Marisol Zamora y Olatz Mercader han comparecido este miércoles en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para relatar supuestos de violencia sexual cometidos por Patxi Ezkiaga, docente en La Salle de Donostia desde 1976 hasta 2012 y fallecido en 2018. Invitadas por la propia Cámara, han intervenido para explicar su situación y emitir su juicio sobre el informe del Ararteko y el tratamiento institucional de sus denuncias.

Desde el inicio de su intervención, las comparecientes han querido enmarcar su presencia como algo colectivo. “No somos dos personas: traemos una memoria colectiva que ha estado enterrada bajo un silencio de décadas”, ha señalado Mercader. Denuncia que su relato fue durante años un “secreto guardado bajo llave” en un entorno donde la institución religiosa tenía más peso que la palabra de las menores. A esto, Zamora ha añadido que los excesos no fueron solo individuales, sino también estructurales, sostenido durante años por el prestigio del agresor y el silencio del entorno.

En su relato, han descrito el impacto de la violencia sexual en la vida de las víctimas, con casos de traumas psicológicos, secuelas emocionales y hasta intentos de suicidio. Han señalado que el abuso no solo afectó a quienes lo sufrieron directamente, sino también a quienes fueron testigos en el aula de una dinámica que han descrito como un “ecosistema de impunidad”, enseñando cómo se puede hacer uso del poder y la autoridad.

“La vergüenza siempre ha estado de nuestro lado”, ha afirmado Zamora, reclamando que ese peso social se traslade a las instituciones responsables. Ambas han denunciado una “omertá” social en torno a los abusos sexuales y han advertido de que “lo que no se nombra no existe”, motivo por el que han decidido romper el silencio públicamente.

Las comparecientes han denunciado además la falta de respuesta adecuada por parte de la institución educativa. Han recordado que La Salle, un centro religioso privado sostenido con fondos públicos, rechazó las medidas de reparación colectiva propuestas en el marco del proceso restaurativo impulsado con el Ararteko, limitándose a respuestas individuales. “No es suficiente con reconocer el daño si no se repara”, ha reivindicado Mercader, criticando que la reparación dependa de la voluntad del propio centro.

Entre sus propuestas, han descrito una reparación con una dimensión colectiva y estructural, así como la creación de un certificado de víctima de violencia sexual que evite la revictimización en los distintos procedimientos administrativos. También han defendido la necesidad de vincular la financiación pública a compromisos éticos de protección infantil, establecer recursos especializados en trauma, crear fondos públicos de reparación y reforzar los mecanismos de prevención y auditoría en entornos con menores. Han interpelado directamente a las instituciones para que pasen de las declaraciones a los hechos. “No venimos a una foto ni a un gesto simbólico, venimos a exigir medidas”, ha señalado Zamora, advirtiendo de que la responsabilidad política es clave para evitar la repetición de casos similares.

Tras los discursos, PSE-EE, EH Bildu y PNV han brindado respuestas con un tono de reconocimiento y apoyo generalizado, aunque con matices. Los socialistas han manifestado su respeto por la valentía de las víctimas y ha defendido la necesidad de avanzar en procesos de justicia restaurativa ante la imposibilidad de una respuesta penal por la prescripción de los hechos y el fallecimiento del agresor. Su portavoz, Miren Gallástegui, ha subrayado el compromiso de “estudiar las propuestas” planteadas y ha criticado que La Salle no haya asumido una reparación colectiva.

Desde EH Bildu, su representante Amancay Villalba ha exigido un pronunciamiento público “claro” por parte del centro educativo que permitió la prolongación de los abusos. Han insistido en que el daño tiene una dimensión colectiva y comunitaria, y han reclamado que las instituciones asuman su responsabilidad por acción u omisión. Villalba ha reiterado la necesidad de avanzar en medidas de reparación, así como en el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios llegados durante el pleno de noviembre de 2023 sobre abusos en el ámbito religioso.

El PNV, a través de Josune Escota, ha trasladado su reconocimiento al sufrimiento de las víctimas y ha afirmado que les escuchan y que les creen. Escota ha subrayado la gravedad de los hechos recogidos en el informe del Ararteko y la importancia de actuar ante ello. También ha defendido que “la verdad, la justicia y la reparación” deben abordarse también desde una dimensión colectiva y ha apelado a la responsabilidad compartida de instituciones y sociedad para garantizar la no repetición.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga fue adelantada por 'El País' en 2024, aunque las víctimas sostienen que los hechos pudieron prolongarse hasta 2012. Al menos 30 mujeres han sido identificadas como víctimas tanto en el aula como en actividades extracurriculares como gimnasia rítmica, excursiones y campamentos. El informe del Ararteko recoge que algunas víctimas sufrieron abusos graves durante años, con secuelas físicas y psicológicas persistentes que requieren atención especializada, en un caso que ha reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional y la reparación de las víctimas de abusos en el ámbito educativo y religioso.

“Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos, y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma. Vivid. La vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido”. Lo escribió Antonio Machado en 1915, dedicando el poema a la muerte de su maestro Francisco Giner de los Ríos.

Este jueves Carmen García Márquez leía un fragmento para recordar a quien fue su compañero de vida, Francisco García Martín, historiador e investigador, profesor y activista de los derechos humanos que falleció en agosto de 2025. “Paco vivió hablándonos de lo importante. Contándonos quiénes éramos y de dónde veníamos y sobre todo dejó una profunda huella con sus obras”, recordaba, sin obviar “el dolor” pero “con la esperanza de que el alma continúe a través de sus acciones y de su legado”.

“Estoy contenta, orgullosa y agradecida”, decía, dirigiéndose a quienes participaban en un sencillo y emotivo homenaje que este jueves se dedicaba a Paco García Martín, en el Salón Rico de Toledo, para el que el Consorcio de la ciudad cedió las instalaciones. “El sufrimiento sigue, pero con estos reconocimientos, en parte, se apacigua”.

“A la buena gente siempre hay que tenerla de referente”

El acto fue conducido por Javier Mateo, educador social y exconcejal en Toledo, uno de los organizadores del acto de reconocimiento, junto a Juan Carlos Villacampa, artista plástico, director teatral y columnista cultural. “Se implicó hasta el último minuto en mejorar lo que tenía alrededor y eso es lo que define a una buena persona. A la buena gente hay que tenerla como referente”, comentaba Mateo para dar paso a la decena de personas que recordaron al hombre “generoso” y “tenaz”, entre otras cualidades que quedaron patentes durante el acto.

“Le conocí al llegar al Museo de Santa Cruz en 2022”, comentaba el director del centro cultural, Antonio Dávila. “Nada más llegar me asaltó con dos libros que tenía para publicar”. Así recordó su incombustible inquietud por divulgar cultura y patrimonio.   También mencionó su trabajo en una exposición celebrada a finales del pasado año, dedicada al pintor Vicente Cutanda, uno de los fundadores de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

Paco García Martín formaba parte de la Asociación de Amigos del Museo de Santas Cruz ¡Vivo! y uno de sus miembros,  Luis Miguel García Bermejo, recordaba cómo tardó apenas un mes en hacerse socio tras la constitución de la asociación en 2014. “Nuestro agradecimiento colectivo como asociación, siempre fue motor y pilar fundamental”. Su legado permanecerá, más allá de su muerte, en sus facetas de escritor o investigador, entre otras muchas “porque se multiplicaba”, escribía en una carta que se leyó en el acto Rafael García Serrano, que fuese director del Museo Santa Cruz.

Elena Cuevas, voluntaria cultural de la Confederación de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) en el Museo de Santa Cruz recordaba cómo la convenció “con su sonrisa” para formar parte de esta iniciativa. “Pensé que iba a aportar a la sociedad y me ha terminado aportando a mí. Le agradezco enormemente que tirara el lazo”.

“Te convencía de hacer cosas que pensabas que no se podían hacer”, comentaba Rafaela Alonso de Amnistía Internacional, una de las organizaciones por las que se desvivía defendiendo los derechos humanos. “Era una persona cultísima e inteligente. Podía haber ido de snob, pero era muy humilde y siempre estaba ahí”, añadía.

“No era un activista que apareciera en los titulares, era de los que se movían en las trincheras invisibles”, apostilló el presidente de la organización en Castilla-La Mancha, Erick Figueroa.

Siempre se implicó “en mil charcos” y lo hacía “hasta las cejas”, sin postureo. Hay quien le conocía como ‘Paco 0,7’ porque formó parte de la Comisión 0,7%, para que las instituciones destinasen ese porcentaje del PIB a la cooperación al desarrollo. Lo recordaban Juan Díaz, que fue alumno suyo, y Fernando Gutiérrez, de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, de la que Paco también formo parte como miembro de su Junta Directiva. “Siempre trabajó por un mundo mejor”, decía Fernando Gutiérrez. “Su figura no puede entenderse sin Carmen. Eran un binomio”.

“Era una persona buena y un excelente compañero”, dijo de él quien fuera director del IES El Greco, Pedro Rodríguez. Allí Francisco García Martín ejerció como profesor. “Con su tesón e implicación consiguió que este instituto fuese el primero de Toledo en ser declarado instituto histórico”, añadía la actual directora del centro, Isabel Mariscal.

La directora de ElDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller recordó los “mordaces, pero siempre constructivos” artículos de opinión de Paco García Martín ‘Epicaris’ que el historiador y activista publicó entre abril de 2021 y julio de 2025, en una sección que él mismo quiso llamar Nuestro Patrimonio. “Siempre creyó que el patrimonio era un bien colectivo a disfrutar y a proteger por encima de otras muchas cosas que consideraba efímeras o quizá superficiales”. La periodista aseguró que “Paco merece este homenaje y muchos más. Espero que lleguen”.

Paco recelaba de la turistificación, un término que él ya utilizaba a finales de los años 90, como recordó el director de La Tribuna de Toledo, Francisco Rodríguez, quien repasó algunas de las anécdotas sobre el carácter perseverante del ‘Paco columnista', siempre “coherente” en su opinión a lo largo de los años. Temía incluso que los pisos turísticos terminasen pasando factura a la tradición de abrir los patios toledanos del Casco Histórico y lo denunciaba en sus artículos.

El presidente de la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo, Andrés León, un colectivo del que (claro) Paco García Martín también formó parte como vecino del Casco Histórico. Hoy uno de esos patios le homenajea en una exposición, instalada en el Palacio de Benacazón durante la semana de la Fiesta del Corpus. Los jardines históricos, recordaba, eran otra de las pasiones del historiador e investigador.

“Era una persona buena y un excelente compañero”, dijo de él quien fuera director del IES El Greco, Pedro Rodríguez. Allí Francisco García Martín ejerció como profesor. “Con su tesón e implicación consiguió que este instituto fuese el primero de Toledo en ser declarado instituto histórico”, añadía la actual directora del centro, Isabel Mariscal.

Juan Leal antiguo profesor del IES Brianda de Mendoza de Guadalajara, y miembro de la Asociación Nacional Defensa Patrimonio Institutos Históricos en la que se implicaron tanto Paco como su esposa Carmen dejando una profunda “huella”. Fue “un hombre tranquilo con una perseverancia excepcional, seguramente basada en la solidez de sus principios. Ha sido una suerte compartir con él una parte de nuestras vidas”.

El hombre “incómodo” que discrepó desde la lealtad

En el homenaje también participó Ángel Felpeto, exconcejal de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Toledo y exconsejero de Educación en la Junta de Castilla-La Mancha. “Compartimos proyectos y propuestas y también discrepamos mucho desde la lealtad y la cordialidad de la relación personal”.

Reclamó la necesidad de “muchas personas como él” porque pese a resultar a veces “incómodo”, destacó por su capacidad de “entendimiento desde la discrepancia e incluso desde el desencuentro. Vivimos tiempos convulsos en los que parece que la sociedad acepta que la mentira se justifique como estrategia en el mundo político”.

Eso, lamentaba, “ha generado desgaste” en todo tipo de relaciones y aventuró que Paco García Martín estaría de acuerdo “en que la mentira y el insulto descalifican a quien los utiliza”, pero también rechazaría “el silencio o mirar para otro lado”.

