pero con un descenso progresivo de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos poco nubosos a lo largo de las dos jornadas, aunque con intervalos de nubosidad en distintos momentos del día.

El sábado comenzará con bancos de nubes bajas en el sureste de la región durante las primeras horas de la mañana. Esta nubosidad tenderá a disiparse hacia el mediodía, dando paso a cielos prácticamente despejados durante el resto de la jornada.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, tanto en las mínimas como en las máximas. La bajada de las mínimas será más acusada en la zona metropolitana, mientras que en la Sierra apenas habrá cambios. El viento soplará flojo del noreste al principio y al final del día, y será variable durante las horas centrales.

El sábado, máximas de 22 grados en varios municipios

Alcalá de Henares, Aranjuez, Madrid y Navalcarnero alcanzarán los 22ºC de temperatura máxima. Respecto a las mínimas, Alcalá registrará 6ºC, Aranjuez tendrá 7, Madrid llegará a los 9 y Navalcarnero se quedará en 7.

En Getafe los termómetros se moverán entre los 8 y los 21ºC, mientras que en Collado Villalba se anticipan valores de entre 9 y 21ºC. De este modo, la localidad serrana contará con una de las mínimas más templadas de la jornada, reflejo de la escasa variación térmica prevista para esa zona.

El domingo se mantendrá la estabilidad atmosférica, acompañada de un nuevo retroceso en los valores diurnos. La predicción señala intervalos de nubes bajas en las primeras horas, que irán remitiendo a lo largo de la mañana. Ya durante la tarde, predominarán las nubes altas.

Las temperaturas mínimas continuarán sin variaciones relevantes en la mayor parte del territorio, salvo por un leve descenso en la Sierra. Las máximas también registrarán un retroceso moderado, propiciando un ambiente más fresco que el del sábado. El viento soplará flojo y variable, con tendencia a fijarse del este a lo largo de la tarde.

Madrid capital no superará los 19 grados el domingo

La caída de las temperaturas máximas se percibirá con mayor claridad en la ciudad de Madrid, donde los termómetros quedarán limitados a 19ºC, tres menos que en la víspera. La mínima se situará en 10 grados, frente a los 9 anotados en la jornada previa. En Alcalá de Henares, las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados, mientras que en Aranjuez se situarán entre los 8 y los 21. Getafe registrará una mínima de 9ºC y una máxima de 20, y Navalcarnero tendrá valores de entre 8 y 20ºC.

Collado Villalba comenzará el domingo con 7ºC y alcanzará los 20 de máxima. La mínima supondrá un descenso de dos grados respecto al sábado, en consonancia con la previsión de una bajada térmica más acusada en la zona de la Sierra.

Hace poco paseando por la ciudad de Estocolmo me llamó la atención no ver a nadie durmiendo en la calle. Es cierto que allí hace mucho frío en invierno, y ello puede ser un factor disuasorio; pero en los estados norteños de EE.UU. los inviernos son igualmente heladores y sin embargo miles de estadounidenses viven al raso. 

La explicación es que Suecia ha desarrollado un modelo de prevención y atención al sinhogarismo. Durante décadas las administraciones suecas han invertido en vivienda pública, ayudas al alquiler, alojamiento temporal de transición, pisos con apoyo social e intervención rápida cuando alguien pierde su casa. En Madrid, en cambio, las administraciones locales suelen actuar cuando las personas llevan meses o años durmiendo en la calle, que es cuando más difícil resulta volver a integrarlas en la sociedad. En Suecia se intenta intervenir cuando alguien deja un centro de menores, cuando sale de prisión, cuando recibe el alta psiquiátrica, cuando pierde el empleo y deja de pagar el alquiler, o cuando una familia está a punto de ser desahuciada. 

Cada municipio sueco tiene una responsabilidad legal muy importante en materia de servicios sociales. Si una persona se queda sin vivienda, los servicios municipales deben valorar su situación y ofrecer recursos adecuados. No siempre se traduce en una vivienda permanente, pero sí hace que muchas personas pasen por alojamientos temporales, pensiones o pisos con apoyo en lugar de dormir al raso. 

Suecia fue uno de los países europeos que más pronto adoptó el modelo Housing First. Esta filosofía rompe con el modelo tradicional. Antes se decía: “Primero deje el alcohol, encuentre trabajo y después tendrá una vivienda”. Housing First invierte el proceso: “Primero tenga una vivienda estable; desde ahí será mucho más fácil tratar las adicciones, la salud mental o encontrar empleo”. La evidencia científica muestra que este enfoque reduce el sinhogarismo crónico y mejora la estabilidad residencial de muchas personas. 

En Suecia los desahucios siguen existiendo, pero las administraciones suelen intervenir antes para evitar que una persona termine viviendo en la calle. Hay ayudas económicas, mediación con propietarios y soluciones habitacionales temporales. Otro aspecto que destacan los investigadores es la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios, de vivienda y de empleo, algo que contrasta con la descoordinación madrileña. 

En Madrid el Ayuntamiento reconoce la existencia de 1.015 personas durmiendo en la calle, una cifra relativa, ya que solo se contabilizan aquellos que han sido localizados por los servicios sociales. En la Comunidad de Madrid se barajan cifras superiores a las 4.000 personas sin hogar. Los albergues municipales son claramente insuficientes, y la lista de espera para acceder a un alojamiento anda en torno a las 842 personas. Son datos suficientemente elocuentes para mostrar el escaso interés de las administraciones locales por el problema. 

El investigador Pedro Cabrera ha defendido en varias ocasiones una idea muy cercana a la experiencia sueca: la solución al sinhogarismo no consiste únicamente en ampliar los albergues, que también, sino en evitar que las personas pierdan su vivienda y, cuando eso ocurre, proporcionarles cuanto antes un hogar estable acompañado de apoyo social. Esa estrategia preventiva es una de las grandes diferencias entre el modelo sueco y el que históricamente ha predominado en Madrid.

Una ciudad que aspira a ser acogedora y próspera no puede acostumbrarse a que haya tantas personas durmiendo en sus calles.

La Comunidad de Madrid registrará este viernes, 30 de octubre, una jornada marcada por la estabilidad meteorológica y el ascenso de las temperaturas mínimas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos cubiertos por nubes medias y altas durante buena parte del día, si bien la nubosidad tenderá a disiparse a lo largo de la tarde.

Según la AEMET, además de no prever fenómenos meteorológicos significativos, los intervalos de nubes medias y altas darán paso de forma progresiva a cielos poco nubosos o despejados. De este modo, la segunda mitad de la jornada estará marcada por una menor presencia de nubosidad en el conjunto de la región.

En cuanto a las temperaturas, los valores mínimos ascenderán respecto a los registros de días anteriores. Este ascenso será menos acusado en la Sierra, donde las condiciones térmicas experimentarán cambios más moderados. Por su parte, los registros máximos continuarán sin cambios de consideración. La cuenta de X de AEMET Madrid ha confirmado en sus redes sociales esta previsión para el viernes: “Nubes medias y altas a poco nuboso. Mínimas en ascenso menos acusado en la Sierra. Máximas sin cambios”.

Alcalá, Aranjuez y Navalcarnero alcanzarán los 24 grados

Las temperaturas más elevadas entre los municipios de referencia se registrarán en Alcalá de Henares, Aranjuez y Navalcarnero, donde los termómetros alcanzarán los 24ºC. En Alcalá, la mínima quedará fijada en 9ºC, un valor idéntico al previsto en Aranjuez. Por su parte, Navalcarnero anotará una mínima de 10ºC.

En Collado Villalba, las temperaturas oscilarán entre los 10ºC de mínima y los 23 de máxima. Getafe registrará valores situados entre los 11 y los 23ºC, mientras que en la ciudad de Madrid los termómetros se moverán entre los 13ºC de mínima y los 22 de máxima. El viento soplará flojo y de dirección variable, con predominio del este durante la mañana en la franja oriental de la Comunidad. 

Jueves 29 de octubre con una jornada de tiempo estable en la Comunidad de Madrid, con cielos poco nubosos y algunos cambios en las temperaturas según la zona. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no prevé fenómenos significativos, si bien durante las primeras horas de la mañana podrían formarse brumas y algún banco de niebla en el sureste del territorio.

La previsión apunta a intervalos de nubes bajas por la mañana en esa zona, asociados a la posible formación de brumas y bancos de niebla. A medida que avance la jornada, la nubosidad evolucionará hacia intervalos de nubes altas, en un día en el que no se esperan precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán ligeramente en el centro de la Comunidad, mientras que en el resto se mantendrán sin grandes cambios, según la previsión general. Las máximas bajarán ligeramente en el sureste y permanecerán estables en el resto del territorio.

A través de sus redes oficiales, la delegación madrileña de la AEMET ha puntualizado que las mínimas podrían ascender de forma puntual en el sureste, permaneciendo estables en los demás municipios. Respecto a las máximas, el organismo prevé valores estables o un ligero descenso.

Alcalá de Henares y Aranjuez alcanzarán los 23 grados

Alcalá de Henares y Aranjuez registrarán las temperaturas máximas más elevadas entre los municipios de referencia, con 23ºC. En Alcalá, los termómetros oscilarán entre los 5 y los 23ºC, mientras que en Aranjuez se situarán entre los 6 y los 23.

En Collado Villalba se prevén temperaturas de entre 8 y 22ºC. Getafe registrará una mínima de 9ºC y una máxima de 22, los mismos valores previstos para Navalcarnero. En la ciudad de Madrid, los valores térmicos se situarán entre los 10ºC de mínima y los 21 de máxima.

La Comunidad de Madrid registrará este miércoles, 28 de octubre, una jornada caracterizada por los cielos despejados y el tiempo estable. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no se prevén fenómenos significativos y las temperaturas apenas mostrarán variaciones respecto a los días previos.

