La Justicia de Ceuta ya investiga, a través de distintas vías, casos de palizas de militares a migrantes. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Los hechos denunciados se remontan a los últimos dos meses y medio, desde la entrada de decenas de miles de personas migrantes a la localidad procedentes de Marruecos. elDiario.es a través de varias informaciones y diversas ONG, incluyendo a Amnistía Internacional a través de un amplio informe, habían alertado de agresiones a las personas que sobreviven en las calles de la localidad desde finales de julio.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

Por su parte, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia presentada por Amnistía Internacional a raíz de un informe en el que desvela numerosos casos de presuntas torturas a personas que llegaron a la localidad hace dos meses y medio. “La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a raíz de esa denuncia. No me consta que se hayan remitido vídeos ni otros informes relacionados con estos hechos. Todo ello, sin perjuicio de que algún juzgado haya podido incoar diligencias o actuaciones” por otro lado, revela el Ministerio Fiscal.

Dos vías y más denuncias pendientes de admisión

Se trata de dos frentes separados en el esclarecimiento de los hechos. Por uno, la acción individual de los titulares de cada uno de los juzgados en los que hay denuncias relacionadas con situaciones de esta índole, que, a no ser que finalmente unifiquen la investigación como una causa conjunta, resolverán individualmente cada uno de los sucesos. Por otro lado, quedan las pesquisas de la Fiscalía, a las que deberá aportar información el Ministerio de Defensa y en la que también se incluirán los audios revelados por elDiario.es en los que varios militares aparecen jactándose de agresiones a personas migrantes.

Más allá de las denuncias que ya investigan los juzgados, aún está pendiente la decisión sobre la admisión a trámite de varias denuncias a las que ha tenido acceso elDiario.es, por lo que la cifra de causas abiertas puede aumentar en las próximas semanas.

Una de ellas es la de Mohamed, publicada por elDiario.es el pasado 1 de octubre. Aunque aún no ha sido admitida a trámite, la Policía Nacional sí ha dado traslado del caso al juzgado, según confirma su abogada a elDiario.es.  El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Según la denuncia, el hombre marroquí dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Junto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envió los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. “También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo”, señala el parte.

“Quan els governs no reaccionen, la ciutadania reacciona”. Són paraules de Raquel Martí, directora executiva de l'Agència de les Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) a Espanya, que, en una trobada amb la directora d'elDiario.es a les Balears, Angy Galvín, ha abordat l'emergència humanitària a Gaza, la situació dels refugiats palestins al Pròxim Orient i les dificultats a què s'enfronta una agència que fa més de set dècades que proporciona serveis essencials a milions de persones. La conversa també ha posat el focus en la importància de la cooperació internacional i en la contribució de les administracions públiques a projectes que permeten mantenir l'atenció sanitària i educativa en contextos d'extrema vulnerabilitat.

Galvín ha estat l'encarregada d'obrir la trobada, organitzada per UNRWA Illes Balears i celebrada a Ca n'Oleo, amb una advertència sobre el risc d'acostumar-se a les imatges de bombardejos, víctimes, escoles destruïdes i famílies obligades a abandonar casa seva, una successió constant d'escenes que, ha assenyalat, pot acabar normalitzant una realitat que no hauria de deixar indiferent la societat: “Darrere de cada xifra hi ha una persona, una història i una vida que ha quedat totalment truncada”.

La responsable de la delegació balear d'aquest diari ha recordat que la situació palestina va més enllà de les fronteres de Gaza i afecta també Cisjordània, el Líban, Síria i Jordània, on milions de persones continuen patint les conseqüències del desplaçament i troben dificultats per accedir a drets bàsics com la salut i l'educació. La periodista també ha destacat la importància de la cooperació finançada des de les Balears, que té efectes concrets sobre la vida de les persones refugiades.

Més de 75 anys d'exili sense retorn

Martí ha reprès aquest plantejament per explicar per què l'UNRWA continua sent necessària més de 75 anys després de la seva creació. L'agència va néixer el 1949, després de la guerra araboisraeliana de 1948, quan més de 700.000 palestins es van veure obligats a abandonar casa seva. El seu mandat inicial es va concebre com una resposta temporal, amb l'expectativa que els refugiats poguessin tornar aviat. Tanmateix, aquest retorn no es va produir i els conflictes posteriors, juntament amb el creixement de la població, han prolongat la necessitat d'assistència.

“En aquell moment es pensava, d'una manera molt optimista, que aquests refugiats palestins tornarien a casa seva al cap de tres anys com a màxim”, ha explicat Martí. “Ja han passat més de 75 anys i l'UNRWA ha de continuar treballant perquè els refugiats palestins no només no han tornat a casa seva, sinó que, a més, n'hi ha hagut cada vegada més”, ha afegit. La directora executiva ha xifrat en uns sis milions les persones refugiades palestines que continuen esperant una solució duradora. Al llarg de la seva trajectòria, l'agència ha proporcionat educació bàsica a milions d'infants, a més d'atenció sanitària, planificació familiar, formació professional i ajuda humanitària. Una tasca que, segons Martí, s'ha adaptat a les successives guerres i crisis de la regió.

En aquest context, Martí ha llançat un missatge clar: l'emergència humanitària no pot substituir una resposta política capaç de posar fi a la situació que viu la població palestina. “El que està passant a Gaza i el que està passant a Palestina en general se soluciona amb política, no se soluciona amb ajuda humanitària”, ha advertit. “La via humanitària només serveix per pal·liar la situació en aquell moment. El que necessitam són mesures polítiques. N'hem de ser conscients i pressionar els nostres polítics perquè prenguin mesures”, ha insistit.

La directora executiva de l'UNRWA ha defensat la necessitat de mantenir l'assistència a les persones que pateixen les conseqüències de la guerra, però ha subratllat que cal anar més enllà de l'ajuda d'emergència i exigir actuacions polítiques. En aquest sentit, ha apel·lat a la mobilització ciutadana i a la implicació de les administracions públiques, també de les comunitats autònomes, tant per pressionar els responsables polítics com per sostenir econòmicament la feina de les organitzacions humanitàries sobre el terreny.

Treballadors sota les bombes

En relació amb aquesta qüestió, Galvín ha plantejat durant la conversa la contradicció que la població palestina continuï vivint com a refugiada més de set dècades després de la creació de l'agència. La periodista ha posat el focus en la persistència d'una situació que es prolonga de generació en generació, mentre les necessitats humanitàries continuen acumulant-se.

En aquest sentit, Martí ha explicat que l'activitat de l'UNRWA es desenvolupa en un context especialment difícil a Gaza, on els treballadors de l'agència també són palestins i pateixen les conseqüències de la guerra. La responsable ha denunciat la mort d'uns 400 treballadors de l'organització i els atacs contra les seves instal·lacions, a més d'una campanya de desinformació que, segons ha sostingut, ha perjudicat la seva imatge pública i la seva capacitat per mantenir l'assistència.

“Els treballadors de l'UNRWA són refugiats palestins i es troben en la mateixa situació que la resta de la població civil sota les bombes, desplaçats i sense aliments”, ha explicat. Malgrat això, continuen intentant mantenir oberts els serveis essencials, incloses les clíniques on s'atén dones embarassades, persones malaltes i ferits. Sobre aquesta qüestió, ha defensat la importància d'una organització que, a més de prestar ajuda d'emergència, manté serveis essencials per a la població refugiada. La continuïtat d'aquesta tasca és especialment rellevant en un territori on la destrucció d'infraestructures i les restriccions d'accés dificulten l'atenció de les necessitats més bàsiques.

Famílies obligades a fugir en qüestió de segons

A partir de l'experiència d'un dels fotògrafs de l'organització, que ha viscut diferents fases de desplaçament, Martí ha descrit famílies obligades a abandonar casa seva en qüestió de segons i com, de vegades, veuen com els seus habitatges són bombardejats poc després d'haver-se'n anat. També ha relatat les dificultats de les persones que no disposen de prou temps per recollir les seves pertinences ni per localitzar tots els seus familiars abans de fugir. “Imaginin-se l'angoixa de saber que estan matant la gent i no poder contactar amb la teva família. No saber si són vius o morts”, ha manifestat.

La situació és especialment greu per als menors que han perdut el contacte amb les seves famílies: infants que s'han quedat sols perquè els seus pares o altres familiars han mort, o perquè els desplaçaments successius han impedit que es retrobin. És en aquestes situacions quan, continua Martí, “un s'adona que no hi ha cap lloc segur a Gaza i que la teva vida i la dels teus fills es poden perdre en qualsevol moment”.

Com ha explicat, la fugida pot desembocar en una situació de desemparament absolut: persones que es queden al carrer sense aigua ni menjar i que han de tornar a desplaçar-se quan els llocs on s'han refugiat deixen de ser segurs. La directora de l'UNRWA ha posat així l'accent en una emergència que no es limita a la destrucció material, sinó que desestructura la vida familiar i deixa la població en una situació d'extrema vulnerabilitat. En el cas dels metges, les infermeres i altres professionals, ha subratllat que continuen acudint als seus llocs de feina fins i tot després de perdre casa seva o d'haver de deixar els fills en tendes de campanya. “Saben que, si ells no obren les clíniques de salut, no hi haurà assistència sanitària per a la seva família o per als seus veïns”, ha resumit.

Martí ha assenyalat que l'agència també ha convertit escoles en refugis quan la població es veu obligada a fugir dels bombardejos. Aquests centres disposen de recursos bàsics per acollir les persones desplaçades, com ara aigua, matalassos, mantes i material sanitari. Tanmateix, Martí ha denunciat que les instal·lacions de les Nacions Unides, que haurien de gaudir de protecció d'acord amb el dret internacional humanitari, també han estat atacades.

A Gaza, l'assistència no es limita a la distribució d'ajuda material. L'UNRWA intenta facilitar aigua potable i ofereix suport psicosocial a través de professionals de la psicologia i la psiquiatria. Martí ha posat un èmfasi especial en les necessitats dels infants, que han suportat anys de violència, pèrdues familiars i desplaçaments. “Necessitam molt, sobretot per als infants, tractament psicològic”, ha assenyalat en descriure una població sotmesa a unes condicions que ha qualificat d'inhumanes.

La responsable de l'agència ha contraposat aquesta emergència amb la situació dels refugiats palestins a Jordània, on una part de la població viu en camps de refugiats amb ingressos molt baixos i dificultats per accedir als serveis. Allà, a més de garantir l'educació i l'atenció sanitària, l'UNRWA desenvolupa programes de formació professional i microcrèdits per afavorir l'autonomia econòmica.

L'atenció als refugiats al Líban

La conversa també ha abordat la situació dels refugiats palestins al Líban, on l'UNRWA manté serveis essencials per a una població que arrossega dècades de desplaçament. Martí ha explicat la tasca de l'agència als diferents territoris on treballa, entre els quals hi ha el Líban, Jordània i Síria, com també la necessitat de mantenir l'atenció sanitària, educativa i social malgrat les dificultats econòmiques i humanitàries.

En aquest context s'emmarca el projecte “Garantir la salut maternoinfantil de les refugiades palestines al Líban”, finançat pel Govern de les Illes Balears. La iniciativa reforça els serveis sanitaris adreçats a dones i nadons en situació d'especial vulnerabilitat al camp d'Ein el Hilweh —el camp de refugiats palestins més gran del país—, amb atenció a la planificació familiar, la salut sexual i reproductiva, el seguiment de l'embaràs, les cures posteriors al part i les revisions i vacunacions infantils.

Galvín ha citat el finançament públic balear com a exemple de cooperació internacional amb efectes concrets sobre el terreny. Martí ha explicat la importància de mantenir l'atenció a les dones embarassades i als nounats, especialment en un context de violència i destrucció d'infraestructures sanitàries. Durant la seva intervenció, també s'ha referit als atacs contra unitats de salut materna i a les seves conseqüències per a la població palestina.

La campanya de desinformació i la retirada de fons

Un dels moments centrals de la conversa ha estat el dedicat a la campanya d'acusacions contra l'UNRWA i a les conseqüències que ha tingut sobre el finançament de l'organització. Martí ha recordat que l'agència va adquirir més visibilitat internacional després de l'inici de l'ofensiva israeliana sobre Gaza, però que aquest protagonisme va anar acompanyat d'una campanya de criminalització. La directora executiva ha denunciat que les acusacions sobre la suposada participació de treballadors de l'agència en els atacs de Hamàs del 7 d'octubre de 2023 van provocar la retirada de fons per part de diversos donants en un moment de necessitats humanitàries extremes.

Segons ha relatat, les acusacions es van difondre coincidint amb l'admissió a tràmit per part de la Cort Internacional de Justícia de la demanda presentada per Sud-àfrica contra Israel per presumpte genocidi. Martí ha sostingut que Israel no havia aportat les proves que deia tenir i ha recordat que les investigacions independents posteriors no van trobar prou proves per avalar les acusacions generals contra l'organització. “Com passa cada vegada que es publica una notícia falsa, el mal ja està fet”, ha lamentat. A parer seu, les conseqüències no es van limitar al finançament: també van afectar la percepció pública de l'agència i la seva capacitat per explicar què passava sobre el terreny.

Martí ha defensat que l'UNRWA no es limita a prestar serveis humanitaris, sinó que també documenta i denuncia la situació de la població palestina. Aquesta tasca, ha afirmat, contribueix a explicar les pressions que suporta l'organització. La directora executiva ha assegurat que uns 400 treballadors de l'UNRWA han estat assassinats a Gaza i ha denunciat la destrucció de bona part de les seves infraestructures. L'agència, ha insistit, no ha deixat de treballar a la Franja. Els seus equips estan formats majoritàriament per professionals palestins que continuen atenent la població malgrat la manca de recursos, la inseguretat i les restriccions d'accés. L'entrada de personal internacional i d'ajuda humanitària continua sent molt limitada, segons ha explicat durant el torn de preguntes.

Més enllà de l'emergència immediata, Martí ha volgut subratllar una funció menys coneguda de l'agència: la conservació d'un registre històric de les famílies palestines desplaçades des del 1948. L'UNRWA conserva documentació sobre els llocs d'origen dels refugiats, els seus desplaçaments i els seus descendents, un arxiu que considera fonamental per preservar la memòria col·lectiva palestina. La directora ha explicat que, al començament de l'ofensiva sobre Gaza, treballadors de l'agència van tornar a la seva seu per rescatar documents històrics malgrat el perill. Els registres van ser traslladats fora de la Franja i evacuats amb l'ajuda de personal internacional i de les autoritats jordanes.

“Aquests papers són la història col·lectiva dels palestins i el seu dret al retorn”, ha sostingut Martí. Per a la responsable de l'UNRWA, preservar aquesta documentació és essencial per mantenir constància de la identitat de les famílies i del seu vincle amb els llocs d'on van ser expulsades.

“Quan els governs no reaccionen, la ciutadania reacciona”

La responsable de l'UNRWA també ha destacat el suport rebut per part de la ciutadania espanyola durant la crisi de finançament. Ha relatat que van arribar nombroses iniciatives solidàries, des de concerts i campanyes veïnals fins a petites accions de recaptació, i que l'agència va incorporar nous socis. “La ciutadania reacciona quan els governs no ho fan”, ha afirmat Martí, que ha agraït aquest suport i ha destacat que Espanya va mantenir el finançament de l'organització. També ha assenyalat que diverses comunitats autònomes han mantingut o incrementat les seves aportacions, tot i que altres donants internacionals van retirar els fons o no els han restablit.

Durant el torn de preguntes, una representant de l'ONG Inca-Mallorca Solidària, que manté una escola a Gaza amb 850 infants, ha demanat ajuda per evitar-ne el tancament per manca de finançament. En aquest sentit, Martí ha explicat la magnitud de les necessitats educatives a la Franja i ha assenyalat que l'UNRWA havia pogut acollir presencialment uns 106.000 menors, mentre que uns altres 280.000 estaven inscrits en una plataforma d'ensenyament en línia. La responsable de l'agència s'ha mostrat disposada a explorar possibles vies de coordinació, tot i que no ha pogut garantir una solució.

La conversa ha acabat amb una crida a mantenir la solidaritat i la cooperació internacional. Martí ha recordat que els projectes humanitaris es financen amb recursos públics i amb les aportacions de la ciutadania, i ha defensat la necessitat de sostenir-los per evitar que la població refugiada quedi encara més desprotegida. “Si no, el que feim és deshumanitzar-nos cada vegada més”, ha advertit. Una reflexió que enllaça amb la idea amb què Galvín havia obert la trobada: darrere les xifres de víctimes i desplaçats hi ha vides concretes, i la distància geogràfica no hauria de convertir-se en distància moral.