El principio del fin para una etapa de abusos contra minorías, corrupción y control de la justicia en Hungría. La presidenta de Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este viernes que se “desbloquean 16.400 millones de euros para Hungría” tras una reunión con el nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar.

La presidenta de la Comisión ha apuntado que Magyar “ha formado un gobierno con ministros procedentes de los más altos niveles de sus respectivas profesiones, que han dado un paso adelante por el interés público. Su gobierno está avanzando con rapidez y determinación para cumplir las promesas hechas al pueblo húngaro: impulsar la recuperación económica, luchar contra la corrupción y restaurar el Estado de derecho. Y en muy poco tiempo ya tenemos progresos concretos que compartir”.

En las pasadas elecciones del 12 de abril, la derrota del ultranacionalista Viktor Orbán fue celebrada como una victoria de la democracia liberal frente a los gobiernos autoritarios que tratan de debilitar el proyecto europeo. La Unión Europea mantuvo un fuerte pulso con la Administración ultra de Orbán por sus continuos ataques a los derechos de inmigrantes y la comunidad LGTBI+ además de manipulación de la Justicia y numerosos casos de corrupción.

Von der Leyen ha explicado que “se trata de 10.000 millones de euros que serán desbloqueados del programa Next Generation EU, luego 4.200 millones del mecanismo de condicionalidad de cohesión y 2.200 millones para la libertad académica, lo que suma en total 16.400 millones de euros”.

Por su parte, Magyar ha señalado que los fondos que se van a desbloquear representas alrededor del 13% del presupuesto estatal de Hungría. El dinero está supeditado con las reformas que tiene que hacer el nuevo Ejecutivo húngaro.

“Hubo momentos en los que pensé que era imposible y que no era viable hacerlo tan rápido, pero estamos aquí y estamos muy contentos. Tres o cuatro semanas han sido suficientes para que nosotros consigamos lo que el anterior gobierno de Viktor Orbán no pudo lograr o no quiso lograr”, ha explicado Magyar.

Respecto a los hitos que tendrá que cumplir la nueva Administración húngara para que el dinero vaya llegando, la presidenta de la Comisión ha comentado que la UE cuenta con “una arquitectura muy sólida y un marco de referencia (”landing zone“) para los temas del Estado de derecho, donde deben llevarse a cabo reformas. El punto clave es que las reformas del Estado de derecho —o todas las reformas incluidas en este paquete— deben realizarse y concluirse. En el momento en que la ley de reforma sea aprobada por el Parlamento, podremos desembolsar el dinero correspondiente vinculado a ese hito”.

En el mismo sentido, Magyar ha respondido que “existen ciertos hitos que no pueden completarse o implementarse debido a la falta de tiempo o porque han perdido relevancia, pero obviamente la Unión Europea es lo suficientemente justa como para tratar algunos de estos hitos con flexibilidad para que podamos hacer todo lo posible hasta el 31 de agosto”.

El primer ministro húngaro se refiere a los puntos relacionados con la lucha contra la corrupción y los fondos fiduciarios de interés público, como los de las universidades, que necesitan más tiempo “para reestructurar la propiedad”.

En cuanto al pacto migratorio, un punto que distancia a Magyar de la Comisión Europea, Von der Leyen ha puntualizado que “ambas administraciones trabajarán muy estrechamente” en su adecuación, mientras que Magyar solo ha acusado a Orbán de que “tuvo todo el tiempo y la posibilidad de impedir su adopción, pero nunca logró hacerlo”.

No se prohibirá el desfile del Orgullo LGTBI+ de Budapest

Prueba de este cambio en el Gobierno húngaro es que la policía ha comunicado este viernes que no va a prohibir el desfile del Orgullo LGTBI+ que tendrá lugar en Budapest el mes que viene. Orbán mantuvo una política de ataques constantes a la comunidad LGTBI+ durante su mandato, que se acentuó en su última legislatura.

Con la excusa de la protección a menores, el Gobierno Orbán aprobó la Ley de Propaganda que prohibía la representación pública de cualquier expresión LGTBI+ a menores de 18 años. Con esta norma, se vetó el desfile del Orgullo en 2025, un capítulo más en el desmantelamiento de derechos LGTBI+, tras la eliminación de la adopción por parte de parejas homosexuales o el veto a las personas trans a cambiar su sexo legal y su nombre.

A pesar de la prohibición del desfile, miles de personas participaron en el Orgullo de Budapest del año pasado, sin incidentes relevantes y con la presencia de políticos de una treintena de países. En enero, la fiscalía húngara presentó cargos contra el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, por permitir el desfile.

En esta ocasión, la policía ha señalado en un comunicado recogido por AFP que “durante el proceso de notificación para el desfile del Orgullo 2026 y la posterior consulta presencial con los organizadores, no surgió ningún motivo para prohibir la manifestación”.

El pasado 21 de abril se hizo pública una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que dictaminaba que Hungría ha infringido el Derecho de la Unión al adoptar una ley que estigmatiza y margina a las personas LGBTI+. La Justicia europea señala que el Estado húngaro con la aprobación de “una norma con medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos que modifican determinadas leyes para proteger a los menores” lo que ha hecho es “vulnerar el derecho a la dignidad humana” y “trata a un grupo de personas, que forman parte integrante de una sociedad caracterizada por el pluralismo, como una amenaza para la sociedad”.

Actividades deportivas, culturales, actuaciones, el Mes de la Diversidad tiene un largo catálogo promovido por el Ayuntamiento de Sevilla para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ el próximo 28 de junio. El propósito es que toda la planificación llegue a “todos los barrios de la ciudad”. Además, el jueves 25 de junio se leerá en la Alameda de Hércules el pregón, mientras que el 27 de junio la manifestación recorrerá la Ronda Histórica.

En este sentido, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha destacado que este Mes de la Diversidad “va suponer la celebración del Orgullo más completa y diversa de la historia de nuestra ciudad” y que el objetivo es que la dignidad del colectivo LGTBIQ+ “se respire en todos los distritos y barrios”, en referencia a las actuaciones drag queen que acogerán los mercados de Cerro del Águila, Triana, Pino Montano, La Barzola, Sevilla Este y San Jerónimo.

La programación arrancará este jueves, 28 de mayo, con el desfile de Favio García Encinar en la Real Fábrica de Artillería, además del EsteFest, que se celebrará este sábado, 30 de mayo, en la Avenida Emilio Lemos de Sevilla Este, con la fiesta Loco Bongo y la actuación de Mayo.

El ámbito empresarial también tiene su espacio en la programación con Orgullo corporativo, un a cita promovida por la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI) para tratar la diversidad en el ámbito corporativo, que se celebrará el 11 de junio en la sede de Airbus de Tablada.

Homenajes

El 5 de junio, la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA Sylvia Rivera) rendirá homenaje a Candela García y Soraya González en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes. En este espacio tendrá lugar el 20 de junio, la segunda Gala de Premios LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Sevilla, en la que se reconocerá a personas y entidades por su contribución en la “conquista de los derechos del colectivo los ámbitos social, deportivo o artístico”.

En el plano cultural, el 10 de junio, el diseñador José Pere realizará una performance en la Puerta de Jerez, al igual que la que realizará la Peña Travesti, el 15 de junio, en la terraza del Hotel Abba, inspirada en la rueda de prensa ofrecida por Juana Reina, Nati Mistral, Imperio Argentina y Rocío Jurado en junio de 1992, previo al espectáculo Azabache, a quien también realizarán tributo en el escenario de la Alameda de Hércules el 28 de junio.

Por su parte, el Teatro Cervantes acogerá la Premier de Una perra andaluza, el 17 de junio, y la proyección del documental Estrella, el 22 de junio, mientras que el Hogar Social Virgen de los Reyes acogerá las representaciones de las obras Puños de Harina y del libro Biopolítica del armario, de Javier Sáez, el 18 y 19 de junio. También el 19 de junio, el Hogar Social albergará la puesta en escena del musical Chicago, por parte de la Facultad de Bellas Artes.

Por otro lado, se ha incorporado la iniciativa Orgullo Gitano, organizada por la organización gitana LGTBIQ+, La Fragua Projects, y que se desarrollará los días 18 y 19 de junio en el Hogar Virgen de los Reyes, con el objetivo de “visibilizar la realidad de las personas LGTBIQ+ gitanas” a la vez que genera “espacios seguros de encuentro y reflexión”.

Asimismo, el 18 de junio se celebrarán Encuentro seguro de la disidencia sexogenérica gitana, a las 11.00 horas, y Conversatorios desde el activismo LGTBIQ+ Gitano, a las 17.30 horas, con la participación de activistas andaluces y de otros territorios de España, así como conversatorios públicos sobre activismo LGTBIQ+ gitano, transfeminismo, acceso al empleo, masculinidades, y el denominado Armario Gitano.

Alameda de Hércules

El escenario de la Alameda de Hércules comenzará su programación el jueves 25 de junio, con el pregón del Orgullo, que este año tendrá un formato coral y que estará a cargo de María Peláe, Falete, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet, seguido de las actuaciones de Uceda, Kate Ryan y Nueva Línea.

Así, el viernes 26 de junio, tras la lectura del manifiesto por los derechos de las personas trans, tendrán lugar las actuaciones de Jedet, ATYAT, Natalia, María Isabel, La Húngara, Belén Aguilera, Imperio Reina, Patricia Manterola, Gemeliers, Jorge González y Agoney.

Por su parte, el sábado 27 de junio, la Manifestación Orgullo del Sur recorrerá la Ronda Histórica antes de desembocar en la Alameda, donde se sucederán las actuaciones de Dani J., Rosalinda, Ríos de Gloria, Rosa López, Chenoa, Barei, Samantha Ballentines, Beth, Dnash, Las Chuches, Lucycalis y Tony Grox, María Peláe y Conchita Wurst.

Como clausura, el domingo 28, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, se celebrará una gala bajo el título Orgullo Andaluz en la que actuarán Falete, Laura Gallego y Peña Travesti, que brindará un homenaje a Azabache.

Por otro lado, el 24 de junio el Festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, celebrará en la Plaza de España una jornada dedicada a esta celebración, bajo el título Orgullo en la Plaza, que contará con Loco Bongo XXL, Mónica Naranjo, Rebeca, Papá Levante, Raúl y Laura Gallego.

El cartel oficial del Orgullo

El cartel oficial del Orgullo de Sevilla 2026, obra a del diseñador sevillano Rubén Terriza, se trata de una pintura que plantea una escena “inspirada en la danza contemporánea”, ya que la intención es que “la música, y el movimiento estuvieran muy presentes en la imagen”, según ha explicado su autor.

En el centro de la composición se desarrolla un abrazo colectivo que simboliza “que el colectivo LGTBIQ+ es un refugio, un hogar y un espacio de cuidado mutuo donde podemos vivir con libertad nuestra identidad”. La escena también hace referencia a la fuente de la plaza de San Marcos, a la vez que quienes aparecen en la escena, que forman parte del entorno cercano del autor y otros artistas de distintos ámbitos pertenecientes al colectivo, portan iconos de la cultura LGBIQ+ y de la cultura popular sevillana.

Una de ellas porta la bandera trans a modo de mantón, otra de las personas va vestida de sol, “en un guiño al imaginario de Ocaña”, otra luce un pendiente de esmeralda “como homenaje a La Esmeralda de Sevilla”, aparece también una drag con un pendiente con el ala de Curro.

Del mismo modo, el pantalón de uno de los presentes en la pintura “recrea motivos ornamentales inspirados tanto en la cerámica Trianera como en los bordados de los mantos de las vírgenes”, otra sostiene un jazmín en la mano, en referencia al poema El mariquita se peina, de Federico García Lorca, y la tipografía del cartel incorpora un clavel, “una flor profundamente ligada a nuestra cultura”, ha señalado el autor.

Es más que evidente que existe un choque entre el ruido político y la realidad cotidiana, por eso, la organización Accem se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la gestión de las migraciones y la protección internacional en Extremadura. Dirigida en la región por Mar García Navarro —quien coordinó la emergencia migratoria en Canarias entre 2021 y 2023—, Accem trabaja desde un enfoque de Derechos Humanos, intervención integral y, de manera muy específica, autonomía a través del empleo. Su experiencia desmiente con datos y con historias de vida los bulos que circulan sobre las personas migrantes.

