Más de dos meses después desde el resultado electoral del pasado 15 de marzo Castilla y León sigue con un gobierno en funciones. No hay fecha límite para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco porque la normativa autonómica no contempla plazos una vez que se ha propuesto candidato. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, apuró al máximo los 15 días desde la constitución del Parlamento para proponer a Mañueco. Ocurrió el pasado 7 de mayo y desde entonces no ha habido más movimientos.

El Reglamento de las Cortes de Castilla y León establece en su artículo 135.1 que “el Presidente de las Cortes, previa consulta a los Portavoces designados por los partidos, grupos políticos o coaliciones electorales con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. La propuesta deberá formularse como máximo en el término de quince días desde la constitución de las Cortes o el cese del Presidente”.

En el resto del articulado se trata la investidura, pero no se señala el momento. La cuenta atrás arranca con el propio debate: desde que este se celebra, hay dos meses para investir al presidente y el primer intento se produce el mismo, donde es necesaria una mayoría absoluta en la primera votación y simple si a la primera no se consigue. Si en dos meses no hay una votación con más síes que noes que avalen una mayoría simple, el proceso empieza de nuevo: se disuelven las Cortes automáticamente y se convocan elecciones.

La diferencia entre el Reglamento de las Cortes de Castilla y León y Reglamento del Congreso de los Diputados es sustancial: en este último, el artículo 170 dice que “en cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 99 de la Constitución, y una vez recibida en el Congreso la propuesta de candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno, la Presidencia de la Cámara convocará el Pleno”. De esta manera, el gobierno central designa candidato y fecha del debate sin solución de continuidad y sin posibilidad de que haya una presidencia en funciones sin plazos máximos.

¿Se retrasa la firma del pacto porque PP y Vox no llegan a un acuerdo o hay una estrategia oculta?

Las negociaciones del PP con Vox para formar gobierno arrancaron el 25 de marzo. Abogando por la “transparencia” del proceso se facilitó hora, lugar e imágenes a los medios de comunicación. Las reuniones se han sucedido después de esa fecha, pero en secreto. ElDiario.es sí ha tenido constancia de algunos encuentros en la sede de Presidencia de la Junta de Castilla y León al que ha acudido  la secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de acción de gobierno y coordinación parlamentaria, Montserrat Lluis.

Según el Partido Popular, no hay una fecha para cerrar el acuerdo que se negocia medida a medida, y según Vox, Mañueco se negaba a avanzar hasta que se celebrasen las elecciones andaluzas. Una vez celebradas y con un resultado que obliga al PP de Andalucía a pactar con Vox, nada se sabe de cómo pueden influir en la negociación en Castilla y León. Lo único cierto es que hasta ahora no han cristalizado en acuerdo de gobierno.

¿Cuánto tiempo puede prolongarse la negociación? Atendiendo a la normativa autonómica, o más bien a ese vacío legal, sine die. Mañueco podría apalancarse en un gobierno en funciones durante meses e incluso esperar a la convocatoria de elecciones generales antes de rechazar el acuerdo con la extrema derecha y sumarse a la convocatoria nacional, cualquier situación es posible.

¿Se verá el Papa con las víctimas de abusos? “Pues está pensado, está planteado. Es un tema que le preocupa, y del que está cerca. Nosotros hemos hecho la propuesta y estaremos preparados”. El cardenal de Madrid, José Cobo, es sin duda el hombre del Papa en España. Ya lo fue de Francisco y lo sigue siendo de Prevost, que llegará en menos de dos semanas a Madrid. Mal que les pese a los sectores más ultraconservadores, que lo tachan de “traidor” o “profanador” por el acuerdo alcanzado, como adelantó en primicia elDiario.es hace un año, para la resignificación de Cuelgamuros.

 “Tenemos que superar la polarización y apostar por el bien común”, sostiene Cobo al ser preguntado por la posible instrumentalización del viaje de León XIV y su esperado discurso en el Congreso de los Diputados. Sobre la prioridad nacional de Vox, el vicepresidente de la CEE también es tajante. Y recuerda que el Papa piensa lo mismo: “Gracias a Francisco, el discurso de la migración está asentado. ¿Por qué va León a Canarias? Por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa (…). Apostamos por la dignidad, aquí no hay ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda”.

El lunes estuvo con el Papa en Roma. ¿Cómo está Prevost en la cuenta atrás para el viaje?

Muy animado. Este Papa tiene una seguridad muy grande. Desde que fue elegido hace un año ha ido ocupando un espacio. Va creciendo en el ‘oficio’ de Papa, y eso da mucha tranquilidad. Transmite mucha seguridad en lo que dice y hace.

¿Qué Madrid se encontrará el Papa?

Un Madrid muy grande, muy diverso, con un entusiasmo que nos ha desbordado a todos. Quisiéramos enseñarle al Papa un Madrid muy real. Una ciudad que sea tal y como es, con una Iglesia que camina, con sus dificultades, entre la gente.

Hay una parte muy ‘política’ de la visita, desde su encuentro con los reyes, la reunión con Sánchez, el discurso ante el Congreso… ¿El Papa sabe de la situación en España? ¿Qué piensa?

La conoce perfectamente. El Papa no está aislado en una cápsula. Tiene sus relaciones, habla con unos y con otros, conoce perfectamente la situación española. Lo que ocurre es que éste no es un viaje político, es un viaje apostólico, y aunque hable con la política, la propuesta que puede hacer un Papa es la del lema del viaje: ‘Alzar la mirada’. El Papa hablará de política, aunque no de partidos políticos.

“El Papa conoce perfectamente la situación de España (…): éste no es un viaje político, es un viaje apostólico, y aunque hable con la política, la propuesta que puede hacer un Papa es la del lema del viaje: ‘Alzar la mirada’. El Papa hablará de política, aunque no de partidos políticos”

Vivimos en un país en el que todo lo político se examina con lupa, en una realidad marcada por la polarización, y en el que se desentrañarán todos los gestos, tanto en su encuentro con los reyes como con Sánchez, y especialmente lo que diga en el Congreso de los Diputados. Es la primera vez que un Papa habla ante la sede de la soberanía española en democracia…

Todo eso se mirará, pero hay que entender que el Papa que hablará a los políticos no pertenece a un partido político, sino que representa a una tradición religiosa que está en sociedad. Vivimos en una sociedad, como la española, con una tradición católica, que está enraizada. En este contexto, el Papa dialogará, hablará con los políticos, pedirá la dignificación de la política y agradecerá el trabajo de los políticos…

Usted ha dicho que el Papa no viene a hacer política ni a quitarle votos a nadie, pero también ha alertado de la posibilidad de que se instrumentalice todo lo que diga, como ocurrió en el caso de Trump. ¿Qué riesgos reales ve?

Tenemos que mirar más allá. Hay un defecto en nuestro mundo: estamos todo el rato con los móviles y en nuestro pequeño espacio ideológico, y analizamos todo desde esa óptica. La postura de la Iglesia es la de abrir puertas y estar con otra gente que piensa distinto. ¿Qué luego hay gente que quiera hacer de la Iglesia un pequeño espacio ideológico? Pues sí. ¿Qué pueda haber gente que quiera aprovechar el viaje para su propia causa? Pues también. Pero quedarán retratados ante la bondad de una mirada más amplia.

Existe una realidad innegable: Francisco nunca vino a España porque decía que estábamos peleados, tanto dentro como fuera de la Iglesia. La situación no ha mejorado. ¿Puede haber en esas palabras del Papa una llamada a superar esta polarización?

Sí. Tenemos que superar la polarización y apostar por el bien común. Ir a la búsqueda de la dignidad humana y redefinirla con los criterios de nuestro tiempo. El viaje del Papa va a ser, para la Iglesia y para la sociedad, un viaje de puntos de encuentro, no de resaltar las diferencias, y es un ejercicio que nos hace falta. Hay mucho entusiasmo en la gente, porque hemos querido que este viaje no sea solo para dentro de la Iglesia, sino que manifieste una Iglesia que está dialogando, dejándose interpelar por el resto. Hay un anhelo de poder hacer algo juntos. El Papa quiere que hablemos mejor de nosotros mismos, que reconozcamos a buena gente entre los que piensan de otra forma.

“Gracias a Francisco, el discurso de la migración está asentado. ¿Por qué va León a Canarias? Por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa”

Hablemos de la realidad migratoria. Usted ha trabajado durante años con migrantes. ¿Cómo se sitúa ante polémicas como la ‘prioridad nacional’ planteada por Vox?

Como siempre. La voz y el mensaje son siempre los mismos: la dignidad humana. No hay ni ciudadanos de primera ni de segunda. El ADN del cristiano nos hace reconocer la dignidad de todos. También hay que reconocer que no estamos afrontando todo el fenómeno migratorio, que tiene muchos aspectos. Pero gracias a Francisco, el discurso de la migración está asentado. ¿Por qué va León a Canarias? Por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa.

El Papa llega el día 6 de junio. Cuatro días antes, el expresidente Zapatero declarará ante el juez como imputado. ¿Cómo se encajan estas realidades en el viaje de un jefe de Estado como es el Papa?

Vamos a alzar la mirada. La contingencia política de cada país es grave, pero a la gente también le preocupa qué pasa con sus hijos, saber si sus chavales van a tener piso o no, si con el sueldo que tienen van a poder pagarse el alquiler… Necesitamos buscar un sentido a la vida, una llamada a la esperanza. El Papa no va a entrar en la contingencia concreta, no nos va a decir ‘Mirad al cielo’, no, no, pero en estos tres días sí podemos decidir hacia dónde vamos. Y ofrecer respuestas ante esa desorientación, ese desarraigo, esa desesperanza. La contingencia política estará y hay que barajarla. Yo creo que el Papa la integrará, porque es lo que nos pasa, y es nuestra preocupación.

¿Se verá el Papa con las víctimas de abusos?

Pues está pensado, está planteado. Dentro de las peticiones de entrevistas privadas, que ha habido miles, de muchas víctimas, de muchas causas... A lo largo de su pontificado, el Papa ha tenido, y tendrá, encuentros con las víctimas. Es un tema que le preocupa, y del que está cerca. Nosotros hemos hecho la propuesta y estaremos preparados.

Sobre Cuelgamuros: “Ahora mismo, es necesario el diálogo entre el Gobierno, la Santa Sede -que algo tiene que decir- y la comunidad benedictina. Yo si pido, igual que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, un diálogo entre las partes, que trabajen más en clave de diálogo que de confrontación”

Usted está sufriendo, desde hace muchísimo tiempo, ataques y persecuciones en torno a un relato, desde el tema de la resignificación de Cuelgamuros. ¿Sería conveniente que esto se quedara solucionado antes de que la visita del Papa? ¿Hasta qué punto le perturban este tipo de situaciones?

A ver… este es un problema en el que yo no tengo jurisdicción. Yo he hecho el trabajo que se me ha pedido, en el momento en que se me ha pedido. No es nuestra la idea de empezar con este tema, ni yo he intervenido más de lo que se me ha pedido. Ahora mismo, es necesario el diálogo entre el Gobierno, la Santa Sede –que algo tiene que decir– y la comunidad benedictina. Yo si pido, igual que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, un diálogo entre las partes, que trabajen más en clave de diálogo que de confrontación. No tengo yo la llave de esto

Entiendo que esté cansado de que le llamen traidor o profanador…

En la historia de la Iglesia, y en la reciente también, he visto cómo los obispos de Madrid siempre tenían que pasar por tragos parecidos. Son precisas prudencia y templanza para que en estos temas se pueda llegar a un acuerdo, y no crispar. Ahora mismo, se trata de no crispar, provocar diálogo entre las partes y buscar una buena solución. Pero ya digo, no está en mi mano, ni en el origen ni en el final. 

