Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) llega a la redacción de elDiario.es cargada con un portafolios en el que guarda un ordenador donde repasa toda la documentación con la que pretende defenderse de las acusaciones que la señalan como una de las facilitadoras de los desmanes producidos en el ministerio de Transportes en la época en la que lo gobernaban José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, ambos en prisión preventiva.

El contrato a dedo de Jésica Rodríguez, entonces pareja del ministro, para un puesto en Ineco es una de las pruebas de cargo contra esta profesional gallega que sonó para todos los cargos y que ahora ha tenido que cambiar su vida de manera radical. Pardo de Vera asegura que no medió en la llegada de Jésica a la Administración, pero que sí lo hizo en su salida cuando tuvo que llamar al ministro, José Luis Ábalos, para comunicarle que no se la iba a renovar debido al conflicto de intereses existente. Así lo declaró la semana pasada ante los siete jueces del Supremo en el caso mascarillas. Otra causa que se investiga en la Audiencia Nacional mantiene imputada a Pardo de Vera por el supuesto amaño de contratos durante su etapa como presidenta de Adif.

El caso Ábalos la ha expulsado de la Administración, pero también del sector. Tras ser contratada por Florentino Pérez para ACS tuvo que abandonar su puesto para evitar un daño reputacional a la empresa que la acogió tras su salida del Ministerio. Ahora reside en Santiago, donde se emplea como profesora en prácticas de matemáticas en un pequeño colegio concertado del centro de la capital gallega. A su 'vía crucis' se suma el cáncer que le detectaron hace unos años y del que todavía se está recuperando.

¿Ábalos y Koldo le han arruinado la vida?

No creo que mi vida esté arruinada. Este periodo me ha causado un daño enorme, pero espero superarlo. Creo que lo merezco.

Se está usted reinventando como profesora de matemáticas...

Estoy de baja médica por prescripción de mi oncóloga. Durante la baja me he apartado del sector para hacer un máster universitario y ser profesora, ahora estoy haciendo las prácticas. Todo el mundo sabe cuándo empieza una imputación y nunca cuándo acaba un proceso judicial. Y yo necesito trabajar.

Tras su salida de la Administración pública, pasó un tiempo por ACS. ¿Perdió ese trabajo por el proceso judicial en el que está imputada?

Sí, claro. La salida tiene que ver, efectivamente, con la imputación. Primero, con Jésica y, luego, con la imputación en el caso del presunto amaño de obras. Que yo trabajase en el sector implicaría también un daño reputacional a cualquier empresa. Simplemente, es un pacto de no implicar a ninguna empresa en una pérdida reputacional. Es una cuestión de respeto al sector.

¿Nunca fue capaz de intuir que con Koldo y Ábalos algo estaba mal en el funcionamiento del Ministerio?

Lo único que pude intuir es que había una serie de faltas de respeto institucionales que a mí me provocaban muchas incomodidades y situaciones violentas que nada tenían que ver con irregularidades ni ilegalidades. Por supuesto que no. Si no, lo hubiese denunciado.

¿Vio personajes similares a Koldo García cuando trabajó en Adif durante el mandato del Partido Popular?

No, no había. Nunca me había relacionado con un personaje tan singular como Koldo. Yo estuve a cargo de cinco ministros diferentes y no tengo que opinar ni debatir sobre la personalidad o las personas de las que un ministro decide rodearse. Yo iba allí a hacer mi trabajo y a cumplir los objetivos como presidenta de Adif.

¿Soportó comentarios machistas y faltas de respeto por parte de Koldo García?

Tenga usted en cuenta que es un sector absolutamente machista y masculinizado. Yo soy profundamente feminista, llevo trabajando en este sector desde 2001 y, quiera o no, estos sesgos permanecen, han permanecido desde el principio en mi vida, manifestándose de una u otra forma. Yo podría escribir un libro sobre un montón de personajes menos burdos que don Koldo García y muchísimo más refinados a la vista de la sociedad, que son igual de machistas que él.

¿No tiene constancia de que haya facilitado la contratación de Jésica?

En absoluto. No es que no tenga constancia, es que no puedo porque no está en mis competencias favorecer la contratación en una empresa en la que no tengo ningún poder de contratación.

¿Se arrepiente de haber dado traslado de esa petición que le hacían desde el Ministerio a la directora general de Ineco?

A mí me han llegado cientos de currículums y lo único que he hecho siempre es dar traslado a quien tenía la competencia. No en el afán de ejercer una influencia, sino de un modo natural, por si tienen encaje, por si los pueden necesitar, etcétera. Yo no creo que eso sea un tráfico de influencias y menos en este caso donde yo ni siquiera tengo una competencia. Le di traslado a una empresa que nada tiene que ver conmigo.

¿Cuando usted se entera de que Jésica tiene una relación con el ministro le entró preocupación por haber circulado su currículum?

Creo que por mi condición de mujer fui la última en enterarme de que había habido una relación sentimental de esa señora con el ministro. Y eso coincide además con la época final, cuando iba a finalizar el contrato de esa señora en Ineco y actué en consecuencia. Creo que fui la única persona que actuó en consecuencia y me resultó muy violento teniendo que llamar al ministro.

¿Cómo fue esa llamada?

Tres meses antes de que finalizara el contrato, como con cualquier persona de Ineco, avisan. Había posibilidad de renovar o no. Entonces yo, ya sin intermediarios, decido hacer una llamada al ministro y abordar una situación bastante violenta para mí, también como mujer, y porque era el ministro. Le digo que dado que existía esa relación había un conflicto de interés. Le indico que no es posible darle continuidad y que no se va a renovar a alguien que ha mantenido una relación con él.

¿Y él lo asume?

Me dice: “Por supuesto, haz lo que consideres. Lo que tú creas estará bien”.

¿La causa de no renovar el contrato de Jésica era su relación sentimental con Ábalos?

Por supuesto, porque no había ninguna queja.

No iba a trabajar...

Eso nosotros no lo sabíamos. Nadie sabía eso, ni siquiera a efectos de Ineco.

¿Cuando usted conoce la relación sentimental entre el ministro y Jessica es cuando decide no renovar el contrato porque hay un conflicto de intereses?

Cuando yo me entero de eso es cuando yo llamo al ministro y se decide que no se renueva. Evidentemente la ética no permite esa conducta.

Usted dice que no influyó en la contratación de Jessica y, sin embargo, sí que influyó en la no renovación de Jésica...

Efectivamente.

¿Y eso no es una contradicción que el tribunal a lo mejor no acaba de entender muy bien?

Bueno, yo creo que para eso se celebran los juicios y para eso existe el Estado de Derecho, para que todos tengamos la oportunidad de explicarnos.

¿A quién era más difícil decirle que 'no', a Ábalos o a Koldo?

Es que Ábalos nunca me pidió nada, jamás.

¿Y Koldo?

Pues sí, me pidió que estudiase las reclamaciones de unas empresas.

¿Y usted entendía que se lo pedía en nombre del ministro o no?

Siempre lo entendí así. Con Koldo siempre tuve una buena relación, quizás fui excesivamente afable, pero también porque yo tenía que tener acceso al ministro, conseguir llegar a él para cumplir con el plan estratégico de Adif, que era lo que a mí más me importaba.

Dice que en aquel momento usted entendía que Koldo le pedía las cosas que le pedía en nombre del ministro. ¿A día de hoy, con lo que ha aflorado en el juicio, con la nueva información que tiene y lo que usted sabe, sigue pensando lo mismo?

No lo tengo tan claro.

¿Sospechó en algún momento que detrás de ese interés por algunas empresas podía estar el cobro de comisiones ilegales?

Jamás. Nunca. Sobre todo por el tamaño de las empresas. Eran empresas muy pequeñas, normalmente ligadas a la Comunidad Valenciana, que yo no conocía prácticamente porque eran de poca entidad. Claro, a mí me hubiese llamado mucho la atención que me hubiesen pedido por una empresa como Acciona, que ahora está saliendo. Yo diría, pero ¿de qué va una empresa cotizada en el Ibex a ir a hablar con Koldo para pedir algo a Adif?

Tampoco Acciona era la principal adjudicataria de Adif...

No, no, eso se puede comprobar en las curvas de adjudicaciones. Creo en el equilibrio y creo que los procedimientos de Adif son ejemplares. Aquellas eran empresas pequeñas que yo entendía que iban a pedir, que tampoco se sabían mover muy bien o no se sabían muy bien los procedimientos y, a lo mejor, iban a Koldo, que se prestaba mucho a recibir, a actuar...

¿Y pincharon en hueso?

En Adif, pincharon en hueso.

Ha declarado que se encontró unas diez veces con el dueño de Levantina en la sede del Ministerio. ¿Eso no le hizo sospechar de nuevo?

Una vez el ministro me dijo que [ese empresario] era una persona que lo conocía de Valencia y que estaba atravesando un mal momento y era una persona que siempre iba como alma en pena por el Ministerio. Luego decía presentaba un prototipo para afinar el carril. Se quejaba de que le estaba tratando mal Adif y, bueno, pues lo único que hice fue mirar si estaba tratándole mal Adif. Pedí al equipo que lo mirase.

¿Ni siquiera sospechó con Víctor Aldama, que también se encontraba muchas veces en el Ministerio?

Yo le pregunté varias veces al ministro que quién era. Yo no sabía que se llamaba Aldama. A mí me lo presentaron como Gonzalo, Víctor y supe que había celebrado el 60 cumpleaños del ministro en un restaurante que se llamaba Cuatro Torres, que estaba en Castellana. Pensé que era una persona de confianza o bien del partido. Yo siempre pensé que sería amigo, pero siempre le dije al ministro que aunque fuesen amigos, que los amigos no pueden estar en un área privada, en un área noble del Ministerio, porque eso nunca se dio.

¿Cuál fue la respuesta del ministro cuando le dijo eso?

Que “por supuesto”, que este Koldo “hacía unas cosas” y que ya hablaría con él. Fue la última vez que volví a ver Aldama. En el último año, Aldama deja de aparecer, al menos cuando yo estoy. A mí me ha dicho gente que él seguía apareciendo por allí. Puedo comprender que al señor Aldama eso no le haya sentado bien, que le hayan dicho que no apareciese cuando yo estaba por allí. No lo sé.

Ha declarado que solo lo han intentado corromper una vez durante estos tres años con Ábalos y con Koldo...

Sí, pero no en esta etapa. El primer año que entré en Ineco, me llamaron para hacer la dirección de obra de unos tramos. Las obras estaban paradas y había unos problemas serios en las obras. Vinieron los contratistas de esas obras. Yo era bastante joven. Era el año 2007. Se presentó el dueño de esa empresa. Me preguntó si me iba a ir de vacaciones. Me dijo “bueno, pues ya busco yo el mejor hotel, ya busco yo los viajes. ¿Dime dónde te quieres alojar?”. Le eché del despacho y le dije que no volviese, que buscase otro interlocutor para tratar los temas de la obra.

El respeto institucional es una máxima de la Administración pública. La corrupción en el sistema público implica el deterioro total de las instituciones. ¿Cómo una persona que admite dádivas de cualquier tipo de un proveedor puede después exigirle al proveedor, mirándole a la cara, que haga bien una obra o imponerle penalizaciones, etcétera?

¿Es posible que una constructora haya pagado a alguna persona porque se le ha adjudicado una obra sin que haya sido por la influencia de quien cobra la comisión?

Eso puede haber ocurrido. Lo que tengo claro es que, si se demuestra que se han cobrado comisiones por encima de Adif, es porque alguien ha verificado que ha ejercido un tráfico de influencias que es mentira.

¿Sin influir?

Sin influir absolutamente nada, porque los procesos están blindados, por lo menos en Adif.

Cuando a usted la nombran secretaria de Estado en el Ministerio, destituye al director general de Carreteras, que también está imputado por el supuesto amaño de obras. ¿Por qué lo hizo?

Primero porque no tiene nada que ver con mi estilo de gobernanza. Mi estilo es una gobernanza abierta de puertas abiertas, de oxigenación, de toma de decisiones en conjunto, de debate constante, de crítica constante al liderazgo.

¿Cuando llegó a la Secretaría de Estado cambió el modelo de hacer las cosas en esa dirección general?

Sí, en lo que me dio tiempo. Hay que tener en cuenta que a mí, nada más llegar, se me detecta un cáncer y me tengo que someter a una quimioterapia muy fuerte después de la operación, con lo cual tengo el reproche y el sentido de la responsabilidad de que debería haber hecho las cosas mucho más rápido, pero lo hice en la medida que fue posible.

Nos ha contado que era muy complicado amañar una obra por todos los controles que había en Adif, pero en la Dirección General de Carreteras del Ministerio, ¿era más sencillo, había menos controles y barreras?