“Cuando los gobiernos no reaccionan, la ciudadanía reacciona”. Son palabras de Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en España, quien, en un encuentro con la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín, abordó la emergencia humanitaria en Gaza, la situación de los refugiados palestinos en Oriente Próximo y las dificultades a las que se enfrenta una agencia que lleva más de siete décadas proporcionando servicios esenciales a millones de personas. La conversación también puso el foco en la importancia de la cooperación internacional y en la contribución de las administraciones públicas a proyectos que permiten mantener la atención sanitaria y educativa en contextos de extrema vulnerabilidad.

Galvín fue la encargada de abrir el encuentro, organizado por UNRWA Illes Balears y llevado a cabo en Ca n'Oleo, con una advertencia sobre el riesgo de acostumbrarse a las imágenes de bombardeos, víctimas, escuelas destruidas y familias obligadas a abandonar sus hogares, una sucesión constante de escenas que, señaló, puede acabar normalizando una realidad que no debería resultar indiferente a la sociedad: “Detrás de cada cifra hay una persona, una historia y una vida que ha sido totalmente truncada”.

La responsable de la delegación balear de este periódico recordó que la situación palestina trasciende las fronteras de Gaza y afecta también a Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania, donde millones de personas siguen sufriendo las consecuencias del desplazamiento y encuentran dificultades para acceder a derechos básicos como la salud y la educación. La periodista destacó asimismo la importancia de la cooperación financiada desde Balears, que tiene efectos concretos sobre la vida de las personas refugiadas.

Más de 75 años de exilio sin retorno

Martí recogió ese planteamiento para explicar por qué UNRWA continúa siendo necesaria más de 75 años después de su creación. La agencia nació en 1949, tras la guerra árabe-israelí de 1948, cuando más de 700.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Su mandato inicial se concibió como una respuesta temporal, bajo la expectativa de que los refugiados pudieran regresar pronto. Sin embargo, ese retorno no se produjo y los conflictos posteriores, junto con el crecimiento de la población, han prolongado la necesidad de asistencia.

“Se pensaba en aquel momento, de una forma muy optimista, que estos refugiados de Palestina regresarían al cabo de tres años como mucho a sus hogares”, explicó Martí. “Han pasado ya más de 75 años y UNRWA sigue teniendo que trabajar porque los refugiados de Palestina no solo no han vuelto a sus hogares, sino que además ha ido habiendo más refugiados”, añadió. La directora ejecutiva cifró en alrededor de seis millones las personas refugiadas de Palestina que continúan esperando una solución duradera. A lo largo de su trayectoria, la agencia ha proporcionado educación básica a millones de niños y niñas, además de atención sanitaria, planificación familiar, formación profesional y ayuda humanitaria. Un trabajo que, según Martí, se ha adaptado a las sucesivas guerras y crisis de la región.

En este contexto, Martí lanzó un mensaje claro: la emergencia humanitaria no puede sustituir a una respuesta política capaz de poner fin a la situación que vive la población palestina. “Lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en Palestina en general se soluciona con política, no se soluciona con ayuda humanitaria”, advirtió. “La vía humanitaria solo sirve para paliar la situación en ese momento. Lo que necesitamos son medidas políticas. Tenemos que ser conscientes de ello y presionar a nuestros políticos para que tomen medidas”, insistió.

La directora ejecutiva de UNRWA defendió la necesidad de mantener la asistencia a quienes sufren las consecuencias de la guerra, pero subrayó que es necesario ir más allá de la ayuda de emergencia y exigir actuaciones políticas. En este sentido, apeló a la movilización ciudadana y a la implicación de las administraciones públicas, también de las comunidades autónomas, tanto para presionar a los responsables políticos como para sostener económicamente el trabajo de las organizaciones humanitarias sobre el terreno.

Trabajadores bajo las bombas

Al hilo de lo anterior, Galvín planteó durante la conversación la contradicción de que la población palestina continúe siendo refugiada más de siete décadas después de la creación de la agencia. La periodista puso el foco en la persistencia de una situación que se prolonga de generación en generación, mientras las necesidades humanitarias siguen acumulándose.

En este sentido, Martí explicó que la actividad de UNRWA se desarrolla en un contexto especialmente difícil en Gaza, donde los trabajadores de la agencia también son palestinos y sufren las consecuencias de la guerra. La responsable denunció la muerte de alrededor de 400 trabajadores de la organización y los ataques contra sus instalaciones, además de una campaña de desinformación que, según sostuvo, ha perjudicado su imagen pública y su capacidad para mantener la asistencia.

“Los trabajadores de UNRWA son refugiados de Palestina y están en la misma situación que el resto de la población civil bajo las bombas, siendo desplazados, sin alimentos”, explicó. Pese a ello, continúan intentando mantener abiertos los servicios esenciales, incluidas las clínicas donde se atiende a mujeres embarazadas, personas enfermas y heridos. Al respecto, defendió la importancia de una organización que, además de prestar ayuda de emergencia, mantiene servicios esenciales para la población refugiada. La continuidad de esa labor resulta especialmente relevante en un territorio donde la destrucción de infraestructuras y las restricciones de acceso dificultan la atención a las necesidades más básicas.

Familias obligadas a huir en segundos

A partir de la experiencia de uno de los fotógrafos de la organización, quien ha atravesado distintas fases de desplazamiento, Martí describió a familias obligadas a abandonar sus casas en cuestión de segundos y cómo, en ocasiones, ven cómo sus viviendas son bombardeadas poco después de marcharse. También relató las dificultades de quienes no disponen de tiempo suficiente para recoger sus pertenencias ni para localizar a todos sus familiares antes de huir. “Imagínense la angustia de saber que están matando a la gente y no poder contactar con tu familia. No saber si están vivos o muertos”, manifestó.

La situación es especialmente grave para los menores que han perdido el contacto con sus familias: niños que han quedado solos porque sus padres u otros familiares han muerto o porque los sucesivos desplazamientos han impedido que vuelvan a encontrarse. Es en esas situaciones cuando, prosigue Martí, “uno se da cuenta de que no hay ningún sitio seguro en Gaza y de que tu vida y la de tus hijos se puede perder en cualquier momento”.

Como explicó, la huida puede desembocar en una situación de desamparo absoluto: personas que se quedan en la calle sin agua ni comida y que deben volver a desplazarse cuando los lugares en los que se refugian dejan de ser seguros. La directora de UNRWA puso así el acento en una emergencia que no se limita a la destrucción material, sino que desestructura la vida familiar y deja a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. En el caso de los médicos, las enfermeras y otros profesionales, subrayó que continúan acudiendo a sus puestos incluso después de perder sus casas o de verse obligados a dejar a sus hijos en tiendas de campaña. “Saben que si ellos no abren las clínicas de salud, no va a haber salud para su familia o para sus vecinos”, resumió.

Martí señaló que la agencia también ha convertido escuelas en refugios cuando la población se ve obligada a huir de los bombardeos. Estos centros disponen de recursos básicos para acoger a los desplazados, como agua, colchones, mantas y material sanitario. Sin embargo, Martí denunció que las instalaciones de Naciones Unidas, que deberían gozar de protección conforme al derecho internacional humanitario, también han sido atacadas.

En Gaza, la asistencia no se limita a la distribución de ayuda material. UNRWA trata de facilitar agua potable y presta apoyo psicosocial mediante profesionales de la psicología y la psiquiatría. Martí hizo especial hincapié en las necesidades de los menores, que han soportado años de violencia, pérdidas familiares y desplazamientos. “Necesitamos mucho, sobre todo los niños, tratamiento psicológico”, señaló al describir una población sometida a unas condiciones que calificó de inhumanas.

La responsable de la agencia contrapuso esa emergencia con la situación de los refugiados palestinos en Jordania, donde parte de la población vive en campos de refugiados con ingresos muy bajos y dificultades para acceder a servicios. Allí, además de garantizar educación y atención sanitaria, UNRWA desarrolla programas de formación profesional y microcréditos para favorecer la autonomía económica.

La atención a los refugiados en Líbano

La conversación abordó también la situación de los refugiados palestinos en Líbano, donde UNRWA mantiene servicios esenciales para una población que arrastra décadas de desplazamiento. Martí explicó la labor de la agencia en los distintos territorios en los que trabaja, entre ellos Líbano, Jordania y Siria, y la necesidad de mantener la atención sanitaria, educativa y social pese a las dificultades económicas y humanitarias.

En este contexto se enmarca el proyecto 'Asegurar la salud materno-infantil de las refugiadas de Palestina en Líbano', financiado por el Govern de les Illes Balears. La iniciativa refuerza los servicios sanitarios dirigidos a mujeres y bebés en situación de especial vulnerabilidad en el campamento de Ein el Hilweh -el mayor campo de refugiados palestinos en el país- con atención a la planificación familiar, la salud sexual y reproductiva, el seguimiento del embarazo, los cuidados posteriores al parto y las revisiones y vacunaciones infantiles.

Galvín citó la financiación pública balear como ejemplo de cooperación internacional con efectos concretos sobre el terreno. Martí explicó la importancia de mantener la atención a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos, especialmente en un contexto de violencia y destrucción de infraestructuras sanitarias. Durante su intervención también se refirió a los ataques contra unidades de salud materna y a sus consecuencias para la población palestina.

La campaña de desinformación y la retirada de fondos

Uno de los momentos centrales de la conversación fue el dedicado a la campaña de acusaciones contra UNRWA y a sus consecuencias sobre la financiación de la organización. Martí recordó que la agencia adquirió una mayor visibilidad internacional tras el comienzo de la ofensiva israelí sobre Gaza, pero que ese protagonismo estuvo acompañado de una campaña de criminalización. La directora ejecutiva denunció que las acusaciones sobre la supuesta participación de trabajadores de la agencia en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 provocaron la retirada de fondos de varios donantes en un momento de extrema necesidad humanitaria.

Según relató, las acusaciones se difundieron coincidiendo con la admisión a trámite por la Corte Internacional de Justicia de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio. Martí sostuvo que Israel no había aportado las pruebas que decía tener y recordó que las investigaciones independientes posteriores no encontraron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones generales contra la organización. “Como cada vez que se publica un bulo, el daño ya está hecho”, lamentó. A su juicio, las consecuencias no se limitaron a la financiación: también afectaron a la percepción pública de la agencia y a su capacidad para explicar lo que ocurría sobre el terreno.

Martí defendió que UNRWA no se limita a prestar servicios humanitarios, sino que también documenta y denuncia la situación de la población palestina. Esa labor, afirmó, contribuye a explicar las presiones que soporta la organización. La directora ejecutiva aseguró que alrededor de 400 trabajadores de UNRWA habían sido asesinados en Gaza y denunció la destrucción de buena parte de sus infraestructuras. La agencia, insistió, no ha dejado de trabajar en la Franja. Sus equipos están integrados mayoritariamente por profesionales palestinos que continúan atendiendo a la población pese a la falta de recursos, la inseguridad y las restricciones de acceso. La entrada de personal internacional y de ayuda humanitaria sigue siendo muy limitada, según explicó en el turno de preguntas.

Más allá de la emergencia inmediata, Martí quiso subrayar una función menos conocida de la agencia: la conservación de un registro histórico de las familias palestinas desplazadas desde 1948. UNRWA mantiene documentación sobre los lugares de origen de los refugiados, sus desplazamientos y sus descendientes, un archivo que considera fundamental para preservar la memoria colectiva palestina. La directora explicó que, al comienzo de la ofensiva sobre Gaza, trabajadores de la agencia regresaron a su sede para rescatar documentos históricos pese al peligro. Los registros fueron trasladados desde la Franja y evacuados con ayuda de personal internacional y de las autoridades jordanas.

“Estos papeles son la historia colectiva de los palestinos y su derecho al retorno”, sostuvo Martí. Para la responsable de UNRWA, preservar esa documentación resulta esencial para mantener constancia de la identidad de las familias y de su vinculación con los lugares de los que fueron expulsadas.

“Cuando los gobiernos no reaccionan, la ciudadanía reacciona”

La responsable de UNRWA destacó también el respaldo recibido por parte de la ciudadanía española durante la crisis de financiación. Relató que llegaron numerosas iniciativas solidarias, desde conciertos y campañas vecinales hasta pequeñas acciones de recaudación, y que la agencia incorporó nuevos socios. “La ciudadanía reacciona cuando los gobiernos no lo hacen”, afirmó Martí, que agradeció ese apoyo y destacó que España mantuvo su financiación a la organización. También señaló que distintas comunidades autónomas han mantenido o incrementado sus aportaciones, aunque otros donantes internacionales retiraron o no recuperaron sus fondos.

Durante el turno de preguntas, una representante de la ONG Inca-Mallorca Solidària, que mantiene una escuela en Gaza con 850 niños, pidió ayuda para evitar su cierre por falta de fondos. En este sentido, Martí explicó la magnitud de las necesidades educativas en la Franja y señaló que UNRWA había podido acoger presencialmente a unos 106.000 menores, mientras otros 280.000 estaban registrados en una plataforma de enseñanza en línea. La responsable de la agencia se mostró dispuesta a explorar posibles vías de coordinación, aunque no pudo garantizar una solución.

La conversación terminó con un llamamiento a mantener la solidaridad y la cooperación internacional. Martí recordó que los proyectos humanitarios se financian con recursos públicos y con las aportaciones de la ciudadanía, y defendió la necesidad de sostenerlos para evitar que la población refugiada quede todavía más desprotegida. “Si no, lo que hacemos es deshumanizarnos cada vez más”, advirtió. Una reflexión que enlazó con la idea con la que Galvín había abierto el encuentro: detrás de las cifras de víctimas y desplazados hay vidas concretas, y la distancia geográfica no debería convertirse en distancia moral.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villamalea, en Albacete, han recibido el Reconocimiento 'Somos Km0' en Igualdad y Derechos Humanos otorgado por elDiario.es Castilla-La Mancha en la segunda edición de estos galardones que reconocen a personas, entidades, colectivos o instituciones que trabajan por el desarrollo social, económico o cultural de la comunidad autónoma.

El reconocimiento lo recogió el equipo que trabaja desde hace años en la integración de colectivos vulnerables y busca homenajear su capacidad para proporcionar, desde un municipio de tamaño reducido, recursos y servicios propios de grandes localidades, centralizados para toda la comarca de la Manchuela.

En esta localidad de poco más de 4.000 habitantes conviven más de 30 nacionalidades y los Servicios Sociales ofrecen programas de formación y mediación intercultural, cuyo éxito ha trascendido fronteras, incluso más allá de Castilla-La Mancha.

El trabajador social Florencio Alfaro, al frente del equipo, recogió el reconocimiento de manos de Pedro Pablo Sabrido, delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Con un 27% de la población de origen migrante desde hace años se viene haciendo, decía, “un trabajo de pico y pala, silencioso. Yo creo que casi tres décadas, desde 1999, cuando empezó a llegar la población migrante”.

Alfaro destacó no solo la “lluvia fina” del trabajo profesional, sino también “la complicidad de una forma de ser del pueblo, de las asociaciones o entidades religiosas”, que apoyan la labor de los servicios sociales.

Sobre el escenario, la presentadora del acto y periodista Inma Sánchez Morate entrevistaba al trabajador social y le preguntaba sobre las afirmaciones de quienes dicen que “ser extranjero en nuestro país tiene ventajas porque se llevan todas las ayudas” o a aquellos que apuestan solo por “la prioridad nacional”, excluyendo al resto de personas que hoy habitan nuestro país y contribuyen a su desarrollo social y económico.

“Nos gusta trabajar con ejemplos y desmontar eso, con datos, que es lo que llevamos haciendo muchísimos años”, en un pueblo, añadía, donde “hay convivencia, no hay conflictos, no hay delitos, es un pueblo súper tranquilo”. Por otro lado, criticaba los “bulos” en torno a los menores extranjeros no acompañados a los que, lamentaba, “llaman menas para despersonalizarlos y poder atacarlos”. Florencio Alfaro cree que la mejor manera de evitar “ese odio” es visibilizar las historias de los migrantes.

“La ventaja de un pueblo pequeño es que todo el mundo lo conoce o que las redes sociales o las revistas del pueblo hablen de cuál es su día a día, cómo trabaja, cuál fue su experiencia previa. Así el vecino ve quién trabaja a tu lado, quien vive a su lado. Es esa persona a la que en televisión, en radio, en algunas tribunas políticas están criminalizando. Es una forma efectiva de desmentir bulos”.

En Villamalea, presumía, “no está funcionando”.

