La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

El juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama quedó este miércoles visto para sentencia. Tras 14 jornadas, las declaraciones de decenas de testigos y casi veinte horas de interrogatorios a los tres acusados, su futuro queda ahora en manos de los siete magistrados del Tribunal Supremo que tendrán que pronunciarse sobre si cometieron los graves delitos que les atribuyen las acusaciones. 

El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE y su mano derecha se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente. Para el empresario, la petición del fiscal es más de tres veces inferior a la de Ábalos, el exministro que sucumbió supuestamente a sus sobornos —“era quien mandaba y pagaba”, según la Guardia Civil— y le favoreció en contratos públicos.

El fiscal ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión de culpa, pero ha mantenido que es “posible” solicitar una atenuante mayor, la muy cualificada que reclama el PP, y que podría implicar que el empresario no entrara en prisión después de que intentara escalar la trama hacia el PSOE y Sánchez con acusaciones sin pruebas. 

elDiario.es detalla a continuación los asuntos que han centrado el juicio: 

Los contratos de mascarillas

La Fiscalía y la acusación popular que lidera el PP han defendido que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados a empresas dependientes del Ministerio. En la crisis del coronavirus se autorizó la contratación de productos sanitarios mediante un procedimiento de emergencia sin concurrencia de ofertas, sin límite de precios y sin acreditación de solvencia o de experiencia en el sector. Pero su tesis es que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió a la trama adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros. Pese a ello, este asunto no fue ni mucho menos central en sus interrogatorios. 

Antiguos altos cargos de Transportes y de esas empresas confirmaron el acceso constante del empresario a la zona restringida del Ministerio, si bien ninguno declaró haber recibido presiones para contratar con la empresa vinculada al comisionista. El que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, sí señaló que fue el empresario el que le dijo que el pedido debía ser de ocho y no de cuatro millones de mascarillas, que es uno de los elementos que, según la Fiscalía, muestran el grado de influencia de Aldama. Además, el entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, achacó esa modificación a Koldo García. La defensa del exministro atribuyó al comisionista haber incluido un criterio “malicioso” a ese cambio que se debió, a su juicio, a una “una decisión política, legítima y normal”. 

Las acusaciones defienden que Ábalos y Koldo García recibieron mordidas por estos contratos, pero ese extremo no fue confirmado por el empresario. Aldama admitió que su proximidad al ministro le sirvió para saber que se iban a adjudicar estos contratos y moverse para buscar socios con los que hacerse con el material, pero dijo que no entregó a Ábalos y Koldo García una parte concreta de los 3,7 millones de euros que se embolsó. “Yo no tengo un concepto de pagar comisiones por las mascarillas”, explicó el empresario, quien definió como “un todo” las prebendas que supuestamente pagó a Ábalos y su escudero. 

El pago recurrente de 10.000 euros

Cuando se produjeron los contratos de mascarillas, Aldama aseguró que llevaba más de un año pagando supuestamente un sueldo en efectivo de 10.000 euros al mes a Koldo García, quien lo repartía con su jefe, según su relato. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 son el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Según Aldama, esa cantidad eran los “gastos fijos” de Ábalos. Y se refirió a ese montante como “algo insignificante”, un “regalo” que iba aparte del resto de mordidas que supuestamente habría pagado a ambos y que elevó a “entre 3,5 y 4 millones de euros”. 

Respecto a los 10.000 euros mensuales, la Fiscalía otorga total relevancia a la declaración de una empleada de un socio de Aldama que confirmó que entregó 20.000 dólares a Joseba García, hermano del exasesor, en Punta Cana. Este confirmó que recogió los sobres, pero mantuvo que lo hizo por encargo del empresario y que desconocía el contenido porque estaban cerrados. También aseguró que había viajado al país caribeño por amor, en una explicación calificada de “torpe” por el fiscal. 

La abogada de Koldo García, recordó, sin embargo, que Joseba García viajó a Santo Domingo, no a Punta Cana, lo que evidencia que el objetivo no era recoger dinero. La letrada también explicó que Koldo García se hacía cargo de gastos de Ábalos porque el ministro estaba casado y tenía una relación extramatrimonial, no porque hiciera de custodio del dinero que les proporcionaba Aldama. 

Tanto Ábalos como Koldo García negaron el cobro de mordidas. En el caso del exministro, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los millones de euros a los que aludió Aldama. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal, que en su informe sacó a relucir el audio en el que el propio Koldo García le reprochaba haberse gastado 470.000 euros en dos años.

Además, las pesquisas revelaron un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Ante el tribunal, el exasesor dijo que todo era legal. Aseguró que parte procedía de las liquidaciones de gastos del PSOE, que a veces le hacía reembolsos en billetes de 500, a los que él y su entorno se referían como “chistorras”. El exgerente del PSOE negó que se abonaran gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros. 

Los inmuebles de Madrid

La Fiscalía también ha puesto el foco en varias operativas inmobiliarias a favor del exministro. Por un lado, sostiene que Aldama asumió el pago de 2.700 euros al mes de un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para su expareja Jésica Rodríguez. Y que desembolsó, a través de un testaferro, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Paralelamente, sostiene que Ábalos y Aldama simularon un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio de venta muy inferior al de mercado. A su juicio, era un negocio irreal que encubría una “fiducia de garantía” para asegurar que el exministro cobraría las comisiones pactadas. 

Ante el tribunal, Ábalos defendió que fue Luis Alberto Escolano, un socio de Aldama, quien abonó el piso de Jésica Rodríguez dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Defendió que ellos solo buscaban algo temporal porque su intención era trasladarse al inmueble del Paseo de la Castellana. Respecto a este último, mantuvo que el contrato no era ficticio y que Aldama le “estafó” porque el inmueble estaba alquilado y no llegó a tener ni las llaves. 

El fiscal, sin embargo, considera que ese apartamento es la otra gran “dádiva” del procedimiento. “Es un pago en claro beneficio de Ábalos y Koldo García era cooperador necesario. No era para reuniones de negocios. No hay una mínima evidencia documental de ello”, rebatió el representante de Anticorrupción. 

El chalé de Cádiz y la licencia de hidrocarburos

La Fiscalía sostiene que Koldo García intermedió ante el jefe de gabinete de la ministra de Industria para que la empresa Villafuel, controlada por Claudio Rivas —socio de Aldama—, lograse una licencia de operador mayorista de hidrocarburos. Como recompensa por estas gestiones supuestamente impulsadas con el conocimiento de Ábalos, los empresarios compraron a través de sociedades interpuestas un chalé en Cádiz que había sido elegido por el exministro y que firmaron después un contrato de alquiler para cederle la propiedad. 

La realidad es que el Ministerio de Industria no tenía las competencias legales para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. El expediente dependía realmente del Ministerio para la Transición Ecológica, que denegó la licencia en diciembre de 2021 al considerar que no se acreditaba la capacidad financiera. Villafuel logró obtener el título casi un año después, en septiembre de 2022, tras subsanar los requisitos técnicos y cuando Koldo García ya había sido apartado del proceso y Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno.

Según Aldama, los empresarios dejaron de pagar la casa cuando constataron que la licencia no llegaba, mientras que el empresario que la financió, Claudio Rivas, optó por guardar silencio ante el tribunal. Ábalos, por su parte, explicó que su intención era alquilar algo en la costa y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, mantuvo que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades y lo desahuciaron.

El rescate de Air Europa y la nota de prensa

Anticorrupción acusa a Ábalos de haber intervenido, a petición de Aldama, para favorecer a Air Europa durante las negociaciones de su rescate a través de la publicación de un argumentario enviado a varios periodistas para tranquilizar a sus acreedores. Su tesis es que en agradecimiento por estas gestiones, el comisionista sufragó en agosto de 2020 el alquiler de un chalé en Marbella para Ábalos y su familia. Y que, para ello, entregó 8.000 euros en efectivo a la esposa de Koldo García para hacer frente al pago. 

Según Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, lo que necesitaban en realidad era el documento oficial que la SEPI acabó publicando un mes después de ese argumentario, el 9 de septiembre de 2020, y donde se hablaba ya de un rescate público. “Esa comunicación formal es la que yo mando a los acreedores”, explicó el empresario, que negó haber pagado mordidas al exministro. Aldama aseguró que, aunque la intención de Koldo García era que él sufragara esas vacaciones, él se negó porque ya les daba mucho dinero por otros conceptos. Ábalos, por su parte, mantuvo que los gastos de ese chalé fueron abonados a escote por él y por otros familiares que se alojaron allí. 

El nepotismo en el Ministerio de Transportes

La Fiscalía sostiene que Ábalos se sirvió de su posición para que, a través de la presión ejercida por Koldo García, se contratara de manera arbitraria a Jésica Rodríguez en las públicas Ineco y Tragsatec. Anticorrupción destaca que la mujer percibió unos 44.000 euros públicos sin llegar a desempeñar ninguna tarea. Es un patrón de presunto favoritismo y presiones que, según las acusaciones, también se empleó para lograr la contratación de Claudia Montes, otra mujer de su entorno, en la empresa pública Logirail. 

Sobre esas contrataciones, Ábalos aseguró que él solo le envió el currículum a Koldo García, pero que no pidió que las contrataran en empresas públicas. Y sugirió que Jésica Rodríguez fue coaccionada por Aldama cuando declaró que cobró sin ir a trabajar. Claudia Montes sostuvo que sí trabajó, pero superiores suyos declararon ante los magistrados que estuvo a punto de ser despedida porque faltaba al trabajo. 

Una decena de testigos vinculados a las diferentes empresas públicas afectadas por esos enchufes han corroborado que en la contratación de ambas hubo singularidades y que en ambos casos hubo llamadas y avisos para que no se las molestara. Un ex alto cargo de Logirail declaró que cuando denunció ante sus superiores que Claudia Montes no iba a trabajar recibió amenazas de Koldo García, mientras que la responsable de Jésica Rodríguez en Tragsatec dijo que cuando elevó una queja similar, sus superiores le recomendaron que “la dejara en paz”. 

El exministro José Luis Ábalos ha optado por ejercer su derecho a la última palabra ante los siete magistrados que decidirán sobre los graves delitos que le atribuyen las acusaciones. Durante alrededor de media hora, el que fuera también secretario de Organización del PSOE ha lanzado un alegato en el que ha cargado contra el juez instructor que le sentó en el banquillo, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que firman los atestados que le incriminan y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien solicita para él 24 años de cárcel. “Mis respuestas le daban igual”, ha dicho en referencia al interrogatorio al que le sometió el pasado lunes. 

El exministro se ha mostrado también como víctima de una “causa general” que ya estaba “predeterminada” y de los “juicios paralelos” que han surgido para “intoxicar” y “viciar” procesos judiciales como este que ha enjuiciado el Tribunal Supremo. “Es imposible defenderse”, ha afirmado. Ábalos también ha respondido al fiscal jefe Anticorrupción, que por la mañana aludió a la “desolación” que le produce que las empresas públicas estén “colonizadas, casi parasitadas por el poder político”. “Dos contratos de plazas temporales a los que no se les permite consolidar… ¿Eso es colonizar el sector público?”, ha dicho Ábalos en relación con las dos mujeres vinculadas a él que fueron contratadas en empresas públicas que dependían del Ministerio de Transportes.

El exministro también ha tenido palabras para Víctor de Aldama, el empresario que presuntamente le corrompió y que se ha visto beneficiado de una contundente rebaja en la petición de penas contra él debido a su supuesta colaboración con la Justicia. Ábalos ha sostenido que ve bien que el empresario se haya “arrepentido”, pero ha lamentado los “daños colaterales” que ha conllevado su confesión. “No le he hecho mal a este señor. Le doy vueltas a la cabeza en la celda sobre qué mal le he podido hacer para que me haga tanto daño”, ha reflexionado ante los magistrados.

Y ha explicado que entiende que cuando entró en prisión el empresario, la vía que le quedó fue la de aprovechar “el marco político y la polarización excesiva” para, en ese clima, encontrar una “gran ventaja” de politizarar el asunto y apuntar contra el Gobierno. “Con el tiempo, algunas de esas personas no aparecen imputadas, a excepción de Santos Cerdán. El resto no aparece”, ha puntualizado.

Ante el tribunal, Ábalos ha defendido que hacía uso de esta última palabra porque se juega “la poca vida” que le queda y ha enfatizado que no quería hablar de sentimientos para no ser acusado de “victimismo”. Después, ha apuntado que en el proceso se le ha “anulado su derecho a la defensa” cuando tuvo que declarar sin abogado en instrucción. En esa declaración, ha recordado, se le invitó por parte del instructor Leopoldo Puente a colaborar con una confesión, y ha lamentado que “al juntarse la hipótesis de culpabilidad con la posibilidad de confesión, se estaba ante un proceso inquisitorial”.

El exasesor Koldo García también ha hecho uso de su derecho a la última palabra. Ha acusado al abogado del PP —que lidera la acusación popular— de ofrecerle “colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles” para “no entrar en la cárcel”. “A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir”, ha asegurado Koldo García.

Previamente, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha defendido que los contratos de mascarillas que han sido objeto de investigación fueron legales, los ha calificado de “impecables”, y ha incidido en que los presuntos pagos mensuales de 10.000 euros de Aldama al ministro y a su asesor no han sido probados. “No hay rastro en las actuaciones de las entregas de dinero”, ha explicado, para acto seguido mostrar su sorpresa por la “hipersensibilidad” de las acusaciones a la hora de solicitar “rebajas de penas sustanciales” para el comisionista por colaboraciones que no lo merecen.

Asimismo, ha defendido ante los magistrados del Tribunal Supremo que, desde el inicio, el proceso “ha tenido una connotación política” porque las contrataciones en pandemia para la compra de material sanitario eran “un tema cerrado que no admitía discusiones jurídicas” hasta que “de forma sorpresiva prospera la denuncia del PP de Madrid” que se transforma en una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Ha apuntado que, una vez abierta la investigación, comenzó “un sonido de fondo en relación a Koldo García” al que se le da el papel de “adlátere de Ábalos” y empieza el “runrún de la eventual participación del ministro” que viene impulsada por una auditoría del Ministerio dirigido por Óscar Puente que sirve de “catalizador” del proceso.

Además, ha incidido como ya hiciera a lo largo del plenario en que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “parece bastante prospectiva” y ha lamentado que se les ha privado de poder acceder a los dispositivos que han servido de apoyo para los informes policiales que han servido como esqueleto para armar la acusación contra el exministro. Busca así poner el foco en que se ha dado una irregularidad en ese punto porque el propio Supremo indicó en un auto que sí debían tener acceso a esas evidencias.

Y, a su juicio, no se les ha dado acceso a esas evidencias porque de se intenta “ocultar” para que no sea evidente que se vulneró la inmunidad parlamentaria de Ábalos porque fue objeto de investigación antes de ser suspendido por el Congreso de los Diputados.

Además, ha afeado que la Fiscalía haya hablado de situaciones de colonización de la Administración por una organización criminal cuando sólo se habla de “dos contratos controvertidos” en lo que asegura que no hubo irregularidad y que fueron “impecables”. “Es una especie de maldición genérica: el ministro corrupto urbi et orbe que se convierte en un ser indeseable”, ha apostillado. 

Turiel se ha esforzado por tumbar una a una las presuntas dádivas que habría recibido de Aldama más allá de esos 10.000 euros, y se ha fijado en la figura de Jésica Rodríguez, la expareja del ministro, para aseverar que era “un gancho del señor Aldama”. “Existe una relación mercantilizada, ha dicho, indicando que el alquiler de Plaza España era del interés del empresario y por eso se ”oculta“ tras su socio Alberto Escolano.

La abogada de Koldo García carga contra la UCO

La sesión de la tarde la ha inaugurado Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, quien desplegó un extenso informe en el que también puso en entredicho los informes de la UCO que incriminan a su cliente. La letrada aseguró que los investigadores de la unidad de élite de la Guardia Civil se apoyaran en “valoraciones” para armar la acusación contra su cliente con frases como “hizo lo más grande” y mantuvo que no existen indicios de que el exasesor recibiera mensualmente la cantidad de 10.000 euros del empresario Víctor de Aldama.

La abogada negó que su cliente formara parte de la supuesta organización criminal y añadió que, como mucho, “pasó de refilón” por la misma. Así, indicó que quien sí tenía un grupo criminal era Aldama, a quien acusó de haber ido “adaptando su relato al de la UCO”. Además, la letrada recordó que su cliente todavía no ha recuperado todos los dispositivos que le fueron incautados cuando fue detenido en febrero de 2024. A su juicio, eso les ha privado de elementos de defensa porque no ha podido contrastar si están contextualizados los mensajes que aparecen en los informes de la Guardia Civil y que le incriminan. “Venimos a este juicio como cordero al matadero”, aseveró.