La Dirección General de Carreteras digamos que todavía no había sufrido una transformación tan grande de la que llevábamos haciendo desde el año 2016 en Adif.

¿Cuando usted cesa a ese director general se encuentra con el reproche de dirigentes socialistas que la llaman para pedirle explicaciones?

Yo lo que le encargo al nuevo director general es que siga con la misión que le he encomendado, que es renovar absolutamente todas las direcciones territoriales.

¿Santos Cerdán le reprochó directamente esos cambios?

Creo que consta en el expediente que me dice: “Habéis cesado al director general de Carreteras” y creo que mi contestación, y consta en el WhatsApp, es: “Sí, consensuado con Moncloa”.

¿Qué encerraba la pregunta de Santos Cerdán?

No lo sé. Yo sé que, efectivamente, el director general de Carreteras hablaba constantemente de su gran amistad con Santos.

Además de los responsables de las empresas que visitaban su Ministerio, ¿aparecían cargos o excargos políticos que se interesaban o hacían parecer que mediaban en algún tipo de trato?

Sí, ha habido excargos políticos ya de tiempo atrás que a veces acompañaban a empresarios en reuniones. Fue una cosa que yo nunca entendí. A lo mejor vendían que esa visita había sido conseguida por ese excargo y realmente conmigo nunca ha pasado eso, porque todas las visitas han sido conseguidas porque había un problema.

¿Nos diría nombres de algunas de estas personas que han aparecido acompañando a empresarios? Y cuando eso sucedía, ¿usted cómo se dirigía a los políticos que se sentaban al lado de los empresarios con los que tenía que tratar cuestiones técnicas?

Preferiría no decir nombres porque seguro que si digo uno se me olvida otro que sería exactamente igual. No son personas con las que me lleve mal y tampoco sé ni cuánto han cobrado ni si uno ha cobrado más o menos, o a lo mejor lo hacían porque eran amigos. Yo no lo sé. Y segundo, yo lo que hacía es hablar con la empresa o hacer un aparte y siempre decirle “sinceramente, conociendo cómo me conocéis, por favor, la próxima vez venid con las personas de vuestra empresa que conozcan el tema, porque vamos a avanzar mucho más y no hacer aquí una relación de cafetillo corto que no vale para nada”.

¿Entendió usted que en algún momento Santos Cerdán pudiera tener intereses económicos, no políticos, sobre esas obras sobre las que preguntaba?

En absoluto. Nunca jamás. No, no, no, no.

¿Qué pensó cuando Pedro Sánchez destituyó a Ábalos como ministro de Transportes?

Pensé que en los últimos meses estaba un poco ausente, digamos. Era muy difícil despachar con él. Y no sé si a lo mejor estaba también ausente en Ferraz, con lo cual yo interpreté que a lo mejor hacía un poco de dejación de funciones. Yo viajaba bastante con él cuando teníamos que hacer presencia territorial. Lo notaba muy cansado, nada más. Yo tenía muy buena relación con el ministro y le tenía un enorme respeto.

Su nombre sonaba con alta proyección, que si una cartera ministerial, que si candidata en las elecciones gallegas. ¿Le pudo a usted la ambición para no ver las cosas que estaban pasando, los empresarios por los pasillos del Ministerio...?

Yo no concibo la ambición. Es decir, no concibo el poder si no sirve para transformar algo. Estar en lo público no es para enriquecerse, eso lo sabemos todos. En ningún momento creo que me haya superado la ambición, todo lo contrario. Creo que nos hemos aguantado muchas veces para sacar adelante un proyecto, a pesar de que bastantes veces nos han vapuleado y nos han dado muchas veces incluso en nuestro honor. Creo que el proyecto merecía la pena.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al instructor del caso Mascarillas de la Audiencia Nacional un nuevo informe, esta vez relativo a los contratos que logró cerrar en 2020 la presunta trama con Baleares, en el que se concluye que Koldo García tuvo un papel protagónico en ese contacto. Gracias a su gestión, la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presunta trama, vendió mascarillas y PCRs al Govern presidido entonces por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso.

“Buenos días, presidenta ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil, soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos, si puede por favor me llama cuando pueda gracias”. Éste mensaje de 'wasap' es de 25 de abril de 2020 y la UCO indica que es el primer contacto detectado entre Koldo García y Armengol.

A continuación, los agentes indican que desconocen si se produjo esa llamada pero ese mismo día Manuel Palomino, director de Gestión del Servicio de Salud de Balares, envió al asesor ministerial un mensaje en el que le informaba de que le habían dado su contacto y que querían adquirir un millón de mascarillas FFP2 a un precio de 2,50 euros. Diez minutos más tarde, el comisionista Víctor de Aldama ya compartía con su entorno el contacto de Palomino.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, se recuerda que con motivo de la pandemia de Covid-19 la Administración Balear realizó numerosas contrataciones de material médico, entre ellas, la de 8 de mayo de 2020 con Soluciones de Gestión por importe de 3,7 millones, más otra de 19 de junio de 2020 por importe de 57.700 euros. A esto se sumó la compra de pruebas de diagnóstico para el Covid-19 (PCR) a la empresa MEGALAB S.A, vinculada a Aldama, por importe de 1,1 millones de euros.

La UCO recuerda que en el contexto en el que se suceden estas adjudicaciones públicas, el asesor “habría percibido pagos en metálico por valor de 10.000 euros de manera mensual” pagados por el comisionista Víctor de Aldama. Indica, además, que el comisionista estuvo muy pendiente del encargo balear haciendo consultas recurrentes al administrador de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, y mostrando su preocupación porque el material llegara en los plazos marcados. «Tienen que ir sí o sí y si no llamará al chiquitín», recogen que indicó el empresario pudiéndose referir a Koldo García.

El informe recoge más conversaciones de Koldo García con Armengol, todas relacionadas con la pandemia. En un momento dado, el 26 de abril de 2020, la expresidenta balear le pregunta si podría conocer a alguien que vendiera mascarillas infantiles, a lo que el asesor responde con un escueto “te lo arreglo”. Ese mismo día valoraba que “para niños será casi regalado” porque “nadie va a querer hacer negocio con eso”.

En otro momento, en junio de 2020 Koldo García también habría intecedido ante Ábalos por petición de Armengol para que se solucionara un problema relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros a las islas.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril se leyó en el juicio que se celebra en el Supremo por el caso Mascarillas el informe redactado por Armengol informado en calidad de testigo que, si bien no recuerda las conversaciones que mantuvo con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en abril de 2020 para la adquisición de material sanitario, sí que puede afirmar “con seguridad” que cualquier gestión la habría derivado al órgano de contratación correspondiente. En este sentido, indicó que, si bien no descarta que se cruzara wasaps con Koldo García, no alberga dudas de que nunca lo hizo para hablar sobre expedientes de contratación.

Armengol aseveró también que “nunca” habló en esa etapa en la que estaba al frente de la presidencia de Baleares con el exministro José Luis Ábalos sobre esos temas, solo por el cierre de puertos y aeropuertos, ni con el empresario Víctor de Aldama. Y recordó que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión estaban a un precio razonable en un mercado roto. “Nunca recibí orden o presión para contratar con nadie y no tuve conocimiento de que otros tuvieran presiones para contratar con determinados proveedores”,sentenció.

República Dominicana

Los agentes destacan particularmente las actuaciones concretas solicitadas por el comisionista a Koldo García, que irían desde los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración balear, a la certificación del propio material, y el cobro por parte de Soluciones de Gestión. Indican que el flujo de información demuestra que “no sólo la influencia de De Aldama en el Ministerio de Transportes sino también en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos”.

El informe también apunta a que Aldama trató de utilizar la influencia de Koldo García y del entonces ministro José Luis Ábalos para expandir sus negocios vinculados a la pandemia en la República Dominicana. Los investigadores se basan, para ello, en una serie de mensajes intercambiados entre ambos.

Según esas comunicaciones, Aldama facilitó a Koldo García el número de teléfono personal del presidente de la República Dominicana para organizar una llamada telefónica en la que interviniera el ministro Ábalos para impulsar la entrada de sus empresas en el país. Ante la demora en la gestión, Aldama presionó e instó a Koldo enviándole el siguiente mensaje: “Llamar (sic) al Puto presidente de RD [Repúbloca Dominicana] que tenéis allí a una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más”. Unos días después, Koldo le confirmó que la llamada finalmente se había realizado. 

El informe recoge que, cuatro meses después, un socio de Aldama contactó directamente a través de WhatsApp con el presidente dominicano. En su mensaje, se presentó indicando que su contacto se lo había facilitado “Koldo García, asesor de ministro de fomento de España el SR. Abalos (sic)”. Y le ofreció los servicios de su laboratorio para realizar pruebas de detección de COVID-19 en los aeropuertos y el abastecimiento de maquinaria. Según la UCO, Aldama sí logró establecer una “relación contractual” con la República Dominicana para prestarles dichos servicios.

Patricia Uriz, que se ha presentado ante el Tribunal Supremo como expareja de Koldo García, ha decidido sólo responder a preguntas de su abogada para indicar que no reconoce los mensajes de wasap en los que hablaba de chistorras, lechugas y soles para hablar de dinero en efectivo. Además, ha subrayado que el dinero recibido desde la sede del PSOE en Ferraz se correspondía con gastos adelantados por Koldo García y por el exministro José Luis Ábalos y siempre iban contra recibo porque el partido en eso era “muy rígido”.

En esta cuarta sesión del juicio que se celebra en el Alto Tribunal por el caso Mascarillas, la mayoría de los testigos relevantes se han acogido a su derecho a no declarar por estar investigados en causas abiertas en la Audiencia Nacional, ha sido el caso del empresario Claudio Rivas. Así, el plato fuerte de la jornada ha sido finalmente Uriz, que ha llegado ataviada con peluca, pañuelo y gafas de sol para no ser reconocida por los medios a la entrada y que no ha sido enfocada ni por la cámara del directo de la Sala del Plenario. Cámara, habilitada para que los periodistas puedan seguir las sesiones desde una sala contigua.

Su interrogatorio, de aproximadamente una hora, se ha dirigido a desmentir punto por punto aseveraciones tanto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como de la Fiscalía, y a denunciar que a fecha de hoy no ha podido tener acceso a sus dispositivos móviles para armar su propia defensa ante la Audiencia Nacional.

Sobre esos mensajes en los que participaba junto a su entonces pareja y en los que según la UCO se hablaba de efectivo que la trama pudo recibir como contraprestación a esos contratos de mascarillas, ha declarado que tras verlos en los informes no se reconoce y “no encajan” con su manera de escribir o hablar. Además, entiende que dado que se mandaba más de 200 mensajes diarios con Koldo García, “puede faltar algo” de la conversación que los descontextualice. “Además, tenía dos móviles Koldo, y era complicado seguir las conversaciones”, ha añadido.

En este sentido, ha recordado que ella trabajaba como secretaria para el Ministerio de Transportes en la época en la que estuvo al frente del mismo Ábalos, y que se encargaba tanto de los gastos domésticos como de los que realizaba Koldo García. En esa segunda partida ha incluido gastos del propio ministro que adelantaba el asesor. Y ha puesto como ejemplo que llegó a pagar la pensión del hijo de Ábalos porque a la entonces mujer de éste, Carolina Perles, “no le hacía gracia” que se abonaran esas partidas.

Dos sobres: Ministerio y Ferraz

Además, Uriz ha sido preguntada por si entre esos gastos que ella controlaba había alguno referido a dietas del propio Koldo García relacionadas con sus labores para la formación socialista. Ella ha comentado que su entonces pareja hacía muchas horas extras, muchos viajes y, por tanto, pasaba gastos que eran abonados por el PSOE. “Pasaba comidas, gasolina, cafés, viajes, hoteles”, ha recordado, para subrayar que los distinguía de los gastos generados por su actividad del Ministerio y que separaba ambas partidas en dos sobres.

Sobre la mecánica de devolución de esos importes adelantados, ha señalado que entre ella y Koldo García rellenaban una hoja de gastos del partido a la que sumaban los tiques, y que una vez entregados eran cobrados en dinero en efectivo que era entregado en un sobre. Ha recordado que ella mismo pasó alguna vez a recoger esas cantidades, tal y como se incluye en un informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos. Y ha matizado que el Ministerio siempre o casi siempre abonaba gastos por transferencia.

Por otro lado, ha explicado que también se encargó de comprar el tabaco para el exministro, de llevarle trajes a la tintorería, de reservar viajes (“buscaba siempre el más económico”) o de asuntos más personales como elegir regalos para amigas de Ábalos. “¿Esto de adelantar gastos era tónica habitual con el exministro?”, le ha preguntado la abogada Leticia de la Hoz, a lo que ha respondido con un tajante “sí” para posteriormente matizar que si bien la pareja adelantaba ese tipo de compras no siempre llegó a cobrar de Ábalos por ello.