El supuesto alto el fuego aceptado por Israel no ha impedido los ataques frecuentes contra Gaza. Hay otro asunto no menos grave. La reconstrucción de un lugar casi totalmente destruido ni siquiera ha empezado. Isaac Chotiner entrevistó hace unas semanas a Jaser Abu Mousa, del 'think tank' Middle East Institute y que nació en Gaza. Su esposa y dos de sus hijos murieron en ataques israelíes al comienzo de la guerra. A principios de 2025, su madre, de 75 años, su hermana y los hijos de esta corrieron el mismo destino. Estas son algunas de sus opiniones.

“Lo que sabemos es que, a causa del control israelí del 70% del territorio de Gaza, unos dos millones de personas están comprimidos en el 30% del territorio. Sabemos que el 81% de Gaza está dañado o destruido, y que más de 300.000 viviendas quedaron completamente destruidas durante la guerra, además de escuelas y otras infraestructuras, como clínicas, hospitales y mezquitas”.

Muchas personas prefieren seguir viviendo en las ruinas de sus casas antes que en tiendas que les dan una protección escasa contra las inclemencias del tiempo y las ratas que propagan enfermedades. Algunos intentos de volver a las actividades normales de la vida cotidiana anterior afrontan problemas obvios:

“Se ha comenzado a reabrir restaurantes. Se celebran más bodas. Pero todo esto no oculta el hecho de que no está entrando material de construcción en Gaza. No hay equipamiento que sirva para limpiar los escombros. Hay muchas limitaciones (para meter material en Gaza), incluso sobre la comida, como la mantequilla de cacahuete. Quedé sorprendida al saber por el personal de la ONU que no se permite la entrada de mantequilla de cacahuete en Gaza”.

Lo de la mantequilla es otro intento de castigar a los gazatíes. Podría ser más valioso de lo que parece a primera vista, porque sirve de suplemento nutritivo cuando no se está comiendo lo suficiente. Los israelíes no dejan que entre al considerarlo un producto de “lujo”.

Las tierras agrícolas que existían en Gaza forman parte de las zonas ahora ocupadas por tropas israelíes en las que los palestinos tienen prohibido entrar. Si lo hacen, les disparan con intención de matar. Según Abu Mousa, la producción agrícola actual ha quedado reducida al 3% o 5% de la anterior. La comida solo puede ser importada y solo llegan productos permitidos por Israel.

Hablar de meritocracia pasa por pensar en conceptos como oportunidades, igualdad, salario y reconocimiento. Sin embargo, hay otra forma de razonar en torno al ideal meritocrático: su perspectiva colectiva, como forma de estructurar de la forma más eficiente y justa la sociedad. Eso es lo que defiende Jahel Queralt, profesora de Filosofía Política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y autora de 'Nadie merece nada. Por qué la izquierda necesita la meritocracia' (Anagrama, 2026). También explica por qué no se debe moralizar el éxito, si la meritocracia dictamina el salario y hasta qué punto hay que tener en cuenta la genética en la búsqueda de la igualdad.

La autora, especialista en justicia distributiva, apunta en su ensayo que la meritocracia no va tanto de voluntad individual como de ingeniería institucional, de cómo debemos diseñar las reglas para que todos tengamos las mismas oportunidades aun partiendo de contextos y realidades diferentes.

Esta forma de entender el principio meritocrático combina dos exigencias. Por un lado, la eficiencia: que cada puesto sea ocupado por el candidato mejor preparado. Por otro, de justicia: que cada cual haya tenido la oportunidad de convertirse en el mejor candidato que sus capacidades le permitan ser. “Para mí, la meritocracia es una forma de asignar posiciones, trabajos y oportunidades según las capacidades de cada individuo”, resume la pensadora.

Queralt enfatiza que aquellos que denuestan la meritocracia lo hacen tras realizar una “unión interesada” con el capitalismo. Sin embargo, su tesis apunta que el ideal meritocrático puede existir tanto en sociedades socialistas como capitalistas. Es aquí donde despunta una de las principales ideas que la docente universitaria aborda en la nomografía, pues analiza la meritocracia desde la perspectiva ciudadana y social. Según explica a elDiario.es, “siempre pensamos en los que compiten, en los que se juegan el puesto, pero yo quiero pensar en la sociedad. La meritocracia tiene que ver con quién puede hacerlo mejor para los demás”. Así lo reitera en el libro: “La cuestión de quién merece un puesto es, en realidad, la de quién lo puede hacer mejor para el resto”.

No solo se trata de comentarios abstractos. Poner en práctica la idea que defiende Queralt supondría que aquellos conocidos como “enchufados” no ostentaran puestos de responsabilidad por ser quienes son, o tener el parentesco que tengan con otro alto cargo, sino por sus conocimientos. Especialmente grave es lo que ocurre cuando esto sucede con mandos de áreas de emergencia y sanidad, donde lo que hay en juego son vidas humanas.

Moralizar el mérito técnico

La profesora de Filosofía Política aprovecha la ocasión para discernir entre el mérito técnico y el mérito moral. Mientras el primero alude a las competencias adquiridas por una persona para desarrollar unas funciones laborales, el segundo está ligado al elogio, el prestigio o la recompensa que se asocia a que alguien haya desarrollado el mérito técnico. “Tenemos que desaprender todo ese discurso moralizante en torno al mérito y evitar el relato de ganadores y perdedores. Aquí no hay gente que elige bien o mal, que se esfuerza más o menos, porque la realidad depende muchísimo más de factores que no elegimos”, sostiene.

El ejemplo que utiliza es claro. Una violinista es mucho mejor que otra. Si necesito montar una orquesta, elegiré a la mejor. “Ahora bien. Resulta que esta violinista ha nacido con un oído excepcional, en una familia de músicos, con acceso a instrumentos desde pequeña y excelentes profesores. No es que la otra no se haya esforzado”, expone. De ahí que la solución que propone la autora sea “admirar el talento, simplemente, cultivarlo, recompensarlo, disfrutarlo, pero no moralizarlo”.

Mérito, trabajo, salario

La cuestión de los salarios es uno de los aspectos más relevantes del ensayo que presenta esta profesora de la UPF. Antes de todo, una premisa: “La meritocracia no define cuánto se paga ni por qué”. Ahí queda el caso del empleo público, donde se realiza una selección meritocrática, pero el salario no lo define el mercado. “Y la meritocracia tampoco dice en absoluto que alguien que merece un puesto merece también moralmente todo lo que el mercado está dispuesto a pagar por su salario”, advierte.

Esta identificación entre mérito, trabajo y salario es interesada y el motivo por el que la meritocracia “ha cambiado de bando”, expresa Queralt en referencia a la apropiación que la derecha ha hecho sobre el mérito. “La meritocracia, por su propia exigencia fundamental de que todo el mundo pueda desarrollar sus capacidades, exige limitar la desigualdad salarial”, opina. Si existen unas diferencias extremas de ingresos, esas diferencias permiten comprar ventajas educativas y redes de contactos para las nuevas generaciones, lo que termina destruyendo la igualdad de oportunidades.

Así pues, unos salarios mínimos adecuados, la fiscalidad progresiva y límites a las desigualdades salariales son formas de proteger la meritocracia. Solo así se logrará una igualdad de oportunidades que no se vea afectada por la desigualdad económica desde el punto de partida.

La genética como desigualdad

Queralt no rehúye debates incómodos en torno a la igualdad y las capacidades de los individuos. Un capítulo de 'Nadie merece nada' va dedicado a la genética que presenta cada persona y hasta qué nivel pueden ser, son y deben ser incapacitantes. Si la izquierda y el progresismo siempre han tenido en cuenta las desigualdades sociales para aplacarlas y así hacer realidad el sueño de una sociedad más equitativa, no ha sucedido lo mismo con las desigualdades biológicas, defiende la autora, que aparecen mucho antes que cualquier socialización en un entorno determinado.

“Cada vez tenemos más conocimientos sobre el impacto del ADN en la vida de las personas y no podemos seguir haciendo como si toda la desigualdad procediera del componente social”, apunta. Ilustra su postulado con la obesidad, a la que “no solo se debe analizar desde la crítica a la gordofobia ni los desfiles de lencería, que también, sino sabiendo que hay personas con mayor propensión a ella”. Tal y como refleja en su escrito, “el determinismo genético convierte la genética en destino, pero el negacionismo genético la convierte en tabú”.

No solo es la obesidad, también la predisposición a las adicciones o a los trastornos mentales, realidades todas ellas que interfieren a la hora de conseguir un trabajo para quienes las sufren. “Lo peor es que si no reconoces la genética como principio determinante, das pie al discurso culpabilizador de la derecha, que piensa que hay gente débil de carácter, sin fuerza de voluntad o que teniendo los medios no consigue sus objetivos. Parece que todo es culpa de la sociedad o del individuo, cuando aquí no hay culpables”, desarrolla.

La escritora propone abrir el debate con valentía y sin miedo ni histeria. Ella quiere ir a la raíz y hacerlo, incluso, por las propias personas que sufren esta desigualdad, quienes verían una lectura social más acorde a su situación. Queralt detalla que la selección de embriones según marcadores poligénicos ya sucede en algunas partes del mundo. “Si esto lo demonizamos, se quedará como algo al alcance de unos pocos, que son los ricos. No hay que dejar de lado las desigualdades sociales, pero están estas otras, y hay que encararlas también desde la izquierda”, recalca.

La misma experta en justicia distributiva lo apunta en su ensayo. La meritocracia nos ha permitido defender una igualdad de oportunidades elemental durante siglos, y oponernos a los privilegios basados en la sangre, el sexo y la raza. Queralt, en unas 120 páginas, consigue responderse a sí misma la pregunta que abre el ensayo. Con estas palabras condensa la respuesta: “La izquierda necesita a la meritocracia porque es el principio esencial de la organización eficiente y justa de la sociedad”.

Mari Carmen Abascal ha muerto y se ha convertido en un icono de la lucha por una vivienda digna. Sin embargo, en varios medios de comunicación y, principalmente, en las redes sociales, se ha intentado desacreditar su figura mezclando conceptos que nada tienen que ver con el fondo del problema. Dicen : Maricarmen era binguera, tenía mal carácter, le molestaban los ruidos. Estos son algunos de los detalles que se destacan de su vida para enturbiar el debate. Cuesta comprender cómo, ante un sufrimiento real, ante la angustia de la precariedad y el desamparo, haya gente que prefiera agarrarse a este tipo de anécdotas antes que mirar a la cara a la injusticia. ¿Cómo se puede ser tan insensible para anteponer las aficiones o el carácter de una persona a su derecho inalienable a vivir en unas condiciones dignas?

Hay un mecanismo muy humano, también muy peligroso, detrás de esta actitud: resulta mucho más fácil buscarle imperfecciones a la víctima que admitir la fragilidad del sistema que nos rodea. Si convencemos al público de que Mari Carmen era una persona 'difícil', nos ahorramos la empatía. Si juzgamos su forma de vida, tranquilizamos nuestra conciencia pensando que a nosotros nunca nos pasará algo parecido. Deshumanizar al otro es la vía rápida para no tener que indignarse, para no tener que mirar de frente una realidad que incomoda y para poder convencernos de que el sufrimiento ajeno siempre tiene alguna explicación que lo hace menos injusto.

Pero los hechos son los hechos; si una persona denuncia la falta de calefacción, la amenaza de un desahucio o la falta de servicios básicos, lo correcto es contrastar los datos y comprobar si tiene razón. Se puede investigar, se puede cuestionar una versión y se pueden exigir pruebas. Lo que no deberíamos hacer jamás es utilizar su vida privada para quitarle legitimidad. Porque una cosa es analizar los hechos y otra muy distinta es construir un personaje alrededor de una persona para que resulte menos digna de nuestra empatía.

Los derechos no son un concurso de simpatía: No hace falta ser agradable ni llevar una vida que la mayoría apruebe; no hace falta ser una persona perfecta. Los derechos son universales precisamente porque pertenecen también a quien no nos cae bien, a quien nos incomoda, a quien tiene un carácter difícil y a quien toma decisiones o mantiene costumbres que nosotros jamás elegiríamos para nuestra propia vida. Si los derechos dependieran de que la persona que los reclama nos pareciera suficientemente buena, simpática o respetable, entonces dejarían de ser derechos.

Cuando dejamos de preguntarnos si lo que una persona dice es cierto y empezamos a evaluar si es lo suficientemente 'digna' para ser escuchada, cruzamos una línea peligrosísima. Hoy es una mujer mayor a la que presentan como alguien antipático, con costumbres que algunos juzgan con condescendencia; mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Porque nadie sabe cuándo puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad, cuándo puede necesitar que otros defiendan sus derechos o cuándo puede convertirse, de repente, en esa persona a la que una parte de la sociedad considera demasiado incómoda, imperfecta o poco simpática como para merecer su solidaridad.

Esto interpela directamente al periodismo y a la conversación pública. Informar no es fabricar un personaje para amputar la empatía de los demás. Informar es contar la realidad, contrastar los hechos, analizar las causas y respetar la dignidad humana. Las costumbres, la edad, el carácter o el apellido de una persona no deberían convertirse en herramientas para desviar la atención de aquello que realmente importa. Cuando para restar importancia a una injusticia necesitamos resaltar que alguien jugaba al bingo, tenía mal genio o le molestaban los ruidos, deberíamos hacernos una pregunta incómoda: ¿estamos aportando información relevante o estamos preparando al lector para que acepte que esa persona merecía sufrir?

"Esto interpela directamente al periodismo y a la conversación pública. Informar no es fabricar un personaje para amputar la empatía de los demás. Informar es contar la realidad, contrastar los hechos, analizar las causas y respetar la dignidad humana"

La dignidad de un ser humano no puede depender de que nos guste su forma de vivir. Y sus derechos tampoco. Mari Carmen no debería tener que haber sido una mujer perfecta para que pudiéramos reconocer la injusticia de aquello que estaba viviendo. No debería haber necesitado nuestra aprobación, nuestra simpatía ni nuestra admiración para merecer unas condiciones de vida dignas. Y quizá eso sea precisamente lo que más deberíamos recordar ahora que ya no está: que detrás de cada caso hay una persona, con sus virtudes, sus defectos, sus manías, sus errores y su manera de vivir, pero también con una dignidad que nadie tiene derecho a quitarle.

Hay muchas Maricármenes. Muchas personas que, lejos de los focos y de los titulares, siguen luchando por una vivienda digna, por unos servicios básicos, por ser escuchadas y por no ser tratadas como si su vida tuviera menos valor que la de los demás. Y mientras existan esas personas, mientras haya quienes tengan que luchar por derechos que deberían estar garantizados, no podemos permitir que la deshumanización se convierta en una herramienta para mirar hacia otro lado. Hay que seguir hablando, señalando la injusticia y luchando hasta el final.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado por “discriminatorio” el veto a empresas israelís y la ruptura de relaciones institucionales con Israel que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en noviembre de 2023.

Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso del TSJC, que ha estimado un recurso de la entidad israelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). Además de carecer de competencias para un acuerdo de este tipo, los jueces rechazan, tal y como mantenía el consistorio, que se tratara de una “declaración política”.

La declaración anulada, que aprobaron PSC, Comuns y ERC, obligaba al consistorio a implantar una cláusula en los contratos municipales para garantizar que ninguna empresa que recibía dinero municipal llevara a cabo “operaciones financieras, inversiones, compras y contrataciones en contra del derecho internacional humanitario”. También rompió relaciones con el Estado de Israel “hasta que no haya un alto al fuego definitivo”.

La declaración, a criterio de los jueces, “implica discriminación de terceros”, y, por lo tanto, ha de ser anulada.

“Nuestra posición como Ayuntamiento sigue siendo la misma, la de condenar la violencia y el genocidio que está ejerciendo el estado de Israel sobre la población palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania. Es una cuestión de humanidad y de derechos humanos”, ha respondido la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, que ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Una las primeras cosas que hizo Collboni como alcalde fue reestablecer las relaciones y el hermanamiento con Israel que había roto Colau en su mandato. Lo hizo el 1 de septiembre, pero un mes después se produjeron los ataques de Hamás que precipitaron la guerra en Gaza. Eso hizo cambiar de opinión al consistorio, que decidió suspender relaciones el 23 de noviembre y votarlo en el pleno en un acuerdo que ahora ha sido anulada.

La Junta directiva de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) es tan reducida como diversa. Cuatro mujeres, una marroquí, otra venezolana y dos colombianas, lideradas, hace siete años por la primera, Fátima Ez Zohayry. Toda una figura, locuaz, apasionada, reivindicativa y resolutiva, muy conocida en el ámbito de la ayuda a inmigrantes en la provincia de Huelva. Tierra donde hay tantas y tantos extranjeros, en los invernaderos de frutos rojos, con necesidades por resolver.

