¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres: “Cáceres, Badajoz y Leganés”. 

El dicho popular, muy extendido hace décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así: sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas. Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo después del ensanche Cerdà o del Barrio de Salamanca de Madrid.

Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad. 

Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.

Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien. 

Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones desde el fin de la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les cazaban de vuelta, entrarían en prisión.

La represión del franquismo contra la emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración, por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.

María Guardiola, presidenta de Extremadura: “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.

Es justo lo que acaba de firmar. 

El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo discurso ultra que ya pactaron en 2023. 

La extrema derecha no solo vuelve al Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la “deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.

Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

Todo esto en una región donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional (14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura discriminación. 

“No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso. Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más trumpista del PP.

Hay otro problema: la “prioridad nacional” que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no ocurrirá. 

Tampoco podrán discriminar a los inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.

Que todas las personas que viven en España mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?

Sí hay en el acuerdo extremeño otras trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que tienen pocos años de antigüedad en el padrón.

Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le presionaran desde Vox. 

El acuerdo extremeño es solo un aperitivo de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”: la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP, empezando por Aragón y Castilla y León. 

Tiene una parte de propaganda: varios de sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.

Tanto Vox como el Partido Popular creen haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador. Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema. Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.

El periodista alemán Ernst Klee publicó en 1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor: “Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.

La mitad de los españoles que emigraron en esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor. 

Ojalá los abuelos extremeños expliquen a sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo. Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que construyeron Leganés. 

No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.

El vigésimo tercer Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia será inaugurado con 'Palestine 36', de Annemarie Jacir, el 23 de abril, y concluirá con la proyección de 'Rebuilding', de Max Walker-Silverman, el 30 de abril. Con el apoyo del Gobierno vasco y entidades como Zehar-Errefuxiatuekin, Unicef o Amnistía Internacional, entre otras, el festival proyectará 46 filmes. La viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, subraya la vigencia de este tipo de iniciativas “en estos tiempos de zozobra” y la importancia de incluir en el programa enfoque en generaciones más jóvenes.

La semana de Cine y Derechos Humanos se distribuye en secciones competitivas de largometrajes, cortometrajes internacionales y cortometrajes vascos. Junto a estas, se llevará a cabo el tercer ciclo de Cine y Victimología, con la proyección de 'La buena nueva', de Helena Taberna, y 'El consentimiento', de Vanessa Filho. También se presenta un ciclo de Cine y Memoria, que se proyectará únicamente en Tabakalera; una sesión a cargo de la Filmoteca Vasca, para presentar 'Urak aske', de Bego Zubia Gallastegi; y una sesión infantil gratuita, además de las sesiones escolares que se realizarán en diferentes institutos.

Las entradas del ciclo Cine y Memoria ya se encuentran a la venta por 4,50 euros en Tabakalera. A partir del viernes 17 de abril a las 11:30, Donostia Kultura pondrá a disposición el resto de entradas, a 5 euros, en las taquillas del Teatro Principal y del Victoria Eugenia, así como en su página web. Dentro de su programación, también ofrecen sesiones gratuitas, cuyas invitaciones se podrán recoger igualmente en taquillas y web.

El festival reconocerá este año la trayectoria, durante más de medio siglo, del cineasta vasco Imanol Uribe, autor de títulos como 'El proceso de Burgos' o 'La muerte de Mikel'. José Miguel Beltrán, responsable de la programación de cine de Donostia Kultura, señala que las obras de Uribe se caracterizan por “una mirada social, política e histórica”. Indica que reconocer su trabajo consolida un legado que conecta “memoria, compromiso y narrativa cinematográfica”.

Además de cine, Donostia Kultura presenta 'Babes tú', el juego en línea que realizan anualmente. Este consta de diez preguntas que “pondrá a prueba” la mirada crítica y la capacidad “para diferenciar bulos de datos contrastables” de cada jugador. Quienes participen entrarán automáticamente en el sorteo de cinco bonos para gastar en comercios de la red de consumo transformador de Donostia, Saretuz.

Itziar Zeberio, representante de Amnistía Internacional, presenta la mesa redonda que se celebrará este 22 de abril a las 19.00 horas en la sala Club del Victoria Eugenia: 'La era de Trump y sus consecuencias'. Explica Zeberio que consideran “fundamental abordar, desde una mirada plural y rigurosa, cómo determinadas decisiones políticas pueden afectar al respeto de los derechos humanos”. En la mesa participarán Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España; Juan Antonio Gimeno Ullastres, fundador de Economistas sin Fronteras, y Mikel González-Eguino, profesor e investigador de Ikerbasque en el Basque Center for Climate Change. La entrada es gratuita.

Adicionalmente, el proyecto África Impredecible traerá a la ciudad a la humorista Asaari Bibang. Se podrá disfrutar de forma gratuita de su monólogo 'Humor negra' el miércoles 22 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Principal. Mónica González Llamazares, de África Imprescindible, comparte a este medio que cree que el mensaje de Asaari es otra forma de “poder llegar a la ciudadanía de Donostia y luchar contra los discursos de odio”. Espera que el público disfrute del monólogo, caracterizado por la “empatía” y por “hacer un humor muy consciente”.

El ovetense Sergio Oceransky es un activista medioambiental que lucha por la justicia climática y defiende los derechos indígenas. Vive en México y recientemente fue detenido en el estado mexicano de Jalisco acusado inicialmente de un delito de extorsión que, en pleno proceso judicial, se sustituyó por un delito de amenazas. Aunque fue puesto en libertad, se le han impuesto medidas cautelares con la obligación de comparecer diariamente en un juzgado.

El propio Sergio desde México y su familia, desde la capital asturiana donde reside, luchan por garantizar su seguridad y limpiar su nombre de cualquier imputación y ante la perspectiva de que se llegue a reactivar un proceso que se paralizó en Yucatán en 2022.

Una detención “arbitraria”

Su hermana Katia ha denunciado su caso en declaraciones a elDiario.es Asturias. Explica que Sergio, que cuenta con una orden de protección federal en México como defensor, fue víctima de una detención que se produjo “arbitrariamente” el pasado 9 de abril en Jalisco (México) y, tras su arresto e incomunicación en dependencias policiales “ignorando su orden de protección”, tuvo una comparecencia ante el juez.

En ese momento, a su hermano le comunicaron la reactivación de un proceso iniciado contra él en Yucatán hace seis años, que estaba paralizado debido a que “los supuestos cargos también carecen de fundamento y cuya reactivación en este momento no es casual”, señala.

Represalias

Sus familiares se muestran muy preocupados porque aseguran que esta situación obedece a las represalias que sufre Sergio por su apoyo a iniciativas comunitarias que han tenido como consecuencia la detención de expropiaciones de tierras y proyectos inmobiliarios, energéticos y avícolas industriales a gran escala, incluido un megaproyecto que actualmente amenaza mil hectáreas de hábitat frágil y zonas de pesca indígenas en Yucatán.

El pasado viernes, en la sede del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) de Guadalajara, en Jalisco, se celebró una rueda de prensa, a la que acudió el activista asturiano, donde se denunciaron los hechos. El encuentro se pudo seguir en streaming a través de redes sociales como Facebook, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Sergio Oceransky lleva décadas trabajando para apoyar a las comunidades en distintos puntos del mundo. En el año 2009 obtuvo una beca de la Fundación Ashoka para continuar su activismo como defensor del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

En 2011, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional se concedió a Bill Drayton, que fundó en 1981 la organización Ashoka. El acta del jurado reflejaba que su papel fue fundamental en el desarrollo del emprendedor social “como motor para la transformación social y económica de los países”.

Apoyo a las comunidades mayas

En los últimos años, Sergio Oceransky ha centrado su apoyo en las comunidades mayas en su lucha contra la explotación.

“A medida que sus objetivos han ido incluyendo una serie de megaproyectos corporativos, se ha convertido en blanco de una creciente ola de acoso, amenazas, campañas de desprestigio e incluso intentos de criminalizar su labor, lo que culminó en su detención”, manifiesta su entorno más cercano.

La embajada de Irán en España ha felicitado este miércoles a Alberto Núñez Feijóo por su publicación en X en la que criticaba las amenazas de Donald Trump contra Irán horas antes del anuncio del alto al fuego: “En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto”, escribió, sin mencionar de manera explícita al presidente de EEUU. “Más vale tarde que nunca”, ha respondido con sarcasmo la cuenta oficial de la embajada.

Ante este comentario, la diputada del PP Alma Ezcurra ha echado mano de la defensa de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI a la que recurre frecuentemente su partido cuando se ven obligados a posicionarse en la guerra de EEUU e Israel contra Irán: “En Occidente creemos en la libertad, los derechos humanos, la dignidad de las mujeres y la igualdad de las personas LGTBI”, ha esgrimido.

“Vuestro régimen ha matado a miles de personas por defenderlos. No desear la muerte de vuestro pueblo es, precisamente, lo que nos hace mejores que vosotros”, ha añadido.

Que la historia se repite es el gran tópico que, no por reiterado, es menos cierto. Cambia el contexto, cambian las víctimas y los poderes, los discursos y las retóricas, las herramientas y las armas, las mentiras y las verdades, los vencedores y los vencidos. Pero la maquinaria de poder se mantiene, siempre dispuesta a disfrazar sus privilegios de orden y progreso, a blindarse tras discursos de salvación y seguridad, a convertir los intereses propios en supuestos intereses comunes, y a repetir, bajo nuevas banderas, las mismas viejas dinámicas de dominación.

El siglo XXI no es el siglo XX. Pero al igual que en la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, hoy vivimos una crisis del capitalismo y de las instituciones democráticas incapaces de hacer frente a esta crisis. A comienzo del siglo XX eran las democracias liberales, hoy, el estado de bienestar, pero en ambos casos, una democracia debilitada cede espacio a actores que ofrecen alternativas y fórmulas simples, fáciles de digerir y que, muchas veces enmascaran, cuando no ocultan, las verdaderas dinámicas de las crisis y los intereses de unos pocos, por encima del bien colectivo.

De nuevo el empobrecimiento de la clase media, el aumento de la desigualdad, el auge de las políticas expansionistas de grandes potencias, la incapacidad para integrar a la ciudadanía en la vida política, la percepción de falta de legitimidad de las instituciones políticas, la movilización emocional y el triunfo de narrativas simples y falsas, ultra individualistas y ultra nacionalistas son campo de cultivo de retóricas autoritarias y antidemocráticas.

Los paralelismos con el contexto europeo donde arraigó el fascismo son, cuanto menos, inquietantes. De todos ellos quizá el más permeable y, que parece mentira que volvamos a aceptar, es la retórica que canaliza el malestar social hacia un “afuera”.

Volvemos a buscar un chivo expiatorio que cargue con las culpas de todo; el de otro sitio, de otra etnia, de otra raza, de otro país. Y, sobre todo, que desvíe la carga hacia las personas más vulnerables y que peor se pueden defender

Reproducimos la historia y volvemos a buscar un chivo expiatorio que cargue con las culpas de todo; el de otro sitio, de otra etnia, de otra raza, de otro país. Y, sobre todo, que desvíe la carga hacia las personas más vulnerables y que peor se pueden defender. Es más efectivo arremeter contra los de abajo que contra los de arriba.

Los discursos criminalizadores de la migración y las personas migrantes están calando peligrosamente y pudriendo los cimientos de una sociedad democrática y sana. La culpa de la violencia contra las mujeres, de los inmigrantes (no de una sociedad que sigue sin superar el patriarcado); la culpa de la criminalidad y la inseguridad, de los inmigrantes (y de paso, todos y todas tenemos más miedo y somos más sumisos y sumisas); la culpa del mal funcionamiento de los servicios públicos, de los inmigrantes (y no de la falta de financiación y además, legitimamos el negocio privado del bienestar); la crisis del Estado, de la falta de control de las fronteras (y así, no exigimos responsabilidades y reformas estructurales) y quizá la más digerible: la culpa del precio de la vivienda, de los inmigrantes.

