Centenares de personas se han concentrado esta tarde en la plaça Sant Jaume, en el corazón de Barcelona, para protestar contra la concentración racista organizada por el grupo europeo Save Europe y el colectivo español Reconquista. Esta manifestación es la primera parada en España de la gira European Shield tour, que partió de Utrecht (Países Bajos), siguió hacia Amberes (Bélgica) y tenía que continuar en Lyon y Lille, pero allí las acciones fueron prohibidas por las autoridades francesas ante la previsión de altercados violentos.

A pesar de las peticiones de diversos colectivos antifascistas y partidos como la CUP y los Comuns para que la concentración de este sábado también se prohibiera, Barcelona ha sido la tercera ciudad de esta gira ultra, que el 26 de agosto recalará en Madrid.

Los colectivos antifascistas han ocupado la plaza (en la que se encuentran el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat catalana) a las 18h, una hora antes de la cita marcada por los convocantes ultras. Pero un fuerte cordón policial ha empezado a encapsular a los contramanifestantes en una esquina de la plaza poco antes de las 18h para evitar enfrentamientos entre ambos grupos.

David Minoves, presidente del CIEMEN y portavoz de UCFR ha cargado contra la Generalitat por la orden dada a los Mossos y por permitir esta concentración. “No es un acto que se enmarque en la libertad de expresión, es un delito de odio convocado por el supremacismo blanco que quiere expulsar a los migrantes para crear una Europa pura y blanca”, ha dicho, en declaraciones a los medios.

Ultras europeos y los jóvenes de Vox, de la mano

El tour xenófobo está organizado por el grupo Save Europe Act, que toma su nombre de una propuesta de ley homónima que intentaron registrar en la Comisión Europea en junio para que la UE avalara y regulara la llamada “remigración”.

Es el término que usan los movimientos ultras europeos para exigir la expulsión de los migrantes irregulares, así como la revocación de los permisos y procesos de regularización extraordinarios, las visas los refugiados que proceden de países que ellos consideran “seguros” y las de los migrantes que vengan a la UE por motivos económicos. Todo ello, evidentemente, sólo se aplicaría a quienes sean de origen “no occidental”.

La iniciativa se registró el pasado 8 de junio, pero la Comisión la frenó pocas semanas después por considerarla “manifiestamente contraria a los valores de la Unión”. Entre las ideas del movimiento se encuentran postulados racistas y xenófobos como los que sostienen que los pueblos “nativos” europeos corren el riesgo de convertirse en poblaciones “minoritarios”.

Aunque se vanaglorian de ser un movimiento ciudadano “sin partidos políticos detrás”, la Save Europe Act está respaldada por representantes públicos, partidos y movimientos de ideología ultra. Su abanderado en España es, principalmente, Vox.

La organización de las concentraciones de Barcelona y Madrid ha sido obra del grupo Reconquista, el nuevo referente juvenil de la formación. No se trata de las clásicas juventudes de partido, pero suelen moverse en la órbita de los de Abascal. Este grupo, nacido en Catalunya en 2023, vino a sustituir al grupo juvenil Revuelta después de las polémicas que les acusaron de quedarse con fondos que, supuestamente, estaban dirigidos a apoyar a los afectados de la dana de València.

“Vamos a parar las políticas migratorias que están poniendo en peligro el estilo de vida europeo”. Este reclamo sale de la boca de Toni Estévez y Nayara González, las caras visibles del movimiento juvenil de extrema derecha conocido como Reconquista y que está llamando manifestarse este sábado en Barcelona. Su objetivo, conseguir la “repatriación” de miles de migrantes a los que culpan de la “degradación” de la “cultura y sociedad nativa europea”.

En la manifestación será la primera parada en España de la gira European Shield, que partió de Utrecht (Países Bajos), siguió hacia Amberes (Bélgica) y tenía que continuar en Lyon y Lille, pero allí las acciones fueron prohibidas por las autoridades francesas ante la previsión de altercados violentos.

A pesar de las peticiones de diversos colectivos antifascistas y partidos como la CUP y los Comuns para que la concentración de este sábado también se prohibiera, y salvo sorpresa de última hora, Barcelona será la tercera ciudad de esta gira ultra, que el 26 de agosto recalará en Madrid.

El tour xenófobo está organizado por el grupo Save Europe Act, que toma su nombre de una propuesta de ley homónima que intentaron registrar en la Comisión Europea en junio para que la UE avalara y regulara la llamada “remigración”.

Es el término que usan los movimientos ultras europeos para exigir la expulsión de los migrantes irregulares, así como la revocación de los permisos y procesos de regularización extraordinarios, las visas los refugiados que proceden de países que ellos consideran “seguros” y las de los migrantes que vengan a la UE por motivos económicos. Todo ello, evidentemente, sólo se aplicaría a quienes sean de origen “no occidental”.

La iniciativa se registró el pasado 8 de junio, pero la Comisión la frenó pocas semanas después por considerarla “manifiestamente contraria a los valores de la Unión”. Entre las ideas del movimiento se encuentran postulados racistas y xenófobos como los que sostienen que los pueblos “nativos” europeos corren el riesgo de convertirse en poblaciones “minoritarios”.

Aunque se vanaglorian de ser un movimiento ciudadano “sin partidos políticos detrás”, la Save Europe Act está respaldada por representantes públicos, partidos y movimientos de ideología ultra. Su abanderado en España es, principalmente, VOX.

El presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, es una de las firmas que figuran en la lista de apoyos a la iniciativa. La suya es una de las 45.000 firmas españolas (de un total de 700.000) que han firmado el manifiesto. España es el quinto país de la UE con más adeptos a la causa, sólo por detrás de los Países Bajos, Alemania, Reino Unido e Italia.

Detrás de este movimiento, hay dos nombres que ocupan cada vez más espacio en los foros, medios y redes de la extrema derecha: la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek y el austríaco Martin Sellner, quienes defienden la expulsión de migrantes, aunque estén en situación regular. Les consideran responsables de la delincuencia, la crisis de la vivienda y los problemas que arrastran los servicios públicos. Precisamente, las tres principales preocupaciones de la sociedad europea.

En cada uno de los países de la UE, esta campaña cuenta con sus abanderados y responsables de llamar a los suyos. En España, ese papel no recae sobre las espaldas de Santiago Abascal ni de Vox, que no han hecho mención en redes a la manifestación de este sábado. Al menos, no directamente.

La organización de las concentraciones de Barcelona y Madrid ha sido obra del grupo Reconquista, el nuevo referente juvenil de Vox. No se trata de las clásicas juventudes de partido, pero suelen moverse en la órbita de los de Abascal. Reconquista vino a sustituir al grupo juvenil Revuelta después de las polémicas que les acusaron de quedarse con fondos que, supuestamente, estaban dirigidos a apoyar a los afectados de la DANA de València.

Las caras visibles

Reconquista es un movimiento formado por gente muy joven en su mayoría y que, hasta la fecha, no ha sido capaz de realizar ninguna acción que cuente con más de pocas decenas de asistentes. Así se ha visto, por poner el ejemplo más reciente, en Ceuta y Algeciras, en sendas concentraciones convocadas como rechazo a la entrada de 80.000 personas a la ciudad autónoma desde Marruecos. En esos actos, que fueron ya convocados de la mano de Save Europe, se contaban cerca de medio centenar de personas.