Ez Zohayry y su equipo, integrado por las colombianas Carmen Vázquez y Vicky González, como secretaria y vocal, y la venezolana Fernanda Elena De Castro, como tesorera, representan a unas 200 asociadas, de sus nacionalidades y también rumanas, senegalesas, ecuatorianas, malienses… que aportan, con esfuerzo, una cuota de dos euros al mes, si pueden.

Todo para dar servicios -que la asociación ha ido ampliando desde su creación, en 2005-, a la ingente cantidad de personas migrantes que las llaman o que llegan a su sede, en Huelva, en busca de asesoramiento y apoyo por malas condiciones laborales, acosos y abusos sexuales de empresarios y encargados, procesos de empadronamiento y regularización, búsqueda de formación para empleos de hostelería o trabajo doméstico, por sufrir la falta de alimentos y techo y necesitar escucha y amparo.

Esto lleva adelante AMIA. Así como charlas pedagógicas en institutos sobre racismo e incluso una labor de portavoz ante instituciones como el Europarlamento en Bruselas de las necesidades inatendidas de la gente inmigrante. Lo hace con una financiación humilde e inestable. Logra alguna ayuda para combustible del Puerto de Huelva y eso le permite dar portes en coche repartiendo, por núcleos chabolistas, cajas del banco de alimento -con quien colaboran-. Coopera con Oxfam y gracias a ello proveen de colchones, mantas y enseres básicos a las víctimas de los recurrentes incendios de las chabolas. Ahora opta a otras subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer para talleres formativos sobre contratos, nóminas, derechos laborales. Pero más de una vez y más de dos acaban pagando de su bolsillo las fotocopias que necesitan sus usuarias.

Ez Zohayry, salpimenta sus frases con unos “cariño”, “amore” que permiten bien imaginarla diciendo a cada tanto “habibi” cuando habla en su lengua natal, el dariya o árabe dialectal marroquí.

Comprende bien las necesidades de las usuarias de AMIA porque ella misma ha “trabajado en la fresa”. Vino a Moguer (Huelva), a ser jornalera, hace 30 años, cuando tenía 19. En su país llevaba desde los 17 como empleada de hogar en la casa en Marruecos de los dueños de Alconeras, como tantas empresas hortofrutícolas españolas, con fincas en territorio marroquí. Ellos le propusieron trabajar de recolectora en Huelva y Fátima, buscando ser independiente y labrarse un mejor futuro, se lio la manta a la cabeza.

“Pero al llegar lo pasé fatal”, confiesa, borrando la sonrisa. “Yo no tenía ni idea de campo, no estaba hecha a ese esfuerzo. Y de noche, me quedaba sola, muerta de miedo, en la finca, llorando”. Su encuentro, a los quince días, con una familia jornalera de Jaén, con madre, hijas, hijos, nueras… sería clave en su vida. Entre los jóvenes estaba Manuel Milla, “mi Manué” -dice de su marido-, quien, junto al ex empleado del SEPE, Gonzalo Vilas, está como voluntario en la asociación la mañana de la entrevista con elDiario.es Andalucía.

Origen de AMIA y sus presidentas

A los dos años, Fátima y Manuel se casaron y tuvieron a su hijo Karim. Seis después a Yasmine. Tiempos de trabajo jornalero y crianza de niños. Pero cuando el mayor tenía 9 años y la chica 3, Ana, una compañera colombiana, le descubrió AMIA a Fátima y ella empezó en la asociación, como voluntaria. “Con un recibimiento tan cariñoso de la presidenta, Maribel, ecuatoriana, que jamás olvidaré”. Desde entonces simultaneó trabajo, familia y activismo. Hoy sus hijos tienen 26 y 20 años y ella, como presidenta, está volcada en la asociación.

La citada Maribel es Maribel Valencia quien, atendió a elDiario.es Andalucía desde Burdeos, Francia, donde hace seis años vive y trabaja en una empresa de limpieza, mientras impulsa una app de asesoramiento de salud, empleo y finanzas, para mujeres de habla hispana mayores de 45 años. “¡Claro que recuerdo cómo conocí a Fátima! Siempre tuvimos claro que a cada mujer que viniera la recibiríamos haciéndola sentir calor humano. Que no estaban desamparadas. Que las íbamos a acompañar y apoyar frente a sus problemas hasta que pudieran volar solas”.

AMIA, creada en 2005, por una docena de latinoamericanas, como su entonces presidenta, la ecuatoriana Maribel Valencia, buscó abrirse a las muchas trabajadoras marroquíes que hay en Huelva. Porque, según transmiten, "más allá de diferencias culturales e idiomáticas", las inmigrantes, de todas las nacionalidades, comparten "un 60 por ciento de los problemas, desafíos y circunstancias vitales.

La experiencia de Valencia, quien en Ecuador trabajaba como responsable de políticas sociales de ayuntamientos rurales, fue clave para crear AMIA. Ocurrió cuando ella estaba empleada, en Huelva, como interna, cuidando a una señora mayor. Y tras poner en común, con otras compañeras, con quienes se cruzaba por la calle o compartía bancos del parque, sus jornadas extenuantes y sueldos escasos. Ella destaca que crearon la asociación con el asesoramiento de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía y su responsable en Huelva, Lola Carmona. Esta alentó a Maribel y a la docena de otras fundadoras. Las reforzó en su convicción de que nadie mejor que ellas, que conocían, en primera persona, las necesidades de las inmigrantes, podrían guiar a otras mujeres en sus circunstancias.

“Sobre el nombre debatimos mucho”, reconoce Maribel Valencia, “porque queríamos transmitir la valentía que nos caracteriza a las inmigrantes, que dejamos familia y país atrás para abrirnos camino en lugares desconocidos. Reflejar nuestra fuerza de la madre Tierra. Nuestro ímpetu guerrero. Que jamás nos rendimos”. Todo ello cuajó, gracias a una amiga y colaboradora vallisoletana en Huelva, Felicita Peña, en el nombre de “Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción”, que se conserva.

“Para mí es emocionante que AMIA siga, pues es como hija mía”, explica. Le alegra que se mantenga en el local cuya cesión municipal lograron. Y que, ahora, la presida Fátima. “Las latinoamericanas siempre quisimos abrir AMIA a tantas marroquíes que trabajan en Huelva. Gracias a jornadas de convivencia gastronómica, a talleres… se ha logrado. Y es estupendo porque, por encima de diferencias, culturales o idiomáticas, las mujeres inmigrantes, de todas las nacionalidades, compartimos el 60 por ciento o más de las necesidades y desafíos. Tanta explotación que sigue habiendo, las muertes en incendios de chabolas, que me temo que son provocados, la precariedad y violencia que se nos siguen imponiendo...”.

Abusos y timos sobre las débiles

En efecto, aunque han pasado 30 años desde que Ez Zohayry llegó a Huelva, las inmigrantes siguen dando parte de muchas vulneraciones de derechos. “Sufren mucho maltrato, porque llegan solas, a un sitio extraño, sin conocer las leyes que las protegen…”, expone Fátima. “Las marroquíes y otras africanas, peor aún que las latinoamericanas, porque, sin conocer el idioma, les cuesta más informarse y protestar”.

Entre los abusos frecuentes que relatan, junto a “la explotación” y “los manoseos, acosos y ataques sexuales”, está el pago de forma irregular por parte de algunos empresarios. “En vez de pagarles el salario íntegro en nómina, por banco” -específica- “les dan la mitad en un sobre, lo que les repercute a la hora de mostrar lo que cobran a los arrendatarios, el paro, jubilaciones…”. AMIA, subraya, tiene denunciada a la empresa Bionest porque descuenta del sueldo de sus jornaleras tantas partidas (por uso de wifi, alojamiento, fianzas, trámites de tarjetas de extranjería…) que la remuneración por el trabajo se ve muy mermada.

La presidenta de AMIA critica que hay empresarios que pagan a sus trabajadoras en B la mitad o más del salario, lo que les perjudica para alquilar y cotizar de cara al paro y jubilación. De hecho, tienen planteada, por este tema, una denuncia colectiva, en los juzgados, a una empresa hortofrutícola.

“Cuando nos llegan estas alertas, me planto en la finca a hablar con el empresario”, relata Ez Zohayry. “Si no atiende a razones, no queda otra que ir al juzgado”. Tanto para esos casos como para trámites burocráticos, como los del reciente proceso de regularización, en AMIA cuentan con una abogada. “Aunque es muy difícil que las trabajadoras se atrevan a denunciar porque siempre temen represalias, que las echen”.

Las condiciones laborales son tan duras, “que me llega al nervio cuando dicen que los inmigrantes viven de paguitas. Entonces, ¿para qué trabajan de siete de la mañana a seis de la tarde, bajo el frío y el calor?”, se pregunta. “Quien, en algún momento recibe prestaciones es porque ha trabajado mucho, muchos años. No se las regala nadie, es su dinero, cotizado”.

Uno de los mayores desafíos es el de las infraviviendas que, sólo este septiembre, se ha cobrado la vida de dos personas inmigrantes. Ha sido en sendos incendios, que no se ha aclarado si han sido accidentales o intencionados, y ocurridos en los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera. “Nosotras, con otras entidades, estuvimos reunidas este verano, en Delegación del Gobierno, y nos enseñaron la lista de millones que los ministerios han dado a los ayuntamientos para erradicar el chabolismo. Nos enseñaron los recibos de los ayuntamientos para justificar en qué casas, comidas y transportes los han gastado. ¡Pero nada de eso ha llegado a los inmigrantes! ¡Te lo digo yo, que voy a verlos y a llevarles cosas! ¿A dónde va el dinero?”

Ayuda a una mujer desesperada

La sede de AMIA es un pequeño bajo, de fachada sencilla e interior acogedor, lleno de carteles, papeles, mesas y sillas. Está en la calle Jazmín, una de las muchas con nombre de flor del onubense barrio del Torrejón. Barrio donde, paradójicamente, abunda el asfalto, sin jardines ni arbolado. Ejemplo del abandono municipal de los extrarradios. Desde 2017, dos años antes de convertirse en su presidenta, Fátima Ez Zohayry, es su presencia más constante.

Ese año sufrió una dolorosa parálisis. Tenía bloqueados desde el pie a la cadera, no podía levantarse ni vestirse. En el hospital Juan Ramón Jiménez, detalla, le diagnosticaron cinco hernias discales, inoperables por riesgo de quedar en silla de ruedas. Todo a consecuencia de las décadas de trabajo agrícola, “incluido el montaje y desmontaje de los propios invernaderos, con sus arcos de hierro y sus plásticos”. Tras años de seguimiento, por médicos de la mutua y la Seguridad Social, se le expidió la incapacidad laboral. “Desde entonces la experiencia que tengo es para las mujeres que vienen a la asociación”.

Hasta en local, en plena entrevista, llega una compatriota suya marroquí, de 61 años, en busca de ayuda, consejo y consuelo. Ella misma se convierte, enseguida, en caso práctico de lo que Ez Zohayry estaba contando, pues revela que, en sus diversos empleos, le suelen pagar la mitad de lo acordado en negro.

Pero no viene a denunciar eso. “No puedo, si protesto me echan”. Un tema familiar la trae, en autobús, desde de un pueblo de la provincia, cuyo nombre, como el de la mujer reservamos. Ella, atendida por Ez Zohayry, sí quiere que, de forma anónima, se haga pública su historia “para que la gente nos comprenda, y sepa lo que sufrimos. Que no nos odien y ataquen, a partir de lo de Ceuta. No venimos a hacer mal, sino a buscar una vida mejor”.

Una usuaria de AMIA desvela que empresarios y encargados le piden hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de empleo que él necesita para intentar emigrar a España. Y la asociación confirma que se trata de una práctica abusiva generalizada.

La señora, llamémosla Salma (que significa Paz), viene con la cara desencajada. “Es la preocupación por mi hijo, de quien me separé hace diez años”, explica. “Yo, en mi país, fui 23 años profesora de francés”, detalla, “pero ganaba poco para asumir sola la crianza del niño, cuando su padre y yo, con arreglo al Corán, al no llevarnos bien, nos separamos”. Salma cuenta que vino con contrato de trabajo, “para la agricultura, en Granada. A los dos meses tenía mis papeles. Yo soy de vida recta, lo traigo en la sangre. Todo legal”. Desde entonces ha ido encadenando empleos. En verano, sobre todo como ayudante de cocina, en bares y restaurantes; en invierno, en almacenes de fruta. “A veces también como cuidadora a domicilio, pero ahí nunca te dan de alta”.

El tiempo se le ha escurrido entre los dedos, aquel niño de 12 años, al que quería dar un mejor futuro, poder criar en España, hoy tiene 22 y malvive en su Casablanca natal. “Las cosas no han salido como yo soñaba”, se enjuga una lágrima. El hijo terminó la secundaria, pero no le ve sentido a hacer el bachillerato. “Los gobernantes de Marruecos no dan futuro a la juventud”. Él está “bloqueado”, sin expectativas de vida, “culpándome de abandonarle, sin poner la cámara para que yo pueda verle cuando le llamo, diciéndome que cualquier día se suicida”, revela, ojos humedecidos y apretándose las manos.

La mujer viene flechada a AMIA porque un joven activista turco, de paso por el pueblo onubense donde vive y trabaja, le ha recomendado hablar con Fátima. “Necesito que alguien me ayude a lograr la reunificación familiar con mi hijo, porque sola no lo consigo. Y o viene o me volveré a Marruecos, dejando atrás nuestro sueño de progreso, por estar a su lado”.

Según cuenta, el joven se ha planteado cruzar a Ceuta o Melilla, como vio el pasado final de julio a gente de su generación. “Pero le da miedo… Que no, que arriesgar su vida no es una opción, tras diez años que yo llevo aquí luchando para que venga de forma legal y segura”. Baja y sube la mirada, y añade: “Estos diez años han sido un parpadeo. En otro abrir y cerrar de ojos tendré 71”.

Acostumbrados como estamos a oír hablar de “las mafias” en lo que se refiere a “los pasadores de fronteras” de los inmigrantes, choca mucho oír el testimonio de esta madre cuando relata que empresarios y encargados le exigen ahora el pago de hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de trabajo que necesita para intentar emigrar a España de forma legal y segura. “No te creas que es algo aislado”, precisa la presidenta de AMIA. “Es un abuso, sí. Pero se hace mucho”.

“Hay tantas cosas que la gente no sabe”, comparte Salma y enumera: “el miedo que tengo por la calle, oyendo las cosas racistas que oigo contra mí, por ser marroquí y musulmana; el miedo a los abusos, en el trabajo, que me ha enseñado a mentir y decir que vivo aquí con marido e hijos porque si te saben sola se ensañan; el problema del alquiler que nos obliga a vivir hasta dieciséis en un piso de tres habitaciones… Soy ya mayor y estoy cansada. Mi vida es trabajar y encerrarme por miedo a lo que me pase. Cuando yo amo España. Estuvimos aquí ocho siglos. Es nuestro segundo país”.

Sobre la marcha, en el dariya natal, que crea confianza y protege la intimidad, Fátima Ez Zohayry, asesora a Salma, sin venderle falsos atajos para una reunificación con su hijo que requerirá tiempo y un complejo proceso. También la escucha, comprende, consuela y le ofrece té con galletas.

Política: problema y solución

También Fátima está muy preocupada con el aumento de rechazo a los inmigrantes a raíz de la numerosa entrada del 30 y 31 de julio por Ceuta. “A mí el auge de Vox y los fascistas no me acobarda”, declara, “porque ellos son quienes crean odio, nosotros gente de paz. No van a hacernos jamás agachar la cabeza”. Lo que sí le “duele en el alma”, y hasta “hace llorar”, es que “la sociedad española nos trate mal, cuando tan bien acogemos, en Marruecos, a los turistas españoles y a tantos empresarios que tienen allí parte de sus negocios y cosechan, con nuestra mano de obra, trabajadora y barata, aguacates, fresas, arándanos, frambuesas… Fruta a la que, luego, le ponen la etiqueta de ”Producto de España“.

Fátima y Salma coinciden en que su país de origen “es maravilloso, lleno de posibilidades”. Atribuyen la falta de expectativas laborales “a los políticos, que no miran por nuestra juventud”. Fátima, de hecho, comparte “vídeos en dariya, muy críticos, en redes sociales. Que mi familia allí me dice que se oyen mucho, en los cafés y por la calle. Tanto que les da miedo que me señale”. Además, la gente viene a nado y saltando vallas, “porque a un marroquí de a pie no le dejan viajar aquí en avión, sin visado, con la libertad que vosotros vais allí”.