León XIV no ha venido todavía. Pero, cuando se marche, ¿qué? ¿Qué Iglesia se tiene que construir después de la visita del Papa? 

La que estamos construyendo. La visita del Papa no es un evento y no hemos querido hacerlo así. El Papa va a ver la Iglesia que hay, sin más maquillaje. Ahora llega el momento de la recepción de las palabras del Papa, pero después estas experiencias quedan, y hay que trabajarlas. El año que viene, cuando empecemos el curso, recogeremos los guantes que nos haya lanzado el Papa y seguiremos trabajando. Sería precioso que el año que viene, por estas fechas, la gente que haya venido diga 'yo estuve ahí, y lo recuerdo’. Y que les haya alentado a transformar su vida. Ese será es el mejor fruto de este viaje.

Toda la información en www.religiondigital.org

El PP y Vox han registrado en las Corts Valencianes una propuesta de dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación sobre la dana de 2024 que viene derivar la práctica totalidad de la responsabilidad al Gobierno central, mientras que pasa de puntillas por los flagrantes errores y omisiones de la Generalitat Valenciana, pese a tener todas las competencias delegadas en materia de protección civil.

Aunque el documento aún no es definitivo puesto que se pueden presentar enmiendas, no se prevén cambios sustanciales, por lo que el dictamen definitivo se aprobará previsiblemente en la última sesión de la comisión que tendrá lugar el 27 de mayo.

El documento de PP y Vox, de 126 páginas, señala que existía cobertura legal para que el Estado hubiera asumido la dirección de la emergencia y critica tanto las “deficiencias” en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia como la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.

Además, dedica gran parte de las conclusiones a derivar la responsabilidad de la gestión de la catástrofe al Gobierno por no haber declarado la emergencia nacional que se puede activar a petición de la autonomía o de oficio por el ejecutivo central, algo que no hizo porque el expresidente Carlos Mazón se opuso. De hecho, en su comparecencia para presentar su dimisión afirmó que uno de sus errores fue no pedir la declaración de emergencia nacional, reconociendo además que hizo caso omiso a la recomendación de su líder Alberto Núñez Feijóo.

A ello se une que tanto la jueza instructora como la Audiencia Nacional han avalado por activa y por pasiva que la Generalitat Valenciana era la responsable de gestionar la catástrofe. De hecho, en uno de sus autos, la magistrada del juzgado de Catarroja que investiga el caso afirmó que “las víctimas no necesitaban la emergencia nacional sino la acción de la Administración autonómica”, es decir, que se les avisara con tiempo.

Las conclusiones también recurren al bulo del apagón informativo, amplia y reiteradamente desmontado por ambas instancias judiciales: “A lo largo de la Comisión, existe una coincidencia al concluir que la toma de decisiones se desarrolló en un contexto de elevada incertidumbre, derivado de deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real. Esta situación ha sido descrita como un auténtico ”apagón informativo“, especialmente en relación con la información procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Sin embargo, en base a la misma información, la Universitat de València suspendió sus clases, lo mismo que diversos ayuntamientos como el de Utiel, y la Diputación de València mandó a todos sus funcionarios a casa por las previsiones de la Aemet, las mismas que sirvieron a la embajada de Japón para recomendar el 28 de octubre, uno antes de la dana, a sus ciudadanos ubicados en la provincia que se preparan para una situación de emergencia,

Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mandó a Emergencias numerosos correos de pluviometría y de caudales por superación de umbrales. Uno de los primeros ingenieros en declarar como testigo en el juzgado, en concreto el ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Francisco Vallés, destacó el papel de la Aemet: “Sus predicciones tenían que haberse tenido en cuenta. Hay que tomarse en serio a Aemet, que hizo un gran papel avisando desde días anteriores”.

Por último, atribuye también el escrito de conclusiones un amplio apartado para las obras hidráulicas no ejecutadas. Si bien es cierto que atribuye a la responsabilidad a “los sucesivos gobiernos de la nación”, la realidad es que como evidenció el vicepresidente para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) dejó sin ejecutar las obras de encauzamiento por los recortes derivados de la crisis económica, lo que, en consecuencia, hizo caducar la declaración de impacto ambiental y obligó a tramitarla de nuevo.

El dictamen afirma que “la información recabada durante la Comisión permite sostener que la ejecución de una parte sustancial de estas actuaciones habría contribuido de manera significativa a reducir tanto la magnitud de las avenidas como el impacto de sus efectos sobre la población, las infraestructuras y los bienes afectados”.

El mismo perito de la UPV, Francisco Vallés, declaró al respecto: “Se hubiera conseguido más con una buena gestión de la emergencia incluso que con las actuaciones porque [dada] la capacidad para la que estaban pensadas [las infraestructuras] se hubiera desbordado, más tarde, pero se hubiera desbordado”. 

Recientemente, la Audiencia de Valencia avaló a la jueza de Catarroja al concluir que no existía ninguna norma que impusiera “la ejecución de trabajos u obras en los cauces para evitar las consecuencias de incrementos de caudal como los que se produjeron con ocasión de la dana de 29 de octubre de 2024”.

Por lo que respecta a las responsabilidades de la Generalitat, se han incluido tan solo algunas referencias que hablan de “una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

El PP i Vox han registrat en les Corts Valencianes una proposta de dictamen amb les conclusions de la comissió d’investigació sobre la dana del 2024 que deriva gairebé tota la responsabilitat al Govern central, mentre que passa de puntetes pels flagrants errors i omissions de la Generalitat Valenciana, malgrat tindre totes les competències delegades en matèria de protecció civil.

Tot i que el document encara no és definitiu, perquè s’hi poden presentar esmenes, no es preveuen canvis substancials, per la qual cosa el dictamen definitiu s’aprovarà previsiblement en l’última sessió de la comissió que tindrà lloc el 27 de maig.

El document del PP i Vox, de 126 pàgines, assenyala que hi havia cobertura legal perquè l’Estat haguera assumit la direcció de l’emergència i critica tant les “deficiències” en la informació meteorològica i hidrològica transmesa durant l’emergència com la falta d’execució pel Govern central d’infraestructures hídriques en zones de risc.

A més, dedica gran part de les conclusions a derivar la responsabilitat de la gestió de la catàstrofe al Govern per no haver declarat l’emergència nacional que es pot activar a petició de l’autonomia o d’ofici per l’executiu central, cosa que no va fer perquè l’expresident Carlos Mazón s’hi va oposar. De fet, en la seua compareixença per a presentar la dimissió va afirmar que un dels seus errors va ser no demanar la declaració d’emergència nacional, i va reconéixer a més que va fer cas omís a la recomanació del seu líder Alberto Núñez Feijóo.

A això s’uneix que tant la jutgessa instructora com l’Audiència Nacional han avalat per activa i per passiva que la Generalitat Valenciana era la responsable de gestionar la catàstrofe. De fet, en una de les seues interlocutòries, la magistrada del Jutjat de Catarroja que investiga el cas va afirmar que “les víctimes no necessitaven l’emergència nacional, sinó l’acció de l’Administració autonòmica”, és a dir, que se’ls avisara amb temps.

Les conclusions també recorren a la faula de l’apagada informativa, desmuntada àmpliament i reiteradament per totes dues instàncies judicials: “Al llarg de la Comissió, hi ha una coincidència a concloure que la presa de decisions es va desenvolupar en un context d’elevada incertesa, derivat de deficiències en la transmissió de dades hidrològiques, limitacions en els sistemes de predicció i problemes en la integració de la informació en temps real. Aquesta situació s’ha descrit com una autèntica ”apagada informativa“, especialment pel que fa a la informació procedent de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer”.

No obstant això, sobre la base de la mateixa informació, la Universitat de València va suspendre les classes, el mateix que diversos ajuntaments com el d’Utiel, i la Diputació de València va enviar tots els seus funcionaris a casa per les previsions de l’Aemet, les mateixes que van servir a l’ambaixada del Japó per a recomanar el 28 d’octubre, un di abans de la dana, als seus ciutadans situats a la província que es preparen per a una situació d’emergència,

A més, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) va enviar a Emergències nombrosos correus de pluviometria i de cabals per superació de llindars. Un dels primers enginyers a declarar com a testimoni en el jutjat, en concret l’enginyer de camins de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Vallés, va destacar el paper de l’Aemet: “Les seues prediccions haurien d’haver-se tingut en compte. Cal agafar-se de debò l’Aemet, que va fer un gran paper avisant des de dies anteriors”.

Finalment, atribueix també l’escrit de conclusions un ampli apartat per a les obres hidràuliques no executades. Si bé és cert que atribueix la responsabilitat als “successius governs de la nació”, la realitat és que, com va evidenciar el vicepresident per a la Recuperació Econòmica i Social, Francisco José Gan Pampols, el Govern de Mariano Rajoy (2011-2018) va deixar sense executar les obres de canalització per les retallades derivades de la crisi econòmica, cosa que, en conseqüència, va fer caducar la declaració d’impacte ambiental i va obligar a tramitar-la de nou.

El dictamen afirma que “la informació recaptada durant la Comissió permet sostindre que l’execució d’una part substancial d’aquestes actuacions hauria contribuït de manera significativa a reduir tant la magnitud de les avingudes com l’impacte dels seus efectes sobre la població, les infraestructures i els béns afectats”.

El mateix perit de la UPV, Francisco Vallés, va declarar sobre aquest tema: “S’hauria aconseguit més amb una bona gestió de l’emergència fins i tot que amb les actuacions, perquè, [atesa] la capacitat per a la qual estaven pensades [les infraestructures] s’hauria desbordat, més tard, però s’hauria desbordat”.

Fa poc, l’Audiència de València va avalar la jutgessa de Catarroja en concloure que no hi havia cap norma que imposara “l’execució de treballs o obres en els llits per a evitar les conseqüències d’increments de cabal com els que es van produir en ocasió de la dana de 29 d’octubre de 2024”.

Pel que fa a les responsabilitats de la Generalitat, s’han inclòs tan sols algunes referències que parlen d’“una falta de direcció a l’hora d’exigir, contrastar i reclamar de manera constant informació actualitzada sobre l’evolució hidrològica dels barrancs i els cabals que estava en possessió de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer”.

Humorista, presentador y empresario, a Manu Sánchez lo pillamos minutos antes de salir a escena con su obra Entregamos en el teatro Cartuja Center. Con nuevo programa en TVE en puertas, El perro andaluz, hace balance del panorama político tras las elecciones andaluzas del pasado 17M, y no esconde su ilusión por los buenos resultados de Adelante Andalucía, formación a la que considera que ahora empezarán a atacar por todos lados. Por cierto, para la representación que está a punto de empezar “voy con mi propia mortaja”. ¿Y eso esconde alguna referencia al 17M? “Espero que no, el 17M han pasado muchas cosas, pero creo que todas son susceptibles de ser mejoradas y empeoradas”.

Para un andalucista declarado como usted, ¿el 17M se dio un mal o un buen resultado?

Creo que ha sido un resultado sintomático de algo que venimos viviendo desde hace muchos, muchos años, que es que el andalucismo ha sido tratado como un disfraz por casi todas las partes. Y ahora que aparece una parte que no se disfraza con la piel del oso, sino que se autodenomina el oso, alguien que no es la piel del león, sino que dice ser el león, pues empieza a estorbar y a molestar, y como consecuencia empieza a ser atacado.

¿Este ataque a Adelante Andalucía va a venir desde la propia Andalucía o desde el centralismo histórico que ha denunciado tantas veces?