Por otro lado, De la Hoz afirmó que sería un “fraude de ley” que se aplicara a Aldama la atenuante muy cualificada por su colaboración con la Justicia, tal y como ha reclamado la acusación popular que lidera el PP y ha respaldado el fiscal jefe Anticorrupción. En caso de ser estimada por los magistrados, esa atenuante podría permitir al empresario eludir la prisión.

La letrada afirmó que el empresario que se embolsó más de tres millones de euros por los contratos de mascarillas bajo sospecha “tiene ánimo espurio” y destacó las “contradicciones en sus manifestaciones”. “No contribuye al fin de la organización porque la organización ya no existe cuando colabora con la Justicia. No arroja luz sobre los integrantes. Se exige que haya abandonado la causas delictivas, pero sigue con ello”, sentenció.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado a las palabras del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio del denominado 'caso mascarillas' indicando que el presidente del Gobierno no era “el número 1 de la trama”, señalando que “si el presidente del Gobierno fuera el número uno, estaría sentado en el banquillo”.

“Para mí es de perogrullo”, ha señalado el mandatario castellanomanchego ante preguntas de los medios durante la presentación del Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030 realizada este miércoles en Toledo. “Creo que es evidente que los jueces y el fiscal hubieran procedido si hubieran visto indicios”, ha expuesto García-Page. “Lo demás son debates y críticas políticas”, ha añadido.

El mandatario autonómico ha argumentado que “no es el debate”, sino “la responsabilidad en los nombramientos”. “Todos estamos convencidos de que alguien te puede fallar”, ha afirmado, apuntando que “el problema de fondo es cuál es el espacio”.

“Cada uno entiende la responsabilidad política pues a juicio de conveniencia”, ha declarado.

“Inmensa carga probatoria”

Por otro lado, el presidente castellanomanchego ha relativizado el peso del juicio oral, apuntando que “el 90% de las sentencias de los tribunales, y se lo digo como abogado, no tienen que ver con el juicio oral”. “Realmente los juicios y las sentencias se basan en las aportaciones documentales”, ha continuado en este sentido.

“El problema de este pleito es que es inmensa la carga probatoria que han aportado los propios inculpados”, ha señalado García-Page, apuntando a “mensajes entre los imputados y reuniones indiscretas a la vista de todos”.

El empresario comisionista Víctor Aldama fue durante al menos tres años (2018-2021) el jefe de una trama corrupta instalada en el Ministerio de Transportes que se enriqueció gracias a los favores de José Luis Ábalos, quién se dejó sobornar a cambio de facilitar negocios muy lucrativos. Así lo contó en el Supremo hace solo unos días el jefe de la UCO que investigó los hechos.

Aldama, corrupto confeso, decidió colaborar con la Justicia en noviembre de 2024, nueve meses después de que fuera imputado por el mayor caso de corrupción que golpeó al primer Gobierno de Pedro Sánchez donde Ábalos era una figura clave. El empresario confesó su culpa y acusó a numerosos dirigentes socialistas de distintos amaños corruptos. Así pudo salir de la cárcel, donde estaba preso por otro caso de corrupción vinculado a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de hidrocarburos.

La extraña excarcelación de Aldama fue impulsada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sin la bendición de sus superiores.

Año y medio después, el supuesto jefe de la trama corrupta llega al final del juicio en el Tribunal Supremo enfrentado a una petición de pena máxima (siete años de cárcel) más de tres veces inferior a la que soporta Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a los sobornos de Aldama —“era quién mandaba y pagaba”— y le favoreció en diversos contratos públicos.

En noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular unificada, en manos del PP, presentaron sus escritos con petición de penas para los tres procesados. Ambas partes aplicaron a Aldama la atenuante de confesión de culpa. “Concurre en Víctor Aldama la circunstancia atenuante analógica 7ª en relación con la atenuante de confesión, 4ª del artículo 21 del Código Penal (apartado IX de la conclusión Primera)”, escribió Luzón.

Han pasado seis meses, y Aldama ha convencido a la acusación popular unificada —dirigida por el PP e integrada por la derecha y ultraderecha judicial (Manos Limpias, Vox, HazteOír) más una asociación de abogados progresistas (Adade)— para pedir ahora una atenuante muy cualificada que rebaja en dos grados la pena de manera que Aldama pueda evitar la cárcel. Luzón, según escribieron ayer distintos medios, era partidario de una medida similar a favor de Aldama, pero la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió en una conversación estrictamente jurídica que no cabía aplicar esa medida ante el comportamiento del empresario corrupto.

La jurisprudencia señala que para aplicar la atenuante muy cualificada —que permite reducir la pena en uno o dos grados— es necesario que la colaboración con la Justicia sea excepcional y eficaz, que las pruebas que aporte permitan el esclarecimiento de los hechos y que ayude a procesar a otros participantes en el delito con una declaración veraz y completa, sin añadir falsedades que desvirtúen esa colaboración y perjudiquen a otros sin fundamento.

No parece que seis meses después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión de culpa, existan hechos nuevos que permitan modificar el escrito de acusación para rebajar aún más la petición de penas.

Aldama incumple la mayoría de los requisitos de la atenuante muy cualificada por colaboración con la Justicia. Lleva año y medio esparciendo bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas ante distintos tribunales, cadenas de televisión y emisoras de radio.

Pedro Sánchez, un jefe de la trama que agradecía a Aldama cosas que no habían ocurrido

El empresario comisionista declaró ante los siete magistrados que le juzgan en el Tribunal Supremo que el jefe de la trama corrupta en la que él había participado era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Todas las pruebas que aportó para sostener esa teoría están llenas de grietas.

Contó Aldama al tribunal que tras la foto que se hizo con Sánchez a principios de 2019 durante la presentación de Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, el presidente del Gobierno le dijo: “Muchas gracias. Sé todo lo que estás haciendo”. Para entonces, lo que estaba haciendo Aldama a favor del PSOE era nada, según le recordó el fiscal anticorrupción en el juicio: “¿Pero usted todavía no había hecho nada, no?”, preguntó Luzón.

Aldama detalló que, a partir de 2020, Koldo García, asesor del ministro Ábalos durante el trienio del pillaje, le propuso que intermediara con empresas constructoras para el cobro de mordidas por el amaño de obras públicas y le dijo que con ese dinero se financiaba el PSOE. Pero no hay ni un solo indicio de financiación ilegal del PSOE a través del amaño de obras, según las investigaciones abiertas en varios órganos judiciales Tampoco existe prueba en el sumario que demuestre que Koldo García le hizo ese encargo.

El empresario apoyó todas sus conjeturas sobre Sánchez en el hecho de que el presidente del Gobierno estaba al tanto de los negocios ilegales porque Koldo García se lo contaba por teléfono. Pero el único número de teléfono del ahora presidente del Gobierno que halló la UCO en todas las agendas de los dispositivos móviles incautados a Koldo García correspondía al que dejó de utilizar Pedro Sánchez en julio de 2017. Las conversaciones que supuestamente escuchó Aldama se produjeron dos años después.

Mordidas en decenas de obras públicas que nunca pudo adjudicar Ábalos

En su primera confesión para colaborar con la Justicia, Aldama presentó unas fotocopias del anexo de inversiones de los presupuestos generales del Estado correspondiente a decenas de obras —subrayadas en distintos colores— que supuestamente se iban a amañar a cambio de mordidas. Muchas de las obras subrayadas no se licitaron siendo Ábalos ministro, y otras muchas ni siquiera se habían sacado a concurso cuando Aldama presentó los papeles. Leopoldo Puente, el juez instructor, advirtió en una de sus resoluciones que las acusaciones del empresario no estaban “mínimamente acreditadas”.

Aldama también presentó un manuscrito, obra de Koldo García, con seis nombres de lugares y de empresas supuestamente favorecidas por contratos de obras. El ministerio que dirige Óscar Puente investigó esos trabajos: uno de ellos aún no se había licitado; otro se adjudicó cuando Ábalos ya no era ministro; tres contratos se dieron a la oferta más baja y el restante fue a la propuesta técnica mejor puntuada.

El apartamento con señoritas que nunca usó el ministro Ángel Víctor Torres

Aldama declaró ante el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que alquiló un apartamento en la calle de Atocha de Madrid en noviembre de 2018 para uso y disfrute de Ábalos, García y el ministro Ángel Víctor Torres: “Ese piso lo pago yo y lo busco yo para encuentros con señoritas que nada que tienen que ver con una reunión empresarial”. El instructor pidió pruebas y Aldama entregó el recibo del apartamento donde figuraba el periodo alquilado: del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 16.00 hasta el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 11.00. Pero Ángel Víctor Torres estuvo todo ese viernes 9 de noviembre en las Islas Canarias: presentó en Tenerife una enmienda a la totalidad contra los Presupuestos del Gobierno canario, y se desplazó a las 20.00 a Gran Canaria. Al día siguiente voló a Madrid, donde aterrizó a las 10.30 para viajar hasta Fuenlabrada donde asistió a un acto del PSOE después de las 11 de la mañana, cuando el piso de la calle Atocha ya no estaba alquilado.

Cuentas (falsas) en República Dominicana de Begoña Gómez, y media docena de ministros

Aldama reveló en la cadena Cope que había “visto pantallazos” de una cuenta bancaria en República Dominicana a nombre de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con seis millones de dólares. La acusación del empresario se extendía a media docena de ministros de Pedro Sánchez y hasta al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también guardaban sus fortunas opacas en aquel país. “Existe una denuncia de un particular en Fiscalía con sello de entrada y con fecha del 13 de enero. Yo tengo copia de esa denuncia y del listado de cuentas. Este particular lo tiene muy bien atado. He visto la trazabilidad de las cuentas. Es algo que me parece que hay que investigar y que me parece gravísimo”, denunció Aldama en uno de los medios que recogía su basura de vez en cuando.

A esas horas, la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón ya había investigado y archivado la denuncia de las fortunas ocultas de dirigentes socialistas en República Dominicana por su “nula credibilidad”: “Los documentos aportados no corresponden con los de ninguna entidad bancaria, pues la información recogida no tiene como soporte documentos de los bancos a los que se refiere, son documentos confeccionados por un tercero que siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria”, señaló Luzón en el decreto de archivo. El mismo fiscal anticorrupción que ahora coquetea con la idea de rebajar aún más la pena a Aldama, ya supo hace más de un año que algunas de las acusaciones que lanzaba el empresario corrupto en los medios de comunicación eran falsas.

Rescate de Plus Ultra: “10 millones que cobró Zapatero en Panamá, que también son de Sánchez”

Hace solo ocho meses, poco antes de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión y la colaboración con la Justicia, el empresario corrupto disparó contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y contra el presidente Pedro Sánchez a cuenta del denominado rescate de Plus Ultra —un préstamo de 50 millones de euros para evitar la quiebra de la empresa en plena pandemia—. Aldama aseguró que esa operación se había aprobado en el Consejo de Ministros gracias a la presión de Zapatero.

La prueba de Aldama para una acusación tan grave era el asesor de Ábalos: “Koldo me le encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. Plus Ultra, según Koldo, hace una trasferencia de 10 millones a Panamá para las comisiones del señor Zapatero que, entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, también son de Sánchez”, declaró Aldama en el programa Horizonte de Iker Jiménez.

La conjetura de Aldama era poco menos que increíble e ilógica: los dueños de Plus Ultra habrían pagado 10 millones de euros en mordidas a cambio de lograr un préstamo de 50 millones que tenían que devolver.

La imposible obstrucción a la Justicia del ministro que nunca habló con Aldama

En noviembre de 2024, Aldama reconocía en una entrevista tras salir de prisión que no conocía de nada al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”.

Solo 14 meses después, Aldama acudió a un programa de Telemadrid para denunciar un intento de soborno del ministro que, según dijo tras salir de la cárcel, no le conocía de nada y del que nunca antes había hablado: “El señor Bolaños contactó con mi director de comunicación, el señor Bermejo, y me ofreció mucho dinero, yo no voy a decir cuánto, para que me callara, dinero para mí. Por eso, como no accedemos, me montan todo el lío para meterme en la cárcel”. ¿Eso fue antes de entrar en prisión [en octubre de 2024]?, le preguntaron. “Sí”, contestó.

El ministro Bolaños presentó el pasado viernes una querella por difamación contra el intermediario y comisionista corrupto: “No conozco a Aldama ni a su director de comunicación. Es todo falso”.

El fraude electoral de 2023, un “amaño de papeletas” que solo vio Aldama

“Hay que ver cómo se financian los partidos políticos y alguna otra cosa que tenga que ver con Indra [la empresa que gestiona el recuento en los procesos electorales en España]”. Aldama sugirió en otra entrevista que durante las elecciones generales de 2023, que ganó el PP aunque no pudo formar gobierno, hubo un “amaño de papeletas u otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a Ifema. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”. No hay una sola prueba o indicio de lo que sugirió el empresario sobre un fraude electoral en España.

La acusación popular que dirige el PP ha modificado sus conclusiones y ha pedido rebajar aún más la pena para el empresario Víctor de Aldama. Ha solicitado que se aplique una atenuante muy cualificada de confesión tras su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que lanzó graves acusaciones sin pruebas sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE y fue incluso más allá al tratar de implicar directamente al presidente del Gobierno. 

En total, su petición ha pasado de siete años a cinco años y dos meses. La clave, no obstante, es que la pena solicitada por ninguno de los delitos supera los dos años, por lo que no implicaría su entrada en prisión. El letrado del PP, Alberto Durán, ha explicado que en su decisión pesa la colaboración ofrecida por el comisionista, ya que, a su juicio, “ha facilitado el descubrimiento de otras actuaciones delictivas relacionadas con obra pública”. Para el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, la acusación popular mantiene su petición de 30 años de cárcel.

Por otro lado, la Fiscalía mantiene la petición de siete años de cárcel para el empresario al que le aplica una atenuante de confesión. Al abordar este asunto con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ésta le manifestó que consideraba que no había elementos para rebajar aún más la pena, explican a elDiario.es fuentes fiscales. Finalmente, el fiscal Luzón ha mantenido su petición de pena inicial, tal y como ha explicado ante los magistrados que deberán dictar sentencia. También ha mantenido las peticiones de 24 años de cárcel para Ábalos y de 19 años y medio de prisión para el exasesor Koldo García.

El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que “los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”. Además, el artículo 27 de esa misma norma establece que los fiscales pueden exigir la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala en caso de discrepancia con la “orden o instrucción” recibida del fiscal general. 

Fuentes fiscales han señalado a elDiario.es que la decisión de mantener la calificación inicial se ha adoptado de forma unitaria en el seno del Ministerio Fiscal y que no ha existido una orden por parte de Peramato en el sentido de mantener las calificaciones previas de los delitos.

En su escrito de calificación —presentado el pasado noviembre—, Luzón valoraba la “información relevante” aportada por Aldama, a quien su confesión le sirvió para salir de la cárcel, donde había entrado por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. 

En ese informe, el fiscal aludía a los “pantallazos” que aportó y en los que figuraba un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes donde aparece una relación de contratos que estarían “pre-adjudicados” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”, así como unas notas manuscritas que atribuyó a Koldo García y donde se reflejaban hasta seis contratos supuestamente amañados. 

Ábalos carga contra la UCO y Aldama

Las partes detallaron sus conclusiones tras escuchar al principal investigado, el exministro Ábalos. El que fuera secretario de Organización del PSOE se sentó este lunes ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir si es inocente o culpable con el convencimiento de que su caso está juzgado desde hace tiempo y que el veredicto será una “condena clara”.

Así lo afirmó él mismo en un extenso interrogatorio en el que cargó contra el “sesgo permanente” de los informes de la Guardia Civil que le incriminan y en el que pasó algunos apuros al tratar de justificar los movimientos de sus cuentas bancarias y los miles de euros en gastos de índole personal que abonó quien fuera su mano derecha, Koldo García, al que los investigadores atribuyen el rol de “custodio y gestor” de su dinero. 

La investigación ha acreditado que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones que Aldama afirmó que había pagado al exministro y a quien fuera su mano derecha. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal.

Las pesquisas también han arrojado otras llamativas revelaciones, como el hecho de que entre 2018 y 2023 “desaparecieran” las retiradas en efectivo de sus cuentas al tiempo que se registraba “un aumento significativo de los ingresos en metálico”. Es un “patrón” que cambió a partir de 2024, con el estallido del caso y la detención de Koldo García. 

Ante el tribunal, Ábalos ha explicado que la gente cada vez tiene “menos efectivo” y que son habituales los abonos con tarjeta. Además, ha justificado que, en su posición de ministro, apenas necesitaba dinero líquido. “Me recogían en casa, me llevaban al ministerio, el café no me costaba nada. El almuerzo, o ibas invitado o invitabas tú a cargo del ministerio. No pagaba yo”, ha detallado. 