Más allá de esto, ha negado que recibieran dinero en efectivo de Víctor de Aldama, el comisionista encausado como supuesto corruptor del exministro, y ha defendido la legalidad del alquiler de un chalé denominado Villa Parra que la investigación traduce como una posible dádiva que recibió el exministro a cambio de emitir una nota de prensa en la que su ministerio apoyaba el rescate de Air Europa. Uriz ha dicho al respecto que ella se encargó de firmar ese alquiler y que si bien entre Koldo y ella adelantaron parte del pago, Ábalos no les reembolsó esa cantidad. De hecho ha comentado que tuvo una discusión al respecto con el propio Koldo.

El patrimonio

El interrogatorio se ha adentrado entonces en el patrimonio de Uriz con el objetivo de echar por tierra la tesis de la UCO de que la pareja incrementó el mismo en los años de la pandemia fruto de esas comisiones por dar a Soluciones de Gestión los contratos para la adquisición de mascarillas. Ella ha sostenido que de los más de 20.000 euros encontrados en el registro del domicilio de ambos, 13.000 eran ahorros suyos, y ha apuntado que nunca mezcló patrimonio con Koldo García, con el que comparte una hija.

Además, ha combatido la aseveración de los investigadores de que adquirieron una vivienda en Benidorm (Alicante) sin hipoteca, indicando que sí que hubo tal pero que se vinculó a su piso de Huarte (Navarra). Y ha añadido que se puso otro inmueble a nombre de su hija, menor de edad, porque Koldo García no quería que en un futuro entrara en el reparto de su herencia para que no pudiera reclamarla otro hijo previo con el que no tiene relación.

Por último, ha salido a colación de nuevo el nombre de la expareja de Ábalos, Jésica García. Uriz ha recordado que la conoció como “amiga de Aldama” -misma tesis que la sostenida por el hermano de Koldo García, Joseba García-. Además, ha comentado que nunca supo nada de quién pagaba el alquiler del piso en el que residía en Plaza de España y que cuando se refirió en un mensaje a “Puta 1” no era por ella sino por Perles, la exmujer de Ábalos.

Los jueces del Tribunal Supremo que juzgan al exministro José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas han escuchado en esta primera sesión a uno de sus hijos, Víctor Ábalos. Durante el interrogatorio, ha negado ser el “custodio” del dinero que la trama puso supuestamente a disposición de su padre, tal y como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Le he ido facilitando a mi padre dinero cuando lo ha necesitado. Mi padre nunca ha necesitado ayuda, pero cuando se divorció su situación cambia. Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria”, ha aseverado.

La investigación ha acreditado que entre 2022 y 2024, transfirió 23.379,10 euros a las cuentas de su padre. Ante el tribunal, Víctor Ábalos ha afirmado que la mayor parte de ese dinero —20.000 euros— fue un “préstamo personal, con trazabilidad bancaria y con un contrato elevado a público”. “Nada opaco”, ha insistido. Además, una de sus sociedades pagó a su padre entre 2021 y 2022 32.640 euros en concepto de alquiler por una vivienda en Madrid, tal y como ha reconocido ante el tribunal.

Víctor Ábalos también ha negado que empleara líneas seguras para sus comunicaciones con Koldo García, a las se referirían utilizando la palabra clave “café”. El testigo ha dicho que cuando pronunciaban esa palabra se referían al “café” que él traía de Colombia, donde desempeñaba su trayectoria profesional.

El hijo del exministro se ha referido, asimismo, al lujoso piso situado en el Paseo de la Castellana de Madrid que, según Aldama, era una garantía para su padre en el caso de que fallaran las mordidas pactadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

La vivienda, propiedad de Aldama, estaba valorada en 1,9 millones de euros, pero el comisionista firmó con el exministro un contrato de alquiler con derecho a compra que fijaba una renta anual de 30.000 euros y un precio de adquisición de 750.000 euros. Durante la investigación, el exministro ha defendido que ni ocupó el inmueble ni pagó renta alguna precisamente porque el inmueble estaba ocupado. Es la misma versión que ha mantenido este martes su hijo, que ha mantenido que se trató de una “estafa”.

Otro de los testigos de la primera sesión ha sido Joseba García, hermano de Koldo García, se ha acogido a su derecho a no responder a preguntas de Fiscalía al constar como investigado por la Audiencia Nacional, sí que ha respondido a preguntas de su abogada. En un largo interrogatorio ha explicado que si bien él no era jefe en Ineco de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos que fue contratada en dos empresas públicas gracias a la intermediación del exministro, sí que eran “buenos compañeros” y que le constaba que ella sí que trabajó porque se cruzaron mensajes sobre la carga de trabajo que tenían.

Su versión contradice a la de la mujer, que en su declaración durante la investigación reconoció que había cobrado un sueldo de dos empresas públicas a pesar de que nunca acudió a su puesto de trabajo ni realizó actividad laboral alguna, salvo un curso inicial de riesgos laborales. Y que, a pesar de ello, cobró más de 43.000 euros en salarios públicos. 

Además, Joseba García ha indicado que la ayudaba con trámites administrativos como rellenar partes, anotar sus días de vacaciones, el uso de cheques gourmet y que, incluso, le hizo favores personales como cuidarle el gato cuando ella estaba de viaje. Además ha comentado que, contrariamente a lo que sostuvo en instrucción Aldama, el comisionista sí que conoció a la entonces pareja de Ábalos porque les vio en dos ocasiones juntos y que, de hecho, él mismo recibió un sobre con 400 euros de manos del empresario para que se los diera a Jésica Rodríguez.

Más allá de esto, sobre los dos viajes a Republicana Dominicana que realizó y que constan en la causa como supuestos viajes relámpagos para recibir dinero de empresas vinculadas a Aldama, Joseba García ha reconocido que, si bien él viajó para conocer a la que es ahora su pareja y por atar un negocio relacionado con la pitaya, también le hizo el favor a Aldama de recoger un sobre en el que él creía que había documentación.

Esto lo llegó a hacer en dos ocasiones. En cuanto al viaje de Benidorm a Valencia en el que fue interceptado por la Guardia Civil cuando portaba un sobre para el exministro Ábalos, Joseba García ha explicado que si bien no estuvo presente en el registro de la furgoneta que conducía, cuando le devolvieron las llaves sí que pudo constatar que el sobre que llevaba a nombre del exministro había sido abierto.

A preguntas de la defensa de Koldo García, su hermano también ha tratado de justificar el incremento en su patrimonio sin justificar que reflejan los informes de la UCO. Ha insistido en que ese incremento se debe a su empleo —cobraba 70.000 euros al año—, a una pensión, una indemnización por accidente y algunas operaciones inmobiliarias que llevó a cabo hipotecándose.

Joseba García también ha admitido que acudió hasta en dos ocasiones a la sede federal del PSOE en Madrid a recoger sobres con dinero procedentes de las liquidaciones de gastos que su hermano y José Luis Ábalos, que en ese momento era Secretario de Organización, pasaban al partido.

Según su relato, allí se encontraba con la trabajadora del PSOE Celia Rodríguez quien le facilitaba los sobres. Supo que era dinero porque ella cerraba los sobres delante de él antes de entregárselos. No obstante, Joseba García no ha especificado de qué cuantía eran los billetes. “Yo no abro los sobres de nadie. Los cojo y creo que se los entregué a Patricia [Uriz]”, ha afirmado. En ese momento, Patricia Uriz era secretaria de Ábalos en el Ministerio.

El Tribunal Supremo acoge a partir de este 7 de abril el juicio al mayor caso de corrupción que afecta al actual Gobierno: una presunta organización criminal con origen en el Ministerio de Transportes y que aprovechó la crisis del coronavirus para lucrarse. Casi una década después de conocerse durante las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la dirección del PSOE, el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha, Koldo García, se sientan en el banquillo junto al empresario Víctor de Aldama, considerado el “nexo corruptor”.

Tres años de investigación han sacado a la luz la existencia de supuestos sobornos sistemáticos, adjudicaciones de contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros a cambio de mordidas y un presunto tráfico de influencias para colocar a la pareja de Ábalos en empresas públicas y sufragarle un alquiler de 2.700 euros mensuales. El final de esta etapa de impunidad comenzó a dibujarse en 2022 con una denuncia impulsada por el Partido Popular y que posteriormente dio paso a una investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil, culminada con la detención de Koldo García en febrero de 2024.

Las pruebas incautadas y la confesión de Aldama —quien admitió haber pagado 350.000 euros en mordidas a Ábalos y Koldo y otras prebendas— estrecharon el cerco sobre el exministro. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que alcanzan los 24 años de cárcel para Ábalos por delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Para el exasesor, la petición es de 19 años y medio. Ambos están en prisión provisional desde el pasado noviembre e irán cada día a la vista en furgón policial. El juicio se prolongará durante cuatro semanas y comparecerán un centenar de personas entre acusados, testigos y peritos. 

22 de mayo de 2017

Ábalos, clave en las primarias del PSOE

José Luis Ábalos es uno de los coordinadores de las primarias que Pedro Sánchez gana a Susana Díaz y Patxi López. El nuevo líder del PSOE lo nombra Secretario de Organización, su 'número dos'. En esa campaña, Ábalos había conocido en Navarra a Koldo García.

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Ábalos, clave en las primarias del PSOE

25 de octubre de 2017

Ábalos contrata a Koldo García como chófer

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Koldo García se traslada a Madrid para ejercer de chófer de Ábalos en su nueva labor como Secretario de Organización. Es Santos Cerdán, también recién nombrado Secretario de Coordinación Territorial, quien se lo recomienda.

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Ábalos contrata a Koldo García como chófer

1 de junio de 2018

Ábalos defiende la moción de censura

Ábalos interviene en el Congreso en la moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez como candidato. "Crearon con su particular uso del poder un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas", criticó Ábalos.

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Ábalos defiende la moción de censura

7 de junio de 2018

Ábalos es nombrado ministro de Fomento

Pedro Sánchez nombra a Ábalos ministro de Fomento. Tras haber establecido una relación de confianza durante la etapa en la que Koldo García fue su chófer, Ábalos lo nombra asesor.

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Ábalos es nombrado ministro de Fomento

31 de agosto de 2018

"Lo tienes a huevo para hacer cosas"

La relación que vertebra la trama nace a finales del verano de 2018. El empresario Víctor de Aldama conoce a Ábalos y Koldo García gracias a su hermano Rubén, que ejercía como escolta del ministro. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", le escribe Rubén a Víctor en un mensaje.

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"Lo tienes a huevo para hacer cosas"

4 de febrero de 2019

Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México

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Anticorrupción considera que este viaje es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. El viaje tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en México. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

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Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México

1 de marzo de 2019

Ábalos coloca a su pareja en Ineco

Koldo García presiona a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que contrate a Jéssica Rodríguez en la empresa pública Ineco. Le ordena iniciar los trámites y le advierte: "Si no José me corta los huevos". En su declaración en el Supremo, la mujer admitió que cobró sin ir a trabajar.

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Ábalos coloca a su pareja en Ineco

28 de marzo de 2019

Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos

La empresa de un socio de Aldama firma el contrato de arrendamiento de un piso en el que residía Jéssica Rodríguez. El alquiler es de 2.700 euros al mes. El empresario paga esa renta hasta septiembre de 2021. Un total de 82.298,40 euros.

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Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos

18 de octubre de 2019

La primera mordida: "Grandu 11500"

La capacidad de influencia de Aldama se sustentaba en el pago de sobornos a Koldo, a quien apodaba "Grandullón". La primera evidencia de esta "nómina" mensual de 10.000 euros en efectivo queda registrada en una nota creada por Aldama en su teléfono móvil, donde incluye el apunte: "Grandu 11500".

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La primera mordida: "Grandu 11500"

21 de marzo de 2020

Primer contrato de mascarillas

Al estallar la pandemia, una empresa vinculada a Aldama resulta adjudicataria de cinco contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros. Dos de esos contratos los formalizan empresas dependientes del Ministerio de Transportes.

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Primer contrato de mascarillas

8 de agosto de 2020

La nota de prensa sobre el rescate

El Ministerio de Transportes muestra en una nota de prensa el apoyo del Gobierno al rescate de Air Europa por la pandemia. Un día antes, Koldo García había enviado ese texto a Aldama, que lo remitió al CEO de la aerolínea para "tranquilizar a sus acreedores".

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La nota de prensa sobre el rescate

14 de agosto de 2020

"Esto sale gratis por las molestias generadas"

La Fiscalía sostiene que Aldama pagó durante una semana el alquiler de un chalet en Marbella para Ábalos como contrapartida por la publicación de una nota de prensa apoyando el rescate de Air Europa, donde el empresario era consejero. "Esto sale gratis por las molestias generadas", le escribió Koldo García a Ábalos junto a una foto del chalé.