Va a empezar a venir, de hecho ya está viniendo, por todas las partes. Creo que va a haber ataques desde Andalucía al propio andalucismo, hay gente que lo quiere reducir a una nostalgia folclórica que solamente se circunscriba a tazas y camisetas con mensajes y con imágenes de postal. Y creo que va a venir sobre todo por parte del centralismo, que nunca se ha tomado en serio Andalucía como un ente político propio, sino que siempre ha sido mirado como el gran caladero de votos de los partidos centralistas. Hemos llegado a un 17M donde una sociedad tan polarizada tenía probablemente motivos para el descontento con los gobiernos, con el autonómico y con el central. Y en esos descontentos hay quien ha entendido que la solución estaba en la ultraderecha de la prioridad nacional, del racismo y del trumpismo malentendido, y hay quien ha entendido que estaba más por la izquierda de los derechos sociales y de la justicia social. 

¿Eso explicaría que sólo Vox y Adelante Andalucía hayan mejorado?

Obviamente, quienes han recibido la subida son los dos partidos que no forman parte ni del gobierno autonómico hasta la fecha ni del central. Por eso ha subido Vox y por eso ha subido principalmente Adelante Andalucía, que a todos les parecía algo simpático pero ahora dejará de serlo porque es el comienzo de algo con mucho potencial. Pero más allá de otros análisis, no ha habido ni un solo partido que no se haya probado el disfraz del andalucismo: a unos les queda mejor, a otros les queda peor; a uno se le nota que es prestado, a otro le viene grande, pero en casi todos cantaba que no era su traje. Y ha aparecido un espacio que ha sabido ajustarse a la medida del traje del andalucismo y que suena más a piel que a disfraz.

Lo de la prioridad nacional será para Juanma Moreno un sapo bastante grande de tragar, y todavía no sé si lo veremos tragárselo

El éxito de Adelante Andalucía, ¿es un voto de alegría o de cabreo?

Es el voto de las dos cosas. Yo siempre he abogado por una Andalucía seria y alegre, no triste ni de cabreo, pero sí seria. Y creo que ante la seriedad de según qué cuestiones, Adelante Andalucía ha sabido mostrar soluciones. No es, como la han intentado tildar algunos, solamente una opción contestataria, protestona y carne de pancarta, sino que ha puesto soluciones y propuestas encima de la mesa muy concretas. Incluso creo que fue de los pocos que las puso en los dos debates ante el silencio casi generalizado del resto de opciones. Pero eso hay que mostrarlo, y ahí ha sabido José Ignacio [García, candidato de Adelante] jugarlo bien desde la alegría también. Aunque la solución que se proponía Adelante Andalucía esté todavía muy lejos, porque parece que PP y Vox están cerca de ir de la mano para hacer gobierno en esta legislatura, creo que ahora mismo la situación de Adelante Andalucía es de ilusión, de crecimiento, de empoderamiento, y eso creo que se ha conseguido por el camino de ilusionar al votante. 

¿Eso cómo se ha conseguido?

Creo que se ha movilizado un votante nuevo, que no solamente ha habido un voto prestado de otros partidos, que ha habido gente que se ha planteado por primera vez votar: en edades, en barrios, en forma y en fondo, creo que es una opción alegre pero seria. No podemos dejar que algunos ya hayan empezado a hablar de andalucismo flamenquito y de intentar ridiculizarlo, infantilizarlo. Bueno, pues los ataques ya están aquí. Dice mi madre que cuando algo escuece es que está sanando, así que si empieza a molestar es que se están haciendo algunas cosas bien.

En un contexto en el que al menos en la calle se palpaba un malestar por la situación de la sanidad, la educación o la dependencia, ¿cómo se explica que Andalucía esté muy asentada a la derecha?

Bueno, creo que no es ningún secreto que Juanma Moreno viene apostando muy fuerte por su marca personal y por una marca de moderación, de centrismo. No es que lo diga yo, es que ha sacado un libro y lo ha contado él. Yo entiendo que Juanma Moreno es del PP, que es de derechas, pero parte de su éxito es que con su marca personal consigue quedarse con parte del voto que hasta hace tres, cuatro o seis años estaba en el PSOE. Moreno sabe hacer guiños al socialismo, a los derechos sociales, a los servicios públicos... Después habrá que valorar la gestión, si es la correcta o no, pero desde luego en su discurso no dice esto hay que quitar algo o que está a favor de la privatización, él dice que está a favor de defender los servicios públicos, de la justicia social, de no perder derechos... Yo creo que no está nada cómodo con las prioridades nacionales y todas estas soluciones de brocha gorda y torpe de Vox, quien piense que Juanma Moreno va a tragar con la prioridad nacional es que probablemente no lo conozca. Y si al final lo hace, supongo que será por presiones del partido, porque le mueve la foto a nivel nacional y le estropea otra cosa. Pero desde luego será para Juanma Moreno un sapo bastante grande de tragar, y todavía no sé si lo veremos tragárselo.

Lo antisistema era ser muy de izquierda, pero la ultraderecha ha conseguido a nivel mundial erigirse en antisistema, se han quedado con el punk

¿Y entiende que un obrero vote a la ultraderecha?

La ultraderecha ha hecho una cosa y es que se ha quedado con el punk, se ha sabido contar como antisistema. Antes los antisistema eran las opciones más a la izquierda, la derecha era quien conservaba las viejas instituciones, los grandes estamentos y las relaciones sociales vamos a decir más feudales o más estamentales. Y entonces lo antisistema era ser muy de izquierda, pero la ultraderecha ha conseguido a nivel mundial erigirse en antisistema, se han quedado con el punk. Por eso ahora la izquierda también hace bien con intentar quedarse con las cosas que habían sido naturalmente de la derecha, como el amor por las tradiciones, por nuestra historia, por nuestros símbolos, por la bandera, por el escudo, por el himno, por los padres y madres de la patria… Ahora la izquierda tiene que saber quedarse con todas esas herramientas que supo tener la derecha como propia durante mucho tiempo.

¿Y cómo ha sabido hacerse antisistema la ultraderecha?

Lo cierto es que después, a efectos prácticos, vemos que no hay antisistema, que se vota sistemáticamente en contra de las soluciones, de la subida de las pensiones, de los ingresos mínimos vitales y de todo lo que le propone soluciones a esos trabajadores pobres o a esas personas que están en riesgo de exclusión social. Hay una gran apuesta también por todo lo digital, donde consumimos comida rápida como quien come palomitas o un poquito de información basura, y ahí aparecen perfiles de dudosa credibilidad dando soluciones gordas, facilonas y jugando la gran trampa sincronizada que ha jugado la ultraderecha a nivel mundial: el problema de los pobres es que hay otros pobres. Se parte de premisas muy tramposas como con la sanidad, como no puede atender a todo el mundo, pues que no atienda a los de fuera. Pues espérese, porque hay otras muchas opciones políticas que lo que están intentando es buscar soluciones para que la sanidad pueda atender a todo el mundo. Entonces, si partimos de grandes mentiras, llegaremos a falsas soluciones.

Ha hecho mención a la prioridad nacional, ¿cuál es la prioridad nacional de Manu Sánchez?

Bueno, yo ahí haría el juego de palabras: lo que está planteando en realidad la ultraderecha es prioridad 'nazi o ná'. Por como se queda la foto de gobernanza parece que o se pasa por ese aro de la prioridad nazi o está la nada al otro lado. Es un eslogan publicitariamente sonoro, pero que hay que empezar a desmontarlo y a desnudarlo: no es prioridad nacional, es prioridad nazi. Y para mí la prioridad nacional es dejar de dar por normales y por parte del paisaje cosas que eran barbaridades absolutas hasta hace cuatro tardes, precisamente por el sentido común ese que también algunos se han querido quedar como Klein: piden sentido común cuando son los que menos sentido común tienen.

Alguna vez ha comentado que todo cambiará cuando en Madrid se entienda el andalucismo, pero va a llegar sin libro de instrucciones…

Bueno, pues tendrá que aprender. Ya hay antecedentes de andalucismo en Madrid y en el Parlament de Cataluña, y hay un andalucismo que cambió la forma en la que se ha configurado el Estado español desde la Transición, que se proponía una España de dos velocidades, y fue precisamente el andalucismo transversal y mayoritario el que cambió eso e hizo que España a día de hoy sea como es. El andalucismo no es una cosa simpática y nueva que acaba de llegar. Probablemente acabe de resurgir con una generación nueva, con una voz nueva y con unos objetivos nuevos, pero el andalucismo viene de muy atrás. Somos no pocos los que sabemos de lo que va la Asamblea de Ronda, el andalucismo en su primera hornada, en la segunda y ahora en esta tercera, que creo que tiene mucho que decir. Lo que está claro es que hay que intentar seguir peleando por ser una opción alegre y seria, y que no nos confundan eso con nada, que intenten ridiculizarlo como van a pretender sin lugar a dudas. Pero aquí estaremos para demostrar la alegría y la seriedad.

Apuesto por un andalucismo que se presente en España, a ver qué pasa, y pondría en la calle esa opción: andalucismo o barbarie

¿Qué es más importante, que el andalucismo siga creciendo en el Parlamento andaluz o que llegue al Congreso de los Diputados?

Esa es una falsa diatriba, porque no es incompatible, seguramente si crece en un lado crecerá en otro y viceversa porque las opciones políticas van calando en el votante y en el pueblo. Ahora se ha dado un paso importante, de la militancia convencida a gente que vota andalucismo pero que no tiene por qué ser militante 365 días al año. El siguiente reto es estar en el Congreso de los Diputados, sin lugar a dudas. Por eso ahora mismo, en este momento de su vida, yo no escucharía cantos de sirena y a mí me gustaría ver qué ocurre con el andalucismo en las siguientes generales, sin incorporarse a ninguna otra sigla ni a ningunas otras opciones. Las rachas no son casualidad, son fruto del trabajo, y yo apuesto por un andalucismo que se presente en España, a ver qué pasa, y pondría en la calle esa opción: andalucismo o barbarie.

¿Cree entonces que no debe formar parte de esta gran coalición que está propugnando Gabriel Rufián?

Yo así lo creo, las dos opciones, si es que son dos, llegan en puntos diferentes de su recorrido y sin lugar a dudas la de Adelante Andalucía está en plena forma, está en subida. Ahora mismo ese andalucismo en el que yo creo, el que se autogestiona, no tiene que responder a ninguna obediencia nacional que venga desde Madrid, habla desde Andalucía por Andalucía y para Andalucía. Y después seguimos con el himno: para los pueblos, España y la humanidad. Pero de momento, yo lo pondría a prueba en las siguientes generales, yo sí.

¿Y cómo le explicaría el andalucismo a alguien de Despeñaperros para arriba?

A mí principalmente es que desde hace mucho tiempo no me preocupa lo que piensa del andalucismo nadie de Despeñaperros para arriba, porque creo que tenemos mucha tarea en explicar el andalucismo de Despeñaperros para abajo, que es desde donde se va a intentar buscar el voto y convencer a la gente. 

El andalucismo lo que no puede caer es en que nos intenten caricaturizar como que ahora Andalucía pasa de no tener representación a que queramos pedir la independencia pasado mañana

¿Pero el centralismo se combate con más andalucismo?

El centralismo, sin lugar a dudas, está en las antípodas del andalucismo, así que probablemente los dos a la vez no pueden llevar razón. Y el centralismo toma decisiones en base a su propia existencia, que va en contra de los intereses de Andalucía. Así que, claro, el andalucismo tiene que definirse con respecto a otros nacionalismos. Podríamos echar un rato diciendo que el andalucismo es nacionalista, universalista, internacionalista o regionalista. El andalucismo lo que no puede caer es en que nos intenten caricaturizar como que ahora Andalucía pasa de no tener representación a que queramos pedir la independencia pasado mañana. 

Entonces, ¿esto de qué va?