“No se trata de dar ayudas por darlas, ni de dar el pescado; se trata de enseñar a pescar. El sistema de acogida garantiza prestaciones básicas sí, pero sobre todo, un fuerte apoyo en formación e inserción laboral. En cuanto las personas que llegan a España adquieren el idioma, pasan directamente al área de empleo. Vienen a trabajar, y nuestra experiencia con el empresariado extremeño es excelente”, resume García Navarro. Con los datos de inserción laboral y la valoración positiva de las empresas de la región, queda demostrado que las personas migrantes llegan con voluntad de trabajar y aportar, no de depender de ayudas.

Frente a los discursos xenófobos que repiten que las personas migrantes “viven de ayudas” y “quitan recursos” a la población local, los datos de Accem muestran una realidad radicalmente opuesta: quienes llegan lo hacen con una altísima motivación para trabajar y sostener a sus familias. Y, además, lo hacen en sectores donde la “prioridad nacional” no es que sea injusta: es que es impracticable, porque no hay suficientes personas dispuestas a ocupar esos puestos.

El colectivo atendido por Accem está dando respuesta a necesidades urgentes del mercado laboral extremeño. En la construcción, las empresas trasladan constantemente su preocupación por la falta de personal. Accem forma específicamente a sus usuarios: solo en 2025, 30 personas obtuvieron el título de Prevención de Riesgos Laborales de la construcción para incorporarse de inmediato al sector. En la agricultura y la ganadería, su presencia es vital para campañas específicas como la recogida de la fruta de hueso, evitando que las cosechas se queden en el campo por falta de relevo. En la hostelería y el sector servicios, tanto en cocina como en sala, cubren puestos que cuesta mantener ocupados. Y en el área de cuidados —un sector estratégico en una región envejecida como Extremadura— su aportación es directamente imprescindible.

En el COVID-19

En los momentos más críticos, esa disponibilidad para trabajar se ha traducido en decisiones que hablan de coraje y compromiso. Durante lo peor de la pandemia de la COVID-19, los hospitales extremeños se quedaron sin personal dispuesto a trabajar en la gestión de residuos sanitarios de alto riesgo. Una cincuentena de usuarios de protección internacional de Accem asumió esa tarea en primera línea, equipados con EPIs, en un contexto de miedo generalizado. A día de hoy, algunos continúan trabajando en esa misma empresa, con un grado excelente de satisfacción por parte de la patronal. En la zona de Almaraz, grupos de jóvenes malienses han sido contratados de manera totalmente regularizada para realizar labores técnicas y de mantenimiento, sin fricciones y con un rendimiento óptimo. Es decir: no solo no “quitan trabajo”, sino que ocupan puestos que, de otro modo, quedarían vacantes.

La historia de Accem en Extremadura comienza en 2010, en Cáceres, con apenas dos pisos y 12 plazas disponibles, a petición del Ministerio competente ante la crisis de refugiados de Oriente Próximo. Desde entonces, la infraestructura no ha dejado de crecer. Actualmente, la entidad cuenta con casi 240 profesionales en la comunidad autónoma, la inmensa mayoría de ellos extremeños y formados en la propia región. Lejos de ser un gasto, el funcionamiento de los centros de Accem actúa como un motor económico para Extremadura. La entidad prioriza la contratación de proveedores locales para el mantenimiento de su red: empresas de catering y alimentación extremeñas, comercios locales para la compra de textil —sábanas, toallas—, calzado y vestuario, así como proveedores de material de oficina, mobiliario y papelería. Cada euro que entra en el sistema de acogida se multiplica en la economía local.

A nivel estatal, los datos consolidados de 2025 hablan de casi 17.000 plazas de acogida activas en todo el territorio, principalmente de protección internacional y ayuda humanitaria. En programas de empleo, cerca de 8.000 personas fueron atendidas, y el 34% de ellas encontró un contrato laboral de manera directa. El 57% de esas contrataciones se realizaron en pequeñas y medianas empresas, el tejido que sostiene la economía real del país. En Extremadura, entre 2025 y el primer trimestre de 2026, 296 personas han sido atendidas en programas de empleo. Las principales nacionalidades son Venezuela y Mali. La evolución del perfil migratorio también se ha visto marcada por la guerra de Ucrania: tras el estallido del conflicto en 2022, Accem gestionó 50 plazas específicas en Cáceres, en un espacio facilitado inicialmente por el Ayuntamiento en el edificio Valhondo. Aquella migración fue eminentemente femenina y familiar —madres, abuelas e hijos pequeños—. Hoy, esas plazas se han estabilizado y transformado en pisos de autonomía normalizados.

Red mixta de financiación

La organización trabaja con una red de financiación mixta —estatal, autonómica y privada—. En el contexto político actual, con el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura, Accem confirma que se sigue trabajando con absoluta normalidad y que las partidas para los programas autonómicos se mantienen en las mismas condiciones. Al menos, hasta ahora. Entre los programas autonómicos actuales se encuentran la atención humanitaria, dirigida a personas refugiadas en situación de extrema vulnerabilidad; la atención a personas en riesgo de exclusión social, desarrollada en estrecha colaboración con los servicios sociales comunitarios de Cáceres y Mérida —donde, por la propia estructura del programa, la mayor parte de la población atendida en esos pisos es de nacionalidad española—; y las ayudas para el alquiler, en coordinación con servicios sociales e instituciones locales como el Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, para facilitar el acceso a la vivienda.

A estos se suman otros programas destacados: un programa de inmersión lingüística para mujeres migrantes financiado vía IRPF; la intervención en prisiones, con talleres grupales de apoyo a mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de la región; un taller de aprendices, financiado por la Fundación MAPFRE, un programa de seis meses de formación especializada en el área de mantenimiento y servicios; y un estudio internacional en cooperación, financiado en 2025 por la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID) junto a la Universidad de Extremadura, que consistió en un estudio comparativo pionero entre las metodologías de intervención de la Ruta Atlántica (Canarias) y la Ruta Centroamericana (el tren 'La Bestia' hacia México y Estados Unidos).

Otro de los mitos que Mar García Navarro quiere romper es el de la “vulnerabilidad psicológica crónica” de las personas refugiadas. “Trabajamos con personas inmensamente resilientes. Han pasado por eventos traumáticos y tránsitos migratorios durísimos —que en el caso de las mujeres incluyen la violencia sexual como arma de guerra—, pero llegan dañadas, no destruidas. El número de personas que desarrolla un trastorno de estrés postraumático severo es mínimo. Lo que tienen de verdad son ganas de salir adelante”, subraya. La imagen de personas rotas para siempre no solo es falsa, pues, sino que deshumaniza y niega la capacidad de reconstrucción que demuestran a diario.

Sinergias

También se desmonta, con datos, la idea de que la presencia de centros de acogida aumenta la delincuencia. Las consultas directas de Accem con las instituciones competentes y las fuerzas de seguridad —como la Policía en Mérida— confirman de forma rotunda que en ningún caso ha aumentado la delincuencia por la presencia de estos recursos. Al contrario, se generan sinergias de cohesión social. Un ejemplo es el proyecto desarrollado en Mérida, donde los jóvenes del centro de acogida realizan encuentros con ancianos de residencias de mayores que sufren soledad no deseada, compartiendo historias culturales y ofreciendo acompañamiento mutuo. Lejos de ser un foco de conflicto, la acogida se convierte en un espacio de encuentro intergeneracional.

La reciente denuncia de una agresión sexual en Mérida ha provocado una reacción pública inusualmente intensa por parte de determinados colectivos que, en ocasiones anteriores, no habían mostrado el mismo nivel de implicación ante hechos similares. Este cambio de actitud invita a una reflexión necesaria: cuando la defensa de las víctimas aparece de forma selectiva, condicionada por el origen del presunto agresor, deja de ser una postura coherente de protección a las mujeres para convertirse en un discurso atravesado por otros intereses.

Diversas voces han subrayado que la preocupación legítima por la violencia sexual no puede depender de la identidad, nacionalidad o procedencia de quien la ejerce. De lo contrario, se corre el riesgo de utilizar el dolor de las víctimas como argumento para reforzar prejuicios o agendas excluyentes. En este sentido, algunas reacciones públicas parecen responder más a una narrativa que busca señalar a personas migrantes que a un compromiso sostenido con la erradicación de la violencia machista.

Especialistas en violencia de género recuerdan que este tipo de delitos atraviesa todas las capas sociales y contextos culturales, y que su abordaje requiere políticas integrales y coherentes, no respuestas selectivas. La credibilidad del compromiso social con las víctimas se resiente cuando solo se activa en determinados casos, especialmente si coincide con la posibilidad de alimentar discursos xenófobos.

Este episodio, por tanto, no solo interpela a las instituciones en su respuesta ante la agresión denunciada, sino también a la sociedad en su conjunto: ¿se está defendiendo a las víctimas de manera consistente o se está utilizando su situación para reforzar determinadas posiciones ideológicas?

En la actualidad, otro de los focos mediáticos está en Badajoz, donde se ha producido la llegada reciente de jóvenes de origen maliense que se encuentran sin plazas de pernocta. Desde Accem Extremadura se apela a la prudencia institucional una vez más. La entidad está recabando toda la información técnica para esclarecer la situación administrativa de estos chicos. Al tratarse presuntamente de una competencia autonómica inicial, Accem evalúa los mecanismos para ponerse a disposición de la administración competente y apoyar, si fuera necesario, en la atención humanitaria y el encauzamiento digno de estos jóvenes dentro del sistema regulado. De nuevo, la clave no es el alarmismo, sino la gestión.

Abasse Sagna

Detrás de las cifras y los programas de inserción hay vidas concretas, historias reales que desmontan, una por una, los tópicos y simplificaciones de la llamada “prioridad nacional”. La historia de Abasse Sagna es una de ellas. Salió de Mali con una biografía marcada por la pérdida y la violencia. “He perdido a casi toda mi familia”, cuenta. Sus padres murieron antes del recrudecimiento del conflicto de su país, pero uno de sus hermanos falleció en la guerra. Solo le queda una hermana mayor, con la que vivió tras abandonar su pueblo natal para trasladarse a Bamako, la capital. “La vida en mi país es muy difícil”, resume. La inestabilidad en el norte de Mali, agravada tras la caída del régimen de Gadafi en Libia en 2012, ha impactado especialmente en las zonas rurales. “Es una región por donde circulan armas y grupos armados. Cada año empeora”, explica.

Su proyecto vital, sin embargo, iba por otro camino. Quería estudiar medicina. “Era el sueño de mi madre”, recuerda. Pero su muerte truncó ese objetivo. “Era mi apoyo. Cuando falleció, perdí las ganas de seguir estudiando”. Decidió entonces emigrar a Mauritania, donde trabajó durante años para ayudar a su familia. Allí también enfrentó dificultades, incluido el racismo y un intento fallido de salida hacia Europa que terminó con dos semanas en prisión. No fue hasta octubre de 2023 cuando logró emprender el viaje definitivo. Partió desde Senegal en una embarcación con 57 personas. “Fue muy duro”, dice. Pasaron seis días en el mar hasta llegar a El Hierro. “Había comida y agua, pero el viaje es difícil, sobre todo por la incertidumbre”. Tras una noche en la isla, fue trasladado a Tenerife y posteriormente a la península.

Su llegada a España tampoco fue sencilla. En Mérida, donde fue acogido inicialmente, se encontró con dificultades para iniciar su solicitud de asilo. “Nos decían que había que hacerlo online, pero yo no sabía cómo. Aunque sé leer y escribir, no es fácil en otro idioma”. La falta de apoyo institucional le obligó a buscar alternativas hasta que una red de voluntarios le ayudó a contactar con asistencia jurídica. Fue entonces cuando su situación empezó a cambiar. “Tuve suerte”, afirma. Destaca especialmente el papel de una abogada que le acompañó en el proceso. Gracias a ello, pudo formalizar su solicitud de protección internacional y ser derivado al sistema de acogida en Cáceres, donde llegó en marzo de 2024.