La predicción de la AEMET para la región madrileña anticipa un día prácticamente sin nubes. En sus redes sociales, el organismo ha señalado que predominarán los cielos despejados y que los valores máximos experimentarán una leve subida en el sureste de la Comunidad.

Respecto al viento, soplará flojo de dirección noreste, aunque a primeras horas de la mañana podría presentar algunos intervalos moderados. Con el paso de las horas tenderá a calmarse y girará de forma predominante hacia el este.

Aranjuez alcanzará los 24 grados

Los termómetros continuarán, en líneas generales, con valores estables en las principales localidades madrileñas. Aranjuez marcará el registro diurno más elevado entre los municipios analizados, con 24ºC de máxima, mientras que sus valores nocturnos bajarán hasta los 4ºC.

En Alcalá de Henares, las temperaturas se moverán entre los 9 y los 23ºC. Getafe registrará una mínima de 10ºC y una máxima de 23, al tiempo que en Navalcarnero se prevén registros parecidos, con valores situados entre los 13 y los 23ºC. En Collado Villalba, el día se iniciará con 7ºC y la máxima llegará a los 21. Por su parte, la ciudad de Madrid anotará una mínima de 13ºC y rondará los 22 durante las horas centrales.

César Alonso es un médico jubilado de 66 años. En agosto empezó a dolerle la pierna y su médico de cabecera le derivó al traumatólogo de manera “preferente”. A los dos días le llamaron del servicio de citas de la Comunidad de Madrid, pero para decirle que no le daban cita: “Me dijeron, literalmente, que no había lista de espera disponible, que ya me avisarían cuando se abriera”. Es decir, las agendas médicas se habían cerrado y le dijeron que todavía no había entrado en el sistema oficial que recoge cuánto espera cada persona en la región para ser tratado. César no contaba para el sistema porque el contador no se activa hasta que la cita se da. Su caso no es único.

En 2025 se contabilizaron 366.603 pruebas y visitas a especialistas que, habiendo sido ordenadas, no obtuvieron el volante, formando así una bolsa de pacientes oculta en los registros de la Comunidad de Madrid, que publica en abierto solo las esperas una vez la cita se ha dado (es más o menos coincidente con el número de pacientes, pero un mismo paciente puede estar en la lista de espera de pruebas diagnósticas y de especialista, por ejemplo).

Esas demoras de los pacientes “sin cita” solo se pueden obtener revisando año a año las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), ya que la web del Gobierno de Ayuso no los contabiliza junto al resto. También figura en los datos que Madrid aporta al Ministerio de Sanidad, pero sin desglosar. Por eso la Consejería considera, a preguntas de elDiario.es, que no se puede calificar de “lista oculta”.

Estos pacientes sin cita se han quintuplicado desde 2023, el año en el que Ayuso ganó por mayoría absoluta. De 71.755 pruebas y visitas sin citar entonces se ha pasado a 366.603 en 2025, año con los últimos datos disponibles. Destacan especialmente (para mal) las especialidades de traumatología y ginecología.

El activista por la sanidad pública Óscar Hernández visualizó hace unos meses los datos de quienes no tienen un volante con fecha: “Lo de traumatología es un ejemplo significativo. Los pacientes atrapados en este limbo sin cita se han multiplicado por 22 en los últimos dos años”, explica.

“Estas dos especialidades, trauma y ginecología, son precisamente las que cuentan con más asistencia a la privada. Hay que preguntarse por qué”, señala José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y exdiputado del PSOE en la Asamblea. Este experto en gestión sanitaria apunta a los riesgos asociados a un sistema que te hace esperar meses o años. “En Madrid han aumentado mucho los seguros privados, lo cual deslegitima lo público. La gente se pregunta para qué pago impuestos si luego tengo que pagar una póliza para que me vea el médico en un tiempo razonable”. César lo sabe bien: “Mi caso ha sido calificado como preferente y ni siquiera me citaron. De hecho, ahora tengo síntomas neurológicos, como hormigueo”. Hace una semana le ofrecieron finalmente una visita para el 29 de octubre. Pero del año 2027.

Según Sanidad, “el aumento responde a la adecuación de la actividad tras la pandemia: el Sermas ha recuperado y superado su actividad previa —13,7 millones de consultas en 2025, frente a 13,5 millones en 2019— para atender a una población que ha crecido en más de 440.000 personas desde 2020” y destaca que los “sin cita” no son un grupo homogéneo, ya que también hay reprogramaciones o derivaciones según prioridad.

Respecto a las pruebas médicas con más atasco y con más pacientes esperando sin siquiera tener fecha están las resonancias magnéticas (más de 42.000 “sin cita”) y las ecografías (casi 30.000 en 2025). También hay esperas de volante de derivación en mamografías: de las 20.000 pendientes de hacer el año pasado, casi la mitad era de mujeres que ni siquiera habían sido citadas.

elDiario.es ha hecho un análisis de datos sumando en una lista el total de personas esperando (con cita y sin cita). En 2025 había más de 1,4 millones de personas aguardando operación, pruebas o que le visitara un médico especialista. Esta última es la bolsa de espera más alta, con casi un millón de personas.

Pese a que el Gobierno de Ayuso saca pecho en algunos indicadores de demora de especialidades concretas o usando medias globales, la realidad es que desde 2017, y especialmente desde la pandemia de 2020 (el primer gobierno de la presidenta se inició en 2019), han empeorado especialmente los indicadores de la lista de espera para el especialista: se ha duplicado el número de pacientes en espera (+92%), la demora media ha subido un 86% y los pacientes que aguardan más de tres meses para ver al especialista se han incrementado un 321%.

La población de la región ha aumentado en más de 600.000 personas en ese tiempo. Mientras, el dinero destinado a personal sanitario se contiene cada año, incluso se presupuesta de manera tan escasa que no da para pagar las plantillas y hay que hacer constantes parches, como admitía la propia consejería de Sanidad en un documento interno que publicó elDiario.es. Las pruebas diagnósticas es el único indicador que ha bajado mínimamente en ese periodo (en 23.000 personas respecto al año anterior, aunque son casi 300.000 pruebas a la espera).

La Comunidad de Madrid, que en julio aseguró en una comunicación oficial que había reducido las listas de espera en el primer semestre de 2026, también utiliza la derivación a los hospitales públicos de gestión privada para reducir las demoras. A muchos pacientes se les ofrece como alternativa que acudan a hospitales de Quirón (hay cuatro en la región, entre ellos la Jiménez Díaz) o Ribera Salud (el de Torrejón), que pueden contratar o ampliar horario sin tener que cumplir con las estrictas normas del sistema público. Se ha llegado a citar a pacientes de madrugada.

Si el paciente no acepta porque quiere seguir en su hospital de referencia público se contabiliza como “rechazo de derivación”. Quienes no pueden ser operados por cualquier motivo (por ejemplo, están convalecientes de otra operación) se contabilizan como “transitoriamente no operable”. La lista de espera quirúrgica los suma a todos (no pasa lo mismo en pruebas y especialista, que se desagregan, lo que impide tener una visión global del problema).

Cuando las esperas son muy largas, también hay pacientes que deciden cambiarse de hospital desde el público a alguno de estos privatizados, gracias a la ley de libre elección que instauró Esperanza Aguirre y que convierte al paciente en un posible cliente para empresas con interés en captar desde la pública: “En traumatología, decenas de miles de pacientes salen del Ramón y Cajal (-7.809), 12 de octubre (-7.920) o La Paz (-8.018) y son absorbidos por hospitales de Quirón, como la Fundación Jiménez Díaz (+38.247), Rey Juan Carlos de Móstoles (+18.252) o Villalba (+9.363)”, explica Hernández.

La libre elección de primeras consultas en 2024 era de 11% y en 2025, a falta de que se publiquen todos los datos, al menos de 12,2%. La ganancia está en que los hospitales privatizados cobran al Servicio Madrileño de Salud por cada paciente extra que atienden de fuera de su zona de influencia, de manera que las largas listas de espera en la pública son una oportunidad de negocio para estos gigantes sanitarios. También para los seguros privados, que han crecido exponencialmente en esta región (cuatro de cada diez madrileños paga ya póliza privada).

“En los hospitales se cierran las agendas y así tu volante se mete en un cajón hasta que se abren agendas de nuevo. ¿Por qué? Así se controla la lista de espera, se engrosa o reduce. Cuando te llaman, te ofrecen el hospital público y luego muchas veces te ofrecen en Quirón más pronto”, resume Ana Encinas, testigo de los procesos como médico de Atención Primaria en Madrid y defensora de la sanidad pública en distintas plataformas. La portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, explica que el Gobierno de Ayuso saca pecho de algunas cifras porque maquilla datos: “La actividad de poca complejidad es muy rápida y sale adelante también por la libre elección, pero hay otra lista de espera muy larga. Si yo me como dos pollos y tú ninguno, la media dirá que nos hemos comido un pollo por persona, pero no es así”, resume como metáfora del conteo de esperas en Madrid.

“Pero el gobierno regional sabe perfectamente cuál es la espera real, como también lo saben los médicos por el sistema interno, lo que pasa es que han diseñado una serie de buzones distintos donde meten a distintos pacientes para que los datos den mejor imagen”, explica Carmona.

El Ministerio de Sanidad anunció en junio un real decreto que unificaría los criterios y datos que aparecen en las listas de espera de todas las comunidades autónomas para evitar diversidad de datos, con la intención de tener una radiografía clara y con criterios técnicos que diera una imagen fiel en cada territorio. Los consejeros autonómicos no pusieron grandes pegas en asumir criterios uniformes al inicio, pero el pasado viernes acabaron por votar en contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado a este medio que se está trabajando en reducir las esperas con “la priorización clínica de las derivaciones, adecuación de la citación a quienes más tiempo llevan pendientes a misma prioridad clínica, codificación del motivo de cada solicitud, derivación a centros con menor demora” o las consultas telemáticas, una nueva apuesta que ha crecido un 800%, según datos de la propia Sanidad.