Esto va de que tenemos un sistema político de representación en el que a la concentración del voto le toca premio con la ley D'Hont. Y si la concentración del voto es la correcta y se gestiona bien, al final se tocan tus temas a nivel nacional porque se necesiten tus apoyos en el Congreso de los Diputados. Todo lo que intentemos filosofar y teorizar por encima de eso para intentar buscarle los huecos, las cosquillas y los fallos al andalucismo, creo que vienen de la intención de otros de intentar que en ese exceso de definición se vaya quedando gente fuera. Y creo que ahora estamos en un proceso de que quepa dentro del andalucismo un montón de gente. El exceso de epítetos, de apellidos y de nombres nos van a obligar a ponerlos desde fuera para que haya gente que no se vea representada. Y ahora lo que hay es que hablar de andalucismo de brazos abiertos, de puertas de par en par, de para dentro todo el mundo que aquí cabe todo el que quiera. Esto va de tratar los temas de Andalucía donde se toman las decisiones, que por desgracia es en Madrid.

Con todo lo dicho, ¿usted que es más, andalucista o de izquierdas?

Yo soy andalucista de izquierdas, las dos cosas. Esto es como cuando me preguntan que qué me gusta más, el Carnaval o la Semana Santa. Si no coinciden ningún año, coño, ¿por qué me tengo que comer el coco con eso, por qué tengo que querer más a papá o a mamá? No me quiero poner en esa diatriba, las dos cosas son muy compatibles. Ya le he dado muchas vueltas para saberme andalucista y para saberme de izquierdas, no le estoy echando ningún esfuerzo en saber si soy más una cosa o la otra…

Ante el machismo hay que levantar la voz siempre, no sólo cuando el agresor tiene otro color o es de un origen distinto. Siempre, sin excepciones, no hay víctimas de primera y de segunda, tampoco agresores de primera y de segunda. Hay víctimas y hay agresores y en medio una realidad que hay que denunciar sin ambages. 

El año pasado en Extremadura cuatro mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, ellas murieron y no pudieron contar el calvario por el que seguramente habían pasado, mujeres con nombre propio. Ante eso, silencio por parte de las señorías de Vox porque parece que el tema no va con ellos. 

Sin embargo, cuando quien comete el delito es de fuera o de otro color de piel o ambas cosas, los mensajes de odio se multiplican y la llamada a la caza se amplifica desde todos los frentes, también y, sobre todo, desde las redes. 

Insisto, hay que denunciar siempre todas las violencias machistas, todas, por eso son importantes las leyes y los avances en los derechos de todas las mujeres. Por eso es importante escuchar, acompañar y denunciar. 

No se entiende el manto de odio que se extiende lentamente hasta calarlo todo. Pasó en Torre Pacheco, Murcia, un hecho puntual que resultó ser falso provocó una oleada de miedo, violencia y odio alentado desde determinados colectivos muy bien organizados de la ultraderecha. Los señores lanzan los mensajes una y otra vez desde sus sillones de oro y sus altavoces y convierten en chivo expiatorio a los otros, en este caso los de fuera que vienen a quitarnos los trabajos, a robarnos las ayudas y a violar a nuestras mujeres.

Es un cuento feo, muy feo, pero también muy viejo. Así pasó en Europa en la primera mitad del siglo XX, así pasa hoy en día en Palestina, siempre hay un otro, un enemigo contra el que ir. Enfocan los discursos para alimentar ese odio visceral y tapar los ojos hacia lo importante. 

El racismo no es la solución para evitar agresiones sexuales, para evitar el maltrato o las agresiones machistas. Hay que ser contundentes en la respuesta a todos los agresores, sean quienes sean. Ante cualquier agresión machista todo el peso de la ley y todas las instituciones del estado para acompañar a esa mujer que ha sufrido esa agresión machista. Muchas veces la justicia no ha estado al lado de las mujeres maltratadas y agredidas pero el empuje del movimiento feminista ha cambiado muchas cosas y seguirá haciéndolo. Por lo pronto a saber que quienes solo alzan la voz cuando el agresor tiene otro color de piel no quieren acabar con el machismo, solo instrumentalizan la violencia machista para asentar su relato racista. 

La manifestación convocada por la Sociedad Civil Española y apoyada por Vox y el PP con el lema “prioridad nacional” ha reunido a votantes de extrema derecha esta mañana en las calles de Madrid, en una marcha que ha comenzado en Colón y ha finalizado en Moncloa, donde se han vivido algunos momentos de tensión entre algunos asistentes y la Policía cuando han cortado la A-6 y han intentado llevar la protesta a las puertas de la sede de la Presidencia. Según Delegación de Gobierno, se han producido tres detenciones y siete agentes han resultado heridos.

“Pedro Sánchez, hijo de puta” ha sido el grito más escuchado durante el recorrido, que acompañaban con peticiones de expulsión del presidente del Gobierno, y carteles que cargaban contra José Luis Rodríguez Zapatero, que comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, y pedían su entrada en la cárcel.

Santiago Abascal ha estado presente durante la concentración, y se ha sumado a exigir la entrada de Zapatero en prisión provisional. Además, desde Vox piden que Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros en funciones durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 declaren como testigos en la Audiencia Nacional.

El presidente de Vox sostiene que este tipo de movilizaciones son “necesarias” debido a que la “prioridad nacional” es “la expulsión de Sánchez del poder”, además de que seguirán apoyando las concentraciones contra el presidente del Gobierno “sin ningún tipo de ambages”.

“Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos”, ha declarado Santiago Abascal desde la plaza de Colón de Madrid. El líder de Vox cree que España está “secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles”.

Desde Vox consideran que hay “motivos suficientes” para que el expresidente Zapatero entre en prisión, como insistió el viernes el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. Algunos de los manifestantes defendían que “incluso Donald Trump (presidente de los Estados Unidos) está como loco por agarrar a Zapatero”.

La manifestación de este sábado ha reunido a votantes de Vox que cargaban banderas de España, además de banderas con la Cruz de Borgoña e incluso franquistas incostitucionales. Durante la marcha, entre gritos repetitivos que cargaban contra Sánchez y su Gobierno, también se han escuchado ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han calificado como “payasa”, pese a que el Partido Popular ha apoyado la propia manifestación de esta mañana. Algunas personas explamaban: “Dónde están, no se ven los barones del PP”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presente en la manifestación esta mañana ha señalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistiendo en que es “inaudito” que la ministra haya retado a su partido a presentar una moción de censura “contra su propio Gobierno”. García ha insistido en que “en este momento” el Partido Popular no utilizará este instrumento constitucional para no “regalar una victoria” a Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Senado ha estado acompañada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas. García ha sostenido que su intención y la de su partido era apoyar a los españoles que piden la dimisión de Pedro Sánchez.

“Una amplia representación del PP ha venido a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción”, ha declarado esta mañana Alicia García, y sostiene que el presidente del Gobierno “tiene miedo”, porque sabe que “el tiempo se le acaba”aunque quiera “aferrarse al poder”. “Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él”, ha añadido la portavoz del PP.

No se ha visto, en cambio, al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo esta mañana en la manifestación por la “prioridad nacional”, pese a que su partido apoyaba la concentración. Alicia García ha justificado que Feijóo debía estar hoy presente en el Congreso del PP de Baleares donde se ha reelegido con el 99,93% de los votos como presidenta a Marga Prohens.

En la manifestación también han estado presentes el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama. El exdirigente del partido Javier Ortega Smith, que aunque fue expulsado de Vox mantiene su escaño en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) también han acudido.

Las expresiones xenófobas y racistas no han tardado en aparecer: “España cristiana y no musulmana”, “reasignación si no comen jamón” o “ayudas sociales para los nacionales” han sido algunos de los gritos que se han escuchado en la manifestación por la “prioridad nacional”, incluso se han escuchado clásicos versionados: “Bote, bote, musulmán el que no bote”. También se reclamaba a Santiago Abascal como nuevo presidente del Gobierno.

Los manifestantes han repetido los insultos hacia Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE: “Es un puticlub, no una sede”, “Zapatero al talego” o “Partido Socialista, putero y golpista” han sido algunas de las ideas que han gritado durante la concentración de esta mañana en Madrid. A la llegada a Moncloa, manifestantes recibían a la marcha con carteles en los que se podía leer “Detengamos a Sánchez”. Los carteles también cargaban contra el presidente del Ejecutivo por “la DANA, Adamuz, el gran apagón”, y definían a los socialistas como “cobardes”.

Al final de la marcha, la tensión ha aumentado cuando la Policía ha impedido a los manifestantes que continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Varias decenas de manifestantes que habían llegado hasta el Arco de la Victoria en Moncloa han cortado la A-6 y han intentado rebasar los límites de la convocatoria para trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la también residencia de Sánchez.

El PP i Vox van anunciar el 5 de maig passat el tancament de la comissió d’investigació de la dana en les Corts Valencianes després d’haver comparegut tan sols 32 de les 96 persones previstes segons el càlcul de l’oposició, és a dir, un 33%. Entre els que finalment no declararan hi ha persones clau com l’exconsellera Salomé Pradas o la cúpula d’Emergències el dia de la dana, entre ells el subdirector Jorge Suárez.

Així doncs, el pròxim 27 de maig, en l’onzena i última sessió, es votarà l’escrit de conclusions pactat pel PP i per Vox que deriva tota la responsabilitat de la catàstrofe al Govern i quedarà definitivament tancada.

Per a tractar d’impedir-ho, tenint en compte de la gran quantitat de compareixents que quedaven per declarar davant les Corts, tant el PSPV com Compromís van presentar diverses iniciatives amb l’objectiu que, com a mínim es votara en les Corts. Però des de Vox i sobretot des del PP no semblen disposats al fet que diputats de les zones afectades, l’expresident Carlos Mazón o l’actual cap del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, queden retratats votant en contra de continuar investigant. Així doncs, la dreta i l’extrema dreta han frenat les iniciatives esmentades presentades en la junta de portaveus i en la Mesa de les Corts.

D’una banda, el PSPV va tractar que almenys es debatera i es votara en les Corts prorrogar els treballs de la comissió d’investigació per dos dies. La primera, sol·licitant en la junta de portaveus que s’incloguera en l’ordre del dia del ple d’aquesta setmana esdevingut els dies 20 i 21 de maig. No obstant això, va ser directament rebutjat pel PP i Vox. Paral·lelament, els socialistes van presentar una proposició no de llei urgent per a debatre en les Corts la necessitat d’aprovar una pròrroga, però populars i ultres van sol·licitar un informe jurídic per a retardar la decisió. Així doncs, en celebrar-se el ple següent els dies 3 i 4 de juny, una vegada ja haja finalitzat la comissió d’investigació (es liquida el 27 de maig), no s’escaurà debatre una pròrroga.

Davant els terminis tan ajustats, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, juntament amb el també diputat valencianista, Jesús Pla, va elevar una proposta a la Mesa de les Corts per a crear una nova comissió d’investigació dirigida a “esbrinar les responsabilitats polítiques derivades de la gestió del Consell des de l’avís especial de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) fins a l’actualitat i que incloga com a objecte de la investigació les mesures adoptades abans, durant i després per cadascuna de les conselleries que conformaven i conformen el Consell”.

A aquesta petició, novament la Mesa va respondre tirant pilotes fora i dilatant la resposta: “Amb independència de sol·licitar un informe a l’Assessoria Jurídica sobre la viabilitat d’admetre a tràmit la proposta de creació d’una comissió d’investigació l’objecte de la qual coincideix substancialment amb el d’una altra que no ha conclòs els seus treballs, ha acordat suspendre la tramitació de la iniciativa a aquest efecte que la reformuleu incorporant-hi un termini concret d’acabament dels treballs, en aplicació de l’article 52.1 del Reglament”.

La Mesa, també amb majoria del PP i de Vox, ja deixa entreveure que es tracta d’una comissió molt semblant a la que es tancarà d’ací a poc, per la qual cosa tot apunta que la proposta no serà admesa i no es votarà en les Corts.