Toda esta construcción de mentiras, manipulaciones, y maldades cala mucho más de lo que pensamos, y silenciosamente va creando un peligroso imaginario. Peligroso para la democracia y para nosotros y nosotras mismas porque nos deshumaniza.

Pienso sobre todo en los niños y las niñas, que están en pleno proceso de construcción de su identidad y entender el mundo que los rodea

¿Nos hemos parado a pensar cómo se sienten nuestros amigos y amigas, vecinos y vecinas, familiares, compañeros y compañeras de trabajo al vivir en una sociedad que les culpa de sus males? Pienso sobre todo en los niños y las niñas, que están en pleno proceso de construcción de su identidad y entender el mundo que los rodea. En la crueldad de percibir que su origen, su idioma o sus costumbres son motivo de rechazo.

Convivir con la sensación de que tú o tu familia sois responsables de los problemas de la gente que te rodea, y sentir el odio de la comunidad donde has puesto las esperanzas de una vida mejor, desde luego, debería hacernos pensar la clase de país y personas que queremos y debemos ser.

Cuidado con repetir la historia y sobre todo banalizar el mal; ser permeables a estos discursos y no combatirlos nos convierte en seres sin empatía y en cómplices de su éxito.

Las sociedades democráticas no se sostienen únicamente sobre instituciones, sino también sobre la capacidad colectiva de reconocer al otro como igual en derechos y en humanidad. Ignorar o minimizar los discursos que criminalizan a quienes migran, empobrece nuestros fundamentos éticos, erosiona nuestra propia cohesión social, y deteriora los fundamentos mismos de la convivencia democrática.

La XIII Asamblea Ordinaria de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, celebrada el sábado 21 de marzo en Toledo, ha elegido a Erick Figueroa como nuevo presidente de la organización en la región, en sustitución de Mar Pozuelo Castillo, quien había asumido esta responsabilidad durante un año.

Erick Figueroa es licenciado en Administración de Empresas, activista y portavoz de Amnistía Internacional España. Según destacan desde la organización, su trayectoria se define “por un compromiso firme y sostenido con los derechos humanos, desde una mirada interseccional, feminista y antirracista”. En España, ha centrado su labor en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+ a través de políticas y prácticas orientadas a garantizar la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento efectivo de la diversidad en los ámbitos social, institucional y comunitario. Asimismo, participa “activamente” en organizaciones y redes internacionales de derechos humanos.

“En esta nueva etapa -explicaba Erick- asumo la presidencia con una convicción profunda: esta tierra diversa, urbana, rural, amplia y profundamente digna, no puede ni debe dar espacio a la deshumanización. Mi compromiso claro e irrenunciable es situarnos, siempre, del lado de los derechos humanos, de la justicia y de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Un liderazgo que no solo represente, sino que movilice, interpele y construya”.

Además, se ha renovado el puesto de secretario de la Junta Directiva, que ahora ocupa Gabriel Moreno, profesor de Secundaria y activista en el Grupo de Acción de Cuenca.

Hoja de ruta en 2026

El nuevo presidente de la entidad y su junta directiva afrontan una serie de retos en materia de derechos humanos que la asamblea autonómica ha definido. Entre ellos, seguirá siendo “prioritario” la lucha contra el genocidio en Gaza, “el apartheid y la ocupación ilegal en Territorio Palestino Ocupado, la actuación contra graves violaciones del derecho internacional humanitario en otros conflictos como el de Sudán o Irán”.

La organización seguirá trabajando “contra las prácticas autoritarias en todo el mundo y contra el impacto de las políticas de Donald Trump”, tanto dentro como fuera de Estados Unidos “con una mirada fuerte” en el trato cruel a las personas migrantes. Los derechos de las mujeres seguirán siendo central a lo largo del año, con acciones específicas sobre violencia sexual o derecho al aborto. La organización abordará el racismo institucional en España y abogará por los derechos de las personas migrantes y el derecho a la vivienda.

Durante la Asamblea se celebró un coloquio con la presencia de miembros de la plataforma Toledo por Palestina, en el que se denunció el crimen de genocidio que se lleva cometiendo desde hace casi dos años y medio en Gaza, y las continuas violaciones de los derechos humanos que sufre la población palestina en Cisjordania.

Amnistía Internacional cuenta con más de 2600 personas socias en Castilla-La Mancha y decenas de activistas en grupos locales y de acción en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Valdepeñas y Toledo, donde además existe un grupo de jóvenes. Además, tiene equipos autonómicos de comunicación, relaciones institucionales, campañas, activismo y educación en derechos humanos.

La Asamblea coincidió con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'. Por ello, los participantes a la Asamblea llevaron a cabo un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Zocodover, fue dinamizado por el grupo de jóvenes de Amnistía Internacional en Toledo, y contó con la participación de miembros de El Dorado Activismo Cultural, que recitaron poemas contra el racismo, la Unión Popular de Estudiantes y Toledo con Palestina.

En la confluencia de las calles Molino de Viento y Agua Dulce de Las Palmas de Gran Canaria, se erige como una ventana el mural Por Palestina, que se inaugura oficialmente este martes, 24 de marzo, a las 11:00 horas, con un reconocimiento institucional, al tiempo que se presentará el resultado final de esta obra participativa.

En el acto estarán presentes el consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, y el concejal de Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, así como representantes de distintos colectivos sociales como la Asociación Cultural Fuera de la Portada o la Asociación de Vecinos de Pamochamoso.

La obra, impulsada por la Asociación de la Comunidad Palestina en Canarias con financiación del Cabildo insular, tiene como objetivo visibilizar la causa palestina y reivindicar los derechos humanos del pueblo palestino a través del arte urbano.

El mural ha sido concebido como un proyecto educativo y colaborativo en el que ha participado alumnado de varios centros de la isla, especialmente de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria. Bajo la dirección de la docente Marta Delgado y el profesorado del centro, el estudiantado del ciclo de Asistencia al Producto Gráfico Impreso se implicó tanto en el diseño como en la ejecución de la obra, junto a los pintores Fátima Suleiman Afonso y Juan Carlos Bascones Márquez.

Desde la organización se destaca la importancia de este tipo de acciones artísticas como herramienta para la formación en valores fundamentales, fomentando la concienciación social en torno a los derechos humanos, en línea con los distintos pronunciamientos de organismos internacionales. 

Recuerdan en un comunicado que la realización del mural ha sido posible tras la tramitación de los permisos correspondientes con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la financiación del Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Solidaridad Internacional.

“Si alguna vez fuimos faro moral del mundo, está enterrado bajo las ruinas de Gaza”, ha dicho esta semana Josep Borrell en TVE. Ursula von der Leyen arrojó esta semana unas cuantas paladas más de tierra con su discurso en el que básicamente decía que Europa debe unirse al carro de Trump y Putin y abandonar la idea de un mundo con principios democráticos. “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, dijo. Lástima que no sea ella la que se largue y no vuelva a aparecer.

No es extraño que sea una política alemana la que diga estas palabras después de haber dado luz verde a Israel para que cometiera un genocidio y convirtiera Gaza en un lugar inhabitable. Algunos países –como España, Irlanda y Bélgica– alzaron la voz contra esta carnicería. Alemania se ocupó de impedir que la UE tomara alguna decisión efectiva contra el Gobierno ultranacionalista de Netanyahu. 

Con la guerra contra Irán, el panorama es diferente, porque las economías de los países europeos también se ven perjudicadas. Cuando Pedro Sánchez denunció que el asalto de EEUU e Israel vulneraba los principios del Derecho internacional, el Partido Popular se apresuró a acusarle de levantar una cortina de humo con la que tapar los problemas del Gobierno. La ceguera de este partido y su proverbial ignorancia de la política internacional quedaron pronto en evidencia. Reino Unido, Francia e Italia terminaron uniéndose al mensaje de Sánchez, cada país con sus propios matices. 

Algunos medios dijeron que Sánchez se iba a quedar solo. No tardaron mucho en virar en redondo ante las dimensiones económicas que podría tener el cierre del estrecho de Ormuz a los petroleros que surten de crudo a Europa y Asia. Quien se ha quedado en una esquina ha sido el PP, encerrado en su propaganda. Es un caso único en Europa. Resulta irónico que Giorgia Meloni respondiera a las críticas de la oposición italiana con esta frase: “No entiendo por qué la izquierda de nuestro país elogia a España cuando está haciendo exactamente las mismas cosas que Italia”. Que no se lo cuenten a Feijóo, que ya lleva bastante encima.

En comparación a la campaña de bombardeos de EEUU en Irán, la desastrosa invasión de Irak de 2003 se convierte en un prodigio de estrategia. La última revelación que hemos leído es que el Gobierno de Trump subestimó la opción de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz. Se empezó a hablar de esta posibilidad en los años 80 durante la guerra de Irán e Irak. Parece que en Washington no se habían enterado de esta amenaza, que es en realidad la única carta estratégica a disposición de Irán en el peor de los casos para sus intereses.

Pero no nos quedemos sólo en lo que está haciendo EEUU. Israel está aprovechando esta ofensiva para atacar Líbano, sin que una vez más los países europeos hagan nada relevante al respecto. El Ejército israelí ha avisado a los habitantes de todo el tercio sur libanés, incluidas las ciudades de Tiro y Sidón, de que abandonen la zona. Allí viven más de un millón de personas. Los ataques a la infraestructura civil del país se suceden cada día. Al igual que hicieron en Gaza, amenazan a los libaneses con la destrucción total si no eliminan a Hizbolá, el grupo shií aliado de Irán, lo que sólo pueden hacer con una guerra civil. 

No hay distinción entre objetivos militares y civiles. El jueves, un dron israelí atacó una playa de Beirut convertida en un campamento improvisado de refugiados del sur del país. Murieron siete personas y hubo 31 heridos. “Fueron dos misiles. El primero mató a tres personas junto a la playa, pero cuando la gente se acercó a ayudarles, volvieron a tirar otro y eso creó el caos”, contó un testigo a Javier Espinosa, corresponsal de El Mundo.

Hasta ahora han muerto 773 personas desde el inicio de los bombardeos israelíes, de las que 103 son niños y adolescentes. Las personas que han huido de las zonas castigadas por los ataques son 800.000, que es el 14% de los habitantes de todo el país (5,8 millones).

Según medios israelíes, su Gobierno se prepara para lanzar una operación masiva por tierra en territorio libanés en una semana. Lo que viene a ser una invasión. Los mensajes de los políticos y los que se escuchan en la televisión israelí repiten las amenazas que se hicieron sobre Gaza, y que luego se cumplieron. “Necesitamos golpear y eliminar todo lo que haya en Dahiya, Baalbek, Tiro, Sidón, Nabatieh, todo”, dijo el exministro de Defensa Yoav Galant, refiriéndose a toda la zona sur del país.

Esa política de tierra quemada en la que los civiles son prescindibles es la que ha inspirado las cuatro invasiones realizadas en décadas anteriores y que nunca solucionaron nada. Hay que recordar que la fundación de Hizbolá fue una de las consecuencias de la invasión israelí de 1981. Cuarenta y cinco años después, los israelíes continúan creyendo que no hay problema que no se pueda solucionar matando gente. La diplomacia es una pérdida de tiempo, creen.

Israel sabe que los bombardeos aéreos no provocarán un cambio de régimen en Irán. Sólo acarrean sufrimiento a los civiles. Las guerras no se ganan desde el aire, contra lo que pensaban Hitler y Goering cuando lanzaron sus aviones sobre Inglaterra. Israel no quiere la paz en Oriente Medio, ha dicho Trita Parsi, del 'think tank' Quincy Institute. Lo que busca es la hegemonía regional a través de la destrucción o desestabilización de todos los demás países: “Para que Israel tenga seguridad total, todos los demás deben tener inseguridad total”. 

En España, hay algunos que niegan los hechos con la intención de que centenares de millones de personas en Oriente Medio vivan o perezcan en función de las necesidades políticas del Estado de Israel. José Antonio Zarzalejos escribe en El Confidencial que “Israel tiene que ganar la guerra”. Eso queda justificado por “la angustia existencial que anida en la sociedad israelí” causada por “la amenaza existencial” que supone Irán. En este tipo de artículos, ni se molestan en contrastar ese sentimiento psicológico, convenientemente manipulado por los políticos, con los hechos.