Sin embargo, su esperanza también se cifra en que “el nuevo gobierno mejore las cosas” (la entrevista se hizo el día de las elecciones, unos comicios que han supuesto un cambio de fuerzas en la coalición gubernamental actual, pero en los que ha destacado la enorme abstención). O, si nada progresa, “que el rey ate a los políticos más en corto, como en los tiempos de su padre” -declaración controvertida, dado el papel de Hassan II en “los años del plomo”, pasados los cuales, según ella, la situación nacional era mejor que la actual-.

Igualmente, quieren que el diálogo entre los ejecutivos de ambas orillas desinflame el conflicto fronterizo. Ez Zohayry está satisfecha de que la gran movilización social por la regularización haya llevado a que el gobierno PSOE-Sumar la aprobara. “Y ahora estamos enfocadas en las pegas que los ayuntamientos ponen para empadronar a las personas inmigrantes sin vivienda, cuando la ley deja bien claro que es obligatorio empadronarlos, aunque sea en el banco de un parque”.

En su tarea reivindicativa, de denuncia y trabajo para alcanzar mejoras para las y los migrantes, AMIA y su presidenta ven clave “la coordinación con las asociaciones feministas” y con colectivos “como Jornaleras en Lucha, de compañeras como Ana Pinto”.

Manuel Milla, que acaba de departir con la tesorera, sonríe en su mesa. “Había que ver a Fátima, a los 19 años, cuando llegó, tan tranquila y callada. Es como si trajera la batería descargada”, subraya la diferencia con su carácter actual. “Se ha llenado de energía a fuerza de pelear, por ella y por las demás”, sentencia.

Fátima asiente. “Manuel me anima siempre: tú sueña mucho”, comparte. “Y yo sueño. No para mí, sino con mejorar las condiciones laborales, de vida y respeto para las mujeres de la fresa; con que AMIA pueda ayudar, cada vez, a más gente; y, tercero, con que los políticos de Marruecos, por fin, creen trabajo que evite que nuestros chiquillos se vean obligados a emigrar”. La entrevista acaba y en AMIA siguen atendiendo llamadas, dando citas y asesorando a usuarias.

¿Es lícito sacrificar la vida de un inocente para que otros puedan salvarse? ¿Pueden invocarse razones utilitaristas o de un supuesto bien común para eliminar los derechos humanos de un individuo? ¿En qué condiciones puede estar justificado el canibalismo? Son algunos de los interrogantes, de los dilemas éticos, que plantea La cena del capitán (Arpa), una crónica del hundimiento del Mignonette, un pequeño velero inglés, donde el capitán y otro marinero asesinaron en 1884 al grumete para sobrevivir con el consumo de su carne a la espera de un rescate. Un rescate, por cierto, que llegó pocos días después del asesinato y que llevó a los dos homicidas ante un tribunal que, por primera vez, acabó con la hasta entonces llamada 'costumbre del mar' que toleraba en ciertos casos esa doctrina del mal menor o de extrema necesidad.

Mitad jurista, mitad periodista, Adam Cohen (Nueva York, 1962) fue editorialista de The New York Times y redactor jefe de Time tras unos años de ejercicio como abogado. Aquí traza un escalofriante relato de aventuras macabras, al tiempo que plantea complejos problemas morales que llegan sin duda hasta nuestros días en campos como la medicina o la automoción. En una entrevista por correo electrónico, Cohen reconoce que ha tenido dos vidas profesionales muy distintas y que ambas se han complementado. “Todo ello, atendiendo siempre a situar las acciones humanas en su contexto histórico”, explica el autor de una obra que ha sido premiada como mejor libro de historia de 2025 por la cadena de librerías norteamericana Barnes&Noble y que acaba de publicarse en España.

Adam Cohen señala que se planteó dos objetivos a la hora de relatar aquel famoso naufragio en el Atlántico Sur en una travesía que se inició en Inglaterra y debía haber concluido en Australia y que cambió la historia del derecho. “En primer lugar”, afirma, “quería contar una historia fascinante de un naufragio, un acto de supervivencia, un apasionante caso judicial, un debate sobre el canibalismo… Pero intenté abordarla como un ensayo histórico que respondiera a la pregunta de por qué sucedió todo esto y por qué aquella sentencia de 1884 acabó con una práctica de siglos en el mar”.

Este jurista y periodista narra aquel trágico episodio de un modo cronológico y con un estilo ágil, pero documental, casi frío. Para conseguir ese propósito el autor neoyorquino se sumergió en la prensa de la época y en los ambientes marineros y jurídicos de la Inglaterra de finales del XIX. Tanto la atmósfera social de una Inglaterra victoriana pero reformista, así como el retrato de los personajes, desde los jueces a los marineros, están reflejados con mucha precisión en las páginas de un libro que, sin ser una novela, se convierte en un relato vibrante donde la realidad supera de nuevo a la ficción. Cohen comenta que siente un gran respeto por la literatura de ficción —“otra manera de contar la verdad de la condición humana”—, pero que siempre se sintió atraído por los hechos: “El intento de entender el mundo en el que realmente vivimos en sus propios términos”.

El pequeño detalle de los derechos individuales

En cualquier caso, la habilidad de Cohen como narrador se plasma en dejar que el lector saque sus propias conclusiones. El dilema ético se presenta en el libro de una manera imparcial sin caer en sesgos ni maniqueísmos. El autor aclara la elección del enfoque: “Cuando se plantea el dilema moral en el bote salvavidas entre los otros tres tripulantes sobre asesinar a un grumete indefenso y enfermo, una mayoría de lectores será capaz de ver ambos lados de la cuestión, dos actitudes contrapuestas entre los miembros de la tripulación. En definitiva, puedes tener una opinión firme al respecto, pero al mismo tiempo pensar que otra gente puede sostener con argumentos la opinión contraria”.

Ahora bien, Cohen se reserva un extenso epílogo para manifestar su opinión sobre aquella sentencia, conocida como el caso Dudley y Stephens, por los apellidos de los dos marineros que fueron condenados a muerte, si bien después fueron indultados por la reina Victoria por la presión popular a favor de esa medida de gracia. Así pues, la sentencia de aquel tribunal británico sentó jurisprudencia en Inglaterra y después en todo el mundo, y rechazó que una necesidad, por extrema que fuera, pudiera justificar el asesinato de un inocente.

“La importancia del caso Dudley y Stephens”, argumenta el autor, “es hoy muy distinta de la que tenía en 1884, cuando supuso la largamente esperada resolución de un notorio caso de canibalismo. Pero en la actualidad aquel proceso se erige como un imponente baluarte jurídico en uno de los polos de un gran debate filosófico. Representa el principio de que los derechos humanos son de vital importancia y que, por tanto, ninguna vida debe ser sacrificada basándose en cálculos utilitaristas”.

En ese epílogo, Cohen arremete contra los intentos recientes de responsables políticos o poderosos empresarios para anteponer supuestos criterios utilitaristas a la hora de discriminar a enfermos por su edad o por su condición o de autorizar las torturas para prevenir atentados terroristas por poner dos ejemplos. “Todavía cobra más vigencia el caso Dudley y Stephens”, opina el escritor, “en el nuevo escenario que se nos abre con la llegada de la inteligencia artificial. Es fácil que por inercia se imponga un enfoque utilitarista: la idea de programar máquinas para lograr el mayor bien para el mayor número de personas resulta tentadora a primera vista. Pero el problema de cualquier cálculo hedonista de este tipo es que pasa por alto la importancia de los derechos individuales”.

Canibalismo sin pudor

Junto a estos debates filosóficos que sobrevuelan una narración que oscila entre el relato de aventuras y el thriller judicial, La cena del capitán aborda el espinoso tabú del canibalismo que poco a poco fue desapareciendo de aquella “costumbre del mar” tras los naufragios. Bien es cierto, tal como se narra en el libro, que desde finales del siglo XIX los buques de vapor fueron sustituyendo a los veleros de tal manera que ya escasearon los hundimientos en alta mar.

No obstante, buena prueba de hasta qué punto estaban tolerados los ejercicios de canibalismo como supervivencia en el mar que Dudley y Stephens confesaron sin pudor, nada más desembarcar en Inglaterra, su asesinato del grumete Parker. De hecho, otros marineros que habían protagonizado gestas de supervivencia en épocas anteriores habían sido aclamados como héroes a su regreso. En ese sentido, la presión de la opinión pública de la época obligó de algún modo a la concesión del indulto a Dudley y Stephens que solo cumplieron una condena de seis meses. El otro navegante del Mignonette, Brooks, ni siquiera fue juzgado ya que se había opuesto al asesinato de Parker aunque consumió más tarde su carne para sobrevivir.

En cualquier caso, Adam Cohen deja claro que aquella histórica sentencia logró que el asesinato previo al canibalismo se considerara un delito. Otra cuestión diferente sería el canibalismo practicado con seres humanos ya fallecidos como en el célebre caso de los jugadores de rugby cuyo avión se estrelló en los Andes en 1972. “La mayoría de la gente”, afirma el jurista y periodista, “siente una repulsión natural ante la idea de comer carne humana, pero creo que la mayoría también estaría de acuerdo en que si la elección es entre comer la carne de alguien que ya está muerto o morir uno mismo el canibalismo estaría justificado”.

Mientras en varias ciudades de España, centenares de personas se manifiestan y concentran contra el desahucio de Maricarmen, la anciana madrileña que esta semana fue sacada del que ha sido su hogar durante siete décadas, en Toledo, otro caso ha despertado la solidaridad ciudadana.

Rosario, una mujer de 80 años a la que se le ha terminado el contrato de alquiler, tenía que entregar hoy las llaves de su hogar. Viuda, sin hijos, con una discapacidad, y con una pensión que roza los 500 euros mensuales, afronta una situación complicada debido al tensionado mercado de vivienda de Toledo. No obstante, gracias a la “presión popular” se ha abierto la negociación con la familia propietaria y Rosario dormirá esta noche en su hogar.

Decenas de personas se han concentrado en la tarde de este lunes en la toledana plaza de San Justo, para pedir que se encuentre una alternativa habitacional en el barrio del Casco Histórico, donde ella reside. Una concentración para “apoyar y respaldar a Rosario, que no se encuentre sola ante este paso”, apunta Alicia Martínez, miembro del Unión Popular de Inquilinos de Toledo. Rosario lleva viviendo cinco años en esa casa, aunque siempre lo ha hecho en este barrio del Casco Histórico. “Antes podías cambiar fácilmente de casa, se te acababa el contrato y te ibas a otra, ahora te quedas en la calle y es una injusticia tremenda porque te obliga a irte de tu ciudad”. El barrio al que alude la activista es uno de los más codiciados para el negocio turístico en la ciudad.

“Una plaza residencial no resuelve un mercado tensionado”

Esta mañana la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo -en el que gobierna PP y Vox- explicaba que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica, a varios kilómetros del centro.

Alicia Martínez ha señalado que “la crisis de la vivienda, marcada por un mercado tensionado no se puede resolver ni con plazas residenciales ni con viviendas sociales”. “No se nos puede apartar a las personas de nuestros barrios, de los espacios que nos han visto crecer y desarrollar nuestros proyectos de vida”, ha expresado. Explica que la propuesta del ayuntamiento es “una solución técnica, no una solución humana”.

Desde la Unión Popular de Inquilinas de Toledo también advertían de la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. Explicaban que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Martínez pide que Rosario pueda quedarse en su barrio: “Si no puede quedarse en su casa, que tenga una vivienda asequible en su barrio, una vivienda que pueda pagar ella igual que quisiéramos cualquiera de nosotros, de los vecinos que vivimos en cualquier barrio de Toledo y en este caso en el Casco Histórico”.

Negociación abierta con la familia propietaria

Asegura que “gracias a la presión popular” se ha conseguido abrir una ventana hacia la negociación con la familia: “Hemos abierto una negociación con la abogada de la familia de la vivienda de Rosario y están abiertos a escuchar nuestras propuestas”, explica Martínez. Apunta que “Rosario quiere quedarse al menos un año en la casa para que le dé tiempo a encontrar una vivienda asequible para ella en su propio barrio. Añade que para tener ese tiempo ”necesita evidentemente que mañana se apruebe el decreto Maricarmen, que se considere el mercado entero como tensionado por la introducción de los fondos y de la especulación en los mercados de la vivienda“.

“Si nos dan ese tiempo, Rosario podrá alquilar otra vivienda y seguir con sus vecinas con las que pasa el día aquí en los banquitos de la plaza de San Justo. Ella es una persona con cierto grado de discapacidad, pero que se vale por sí misma perfectamente, que baja a la calle, que visita a sus vecinas, que se va al mercado, que se pasa la mañana hablando con las vecinas y que si tú le quitas eso, le estás quitando la posibilidad de seguir viviendo”, matiza.

Martínez asegura que Rosario pasará la noche de este lunes en su casa: “Hoy va a poder dormir ahí, pero no sabemos lo que va a pasar el viernes que viene. Gracias a la presión popular y a todas las personas que nos están apoyando hoy [Rosario va a poder tener más tiempo]. Pero la presión tiene que continuar, concienciando de la necesidad que tiene que haber un cambio estructural y global porque es un problema colectivo”.

Martínez ha apuntado también que el mercado de vivienda en Toledo, y en particular en el Casco Histórico, tiene que “dejar de estar tensionado, que se reduzcan los precios, se liberen apartamentos turísticos y vurelvan a convertirse en residencias”. Exige que “los precios bajen mínimo un 50% para que las personas podamos vivir y desarrollar nuestro proyectos de vida en acasas habitables, no es torres aisladas o en residencias para personas mayores”.

En su opinión, “Maricarmen y Rosario están siendo las puntas de lanza de lo que nos está ocurriendo a todas, que en cualquier momento nos pueden tirar de nuestra casa si se nos acaba el alquiler y no tenemos la posibilidad de quedarnos en nuestros barrios porque con nuestros sueldos no podemos pagar esos alquileres”.

Movimiento Sumar Toledo ha mostrado este domingo su respaldo a la movilización convocada por la Unión Popular de Inquilinas de Toledo en solidaridad con Rosario, una vecina de 80 años que vive en el barrio de San Justo, en el Casco Histórico “en situación de vulnerabilidad social y económica”. Este lunes, esta mujer, viuda y sin hijos, se verá abocada a dejar su vivienda en alquiler sin alternativa habitacional, pese a haber puesto el caso en conocimiento de los Servicios Sociales municipales.

“Rosario no tiene capacidad económica para pagar una vivienda en alquiler de mercado dada la escalada de precios, provocada por la burbuja especulativa y la transformación de uso residencial a turístico de cientos de viviendas del Casco Histórico, con autorización del Ayuntamiento, lo cual reduce la oferta de alquiler y lo encarece” denuncia la formación.

Movimiento Sumar recuerda que el pasado 30 de julio desde el Ayuntamiento se dio respuesta a una situación similar, el caso de Lucía, vecina del Casco enferma de cáncer de 61 años y con discapacidad, al borde del desahucio en ese momento. Se le facilitó una vivienda en alquiler del parque público de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

Con motivo de esa decisión el alcalde Carlos Velázquez manifestó que este tipo de actuaciones son las que dotan de verdadero sentido al servicio público y a la gestión política orientada al ciudadano y declaró textualmente que “gobernar consiste precisamente en esto: en ofrecer soluciones reales y eficaces a los vecinos y vecinas de Toledo, especialmente a aquellos que atraviesan momentos de máxima necesidad”.

Ahora, dice Movimiento Sumar, “Velázquez tiene una nueva oportunidad de dar una solución a un problema de una vecina en situación de necesidad, proporcionándole una vivienda del parque público a un precio asequible, tal como hizo con Lucía”.

Según desvela la formación “existe constancia de que el Ayuntamiento dispone de viviendas vacantes, en el Casco, en el Polígono, en San Antón, al margen de las que pueda tener la EMV y, en su defecto, cabe solicitar una cesión temporal del parque público de la Junta de Castilla-La Mancha”. Sobre este caso, advierten, “no se comprendería que se actuase en el caso de Rosario de forma distinta o que no se actuase”.

“El mercado del alquiler de Toledo es inasumible para muchos”

Para Movimiento Sumar, este tipo de problemas “ponen de manifiesto que el mercado de alquiler en Toledo es inasumible para muchas personas y familias” y exige de una “intervención” de las administraciones, para detener la proliferación de viviendas turísticas e incrementar la oferta residencial, además de limitar la subida de precios.

