Aldama no tendrá que devolver la comisión de 3,7 millones de las mascarillas

El empresario Víctor de Aldama no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

De hecho, el comisionista, que logró una rebaja sustancial de la pena gracias a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, no debe abonar responsabilidad civil alguna, y el Alto Tribunal sólo le condena solidariamente al decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho por un importe total de 430.298 euros.

Aldama ha sido condenado finalmente por los delitos de organización criminal y cohecho pero no por el de aprovechamiento de información privilegiada, que es en el que el Ministerio Público y las acusaciones solicitaban esa multa equivalente a la cuantía de la comisión. Los magistrados indican que en realidad “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia y que la licitación sería inminente”.

No obstante, la resolución indica que en ese contexto de pandemia “los tres acusados, de mutuo acuerdo, ante la necesidad de compra de material sanitario, en coordinada actuación, utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, mercantil vinculada a Víctor de Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio Ministerio: Puertos del Estado y ADIF”. “De Aldama se lucraba, a través de las comisiones concertadas con Soluciones de Gestión, y con cargo a las mismas, de ese importe, pactaron que una parte la entregaría Víctor de Aldama a los otros dos acusados”, recuerda la sentencia.

Según el relato de hechos, la primera compra se concretó el 20 de marzo por medio de una orden ministerial firmada por Ábalos y publicada al día siguiente en la que se disponía la adquisición de 8.000.000 de mascarillas si bien con la finalidad de ser adjudicada a Soluciones de Gestión. Cuatro días antes de la publicación de la orden ministerial, Soluciones de Gestión firmó con la sociedad Comercial Cueto 92 SL un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para la contratación y suministro de mascarillas. El 21 de marzo de 2020, la presidencia de Puertos del Estado adjudicó el contrato a la empresa de la trama por un importe de 20.000.000 de euros (2,5 euros por mascarilla).

Días después, relata la sentencia, se concretó una segunda compra centralizada de 5 millones de mascarillas a través del ente empresarial público, dependiente del Ministerio, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Esa empresa pública acordó la compra por valor de 12,5 millones de euros.

Los magistrados cifran la comisión de Aldama por la compra de Puertos del Estado y Adif en 3,7 millones de euros. Utilizó para el cobro dos sociedades, MTM 180 y Deluxe Fortune. Advierte de que esa cifra es no es la global que pudo obtener el comisionista por todas sus operaciones de mascarillas porque si se incluye lo que se llevó por el suministro al Ministerio del Interior (que no es objeto de acusación), así como el negocio con el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears (que se investigan en la Audiencia Nacional) los beneficios llegan a los 6,6 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.