La convocatoria de este sábado en Barcelona no es en un espacio para albergar masas sino en la plaza Sant Jaume, que tiene menos de 3.000 metros cuadrados. Cuatrocientos de ellos los ocuparán la gran pancarta que la entidad ultra despliega en todas las ciudades de su gira.

El encargado de traer la pancarta a España ha sido Toni Estévez, uno de sus portavoces y caras más visibles de Reconquista. Suyo es el rostro que aparece en la mayoría de los vídeos del grupo. Suele aparecer ante la cámara con camisa (o con una camiseta de la campaña) y con pantalones militares por encima de la rodilla.

Le acostumbra a acompañar Nayara González, otra joven catalana que se ha erigido como portavoz del grupo ultra. Licenciada en Derecho y Filosofía por la Complutense, también constan entre sus logros académicos haber participado en cursos de ISSEP Madrid, una escuela privada que imparte cursos de “liderazgo y gobierno” y cuyo profesorado está formado por cargos de Vox como Rocío de Meer o Jorge Buxadé.

También aparecen nombres ligados a Ciudadanos como Toni Cantó y Juan Carlos Carrizosa. Igualmente, se encuentran el exministro Jaime Mayor Oreja, juristas como Santiago Milans de Bosch; empresarios como Marcos de Quinto o periodistas como Cake Minuesa.

Aunque los vínculos de Reconquista con Vox son evidentes, el hecho de que sus líderes no compartan pantalla con Santiago Abascal y no organicen actos bajo la misma bandera les otorga una cierta distancia con la que esperan captar a más bases para el partido de extrema derecha. Se trata de un electorado que, en Catalunya, Vox se disputa con Aliança Catalana.

La manifestación de este sábado no será el único acto con el que Reconquista confía en aumentar los apoyos de Vox. El grupo ultra ya promociona el Barcelona Western Forum, un encuentro que se celebrará el próximo 24 de octubre y que reunirá a diversos referentes de la extrema derecha global. Por ahora, sólo está confirmada la presencia del mismo Estévez, del diputado de Vox Alberto Tarradas y el líder de un movimiento nacionalista francés.

¿Se imaginan qué habrían pensado si un gobierno del PP o del PP y Vox hubiese dejado durante tres semanas a miles de personas malviviendo en una playa de Ceuta? Es de suponer que los partidos de izquierdas hubieran alzado la voz y criticado con vehemencia unas imágenes como las que hemos visto este agosto. La deshumanización en forma de chabolas improvisadas en la playa, con niños y niñas durmiendo donde podían o les dejaban.

El Gobierno no ha estado a la altura en Ceuta. La instalación de unas primeras carpas para atender a migrantes, 21 días después de que llegasen, prueba algo evidente y es que no basta con fotos de ministros reunidos con el presidente o un desfile de visitas a Ceuta para hacer unas declaraciones que aclaraban poco o nada. Durante muchos días su único propósito, a la hora de trasladar los mensajes en público, fue la de negar la evidencia, la de una ciudad desbordada.

Para empezar, aún no está claro por qué llegaron tantos miles de migrantes y, a falta de explicaciones convincentes, hemos deducido que la prioridad del Ejecutivo fue desde un principio evitar un conflicto mayor con Marruecos para así garantizarse su colaboración. Desde el cambio de estrategia, por no llamarle abandono, con el Sáhara, ese ha sido siempre el propósito del Gobierno y ni con el sospechoso espionaje con el software Pegasus al presidente y algunos ministros se cambió de opinión.

Todavía hoy no existe un cálculo oficial sobre la cantidad de migrantes que deambulan por Ceuta. El Gobierno de la ciudad habla de unos 10.000, una cifra que el Ejecutivo central sitúa en la mitad. Sean 10.000 o 5.000, si esto no es una crisis humanitaria, ya me dirán qué lo es.

Lo ha sido desde que llegaron y por eso el primer día debería haberse actuado. Pero no se hizo y tampoco sabemos por qué. Ahora parece que el Ejecutivo ha empezado a reaccionar de verdad, probablemente porque es consciente que la normalidad que prometió no ha llegado y, además, va para largo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha instalado estos días en la ciudad para estar presente durante la operación para intentar desalojar la playa del Trampolín y trasladar a las personas que ahí malvivían a las carpas provisionales que se han instalado. Cama e higiene, es lo mínimo tras tantas jornadas.

Hay que felicitarse también por el plan para trasladar a 500 niñas a la península. Ellas son las más vulnerables entre los vulnerables. Unos voluntarios tuvieron que montar guardia de noche para protegerlas y vecinos del barrio del Príncipe improvisaron un refugio para resguardarlas. Médicos, también voluntarios, las atendieron. Eso ha pasado estos días en la España del 2026, la Europa del 2026.

¿Y qué hubiese hecho Alberto Núñez Feijóo si hubiese tenido que gestionar esta crisis? Si fuese verdad lo que le hemos escuchado habría incumplido la ley, algo que es irresponsable y delictivo. Porque su propuesta es una deportación masiva, sin tener en cuenta ni la situación personal de cada migrante, por ejemplo, si tiene derecho a asilo, ni tampoco la edad. Le gustase más o menos, si algún día llega a presidente tendrá el “deber”, por ley, de garantizar la protección de los menores migrantes. Lo saben bien sus presidentes autonómicos e incluso los consejeros de Vox que han metido en sus gobiernos. Y si no, se lo recuerda la Fiscalía de Menores, cuya labor es especialmente destacable.

El discurso de Feijóo y el de Vox en este ámbito, como en tantos otros, es cada vez más indistinguible, algo que más allá de tácticas electorales, teniendo en cuenta la cantidad de ciudadanos que apoyan sus recetas racistas, nos convierten en una sociedad más insensible y moralmente más cuestionable.

La Junta de Extremadura ha acogido en los últimos días a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta. Un traslado que deja al descubierto una clara paradoja política: la responsabilidad directa de su tutela y atención recae sobre la consejería gestionada por Vox, la misma que ha tenido que autorizar la incorporación de los jóvenes al sistema regional de protección.

En concreto, y según ha confirmado la Delegación del Gobierno a elDiario.es Extremadura, la semana pasada llegaron dos menores y este martes otros dos. En todos los casos se trata de jóvenes que se encontraban en Ceuta con anterioridad a la crisis migratoria iniciada el 30 de julio.

Esta recepción choca de lleno con las declaraciones grandilocuentes vertidas hace tan solo unas jornadas por el líder de la extrema derecha en la comunidad, Óscar Fernández Calle. El dirigente de Vox abogaba por el bloqueo de cualquier llegada, exigía la devolución inmediata de los niños a sus países de origen y cargaba contra el sistema de reparto estatal: “Nos opondremos por tierra, mar y aire”, llegó a afirmar, advirtiendo de que utilizaría “todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos” para impedir su llegada a Extremadura. Sin embargo, más allá de la retórica agresiva contra la inmigración y del pacto de PP y Vox, la realidad administrativa ha obligado al propio departamento dirigido por la formación ultra a formalizar el ingreso de los cuatro menores para garantizar su cobertura social, médica y residencial.