“Allí todo fue diferente”, explica sobre su experiencia en la capital cacereña. A través del programa de acogida, accedió a clases de español, formación y acompañamiento. “En otros centros éramos cientos de personas y apenas se aprendía. Aquí sí”. Con el idioma como base, comenzó a formarse en distintos ámbitos: logística, prevención de riesgos laborales y energías renovables. Hoy trabaja en la hostelería, en el bar Viña Grande, y contó con protección subsidiaria desde enero de 2025. “Ahora ya tengo todo en regla, trabajo y me pago todas mis cosas”, señala. Vive en un piso compartido con dos chicas jóvenes y asegura haberse integrado en la ciudad. “Cáceres es el lugar donde empiezo de nuevo, donde he construido mi vida”.

Racismo

Eso no significa que su camino haya sido fácil ni que haya estado libre de racismo. Relata el caso de una vecina que evitaba coincidir con él en el ascensor y le acusó de “quitar el trabajo” a sus hijos. “Le respondí que yo no tenía las mismas oportunidades que sus hijos, que nacieron aquí”, recuerda. La situación le afectó tanto que decidió mudarse. “Puede afectarte mucho psicológicamente y yo preferí irme de ese edificio”. Además de trabajar, Abasse colabora como traductor para ayudar a otros migrantes recién llegados. “Muchos no hablan español y necesitan apoyo”, explica. También ha retomado los estudios con la intención de reconstruir el camino que dejó atrás. “Quiero volver a estudiar. Ojalá medicina, pero sé que es difícil. Buscaré una opción que me permita vivir dignamente”. Su deseo más profundo es poder reunirse con su hermana, que sigue en Mali. “Es lo que más quiero”, dice. Y lanza una reflexión que va más allá de su caso: “Si hoy estoy integrado en Cáceres, es gracias a la ayuda que recibí de ACCEM. Me ayudaron y enseñaron cómo empezar de nuevo”.

La historia de Jessica López también rompe el cliché de quienes hablan de “efecto llamada” y “abusos del sistema”. Llegó a España sin conocer a nadie, con dos hijos menores y una decisión difícil a cuestas: abandonar Venezuela para garantizarles un futuro. “No fue fácil dejar a mi familia, pero sentía que tenía que hacerlo por ellos”, explica. En su país era docente universitaria, con doctorado y casi veinte años de experiencia. “Con todo eso, al llegar aquí, experimentas un choque total”. Aterrizó en Madrid sin información previa sobre los recursos de acogida. “No sabía que existían programas de apoyo para migrantes”, recuerda. La realidad inicial fue dura: dificultades para acceder a una vivienda, problemas para recibir atención sanitaria para su hijo —que había sufrido un accidente antes de viajar— y la imposibilidad de trabajar sin permisos. “Llegué a pensar en volverme”, admite.

Su situación comenzó a estabilizarse cuando fue derivada a Cáceres, donde accedió a un programa de acogida. “Ahí se me abrió todo”, cuenta. Gracias a ese apoyo pudo acceder a vivienda, orientación laboral y acompañamiento psicológico puntual. “Es fundamental, porque aunque hablemos el mismo idioma, el cambio cultural es fuerte: horarios, costumbres, todo”. Un año después de su llegada, Jessica forma parte de un programa de formación y empleo en el Gran Hotel Don Manuel. Trabaja actualmente como camarera de piso, dentro de un itinerario que incluye rotaciones por distintos departamentos del establecimiento. “En Venezuela yo pagaba para que me ayudaran a limpiar porque no tenía tiempo de hacerlo. Aquí he tenido que hacer incluso un curso para ello. Es un cambio grande, pero me adapto bien”, explica.

Su objetivo, sin embargo, sigue siendo ejercer su profesión. El proceso de homologación de títulos se ha convertido en uno de los principales obstáculos. “El doctorado tardó ocho meses en verificarse. La licenciatura puede tardar entre tres y cuatro años. Es demasiado tiempo”, denuncia. Mientras tanto, no puede trabajar en su ámbito. “Una viene preparada, con experiencia, con ganas de aportar, y se encuentra con muchas puertas cerradas”. También señala las dificultades administrativas para acceder al empleo en general: “Sin permiso de trabajo no puedes hacer nada, y conseguirlo lleva tiempo. Pero si acabas de llegar, ¿quién te da trabajo sin contactos?”. A estas barreras se suma la conciliación. Sus hijos, de corta edad, dependen exclusivamente de ella. “Me organizo como puedo: les dejo la comida hecha, una persona me ayuda a recoger al pequeño… todo es una cadena jumana para poder cumplir con el trabajo”.

En su relato también aparece alguna crítica velada al sistema de acogida. Otro de los puntos más delicados es el acceso a la sanidad en los primeros momentos. “Sin padrón o sin tarjeta sanitaria, no te atienden fácilmente. Mi hijo necesitaba atención y tuve que buscar alternativas por mi cuenta”, relata. Una experiencia que, según denuncia, contradice la idea de una sanidad universal plenamente accesible. Pese a todo, Jessica insiste en su actitud: “Yo no vine a vivir de ayudas. Vine a trabajar”. De hecho, recuerda que el parón inicial le resultó especialmente difícil en España: “Me decían que me lo tomara como unas vacaciones, pero yo no estoy acostumbrada a eso”.

Sobre su país, el diagnóstico es claro: “La situación está igual o peor cada día. Falta de luz, sueldos insuficientes, servicios precarios… no hay futuro”. Esa realidad, dice, sigue empujando a muchas personas a emigrar. Ahora, con 40 años, afronta una reconstrucción vital en un nuevo país. “Es empezar de cero, pero con dos hijos”, resume. Su mayor preocupación es el futuro inmediato: el final del programa de acogida. “Te dan 15 días para salir y es muy poco tiempo. Conseguir alquiler es muy difícil, sobre todo siendo madre sola”. Aun así, mantiene la determinación: “Si hay que empezar de nuevo, se empieza. Lo importante es seguir”.

Contra la propia región

Cuando se escucha a Abasse y a Jessica, cuando se miran los datos de empleo, de impacto económico, de convivencia, la consigna de “prioridad nacional” se revela por lo que es: un eslogan que ignora la realidad material de Extremadura. No es solo que sea injusto excluir a quienes huyen de la guerra, la violencia o el colapso económico. Es que, además, va contra los intereses de la propia región. Extremadura necesita manos para recoger la fruta, levantar andamios, atender a mayores, servir mesas, mantener servicios básicos. Necesita también talento, formación, proyectos de vida que quieran arraigar en la comunidad extremeña.

La migración, tal y como la muestra y demuestra el trabajo de Accem, no es una amenaza ni un gesto de buenismo: es una pieza central para construir un futuro mejor para todas las personas. Para las que vienen y para las que ya estaban. Un futuro en el que los bulos pierdan fuerza frente a los datos, y en el que las historias de humanidad de Abasse, de Jessica y de tantas otras personas se entiendan no como excepciones, sino como parte de la respuesta a una cuestión que Extremadura ya no puede aplazar: ¿Cómo quiere sostener su mañana una región que envejece, pierde población joven y necesita manos, talento y energía para seguir funcionando?

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha llançat aquest dijous una advertència sobre aquells que “utilitzen la paraula de Déu per als seus propis interessos” i tracten d'instrumentalitzar l'Església amb finalitats polítiques. “L'Església no predica ideologia ni dóna un pensament polític.”Compte amb aquells que sí tenen aquest interès polític i volen utilitzar l'Església per als seus interessos“, ha asseverat.

Durant una trobada amb els mitjans amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, el prelat ha citat el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, com a exemples d'aquesta utilització política de la religió. “No és cristianisme això”, ha sentenciat el prelat mallorquí.

El missatge se suma a altres declaracions del bisbe mallorquí en les quals ha defensat una acollida “humana i responsable” de les persones migrants, ha advertit contra la normalització de discursos excloents i ha cridat les institucions a no girar l'esquena als qui queden fora del sistema.

En un context marcat pels discursos d'odi contra les persones migrants i per determinades actituds que, al seu parer, resulten “inadmissibles”, el bisbe ha denunciat especialment el “rebuig” i la criminalització que pateixen per part de diferents sectors de la societat i de l'esfera política.

“Cridar-los delinqüents és una calúnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut de marxar de casa seva”, va asseverar sobre una de les proclames més difoses per la dreta i l'extrema dreta, la que relaciona l'arribada d'estrangers amb la delinqüència i que ha estat ampliament desmentida per les fonts oficials i per nombrosos estudis científics.

Dies després, el bisbe va aprofitar el seu tradicional missatge de Nadal per tornar a posar el focus en les persones més vulnerables i reclamar una major sensibilitat social davant la pobresa, la malaltia, la solitud, la manca d'habitatge i el “drama” de la migració forçada.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha lanzado este jueves una advertencia sobre quienes “utilizan la palabra de Dios para sus propios intereses” y tratan de instrumentalizar la Iglesia con fines políticos. “La Iglesia no predica ideología, no da un pensamiento político. Cuidado con quienes sí tienen ese interés político y quieren utilizar la Iglesia para sus intereses”, ha aseverado.

Durante un encuentro con los medios con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el prelado ha citado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como ejemplos de esa utilización política de la religión. “No es cristianismo esto”, sentenció el prelado mallorquín.

El mensaje se suma a otras declaraciones del obispo mallorquín en las que ha defendido una acogida “humana y responsable” de las personas migrantes, ha advertido contra la normalización de discursos excluyentes y ha llamado a las instituciones a no dar la espalda a quienes quedan fuera del sistema.

En plena escalada de los conflictos internacionales, el aumento de las desigualdades y el endurecimiento de las condiciones de vida, Taltavull hizo un llamamiento el pasado 22 de diciembre a la ciudadanía y a los responsables políticos para que pongan fin a los discursos de odio contra las personas migrantes y a determinadas actitudes que, a su juicio, resultan “inadmisibles”. Entre ellas, el “rechazo” y la criminalización que sufren por parte de diferentes sectores de la sociedad y de la esfera política.

“Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, aseveró sobre una de las proclamas más difundidas por la derecha y la extrema derecha, la que relaciona la llegada de extranjeros con la delincuencia y que ha sido ampliamente desmentida por las fuentes oficiales y por numerosos estudios científicos.

Días después, el obispo aprovechó su tradicional mensaje de Navidad para volver a poner el foco en las personas más vulnerables y reclamar una mayor sensibilidad social ante la pobreza, la enfermedad, la soledad, la falta de vivienda y el “drama” de la migración forzada.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado este sábado su rechazo al principio de 'prioridad nacional' promovido por Vox en los acuerdos de gobierno autonómicos de Aragón y Extremadura, afirmado que es “bastante insultante”.

Lo ha dicho durante la inauguración de la nueva Escuela Infantil de Velada, en la provincia de Toledo, criticando que “algunos radicales” plantean que “en vez de atender a la salud o a los enfermos, solo hay que atender a los que tienen el carnet de identidad español”.

“¿Se puede decir en verdad en España, que somos un país abierto, tolerante, solidario, que ante la enfermedad urgente de un niño no le vamos a atender por el color de la piel? ¿Se puede decir y mantener la mirada? Pero si podemos hacerlo, si tenemos recursos y medios”, ha dicho el presidente castellanomanchego.

A renglón seguido, ha criticado al líder regional de Vox David Moreno que ha promovido ampliamente el concepto de “prioridad nacional”, en las últimas semanas. “Luego encima va a misa o se enseñorea en calesas”, en alusión a su participación en la celebración de la festividad de San Isidro, en Talavera de la Reina, este viernes donde es teniente de alcalde, en un gobierno conjunto con el PP.

García-Page se ha preguntado si el planteamiento es “solo atender al que trabaja” y ahí ha afirmado que “hay muchos españoles que no trabajan y no digamos ya los que no quieren trabajar”. También ha apuntado a las consecuencias sanitarias del planteamiento. “¿Si además esa persona a la que no se le quiere atender tiene una enfermedad infecciosa? Es decir, que puede contagiar a todos los españoles. ¿Tampoco le atendemos? ¿Tampoco se le da prioridad?”, ha cuestionado.

“El populismo y la demagogia son el mal de nuestro país”, ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha atiende a usuarios de Ávila

El presidente castellanomanchego ha recordado que la zona sanitaria de Talavera de la Reina, atiende en la actualidad “a una parte importante de la provincia de Ávila, de la Sierra de Gredos”.

