Els mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil continuen cercant les dues persones migrants desaparegudes dissabte a la nit després de llançar-se a la mar des d'una pastera per intentar arribar nedant a la costa de Formentera.

Segons va informar la Delegació del Govern a les Illes Balears, l'operatiu desplegat per la Guàrdia Civil i Salvament Marítim va permetre rescatar altres 13 persones que viatjaven a la mateixa embarcació, localitzada a 14 milles al sud de l'illa.

Els ocupants de la pastera, tots d'origen magribí, van explicar als equips de rescat que cinc persones s'havien llançat a la mar abans de la intervenció. Tres d'elles van poder ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil, mentre que les altres dues continuen desaparegudes.

Aquestes persones se sumen a les altres 43 que també van arribar dissabte a Formentera a bord de tres pasteres. En el que va d'any, segons el recompte elaborat per Europa Press a partir de les dades de la Delegació del Govern i del Ministeri de l'Interior, ja són 3.128 les persones arribades en pastera a les Illes Balears.

Medios aéreos y marítimos de la Guardia Civil continúan buscando a las dos personas migrantes desaparecidas el sábado por la noche tras lanzarse al mar desde una patera para intentar llegar a nado a la costa de Formentera.

Según informó la Delegación del Gobierno en Balears, el operativo llevado a cabo por el Instituto Armado y Salvamento Marítimo permitió rescatar a otras 13 personas que viajaban en la misma embarcación, localizada a 14 millas al sur de la isla.

Los ocupantes de la embarcación, todos ellos de origen magrebí, explicaron a los equipos de rescate que cinco personas se habían lanzado al agua antes de la intervención. Tres de ellas pudieron ser rescatadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, mientras que las otras dos no han podido ser localizadas hasta el momento.

Los rescatados se suman a los 43 que arribaron también el sábado a Formentera a bordo de tres pateras. En lo que va de año, según el recuento realizado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, son 3.128 las personas llegadas en patera a las islas.

Dos migrants romanen desapareguts després de llançar-se al mar per intentar arribar nedant a Formentera des d'una pastera interceptada aquest dissabte al sud de l'illa. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat 13 persones més que viatjaven en la mateixa embarcació, localitzada a 14 milles.

Segons ha informat la Delegació del Govern a Balears, l'operatiu de rescat es va dur a terme sobre les 21.30 hores d'aquest dissabte. Els ocupants de l'embarcació, tots d'origen magrebí, van explicar als equips de rescat que cinc persones s'havien llançat a l'aigua abans de la intervenció.

Tres d'elles van poder ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil, mentre que les altres dues no han pogut ser localitzades.

Amb aquesta última arribada, ascendeixen a 56 els migrants arribats a Formentera durant la jornada de dissabte, després que 43 persones més arribessin a l'illa a bord de tres pasteres diferents.

Segons el còmput realitzat per Europa Press a partir de les dades de la Delegació del Govern i del Ministeri de l'Interior, el nombre de persones arribades de forma irregular a les Balears en embarcacions precàries ascendeix ja a 3.128 en el que va d'any.

Dos migrantes permanecen desaparecidos después tras lanzarse al mar para intentar llegar a nado a Formentera desde una patera interceptada este sábado al sur de la isla. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a otras 13 personas que viajaban en la misma embarcación, localizada a 14 millas al sur de la isla.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Balears, el operativo de rescate se llevó a cabo sobre las 21.30 horas de este sábado. Los ocupantes de la embarcación, todos ellos de origen magrebí, explicaron a los equipos de rescate que cinco personas se habían lanzado al agua antes de la intervención.

Tres de ellas pudieron ser rescatadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, mientras que las otras dos no han podido ser localizadas hasta el momento.

Con esta última llegada, ascienden a 56 los migrantes llegados a Formentera durante la jornada del sábado, después de que otras 43 personas alcanzaran la isla a bordo de tres pateras distintas.

Según el recuento realizado por Europa Press a partir de los datos de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, el número de personas llegadas de forma irregular a Baleares en embarcaciones precarias asciende ya a 3.128 en lo que va de año.

El pasado 4 de julio, sábado, mientras buena parte del planeta estaba pendiente de los cuatro partidos que se jugaban en el Mundial, un grupo de mujeres recorría, a oscuras, un campo de Mazatlán, en México. Caminaban a tientas, cuidadosas y pendientes de cualquier alteración del terreno. Eran madres buscadoras, colectivos de personas cuyos hijos, amigas o familiares han desaparecido.

Aquella noche habían recibido un “anónimo”, unas coordenadas que les son proporcionadas, ya sea en forma de una brevísima llamada telefónica o con una carta, que les da una pista de dónde puede haber una fosa común. Con las indicaciones, se dirigen al lugar sin más ayuda que la de una varilla que hunden en la tierra para luego oler su extremo. Si notan cualquier indicio de podredumbre, saben que ahí hay cuerpos enterrados.

Los avisos suelen tener el sello del crimen organizado, que acostumbra a ser responsable de las desapariciones. Pueden venir de un narco arrepentido o bien ser una trampa. Aquella noche fue lo segundo. El lugar indicado estaba plagado de minas que se activaron cuando las mujeres se acercaron demasiado. Las explosiones empezaron a sucederse y si ninguna madre resultó herida solo fue gracias a que un militar que las escoltaba reaccionó a tiempo. Lo hizo a cambio de perder la vida.

Sabedoras del peligro que corren, las madres intentan que algún miembro de la Policía o el Ejército las acompañe para protegerlas de una posible emboscada, aun cuando conocen la connivencia que hay entre las fuerzas de seguridad y el crimen. Porque solo así se entiende que haya 134.000 personas de las que hoy se desconoce su paradero en México.

Si bien la de los desaparecidos es una lacra que afecta a la totalidad del país, si hay un lugar donde se ha enquistado es Jalisco, que concentra el 12% de los casos. Pero esta crisis social no ha impedido que su capital, Guadalajara, sea una de las tres ciudades mexicanas que acogen el Mundial.

La contradicción se agrava todavía más cuando se sabe que el estadio Akron de Guadalajara está rodeado de fosas comunes. En 2025 se encontraron, en un radio de 17 kilómetros alrededor del recinto, más de 300 bolsas con restos humanos. Este año, a pesar de la celebración del Mundial, la perspectiva no ha cambiado; al contrario.

Pocas semanas antes del inicio del torneo, se encontraron, en el mismo radio, 140 bolsas que contenían restos que las buscadoras estiman que pertenecen a 31 personas distintas. El narco, que puede desmembrar a sus víctimas hasta en 20 partes para dificultar su identificación, ha incrementado su actividad a medida que se acercaba el Mundial y ha aprovechado la vigilancia en las inmediaciones del estadio para esconder allí a sus víctimas.

De hecho, se puede ver que la concentración de fosas se da también en el trazado del tren que se proyectó a propósito para el Mundial y que ha de conectar el aeropuerto con el Akron. Solo en esa línea que apenas llega a los 35 kilómetros, las madres han encontrado unas 400 bolsas con cuerpos que, de no ser por ellas, habrían quedado sepultados bajo las obras para siempre.

Las madres, frente al Gobierno

Guadalajara es la segunda urbe más importante de México, acoge diversos eventos internacionales y es sede de grandes empresas. Pero, a la vez, está en guerra. Después de la detención y muerte de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, diversos grupos criminales se disputan el territorio, agravando una sangrienta contienda que lleva años ya en ciernes.

En esta ciudad convive una frenética actividad cultural y económica con unos cárteles que son capaces de derribar helicópteros a cañonazos o de asesinar, a plena luz del día, a un exfiscal. Esa guerra necesita soldados, que se reclutan forzosamente entre los jóvenes de los municipios jaliscienses. Cuando dejan de servirles, son asesinados o se rebelan, acaban en una fosa común. El 98% de los desaparecidos que se encuentran ya están muertos.

Las desapariciones, además, también son una manera de mantener a la población bajo control. “Sé que mi hija está vendida y adjudicada. Sólo falta que vengan por ella”. Esta frase salió de los labios de una madre buscadora en una conversación con la periodista que escribe estas líneas, el pasado diciembre, en Guadalajara.

Ha visto diversas veces cómo seguían a su pequeña e, incluso, ha notado vigilancia fuera de su casa. Sabe que el peligro acecha. Por un lado, porque su hija cumple el perfil de las niñas que el narco secuestra para prostituirlas y, así, financiar parte de sus actividades. Y, por otro, porque es una manera de achantar a esta madre y conseguir que deje de buscar fosas e inhumar cadáveres en busca de sus hijos varones, que desaparecieron hace casi una década.

La ausencia está más que presente en la vida de los habitantes de esta ciudad. Aunque para el turista o asistente a macroeventos como el Mundial o la Feria Internacional del Libro (FIL) pueda parecer que no, en el estado de Jalisco desaparecen seis personas cada día. “Ando muy preocupada; mi sobrino quedó por una aplicación con alguien para comprarle un libro de la escuela. ¿Y si no sale bien?”, se lamenta otra mujer. Sabe de lo que habla, pues a ella misma le desapareció un hijo hace poco y es consciente de que no hay lugar seguro. Ni durante el día en la ciudad.

De hecho, aunque quiera actuar con una pretendida normalidad, la misma urbe va dejando pistas de la tragedia a quien quiera verlas. En la plaza de Armas, justo en el corazón de Guadalajara y mirando de frente a su imponente Catedral, se alza un Antimonumento. Se trata de esculturas realizadas -y defendidas- por los movimientos sociales, colocadas clandestinamente para denunciar una injusticia a la que el Gobierno ha girado la cara. Los hay por todo México y este recuerda a los desaparecidos.

La policía lo ha intentado arrancar, hacer desaparecer, varias veces. Pero los jaliscienses siempre la defienden. “No solo no es que lo intenten ocultar, sino que además no hacen nada para evitarlo”, apunta Marlety García, una de las portavoces del colectivo de búsqueda Entre Cielo y Tierra, creado para “compensar la inacción del Gobierno”. Son las madres las que buscan y, a veces, encuentran a los muertos, a quienes entierran como si fueran sus hijos aunque no lo sean. Y también son las que siguen el rastro del narco para intentar hallarlos en vida: salen a las calles, de noche, y rebuscan en los antros o sobre las azoteas, intentando reconocer entre los sicarios y halcones a los adolescentes desaparecidos.

Esa búsqueda también las lleva a lugares de pesadilla. Fueron las madres y no las autoridades las que descubrieron el rancho Izaguirre, un lugar en el que el cártel de Jalisco Nueva Generación adiestraba a los jóvenes que había reclutado forzosamente. Y también donde mataba a los que ya no les servían. En el rancho, las madres no encontraron fosas ni tumbas; encontraron hornos de cremación.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, negaron parte del relato de las madres. Aseguraron que no había habido incineraciones y rebajaron sustancialmente la estimación de víctimas, aunque las mujeres contaran con evidencias gráficas. “Es lo que hacen siempre, taparlo todo y negar lo ocurrido”, lamenta Marlety, que se apoya en las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que alertó de “omisiones forenses graves”.