Más contenida se ha mostrado la presidenta extremeña. María Guardiola se comprometió este jueves a cumplir “siempre con la legalidad”, aunque defendió que “lo lógico, lo normal y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias”. A su juicio, ese “debe ser el objetivo prioritario” ante la situación migratoria que atraviesa Ceuta.

Dentro de esta cruzada del Gobierno extremeño contra la migración, la Junta ha presentado cinco recursos contencioso-administrativos contra el sistema de distribución para que el reparto “no nos afecte”, en palabras del propio Fernández Calle; un choque judicial que no ha impedido que, por ahora, la consejería en manos de su partido haya tenido que hacerse cargo del acogimiento de estos cuatro menores.

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha rogado este viernes a sus seguidores en redes sociales que no graben a las fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta: “No grabéis actuaciones militares, ni de policía ni G.C. [Guardia Civil]”, ha pedido Olona, expresando su preocupación por que se “se sientan seguros trabajando”.

La ultra no ha especificado en qué tipo de actuaciones necesitarían llevar a cabo las autoridades sin que puedan quedar grabadas, pero sí ha rematado su mensaje con una observación racista: “Si queréis tener Los Barrios (sic) limpios, los que pedís ayuda, ayudad ahora”.

Es presumible que se refería a los miles de personas de origen magrebí y de países del África Subsahariana, entre ellos muchos menores que huyeron solos desde su país, que pernoctan en las calles de la ciudad autónoma.

“Extended este mensaje para que se sientan seguros trabajando. Este mensaje se tiene que hacer viral, por favor”, ha urgido Olona, expresando una clara preocupación por las autoridades frente a migrantes que llegaron a Ceuta sin nada.

Alrededor de 4.000 migrantes recibieron el pasado jueves la orden de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional de dejar la Playa del Trampolín. En esa zona próxima a las instalaciones del CETI se levantaba hasta la fecha un campamento improvisado en el que se han alojado desde su entrada a España entre el pasado 30 y 31 de julio.

Una de las propuestas de la derecha, en concreto la que anunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es la de devolver a todos los menores migrantes llegados a Ceuta. Sin embargo, la Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha asegurado que esta medida “no tiene sentido” por la obligación legal de “valorar” previamente y “a título personal” el “interés superior del menor”. Según Gisbert, los menores entrevistados hasta la fecha “no quieren volver a Marruecos” sino “ir a la península”.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este jueves que Extremadura “siempre va a cumplir con la legalidad” al ser preguntada por el traslado a la península de menores migrantes desde Ceuta a distintas comunidades autónomas.

Guardiola se ha pronunciado sobre esta cuestión tras participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), instalado en el Punto de Mando Avanzado de Pinofranqueado, desde donde se coordina la respuesta al incendio forestal que afecta a la comarca cacereña de Las Hurdes y que ya ha calcinado unas 4.800 hectáreas.

La presidenta ha comparecido junto a sus dos vicepresidentes, Abel Bautista, responsable de las competencias en materia de emergencias, y Óscar Fernández, líder de Vox en Extremadura. Fernández se ha desplazado este jueves hasta Pinofranqueado, después de que en los últimos días fuera el también dirigente de Vox y consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, quien acompañara a Guardiola o Bautista en la zona.

A preguntas de los periodistas, Guardiola ha señalado que ningún representante del Gobierno central se ha puesto en contacto con la Junta para informar sobre el traslado desde Ceuta a la península de 500 niñas migrantes. La presidenta ha matizado, no obstante, que en estos momentos la prioridad del Ejecutivo extremeño está centrada en la coordinación de los trabajos para controlar y extinguir el incendio de Las Hurdes.

“Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre”, ha reiterado Guardiola.

La presidenta extremeña ha vuelto a defender que “lo lógico, lo normal y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias”. A su juicio, ese “debe de ser el objetivo prioritario” ante la situación migratoria que atraviesa Ceuta.

Guardiola también ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tenga “presencia en Ceuta” para hacer frente a la situación. La presidenta extremeña se ha referido a la llegada de menores a la ciudad autónoma como una “crisis migratoria” y ha hablado de “una invasión que ha sufrido una ciudad española”.

Primero fue Albacete, avalada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, y ahora Talavera de la Reina. Dos de las grandes ciudades de Castilla-La Mancha han dado la espalda de forma expresa (y unánime) a la implantación de plantas industriales de biometano en su término municipal.

Este miércoles, PP, Vox y PSOE han votado en contra de que este tipo de empresas puedan desarrollar actividad en la ciudad.

Lo han hecho, eso sí, durante un bronco pleno extraordinario que habían pedido los socialistas, en el que el actual gobierno de PP y Vox, por un lado, y el PSOE, por otro, se han culpado mutuamente de haber abierto la puerta a la llegada de este tipo de instalaciones.

PP y Vox han acusado al equipo de Gobierno de la anterior legislatura encabezado por la socialista Tita García Élez de haber facilitado, con una modificación urbanística, la implantación de este tipo de empresas. “Ustedes facilitaron la implantación de energías renovables y por eso estamos hoy aquí”, ha dicho el portavoz de Vox David Moreno. “Introdujeron en nuestro suelo rústico de manera sibilina un cambio que abrió la puerta a este tipo de proyectos industriales no solo en suelo rústico de reserva sino también en suelo rústico de especial protección, de manera todavía más grave”, añadía el concejal de Urbanismo, Benedicto García.

Los socialistas lo han negado, aduciendo que el único cambio se produjo en relación a las plantas fotovoltaicas. “En 2018, 2019 y 2020 no se hablaba del biometano, ni en Talavera, ni en Castilla-La Mancha ni en España”, decía el portavoz socialista José Gutiérrez.

Hasta cuatro plantas de biogás se han llegado a plantear para la ciudad. Una de ellas, promovida por Montearagon Bioenergy S.L., recibía el pasado 24 de julio autorización ambiental integrada por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, tras recibir el aval de los informes del Ayuntamiento talaverano en abril.

Por un lado la Concejalía de Medio Ambiente, que lidera Vox, le había pasado la pelota a la Concejalía de Urbanismo, que lleva el PP. Y este departamento no se opuso: “No existe inconveniente respecto a la implantación en el término municipal del proyecto de construcción y explotación de biometano promovido por la sociedad Montearagón Bionergy S.L, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas y ambientales que resulten exigibles”, rezaba el informe del impacto socioeconómico.

Que el PP y Vox no se hayan opuesto, de entrada, a la llegada de una de las plantas de biogás se lo ha recordado el concejal socialista al gobierno local y el concejal de Urbanismo esgrimía que solo se ha cumplido con la normativa vigente.

Reacción política a un año de las elecciones

Durante el pleno vecinos y vecinas se han congregado a las puertas del Ayuntamiento talaverano mientras se celebraba el pleno extraordinario para dejar claro su rechazo a este tipo de empresas.

Ese ha sido precisamente el detonante, desde hace semanas, para que se haya producido una reacción política como la de hoy. Queda menos de un año para las elecciones municipales.