Asimismo, ha cuestionado que la UCO le imputara como dinero de origen desconocido el montante que le pagaba Koldo García por el alquiler de un piso de su propiedad en el centro de Madrid. En este sentido, ha insistido en que la Guardia Civil le imputa como ingresos en efectivo 14.940 euros en 2020, si bien 7.600 euros corresponden al citado alquiler y otros 4.000 euros a un alquiler vacacional de una casa que tenía en usufructo abonados por Joseba García, el hermano de quien era su mano derecha en Transportes.

El cuestionamiento de los informes que le incriminan fue una constante en su declaración. A respuestas de su abogado, Marino Turiel, incidió en la “intencionalidad” de esos atestados. Aseguró, en este punto, que el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, reconoció que no había consultado si los contratos bajo sospecha de su expareja en empresas públicas eran ajustados a derecho. O recordó el error de la UCO al atribuirle la compra de un inmueble por 2,1 millones en Colombia cuando costó 751 euros.

En paralelo, Ábalos trató de atacar la credibilidad de Aldama tras su declaración de la semana pasada. A preguntas de la Fiscalía, Ábalos sugirió que el empresario manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019 con el sello del Ministerio de Transportes al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se situaba al comisionista como “enlace”. 

Según Ábalos, Aldama robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” del Ministerio de Transportes para “adornar la farsa” y dar “solemnidad” a esa misiva, que el empresario ha esgrimido como una suerte de “credencial” para entablar conversaciones con Venezuela en representación del Gobierno de España. En este sentido, Ábalos sostuvo que cualquier correspondencia del ministro no va sellada: “lleva la firma y listo”. Y que, en este caso, no va firmada por él. Además, sobre el contenido, rebatió que “un ministro no puede encargar a un particular ninguna representación con delegaciones tan extensas”. 

Por último y sobre si, como dice la acusación, actuaba formando un binomio con su asesor, enfatizó que ambos tenían “vida propia” con sensibilidades y trayectorias “muy distintas” a pesar de que se les presenta en la causa como “un duo”. Pero recordó que Koldo García siempre estuvo “muy afanado en estar encima” y que si algo tienen en común es la “lealtad”. “Veo que algunos se han decepcionado porque no nos hayamos matado o traicionado”, sentenció.

El exministro José Luis Ábalos declara este lunes en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo y en el que se expone a una condena de hasta treinta años de cárcel. En el primer tramo de su comparecencia, el que fuera secretario de Organización del PSOE, ha cargado contra el empresario Víctor de Aldama, al que ha acusado de moverse en la “impostura permanente”. Asimismo, ha sostenido que tiene la creencia de que su expareja Jésica Rodríguez fue coaccionada cuando declaró en este mismo órgano que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar y de que el comisionista ha “arreglado algo” con ella. 

A su vez, ha lamentado que su condena está “clara” porque el caso, muy mediatizado, está “juzgado desde hace tiempo” a pesar de que la Guardia Civil ha podido localizar únicamente 95.000 euros sin rastro bancario en cinco años. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, ha sostenido a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Aun así, ha tratado de atacar la credibilidad de Aldama, que trasladó a sede judicial las acusaciones sin pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE que llevaba meses lanzando en los medios de comunicación y aseguró que les había pagado “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones al exministro y a su asesor Koldo García. A preguntas de la Fiscalía, Ábalos ha sugerido que Aldama manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019 con el sello del Ministerio de Transportes al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se situaba al empresario como “enlace”. 

Según Ábalos, Aldama robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” del Ministerio de Transportes para “adornar la farsa” y dar “solemnidad” a esa misiva, que el empresario ha esgrimido como una suerte de “credencial” para entablar conversaciones con Venezuela en representación del Gobierno de España. En este sentido, Ábalos ha sostenido que cualquier correspondencia del ministro no va sellada: “lleva la firma y listo”. Y que, en este caso, no va firmada por él. Además, sobre el contenido, ha rebatido que “un ministro no puede encargar a un particular ninguna representación con delegaciones tan extensas”. 

Por otro lado, Ábalos ha rebajado el papel de Aldama en el viaje a México de diciembre de 2018 que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia del empresario sobre el exministro y su asesor. Así, ha explicado que el empresario “no organizó el viaje” y participó únicamente en una visita protocolaria al Senado que gestionó un amigo suyo que era senador y en una reunión en el Estado de Oaxaca. “En lo demás no estuvo”, ha sostenido.

Además, ha dicho que ese viaje tuvo como objetivo completar una visita que había realizado el presidente del Gobierno para restablecer relaciones con el nuevo presidente de México, “que tenía actitud reacia a los intereses españoles”; y el proyecto de un nuevo aeropuerto que gestionaba la empresa pública Ineco. 

Respecto a su expareja Jésica Rodríguez, Ábalos ha afirmado que fue coaccionada para declarar en su comparecencia ante el tribunal que nunca trabajó para Ineco y Tragsatec a pesar de haber sido contratada. “Dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara eso, y que había elegido el apartamento [que supuestamente le pagó la trama]. Lo dijo motu proprio y dijo que no conocía a Aldama cuando yo la conocí por él”, ha explicado. “Ella no dice eso si no se le ha coaccionado”, ha añadido.

Además, tras afirmar que se ha convertido en “carne de meme” por esa relación, ha enfatizado que nadie se autoinculpa de algo “si previamente no le han dicho que no le va a pasar nada”. Ha recordado que ella se preocupó de fichar todos los días en esas empresas y por eso no puede entender que ahora diga que no trabajó si no es porque tras una campaña de desgaste contra ella fue coaccionada. “Les aseguro que no hay motivo ninguno para decir que no conoce a Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado”, ha subrayado.

Los inmuebles que acorralan al exministro

A preguntas del fiscal, Ábalos también ha tratado de debilitar los indicios que apuntan a que se benefició directa o indirectamente de tres inmuebles a cambio de su intercesión en contratos y que tienen como denominador común la presencia de Aldama.

Sobre el pago del alquiler del apartamento de lujo de Jésica Rodríguez, el exdirigente socialista ha defendido que fue Luis Alberto Escolano, un socio del comisionista, quien lo abonó dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Los mensajes intervenidos a los investigados evidencian que fue ese empresario quien pagó ese alquiler, si bien la Fiscalía considera que se trata de un soborno de Aldama para conseguir un trato preferente del ministro.

Ábalos también ha sido preguntado por el contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, una de las principales arterias de la capital, por un precio de venta de 750.000 euros que firmó con Aldama. El exministro ha defendido que fue una “estafa”, que nunca le dieron las llaves y que fue “engañado” porque el inmueble estaba tenía inquilinos y nunca lo pudo ocupar.

El fiscal le ha preguntado si ese contrato encubría una fiducia de garantía de un crédito por el cobro de comisiones ilegales, tal y como ha sostenido Aldama y han aceptado como cierto las acusaciones. “Lo de la fiducia me parece de necesidad desesperada de colaborar con la Justicia (...). Que se me digan qué comisiones y qué acciones permitieron liberar esta fantasiosa fiducia…”, ha respondido Ábalos. “Hay otro procedimiento en el que está investigado en el cobro de comisiones ilegales”, ha contestado el fiscal. Y Ábalos le ha reprochado entonces que estos hechos no deberían ir en este procedimiento. “Todo conectado, sí”, ha tratado de zanjar el representante de la Fiscalía Anticorrupción.

Respecto al disfrute de un chalet en Cádiz en 2021 comprado por otro socio de Aldama, el fiscal ha evidenciado la contradicción de por qué encargó a Koldo García que buscara chalets en compraventa si su pretensión era únicamente alquilar una vivienda. Ábalos ha explicado que su intención era alquilar y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, ha mantenido que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades debidas y se produjo un desahucio.

Los contratos de mascarillas

En cuanto a su papel en la adquisición de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif en plena pandemia con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, el exministro ha señalado ante el Tribunal Supremo que cuando surgió la necesidad de adquirir material sanitario en marzo de 2020 él lo transmitió a su equipo y que lo habló con Koldo García, su asesor.

Así, ha negado que lo hablara directamente con el empresario Víctor de Aldama. Si bien ha matizado que dado que siempre estaba en el Ministerio es probable “que supiera de esa necesidad” o que escuchara su conversación con su asesor. Además, ha enfatizado que en ese momento “se necesitaba ayuda de todo el mundo” y que no conoció ninguna oferta de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, con anterioridad a la orden que firmó para la adquisición de mascarillas. De hecho, entendía por lo que le aseguró su asesor que había varias ofertas presentadas y que la elegida se ajustaba a la condición impuesta de pago a la entrega del material.

Por otro lado, ha indicado que se pasó de aprobar la compra de cuatro a ocho millones de mascarillas a Soluciones de Gestión con Puertos del Estado porque era la idea que él tenía desde el inicio y no por imposición de Aldama, y ha recordado que él siempre tuvo en mente comprar no solo para 15 días, que era lo que se extendía el Estado de Alarma, sino para más. Y por eso cambió la orden de cuatro a ocho, habida cuenta que cuando firmó la primera no fue consciente de que sólo se preveía para quince días.

Petición de hasta 30 años de cárcel

Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE, comparece como principal acusado después de que Koldo García rechazara haber cobrado 10.000 euros mensuales de Víctor de Aldama y afirmara que pagó mensualidades del alquiler de Jésica Rodríguez porque ella amenazó a Ábalos con contar a la prensa su relación extramatrimonial. También reconoce que en ocasiones actuaba sin conocimiento del ministro.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, reclama el pago de una multa de 3,8 millones de euros.

Las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.

José Luis Ábalos se enfrenta a la que quizá sea la jornada clave en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama. Este lunes tiene lugar su declaración como acusado, todo un exministro y ex secretario de Organización del PSOE. Y, aunque según reza la Ley de Enjuiciamiento Criminal los encausados tienen derecho a mentir en el interrogatorio, Ábalos pretende realizar una comparecencia sólida para profundizar e insistir en lo que ya comenzó a hacer en la última sesión del juicio Koldo García, desacreditar la versión ofrecida por el comisionista.

Pero las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que no solo entrará a combatir argumentos incluidos en los escritos de acusación, sino que irá más allá y expondrá, en la medida de lo posible y cuando pueda colocar el mensaje, que el conocido como 'caso Mascarillas' es en realidad un montaje orquestado por el PP desde el principio.

Así, Ábalos tratará de explicar que todo nace de una investigación tangencial en otra causa relativa a un fraude de hidrocarburos en el que un investigador de la UCO (que acabó trabajando para Seguridad de una consejería del gobierno de Isabel Díaz Ayuso) se interesó por la figura de Koldo García, un asesor que realizaba movimientos extraños. Y que esas suspicacias fueron transformadas en una denuncia del PP de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción que nació como represalia o venganza por la investigación abierta (y luego cerrada) al hermano de la presidenta madrileña.

Con todo, estas fuentes opinan que, a estas alturas, poner sobre la mesa la carta de una operación política del PP no es suficiente para librarse de una eventual condena de 24 años de cárcel, por mucho que la Kitchen esté de actualidad. Saben que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no se aparta de su guion establecido en el escrito de acusación y por eso la defensa de Ábalos, explican, ha trabajado en nutrir de argumentos al exministro para enfrentarse a un (presumiblemente) duro interrogatorio del Ministerio Público. Porque sí, Ábalos, como ya hiciera Koldo García, quiere enfrentarse al interrogatorio de Luzón.

De hecho, el del fiscal será el interrogatorio principal y en él el exministro tratará de dejar algunas cosas claras, como por ejemplo los desfases dinerarios. Así, Ábalos explicará que, si bien es cierto que había flujo de dinero entre él y su hombre de confianza, siempre hubo por su parte una voluntad de resarcimiento y retorno. Además, tratará de dar respuesta lógica al desfase de dinero no justificado por rastro bancario que la Unidad Central Operativa (UCO) cifra en más de 95.000 euros.

Así pues, el dinero tendrá relevancia, como ya ocurriera en la declaración de Koldo García que indicó que para quitarle líos de la cabeza a su ministro (al que dijo que estará “eternamente agradecido”) él se encargaba de muchas cosas: pensiones alimenticias, pagos vacacionales, llevarle las cuentas de los tiques a liquidar por el partido...

En este sentido, cabe recordar que una de las piezas fundamentales para que el puzzle de la acusación cuadre es probar que el binomio Koldo-Ábalos cobró desde octubre de 2019 cantidades mensuales de 10.000 euros de manos de Aldama. En su declaración, el comisionista se ratificó. Y el fiscal considera claves un par de viajes del hermano de Koldo, Joseba García, a República Dominicana en los que recogió sobres con 10.000 dólares (hecho que se apoya en una de las testigos que trabajaba para empresas vinculadas a Aldama). Frente a esto, Koldo negó tajantemente ese extremo, y por ende se espera que el exministro siga la misma senda.

“Hace lo más grande”

Pero más allá del tema monetario, Ábalos y su defensa tratarán de atacar el papel que atribuyó el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas al exministro en la estructura de la presunta organización criminal. Para Balas, el ministro tenía una función “instrumental” para el jefe real de la trama, Aldama, y le asignó un rol fundamental porque, y dijo textualmente, “hace lo más grande” y por eso “cobra lo que cobra”.

La defensa tratará de desactivar a Balas partiendo de los dos contratos estrella que se investigan desde el inicio: las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión de las compras de hasta 13 millones de mascarillas a través de dos empresas públicas dependientes de Transportes, esto es Puertos del Estado y Adif. El abogado del exministro, Marino Turiel, se empleará a fondo para que cale la idea de que esa contratación no fue decidida por Ábalos habida cuenta que el Ministerio se desvinculó de las mismas dejándolas en manos de las dos empresas públicas.

Otro punto clave que incluye el escrito de acusación de Luzón es la decisión que se adoptó el 21 de marzo de 2020 de pasar de una orden de compra de cuatro millones de mascarillas a otra de ocho millones, y en tan solo 38 minutos. Aldama señaló que esa decisión fue impuesta por él dado que era lo pactado con anterioridad, y un testigo indicó que el propio ministro dijo que era lo que había. Por su parte, Koldo García le quitó relevancia al asunto explicando que si le hubieran puesto delante de las narices 16 millones de mascarillas hubiera dicho que adelante porque en ese momento de crisis se trataba de adquirir material sanitario en un mercado que, según testigos que han pasado por el plenario, o estaba “roto” o no existía.

Con estos mimbres, Ábalos, según las fuentes, tirará por el camino de en medio y sostendrá que la decisión inicial de adquirir solo cuatro millones partió de una programación realizada por un alto funcionario, que quien eligió esa cifra lo hizo por prudencia y de manera unilateral y que el comisionista trastoca la realidad cuando dice que era lo pactado de inicio, y para ello es probable que contrapongan su declaración del pasado miércoles con la que hizo en instrucción.

Por otro lado, Ábalos también se deberá esforzar en desmentir lo que sostuvo el comisionista con relación al chalé de La Alcaidesa, que según la investigación pudo ser una dádiva de una trama de hidrocarburos a cambio de que el ministro les ayudara a obtener una licencia de operadora para la mercantil Villafuel. Aldama explicó que ese chalé que adquirió la mercantil Have Got Time (vinculada a un socio suyo) fue entregado a Ábalos bajo la fórmula de un alquiler con opción a compra para revestir la operación de una aparente legalidad, y que por eso mismo el ministro abonó fianza y algún mes de renta. Para la defensa del exministro esa fórmula carece de sentido porque si vas a regalar algo a alguien no le cobras un alquiler y no inicias un proceso de desahucio con posterioridad.

Villa Parra y el melón de Jésica Rodríguez

Otro punto clave a desmontar por el letrado del exministro es su presunto papel en el mandato de elaborar una nota de prensa para que el Ministerio de Transportes se posicionara a favor del rescate público de Air Europa. Para ello, Ábalos se apoyará en la declaración en calidad de testigo del que fuera secretario de Estado en 2020, Pedro Saura, que indicó que la iniciativa de redactar y difundir una suerte de nota de prensa a determinados periodistas en agosto de ese año fue suya. Y que él la lideró.

Sobre la presunta dádiva recibida por Ábalos, unas vacaciones pagadas en un chalé denominado Villa Parra, Koldo García señaló en su declaración que si bien coincidió en el tiempo, en realidad no tenía que ver ese alquiler vacacional con Air Europa, y que el wasap en el que le indicaba al ministro que le salía gratis por las molestias ocasionadas se refería en realidad a que él costearía parte de las vacaciones para resarcir desperfectos en el piso de La Latina de Ábalos.

No obstante, el melón quizá más desagradable para el exministro será el asunto Jésica Rodríguez, la joven odontóloga con la que estuvo saliendo un tiempo y a la que se le pagó un alquiler de lujo en Plaza de España. Según la investigación, quien se hizo cargo de esa renta mensual fue Alberto Escolano, socio y 'mano derecha' de Aldama. Si bien, antes de que la propiedad decidiera echar a la joven del piso en 2022, Koldo García también se hizo cargo de algunas mensualidades.