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"Esto sale gratis por las molestias generadas"

10 de junio de 2021

Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz

Aldama recurre a Claudio Rivas y su red de hidrocarburos para comprar el chalet de lujo en La Alcaidesa, en Cádiz. A cambio, ambos pretendían recibir una licencia para la venta de combustible con la empresa Villafuel. La Guardia Civil cree que hay "múltiples evidencias" de que Ábalos hizo un "uso real" de ese chalé. Koldo García le envía a Ábalos el anuncio del chalé.

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Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz

10 de julio de 2021

Sánchez cesa a Ábalos como ministro

El presidente cesa de manera fulminante a Ábalos. Koldo García sale del Ministerio inmediatamente después. Pedro Sánchez nunca ha explicado los motivos de la destitución. Días después, Ábalos dimite como Secretario de Organización del PSOE y le sustituye Santos Cerdán.

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Sánchez cesa a Ábalos como ministro

9 de diciembre de 2021

Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel

Once meses después de registrar la solicitud, el Ministerio de Transición Ecológica rechaza la licencia de operadora a Villafuel. En represalia, la sociedad dueña del chalet envía un burofax a Ábalos reclamándole las rentas de alquiler impagadas de agosto a noviembre.

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Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel

10 de marzo de 2022

Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas

Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, presenta una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que apunta a posibles irregularidades en doce contratos de material sanitario formalizados por la Administración General del Estado.

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Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas

22 de abril de 2022

La Fiscalía empieza a investigar

La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia presentada por el PP de Madrid. Anticorrupción investiga durante más de un año y acaba presentando una denuncia en la Audiencia Nacional el 6 de septiembre de 2023.

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La Fiscalía empieza a investigar

21 de febrero de 2024

La UCO detiene a Koldo García

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La UCO detiene a Aldama, Koldo García y otros implicados. En casa del exasesor, los agentes se incautan de tres móviles y una grabadora que son fundamentales para la investigación porque contienen las grabaciones secretas a Ábalos y Santos Cerdán.

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La UCO detiene a Koldo García

23 de octubre de 2024

El cerco se estrecha sobre el exministro

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pide al Supremo que investigue a Ábalos por su "papel principal" en el caso. Al ser diputado, solo puede ser investigado por el alto tribunal.

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El cerco se estrecha sobre el exministro

21 de noviembre de 2024

Aldama confiesa y sale de la cárcel

Aldama, que está en prisión provisional por el caso de los hidrocarburos, pide declarar ante el juez de forma voluntaria y afirma que pagó 250.000 euros en comisiones a Ábalos y 100.000 a Koldo García. La confesión le sirve para salir de prisión.

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Aldama confiesa y sale de la cárcel

12 de diciembre de 2024

Ábalos declara por primera vez en el Supremo

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Ábalos se sienta por primera vez delante de un juez para dar explicaciones. Durante tres horas, trata de rebatir los indicios que le acorralan. Afirma que "nunca" cobró comisiones.

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Ábalos declara por primera vez en el Supremo

3 de noviembre de 2025

El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo

Tras un año de investigación, el juez cierra la instrucción y propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por los contratos de mascarillas. Les atribuye delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

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El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo

19 de noviembre de 2025

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. El fiscal Alejandro Luzón valora la "información relevante" aportada por Aldama, para el que rebaja su petición a siete años de prisión. Defiende que los tres formaron una "organización criminal" para lucrarse con contratos públicos.

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La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos

27 de noviembre de 2025

Ábalos y Koldo García entran en prisión

El juez envía a prisión provisional a Ábalos y Koldo García dado el "extremo" riesgo de fuga. La Fiscalía lo había solicitado al apreciar la posibilidad de que decidieran escapar a la acción de la Justicia por las elevadas condenas de cárcel a las que se exponen.

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Ábalos y Koldo García entran en prisión

7 de abril de 2026

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo acoge el primer juicio por un caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La vista oral se prolongará hasta final de mes y testificarán decenas de testigos. El 28 de abril declararán Ábalos, Koldo García y Aldama.

7 de abril de 2026

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo

Marzo de 2020. España afronta la peor crisis sanitaria en más de un siglo. La población está confinada en sus hogares, los hospitales colapsados y la economía prácticamente paralizada. En algunas jornadas, la cifra de muertos supera el millar. Es el escenario en el que algunos empresarios y gestores sin escrúpulos se sirven de la virulencia del virus para hacerse (más) ricos. El levantamiento de los controles para asegurar el acceso a la red global de suministros y el gran volumen de dinero público que las administraciones destinan a la compra de material sanitario salvan vidas pero, a la vez, enriquece a unos pocos.

Uno de esos empresarios es Víctor de Aldama, un desconocido hombre de negocios que, para entonces, llevaba más de un año pagando supuestamente un sueldo en efectivo de 10.000 euros al mes a Koldo García, el todopoderoso asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos. También había abonado durante meses un alquiler de lujo a la pareja de este último. La Guardia Civil ha definido esos pagos como una suerte de “nómina” que le permitía pedir favores y asegurarse un trato preferente en un Ministerio que manejaba un presupuesto anual de más de 10.000 millones de euros y en otros departamentos de la Administración.

De esta manera, cuando llegó la pandemia Aldama llevaba meses engrasando la maquinaria de la corrupción. Aprovechando ese acceso directo a Ábalos y Koldo García, obtuvo información privilegiada sobre la necesidad de adquirir equipos de protección. Supo de esa urgencia cuando la oferta todavía no se había hecho pública, lo que le permitió “adelantarse a posibles competidores y asegurar la perfección del contrato”, según reconoce él mismo en el escrito de defensa que consta en el sumario que empieza esta semana en el Tribunal Supremo. 

En la crisis del coronavirus se autorizó la contratación de productos sanitarios mediante un procedimiento de emergencia sin concurrencia de ofertas, sin límite de precios y sin acreditación de solvencia o de experiencia en el sector. Todos los controles saltaron por los aires. La urgencia alimentó el pillaje porque esa ausencia de reglas hizo que casi todo estuviera permitido. 

La propia Fiscalía Anticorrupción admitió en la querella que dio origen al caso que no hubo amaño en los contratos de mascarillas que adjudicaron entes dependientes del Ministerio de Transportes. De hecho, Puertos del Estado y Adif pagaron las mascarillas a 2,5 euros la unidad, cuando la media del mercado en aquel momento crítico alcanzó los 3,38 euros y hubo administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, que las pagaron a 6,6 euros. 

Sin embargo, el de Ábalos, Koldo García y Aldama es el primer gran caso conocido donde hay indicios de que una parte del pelotazo acabó en manos de responsables de la Administración que licitó el contrato. Y ahí está la clave de su camino al banquillo. Aldama se embolsó más de 3,7 millones de euros en apenas unos días gracias a su labor de intermediación en esos contratos. Además de las prebendas previas y posteriores, asegura que también repartió con el exministro y su asesor parte del botín. En sede judicial afirmó que, “como consecuencia del negocio de las mascarillas”, le entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García. 

Ambos niegan haber cobrado ninguna mordida, aunque la investigación detectó un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes de la Guardia Civil encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Ante el juez, el ex asesor defendió que tener cantidades de dinero en casa era una “costumbre” que había heredado de sus padres.

Respecto a Ábalos, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar. Ha habido también otras llamativas revelaciones, como el hecho de que entre 2018 y 2023 “desaparecieran” las retiradas en efectivo de sus cuentas al tiempo que se registraba “un aumento significativo de los ingresos en metálico”. Es un “patrón” que cambió a partir de 2024, con el estallido del caso y la detención de Koldo García. 

“Me pedían por todo”

“Si usted sostiene que la mejor oferta [para los contratos de mascarillas] era la suya, ¿para qué era necesario ofrecer una comisión tan significativa?”, le preguntó a Aldama el instructor del caso en el Tribunal Supremo. “Le voy a contestar algo muy sencillo: porque me pedían por todo”, respondió el comisionista, que insistió en que él estaba convencido de que si no hubiera pagado esas comisiones no se habrían firmado los contratos que le permitieron enriquecerse en plena pandemia. 

Aldama era un comisionista, no tenía una estructura propia con la que hacer frente a esas adjudicaciones millonarias. Así que activó a otros empresarios para conseguirla. Entre ellos, Juan Carlos Cueto, que aportó los fondos para poder optar a la oferta y comprar las mascarillas a través de su empresa Soluciones de Gestión; e Israel Pilar, que buscó proveedores en China. Ambos están imputados en la Audiencia Nacional. Parte de la logística del transporte recayó en la flota de Air Europa, donde Aldama era consejero de su matriz, Globalia, a razón de 12.100 euros al mes. 

El control que la trama ejercía sobre el Ministerio quedó patente el 20 de marzo de 2020, según ha acreditado una investigación que se ha alargado durante más de tres años. Puertos del Estado, empresa pública dependiente del Ministerio, pretendía comprar cuatro millones de mascarillas, pero se duplicó en solo 38 minutos hasta los ocho millones por “imposición” de Aldama y con el visto bueno de Ábalos, según la Fiscalía Anticorrupción. Al día siguiente, Soluciones de Gestión se llevó este contrato de Puertos del Estado por 24,2 millones de euros.

En su declaración en el Supremo, Aldama afirmó que había pedido ayuda a Koldo García después de que Correos le hubiera dejado 'colgado' con cuatro millones en mascarillas que ya tenía supuestamente apalabradas. “Le dije a Koldo que nos íbamos a comer esas mascarillas. Él me dijo que qué necesitaba. Le dije que duplicar el contrato y me respondió que no había problema. Al rato me llamó y estaba solucionado”, afirmó. Ábalos y Koldo García se han desvinculado de los pormenores de ese contrato, aunque alguno de los hallazgos que constan en el sumario ponen en entredicho su versión, como el hecho de que se duplicara el importe de un contrato de esa magnitud en apenas unos minutos.

Este aumento repentino del volumen del contrato fue uno de los aspectos sobre los que puso el foco la auditoría que realizó el actual equipo del Ministerio de Transportes y que se acabó llevando por delante a los últimos cargos señalados en la investigación que todavía formaban parte del gabinete, Jesús Manuel Gómez y Michaux Miranda. Ambos están también imputados en la Audiencia Nacional y están citados a declarar como testigos en el juicio. 

Presión sobre los funcionarios

Pocos días después del contrato de Puertos del Estado, la trama logró adjudicarse otro contrato con el gestor ferroviario Adif por cinco millones de mascarillas (12,5 millones de euros) a pesar de que la empresa aún no había entregado el material del primer pedido en el plazo acordado y existían ofertas más baratas. Otras empresas ofrecían en esos mismos días las mascarillas a 2,10 o 2,02 euros, pero el gestor ferroviario las acabó pagando a 2,50 la unidad. Cada una de esas mascarillas cuesta ahora 30 céntimos. 

El sumario recoge otros ejemplos de cómo Koldo García se involucró en los contratos. El 26 de marzo de 2020, horas antes de que Adif firmara su contrato, Koldo ya le había escrito a su presidenta, Isabel Pardo de Vera, dándole el número del administrador de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama y ordenándole: “El Íñigo es el del contrato (sic)”. Se refería a Íñigo Rotaeche, administrador de la sociedad y también imputado en la Audiencia Nacional. Además, cuando surgieron problemas en la ejecución del contrato de Puertos del Estado y el presidente del ente público se planteó resolverlo, el asesor intervino para “desbloquear la situación”. Según la UCO, Koldo García ejercía una enorme presión sobre los funcionarios y actuaba siempre de manera “muy insistente” en nombre del ministro. 

El éxito en Transportes sirvió de salvoconducto para que Soluciones de Gestión lograra adjudicaciones en el Ministerio del Interior (3,4 millones) y los gobiernos de Canarias (12,2 millones) y Baleares (3,7 millones). Los entonces presidentes de estas dos comunidades, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, declararán como testigos por escrito en el juicio. La investigación nunca se ha dirigido contra ellos porque no ha aflorado indicio alguno de que cobraran mordidas por las adjudicaciones. 

Seis años después de la pandemia, el almacén del Ministerio de Transportes acumula todavía centenares de cajas con más 230.000 mascarillas que llegaron desde China en aquellos días frenéticos y que permitieron que unos pocos hicieran un suculento negocio. El Tribunal Supremo enjuiciará a partir del próximo 7 de abril a los protagonistas de un caso que llevó la corrupción al corazón del Gobierno de Pedro Sánchez y que evidencia cómo la ausencia de reglas y controles durante la pandemia permitió que el pillaje se colara en las entrañas de la Administración. 