Per al síndic del PSPV, José Muñoz, el veto del PP i Vox a la pròrroga de la comissió d’investigació sobre la dana suposa “un insult a les víctimes” i evidencia que la prioritat del Consell és “amagar la veritat i continuar protegint Mazón i a un govern que va fer desistiment de funcions el dia de la tragèdia”.

“Aquesta decisió va contra la memòria de les víctimes i demostra l’absoluta feblesa del president de la Generalitat”, ha afirmat Muñoz, que també ha denunciat que el “corró antidemocràtic” del PP impedirà que Pérez Llorca, Mazón i els diputats populars de les comarques afectades “es retraten votant en contra que continuen els treballs de recerca”.

En aquest sentit, el dirigent socialista ha assegurat que, una vegada més, queda clara la voluntat del PP de “no investigar i tirar terra sobre la gestió de la dana”, amb l’objectiu de continuar protegint Mazón i un Consell que continua “aferrat als seus càrrecs malgrat la seua actuació negligent”.

Per part seua, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha lamentat que “el PP i Vox tornen a utilitzar la seua majoria en la Mesa del parlament per a impedir el debat sobre la nova comissió d’investigació, que evidencie les seues vergonyes; ni tan sols les 230 víctimes, les evidències de mentides del Consell, la pèssima gestió de la dana, han sigut prou perquè es treballara en la comissió d’investigació per a saber la veritat i prendre mesures reals perquè no torne a passar”.

Per a Navarro, “el poble valencià mereix saber la veritat i el PP i Vox li ho neguen, perquè la comissió ha sigut un esperpent que culminen amb un dictamen en què no caben més mentides” i ha afegit: “Urgeix una comissió que realment treballe, cride a comparéixer tots els membres del Consell i els alcaldes que van gestionar l’emergència, vertaders experts que permeten obtindre conclusions útils per a la ciutadania, i no mentides”.

El PP y Vox anunciaron el pasado 5 de mayo el cierre de la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes tras haber comparecido tan solo 32 de las 96 personas previstas según el cálculo de la oposición, es decir, un 33%. Entre los que finalmente no declararán hay personas clave como la exconsellera Salomé Pradas o la cúpula de Emergencias el día de la dana, entre ellos el subdirector Jorge Suárez.

Así, el próximo 27 de mayo, en la undécima y última sesión, se votará el escrito de conclusiones pactado por el PP y por Vox que deriva toda la responsabilidad de la catástrofe al Gobierno y quedará definitivamente cerrada.

Para tratar de impedirlo, habida de cuenta de la gran cantidad de comparecientes que quedaban por declarar ante las Corts, tanto el PSPV como Compromís presentaron diversas iniciativas con el objetivo de que, como mínimo se votara en las Corts. Pero desde Vox y sobre todo desde el PP no parecen dispuestos a que diputados de las zonas afectadas, el expresidente Carlos Mazón o el actual jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, queden retratados votando en contra de seguir investigando. Así, la derecha y la extrema derecha han frenado las mencionadas iniciativas presentadas en la junta de portavoces y en la mesa de las Corts.

Por un lado, el PSPV trató de que al menos se debatiera y se votara en las Corts prorrogar los trabajos de la comisión de investigación por dos días. La primera, solicitando en la junta de portavoces que se incluyera en el orden del día del pleno de esta semana celebrado los días 20 y 21 de mayo. Sin embargo, fue directamente rechazado por el PP y Vox. Paralelamente, los socialistas presentaron una proposición no de ley urgente para debatir en las Corts la necesidad de aprobar una prórroga, pero populares y ultras solicitaron un informe jurídico para retrasar la decisión. Así, al celebrarse el siguiente pleno los días 3 y 4 de junio, una vez ya haya finalizado la comisión de investigación (se finiquita el 27 de mayo), no habrá lugar a debatir una prórroga.

Ante lo ajustado de los plazos, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, junto al también diputado valencianista, Jesús Pla, elevó una propuesta a la mesa de las Corts para crear una nueva comisión de investigación dirigida a “averiguar las responsabilidades políticas derivadas de la gestión del Consell desde el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta la actualidad y que incluya como objeto de la investigación las medidas adoptadas antes, durante y después por cada una de las consellerias que conformaban y conforman el Consell”.

A esta petición, nuevamente la mesa respondió tirando balones fuera y dilatando la respuesta: “Con independencia de solicitar un informe a la Asesoría Jurídica sobre la viabilidad de admitir a trámite la propuesta de creación de una comisión de investigación el objeto de la cual coincide sustancialmente con el de otra que no ha concluido sus trabajos, ha acordado suspender la tramitación de la iniciativa al efecto que la reformuláis incorporando un plazo concreto de acabado de los trabajos, en aplicación del artículo 52.1 del Reglamento”.

La mesa, también con mayoría del PP y de Vox, ya deja entrever que se trata de una comisión muy parecida a la que se va a cerrar en breve, por lo que todo apunta a que la propuesta no será admitida y no se votará en las Corts.

Para el síndic del PSPV, José Muñoz, el veto de PP y Vox a la prórroga de la comisión de investigación sobre la DANA supone “un insulto a las víctimas” y evidencia que la prioridad del Consell es “ocultar la verdad y seguir protegiendo a Mazón y a un gobierno que hizo dejación de funciones el día de la tragedia”.

“Esta decisión va contra la memoria de las víctimas y demuestra la absoluta debilidad del president de la Generalitat”, ha afirmado Muñoz, quien también ha denunciado que el “rodillo antidemocrático” del PP impedirá que Pérez Llorca, Mazón y los diputados populares de las comarcas afectadas “se retraten votando en contra de que continúen los trabajos de investigación”.

En este sentido, el dirigente socialista ha asegurado que, una vez más, queda clara la voluntad del PP de “no investigar y echar tierra sobre la gestión de la DANA”, con el objetivo de seguir protegiendo a Mazón y a un Consell que continúa “aferrado a sus cargos pese a su negligente actuación”.

Por su parte, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha lamentado que “el PP y Vox vuelven a utilizar su mayoría en la mesa del parlamento para impedir el debate sobre la nueva comisión de investigación, que evidencie sus vergüenzas; ni siquiera las 230 víctimas, las evidencias de mentiras del Consell, la pésima gestión de la DANA, han sido suficientes para que se trabajara en la comisión de investigación para saber la verdad y tomar medidas reales para que no vuelva a suceder”.

Para Navarro, “el pueblo valenciano merece saber la verdad y el PP y Vox se lo están negando puesto que la comisión ha sido un esperpento que culminan con un dictamen en el que no caben más mentiras” y ha añadido: “Urge una comisión que realmente trabaje, llame a comparecer a todos los miembros del Consell y los alcaldes que gestionaron la emergencia, a verdaderos expertos que permitan obtener conclusiones útiles para la ciudadanía, y no mentiras”.

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar la regularización extraordinaria que entró en vigor el pasado abril y que ya han solicitado más de medio millón migrantes, informan fuentes jurídicas a elDiario.es Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han tomado esta decisión tras la vista celebrada este viernes, en la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y otros entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOir, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia han solicitado, en ocasiones con argumentos falsos o tergiversados, la suspensión del decreto hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto.

Los magistrados han determinado que las asociaciones ultra no están legitimadas para recurrir, pero sí Vox y la Comunidad de Madrid, aunque han rechazado su pretensión de paralizar ya el decreto. El tribunal, que ha deliberado durante algo más de tres horas, únicamente ha adelantado el fallo. La argumentación se conocerá próximamente cuando se hagan públicos los autos.

Durante la vista, los recurrentes han alegado que la aplicación de la norma despliega efectos y derechos colaterales de forma inmediata. Y que si el Tribunal Supremo dictara en el futuro una sentencia anulando el decreto, sería imposible revertir las autorizaciones y prestaciones ya concedidas. También han desplegado algunos bulos sobre los efectos para los servicios públicos o el censo electoral que han sido confrontados por la Abogacía del Estado y las organizaciones Asociación Pro Derechos Humanos, Coordinadora de Barrios y Servicio Jesuita a Migrantes. 

El Gobierno aprobó el pasado abril una regularización extraordinaria a la que pueden acogerse todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha. El decreto surgió de una iniciativa que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas. 

“Incremento del gasto social”

“La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social”, ha alertado el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, a pesar de que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho a la sanidad o la educación postobligatoria. Además, otras medidas como las ayudas en materia de vivienda exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. 

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha confrontado los bulos con los que algunas de estas entidades han tratado de frenar esta regularización. Y ha defendido que el decreto busca la “integración efectiva” de personas que ya tienen “arraigo” en España y que aceptar su suspensión “comprometería” sus derechos. Además, ha revelado que, hasta este jueves, 549.596 personas ya habían solicitado acogerse a esta regularización. De ellas, 91.905 han sido admitidas a trámite.

El letrado de la Comunidad de Madrid ha alegado que el Ejecutivo regional no ha tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y ha pedido a los magistrados que “empaticen” con los gestores de estos servicios ante la posibilidad de que 255.000 personas se acojan a esta regularización en la región. El representante de los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño se ha expresado en términos menos incisivos que el recurso presentado ante el tribunal, en el que se dibujaba un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”.

“La Comunidad de Madrid no busca ningún perjuicio para estas personas, únicamente que haya certidumbre”, ha aseverado. No obstante, ha apuntado que unas de las “consecuencias inmediatas” es el otorgamiento de una Tarjeta Sanitaria Individual. Y, aunque ha admitido que estas personas tienen ya una “prestación sanitaria”, ha insistido en que no es lo mismo una prestación “ocasional” que el hecho de formar parte de forma “estable y estructural” del sistema sanitario.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

“El acceso a todos esos derechos se produce ya. El problema está en si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad que se está produciendo para estas personas por una situación de irregularidad que la Administración tampoco ha podido resolver”, ha respondido el abogado del Estado.

Los cambios en el censo electoral

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que está colegiado como abogado, también ha alentado el bulo de que la regularización va a alterar los censos electorales. Se ha referido al “riesgo grave” de que estas personas puedan votar en las próximas elecciones generales. La norma del Ejecutivo, sin embargo, no promueve la nacionalización de migrantes necesaria para participar en estos comicios, solo su regularización para poder residir y trabajar en España. 

En su turno de respuesta, el abogado del Estado ha recordado que, de acuerdo al Código Civil, la concesión de nacionalidad en España tiene un plazo de diez años que se reduce en el caso de países con especial vinculación o de matrimonio con un nacional. Ha advertido, no obstante, de que “en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar en las siguientes elecciones”.

Sí tendrán derecho a votar en las municipales los residentes extranjeros cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado, si bien la abogada Patricia Fernández, que ha representado en las vistas a la Asociación Pro Derechos Humanos y la Coordinadora de Barrios, ha recordado que apenas 12.000 migrantes pidieron poder ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones locales de 2023. 

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este viernes que “el agua debe garantizar primero las necesidades de Castilla-La Mancha antes de cualquier salida de agua fuera de la región”, al tiempo que ha destacado que esta reivindicación forma parte esencial del Pacto Regional por el Agua entregado a las instituciones europeas.

De hecho, es una de las cuestiones que avala la sentencia del Tribunal Supremo que se conoció ayer, tras desestimar el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) que se oponían al plan hidrológico vigente del río que incluye, entre otras cosas, aplicar caudales ecológicos en su cauce medio.

Núñez no ha valorado la sentencia ni tampoco que vaya a suponer una reducción a los envíos de agua hacia la cuenca del Segura. Algo que han defendido en los tribunales sus compañeros de partido en la Comunitat Valenciana o en Murcia.