“Estamos hablando de 37.000 cartillas que se suman y que son atendidas desde Castilla-La Mancha, con cargo a Castilla-La Mancha”, ha subrayado García-Page. “Al fin y al cabo, el sistema nosotros sí pensamos y creemos que es nacional. La salud es de todos”, ha declarado.

Caminar por las calles de San Salvador hoy se siente distinto. Hay una pesadez en el aire que no estaba allí hace una década, o quizás siempre estuvo, pero ahora se ha vuelto institucional, ruidosa y validada. Como mujer, como salvadoreña y como defensora de los derechos humanos, escribir sobre la LGBTI-fobia es un recuento de cicatrices propias y ajenas, de llamadas a medianoche y de la persistente lucha por no permitir que el miedo nos borre del mapa. 

En los últimos años, hemos sido testigos de una paradoja dolorosa. Mientras el mundo parece avanzar hacia una mayor comprensión de la diversidad, en nuestra región y específicamente en mi país El Salvador el reloj parece haber empezado a caminar hacia atrás. 

Recuerdo cuando, hace unos años, sentíamos que estábamos abriendo brechas. Hablábamos de leyes de identidad de género, de protocolos de atención en salud, de sensibilizar a las fuerzas de seguridad. Había una llama de esperanza. Pero recientemente, esa llama ha sido soplada con una fuerza institucional que nos ha dejado a oscuras en muchos sentidos. 

La LGBTI-fobia en El Salvador ha mutado. Ya no es solo el insulto callejero o el prejuicio religioso en la mesa familiar; se ha convertido en una fobia política. Cuando desde las esferas del poder se eliminan palabras como 'género' o 'diversidad' de los currículos escolares y de las políticas públicas, no solo se borran términos, se están borrando vidas. Se está enviando un mensaje claro a la sociedad: “Estas personas no existen, y si existen, no merecen ser nombradas”. 

Esa invisibilidad forzada es una forma de violencia psicológica colectiva. He visto a compañeras trans, esas que han sobrevivido a la guerra y a las pandillas, llorar de impotencia al ver cómo se cierran las pocas puertas que logramos abrir con tanto sudor. 

Defender derechos en este contexto es como intentar sembrar en un suelo que alguien se empeña en llenar de sal. Me quiebra el alma ver a nuestra juventud. Chicos, chicas y chicxs que antes se sentían un poco más libres de ser quienes son, ahora regresan al clóset por miedo a perder su empleo o, peor aún, por miedo a ser blanco de una violencia que se siente cada vez más legitimada por el discurso de “la protección de la familia”. 

¿De qué familia hablan cuando excluyen a las nuestras? Mis ojos han visto la verdadera cara de la exclusión: 

A pesar de este panorama sombrío, mi labor me ha enseñado que donde hay opresión, florece una resistencia hermosa y profundamente humana. En nuestras redes de apoyo, en los refugios improvisados, en las marchas que, pese a todo, siguen llenando de colores nuestras calles grises, ahí encuentro la fuerza. 

No defendemos “ideologías”, como algunos quieren hacer creer. Defendemos el derecho a existir sin miedo. Defendemos la posibilidad de que una persona joven en un barrio de Soyapango o de Santa Ana no sienta que su vida vale menos por a quién ama o cómo se identifica. 

La LGBTI-fobia es un veneno que corroe el tejido social, porque nos enseña a odiar lo que no entendemos en lugar de celebrar la complejidad de la experiencia humana. Pero aquí seguimos. Personalmente, me niego a que el cinismo gane. Cada vez que acompaño a una víctima, cada vez que logramos que una persona se sienta escuchada y validada, estamos ganando una batalla contra ese odio 

El camino que queda es largo y, no voy a mentir, se ve empinado. La región está girando hacia un conservadurismo que utiliza a nuestras poblaciones como “chivos expiatorios” para ganar simpatía popular. Sin embargo, mi compromiso como defensora es inamovible. 

Seguiremos escribiendo, seguiremos denunciando y, sobre todo, seguiremos amando. Porque al final del día, lo que la fobia no entiende es que nuestra existencia es un acto de valentía cotidiana. El Salvador será verdaderamente grande el día en que todos sus hijos, hijas e hijes sin excepción, puedan caminar bajo su sol sin sentir que su propia identidad es una sentencia. 

Mientras tanto, aquí nos encontrarán: en la primera línea, con el corazón abierto y la voz firme, tejiendo red para que nadie más caiga en el vacío del olvido.

Discúlpenme si resulto con el título de este artículo soez, vulgar, escatológica y políticamente poco correcta. Mi intención no es tratar de incomodar a quienes me leen, sino invitarles a reflexionar sobre lo que el cuerpo nos recuerda: no se debería especular con las necesidades básicas, precisamente su esencialidad nos recuerda que son primordiales para podernos desarrollar como personas. La particularidad de lo que nos hace humanos reside principalmente en que somos seres vulnerables, dependientes y limitados.

Sin embargo, las lógicas sociales hacen merecedores de ciertos privilegios a unos pocos frente a otros, a base de legitimar a partir de convenciones y conveniencias sociales, económicas y culturales estableciendo jerarquías artificiales entre los miembros de una sociedad, mientras el propio cuerpo insiste, cada día, en recordarnos que nuestras necesidades más esenciales nos igualan.

El sistema neoliberal, modelo socioeconómico dominante, nos vende la idea bajo el paraguas de la libertad de elección, de mercadear con las necesidades más básicas para poder garantizar el desarrollo de la humanidad. Desde su óptica, la posición social y económica de un individuo, es producto de su échaleganismo o échalehuevismo, y no fruto de oportunidades desiguales, origen social, herencias familiares, capital cultural y/o condiciones de salud. Su dinámica de funcionamiento es muy básica: el éxito lo interpreta como mérito puramente personal y la precariedad como un fracaso individual, invisibilizando la línea de partida de cada persona y haciéndolas responsables de su situación.

El sistema funciona así, desde pequeños nos enseñan a comprender el mundo: Aprendemos que hay personas exitosas, fracasadas, listas, torpes, trabajadoras y/o vagas. Aprendemos que quien más tiene, en teoría, es porque lo merece. Y quien menos tiene, algo habrá hecho mal: es así como asumimos, que, mediante la meritocracia, garantizamos, legitimamos y naturalizamos la jerarquía social.

El sistema neoliberal nos vende la idea, bajo el paraguas de la libertad de elección, de mercadear con las necesidades más básicas para poder garantizar el desarrollo de la humanidad. Desde su óptica, la posición social y económica de un individuo, es producto de su 'échaleganismo' o 'échalehuevismo', y no de oportunidades desiguales

Pero ¿Recordáis la famosa pirámide de las necesidades humanas de Maslow? Sí, esa en la que en la que en la base de la pirámide estaban las necesidades fisiológicas para garantizar la supervivencia (dormir, eliminación de desechos, alimentación, cuidados básicos,...) en el segundo escalón, estarían aquellas que una vez cubiertas las primeras, son necesarias para garantizarnos seguridad (vivienda, seguridad física-salud, trabajo que garantice el mantenimiento). Y así, una vez cubiertas las anteriores, se necesitan las relacionadas con el reconocimiento, afiliación y pertenencia. Cuando somos parte del grupo, el ser humano necesita, aquellas que satisfacen su reconocimiento (de estima, sentirnos apreciados), y en la cúspide aquellas que garantizan la autorrealización (valores, moral y creatividad).

Pues me resulta paradójico o al menos a mí me llama especialmente la atención, la siguiente tesis: y es que, hay una tendencia que se viene imponiendo, especialmente desde la crisis de 2008, y es que se ha ido mercantilizando y precarizando los medios a través de los cuales podíamos satisfacer aquellas necesidades básicas necesarias para desarrollarnos como seres humanos.

En primer lugar, los recortes educativos posteriores a la crisis de 2008 se tradujeron en aulas más masificadas, menos docentes, menos oportunidades y mayores dificultades para quienes ya partían de situaciones vulnerables. Poco a poco, la educación comenzó a depender cada vez más de los recursos económicos de cada familia, perdiendo calidad y dejando de ser el instrumento mediante el cual se garantizaban la igualdad de oportunidades y la autorrealización de las personas. Primera dificultad para acceder a la cima de la pirámide de las necesidades humanas de Maslow.

Por otra parte, los problemas de salud mental, y los recortes sanitarios siguen aumentado. La precariedad laboral, la inestabilidad económica, las dificultades para conciliar la vida personal y laboral y/o la falta de tiempo para construir vínculos afectivos sólidos han generado un contexto marcado por el estrés, la incertidumbre y el agotamiento emocional. En una sociedad cada vez más acelerada, sentirse querido, reconocido o valorado por los demás se convierte también en una necesidad difícil de sostener. Segunda dificultad para conseguir el nivel de la pirámide de las necesidades humanas.

En sociedades cada vez más individualizadas con entornos inestables, donde el tiempo para compartir y cuidar los vínculos es limitado, pertenecer plenamente a un grupo o comunidad también se convierte en una necesidad difícil de sostener. Parece que otra dificultad más para satisfacer la necesidad de pertenencia.

¿Y la necesidad de seguridad? La vivienda y el trabajo, pilares fundamentales para garantizar la seguridad humana, se han ido precarizando progresivamente desde la crisis de 2008. La incertidumbre económica, el encarecimiento de la vivienda y la inestabilidad del mercado laboral han debilitado una de las necesidades más básicas: la posibilidad de sentirse seguro y protegido.

Más preocupante aún, la dinámica del sistema neoliberal es que ya no solo afecta únicamente a las necesidades relacionadas con la autoestima, la pertenencia o la seguridad, sino a aquellas que se encuentran en la base misma de la supervivencia humana. Comer de forma saludable, descansar, acceder a cuidados básicos, o mantener una temperatura adecuada dentro del hogar, depende cada vez más, del bolsillo individual.

Me sigue resultando paradójico que, en sociedades con un enorme desarrollo tecnológico, garantizar las necesidades más básicas sea para muchas personas, una fuente de angustia. Como si el sistema hubiese invertido la lógica de la propia pirámide de Maslow: aquello que debería estar asegurado para permitir el desarrollo humano se convierte ahora en un privilegio condicionado por el mercado.

"Me sigue resultando paradójico que, en sociedades con un enorme desarrollo tecnológico, garantizar las necesidades más básicas sea para muchas personas, una fuente de angustia y que aquello que debería estar asegurado para permitir el desarrollo humano se convierte ahora en un privilegio"

Quizás el problema no sea que las personas no se esfuercen lo suficiente, sino que estamos construyendo un modelo social donde incluso lo imprescindible se ha convertido en mercancía.

Y cuando las necesidades básicas dejan de ser derechos garantizados para convertirse en oportunidades de negocio, lo que termina precarizándose no es solo la economía de las personas, sino también su dignidad y la posibilidad de desarrollarse plenamente como seres humanos. Por ello, os invito a reflexionar dirigiéndoos al título del artículo: Todo el mundo caga, y mea, sí, ¡¡pero no en las mismas condiciones!!

La Unión Europea (UE) y España se han consolidado como algunos de los principales exportadores mundiales de software espía y tecnologías de vigilancia, herramientas que gobiernos de todo el mundo utilizan para perseguir a activistas, periodistas, académicos e incluso trabajadores humanitarios.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), que alerta de la falta de controles efectivos en la UE para impedir que tecnología desarrollada y fabricada en territorio comunitario termine en manos de regímenes acusados de graves violaciones de derechos humanos. 

Según el documento, los Estados miembros de la UE, donde tienen su sede la gran mayoría de las empresas líderes del sector, están haciendo “demasiado poco” para evitar que estas herramientas terminen en manos de gobiernos con historiales probados de represión.

La investigación de HRW señala a España junto a Francia, Alemania, Grecia e Italia como los “mayores exportadores” de productos de cibervigilancia, en línea con lo que publicó este periódico el pasado diciembre, en un reportaje que relataba cómo Barcelona se ha convertido en un hub de empresas de ciberespías, principalmente de capital israelí, durante el último lustro.