En 1992, Israel anunció que Irán estaba a muy poco tiempo, menos de un año, de conseguir la bomba nuclear. Han pasado 34 años. El acuerdo nuclear promovido por Obama hace una década garantizaba que Irán entregaría el uranio enriquecido en altos porcentajes y que su programa nuclear sólo pudiera destinarse a fines civiles. Israel lo rechazó y Donald Trump lo anuló al llegar al poder en 2017. Se opusieron al pacto porque mantendría a Irán como lo que es, una potencia regional. Para Israel, era insuficiente. Sólo aceptarían la destrucción completa de su enemigo con independencia de los efectos que tuviera en toda la región, que es lo que estamos viendo ahora. 

Contra lo que dice Zarzalejos, la supervivencia de Israel está asegurada. Es la mayor potencia militar de la zona, a una distancia inmensa de los demás países, está en posesión de un arsenal nuclear y cuenta con la economía más próspera. La mayor amenaza para su futuro está dentro de sus fronteras: la radicalización de la derecha y su lenguaje militarista, representados en el dominio que ejerce Netanyahu, y la confrontación entre la población ultraortodoxa y laica por los privilegios de la primera.

Los políticos que controlan la política israelí en este siglo prometen la guerra permanente y la intensificación del apartheid que niega los derechos más básicos a los palestinos. Es la institucionalización de la violencia, sobre lo que Zarzalejos no dedica una línea. Esta semana, se ha conocido la decisión de la fiscalía militar israelí de retirar los cargos contra los soldados acusados de cometer graves abusos contra un preso palestino en la base de Sde Teiman, donde llevaban a los detenidos de Gaza. 

Todo se supo gracias a un vídeo filtrado (se puede ver aquí) en el que varios soldados ponen contra la pared a un preso con las manos atadas, mientras otros tres tapan la escena con escudos para que las cámaras de seguridad no desvelen lo que están haciendo. El parte médico incluía varias costillas rotas, un pulmón perforado y laceraciones en la pared del recto ocasionadas por un cuchillo.

La fiscalía ha decidido que no puede proseguir con la acusación porque las pruebas no son concluyentes (eso incluye el parte médico) y porque la víctima fue incluido por el Gobierno en el intercambio de presos con Hamás. Fue el método empleado para que no pudiera declarar en el procedimiento judicial. La única persona que será acusada será la fiscal militar que hizo público el vídeo.

Uno de los acusados fue recibido como un héroe en un programa de la televisión israelí cuando se conocieron los hechos. Esta es la ansiedad que Zarzalejos cree que deberíamos proteger al desear que Israel gane esta guerra, no importa cuántos civiles iraníes o libaneses sean asesinados. 

La foto

La falla municipal de Valencia es un símbolo contra la guerra con Charlie Chaplin en su papel en la película '¡Armas al hombro!', de 1918. Mide 27 metros de altura y ha sido diseñada y construida por José y Alejandro Santaulalia.

La aprobación de la regularización masiva extraordinaria para personas migrantes ha despertado una enorme expectativa entre quienes viven en situación administrativa irregular. Sin embargo, tras la aprobación en enero de 2026 de esta medida que beneficiará a cerca de medio millón de personas, una sombra de oportunismo se ha extendido sobre el colectivo. El anuncio del Gobierno, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular con más de 700.000 firmas, ha activado una maquinaria de desinformación que explota la desesperación de quienes viven en los márgenes de la legalidad, especialmente en zonas rurales y agrícolas de Extremadura.

El esquema es siempre el mismo: el miedo a quedarse fuera. A pesar de que el plazo oficial para presentar las solicitudes no se abrirá hasta abril, las redes sociales bullen con anuncios que prometen “prioridad” o “gestión exprés”. En plataformas digitales proliferan perfiles que ofrecen citas online por 30 euros para acceder a servicios que, en realidad, serán gratuitos y aún no existen. Estos anzuelos derivan a menudo a formularios controlados por gestorías que buscan captar clientes de manera prematura.

Así lo denuncia Alexandra Vesga, presidenta de la Asociación Empleadas del Hogar, Cuidado y Limpieza de Cáceres, una entidad formada principalmente por mujeres migrantes, pero que incluye también a sus familiares. Vesga explica que el proceso ha generado mucha incertidumbre porque los comunicados oficiales hacen referencia a muchos artículos y leyes complejos, y al final la gente presta atención a quien les habla con más seguridad. “Esa falta de claridad ha provocado que algunas personas aprovechen esta situación. Empezamos a notar que quien hablaba con más seguridad generaba como una bola de nieve alrededor”, señala.

Desde la asociación comenzaron a trasladar dudas y casos a las instituciones, como la Subdelegación de Gobierno, para verificar la información que se propagaba sin fundamentos. Vesga señala que han detectado también la aparición de intermediarios informales que dicen: “yo ya hice esto con un familiar”, “yo trabajé en eso y sé lo que hay que hacer”, “yo conozco cómo funciona” para así “cazar” a las personas que tienen que hacer el trámite en el momento correspondiente y no saben por dónde empezar. Según explica, en muchos casos se les omite información clave, como que “el trámite lo puedes hacer tú mismo”, lo que hace que la persona piense automáticamente que necesita un abogado o una asesoría.

La Delegación de Migrantes y Refugiados de la Diócesis de Coria-Cáceres fue la primera en detectar la problemática. A través de su grupo, se pudo conocer todo el entramado, ya que los llamados “cazadores” de personas migrantes en situación irregular comenzaron a infiltrarse en grupos de WhatsApp donde se reúnen estas comunidades, como los gestionados por la propia delegación. Fue por ese medio donde empezaron a difundirse nombres de abogadas y abogados vinculados a asoiaciones que luego fueron asociados a estas prácticas fraudulentas.

Las cantidades que se están cobrando varían considerablemente. La asociación ha encontrado casos desde 30 euros para iniciar el acompañamiento hasta 200 euros solo para reservar un cupo de clientes. Por el trámite completo están cobrando entre 280 y 350 euros por persona, aunque al principio llegaban a pedir 500 euros. A esos costes se suman otros documentos encarecidos: por un certificado de antecedentes penales de Honduras están cobrando 92 euros, y por el de Colombia entre 40 y 60 euros, cuando Alexandra, de origen colombiano, aclara que ese documento se consigue en diez minutos y cuesta menos de diez euros.

La situación fue trasladada a la Mesa de Trabajo correspondiente, donde participan distintas instituciones y la propia Comisión de la Diócesis de Coria-Cáceres. Entre los problemas detectados también se encuentran las dificultades de muchas trabajadoras del hogar que no pueden salir en horario de mañana para hacer los trámites porque las administraciones solo atienden en esa franja. Vesga insiste igualmente en que el lenguaje administrativo es un obstáculo, pues se dirigen a mujeres que llevan poco tiempo en España y aún se están integrando “y que esos tecnicismos al final solo lo comprenden los profesionales que se dedican a ello”.

Un punto especialmente crítico de la denuncia trasladada a elDiario/Extremadura es la existencia de despachos de abogados, asesorías incluso organizaciones que “se supone” que son para ayudar a los propios migrantes, donde según cuenta Vesga, alguna abogada que antes había trabajado en asociaciones referentes en la región en la defensa de los inmigrantes está ahora cobrando por estos servicios, “aprovechándose de su 'cartera de clientas'.

Vesga reconoce que, aunque la asociación que preside ofrece acompañamiento gratuito, algunas personas prefieren ir a un abogado “porque les da más seguridad. Por eso, menciona que mantienen acuerdos con profesionales transparentes, que se comprometen públicamente a devolver el dinero si el proceso no prosperara finalmente.

Más fraudes

Sin embargo, el fraude no solo habita en algunos despachos profesionales y entidades. Said, un ciudadano marroquí que lleva treinta años en Extremadura, confirma que varios compatriotas le han contado que les están cobrando 250 euros en locutorios solo por apuntarlos en una supuesta lista de espera. “La gente tiene miedo y paga lo que sea”, asegura. Por su parte, Beatriz Cercas, asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), denuncia casos flagrantes donde se llega a cobrar procesos que aún no existen porque no se ha publicado el Real Decreto, forzando pagos vía Bizum. ADHEX, que atiende a unos 2.000 potenciales beneficiarios en la región, insiste en que la regularización no tiene cupos y es gratuita por lo que conmina a todas las personas que tengan dudas que se informen correctamente en asociaciones como ADHEX.

En este contexto, otra voz experta, María, abogada con cuarenta años de experiencia en Extremadura, recuerda que acudir a un profesional de la abogacía es legítimo, pero siempre debe pedirse un presupuesto y una hoja de encargo para poder reclamar abusos. Asimismo, abogados de Extranjería en Madrid, Cáceres o Badajoz, ponen el foco en los fraudes cometidos en locutorios, carnicerías o por particulares que “hacen auténticas aberraciones”. Ellos defienden la labor de los profesionales colegiados frente a estos intermediarios: ofrecemos una lista gratuita para informar cuando la norma se publique y otra de pago con una provisión de 50 euros que devolvemos si el servicio no se realizara finalmente por el motivo que sea.

Frente a esta “cacería” de clientes, la realidad administrativa es gratuita. Se establece que para acreditar la residencia continua de cinco meses bastará con pruebas cotidianas: el empadronamiento en municipios extremeños, citas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) o resguardos de remesas. Para quienes carezcan de recursos, existen vías públicas gratuitas. El Turno de Oficio de los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz garantiza asistencia gratuita. Además, organizaciones como ADHEX o ACCEM ofrecen asesoramiento integral. Desde las oficinas de ACCEM en la calle Argentina de Cáceres, su delegada territorial Mar García Navarro explica que las personas que acuden allí no necesitan pagar a despachos ni gestoras por algo que es totalmente gratuito.

La urgencia por obtener el permiso provisional de trabajo, que se otorgará en apenas 15 días tras la solicitud, no debería alimentar la codicia de redes oportunistas. Regularizar es un acto de justicia social e integración en Extremadura como en el resto de España, no una oportunidad de lucro para aquellas personas que tienen menos escrúpulos.

“No es ético mercadear con la vulnerabilidad y la necesidad de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad”, zanja Beatriz Cercas, mientras pide que todos hagan su trabajo “pero desde el respecto y la empatía”.

Que hay una actitud proactiva en el actual escenario ideológico, cultural y político por hacer hegemónicos contravalores como el individualismo, la insolidaridad, la vacuidad política, la xenofobia, el racismo, la aporofobia, el machismo, la misoginia, el belicismo…., en el seno de un relato impulsado por el pensamiento único dominante, es indudable.

Como indudable es que para construir/recuperar una sociedad donde el ser humano, sus anhelos y necesidades sean el centro de la preocupación y ocupación colectivas, se hace imprescindible poner en carga (en el marco de la lucha cultural) los valores republicanos, “res pública”, de libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad y justicia social.

Es este el ambicioso objetivo que, modestamente, pero con firmeza, persigue la Red de Activistas de Sevilla, reconocer a colectivos, entidades y personas que, demasiadas veces invisibilizadas, cuando no combatidas, aquilatan una trayectoria fresca, alegre, perseverante y generosa al servicio de lo común, el interés general, los que no tienen voz, los derechos humanos, la solidaridad internacional, la memoria democrática, la defensa de los servicios públicos, la información veraz, los desiguales…., objetivo que se simplifica en un titular: “Reconocer a quiénes nunca, o en escasas ocasiones, lo son”.

Es por ello y por ser de justicia, que esta iniciativa de un espacio amable, diverso, plural, que sabe de luchas, comprometido y transformador como es la Red de Activistas de Sevilla

Gente que dedican su tiempo, conocimientos y esfuerzo a defender y promover derechos, libertades y conquistas sociales, hoy claramente amenazadas, gente aunque aparezcan residualmente en “las noticias”, o no sean destacadas por instituciones y/o administraciones, ni siquiera conocidas por quiénes se benefician de su activismo por causas justas, están o han estado detrás de cada avance social que todas y todos disfrutamos o tras cada retroceso que se ha impedido… Gente imprescindible, como dijo Bertolt Brecht, que se enfrenta, incansable, a aquella sentencia inmarcesible de Shakespeare en Rey Lear: “Es calamidad de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos”. Gente, en definitiva, sin la cual nuestro mundo sería peor.