Sin embargo, a cuenta de esta noticia, ha cargado contra el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que ayer pedía al Gobierno de España acelerar las decisiones que tienen que ver con el trasvase Tajo-Segura: está pendiente un cambio en las normas de explotación que debe aprobar el Estado. Page defendió que Castilla-La Mancha ha ganado, tras diez sentencias, “la más importante batalla en materia de agua”.

Hoy Paco Núñez ha dicho que cuando Page habla de “supuestas victorias”, estas no lo son “para el campo de Castilla-La Mancha”. Durante la celebración del Comité de Dirección del partido ha señalado que “mientras el Partido Popular trabaja en Europa para garantizar agua para agricultores y ganaderos, Page se conforma con celebrar decisiones que perjudican directamente al campo castellanomanchego”, aunque no ha explicado cómo, ya que en realidad solo ha hablado de la cuenca del Guadiana.

Cree que hay “una mala planificación hídrica” - en la actualidad ya se trabaja para elaborar una nueva en todos los ríos de España y Castilla-La Mancha acaba de concretar sus alegaciones a través del Consejo Regional del Agua- y además dice que “es una pena ver cómo quien lleva 11 años gobernando Castilla-La Mancha está tan lejos de los problemas de esta tierra, tan lejos de sus preocupaciones y tan lejos del sufrimiento de los castellanomanchegos”, ha afirmado.

Paco Nuñez no ha hablado del río Tajo, ni del trasvase hacia el Segura, para centrase en el río Guadiana. Ha advertido de que “el cierre de miles de pozos en la Mancha” tendría consecuencias “devastadoras” para la economía regional, el empleo y el futuro de decenas de municipios. Los socialistas llevan días negando las afirmaciones del líder 'popular' que hoy ha vuelto a insistir en esta cuestión.

Esta semana viajaba a Estrasburgo para reunirse con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, a la que entregó el documento del Pacto Regional del Agua, que representa la posición de Castilla-La Mancha en materia hídrica, y le trasladaba la necesidad de ampliar la Directiva Marco del Agua hasta 2032 para evitar “un desastre” en la región.

Hoy de nuevo ha defendido lo mismo y también poner en marcha inversiones hídricas que permitan garantizar agua para agricultores, ganaderos y familias de Castilla-La Mancha.

Vox también intervenido en el debate, apostando por un Plan Nacional del Agua como alternativa a la “confrontación” por el trasvase, dice, entre PP y PSOE. La formación ultra cree que “sobra” agua en el río Tajo o hacen falta más trasvases, interconectando las cuencas de los ríos como solución.

El PSOE de Castilla-La Mancha por su parte dice que va a seguir “presionando” a PP y a Vox en las Cortes regionales para que se posicionen sobre las sentencias del Tribunal Supremo en relación al trasvase Tajo-Segura que considera “una victoria de todos” y “una derrota del PP y de Vox que en algunos casos ni siquiera reconocen la prioridad de la cuenca cedente”. El diputado Antonio Sánchez Requena ha afeado al PP que sea “incapaz de alegrarse de las buenas noticias de la región y que está absolutamente sometido a los intereses electorales que tiene Génova en el Levante”, ha criticado.

Sánchez Requena ha reprochado al presidente del PP regional, Paco Núñez, su actitud “absolutamente vergonzosa e irrespetuosa con la región” en momentos precisos como el de la visita de Elías Bendodo, ante cuyas declaraciones en pro del agua para Levante “agachó la cabeza”, ha recordado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, ha denunciado ante el Consejo Superior de Deportes que exija al Athletic Club la retirada o modificación de su nueva equipación oficial, que incluye en la parte trasera del cuello un mapa de Euskal Herria estampada con una ikurriña bajo el lema “Gure Nortasuna”.

El mapa incluye territorios ajenos al País Vasco como el Enclave de Treviño, Navarra o parte de Cantabria, algo que Vox considera “un desprecio” a las instituciones autonómicas y la utilización del fútbol “como un instrumento de confrontación territorial”. También advierte que esto es “una provocación directa” a los aficionados de Navarra, Cantabria y Castilla y León y al público general, según la carta remitida por Pollán y enviada a los medios de comunicación.

Carlos Pollán ha pedido al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que inste también a LaLiga y a la Federación Española a supervisar y prohibir de manera expresa esta equipación para “garantizar el principio de neutralidad política” en el deporte.

Estas protestan se producen poco después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendiera que la incorporación del enclave burgalés de Treviño a Álava era “jurídicamente posible”, aunque sería necesario dar pasos previos “preceptivos”. El PSOE y la Junta de Castilla y León defendieron que el enclave de Treviño forma parte de Burgos y descartaron cambios territoriales.

Una “lesión al marco constitucional”

“La inclusión de este mapa y su simbología excede por completo los fines deportivos del club, configurando una explícita proclama de carácter político que lesiona gravemente el marco constitucional”, ha advertido la formación a través de un comunicado.

El Athletic Club tiene previsto estrenar dicha equipación este sábado en el Estadio Santiago Benabéu. Para Vox, la camiseta se ha transformado en un soporte de “propaganda político-territorial” que “rompe unilateralmente con los principios generales de la actividad deportiva reglada por los principios de neutralidad y respeto”.

Carlos Pollán interpreta que estos símbolos conculcan las directrices de la F. A. Board Internacional (IFAB), que prohíbe los eslóganes, mensajes o imágenes políticas, religiosas o personales en los equipamientos deportivos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, Vox y organizaciones de extrema derecha han trasladado este viernes al Tribunal Supremo su batalla contra la regularización extraordinaria que concederá los papeles a más de medio millón de personas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acogido las cinco vistas en las que los recurrentes han solicitado, en ocasiones con argumentos falsos o tergiversados, la suspensión cautelar de la norma hasta que los magistrados resuelvan el fondo del asunto. 

“La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social”, ha alertado el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, a pesar de que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho a la sanidad o la educación postobligatoria. Además, otras medidas como las ayudas en materia de vivienda exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. 

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha confrontado los bulos con los que algunas de estas entidades han tratado de frenar esta regularización. Y ha defendido que el decreto busca la “integración efectiva” de personas que ya tienen “arraigo” en España y que aceptar su suspensión “comprometería” sus derechos. Además, ha revelado que, hasta este jueves, 549.596 personas ya habían solicitado acogerse a esta regularización. De ellas, 91.905 han sido admitidas a trámite.

El letrado de la Comunidad de Madrid ha alegado que el Ejecutivo regional no ha tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y ha pedido a los magistrados que “empaticen” con los gestores de estos servicios ante la posibilidad de que 255.000 personas se acojan a esta regularización en la región. El representante de los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño se ha expresado en términos menos incisivos que el recurso presentado ante el tribunal, en el que se dibujaba un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”.

“La Comunidad de Madrid no busca ningún perjuicio para estas personas, únicamente que haya certidumbre”, ha aseverado. No obstante, ha apuntado que unas de las “consecuencias inmediatas” es el otorgamiento de una Tarjeta Sanitaria Individual. Y, aunque ha admitido que estas personas tienen ya una “prestación sanitaria”, ha insistido en que no es lo mismo una prestación “ocasional” que el hecho de formar parte de forma “estable y estructural” del sistema sanitario.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

“El acceso a todos esos derechos se produce ya. El problema está en si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad que se está produciendo para estas personas por una situación de irregularidad que la Administración tampoco ha podido resolver”, ha respondido el abogado del Estado.

Los cambios en el censo electoral

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que está colegiado como abogado, también ha alentado el bulo de que la regularización va a alterar los censos electorales. Se ha referido al “riesgo grave” de que estas personas puedan votar en las próximas elecciones generales. La norma del Ejecutivo, sin embargo, no promueve la nacionalización de migrantes necesaria para participar en estos comicios, solo su regularización para poder residir y trabajar en España. 

En su turno de respuesta, el abogado del Estado ha recordado que, de acuerdo al Código Civil, la concesión de nacionalidad en España tiene un plazo de diez años que se reduce en el caso de países con especial vinculación o de matrimonio con un nacional. Ha advertido, no obstante, de que “en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar en las siguientes elecciones”.

Sí tendrán derecho a votar en las municipales los residentes extranjeros cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado, si bien la abogada Patricia Fernández, que ha representado en las vistas a la Asociación Pro Derechos Humanos y la Coordinadora de Barrios, ha recordado que apenas 12.000 migrantes pidieron poder ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones locales de 2023. 

Durante la sesión han aflorado también otros de los argumentos falsos o tergiversados que algunos de estos actores han esgrimido para solicitar la suspensión cautelar de la regularización, como el caso de los antecedentes penales. El abogado de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, conocida por su posición contraria a la ley de memoria, ha afirmado que la “no exigencia de certificado de penales, va en contra de la legislación”.

Sin embargo, carecer de antecedentes penales, en España y en el país de origen (o en aquellos países de residencia durante los últimos cinco años) es un requisito indispensable para acceder a la regularización extraordinaria. “Afirmar eso de los antecedentes es no haberse leído el real decreto”, le ha reprochado el abogado del Estado.

“Nos va a tocar a todos mantener a ese señor vulnerable sin que tenga una integración. No se está buscando la integración real de gente que está aquí”, ha dicho el letrado de la asociación anti memoria histórica en otro momento de su intervención. La realidad es que este documento, exigido solo en determinados supuestos —especialmente para las personas sin papeles que no vivan con sus familiares o que no puedan acreditar vínculos laborales—, se ha convertido en el principal cuello de botella del procedimiento. La letrada Patricia Fernández le ha recordado que la mera estancia irregular genera situaciones de vulnerabilidad y que responder a ello es una obligación marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además, a la medida solo pueden acogerse las personas en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

Declaración de intenciones ideológica y un aviso explícito sobre cómo va a gestionar Vox la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural en Extremadura. El nuevo consejero, Juan José García García, ha comparecido en la comisión de la Asamblea para desgranar las líneas maestras de su departamento. Una hoja de ruta marcada por el choque frontal con las políticas ecologistas europeas, el blindaje de la caza y la tauromaquia, y una controvertida visión sobre el cumplimiento normativo: “Lo que no dice la ley se puede hacer. En la medida que se puedan modificar las leyes, lo haremos sin ningún tipo de miramiento; las leyes también son interpretables”, ha advertido.

García ha argumentado que el marco legislativo se ha interpretado “desde hace años desde el punto de vista progresista”, justificando que ha llegado el momento de girar el timón “desde el ámbito de la protección al sector primario”. Bajo esta premisa, el titular de Agricultura ha prometido “una guerra abierta y sin cuartel, dentro de la legalidad, con todas las medidas dañinas del Pacto Verde y de los tratados internacionales” que, a su juicio, atacan a agricultores y ganaderos.

El proyecto del regadío de Tierra de Barros se perfila como la gran apuesta económica y el principal foco de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El consejero se ha mostrado “convencido” de que las arcas autonómicas pueden asumir en solitario y “a pulmón” el coste de esta infraestructura histórica si fuera necesario. Además, ha fiado parte del éxito del proyecto a un cambio político en Madrid. “Es un proyecto a largo plazo y, si Dios quiere, dentro de un año a lo mejor tenemos otro Gobierno de España y otra actitud hacia el regadío de Tierra de Barros, que no con el Gobierno de Sánchez”.

Según las estimaciones de su departamento, la fase de construcción de este regadío reportará a la sociedad extremeña, “como poco”, el 60% de lo invertido, además de toda la riqueza estructural que se genere a lo largo de los años.

Caza con perros en Monfragüe y apoyo a los toros

El giro de guion en la gestión del medio natural de la comunidad también incluye medidas de hondo calado en espacios protegidos. El consejero ha avanzado que hará “todo lo posible para que el ecosistema se preserve como Dios manda”, lo que se traducirá en el fomento del control poblacional de especies como el jabalí y el ciervo en pleno Parque Nacional de Monfragüe mediante la actividad cinegética, permitiendo de nuevo la entrada de rehalas de perros en este espacio protegido.