Desde su punto de vista es “incomprensible” que el gobierno municipal de PP y Vox hayan rechazado en el Pleno hace apenas unos días la declaración del municipio como zona residencial tensionada, tal como reclamaba la oposición, para así activar los mecanismos de control de precios que permite la Ley de Vivienda estatal.

Este domingo, a las 19 horas, la Unión Popular de Inquilinas ha convocado una Asamblea “urgente” en la plaza de Zocodover a la que invita a sumarse a toda la ciudadanía para exigir al Gobierno de España que se apruebe cuanto antes el llamado 'decreto Mari Carmen' para frenar la expulsión del hogar de personas vulnerables.

Rosario tiene 80 años y vive en el Casco Histórico de Toledo. Este lunes perderá la vivienda en la que ha vivido siempre, en el barrio de San Justo de la ciudad, uno de los más frecuentados por los turistas. Es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse.

Percibe una pensión de apenas 500 euros mensuales y es una persona con discapacidad. Los herederos de la vivienda en la que vive quieren vender el inmueble y poner fin a su permanencia en la casa. Este lunes debe entregar las llaves.

Ha acudido a los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento que gobiernan PP y Vox. También ha pedido ayuda a la Iglesia católica, pero hasta el momento no ha encontrado una solución que le permita garantizar su vivienda.

La Unión Popular de Inquilinas de Toledo pide “solidaridad” con Rosario, y ha convocado a la ciudadanía este lunes, a las 19.30 horas, en el momento en que debe marcharse de su casa.

“Rosario no debe entregar las llaves de su casa. No vamos a aceptar que una mujer de 80 años, sin hijos, sola y con una pensión de 500 euros, sea expulsada de su casa sin que exista una alternativa habitacional digna y ponemos de relieve que se trata de un problema sistémico que nos está deshumanizando y expulsando de nuestros barrios”, denuncia el colectivo.

Cree que la respuesta ante esta situación tiene que ser colectiva para “acompañar, organizarse y defender el derecho de Rosario a permanecer en su casa”.

Para la Unión Popular de Inquilinas la situación de Rosario vuelve a poner sobre la mesa la falta de vivienda asequible en Toledo y “las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones”.

En Toledo se muestran las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones

Reclaman al ayuntamiento que ponga a disposición de las personas que lo necesitan los recursos de vivienda pública existentes. La organización denuncia que “hay viviendas sociales reformadas desde 2024 en la zona del Tránsito que continúan sin ocupar”, y exige conocer cuántas viviendas públicas permanecen vacías, en qué condiciones se encuentran y por qué no están siendo utilizadas para atender situaciones de emergencia habitacional como la de Rosario.

También señalan la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. En este punto explican que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Este mismo domingo se celebraba una asamblea “urgente” en la céntrica plaza de Zocodover “en solidaridad y respaldo de las compañeras inquilinas de España”, en la que ha participado cerca de un centenar de personas.

“Ni un paso atrás”, señalan, hasta que se apruebe el 'decreto Mari Carmen'. A la espera de lo que pueda ocurrir en la reunión del Consejo de Ministros de esta próxima semana, ya se anuncian nuevas movilizaciones en la ciudad.

Movimiento Sumar Toledo se ha sumado a la petición para pedir al ayuntamiento que dote de alternativa a la anciana.

La Unión de Inquilinas de Toledo celebrará además Asamblea Abierta al próximo viernes 2 de octubre a las 19:30 horas, en el anfiteatro de las Tres Culturas de la ciudad. “Queremos encontrarnos con todas las personas que estén atravesando situaciones similares: alquileres inasumibles, amenazas de desahucio, viviendas en manos de grandes propietarios, falta de alternativas habitacionales o cualquier otra situación que ponga en riesgo el derecho a permanecer en sus casas”, explican y hacen un llamamiento a la ciudadanía a acudir y organizarse.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo han anunciado este lunes que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir viviendo sola”, ha señalado la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios.

Movilizaciones en Castilla-La Mancha, acampada en Madrid

Esta semana se han producido movilizaciones en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. La plaza del Pilar en Ciudad Real reunió el viernes a más de 250 personas en una concentración para denunciar el desahucio de Mari Carmen Abascal, una vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, convocada por CNT y apoyada por Amnistía Internacional.

Durante la concentración se leyó un manifiesto para recordar a “todas las Mari Carmen”, incidiendo en que “ la vivienda es un derecho humano” y que el desahucio se había producido a pesar de haber vivido durante décadas en su casa y haber pagado siempre su alquiler. “Fue desahuciada sin una alternativa habitacional adecuada, a pesar de que Naciones Unidas había pedido la suspensión del desalojo”.

Para Amnistía Internacional, “es una vulneración de derechos humanos y muestra el fracaso de las instituciones a la hora de proteger a una persona vulnerable”.

La organización recordo que “no es un caso aislado” porque “España vive desde hace años una crisis estructural de la vivienda”, con alquileres que “se han disparado”, mientras la vivienda social representa apenas el 1,71 % del parque de alquiler, frente a una media del 9 % en la Unión Europea. Según datos facilitados por Amnistía Internacional entre 2013 y 2025 se han producido alrededor de 600.000 desalojos.

Quienes se concentraron en Ciudad Real lo hicieron para decir que “Mari Carmen no está sola” y que “nadie debería ser expulsado de su hogar sin una alternativa habitacional adecuada”.

“Castilla-La Mancha también tiene responsabilidades”

Desde ayer sábado cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, tras participar en una multitudinaria manifestació para apoyar a Mari Carmen y reclamar soluciones para este tipo de situaciones.

Eso, añadían, incluye también a Castilla-La Mancha. “Nuestra región también tiene responsabilidades que asumir para que aquí no se produzcan casos como el de Mari Carmen”.

En este aspecto recordaban que la recién constituida Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna de Castilla-La Mancha, de la que forma parte Amnistía Internacional, reclama al Gobierno regional anto alquileres estables y asequibles como que se declaren zonas de mercado residencial tensionado donde sea necesario para regular los precios. “¡Castilla-La Mancha aún no ha declarado ninguna!”, criticaban.

También piden un incremento sustancial del parque público de vivienda, con protección permanente o que antes de cualquier desalojo exista una alternativa habitacional real y digna, y que los casos de vulnerabilidad se detecten y atiendan desde el primer momento, con prevención, mediación, asesoramiento y acompañamiento.

Protección reforzada para las personas con discapacidad, problemas de salud mental u otras situaciones de especial vulnerabilidad, y que nunca se las desaloje sin valorar sus circunstancias y garantizar una alternativa.

Este sábado se ha celebrado Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha en el que se ha aprobado una resolución sobre Vivienda. Es una declaración de intenciones, en la que se citan los desahucios, pero solo para decir que ha descendido el número de lanzamientos en la comunidad autónoma.

“Castilla-La Mancha ha tenido una evolución claramente descendiente en materia de desahucios de viviendas. Si en 2013 era una región que lideraba el número de desahucios en 2025 es la situación contraria, pasa de 2.762 en 2013 a 700 lanzamientos practicados en 2026, una caída aproximada del 75 %. El mínimo de la serie cerrada es 2025, incluso por debajo del dato excepcional de 2020 debido a la pandemia del COVID”, detalla, sin aludir a medidas sobre este tipo de situaciones que afectan a personas con nombres y apellidos, y con una casuística muy variada.

Silencio de PP y Vox: votaron contra el escudo social antidesahucios

Castilla-La Mancha prepara una Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda que no contempla frenar desahucios como el de Mari Carmen, en aras a proteger la vulnerabilidad de las personas. Esta semana el consejero de Fomento Nacho Hernando aseguraba que hay negociaciones con PP y Vox “muy avanzadas” sobre la futura norma, pero el PP se ha apresurado a negarlo y dice que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” porque solo han sido convocados a una reunión. .

El PP castellanomanchego tampoco ha dicho ni una sola palabra sobre casos como el de Mari Carmen. En un comunicado aseguran que el partido presentará una “larga” serie de enmiendas “responsables” al texto planteado por el Grupo Socialista que tiene que ver con la defensa de la autonomía municipal, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la actualización del planeamiento, la movilización de suelo, la colaboración público-privada, la vivienda protegida, el acceso de los jóvenes, la rehabilitación y las necesidades específicas de los pequeños municipios.

Ni una palabra sobre las personas vulnerables o la posibilidad de estudiar casos que necesitan especial protección, por distintas circunstancias. Tampoco se le conoce una propuesta en este sentido a Vox. En febrero tanto PP como Vox, además de Junts, tumbaron el escudo social antidesahucios propuesto por el Gobierno en el Congreso.

En estos días, las protestas se repiten en el territorio nacional. En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional recuerda que es necesaria una Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha “que reconozca la vivienda como derecho humano y establezca garantías para hacerlo efectivo”.

“El derecho a la vivienda no puede quedarse en una declaración. Las administraciones están obligadas a respetarlo, protegerlo y adoptar medidas para garantizarlo, y nadie debería acabar sin hogar a causa de un desalojo, inciden. ”Necesitamos más vivienda pública y asequible, medidas para acceder y permanecer en una vivienda digna, y proteger a las personas vulnerables, evitando que la vivienda se trate solo como un activo económico“.

Mirad, entre las cosas preocupantes que nos cercan, voy a hablaros de algo muy grave, pero que está en nuestra mano evitar. Y, si lo logramos, echaremos un buen freno al neofascismo. Se trata de la trampa que la ultraderecha y la derecha radicalizada nos están tendiendo a las feministas para volvernos racistas. Quieren embaucarnos con mentiras porque saben que cuando nos movilizamos somos poderosas. Y su objetivo es redirigir nuestro foco para que, en vez de combatir al machismo discriminador, abusador, maltratador y violador, al sistema patriarcal global, nos volvamos contra los inmigrantes a los que el fascismo etiqueta, sin pruebas y en conjunto, como “delincuentes sexuales”.

Lanzo la alarma: la estrategia funciona. Doy testimonio, por mi entorno directo, de que el miedo al inmigrante, como potencial enemigo, peligro para las mujeres, violador, cala incluso entre mujeres muy listas, progresistas, comprometidas con los derechos sociales y humanos. Compañeras que dicen que “el miedo es libre” y ven lógico que las ceutíes teman ataques sexuales y violaciones por parte de las decenas de miles de inmigrantes que siguen en la calle tras la numerosísima entrada del 30-31 de julio.

¡Pero si esta entrada ha sido en la que han llegado más mujeres y niñas! ¡Si seguimos sin protegerlas, ni a ellas ni a chiquillos y adolescentes, solos y tirados en la calle, a merced de lo que les haga cualquier desalmado, extranjero o español! Hermanas que huyen de un Marruecos aún más machista que España, donde el maltrato se silencia más y hay hasta matrimonios infantiles forzados.

El mantra racista de que los inmigrantes son potenciales violadores está calando incluso entre muchas de nosotras, feministas. Una venenosa mentira inoculada por los fascistas para restar nuestro empuje de la defensa de tantas mujeres, niñas y chavales, hermanas y hermanos nuestros, que han sufrido en Marruecos y sufren violencias también en Ceuta.

Por supuestísimo es injustificable que el gobierno central y el ceutí, dos meses después, sigan sin ubicar a los inmigrantes bajo techo, que las demás autonomías no reciban, como Navarra, a parte de los recién llegados, que el presidente Vivas no acepte la oferta del Ministerio de Infancia de traer a 500 niñas a península… Porque la población de Ceuta tiene derecho a vivir sin el sobresalto de gente que vaga, con hambre, sed, heridas, frustraciones, haciendo sus necesidades y buscándose el sustento como pueden.

Pero, que no nos confundan. En la vivienda la derechona usa el mantra de los okupas, que son una cantidad mínima, para tapar a los verdaderos culpables que son los especuladores, fondos buitres y plataformas de alquiler turístico. Y en la migración usa el mantra del violador, y hace numeritos con botes de gas pimienta, para tapar que, con una diferencia numérica abismal, son los inmigrantes quienes sufren violencias salvajes.

Abusos ultraderechistas a menores

Quien era responsable de redes sociales de Vox tuvo que dejar el partido este diciembre acusado de agresión sexual por un chaval afiliado de 16 años y ese mismo mes se imputó al alcalde del PP de un pueblo de Castellón por agresión sexual a dos menores; en enero condenaron a 9 años de cárcel al ex portavoz de Vox en Huércal (Almería) por agresión sexual a una menor; entre los nuevos diputados regionales del AfD alemán hay neonazis, una explotadora sexual y un condenado por robo; Israel usa la violencia sexual sistemática contra las y los palestinos… ¿Qué nos va a contar de violaciones la internacional reaccionaria cuando su jefe máximo, el amoral de Trump, ha sido obligado, por un juez federal, a pagar 5,8 millones de euros por abuso sexual a la escritora E. Jean Carroll?

El gobierno PSOE-Sumar tiene que atajar ya, sin que pase un día más, las palizas y ataques químicos de soldados españoles contra inmigrantes indefensos, incluidos menores de edad. Porque, en caso contrario, estará siendo cómplice del racismo fascista que aplican estos militares.

Aquí en España, en Ceuta, se está perpetrando violencia institucional, gaseos y palizas del ejército que dirige la socialista Margarita Robles, contra las personas inmigrantes, incluidos niños. Este periódico está publicando los vídeos de los apaleamientos y en la última semana ha comprobado hasta tres ataques con gas pimienta o lacrimógeno de cuyos efectos, en la piel y ojos de los menores de edad, todos hemos podido ver fotos.

¿Cuántas horas van a pasar hasta depurar responsabilidades de forma ejemplar? Igual que no se puede tolerar, en un gobierno de coalición PSOE-Sumar, la violencia del desahucio de Maricarmen Abascal, a sus 87 años, hay que parar estas agresiones ya, y hacer que caiga el peso de la ley sobre los soldados que están imponiendo entre los vulnerables inmigrantes de Ceuta el terror de los ataques físicos y químicos.

Violentos reaccionarios y migrantes faro

El neofascismo quiere extender la violencia por todos lados. Telaraña para atraparnos. Lanzan violencia verbal, con amenazas de “cárcel por traición” al presidente Sánchez, a las ONG a quienes Vox apunta diciéndoles “ya saben el futuro que les espera cuando Vox gobierne, incluidas las de la Iglesia”, pasando a los ataques a sedes como la de Cruz Roja en Ferrol, al linchamiento, en su coche, de una diputada autonómica ceutí y dos abogados…

Crean el clima, intolerante, machista, racista e islamófobo en el que, en nuestras calles, el pasado 11-S se atacó a dos vecinos de Oviedo al grito de “¡Rojos de mierda!” y el sábado pasado, en Tavernes (Valencia) dieron una brutal paliza a un chaval chillándole “¡Vete a Marruecos!” porque tenía “rasgos magrebíes”, que vete a ver de dónde es, ¿verdad? y como si, caso de ser marroquí, eso permitiera golpearle.

Yo, querida amigas feministas, queridas y queridos conciudadanos demócratas, creo que hay que temer a estos neonazis sueltos, impunes y envalentonados. Violentos que nos tienen aterrorizados a inmigrantes y españoles, racializados, musulmanes, LGTBIQ+ o a quienes, a ojo vista, nos identifiquen como progres y feministas.

La ultraderecha, que practica la violencia, verbal y física, es la que asusta y la historia prueba que debemos temerla y frenarla. En cambio, las y los inmigrantes que he conocido esta década son gente inspiradora y que devuelven la fe en la especie humana.

A ellos es a quienes temer, no a la gente inmigrante. Que habrá de todo, como en cualquier colectivo, claro. Pero yo sólo puedo decir cosas buenas de mi experiencia de estos últimos diez años en los que, por avatares del trabajo y la vida, he entrevistado, frecuentado y acabado siendo amiga de tantas personas que emigraron a España, algunos en avión, la mayoría a pie, en patera, a nado, o saltanto vallas.

Pienso en mis amigos Sani y Modyo, cameruneses, uno alto asesor en Relaciones Internacionales y divulgador sobre África, el otro jornalero y albañil; en el maliense Yakouba, estudiante de Finanzas y Contabilidad que trabaja en una ONG y el marfileño Adama, conductor de camión, en la marroquí Fátima, jornalera de frutos rojos y sus compatriotas Ousama y Mouna, ambos trabajando en hoteles, aunque él se sigue preparando como realizador de cine tras ganar, en Marruecos, algún premio de cortometraje; en el sudanés Abdellatif, conserje y estudiante de Comercio Internacional; en la nicaragüense Nereida, tan amorosa cuidadora de ancianos como eficaz ayudante de cocina en bares o cajera de supermercado; en la compañera periodista Angie, ecuatoriana, tantos años, desde la carrera, trabajando en restaurantes.