“¿En qué se gastan el dinero? Ni nos protegen ni nos buscan”, se lamentan las madres, que afean al Gobierno que, mientras ellas van con varillas y desarmadas a exponerse a posibles emboscadas, las autoridades disponen de una tecnología y unos recursos que no les facilitan. “Ya te lo digo; se lo gastan en el Mundial”, se responden a sí mismas.

En el último lustro, el Gobierno de Jalisco ha gastado 236 millones de pesos (11,8 millones de euros) en los operativos de búsqueda de desaparecidos. Es un 37% menos de lo que se gastó, solo en 2025, para preparar el Mundial. “No estamos en contra del evento, que es algo maravilloso y precioso. Estamos en contra de que no se nos escuche. Así que vamos a aprovechar que todos los ojos están puestos en México para denunciar lo que está sucediendo”, sostiene Marlety.

Las madres buscadoras han organizado campañas, han convertido los rostros de sus hijos desaparecidos en cromos de fútbol para llamar la atención de los medios y han organizado marchas, muchas de las cuales han sido reprimidas por la policía. “Claro que tenemos miedo, pero más fuerte es el amor que sentimos”, sostiene.

Esta mujer vio por última vez a su hijo el 4 de agosto de 2017. No sabe nada de él, no ha encontrado pistas ni sabe si está vivo o muerto. Busca la ayuda de su Gobierno y su pueblo para encontrarlo. “¿Por qué no nos podemos unir para esto como nos unimos para apoyar a la selección de nuestro hermoso país?”, se cuestiona. Ella, aunque haya días en los que la fuerza le flaquee, no pierde la esperanza. Por eso, cada noche, sigue dejando encendida la luz de la puerta de su casa para que, si su hijo vuelve, pueda encontrar la entrada.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la cual interpreta que la Ley de Extranjeria no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dan la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, habían dado la razon al demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Esas dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar el extremo recogido en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El Supremo rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

El demandante alegaba en su recurso que se le había devuelto por la vía de los hechos al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

La Sala interpreta la Disposición adicional décima de la citada ley y sienta jurisprudencia. Los jueces tienen en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los “elementos de contención fronterizos” para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

El fondo del asunto trataba de determinar si en el mar se podía aplicar la alusión de la ley a “los elementos de contención fronterizos”, tales como las vallas terrestres. El Supremo concluye que no será así. “No cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”, recoge el fallo del alto tribunal

La citada Disposición de la Ley no podrá extenderse a todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

En todo caso, el Supremo advierte de que si el Estado establece en el futuro “elementos de contencion en el mar para proteger la línea fronteriza” entonces sea de aplicación la citada disposición adicional de la ley.

Alfredo y Benjamín llegaron a España en septiembre huyendo de una campaña de acoso, insultos y amenazas de muerte en su Guatemala natal debido a su orientación sexual, donde no eran libres y tenían que vivir “ocultos”. Actualmente, residen en Talavera de la Reina (Toledo), donde el Gobierno les ha concedido la condición de asilo.

“Nosotros teníamos una vida normal, trabajo, vida social, todo, y, de repente, empezaron a llegar notas escritas a mano a la puerta de nuestro piso insultándonos por nuestra orientación”, cuenta Alfredo en una entrevista con motivo del Día Internacional del Orgullo.

Si bien, Alfredo explica que, aunque en un principio pensaron que se trataba se una broma de algún vecino, llegó un momento en el que se encontraron fotos de él y de su pareja juntos colgadas en los postes del tendido eléctrico. Las imágenes, según relata, incluían frases como “esta es una casa de maricones” o amenazas contra sus vidas y las de su familia si no abandonaban el lugar.

Ante el riesgo para sus vidas, la pareja decidió vender todas las pertenencias de su piso para salir del país. En un primer momento recurrieron a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con el objetivo de ser reubicados en Estados Unidos. Sin embargo, el cambio en las políticas de la administración de Donald Trump frustró los planes. “Nos iban a llevar a EE.UU., pero el presidente Trump cerró todas las ayudas. Eso fue un desánimo total y nos decidimos entre Estados Unidos y España”, señala Alfredo.

En esta misma línea, expone que la elección de España estuvo motivada por el marco legislativo y social del país: “Sabíamos que acá las leyes son muy diferentes, hay mucha libertad y eso es lo que nosotros queríamos realmente. En mi país no éramos libres por lo que somos. Siempre teníamos que vivir ocultos ante la sociedad”, afirma, al mismo tiempo que subraya que España “es un país que apoya”.

A su llegada a Madrid en septiembre del año pasado, la pareja consumió gran parte de sus ahorros en alquileres temporales mientras intentaba, sin éxito, obtener una cita policial para solicitar asilo. Tras mes y medio de gestiones frustradas, acudieron a los servicios sociales, desde donde se les derivó a un albergue en Toledo.

No obstante, la discapacidad física que padece Alfredo dificultó su estancia en este recurso debido a las barreras arquitectónicas del inmueble. Por este motivo, se trasladaron a un centro accesible de una sola planta en Talavera de la Reina, donde han sido atendidos por la ONG Accem.

Una resolución de asilo que llegó “muy rápido”

El 25 de enero de este año obtuvieron el resguardo de solicitud de protección internacional (conocido como 'hoja blanca') y, meses después, les aprobaron la resolución definitiva. “Fue muy rápido y todo el mundo se quedó asombrado”, manifiesta.

En el marco de las celebraciones del Orgullo LGTBI+, Alfredo valora positivamente la situación de los derechos del colectivo en España: “Los derechos que tenemos acá no los teníamos en nuestro país, para nosotros es mucha ganancia porque nos sentimos más libres”.

No obstante, el refugiado guatemalteco lamenta haber detectado ciertos focos de intolerancia dentro del propio colectivo migrante en España. “No sé si sea conveniente decirlo, pero hasta de la misma gente latina se siente un poco de rechazo. Por ser quién somos ya nos hablan como si tuviéramos algún problema”, expone, calificando la situación de “frustrante”.

“Se supone que este es un país con tolerancia y las otras personas vienen y tienen que entender que así es. No nos metemos con absolutamente nadie, nosotros somos como somos y ya”, concluye.

Generar “espacios de seguridad”

El caso de Alfredo y Benjamín se enmarca dentro del protocolo de intervención transversal que Accem aplica con las personas refugiadas del colectivo LGTBI+. Desde la organización explican que esta condición se evalúa desde las primeras entrevistas debido a que, en muchas ocasiones, es el propio motivo que fuerza la salida del país de origen. Para responder a ello, la entidad pone a disposición de los usuarios asistencia psicológica y jurídica desde el inicio con el fin de generar “espacios de seguridad”.

Asimismo, de cara a la asignación de plazas dentro del sistema de Protección Internacional, la ONG comunica la pertenencia al colectivo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con el objetivo de tejer redes de apoyo y fomentar espacios seguros de convivencia, Accem favorece que estas personas convivan con usuarios en circunstancias similares y procura ubicar las plazas en municipios que cuenten con redes locales de apoyo para facilitar su integración social y la creación de amistades.

En este sentido, las oficinas de la entidad cuentan con cartelería de “espacio seguro” para que las sedes sean reconocidas como lugares de “no discriminación”. En el trato directo, se realiza una valoración específica para identificar necesidades asociadas, se evitan estereotipos sobre la orientación sexual, se promueve el uso de los pronombres elegidos por los usuarios y se fomenta una comunicación inclusiva.

Como parte de su itinerario, Accem realiza talleres informativos dirigidos tanto a personas del colectivo como al resto de usuarios para identificar situaciones discriminatorias y saber cómo proceder ante ellas. Así, la organización mantiene activos sus servicios jurídicos para analizar posibles casos de discriminación y, de ser pertinente, presentar las acciones legales oportunas.

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander está entre los centros donde serán atendidos algunos de los 20 niños palestinos enfermos trasladados desde la Franja de Gaza, junto a 81 familiares, en un avión medicalizado de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire y del Espacio y que ha aterrizado sobre las 5.00 horas de esta madrugada en la base aérea de Torrejón.

Fuentes de Defensa han explicado que se trata de “una operación conjunta”, la sexta en los últimos 18 meses, con el Ministerio de Sanidad “para ofrecer tratamiento a pacientes con distintas patologías” en España.

En el traslado han participado miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), con intensivistas pediátricos o enfermeros entre otros especialistas, así como pilotos del Ala 45 y personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica, cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

Una vez estén en España, los pacientes serán distribuidos por hospitales de Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid y Murcia. La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.

Admeás de en Valdecilla, los menores serán atendidos en los hospitales de Val d'Hebron de Barcelona; Politécnico La Fe de Valencia; Universitario de Álava-Txagorritxu de Vitoria; General Universitario Gregorio Marañón, Universitario Clínico San Carlos y Universitario La Paz de Madrid; Universitario de Ciudad Real; Universitario de Toledo; Hospital Universitario de Navarra; Virgen de la Arrixaca de Murcia; y Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo.

La Embajada de España en Jordania ha gestionado los trámites necesarios para la operación, incluida la expedición de los visados. Previamente, los menores y sus acompañantes fueron trasladados por equipos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde fueron atendidos por miembros de la ONG Médicos Sin Fronteras junto al equipo del departamento ministerial desplazado al terreno.

Como cada año, el 28 de junio celebramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Una efeméride que no nace de una fiesta, sino de una revuelta, de personas que no aguantaron una opresión injusta continuada. El Orgullo LGTBI nació de personas que un día decidieron que ya no aceptarían vivir escondidas, avergonzadas o perseguidas por el simple hecho de existir y no ocultarse.

Casi seis décadas después, el Orgullo continúa como una celebración, sí, pero también sigue siendo una reivindicación. Porque los derechos nunca son definitivos, una vez que se conquistan se deben de consolidar, porque también pueden perderse y hoy en día vuelve la intolerancia con más fuerza desde algunos sectores de influencia y poder.

España ha recorrido un camino extraordinario. Fuimos uno de los primeros países del mundo en reconocer el matrimonio igualitario y hoy seguimos siendo un referente internacional en igualdad y derechos LGTBI. Y Castilla-La Mancha forma parte de ese éxito, ya que estamos avanzando con la implantación de políticas reales, frente a quienes solo cercenan derechos y derogan leyes. Precisamente porque conocemos nuestra historia y lo que pasa en otros territorios, sabemos que ningún avance está garantizado para siempre.

Vivimos un momento en el que los discursos de odio vuelven a ocupar espacios públicos e institucionales, sin ningún tipo de filtro. Se cuestionan derechos que parecían consolidados, se intenta presentar la igualdad como un privilegio y se banaliza la discriminación que todavía sufren miles de personas.

La realidad, sin embargo, es otra. Hay jóvenes que siguen teniendo miedo de decir quiénes son en su instituto; personas que abandonan sus pueblos porque sienten que allí nunca podrán vivir libremente; familias que continúan enfrentándose a prejuicios; personas mayores LGTBI que conviven con el peso de toda una vida de discriminación, que condiciona su bienestar y su salud mental; personas trans que siguen encontrando más obstáculos para acceder al empleo; y demasiadas personas que siguen sufriendo insultos, agresiones o discriminación simplemente por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

Por eso el Orgullo sigue siendo necesario en las grandes ciudades, pero también en nuestros pueblos. Quizá especialmente en ellos. Porque la igualdad no puede depender del código postal. Defender los derechos LGTBI también significa garantizar que cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida en Castilla-La Mancha sin tener que marcharse para sentirse libre.