Esta defensa de la caza se extenderá a todo el territorio autonómico al considerarla un “motor socioeconómico fundamental”, prometiendo ayudas directas a los cotos sociales y a las empresas del sector para “facilitar al máximo la práctica”. De igual modo, la tauromaquia recibirá el respaldo explícito del Gobierno regional al ser reivindicada por García como una manifestación “cultural” que forma parte de la “tradición” de Extremadura y de España.

El consejero ha concluido su intervención prometiendo una “simplificación administrativa radical” de los trámites para el sector primario y anunciando una ronda de contactos con alcaldes y organizaciones agrarias —con especial atención a los productores de arroz y al sector apícola— para abordar unos problemas que se compromete a afrontar desde “la lógica y el sentido común, pero sin dilatarlos más de lo preciso”.

Un jutge de Palma ha citat a declarar en qualitat d'investigat l'expresident del Parlament balear Balti Picornell arran d'una querella interposada pel diputat de Vox al Congrés Jorge Campos després que l'exdirigent de Podem es referís a ell en xarxes socials com a “puto nazi”.

La citació, que tindrà lloc el pròxim 11 de juny a la Secció d'Instrucció número 8 del Tribunal d'Instància de Palma, l'ha donada a conèixer el mateix Picornell a través del seu compte a X. L'exparlamentari ha intentat restar transcendència al cas i ha ironitzat sobre la investigació: “Dejo esto por aquí antes de que los medios fachuzos empiecen a esparcir mierda. Tranquilidad, no estoy involucrado en nada del expresidente Zapatero. Como dije ayer, una fotografía, una historia y mucha piel fina por parte de un personaje de la ultraderecha española ha acabado en esto”, escriu.

Es dona la circumstància que, el maig de 2024, el mateix diputat de Vox va comparar la gran manifestació celebrada dies abans en favor del català, utilitzant per fer-ho la imatge d'una desfilada de torxes celebrada pocs mesos després que Adolf Hitler arribàs al poder.

Campos també va assenyalar en una altra publicació catalanistes i independentistes en el context de la Diada de Mallorca. “Aquest dia sabem que, a Palma de Mallorca, els separatistes pancatalanistes estan tots al mateix lloc. Aquestes oportunitats s'haurien d'aprofitar”, va escriure al seu compte de X. “Contra la seva malaltia, la nostra immensa il·lusió de fer un país millor que el que ells representen”, va afegir.

Picornell va presidir el Parlament entre 2017 i 2019, durant el segon mandat de la socialista Francina Armengol. Durant la seva etapa al capdavant de la cambra autonòmica va intentar projectar una imatge austera i institucional, marcada per la proximitat als moviments socials i per gestos simbòlics contra els privilegis associats al càrrec. Entre aquests, va renunciar a utilitzar el cotxe oficial i va defensar una presidència més pròxima a la ciutadania i menys vinculada a la solemnitat tradicional de les institucions.

Després d'abandonar la primera línia política, també va renunciar a continuar a la direcció orgànica de Podem i es va anar allunyant progressivament de l'activitat institucional. En els darrers anys ha mantingut, tanmateix, una intensa activitat a les xarxes socials, especialment marcada per les seves crítiques a l'extrema dreta i a Vox.

El coordinador general de MÉS per Mallorca i portaveu de la formació al Parlament, Lluís Apesteguia, ha expressat públicament el seu suport a l'expresident de la cambra balear. “Sempre a l'equip de Balti Picornell. És igual quan llegeixis això, perquè entre la bona i la mala gent mai ens hem d'equivocar de bàndol”, ha escrit a les xarxes socials.

El discurs ultra de Jorge Campos

La trajectòria de Jorge Campos està marcada per un discurs bel·ligerant contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques en favor de la llengua catalana i la memòria democràtica. El setembre de 2022, la llavors presidenta del Govern, Francina Armengol, li va retreure que en una intervenció al Parlament balear vinculàs la “taxa de criminalitat de Balears” amb l'“augment constant d'immigrants il·legals”. “No tot s'hi val en política. En política no val la mentida com a norma en les seves intervencions, no val el racisme ni val la xenofòbia que vostè aplica”, li va etzibar la dirigent socialista.

El mes d'octubre passat, Campos va instar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acollir MENES al seu palau” -reproduint la terminologia amb què l'extrema dreta al·ludeix de forma despectiva els menors migrants no acompanyats- després que el prelat fes una crida a la ciutadania i als responsables polítics per frenar els discursos d'odi contra les persones migrants: “Anomenar-los delinqüents és una calúnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut de marxar de casa seva”, va proferir el bisbe.

El diputat ultra també va convertir el debat educatiu en un camp de batalla ideològic, acusant l'anterior Executiu d'esquerres d’“adoctrinar” els alumnes i prometent “treure de les escoles” aquells que, segons ell, “ataquen la nació”. Segons el seu parer, aquests docents havien de ser expulsats “per higiene democràtica”.

En un altre missatge a X, Campos, lluny de condemnar la crema d'una bandera LGTBI en un institut de Muro (Mallorca), va lamentar els fets en considerar que l'ensenya “ensujava la paret” i “podrien haver-se ocasionat danys materials o personals”. “Què hi pinta aquesta tela multicolor, que representa una ideologia discriminatòria, a la paret d'un institut? Els centres educatius no han de ser murals on es pengin pancartes, banderes o símbols amb càrrega ideològica o política, com aquesta bandera multicolor. Únicament han de comptar amb les banderes oficials”, va manifestar.

Abans de fer el salt a la primera línia política, Campos es va donar a conèixer a Balears com a president i principal rostre visible de l'associació Cercle Balear, una entitat de caràcter ultraconservador fundada el 1999 i centrada a combatre el que denominava “pancatalanisme”. Des d'aquesta plataforma va impulsar durant anys campanyes contra les polítiques de normalització lingüística, l'ensenyament en català i l' ús institucional de la llengua pròpia de les illes. En contra del consens acadèmic i de les evidències filològiques, el Cercle Balear defensava que a les illes no es parla català, sinó una llengua diferenciada, l'anomenat “balear”, considerant els dialectes insulars com a idiomes independents i no com a varietats del català.

Juntament amb Santiago Abascal, Campos va celebrar el míting principal de precampanya de Vox de 2023 al parc de sa Feixina, a Palma, on s'alça un dels símbols més controvertits del paisatge urbà de Palma: el monòlit de Sa Feixina, erigit pel franquisme el 1947 per a glorificar els “herois” del Creuer Balears, enfonsat el març de 1938 i responsable del bombardeig dut a terme un any abans contra 'la Desbandada', la població civil que fugia de Màlaga a Almería en plena ofensiva feixista. 

El resultado de las elecciones del pasado domingo ha devuelto a Vox la llave de la gobernabilidad en Andalucía. El PP ha perdido por dos escaños la mayoría absoluta y ahora se ve abocado a negociar la investidura de Juan Manuel Moreno con la ultraderecha, a quien estará ligado toda la legislatura.

El presidente de la Junta en funciones aspira a gobernar en solitario, con pactos puntuales en el Parlamento con los de Santiago Abascal, como ya hizo en 2019. La negociación apenas se ha iniciado, pero hay un puñado de pistas en la actividad parlamentaria del grupo ultraderechista en la pasada legislatura, que anticipan un sendero pedregoso para Moreno.

Vox ha impulsado iniciativas legislativas de marcado sesgo ideológico, avivando sus guerras culturales contra la inmigración, la igualdad de género, la memoria histórica o las políticas de lucha contra el cambio climático. También, en la recta final de la pasada legislatura, registró una solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento sobre “la gestión de los distintos gobiernos andaluces en el cribado del cáncer de mama y las listas de espera diagnósticas”, dos de los asuntos que más han desgastado a Moreno desde que es presidente.

El grupo ultraderechista registró en cuatro años tres proposiciones de ley, que condicionaban la agenda del Ejecutivo andaluz; y otras dos para su elevación al Congreso, que afectarían al Gobierno de España. El PP no les tumbó ninguna porque ninguna llegó a debatirse, todas dormían el sueño de los justos en el Parlamento y decayeron con la convocatoria de elecciones.

Los portavoces de la izquierda -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han acusado reiteradamente al presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, de “paralizar” u “orillar” sus iniciativas, retrasando su inclusión en el Pleno para ser debatidas y votadas. Vox, al menos públicamente, no ha denunciado el bloqueo de sus leyes, aunque algunas las registraron al inicio de la legislatura y han pasado cuatro años a espera de entrar en el orden del día.

Entre 2022 y 2026, Vox registró tres proposiciones de ley, a sabiendas de que la mayoría absoluta del PP podría tumbarlas, pero nunca llegó a pedir que entraran en el orden del día del Pleno, porque el objetivo político declarado era “retratar a Moreno”.

De una de ellas se escribieron ríos de tinta y tensionó las relaciones de la Junta de Andalucía con el Gobierno de España, con la Comisión Europea y con la Unesco: se trata de la polémica ley para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). Vox registró esa iniciativa en solitario a comienzos de la legislatura, el 6 de octubre de 2022, y el PP no se atrevió a tumbársela, consciente de que se jugaba muchos votos entre los empresarios de la fresa y alcaldes de los pueblos de la comarca onubense.

Tres meses antes de las municipales de 2023, Moreno se adhirió a la ley de regadíos ilegales de Vox y su partido registró junto a la ultraderecha la misma iniciativa, con algunas modificaciones, el 3 de marzo de ese año. La llamada Ley para la Mejora de la Ordenación de Zonas Agrícolas de la Corona Norte de Huelva no llegó a debatirse en el Pleno ni se votó ni se tumbó. Funcionó como espada de Damocles para obligar al Ministerio de Transición Ecológica a sentarse a negociar un plan de inversiones para la comarca onubense, dilatando durante meses un tira y afloja, en el que Doñana perdió el mayor distintivo de protección ambiental (fue expulsada de la Lista Verde).

La otra proposición de ley que Vox llevó a la Cámara fue la Ley de Reconciliación, una norma revisionista de la Guerra Civil Española que dejaba fuera los 40 años de la Dictadura franquista, y que incluía la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 por el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. Esta norma se registró el 2 de noviembre de 2022, también recién estrenada la legislatura, pero los de Abascal tampoco la elevaron al Pleno, de modo que ni fue debatida ni votada ni tumbada.

Eso no evitó que generase un acalorado debate en los medios de comunicación entre las fuerzas progresistas y conservadoras. Vox volvió a repetir la misma estrategia: lanzó la ley al aire, sin someterla a votación, para condicionar políticamente a Moreno, en un momento en el que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, había anunciado que derogaría la nueva Ley estatal de Memoria Histórica en cuanto llegase al Gobierno de España. “Queremos saber si es consecuente con lo que anuncia el PP a nivel nacional. A Moreno si no se le empuja, no toma la iniciativa. Queremos que se retrate, que se moje”, dijo el entonces portavoz parlamentario de Vox y candidato en las andaluzas, Manuel Gavira.

La derogación de la Ley andaluza de Memoria formó parte del primer acuerdo político que firmó el PP con Vox en 2018 a cambio de su apoyo a la investidura de Moreno, pero ese punto nunca se cumplió. El dirigente popular era consciente de que este asunto podía soliviantar al electorado de izquierdas en un momento político complejo, cuando Vox era una novedad sólo en las instituciones andaluzas, y aún no había entrado en el resto de España.

La Ley andaluza de Memoria Histórica (2017) se adelantó a la norma estatal al ampliar el periodo histórico de aplicación desde la II República hasta el año 1982, para incluir a las víctimas de la lucha por la autonomía andaluza. La propuesta de Vox abarcaba desde la II República hasta la II Guerra Mundial, periodo donde también enmarcan la “localización de las víctimas de la violencia social, política o religiosa” y “con independencia de su credo o militancia, como parte de la deseada concordia”. 