Mis queridos senegaleses incluyen a Bineta, gobernanta de hotel, madre de tres hijos, y Fatou, dueña de su agencia de viajes y tienda africana, a Mahmud, carpintero y atrezzista, Saiba, filósofo político, Abass, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Elhadji, premio en la ESO para adultos de Andalucía y universitario de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Birane, cantante y mediador cultural, Thimbo, actor, Abdou, estudiante del grado de Técnico de integración social y responsable de una casa de acogida.

¡Menudo plantel! ¡Ni salido de un cásting! Y sólo os he dicho lo que hacen no lo magníficas personas que son, cómo me abre la mente hablar con cada una de ellas y me devuelve la fe en la especie humana. En sus manos me confiaría y les encomendaría mis hijos, con tranquilidad plena. Lejos de ser un peligro son, sois, queridos amigos, un regalo, un tesoro para España, vuestra nueva casa. Gracias por haber venido y por mejorar, con vuestra llegada, el país que compartimos y que impulsaremos, juntos, hacia un futuro libre del terrible fascismo.

Detrás de cada persona que se ve obligada a cruzar la frontera hay una historia de huida, de guerra, de miseria... de un modelo económico global que expulsa a millones de personas de sus territorios. Lo que está ocurriendo en Ceuta, por más que insistan los medios de comunicación y buena parte de la clase política española, no es una invasión.

Cuando hablan de “asalto a la soberanía”, no están describiendo la realidad: están construyendo un relato. Un relato del que intencionadamente quedan fuera las consecuencias de la colonización, los derechos humanos y la protección internacional. Y una vez generado ese relato la migración se convierte en amenaza y deja de importar si la persona que llega es una niña sola, un joven que huye de una guerra o alguien que simplemente busca un salario digno: todas ellas quedan mezcladas en una misma masa a expulsar.

La respuesta política a la llegada de personas migrantes no ha sido, en general, una respuesta de derechos. Ha sido, sobre todo, una respuesta de orden público y de rentabilidad electoral. Y ese falso relato se traslada a la calle, y allí se convierte en violencia concreta. Algo que para sorpresa de nadie es aprovechado por el fascismo para generar miedo y capitalizar sus discursos.

El resultado es el que estamos viendo, un Estado que combina la inacción sobre las causas con una gestión fundamentalmente policial, y una parte de la ciudadanía que, azuzada por meses de discurso de “invasión” y de odio, termina dirigiendo su frustración contra las personas más vulnerables de la ecuación: los propios migrantes y quienes les ayudan.

Cuando los derechos se convierten en cifras y los cuerpos, en fronteras

Uno de los síntomas más claros de este desenfoque está en el propio vocabulario que se utiliza. Cuando lo que está ocurriendo en Ceuta se traduce, en la agenda política, en la pregunta de cuántos menores 'le tocan' a cada comunidad autónoma, algo fundamental se ha perdido por el camino.

Hablar de 'repartir' personas —y especialmente niños y niñas— convierte los derechos humanos en una cuestión logística. Por supuesto que tiene que existir corresponsabilidad entre territorios pero si el debate se limita a cuántas personas corresponden a cada lugar, dejamos sin responder las preguntas que realmente importan: qué vivienda, qué educación, qué atención psicológica, qué itinerario formativo y laboral y qué protección frente al racismo se les va a garantizar cuando lleguen.

En este contexto, una vez más las mujeres vuelven a ser utilizadas e instrumentalizadas por discursos racistas, fronterizos o militaristas. La violencia sexual contra las mujeres no empezó con la llegada de personas migrantes a Ceuta, ni termina allí, ni puede explicarse a partir del origen de quienes agreden. Los cuerpos de las mujeres han sido históricamente, y siguen siendo, un territorio de guerra: las violaciones utilizadas como arma en conflictos coloniales y la esclavización sexual son algunos de los ejemplos más brutales de ello.

Lo que sí está ocurriendo es que cientos de mujeres y niñas migrantes han quedado en una situación de extrema vulnerabilidad: sin alojamiento suficiente, fuera durante días de los sistemas de protección, durmiendo en espacios precarios y desplazándose por una ciudad sumida en el caos. Una realidad que debería activar mecanismos de protección y cuidados, no convertirse en combustible para discursos racistas o militaristas.

La responsabilidad de quienes dicen estar del lado correcto

El Gobierno Vasco ha reivindicado durante años mayores competencias en materia migratoria y ha defendido su propio modelo de acogida como referencia; Navarra cuenta con un Plan de Acogida vigente y ha expresado su disposición a asumir menores procedentes de Ceuta. Sin embargo no basta con reclamar competencias si luego, en el terreno, la respuesta a la pobreza visible es la de criminaliza dar de comer como ha sucedido en Donostia.

No basta con la solidaridad discursiva si no se traduce en recursos estables, vivienda, itinerarios de regularización y una política de acogida que no dependa de la buena voluntad de un puñado de voluntarios y voluntarias.

En el caso de Donostia el paralelismo con la frontera sur no podría ser más directo. Allí se militariza la costa y se devuelve en caliente; aquí se identifica a quien reparte un bocadillo. Allí se vincula la llegada de personas con la inseguridad; aquí se vincula una cena solidaria con el “efecto llamada” y la delincuencia. En ambos casos, el problema que se combate no es la pobreza ni la falta de acogida: es la visibilidad de la pobreza y de quienes intentan paliarla.

No se puede hablar de pobreza sin cuestionar el modelo económico capitalista que la sustenta y que sigue manteniendo a una parte de la clase trabajadora en situación de irregularidad crónica. Esto es lo que permite que sectores como la agroindustria intensiva, la hostelería o los cuidados dispongan de mano de obra que no puede negociar condiciones, denunciar abusos ni rechazar salarios de mierda.

El problema es un sistema que expulsa a unas personas de sus territorios, las explota cuando llegan y después pretende enfrentarlas con quienes ya estaban aquí.

Desde ESK reafirmamos nuestro compromiso con una Euskal Herria y con un mundo desmilitarizado, solidario y justo, donde ninguna persona sea tratada como una amenaza por buscar una vida digna. Ningún derecho se puede sortear ni repartir: los derechos humanos se garantizan.

Elena Díaz Galán (Madrid, 1990) es desde hace medio año relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, una tarea para la que son elegidos expertos independientes con la misión de informar sobre la cuestión. En su caso, ha recibido el encargo tras una carrera académica centrada en estos temas y mientras ejerce como profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su discurso se centra en la necesidad entender la lucha contra la pobreza como una cuestión de derechos humanos y en no desviar el foco de la cuestión en un momento en el que asegura que no es prioritaria para muchos estados.

Su primer informe como relatora se centra en la pobreza en las ciudades, que actúan como “la primera línea que recibe las crisis”. Y, en ese contexto, destaca el papel “fundamental” que juega la vivienda en las situaciones de pobreza, en una conversación que se produce justo antes de su participación en el II Simposio Europeo sobre Aporofobia, organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en Santiago de Compostela. En una jornada en la que se ejecutó el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, en Madrid, Díaz Galán recuerda que el derecho a la vivienda es esencial y uno de los que “se supone” que en sociedades como la española “tendrían que estar garantizados plenamente”. Pero avisa de que ni la Unión Europea ni España ni las administraciones locales están adoptando las medidas necesarias para ello.

En el simposio va a hablar del marco europeo contra la aporofobia, ¿qué tal lo está haciendo Europa?

Estas cuestiones siempre han sido fundamentales, pero en un momento como el actual, complicado en materia de derechos humanos, todavía más. Queda mucho por hacer para que se reconozcan esos delitos de odio, tanto en Europa en general como en la Unión Europea en particular. El marco general está bien, pero hay que trabajar todavía bastante para reconocer y regular jurídicamente, que es un paso necesario, la condena a todos estos actos.

Habla de un momento complicado para los derechos humanos, ¿qué está pasando?

Creo que el trabajo que debe hacer Europa debe complementarse con lo que se haga a nivel universal. La UE puede tener un papel clave, al ser una organización de integración, para establecer mecanismos de garantía eficaces para controlar estos comportamientos y estas violaciones de derechos humanos, porque yo siempre sostengo que la pobreza es una cuestión de derechos humanos y que su garantía efectiva contribuiría mucho a combatir y a erradicar la pobreza. Se ve un ataque a los derechos humanos a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional y universal. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Consejo de Europa, que cuenta con mecanismos para la protección de los derechos humanos, hay algunos estados que, por la situación geopolítica internacional actual, se han salido de la organización. En el marco de otras instancias, como Naciones Unidas, hay algunas limitaciones, sobre todo de recursos. Se han visto recortes importantes y eso es consecuencia directa de las políticas que se están desarrollando y de la importancia en la que se están situando los derechos humanos como una prioridad o no tanta prioridad para los estados frente a otras cuestiones. Y se puede apostar por la protección de los derechos humanos al mismo tiempo que se garantizan la paz y la seguridad internacionales. Hay dos cuestiones fundamentales: no retroceder ni un milímetro en todo aquello que hemos conseguido en protección y garantía de los derechos humanos y compaginar esto con la seguridad internacional.

¿En qué cuestiones está centrando su periodo como relatora especial?

Ya hemos lanzado el primer informe, que es sobre ciudades y pobreza, que ya está publicado. El alto comisionado de Naciones Unidas sitúa a las ciudades como la primera línea que recibe las crisis. Dentro de ese informe se están desarrollando otros temas, como la lucha contra la feminización de la pobreza, que necesita ser abordada todavía de forma intensa. Y hay que avanzar hacia la consagración de un instrumento que proteja a las personas que viven en pobreza para evitar actos de aporofobia.

Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en España, más acuciante en entornos urbanos, es la vivienda, que acapara rentas. El caso de Maricarmen, una anciana de 87 años que vive en Madrid, es la cara más reciente de los desahucios, pero son habituales las historias de personas vulnerables que tienen que dejar su vivienda. ¿Cómo se relacionan vivienda y pobreza?

Tiene un papel fundamental. Una de las cuestiones del simposio es qué derechos se ven más afectados para quienes sufren actos de aporofobia. Hay una cuestión extremadamente preocupante y es que, en muchos casos, son derechos de naturaleza civil y política, es decir, los de primera generación, que se supone que, en nuestras sociedades, ya tendrían que estar garantizados plenamente, también para las personas que viven en la pobreza. Y vemos muchas violaciones en ese sentido. El derecho a la vivienda es uno de los esenciales que se ve violado y creo que es una preocupación esencial para Europa y, en particular, para la UE. No hay que irse a ninguna parte remota del mundo; lo encontramos muy cerca. Lo que observamos es que no se están adoptando las medidas a nivel nacional, y no hablo solamente de España, sino de toda la UE, pero tampoco a nivel local. El papel de las ciudades y de los gobiernos regionales es fundamental, porque se encuentran en un primer término del problema. No se hace lo suficiente para garantizar este bien básico que es la vivienda.

¿Cómo ve una experta en cuestiones de pobreza y derecho internacional como usted la situación en Ceuta y los términos en los que se está dando el debate?

Hay que plantear la cuestión desde la perspectiva de la protección y la garantía de los derechos humanos en primer término. Ahí se ve bien cómo se agrava la situación de las personas que viven en la pobreza con otras circunstancias o elementos, como los grupos a los que puedan pertenecer. Los migrantes en situación de pobreza tienen una situación más grave que una persona que viva en pobreza, que ya es complicado de por sí. No hay que perderlo de vista, porque complica aún más la situación.

¿Se acumulan varias capas de discriminación?

Sí, se agrava el rechazo, si es que eso es posible. Llegamos a una situación de completa exclusión social e invisibilidad. Un migrante en situación de pobreza está más sometido a un eventual desprecio que una persona no migrante, que está sometida también a desprecio.

¿Qué piensa de discursos, a menudo basados en bulos, contra el ingreso mínimo vital o sobre las ayudas a personas migrantes? ¿Hay una distancia entre una parte de la sociedad y estas realidades?

Hay una labor importante para concienciar y desarrollar políticas educativas para ello. Queremos consagrar un instrumento jurídico que obligue a los estados, porque, si no existe esa obligación, es complicado que se vean resultados efectivos para personas que viven en la pobreza. Hay pasos previos o complementarios a ese instrumento vinculante, que son políticas públicas para concienciar a la sociedad, que creen una atmósfera positiva para entender la situación. Las causas por las que uno tiende a pensar de una manera u otra son diversas y no voy a generalizar, pero muchas veces es desconocer a qué nos referimos, qué consecuencias tiene ese discurso para las personas en situación de pobreza. Se ha observado en muchos estudios que se genera una situación de inferioridad y que se sienten humilladas y culpables por encontrarse en esa situación. Y es muy grave decir esto.

La experiencia de cruzar fronteras implica mucho más que un cambio de coordenadas geográficas, supone una transformación identitaria atravesada por pérdidas silenciosas y reconstrucciones personales. Bajo esta premisa cobra vida 'Caminante: historias resonantes de la migración por Europa', un proyecto de podcast producido y presentado por la periodista mexicana Norma Saldaña.

Afincada en Santander tras una trayectoria profesional de más de diez años en medios impresos, de radio y televisión en su país de origen, Saldaña ha emprendido este proyecto focalizado en la memoria migrante. Tras completar su primera temporada de diez episodios centrados en testimonios de mujeres, la iniciativa ha arrancado su segunda entrega incorporando también voces masculinas y la migración académica.

La génesis de Caminante se remonta a la propia vivencia migratoria de su conductora, quien ha experimentado en primera persona los obstáculos burocráticos y emocionales de la adaptación a un nuevo país. Su primer contacto con España tuvo lugar en septiembre de 2005, cuando se trasladó a Valencia junto a su marido. Allí se topó de forma abrupta con la falta de reconocimiento oficial de su titulación universitaria en Comunicación, lo que le impidió ejercer el periodismo a pesar de contar con una década de ejercicio a sus espaldas en cabeceras de renombre como la agencia estatal Notimex o el diario Reforma. Saldaña recuerda aquel momento como un duro golpe profesional que reducía su formación previa a un nivel de educación secundaria.

Ese primer choque motivó el regreso de la familia a Querétaro (México) en 2006, donde Saldaña continuó su carrera en periódicos digitales, la radio y la televisión pública local, además de cursar un máster en Comunicación y Cultura Digital por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sin embargo, tras quince años en territorio mexicano, la llamada de la tierra de su marido (de origen cántabro) impulsó una segunda migración hacia Santander a finales de 2022, esta vez acompañados por su hijo.

En esta nueva etapa en Cantabria, y tras lograr finalmente la equivalencia de su título universitario e integrarse en el Colegio Oficial de Periodistas de Cantabria, Saldaña terminó de germinar la idea de crear un espacio donde las vivencias de las personas migrantes dejaran de ser invisibles.

Poner nombre y rostro al 'duelo migratorio'

Uno de los pilares sobre los que se cimenta el espacio es el concepto de 'duelo migratorio', entendido como el proceso de pérdida y adaptación emocional que atraviesa toda persona que abandona su país de origen. La conductora explica que el episodio inaugural de la primera temporada, en el que entrevistó a una especialista mexicana dedicada al acompañamiento de personas migrantes, sirvió para “abrir el melón” de una realidad a menudo silenciada. A través de las reacciones del público, Saldaña comprobó cómo muchas personas descubrían por primera vez que “la pesadez, la nostalgia o el dolor que sentían tenían una denominación concreta y un sentido psicológico”.

En esta línea, la comunicadora considera que en Cantabria existe un cierto vacío en cuanto a espacios físicos e institucionales destinados al desahogo emocional para la población extranjera. Aunque reconoce la labor técnica y legal de entidades sociales como Cantabria Acoge o Movimiento por la Paz en la regularización de trámites administrativos, sostiene que hace falta una red de refugio que acompañe “el dolor de la pérdida” y recuerde que “el desarraigo es una etapa transitoria”. Frente a esta carencia, Saldaña ha invocado a “la importancia de la empatía entre pares y el valor de la amistad transnacional”, afirmando con gratitud que la bondad y el afecto carecen de nacionalidad.

Historias vitales frente a la deshumanización mediática

La urgencia por dar vida a Caminante responde también a una firme voluntad de contrarrestar el endurecimiento del discurso mediático y político hacia el colectivo migrante. La periodista ha manifestado su preocupación ante la proliferación de “relatos estigmatizantes que vinculan a las personas de origen extranjero con la delincuencia o las retratan como una carga para el sistema público”. Saldaña sostiene que “la deshumanización proviene del desconocimiento y de reducir vidas humanas a meros números o estadísticas”.