Nuestra tierra ha demostrado que es posible avanzar desde las políticas públicas. La aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha supuso un paso histórico, pero las leyes solo transforman la realidad cuando se convierten en servicios, recursos, educación, prevención y acompañamiento.

Por eso, desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha reivindicamos el compromiso político de Emiliano García-Page con una región que avanza en derechos, también en materia de diversidad LGTBI. Bajo su liderazgo, Castilla-La Mancha cada día es una tierra más orgullosa: orgullosa de su diversidad, de sus gentes, de sus avances y de no dejar a nadie atrás.

La igualdad no es únicamente responsabilidad de las instituciones sino a las familias que educan en el respeto; al profesorado que convierte las aulas en espacios seguros; a las empresas que entienden que la diversidad mejora las organizaciones; a los medios de comunicación que informan con responsabilidad; a las asociaciones que llevan décadas sosteniendo esta lucha y a cada persona

Una Castilla-La Mancha Orgullosa que consolida servicios especializados LGTBI de atención psicológica, jurídica y social, impulsa espacios institucionales de participación y trabaja para garantizar entornos seguros, tanto en las instituciones como en el ámbito empresarial. Porque cuando la igualdad en la diversidad forma parte de la agenda política, los derechos dejan de ser una declaración de intenciones y se convierten en recursos, acompañamiento y protección real.

Pero la igualdad no es únicamente responsabilidad de las instituciones. También pertenece a las familias que educan en el respeto; al profesorado que convierte las aulas en espacios seguros; a las empresas que entienden que la diversidad mejora las organizaciones; a los medios de comunicación que informan con responsabilidad; a las asociaciones que llevan décadas sosteniendo esta lucha y a cada persona que decide no guardar silencio cuando presencia una discriminación.

Porque el odio no desaparece solo, se combate. Y la mejor herramienta para hacerlo sigue siendo la democracia, que no consiste únicamente en votar, sino en garantizar que todas las personas puedan vivir con la misma libertad, la misma dignidad y las mismas oportunidades.

Desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha seguiremos defendiendo que la igualdad nunca puede entenderse como una concesión ideológica, sino como un principio democrático. Los derechos humanos no pertenecen a una parte de la sociedad. Nos pertenecen a todas y a todos.

Este 28 de junio celebramos lo conseguido y lo que vamos a alcanzar. Recordando a quienes abrieron camino cuando hacerlo significaba jugarse la libertad, el empleo o incluso la vida. Y renovamos un compromiso: seguir avanzando.l verdadero Orgullo llegará el día en que nadie tenga que explicar quién es para ser tratado con el mismo respeto que cualquier otra persona.Hasta entonces, seguiremos caminando con Orgullo. Con igualdad. Y sin dar ni un solo paso atrás.

“¡Viva una Andalucía libre, igualitaria y orgullosa!”, gritó Belén Mayoral, del colectivo JANDA, desde el escenario de la Alameda de Hércules. A sus pies, miles de personas reivindicaban la memoria, el legado de las activistas que se dejaron la piel y sufrieron la represión y la violencia estatal, para que los derechos LGTBIQ+ fueran una realidad. Bajo el lema Desde el campo a la ciudad, ¡orgullo, lucha y libertad!, Sevilla clamó por la defensa de estas conquistas sin dar ni un paso atrás ante el avance del discurso del odio tanto en los poderes políticos como en distintas esferas sociales y rechazó de pleno la institucionalización del acto y el intento de control, dado que, aseguraron, el manifiesto tuvo que ser enviado previamente al Ayuntamiento de Sevilla antes de ser leído en la plaza.

“La lucha es el único camino!”, “¡el orgullo no desfila, el orgullo reivindica!”, coreaban las calles durante la tarde. Entre el gentío estaban Nicolás y Ana, procedentes de Dos Hermanas que ven con preocupación los pactos que se den la próxima semana. “Se nota la influencia del discurso del odio, sobre todo en las redes sociales”, comparten, “y como andaluz me siento un poco decepcionado”. “Yo tengo miedo, y espero que la gente arranque”, expresó la joven, que sufre todavía el estigma de la invisibilización de la bisexualidad asegurando. Ante sus ojos, las banderas de los colectivos, las familias diversas, el orgullo crítico, el de la tercera edad, uno de los más olvidados, las drags y los carteles por el avance hacia el no binarismo mostraban el camino que aún queda por recorrer entre la población andaluza.

Con purpurina, abanicos, brillantes en sus caras, estaban contemplando la manifestación un grupo de amigas. Ainhoa, Almudena o Ana, todas ellas de primero de Bachillerato, de 16 años, y con ganas de participar a las puertas del 28 de junio, fecha en la que se conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969. “Sí hay odio, sobre todo en redes sociales, donde se pueden esconder”, dicen varias, “hay más amenaza en el discurso de odio de la ultraderecha, por ejemplo”. Incluso, los compañeros de clase “muestran comentarios de asco, como las personas más mayores que eran de otra época” y una de ellas admite que conoce a quien con la edad ha abierto su mentalidad ante la diversidad, “algo que no sucede con ellos”. ¿La solución? “Educando desde muy pequeño, desde el principio, sin hacer raro nada ni excluir”.

“No se atreverán”

A escasos metros Almudena declara que “ha habido un cambio radical”. Mirando la actualidad, apunta que hay otros países “con más amenaza”, sobre todo cuando lo compara con hace apenas unos años cuando fue apedreada por ir de la mano de su pareja en una Sevilla que no permitía vivir con libertad su orientación sexual. Este hecho, tan lejano en el tiempo pero tan presente en su memoria, la lleva a recordar su participación en Colectivo, una asociación con la que participaba en las primeras manifestaciones por el movimiento queer y resistía frente a la persecución de la policía. Andalucía, pionera en una ley trans y, en concreto, la capital hispalense como cuna de la primera marcha por la libertad sexual del 25 de junio de 1978 encabezada por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR).

Con total seguridad, afirma que “Vox no se atreverá” a echar atrás los derechos LGTBIQ+. Esa misma idea la comparte uno de los manifestantes que se declara votante de la ultraderecha. “No lo harán”, contesta a su pareja hombre, con quien lleva 44 años y que, pese a que los distancie sus ideologías, comparte una historia de vivencias y evoluciones sin paragón. “Antes estabas en el pueblo, sin móvil, sin poder salir de allí, en cambio, ¿ahora? Los jóvenes lo tienen mucho más fácil”. Su compañero sonríe y, al mismo tiempo, le asegura que “sí noto que hay más odio, yo lo siento, siento ese rechazo”. A su familia le costó aceptar su orientación sexual, pero, poco a poco, pudieron contar con su apoyo. Su madre contempla la marcha desde una silla de ruedas, acompañada por su hijo y su yerno.

En otra silla, más bien en un capazo, está la hija de Alberto. Ahora se sube a los hombres de su pareja con alegría y soltura, que no se quiere perder ni un detalle de lo que está sucediendo. “En las aulas se ven cambios, pero todavía hay mucho por hacer”, asegura el docente, aunque reconoce que es más fácil vivir la disidencia en las ciudades porque quedan “muchos ambientes que son difíciles”. Con la llegada de la pequeña a la familia, experimentó un cambio: “Muchas veces he visibilizado mi realidad en las clases, sobre todo a raíz de ser padre, porque tenerla a ella... Me ha hecho mostrarme más”, como signo del cambio, como muestra de que existe y nunca más será ocultado.

Frente al intento de control: “Somos la última mierda”

La Alameda de Hércules fue el punto y final de una marcha, que transcurrió por la Ronda Histórica a causa de las obras en la ciudad, con la lectura del manifiesto por el Orgullo LGTBIQ+. En el escenario, Raúl González, de la Fundación Triángulo, apuntó directamente a la ola conservadora que intenta derribar los cimientos de una sociedad más plural y diversa: “La ofensiva internacional de la ultraderecha contra los derechos humanos, que en España representan Vox, Se Acabó la Fiesta y Aliança Catalana, entre otros. Una ofensiva que promueve el odio, legitima la violencia y señala a las personas más vulnerables”. A lo que sumó la deriva trans excluyente que “con la excusa de salvaguardar los derechos de las mujeres, pretenden imponer una agenda tránsfoba y homófoba”.

“Este es el manifiesto de las entidades LGTBIQ+ que trabajan durante 364 días al año y este manifiesto ha tenido que ser enviado al Ayuntamiento de Sevilla: estamos hartos de pedir permiso, por lo que hoy pido perdón. Veinte años de Orgullo que queríamos que fuéramos grande, grandísimos, pero no este institucionalizado, en el que las entidades LGTBIQ+ somos la última mierda”, clamó, “y probablemente el año que viene no me veáis aquí, como ocurrió el año pasado, cuando alguien decidió que prefería verme abajo, por lo que la lucha debe seguir”.

Como recordó Carmen Sivianes, del colectivo ICHTHYS: “La Constitución afirma que todas las personas somos iguales ante la ley, sin embargo, la realidad sigue demostrando lo contrario”. La identidad de género o la orientación sexual, así como la corporalidad, la situación migratoria o el estigma asociado al VIH, entre tantas cuestiones, continúan siendo una losa para el colectivo. Una losa que rompen cada vez que salen a la calle para luchar por sus derechos: “Porque no hay Orgullo sin lucha, porque no hay libertad sin igualdad, porque no habrá igualdad mientras exista discriminación”.

A su lado, Aaron García, de la asociación ILBS, recordó que para muchas personas “vivir en un pueblo o en una pequeña localidad sigue significando más aislamiento, menos recursos y mayores dificultades para ejercer derechos que deberían estar garantizados”, subrayando que “nadie debería renunciar a ser quien es por el código postal en el que nació, decidió vivir o las circunstancias le forzaron a vivir”. El llamado sexilio, que obliga al individuo a emigrar forzado por el odio y el rechazo que le rodean, lo llevó a proclamar: “Defendemos también unos servicios públicos fuertes y una fiscalidad justa que permitan financiar políticas de igualdad reales”, como en los entornos rurales en los que, apuntó, “la asistencia en materia de salud mental y sexual continúa siendo escasa”.

Cumplimiento de las leyes trans y LGTBI y nueva ley Intersex

Frente a los recortes presupuestarios, el Orgullo en Sevilla pidió “el cumplimiento efectiva de las leyes trans y LGTBI, que obligan a todo el Gobierno andaluz, no solo a una consejería”, criticó Agustín Burgos, del grupo Crezco, además de pedir a todas las administraciones “facilitar los procesos de regularización de las personas migrantes”, especialmente para aquellas del colectivo que son perseguidas.