Frente a esta realidad, Ábalos sostendrá que nunca supo que Aldama pudiera estar moviendo los hilos para que Escolano pagara ese piso a su pareja, y que supuso que esa ubicación era eventual hasta que se pudieran hacer con algo más estable (presumiblemente un piso en el Paseo de la Castellana que también ha sido objeto de investigación). Pero se irá más allá, y es probable que el letrado del ministro ponga sobre la mesa que existía una relación mercantil entre Aldama y Jésica Rodríguez, lo que justificaría que, a pesar de que la joven cortó con el ministro, el entorno del empresario, es decir Escolano, siguió pagando el alquiler durante meses.

En cuanto al hecho de que Koldo pagara también varios meses, él mismo lo encuadró en una decisión personalísima ante las amenazas de Jésica Rodríguez de sacar a la luz la relación extramatrimonial que tuvo con Ábalos si no se atendía convenientemente sus necesidades.

Silencio sobre la financiación del PSOE

Y es que esa será otra de las grandes bazas que blandirá la defensa de Ábalos: que Koldo García era un ente con vida propia que por su naturaleza estaba dispuesto a mover hilos para cualquiera que se lo pidiera y todo sin que tuviera que ser necesariamente conocido por su 'jefe' el ministro. El propio asesor declaró que tomaba decisiones o realizaba gestiones sin conocimiento de Ábalos, y la defensa se apoyará en eso para alejar al ministro de determinadas acciones. Aunque las fuentes jurídicas señalan que no se hurgará en esa herida máxime después de la declaración “leal” que realizó el pasado jueves Koldo: El ministro no sabía todo lo que hacía su asesor, pero eso no quiere decir que lo que hiciera fuera irregular o delictivo.

Sobre lo que no se prevé que el ex secretario de Organización del PSOE hable durante su interrogatorio es sobre la acusación realizada por Aldama de que tanto él como Koldo García le utilizaron como “nexo” entre la formación socialista y constructores para canalizar hacia el partido mordidas a cambio de obra pública. Koldo García negó la mayor señalando que el PSOE “no recibe dinero de nadie”, pero Aldama indicó que entregó a ambos entre 3,5 y 4 millones de euros, a veces en tandas de hasta 250.000 euros y siempre en efectivo.

Las fuentes consultadas prevén que el fiscal no saque ese tema, como tampoco se lo sacó a Koldo García, dado que hay una pieza secreta en la Audiencia Nacional en la que se investigan las cuentas del PSOE. Además, el ministro no va a responder ni a las preguntas de la acusación popular (dirigida por el PP) ni a la defensa de Aldama. Por eso, solo estaría en la mano del letrado de Ábalos preguntar por esas supuestas cantidades recaudadas en 'B' para el PSOE. Y eso, dicen, no va a ocurrir.

Primer ingrediente: el derecho a mentir. En una escena de la clásica película “Testigo de Cargo”, Charles Laughton, abogado del acusado, llama a estrados a su propio cliente, Tyrone Power; le hace una pregunta irrelevante y le deja al pie de los caballos, para que le interrogue la otra parte. La maniobra era arriesgada, incluso temeraria, aunque desde nuestra perspectiva continental no se termine de entender la jugada. En el sistema inglés, y en Estados Unidos tras la aprobación de la Quinta Enmienda, el acusado tiene derecho a guardar silencio y a no declarar; de hecho, en estos países es habitual que el acusado no abra la boca. Y no lo hará porque el derecho se queda en esa frontera: puede guardar silencio, pero si quiere declarar tendrá que decir la verdad, declarará bajo juramento y será conminado a contestar todas las preguntas. Si se le pilla en un renuncio, se le acusará de falso testimonio.

Nuestro sistema es diferente: la Constitución garantiza el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. La interpretación de este derecho fundamental abarca en nuestra tradición jurídica un abanico de posibilidades. El acusado puede declarar o no, contestar a unas preguntas sí y a otras no, responder a su abogado pero no al fiscal, empezar contestando pero cambiar de opinión. Nunca se le tomará juramento para ello y, en caso de que se le advierta alguna mentira, no responderá de un delito de falso testimonio, que afecta a testigos pero no a imputados. Los teóricos se quitan la caspa diciendo que en España el imputado no tiene estrictamente un derecho a mentir pero, seamos francos, en la práctica existe.

Segundo ingrediente: la atenuante de confesión. En nuestro Código Penal existe esta atenuante, limitada a aquellos casos donde el culpable venga a confesar su delito antes de saber que hay un procedimiento donde se le investiga. Nuestros tribunales, buscando una finalidad utilitarista, a veces extienden la atenuante por analogía a supuestos donde, aun iniciado un proceso, el culpable confiesa y ayuda a resolver el asunto de manera relevante. En todo caso, la confesión debe ser veraz, aportar datos reales, contrastados y demostrables; debe ser coherente y sostenida en el tiempo y, ciertamente, debe estar vinculada a los hechos que son objeto del procedimiento. La confesión en un asunto no te atenúa la pena en otro. Al menos, todo era así hasta ahora. Y, desde luego, la delación no se contempla en ningún caso como atenuante.

Tercer ingrediente: las declaraciones de los coimputados, que no valen gran cosa. Nuestros tribunales han reiterado que no sirven como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resulten corroboradas por otras pruebas. El Tribunal Constitucional ha llegado al punto de llamar a la declaración de un coimputado prueba “sospechosa” (STC 68/2001) en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar parcial o totalmente lo que le interesa; de hecho, como hemos visto, puede mentir impunemente. En sí misma, la declaración no vale nada; habrá que buscar datos objetivos que la respalden y, en sentido contrario, valorar motivos espurios que pudieran privarle de credibilidad, como el afán de exculpación o el ánimo de obtener algún tipo de beneficio punitivo.

Elaboración de receta: se juntan estos tres ingredientes y tenemos un proceso podrido. La imagen de Víctor Aldama compareciendo en la más alta tribuna de nuestro más alto tribunal, ejerciendo de apóstol y propagandista, es desoladora. En una relación simbiótica, Aldama utiliza la oportunidad concedida para ensuciar, insinuar, contradecirse, patalear contra el Gobierno sin aportar nada, en una declaración donde apenas se le hacen preguntas. Es un parlamento, un coloquio donde se explaya, con el permiso del Tribunal y la satisfacción de la Fiscalía Anticorrupción, sobre cosas que no tienen nada que ver con el objeto del pleito, que ya no sabemos de qué va: empezaron siendo las mascarillas, pasaron a ser las chicas y ahora es la pura mugre. Amparado en su derecho a no decir la verdad, Aldama no confiesa; simplemente dice cosas, pero esto no es confesar. ¿Qué confiesa insinuando la responsabilidad de Pedro Sánchez? Nada de lo que ha dicho esta persona ha permitido descubrir algo que no se supiera antes. Del delito más grave que enfrenta, un delito fiscal por importe de millones de euros, no ha confesado; no lo necesita, sabe que no irá a la cárcel.

Aldama ha descubierto que cuanto más alto apunte, menos tiempo pasará en prisión; alguien se lo ha dicho, y este elemento simbiótico es lo realmente inquietante. Aldama es un instrumento sospechoso: se le da audiencia porque se le necesita. De nada de lo que dice hay pruebas, pero precisamente por ello alguien parece tener interés en escucharle con atención, en dar valor a lo que no vale nada, porque en el objetivo que alguno tiene fijado sobre Ferraz, no cuentan con más balas que el pobre testimonio de un mentiroso. No es munición bastante, pero lo intentarán, ya verán ustedes.

En fin, el Tribunal Supremo no vivió su mejor día al permitir a Aldama en sesión solemne dar una conferencia inmunda. Lo peor, con todo, está por llegar.

El empresario Víctor de Aldama ha tratado de implicar a Pedro Sánchez en el presunto amaño de obras para financiar al PSOE al que ha aludido en su declaración en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. “Si hay una jerarquía, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, Ábalos en el 2, Koldo García en el 3 y yo en el 4 porque todo lo sabía el presidente”, ha afirmado durante el interrogatorio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se ha extendido durante cuatro horas. 

El comisionista no ha aportado pruebas del supuesto conocimiento que Sánchez tendría de sus tratos con Ábalos y Koldo García, a los que ha afirmado que llegó a entregar “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones después de que la mano derecha del ministro le pidiera que fuera el “nexo” para que constructoras que licitaban con el Ministerio de Transportes donaran dinero al PSOE a través de grandes cantidades en efectivo. Tras trascender esta declaración, los socialistas han anunciado que pedirán amparo al Supremo por las “injurias” de Aldama: “No permitiremos que nos difame”, recogen en un comunicado.

El comisionista ha buscado reforzar su afirmación sobre la presunta implicación de Sánchez en la trama aludiendo a un encuentro con Sánchez en un teatro tras un mitin del PSOE en 2019, donde ambos se tomaron una fotografía. Aldama ha asegurado que Sánchez le dijo, textualmente: “Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo”.

No obstante, según su propio testimonio, en ese momento únicamente había gestionado un viaje a España del gobernador de Oaxaca (México), quien se reunió con Ábalos para abordar cuestiones relacionadas con los intereses de empresas españolas en ese país. Es decir, no se habían iniciado los presuntos tratos corruptos con constructoras con intereses en el Ministerio de Transportes. 

Aldama ha reiterado que Koldo García le dijo que Pedro Sánchez sabía de esas entregas de constructores al partido. Y ha afirmado que en una ocasión vio cómo Koldo García llamaba al presidente, al que tuteaba y se dirigía a él como Pedro. También ha afirmado que le hablaba de forma coloquial diciéndole incluso que “le iba a reventar la cabeza” lo que, a su juicio, evidenciaba la estrecha relación que Koldo García mantenía con el presidente del Gobierno.

En la segunda parte del interrogatorio, a preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular, Aldama ha tratado de nuevo de implicar a Sánchez. El empresario ha asegurado que el presidente del Gobierno llamó a Ábalos para pedirle que intentaran amañar un contrato ferroviario de Renfe a favor de la empresa valenciana Stadler y conseguir así dinero con el que financiar el partido y la Internacional Socialista. El empresario ha asegurado que él y Koldo García viajaron a Valencia en tres ocasiones a ver al presidente de la compañía, que llegó a quejarse incluso al ministro, y que él acabó saliéndose de la operación.

Es la primera vez que el empresario, imputado en varios sumarios, vincula directamente el amaño de obras con la financiación de los socialistas. Según ha asegurado, llegó a entregar en el despacho del ministro cantidades abultadas de efectivo, que habrían llegado a los 250.000 euros.

Las presuntas mordidas de las constructoras que él se encargaba de recaudar iban en paralelo al pago de la suerte de nómina de 10.000 euros al mes que entregó a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 y que, según las acusaciones, le permitía pedir favores y asegurarse un trato preferente en un Ministerio que manejaba un presupuesto anual de más de 10.000 millones de euros y en otros departamentos de la Administración.

“[Koldo García] habla siempre de la palabra ayuda pero, obviamente, no es ninguna ayuda. Me dijo: 'Podemos ayudarles para que ellos [las constructoras] se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos, pues podemos tener un rendimiento y a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'”, ha afirmado. 

El Tribunal Supremo impulsó una línea de investigación que indaga en la existencia de una trama de amaño de obras ubicada en el corazón del Ejecutivo y del partido cuya dimensión está todavía por determinar, si bien por el momento no ha aparecido ningún indicio de que ese presunto amaño de obras tenga relación con la financiación ilegal del PSOE.

Aldama ha admitido que fue consciente en ese momento de que recaudar mordidas de empresarios era algo “ilegal”, si bien ha reconocido que no se sintió “del todo cómodo, pero tampoco incómodo”. “Al final, soy empresario, veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos mis contactos encima de la mesa para ganarme su confianza”, ha aseverado.

Sobre el pago mensual de 10.000 euros a Koldo García y a Ábalos, ha afirmado que surge tras una reunión con el asesor en el que le dice que 'el jefe' —como se refería al ministro— tenía que afrontar pagos de su exmujer, del colegio de los hijos, y otros asuntos. Tras realizar un cálculo, llegan a esa cifra. Ante el tribunal, Aldama ha reconocido que se comprometió a pagar esa cifra todos los meses.

Ha explicado que mantuvo el pago de esas mensualidades, que entregaba en sobres, hasta finales de 2022, cuando Ábalos llevaba más de un año fuera del Ministerio. Y ha indicado que a esas cantidades sumaba las otras que le entregaban las constructoras para el ministro. Como detalle, ha recordado que cuando llevaba grandes cantidades de efectivo, “por ejemplo 250.000 euros”, metía el dinero en una mochila Montblanc con la que subía al despacho del ministro al que accedía por su ascensor personal. “En esa mochila llevaba dinero”, ha recordado para luego sumar que en la mochila metía el dinero en una bolsa de Carrefour que el ministro se guardaba en un cajón sin contarlo.

El fiscal Luzón ha querido saber de dónde sacaba tanto efectivo. El empresario ha incidido en que, por un lado, procedía de las constructoras que se quedaban con las licitaciones. Y que él ponía por su cuenta y riesgo a modo de “siembra” para lograr notoriedad que le ayudara en sus negocios. Al hilo, ha puntualizado que dado que las cantidades en efectivo no eran fáciles de conseguir llegó a pedir a Koldo García que le facilitara otra fórmula que permitiera pagos por transferencia. Y ahí se acordó que abonara el alquiler del piso de Plaza de España de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos.

El empresario también ha admitido que “alardeó” de su relación con Ábalos cuando solo le había visto una vez. Y ha asegurado que en México pagó “señoritas” para que el ministro se relajara durante un viaje a México que tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en ese país y que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

Aldama empezó a colaborar en noviembre de 2024, cuando estaba en prisión por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. Entonces, compareció de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, donde durante varias horas disparó ante el juez Ismael Moreno contra relevantes nombres del Gobierno y el PSOE, a los que acusó de cobrar sobres repletos de dinero, entre otras prebendas. Afirmó por primera vez que él mismo había pagado 250.000 euros en comisiones al exministro y 100.000 a su mano derecha. 

Tras Aldama, está previsto que declaren Koldo García y Ábalos, quienes tratarán de desvirtuar las conclusiones de los informes de los investigadores que apuntan a sospechosos incrementos patrimoniales de ambos gracias al cobro de mordidas —“chistorras”, “soles” o “lechugas”, que era como llamaban a los distintos billetes en la jerga de la trama—. Ambos han escuchado atentamente la declaración de Aldama mientras tomaban notas en sendos cuadernos.

La contratación de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario. Los controles en la contratación pública habían saltado por los aires, suspendidos por el decreto de alarma cuando fallecían cientos de personas al día en España. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector.

La Fiscalía Anticorrupción lo dejó por escrito: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

Decenas de empresarios lograron un enriquecimiento obsceno, pero legal. 

El Ministerio de Transportes compró de urgencia millones de mascarillas (marzo de 2020) a Soluciones de Gestión, la firma impulsada por Víctor Aldama, el empresario que en aquel tiempo pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción no encontró nada anómalo en este procedimiento, según la querella presentada contra Koldo García, asesor de Ábalos: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

La práctica ilícita en estos contratos que no presentaban “irregularidades significativas” consistió en que el empresario Aldama, según confesó a cambio de salir de prisión por otro caso de corrupción, pagó una comisión ilegal al ministro Ábalos (250.000 euros) y otra a su asesor Koldo García (150.000) por haberle facilitado esos contratos. La investigación judicial no ha encontrado todo ese dinero del soborno.

El Ministerio de Transportes pagó 2,5 euros por cada una de esas mascarillas vendidas por Aldama. Otras administraciones compraron en las mismas fechas el mismo material por casi el triple, más de seis euros. Pero en esos otros contratos, salvo casos contados como el de la Diputación de Almería que todavía se investiga, no hubo pago de mordidas a los responsables públicos que facilitaron la operación. 

Conclusión: las administraciones públicas podían adjudicar contratos millonarios a dedo, beneficiar con ello a familiares o amigos o conocidos de los gobernantes y hacerlo sin concurso previo, sin límite de precio, sin concurrencia de ofertas, y sin acreditar solvencia o experiencia.

Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta, por el doble o el triple, a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

Un amigo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, que aprovechó la emergencia para ganar un millón de euros en apenas unos días gracias al contrato que logró con la Comunidad de Madrid. El hermano de Ayuso, que conocía el sector y gestionó la compra de mascarillas en China, se llevó 234.000 euros de comisión en esa operación. De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro (seis euros por unidad). Priviet, la empresa del amigo de Díaz Ayuso, compró por 500.000 euros el material que vendió a la consejería madrileña de Sanidad por 1,5 millones.

Un alto responsable de la Fiscalía zanjó así el aparente escándalo: “La avaricia no es delito”. Anticorrupción encontró argumentos suficientes para exculpar a la presidenta madrileña del obsceno negocio de las mascarillas que benefició a su hermano: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas en pandemia intentaron engañar a Hacienda para que su beneficio fuera mayor.