El PSOE propuso el pasado mes de julio cambiar el Plan de Ordenación Municipal (POM) para frenar este tipo de proyectos y llevarlo al pleno municipal. También propuso acordar la suspensión de licencias de nueva planta y de actividad para este tipo de proyectos.

En paralelo, PP y Vox se apresuraron, hace algo más de una semana, para iniciar el trámite que modifique puntualmente el POM y para suspender, de forma cautelar, los expedientes para evitar tramitar las licencias que puedan solicitar las empresas de biogás.

Durante la sesión plenaria de hoy todos han estado de acuerdo y han votado a favor de estas cuestiones, pero además PP y Vox han planteado dos cosas más, con el apoyo del PSOE. Por un lado, se va a instar a la Consejería de Fomento a modificar la instrucción técnica que regula dónde y cómo construir cuando se habla de suelo rústico.

“Está en manos de la Junta modificar la instrucción que regula los requisitos para las construcciones en cualquier tipo de suelo. Es tan sencillo como incluir más distancias a estas plantas”, ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno Jesús García-Barroso. En su opinión, “es imperativo” que se fije en cinco kilómetros el límite mínimo de distancia entre cualquier suelo urbano y una planta que produzca biogás.

Además, se presentará un recurso de alzada a la resolución de la Dirección de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha, con fecha 24 de julio, que otorgó autorización ambiental integrada al proyecto de Montearagon Bioenergy SL. “Se ha ignorado la potestad exclusiva de los municipios para ordenar su propio territorio”, aducen gobierno y oposición en Talavera de la Reina. “No se ajusta a derecho, vulnera el principio de autonomía local que recoge la Constitución”.

Los bandazos para regular este tipo de plantas en la región

Hoy Vox ha puesto en foco en el Gobierno de Emiliano García-Page al que culpa de haber provocado un “efecto llamada” al apostar por un Plan Regional de Biometanización que calcula la implantación de hasta 100 de este tipo de empresas.

Lo cierto es que este plan nunca ha llegado a aprobarse. Se ha quedado sobre la mesa. No solo fue cuestionado por plataformas ciudadanas de toda la región (presentaron 15.000 alegaciones), sino incluso por la Consejería de Sanidad que en sus alegaciones planteaba que no se estaban teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con la salud.

En junio, el Gobierno regional daba luz verde a una moratoria para su plan de biometanización. A cambio, lo que ahora está sobre la mesa es un decreto que incorpora nuevas restricciones para aquellas empresas que quieran instalarse en suelo castellanomanchego.

La Junta de Castilla-La Mancha ha posibilitado que los ayuntamientos puedan oponerse, pero de fondo hay una salvedad que sigue 'viva' y que preocupa especialmente a las plataformas ciudadanas: el Gobierno regional siempre se reserva el derecho a considerar que un proyecto pueda ser declarado “prioritario” para la región.

El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, ha afirmado que Junts “tiene parte de razón” al decir que la situación migratoria de Ceuta repercute en Catalunya, pero “la solución no puede ser desguazar las competencias de control de fronteras”.

“Junts tiene razón en lo que dice, pero la solución no es que el control de las fronteras en Catalunya lo lleven los Mossos”, ha dicho Fernández en una entrevista con la agencia Europa Press preguntado por las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha vuelto a reclamar las competencias en inmigración para Catalunya y ha sostenido que lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta.

El PP y Junts comparten temor por la crecida de los partidos de extrema derecha, Vox y Aliança Catalana. Pese a ello, han focalizado su discurso en temas estrella de las formaciones ultra, con propuestas como la del partido de Puigdemont para delegar las competencias a Catalunya, y, en ocasiones, vinculando migración y delincuencia en contra de lo que sostienen los datos.

“El control de fronteras forma parte de esas competencias que son la columna de un Estado, de una nación, y lo importante es que mantengamos esas competencias en las mismas manos porque debe haber una unidad de acción”, ha subrayado Fernández.

A juicio de Fernández, Junts está aprovechando esta situación cuando ha sido responsable de una política migratoria irresponsable en Catalunya y, a día de hoy, sigue siendo el salvavidas de Pedro Sánchez en la Moncloa“, por lo que considera a los juntaires cómplices de la gestión del presidente español.

La solución, según Fernández, a la “invasión” que ha habido en Ceuta es fortalecer las competencias del Estado y dotar de más recursos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues asegura que en Catalunya hay 3.400 vacantes en Policía Nacional y Guardia Civil.

En cuanto a los menores inmigrantes que se encuentran en Ceuta, ha defendido que “con quien mejor están es con sus familias en su país de origen” y, por ello, que deben volver a Marruecos.

“Es algo de sentido común, creo que ha llegado el momento de que hagamos una enmienda a la totalidad a este posicionamiento. Es decir, nosotros no podemos acoger de forma ilimitada a menores de otro país sin que ese país sea responsable de sus propios menores y se desentienda. España no se puede convertir en la ONG de Europa”, ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que Catalunya “no está en disposición hoy de acoger a más menores porque ya no está en disposición de poder seguir atendiendo a los que ya tiene”, y ha instado al president de la Generalitat, Salvador Illa, a rechazar que la comunidad los acoja y a exigir al Gobierno que los devuelva a sus países de origen.

“Las mafias se frotan las manos cuando ven que Sánchez desprotege sus fronteras. Porque Sánchez es el único y principal responsable de lo que ha pasado, Sánchez es cooperador necesario y cómplice de que se haya invadido la frontera de Ceuta, que es la frontera de España”, ha agregado.

Preguntado por su opinión respecto al papel que ha tenido Marruecos, ha respondido que “quien lleva la política exterior de España no es España, es Marruecos” y ha acusado a Sánchez de actuar a su dictado.

Fernández ha subrayado el lema del PP catalán basado en el orden y el apoyo a la policía, y tras ello ha acusado a Illa de estar “sometido a las políticas de izquierda donde se protege al delincuente y se insulta y se desprotege a la policía”.

“Lo estamos viendo en Lleida estos últimos días, cómo esa política basada en la multiculturalidad mal entendida está fracasando”, y ha afirmado que lo que importa realmente es la integración real en los valores occidentales y de convivencia.

“Si una persona viene a nuestro país a delinquir, a aprovecharse de nuestro sistema y encima querer imponer su cultura que es excluyente, nosotros creemos que esa persona no es bienvenida, que se vaya a su país”, ha sostenido.

Por ello, ha defendido que el deber y la obligación de los gobernantes es “construir un dique contra aquellas personas que quieran venir a aprovecharse del sistema y a delinquir”.

Por otra parte, preguntado por cómo afronta su nueva etapa como 'número dos' de Alejandro Fernández en el PP de Catalunya tras su designación el pasado mes de junio, ha asegurado que es “un reto apasionante porque en Cataluña se debe iniciar el cambio político en España”.

Sobre cuáles serían los límites de la autonomía del PP catalán a partir de ahora si la estrategia de Génova no encajara en Catalunya, ha asegurado: “Estamos en el mejor momento, estamos en un momento donde hay una gran unidad de mensaje, donde hay una coordinación absoluta entre el PP de Catalunya y el PP nacional”.