En este sentido, Abel Guerrero, de la ONG Stop, recalcó la necesidad de aprobar una ley Intersex “que complete y fortalezca la protección de los derechos humanos de las personas intersex y sus familias”, al igual que desarrollar políticas de diversidad que lleguen a todo el territorio. En un momento en el que los delitos de odio crecieron en 2025 tanto en el conjunto del país como en la comunidad, donde se registraron un total de 295 incidentes, de los que 75 fueron por orientación sexual y de género y otros 22 por discriminación por sexo o género. En este punto, cabría señalar que el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia notificó en su último infome, en 2021, que se alcanzaron 367 incidencias, con mayor incidencia en Sevilla, Cádiz y Málaga.

Más allá de los datos, hoy mismo se produjo la detención de 12 personas, siete de ellas menores de edad, por su presunta implicación en dos agresiones homófobas ocurridas en Palencia en septiembre de 2025, apuntaron sobre el escenario. “Frente al odio, Orgullo, frente al miedo, comunidad, frente a la discriminación, derechos, y frente a quienes quieren hacernos invisibles, más visibles que nunca, porque la fiesta no solo no ha acabado, sino que acaba de empezar”, recalcó Belén Mayoral al finalizar el manifiesto.

“Todos los andaluces, sin distinción”

En los días previos a la manifestación, la Plataforma Orgullo LGTBI de Andalucía, entidad organizadora, emitió un comunicado en el que criticaba la actuación del Consistorio dirigido por José Luis Sanz (PP). Una publicación realizada por el Ayuntamiento contenía la denominación Pride Sevilla como un festejo organizado por la corporación y usaba un lema “que no tenía nada que ver” con el acordado. A su vez, se describía la marcha como “cabalgata de junio” o “feria de junio”, lo que para la plataforma supone “una falta de respeto” y “una apropiación política”.

A la petición para la retirada de la publicación también se sumó la Fundación Triángulo Andalucía, que compartió un escrito en el que subraya que “las manifestaciones no las hacen los gobiernos, sino la ciudadanía” y recordó que en 2025 “se intentó decir lo que teníamos y lo que no teníamos que decir” en la lectura del manifiesto en la Alameda. Junto a la rectificación, también pidieron “enterarse de las políticas LGTBI en el seno del Consejo LGTBI de Sevilla o al menos en el pleno municipal y no en FITUR”, aparte de aplicar la regla presupuestaria del 50%: por cada euro dedicados a grandes eventos del colectivo, al menos otro para políticas sociales.

La discrepancia entre colectivos y ayuntamientos no se da solo en Sevilla. En la provincia vecina, la Plataforma Córdoba por la Diversidad criticó duramente el enfoque del Ayuntamiento de José María Bellido (PP) y realizó su propia hoja de ruta con una manifestación para mañana domingo, adecuándose al 28J en vez de hacerlo con anterioridad el día 13. La fragmentación de la organización responde, según avanzó la plataforma, con la necesidad de recuperar el espíritu de “lucha y protesta colectiva” en las calles, más allá de la agenda lúdica municipal.

En una jornada marcada por las reivindicaciones sociales con las marchas por la vivienda en Córdoba, Cádiz y Málaga, con miles de personas clamando por soluciones efectivas para la crisis habitacional, la población andaluza sale una vez más a reivindicar sus derecho en contraposición a que el rechazo tome de nuevo las instituciones. Es más, será el mismo martes cuando el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se someta al debate de investidura en el Parlamento, donde necesitará el apoyo de Vox para validar su mayoría y dar inicio a la próxima legislatura. Sin embargo, los de Manuel Gavira y Santiago Abascal ya han avanzado que, entre sus objetivos, está la derogación de la ley trans y los recortes en materia de igualdad. En lo simbólico también marcan las distancias, como que no se presentaran en el acto de izada de la bandera del Orgullo en el Parlamento andaluz.

Al respecto, la consejera en funciones de Igualdad, Loles López, afirmó antes del inicio de la manifestación por el Orgullo que durante “los 365 días del año” ondean la bandera LGTBIQ+. Preguntada por las líneas rojas a marcar con su probable socio de gobierno, aseveró que “el presidente se ha pronunciado: queremos un gobierno que gestione para el bien de todos los andaluces y buscamos el bienestar de todos los andaluces, sin distinción”.

Hay personas que han esperado toda una vida para poder ser quienes son. No hablo solo de jóvenes. Hablo también de hombres y mujeres que crecieron en una España donde expresar libremente sus sentimientos podía significar el rechazo familiar, la burla social o, sencillamente, la condena al silencio. Personas que aprendieron a ocultarse, a medir cada palabra, a disimular afectos y a vivir una parte de su vida de puertas para dentro.

Y quizá sea en historias como estas donde mejor se entiende lo que España ha avanzado en estos cincuenta años.

Porque si algo ha caracterizado estas cinco décadas no ha sido únicamente la consolidación de nuestras instituciones democráticas. La historia de la democracia española es también la historia de un país que ha ido ampliando derechos y libertades para que cada vez más personas pudieran vivir con dignidad, sin miedo y sin tener que esconder quiénes son.

Sin embargo, hay una realidad que debería hacernos reflexionar en este Día del Orgullo.

España es hoy uno de los países más avanzados del mundo en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Hemos recorrido un camino extraordinario. Pero al mismo tiempo, los informes más recientes alertan de un aumento de las agresiones, del acoso y de los incidentes de odio. Nunca hemos tenido tantos derechos y, sin embargo, seguimos viendo cómo algunos cuestionan la dignidad de otros por el simple hecho de sentir diferente. Esa es la paradoja de nuestro tiempo. Y también la razón por la que el Orgullo sigue siendo necesario.

Quizá la mejor forma de medir estos cincuenta años de democracia no sea contar únicamente las leyes aprobadas o las elecciones celebradas. Quizá debamos medirlos también por las vidas que han cambiado. Por las personas que han dejado de esconderse.

Hace poco más de veinte años España dio uno de los pasos más importantes de su historia democrática al reconocer el matrimonio igualitario. Hubo quien anunció catástrofes. Hubo quien intentó presentar aquella conquista como una amenaza. El tiempo ha demostrado exactamente lo contrario. Más de 82.000 parejas han podido construir sus proyectos de vida gracias a aquella decisión. Detrás de esa cifra hay familias, hijos e hijas, historias de amor y de normalidad. Hay miles de personas que dejaron de ser tratadas como diferentes para ser reconocidas con la misma dignidad y los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.

El tiempo también ha demostrado otra cosa: cuando ampliamos derechos no perdemos nada. Ganamos todos.

Quienes vivimos en una provincia como Ciudad Real sabemos bien de qué estamos hablando. Durante años hubo personas que tuvieron que marcharse para sentirse libres. Otras decidieron quedarse y convivir con el silencio. Y otras siguen hoy ocultando una parte de sí mismas por miedo al rechazo o a la incomprensión. Esta realidad no ocurrió en lugares lejanos. Ocurrió en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestros centros educativos y en nuestros entornos familiares.

Si algo hemos aprendido en este medio siglo de democracia es que la libertad nunca resta dignidad a nadie. Al contrario, la multiplica

Por eso el Orgullo no habla únicamente de diversidad. Habla de libertad. De la libertad más básica y más humana: la de vivir sin miedo.

Preocupa comprobar cómo vuelven a abrirse debates que parecían superados. Cómo resurgen discursos que señalan a quienes son diferentes. Cómo algunos intentan presentar como privilegios derechos que costaron décadas de esfuerzo, de activismo y de compromiso democrático. Los avances no suelen desaparecer de golpe. Empiezan a erosionarse cuando dejamos de defenderlos o cuando olvidamos por qué fueron necesarios.

Por eso este Día del Orgullo es también una invitación a la memoria. A recordar de dónde venimos y a valorar lo que hemos conseguido como sociedad.

Quizá la mejor forma de medir estos cincuenta años de democracia no sea contar únicamente las leyes aprobadas o las elecciones celebradas. Quizá debamos medirlos también por las vidas que han cambiado. Por las personas que han dejado de esconderse. Por quienes han podido amar libremente. Por quienes han encontrado finalmente su lugar en una sociedad más libre.

Porque si algo hemos aprendido en este medio siglo de democracia es que la libertad nunca resta dignidad a nadie. Al contrario, la multiplica.

Hubo un tiempo en que algunos consideraban indecente que determinadas personas pudieran amar libremente. Hoy sabemos que lo verdaderamente indecente no era el amor.

Lo indecente era obligar a esconderlo.

A rebufo del éxito de las manifestaciones contra el equipo Israel Protech por la matanza en Gaza durante la última Vuelta Ciclista a España, un grupo de ONG internacionales de Derechos Humanos ha pedido a la Unión Ciclista Internacional que vete a la formación UAE del inminente Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona. Señalan que el equipo es un vehículo de sportwashing para los Emiratos Árabes Unidos (EAU), estado denunciado ante la ONU por su presunta relación con el genocidio silenciado en Sudán.

El equipo UAE es el primer conjunto del ránking internacional y en sus filas pedalea el ciclista número uno, el esloveno Tadej Pogacar, favorito absoluto para ganar el Tour de Francia. También la mejor ciclista española, Paula Blasi. El conjunto fue creado para “representar a todos los Emiratos Árabes” y supone “un símbolo del éxito deportivo” de este estado, según publicita la propia estructura. “Está financiado y patrocinado por compañías estatales de los EAU”, aclaran estas organizaciones: las aerolíneas emiratíes o la rama de inversión de la Compañía de Petróleos de Abu Dhabi (XRG).

“Hay pruebas irrefutables de que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos es el financiador principal de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAS) que están cometiendo un genocidio en Sudán en lo que la ONU ha llamado 'el mayor desplazamiento humano y la peor crisis humanitaria'”, argumentan estas organizaciones —entre las que están FairSquare o Bahrain Institute for Rights and Democracy— en una carta dirigida a la UCI.

Se refieren a la campaña de destrucción de las comunidades no árabes en la región sudanesa de Darfur llevadas a cabo por las FAS y en la que un informe de la ONU ha hallado “signos que apuntan al genocidio”.

Además de crímenes de guerra, la misión de la ONU en Sudán apuntó al posible asesinato de un grupo étnico protegido y la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo, al completo o parcialmente.

El ejemplo de La Vuelta

El Tour de Francia de 2026 comienza en la ciudad de Barcelona y durante tres etapas discurrirá por carreteras españolas. El ciclismo ha servido recientemente de altavoz para denunciar casos de blanqueo mediante equipos deportivos. El año pasado, la Vuelta Ciclista a España se convirtió en el escenario de una ola de protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech porque la formación —que pertenecía a un multimillonario amigo de Benjamin Netanyahu— servía de blanqueo a un estado que estaba provocando un genocidio en la franja de Gaza.

Las manifestaciones en varias etapas en España crecieron hasta conseguir cortar la carrera en su última jornada de Madrid y generó una corriente de opinión a favor del pueblo palestino. El equipo Israel ha terminado por desaparecer como marca ciclista.

El texto de la carta contra el UAE afirma que “un informe de Human Rights Watch descubrió que un contratista privado colombiano ha sido desplegado en Sudán para luchar junto a las FAS con el aparente apoyo de EAU”. El gobierno emiratí ha negado esta relación, aunque “existen pruebas abundantes (…) sobre cómo EAU ha utilizado rutas a través de Chad, Libia, Etiopía y República Centroafricana para filtrar suministros incluyendo armas y combatientes del FAS”, insisten las ONG.