Era la tercera vez que el partido ultraderechista impulsaba una iniciativa legislativa para tumbar la Ley andaluza de Memoria. En la primera legislatura, cuando sostenían desde fuera al Gobierno de PP y Ciudadanos, los de Abascal registraron un texto alterativo, con poco desarrollo reglamentario, y luego una proposición de ley con un único artículo derogatorio de la legislación vigente. Ninguno de los dos salió adelante porque chocó con el rechazo en bloque de las fuerzas de izquierdas y la abstención de PP y Cs.

La llamada Ley de Reconciliación de Vox planteaba que los trabajos de localización y exhumación de las fosas comunes en Andalucía debe guiarla “una dirección eminentemente técnica”, que desarrolle su labor “sin abordar la cuestión de la legitimidad de los regímenes, que forman todos, sin excepción, parte de nuestra historia patria”, explicó entonces el diputado ultraderechista por Jaén, Benito Morillo.

Como proposiciones de ley elevadas al Congreso, de las siete registradas en la pasada legislatura, Vox firmó dos: una contra las políticas de lucha contra el cambio climático (que Moreno defiende) y en favor de la llamada “soberanía energética”, el 19 de octubre de 2022; y otra para la “protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana”, que vincula la delincuencia con la población musulmana, y contiene un artículo único: “la prohibición de utilización en el espacio público de los velos denominados nicab y burka” (noviembre de 2025). Gavira tampoco solicitó elevar estas iniciativas a Pleno, que decayeron sin ser debatidas cuando Moreno disolvió el Parlamento y convocó elecciones.

Un juez de Palma ha citado a declarar en calidad de investigado al expresidente del Parlament balear Balti Picornell a raíz de una querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos después de que el exdirigente de Podemos se refiriera a él en redes sociales como “puto nazi”.

La citación, que tendrá lugar el próximo 11 de junio en la Sección de Instrucción número 8 del Tribunal de Instancia de Palma, la ha dado a conocer el propio Picornell a través de su cuenta en X. El exparlamentario ha tratado de rebajar el alcance del caso y ha ironizado sobre la investigación: “Dejo esto por aquí antes de que los medios fachuzos empiecen a esparcir mierda. Tranquilidad, no estoy involucrado en nada del expresidente Zapatero. Como dije ayer, una fotografía, una historia y mucha piel fina por parte de un personaje de la ultraderecha española ha acabado en esto”, escribe.

Se da la circunstancia de que, en mayo de 2024, el propio diputado de Vox comparó la gran manifestación celebrada días antes en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder.

Campos también señaló en otra publicación a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió. 

Picornell presidió el Parlament entre 2017 y 2019, durante el segundo mandato de la socialista Francina Armengol. Durante su etapa al frente de la Cámara autonómica trató de proyectar una imagen austera e institucional, marcada por la cercanía a los movimientos sociales y por gestos simbólicos contra los privilegios asociados al cargo. Entre ellos, renunció a utilizar el coche oficial y defendió una presidencia más próxima a la ciudadanía y menos ligada a la solemnidad tradicional de las instituciones.

Tras abandonar la primera línea política, también renunció a continuar en la dirección orgánica de Podem y se fue alejando progresivamente de la actividad institucional. En los últimos años ha mantenido, sin embargo, una intensa actividad en redes sociales, especialmente marcada por sus críticas a la extrema derecha y a Vox.

El coordinador general de Més per Mallorca y portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha expresado públicamente su apoyo al expresidente de la Cámara balear. “Siempre en el equipo de Balti Picornell. Da igual cuando leas esto, porque entre la buena y la mala gente nunca nos debemos equivocar de bando”, ha escrito en redes sociales.

El discurso ultra de Jorge Campos

La trayectoria de Jorge Campos está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática. En septiembre de 2022, la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, le reprochó que en una intervención en el Parlament balear vinculase la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”. “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Antes de dar el salto a la primera línea política, Campos se dio a conocer en Balears como presidente y principal rostro visible de la asociación Círculo Balear, una entidad de carácter ultraconservador fundada en 1999 y centrada en combatir lo que denominaba “pancatalanismo”. Desde esa plataforma impulsó durante años campañas contra las políticas de normalización lingüística, la enseñanza en catalán y el uso institucional de la lengua propia de las islas. En contra del consenso académico y de las evidencias filológicas, Círculo Balear defendía que en las islas no se habla catalán, sino una lengua diferenciada, el llamado “balear”, considerando los dialectos insulares como idiomas independientes y no como variedades del catalán.

Junto a Santiago Abascal, Campos celebró el mitin principal de precampaña de Vox de 2023 en el parque de sa Feixina, en Palma, donde se alza uno de los símbolos más controvertidos del paisaje urbano de Palma: el monolito de Sa Feixina, erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra 'la Desbandá', la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista. 

Después de dos cambios de fecha y dos protestas ciudadanas que han mostrado el rechazo de vecinos y vecinas por la medida, el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox, ha explicado este jueves cómo queda la que por ahora es la última versión de la nueva zona azul de la ciudad.

Las novedades, anticipadas en un comunicado en el día de ayer y explicadas en rueda de prensa hoy por el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Movilidad, Santiago López Pomeda, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, implican que el nuevo modelo de ORA entrará en vigor el 1 de junio y reducirá la ampliación de plazas de zona azul prevista de inicio.

Así, se suprimirán 310 de las 413 nuevas plazas de zona azul (el 80% de las que se iban a crear), las cuales volverán a ser libres y gratuitas. López Pomeda ha informado de que ya existían en la ciudad 828 estacionamientos de zona azul, por lo que la subida dejará el número en 931, frente a los 1.241 que estaban previstos de inicio y que provocaron una sonora protesta ciudadana.

En concreto, desaparecerá la regulación en el paseo doctor Fernández Iparraguirre, Cuesta del Matadero, calle Cardenal González de Mendoza, calle Hermanos Fernández Galiano, avenida del Ejército -en el tramo desde el túnel de Aguas Vivas hasta plaza de España-, el aparcamiento en superficie frente al estacionamiento disuasorio de Fernández Galiano -detrás de la estación de autobuses- y la calle Santander.

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha realizado cambios en el aumento de plazas de zona verde (disuasorias) y zona roja (para residentes). Entre las tres zonas, la ampliación del estacionamiento regulado en Guadalajara baja de 1.190 a 880 nuevas plazas.

Y es aquí donde ha surgido la polémica política. El Ayuntamiento de Guadalajara ha defendido esta reducción presumiendo de una bajada del 80% de las plazas de zona azul, dato con el que, según ha denunciado el PSOE municipal, “tratan de engañar a la ciudadanía”, ya que “del número total de plazas ampliadas, cerca de 1.200, eliminan 310; alrededor de un 25%, y no un 80%”. Es por ello que el exalcalde y concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha exigido este jueves la dimisión de la alcaldesa, la 'popular' Ana Guarinos.

El nuevo sistema mantendrá intacta la apuesta por las plazas para residentes

Por tanto, seguirán existiendo las zonas rojas, donde los no residentes podrán estacionar un máximo de dos horas y con una tarifa superior a la azul, aunque ahora el cobro será por minutos y no con tiempos mínimos obligatorios. También se conservarán las zonas verdes como es el aparcamiento disuasorio de Hermanos Fernández Galiano, cuyo coste seguirá siendo de dos euros al día en laborables y un euro los sábados, permaneciendo gratuito en domingos y festivos.

Además, el Ayuntamiento mantendrá las bonificaciones y ventajas para vehículos eléctricos y de cero emisiones, mientras que las personas con movilidad reducida continuarán sin pagar en las zonas reguladas.

Pomeda ha detallado igualmente que los cambios no supondrán ninguna sanción económica para el Ayuntamiento, ya que el contrato, adjudicado por diez años, contempla la posibilidad de introducir modificaciones.

En cuanto al repintado y adaptación de las plazas correrá a cargo de la empresa adjudicataria, que dispondrá ahora de cinco días para presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva del acuerdo. Respecto a los parquímetros instalados en zonas donde ahora se elimina la zona azul, algunos serán retirados y otros permanecerán operativos al funcionar también como puntos de recarga de la Tarjeta XGuada.

Según ha precisado el concejal de Movilidad, si alguna zona no estuviera adaptada completamente el 1 de junio, no se cobrará por estacionar en ella hasta que quede correctamente señalizada y se informe de ello a los usuarios.

El exalcalde y concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha exigido este jueves la dimisión de la alcaldesa, la 'popular' Ana Guarinos, por “tratar de engañar a la ciudadanía” con el anuncio de la eliminación del 80% de las nuevas plazas de zona azul previstas en el contrato de estacionamiento regulado.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado de varios concejales más de su grupo para hablar de la rebaja de la ampliación de la zona azul anunciada este mismo miércoles por el Ayuntamiento, Rojo ha acusado al Ejecutivo municipal de “manipular los datos” y de utilizar “una nota de prensa infame, sin dar la cara y llena de mentiras” para justificar la rectificación parcial del nuevo modelo.

“Guarinos no puede permanecer ni un minuto más al frente de este ayuntamiento”, ha afirmado el dirigente socialista, quien ha pedido su “dimisión inmediata por el bien de la ciudad y por recuperar la calidad democrática”.

Acusa a la alcaldesa de “manipular datos”

Rojo ha cuestionado las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento, gobernado en coalición por PP y Vox, respecto a la reducción de plazas de pago y ha defendido que la supresión anunciada no alcanza el 80% del total ampliado.

“Del número total de plazas ampliadas, cerca de 1.200, eliminan 310; alrededor de un 25%, y no un 80%, y eso es manipular los datos para engañar a la ciudadanía”, ha señalado, si bien desde el Ayuntamiento se habla de este porcentaje con respecto a la zona azul.

Asimismo, el exalcalde ha rechazado que la modificación del contrato esté motivada por la anulación judicial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tal y como sostiene el Gobierno municipal.

Según ha recordado, el propio Ayuntamiento anunció en marzo una moratoria de la ZBE hasta 2028 y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló la ordenanza.

“¿Por qué entonces se decide empezar a pintar toda la ciudad de plazas de zona azul cuando ya había una sentencia?”, se ha preguntado Rojo, quien considera que el Ejecutivo local “tenía margen suficiente” para paralizar la ampliación del estacionamiento regulado.

Asegura que la rectificación llega por la presión ciudadana

A juicio del portavoz socialista, la rectificación anunciada por el Ayuntamiento responde realmente a “la presión de la ciudadanía y también a la del Grupo Municipal Socialista”, tras las críticas vecinales generadas por la ampliación de las plazas de pago y los sucesivos aplazamientos de su entrada en vigor.

“Hasta tres aplazamientos hemos visto, sembrando el caos en la ciudadanía, creando confusión, malestar y hartazgo”, ha manifestado.

En relación con la ZBE, Rojo ha defendido que se trataba de una obligación legal para las ciudades de más de 50.000 habitantes y ha asegurado que el anterior Ejecutivo municipal trabajó para implantar “la ZBE más permisiva de España” y convertirla en “una oportunidad para el casco” gracias a la captación de fondos europeos.

El dirigente socialista ha mostrado además su apoyo al nuevo planteamiento anunciado por el Gobierno municipal para redactar una futura ordenanza vinculada únicamente a episodios de alta contaminación.

“Nos parece bien y lo vamos a apoyar”, ha afirmado, añadiendo que mantendría ese modelo “cuando vuelva a ser alcalde”.

Rojo ha concluido insistiendo en que la alcaldesa “debe dimitir de manera urgente”, pedir disculpas y ofrecer “explicaciones públicas” a los vecinos “porque las merecen y tienen derecho a recibirlas”.