“El único partido que a día de hoy dice lo mismo en todas las ciudades de España, el único partido que tiene una unidad de mensaje, que tiene un proyecto claro para los españoles, es el PP”, ha añadido.

Y ha concluido que el modelo del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, es “un modelo de éxito” y es precisamente el que quiere el PP catalán para, ha dicho, mejorar la vida de los ciudadanos por encima de premisas ideológicas.

La Agencia Tributaria ha embargado las dietas municipales del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Segovia, Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, para hacer frente a una deuda de 53.639,32 euros. El Ayuntamiento de Segovia ha ejecutado así la orden de Hacienda reteniendo los 1.122 euros correspondientes al cobro de las dietas por asistencia a plenos y otros órganos del consistorio del mes de julio.

En un decreto de Alcaldía, con fecha de 17 de agosto, al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla y León se recoge que el Ayuntamiento da cumplimiento a una diligencia de embargo de créditos remitida por la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Castilla y León, con fecha 19 de junio de 2026. El documento identifica a De Ceballos-Escalera como el deudor y establece que deben retenerse las cantidades que le correspondan del Ayuntamiento hasta cubrir el importe reclamado. En el escrito no se recoge otro tipo de acciones adicionales ni el origen de la deuda.

El documento contable incorporado al expediente fija su importe en 1.122 euros líquidos de las dietas del edil, cantidad que el Ayuntamiento tiene que retener y poner a disposición de la Agencia Tributaria mediante el correspondiente documento de pago. El decreto señala además que la deuda asciende a 53.639,32 euros, por lo que la cuantía de julio es solo una parte del importe reclamado por Hacienda.

El Ayuntamiento señala en el propio decreto que contra la resolución cabe recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación. La interposición del recurso, según recoge el documento, no suspende por sí misma la ejecución del acto salvo que se solicite la suspensión en los términos previstos legalmente.

Este medio ha solicitado una valoración al Grupo Municipal de Vox en Segovia sobre el embargo de su concejal y sobre la situación que recoge el decreto de Alcaldía. La formación ha respondido que “no tenemos nada que decir sobre este tema”.

Unas dietas que salen del Ayuntamiento

El embargo de Hacienda se hace sobre el dinero que el concejal recibe del Ayuntamiento de Segovia por su participación en los órganos municipales. Es decir, el dinero retenido procede de las dietas que la Administración local abona a sus concejales por estas asistencias.

La declaración de bienes presentada por De Ceballos-Escalera y Gila al tomar posesión como concejal en 2023 permite poner esa situación en contexto. En ella aparecen, entre otros bienes, una vivienda en Madrid, con valor catastral de 282.865 euros; otra vivienda en Torrecaballeros, con valor catrastal 932.238; de una participación indivisa del 6,5% en una finca rústica de Ortigosa del Monte y una participación del 2% en tierras alrededor de Segovia.

La misma declaración recoge también un saldo de 200.000 euros en un depósito indisponible y 300 euros en una cuenta corriente, además de varios vehículos. La declaración de bienes también consignaba entonces un crédito hipotecario de unos 40.000 euros con Banco Santander y un crédito personal de aproximadamente 13.000 euros con La Caixa.

Cabe reseñar que no se puede saber, por sí solo, qué bienes han podido ser objeto de las actuaciones de la Agencia Tributaria, ni por qué Hacienda ha dirigido en este caso el embargo contra las cantidades que el concejal tenía pendientes de cobrar del Consistorio. El decreto municipal únicamente acredita la retención de las dietas.

Dos sociedades como administrador único

Los datos mercantiles señalan que De Ceballos-Escalera y Gila es administrador único de dos sociedades. Una de ellas es Casona de la Oveja Negra, S.L., constituida en 2020 y con domicilio social en Torrecaballeros. La sociedad tiene entre sus actividades el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, la organización de eventos y la gestión y administración de propiedad inmobiliaria. La otra es La Cabanillense, S.L., constituida en junio de 2026 y con un objeto social que incluye la compraventa, promoción, gestión, compra, venta y alquiler de inmuebles.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la condición de administrador no implica que pueda atribuirse automáticamente al concejal la condición de socio o un determinado porcentaje de participación en esas sociedades.

Del “ciruelo” al embargo de sus dietas

El embargo llega después de que De Ceballos-Escalera y Gila saltara a las noticias por una polémica intervención durante un pleno celebrado en febrero de 2025.

En aquella sesión, el concejal de Vox, marqués de la Floresta y vizconde de Ayala llegó a ofrecerse a enseñar su “ciruelo” para demostrar que no sentía envidia de la escultura del diablillo situada en la calle San Juan, una polémica que Vox había mantenido abierta durante meses. El edil terminó retirando sus palabras después de que el alcalde, José Mazarías, le pidiera que fuera “correcto” y calificara su intervención de “fuera de lugar”.

La intervención se produjo después de que el concejal de IU Ángel Galindo ironizara sobre las críticas de Vox a la escultura, que representa a un diablillo haciéndose un 'selfie' frente al Acueducto de Segovia. Galindo había aludido al “imponente ciruelo” del personaje y a la envidia como uno de los pecados capitales.

La Junta de Extremadura ha iniciado formalmente el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, la Cruz situada en el centro de la plaza de América de Cáceres. La resolución, firmada el 12 de agosto por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, se publica este martes en el Diario Oficial de Extremadura y abre un periodo de información pública de un mes.

La incoación del expediente no supone todavía la declaración definitiva como BIC, sino el comienzo del procedimiento administrativo para dotar al monumento de esa protección. La decisión llega, además, en plena disputa institucional sobre su futuro: el Gobierno central ha ordenado su retirada del espacio público al considerarlo un símbolo contrario a la memoria democrática, mientras el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura defienden su permanencia.

El expediente autonómico pone sobre la mesa una doble lectura del monumento. Por un lado, documenta de forma expresa su nacimiento ligado al bando sublevado durante la Guerra Civil y su utilización como espacio de exaltación durante la dictadura. Por otro, sostiene que las modificaciones realizadas en democracia, especialmente la retirada de las referencias franquistas en 1984, han cambiado la manera en la que la cruz es percibida actualmente y permiten valorar sus características arquitectónicas y urbanísticas.

Una cruz levantada durante la Guerra Civil

La documentación histórica incorporada al expediente sitúa el origen de la cruz en 1937. Ese año, el Ayuntamiento acordó sustituir la fuente conocida como La Palmatoria, situada en la actual plaza de América, por una cruz “en homenaje a los caídos de Cáceres”.

El proyecto contemplaba inicialmente inscripciones explícitamente vinculadas al bando franquista, con referencias a quienes “dieron su vida por España, Una, Grande y Libre” y al '18 de julio de 1936, Franco y Arriba España'. La construcción fue sufragada por el Ayuntamiento y tuvo un coste de 28.041,35 pesetas. La obra fue diseñada por el arquitecto municipal Ángel Pérez y construida en 1938.

Los informes técnicos destacan además que la cruz de Cáceres se encuentra entre las primeras de este tipo construidas en España durante la Guerra Civil. Su arquitectura se caracteriza, según el expediente, por la austeridad, la monumentalidad, el clasicismo y una marcada verticalidad.