Es por ello y por ser de justicia, que esta iniciativa de un espacio amable, diverso, plural, que sabe de luchas, comprometido y transformador como es la Red de Activistas de Sevilla, cuyos objetivos son la formación, la socialización de la información entre sus miembros y más allá, la participación en el conflicto social desde el respeto al protagonismo de quienes, en cada caso, convocan las movilizaciones, el fomento del debate desde la asunción del pluralismo y la diversidad de la sociedad en la que interviene (son ya un clásico los debates que organiza su foro Lo vemos el miércoles, que ocupa ya un espacio alternativo de discusión sobre asuntos de interés general que nadie, o casi, aborda) debiera concitar el aplauso y apoyo de la mayoría social y de quiénes dicen representarla.

En esta segunda edición, que se celebrará el próximo 18 de marzo, en la Casa de la Provincia serán reconocidos en los diferentes apartados recogidos en las Bases de los Premios: AMAMA, APDH (Asociación Provincial de DD. HH.), Mesa Social del Agua, Archivo Histórico de CC. OO-A, FACUA (con especial nominación a su portavoz, Rubén Sánchez), el periodista Juan Tortosa, el actor Antonio Dechent y el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo. Entidades, colectivos y personas cuya aportación, biografías y esfuerzos en la construcción de una sociedad más libre, sostenible, justa e igualitaria, es innegable.

70 organizaciones sociales han firmado un comunicado conjunto en el que instan a las fuerzas políticas de la región a garantizar la protección de los derechos humanos y evitar cualquier retroceso democrático en Extremadura.

Las organizaciones firmantes expresan su preocupación ante la deriva que está tomando el debate político en torno a la formación de gobierno en la Junta de Extremadura, y advierten del riesgo que supone que los derechos y las políticas sociales se sitúen en el centro de disputas de poder.

En un contexto internacional marcado por una creciente inestabilidad y por la reaparición de conflictos armados como forma de resolución de disputas entre Estados, las entidades recuerdan que la defensa de la democracia, los derechos humanos y la convivencia plural adquiere hoy una relevancia aún mayor.

En este sentido, consideran especialmente preocupante que, en el marco de las negociaciones políticas en Extremadura, determinadas políticas públicas vinculadas a derechos y garantías sociales puedan utilizarse como instrumentos de presión política o como mecanismos de exclusión ideológica.

“La fortaleza de una democracia no se mide por su capacidad para restringir derechos o desmantelar políticas públicas, sino por su compromiso en protegerlos y ampliarlos”, señalan las organizaciones en el comunicado.

Las entidades recuerdan que la ciudadanía extremeña ejerce su derecho al voto confiando en que las instituciones actúen con responsabilidad, defendiendo el interés general y garantizando las libertades que sostienen la convivencia democrática.

Asimismo, advierten de que utilizar los derechos y los bienes públicos como herramientas de imposición ideológica debilita el pluralismo democrático y erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Las organizaciones subrayan que los derechos humanos no son negociables ni pueden estar sujetos a retrocesos, y reafirman su defensa de los derechos de las personas LGTBI, de las personas migrantes, de las identidades diversas y de todos los colectivos que históricamente han sufrido discriminación o exclusión.

En el comunicado recuerdan además que la historia reciente demuestra las consecuencias de restringir libertades y debilitar derechos, dinámicas que —advierten— degradan la democracia y abren la puerta a formas de ejercicio del poder incompatibles con los principios constitucionales y los derechos humanos fundamentales.

Por ello, hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas e instituciones de la comunidad autónoma para que el debate público se desarrolle desde el respeto al pluralismo democrático y a los derechos y libertades garantizados en el marco jurídico.

“La democracia no se negocia desde el autoritarismo ideológico ni se construye limitando derechos; se fortalece garantizándolos y defendiéndolos”, concluyen.

Las organizaciones sociales de Extremadura aseguran que no permanecerán al margen ante ningún intento de retroceso democrático y reclaman responsabilidad institucional y un compromiso firme con la defensa de los derechos de todas las personas.

El texto está impulsado por la Coordinadora Extremeña de ONGD, en representación de sus 51 entidades socias, junto a la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes de Extremadura, Ecologistas en Acción de Extremadura. Cuenta además cuenta con el respaldo de organizaciones de todo el país como La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y las coordinadoras autonómicas de ONGD de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.

Al comunicado también se han adherido los grupos políticos Unidas por Extremadura y el Partido por un Mundo más Justo (M+J) y el Partido Nuevo Extremeñismo (NEx).

“Para los talibanes, estoy muerta. Oficialmente, no existo”. Con estas palabras, la periodista Khadija Amin describe la cruda realidad que enfrentan las mujeres en Afganistán, una situación que ha desgranado este lunes en la Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' de la capital cacereña. El encuentro, organizado por Amnistía Internacional Extremadura, se enmarca en la exposición 'Ellas son la revolución', que busca dar voz a quienes el régimen de Kabul intenta silenciar sistemáticamente.

Amin, que fue un rostro conocido de la televisión pública afgana hasta la toma de poder de los talibanes en agosto de 2021, ha explicado cómo el sistema legal ha sido desmantelado para anular cualquier derecho femenino. Uno de los puntos más alarmantes compartidos en la charla se refiere a la reciente deriva del código penal talibán. Según denunció la activista, la normativa actual establece que, si una mujer no presenta fracturas óseas o heridas abiertas de gravedad, la agresión no se considera maltrato punible.

Esta desprotección contrasta con la paradoja de las nuevas leyes de “moralidad”, que incluyen penas más severas y específicas para el maltrato de animales que para la violencia doméstica cotidiana. “Se nos ha situado por debajo de los animales en la jerarquía legal”, lamentó Amin ante un auditorio que llenó el salón de actos de la biblioteca.

El peso de la voz del hombre

La periodista también compartió su drama personal, que ejemplifica la indefensión jurídica absoluta. En el nuevo Afganistán, el testimonio de una mujer carece de valor frente al de un hombre. En su caso, su exmarido la ha registrado oficialmente como fallecida, lo que la deja sin entidad jurídica, sin pasaporte y sin posibilidad legal de reclamar la custodia de sus hijos, que permanecen en Kabul.

“Mi exmarido dice que estoy muerta y, para el Estado afgano, eso es una verdad absoluta porque lo dice un hombre. Mi voz, mis documentos o mi presencia física no cuentan nada”, explicó.

Desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en agosto de 2024, el silencio es obligatorio. Las mujeres tienen prohibido hablar en público, cantar o incluso leer en voz alta, ya que su voz es considerada awrah (algo íntimo que debe ocultarse). Además, el uso del velo integral es obligatorio, una norma que Khadija siempre cuestionó y que fue uno de los detonantes de las amenazas que la obligaron al exilio.

Resistencia desde el exilio

Pese a la distancia, Amin mantiene una red de contacto con mujeres que resisten dentro del país. La situación en Extremadura, a través de estos encuentros, sirve para que la ciudadanía no olvide que Afganistán se ha convertido en una “cárcel a cielo abierto”.

La activista afgana reconoce que, pese a tener trabajo y participar en charlas por las tardes, la situación de su país la atraviesa emocionalmente cada día. “Hay momentos en los que no quiero ni salir de casa”, confiesa. La distancia con sus hijos, de quienes no sabe dónde están ni cómo se encuentran, agrava una herida que nunca puede cerrar. Denuncia que, por el hecho de ser mujer y haber nacido en Afganistán, no solo ha visto vulnerados sus derechos fundamentales, sino que ni siquiera dispone de documentación que facilite la búsqueda de sus hijos. “Todo lo que pasa allí me afecta personalmente”, explica, describiendo una montaña rusa emocional que le impide vivir con tranquilidad mientras las mujeres afganas siguen siendo castigadas simplemente por serlo.

Sobre la posibilidad de un cambio a corto plazo, se muestra pesimista. Considera que, tras cinco años sin avances significativos, la situación no variará sin un respaldo firme de la comunidad internacional. “Sin apoyo internacional es imposible”, sostiene, al tiempo que lamenta la falta de implicación interna en la defensa de los derechos de las mujeres. A su juicio, la prioridad geopolítica se centra en conflictos armados y tensiones regionales, mientras la vulneración sistemática de derechos en Afganistán no genera la misma reacción. Desde España, pide visibilidad y compromiso: difundir lo que ocurre, apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno y firmar peticiones. En ese contexto menciona a la asociación 'Esperanza de libertad', que canaliza ayuda directa a mujeres dentro del país y promueve acciones de denuncia y solidaridad internacional.

Al finalizar el acto, se hizo mención al documental “¿Dónde están mis hijos?”, disponible en plataformas como Movistar Plus+, una pieza audiovisual que Khadija define como una “carta para el futuro”, para que sus hijos sepan que su madre nunca dejó de luchar por ellos ni por los derechos de todas las afganas.

La exposición

La exposición 'Ellas son la revolución' se integra en una campaña internacional de Amnistía Internacional destinada a sensibilizar a la ciudadanía y a exigir que la comunidad internacional haga rendir cuentas a los talibanes por posibles crímenes de derecho internacional, incluida la persecución por motivos de género. La exposición ha recorrido ya espacios como la Casa de las Mujeres de Avilés y el municipio de Rivas‑Vaciamadrid, consolidándose como una herramienta de denuncia y de movilización social.

La portaveu de Vox al Parlament balear, Manuela Cañadas, ha acusat aquest dimarts els partits d'esquerra de ser “còmplices” de “violacions”, de “tràfic d'éssers humans” i del “terrorisme gihadista” per donar suport a la regularització extraordinària de persones migrants en una intervenció que ha elevat la tensió a la Càmera. Malgrat les reiterades peticions de l'oposició, el president de la Càmera, l'ultra Gabriel Le Senne, s'ha negat a retirar les expressions del Diari de Sessions: “No les vull eliminar. És una qüestió política, igual que quan vostès ens dieu feixistes. En aquest Parlament, mentre jo sigui president, la llibertat d'expressió té l'amplitud que jo crec que ha de tenir”.

L'episodi ha tingut lloc durant el debat d'una proposta del PP que, amb el suport de Vox, ha expressat el seu rebuig a la regularització extraordinària de migrants plantejada pel Govern central en considerar que “contribueix a un efecte crida” i “ignora el creixement poblacional a Balears”. Com en altres ocasions, Cañadas ha acudit a una de les falses proclames de l'extrema dreta, la que atribueix als fluxos migratoris la precarització laboral, la baixada de salaris o la inseguretat, tot i que nombrosos informes acadèmics i anàlisis d'organismes públics han qüestionat la relació directa entre migració i criminalitat, i que institucions com el Banc d'Espanya han subratllat la contribució de la població migrant al mercat laboral i al sosteniment del sistema de pensions en un context d'envelliment demogràfic.

En un moment en què l'esquerra retreia a Cañadas les seves paraules, aquesta els etzibava des de la tribuna: “Deixeu de bramar, que són molt pesats”, cosa que ha provocat una ganyota jocosa per part de Le Senne.

Després de la intervenció de la portaveu ultra, l'oposició ha demanat l'empar del reglament perquè Le Senne cridés a l'ordre la diputada i se suprimissin les acusacions de Cañadas en considerar que amb elles ha imputat la presumpta comissió de diversos delictes a altres parlamentaris. “El que demanem és que esborrin les al·lusions que han intentat criminalitzar els grups parlamentaris de l'oposició i una part substancial d'aquesta societat. Vostè té la responsabilitat que aquestes paraules no constin al llibre de sessions”, ha asseverat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, dirigint-se a Le Senne.