La Agencia Tributaria atribuye a Víctor Aldama un delito fiscal penado con varios años de cárcel. “Utilizó mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal del ejercicio de 2020”, en el que ganó seis millones de euros por su intermediación en la venta de mascarillas al ministerio de Transportes y otros organismos públicos. Aldama “facturó a través de dos sociedades interpuestas de manera artificiosa la prestación de servicios personalísimos obteniendo un importante ahorro fiscal (...) ascendiendo la cuota defraudada a 2,4 millones de euros”, señala la Agencia Tributaria.

También es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento: seis euros por mascarilla. La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones de euros por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

El comisionista Alberto González Amador, novio de Ayuso, cobró casi dos millones de euros en concepto de comisión —el 4,5% de la operación— por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. La operación era impecable desde el punto de vista legal, pero González Amador defraudó al fisco, según reconoció el mismo mucho tiempo después, para ahorrarse 155.000 euros que debería haber pagado por los beneficios que le dejó esa intermediación, según la Agencia Tributaria.

Algunas de esas operaciones fueron investigadas por la Fiscalía Anticorrupción sin hallar motivos para un reproche penal a los dirigentes políticos en el hecho de que hubieran adquirido mascarillas a familiares, amigos o conocidos cuyas empresas en muchos casos carecían de experiencia, solvencia y a unos precios disparatados. Es el caso que afectaría al ministro Ángel Víctor Torres que, como presidente canario, adquirió mascarillas a la trama corrupta que dirigía Víctor Aldama por mediación del asesor ministerial Koldo García sin que la investigación haya detectado el pago de mordidas al dirigente autonómico; o a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que cuando gobernaba en Baleares adquirió en 2020 material sanitario a la misma red delictiva y reclamó en 2023 la devolución de un parte por incumplir el producto entregado las condiciones contratadas.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, era alcalde de Valladolid en marzo de 2020 y necesitaba urgentemente mascarillas para su municipio. En abril, Puente informó al pleno que un amigo suyo podía facilitarles cientos de miles de mascarillas a 3,35 euros y consultó al interventor sobre esa operación ante una situación de acuciante necesidad. Pasados varios años, el PP denunció estos hechos, al igual que hizo un particular a través de una querella que los tribunales archivaron debido a la transparencia con la que se llevó a cabo una operación donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie.

En el obsceno negocio de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, los contratos a dedo eran legales, la avaricia no era delito pero el cohecho impropio, sí.

Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) llega a la redacción de elDiario.es cargada con un portafolios en el que guarda un ordenador donde repasa toda la documentación con la que pretende defenderse de las acusaciones que la señalan como una de las facilitadoras de los desmanes producidos en el ministerio de Transportes en la época en la que lo gobernaban José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, ambos en prisión preventiva.

El contrato a dedo de Jésica Rodríguez, entonces pareja del ministro, para un puesto en Ineco es una de las pruebas de cargo contra esta profesional gallega que sonó para todos los cargos y que ahora ha tenido que cambiar su vida de manera radical. Pardo de Vera asegura que no medió en la llegada de Jésica a la Administración, pero que sí lo hizo en su salida cuando tuvo que llamar al ministro, José Luis Ábalos, para comunicarle que no se la iba a renovar debido al conflicto de intereses existente. Así lo declaró la semana pasada ante los siete jueces del Supremo en el caso mascarillas. Otra causa que se investiga en la Audiencia Nacional mantiene imputada a Pardo de Vera por el supuesto amaño de contratos durante su etapa como presidenta de Adif.

El caso Ábalos la ha expulsado de la Administración, pero también del sector. Tras ser contratada por Florentino Pérez para ACS tuvo que abandonar su puesto para evitar un daño reputacional a la empresa que la acogió tras su salida del Ministerio. Ahora reside en Santiago, donde se emplea como profesora en prácticas de matemáticas en un pequeño colegio concertado del centro de la capital gallega. A su 'vía crucis' se suma el cáncer que le detectaron hace unos años y del que todavía se está recuperando.

¿Ábalos y Koldo le han arruinado la vida?

No creo que mi vida esté arruinada. Este periodo me ha causado un daño enorme, pero espero superarlo. Creo que lo merezco.

Se está usted reinventando como profesora de matemáticas...

Estoy de baja médica por prescripción de mi oncóloga. Durante la baja me he apartado del sector para hacer un máster universitario y ser profesora, ahora estoy haciendo las prácticas. Todo el mundo sabe cuándo empieza una imputación y nunca cuándo acaba un proceso judicial. Y yo necesito trabajar.

Tras su salida de la Administración pública, pasó un tiempo por ACS. ¿Perdió ese trabajo por el proceso judicial en el que está imputada?

Sí, claro. La salida tiene que ver, efectivamente, con la imputación. Primero, con Jésica y, luego, con la imputación en el caso del presunto amaño de obras. Que yo trabajase en el sector implicaría también un daño reputacional a cualquier empresa. Simplemente, es un pacto de no implicar a ninguna empresa en una pérdida reputacional. Es una cuestión de respeto al sector.

¿Nunca fue capaz de intuir que con Koldo y Ábalos algo estaba mal en el funcionamiento del Ministerio?

Lo único que pude intuir es que había una serie de faltas de respeto institucionales que a mí me provocaban muchas incomodidades y situaciones violentas que nada tenían que ver con irregularidades ni ilegalidades. Por supuesto que no. Si no, lo hubiese denunciado.

¿Vio personajes similares a Koldo García cuando trabajó en Adif durante el mandato del Partido Popular?

No, no había. Nunca me había relacionado con un personaje tan singular como Koldo. Yo estuve a cargo de cinco ministros diferentes y no tengo que opinar ni debatir sobre la personalidad o las personas de las que un ministro decide rodearse. Yo iba allí a hacer mi trabajo y a cumplir los objetivos como presidenta de Adif.

¿Soportó comentarios machistas y faltas de respeto por parte de Koldo García?

Tenga usted en cuenta que es un sector absolutamente machista y masculinizado. Yo soy profundamente feminista, llevo trabajando en este sector desde 2001 y, quiera o no, estos sesgos permanecen, han permanecido desde el principio en mi vida, manifestándose de una u otra forma. Yo podría escribir un libro sobre un montón de personajes menos burdos que don Koldo García y muchísimo más refinados a la vista de la sociedad, que son igual de machistas que él.

¿No tiene constancia de que haya facilitado la contratación de Jésica?

En absoluto. No es que no tenga constancia, es que no puedo porque no está en mis competencias favorecer la contratación en una empresa en la que no tengo ningún poder de contratación.

¿Se arrepiente de haber dado traslado de esa petición que le hacían desde el Ministerio a la directora general de Ineco?

A mí me han llegado cientos de currículums y lo único que he hecho siempre es dar traslado a quien tenía la competencia. No en el afán de ejercer una influencia, sino de un modo natural, por si tienen encaje, por si los pueden necesitar, etcétera. Yo no creo que eso sea un tráfico de influencias y menos en este caso donde yo ni siquiera tengo una competencia. Le di traslado a una empresa que nada tiene que ver conmigo.

¿Cuando usted se entera de que Jésica tiene una relación con el ministro le entró preocupación por haber circulado su currículum?

Creo que por mi condición de mujer fui la última en enterarme de que había habido una relación sentimental de esa señora con el ministro. Y eso coincide además con la época final, cuando iba a finalizar el contrato de esa señora en Ineco y actué en consecuencia. Creo que fui la única persona que actuó en consecuencia y me resultó muy violento teniendo que llamar al ministro.

¿Cómo fue esa llamada?

Tres meses antes de que finalizara el contrato, como con cualquier persona de Ineco, avisan. Había posibilidad de renovar o no. Entonces yo, ya sin intermediarios, decido hacer una llamada al ministro y abordar una situación bastante violenta para mí, también como mujer, y porque era el ministro. Le digo que dado que existía esa relación había un conflicto de interés. Le indico que no es posible darle continuidad y que no se va a renovar a alguien que ha mantenido una relación con él.

¿Y él lo asume?

Me dice: “Por supuesto, haz lo que consideres. Lo que tú creas estará bien”.

¿La causa de no renovar el contrato de Jésica era su relación sentimental con Ábalos?

Por supuesto, porque no había ninguna queja.

No iba a trabajar...

Eso nosotros no lo sabíamos. Nadie sabía eso, ni siquiera a efectos de Ineco.

¿Cuando usted conoce la relación sentimental entre el ministro y Jessica es cuando decide no renovar el contrato porque hay un conflicto de intereses?

Cuando yo me entero de eso es cuando yo llamo al ministro y se decide que no se renueva. Evidentemente la ética no permite esa conducta.

Usted dice que no influyó en la contratación de Jessica y, sin embargo, sí que influyó en la no renovación de Jésica...

Efectivamente.

¿Y eso no es una contradicción que el tribunal a lo mejor no acaba de entender muy bien?

Bueno, yo creo que para eso se celebran los juicios y para eso existe el Estado de Derecho, para que todos tengamos la oportunidad de explicarnos.

¿A quién era más difícil decirle que 'no', a Ábalos o a Koldo?

Es que Ábalos nunca me pidió nada, jamás.

¿Y Koldo?

Pues sí, me pidió que estudiase las reclamaciones de unas empresas.

¿Y usted entendía que se lo pedía en nombre del ministro o no?

Siempre lo entendí así. Con Koldo siempre tuve una buena relación, quizás fui excesivamente afable, pero también porque yo tenía que tener acceso al ministro, conseguir llegar a él para cumplir con el plan estratégico de Adif, que era lo que a mí más me importaba.

Dice que en aquel momento usted entendía que Koldo le pedía las cosas que le pedía en nombre del ministro. ¿A día de hoy, con lo que ha aflorado en el juicio, con la nueva información que tiene y lo que usted sabe, sigue pensando lo mismo?

No lo tengo tan claro.

¿Sospechó en algún momento que detrás de ese interés por algunas empresas podía estar el cobro de comisiones ilegales?

Jamás. Nunca. Sobre todo por el tamaño de las empresas. Eran empresas muy pequeñas, normalmente ligadas a la Comunidad Valenciana, que yo no conocía prácticamente porque eran de poca entidad. Claro, a mí me hubiese llamado mucho la atención que me hubiesen pedido por una empresa como Acciona, que ahora está saliendo. Yo diría, pero ¿de qué va una empresa cotizada en el Ibex a ir a hablar con Koldo para pedir algo a Adif?

Tampoco Acciona era la principal adjudicataria de Adif...

No, no, eso se puede comprobar en las curvas de adjudicaciones. Creo en el equilibrio y creo que los procedimientos de Adif son ejemplares. Aquellas eran empresas pequeñas que yo entendía que iban a pedir, que tampoco se sabían mover muy bien o no se sabían muy bien los procedimientos y, a lo mejor, iban a Koldo, que se prestaba mucho a recibir, a actuar...

¿Y pincharon en hueso?

En Adif, pincharon en hueso.

Ha declarado que se encontró unas diez veces con el dueño de Levantina en la sede del Ministerio. ¿Eso no le hizo sospechar de nuevo?

Una vez el ministro me dijo que [ese empresario] era una persona que lo conocía de Valencia y que estaba atravesando un mal momento y era una persona que siempre iba como alma en pena por el Ministerio. Luego decía presentaba un prototipo para afinar el carril. Se quejaba de que le estaba tratando mal Adif y, bueno, pues lo único que hice fue mirar si estaba tratándole mal Adif. Pedí al equipo que lo mirase.

¿Ni siquiera sospechó con Víctor Aldama, que también se encontraba muchas veces en el Ministerio?

Yo le pregunté varias veces al ministro que quién era. Yo no sabía que se llamaba Aldama. A mí me lo presentaron como Gonzalo, Víctor y supe que había celebrado el 60 cumpleaños del ministro en un restaurante que se llamaba Cuatro Torres, que estaba en Castellana. Pensé que era una persona de confianza o bien del partido. Yo siempre pensé que sería amigo, pero siempre le dije al ministro que aunque fuesen amigos, que los amigos no pueden estar en un área privada, en un área noble del Ministerio, porque eso nunca se dio.

¿Cuál fue la respuesta del ministro cuando le dijo eso?

Que “por supuesto”, que este Koldo “hacía unas cosas” y que ya hablaría con él. Fue la última vez que volví a ver Aldama. En el último año, Aldama deja de aparecer, al menos cuando yo estoy. A mí me ha dicho gente que él seguía apareciendo por allí. Puedo comprender que al señor Aldama eso no le haya sentado bien, que le hayan dicho que no apareciese cuando yo estaba por allí. No lo sé.

Ha declarado que solo lo han intentado corromper una vez durante estos tres años con Ábalos y con Koldo...

Sí, pero no en esta etapa. El primer año que entré en Ineco, me llamaron para hacer la dirección de obra de unos tramos. Las obras estaban paradas y había unos problemas serios en las obras. Vinieron los contratistas de esas obras. Yo era bastante joven. Era el año 2007. Se presentó el dueño de esa empresa. Me preguntó si me iba a ir de vacaciones. Me dijo “bueno, pues ya busco yo el mejor hotel, ya busco yo los viajes. ¿Dime dónde te quieres alojar?”. Le eché del despacho y le dije que no volviese, que buscase otro interlocutor para tratar los temas de la obra.

El respeto institucional es una máxima de la Administración pública. La corrupción en el sistema público implica el deterioro total de las instituciones. ¿Cómo una persona que admite dádivas de cualquier tipo de un proveedor puede después exigirle al proveedor, mirándole a la cara, que haga bien una obra o imponerle penalizaciones, etcétera?

¿Es posible que una constructora haya pagado a alguna persona porque se le ha adjudicado una obra sin que haya sido por la influencia de quien cobra la comisión?

Eso puede haber ocurrido. Lo que tengo claro es que, si se demuestra que se han cobrado comisiones por encima de Adif, es porque alguien ha verificado que ha ejercido un tráfico de influencias que es mentira.

¿Sin influir?

Sin influir absolutamente nada, porque los procesos están blindados, por lo menos en Adif.

Cuando a usted la nombran secretaria de Estado en el Ministerio, destituye al director general de Carreteras, que también está imputado por el supuesto amaño de obras. ¿Por qué lo hizo?

Primero porque no tiene nada que ver con mi estilo de gobernanza. Mi estilo es una gobernanza abierta de puertas abiertas, de oxigenación, de toma de decisiones en conjunto, de debate constante, de crítica constante al liderazgo.

¿Cuando llegó a la Secretaría de Estado cambió el modelo de hacer las cosas en esa dirección general?

Sí, en lo que me dio tiempo. Hay que tener en cuenta que a mí, nada más llegar, se me detecta un cáncer y me tengo que someter a una quimioterapia muy fuerte después de la operación, con lo cual tengo el reproche y el sentido de la responsabilidad de que debería haber hecho las cosas mucho más rápido, pero lo hice en la medida que fue posible.

Nos ha contado que era muy complicado amañar una obra por todos los controles que había en Adif, pero en la Dirección General de Carreteras del Ministerio, ¿era más sencillo, había menos controles y barreras?

La Dirección General de Carreteras digamos que todavía no había sufrido una transformación tan grande de la que llevábamos haciendo desde el año 2016 en Adif.

¿Cuando usted cesa a ese director general se encuentra con el reproche de dirigentes socialistas que la llaman para pedirle explicaciones?

Yo lo que le encargo al nuevo director general es que siga con la misión que le he encomendado, que es renovar absolutamente todas las direcciones territoriales.

¿Santos Cerdán le reprochó directamente esos cambios?

Creo que consta en el expediente que me dice: “Habéis cesado al director general de Carreteras” y creo que mi contestación, y consta en el WhatsApp, es: “Sí, consensuado con Moncloa”.

¿Qué encerraba la pregunta de Santos Cerdán?

No lo sé. Yo sé que, efectivamente, el director general de Carreteras hablaba constantemente de su gran amistad con Santos.

Además de los responsables de las empresas que visitaban su Ministerio, ¿aparecían cargos o excargos políticos que se interesaban o hacían parecer que mediaban en algún tipo de trato?

Sí, ha habido excargos políticos ya de tiempo atrás que a veces acompañaban a empresarios en reuniones. Fue una cosa que yo nunca entendí. A lo mejor vendían que esa visita había sido conseguida por ese excargo y realmente conmigo nunca ha pasado eso, porque todas las visitas han sido conseguidas porque había un problema.

¿Nos diría nombres de algunas de estas personas que han aparecido acompañando a empresarios? Y cuando eso sucedía, ¿usted cómo se dirigía a los políticos que se sentaban al lado de los empresarios con los que tenía que tratar cuestiones técnicas?

Preferiría no decir nombres porque seguro que si digo uno se me olvida otro que sería exactamente igual. No son personas con las que me lleve mal y tampoco sé ni cuánto han cobrado ni si uno ha cobrado más o menos, o a lo mejor lo hacían porque eran amigos. Yo no lo sé. Y segundo, yo lo que hacía es hablar con la empresa o hacer un aparte y siempre decirle “sinceramente, conociendo cómo me conocéis, por favor, la próxima vez venid con las personas de vuestra empresa que conozcan el tema, porque vamos a avanzar mucho más y no hacer aquí una relación de cafetillo corto que no vale para nada”.