El Tribunal Supremo rechaza el último intento del exministro socialista José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García para tratar de aplazar su primer juicio por corrupción, que se celebrará finalmente a partir del próximo 7 de abril en el Alto Tribunal.

La Sala de lo Penal desestima la mayoría de las alegaciones formuladas por sus defensas en la audiencia preliminar y acuerda que la vista por los contratos de mascarillas que dos entes dependientes del Ministerio de Transportes adjudicaron a la empresa de la trama y la contratación en empresas públicas de una expareja del exministro se celebre en el Supremo, tal y como estaba previsto, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman fuentes jurídicas a elDiario.es. 

Ambos habían impugnado la competencia del Alto Tribunal para enjuiciarles. Su tesis es que “no es competente” tras la renuncia al escaño de Ábalos el pasado 28 de enero. En la vista preliminar, la petición se encontró con la oposición de la Fiscalía, que consideró “descabellado” dejarles “poder elegir” el tribunal que les debe juzgar. El tribunal advierte que permitir el cambio de tribunal a estas alturas no sería coherente y dejaría la competencia “al capricho del acusado” y retrasaría de forma “importante” la celebración del juicio.

Así, el auto mantiene la vigencia del acuerdo establecido en 2014, cuando el Pleno de la Sala Segunda del Supremo estableció que, una vez dictado el auto de apertura juicio oral, la competencia para juzgar el caso se mantiene en el tribunal correspondiente aunque se pierda el aforamiento. Se trata, a su juicio, de un “criterio uniforme y general” que ofrece seguridad jurídica al establecer “un límite temporal claro e inequívoco”.

La resolución desestima las quejas por indefensión realizadas por las defensas de Ábalos y Koldo García, que alegaron que no se les han devuelto los discos duros que les incautó la UCO y que eso perjudica a su derecho de defensa. Según el auto, acusaciones y defensas han tenido acceso “en igualdad de condiciones” al material intervenido. Y afirma que el magistrado instructor facilitó plenamente el acceso a los «datos brutos» de ciertos materiales, una vez individualizados y previamente analizados y expurgados a petición de algunas defensas. 

La Sala también rechaza que se vulnerara la inmunidad parlamentaria de Ábalos o que se le investigara ilegalmente antes de que el Congreso concediera el suplicatorio, tal y como afirmó su defensa. Los jueces defienden la jurisprudencia “respalda la posibilidad de realizar algunas mínimas indagaciones sobre un aforado antes de pedir el suplicatorio” para confirmar esas sospechas.

El auto también se refiere a la colaboración del comisionista Víctor de Aldama con la Fiscalía Anticorrupción, lo que le ha permitido afrontar una menor petición de cárcel: siete años, frente a los 24 que el fiscal pide para Ábalos y los 19 y medio que solicita para el exasesor. Y advierte de que “aún deben ponderarse todos los elementos probatorios para conceder crédito o no” a su declaración.

En el apartado de pruebas, la Sala admite gran parte de los testigos y peritos solicitados, pero rechaza citar a declarar a altos cargos políticos solicitados por las acusaciones y defensas por su “falta de relación” con el objeto del proceso o porque considera que sus testimonios no son necesarios para el esclarecimiento de los hechos imputados. 

Así, los jueces rechazan que declaren como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como los ministros María Jesús Montero (Hacienda), Fernando Grande Marlaska (Interior) o los exministros Reyes Maroto y Salvador Illa.

Sí admiten la declaración como testigos del exministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Ambos eran durante la pandemia presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, gobiernos autonómicos que adjudicaron contratos a la empresa epicentro de la presunta trama.

También figuran, entre la lista de más de 75 testigos aceptados, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como exjefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y empresarios, familiares y allegados de los acusados.

Fuentes del entorno del exministro Ábalos señalan que, a su juicio, esta resolución prueba que la decisión de que el asunto fuera a ser juzgado por el Alto Tribunal estaba tomada de antemano a la vista preliminar. Afirman así que haber renunciado antes al escaño tampoco habría servido para trasladar el asunto a la Audiencia Nacional.

Episodios de conjuntivitis, ataques de tos, mucosidades negras y picores son algunos de los síntomas que varios trabajadores de una empresa proveedora de huevos de insectos de Villamalea, en la provincia de Albacete, han denunciado. Lo achacan a la falta de equipos de protección (EPI) adecuados en el tratamiento de los insectos, cuya extracción de excrementos provoca “polvo en suspensión” que “se agarra” a los ojos, las manos y el pelo de los empleados y empleadas.

Algunos trabajadores, que han pedido permanecer en el anonimato por temor a represalias de la empresa, se han puesto en contacto con este medio para hacer pública una situación que consideran “insostenible”.

La empresa es Protiberia, cuya titularidad corresponde a Villa Insect S.L. Dispone de varias naves en el municipio albaceteño y se define como compañía “líder” en el suministro de colonias de huevos de Tenebrio molitor, un coleóptero (escarabajo) conocido como el “gusano de la harina” por su forma larvaria.

El equipo “multidisciplinario” de la empresa trabaja para suministrar estos huevos a granjas de cría, utilizando “materias primas sostenibles y prácticas basadas en la economía circular”.

Este insecto tiene gran contenido proteico, ácidos grasos, fósforo y calcio y es una opción “sostenible, saludable y segura tanto para alimentación humana como animal”. Además, Protiberia promociona el hecho de que el cien por cien de sus componentes se aprovechan y muchos de ellos se utilizan como biofertilizantes naturales o para usos biotecnológicos, farmacéuticos y cosméticos.

Actualmente, el Tenebrio molitor, según ha podido comprobar este medio, está certificado por la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) para el consumo humano y Protiberia destaca que se ha convertido en un “alimento más sostenible” que las fuentes de proteína tradicionales.

La empresa explica en su web que la operación de tratamiento de los insectos se realiza de forma manual y semimanual en muchas instalaciones, aunque actualmente está desarrollando una solución “automatizada”. Este desarrollo está actualmente en “fase de validación técnica y proceso de protección de patente”. Aduce que esta línea de innovación cuenta con el respaldo financiero del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Innova-Adelante 2024.

Pero a pesar de estas bondades, la situación en su planta de Villamalea, donde trabajan alrededor de 25 personas, no parece la ideal, al menos según los testimonios recabados por este medio. Se trata de personas empleadas tanto en el tratamiento manual de los insectos, como en el mantenimiento y la limpieza de las naves.

“No hay equipos de protección. Hemos trabajado con mascarillas quirúrgicas, con guantes de látex y con unas gafas de protección que no sirven para nada cuando haces el cribado, es decir, cuando los pones en el tamiz para filtrar los excrementos. Ahí se produce un polvo que no paras de respirar durante ocho horas. Son partículas en suspensión”, explica una de estas personas.

Los empleados están “continuamente expuestos” a estas partículas. “El primer día que hice esa labor yo ya tenía problemas respiratorios. Hablé con mis compañeros y muchos me contaron lo mismo, que a ellos les había pasado lo mismo”. Relatan así episodios de conjuntivitis, de fatiga o de “respiración asmática”.

En el siguiente vídeo, cedido a este medio por una de las personas empleadas, puede verse cómo es el cribado habitual de los insectos. En este caso, la persona dispone de una bata de manga corta que deja parte del brazo al descubierto. El rostro está cortado por el anonimato que han solicitado, pero ni su mascarilla ni sus gafas, alegan, son las “adecuadas”:

Uno de los trabajadores pone el acento en que no existe actualmente ninguna investigación ni prueba piloto de cómo ese polvo en suspensión derivado del cribado puede afectar a la salud humana. “Es algo tan nuevo que este sector ni lo está analizando”.

“La ropa que tenemos es la misma con la que nos volvemos a casa, no nos han facilitado nunca ropa para cambiarnos allí, ni tampoco duchas”. Tampoco llevan batas especiales, salvo las de manga corta, ni dicen haber recibido indicaciones para evitar los efectos del cribado.

Otro trabajador confirma este testimonio: “Estás comiendo polvo todo el rato”. Detalla que cuando se criban los insectos, se utilizan máquinas vibradoras que hacen que se separen, y que el excremento, que es como un polvo, al vibrar “se levanta por todos lados”. Este empleado afirma que las mascarillas quirúrgicas ya se han sustituido recientemente por las FPP2 (dan más protección) pero resalta que es “insuficiente”. Por ejemplo, la cabeza solo se la cubren con una redecilla, por lo que el pelo se queda lleno de partículas.

No es normal irte a tu casa con toda esa suciedad

Este empleado dice haber constatado que hay gente que “no para de toser” y que algunas veces “necesitamos salir fuera para respirar”. “Te suenas la nariz y los mocos están negros. No me parece normal”. Y pide también trajes y batas especiales de protección, además de duchas y de equipamiento “para no irte a tu casa con toda la suciedad”. O por lo menos, añade, debería haber “sistemas de ventilación o de aspiración del polvo”.  

Hay otra cuestión que, según estos testimonios, también puede afectar a la salud pública: el tratamiento que se hace de los insectos que mueren. “Al final es como una granja y no se les da el tratamiento adecuado”. “Puede haber en torno a 20 o 30 kilos a la semana de bichos muertos”.

Cuentan que, en un principio, la dirección de la empresa quería instalar contenedores fitosanitarios para albergar los insectos muertos y que después otra empresa externa se encargara de gestionarlos. “Pero al final eso no se ha hecho porque costaba mucho dinero. Lo que se hace es congelarlos y después tirarlos a un remolque, que, cuando está lleno, se lleva con un tractor a esparcirlos en el campo de al lado, que es propiedad también de la empresa, y se dejan como abono para labranza”. Es otro de los usos que se da las larvas de estos insectos, como abono agrícola. “Pero queda al aire libre”.

El problema, añade, es que cada vez que el remolque se llena, “eso echa un humo de toda la fermentación que lleva, generando una pestilencia horrible”. Esos insectos y sus residuos, no se entierran ni encapsulan. “Se esparcen en el campo y quedan expuestos a que pájaros u otros animales se los coman o se expongan. Es algo realmente asqueroso y no creo que sea ni adecuado ni bueno para el medio ambiente”.

“Al final, entre unas cosas y otras está todo el mundo bastante quemado. Si no lo dejan es porque muchos son jóvenes, incluso sobrecualificados para el trabajo que hacen, pero no se quieren quedar en paro”.

La situación llegó al punto en que uno de los empleados se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo para denunciarla. En ese documento, al que ha tenido acceso este medio, el empleado relata que la empresa abrió en 2022 con el objetivo de investigar el ciclo reproductivo del Tenebrio molitor y que el fin último es conseguir una producción con la que la empresa sea rentable, mediante la venta del insecto en cualquier fase de su ciclo vital, la producción de abono (a partir de los excrementos) y producción pienso para aves y reptiles.

Detalla que disponen de las siguientes maquinarias para llevar a cabo estas tareas: vibradoras (para cribar insectos) congeladores (para matar o sacrificar) y un microondas industrial (para deshidratar la larva). Pero añade que, no obstante, la empresa no ha invertido dinero en la compra de EPI, ropa de trabajo, lavadoras y aspiradores industriales.

“Los trabajadores que están toda la jornada cribando (separando los tamaños y edades del insecto) se llenan contantemente de los excrementos, que se asemejan a la textura de la arena. Es muy fácil que penetre en orificios del cuerpo (…) No tenemos protección adecuada”. Demanda por todo ello que actúe la Inspección de Trabajo. Por el momento, esta petición no ha obtenido respuesta.

La empresa dice cumplir con la prevención de riesgos laborales

Este medio ha podido comunicarse por escrito con la dirección de la empresa para conocer su valoración sobre estas acusaciones. Afirma que todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud laboral las toman “extremadamente en serio”.

“Cumplimos con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y contamos con protocolos específicos adaptados a nuestros procesos productivos”, añaden fuentes de la compañía.

Según su página web, la empresa fue fundada por cuatro socios unidos “con un conjunto de valores compartidos” y una “diversidad de habilidades” que abarcan la gestión empresarial, la internacionalización, la investigación y la producción agroalimentaria, “nuestra empresa es el reflejo de un equipo 100% comprometido con la creación de un mundo mejor para las futuras generaciones”.

“En Protiberia, creemos firmemente que el mañana se construye hoy, y estamos dedicados a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, concluyen en la web.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en un nuevo informe a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en las adjudicaciones bajo sospecha de contratos de mascarillas, aunque no le atribuye ningún lucro personal. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que el que fuera asesor del Ministerio de Transportes Koldo García facilitó a Pardo de Vera el contacto de uno de los directivos de la empresa de la trama un día antes de que Adif le adjudicara el contrato de mascarillas por valor de 12,5 millones que está bajo sospecha. 