Després de la intervenció de la portaveu ultra, l'oposició ha sol·licitat l'empara del reglament perquè Le Senne cridés a l'ordre a la diputada i se suprimissin les acusacions de Cañadas en considerar que amb elles ha imputat la presumpta comissió de diversos delictes a altres parlamentaris. “El que demanem és que s'esborrin les al·lusions que han intentat criminalitzar als grups parlamentaris de l'oposició i a una part substancial d'aquesta societat. Vosté té la responsabilitat que aquestes paraules no constin en el llibre de sessions”, ha asseverat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, dirigint-se a Le Senne.

Al costat d'ell, els altres portaveus d'esquerres i un exparlamentari de Vox han reclamat que les paraules proferides per Cañades no constessin en el Diari de Sessions en entendre que, fora de l'hemicicle, podrien tenir rellevància penal.

Malgrat això, Le Senne, qui es troba pendent de ser jutjat per un delicte d'odi per trencar en ple hemicicle la fotografia de tres víctimes del franquisme, ha minimitzat el succeït, considerant d'índole “política” el fet que Cañadas hagi relacionat immigració amb delinqüència, per la qual cosa ha considerat que els grups tenen dret a exposar aquesta qüestió, obrint amb això un nou front sobre els límits de la llibertat d'expressió parlamentària que connecta, a més, amb l'estratègia discursiva que la formació d'extrema dreta desplega a nivell estatal.

L'única cosa que el dirigent ultra li ha retret a Cañades ha estat la utilització de l'improperi “pocavergonyes”, qualificant-la “d'excessiva” i emplaçant a la portaveu a retirar-la, al que aquesta s'ha negat de manera expressa. Le Senne, així mateix, ha recriminat als diputats de l'esquerra haver interromput a la seva companya de partit durant el seu torn de paraula.

Per part seva, durant el seu defensa de la iniciativa, la diputada del PP Cristina Gil ha manifestat que la regularització no és més que “una maniobra de pura resistència” del president del Govern, Pedro Sánchez, i “un negoci rodó per a les màfies”. “No som contraris a la regularització, sinó a aquesta regularització”, ha sostingut sobre una mesura que ha considerat “tan improvisada com oportunista”.

“Els volen expulsar pel color de la seva pell”

Des de l'oposició, el portaveu socialista, Iago Negueruela, ha lamentat que el PP i Vox estiguin participant en “una carrera per a veure qui és més racista, qui insulta més i qui té el discurs més xenòfob”. “La regularització és respectar els drets humans de les persones que viuen i treballen aquí”, ha contraposat el socialista, lamentant que la dreta desitjaria que les persones en situació administrativa irregular “no tinguessin drets”. “Diguin a les persones que són aquí que els volen expulsar pel color de la seva pell, la seva religió o la seva manera de pensar”, ha insistit dirigint-se a la bancada popular. “Estan buscant assimilar que les persones migrants venen a cometre delictes, i això no és cert”, ha afegit.

En aquesta línia, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha sostingut que la iniciativa del PP “neix molt torçada” atès que, malgrat que el seu discurs se centra eminentment en les persones que arriben en pastera procedents del nord d'Àfrica, aquests a penes representen un 11% dels migrants que es troben en situació irregular i que, per tant, podrien ser beneficiaris de la mesura del Govern. La ecosoberanista també ha aprofitat la seva intervenció per a tractar de desmuntar alguns dels arguments emprats per Vox per a oposar-se a la regularització, com el referent a l'accés a l'habitatge. “Qui rebenta el mercat immobiliari no són aquestes persones, sinó el 30% d'estrangers que paguen els habitatges d'un cop”, ha defensat.

Le Senne alerta d'una suposada “extinció” dels espanyols

Es dona la circumstància que, diumenge passat, Le Senne va utilitzar l'acte institucional del Dia de Balears per a alertar d'una suposada “extinció” dels espanyols i agitar la teoria conspiranoica del 'gran reemplaçament', una tesi sense base científica que sosté que la població europea estaria sent substituïda demogràficament per persones migrants, especialment d'origen no europeu. Es tracta d'un discurs ideològic àmpliament difós per la formació d'extrema dreta a Espanya, partits afins a França, Itàlia o Alemanya i nombrosos grups neonazis europeus que ha portat a endurir la política migratòria en les Comunitats Autònomes en les quals el PP governa de la mà de Vox.

El dirigent va asseverar que les autoritats tenen l'obligació de “complir i fer complir” la llei davant el que va definir com un fenomen “d'immigració massiva”, advertint que “sense control de fronteres, l'Estat queda a la mercè de qualsevol invasor estranger”, la qual cosa, en la seva opinió, podria derivar en un “Estat fallit” i la consegüent implantació de “la llei de la selva”.

Cal recordar, a més, que el passat 17 de febrer Vox va tirar endavant, amb l'aval dels populars, una proposició no de llei (PNL) que insta el Govern central a deportar a les persones migrants que, encara que es trobin en situació legal, cometin algun delicte greu o facin del delicte lleu “la seva forma de vida”, així com a aquells que “decideixin no integrar-se en la cultura de la nació que l'acull o intenti imposar la seva”.

La proposta apel·la a l'anomenada “remigració”, un terme que l'extrema dreta europea ha popularitzat en els últims anys com a consigna política, sota la qual agrupen propostes com la devolució massiva de migrants -i fins i tot de ciutadans nacionalitzats- per motius culturals o identitaris. El postulat, que no forma part del marc jurídic espanyol ni de la legislació d'altres països europeus, ha estat abanderada especialment per sectors de la ultradreta alemanya vinculats a Alternativa per a Alemanya (AfD) així com per formacions ultres a Àustria i França. A Espanya, Vox ho ha incorporat al seu discurs com a eix de la seva ofensiva migratòria.

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha acusado este martes a los partidos de izquierda de ser “cómplices” de “violaciones”, de “tráfico de seres humanos” y del “terrorismo yihadista” por apoyar la regularización extraordinaria de personas migrantes en una intervención que ha elevado la tensión en la Cámara. Pese a las reiteradas peticiones de la oposición, el presidente de la Cámara, el ultra Gabriel Le Senne, se ha negado a retirar las expresiones del Diario de Sesiones: “No las voy a eliminar. Es una cuestión política, igual que cuando ustedes nos llaman fascistas. En este Parlament, mientras yo sea presidente, la libertad de expresión tiene la amplitud que yo creo que debe tener”.

El episodio ha tenido lugar durante el debate de una propuesta del PP que, con el apoyo de Vox, ha expresado su rechazo a la regularización extraordinaria de migrantes planteada por el Gobierno central al considerar que “contribuye a un efecto llamada” e “ignora el crecimiento poblacional en Balears”. Como en otras ocasiones, Cañadas ha acudido a una de las falsas proclamas de la extrema derecha, la que atribuye a los flujos migratorios la precarización laboral, la bajada de salarios o la inseguridad, a pesar de que numerosos informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad, y de que instituciones como el Banco de España han subrayado la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico.

En un momento en el que la izquierda reprochaba a Cañadas sus palabras, ésta les espetaba desde la tribuna: “Dejen de bramar, que son muy pesados”, lo que ha provocado una mueca jocosa por parte de Le Senne.

Tras la intervención de la portavoz ultra, la oposición ha solicitado el amparo del reglamento para que Le Senne llamara al orden a la diputada y se suprimieran las acusaciones de Cañadas al considerar que con ellas ha imputado la presunta comisión de varios delitos a otros parlamentarios. “Lo que pedimos es que se borren las alusiones que han intentado criminalizar a los grupos parlamentarios de la oposición y a una parte sustancial de esta sociedad. Uste tiene la responsabilidad de que estas palabras no consten en el libro de sesiones”, ha aseverado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, dirigiéndose a Le Senne.

Junto a él, los demás portavoces de izquierdas y un exparlamentario de Vox han reclamado que las palabras proferidas por Cañadas no constaran en el Diario de Sesiones al entender que, fuera del hemiciclo, podrían tener relevancia penal.

Pese a ello, Le Senne, quien se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio por romper en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo, ha minimizado lo sucedido, considerando de índole “política” el hecho de que Cañadas haya relacionado inmigración con delincuencia, por lo que ha considerado que los grupos tienen derecho a exponer esta cuestión, abriendo con ello un nuevo frente sobre los límites de la libertad de expresión parlamentaria que conecta, además, con la estrategia discursiva que la formación de extrema derecha despliega a nivel estatal.

Lo único que el dirigente ultra le ha reprochado a Cañadas ha sido la utilización del improperio “sinvergüenzas”, calificándola de “excesiva” y emplazando a la portavoz a retirarla, a lo que ésta se ha negado de forma expresa. Le Senne, asimismo, ha recriminado a los diputados de la izquierda haber interrumpido a su compañera de partido durante su turno de palabra.

Por su parte, durante su defensa de la iniciativa, la diputada del PP Cristina Gil ha manifestado que la regularización no es más que “una maniobra de pura resistencia” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y “un negocio redondo para las mafias”. “No somos contrarios a la regularización, sino a esta regularización”, ha sostenido sobre una medida que ha considerado “tan improvisada como oportunista”.

“Los quieren expulsar por el color de su piel”

Desde la oposición, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha lamentado que el PP y Vox estén participando en “una carrera para ver quién es más racista, quien insulta más y quien tiene el discurso más xenófobo”. “La regularización es respetar los derechos humanos de las personas que viven y trabajan aquí”, ha contrapuesto el socialista, lamentando que la derecha desearía que las personas en situación administrativa irregular “no tuvieran derechos”. “Díganles a las personas que están aquí que los quieren expulsar por el color de su piel, su religión o su forma de pensar”, ha insistido dirigiéndose a la bancada popular. “Están buscando asimilar que las personas migrantes vienen a cometer delitos, y eso no es cierto”, ha añadido.

En esta línea, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha sostenido que la iniciativa del PP “nace muy torcida” dado que, pese a que su discurso se centra eminentemente en las personas que llegan en patera procedentes del norte de África, estos apenas representan un 11% de los migrantes que se encuentran en situación irregular y que, por lo tanto, podrían ser beneficiarios de la medida del Gobierno. La ecosoberanista también ha aprovechado su intervención para tratar de desmontar algunos de los argumentos empleados por Vox para oponerse a la regularización, como el referente al acceso a la vivienda. “Quien revienta el mercado inmobiliario no son estas personas, sino el 30% de extranjeros que pagan las viviendas a tocateja”, ha defendido.

Le Senne alerta de una supuesta “extinción” de los españoles

Se da la circunstancia de que, el pasado domingo, Le Senne utilizó el acto institucional del Día de Balears para alertar de una supuesta “extinción” de los españoles y agitar la teoría conspiranoica del 'gran reemplazo', una tesis sin base científica que sostiene que la población europea estaría siendo sustituida demográficamente por personas migrantes, especialmente de origen no europeo. Se trata de un discurso ideológico ampliamente difundido por la formación de extrema derecha en España, partidos afines en Francia, Italia o Alemania y numerosos grupos neonazis europeos que ha llevado a endurecer la política migratoria en las Comunidades Autónomas en las que el PP gobierna de la mano de Vox.

El dirigente aseveró que las autoridades tienen la obligación de “cumplir y hacer cumplir” la ley ante lo que definió como un fenómeno de “inmigración masiva”, advirtiendo de que “sin control de fronteras, el Estado queda a merced de cualquier invasor extranjero”, lo que, en su opinión, podría derivar en un “Estado fallido” y la consiguiente implantación de “la ley de la selva”.

Cabe recordar, además, que el pasado 17 de febrero Vox sacó adelante, con el aval de los populares, una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”.

La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios. El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderada especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

En diciembre, la diputada de Vox Patricia de las Heras aprovechó una pregunta rutinaria de control al Govern para realizar una defensa explícita de las armas de fuego ante las agresiones con arma blanca: “Si queremos exigir a los agentes que actúen con la pericia necesaria ante un desalmado, un desquiciado o un practicante de la religión de la paz que ataque a nuestros ciudadanos deben disparar y hacerlo con toda la pericia necesaria para ello”, llegó a espetar, aludiendo de este modo a una de las proclamas más difundidas por la derecha y la extrema derecha, la que relaciona la inmigración y la religión musulmana con la delincuencia y la violencia y que ha sido ampliamente desmentida por las fuentes oficiales y numerosos estudios científicos.