¿Entendió usted que en algún momento Santos Cerdán pudiera tener intereses económicos, no políticos, sobre esas obras sobre las que preguntaba?

En absoluto. Nunca jamás. No, no, no, no.

¿Qué pensó cuando Pedro Sánchez destituyó a Ábalos como ministro de Transportes?

Pensé que en los últimos meses estaba un poco ausente, digamos. Era muy difícil despachar con él. Y no sé si a lo mejor estaba también ausente en Ferraz, con lo cual yo interpreté que a lo mejor hacía un poco de dejación de funciones. Yo viajaba bastante con él cuando teníamos que hacer presencia territorial. Lo notaba muy cansado, nada más. Yo tenía muy buena relación con el ministro y le tenía un enorme respeto.

Su nombre sonaba con alta proyección, que si una cartera ministerial, que si candidata en las elecciones gallegas. ¿Le pudo a usted la ambición para no ver las cosas que estaban pasando, los empresarios por los pasillos del Ministerio...?

Yo no concibo la ambición. Es decir, no concibo el poder si no sirve para transformar algo. Estar en lo público no es para enriquecerse, eso lo sabemos todos. En ningún momento creo que me haya superado la ambición, todo lo contrario. Creo que nos hemos aguantado muchas veces para sacar adelante un proyecto, a pesar de que bastantes veces nos han vapuleado y nos han dado muchas veces incluso en nuestro honor. Creo que el proyecto merecía la pena.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al instructor del caso Mascarillas de la Audiencia Nacional un nuevo informe, esta vez relativo a los contratos que logró cerrar en 2020 la presunta trama con Baleares, en el que se concluye que Koldo García tuvo un papel protagónico en ese contacto. Gracias a su gestión, la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presunta trama, vendió mascarillas y PCRs al Govern presidido entonces por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso.

“Buenos días, presidenta ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil, soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos, si puede por favor me llama cuando pueda gracias”. Éste mensaje de 'wasap' es de 25 de abril de 2020 y la UCO indica que es el primer contacto detectado entre Koldo García y Armengol.

A continuación, los agentes indican que desconocen si se produjo esa llamada pero ese mismo día Manuel Palomino, director de Gestión del Servicio de Salud de Balares, envió al asesor ministerial un mensaje en el que le informaba de que le habían dado su contacto y que querían adquirir un millón de mascarillas FFP2 a un precio de 2,50 euros. Diez minutos más tarde, el comisionista Víctor de Aldama ya compartía con su entorno el contacto de Palomino.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, se recuerda que con motivo de la pandemia de Covid-19 la Administración Balear realizó numerosas contrataciones de material médico, entre ellas, la de 8 de mayo de 2020 con Soluciones de Gestión por importe de 3,7 millones, más otra de 19 de junio de 2020 por importe de 57.700 euros. A esto se sumó la compra de pruebas de diagnóstico para el Covid-19 (PCR) a la empresa MEGALAB S.A, vinculada a Aldama, por importe de 1,1 millones de euros.

La UCO recuerda que en el contexto en el que se suceden estas adjudicaciones públicas, el asesor “habría percibido pagos en metálico por valor de 10.000 euros de manera mensual” pagados por el comisionista Víctor de Aldama. Indica, además, que el comisionista estuvo muy pendiente del encargo balear haciendo consultas recurrentes al administrador de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, y mostrando su preocupación porque el material llegara en los plazos marcados. «Tienen que ir sí o sí y si no llamará al chiquitín», recogen que indicó el empresario pudiéndose referir a Koldo García.

El informe recoge más conversaciones de Koldo García con Armengol, todas relacionadas con la pandemia. En un momento dado, el 26 de abril de 2020, la expresidenta balear le pregunta si podría conocer a alguien que vendiera mascarillas infantiles, a lo que el asesor responde con un escueto “te lo arreglo”. Ese mismo día valoraba que “para niños será casi regalado” porque “nadie va a querer hacer negocio con eso”.

En otro momento, en junio de 2020 Koldo García también habría intecedido ante Ábalos por petición de Armengol para que se solucionara un problema relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros a las islas.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril se leyó en el juicio que se celebra en el Supremo por el caso Mascarillas el informe redactado por Armengol informado en calidad de testigo que, si bien no recuerda las conversaciones que mantuvo con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en abril de 2020 para la adquisición de material sanitario, sí que puede afirmar “con seguridad” que cualquier gestión la habría derivado al órgano de contratación correspondiente. En este sentido, indicó que, si bien no descarta que se cruzara wasaps con Koldo García, no alberga dudas de que nunca lo hizo para hablar sobre expedientes de contratación.

Armengol aseveró también que “nunca” habló en esa etapa en la que estaba al frente de la presidencia de Baleares con el exministro José Luis Ábalos sobre esos temas, solo por el cierre de puertos y aeropuertos, ni con el empresario Víctor de Aldama. Y recordó que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión estaban a un precio razonable en un mercado roto. “Nunca recibí orden o presión para contratar con nadie y no tuve conocimiento de que otros tuvieran presiones para contratar con determinados proveedores”,sentenció.

República Dominicana

Los agentes destacan particularmente las actuaciones concretas solicitadas por el comisionista a Koldo García, que irían desde los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración balear, a la certificación del propio material, y el cobro por parte de Soluciones de Gestión. Indican que el flujo de información demuestra que “no sólo la influencia de De Aldama en el Ministerio de Transportes sino también en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos”.

El informe también apunta a que Aldama trató de utilizar la influencia de Koldo García y del entonces ministro José Luis Ábalos para expandir sus negocios vinculados a la pandemia en la República Dominicana. Los investigadores se basan, para ello, en una serie de mensajes intercambiados entre ambos.

Según esas comunicaciones, Aldama facilitó a Koldo García el número de teléfono personal del presidente de la República Dominicana para organizar una llamada telefónica en la que interviniera el ministro Ábalos para impulsar la entrada de sus empresas en el país. Ante la demora en la gestión, Aldama presionó e instó a Koldo enviándole el siguiente mensaje: “Llamar (sic) al Puto presidente de RD [Repúbloca Dominicana] que tenéis allí a una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más”. Unos días después, Koldo le confirmó que la llamada finalmente se había realizado. 

El informe recoge que, cuatro meses después, un socio de Aldama contactó directamente a través de WhatsApp con el presidente dominicano. En su mensaje, se presentó indicando que su contacto se lo había facilitado “Koldo García, asesor de ministro de fomento de España el SR. Abalos (sic)”. Y le ofreció los servicios de su laboratorio para realizar pruebas de detección de COVID-19 en los aeropuertos y el abastecimiento de maquinaria. Según la UCO, Aldama sí logró establecer una “relación contractual” con la República Dominicana para prestarles dichos servicios.

Patricia Uriz, que se ha presentado ante el Tribunal Supremo como expareja de Koldo García, ha decidido sólo responder a preguntas de su abogada para indicar que no reconoce los mensajes de wasap en los que hablaba de chistorras, lechugas y soles para hablar de dinero en efectivo. Además, ha subrayado que el dinero recibido desde la sede del PSOE en Ferraz se correspondía con gastos adelantados por Koldo García y por el exministro José Luis Ábalos y siempre iban contra recibo porque el partido en eso era “muy rígido”.

En esta cuarta sesión del juicio que se celebra en el Alto Tribunal por el caso Mascarillas, la mayoría de los testigos relevantes se han acogido a su derecho a no declarar por estar investigados en causas abiertas en la Audiencia Nacional, ha sido el caso del empresario Claudio Rivas. Así, el plato fuerte de la jornada ha sido finalmente Uriz, que ha llegado ataviada con peluca, pañuelo y gafas de sol para no ser reconocida por los medios a la entrada y que no ha sido enfocada ni por la cámara del directo de la Sala del Plenario. Cámara, habilitada para que los periodistas puedan seguir las sesiones desde una sala contigua.

Su interrogatorio, de aproximadamente una hora, se ha dirigido a desmentir punto por punto aseveraciones tanto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como de la Fiscalía, y a denunciar que a fecha de hoy no ha podido tener acceso a sus dispositivos móviles para armar su propia defensa ante la Audiencia Nacional.

Sobre esos mensajes en los que participaba junto a su entonces pareja y en los que según la UCO se hablaba de efectivo que la trama pudo recibir como contraprestación a esos contratos de mascarillas, ha declarado que tras verlos en los informes no se reconoce y “no encajan” con su manera de escribir o hablar. Además, entiende que dado que se mandaba más de 200 mensajes diarios con Koldo García, “puede faltar algo” de la conversación que los descontextualice. “Además, tenía dos móviles Koldo, y era complicado seguir las conversaciones”, ha añadido.

En este sentido, ha recordado que ella trabajaba como secretaria para el Ministerio de Transportes en la época en la que estuvo al frente del mismo Ábalos, y que se encargaba tanto de los gastos domésticos como de los que realizaba Koldo García. En esa segunda partida ha incluido gastos del propio ministro que adelantaba el asesor. Y ha puesto como ejemplo que llegó a pagar la pensión del hijo de Ábalos porque a la entonces mujer de éste, Carolina Perles, “no le hacía gracia” que se abonaran esas partidas.

Dos sobres: Ministerio y Ferraz

Además, Uriz ha sido preguntada por si entre esos gastos que ella controlaba había alguno referido a dietas del propio Koldo García relacionadas con sus labores para la formación socialista. Ella ha comentado que su entonces pareja hacía muchas horas extras, muchos viajes y, por tanto, pasaba gastos que eran abonados por el PSOE. “Pasaba comidas, gasolina, cafés, viajes, hoteles”, ha recordado, para subrayar que los distinguía de los gastos generados por su actividad del Ministerio y que separaba ambas partidas en dos sobres.

Sobre la mecánica de devolución de esos importes adelantados, ha señalado que entre ella y Koldo García rellenaban una hoja de gastos del partido a la que sumaban los tiques, y que una vez entregados eran cobrados en dinero en efectivo que era entregado en un sobre. Ha recordado que ella mismo pasó alguna vez a recoger esas cantidades, tal y como se incluye en un informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos. Y ha matizado que el Ministerio siempre o casi siempre abonaba gastos por transferencia.

Por otro lado, ha explicado que también se encargó de comprar el tabaco para el exministro, de llevarle trajes a la tintorería, de reservar viajes (“buscaba siempre el más económico”) o de asuntos más personales como elegir regalos para amigas de Ábalos. “¿Esto de adelantar gastos era tónica habitual con el exministro?”, le ha preguntado la abogada Leticia de la Hoz, a lo que ha respondido con un tajante “sí” para posteriormente matizar que si bien la pareja adelantaba ese tipo de compras no siempre llegó a cobrar de Ábalos por ello.

Más allá de esto, ha negado que recibieran dinero en efectivo de Víctor de Aldama, el comisionista encausado como supuesto corruptor del exministro, y ha defendido la legalidad del alquiler de un chalé denominado Villa Parra que la investigación traduce como una posible dádiva que recibió el exministro a cambio de emitir una nota de prensa en la que su ministerio apoyaba el rescate de Air Europa. Uriz ha dicho al respecto que ella se encargó de firmar ese alquiler y que si bien entre Koldo y ella adelantaron parte del pago, Ábalos no les reembolsó esa cantidad. De hecho ha comentado que tuvo una discusión al respecto con el propio Koldo.

El patrimonio

El interrogatorio se ha adentrado entonces en el patrimonio de Uriz con el objetivo de echar por tierra la tesis de la UCO de que la pareja incrementó el mismo en los años de la pandemia fruto de esas comisiones por dar a Soluciones de Gestión los contratos para la adquisición de mascarillas. Ella ha sostenido que de los más de 20.000 euros encontrados en el registro del domicilio de ambos, 13.000 eran ahorros suyos, y ha apuntado que nunca mezcló patrimonio con Koldo García, con el que comparte una hija.

Además, ha combatido la aseveración de los investigadores de que adquirieron una vivienda en Benidorm (Alicante) sin hipoteca, indicando que sí que hubo tal pero que se vinculó a su piso de Huarte (Navarra). Y ha añadido que se puso otro inmueble a nombre de su hija, menor de edad, porque Koldo García no quería que en un futuro entrara en el reparto de su herencia para que no pudiera reclamarla otro hijo previo con el que no tiene relación.

Por último, ha salido a colación de nuevo el nombre de la expareja de Ábalos, Jésica García. Uriz ha recordado que la conoció como “amiga de Aldama” -misma tesis que la sostenida por el hermano de Koldo García, Joseba García-. Además, ha comentado que nunca supo nada de quién pagaba el alquiler del piso en el que residía en Plaza de España y que cuando se refirió en un mensaje a “Puta 1” no era por ella sino por Perles, la exmujer de Ábalos.

Los jueces del Tribunal Supremo que juzgan al exministro José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas han escuchado en esta primera sesión a uno de sus hijos, Víctor Ábalos. Durante el interrogatorio, ha negado ser el “custodio” del dinero que la trama puso supuestamente a disposición de su padre, tal y como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Le he ido facilitando a mi padre dinero cuando lo ha necesitado. Mi padre nunca ha necesitado ayuda, pero cuando se divorció su situación cambia. Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria”, ha aseverado.

La investigación ha acreditado que entre 2022 y 2024, transfirió 23.379,10 euros a las cuentas de su padre. Ante el tribunal, Víctor Ábalos ha afirmado que la mayor parte de ese dinero —20.000 euros— fue un “préstamo personal, con trazabilidad bancaria y con un contrato elevado a público”. “Nada opaco”, ha insistido. Además, una de sus sociedades pagó a su padre entre 2021 y 2022 32.640 euros en concepto de alquiler por una vivienda en Madrid, tal y como ha reconocido ante el tribunal.

Víctor Ábalos también ha negado que empleara líneas seguras para sus comunicaciones con Koldo García, a las se referirían utilizando la palabra clave “café”. El testigo ha dicho que cuando pronunciaban esa palabra se referían al “café” que él traía de Colombia, donde desempeñaba su trayectoria profesional.

El hijo del exministro se ha referido, asimismo, al lujoso piso situado en el Paseo de la Castellana de Madrid que, según Aldama, era una garantía para su padre en el caso de que fallaran las mordidas pactadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

La vivienda, propiedad de Aldama, estaba valorada en 1,9 millones de euros, pero el comisionista firmó con el exministro un contrato de alquiler con derecho a compra que fijaba una renta anual de 30.000 euros y un precio de adquisición de 750.000 euros. Durante la investigación, el exministro ha defendido que ni ocupó el inmueble ni pagó renta alguna precisamente porque el inmueble estaba ocupado. Es la misma versión que ha mantenido este martes su hijo, que ha mantenido que se trató de una “estafa”.

Otro de los testigos de la primera sesión ha sido Joseba García, hermano de Koldo García, se ha acogido a su derecho a no responder a preguntas de Fiscalía al constar como investigado por la Audiencia Nacional, sí que ha respondido a preguntas de su abogada. En un largo interrogatorio ha explicado que si bien él no era jefe en Ineco de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos que fue contratada en dos empresas públicas gracias a la intermediación del exministro, sí que eran “buenos compañeros” y que le constaba que ella sí que trabajó porque se cruzaron mensajes sobre la carga de trabajo que tenían.

Su versión contradice a la de la mujer, que en su declaración durante la investigación reconoció que había cobrado un sueldo de dos empresas públicas a pesar de que nunca acudió a su puesto de trabajo ni realizó actividad laboral alguna, salvo un curso inicial de riesgos laborales. Y que, a pesar de ello, cobró más de 43.000 euros en salarios públicos. 

Además, Joseba García ha indicado que la ayudaba con trámites administrativos como rellenar partes, anotar sus días de vacaciones, el uso de cheques gourmet y que, incluso, le hizo favores personales como cuidarle el gato cuando ella estaba de viaje. Además ha comentado que, contrariamente a lo que sostuvo en instrucción Aldama, el comisionista sí que conoció a la entonces pareja de Ábalos porque les vio en dos ocasiones juntos y que, de hecho, él mismo recibió un sobre con 400 euros de manos del empresario para que se los diera a Jésica Rodríguez.

Más allá de esto, sobre los dos viajes a Republicana Dominicana que realizó y que constan en la causa como supuestos viajes relámpagos para recibir dinero de empresas vinculadas a Aldama, Joseba García ha reconocido que, si bien él viajó para conocer a la que es ahora su pareja y por atar un negocio relacionado con la pitaya, también le hizo el favor a Aldama de recoger un sobre en el que él creía que había documentación.

Esto lo llegó a hacer en dos ocasiones. En cuanto al viaje de Benidorm a Valencia en el que fue interceptado por la Guardia Civil cuando portaba un sobre para el exministro Ábalos, Joseba García ha explicado que si bien no estuvo presente en el registro de la furgoneta que conducía, cuando le devolvieron las llaves sí que pudo constatar que el sobre que llevaba a nombre del exministro había sido abierto.