De hecho, el Gobierno sudanés ha presentado una demanda contra los emiratos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido a supuestas violaciones por parte de este país de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

El país africano sostiene que los EAU “son cómplices del genocidio de los masalit al dirigir y proporcionar un amplio apoyo financiero, político y militar a la milicia rebelde”. La solicitud de Sudán hace referencia a “genocidio, asesinato, robo de propiedades, violación, desplazamiento forzoso, allanamiento de morada, vandalismo de propiedades públicas y violación de los derechos humanos” que ha podido llevarse a cabo, afirma, gracias al “apoyo directo prestado” por los EAU, según consta en la denuncia sudanesa.

Con este panorama, las organizaciones pro Derechos Humanos consideran que las carreras de la UCI sirven de “medio prominente para la promoción internacional de los EAU. Las mejores competiciones ciclistas se han convertido en una plataforma pública que el estado emiratí está utilizando para proyectar una imagen positiva que contrasta con la violencia y la represión que caracteriza su poder”.

Código ético: cuidar la reputación del ciclismo

El código ético de la UCI recoge que la institución permanecerá políticamente “neutral”, pero siempre reconociendo su “responsabilidad a la hora de salvaguardar la integridad y la reputación del ciclismo en todo el mundo”.

En este sentido, la carta también habla de la necesidad de que la UCI revise las licencias que concede a los equipos porque el UAE no es el único grupo “financiado o promovido por gobiernos acusados de serias violaciones de los Derechos Humanos”. Sin ir más lejos, en el Tour va a participar el Bahrein Victorious, un estado que, según señala esta carta “desde 2011 ha reprimido a los disidentes, arrestado a los líderes de la oposición, disuelto los partidos políticos en su contra y acabado con la libertad de expresión”.

Baréin y Emiratos Árabes Unidos están calificados como países “no libres” según el índice de Freedom House. El primero ocupa el puesto 104 de 140 en el ránking de derechos de las mujeres de Amnistía Internacional y el segundo el 69 del listado del Foro Económico Mundial sobre brecha de género —el mejor de su área regional—.

El Gobierno de los Emiratos subraya que son el 15º país en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, aunque ese análisis mide el nivel de riqueza, educación y esperanza de vida.

Hace 17 años, Aminatou Haidar fue expulsada del Sáhara Occidental y se vio obligada a iniciar una huelga de hambre de 32 días en Lanzarote. Su lucha por el derecho a regresar a casa desencadenó una crisis diplomática entre España y Marruecos, colocó la causa saharaui en el centro de la atención internacional y consagró a Aminatou como un referente de resistencia no violenta. Aquellos 32 días de 2009 se recogen en un documental dirigido por Lucía Muñoz Lucena, periodista y cofundadora de Entre Fronteras, presentado esta semana en Gran Canaria, tierra vecina de una lucha hermana: la de un pueblo por su libertad. Una semana después del asesinato de tres miembros del Frente Polisario a manos de Marruecos, y cuando se cumplen 50 años de la ocupación del Sáhara, el último territorio pendiente de descolonización de África, la comunidad internacional sigue sin dar respuestas.

Es un tema de actualidad, la opresión del pueblo saharaui, pero, ¿está de moda?

En Canarias siempre lo hemos tenido presente por la cercanía. No creo que esté de moda: a pesar de lo que ocurre en el Sáhara, no solo hay una guerra armada, sino también una guerra mediática y silenciada.

Tras 50 años de ocupación por parte de Marruecos y del abandono de España -su antigua colonia, aún pendiente de descolonización según Naciones Unidas, que la reconoce como potencia administradora-, seguimos sin mirar lo suficiente hacia allí. Mientras, somos capaces, y así debe ser, de atender a conflictos como Ucrania o Palestina, no podemos olvidar que en el Sáhara también se vive una guerra desde hace décadas.

Ese silencio mediático es, en sí mismo, otra forma de violencia. Se da tanto en los campamentos de refugiados en Argelia, donde parte de la población vive en el exilio en condiciones cada vez más duras -acabo de regresar del FiSahara y la ayuda humanitaria apenas llega-, como en los territorios ocupados. Allí, tan cerca de Canarias, se mantiene una situación de opresión cotidiana que también atraviesa la vida de Aminetou, protagonista del documental.

¿Cómo fueron los inicios de Aminetu? ¿Cómo se gestó?

Los inicios no fueron fáciles: han sido dos años de investigación. Justo por estas fechas, hace un año, estábamos grabando en Lanzarote.

Este documental ha sido posible gracias al apoyo de 323 mecenas que, a través de un crowdfunding, confiaron en la historia de Aminatou Haidar. Para nosotras, ese respaldo no es solo a la productora, sino también una muestra de que el Sáhara sigue importando y de que es necesario seguir visibilizándolo. Porque de aquello que no se habla no existe.

Siempre recuerdo lo que cuenta Aminetou sobre su huelga de hambre: que pudo sostenerla gracias al apoyo de otras mujeres, como Edi Escobar, Inés Miranda o Fefi Milán, entre muchas otras personas de su entorno. De alguna manera, nosotras también hemos sentido ese sostén en esas 323 personas, además del apoyo del Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, que ha hecho posible sacar adelante el proyecto documental.

¿Qué papel debe jugar la cultura y el arte, según tu punto de vista, en la lucha de los pueblos?

Todo es política, también el cine. Es una herramienta para reivindicar derechos humanos y para construir una cultura de paz a través de distintos relatos.

Como periodista, tengo la suerte de trabajar temas internacionales con tiempo para investigar y asentar la información antes de publicarla. No estoy en el ritmo del breaking news, y eso permite algo esencial: entender y digerir lo que contamos, porque no dejamos de ser observadoras de la realidad.

Desde el documental, que es la línea que seguimos en Entre Fronteras, buscamos precisamente eso: pausar la información para poder exponerla mejor y para que quien la reciba también pueda procesarla. Frente a la inmediatez y al consumo rápido -como los vídeos de pocos segundos en redes-, es importante detenerse, pensar y reflexionar.

El cine ofrece ese espacio. Tiene la capacidad de transformar miradas porque nos sitúa frente a realidades complejas durante un tiempo sostenido. En el caso de Aminetu, permite escuchar en 90 minutos lo que no se pudo escuchar en 32 días en 2009: su voz, su experiencia y lo que ocurrió a su alrededor.

Hablabas de esos 32 días de 2009. En la memoria colectiva parece que fueron más, quizá porque su huella llega hasta hoy. ¿Es importante su legado y su símbolo?

Sí. Aminatou es una defensora de derechos humanos que lo ha demostrado durante años, pero en esos 32 días se convirtió en el centro de todo. Y es curioso cómo ese episodio sigue muy presente en la memoria colectiva en Canarias: cuando proyectamos el documental, mucha gente se acerca a contarnos qué hacía en aquel momento.

Fue un acontecimiento que nos atravesó. Veíamos su huelga de hambre a través de los medios, a miles de kilómetros, y aún así generó una enorme conexión. Hoy, la mayoría la recuerda como la mujer que sostuvo una huelga de hambre de 32 días en un aeropuerto y que puso en jaque al Gobierno de España, desencadenando una crisis diplomática con Marruecos en la que mediaron países como Estados Unidos o Francia.

Pero más allá de ese recuerdo, lo que ocurrió durante esos 32 días tiene una complejidad enorme. Por eso construimos el documental con una narrativa de docu-thriller: no es un biopic ni una pieza experimental. La tensión es constante, día a día, hora a hora, con la incertidumbre de qué iba a pasar, cómo se resolvería y qué actores intervendrían.

Durante la investigación detectamos que faltaba algo clave en muchos relatos mediáticos: la voz de Aminatou. Por eso era fundamental contar esta historia con ella, desde su experiencia y a partir de lo que fue diciendo en esos días. Todo está documentado en hemeroteca: no hemos inventado nada, sino reconstruido lo que ocurrió gracias a que los medios locales canarios estaban allí para contarlo.

¿Qué recorrido seguirá ahora el documental y cuándo podrá verlo el gran público?

Ahora mismo estamos en un circuito de festivales y de proyecciones en distintos puntos de la Península y Canarias. Es, de hecho, la principal vía de distribución que estamos teniendo: que el documental se vea y que sirva también como espacio para seguir hablando del Sáhara.

Para nosotras, ese es el objetivo: que la película funcione como herramienta de memoria y de conversación. Porque lo que no se nombra se vuelve invisible, y necesitamos seguir nombrándolo. Poder decir: “Salgan de este documental hablando del Sáhara”.

Además, el documental nace con una intención clara: no mirar solo al pasado, a esos 32 días, sino reflexionar desde ahí sobre el presente. Vivimos en un contexto de conflictos armados y tensiones geopolíticas, y la figura de Aminatou representa una forma de resistencia pacífica que también es necesaria poner en valor.

Esa resistencia no es sencilla ni indolora. En el documental se muestra también el coste personal y emocional que tuvo, tanto para ella como para su entorno. Por eso nos parecía importante contar la historia desde dentro, con su voz y con todo lo que ocurrió en aquellos días, documentado en hemeroteca.

En paralelo, seguimos viendo cómo la defensa de los derechos humanos se criminaliza en muchos contextos. Por eso creemos que historias como la de Aminatou siguen siendo relevantes hoy. En cuanto a cuándo podrá verlo el público general, iremos anunciando las próximas proyecciones y esperamos que, tras este recorrido, el documental pueda tener una distribución más amplia.

Pasaje Seguro (PS) y Las Calles Contra el Fascismo (LCCF) se concentrarán este sábado, 20 de junio, a las 12.00 horas en la calle Burgos de Santander, junto al kiosko de la ONCE, con motivo del Día de las Personas Refugiadas, para apoyar el proceso de regularización de las personas migrantes sin papeles y rechazar las políticas migratorias “criminales” que está aprobando la Unión Europea (UE).

Los dos grupos ciudadanos desarrollarán actividades de reparto de información y la lectura de historias de vida y migración de personas, así como de un manifiesto, han indicado en una nota de prensa conjunta.

Según han destacado, “a día de hoy más de 900.00 personas han registrado debidamente la solicitud de regularización y más de 360.000 han obtenido la autorización provisional que les permite trabajar legalmente y acceder a las prestaciones a las que les da derecho la residencia”.

Esto les proporcionará “una mayor inclusión y justicia social en lo referente a sus derechos laborales, casos de explotación laboral, trata de personas, exclusión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad o el no acceso a servicios sociales”, han subrayado.

Sin embargo, el colectivo ha denunciado que, al mismo tiempo, “nos enfrentamos a políticas de exclusión y racismo a nivel regional”, dados los acuerdos PP-Vox de “prioridad nacional”; así como al “endurecimiento de las leyes migratorias a nivel europeo”, con el reciente acuerdo que “permitirá la creación de centros de detención y deportación para personas migrantes, similares a prisiones, fuera del territorio de la Unión Europea”.