En su nueva entrega, la VII edición de los Premios Desalambre, organizados por elDiario.es para reconocer el trabajo de periodistas y organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, ya tiene ganadores. Este año, los galardones ponen el foco en miradas que corrigen ausencias, como la de las personas negras mayores en España, en el periodismo sostenido que abre camino en la cobertura de África y las migraciones, en un activismo y trabajo incansable sobre el genocidio en Gaza desde dentro y en campañas del tercer sector capaces de reconectar la cooperación con la sociedad civil utilizando códigos culturales contemporáneos o la inteligencia artificial. 

Los premios Desalambre de este año reconocen como mejor trabajo periodístico a Afromayores, un proyecto audiovisual y fotográfico alojado en redes sociales que visibiliza y amplifica las voces de personas africanas y afrodescendientes mayores en España. Por su parte, el premio a la perseverancia en trayectoria profesional recae en Pepe Naranjo, periodista especializado en migraciones desde Senegal y otros puntos del continente africano, por una trayectoria marcada con la constancia en la cobertura de la región, abriendo espacios informativos y generando conversación pública sobre realidades que, a menudo, quedan en los márgenes. 

En el ámbito del tercer sector, este año el jurado ha reconocido el trabajo de dos entidades en la categoría de mejor campaña de comunicación. Los premiados son el 'Tarot de la Cooperación', de la Coordinadora de ONGD de València, una iniciativa dirigida especialmente a población joven que utiliza la simbología del tarot para conectar retos globales con la realidad local y activar conversación. Y 'Cambiando una palabra', de Save the Children, una campaña que visibiliza las dos caras de la infancia en un momento en el que el mundo digital gira en torno al potencial de la inteligencia artificial.  

Por otro lado, el galardón a mejor activista en defensa de los derechos humanos ha recaído en Kayed Hammad, periodista, productor e intérprete gazatí con una trayectoria de años acompañando a medios internacionales y dando testimonio desde Gaza sobre el impacto humano de la guerra y el asedio en Palestina. 

Premios Desalambre en la categoría de periodismo:

Premios Desalambre en las categorías de activismo y ONG:

La entrega de premios se producirá el próximo jueves 12 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en CaixaForum en Madrid. El jurado de la VII edición de los Premios Desalambre ha estado compuesto por Juan Luis Sánchez, cofundador y subdirector de elDiario.es; Javier Biosca, redactor jefe de internacional de elDiario.es; Gumersindo Lafuente, editor de la revista de elDiario.es y exdirector adjunto del periódico; Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio y derechos humanos y cofundadora de elDiario.es; Moha Gerehou, periodista y activista antirracista; Cristina Fuertes, responsable de comunicación interna de la Coordinadora de ONGD; y Pilar del Río, periodista, traductora y presidenta de la Fundación José Saramago. 

Afromayores

El Premio Desalambre para el mejor trabajo periodístico escrito o multimedia es para Afromayores, un proyecto coordinado por Lucía-Asué Mbomío Rubio y Laurent Leger Adame, que visibiliza a las personas negras mayores de 65 años en España. El trabajo de fotografías y video-entrevistas, alojado en Instagram y YouTube, es una forma de reconocer la presencia de dicho colectivo de edad y de deshacer las lógicas asociadas a la persona migrante. Además, Afromayores no es solo un proyecto periodístico o fotográfico, sino que también ha implicado la organización de exposiciones, mesas redondas o encuentros intergeneracionales en los que los y las protagonistas del proyecto también son partícipes. El jurado ha recalcado la originalidad del trabajo y la trascendencia narrativa que abarca el proyecto desde una pequeña iniciativa. 

Pepe Naranjo, premio a la perseverancia

El ganador al premio que reconoce una trayectoria de perseverancia es Pepe Naranjo, periodista freelance. Desde 2011, reside en Senegal, desde donde ha publicado decenas de crónicas y reportajes para distintos medios, sobre todo El País. En los últimos años ha puesto el foco en el conflicto del Sahel con reportajes desde Mali, Burkina Faso y Níger. Autor de Cayucos (2006) donde ilustra la primera crisis de los cayucos, Los invisibles de Kolda (2009), una reconstrucción sobre uno de los peores naufragios de la ruta canaria y El río que desafía al desierto (2019), una recopilación de crónicas sobre África. El jurado ha destacado su perseverancia en la comunicación de las migraciones en España y desde el continente africano, la participación y organización de eventos y encuentros, así como su estrecha colaboración con entidades del tercer sector desde el periodismo. 

Mejor campaña de comunicación: un galardón para Save the Children y la Coordinadora Valenciana de ONGD 

En esta edición de premios Desalambre, el galardón a la mejor campaña de comunicación recae en dos entidades. Por un lado, para el Tarot de la Cooperación de la Coordinadora Valenciana de ONGD. La campaña premiada es fruto de meses de trabajo participativo con jóvenes de toda la Comunitat Valenciana. A lo largo de ese tiempo, la Coordinadora se ha reunido con colectivos juveniles que trabajan en justicia climática, feminismo y cooperación al desarrollo, con espacios de barrio y organizaciones colaboradoras. El resultado ha sido una campaña que utiliza la simbología del tarot para hablar de crisis climática, soberanía alimentaria, comercio de armas y racismo, entre otros temas. 

La otra campaña premiada es Cambiando una palabra, de Save the Children. Una campaña que visibiliza situaciones de infancia en distintos lugares con imágenes creadas por inteligencia artificial. La organización ha utilizado esta herramienta para concienciar y en la que los propios usuarios pueden comprobar por sí mismos cómo cambian las imágenes al modificar una sola palabra en los prompts dentro de las plataformas de inteligencia artificial. 

Kayed Hammad

El Premio Desalambre al activista del año es para Kayed Hammad, periodista, activista, intérprete y cineasta palestino. Desde Gaza, Hammad ha explicado el impacto del genocidio y ha colaborado como fixer con distintos medios de comunicación. Después de meses de trámites, consiguió salir de Gaza con su familia. Ahora, Hammad continúa trabajando para visibilizar la realidad del pueblo palestino y, a la vez, defiende el rol de los intérpretes y fixers como él, imprescindibles para garantizar el trabajo periodístico. El jurado ha recalcado su inagotable presencia y colaboración con los periodistas, así como la importancia de su activismo. 

Premio a una trayectoria profesional 

Además de los cinco galardones repartidos en las categorías de Periodismo y ONG/Activismo, elDiario.es concederá un reconocimiento especial a una trayectoria destacada en el ámbito de las ONG, un premio honorífico que pone en valor una labor continuada de trabajo en el tercer sector. El anuncio del ganador se producirá durante la gala el próximo jueves 12 de marzo de 2026.

Las personas finalistas son:

“¡Que vivan los Fernández!”. Claro, corto y al pie, el discurso de Antonio (Toni) Fernández Gabarre ha trascendido más allá de las palabras. Ciudad sin sueño, la película que le hizo subir al escenario de los Premios Goya y recibir la estatuilla al Mejor Actor Revelación, narra una vida que él conoce bien: la que aún resiste en la Cañada Real Galiana, el asentamiento chabolista más extenso de Europa que se quedó sin luz en octubre de 2020. En el filme de Guillermo Galoe, Toni interpreta a un joven con una vida similar a la suya, e incluso el mismo nombre.

Su personaje pertenece a una familia gitana de chatarreros que vive en la Cañada Real. Con el avance de los derribos de viviendas a su alrededor, tiene que plantearse si abandonar aquel hogar o luchar para quedarse. El largometraje dibuja un conflicto social lleno aristas, ya que mientras su abuelo se niega a marcharse de un paraje que considera único, su madre trata de convencerle desde el otro lado para que sus hijos crezcan en un lugar con suministro eléctrico, agua, espacios culturales o zonas de ocio. La noche del domingo, cuando Toni Fernández –el actor, no el personaje– levantó su galardón ante la mirada del cine español no habló de cumplir un sueño, ni de cómo es desfilar por la alfombra roja. Habló de su barrio.

“Se lo quiero dedicar a toda mi familia, que está en la Cañada”, concluyó en un discurso breve y donde no olvidó agradecer la oportunidad al equipo de producción de la película, al director que retrató su casa o a sus compañeros de nominación, “que son unos cracks”. Para esta categoría competía con actores más experimentados como Julio Peña (El cautivo), Hugo Weizel (Enemigos), Jan Monter Palau (Estrany riu) o Mitch (Romería). En los pasillos del Auditorio Fòrum de Barcelona, cuando la gala ya había terminado, el joven reconoció lo nervioso que estaba.

“Tengo un nudo de nervios que no se va del todo. Pero estoy súper feliz y, bueno, ¡me lo llevo!”, respondió a preguntas de los periodistas sujetando su primer cabezón. Poco después de su victoria, Toni admitió que sus vecinos en la vía pecuaria ya le estaban “petando el móvil” y celebrando la noticia. “Yo creo que están chillando, saltando...”, dedujo. El ganador a Mejor Actor Revelación vive en el sector VI de Cañada, el más perjudicado por los cortes de luz y el único que aún a día de hoy continúa sin ningún tipo de suministro eléctrico. La suya es la historia de una familia que sobrevive entre apagones, estigmatización o promesas políticas que nunca llegan a fraguarse.

Nos interesaba algo más que solo hablar de un espacio y de un contexto sociopolítico. Queríamos ver cómo ese contexto sociopolítico afecta en lo íntimo

Guillermo Galoe — Guionista y director de 'Ciudad sin sueño'

El filme, dirigido por una cineasta que también hace su debut en el mundo del largometraje, trata de describir una realidad ajena a la de la mayoría sin regodearse en lo dramático. “Nos interesaba algo más que solo hablar de un espacio y de un contexto sociopolítico. Ver cómo ese contexto sociopolítico afecta en lo íntimo. Son personajes que podían haber ocupado tramas y tropos de películas de género, de wéstern o de noir, y están en ese espacio. Nos interesa ver cómo se sienten, cómo se enfrentan al desvanecimiento del mundo en el que viven. Nos interesaba la idea del fin de la comunidad”, contó Guillermo Galoe en una entrevista con elDiario.es, en mayo del año pasado.

La Cañada Real Galiana está dividida en varios sectores y se extiende a lo largo de 15 kilómetros de vía. El año de la pandemia se quedó sin luz después de que Naturgy, la empresa privada que suministra electricidad a la zona, comenzara a eliminar conexiones sobre el terreno al considerarlas sospechosas o vincularlas a plantaciones de marihuana. El 26 de febrero del año pasado, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa falló en contra de España por dejar sin luz a la Cañada a raíz de una demanda colectiva en la que varias entidades expusieron los perjuicios a los que se ven expuestos sus habitantes.

Un año después, la situación no ha cambiado en exceso. Los desalojos forzosos, que se mencionan en la película, comenzaron a raíz de un pacto regional entre administraciones para desmantelar los asentamientos y realojar en otras viviendas a sus vecinos. La resolución del órgano paneuropeo ya pidió a España que garantizara un acceso “estable, constante y seguro” a la energía entre la población de la Cañada, pero de momento no ha establecido ningún tipo de régimen sancionador en caso de que el país incumpla el dictamen. En diciembre de 2027 solicitarán un nuevo informe al Gobierno español y una rendición de cuentas. Mientras esperan en un largo periplo, la estatuilla para Toni ha dado algo de luz a una zona a oscuras.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura acogió la conferencia de la fiscal extremeña Inés Herreros Hernández con motivo de la celebración de San Raimundo de Peñafort, patrón de las y los juristas. En un auditorio cargado de simbolismo personal y profesional, la actual vocal del Consejo General del Poder Judicial ofreció una intervención marcada por la emoción y por una firme defensa del humanismo jurídico como eje vertebrador del Estado de derecho.