A preguntas de la defensa de Koldo García, su hermano también ha tratado de justificar el incremento en su patrimonio sin justificar que reflejan los informes de la UCO. Ha insistido en que ese incremento se debe a su empleo —cobraba 70.000 euros al año—, a una pensión, una indemnización por accidente y algunas operaciones inmobiliarias que llevó a cabo hipotecándose.

Joseba García también ha admitido que acudió hasta en dos ocasiones a la sede federal del PSOE en Madrid a recoger sobres con dinero procedentes de las liquidaciones de gastos que su hermano y José Luis Ábalos, que en ese momento era Secretario de Organización, pasaban al partido.

Según su relato, allí se encontraba con la trabajadora del PSOE Celia Rodríguez quien le facilitaba los sobres. Supo que era dinero porque ella cerraba los sobres delante de él antes de entregárselos. No obstante, Joseba García no ha especificado de qué cuantía eran los billetes. “Yo no abro los sobres de nadie. Los cojo y creo que se los entregué a Patricia [Uriz]”, ha afirmado. En ese momento, Patricia Uriz era secretaria de Ábalos en el Ministerio.

El Tribunal Supremo acoge a partir de este 7 de abril el juicio al mayor caso de corrupción que afecta al actual Gobierno: una presunta organización criminal con origen en el Ministerio de Transportes y que aprovechó la crisis del coronavirus para lucrarse. Casi una década después de conocerse durante las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la dirección del PSOE, el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha, Koldo García, se sientan en el banquillo junto al empresario Víctor de Aldama, considerado el “nexo corruptor”.

Tres años de investigación han sacado a la luz la existencia de supuestos sobornos sistemáticos, adjudicaciones de contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros a cambio de mordidas y un presunto tráfico de influencias para colocar a la pareja de Ábalos en empresas públicas y sufragarle un alquiler de 2.700 euros mensuales. El final de esta etapa de impunidad comenzó a dibujarse en 2022 con una denuncia impulsada por el Partido Popular y que posteriormente dio paso a una investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil, culminada con la detención de Koldo García en febrero de 2024.

Las pruebas incautadas y la confesión de Aldama —quien admitió haber pagado 350.000 euros en mordidas a Ábalos y Koldo y otras prebendas— estrecharon el cerco sobre el exministro. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que alcanzan los 24 años de cárcel para Ábalos por delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Para el exasesor, la petición es de 19 años y medio. Ambos están en prisión provisional desde el pasado noviembre e irán cada día a la vista en furgón policial. El juicio se prolongará durante cuatro semanas y comparecerán un centenar de personas entre acusados, testigos y peritos. 

22 de mayo de 2017

Ábalos, clave en las primarias del PSOE

José Luis Ábalos es uno de los coordinadores de las primarias que Pedro Sánchez gana a Susana Díaz y Patxi López. El nuevo líder del PSOE lo nombra Secretario de Organización, su 'número dos'. En esa campaña, Ábalos había conocido en Navarra a Koldo García.

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25 de octubre de 2017

Ábalos contrata a Koldo García como chófer

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Koldo García se traslada a Madrid para ejercer de chófer de Ábalos en su nueva labor como Secretario de Organización. Es Santos Cerdán, también recién nombrado Secretario de Coordinación Territorial, quien se lo recomienda.

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1 de junio de 2018

Ábalos defiende la moción de censura

Ábalos interviene en el Congreso en la moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez como candidato. "Crearon con su particular uso del poder un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas", criticó Ábalos.

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7 de junio de 2018

Ábalos es nombrado ministro de Fomento

Pedro Sánchez nombra a Ábalos ministro de Fomento. Tras haber establecido una relación de confianza durante la etapa en la que Koldo García fue su chófer, Ábalos lo nombra asesor.

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31 de agosto de 2018

"Lo tienes a huevo para hacer cosas"

La relación que vertebra la trama nace a finales del verano de 2018. El empresario Víctor de Aldama conoce a Ábalos y Koldo García gracias a su hermano Rubén, que ejercía como escolta del ministro. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", le escribe Rubén a Víctor en un mensaje.

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4 de febrero de 2019

Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México

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Anticorrupción considera que este viaje es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. El viaje tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en México. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

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1 de marzo de 2019

Ábalos coloca a su pareja en Ineco

Koldo García presiona a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que contrate a Jéssica Rodríguez en la empresa pública Ineco. Le ordena iniciar los trámites y le advierte: "Si no José me corta los huevos". En su declaración en el Supremo, la mujer admitió que cobró sin ir a trabajar.

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28 de marzo de 2019

Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos

La empresa de un socio de Aldama firma el contrato de arrendamiento de un piso en el que residía Jéssica Rodríguez. El alquiler es de 2.700 euros al mes. El empresario paga esa renta hasta septiembre de 2021. Un total de 82.298,40 euros.

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18 de octubre de 2019

La primera mordida: "Grandu 11500"

La capacidad de influencia de Aldama se sustentaba en el pago de sobornos a Koldo, a quien apodaba "Grandullón". La primera evidencia de esta "nómina" mensual de 10.000 euros en efectivo queda registrada en una nota creada por Aldama en su teléfono móvil, donde incluye el apunte: "Grandu 11500".

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21 de marzo de 2020

Primer contrato de mascarillas

Al estallar la pandemia, una empresa vinculada a Aldama resulta adjudicataria de cinco contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros. Dos de esos contratos los formalizan empresas dependientes del Ministerio de Transportes.

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8 de agosto de 2020

La nota de prensa sobre el rescate

El Ministerio de Transportes muestra en una nota de prensa el apoyo del Gobierno al rescate de Air Europa por la pandemia. Un día antes, Koldo García había enviado ese texto a Aldama, que lo remitió al CEO de la aerolínea para "tranquilizar a sus acreedores".

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14 de agosto de 2020

"Esto sale gratis por las molestias generadas"

La Fiscalía sostiene que Aldama pagó durante una semana el alquiler de un chalet en Marbella para Ábalos como contrapartida por la publicación de una nota de prensa apoyando el rescate de Air Europa, donde el empresario era consejero. "Esto sale gratis por las molestias generadas", le escribió Koldo García a Ábalos junto a una foto del chalé.

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10 de junio de 2021

Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz

Aldama recurre a Claudio Rivas y su red de hidrocarburos para comprar el chalet de lujo en La Alcaidesa, en Cádiz. A cambio, ambos pretendían recibir una licencia para la venta de combustible con la empresa Villafuel. La Guardia Civil cree que hay "múltiples evidencias" de que Ábalos hizo un "uso real" de ese chalé. Koldo García le envía a Ábalos el anuncio del chalé.

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10 de julio de 2021

Sánchez cesa a Ábalos como ministro

El presidente cesa de manera fulminante a Ábalos. Koldo García sale del Ministerio inmediatamente después. Pedro Sánchez nunca ha explicado los motivos de la destitución. Días después, Ábalos dimite como Secretario de Organización del PSOE y le sustituye Santos Cerdán.

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9 de diciembre de 2021

Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel

Once meses después de registrar la solicitud, el Ministerio de Transición Ecológica rechaza la licencia de operadora a Villafuel. En represalia, la sociedad dueña del chalet envía un burofax a Ábalos reclamándole las rentas de alquiler impagadas de agosto a noviembre.

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10 de marzo de 2022

Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas

Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, presenta una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que apunta a posibles irregularidades en doce contratos de material sanitario formalizados por la Administración General del Estado.

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22 de abril de 2022

La Fiscalía empieza a investigar

La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia presentada por el PP de Madrid. Anticorrupción investiga durante más de un año y acaba presentando una denuncia en la Audiencia Nacional el 6 de septiembre de 2023.

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21 de febrero de 2024

La UCO detiene a Koldo García

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La UCO detiene a Aldama, Koldo García y otros implicados. En casa del exasesor, los agentes se incautan de tres móviles y una grabadora que son fundamentales para la investigación porque contienen las grabaciones secretas a Ábalos y Santos Cerdán.

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23 de octubre de 2024

El cerco se estrecha sobre el exministro

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pide al Supremo que investigue a Ábalos por su "papel principal" en el caso. Al ser diputado, solo puede ser investigado por el alto tribunal.

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21 de noviembre de 2024

Aldama confiesa y sale de la cárcel

Aldama, que está en prisión provisional por el caso de los hidrocarburos, pide declarar ante el juez de forma voluntaria y afirma que pagó 250.000 euros en comisiones a Ábalos y 100.000 a Koldo García. La confesión le sirve para salir de prisión.

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12 de diciembre de 2024

Ábalos declara por primera vez en el Supremo

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Ábalos se sienta por primera vez delante de un juez para dar explicaciones. Durante tres horas, trata de rebatir los indicios que le acorralan. Afirma que "nunca" cobró comisiones.

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3 de noviembre de 2025

El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo

Tras un año de investigación, el juez cierra la instrucción y propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por los contratos de mascarillas. Les atribuye delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

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19 de noviembre de 2025

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. El fiscal Alejandro Luzón valora la "información relevante" aportada por Aldama, para el que rebaja su petición a siete años de prisión. Defiende que los tres formaron una "organización criminal" para lucrarse con contratos públicos.

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27 de noviembre de 2025

Ábalos y Koldo García entran en prisión

El juez envía a prisión provisional a Ábalos y Koldo García dado el "extremo" riesgo de fuga. La Fiscalía lo había solicitado al apreciar la posibilidad de que decidieran escapar a la acción de la Justicia por las elevadas condenas de cárcel a las que se exponen.

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Ábalos y Koldo García entran en prisión

7 de abril de 2026

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo acoge el primer juicio por un caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La vista oral se prolongará hasta final de mes y testificarán decenas de testigos. El 28 de abril declararán Ábalos, Koldo García y Aldama.

7 de abril de 2026

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo

Marzo de 2020. España afronta la peor crisis sanitaria en más de un siglo. La población está confinada en sus hogares, los hospitales colapsados y la economía prácticamente paralizada. En algunas jornadas, la cifra de muertos supera el millar. Es el escenario en el que algunos empresarios y gestores sin escrúpulos se sirven de la virulencia del virus para hacerse (más) ricos. El levantamiento de los controles para asegurar el acceso a la red global de suministros y el gran volumen de dinero público que las administraciones destinan a la compra de material sanitario salvan vidas pero, a la vez, enriquece a unos pocos.

Uno de esos empresarios es Víctor de Aldama, un desconocido hombre de negocios que, para entonces, llevaba más de un año pagando supuestamente un sueldo en efectivo de 10.000 euros al mes a Koldo García, el todopoderoso asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos. También había abonado durante meses un alquiler de lujo a la pareja de este último. La Guardia Civil ha definido esos pagos como una suerte de “nómina” que le permitía pedir favores y asegurarse un trato preferente en un Ministerio que manejaba un presupuesto anual de más de 10.000 millones de euros y en otros departamentos de la Administración.

De esta manera, cuando llegó la pandemia Aldama llevaba meses engrasando la maquinaria de la corrupción. Aprovechando ese acceso directo a Ábalos y Koldo García, obtuvo información privilegiada sobre la necesidad de adquirir equipos de protección. Supo de esa urgencia cuando la oferta todavía no se había hecho pública, lo que le permitió “adelantarse a posibles competidores y asegurar la perfección del contrato”, según reconoce él mismo en el escrito de defensa que consta en el sumario que empieza esta semana en el Tribunal Supremo. 

En la crisis del coronavirus se autorizó la contratación de productos sanitarios mediante un procedimiento de emergencia sin concurrencia de ofertas, sin límite de precios y sin acreditación de solvencia o de experiencia en el sector. Todos los controles saltaron por los aires. La urgencia alimentó el pillaje porque esa ausencia de reglas hizo que casi todo estuviera permitido. 

La propia Fiscalía Anticorrupción admitió en la querella que dio origen al caso que no hubo amaño en los contratos de mascarillas que adjudicaron entes dependientes del Ministerio de Transportes. De hecho, Puertos del Estado y Adif pagaron las mascarillas a 2,5 euros la unidad, cuando la media del mercado en aquel momento crítico alcanzó los 3,38 euros y hubo administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, que las pagaron a 6,6 euros. 

Sin embargo, el de Ábalos, Koldo García y Aldama es el primer gran caso conocido donde hay indicios de que una parte del pelotazo acabó en manos de responsables de la Administración que licitó el contrato. Y ahí está la clave de su camino al banquillo. Aldama se embolsó más de 3,7 millones de euros en apenas unos días gracias a su labor de intermediación en esos contratos. Además de las prebendas previas y posteriores, asegura que también repartió con el exministro y su asesor parte del botín. En sede judicial afirmó que, “como consecuencia del negocio de las mascarillas”, le entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García. 

Ambos niegan haber cobrado ninguna mordida, aunque la investigación detectó un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes de la Guardia Civil encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Ante el juez, el ex asesor defendió que tener cantidades de dinero en casa era una “costumbre” que había heredado de sus padres.

Respecto a Ábalos, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar. Ha habido también otras llamativas revelaciones, como el hecho de que entre 2018 y 2023 “desaparecieran” las retiradas en efectivo de sus cuentas al tiempo que se registraba “un aumento significativo de los ingresos en metálico”. Es un “patrón” que cambió a partir de 2024, con el estallido del caso y la detención de Koldo García. 

“Me pedían por todo”

“Si usted sostiene que la mejor oferta [para los contratos de mascarillas] era la suya, ¿para qué era necesario ofrecer una comisión tan significativa?”, le preguntó a Aldama el instructor del caso en el Tribunal Supremo. “Le voy a contestar algo muy sencillo: porque me pedían por todo”, respondió el comisionista, que insistió en que él estaba convencido de que si no hubiera pagado esas comisiones no se habrían firmado los contratos que le permitieron enriquecerse en plena pandemia. 

Aldama era un comisionista, no tenía una estructura propia con la que hacer frente a esas adjudicaciones millonarias. Así que activó a otros empresarios para conseguirla. Entre ellos, Juan Carlos Cueto, que aportó los fondos para poder optar a la oferta y comprar las mascarillas a través de su empresa Soluciones de Gestión; e Israel Pilar, que buscó proveedores en China. Ambos están imputados en la Audiencia Nacional. Parte de la logística del transporte recayó en la flota de Air Europa, donde Aldama era consejero de su matriz, Globalia, a razón de 12.100 euros al mes. 

El control que la trama ejercía sobre el Ministerio quedó patente el 20 de marzo de 2020, según ha acreditado una investigación que se ha alargado durante más de tres años. Puertos del Estado, empresa pública dependiente del Ministerio, pretendía comprar cuatro millones de mascarillas, pero se duplicó en solo 38 minutos hasta los ocho millones por “imposición” de Aldama y con el visto bueno de Ábalos, según la Fiscalía Anticorrupción. Al día siguiente, Soluciones de Gestión se llevó este contrato de Puertos del Estado por 24,2 millones de euros.

En su declaración en el Supremo, Aldama afirmó que había pedido ayuda a Koldo García después de que Correos le hubiera dejado 'colgado' con cuatro millones en mascarillas que ya tenía supuestamente apalabradas. “Le dije a Koldo que nos íbamos a comer esas mascarillas. Él me dijo que qué necesitaba. Le dije que duplicar el contrato y me respondió que no había problema. Al rato me llamó y estaba solucionado”, afirmó. Ábalos y Koldo García se han desvinculado de los pormenores de ese contrato, aunque alguno de los hallazgos que constan en el sumario ponen en entredicho su versión, como el hecho de que se duplicara el importe de un contrato de esa magnitud en apenas unos minutos.

Este aumento repentino del volumen del contrato fue uno de los aspectos sobre los que puso el foco la auditoría que realizó el actual equipo del Ministerio de Transportes y que se acabó llevando por delante a los últimos cargos señalados en la investigación que todavía formaban parte del gabinete, Jesús Manuel Gómez y Michaux Miranda. Ambos están también imputados en la Audiencia Nacional y están citados a declarar como testigos en el juicio. 

Presión sobre los funcionarios

Pocos días después del contrato de Puertos del Estado, la trama logró adjudicarse otro contrato con el gestor ferroviario Adif por cinco millones de mascarillas (12,5 millones de euros) a pesar de que la empresa aún no había entregado el material del primer pedido en el plazo acordado y existían ofertas más baratas. Otras empresas ofrecían en esos mismos días las mascarillas a 2,10 o 2,02 euros, pero el gestor ferroviario las acabó pagando a 2,50 la unidad. Cada una de esas mascarillas cuesta ahora 30 céntimos. 