César Alonso, que ha sido médico y ahora paciente por su dolor en la pierna, sigue esperando a ver si le adelantan la cita, mientras que se ha pagado un fisio por su cuenta. Cuando le vean su dolencia “preferente”, en 2027, es muy probable que ya no le duela o que se haya buscado una solución de pago, aunque por el momento no quiere pasar a los hospitales privatizados de Quirón o Ribera si se lo ofrecen, cuenta a elDiario.es. “Me parece increíble y un descontrol que Madrid tenga miles de pacientes, algunos más graves que yo, sin control, esperando a ser atendidos o a tener una cita sin que nadie se interese por si han mejorado o empeorado”, concluye.

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Tiene 72 años y un 72% de discapacidad intelectual. Sus circunstancias la han llevado a permanecer durante años en centros especializados en Castilla y León, pero los problemas vinieron cuando su familia quiso trasladarla a la Comunidad de Madrid. La administración la dejó fuera de las plazas de centros especializados al pedir el acceso siendo mayor de 65 años. Esto ha llevado a su hermano, que también es su tutor, a una batalla legal durante meses que ha acabado con la condena al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pagarles 10.000 euros por daño moral, algo que la Comunidad va a recurrir.

El hermano de esta mujer, José Manuel, es el único apoyo que tiene, tanto familiar como económico. En conversación telefónica pide que se mantenga en el anonimato a su hermana y propone llamarla ‘Maricarmen’, en honor a la anciana de 87 años que falleció después de que la desahuciaran. Desde hace meses lleva luchando para intentar que se reconozcan las necesidades que tiene Maricarmen, con grado II de dependencia reconocida y que celebra la sentencia como “un paso adelante”.

“Lleva 17 años siendo atendida en centros de discapacidad intelectual” en Castilla y León, explica. En 2025 decidieron trasladar el expediente a la Comunidad de Madrid para que pudiesen estar más cerca mientras ella ingresaba a través de una plaza privada en una de estas residencias especializadas. Ahí conoció a su pareja, Alejandro, mientras la comunidad autónoma resolvía el expediente. Finalmente, la Comunidad le reconoció una prestación económica vinculada al servicio residencial (PEVS) pero no la incorporó al servicio residencial del Programa Individual de Atención (PIA), lo que hizo que no entrara en lista de espera para poder acceder a una plaza pública en un centro especializado, tampoco a una concertada. Eso hace que sí o sí tenga que ir a una residencia privada. La Administración, que tardó además mucho más tiempo del fijado por la normativa en responder, no entró a explicar por qué en su caso no aplicaba este servicio. 

José Manuel reconoce que les es imposible asumir los costes porque, además, la gestora de la residencia de su hermana les ha avanzado que subirán los precios hasta los 3.000 euros mensuales, más otros posibles gastos que pueda necesitar Maricarmen. La mujer tendría que dejar el centro, su rutina y las personas que ha conocido en él. Especialmente a Alejandro, que aunque también es mayor de 65 años sí puede permanecer en la residencia. Desde el Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) se plantean “hasta qué punto los sistemas de atención a la discapacidad y a las personas mayores garantizan la continuidad de los apoyos cuando una persona con discapacidad envejece”.

En abril, decidieron denunciar. En julio, un tribunal de Instancia de Madrid ordenó a la Consejería adoptar las acciones necesarias para que la mujer continuara en la residencia con asignación de plaza pública o concertada, teniendo en cuenta su estabilidad emocional. El Ministerio Fiscal había solicitado cautelares para garantizar la inclusión en la lista de espera de un recurso residencial especializado. Si no se adoptaba podían producirse “perjuicios de muy difícil reparación”. Unos meses más tarde, en septiembre, es cuando se dicta sentencia.

Además de la indemnización a la familia, la Comunidad de Madrid debe volver a valorar el caso de manera individualizado “sin que la edad pueda operar como criterio automático de expulsión”. En el texto, la jueza confirma que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “vulernó su derecho a la igualdad” por derivarla de forma automática a una red de recursos para mayores por tener más de 65 años. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila y que ha anunciado un recurso, debe pagar 10.000 euros a la familia.

Además, el pasado 8 de octubre, el juzgado decidió mantener las cautelares a la espera de una sentencia firme y después de que el Gobierno autonómico la haya recurrido. Ordenó dar traslado a la Comunidad y al Ministerio Fiscal para que presentaran alegaciones. La Consejería, por su parte, asegura que es “rotundamente falso” que se discrimine en función de la edad y argumenta que ha habido un aumento de las plazas públicas para personas con discapacidad.

Por ahora, mientras avanza el caso en los juzgados, Maricarmen podrá continuar junto a su pareja, Alejandro, y la red que ha construido en el centro en el que vive. José Manuel, por su parte, seguirá peleando ya que el fallo, insiste, no adjudica directamente una plaza residencial definitiva a su hermana y no es firme.

La Junta de Extremadura ha descartado, por motivos de “igualdad de trato”, asumir el coste derivado de la no aplicación de la bonificación del abono joven de transporte en la Comunidad de Madrid a los estudiantes extremeños que no se encuentran empadronados en dicho territorio, una medida cuyo coste ha cifrado en unos dos millones de euros anuales.

El director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza, ha respondido de esta forma a la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, donde ha sido cuestionado sobre las actuaciones que lleva a cabo el Ejecutivo regional para garantizar que los jóvenes extremeños en Madrid accedan a esta bonificación sin necesidad de empadronarse.

Maza ha recordado que en Extremadura, al igual que en otros territorios, los viajeros también deben acreditar la residencia habitual mediante el certificado de empadronamiento para acceder a la gratuidad del billete de transporte público por carretera en los trayectos con origen y destino en la región. Según ha detallado, este servicio ha sido utilizado en 2025 por más de 158.000 extremeños que han realizado 1.735.000 viajes subvencionados gracias a una aportación autonómica de ocho millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 66% en el número de usuarios desde 2023.

A su juicio, el debate no radica en cuestionar si los jóvenes merecen respaldo institucional, sino en determinar qué administración debe sufragar su movilidad en otras comunidades autónomas. “No debemos confundir sensibilidad con la obligación de financiar cualquier gasto”, ha apuntado Maza, defendiendo que los estudiantes desplazados ya pueden utilizar la red madrileña con tarifas reducidas para no empadronados.

Bajo los principios de “igualdad de trato, respeto a las competencias y responsabilidad en la gestión de recursos públicos”, el director general ha justificado la negativa a establecer compensaciones específicas. “¿Por qué deberíamos ayudar a un estudiante desplazado en Madrid y no a otro que ha tenido que trasladarse a Sevilla o Salamanca?”, ha cuestionado para evitar “agravios comparativos”. Respecto a los convenios específicos de Madrid con otras regiones, como Castilla-La Mancha, Maza ha señalado que responden a particularidades territoriales de integración en la red de cercanías, por lo que “no todas las situaciones son equivalentes”.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura, Alba Soto, ha abogado por ofrecer facilidades a los jóvenes que se ven obligados a marchar fuera de la comunidad ante la ausencia de la oferta formativa deseada en el territorio extremeño. Soto ha cifrado en un 192% más el sobrecoste que asumen los estudiantes extremeños por no disponer del abono joven madrileño, bonificado hasta los 26 años para empadronados por diez euros mensuales, frente a los 29,20 euros que pagan por 40 viajes al mes los universitarios no empadronados.

La Comunidad de Madrid registrará este martes, 27 de octubre, una jornada con predominio de cielos poco nubosos o despejados, si bien durante las primeras horas se prevén intervalos de nubes medias y altas. Esta nubosidad tenderá a disiparse a lo largo de la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En su cuenta de X para Madrid, el organismo detalla que los cielos permanecerán muy nubosos al comienzo del día para evolucionar hacia condiciones despejadas en torno al mediodía, con la presencia residual de nubes altas. La previsión apunta, por tanto, a una evolución hacia un tiempo más despejado durante la segunda mitad del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso. Las máximas, en cambio, descenderán ligeramente de forma generalizada, con una bajada algo más acusada en las zonas llanas del este de la Comunidad y en la Vega de Aranjuez. Los registros durante la mañana se situarán entre los 22 y los 23ºC en los principales núcleos urbanos. El viento será flojo y variable, sin que se esperen fenómenos meteorológicos destacados asociados a este factor.

Las temperaturas en los principales municipios

En Aranjuez, los termómetros oscilarán entre los 5ºC de mínima y los 23 de máxima, mientras que Getafe marcará valores de entre 9 y 23ºC. Navalcarnero anotará una mínima de 11 grados y tocará asimismo los 23 durante las horas centrales.

En Alcalá de Henares, las temperaturas quedarán acotadas entre los 7 y los 22ºC. Collado Villalba registrará los mismos valores, con una mínima de 7ºC y una máxima de 22. En Madrid capital, los termómetros marcarán una mínima de 11ºC y una máxima de 22. En el cómputo global, las mínimas discurrirán entre los 5 y los 11ºC, mientras que las máximas se mantendrán en una horquilla de entre 22 y 23ºC.

Octubre ha sido un mes extraño: empezó con una acampada masiva en Sol, le siguió un adelanto electoral y conmocionó al país por la muerte de Maricarmen. Un nuevo ciclo de movilizaciones ha desencadenado manifestaciones en toda España, algunas seguidas de enfrentamientos con la Policía y denuncias por exceso de violencia. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid fue criticado por actuaciones de sus agentes en la Complutense o en la calle Huertas, y pidió abrir investigaciones urgentes. Pero ahora, con todo en ebullición, Francisco Martín sorprende al abandonar su cargo antes de un noviembre que viene fuerte.