Herreros, nacida en Barcelona en 1974 en el seno de una familia cacereña y formada en esta misma Facultad entre 1992 y 1997, construyó su intervención como un recorrido vital. Desde sus años de estudiante hasta su paso por la Carrera Fiscal —a la que accedió en 2003— y su actual responsabilidad institucional, la jurista reivindicó una forma de ejercer el derecho que trascienda la aplicación “fría y aséptica” de la norma y sitúe la dignidad humana como fundamento y fin último del ordenamiento jurídico.

“La ley no puede convertirse en coartada de los poderes establecidos”, sostuvo ante el alumnado y el claustro, en una ponencia que combinó memoria personal, reflexión jurídica y posicionamiento público ante algunos de los grandes desafíos contemporáneos.

De Cáceres a Canarias: el choque con la realidad migratoria

Su primer destino como fiscal en Las Palmas de Gran Canaria marcó un punto de inflexión. Allí, explicó, se enfrentó a la realidad de las migraciones y de los menores extranjeros no acompañados. Describió situaciones de internamiento de familias en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y denunció déficits estructurales en la protección de menores.

Desde la Fiscalía impulsó actuaciones que, según relató, llevaron al cierre de siete centros de protección de menores en Gran Canaria y a la salida de familias completas de CIE. Aquellas decisiones, que defendió como coherentes con el principio de dignidad humana y el interés superior del menor, le costaron , según explicó, la retirada de sus competencias en esa materia durante un tiempo.

Esa etapa, lejos de suponer un repliegue, la llevó a profundizar en el estudio del impacto del derecho sobre personas situadas en los márgenes sociales: migrantes, víctimas de trata, personas empobrecidas o con problemas de salud mental. También reforzó su compromiso asociativo en la Unión Progresista de Fiscales, que presidió entre 2021 y 2023.

Memoria democrática y carencias educativas

Uno de los momentos más críticos de la intervención llegó al abordar lo que definió como una “gran carencia” en su formación: la ausencia de contenidos sobre la historia democrática española y extremeña. Desde su experiencia personal, creció frente al monumento conocido como la Cruz de los Caídos en Cáceres, lamentó haber tardado décadas en conocer episodios como la masacre de Badajoz, los campos de concentración franquistas en Extremadura o la existencia de más de 200 fosas comunes en la región.

Su paso en 2023 por la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática reforzó, afirmó, la convicción de que educar en democracia no es opcional. “La democracia no es una forma de organización política lineal que solo tiende a la mejora”, advirtió, subrayando la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones el valor y la fragilidad de las conquistas democráticas.

Perspectiva de género y transformación del derecho

Herreros también dedicó un amplio tramo de su intervención a la violencia de género, ámbito en el que se especializó a partir de 2012. Reconoció que durante años el sistema judicial trabajó sin formación específica suficiente y defendió que “sin perspectiva de género no hay eficacia” en la persecución de estos delitos.

En ese proceso de transformación profesional destacó su colaboración con la Fundación ECCA y su implicación en redes de juristas que incorporaron el análisis del artículo 14 de la Constitución, igualdad entre mujeres y hombres, como eje interpretativo transversal. Subrayó que la incorporación de nuevas miradas no ha supuesto desplazar las formas tradicionales, sino complementarlas para ofrecer un servicio público más justo y eficaz.

Afganistán, Sáhara y la crisis del orden internacional

La fiscal relató asimismo la operación impulsada desde la Unión Progresista de Fiscales tras la caída de Kabul en 2021 para facilitar el asilo en España a mujeres fiscales afganas perseguidas por los talibanes. Tras un año de gestiones infructuosas, viajó a Pakistán junto a otras juristas para recabar testimonios y presionar institucionalmente. Finalmente, lograron la llegada a España de 30 mujeres y sus familias.

Esa experiencia le sirvió para reflexionar sobre los “espacios de no-derecho” y sobre la necesidad de acción colectiva cuando las garantías fallan. En la misma línea, criticó la ineficacia del derecho internacional en conflictos como el Sáhara Occidental y lanzó una advertencia sobre Gaza, cuya situación calificó como una amenaza para la credibilidad de las democracias occidentales y del sistema internacional de derechos humanos.

“El respeto a la dignidad es nuestro único seguro de vida”

En el tramo final de la conferencia, Herreros apeló directamente al estudiantado. Reivindicó el estudio riguroso, el pensamiento crítico y el compromiso con el servicio público. “El respeto por la dignidad del ser humano es nuestro único seguro de vida”, afirmó.

El acto concluyó con un agradecimiento a la Facultad de Derecho y a la comunidad jurídica extremeña, y con una cita de José Saramago que sintetizó el sentido de su intervención: la memoria y la responsabilidad como pilares de la existencia democrática: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.

La conferencia dejó en el aire una idea clara: el derecho, entendido como herramienta de transformación y no como mero engranaje técnico, sigue siendo un campo de disputa ética y política donde la dignidad humana debe ocupar el centro.

La Guàrdia Civil ha localitzat amb vida 22 migrants que van salpar en pastera dimarts passat des d'Algèria cap a Balears, tal com han confirmat fonts de l'Institut Armat a elDiario.es. El rescat, produït a 34 milles al sud de Mallorca, ha tingut lloc en el marc del dispositiu de cerca articulat aquests dies arran de la desaparició de tres embarcacions amb 81 persones a bord, entre elles dos bebès i una desena de dones, que van sortir des del litoral algerià. Malgrat no disposar de coordenades precises que permetin delimitar l'àrea, un avió de Frontex i un altre de la Benemèrita continuen rastrejant la zona.

En paral·lel, va transcendir que la Marina Algeriana havia localitzat dues pasteres en els últims dies. No obstant això, Caminando Fronteras ha advertit que aquestes embarcacions podrien no correspondre's amb les denunciades com a desaparegudes. La Guàrdia Civil assegura, així mateix, no tenir constància de la troballa de totes dues pasteres.

L'alerta va ser traslladada la tarda d'aquest dijous per la pròpia organització humanitària després que familiars dels migrants que anaven a bord comuniquessin que portaven dies sense notícies dels seus afins després d'haver partit des d'Algèria rumb a l'arxipèlag balear.

Al llarg d'aquest dijous, un avió de Frontex ja va realitzar diverses batudes per a tractar de localitzar les pasteres mentre s'articulava l'operatiu, segons van informar des de la Delegació del Govern. La preocupació va créixer amb el pas de les hores i la falta de contacte amb les embarcacions, especialment en el cas d'una llanxa que havia partit el dimarts amb 22 persones a bord, set d'elles dones, en la seva majoria de nacionalitat somali i una d'origen sudanès. Segons l'organització, el telèfon d'un dels ocupants facilitat per la família ja no donava senyal.

L'ONG ha assenyalat a Europa Press que, després de conèixer aquesta informació, va sol·licitar a Salvament Marítim col·laboració per verificar si es tractava de les mateixes pasteres, però, segons l'entitat, l'organisme els hauria dit que no podien realitzar aquestes gestions. Més tard, l'organització sí que va poder constatar que no havien estat rescatades.

Segons explica la responsable de Caminando Fronteras, Helena Maleno, dues de les pasteres van sortir de les costes d'Algèria diumenge passat. Una d'elles portava 29 persones d'origen subsaharià a bord i la segona, a altres 30 subsaharians, entre ells tres dones i dos nadons.

Des de l'organització estan en contacte amb les famílies de les potencials víctimes, que s'han posat en contacte amb ells en no tenir notícies del seu parador malgrat haver transcorregut ja uns dies des que van salpar d'Algèria, i oferint-los acompanyament. També han traslladat aquesta informació a Salvament Marítim perquè eventualment puguin realitzar una recerca d'aquestes embarcacions.

La desaparició es produeix en una setmana en la qual han arribat a Balears 410 migrants a bord de 23 pasteres. En el que va d'any han estat localitzades 40 embarcacions d'aquest tipus a les illes amb un total de 798 ocupants, d'acord al recompte d'EFE a partir de les dades del Ministeri de l'Interior i la Delegació del Govern.

Segons l'informe anual Monitoreo del Derecho a la Vida de Caminando Fronteras, almenys 1.037 persones van desaparèixer el 2025 en la ruta algeriana, que connecta el país magribí amb Balears i el llevant peninsular, considerada per l'organització com una de les més perilloses. Es tracta d'una dada que, a parer de la ONG, evidencia un patró estructural de desprotecció del dret a la vida al mar, agreujat per la demora sistemàtica o la no activació dels dispositius de recerca i rescat.

“Aquest territori és avui un laboratori: un espai on convergeixen la criminalització, la necropolítica i l'erosió progressiva del dret internacional, especialment en la protecció del dret a la vida”, asseveren des de l'entitat, qualificant fins i tot l'arxipèlag de “laboratori de la necrofrontera”.

Una ruta “negada i invisibilitzada”

Durant anys, tal com assevera l'informe, la ruta algeriana ha travessat múltiples transformacions, sent una ruta “negada i invisibilitzada per les institucions que no la reconeixien com a tal”. El passat mes de setembre, el Govern central va aprovar la declaració d'emergència migratòria a Balears en resposta a l'increment de persones migrants arribades a les costes de l'arxipèlag al llarg d'aquest any, acompanyada d'una inversió de 6,75 milions d'euros per reforçar l'atenció humanitària cap als nouvinguts.

L'informe subratlla que Balears és, a més, una de les zones amb major opacitat en relació amb les operacions de rescat desaparegudes al mar: persisteixen les cerques passives i la limitació dels operatius a les àrees properes al territori, juntament amb una escassa cooperació entre els països que comparteixen la protecció de les zones SAR -espais marítims delimitats que estan a càrrec d'un país en el cas que hi hagi que procedir a un rescat o a ajudar una embarcació-.

La Guardia Civil ha localizado con vida a 22 migrantes que zarparon en patera el pasado martes desde Argelia hacia Balears, tal como han confirmado fuentes del Instituto Armado a elDiario.es. El rescate, producido a 34 millas al sur de Mallorca, ha tenido lugar en el marco del dispositivo de búsqueda articulado estos días a raíz de la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo, entre ellas dos bebés y una decena de mujeres, que salieron desde el litoral argelino. Pese a no disponer de coordenadas precisas que permitan acotar el área, un avión de Frontex y otro de la Benemérita continúan rastreando la zona.

Se da la circunstancia de que la Marina Argelina informó este jueves del rescate de dos de las embarcaciones, si bien la ONG Caminando Fronteras señala que podrían no ser las barcas cuyo paradero se desconoce. La Guardia Civil asegura, asimismo, no tener constancia del hallazgo de ambas pateras.

La alerta fue trasladada la tarde de este jueves por la propia organización humanitaria después de que familiares de los migrantes que iban a bordo comunicaran que llevaban días sin noticias de sus allegados tras haber partido desde Argelia rumbo al archipiélago balear.

A lo largo de este jueves, un avión de Frontex ya realizó varias batidas para tratar de localizar las pateras mientras se articulaba el operativo, según informaron desde la Delegación del Gobierno. La preocupación creció con el paso de las horas y la falta de contacto con las embarcaciones, especialmente en el caso de una lancha que había partido el martes con 22 personas a bordo, siete de ellas mujeres, en su mayoría de nacionalidad somalí y una de origen sudanés. Según la organización, el teléfono de uno de los ocupantes facilitado por la familia ya no daba señal.

La ONG ha señalado a Europa Press que, tras conocer esa información, solicitó a Salvamento Marítimo colaboración para verificar si se trataba de las mismas pateras, pero, según la entidad, el organismo les habría que no podían realizar esas gestiones. Más tarde, la organización sí que pudo constatar que no habían sido rescatadas.

Según ha explicado la responsable de Caminando Fronteras, Helena Maleno, en base a la información de la que disponen, dos de las pateras salieron de las costas de Argelia el pasado domingo. Una de ellas llevaba 29 personas de origen subsahariano a bordo y la segunda, a otros 30 subsaharianos, entre ellos tres mujeres y dos bebés.