“Los intentos de generar odio y de dividir a personas, que viven y trabajan juntas, por su origen es uno de los grandes riesgos que amenazan nuestra convivencia”, han sostenido las organizaciones, para quien esto es “la trampa del fascismo que lleva a la guerra”.

Así, Pasaje Seguro y Las Calles Contra el Fascismo defienden una sociedad “más libre y igualitaria, es la que acoge a diferentes bajo una misma ley y con derechos sociales y de ciudadanía comunes”.

Para el colectivo, el proceso de regularización es “un avance” en este sentido. “Ningún ser humano es ilegal y porque todas las personas merecen los mismos derechos todos los días”, ha sentenciado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, que se remitirá a la Junta General para su tramitación parlamentaria.

La norma convierte la defensa de los derechos humanos y, especialmente, de los derechos de mujeres y niñas en el eje central de la acción pública, con una apuesta decidida por una política de cooperación feminista alejada de modelos que la invisibilizan o relegan a un segundo plano.

Reforzar el liderazgo de las mujeres

A través de un comunicado, el Gobierno de Asturias ha anunciado que con este texto se da un paso adelante para impulsar una cooperación transformadora, orientada a combatir las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, a la vez que refuerza el liderazgo de las mujeres y su participación plena en todos los ámbitos como condición imprescindible para un desarrollo justo. 

“Además, la norma asume sin ambigüedades los grandes retos globales, desde las crisis humanitarias y la construcción de paz hasta el cambio climático, y refuerza la protección de la infancia y de los pueblos indígenas, en un contexto internacional en el que estos compromisos están siendo cuestionados o debilitados en distintos ámbitos”, señala en el escrito.

El reconocimiento a las oenegés

El proyecto consolida instrumentos clave como el Plan Director de Cooperación, que amplía su vigencia a cinco años, regula por primera vez las estrategias sectoriales, y apuesta por una mayor eficacia a través de la especialización sectorial, la concentración geográfica y nuevas modalidades de la cooperación.

El texto incluye nuevos agentes de cooperación y reconoce el rol esencial y diferenciado de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de la Coordinadora de ONGD del Principado, las entidades locales, y las organizaciones del Sur. 

Un modelo propio

En el ámbito financiero, se reafirma el compromiso de avanzar hacia el 0,7% de los recursos propios, para alinearse con los estándares internacionales y marcar una posición clara frente a quienes han frenado históricamente este objetivo.

El Gobierno de Asturias explica que con este proyecto de ley no solo refuerza su compromiso con la solidaridad internacional, sino que también “define un modelo propio, más ambicioso y coherente, que reivindica el papel de lo público en la construcción de sociedades más justas e igualitarias”.

Llega unos minutos tarde a la entrevista porque se ha entretenido de camino haciendo algunas fotos de la ciudad y propone retratarse junto a la escultura de una madre sosteniendo a su hija en el céntrico campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Angela O'Hagan (Glasgow, 1966) ha venido a la capital murciana esta semana con credenciales poco habituales: es profesora emérita de Igualdad y Políticas Públicas en la Universidad Caledonia de Glasgow (GCU), preside desde 2024 la Comisión Escocesa de Derechos Humanos y lleva décadas construyendo marcos teóricos para medir si un presupuesto público respeta o vulnera derechos. Su tesis doctoral comparó el análisis presupuestario con perspectiva de género en Escocia, Andalucía y Euskadi. Conoce España, por tanto, desde dentro y, prácticamente, no recurre en ningún momento de la conversación a otra lengua que no sea el castellano.

La investigadora ha participado en el I Simposio Internacional organizado por la Universidad de Murcia en el marco de la red EuWIGeN —conformada por once universidades europeas— con una ponencia en la que conecta los derechos humanos con algo tan concreto como ir al médico, pagar el alquiler o acceder a un servicio de dependencia.

La entrevistamos mientras Belfast vive días de disturbios racistas -el mismo patrón que vivió Torre Pacheco hace menos de un año- y el gobierno laborista de Keir Starmer gestiona la tensión entre su discurso de derechos y una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a investigar los derechos humanos desde la vida cotidiana?

Llevo toda mi carrera profesional trabajando en el ámbito de la igualdad, siempre con un enfoque de género. Las mujeres y los hombres tenemos experiencias distintas de los servicios públicos, del espacio público, de los recursos públicos. Las mujeres usamos el transporte para llevar a los críos, hacer la compra, acompañar a la suegra, y volver a un trabajo de tiempo parcial. Los hombres, en general, van directamente a su trabajo. Eso parece obvio una vez que lo ves, pero el sistema económico y social lo refuerza sin pensarlo, a veces sin mala intención, y así se repite el círculo. Lo que hacemos con la investigación es precisamente romperlo: ver qué produce desigualdad y actuar sobre ello.

Lo que me interesa ahora es cómo enlazar esa vida cotidiana con los marcos normativos de derechos humanos. Tendemos a pensar que los derechos humanos son cosas de guerras, cárceles o crisis humanitarias. Pero los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en los convenios internacionales hablan de comida, transporte, educación, vivienda, agua. De las cosas de las cuales dependemos todos en la vida cotidiana.

¿Puede poner un ejemplo concreto?

En el norte y oeste de Escocia, una zona de belleza natural inmensa, pero con una población muy dispersa, hemos investigado el acceso a servicios de maternidad. Si vives muy al norte y estás embarazada, tienes un viaje de cuatro horas en coche para llegar al hospital, porque no hay autobús. Y si vives en una isla y es tu primer embarazo, tienes que salir seis semanas antes de la fecha probable de parto porque no hay servicios de maternidad en las islas más pequeñas. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso: de que todo el mundo tenga acceso a un servicio de calidad, accesible y apropiado dentro de su entorno. Eso es lo que exigen las normas internacionales.

En la Región de Murcia y en otras comunidades, las listas de espera en dependencia llevan años enquistadas. ¿Cuándo deja de ser un problema de gestión y se convierte en vulneración de derechos?

Es una cuestión de valores: qué valoramos como sociedad. La economía del cuidado —lo que se llama la economía informal— no recibe el mismo valor que la economía de fabricar o construir cosas, aunque tiene un coste individual y económico enorme. Sin invertir en infraestructura de cuidado, creamos un bloqueo en todo el sistema social y económico. Tenemos una población que envejece, un trabajo cada vez más precario, y un sistema que lleva décadas apoyándose en el cuidado gratuito de las mujeres. Eso frena sus oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

La dependencia recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. ¿Es un fallo del sistema o una vulneración de derechos?

Ambas cosas. Es un problema estructural, tradicional, que llevamos generaciones reproduciendo con el rol supuestamente aceptado de las mujeres como cuidadoras. El sistema económico, social y cultural ha llegado a este punto. Y resulta en brechas de derechos claras: reduce la posibilidad económica, social y cultural de quienes se encuentran más apartados del mercado laboral porque tienen que cuidar de los demás, precisamente porque no hay servicios públicos suficientes.

Usted ha contribuido al concepto de Wellbeing Gender Budgeting. ¿Cómo lo explicaría a alguien sin formación en políticas públicas?

Las finanzas públicas son de todos. Todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero el beneficio de esos recursos no llega a todos de la misma manera. Presupuestar con perspectiva de género no significa gastar más en mujeres que en hombres. Significa preguntarse: ¿qué impacto va a tener esta decisión de gasto? ¿Va a aumentar el bienestar de mujeres y hombres por igual, o va a reproducir la desigualdad estructural que ya existe? Con más inversión en servicios de cuidado, el impacto para las mujeres sería mayor que para los hombres, no porque sean privilegiadas, sino porque cargan con más de esa necesidad. Eso es lo que hay que corregir.

Se ha presentado en el simposio el WIGI Index, un indicador que mide el impacto de las infraestructuras en el bienestar desde una perspectiva de género. ¿Qué aporta que no recogieran los indicadores anteriores?

Es una de las innovaciones más interesantes de este proyecto. Con una base de datos nacionales de toda España y el conocimiento acumulado sobre presupuestación con perspectiva de género y sobre cómo hombres y mujeres experimentan los servicios públicos de forma diferente, se ha construido un índice que puede decirle a quienes toman decisiones políticas dónde invertir para producir un impacto más igualitario. Es una herramienta de análisis para mejorar la política pública con evidencia, no con intuición.

Torre Pacheco en 2025, Belfast esta semana. El patrón es similar, que consiste en una agresión atribuida a un migrante, bulos y vídeos falsos que se viralizan y disturbios racistas en la calle. En Belfast, y también en Torre Pacheco, la propia familia de la víctima ha pedido que no se instrumentalice su tragedia. ¿Estamos ante una manifestación minoritaria de la xenofobia o ante unos prejuicios mucho más extendidos de lo que queremos reconocer?

Es una experiencia que tenemos en común en muchos países de Europa, y también en Estados Unidos. Hay un impulso político claro, pero yo lo relaciono también con la crisis del coste de vida y los años de austeridad que seguimos viviendo. La gente que tiene menos, para quienes llegar a fin de mes es difícil, está muy frustrada y busca a quien echarle la culpa. Y es muy fácil señalar a las personas inmigrantes, porque algunas voces políticas y algunos medios fomentan la idea de que la falta de recursos en la vida cotidiana es culpa del Estado por haber invertido en ellos. Pero no es así. Estos recursos tienen que ser para todo el mundo. Y tenemos que pensar en por qué hay tanta inmigración: las guerras, el cambio climático, que están forzando a la gente a moverse porque su tierra ya no da de sí.

Además, hay una campaña activa de desinformación. Se dice que los inmigrantes reciben cantidades enormes de dinero al día, que tienen acceso a vivienda, a móviles. No es verdad. Tenemos la responsabilidad de contrastar esa desinformación.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha denunciado un “clima de miedo” con personas expulsadas de sus casas por el color de su piel. ¿Qué obligación tiene el Estado más allá de condenar?

Tiene obligaciones concretas bajo el Convenio contra la Discriminación Racial: proteger y actuar para prohibir la discriminación que estamos viendo. La libertad de expresión es un privilegio, pero está limitada: no se puede expresar de una manera que amenace o incite a la violencia. El Estado tiene que hacer cumplir ese límite. Está bien condenar, pero también hay que actuar.

El laborismo británico o los socialdemócratas alemanes atraviesan una crisis de apoyo. En España, el CIS ha revelado recientemente que el 44,6% de los españoles apoya la “prioridad nacional” de Vox, que ya figura en algunos pactos de gobierno regionales con el PP. ¿La socialdemocracia ha perdido ese debate porque abandonó los derechos sociales como marco?

Tenemos una responsabilidad, quienes estamos en instituciones públicas, en la prensa, en la docencia: hacer ver con claridad que la estabilidad social, el bienestar democrático, depende de que las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una concepción muy extendida y muy equivocada de que los derechos humanos son una carga innecesaria para el Estado. No: son una manera de ampliar y mejorar las decisiones de política pública, porque empiezan con un principio fundamental que es la dignidad y el respeto para todos. Si empezamos desde ahí, se abre el abanico de lo posible.

En el Reino Unido hay un debate sobre si salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El laborismo no lo ha descartado. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien en Belfast o Glasgow?