Nadie abandona su país, sus raíces y a su familia por mero placer

La presentadora asevera que “nadie abandona su país, sus raíces y a su familia por mero placer”, sino empujado por situaciones de violencia, inseguridad o falta de futuro, la mayoría de las veces. Por ello, defiende que el podcast constituye “un canal de sanación colectiva” tanto para quien relata su vivencia como para quien la escucha.

Al poner rostro, voz y emoción a los trayectos de vida, el programa busca desmontar los prejuicios que alimentan los discursos de odio, demostrando que detrás de cada proyecto migratorio existe el derecho fundamental de cualquier ser humano a construir una vida digna.

Grabación pública en el Ágora Solidaria Luis Toca

El diseño técnico y narrativo de 'Caminante' ha destacado por su carácter colaborativo y comunitario. Saldaña ha agradecido la generosidad del Ágora Solidaria Luis Toca, que ha cedido sus instalaciones para transformar la grabación en un encuentro abierto al público. Si bien la comunicadora admite que entrevistar a personas ajenas a la vida pública entraña una notable dificultad, por la intensidad emocional que, en ocasiones, puede surgir durante el directo, cree que la presencia de oyentes en la sala ha contribuido a su vez a tejer un ambiente de confianza e intimidad.

Tras una primera temporada compuesta por diez episodios protagonizados íntegramente por mujeres, la segunda entrega del proyecto introduce novedades significativas. El espacio ha comenzado a incorporar testimonios masculinos, reconociendo la dureza de los procesos migratorios que atraviesan también los hombres. Así, el primer capítulo de la nueva temporada ha recogido la experiencia de Efrén Navarrete, un estudiante mexicano que cursó su doctorado en Ciencia y Tecnología en la Universidad de Cantabria y llegó a incorporarse a la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Suiza.

De otro lado, el crecimiento de Caminante ha traspasado el plano del podcast digital para integrarse en la parrilla radiofónica tradicional. Saldaña ha confirmado con satisfacción que los episodios de la primera temporada han comenzado a emitirse en la emisora de radio Fractal FM de Málaga (87.8 FM) desde este mes de septiembre todos los jueves, lo que supone un hito en la trayectoria del proyecto y una vía para multiplicar el alcance de sus mensajes.

La periodista reitera su agradecimiento a las personas que han compartido su intimidad ante los micrófonos y hace un llamamiento a cualquier persona migrante que desee compartir sus vivencias. Quienes tengan interés en sumarse a las próximas grabaciones pueden contactar con la producción a través de sus perfiles en redes sociales en Instagram (@caminante.podcast). “Caminante continuará siendo una apelación constante a la empatía y a poner rostro a quienes han emprendido el camino lejos de su hogar”, concluye Saldaña.

Una veintena de casos recopilados por elDiario.es sobre el terreno atestiguan un patrón común según la denuncias de los migrantes que siguen en Ceuta: hay patrullas de militares que se dedican a cometer agresiones y vejaciones contra ellos. Actúa contra ellos, incluidos (al menos) tres menores de edad. Sangre en un labio roto, un ojo morado, una herida que chorrea por la cara desde lo alto de la cabeza. Moratones en los hombros, más heridas en la espalda, quemaduras… es lo que vemos en las imágenes que hemos podido recopilar. 

Recorremos estas historias con la periodista, enviada especial de elDiario.es a Ceuta, Gabriela Sánchez, e indagamos en la función que debería cumplir un militar en esta crisis humanitaria y en las razones que podrían llevarles a cometer las agresiones denunciadas. 

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Se produce, al fin, la mayor evacuación de universitarios gazatíes a España. Un contingente de 25. Es la cuarta operación de traslado de universitarios del Ministerio de Exteriores, que dirige José Manuel Albares, tras las tres previas en que el alumnado ha llegado a cuentagotas, pese a llevar uno y hasta dos cursos esperando. Desde el 2024-2025.

Pero aún se deja atrás, sin explicación, a una veintena de estudiantes, con los requerimientos cumplidos, cada cual con su nombre y sufrimientos, varios separados de hermanas y hermanos a quienes sí se autoriza a venir. La arbitrariedad ensombrece la noticia. Y los separados por la “buena” y “mala suerte burocrática”, así como la Red Universitaria por Palestina (RUxP) y Juristas por Palestina (JxP) ruegan que se traiga a España, cuanto antes, al total de la lista.

En el contingente viene Diana A.M. Aish, una de las gazatíes con más tiempo en la lista de espera, pues fue admitida en su doctorado de Sistemas Complejos, en la Politécnica de Madrid (UPM), en octubre de 2024. Hace dos años. Este 2026 consiguió, además, una beca de investigadora predoctoral. Y ahora manda un mensaje de resiliencia a sus compañeras y compañeros obligados aún a seguir aguardando. “Sé por mi experiencia, de dos años, que, cuando no te incluyen entre los evacuados, sufres y te desesperas. Pero no tiréis la toalla. Y ojalá pronto tengáis la oportunidad y alegría que yo, ya hoy, puedo disfrutar”.

En la primera evacuación española, en diciembre de 2025, llegaron siete alumnos. En la segunda, en junio de 2026, seis. Y en la tercera, en julio de 2026, otros seis. En total, hasta ahora, habían llegado 19. En esta cuarta ocasión vienen tres veces más que en cada una de las anteriores. Son 25, repartidos en vuelos a distintos destinos de la geografía española, hacia las ciudades donde están sus universidades. El primero de estos vuelos despegó ayer, martes 15, a las 10.55h, hora jordana (una más que en España) y llegó al madrileño aeropuerto de Barajas a las 15.25h, hora española. Los otros dos vuelos han despegado este miércoles 16, uno sobre las tres de la madrugada y el otro a las nueve de la mañana.

Cuando aterricen todos, en conjunto, habrán sido evacuados a esta España cuyo gobierno de coalición progresista se ha significado internacionalmente en la defensa de Palestina, 44 estudiantes, a lo largo de tres cursos, mientras que Italia ha llevado a sus universidades a 229 gazatíes, con el gobierno Meloni, sólo el curso 2025-2026, y, en el mismo periodo, Reino Unido a 113, con el ejecutivo Starmer.

La veintena de gazatíes dejados atrás, de nuevo, pese a tener su plaza en universidades españolas y todos los requisitos burocráticos cumplidos, son mucho más que números. Entre ellos están las cinco personas entrevistadas por elDiario.es el pasado julio y que, protegidas por nombres ficticios (Fadwa, Adania, Hiba, Refaat y Ghassan) transmitieron, de forma escalofriante, su padecimiento bajo el genocidio que perpetra el Israel de Netanyahu: desplazamientos, hambre, frío, calor, bombardeos, ráfagas de disparos, pérdida de seres queridos, temor a morir los siguientes… e incluso tentaciones de suicidio. Mientras, pese a todo, han seguido estudiando y tramitando formularios.

Los datos de la RUxP reflejan que la andaluza Universidad de Jaén es, con ocho estudiantes gazatíes, la que más universitarios ha traído desde Gaza, en estos tres cursos. En segundo lugar, está la Autónoma de Barcelona que, con esta cuarta evacuación, pasa de un alumno a seis. Y en tercer plano, coinciden con cuatro estudiantes, la Carlos III de Madrid y la Universidad de Las Palmas, en Canarias.

Una vez llegados a España estos 25 nuevos universitarios gazatíes, según datos de la RUxP, la andaluza Universidad de Jaén seguirá siendo la que más estudiantes gazatíes ha recibido en estos tres cursos, pues a los seis que ya tiene, se unen dos recién llegados hasta sumar ocho. La sigue la catalana Autónoma de Barcelona que tenía un alumno, ahora recibe cinco y se pone en seis. Y, en tercer lugar, coinciden con cuatro la Carlos III de Madrid y la Universidad de Las Palmas en Canarias.

Llega una de las veteranas de la lista

“Al saberme entre los evacuados”, revela Diana A.M. por WhatsApp a elDiario.es, “sentí felicidad por poder hacer el doctorado con el que tanto sueño. Pero también miedo de morir uno de estos últimos días aquí, antes de salir. Y de dejar a mi familia en este norte de Gaza, junto al mar, desde el que nos disparan, de dejarles bajo los ataques que aún nos lanzan”, confía sus sentimientos encontrados.

Diana Aish insiste en trasladar su mayor gratitud “a las autoridades y a la gente de España”, así como a la UPM, al tutor de su doctorado, Javier Galeano, catedrático de Física aplicada, a Laura Cordero, del Vicerrectorado de Internacionalización de la misma universidad y a David Peñafuerte, de la RUxP “por no abandonarme nunca en este largo proceso”.

El catedrático Galeano, que el 2 de julio, en declaraciones a elDiario.es, se manifestaba preocupado por “el riesgo de que (Diana) pierda esta oportunidad”, está ahora “muy contento” porque “al fin, ella podrá impulsar su investigación y estudios”. Pero, además, “porque en Madrid vivirá con la seguridad que hoy falta en Gaza”.

La Politécnica de Madrid acogerá, tras dos años de espera, a una de las gazatíes con más tiempo en la lista para ser evacuada. Se trata de Diana A.M. Aish, admitida en el doctorado de Sistemas complejos, en octubre de 2024. Sin embargo, Mahmoud M.M. Abudraz, aceptado como ella ese 2024, pero en el máster de Química avanzada de la Universidad de Burgos, ha vuelto a ser dejado atrás, ahora por problemas en los trámites con Jordania.

Mientras celebran la buena noticia, Galeano y su equipo hacen gestiones para ayudar a la joven a encontrar alojamiento, en un Madrid con los precios de los pisos disparados, y anticipan los pasos burocráticos que ella deberá dar en la Universidad “para ocupar su sitio con nosotros y emprender cuanto antes la investigación pura y dura”.

Sin información sobre por qué a la cuarta ha ido la vencida, Galeano, quiere creer que “tras la movilización de las universidades, contactos diplomáticos, la prensa… todo ha sumado para lograr la mayor evacuación hasta ahora”. Que incluye, “por suerte”, a su alumna. Pero, de cara a futuros casos “el proceso no debería ser tan lento ni opaco”, sino que “habría que explicar la prioridad de salida de un alumnado en vez de otro”.

Sensaciones muy parecidas traslada David Peñafuerte, de la RUxP, ya mencionado por Diana Aish, y técnico en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. “Desde la Red valoramos positivamente que aumente el contingente de estudiantes que el Ministerio de Exteriores saca”, manifiesta. “En efecto, es muy positivo” -coincide Pilar Barrado, magistrada, doctora en Derecho y coportavoz de JxP-. “Que llegue la mayor evacuación hasta ahora y que lo haga en septiembre, para aprovechar el curso”.

La Red Universitaria por Palestina espera, “con todas las cautelas”, que, ahora que se ha logrado la mayor evacuación, tras cambios en los consulados de Amán y Jerusalén, “haya más fluidez en el traslado del alumnado que todavía sigue en Gaza aguardando" llegar a España.

Peñafuerte apunta como factores explicativos de esta cuarta evacuación más numerosa y eficaz, cambios en los equipos consulares españoles tanto en Amán (Jordania) como en Jerusalén (Israel). Si bien quiere pensar “que también ha aportado la presión que hayamos podido hacer. El papel de la prensa, fundamental”, apunta en conversación telefónica con elDiario.es, tras la publicación de noticias sobre el tema por este periódico, en las que se dio cuenta de las gestiones tanto de la RUxP y las universidades, como de JxP, de asociaciones como la internacional Gaza40+ y la jordana “Ozwet Tulab Gaza”, así como de las preguntas parlamentarias, planteadas al Ministerio de Exteriores desde el Congreso, en junio de 2025, por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y su portavoz en temas de Educación y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

A criterio de la RUxP, según señala David Peñafuerte, “de ahora en adelante, lo esperable, lo que esperamos nosotros, aun con toda la cautela, es que haya mayor fluidez en las evacuaciones de quienes siguen todavía aguardando en Gaza para incorporarse a sus plazas en España”.

Barrado, de JxP, anuncia a elDiario.es que todos seguirán “trabajando para evacuar al resto de estudiantes” porque “la opacidad y arbitrariedad del proceso están llevando hasta a separar hermanos pese a cumplir los mismos criterios”. “Y además”, añade la magistrada, “hay que mejorar la ayuda económica al alumnado, una vez en España”. Todo ello “para garantizar una generación gazatí bien formada que, tras parar el genocidio, reconstruya Gaza”.

Reverso triste: quienes se quedan aún

La cara amarga de esta historia, como se viene apuntando, es la situación de la veintena de estudiantes dejados en Gaza, pese a tener plazas y cumplir los pasos administrativos. Destacan los casos de hermanos separados por la arbitrariedad burocrática.

Como la propia Diana A.M. Aish y su hermano Mohammed, quien está admitido por la Universidad Complutense para doctorarse en Ingeniería Informática. “Él y yo hemos hecho todos los trámites juntos y, aunque estoy feliz de irme a España, es muy triste dejarle atrás”, explica Diana. De inmediato, ruega “a las autoridades españolas que le permitan también a Mohamed salir de Gaza cuanto antes”. No sólo para que retome sus estudios sino “porque necesita tratamientos médicos”.

Un golpe inesperado ha sacudido a otro de los mayores veteranos de la lista de espera: Mahmoud M.M. Abudraz quien, como Diana Aish, fue admitido para estudiar en España el curso 2024-2025, hace dos años. En su caso, un máster en Química avanzada en la Universidad de Burgos. Ciudad donde los Abudraz tienen tíos y primos, ya nacidos en España, deseando recibirles. Hablamos de “los Abudraz”, en plural, porque el hermano de Mahmoud, Abdulkarim, sí que viene en esta cuarta evacuación y va a estudiar, en la Universidad de Burgos, el máster en Comunicación y Desarrollo Multimedia.

Mahmoud escribe a elDiario.es, por WhatsApp, desconcertado y desolado. “Tras hacerme perder un primer curso y, luego, otro”, empieza, “al fin, hace dos semanas, la Embajada de España en Jerusalén me anunció por teléfono que Israel había dado los permisos y yo estaría entre los evacuados el lunes 14. ¡Al fin la pesadilla terminaba!”. Pero todo se torció la semana pasada, cuando una nueva comunicación de la Embajada de España le informó de que ahora es Jordania, país desde donde suelen despegar los vuelos de evacuación, quien deniega el visto bueno a su viaje. “Me sentí como si alguien me hubiera arrancado del cielo en el que estaba y me hubiera reventado contra el suelo”, expone gráficamente.

“¿Por qué me pasa esto? ¡Soy farmacéutico, 100% civil, no he hecho daño a nadie en Jordania, ni en ningún sitio, jamás, ni a una mosca!”, clama. “Creo que me faltan las fuerzas para seguir viviendo. No es que quiera morir”, aclara, “sino que, de verdad estoy exhausto tras tantas bombas, la destrucción de nuestra casa, las huidas, entre muertes de gente querida, nuestra supervivencia en tiendas de campaña, con enfermedades, insectos, tantas necesidades sin cubrir y siempre esforzándome, siempre estudiando, siempre rellenando solicitudes, esperando, creyendo… ¡Cuánto puede aguantar un ser humano! Esto me hace sentir que sobro en el mundo, en la vida. Por ser palestino”.

Alternativas: vuelos desde Israel o Egipto

Pese a su angustia, tanto Mahmoud Abudraz como su hermano Abdulkarim, prefieren ser prácticos y centrarse en rogar a las autoridades españolas que insistan a Jordania o, si la vía jordana se estanca, que lo traigan desde un aeropuerto israelí, “o vía Egipto, que es por donde salió, en julio, un contingente de universitarios con plazas en Japón”, apunta el afectado.

“La historia de mi hermano no debe acabar con esta puerta cerrada”, señala Abdulkarim. “Hemos estudiado juntos, solicitado plazas juntos, esperado, sufrido decepciones y resistido juntos, con la ayuda de la familia de nuestro tío Sameeh, en Burgos, y de la universidad allí. Y ruego al gobierno y a la ciudadanía españoles, a quienes agradezco en el alma mi evacuación, que saquen cuanto antes de Gaza a quienes aún ven bloqueados su derecho a viajar para recibir una educación que representa para todos nosotros la esperanza de una vida digna y futuro”.

Esta cuarta evacuación demuestra, a criterio de los contactados por elDiario.es, que es posible para el Ministerio de Exteriores sacar a grupos más cuantiosos de estudiantes de Gaza de los que venía trayendo. Por eso, a pesar de los pesares, Mahmoud Abudraz seguirá aferrándose “a la esperanza de continuar mi vida y formación, en España, con el objetivo de ayudar, como farmacéutico, a la sociedad”.