La noticia la adelantó El País este domingo por la tarde, aludiendo a un descontento al no haber sido incluido en las listas electorales de su partido, el PSOE. Martín llevaba tres años al frente de la Delegación del Gobierno y su mandato ha estado marcado por el tira y afloja con los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, de carácter local y regional. Sin embargo, su apoyo tácito a la socialista Enma López cuando presentó su candidatura en las primarias contra Reyes Maroto, elegida de Ferraz, marcó tensiones con la cúpula; más después de que Maroto se impusiera a López y esta fuera despojada de sus cargos en el grupo municipal.

La subdelegada Pilar Trinidad Núñez suena como el principal relevo al frente de la institución, con sede en la calle Miguel Ángel, aunque el cargo tendrá que confirmarse este martes en el Consejo de Ministros. Mientras tanto, las redes sociales de Francisco Martín –donde solía ser muy activo– llevan semanas en silencio: su último post en X es del 17 de octubre, y en Instagram no publica nada desde hace casi un mes, el 18 de septiembre. La renuncia del dirigente del PSOE se ha producido a escasas 24 horas de cerrar el plazo para registrar listas electorales, que los partidos han ido configurando estos últimos días a raíz del adelanto electoral.

Los comicios antes previstos para 2027 tendrán lugar, finalmente, el próximo 29 de noviembre. El tiempo corre y la repentina marcha de Martín deja a su relevo con una larga lista de tareas sobre la mesa y cinco sapos que tragar en los primeros días de trabajo.

Una acampada en el aire y sin desconvocarse de Sol

La acampada por la vivienda en Puerta del Sol, que este lunes cumple un mes desde que se puso la primera tienda, mantiene en vilo su continuidad. Con la convocatoria de elecciones y los preparativos para una huelga general inminente -uno de sus principales objetivos- las asociaciones de barrio y organizaciones de vivienda que continúan en la protesta aún debaten si es mejor marcharse para centrar esfuerzos en los siguientes pasos, o permanecer en Sol y seguir presionando desde allí.

“El verdadero éxito de esta acampada no debería medirse únicamente por cuánto tiempo conseguimos aguantar, sino por nuestra capacidad para convertir todo lo que hemos conseguido aquí en una fuerza colectiva y política que perdure más allá de la Puerta del Sol”, destacaba a mediados de mes una de las portavoces en las asambleas de la tarde, donde se debate el devenir del movimiento. En este primer mes de acampada el delegado ha recibido críticas desde todos los frentes, muchas vinculadas a la actuación policial en la zona (sobre la que tiene competencias).

De un lado, PP y Vox le espetaban su permisividad con la expansión de tiendas por las calles colindantes; mientras que en sindicatos u otros sectores a la izquierda reprochaban lo contrario: que la presencia policial en las manifestaciones por la vivienda era excesiva y su actuación, desproporcionada. Pero la acampada no será, ni de lejos, el único frente a la vista.

Tres huelgas previstas en un noviembre caliente

A lo que quede de la acampada y antes de ir a las urnas, el futuro delegado o delegada tendrá que atravesar tres huelga simultáneas. Una de ellas, la más notable, es la huelga general convocada para el 11 de noviembre, para la que habrá que negociar servicios mínimos en los sectores de competencia estatal como Cercanías Madrid o el Aeropuerto de Barajas. En el caso de la Policía Nacional, sin derecho a huelga al ser un cuerpo de seguridad del Estado (así lo fija la Ley Orgánica 2/1986), quedará plantear y distribuir un despliegue de vigilancia.

Y es que la del 11N no es el único parón programado. Desde mediados de octubre está activa una huelga indefinida del profesorado en la educación pública. Los docentes exigen a la Consejería de Educación una negociación efectiva y compromisos firmes para mejorar sus condiciones laborales y garantizar la calidad del sistema. Señalan al Gobierno regional por el abandono que perciben, pues las competencias educativas están delegadas en la comunidades autonómas. Pero Francisco Martín también quedó salpicado desde el primer minuto.

Hace dos semanas, cuando arrancó la huelga educativa, volvió a haber cargas policiales contra unos piquetes estudiantiles organizados en la Universidad Complutense (UCM), frente a la Facultad de Químicas. Hubo heridos y detenidos, pero también señalamientos directos hacia la Policía por la virulencia de las actuaciones, que quedaron grabadas en vídeo.

Así que el siguiente embrollo será una tercera huelga educativa, esta vez de carácter universitario y prevista para el 4 y 5 de noviembre, afectando a los seis campus de la región: la Complutense, la Autónoma (UAM), la Politécnica (UPM), la Carlos III (UC3M), la Universidad de Alcalá (UAH) o la Rey Juan Carlos (URJC). Con el recuerdo reciente de las cargas en la UCM, lo previsible es que la actuación policial en esta huelga de universidades también se mida al detalle.

El viernes pasado, a las puertas de su último fin de semana como delegado, Martín anunció una investigación interna para esclarecer si hubo negligencia en otras actuaciones policiales, esta vez frente al Palacio de Santoña en Madrid y en una nueva reivindicación docente. Los testimonios recopilados por Somos Madrid denunciaron las “violentas” cargas de los agentes, que según los docentes y estudiantes congregados comenzaron sin ninguna actuación hostial previa por su parte. Este periódico también pudo comprobar el parte de lesiones de uno de los afectados, en el que constan hematomas “con forma de porra”.

Protestas en Barcelona y la amenaza de un Blocus en Madrid

Estos son los hechos sobre la mesa, pero también hay amenazas latentes. Una de ellas es la que dejan las protestas en Barcelona, que este fin de semana ha vivido graves altercados, saqueos en una veintena de negocios y más cargas policiales en una protesta convocada a través de las redes sociales. Los Mossos d'Esquadra han detenido a 128 personas, 72 de ellas menores de edad, por unos disturbios inspirados en las actuales protestas en Francia.

En España, este movimiento se ha difundido con el nombre de Blocus, como se conoce a sus impulsores. Las autoridades siguen su rastro en plataformas como TikTok, aunque su existencia no solo perturba en Cataluña. En las últimas horas se han difundido rumores u otros mensajes no confirmados que apuntan a más ciudades para continuar las protestas, entre ellas Madrid. Aunque estos anuncios no garantizan que las manifestaciones vayan a llevarse a cabo, su amenaza también está latente. Sea como sea, Francisco Martín deja la Delegación del Gobierno en un momento convulso y sin haber ofrecido aún explicaciones públicas.

Encontrar un cajero automático puede convertirse en una dificultad al visitar algunos municipios rurales de España. Según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2022, el 55% de los municipios españoles carecía de estos dispositivos, aunque en ellos residía únicamente el 3% de la población. Esta falta de acceso al efectivo, que afecta principalmente a los habitantes de las localidades más pequeñas, también puede plantear problemas a quienes las visitan durante una escapada o un fin de semana. Ante la ausencia de oficinas bancarias y cajeros, existen alternativas como Correos Cash y la retirada de dinero en establecimientos comerciales, aunque su disponibilidad depende del municipio, la entidad financiera y las condiciones de cada servicio.

La ausencia de cajeros no equivale necesariamente a la falta de cualquier servicio bancario. El Informe de Inclusión Financiera 2025 del Banco de España, publicado en mayo de 2026, señala que 2.638 municipios, el 32,4% del total, carecían de acceso presencial a finales de 2024. De ellos, el 96% tenía menos de 500 habitantes. Este concepto incluye oficinas bancarias, cajeros, agentes financieros y otras modalidades de atención, como las oficinas móviles. Aunque la cobertura ha mejorado desde 2021, los cajeros continúan siendo el canal más habitual para obtener efectivo, utilizado por el 79% de la población. La distancia también influye: un análisis referido a 2020 indicaba que más del 98% de los habitantes tenía un punto de acceso al dinero a menos de cinco kilómetros, una proximidad que no siempre resulta suficiente para quienes se desplazan sin vehículo.

Correos Cash y la retirada de dinero en comercios

Una de las opciones para conseguir billetes sin acudir a una sucursal bancaria es Correos Cash, un servicio que permite realizar determinadas operaciones de retirada e ingreso de efectivo a clientes de entidades financieras colaboradoras. Según la información difundida por Correos en 2024, su red contaba con 2.388 oficinas informatizadas, además de puntos de atención rural. Entre las entidades que han suscrito acuerdos para ofrecer este servicio figuran Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja, Banco Mediolanum, Triodos y varias cajas rurales. Sin embargo, las operaciones disponibles pueden variar según el banco y el punto de atención. Por ello, antes de viajar conviene comprobar si la entidad mantiene el servicio y dónde puede utilizarse.

En el caso de BBVA, los clientes pueden solicitar efectivo desde la aplicación bancaria o la página web, seleccionar la cantidad y elegir cómo recibirla. Para recoger el dinero en Correos deben presentar el código QR generado durante la operación y un documento de identificación válido. Las tarifas de 2026 establecen una comisión de 1,82 euros por retirada en oficina y de 7,15 euros por entrega a domicilio. En los puntos de atención rural, si no se dispone de la cantidad solicitada, puede ser necesario reservarla para el siguiente día de apertura. Estos requisitos hacen recomendable planificar la retirada con antelación, especialmente durante los fines de semana. Además, el Banco de España señala que los canales alternativos de acceso al efectivo, considerados conjuntamente, registran una utilización reducida en los municipios sin oficina bancaria.