Este sector, cada vez más boyante, medra en España y en otros países gracias a una opacidad y falta de transparencia en la que también intervienen los Gobiernos de los Estados miembro e incluso la propia Comisión Europea, denuncia el documento. 

HRW registró solicitudes de acceso a la información pública en todos los Estados Miembros para saber qué tipo de tecnología se vende desde empresas radicadas en España y el resto de países comunitarios, pero se dio de bruces contra un muro de opacidad a pesar de que hace apenas un lustro la UE defendió que esa información debía ser pública. 

España lidera en exportaciones de este material, pero también en falta de transparencia. La mayoría de los Estados, incluyendo el Gobierno español, rechazó dar información sobre estas transacciones alegando que los datos solicitados constituían secretos comerciales y contenían información sensible. De esta manera, no ha sido posible conocer qué empresas operan ni qué tecnologías están vendiendo.

Lo más sorprendente, asegura HRW, fue constatar cómo la Comisión Europea proporcionó a algunos Estados miembros el lenguaje específico que debían utilizar para redactar sus negativas a las solicitudes de transparencia, participando directamente en el secretismo que denuncia el informe. 

El documento señala que estas justificaciones de confidencialidad comercial son “injustificadas” bajo el lenguaje original de la ley europea, ya que los informes requeridos no exigen revelar nombres de empresas ni detalles técnicos específicos, sino solo datos estadísticos agregados.

Una ley europea “vaciada” por la propia Comisión

En 2021, la UE aprobó una reforma ambiciosa, conocida como el “Reglamento de Doble Uso”, diseñada para controlar la exportación de tecnologías que pueden tener fines tanto civiles como militares. La norma obligaba a los Estados a considerar el historial de derechos humanos de los países compradores antes de aprobar una exportación.

El informe, sin embargo, denuncia que unas directrices publicadas por la Comisión Europea en enero de 2024 “vaciaron” de contenido el reglamento porque permitieron a los Estados miembro reportar de forma separada el tipo de tecnología y el destino de las ventas. 

El resultado, denuncia HRW, es que no hay manera de evaluar el riesgo de las exportaciones, porque no se puede saber qué herramienta fue a cada país. La Comisión justifica este secretismo por la necesidad de proteger la “confidencialidad comercial” de las empresas, un argumento que HRW considera injustificado y que no está alineado con el texto original de la ley.

A pesar de las dificultades para obtener datos fiables, HRW ha podido determinar que la tecnología de ciberespionaje europea sigue siendo exportada hacia países con prácticas controvertidas. Bulgaria, por ejemplo, exportó software espía a Azerbaiyán en 2022, a pesar del historial de ese país en el control de la disidencia política. 

Polonia, por su parte, autorizó en 2023 la venta de sistemas de interceptación de telecomunicaciones a Ruanda, a pesar de que el Ejecutivo de ese país africano utiliza esa tecnología para reprimir a la oposición tanto dentro de Ruanda como entre la diáspora, sostiene el informe. 

En Suecia, la empresa MSAB exporta herramientas capaces de extraer datos de teléfonos móviles. Estos productos se venden a países como la India —donde se ha documentado el uso de software espía contra activistas— pero las autoridades suecas argumentan que no siempre entran en la categoría de “ciber-vigilancia” por no estar diseñados específicamente para la vigilancia “encubierta”. Este “vacío legal” permite que tecnología muy intrusiva pase bajo el radar de las regulaciones, señala HRW.

Impacto en la libertad de prensa

El informe, liderado por el investigador Zach Campbell, alerta también del riesgo para los periodistas y defensores de los derechos humanos ante la proliferación de este tipo de herramientas.

HRW considera incluso que estos programas son una amenaza directa a la “seguridad física” de activistas, periodistas y opositores y pone en riesgo su capacidad para proteger sus fuentes de información. El informe subraya que la vigilancia es, por definición, una interferencia en el derecho a la privacidad según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que su uso solo debe ser legal bajo estrictas condiciones y supervisión judicial.

Como recomendaciones, HRW sugiere que las empresas que exportan estos productos deberían estar obligadas por ley a evaluar el riesgo de que sus productos contribuyan a la violación de derechos humanos antes de venderlos. 

La entidad también exige que los informes públicos incluyan el nombre del exportador, la descripción del usuario final y el destino de cada licencia. Reclama, a su vez, que los Estados prohíban automáticamente ventas a países con historiales de abusos documentados por la ONU u otras instituciones europeas.

Despego la nariz de la pantalla y traspaso el cristal.

Gitanillas de múltiples colores cuelgan de macetas en fachadas y el aroma de azahar envuelve las calles, que vieron nacer a esta mujer, que como siempre afirma, lo hizo en un cuerpo equivocado. Cuánto padecimiento se hubiera evitado, de haberlo hecho en el correcto: violaciones, desprecio, palizas… Un sinfín de negaciones de libertad y derechos, a un ser humano de alma blanca y corazón bondadoso, hasta infinita potencia. Una vida de negaciones de los demás y de afirmaciones consigo misma. Trabajo, lucha, mil veces la hincaron de rodillas y mil y una se volvió a levantar. Trabajo lucha, emigrar, emprender… triunfar.

A pesar de una sociedad y de otra religión, su identidad fue más fuerte y lo continúa siendo. Con la fundación que, creada con los fondos de su patrimonio, lleva su nombre y da cobijo a los vulnerables dentro de los vulnerables. Porque la orientación sexual, aunque mitigada, sigue siendo objeto de discriminación y de persecución y muerte en varios países. 

No podemos, nunca está justificado masacrar al diferente, por el solo hecho de no entenderlo, no compartirlo o temerlo. Hemos de liberarnos de prejuicios como de abrigos lo hacemos, al llegar la primavera. Porque hemos de buscar la esencia en nuestros semejantes: si están formulados de bien o de mal. El resto carece de importancia y muy al contrario es de agradecer. Es la diversidad la que nos aleja de las máquinas. Quién quiere ser una; yo no.

Una fecha: el 24 de abril de 2013. “Debería haberlo cambiado todo”, ha sostenido este miércoles Yolanda Díaz. Fue el día del derrumbe del edificio Rana Plaza, el peor accidente del que se tiene constancia en la industria textil, que causó 1.134 muertos en Dhaka, capital de Bangladesh. “No era una tragedia aislada, sino que creo que es un modelo que está hoy insertado en el mundo, es un modelo activo”, ha afirmado la vicepresidenta segunda, que ha presentado un informe encargado por el Ministerio de Trabajo a una comisión de expertos sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Entre las propuestas, ha destacado facilitar el acceso a la justicia de las víctimas a través de demandas colectivas en España.

El estudio de la comisión de personas expertas, liderado por el catedrático de Derecho del Trabajo Jesús Cruz Villalón, ha presentado esta mañana su informe, que recoge 100 propuestas en materia de RSC para que las empresas asuman “una efectiva responsabilidad sobre el impacto que su actividad provoca sobre muy diversos ámbitos”, como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y prohibición de discriminación, el trabajo decente y la sostenibilidad ambiental, entre ellos.

El Ministerio de Trabajo pidió hace más de un año este estudio con el objetivo de conseguir un apoyo académico y experto sobre responsabilidad social corporativa de cara a la transposición en España de la Directiva Europea sobre diligencia debida de las empresas. Díaz ha recordado que esta Directiva ha sido rebajada en sus pretensiones por la Comisión Europea, en lo que se conoce como su Plan de “simplificación”.

“Lo han llamado simplificación y es impunidad”, ha denunciado la responsable de Trabajo, que ha denunciado el modelo de la UE que asimila la “competitividad” a “desregulación” en cuestiones básicas como el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental. Por ello, Yolanda Díaz ha asegurado que defenderá dentro del Gobierno llevar a caso una transposición “ambiciosa” de la directiva, que vaya más allá de los mínimos dictados por Europa.

Acceso a la justicia en España

La vicepresidenta segunda ha destacado varias propuestas del estudio, como la que busca facilitar el “acceso a la justicia” de las víctimas de abusos como los del Rana Plaza en los tribunales españoles, gracias a la ampliación de las competencias para presentar conflictos colectivos por parte de los sindicatos, entre otras organizaciones. “Una ley de diligencia debida sin mecanismos efectivos de reparación para las víctimas es papel mojado”, ha considerado Díaz.

En concreto, el estudio propone la “ampliación de la legitimación procesal para el acceso a la justicia de las víctimas a través de acciones colectivas, atribuyendo a los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los DDHH y la protección del medio ambiente la capacidad de interponer acciones colectivas, tanto de naturaleza administrativa como judicial, en representación de las víctimas, con el fin de favorecer un acceso efectivo de estas ante los órganos administrativos y tribunales españoles encargados de la aplicación de la legislación en materia de diligencia debida”.

“Es clave”, ha considerado Díaz, junto a otra medida que también plantean los especialistas: “La carga de la prueba”. Que a través de indicios de los abusos e ilegalidades se puedan abrir estos procedimientos judiciales y que sean las empresas las que tengan que demostrar que no los han cometido.

“No puede ser que quien sufre el daño tenga que demostrar una especie de probatio diabólica, todo mientras las empresas que los causaron están quietas, guardan silencio y, además, no solamente no hacen nada, sino que no se responsabilizan de nada”, ha condenado la ministra de Trabajo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que esta propuesta se plantea para “empresas que tengan su domicilio social en España o, en caso de que no sea así, empresas que generen la mayor parte de su volumen de negocios en España”.

Autoridad independiente de control y mayores sanciones

Entre el resto de propuestas del informe, Yolanda Díaz también ha abogado por crear una autoridad independiente de control del cumplimiento de la responsabilidad social corporativa por parte de las empresas. “España puede y debe dotarse de una autoridad independiente como propone el informe”, ha sostenido la vicepresidenta. “No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se está cumpliendo con los derechos humanos”.

Díaz ha añadido que “ese control necesita también consecuencias”, porque “sin sanciones creíbles la responsabilidad social corporativa va a seguir siendo voluntaria”.

Aunque la Comisión Europea ha rebajado las sanciones máximas a un 3% de las empresas afectadas, la vicepresidenta ha defendido la propuesta del informe de “restaurar un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica” de las empresas. “Porque si no, sale barato y los derechos humanos no pueden salir barato”, ha sostenido.

Hay quienes opinan que los periodistas empiezan a hablar a diestro y siniestro de la necesidad del periodismo en cuanto perciben que su puesto de trabajo está amenazado. Es posible que así sea, pero el movimiento, digamos condicionado, de los periodistas no debería quitar importancia a la pregunta que se esconde detrás: ¿Tiene realmente el periodismo una función social; es decir, hace que los ciudadanos estén más atentos sobre lo que ocurre a su alrededor, y ayuda a que sean más capaces de decidir qué fenómenos son beneficiosos y deben ser empujados y promovidos y cuales son perjudiciales y deben ser eliminados o corregidos?

Hay opiniones encontradas, pero nunca como ahora ha sido tan urgente llegar a una conclusión. Primero, porque hoy día la sociedad recibe un volumen formidable de datos e imágenes que proceden de fuentes muy diversas. Los nuevos instrumentos tecnológicos permiten que todo tipo de poderes, económicos, financieros, comerciales, políticos, religiosos, etc, coloquen su material, directamente, en el móvil, ordenador o tableta del ciudadano. Segundo, porque esa catarata de datos, palabras e imágenes, que se presenta como periodismo, no le ayuda a decidir lo que beneficia o perjudica a sus propios intereses, ni le impulsa a involucrarse más en la solución de los problemas que le atañen sino que,  precisamente, le desmoviliza y le  vuelve más apático.

 ¿Es el periodismo es el mejor instrumento para combatir esa creciente confusión, en la que se mezcla propaganda, publicidad, elementos de distracción y entretenimiento con información política, social, cultural o económica?  ¿Es nuestro oficio capaz diferenciar entre lo que constituye solo comunicación, intercambio, y lo que supone información periodística?  

Los periodistas sabemos que nuestro trabajo es algo más que un mero negocio de intercambio de datos e imágenes y tenemos que buscar la manera de protegerlo y desarrollarlo usando, por supuesto, las nuevas tecnologías, pero haciéndolo de manera que por el camino no quede destruido el verdadero objetivo del oficio. Desde mi punto de vista,  ese objetivo ha sido siempre, y debe seguir siendo, colocar en el debate público temas que no responden a los intereses de esos grandes grupos de presión sino que están relacionados con las necesidades de los ciudadanos comunes y con el respeto a los principios democráticos del sistema en el que desean vivir.