“El Íñigo es el del contrato”, le escribió Koldo García a Pardo de Vera el 26 de marzo de 2020. No obstante, los mensajes intervenidos revelan que la entonces presidenta de Adif no tramitó los detalles legales personalmente, sino que delegó esta tarea en Michaux Miranda, entonces director general de Personas de Adif y también imputado. Miranda fue cesado en agosto de 2024. 

No obstante, Pardo de Vera sí mantuvo una cierta comunicación con Koldo García, al que informó de algunos detalles y con el que se comprometió a hacer las “comprobaciones oportunas”. Según la Guardia Civil, los mensajes intervenidos permiten “inferir” que Koldo García intervino en la selección de esa empresa y que, “a través de Pardo de Vera, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía”.

Una vez que estalló el caso, en septiembre de 2024, Pardo de Vera envió a Miranda el siguiente mensaje: “Michaux, lo tengo claro, por supuesto te derivé esos contactos que me enviaron, y solo espero que se resuelva todo, los medios son pendencieros, pero todo se resolverá, no me cabe duda, aquí me tienes, en cuanto pueda nos vemos, ánimo que esto pasa, no nos merecemos esto”. 

En la querella que dio origen a este caso, la Fiscalía Anticorrupción admitió que el procedimiento de emergencia por la pandemia permitía la contratación directa y que en las adjudicaciones efectuadas no se habían observado “irregularidades significativas”. No obstante, sí advirtió de que el lapso de tiempo entre la publicación de la orden ministerial para adquirir material y la adjudicación fue “prácticamente inexistente” —se produjeron el mismo día—, lo que apuntaba a un acuerdo previo entre la trama y la Administración, que es lo que se está investigando en esta ramificación del caso.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, mantiene imputada a Isabel Pardo de Vera por su presunta participación en el amaño de adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes, donde ella desempeñó los cargos de presidenta de Adif y secretaria de Estado, con posterioridad. A Pardo de Vera se le atribuyen indiciariamente los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. El juez Moreno le retiró el pasaporte el pasado mes de julio tras su declaración como imputada, en la que negó su participación en los hechos. 

La antigua alto cargo de Transportes ya estaba investigada en relación con la contratación de una pareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, en una empresa pública dependiente del departamento. Por este hecho, Pardo de Vera responde de los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Los agentes también apuntan en el oficio que, horas más tarde de declarar como testigo ante la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024, un día después de la detención de Koldo García y otros imputados, Pardo de Vera se puso en contacto con Ábalos y le “facilitó el contacto” de una “abogada especializada en materia penal”.

“No estoy en la investigación que se sepa”, respondió Ábalos “mostrando sorpresa”, a juicio de los agentes. “Espera que le llames, para ti, sí”, le dijo Pardo de Vera. Y llaman la atención sobre que al analizar los dispositivos electrónicos intervenidos a Pardo de Vera, “parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado”.

El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023 cuando descubrieron múltiples engaños en sus declaraciones tributarias, intentó devolver lo defraudado cuando ya no podía, y acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en junio de 2024 un relato de hechos donde admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a sólo ocho meses.

Entre la admisión de su culpa y la defensa de su inocencia ha pasado más de un año y un juicio en el Supremo donde cinco de los siete magistrados del Tribunal condenaron sin pruebas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. El fiscal general del Estado difundió una nota en la que informaba que el comisionista había propuesto un acuerdo de conformidad en el que admitía los delitos cometidos. De esa manera, el fiscal general desmentía el bulo lanzado por el entorno del novio de Ayuso y publicado por determinados medios de comunicación para denunciar en falso una cacería política de los poderes del Estado contra González Amador.

La defensa del novio de Ayuso dedica la mitad del escrito presentado el jueves en el juzgado a detallar la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por revelar el dato reservado de la confesión de culpa del empresario. Los abogados plantean esta circunstancia para denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente ante el juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales.

El Tribunal Supremo dedicó dos páginas de su sentencia a argumentar por qué la condena al fiscal general no podía utilizarse para pedir la anulación del juicio a González Amador por el doble fraude: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señala el fallo.

El origen de la causa penal abierta a González Amador es la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021, cuando ya mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maswell Cremona, la empresa propiedad de González Amador, incluyó unos gastos de 620.000 euros en 2020 por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con MKE que González Amador aportó a Hacienda establecía que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en México. Pero nunca hubo nuevos contratos, ni tampoco negocios por los que pagar comisiones. Cuando la Inspección pidió explicaciones sobre esa factura, González Amador decidió anularla. Entonces, la Agencia Tributaria concluyó: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.

El empresario había logrado como comisionista en 2020 el negocio de su vida en los peores meses de la pandemia. Ganó casi dos millones de euros como consecuencia de intermediar en una compraventa de mascarillas por la que facturó el 4,5% del monto de la operación. González Amador puso en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la firma catalana FCS, que adquiría el material en China. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la firma a la que facturaba sus servicios González Amador antes del pelotazo de las mascarillas, era a su vez consejero de MAPE, la sociedad que adquirió el material a FCS en una operación que enriqueció al novio de Ayuso.

Cuando González Amador ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de MKE, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente y perpetró un engaño parecido. En este caso, presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. González Amador nunca hizo ese pago a favor de Gayani; el Gobierno de Costa de Marfil nunca aceptó comprarle vacunas. Pero el novio de Ayuso se desgravó ese gasto inexistente, y otros menores de varias empresas andaluzas que también resultaron falsos. Todo para ahorrarse 155.000 euros y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 respectivamente.

Hacienda acreditó estos engaños tras una inspección exhaustiva que duró casi dos años: “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”.

Cuando González Amador se dio cuenta de que Hacienda descubrió sus reiterados fraudes, intentó evitar el juicio por los dos delitos fiscales devolviendo las cantidades que había defraudado a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Pero ya era tarde porque la Ley establece con detalle que ningún contribuyente puede regularizar su situación una vez que tiene abierta una inspección fiscal.

Octubre 2023. González Amador, ante Hacienda: “No intenté cometer un fraude delictivo, cuando entendí la gravedad de los hechos ingresé esas cantidades en Hacienda”

Los inspectores fiscales que analizaron las declaraciones de González Amador concluyeron que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”, para lo que el novio de Ayuso había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

González Amador respondió a través de sus abogados:  “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.

Junio 2024. Ante la Fiscalía y Abogacía del Estado: “Declaré gastos en los que no incurrí para reducir el beneficio sujeto a tributación”

El novio de Ayuso pactó un escrito de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la víspera de su declaración ante el juez, prevista para el 24 de junio de 2024. En ese texto, González Amador asumía que debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación”. Además, reconocía que  “había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”.

Ese acuerdo nunca se llegó a aplicar porque el juzgado decidió abrir una nueva investigación por corrupción en los negocios tras la reclamación que hicieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin apenas valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Esa operación, según las acusaciones populares, podría camuflar el pago de una comisión ilegal a Camino por haber facilitado al novio de Ayuso el negocio de dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas.

Febrero 2026. Ante el juez: “La deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal”

La mitad del escrito de defensa presentado por González Amador, procesado por un doble delito fiscal, defiende que no merece reproche penal el hecho de que el empresario comisionista incluyera en sus declaraciones gastos previstos pero que finalmente no tuvo pero que sirvieron para desgravárselos y pagar menos impuestos: “La Agencia Tributaria no considera que en estos casos de incorrecta contabilización temporal, el ingreso anticipado o la deducción anticipada de un gasto real merezca ningún reproche penal, como revelan las regularizaciones en vía administrativa de la activación de los gastos anticipadamente deducidos por BAYESIAN y por APA, lo que nos conduce a qué tratamiento tributario prevé el ordenamiento jurídico para estos supuestos. Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”.

Para apuntalar su defensa, González Amador contrató los servicios de un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descarta el delito. Y concluye: “Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal”.

Posdata: Los abogados de Alberto González Amador señalan en la cuestión previa del escrito de defensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló “a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado D. Alberto González Amador y, específicamente, del email de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa señalaba que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”. Los periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad por parte de González a cambio del pago de una multa y del reconocimiento de los delitos fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación alguna con el fiscal general del Estado. Sobre esa circunstancia aportaron pruebas durante el procedimiento que acreditaban que El País conoció esa información mucho antes de que García Ortiz comenzara a recabarla. La sentencia no desmintió estos hechos.

Koldo García trata de evitar in extremis el juicio previsto en el Tribunal Supremo por la trama de corrupción urdida en el Ministerio de Transportes con contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. En un escrito registrado este lunes, su abogada, Leticia de la Hoz, impugna la competencia del alto tribunal para juzgar a su cliente tras la renuncia al escaño de quien fuera su jefe, José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes. “Si no hay cargo, no hay fuero, y el investigado debe volver inmediatamente al juez predeterminado por la ley, garantizándole así el mismo trato que a cualquier otro ciudadano”, recoge el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La pretensión de la defensa de quien fuera la mano derecha de Ábalos es que la Sala resuelva en primer lugar esta “cuestión de no competencia” en la audiencia preliminar del caso prevista para el próximo jueves 12 de febrero. Su argumento es que si esta cuestión se estimara, el resto “deberían ser abordadas y resueltas por el tribunal que resultara competente”. Koldo García, al igual que Ábalos, está en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.

El Tribunal Supremo asumió en noviembre de 2024 la competencia para investigar a Ábalos la trama de las mascarillas debido a que el exministro mantenía su escaño en el Congreso. Un mes después, en diciembre, incorporó a la causa a Koldo García y al empresario y comisionista Víctor de Aldama al considerar que su participación en los hechos era “inescindible” de la del aforado. Ambos ya estaban siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que fue quien había reclamado al Supremo que abriera una causa contra Ábalos al hallar indicios contra él. El exministro era diputado y sólo podía ser investigado por el Supremo. 

La defensa de Koldo García alega ahora que el argumento es que la competencia del Supremo se basaba “exclusivamente” en la condición de aforado del exministro. Y que, al desaparecer dicha condición tras la renuncia de Ábalos el pasado 28 de enero, desaparece la razón para que el alto tribunal juzgue el caso. 

El precedente de 2014

La defensa de Koldo García reconoce que el Pleno de la Sala Segunda del Supremo estableció en 2014 que, una vez dictado el auto de apertura juicio oral, la competencia para juzgar el caso se mantiene aunque se pierda el aforamiento. Fue la decisión que tomó el Alto Tribunal cuando obligó al TSJ de la Comunidad Valenciana a celebrar un juicio en el caso Fitur a pesar de la renuncia a su acta de dos diputadas autonómicas porque ya se había dictado el auto de apertura de juicio oral. En el caso de las mascarillas, esa resolución se dictó el pasado diciembre, mucho antes de que Ábalos renunciará a su escaño.

La letrada sostiene que ese acuerdo “no tiene un carácter vinculante en el sentido estrictamente legal de una norma o ley”. Y añade: “El acuerdo es una guía doctrinal para evitar la arbitrariedad, pero no es una norma jurídica que impida al tribunal decidir lo contrario si la ley o las circunstancias del caso así lo exigen”, como considera que ocurre en este caso. 

A juicio de la defensa de Koldo García, la celebración de un juicio en el Supremo en estas condiciones “convertiría el proceso en un ‘juicio de excepción’ de facto para los investigados en la Audiencia Nacional”. “Se dictaría una sentencia ‘guía’ sobre pruebas no compartidas, custodiadas por terceros y no sometidas al control de todas las partes afectadas, lo que supone una vía de hecho que compromete la validez de todo el procedimiento y abre la puerta a futuras nulidades ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, recoge el escrito.

De hecho, la abogada reitera la supuesta indefensión de su cliente en relación con esos dispositivos. Alega que el Supremo “va a decidir sobre unas evidencias que no están en su poder sino en manos no ya del Juzgado Central de Instrucción sino todavía de la Guardia Civil”. Y cuestiona que Koldo García vaya a tener que sentarse en el banquillo “sin tener copia alguna” de esos dispositivos que le incautó la UCO cuando fue detenido en febrero de 2024. Este hecho será una de las cuestiones en las que se basará la letrada para pedir la nulidad de la causa en la vista del próximo jueves. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja desde el pasado noviembre en la elaboración de un informe sobre el presunto encubrimiento del reparto ilícito de una comisión entre Alberto González Amador y Fernando Camino, presidente este último de Quirón Prevención y quien habría favorecido desde otra empresa el pelotazo de casi 2 millones de euros que disparó la carrera empresarial de la pareja de Ayuso en los inicios de la pandemia.

Estos hechos centran la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal a la que se enfrenta Alberto González Amador en el mismo juzgado que ya le ha enviado al banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. El informe de la UCO resultará clave para la acusación que pesa sobre la pareja de Ayuso, que puede desembocar en un segundo procesamiento y juicio por los delitos mencionados. En la orden cursada por la anterior jueza del caso a la UCO para que investigue ya se deslizaba la posibilidad de que afloraran otros nuevos delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a grupo criminal.  