El sumario recoge otros ejemplos de cómo Koldo García se involucró en los contratos. El 26 de marzo de 2020, horas antes de que Adif firmara su contrato, Koldo ya le había escrito a su presidenta, Isabel Pardo de Vera, dándole el número del administrador de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama y ordenándole: “El Íñigo es el del contrato (sic)”. Se refería a Íñigo Rotaeche, administrador de la sociedad y también imputado en la Audiencia Nacional. Además, cuando surgieron problemas en la ejecución del contrato de Puertos del Estado y el presidente del ente público se planteó resolverlo, el asesor intervino para “desbloquear la situación”. Según la UCO, Koldo García ejercía una enorme presión sobre los funcionarios y actuaba siempre de manera “muy insistente” en nombre del ministro. 

El éxito en Transportes sirvió de salvoconducto para que Soluciones de Gestión lograra adjudicaciones en el Ministerio del Interior (3,4 millones) y los gobiernos de Canarias (12,2 millones) y Baleares (3,7 millones). Los entonces presidentes de estas dos comunidades, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, declararán como testigos por escrito en el juicio. La investigación nunca se ha dirigido contra ellos porque no ha aflorado indicio alguno de que cobraran mordidas por las adjudicaciones. 

Seis años después de la pandemia, el almacén del Ministerio de Transportes acumula todavía centenares de cajas con más 230.000 mascarillas que llegaron desde China en aquellos días frenéticos y que permitieron que unos pocos hicieran un suculento negocio. El Tribunal Supremo enjuiciará a partir del próximo 7 de abril a los protagonistas de un caso que llevó la corrupción al corazón del Gobierno de Pedro Sánchez y que evidencia cómo la ausencia de reglas y controles durante la pandemia permitió que el pillaje se colara en las entrañas de la Administración. 

El Tribunal Supremo rechaza el último intento del exministro socialista José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García para tratar de aplazar su primer juicio por corrupción, que se celebrará finalmente a partir del próximo 7 de abril en el Alto Tribunal.

La Sala de lo Penal desestima la mayoría de las alegaciones formuladas por sus defensas en la audiencia preliminar y acuerda que la vista por los contratos de mascarillas que dos entes dependientes del Ministerio de Transportes adjudicaron a la empresa de la trama y la contratación en empresas públicas de una expareja del exministro se celebre en el Supremo, tal y como estaba previsto, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman fuentes jurídicas a elDiario.es. 

Ambos habían impugnado la competencia del Alto Tribunal para enjuiciarles. Su tesis es que “no es competente” tras la renuncia al escaño de Ábalos el pasado 28 de enero. En la vista preliminar, la petición se encontró con la oposición de la Fiscalía, que consideró “descabellado” dejarles “poder elegir” el tribunal que les debe juzgar. El tribunal advierte que permitir el cambio de tribunal a estas alturas no sería coherente y dejaría la competencia “al capricho del acusado” y retrasaría de forma “importante” la celebración del juicio.

Así, el auto mantiene la vigencia del acuerdo establecido en 2014, cuando el Pleno de la Sala Segunda del Supremo estableció que, una vez dictado el auto de apertura juicio oral, la competencia para juzgar el caso se mantiene en el tribunal correspondiente aunque se pierda el aforamiento. Se trata, a su juicio, de un “criterio uniforme y general” que ofrece seguridad jurídica al establecer “un límite temporal claro e inequívoco”.

La resolución desestima las quejas por indefensión realizadas por las defensas de Ábalos y Koldo García, que alegaron que no se les han devuelto los discos duros que les incautó la UCO y que eso perjudica a su derecho de defensa. Según el auto, acusaciones y defensas han tenido acceso “en igualdad de condiciones” al material intervenido. Y afirma que el magistrado instructor facilitó plenamente el acceso a los «datos brutos» de ciertos materiales, una vez individualizados y previamente analizados y expurgados a petición de algunas defensas. 

La Sala también rechaza que se vulnerara la inmunidad parlamentaria de Ábalos o que se le investigara ilegalmente antes de que el Congreso concediera el suplicatorio, tal y como afirmó su defensa. Los jueces defienden la jurisprudencia “respalda la posibilidad de realizar algunas mínimas indagaciones sobre un aforado antes de pedir el suplicatorio” para confirmar esas sospechas.

El auto también se refiere a la colaboración del comisionista Víctor de Aldama con la Fiscalía Anticorrupción, lo que le ha permitido afrontar una menor petición de cárcel: siete años, frente a los 24 que el fiscal pide para Ábalos y los 19 y medio que solicita para el exasesor. Y advierte de que “aún deben ponderarse todos los elementos probatorios para conceder crédito o no” a su declaración.

En el apartado de pruebas, la Sala admite gran parte de los testigos y peritos solicitados, pero rechaza citar a declarar a altos cargos políticos solicitados por las acusaciones y defensas por su “falta de relación” con el objeto del proceso o porque considera que sus testimonios no son necesarios para el esclarecimiento de los hechos imputados. 

Así, los jueces rechazan que declaren como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como los ministros María Jesús Montero (Hacienda), Fernando Grande Marlaska (Interior) o los exministros Reyes Maroto y Salvador Illa.

Sí admiten la declaración como testigos del exministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Ambos eran durante la pandemia presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, gobiernos autonómicos que adjudicaron contratos a la empresa epicentro de la presunta trama.

También figuran, entre la lista de más de 75 testigos aceptados, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como exjefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y empresarios, familiares y allegados de los acusados.

Fuentes del entorno del exministro Ábalos señalan que, a su juicio, esta resolución prueba que la decisión de que el asunto fuera a ser juzgado por el Alto Tribunal estaba tomada de antemano a la vista preliminar. Afirman así que haber renunciado antes al escaño tampoco habría servido para trasladar el asunto a la Audiencia Nacional.

Episodios de conjuntivitis, ataques de tos, mucosidades negras y picores son algunos de los síntomas que varios trabajadores de una empresa proveedora de huevos de insectos de Villamalea, en la provincia de Albacete, han denunciado. Lo achacan a la falta de equipos de protección (EPI) adecuados en el tratamiento de los insectos, cuya extracción de excrementos provoca “polvo en suspensión” que “se agarra” a los ojos, las manos y el pelo de los empleados y empleadas.

Algunos trabajadores, que han pedido permanecer en el anonimato por temor a represalias de la empresa, se han puesto en contacto con este medio para hacer pública una situación que consideran “insostenible”.

La empresa es Protiberia, cuya titularidad corresponde a Villa Insect S.L. Dispone de varias naves en el municipio albaceteño y se define como compañía “líder” en el suministro de colonias de huevos de Tenebrio molitor, un coleóptero (escarabajo) conocido como el “gusano de la harina” por su forma larvaria.

El equipo “multidisciplinario” de la empresa trabaja para suministrar estos huevos a granjas de cría, utilizando “materias primas sostenibles y prácticas basadas en la economía circular”.

Este insecto tiene gran contenido proteico, ácidos grasos, fósforo y calcio y es una opción “sostenible, saludable y segura tanto para alimentación humana como animal”. Además, Protiberia promociona el hecho de que el cien por cien de sus componentes se aprovechan y muchos de ellos se utilizan como biofertilizantes naturales o para usos biotecnológicos, farmacéuticos y cosméticos.

Actualmente, el Tenebrio molitor, según ha podido comprobar este medio, está certificado por la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) para el consumo humano y Protiberia destaca que se ha convertido en un “alimento más sostenible” que las fuentes de proteína tradicionales.

La empresa explica en su web que la operación de tratamiento de los insectos se realiza de forma manual y semimanual en muchas instalaciones, aunque actualmente está desarrollando una solución “automatizada”. Este desarrollo está actualmente en “fase de validación técnica y proceso de protección de patente”. Aduce que esta línea de innovación cuenta con el respaldo financiero del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Innova-Adelante 2024.

Pero a pesar de estas bondades, la situación en su planta de Villamalea, donde trabajan alrededor de 25 personas, no parece la ideal, al menos según los testimonios recabados por este medio. Se trata de personas empleadas tanto en el tratamiento manual de los insectos, como en el mantenimiento y la limpieza de las naves.

“No hay equipos de protección. Hemos trabajado con mascarillas quirúrgicas, con guantes de látex y con unas gafas de protección que no sirven para nada cuando haces el cribado, es decir, cuando los pones en el tamiz para filtrar los excrementos. Ahí se produce un polvo que no paras de respirar durante ocho horas. Son partículas en suspensión”, explica una de estas personas.

Los empleados están “continuamente expuestos” a estas partículas. “El primer día que hice esa labor yo ya tenía problemas respiratorios. Hablé con mis compañeros y muchos me contaron lo mismo, que a ellos les había pasado lo mismo”. Relatan así episodios de conjuntivitis, de fatiga o de “respiración asmática”.

En el siguiente vídeo, cedido a este medio por una de las personas empleadas, puede verse cómo es el cribado habitual de los insectos. En este caso, la persona dispone de una bata de manga corta que deja parte del brazo al descubierto. El rostro está cortado por el anonimato que han solicitado, pero ni su mascarilla ni sus gafas, alegan, son las “adecuadas”:

Uno de los trabajadores pone el acento en que no existe actualmente ninguna investigación ni prueba piloto de cómo ese polvo en suspensión derivado del cribado puede afectar a la salud humana. “Es algo tan nuevo que este sector ni lo está analizando”.

“La ropa que tenemos es la misma con la que nos volvemos a casa, no nos han facilitado nunca ropa para cambiarnos allí, ni tampoco duchas”. Tampoco llevan batas especiales, salvo las de manga corta, ni dicen haber recibido indicaciones para evitar los efectos del cribado.

Otro trabajador confirma este testimonio: “Estás comiendo polvo todo el rato”. Detalla que cuando se criban los insectos, se utilizan máquinas vibradoras que hacen que se separen, y que el excremento, que es como un polvo, al vibrar “se levanta por todos lados”. Este empleado afirma que las mascarillas quirúrgicas ya se han sustituido recientemente por las FPP2 (dan más protección) pero resalta que es “insuficiente”. Por ejemplo, la cabeza solo se la cubren con una redecilla, por lo que el pelo se queda lleno de partículas.

No es normal irte a tu casa con toda esa suciedad

Este empleado dice haber constatado que hay gente que “no para de toser” y que algunas veces “necesitamos salir fuera para respirar”. “Te suenas la nariz y los mocos están negros. No me parece normal”. Y pide también trajes y batas especiales de protección, además de duchas y de equipamiento “para no irte a tu casa con toda la suciedad”. O por lo menos, añade, debería haber “sistemas de ventilación o de aspiración del polvo”.  

Hay otra cuestión que, según estos testimonios, también puede afectar a la salud pública: el tratamiento que se hace de los insectos que mueren. “Al final es como una granja y no se les da el tratamiento adecuado”. “Puede haber en torno a 20 o 30 kilos a la semana de bichos muertos”.

Cuentan que, en un principio, la dirección de la empresa quería instalar contenedores fitosanitarios para albergar los insectos muertos y que después otra empresa externa se encargara de gestionarlos. “Pero al final eso no se ha hecho porque costaba mucho dinero. Lo que se hace es congelarlos y después tirarlos a un remolque, que, cuando está lleno, se lleva con un tractor a esparcirlos en el campo de al lado, que es propiedad también de la empresa, y se dejan como abono para labranza”. Es otro de los usos que se da las larvas de estos insectos, como abono agrícola. “Pero queda al aire libre”.

El problema, añade, es que cada vez que el remolque se llena, “eso echa un humo de toda la fermentación que lleva, generando una pestilencia horrible”. Esos insectos y sus residuos, no se entierran ni encapsulan. “Se esparcen en el campo y quedan expuestos a que pájaros u otros animales se los coman o se expongan. Es algo realmente asqueroso y no creo que sea ni adecuado ni bueno para el medio ambiente”.

“Al final, entre unas cosas y otras está todo el mundo bastante quemado. Si no lo dejan es porque muchos son jóvenes, incluso sobrecualificados para el trabajo que hacen, pero no se quieren quedar en paro”.

La situación llegó al punto en que uno de los empleados se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo para denunciarla. En ese documento, al que ha tenido acceso este medio, el empleado relata que la empresa abrió en 2022 con el objetivo de investigar el ciclo reproductivo del Tenebrio molitor y que el fin último es conseguir una producción con la que la empresa sea rentable, mediante la venta del insecto en cualquier fase de su ciclo vital, la producción de abono (a partir de los excrementos) y producción pienso para aves y reptiles.

Detalla que disponen de las siguientes maquinarias para llevar a cabo estas tareas: vibradoras (para cribar insectos) congeladores (para matar o sacrificar) y un microondas industrial (para deshidratar la larva). Pero añade que, no obstante, la empresa no ha invertido dinero en la compra de EPI, ropa de trabajo, lavadoras y aspiradores industriales.

“Los trabajadores que están toda la jornada cribando (separando los tamaños y edades del insecto) se llenan contantemente de los excrementos, que se asemejan a la textura de la arena. Es muy fácil que penetre en orificios del cuerpo (…) No tenemos protección adecuada”. Demanda por todo ello que actúe la Inspección de Trabajo. Por el momento, esta petición no ha obtenido respuesta.

La empresa dice cumplir con la prevención de riesgos laborales

Este medio ha podido comunicarse por escrito con la dirección de la empresa para conocer su valoración sobre estas acusaciones. Afirma que todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud laboral las toman “extremadamente en serio”.

“Cumplimos con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y contamos con protocolos específicos adaptados a nuestros procesos productivos”, añaden fuentes de la compañía.

Según su página web, la empresa fue fundada por cuatro socios unidos “con un conjunto de valores compartidos” y una “diversidad de habilidades” que abarcan la gestión empresarial, la internacionalización, la investigación y la producción agroalimentaria, “nuestra empresa es el reflejo de un equipo 100% comprometido con la creación de un mundo mejor para las futuras generaciones”.

“En Protiberia, creemos firmemente que el mañana se construye hoy, y estamos dedicados a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, concluyen en la web.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en un nuevo informe a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en las adjudicaciones bajo sospecha de contratos de mascarillas, aunque no le atribuye ningún lucro personal. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que el que fuera asesor del Ministerio de Transportes Koldo García facilitó a Pardo de Vera el contacto de uno de los directivos de la empresa de la trama un día antes de que Adif le adjudicara el contrato de mascarillas por valor de 12,5 millones que está bajo sospecha. 

“El Íñigo es el del contrato”, le escribió Koldo García a Pardo de Vera el 26 de marzo de 2020. No obstante, los mensajes intervenidos revelan que la entonces presidenta de Adif no tramitó los detalles legales personalmente, sino que delegó esta tarea en Michaux Miranda, entonces director general de Personas de Adif y también imputado. Miranda fue cesado en agosto de 2024. 

No obstante, Pardo de Vera sí mantuvo una cierta comunicación con Koldo García, al que informó de algunos detalles y con el que se comprometió a hacer las “comprobaciones oportunas”. Según la Guardia Civil, los mensajes intervenidos permiten “inferir” que Koldo García intervino en la selección de esa empresa y que, “a través de Pardo de Vera, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía”.

Una vez que estalló el caso, en septiembre de 2024, Pardo de Vera envió a Miranda el siguiente mensaje: “Michaux, lo tengo claro, por supuesto te derivé esos contactos que me enviaron, y solo espero que se resuelva todo, los medios son pendencieros, pero todo se resolverá, no me cabe duda, aquí me tienes, en cuanto pueda nos vemos, ánimo que esto pasa, no nos merecemos esto”. 

En la querella que dio origen a este caso, la Fiscalía Anticorrupción admitió que el procedimiento de emergencia por la pandemia permitía la contratación directa y que en las adjudicaciones efectuadas no se habían observado “irregularidades significativas”. No obstante, sí advirtió de que el lapso de tiempo entre la publicación de la orden ministerial para adquirir material y la adjudicación fue “prácticamente inexistente” —se produjeron el mismo día—, lo que apuntaba a un acuerdo previo entre la trama y la Administración, que es lo que se está investigando en esta ramificación del caso.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, mantiene imputada a Isabel Pardo de Vera por su presunta participación en el amaño de adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes, donde ella desempeñó los cargos de presidenta de Adif y secretaria de Estado, con posterioridad. A Pardo de Vera se le atribuyen indiciariamente los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. El juez Moreno le retiró el pasaporte el pasado mes de julio tras su declaración como imputada, en la que negó su participación en los hechos. 

La antigua alto cargo de Transportes ya estaba investigada en relación con la contratación de una pareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, en una empresa pública dependiente del departamento. Por este hecho, Pardo de Vera responde de los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Los agentes también apuntan en el oficio que, horas más tarde de declarar como testigo ante la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024, un día después de la detención de Koldo García y otros imputados, Pardo de Vera se puso en contacto con Ábalos y le “facilitó el contacto” de una “abogada especializada en materia penal”.

“No estoy en la investigación que se sepa”, respondió Ábalos “mostrando sorpresa”, a juicio de los agentes. “Espera que le llames, para ti, sí”, le dijo Pardo de Vera. Y llaman la atención sobre que al analizar los dispositivos electrónicos intervenidos a Pardo de Vera, “parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado”.