La Junta considera que estos valores formales, unidos a su ubicación y a su relación con el espacio urbano, justifican su consideración como patrimonio cultural.

El propio expediente reconoce la función política del espacio

Uno de los aspectos más significativos de la documentación es que la Junta no oculta la función política que tuvo el monumento en sus primeros años.

El informe señala que la cruz estaba integrada en un espacio urbano concebido específicamente para reforzar su carácter monumental y acoger las ceremonias de la dictadura. Según el documento, las plazas del entorno respondían a “un plan arquitectónico y urbanístico preconcebido para ensalzar al régimen”.

La documentación recoge también que desde los primeros años del franquismo se estableció un calendario de celebraciones en torno a la cruz para honrar a los llamados Caídos y que las dimensiones de las plazas del entorno permitían acoger esos actos.

El propio informe establece una relación directa entre el monumento y su contexto urbano al señalar que la cruz “no se entendería” de la misma manera fuera de ese entorno o perdería parte de sus rasgos definitorios.

La Junta apela a la resignificación de 1984

El argumento central para explicar el significado actual de la cruz se sitúa en 1984. Ese año, durante el mandato del alcalde socialista Juan Iglesias Marcelo, el Ayuntamiento acordó sustituir la placa que conservaba la inscripción original. En su lugar se colocó otra con el texto: 'La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la Patria'.

Para los autores del informe, aquella actuación supuso un proceso de “resignificación” que permitió “desvincular su lectura pública de los elementos explícitos de exaltación franquista”. La Junta considera que este cambio debe tenerse en cuenta a la hora de valorar el monumento en la actualidad.

La resolución, por tanto, no sostiene que la cruz carezca de origen franquista. De hecho, el expediente dedica una parte importante de su contenido a documentarlo. La tesis autonómica es otra: que la eliminación de las referencias explícitas al régimen modificó su significado público y que, con el paso del tiempo, el monumento se ha incorporado al paisaje urbano de Cáceres como un elemento patrimonial.

Un 'hito urbano' que la Junta quiere proteger

La declaración propuesta no se limita a la cruz. El expediente delimita también un entorno de protección alrededor del monumento.

La Junta lo justifica por su “acusada presencia visual” y por su condición de “hito urbano” de Cáceres, atendiendo a su emplazamiento, escala, visibilidad y relación con la plaza de América.

La protección pretende conservar precisamente esa relación entre la cruz y el espacio que la rodea. Por ello, las actuaciones que puedan afectar al monumento o a su entorno deberán someterse a la normativa de patrimonio y requerirán autorización previa de la administración cultural competente.

Enfrentada a la decisión del Gobierno central

La incoación del expediente autonómico se produce cuatro meses después de que el Gobierno central ordenara la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y dispuso su retirada del espacio público. El Ayuntamiento de Cáceres recurrió la decisión y anunció que defendería su permanencia también por la vía judicial.

El Gobierno municipal, del PP, sostiene que la cruz forma parte de la ciudad y que las referencias franquistas fueron eliminadas en 1984. El alcalde, Rafael Mateos, ha defendido públicamente que el monumento no supone actualmente una exaltación de ningún régimen y ha anunciado que el Ayuntamiento agotará las vías legales para evitar su retirada.

La protección como BIC forma además parte del acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en Extremadura. La Junta ya había anunciado en julio que estaba recabando informes técnicos de historiadores para fundamentar la declaración patrimonial.

Ahora, el procedimiento entra en su fase formal. Durante un mes, cualquier persona o entidad interesada podrá examinar el expediente y formular las alegaciones que considere oportunas.

La cruz queda así en el centro de dos concepciones enfrentadas sobre su permanencia en el espacio público: la del Estado, que atiende a su origen y utilización como símbolo de exaltación franquista, y la de la Junta, que reconoce ese pasado pero considera que la resignificación posterior y sus valores arquitectónicos y urbanos permiten otorgarle protección patrimonial.

Ya es oficial: Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, los ediles que apoyaron a Javier Ortega Smith en su cruzada contra la cúpula de Vox, han pasado a ser concejales no adscritos del Ayuntamiento de Madrid. Después de que Ortega Smith, uno de los fundadores del partido junto a Santiago Abascal, fuera expulsado como miembro (y portavoz) del Grupo Municipal, sus principales aliados en Cibeles han seguido esa misma senda: se había anunciado que ambos reanudarían el curso político en septiembre como no adscritos, al igual de Ortega Smith. Pero no fue hasta el pasado 7 de agosto, en el ecuador del verano y con la actividad parlamentaria paralizada, cuando una resolución del presidente del Pleno ha formalizado su expulsión.

En ella, Borja Fanjul acredita las formalidades del expediente disciplinario interno de expulsión una vez revisada la documentación remitida por la Secretaría General de Vox, con Ignacio Garriga a la cabeza. Los dos ediles que ahora pasan a no adscritos habían remitido al Juzgado número 51 de Madrid antes del parón estival un escrito de desestimación de las medidas cauterales que presentaron contra su expulsión de Vox. Ansaldo sí presentó el pasado 7 de agosto alegaciones ante la Secretaría del Pleno, órgano que las desestima, de modo que sigue adelante el procedimiento administrativo vinculado al expediente de expulsión de Vox y su paso a no adscritos.

De este modo, el curso político arrancará en Cibeles con tres ediles no adscritos (Ortega Smith, Ansaldo y Toscano), definidos por el artículo 33 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el ROP, como aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia.

El mismo Reglamento aclara que “cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos”. Esto es, el Grupo Municipal Vox queda compuesto por Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal.

Una iniciativa por cada dos plenos

La resolución firmada por Fanjul ante la situación de Ortega determinó que estos ediles podrán presentar una iniciativa cada dos plenos ordinarios y una cada cuatro comisiones de área de Gobierno. En el actual mandato 2023-2027 son cuatro los grupos políticos municipales (PP, Más Madrid, PSOE y Vox) que pueden presentar entre todos un máximo de 24 iniciativas, esto es, seis por grupo, de las que solo cuatro pueden ser comparecencias, a razón de una por grupo.

Aplicando el criterio proporcionalidad, y dado que la Corporación la integran 57 concejales, resulta que cada edil no adscrito podrá presentar una iniciativa cada dos sesiones ordinarias del Pleno, indica la resolución. Conforme a lo previsto en el ROP, además de proposiciones y mociones de urgencia, los concejales no adscritos pueden presentar, en las sesiones ordinarias del Pleno tanto preguntas como interpelaciones pero no comparecencias ya que el ROP las reserva a la iniciativa de un grupo político o de la quinta parte de los concejales.

Los turnos y tiempos de intervención de los concejales no adscritos, en la deliberación de los asuntos que se sustancien en el Pleno y respecto de los cuales la Junta de Portavoces haya decidido que habrá intervenciones se determinarán por este órgano. En ningún caso podrán superar el tiempo asignado a cada grupo ni ser inferiores a un minuto.