Lo que parecía un debate destinado a debilitar el Convenio ha terminado siendo lo contrario. Los 46 países miembros del Consejo de Europa han reafirmado su confianza en la Convención y en el Tribunal de Estrasburgo. Y tienen razón: los derechos que recoge el Convenio están en toda parte de la vida cotidiana. Vienen de un contexto histórico —la posguerra— pero sus valores fundadores siguen plenamente vigentes. Lo que empezó como un cuestionamiento se ha convertido en una reafirmación. Eso es importante.

“Porque Canarias siempre ha sido puerto, abrazo y encuentro”. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, lleva meses preparándose para la visita del papa León XIV a Arguineguín, el muelle que hacinó a miles de personas durante la pandemia. Este 28 de mayo, Bueno publicó en su cuenta de Facebook un vídeo con Marcelo y Mbaye, dos artistas que plasmaron en sendos cuadros su perspectiva sobre la llegada de cayucos a Canarias. “Aquí seguimos demostrando que las fronteras también se rompen con arte, cultura y humanidad”, añadió la alcaldesa. Sin embargo, esta alcaldesa es la misma que boicoteó hace seis años la acogida de menores en su municipio, que fletó guaguas para sacar a los migrantes de su puerto y que se negó a pagar sus entierros.

En noviembre de 2020 el muelle de Arguineguín se había convertido en un campamento para migrantes. Onalia Bueno, aparentemente preocupada por los migrantes, fletó tres guaguas con unas 180 personas y las trasladó a la plaza de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí pasaron hasta seis horas de angustia y sin información sobre qué pasaría con ellos. Los migrantes contaron a este periódico que estaban en la incertidumbre porque no sabían dónde pasarían esa noche, además explicaron que no se habían podido duchar en días. Al estar desamparados en una plaza su principal demanda era la de un baño. También solicitaban un teléfono móvil desde el que llamar a sus familiares para decirles que habían llegado bien. 

Técnicos de ONG explicaron entonces que la alcaldesa había trasladado la situación de hacinamiento de Mogán a Las Palmas de Gran Canaria. Los migrantes además permanecieron durante seis horas, abasteciéndose con la comida y el agua que llevaron al lugar residentes de distintos puntos de la Isla. “Ninguna persona es ilegal” cantaban los vecinos que se quedaron hasta el final con estos jóvenes en señal de apoyo hasta que a las 23.00 salieron las guaguas que les llevarían a hoteles donde alojarse, darse una ducha y poder cargar el móvil, ya que lo que más ansiaban era hablar con sus familias. 

Boicot a la acogida de menores  

El 27 de noviembre, pocos días antes de que se desmantelara el campamento de Arguineguín, la alcaldesa de Mogán de su municipio que alojaban a menores extranjeros no acompañados. Onalia Bueno levantó un acta de denuncia contra los establecimientos por “utilizar instalaciones turísticas -apartamentos- como albergue de migrantes”. Un día antes, la política había amenazado a los hoteleros con sancionarlos si cedían sus establecimientos a fines humanitarios.

Bueno también aprovechó el cero turístico provocado por la pandemia de coronavirus para responsabilizar a la inmigración de la caída de visitantes. Así, convocó una manifestación vecinal para “recuperar el turismo” y exigir que se desalojara a los migrantes de los complejos hoteleros. La acogida de supervivientes de la ruta canaria en complejos turísticos fue la respuesta temporal que encontró el Estado a la falta de recursos habilitados en las islas. Además, fue la alternativa que el Ministerio de Migraciones ofreció para evitar que los migrantes pasaran la noche al raso cuando la alcaldesa fletó guaguas desde Arguineguín hasta Las Palmas de Gran Canaria para sacar a los migrantes del muelle.

El entierro de las víctimas 

En septiembre de 2023, la alcaldesa anunció que el Ayuntamiento no pagaría el entierro de las personas que fallezcan en la ruta migratoria canaria y sean trasladadas al Muelle de Arguineguín. “Nosotros no vamos a asumir ningún enterramiento más porque lo debe pagar el Gobierno de España. Sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, pero no los gastos que ocasiona ese enterramiento, porque no son uno, ni dos, ni tres…”, dijo en una rueda de prensa. 

La alcaldesa obvió el reglamento de Política Sanitaria Mortuaria, que data de 1974, establece que deben ser los ayuntamientos quienes se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro del término municipal. Bueno sostenía entonces que las muertes de los migrantes se producen en alta mar y que, en consecuencia, debe ser el Gobierno central quien se haga cargo.  

No quiere a Salvamento en Mogán 

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno también anunció en 2023 en el pleno municipal su intención de sacar del puerto de Arguineguín, dependiente del Gobierno de Canarias, las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que tienen allí su base para las operaciones de rescate.

Según una información que publicaba el periódico Canarias7, la alcaldesa llegó a anunciar que su propuesta es que estas embarcaciones sean trasladadas al puerto industrial de Arinaga, en Agüimes, a más de 40 kilómetros, pero luego, ya acabada la sesión, explicó que en realidad el destino alternativo que se fije dependerá de las necesidades operativas del servicio, “que tampoco le corresponde conocerlas al Ayuntamiento”. “Lo que sí sabemos es que estas embarcaciones estrangulan la actividad comercial y turística del que es el puerto más rentable de la red de Puertos Canarios en Gran Canaria”, dijo. 

La alcaldesa tampoco quiere a Pedro Sánchez

La última polémica de Bueno es que no quiere a Pedro Sánchez en el muelle de Arguineguín. “No mostró en su día ningún tipo de interés” durante la crisis migratoria de 2020 “pese a que la migración es una competencia estatal”, dijo al enterarse de que el presidente estará en la visita. “No merece venir”, insistió para avivar la polémica pese a su historial de rechazo hacia las personas migrantes.

El papa León XIV ha realizado uno de los actos de mayor simbolismo en su viaje a España. El pontífice ha visitado la cárcel de Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona), donde ha escuchado las breves palabras que le han dedicado dos internas, Montserrat López y Josefina.

“Nos alegra que esté aquí porque muchas veces nos sentimos olvidadas”, ha expresado, a escasos metros del pontífice, Montserrat López, que ha confesado a Robert Prevost que no siempre fue creyente.

“He experimentado la muerte de las personas que más quería, y me he enfrentado al silencio de Dios. No entendía por qué Dios se habia llevado a mi hijo, para mí era el culpable de todo, pero hoy pido perdón a Dios por todo”, ha aseverado López.

Josefina, la otra interna que ha hablado ante el Papa, ha señalado: “Aquí en la prisión no estoy sola, Jesús me da fuerzas y vida lo siento dentro de mí. Si no fuera asi no sé como habría podido soportar todo esto, pero esto pasará, retomaré mi vida y seguiré dando gracia a Dios”.

La parada en Brians 1 ha sido una de las sorpresas del viaje del Papa a España. Una visita anunciada a última hora, y que León XIV pidió expresamente. Es la primera vez que un Papa acude a una cárcel en España, aunque Robert Prevost ya había visitado un centro penitenciario en su viaje a Guinea del pasado abril.

“Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha enfatizado el pontífice, que ha acompañado con sus palabras el simbolismo de una visita que es una forma de visibilizar a un colectivo, los presos y presas, a menudo olvidados por buena parte de la sociedad.

En la selección de los 80 presos que han acudido al auditorio de la cárcel para el acto con el Papa no se ha discriminado a nadie por el tipo de delito cometido, sino que se ha primado la antigüedad en la asistencia a la eucaristía, que en Brians se celebra el sábado y el domingo a cargo de los sacerdotes Jesús Bel (para los hombres) y Jesús Roi (mujeres).

El director de la cárcel de Brians 1, Jordi Pons, ha dado la bienvenida al Papa, y le ha explicado que los 80 presos y presas asitentes al acto, provinentes de los centros penitenciarios de Birans 1, Brians 2 y Wad Ras, “representan la comunidad cristiana de Catalunya”.

“Gracias por mirarnos con ojos de misercordia y por decirle al mundo que existimos, sufrimos y que queremos levantarnos y seguir adelante”, ha dicho el padre de Brians 1, Jesús Bel.

La quinta etapa del viaje del Papa a España, que sucede íntegramente en Catalunya, continuará con una agenda de marcado carácter religioso, simbólico y social: la visita al milenario monasterio de Montserrat, la iglesia de Sant Agustí del Raval de Barcelona, que atiende a colectivos vulnerables, y el plato fuerte de su viaje, la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

Este miércoles acompañaban al Papa el president de la Generalitat, Salvador Illa, muy emocionado con el recibimiento de Catalunya ha dado al pontífice; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; y el obispo de Sant Feliú, Xabi Gómez, que desde hace años trabaja con las realidades de la migración y la marginación, y que ha sido uno de los impulsores de esta visita.

Tras escuchar los impactantes testimonios de las presas, el Papa ha lanzado un llamamiento al futuro, también, al que existe (porque existe) fuera de lo muros de la prisión. “Ser humano y ser cristiano no consiste en no equivocarse sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y, sobre todo, de reconciliarse y de perdonar”, ha subrayhado el pontífice.

“Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha repetido León tras escuchar las palabras de Montse y Josefina, y el trabajo del padre Jesús Roi, el capellán del centro penitenciario. Ante ellos, el Papa ha recalcado uno de los mantras que van marcando su pontificado, el de la dignidad de toda persona, venga de donde venga, con sus heridas, su pasado y sus oportunidades.

“Todo ser humano es 'digno' por el mero hecho 'de haber sido querido, creado y amado por Dios'”, ha subrayado el pontífice, quien ha insistido en que “no existe ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada”.

Esta es, para León XIV, “una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuánto bien o mal hayamos hecho”, pero especialmente para aquellos que “lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís, además, a causa de vuestra actual condición”.

“Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha agregado, insistiendo en que “”en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones“.

“Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y busquemos su rostro. Dejémonos acompañar por su amor. Aferrémonos a Él, que nos invita continuamente a la esperanza y nos muestra un horizonte maravilloso que ninguna barrera física puede impedirnos alcanzar”, ha añadido el Papa, quien ha invitado a los reclusos y reclusas a “seguir soñando el sueño de Dios”, finalizó.

Toda la información en www.religiondigital.org

Canarias es frontera de Europa, destino de la ruta migratoria más mortífera del planeta. Mientras casi 2.000 personas fallecieron el año pasado en el océano, el Gobierno canario se dedica a criticar al Gobierno central y evita enfrentarse a sus contradicciones internas. Los dos partidos que forman el Ejecutivo autonómico, CC y PP, tienen posiciones totalmente contrarias sobre el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo que entrará en vigor el 12 de junio. 

La Unión Europea lleva gestando desde el año 2020 un nuevo acuerdo que unifique las políticas de asilo y control fronterizo. Fue aprobado en 2024 con el objetivo de asegurar un reparto equitativo de responsabilidades y crear procedimientos uniformes en los 27 estados miembros. 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) ha sido duramente criticado por organizaciones de Derechos Humanos que denuncian la reducción del derecho de asilo, que fomenta la detención sistemática en las fronteras, y además promueve la externalización de fronteras y el control migratorio en terceros países.