Otra posibilidad es el cashback, un sistema que permite obtener dinero en efectivo al realizar una compra. El establecimiento cobra mediante tarjeta o aplicación una cantidad superior al precio del producto y entrega la diferencia en billetes. Existe también el cash-in-shop, que permite retirar efectivo sin necesidad de comprar. La CNMC recomendó en 2022 facilitar ambas fórmulas mediante un marco normativo adecuado y volvió a defender el acceso al dinero a través de comercios en 2024. No obstante, su funcionamiento depende de que cada establecimiento ofrezca el servicio, por lo que no puede considerarse una alternativa garantizada en cualquier localidad.

Iniciativas públicas y precauciones antes de viajar

Las administraciones también han impulsado medidas para ampliar el acceso al efectivo en las zonas rurales. En 2022, la Diputación de León firmó un convenio con Correos para que 160 carteros rurales prestaran servicios financieros básicos en localidades sin entidades bancarias. El acuerdo también contemplaba instalar cajeros en espacios municipales. En la Comunidad de Madrid, el despliegue de un programa de 61 cajeros para municipios de menos de 5.000 habitantes sin oficina bancaria comenzó en Batres, según la información publicada en julio de 2026. Por su parte, la CNMC examinó en junio de ese año un proyecto de subvenciones del Gobierno de Cantabria para fomentar la instalación y el mantenimiento de cajeros en municipios afectados por el riesgo de despoblación. Se trata de iniciativas de alcance territorial diferente, cuya existencia no garantiza que todos los pueblos dispongan de estos servicios.

El problema también ha llegado al Congreso de los Diputados. En febrero de 2024 se tomó en consideración una proposición de ley procedente del Parlamento de Cataluña que planteaba garantizar al menos un cajero automático por municipio o por cada 5.000 habitantes, con mecanismos para financiar su instalación y determinar las localidades afectadas. Sin embargo, la iniciativa, que continuaba pendiente de tramitación, decayó con la disolución de las Cortes del 6 de octubre de 2026, por lo que sus medidas no llegaron a convertirse en una obligación legal. Mientras tanto, los últimos datos disponibles del Banco de España reflejan una mejora de la cobertura: entre 2021 y 2024, el número de municipios sin atención bancaria presencial se redujo en 608, principalmente gracias a las oficinas móviles, aunque los puntos de acceso disminuyeron un 2,5%, hasta los 67.166.

Para quienes preparan una escapada, la precaución más sencilla es llevar algo de efectivo antes de llegar, especialmente si el destino es una localidad pequeña o la visita coincide con un fin de semana. También resulta útil consultar los horarios de Correos, comprobar si el banco permite utilizar Correos Cash y preguntar al alojamiento por las posibilidades de retirar dinero en la zona. Llevar tarjeta facilita los pagos, pero no garantiza que todos los establecimientos la acepten ni que permitan obtener billetes. Planificar estas cuestiones con antelación puede evitar contratiempos en lugares donde las alternativas al cajero son escasas o están sujetas a horarios y condiciones específicas.

Jornada tranquila en la Comunidad de Madrid, que arranca la semana con cielos poco nubosos, sin rastro de precipitaciones y temperaturas en aumento, con máximas que rozarán los 25 grados en casi toda la región, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y esa será la tónica también para los próximos días, con noviembre a la vuelta de la esquina. 

Este lunes se esperan cielos muy nubosos que tenderán a poco nubosos por la mañana, con predominio de las nubes altas en toda la región madrileña, sigue la agencia estatal. Hoy no se esperan precipitaciones y el viento soplará flojo con dirección variable.

Respecto a las temperaturas, las máximas irán en ascenso ligero generalizado excepto en la Sierra de Madrid, donde solo ascenderán de forma acusada en puntos altos. Se rozarán los 25 grados: 23 en Madrid y Collado Villalba; 24 en Getafe, Navalcarnero y Alcalá de Henares; y 25 en Aranjuez. 

En el caso de las mínimas, aumentarán en la Sierra de Madrid, siendo el ascenso más ligero en el suroeste y el centro de la comunidad. En cambio, bajarán de forma ligera en el entorno de Aranjuez. Así, habrá importantes diferencias dentro de la región: 12 en Collado Villalba; 9 en Madrid y Navalcarnero; 7 en Getafe; y 5 en Alcalá de Henares y Aranjuez. 

Estabilidad para la semana

La estabilidad meteorológica será la gran protagonista esta semana, la última de octubre. De acuerdo con la Aemet, para el resto de días se espera nubosidad matinal, tendiendo a despejar a lo largo del día, avanza la Aemet. Respecto a las temperaturas, tenderán a bajar ligeramente, aunque las máximas seguirán en torno a los 20 grados. 

Tuvo la feliz idea en un viaje a Tokio. Vio algo que le gustó y, cuando tuvo poder suficiente como presidenta de la Comunidad de Madrid, ordenó imitarlo. Lo había visto también en las películas. Con dinero público –14 millones de euros– se construyó un campo de golf en Chamberí, un distrito céntrico de la capital. Los vecinos nunca lo pidieron y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, era compañero de partido y enemigo íntimo de Esperanza Aguirre, denegó la licencia. El Ejecutivo autonómico aprobó entonces una declaración de interés público para salvar el veto municipal y siguió adelante con la obra. En el camino de aquel proyecto excéntrico se perdieron algunos millones de euros que acabaron en manos de familiares de su vicepresidente, Ignacio González.

El feo asunto, uno más y no el más grave del mandato de Aguirre, acabó en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora penas de cárcel para varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos González, y para algunos empresarios que se lucraron con la ejecución de aquella idea de la presidenta.

La autora intelectual del proyecto sale sin daño del embrollo judicial. Acudió como testigo al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Defendió la presunción de inocencia de quien fue durante años su principal colaborador, Ignacio González, y alabó su idea copiada de Tokio y de las películas de abrir un campo de golf en el centro de la ciudad: “Mejor eso que un helipuerto que solo utilizaba José Bono para ir a su casa”, le contó al tribunal. Sobre los “chanchullos” en la ejecución de la obra, Aguirre no recordaba nada. Sobre el negocio corrupto, Aguirre nunca supo nada. Se enteró de todo por los periódicos, según confesó.  

Esperanza Aguirre atesora el gran mérito de seguir indemne tras haber sido la presidenta del Gobierno más corrupto en la historia de la Comunidad de Madrid.

Su asistente, viceconsejero y consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue condenado en el caso Gürtel a 27 años de cárcel por sus negocios corruptos con la trama que lideraba Francisco Correa. Esa red delictiva logró decenas de contratos a dedo en la Comunidad de Madrid que presidió Aguirre.

Su vicepresidente y consejero de Justicia, Alfredo Prada, fue condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción del Campus de la Justicia. 

El expresidente Ignacio González, número dos de Aguirre durante su último mandato y su heredero cuando dejó el cargo, está procesado en varias causas de corrupción y estuvo encarcelado nueve meses en 2018 por uno de los casos.

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero de Transportes y de Presidencia, ha sido condenado en dos causas distintas por amaños de contratos y revelación de secretos. Además, está procesado por la financiación ilegal del PP de Madrid en una pieza separada del caso Púnica.

La Audiencia Nacional mantuvo unos meses imputada a Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de la fundación del PP-Madrid, Fundescam. En estas tres instituciones presididas por Aguirre, la investigación judicial detectó numerosas irregularidades delictivas por los que están procesados tanto el gerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados y la directora general de Medios de la Comunidad de Madrid.

Durante la investigación del caso, la Fiscalía Anticorrupción no halló a ningún responsable político que declarara o probara que Aguirre conocía las irregularidades en los tres órganos que presidía. El juez, previa petición del fiscal, desimputó a la expresidenta madrileña.  

Esperanza Aguirre estuvo imputada en 2014 por un delito de desobediencia. Se dio a la fuga mientras unos agentes de movilidad intentaban multarla tras aparcar con su coche en un carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero automático. El vehículo de Aguirre derribó en la escapada una motocicleta aparcada de uno de los agentes.

Para buscar ayuda en aquella causa que amenazaba su futuro político como candidata a la alcaldía de Madrid, la dirigente del PP se reunió con el decano de los juzgados de Plaza Castilla, José Luis González Armengol, y con el comisario de policía José Manuel Villarejo, uno de los jefes principales de la mafia policial que entre 2012 y 2016 perpetró numerosas operaciones ilegales contra los adversarios políticos del Gobierno del PP.

En esa reunión, grabada por Villarejo, la imputada por desobediencia reclamó apoyo al comisario de Policía, personado como acusación popular contra Aguirre.

Esperanza Aguirre: La clave para mí es que tú no pidas diligencias.

Villarejo: Confía... Nosotros no vamos a pedir nada. O sea, nosotros lo que... Vamos, yo te voy a plantear dos opciones.

Esperanza Aguirre: No, no. La opción es... Cuando yo declare, si es que declaro, o si no declaro... A la vista de lo que hay, no pedir nada más. Eso es lo ideal.

Villarejo: No pedir nada más. E incluso nosotros decir: «A la vista de la declaración de la señora... tal, nosotros no... consideremos que ya está suficientemente aclarado y no pedimos...» Con lo cual, si nosotros no pedimos, que somos la acusación, nadie va a pedir.

Villarejo: Esto no se lo digas a tus abogados. A tus abogados diles que nosotros somos unos hijos de puta y unos duros... Porque los abogados largan mucho.

Esperanza Aguirre: No, no. A mis abogados no les digo nada.

Aguirre evitó el juicio porque entró en vigor una reforma del Código penal aprobada por el Gobierno del PP en julio de 2015 que despenalizaba ese tipo de faltas.