La anterior jueza del caso y el actual instructor, la Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que Alberto González Amador pagó medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Fernando Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que ese desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

Además del cargo en Quirón, Camino ocupaba un sillón en el consejo de administración de una empresa gallega llamada Mape, que compró material sanitario por valor de 42 millones de euros a otra sociedad catalana, de nombre FCS, en mayo de 2020. González Amador había acordado con FCS que obtendría el 4,5% de las ventas que consiguiera. Así, Fernando Camino habría influido en la compra del material por parte de la empresa gallega para llevarse una parte de la comisión pactada en secreto y previamente con González Amador.

La pareja de Ayuso lleva trabajando desde 2017 para Quirón Prevención, presidida por Camino. El año que trascendió su relación con la presidenta madrileña, 2021, la sociedad principal de Alberto González Amador multiplicó por cuatro la facturación al Grupo Quirón, que a su vez obtiene cerca de 1.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid cada ejercicio gracias a la política de privatización de los servicios médicos que lleva a cabo el Gobierno de Ayuso. 

En junio de 2024, la Fiscalía y la defensa de González Amador ultimaban un pacto para que el empresario y comisionista se declarara culpable de dos fraudes fiscales y la petición de condena se rebajara a ocho meses, lo que evitaría entrar en prisión, además del pago de una multa. Justo a tiempo, la acusación popular presentó en el juzgado un informe en el que solicitaba que se ampliaran los delitos atribuidos indiciariamente a la pareja de Ayuso. Los abogados habían descubierto en las entrañas de la inspección fiscal una extraña operación de compra de una sociedad por González Amador y comenzaron a tirar del hilo. La posibilidad de pacto quedó frustrada.

La jueza Inmaculada Iglesias rechazó al principio ampliar la acusación, pero ante el recurso de los partidos reculó y decidió investigar a Alberto González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. A petición del Ministerio Público, la jueza Iglesias solicitó el pasado junio la implicación de la UCO en el caso. “Atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva” la jueza Iglesias recurría a la unidad especializada de la Guardia Civil.

Inmaculada Iglesias se jubiló poco después y el veterano magistrado Antonio Viejo se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 19. El retraso en la incorporación de Viejo a su nuevo desempeño provocó que la documentación de la causa, necesaria para que la UCO comenzara a investigar, no llegara a la sede de la unidad especializada hasta el pasado mes de noviembre. 

La UCO tiene en su poder la inspección fiscal realizada por la Agencia Tributaria a González Amador durante 19 meses y el resto de documentación incorporada a la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. En el marco de esa pieza declararon como investigados en abril del pasado año Alberto González Amador y Gloria Carrasco, la farmacéutica de León que vendió a la pareja de Ayuso su sociedad Círculo de Belleza S.L por 499.836 euros. 

Círculo de Belleza no tenía empleados y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. Ante la jueza, la pareja de Ayuso justificó el medio millón desembolsado en que la adquisición le iba a “permitir desarrollar un proyecto de consultoría por numerosas farmacias y expandirse por Latinoamérica”. Lo que realmente hizo fue cambiar de nombre a Círculo de Belleza, que se transformó en Masterman & Whitaker, y adjudicarle trabajos que en realidad hacía Maxwell Cremona, la sociedad cabecera de González Amador. El objetivo era, según la investigación, obtener beneficios fiscales de forma fraudulenta.

El fiscal Diego Lucas habla de “soborno” de González Amador a Fernando Camino para que Mape comprara las mascarillas y él se embolsase en una sola operación 1.973.000 euros. Después, González Amador no quiso tributar lo que debía por este ingreso y organizó una trama de facturas falsas para engañar a Hacienda.  

Una operación en familia

La información obtenida por la Agencia Tributaria permitirá a la UCO unir la línea de puntos del encubrimiento de la comisión. Círculo de Belleza solo fue propiedad de Gloria Carrasco al 100% poco antes de vendérsela a González Amador. Apenas un mes después de que la pareja de Ayuso cobrase el segundo plazo de la comisión de 2 millones, el directivo de Quirón Prevención le vendió a su mujer el 20% de la sociedad. Lo mismo hizo el hermano de Carrasco, quien también vendió a Gloria su 20%.

Según declaró la farmacéutica de León a la jueza del caso, ella compró ese 40% a su marido y a su hermano por 8.000 euros (4.000 cada uno). La operación entre familiares se realiza en septiembre de 2020. Sólo tres meses después, la mujer le vende a Alberto González Amador la empresa por 500.000 euros. De acuerdo al precio de la venta, el 20% que Camino habría vendido a su mujer por 4.000 euros se habría convertido en 100.000 euros gracias a la generosidad de González Amador. 

Las declaraciones entre González Amador y Gloria Carrasco en sede judicial presentaron contradicciones, según apreció el fiscal en un escrito. La supuesta consultoría en Latinoamérica que justificaba el precio de Círculo de Belleza “no se llegó a hacer”. Carrasco, por su parte, defendía que el valor de su empresa residía “en el conocimiento sobre la forma de expandir el negocio de los propietarios de farmacias mediante el procedimiento de remitir a sus clientes a locales en los que podían disfrutar de tratamientos depilatorios y de remodelación corporal, consultoría que ya no se desarrollaba desde hacía años”, escribió el fiscal Diego Lucas. 

El punto de encuentro entre las declaraciones de ambos es Wilson Rodríguez, un empresario de Florida que se erige como cuarto protagonista de la trama de la comisión. González Amador asegura que para poner en contacto a las dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas tuvo que recurrir a Inteccon, la sociedad de Wilson Rodríguez en Florida y que ese trabajo era parte de lo que justificaba su abultada comisión. 

Wilson Rodríguez, según reconoció Gloria Carrasco en el juzgado, es amigo suyo y de su marido. Así que González Amador recurrió a un amigo de la pareja para que la empresa en la que participaba uno de ellos, Fernando Camino, comprara a FCS el material por el que la pareja de Ayuso se embolsaría los 2 millones de euros. 

Antes de abandonar el juzgado, la jueza Iglesias presentó una segunda tesis sobre la operación de compraventa de Círculo de Belleza. La magistrada planteó la posibilidad de que el medio millón de euros desembolsado por González Amador encubriera la compensación a Camino por haber aumentado la facturación a Quirón Prevención. La acusación popular pidió la declaración como imputado de Fernando Camino, pero el juez Viejo está a la espera del informe de la UCO para acordar nuevas diligencias.

El que fuera asesor ministerial Koldo García busca que el empresario y comisionista Víctor de Aldama haga frente a la fianza de 60.000 euros que el juez del Tribunal Supremo le impuso a él antes del juicio por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. 

En un escrito, su abogada, Leticia de la Hoz, alude a la “exuberante capacidad económica” de Aldama y reclama al juez que dado que la responsabilidad civil es “solidaria” entre todos los acusados también se abra una pieza de responsabilidad civil respecto del empresario al que la Guardia Civil considera el “nexo corruptor” de la red que supuestamente anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. 

“Mientras que el resto de los investigados en la presente causa penal adolecen de una situación de precariedad económica que les impide, de forma pública y notoria, sufragar los honorarios de su defensa técnica o atender las cargas hipotecarias de sus viviendas habituales, el Sr. Aldama ha hecho gala de una exuberante capacidad económica y solvencia material”, dice el escrito de Koldo García, que alude a una información periodística del Diario de Ibiza de mayo de 2025 que daba cuenta de las “lujosas” vacaciones del empresario, que está imputado en varios sumarios. 

A juicio de la defensa de Koldo García, esa información “acredita un alto nivel de vida incompatible con una situación de embargo o limitación de recursos”. Y eso, según su criterio, constituye “un indicio racional de una solvencia patrimonial suficiente para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso”.

El escrito de la defensa del exasesor responde a la resolución por la que, este mismo lunes, el juzgado reclamó tanto a Ábalos como a Koldo García que pagaran ya la fianza de 60.000 euros impuesta a cada uno de ellos. El Supremo ya hizo otro requerimiento a ambos el 12 de diciembre a través de la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra recluidos desde finales de noviembre. 

El auto de apertura de juicio oral, el juez no impuso fianza alguna a Aldama con el argumento de que la jurisprudencia establece que no son afianzables ni las posibles penas de multa ni el decomiso de las ganancias procedentes del posible delito de cohecho por el que se sentarán en el banquillo los tres acusados. 

El exministro socialista José Luis Ábalos ha presentado su escrito de defensa en el caso de las mascarillas, en el que niega haber participado en los hechos por los que se sentará en el banquillo. El exdirigente socialista se presenta como víctima de una investigación “clandestina” y afirma que ha tenido que defenderse “a ciegas” en la causa centrada en los contratos de material sanitario de la pandemia adjudicados a dedo por el Ministerio de Transportes y por la que será juzgado próximamente. 

Además, propone que en esa vista declaren como testigos los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática) y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, entre una batería de testificales. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

El documento lleva la firma del que ha sido su letrado hasta este jueves, Carlos Bautista, que ha renunciado a su defensa porque no ha cobrado los honorarios. En el documento, el que fuera secretario de Organización del PSOE trata de desmontar el relato de la acusación y sostiene que se ha vulnerado su derecho a la defensa y a un juicio equitativo. 

Así, alega que la investigación se cerró sin permitirle analizar evidencias digitales clave, especialmente un disco duro de su propiedad hallado en la casa de Alicante de quien fuera su asesor Koldo García, lo que ha impedido a su defensa poder contrastar algunas de las afirmaciones realizadas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sustentan la acusación.

También afirma que los agentes copiaron “hasta 26 piezas de hardware” en el registro de su vivienda sin presencia de su abogado, lo que “vulnera el principio de contradicción y afecta a la cadena de custodia de efectos digitales”. Además, insiste en presentarse como víctima de una investigación “clandestina” al sugerir que las indagaciones contra él empezaron antes de que el Supremo pidiera la autorización al Congreso. 

Según la UCO, el empresario investigado Víctor de Aldama pagó 10.000 euros al mes durante al menos dos años y medio a Koldo García, quien luego los repartía con Ábalos. Cuando el asesor fue detenido, en febrero de 2024, los agentes hallaron en su domicilio una contabilidad manuscrita en la que reflejaba esos pagos y se incautaron de 24.000 euros en efectivo. “No existe un flujo de 10.000 euros mensuales provenientes del coimputado Aldama, ni directamente, ni a través de intermediarios. Tampoco cobro de comisiones”, dice Ábalos al respecto. 

El exdirigente socialista sostiene que su dinero “tiene tres orígenes”: sus Ingresos oficiales como cargo público, las dietas o anticipos que recibía como miembro de la Ejecutiva del PSOE y los “préstamos” que le hacía Koldo García al abonar algunos de sus gastos y que él luego compensaba. Afirma, en este sentido, que los más de 23.000 euros en transferencias que realizó a su asistente entre 2018 y 2022 demuestran que “no existió un flujo de dinero unidireccional”. 

La UCO concluyó en uno de sus informes que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar y que, al menos en parte, provenía de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes que Ábalos dirigió entre 2018 y 2021, según los investigadores. “Una supuesta comisión por este importe debida a la adjudicación de material sanitario y otras facilidades ante distintas administraciones se antoja bastante ridícula”, dice Ábalos. 

Ábalos también niega las dádivas que le atribuyen las acusaciones. Sobre el chalet de Cádiz del que disfrutó en el verano de la pandemia, el exdirigente afirma que fue un alquiler con derecho a compra del que abonó tres mensualidades y que acabó siendo desahuciado porque no abonó el resto de recibos. Los investigadores, sin embargo, tienen claro que Aldama y otros empresarios de su entorno facilitaron la operación y se hicieron cargo del dinero a modo de comisión. “El propio Ábalos era consciente de que la casa de La Alcaidesa se trataba de una contraprestación económica que Aldama efectuaba a través de terceros”, dice el informe sobre este chalet.

Otros de los indicios que apuntan al cobro de mordidas por parte de Ábalos es el pago del alquiler de su novia por parte de un empresario que era socio de Aldama. Los mensajes evidencian que fue el empresario Alberto Escolano quien pagó el alquiler de un piso en la Plaza de España de Madrid al que Jessica Rodríguez se refiere en un mensaje como “nuestra casita de novios”, en referencia a Ábalos y ella. Ábalos sostiene que él nunca residió allí y que el alquiler fue pagado por terceros para Rodríguez, quien ya conocía a Aldama.