 El periodismo debe aspirar a influir y la única manera de hacerlo es tener capacidad para imponer agendas públicas; para decir explícitamente sobre qué cuestiones creemos que hay que hablar de manera colectiva. Es cierto que cada vez resulta más difícil por la enorme fragmentación de los medios digitales y por la formidable coacción que ejercen los grupos de presión, pero aun así hay que seguir luchando por plantear esas agendas, porque el descrédito del periodismo está unido al descrédito de la democracia y entraña los mismos peligros. Alguien dijo que hacer funcionar lo público es competencia de la izquierda. Pues bien, hacer funcionar el periodismo es competencia de los periodistas.

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Artículo publicado en el número 14 de la revista de elDiario.es (Octubre de 2016), en un monográfico dedicado al periodismo

El cantante y músico estadounidense Bruce Springsteen recibirá un premio por su activismo en favor de la justicia social en el festival de cine de Tribeca en Nueva York el próximo 13 de junio, en un evento especial que contará con Bono, Patti Smith y Robert de Niro.

El festival de Tribeca anunció este martes en un comunicado que 'The Boss' recibirá el premio Harry Belafonte para las Voces por la justicia social, que distingue a artistas que “usan su plataforma activamente para promover la igualdad, dignidad y derechos humanos”.

“La noche juntará a un extraordinario círculo de artistas y activistas, destacando una conversación entre Springsteen y su gran amigo y compañero activista Bono”, el cantante de la banda U2, detalla la nota.

De Niro, uno de los cofundadores del certamen, y la cantante Patti Smith “también se unirán para rendir tributo a un legado definido no solo por el arte, sino por la acción”, agrega.

Tribeca también anunció este martes varios eventos para conmemorar aniversarios de películas a los que asistirán algunos protagonistas, entre ellas 'Taxi Driver', que cumple 50 años; 'El diario de Bridget Jones', que celebra 25, y 'Electroma', del grupo Daft Punk, que cumple 20.

Asimismo, se siguen añadiendo filmes al cartel y una novedad será el estreno mundial del documental sobre la gira de Katy Perry, 'The Lifetimes Tour', grabado en directo en París y que mezcla actuaciones y momentos entre bambalinas con la estrella.

Entre los nuevos cortos anunciados, destacan dos de tipo documental con historias “en la intersección de los deportes y la comunidad latina”, impulsados por el actor y productor John Leguizamo.

El festival acogerá además una serie de conversaciones en directo entre figuras del entretenimiento, como el actor Sean Penn y la periodista Kaitlan Collins, que tratarán sobre activismo e impacto global.

La “esperanza” es la sensación mayoritaria entre los cientos de migrantes que siguen llegando a las oficinas de Correos y a las tesorerías de la Seguridad Social habilitadas en Castilla-La Mancha para pedir su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

En el tercer día desde que se abrió el plazo para realizar estas peticiones y todavía son muchas las complicaciones que se están encontrando, especialmente en la elaboración del informe de vulnerabilidad requerido para la solicitud, y para ello están recibiendo la ayuda de las organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Mientras en la ciudad de Toledo, muchas de estas peticiones las están realizando migrantes que acuden desde los pueblos de la provincia, en otras provincias de la comunidad autónoma, la situación es similar, pero también proceden de las capitales. En cualquier caso, hay una “gran afluencia, por centenares” constatan las organizaciones consultadas por este medio.

La Delegación del Gobierno todavía no ha aportado datos oficiales sobre las solicitudes presentadas, pero prevé que sean entre 13.000 y 15.000 los migrantes que regularizarán su situación en la comunidad autónoma.

Una de las provincias donde más se están cursando solicitudes es Ciudad Real. Cientos de personas de los pueblos y de la capital están recibiendo el asesoramiento, la información y la elaboración de la documentación por parte de las entidades acreditadas.

Así ayuda una entidad social

Una de ellas es Movimiento por la Paz. Su responsable, Manuel Lorenzo, explica que a muchos migrantes los derivan de los servicios sociales de los ayuntamientos. En algunos casos, la tramitación es sencilla porque forman parte de los itinerarios de estas entidades, es decir, conocen su situación. Pero en otros, son personas que no conocen y deben iniciar el proceso prácticamente desde cero.

“No todos requieren el informe de vulnerabilidad porque, por su situación, ya son vulnerables”, explica Lorenzo, en referencia a las personas en situación de refugio o protección internacional.

Pero esta no es la situación mayoritaria. “Hay gente que viene de forma espontánea, a preguntar, a interesarse, a conocer el proceso. En los servicios sociales los derivan hasta aquí”. ¿Cómo actúan para ayudarles? “Estamos realizando reuniones informativas con personas para que les tramitemos el expediente. Les explicamos toda la documentación y, si podemos, incluso ‘in situ' verificamos que su documentación está correcta. Y luego les damos cita previa para que tramiten su solicitud en las oficinas habilitadas”.

En paralelo, Movimiento por la Paz también está haciendo labores de apoyo a ayuntamientos de la provincia, principalmente con abogados acreditados en labores de extranjería. Se desplazan a los pueblos para realizar esas sesiones, supervisar la documentación y analizar si pueden tramitarles el expediente.

Las situaciones personales que están encontrando son muy variadas. Desde personas sin trabajo a otras que han estado empleadas sin contrato y de manera intermitente en la agricultura, en la hostelería o en el sector de la limpieza y los cuidados. “La tónica general es que todas las personas quieren presentar sus papeles cuanto antes. Tener una respuesta cuanto antes y poder mejorar su vida. Sobre todo, hay esperanza. La gente está esperanzada”.

Movimiento por la Paz detalla que las situaciones familiares y los apoyos de los que disponen también varían. “Hay muchos migrantes que están solos, otros que acuden con sus familias y también mujeres con cargas familiares, pero sin trabajo. Vienen de todas las edades, también estudiantes, y la situación en muchos casos es de vulnerabilidad, muchos están en situación de pobreza o en riesgo de estarlo”.  

“La casuística es muy amplia. No son perfiles estándar. La impresión general es que la gente al final se ha estado buscando la vida como ha podido y ahora tienen una oportunidad de regular su situación. Son muchas personas. No sabemos si podremos atender a todos, pero haremos todo lo posible. Si vemos que no llegamos, les pediremos que pidan cita y les revisaremos los expedientes para verificar que esté todo correcto”, concluye.  

Otra de las entidades que ha desplegado su ayuda en toda la región es ACCEM. No está acreditada para la elaboración de solicitudes, pero está especializada en la acogida, protección y atención integral a refugiados y migrantes. Ofrece servicios de refugio (como en su centro de Sigüenza y en plazas de alojamiento en Guadalajara, Albacete y Toledo), así como atención social, formación y ayuda a colectivos vulnerables, en colaboración con el Gobierno regional.

Braulio Carlés, responsable territorial de esta organización, explica que la afluencia de personas para cursar solicitudes está siendo “enorme”. “Está llegando mucha gente a todas las oficinas y les informamos del procedimiento para que consigan la documentación”, precisa.

Esto es una gran oportunidad

“Esto es una gran oportunidad. Hay miles de personas en situación irregular en este país, muchos de ellos trabajando y contribuyendo al sistema, a las arcas del Estado, sin que se reconozcan sus derechos y deberes. Y no solo trabajando, sino también en el consumo y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece que no existen, que están ocultos y eso es injusto”, resalta.

Dicho esto, desde ACCEM consideran de gran relevancia que en esta regulación se pongan “todos los medios pertinentes y oportunos” para realizarla de forma ordenada. “Debemos tener un mecanismo de integración y de facilitación que ayude a que sea ágil y rápido. Hay mucha gente que quiere regularizarse y hay que hacerlo bien”.

También se refiere al informe de vulnerabilidad como uno de los “escollos” del proceso, aunque en el caso de las personas acogidas por ACCEM, muchas no lo necesitan por su propia situación de refugiados. “Pero otras ocasiones es más complicado y confiamos en que pueda solventarse”.

Braulio Carlés aprovecha para arremeter contra los “populismos ensalzados” contra la regularización extraordinaria. “Esto no tiene ningún 'efecto llamada'. Se han hecho varias regularizaciones y nunca ha habido esa consecuencia. El 'efecto llamada' lo generan las guerras y el hambre, y eso no lo provocan los migrantes, sino otros mucho más poderosos”.

“Esto tiene que funcionar. No pueden seguir siendo invisibles, por lo que hay que buscar las vías para que la regularización llegue a buen puerto y sea posible. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y esto es una gran oportunidad”, concluye.

Por su parte, Médicos del Mundo ha organizado para este jueves, día 23 de abril, una sesión en el Centro Social del barrio de Santa Bárbara de Toledo, para informar a migrantes sobre el proceso:

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado “muy positivamente” el proceso.

Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos

“Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos”, ha constatado, señalando que, “si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo, pues es mucho más ágil y mucho más fácil”.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos “con garantías y con máxima normalidad”.

“Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles”, ha admitido la consejera, quien ha apuntado que “con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados”.

Que ningún ayuntamiento ponga “trabas”

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga “trabas” a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que “oponerse” a la regularización “sería torpe”.

En cuanto a las trabas y críticas al procedimiento, ha destacado que si hay algún error, “se estará detectando” y “lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial”. “Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio”, ha concluido.

En Gaza, la población civil sigue atrapada en un genocidio. En Ucrania, los bombardeos continúan golpeando infraestructuras esenciales. En Sudán, se han cumplido tres años de guerra y de la mayor crisis humanitaria del mundo. En Irán, la violenta represión sobre las protestas en enero de 2026 podría ser la más letal en décadas. Y, en EEUU, las políticas migratorias y la presión sobre organismos internacionales han encendido las alarmas sobre el retroceso democrático. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) constata que en distintas partes del mundo se repite un mismo patrón: se ha producido un deterioro de los derechos humanos.

El trabajo analiza la situación de 144 países y concluye que el mundo atraviesa uno de los momentos más críticos desde la creación del sistema internacional de derechos humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización sostiene que ya no se trata de un deterioro progresivo, sino de un “ataque directo a los cimientos del sistema internacional basado en normas”.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, fue aún más contundente durante la presentación del informe: “La humanidad misma se encuentra bajo ataque”. Según explicó, el mundo ha entrado en una nueva fase en la que ya no se trata de advertencias, sino de una realidad consolidada: “Ya no estamos ante un colapso inminente, estamos dando cuenta de su llegada”.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, apunta que “vivimos un momento crítico para la humanidad”, marcado por la actuación de lo que define como “gobiernos depredadores” que buscan “control, impunidad y beneficios económicos” mediante violencias de derechos humanos.

Más guerra, impunidad y complicidad

El informe recién publicado por Amnistía Internacional documenta un aumento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras violaciones graves, en un contexto en el que los mecanismos de rendición de cuentas pierden eficacia. Entre los ejemplos más señalados, tanto en el informe como en la rueda de prensa de presentación del trabajo, figuran el genocidio contra la población palestina en Gaza, los ataques en Ucrania o la violencia extrema en Myanmar y Sudán.

Callamard describió este escenario como el resultado de un cambio de paradigma. “Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral”, apuntó, en referencia a Estados que vulneran sistemáticamente el derecho internacional.

Beltrán señala directamente a varias potencias: “EEUU, Rusia, Israel y, en cierta manera, China o Myanmar cometen violaciones de derechos humanos para imponer su dominio”. Según explica, estas dinámicas pasan por “declarar guerras ilegales, violar el derecho internacional e intentar dejarnos sin las normas que nos han regido durante los últimos 80 años”.

Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral

Agnès Callamard — Secretaria general de Amnistía Internacional

El informe sitúa en ese contexto a líderes como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu, a los que Callamard acusó de buscar “el dominio político y económico mediante la destrucción, la represión y la violencia a gran escala”.