Aquí en las islas, mientras Coalición Canaria lo rechaza de forma frontal, su socio de gobierno del Partido Popular, respalda de manera entusiasta el nuevo marco europeo. En lo único que coinciden es en criticar que las islas afrontan la entrada en vigor del pacto sin información, sin coordinación y sin haber sido consultadas.

Recientemente, la Unión Europea ha dado luz verde a los centros de deportación de migrantes en terceros países, calificadas por diversas organizaciones como “agujeros negros de los Derechos Humanos”, o “campos de concentración para migrantes”, como los centros de Sheingin y Gjader, que gestiona la Italia de Meloni en Albania desde 2024, y que parecen ser el modelo que tendrá la UE. 

Un Gobierno, dos visiones

El PP votó el pasado mes de marzo, junto con la ultraderecha en el Parlamento Europeo, permitir la apertura de estos centros de deportación de migrantes fuera de la UE. El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri Hijazo, se mostraba en conversación con este periódico totalmente a favor, calificándolo de “beneficioso” para Europa. 

“El PP de Canarias está a favor de los centros de deportación que sean, como dice el reglamento, a través de acuerdos entre la Unión Europea y terceros países. Supervisados y controlados para la reubicación de esas personas que han sido expulsadas porque no cumplen con los requisitos para permanecer en Europa. ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo no tengo argumentos para estar en contra”, aseguraba Qadri. 

En Coalición Canaria sí que encuentran importantes objeciones, como la creación de los centros de deportación de migrantes fuera de la UE. “Estamos en contra de la creación de centros en terceros países, como estamos en contra de ponerle precio a las personas. Lo que están haciendo es alejar a Europa de sus valores fundacionales y nosotros estamos en contra” aseguran desde Coalición Canaria. 

“Se está poniendo precio a las personas, 20.000 euros por cabeza. Eso produce estupor y cuestiona los valores fundacionales de Europa”, señalaba David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria.

“A solidario no me da lecciones nadie”

Jacobo Qadri además de ser vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, es alcalde de Barlovento, en la isla de La Palma, donde asegura que “se vive la inmigración” muy de cerca. “Yo, voluntariamente, abrí con fondos municipales un centro de acogida para menores migrantes no acompañados en mi municipio. Fui el primero, junto con el Ayuntamiento de Moya en Gran Canaria. O sea que, a solidario no me da lecciones nadie”, sentencia Qadri. 

Jacobo Qadri plantea que si él pudo hacerlo en su municipio, también puede hacerse fuera de Europa. “Yo los hice en Barlovento, yo lo hice aquí, en el pueblo. Dos mil habitantes al noreste de la Palma. Es decir, lo que abren la posibilidad de hacerlos en terceros países. ¿Por qué no?” 

El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP en Canarias argumenta su posición política de enviar a migrantes a centros de detención fuera de Europa “para que no estén botados en la calle, ni estén mendigando por las aceras, ni estén cometiendo delitos, o estén los pobres durmiendo en la intemperie. Estén en un centro, con higiene, con comida, con las condiciones hasta que se les reubique. El que esté en contra de eso, pues… Yo estoy a favor”, concluye Jacobo Qadri. 

Críticas fuera, contradicciones dentro

Ninguno de los partidos del Ejecutivo canario se han pronunciado públicamente sobre sus contradicciones internas. Se limitan a reclamar protagonismo sobre el Pacto Europeo y exigen que Canarias no se convierta “en un gran centro de detención”. Llevan meses reclamando que la Comisión de Inmigración aclare sus dudas sobre el Pacto Europeo. Pero durante este tiempo no han aclarado sus posiciones ideológicas dentro del Ejecutivo canario.  

“No esperamos una visión más humana y de respeto a los Derechos Humanos con la aplicación de este nuevo Pacto Migratorio de la Unión Europea” dijo Clavijo en la inauguración de una jornada sobre el Pacto Europeo de Migración. Recientemente, el Gobierno canario ha reclamado al Estado de forma oficial información sobre el Pasto. Clavijo lamentó que “en un asunto de tanta trascendencia el Estado no haya convocado ni una sola Conferencia Sectorial de Inmigración o Presidentes para debatir este asunto”. En opinión del presidente canario, este es el ejemplo de la “mala política, la política que está pensada en el relato, la polarización, en la tensión y el enfrentamiento”.

Conocer Europa y el fenómeno migratorio

Ambos partidos estuvieron de acuerdo con el Pacto Europeo de Migraciones aunque ahora lo critiquen y al menos, la mitad del Gobierno, teme un retroceso en Derechos Humanos. El PP junto a la ultraderecha europea votó a favor de endurecer el pacto europeo de migración y la creación de centros de detención en fuera de la UE. Coalición Canaria, que está integrada en el grupo parlamentario europeo Renovar Europa, a través de la coalición electoral CEUS (Coalición por una Europa Solidaria), con otras fuerzas nacionalistas como PNV, también votaron a favor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y a pesar de haberlo respaldado siempre, ahora Coalición Canaria expresa sus críticas, principalmente por falta de información y financiación para las islas. 

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, que exige al Estado de manera insistente una cumbre urgente con las comunidades autónomas, confundía recientemente en los micrófonos de La Radio Canaria las principales instituciones de la UE, con el único fin de criticar al presidente Pedro Sánchez: “Cuando se aprobó el Pacto de migración, no me refería al presidente de España, me refería al presidente de turno de la Comisión Europea. Esto significa que esto se aprueba siendo el máximo responsable de la UE el señor Sánchez”, decía Valido, confundiendo o mintiendo sobre las instituciones, los cargos y las fechas. Para empezar, la Comisión Europea está presidida por la alemana Ursula von der Leyen desde 2019. La Diputada confunde esta institución europea con la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que España presidió de julio a diciembre de 2023. Pero no fue hasta el 2024, cuando el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron definitivamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y de ningún modo eso convierte a Sánchez en el “máximo responsable de la UE”. 

Las intervenciones sobre el fenómeno migratorio de los partidos al frente del Gobierno en Canarias se han convertido en una constante crítica al Gobierno Estatal, pero rara vez buscan soluciones ni propuestas al fenómeno migratorio. Quizá haya que esperar al mismísimo día 12 de junio cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración, y el Papa esté de visita en Canarias para que ocurra el milagro, y hagan algo por los migrantes. 

Marisol Zamora y Olatz Mercader han comparecido este miércoles en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para relatar supuestos de violencia sexual cometidos por Patxi Ezkiaga, docente en La Salle de Donostia desde 1976 hasta 2012 y fallecido en 2018. Invitadas por la propia Cámara, han intervenido para explicar su situación y emitir su juicio sobre el informe del Ararteko y el tratamiento institucional de sus denuncias.

Desde el inicio de su intervención, las comparecientes han querido enmarcar su presencia como algo colectivo. “No somos dos personas: traemos una memoria colectiva que ha estado enterrada bajo un silencio de décadas”, ha señalado Mercader. Denuncia que su relato fue durante años un “secreto guardado bajo llave” en un entorno donde la institución religiosa tenía más peso que la palabra de las menores. A esto, Zamora ha añadido que los excesos no fueron solo individuales, sino también estructurales, sostenido durante años por el prestigio del agresor y el silencio del entorno.

En su relato, han descrito el impacto de la violencia sexual en la vida de las víctimas, con casos de traumas psicológicos, secuelas emocionales y hasta intentos de suicidio. Han señalado que el abuso no solo afectó a quienes lo sufrieron directamente, sino también a quienes fueron testigos en el aula de una dinámica que han descrito como un “ecosistema de impunidad”, enseñando cómo se puede hacer uso del poder y la autoridad.

“La vergüenza siempre ha estado de nuestro lado”, ha afirmado Zamora, reclamando que ese peso social se traslade a las instituciones responsables. Ambas han denunciado una “omertá” social en torno a los abusos sexuales y han advertido de que “lo que no se nombra no existe”, motivo por el que han decidido romper el silencio públicamente.

Las comparecientes han denunciado además la falta de respuesta adecuada por parte de la institución educativa. Han recordado que La Salle, un centro religioso privado sostenido con fondos públicos, rechazó las medidas de reparación colectiva propuestas en el marco del proceso restaurativo impulsado con el Ararteko, limitándose a respuestas individuales. “No es suficiente con reconocer el daño si no se repara”, ha reivindicado Mercader, criticando que la reparación dependa de la voluntad del propio centro.

Entre sus propuestas, han descrito una reparación con una dimensión colectiva y estructural, así como la creación de un certificado de víctima de violencia sexual que evite la revictimización en los distintos procedimientos administrativos. También han defendido la necesidad de vincular la financiación pública a compromisos éticos de protección infantil, establecer recursos especializados en trauma, crear fondos públicos de reparación y reforzar los mecanismos de prevención y auditoría en entornos con menores. Han interpelado directamente a las instituciones para que pasen de las declaraciones a los hechos. “No venimos a una foto ni a un gesto simbólico, venimos a exigir medidas”, ha señalado Zamora, advirtiendo de que la responsabilidad política es clave para evitar la repetición de casos similares.

Tras los discursos, PSE-EE, EH Bildu y PNV han brindado respuestas con un tono de reconocimiento y apoyo generalizado, aunque con matices. Los socialistas han manifestado su respeto por la valentía de las víctimas y ha defendido la necesidad de avanzar en procesos de justicia restaurativa ante la imposibilidad de una respuesta penal por la prescripción de los hechos y el fallecimiento del agresor. Su portavoz, Miren Gallástegui, ha subrayado el compromiso de “estudiar las propuestas” planteadas y ha criticado que La Salle no haya asumido una reparación colectiva.

Desde EH Bildu, su representante Amancay Villalba ha exigido un pronunciamiento público “claro” por parte del centro educativo que permitió la prolongación de los abusos. Han insistido en que el daño tiene una dimensión colectiva y comunitaria, y han reclamado que las instituciones asuman su responsabilidad por acción u omisión. Villalba ha reiterado la necesidad de avanzar en medidas de reparación, así como en el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios llegados durante el pleno de noviembre de 2023 sobre abusos en el ámbito religioso.

El PNV, a través de Josune Escota, ha trasladado su reconocimiento al sufrimiento de las víctimas y ha afirmado que les escuchan y que les creen. Escota ha subrayado la gravedad de los hechos recogidos en el informe del Ararteko y la importancia de actuar ante ello. También ha defendido que “la verdad, la justicia y la reparación” deben abordarse también desde una dimensión colectiva y ha apelado a la responsabilidad compartida de instituciones y sociedad para garantizar la no repetición.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga fue adelantada por 'El País' en 2024, aunque las víctimas sostienen que los hechos pudieron prolongarse hasta 2012. Al menos 30 mujeres han sido identificadas como víctimas tanto en el aula como en actividades extracurriculares como gimnasia rítmica, excursiones y campamentos. El informe del Ararteko recoge que algunas víctimas sufrieron abusos graves durante años, con secuelas físicas y psicológicas persistentes que requieren atención especializada, en un caso que ha reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional y la reparación de las víctimas de abusos en el ámbito educativo y religioso.