La gripe en España continúa al alza y deja ya un aumento de la incidencia en una semana hasta los 446,6 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, incremento que también se nota en los hospitales, donde los ingresos, fundamentalmente de mayores de 80 años y bebés, suben un 17%. Así se desprende del último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III que revela, no obstante, una ralentización del conjunto de los virus respiratorios (gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial) en Atención Primaria, donde la incidencia se ha reducido en una semana de 845,1 a 809.

La gripe, que alcanzó una intensidad epidémica media ya la semana anterior, sigue produciendo contagios que se elevaron de los 353,3 a los 446,6 entre el 8 y 14 de diciembre. Crece en todos los grupos de edad, excepto en el 5-19 años, en el que inicia el retroceso hasta los 893 casos por cada 100.000 habitantes. Los más afectados son los menores de un año, que multiplican la incidencia hasta 2.139, seguido de los niños de 1 a 4 años, que presentan una tasa de 1595,9.

El avance de la gripe también se traslada a los hospitales, donde se alcanza una tasa de ingresos de nueve casos/100.000 habitantes frente a los 7,7 de una semana antes; en este caso, el grupo con la mayor cifra es la de mayores de 80 años (56,2), seguida de los menores de un año (48,8).

El empeoramiento de la situación lo ha constatado este jueves la Sociedad española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), que ha advertido que en algunas comunidades los ingresos se han incrementado por encima del 50%. Su vicepresidente, Javier Millán, ha señalado del impacto creciente en los servicios de urgencias y hospitalización que ha dejado sobre todo la población pediátrica, bebés menores de un año y personas mayores de 75-80 años, los más vulnerables.

“Cada vez son más los pacientes que requieren ingreso hospitalario por complicaciones, sobre todo mayores de 65 años con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, procesos oncohematológicos o situaciones de inmunodepresión”, subraya el médico.

También CSIF ha dado cuenta de la saturación en los centros sanitarios: así, señala que las urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) han llegado a atender a 784 pacientes en un día, mientras que algunos de Madrid han sustituido las sillas en las urgencias por camas debido a la falta de espacio, con casi 90 pacientes esperando.

En el Hospital Miguel Servet (Zaragoza) se espera hasta cuatro días para tener una cama, y en numerosos centros sanitarios del país las camillas en los pasillos son habituales, así como derivar pacientes a otras áreas para descongestionar.

Una situación que es consecuencia “de la carencia de profesionales de todas las categorías en la Sanidad”, sobre todo por la pérdida de profesionales de Medicina y Enfermería, la “pésima planificación de la cobertura y sustitución en los permisos, vacaciones y bajas de personal de la sanidad, y la ausencia de planes de contingencia casi de manera generalizada en las comunidades autónomas”, ha denunciado.

El uso de mascarillas vuelve a estar en el punto de mira tras las nuevas recomendaciones sanitarias, pero desde que dejaron de ser obligatorias tras el control de la pandemia de Covid, las pautas sobre su uso parecen haber caído en el olvido. María González Flores, enfermera y divulgadora sanitaria tras la cuenta @curaconevidencia resume los errores más frecuentes que cometemos sin darnos cuenta y que reducen su capacidad de protección.

“Hay varios errores que vemos todo el tiempo, el más frecuente es no cubrir bien nariz y mentón”, señala González Flores, que recuerda que para que cualquier mascarilla sea efectiva debe cubrir tanto la nariz como la boca y el mentón. “También vemos mascarillas que están flojas, con fugas laterales, o gente que se toca la parte frontal con las manos”, menciona la sanitaria.

“Otros errores pueden ser colocarlas al revés o bajarlas para hablar, toser o fumar. Incluso no ajustar el clip nasal correctamente, especialmente si llevas gafas o barba, puede hacer que el aire circule por donde no debe”, comenta González Flores, que destaca que las mascarillas deben tener material filtrante y respirable y ajustarse bien a la cara sin fugas. “En todos los casos, la mascarilla debe combinarse con ventilación, higiene de manos y evitar tocarse la cara, porque por sí sola no garantiza protección completa”, añade.

Cuándo toca cambiar la mascarilla

La reutilización de mascarillas desechables también reduce su eficacia. “Hay señales claras para no seguir utilizando mascarillas: si está húmeda, si respirar a través de ella es difícil, si las gomas están flojas o el tejido dañado, o si desprende olores desagradables”, enumera la experta. “En cualquiera de estos casos, es momento de reemplazarla”.

El nuevo Plan de Medidas para Infecciones Respiratorias de Invierno 2025 mantiene a las mascarillas como herramientas clave para controlar los contagios. “Sobre todo son eficaces las mascarillas de protección individual tipo FFP que filtran el aire que inhalas, protegiendo de fuera hacia dentro”, valora González Flores. “Aunque nadie más la use, sigue reduciendo significativamente la exposición a los virus”. 

En cuanto al uso de mascarillas quirúrgicas, la sanitaria explica que “ofrecen protección parcial, pero aun así son útiles”. “Cuando todos usan mascarilla, la protección se multiplica, pero tu seguridad individual no desaparece si eres el único en llevarla”, detalla.

Para quienes quieran protegerse un poco más estas semanas, la experta recomienda “primero, mantener la vacunación al día para infecciones respiratorias como la gripe y Covid”. “También asegurar buena ventilación en interiores, abriendo ventanas periódicamente, mantener una buena higiene de manos constante y en interiores concurridos, usar una mascarilla FFP”, agrega. “Y, por supuesto, evitar el contacto cercano con personas con síntomas y si tú eres la persona con esta sintomatología, usar mascarilla desde el primer momento, reduciendo contactos y evitando estar cerca de personas vulnerables”, concluye González Flores.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya decretará este martes por la tarde que el uso de la mascarilla sea obligatorio al entrar o trabajar en los centros de salud, hospitales, residencias de ancianos y centros de personas vulnerables. El aumento de contagios del virus de la gripe ha provocado que el Govern haya decidido esta medida, que ha avanzado a la consejera portavoz, Silvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

Está previsto que la resolución se firme este martes por la tarde para que entre en vigor lo antes posible, y el Departamento aprovechará para informar a la ciudadanía de esta nueva medida destinada a “contener” la expansión de la gripe.

Paneque ha recordado el papel que juega en la prevención y contención del contagio la mascarilla, y ha explicado que, junto a la vacuna, es una medida efectiva. Por eso la portavoz ha pedido a la ciudadanía “seguir las indicaciones” y cumplir esta obligatoriedad del uso de la mascarilla.

La semana pasada el Ministerio y las comunidades pactaron un protocolo común de actuación ante la gripe y otras infecciones respiratorias, que incorporaba actuaciones entre las que el uso de mascarilla en cualquier centro sanitario aparecía como recomendación y no como obligación, en momentos cuando se alcanzasen los niveles de epidemia, como ocurre ahora.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este miércoles mantener el uso de mascarillas como recomendación dentro del plan contra la gripe y otros virus respiratorios ante el repunte observado en los últimos días. Con las mascarillas de nuevo en el centro de la conversación, recordamos las pautas a seguir para hacer un uso seguro de ellas. 

“Lo fundamental del acuerdo de ayer entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas para publicar el ‘Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)’ es que ahora contamos con un enfoque más preventivo y gradual”, destaca María González Flores, enfermera de Atención Primaria y divulgadora sanitaria tras la cuenta @curaconevidencia.

“Con el nuevo Plan de Medidas para Infecciones Respiratorias de Invierno 2025 se establecen cuatro niveles de alerta que permiten aplicar medidas escalonadas según la situación epidemiológica en cada territorio”, explica González. “Esto no solo ayuda a reducir la transmisión de estas infecciones, sino que también protege a los más vulnerables y disminuye la presión asistencial sobre la Atención Hospitalaria y Atención Primaria”.

¿Quién debe llevar mascarilla?

El nuevo plan mantiene la recomendación de que las personas con síntomas respiratorios lleven mascarilla, además de contar con una buena higiene de manos, la preferencia por el teletrabajo o la reducción del contacto social. “El uso de mascarilla ahora se ajusta según el nivel de alerta epidemiológico”, recuerda González Flores, que detalla el protocolo en cada uno de los niveles:

Así, el uso de mascarilla se adaptará dependiendo del nivel de riesgo, siendo imprescindible para personas sintomáticas y recomendado de manera progresiva según la gravedad de la epidemia y la vulnerabilidad de los espacios y personas. “Esto convierte al uso de mascarilla en una herramienta estratégica, adaptada al nivel de riesgo y enfocada en proteger tanto a la población general como a los grupos más vulnerables”, valora la sanitaria.

Qué tipo de mascarilla debemos usar

En cuanto al tipo de mascarilla recomendada, la experta tiene en cuenta el contexto y el nivel de riesgo a la hora de llevar a cabo la elección. “Las mascarillas quirúrgicas están diseñadas para proteger de dentro hacia fuera, es decir, evitan que quien las lleva transmita virus o bacterias al toser, estornudar o hablar”, recuerda Gonzalez Flores. “Por ello, son ideales para personas con síntomas respiratorios como tos, fiebre o resfriado, para proteger a los demás”, señala.

“Sin embargo, las mascarillas de protección tipo EPI, FFP o equivalentes evitan que el portador inhale partículas peligrosas, como virus y aerosoles, protegiendo de fuera hacia dentro”, explica. “Se recomiendan especialmente cuando se está en contacto cercano con personas vulnerables como personas mayores, inmunodeprimidas, o en hospitales, o en situaciones de epidemia alta o riesgo de transmisión aérea”, precisa la sanitaria.

“Las mascarillas higiénicas, de tela o reutilizables, no son producto sanitario ni EPI, pero si cumplen normas de filtración y respirabilidad también pueden usarse como medida complementaria, por ejemplo, en transporte público o espacios cerrados, cuando no hay disponibles mascarillas quirúrgicas o FFP”, aclara.

El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles el protocolo común de actuación ante la gripe (y otras infecciones respiratorias). La Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a una batería de acciones consensuadas entre las que está el uso de mascarilla en cualquier centro sanitario cuando se alcance el nivel de epidemia, como es la actual situación.

El protocolo se presentó el viernes pasado a los consejeros de Sanidad de la comunidades autónomas y recoge una serie de actuaciones según el nivel de expansión de las enfermedades.

Así, cuando el número de casos llegue al umbral de epidemia “se intensifica la recomendación del uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas y en entornos vulnerables”, dice el protocolo. También en “hospitales, se recomienda su uso en áreas sensibles (como unidades oncológicas o de trasplantes) tanto por profesionales como por pacientes y acompañantes”.

Si se alcanza el nivel epidémico alto “se recomienda el uso generalizado de mascarilla en espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias”. En las residencias de mayores se puede revisar el régimen de visitas y también se recomienda que las personas vulnerables se pongan la mascarilla.

En caso de llegar al nivel más grave o muy alto “las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha felicitado tras el resultado de la reunión: “El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas”.

El plan contra la gripe y otros virus respiratorios recomienda ponerse mascarilla siempre que se tengan síntomas, así como cuando se acuda a centros sanitarios y sociosanitarios en momentos de alta transmisión. En estos casos, además, se aconseja optar por el teletrabajo si se está enfermo o autoaislarse.

El documento marco para el control de las infecciones respiratorias agudas aprobado por la Comisión de Salud Pública este miércoles mantiene finalmente el uso de cubrebocas como una recomendación, con una propuesta gradual de intensificación de uso a medida que avance la epidemia, pero sin que llegue a ser obligatoria.

Según el texto definitivo consensuado con las últimas aportaciones de varios directores generales de Salud Pública, el ámbito de aplicación del plan será definido por cada comunidad; las autonomías también estimarán cada uno de los cuatro escenarios de riesgo planteados en función de su situación epidemiológica, estableciendo para ello los umbrales epidémicos según su serie histórica.

Después, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, revisarán de manera periódica la evolución de los indicadores para valorar, mantener o modificar la definición de los escenarios.

A cada uno de los escenarios le corresponde una batería de medidas, que se aconsejan aplicar de forma escalonada e incremental, de forma que en cada nivel se cumplan las del anterior y se enumeren las medidas adicionales a implementar en cada momento.

Escenario de nivel interepidémico o basal

Entre otras medidas, establece que los trabajadores con síntomas lleven mascarilla de forma continuada o que las personas que los tengan eviten las visitas.

Escenario de epidemia de nivel bajo o medio

Escenario de epidemia de nivel alto

Escenario de epidemia de nivel muy alto

Los cuatro escenarios de riesgo vienen definidos en virtud de una serie de indicadores, extraídos de varias fuentes de información, entre ellas, el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias agudas en España (SiVIRA; los datos de capacidad asistencial y registros de ocupación hospitalaria, el registro de procesos de incapacidades temporales (IT) y el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo).

Se considerará además el impacto en las capacidades asistenciales (especialmente la ocupación de camas hospitalarias y de UCI, y el número de consultas infecciones en urgencias) y de salud pública, las características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.