Con estos antecedentes judiciales -el núcleo de su Gobierno condenado o procesado por corrupción y ella misma imputada en varias causas de las que se libró in extremis- cualquier persona se habría retirado avergonzada de la actividad política. Cualquier persona menos Esperanza Aguirre, que sigue dando lecciones de ética desde diarios de sesgo conservador, como The Objective. La comentarista política escribió hace poco en ese medio: “Cuando se descubre que un colaborador ha delinquido, lo lógico y lo honesto es dimitir del puesto en el que te han colocado los ciudadanos, como hizo Willy Brandt y como hice yo, cuando fue detenido el que había sido mi vicepresidente en la Comunidad de Madrid, y eso que, casi nueve años después, aún no sé por qué le detuvieron”.

Aguirre no sabe (eso dice) por qué detuvieron y encarcelaron a Ignacio González. Eso le llevó a dimitir de sus cargos en 2018. Pero muchos años antes, desde febrero de 2009, gran parte de su equipo de colaboradores principales había sido imputado por corrupción vinculada a la gestión del Gobierno que ella misma presidía. Y nunca dimitió del puesto en el que le habían colocado los ciudadanos.

“La realidad social del tiempo presente”, la “severa crisis habitacional” o la “quiebra del mercado de la vivienda”. Son los argumentos a los que se acoge una novedosa sentencia para impedir el desalojo forzoso de una familia con cinco menores que mantiene ocupado en el municipio de Leganés un inmueble propiedad de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. Se trata de una vivienda en la que reside una familia sin apenas ingresos, con cinco niños de entre doce y dos años “en exclusión severa” y sin alternativa habitacional. 

La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue dictada el pasado lunes por la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, Raquel Catalá. La magistrada alude al artículo del Código Civil que afirma que “las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” para anular la resolución mediante la que la AVS pretendía recuperar ese inmueble y desalojar a esta familia vulnerable. 

En la sentencia, que no es firme, la jueza reconoce que, hasta el momento, en casos similares de vivienda pública bastaba con acreditar que se trataba de una ocupación para confirmar lo que se conoce técnicamente como “recuperación posesoria”. Esto es, la restitución de ese inmueble a la Administración, que podía después instar su desalojo. Ese criterio, dice la sentencia, se fundamentaba en una “aplicación rigurosa” de las prerrogativas que la ley concede a la Administración para recuperar de oficio sus bienes. 

Sin embargo, la jueza subraya que “la realidad social del tiempo presente, con los acontecimientos sociales acaecidos recientemente, y la mutación radical del marco normativo con el impacto de las reformas urgentes y la quiebra fáctica del mercado de la vivienda” imponen una “obligada y explícita” evolución de ese criterio interpretativo en casos de ocupación de vivienda pública.  

A este respecto, subraya que la “crisis habitacional severa actual, el incremento del riesgo de exclusión residencial” y los últimos decretos de vivienda a raíz del caso de Maricarmen “evidencian que el espíritu del legislador ha cambiado de manera drástica”. “Mantener una interpretación inmutable y ajena a estas transformaciones estructurales sociales, supondría vaciar de contenido el mandato tuitivo de las leyes”, recoge la sentencia. Y añade que la potestad que permite a la Administración recuperar de oficio sus bienes no es “un cheque en blanco que la habilite para actuar de espaldas a la realidad socioeconómica” de los afectados. 

“Vivienda pública vacía y tapiada”

La magistrada defiende “abordar la vivienda como un derecho humano interconectado de manera indisoluble con las desigualdades estructurales”. Y también aplica la perspectiva de género al constatar que la exclusión residencial afecta especialmente a las mujeres, que son las “principales sustentadoras de los hogares vulnerables”. Son ellas, los menores y las personas mayores quienes “asumen el impacto traumático del desalojo de la vivienda y del hogar en el que residen desde una posición de mayor debilidad”, sostiene. 

“Desahuciar a una unidad familiar sin ingresos, con varios hijos e hijas menores a su cargo, sin que la Administración acredite su reubicación, ni la asignación inmediata de la vivienda a otro adjudicatario legal, constituye un formalismo ciego que choca frontalmente con la equidad”, dice la magistrada, que se muestra muy crítica con el hecho de que la Comunidad de Madrid no haya acreditado “en ningún momento” que esa vivienda social ya haya sido adjudicada a otra familia a través de las listas de espera o los procedimientos oficiales.

“Se aboca a unos niños y unas niñas al desamparo residencial para dejar una vivienda pública vacía y tapiada/sellada”, dice la magistrada, que defiende que al no probarse que la recuperación del inmueble se deba a que ya ha sido adjudicada a otros menores o familias con un título legítimo de ocupación, la resolución impugnada carece de causa legítima y de la motivación de interés público indispensable. Y que eso justifica la estimación del recurso presentado por la familia.

Este mismo jueves, El País publicó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene casas blindadas durante años propiedad de la AVS tras desalojar a familias “okupas”. Dicho periódico tomó como ejemplo el caso de una calle de la capital, si bien se trata de un fenómeno que se repite en otros barrios. Según este reportaje, completado el desahucio y colocada la puerta “antivandálica”, la entrada de nuevos inquilinos se demora durante años. 

Las alegaciones de la Comunidad de Madrid

En sus alegaciones, la AVS defendió la legalidad de la resolución con la que pretendía el desalojo forzoso de esta familia alegando que el inmueble forma parte del dominio público autonómico y que la ley le faculta para recuperar de oficio su posesión. La representación letrada del Gobierno regional sostuvo que se trata de un procedimiento administrativo “estrictamente reglado” cuyo único objeto es verificar la existencia de una ocupación ilegal. 

Por otra parte, la Administración autonómica adujo que la situación socioeconómica de la familia y la presencia de menores no constituyen argumentos jurídicos que puedan legitimar su permanencia en el inmueble. Según la AVS, aceptar la vulnerabilidad como causa de regularización implícita significaría amparar una actuación al margen de la ley. E iría en perjuicio de otras familias que “encontrándose en similar o peor situación de necesidad” solicitan una vivienda pública a través de los cauces reglamentarios. 

elDiario.es se puso en contacto este jueves con un portavoz de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, quien aseguró que no tenía constancia de esta sentencia. La resolución puede ser recurrida en un plazo de 15 días. 

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos por la Guardia Civil por el asesinato en mayo de E. C., la heredera de Almacenes Cobián, histórica mercería de la plaza de Pontejos. Según fuentes jurídicas mencionadas por Europa Press, a uno de los detenidos también se le imputa un delito de encubrimiento y todos serán investigados por un delito robo con fuerza en una casa habitada a la vez que el de homicidio o asesinato.

El martes, los agentes capturaron a estos sospechosos por el homicidio el pasado 6 de mayo de esta mujer en Galapagar. La víctima tenía 80 años y era la sucesora del negocio en la Plaza de Pontejos. A dos de los detenidos se les interceptó en esa misma localidad, mientras que los otros dos fueron hallados en Madrid y Villajoyosa según un comunicado de la Guardia Civil.

Entre los detenidos están los supuestos autores materiales del asesinato, y para esclarecer los hechos se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en Galapagar. Todo ocurrió en una vivienda dentro de la finca de la anciana, en la calle Mandril (zona residencial de La Navata) de Galapagar. Allí se estima que irrumpieron, al menos, tres personas que amordazaron, maniataron y agredieron a la anciana hasta provocarle tales lesiones que acabaron con su vida.

Horas más tarde, ya sobre las 9.40 horas de la mañana, varios trabajadores de la finca se percataron de que un cristal de la vivienda estaba roto e intentaron contactar sin éxito con la propietaria. En ese momento, contactaron con el abogado de la víctima, que tenía llaves del domicilio y consiguió abrir la puerta, encontrando en el interior el cuerpo sin vida de la mujer. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112 que no pudieron más que confirmar el deceso. Aunque el interior del inmueble estaba revuelto, no se ha echado en falta ningún objeto de valor, por lo que el asalto podría estar motivado con la existencia de una posible caja fuerte donde la anciana guardara dinero.

A pesar de que las primeras estimaciones apuntaron a que los sospechosos podrían haber huido por la puerta principal por la que previamente habían entrado, las investigaciones de la Guardia Civil apuntan ahora a que en realidad podrían haber abandonado el lugar por un acceso lateral de la finca. Desde allí, habrían avanzado unos pocos metros hasta una vereda por la que discurre el río Guadarrama.

“Entendemos que esto ha sido una decisión totalmente política y por ello se ha procedido a llevar a cabo el cierre de la estación”. Con esta contundente acusación los sindicatos que componen el comité de empresa de Metro de Madrid se han referido este miércoles en un comunicado a la clausura durante el pasado viernes y sábado de la parada del suburbano bajo la Puerta del Sol, una decisión que tomó la Comunidad de Madrid mientras acusaba a los acampados en la plaza de haber ensuciado las instalaciones de este transporte público.

“Queremos manifestar nuestro más profundo sentimiento de malestar ante la forma en la que se ha comunicado y gestionado el cierre”, dicen en el comunicado en el que reiteran que se enteraron “por la prensa” de la clausura, pese a que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció que lo ejecutaba a petición de los propios sindicatos. “Este hecho resulta difícil de justificar y supone una falta de respeto hacia la representación legal de trabajadores, cuya función debe ser tenida en cuenta en cualquier situación que afecte a la seguridad, la salud laboral y el funcionamiento de nuestra empresa”, se quejan.

El comunicado, que firman UGT-FESMC Metro, Sindicato Libre Metro de Madrid, Solidaridad Obrera y CC.OO., apunta a “una opacidad total por parte de la dirección de Metro”, que solo facilitó las mediciones con las que justificó el cierre cuando este ya se había producido, además de efectuarlas sin presencia de los delegados de prevención de riesgos laborales. “Más aun tratándose de algo tan grave como lo que se ha querido hacer creer a la ciudadanía para justificar el cierre unilateral de la estación de Sol”. A la misma hora que las instalaciones dependientes de la Comunidad estaban clausuradas, el servicio de Cercanías -que gestiona el Gobierno central- estaba abierto por no haber registrado problema alguno de salubridad.