Desde la organización están en contacto con las familias de las potenciales víctimas, que se han puesto en contacto con ellos al no tener noticias de su paradero pese haber transcurrido ya unos días desde que zarparon de Argelia, y ofreciéndoles acompañamiento. También han trasladado esta información a Salvamento Marítimo para que eventualmente puedan realizar una búsqueda de estas embarcaciones.

La desaparición se produce en una semana en la que han llegado a Balears 410 migrantes a bordo de 23 pateras. En lo que va de año han sido localizadas 40 embarcaciones de este tipo en las islas con un total de 798 ocupantes, de acuerdo al recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Según el informe anual Monitoreo del derecho a la vida de Caminando Fronteras, al menos 1.037 personas desaparecieron en 2025 en la ruta argelina, que conecta el país magrebí con Baleares y el levante peninsular, considerada por la organización como una de las más peligrosas. Se trata de un dato que, a juicio de la organización, evidencia un patrón estructural de desprotección del derecho a la vida en el mar, agravado por la demora sistemática o la no activación de los dispositivos de búsqueda y rescate.

“Este territorio es hoy un laboratorio: un espacio donde convergen la criminalización, la necropolítica y la erosión progresiva del derecho internacional, especialmente en la protección del derecho a la vida”, aseveran desde la entidad, calificando incluso el archipiélago de “laboratorio de la necrofrontera”.

Una ruta “negada e invisibilizada”

Durante años, tal como asevera el informe, la ruta argelina ha atravesado múltiples transformaciones, siendo una ruta “negada e invisibilizada por las instituciones que no la reconocían como tal”. El pasado mes de septiembre, el Gobierno central aprobó la declaración de emergencia migratoria en Balears en respuesta al incremento de personas migrantes llegadas a las costas del archipiélago a lo largo de este año, acompañada de una inversión de 6,75 millones de euros para reforzar la atención humanitaria hacia los recién llegados.

El informe subraya que Balears es, además, una de las zonas con mayor opacidad en relación con las operaciones de rescate desaparecidas en el mar: persisten las búsquedas pasivas y la limitación de los operativos a las áreas cercanas al territorio, junto con una escasa cooperación entre los países que comparten la protección de las zonas SAR -espacios marítimos delimitados que están a cargo de un país en el caso de que haya que proceder a un rescate o a ayudar a una embarcación-.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha sido reconocida con el Premio Abogados de Atocha 2026 que otorga Comisiones Obreras Castilla-La Mancha.

Su directora ejecutiva, Raquel Martí, ha señalado en el acto de entrega que este premio, que tradicionalmente se entrega en Toledo, simboliza que “hay una comunidad que no se resigna, que todavía hay voces que entienden que defender los derechos humanos no es un gesto retórico, es una obligación y ante la injusticia callar nunca es neutral”.

Este galardón tiene su origen en 2002 y sirve de homenaje para los abogados laboralistas asesinados en Madrid el 25 de enero de 1977 a manos de un comando de ultraderecha, en el contexto de la Transición española a la democracia. Este galardón fue creado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a instancias de CCOO Castilla La Mancha, con el objetivo de distinguir a aquellas personas, colectivos e instituciones que hubieran destacado en la defensa de los derechos y libertades públicas. En 2012 fue suprimido por el Gobierno del PP y lo retomó años después CCOO en solitario.

Un premio que este año ha tenido el lema 'Si el eco de su voz se debilita, pereceremos'. El acto ha comenzado con la interpretación de una pieza musical, así como un recuerdo a Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, abogados laboralistas, Serafín Holgado (estudiante de Derecho) y al administrativo Ángel Rodríguez Leal -natural de Casasimarro (Cuenca)-, asesinados en Madrid en 1977.

“Las organizaciones internacionales han sido criminalizadas”

La directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, ha destacado que “es un honor” recibir este premio que “defiende los valores, las libertades y los derechos humanos” y que les “da mucha fuerza para seguir trabajando”, en un momento en el que “el orden internacional se está resquebrajando” y donde “los derechos humanos y el derecho internacional humanitario está perdiendo su significado”.

De igual forma, ha reconocido el premio en nombre de los 15.500 trabajadores y trabajadoras de UNRWA que “sostienen la respuesta humanitaria en la Palestina ocupada”, pero también en memoria de los 391 compañeros y compañeras asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza: “El último de ellos la semana pasada mientras regresaba a su casa con alimentos para sus hijos, que fue alcanzado por un dron israelí”, explicaba.

Un cese que no detiene la muerte no es paz, es una tregua nominal que legitima la impunidad

Martí ha aseverado que UNRWA está “en una situación muy complicada” ya que con “la criminalización de Israel contra la agencia se ha ido recibiendo cada vez menos financiación”, en un momento en el que la “crisis humanitaria de Gaza y Cisjordania es una de las más graves del mundo” y aseguran recibir “muchísimos menos recursos para poder continuar con su trabajo”.

La directora ejecutiva ha expuesto que la Unión Europea “afortunadamente sigue financiando a la agencia”, así como “el gobierno español y los gobiernos de algunas comunidades autónomas de España”. Sin embargo, “la retirada de fondos de Estados Unidos ha hecho que estemos en una situación económica muy frágil” llegando incluso a “recortar los salarios a los trabajadores para poder seguir manteniendo los servicios” de UNRWA.

El intento de silenciar la verdad se refleja con especial crudeza en el ataque a la prensa

Martí ha expresado que “las organizaciones internacionales han sido criminalizadas y su labor obstaculizada”, debido a que Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde la situación a pesar del declarado alto el fuego “es absolutamente inhumana”, puesto que desde el 10 de octubre “se han asesinado ya a más de 600 personas y 1.500 han sido heridas”. Sumado a ello, “se sigue destruyendo infraestructura civil y obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria”. Martí ha señalado sobre el alto el fuego que “un cese que no detiene la muerte no es paz, es una tregua nominal que legitima la impunidad”.

UNRWA está siendo “objeto de persecución” por parte de Israel, donde destaca que han sido “atacados con falsas acusaciones, campañas de descrédito, presiones políticas, donde nuestros trabajadores han sido asesinados y nuestras instalaciones destruidas”, este último acontecimiento ocurrido en la sede de Jerusalén Este en enero de 2026. Para Martí, “demoler la sede de UNRWA no fue derribar un muro de cemento, sino intentar derribar la idea de protección”.

Después ha expuesto que “quienes han liderado y consentido esta matanza se sientan ahora en foros internacionales, mientras que quienes alzan la voz por la defensa de los derechos humanos son criminalizados y sancionados”. Explica que “el intento de silenciar la verdad se refleja con especial crudeza en el ataque a la prensa”, donde “más de 250 periodistas palestinos han sido asesinados y al menos 94 han sido detenidos en cárceles israelíes desde octubre 2023, muchos de ellos sometidos a tortura”. De igual forma, los periodistas internacionales tienen “prohibida la entrada, privando al mundo de un derecho tan esencial como la libertad de informar y de ser informados”.

Trabajemos juntos para incluir el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y acabar con la ocupación de Palestina

La directora ejecutiva de UNRWA España ha criticado que la recién inaugurada “Junta de Paz con Trump parece más una empresa de transacciones inmobiliarias donde una contribución de 1.000 millones de dólares asegura un asiento permanente para decidir sobre el futuro de la población palestina”. Por eso, destaca que la ONU y su sistema sigue “cuando se habla de construir resorts en una Gaza arrasada no podemos, si no recordar que su reconstrucción solo será legitimada si se hace con los gazatíes, nunca sin ellos”, ya que “no puede haber normalidad edificada sobre el dolor no reconocido”. Martí apunta que “la verdad está en las víctimas, en los cuerpos que soportan el frío y la lluvia, en las madres que ven como sus hijos tratan de sostener la vida entre ruinas”, y es la que “nos impulsa a seguir trabajando día a día”

Raquel Martí ha querido terminar su intervención señalando la frase del primer ministro canadiense Mark Carney, que señalaba que “el viejo orden no volverá, no debemos lamentarlos, la nostalgia no es una estrategia, tenemos la oportunidad de luchar para construir algo más grande, mejor, más fuerte y más justo” en el que ella añadiría que “trabajemos juntos para incluir el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y acabar con la ocupación de Palestina. Gracias por seguir hablando de Palestina”.

La situación sanitaria en Gaza sigue complicándose

La directora ejecutiva apunta que desde UNRWA están llevando a cabo “un programa de aprendizaje para más de 70.000 niños y niñas, donde también les damos apoyo psicológico y suplementos nutricionales”, ya que “la mayor parte de la población está bajo una seguridad alimentaria aguda”.

Expone que el sistema sanitario “ha sido diezmado” y que están atendiendo una media de “16.000 personas diarias, intentando vacunar a niños nacidos durante esos dos años y medio, atender a mujeres embarazadas y lactantes que tienen desnutrición aguada y llevar a cabo un sistema de saneamiento medioambiental dentro de Gaza porque las aguas residuales y las basuras están creando una epidemia sin precedentes”. Martí ha destacado que “se están propagando enfermedades infecciosas” entre la población, tales como “de la piel, respiratorias, diarreas o focos de hepatitis, meningitis y otras enfermedades raras”.

CCOO: “No vamos a permanecer impasibles ante esta barbaridad”

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha agradecido que CCOO Castilla-La Mancha continúe celebrando estos premios, a los que considera “un referente” en la región y que “distinguen a personas y organizaciones muy significadas en su defensa de las libertades, la vida y los derechos humanos”.

Por otro lado, Sordo ha felicitado a su demarcación en la región castellanomanchega por haber elegido a la organización UNRWA como condecorada, ya que “después de los últimos años del genocidio que se está viviendo en Palestina era necesario reconocer la causa que está trabajando en el socorro” del pueblo palestino.

El secretario general ha considerado que lo que está ocurriendo en Palestina “es uno de los peores episodios de la historia contemporánea de la humanidad”, en la que está sucediendo “la deshumanización de un pueblo entero, utilización de los materiales bélicos más sofisticados del mundo para someter a un pueblo prácticamente en condiciones de indefensión absoluta”.

Por otro lado, ha criticado la “actitud de la comunidad internacional tolerando una actitud insoportable por parte de Israel”, así como “el apoyo de la administración norteamericana a lo que creo que se puede decir abiertamente que es un genocidio”. Unai Sordo ha expuesto que el “cínicamente llamado plan de paz impulsado por la administración Trump no es más que un juego temporal para recomponer la situación geopolítica en Oriente Medio”.

Por último, ha recordado que en Palestina “se sigue matando, impidiendo la llegada de suministros básicos y ahogando las necesidades básicas de la población” por lo que “no vamos a permanecer impasibles ante esta barbaridad”. Sordo ha finalizado expresando que “hay que defender la democracia en nuestros países, pero a nivel global y no puede imperar la ley del más fuerte”.

La ceremonia del Premio Abogados de Atocha se ha convertido en un espacio emotivo, en el que Antonio Arrogante, presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, que forma parte del jurado del premio, ha felicitado a UNRWA y ha señalado que es “difícil mantener pueblos sin esperanza, pero hacerlo durante 80 años es una proeza”.

Por otro lado, ha expresado que en la actualidad “asistimos a momentos de revisión absolutamente interesada con argumentos que creíamos superados, con el odio y el resentimiento como argamasa, con planteamientos faltos de mentira como método y un desprecio a la memoria reciente”, donde “peor de la condición humana asoma como si fuese un mérito”.

Arrogante ha señalado que hoy “los organismos internacionales están absolutamente devaluados” y que “no es casualidad que la llegada al poder de personas con similares comportamientos coincida con el desprecio a la paz, el odio al distinto y el supremacismo como orientación”.

Por último, ha querido recordar que para él, “la imagen más terrible” es la de los adolescentes hijos de los colonos israelíes “que quieren seguir apropiándose de las tierras de Cisjordania y que escupen, provocan e intentan ridiculizar a los ancianos”. Hace no tanto tiempo el nazismo masacraba al pueblo judío, comentaba, para preguntarse: “¿Qué clase de memoria es tan frágil o qué adoctrinamiento tan brutal están recibiendo para llegar a repetir acciones como esta?”.