En la sustanciación de las iniciativas presentadas por el propio concejal no adscrito se mantendrán los tiempos establecidos en el ROP o acordados en su caso en Junta de Portavoces, salvo decisión expresa de Ortega para reducirlos. En el caso de la sustanciación de las iniciativas que no sean presentadas por el propio concejal no adscrito, el tiempo de intervención del concejal se establecerá por acuerdo de Junta de Portavoces. La cuestión del voto en el Pleno no presenta ninguna especialidad computando de igual forma que si el concejal no adscrito estuviera integrado en un grupo municipal.

A petición de Ortega, en su caso, se nombrará al concejal no adscrito como miembro titular de la comisión o comisiones del Pleno en las que solicite integrarse, sin que pueda ser suplido en caso de ausencia al no estar integrado en un grupo municipal.

En el actual mandato 2023-2027, entre los cuatro grupos políticos municipales pueden presentar un máximo de doce iniciativas, esto es, tres por grupo, de las que solo cuatro pueden ser comparecencias, también una por grupo. Teniendo en cuenta que la Corporación la integran 57 concejales, cada concejal no adscrito podrá presentar una iniciativa cada cuatro sesiones ordinarias de la respectiva comisión en la que figure como miembro y solo podrá ser comparecencia una de las iniciativas cada doce sesiones ordinarias.

Los concejales no ascritos pueden presentar preguntas

Conforme a lo previsto en el ROP, los concejales no adscritos pueden presentar en las sesiones de las comisiones permanentes preguntas y ruegos. Los turnos y tiempos de intervención de los concejales no adscritos en la deliberación de los asuntos que se sustancien en las comisiones y respecto de los cuales la Junta de Portavoces o la Presidencia de la comisión haya decidido que habrá intervenciones, se determinarán por los citados órganos de la comisión y no podrán superar el tiempo asignado a cada grupo ni ser inferiores a un minuto.

En la sustanciación de las iniciativas presentadas por el propio concejal no adscrito se mantendrán los tiempos establecidos en el ROP o acordados en su caso en Junta de Portavoces, salvo decisión expresa del edil para reducirlos. En las comparecencias que no sean presentadas por el no adscrito, el tiempo de intervención del concejal se establecerá por acuerdo de Junta de Portavoces.

Con el fin de garantizar que el sistema de mayorías respete la representatividad existente en el Pleno, las comisiones del Pleno en las que se integre algún concejal no adscrito y mientras se mantenga en ellas, funcionarán mediante voto ponderado, tal y como recoge la Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid. En relación con el voto ponderado, éste respetará la misma representatividad contemplada actualmente en el Pleno en sus votaciones, de forma ponderada entre los distintos miembros que forman parte de la comisión.

El pasado 23 de julio, el termómetro alcanzó los 44,7 grados en Caravaca de la Cruz y 44,5 en Zarcilla de Ramos, en Lorca. No se trata de una previsión ni de una estimación: son datos oficiales de la AEMET que dan muestra de la severidad con la que el calor aprieta en el verano murciano. Ese asfixiante día, el Ayuntamiento de Murcia también activó su Plan de Emergencia Municipal ante el aviso rojo por temperaturas que alcanzaron valores peligrosos para la salud.

El problema no es únicamente superar los 40 grados. Es hacerlo cada vez con mayor frecuencia y durante episodios que pueden prolongarse varios días; con noches tropicales (por encima de los 20 grados), cuando no tórridas (por encima de los 25), en las que el cuerpo apenas tiene oportunidad de recuperarse. Y el calor puede costar vidas. Según el sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), el pasado julio acabó con la vida de 35 personas en la Región de Murcia.

¿Las más vulnerables? Personas mayores, menores, las que padecen enfermedades crónicas, las que no tienen hogar y las que habitan viviendas mal aisladas o no pueden permitirse climatizarlas y, por tanto, soportan una exposición muy distinta a la de quienes disponen de aire acondicionado y recursos para escapar del calor.

Por eso las ciudades han empezado a crear una nueva infraestructura urbana: los refugios climáticos. Y sí, también en los municipios de esta comunidad autónoma las administraciones están habilitando este tipo de espacios para refugiarse del calor extremo. El problema es que la mayoría bajan la persiana precisamente cuando más falta hace. Es la paradoja murciana y revela una contradicción difícil de ignorar.

¿Qué es un refugio climático?

Una persona joven, sana y con una vivienda bien climatizada afronta un episodio de calor extremo de un modo radicalmente distinto que una persona mayor que vive sola, alguien con una enfermedad crónica, un niño pequeño, una persona sin hogar o una familia que no puede asumir el coste de mantener el aire acondicionado encendido durante horas. Cuando no todo el mundo puede convertir su vivienda en un refugio cuando el calor se vuelve insoportable, los refugios climáticos aparecen como una solución pública y gratuita.

La propia red municipal de Murcia —que los presenta como una medida de adaptación al calentamiento global— los define como espacios accesibles con una temperatura confortable, destinados a proporcionar descanso y seguridad durante episodios meteorológicos extremos, especialmente a colectivos vulnerables. Pueden ser interiores —bibliotecas, museos, edificios municipales o centros culturales— o exteriores, como parques y jardines con abundante vegetación, sombra y agua.

La idea es sencilla: si la ciudad se convierte temporalmente en un entorno hostil por el calor, debe existir una red de lugares donde la población pueda protegerse. Una solución que tiene que estar pensada desde la perspectiva de quien necesita utilizarla: ¿Está cerca? ¿Se puede llegar andando? ¿Tiene sombra el trayecto? ¿Está climatizado? ¿Hay agua? ¿Puede acceder una persona con movilidad reducida? ¿Está abierto por la tarde? ¿Y el fin de semana?

Porque, sobre todo, para que esos refugios sean realmente útiles deben cumplir una regla básica: tienen que estar operativos.

30 de 48 refugios, cerrados todo agosto

El Ayuntamiento de Murcia dispone actualmente de 94 refugios climáticos distribuidos por barrios y pedanías. Son bibliotecas, centros culturales, edificios municipales, jardines y otros espacios públicos que ofrecen condiciones más confortables durante los episodios de temperaturas extremas. La localización puede consultarse a través de la aplicación ‘TuMurcia’, habilitada por el consistorio.

La investigación realizada para este reportaje ha puesto el foco en 48 de esos recursos y ha revisado sus horarios y periodos de cierre. El resultado es revelador: 30 de ellos permanecen cerrados durante todo agosto.

Once de estos espacios son bibliotecas. Diez cierran durante todo agosto. Entre ellas figuran las de El Palmar, El Carmen, Santiago el Mayor, San Basilio, El Raal, El Puntal, Guadalupe, Javalí Nuevo, La Ñora y Sangonera la Verde. Solo una de las bibliotecas analizadas, la de Puente Tocinos, permanece abierta de lunes a viernes durante agosto, pero solo de 9 a 14 horas.

La situación se repite, de forma todavía más contundente, en los centros culturales de las pedanías. La base de datos recoge 20 centros culturales. Diecinueve permanecen cerrados durante todo agosto. Es el caso de Javalí Nuevo, Javalí Viejo, Valladolises, Llano de Brujas, El Raal, San Pío X, Guadalupe, La Raya, La Alberca, Zeneta, Los Ramos, Churra, Monteagudo, El Esparragal, La Arboleja, La Albatalía, Puebla de Soto, Zarandona y Santiago y Zaraiche. La excepción, el Centro Cultural de Corvera, también permanece cerrado durante la mayor parte de agosto, pero recupera la actividad el día 29.