Los sindicatos explican en el mismo comunicado la existencia de episodios anteriores de contaminación que no motivaron ningún cierre de estación en la red: “Hemos tenido casos de polvo en suspensión con mediciones de VLA por encima de los valores, obras con un ruido y polvo que hacían imposible la prestación de servicio, gas radón con resultados en varios puntos de muestreo hasta tres veces superiores a lo establecido, amianto, etc, y nunca se ha tomado la decisión, ni siquiera se ha planteado el cierre de ninguna estación ni depósito por estos motivos”.

“Entendemos que al final esto ha sido una decisión totalmente política” -aseguran en el escrito- “de ahí, los mensajes por megafonía que decían que la estación de Sol estaba cerrada temporalmente para realizar labores de limpieza por la generación de residuos por parte de la acampada y teleindicadores diciendo que la culpa era de la acampada ilegal, cuando incluso la justicia ha declinado la solicitud de urgencia de desalojo de la plaza”.

Los representantes de los trabajadores consideran que “no se puede politizar un transporte público que pagamos entre toda la ciudadanía con nuestros impuestos, independientemente de nuestro color político” y ponen otro ejemplo de esta subjetividad, como cuando se enconraron con una nota en la agenda de los responsables de sector sobre una manifestación “antiperroflaS”, escrita de forma oficial, lo que contraviene a su juicio el código ético de la compañía.

Este es el texto completo del comunicado, que los sindicatos han difundido en redes sociales:

El presupuesto de la biblioteca de Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pasado de gastar 60.000 euros en libros a 15.000. El centro ha perdido un 40% de su presupuesto en seis años, cuenta su director, Javier García. Muchas clases no tienen aire acondicionado o no funcionan, como sucede con la calefacción. El pasado curso, la instalación eléctrica del centro dijo basta diferentes días porque había demasiados aparatos enchufados para su capacidad.

Quizá por lo icónico del edificio, un reconocible cubo de hormigón en el medio del campus, quizá por su estado, o por tener un personal —docentes, administrativos y estudiantes— especialmente combativo, esta Facultad se ha convertido en los últimos años en el corazón de las protestas de la comunidad universitaria en Madrid. Se cae a pedazos, pero no se resignan. “El alumnado y el profesorado están haciendo una colaboración extraordinaria. Esta situación la llevamos con mucha creatividad, esfuerzo y diálogo. Estamos haciendo malabares y milagros para que las cosas funcionen”, explica su decano, Ángel Rubio.

Pero mientras intentan “que el alumnado no deje de aprender” también reivindican, y las seis universidades públicas madrileñas se unirán a la huelga educativa los próximos 4 y 5 de noviembre. Ciencias de la Información puede ser la cara visible de las protestas, pero no es un caso aislado. Todas las facultades de todos los campus públicos madrileños sufren la infrafinanciación de la Comunidad de Madrid, que ha tenido que rescatar de urgencia a dos de ellas, con la Complutense a la cabeza, por no haberles transferido suficiente dinero para su funcionamiento normal.

Asfixiado por la deuda y para poder pagar los intereses de ese rescate, Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense ordenó hace más de un año a facultades y departamentos a reducir sus gastos en un 35%. “Impacta en todas las partidas”, explica Rubio, pero destaca que el principal problema de la Complutense es la falta de personal técnico, administración y conserjes“.

“El pago de la deuda de la Universidad descansa en el Capítulo I [del presupuesto], que son los salarios de los empleados públicos”, afirma Rubio. Se ha dejado de reponer las jubilaciones. “Se recurre a gente que ya está llegando al máximo de su capacidad. El personal trabaja mucho más por lo mismo”, sostiene el decano. 

En unas circunstancias parecidas se encuentra la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En los acuerdos que firmaron los seis rectores con la Comunidad de Madrid el pasado 3 de marzo para tratar de revertir la crisis, a la UPM le tocaron 246.5 millones de euros, pero, según explica Fernando Varas, profesor de la Facultad de Ingeniería del centro, si se actualiza el gasto de personal de 2025 con el IPC, “dicho capítulo necesita 260 millones de euros”. La falta de fondos también afecta a la investigación, tercia Ignacio Ballesteros, también profesor en la UPM.

El pacto de financiación no cumple con la Ley

Varios profesores de la Complutense analizaron aquel pacto —a varios años vista— y concluyeron que en su momento de máxima financiación, “la Comunidad de Madrid alcanza el 0,4% del PIB, mientras que la LOSU —Ley Orgánica del Sistema Universitario— obliga al 1% y la media nacional se sitúa en el 0,7%”. Los presupuestos del centro no llegan a cubrir completamente las nóminas del profesorado. “El déficit acumulado supera los 1.150 millones de euros”, indica el análisis. Entre 2021 y 2025 la Complutense “acumula una deuda de 365 millones de euros”.

El decano Rubio sostiene que “el golpe más inmediato” que han sufrido es “el calor en el edificio y en las aulas. El coste de la instalación del aire acondicionado en una sola planta es muy elevado, pero no sabes lo que es dar clase con las temperaturas que se alcanzan”.

Esto también lo perciben los alumnos de la Facultad y de otras universidades públicas. Violeta destaca que la diferencia térmica entre la clase y la cafetería es “enorme”: “En clase te mueres de frío y en la cafetería te asas de calor”, afirma. Sofía, alumna de la Facultad de Ingenieros Aeroespaciales, añade que “en otros edificios de la Facultad tampoco funciona la calefacción en invierno”.

No son solo las clases el problema. Belén Rodríguez, profesora e investigadora de la Facultas de Ciencias Físicas apunta que en los despachos se han registrado temperaturas de hasta “39 grados”.

Solución “creativa” para equipos viejos

El Decano de Ciencias de la Información también sostiene la falta de inversión para mejorar las herramientas de trabajo “como el software, las licencias de Adobe y los equipos informáticos”, que, en la actualidad, logran solventar “de una manera muy creativa”. Incluso, para cualquier necesidad que se requiera tienen que “calcular los gastos al céntimo”.

El edificio, fundado en 1971, se desmorona. Ahora, “después de 50 años”, se están acometiendo las obras de reforma en los vestuarios del personal técnico y de administración. Este espacio se encontraba en “condiciones infrahumanas”, dice el decano. “Pasar por ahí era pillar una infección segura”.

Los problemas se multiplican en todos los frentes. Rubio asegura que “no habrá prácticas si no se mete dinero” y, por ende, “sufrirán las consecuencias las clínicas hospitalarias y universitarias” de la Universidad. 

Belén Rodríguez, la investigadora de Físicas también señala el desborde que sufren ella y otros docentes en sus labores: “En una universidad que no tiene un duro, o lo haces tú o no te pueden ayudar, no hay una infraestructura para esto, todo lo hacemos nosotros”.

“Todo es precario y nos afecta. Se juega mucho con que tenemos mucha vocación con lo que hacemos y, la investigación, la mantenemos haciendo horas extras”. Asimismo, la investigadora resalta el potencial de la Complutense por sus investigaciones “punteras a nivel internacional en muchos temas”. Sin embargo, les “falta gente para que esto funcione”.

Hasta publicar artículos científicos es complicado en una situación que tiene mucho de círculo vicioso. Una revista estándar puede cobrar unos 3.000 euros por publicar un artículo y, cuenta la investigadora, “si no tienes financiación, es difícil publicar y, por ende, que te den proyectos de investigación”. Y si no se investiga no se publica y si no se publica no se progresa en la academia.

Sofía, alumna de la UPM destaca que en su Universidad “han subido los precios de las matrículas, ha bajado la calidad y todo deja mucho que desear. El material es bastante obsoleto, en los laboratorios es bastante duro y eso es impensable en una ingeniería que tiene que estar al borde de la innovación”.

Los coches eléctricos y totalmente autónomos Waymo de Alphabet, empresa matriz de Google, preparan su desembarco en la Comunidad de Madrid. La empresa estadounidense ha anunciado en un comunicado que está “sentando las bases” para desplegar su servicio de transporte de viajeros en nuestro país, un proceso que se hará de forma gradual y que culminará en 2027, cuando la flota opere de forma totalmente autónoma. Solo con una máquina al volante. 

Waymo primero pondrá en marcha un periodo de pruebas, en el que sus vehículos eléctricos Jaguar I-PACE aún se conducirán de forma manual. “Estamos adoptando un enfoque metódico, gradual y que prioriza la seguridad, comenzando con la conducción manual antes de avanzar a una rigurosa validación técnica con especialistas locales capacitados en conducción autónoma”, explica la empresa matriz de Google en su comunicado. 

Según detalla la compañía, se trata de un periodo fundamental, porque garantizará que el Waymo Driver se adapte sin problemas a los patrones de tráfico y las condiciones de las carreteras específicas de la Comunidad de Madrid. Cuando todo esté listo, los coches circularán de forma autónoma, con la máquina al volante. 

No es la única compañía de vehículos autónomos que está desembarcando en la región madrileña. Los taxis autónomos sin conductor de Uber también han recibido la autorización para circular por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de las autoridades regionales. 

De momento, en el caso de Uber, también se tratan de pruebas, que se calcula que desarrollarán a finales de este año. Entre las tareas que llevará a cabo el gigante estadounidense está el mapeo de las zonas de operación, la validación de las rutas y las pruebas de operatividad de los vehículos. Unas bases sobre las que se cimentará el posterior servicio de robotaxis, al que ya le ha salido competencia: Waymo. 