El documento no solo pone el foco en los responsables directos de las violaciones, sino también en la actitud del resto de gobiernos cómplices. Según Amnistía Internacional, muchos Estados han optado por políticas de apaciguamiento, evitando confrontar a las potencias implicadas. “La mayoría de los gobiernos han optado por apaciguar a estos depredadores”, denunció Callamard, que criticó especialmente el papel de los países europeos. En la misma línea, Beltrán es tajante e incide en que “la mayoría de los gobiernos siguen políticas de apaciguamiento que echan más leña al fuego”.

Esta dinámica, advierte AI, tiene consecuencias directas sobre la población y la sociedad civil organizada. “Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo”, apunta Beltrán.  

Represión, control y crisis climática

El deterioro de los derechos humanos no se limita únicamente a los escenarios de guerra. A escala nacional, el informe describe un aumento global de prácticas autoritarias a través de, por ejemplo, una mayor represión en las protestas en Irán, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido, la criminalización de la disidencia en Egipto y la India y la vigilancia digital y censura en países como Serbia y Kenia.

Callamard alertó de que este modelo está consolidando un nuevo orden y “un mundo donde la guerra y el asesinato de civiles se han normalizado como herramientas de gobierno”. En esa lógica, añadió, la sociedad civil pasa a ser tratada como un enemigo y la disidencia se silencia mientras “se criminaliza la solidaridad y se convierte la ley en un arma”.

Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo

Esteban Beltrán — Director de Amnistía Internacional en España

En muchos países, estas medidas se han traducido en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. La tecnología, según AI, está desempeñando un papel creciente en este proceso, al facilitar nuevas formas de control social.

Además, el informe vincula este deterioro con factores estructurales como la crisis climática y los recortes en la ayuda internacional a través del fin de la asistencia de USAID, la agencia humanitaria estadounidense. El mundo se encamina hacia un aumento de hasta tres grados en la temperatura global, lo que, según el informe, agravará problemas como la inseguridad alimentaria o los desplazamientos forzados.

La guerra con Irán y la figura de Trump

Uno de los ejemplos más claros de esta deriva es la escalada en torno a Irán. Según Amnistía, el conflicto se intensificó tras el ataque ilegal de EEUU e Israel en violación de la Carta de Naciones Unidas, al que siguieron represalias iraníes. Durante la presentación del informe, la responsable de la ONG advirtió de que esta dinámica ha desencadenado una espiral de violencia con consecuencias globales.

“El conflicto [en Oriente Medio] está poniendo en peligro la vida y la salud de millones de personas en toda la región”, señaló Callamard, que alertó de que sus efectos pueden extenderse más allá de la región, afectando al acceso a energía, alimentos o atención sanitaria en todo el mundo.

Además, la población iraní sufre una doble presión, por un lado, los ataques externos y, por otro lado, la represión interna. “Los iraníes son blanco de las bombas al tiempo que se enfrentan a una represión mortal por parte de su propio gobierno”, denuncia la secretaria general de la organización.

El informe también señala al papel de EEUU y, en particular, de Donald Trump, en el debilitamiento del sistema internacional. Callamard denunció que EEUU ha impuesto sanciones contra jueces y fiscales internacionales “por el simple hecho de estar haciendo su trabajo”, en referencia a las investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Estas medidas, según Amnistía, forman parte de un intento más amplio de convertir la justicia internacional en un campo de batalla y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas.

Espacios de resistencia y elogio a España

Pese al diagnóstico, el informe también recoge señales de resistencia. Callamard subrayó que “hay otra historia”, concretamente, la de millones de personas que se han movilizado, y se movilizan, en todo el mundo para defender los derechos humanos.

Desde protestas masivas contra la guerra en Gaza hasta acciones de trabajadores portuarios en países como España, Grecia o Marruecos para bloquear el envío de armas con destino a Israel, pasando por movilizaciones en defensa de derechos civiles como las que se dieron ante la prohibición de la Fiesta del Orgullo en Budapest para defender los derechos LGTBI. Beltrán también apunta que “la buena noticia es que hay una sociedad civil que se rebela, que lucha”.

En este sentido, Callamard destacó el papel de algunos Estados que han tratado de abrir grietas en la inacción general como, por ejemplo, España, al que definió como un país que, en los últimos años, ha hablado “alto y claro” sobre la importancia de la rendición de cuentas y ha evitado, a su juicio, el doble rasero que está erosionando el sistema internacional.

¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres: “Cáceres, Badajoz y Leganés”. 

El dicho popular, muy extendido hace décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así: sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas. Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo después del ensanche Cerdà o del Barrio de Salamanca de Madrid.

Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad. 

Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.

Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien. 

Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones desde el fin de la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les cazaban de vuelta, entrarían en prisión.

La represión del franquismo contra la emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración, por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.

María Guardiola, presidenta de Extremadura: “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.

Es justo lo que acaba de firmar. 

El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo discurso ultra que ya pactaron en 2023. 

La extrema derecha no solo vuelve al Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la “deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.

Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

Todo esto en una región donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional (14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura discriminación. 

“No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso. Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más trumpista del PP.

Hay otro problema: la “prioridad nacional” que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no ocurrirá. 

Tampoco podrán discriminar a los inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.

Que todas las personas que viven en España mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?

Sí hay en el acuerdo extremeño otras trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que tienen pocos años de antigüedad en el padrón.

Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le presionaran desde Vox. 

El acuerdo extremeño es solo un aperitivo de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”: la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP, empezando por Aragón y Castilla y León. 

Tiene una parte de propaganda: varios de sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.

Tanto Vox como el Partido Popular creen haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador. Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema. Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.

El periodista alemán Ernst Klee publicó en 1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor: “Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.

La mitad de los españoles que emigraron en esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor. 

Ojalá los abuelos extremeños expliquen a sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo. Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que construyeron Leganés. 

No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.

El vigésimo tercer Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia será inaugurado con 'Palestine 36', de Annemarie Jacir, el 23 de abril, y concluirá con la proyección de 'Rebuilding', de Max Walker-Silverman, el 30 de abril. Con el apoyo del Gobierno vasco y entidades como Zehar-Errefuxiatuekin, Unicef o Amnistía Internacional, entre otras, el festival proyectará 46 filmes. La viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, subraya la vigencia de este tipo de iniciativas “en estos tiempos de zozobra” y la importancia de incluir en el programa enfoque en generaciones más jóvenes.

La semana de Cine y Derechos Humanos se distribuye en secciones competitivas de largometrajes, cortometrajes internacionales y cortometrajes vascos. Junto a estas, se llevará a cabo el tercer ciclo de Cine y Victimología, con la proyección de 'La buena nueva', de Helena Taberna, y 'El consentimiento', de Vanessa Filho. También se presenta un ciclo de Cine y Memoria, que se proyectará únicamente en Tabakalera; una sesión a cargo de la Filmoteca Vasca, para presentar 'Urak aske', de Bego Zubia Gallastegi; y una sesión infantil gratuita, además de las sesiones escolares que se realizarán en diferentes institutos.

Las entradas del ciclo Cine y Memoria ya se encuentran a la venta por 4,50 euros en Tabakalera. A partir del viernes 17 de abril a las 11:30, Donostia Kultura pondrá a disposición el resto de entradas, a 5 euros, en las taquillas del Teatro Principal y del Victoria Eugenia, así como en su página web. Dentro de su programación, también ofrecen sesiones gratuitas, cuyas invitaciones se podrán recoger igualmente en taquillas y web.

El festival reconocerá este año la trayectoria, durante más de medio siglo, del cineasta vasco Imanol Uribe, autor de títulos como 'El proceso de Burgos' o 'La muerte de Mikel'. José Miguel Beltrán, responsable de la programación de cine de Donostia Kultura, señala que las obras de Uribe se caracterizan por “una mirada social, política e histórica”. Indica que reconocer su trabajo consolida un legado que conecta “memoria, compromiso y narrativa cinematográfica”.

Además de cine, Donostia Kultura presenta 'Babes tú', el juego en línea que realizan anualmente. Este consta de diez preguntas que “pondrá a prueba” la mirada crítica y la capacidad “para diferenciar bulos de datos contrastables” de cada jugador. Quienes participen entrarán automáticamente en el sorteo de cinco bonos para gastar en comercios de la red de consumo transformador de Donostia, Saretuz.

Itziar Zeberio, representante de Amnistía Internacional, presenta la mesa redonda que se celebrará este 22 de abril a las 19.00 horas en la sala Club del Victoria Eugenia: 'La era de Trump y sus consecuencias'. Explica Zeberio que consideran “fundamental abordar, desde una mirada plural y rigurosa, cómo determinadas decisiones políticas pueden afectar al respeto de los derechos humanos”. En la mesa participarán Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España; Juan Antonio Gimeno Ullastres, fundador de Economistas sin Fronteras, y Mikel González-Eguino, profesor e investigador de Ikerbasque en el Basque Center for Climate Change. La entrada es gratuita.

Adicionalmente, el proyecto África Impredecible traerá a la ciudad a la humorista Asaari Bibang. Se podrá disfrutar de forma gratuita de su monólogo 'Humor negra' el miércoles 22 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Principal. Mónica González Llamazares, de África Imprescindible, comparte a este medio que cree que el mensaje de Asaari es otra forma de “poder llegar a la ciudadanía de Donostia y luchar contra los discursos de odio”. Espera que el público disfrute del monólogo, caracterizado por la “empatía” y por “hacer un humor muy consciente”.

El ovetense Sergio Oceransky es un activista medioambiental que lucha por la justicia climática y defiende los derechos indígenas. Vive en México y recientemente fue detenido en el estado mexicano de Jalisco acusado inicialmente de un delito de extorsión que, en pleno proceso judicial, se sustituyó por un delito de amenazas. Aunque fue puesto en libertad, se le han impuesto medidas cautelares con la obligación de comparecer diariamente en un juzgado.

El propio Sergio desde México y su familia, desde la capital asturiana donde reside, luchan por garantizar su seguridad y limpiar su nombre de cualquier imputación y ante la perspectiva de que se llegue a reactivar un proceso que se paralizó en Yucatán en 2022.

Una detención “arbitraria”

Su hermana Katia ha denunciado su caso en declaraciones a elDiario.es Asturias. Explica que Sergio, que cuenta con una orden de protección federal en México como defensor, fue víctima de una detención que se produjo “arbitrariamente” el pasado 9 de abril en Jalisco (México) y, tras su arresto e incomunicación en dependencias policiales “ignorando su orden de protección”, tuvo una comparecencia ante el juez.

En ese momento, a su hermano le comunicaron la reactivación de un proceso iniciado contra él en Yucatán hace seis años, que estaba paralizado debido a que “los supuestos cargos también carecen de fundamento y cuya reactivación en este momento no es casual”, señala.

Represalias

Sus familiares se muestran muy preocupados porque aseguran que esta situación obedece a las represalias que sufre Sergio por su apoyo a iniciativas comunitarias que han tenido como consecuencia la detención de expropiaciones de tierras y proyectos inmobiliarios, energéticos y avícolas industriales a gran escala, incluido un megaproyecto que actualmente amenaza mil hectáreas de hábitat frágil y zonas de pesca indígenas en Yucatán.

El pasado viernes, en la sede del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) de Guadalajara, en Jalisco, se celebró una rueda de prensa, a la que acudió el activista asturiano, donde se denunciaron los hechos. El encuentro se pudo seguir en streaming a través de redes sociales como Facebook, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Sergio Oceransky lleva décadas trabajando para apoyar a las comunidades en distintos puntos del mundo. En el año 2009 obtuvo una beca de la Fundación Ashoka para continuar su activismo como defensor del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

En 2011, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional se concedió a Bill Drayton, que fundó en 1981 la organización Ashoka. El acta del jurado reflejaba que su papel fue fundamental en el desarrollo del emprendedor social “como motor para la transformación social y económica de los países”.

Apoyo a las comunidades mayas

En los últimos años, Sergio Oceransky ha centrado su apoyo en las comunidades mayas en su lucha contra la explotación.

“A medida que sus objetivos han ido incluyendo una serie de megaproyectos corporativos, se ha convertido en blanco de una creciente ola de acoso, amenazas, campañas de desprestigio e incluso intentos de criminalizar su labor, lo que culminó en su detención”, manifiesta su entorno más cercano.