Vehículos autónomos y seguridad

Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, nació oficialmente en 2009 bajo el nombre de Google Self-Driving Car Project. En 2016, el proyecto concluyó su fase de prueba en laboratorio, se convirtió en una empresa independiente dentro de Alphabet y adoptó el nombre comercial de Waymo.

Según datos de la compañía, hasta 2025, se superaron los veinte millones de viajes, una cifra que supone cuadruplicar el volumen total con el que cerró el ejercicio de 2024. En la actualidad, la plataforma ofrece más de 500.000 trayectos pagados a la semana dentro de sus operaciones comerciales. Esta opera en grandes ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Miami, Londres y Múnich. Y prepara también su desembarco en Toronto. 

En su afán por expandirse, Waymo combate el recelo de algunos usuarios, que cuestionan la seguridad de los coches eléctricos totalmente autónomos. Los datos de más de 400 millones de kilómetros recorridos de forma totalmente autónoma demuestran que, según la compañía, estos se vieron involucrados en un 95 % menos de accidentes con lesiones graves o peores en comparación con los humanos en las ciudades donde operamos. 

Sin embargo, estos vehículos autónomos han presentado varios problemas. Por ejemplo, la empresa tuvo que retirar miles de coches después de detectar un nuevo fallo de software que permitía a sus coches ignorar señales e internarse en zonas de obras en autopistas. También sus responsables han admitido que las máquinas, por muy preparadas que estén, fallarán a la hora de circular por las carreteras. 

La Delegación del Gobierno investigará la actuación de la Policía Nacional en la protesta espontánea frente al Palacio de Santoña del pasado lunes. La concentración reclamaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentarse a negociar con los colectivos educativos en huelga de la región. Los testimonios recopilados por este diario denunciaron las “violentas” cargas de los agentes, que según los docentes y estudiantes congregados comenzaron sin ninguna actuación hostial previa por su parte, con el objetivo de despejar los accesos y que la dirigente madrileña pudiese abandonar la zona.

El delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, se reunió en la tarde del martes con el Comité de Huelga representante de los trabajadores y trabajadoras de Educación, poco antes de una nueva una manifestación desde la propia sede de Delegación al Gobierno a la de la Consejería de Educación. Martín les trasladó el compromiso con “la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”, según trasladan a este medio fuentes del órgano que dirige. El encuentro tuvo lugar justo antes de una manifestación de protesta contra los excesos policiales.

Martín ha confirmado la apertura de una investigación interna sobre la actuación policial que tuvo lugar el lunes a las puertas de la Cámara de Comercio de Madrid. El delegado ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles”, con la existencia de “garantías” para que cuando se pueda producir “alguna intervención no justificada o desproporcionada”, esta situación “sea analizada de inmediato y se adopten, en su caso, las medidas correspondientes”.

Manuel, uno de los profesores golpeados por la policía, ha remitido a Somos Madrid un parte de lesiones con el sello del Servicio Madrileño de Salud. El informe refiere cuatro hematomas en el musmo, dedos de la mano izquierda, pie izquierdo (con edema “muy doloroso a la palpación”) y costado izquierdo del tórax. Este último aparece descrito como un hematoma “con forma de porra de unos 10 centímetros de longitud y 3 de ancho”.

El parte médico recomienda incluso seguimiento médico debido al alcance de las heridas, aunque las califica de leves, y recomienda un tratamiento analgésico. “Las lesiones que más duelen son las que menos se notan”, declara Manuel ante lo aparatoso de la marca en el costado.

Sobre lo ocurrido el lunes, cuenta que la Policía Nacional “empezó a barrer frente a la puerta del edificio para que saliera Ayuso, cuando nosotros nos estábamos retirando”. Considera que los agentes comenzaron a “pegar porrazos bastante gratuitamente”. Otros testigos narran cómo los efectivos policiales dispararon pelotas de goma al aire para disuadir a los manifestantes y convirtieron la vía en una “ratonera” al cortar varias salidas. Llegaron a retener incluso a uno de los docentes, que finalmente pudo zafarse de los agentes y volver a la muchedumbre después de saltar encima de un coche.

Pese a que por parte de los manifestantes no se registraron actuaciones violentas, Ayuso volvió a vincular las huelgas con que la oposición de la Asamblea de Madrid no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, aseguró.

La huelga educativa arrancó en la Comunidad de Madrid el pasado 14 de octubre y se suma a los meses de paros en la educación infantil de 0 a 3 años. La marea verde reclama bajadas de los ratios, volver a las horas lectivas previas a 2010, equiparación salarial con otras comunidades o refuerzo del personal para atención a la diversidad. A sus habituales manifestaciones han sumado acciones como el corte de la M-30 a comienzos de semana o un recorrido nocturno por la ciudad en la noche del martes. “Seguiremos al menos hasta que Ayuso se siente a negociar”, anticipaba una docente tras la protesta del lunes.

Entre barrancos y laderas de la Sierra Norte de Madrid se encuentra Patones de Arriba, una pequeña localidad conocida por sus construcciones de pizarra y por una leyenda según la cual las tropas de Napoleón nunca consiguieron encontrarla. El relato sostiene que su emplazamiento apartado permitió que pasara inadvertida durante la ocupación francesa. Sin embargo, la versión ha sido cuestionada por documentación histórica y no puede considerarse un hecho demostrado. Más allá de esta historia, el pueblo conserva un patrimonio arquitectónico que fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico mediante un decreto aprobado el 18 de marzo de 1999.

Situado a 832 metros de altitud, Patones de Arriba forma parte del municipio de Patones, integrado también por Patones de Abajo, en la vega del río Jarama. Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el conjunto del municipio contaba con 617 habitantes en 2025 (279 hombres y 338 mujeres). La distribución actual de sus núcleos responde a un proceso de transformación iniciado durante el siglo XX, cuando gran parte de los vecinos del asentamiento de montaña se trasladaron a la zona inferior, especialmente después de la Guerra Civil. El antiguo pueblo mantuvo así buena parte de su configuración tradicional, mientras Patones de Abajo concentraba una proporción creciente de la población.

La arquitectura negra constituye el principal rasgo distintivo del casco histórico. Las viviendas tradicionales presentan muros y cubiertas de lajas de pizarra, un material abundante en el entorno que también se empleaba en construcciones destinadas al ganado. Los edificios se distribuyen sobre un terreno escarpado, entre calles estrechas y pendientes, siguiendo la disposición natural de las laderas. Según la descripción patrimonial de la Comunidad de Madrid, las viviendas ocupaban las zonas inferiores del asentamiento, mientras que los espacios ganaderos y las eras se situaban a mayor altura. Esta organización permite reconocer la relación entre la arquitectura y las actividades rurales que sustentaron la vida del pueblo.

El pueblo que llegó a tener su propio rey

La historia de Patones está vinculada a otra tradición singular: la existencia del llamado Rey de los Patones. El escritor y viajero Antonio Ponz recogió el relato de una comunidad gobernada por una autoridad cuyo cargo se transmitía de padres a hijos. La documentación histórica difundida por la Comunidad de Madrid presenta este sistema como una forma peculiar de gobierno local que, tras la etapa andalusí, permaneció subordinada a los monarcas españoles. La tradición sitúa sus orígenes en una población que habría buscado refugio en las montañas durante la presencia musulmana en la Península Ibérica, aunque ese relato no permite reconstruir con certeza cómo surgió aquella organización.

También es necesario distinguir entre la antigüedad de Patones y la del núcleo que puede visitarse actualmente. Aunque algunas narraciones sitúan sus orígenes en la Edad Media y existen referencias documentales desde el siglo XVI, la Comunidad de Madrid fecha el desarrollo del asentamiento histórico actual a principios del XVIII. Hasta entonces, el núcleo primitivo se encontraba en Los Pradales, a unos tres kilómetros. El sistema de gobierno hereditario desapareció durante el reinado de Carlos III y, después de su vinculación con la jurisdicción de Uceda, Patones se constituyó como término independiente en 1769.

Un recorrido por su patrimonio y su entorno natural

Uno de los edificios más representativos es la antigua iglesia de San José, situada a la entrada del pueblo y cuyos orígenes se remontan al siglo XVII. El inmueble, que dejó de desempeñar su función religiosa habitual tras el traslado de población a Patones de Abajo, se utiliza actualmente para actividades culturales y de información turística. Desde este punto pueden conocerse distintos aspectos del patrimonio local mediante recorridos que muestran antiguas bodegas, hornos, eras y dependencias ganaderas. Estas construcciones permiten comprender cómo se organizaban la producción de alimentos, el almacenamiento y el cuidado de los animales en una comunidad vinculada históricamente a la agricultura y la ganadería.

El paisaje que rodea Patones de Arriba amplía las posibilidades de la visita. Entre las excursiones más conocidas figuran las rutas hacia el Cancho de la Cabeza y el Pontón de la Oliva, además de los caminos que recorren el entorno del Jarama. Desde las zonas elevadas pueden contemplarse panorámicas del valle y de las montañas próximas. El casco histórico también cuenta con restaurantes de cocina castellana, alojamientos rurales y pequeños comercios de artesanía, actividades que han adquirido protagonismo con el desarrollo turístico de la localidad y la recuperación de parte de sus antiguas edificaciones.

Para acceder a Patones de Arriba, una de las alternativas recomendadas es estacionar en Patones de Abajo y realizar a pie la subida por la senda ecológica de El Barranco. El recorrido dura aproximadamente 20 minutos y presenta pendientes que conviene tener en cuenta, especialmente para quienes tengan dificultades de movilidad. Esta opción permite evitar parte de los problemas de acceso y aparcamiento que pueden producirse durante los fines de semana y los periodos de mayor afluencia. La visita combina así el descubrimiento de un conjunto arquitectónico protegido con el conocimiento de una historia local en la que conviven documentos, tradiciones y leyendas.