De entre los espacios que sí mantienen actividad, los museos presentan mayor continuidad, aunque con limitación de horarios. La Cárcel Vieja abre durante agosto en horario de mañana, aunque permanece cerrada la semana del 12 al 18. El Espacio Molinos del Río funciona de lunes a viernes por la mañana. El Museo de la Ciencia y el Agua mantiene su apertura matinal. El Palacio Almudí abre de lunes a viernes y el Teatro Romea mantiene actividad en algunos días concretos. El Teatro Circo, sin embargo, aparece como cerrado durante agosto.

Los mercados de abastos mantienen, según la investigación, sus horarios habituales de lunes a sábado, lo que convierte a estos espacios en uno de los recursos con mayor continuidad durante el mes.

El problema, por tanto, no es que Murcia carezca de refugios. Es que una parte importante de ellos no está operativa cuando más falta hace.

Murcia y la paradoja del mes más caluroso

Que una biblioteca o un centro cultural cierren en agosto no es extraño. La contradicción aparece cuando esos mismos espacios son presentados como parte de una red de protección frente a temperaturas extremas y permanecen cerrados durante el mes central del verano. La lógica impone que si un edificio cumple una función de protección climática, su calendario responda también al calendario del riesgo climático. Especialmente, cuando agosto es uno de los meses críticos del verano murciano y, precisamente, la población vulnerable no suele marcharse de vacaciones.

Por eso la eficacia de una red de refugios no puede medirse únicamente por el número que aparece en un mapa, si no por cuántos están abiertos y son verdaderamente útiles cuando el termómetro aprieta. elDiario.es Región de Murcia ha pedido al equipo de Gobierno municipal de Rebeca Pérez (PP), una valoración respecto a esta investigación. Aún no ha sido proporcionada.

Pero no todo son malas noticias. La capital regional se ha sumado recientemente a HEATSAFE, un proyecto europeo del programa Interreg Euro-MED cuyo objetivo es mejorar la capacidad de las ciudades mediterráneas para prevenir y gestionar los riesgos del calor extremo. También desarrolla desde 2017 el Plan Sombra, destinado a instalar pérgolas y elementos de sombra en patios escolares y en el que se han invertido ya más de 1,7 millones de euros.

Cartagena: tres fuentes para un cuarto de millón de personas

En el caso de Cartagena, su ayuntamiento también ha optado por unirse a las estrategias de adaptación en las que trabaja el proyecto europeo HEATSAFE. El consistorio de la ciudad portuaria trabaja en la identificación de zonas especialmente vulnerables en los barrios más expuestos y recuerda a vecinos y visitantes que “cualquier edificio municipal abierto al público puede utilizarse para resguardarse temporalmente de las altas temperaturas, descansar unos minutos o solicitar ayuda en caso necesario”.

Las mismas fuentes municipales también aseguran que Cartagena “dispone de fuentes de agua fría” para facilitar la hidratación de la población. Sin embargo, este recurso básico para prevenir la deshidratación y los golpes de calor no parece demasiado ajustado a las características de la ciudad: con 222.559 habitantes y una previsión de llegada de 32.004 cruceristas este agosto —sin contar con los turistas que llegarán por otros medios—, esas “fuentes de agua fría” se limitan a tres. Son las ubicadas en la Plaza Juan XXIII, en la calle Alfonso XII, junto a la Oficina de Turismo, y en las llamadas Puertas de Madrid, al lado de la parada de taxis.

Desde la oposición al Gobierno municipal de Noelia Arroyo (PP), la concejala del partido local Movimiento Ciudadano de Cartagena, Mercedes Graña, califica de “incomprensible” que el ayuntamiento “no garantice algo tan elemental como el acceso a agua potable refrigerada en los espacios escolares”. Esta redacción está a la espera de respuesta de si el ejecutivo local tiene previsto ampliar el número de fuentes públicas en la ciudad e incluirlas en las escuelas.

El factor político: negacionismo que limita la adaptación al calor

La adaptación de las ciudades también tiene una dimensión política. La Región de Murcia no iba a ser una excepción, y aquí Vox también mantiene una posición abiertamente crítica respecto al calentamiento global y sus efectos. En 2020, cuando el Gobierno de López Miras declaró la emergencia climática y ambiental, Vox Murcia anunció que no apoyaría la medida, que calificó de “trampa ideológica”, y exigió dejarla sin efecto.

Cabe recordar que el Partido Popular, que no cuenta con mayoría suficiente, necesita a Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos. Precisamente, el acuerdo para aprobar los de 2025, actualmente prorrogados, incluyó puntos de condena al Pacto Verde Europeo. Y muchas de las mociones impulsadas por Vox y apoyadas por el PP en la Asamblea Regional de Murcia suponen recortes o limitación de fondos destinados a planes de transición ecológica y cambio climático.

Así que parece legítimo preguntarse sobre las consecuencias de que una formación imprescindible para la mayoría parlamentaria regional cuestione el marco de políticas climáticas en el que se apoyan los programas de adaptación de las ciudades al calor, que requieren inversión: la necesaria para plantar árboles, crear sombras, renaturalizar plazas, rehabilitar viviendas, mejorar el aislamiento, climatizar edificios públicos, instalar fuentes, adaptar colegios y crear sistemas de atención para las personas más vulnerables. Medidas de adaptación climática que, quizás, hubieran podido salvar alguna de esas 35 vidas que el calor extremo segó hace solo unas semanas en la Región.

La Enza Negra nació como un grupo terrorista. Ficticio, eso sí: lo dibujó el ilustrador murciano Magius hace una década, pero este 2026 se ha materializado en una entidad real, aunque, conviene decirlo pronto, sin los atentados ni los sacrificios humanos. Y es que ser murciano nunca ha sido del todo una identidad: como mucho un acento, una denominación de origen o un estigma. En la Región gobierna el Partido Popular sin respiro desde 1995 y el murcianismo político rara vez ha pasado de rareza de peña de amigos o de bar universitario, y aquí, lo ha dicho el propio Magius, vive “la región menos independentista de España”.

A principios de diciembre de 2025, el dibujante hizo un llamamiento en redes sociales convocando un “foro político para hablar de la cultura y la identidad murciana” en el café Ficciones de la calle Fuensanta de Murcia. Se reunieron algo más de una treintena de personas: un número modesto para fundar una patria, pero nada desdeñable para un acto sin más reclamo que la palabra identidad. De aquella reunión salió algo más que una sobremesa. Semanas después, ya en 2026, la Enza Negra tenía documento fundacional, camiseta y página web. A la broma le habían salido estatutos.

Donde el chiste deja de serlo y la Enza Negra se presenta al mundo es en su documento R.O.S.E.N, su carta fundacional. La portada, diseñada en caracteres rúnicos y, en el centro, un sol de seis puntas naciendo de una media luna; el propio texto aclara que el símbolo está tomado de una estela del rey sumerio Ur-Nammu, de cuatro mil años de antigüedad, la gente que abrió las primeras acequias. Debajo, nueve rulas, reglas, un Consejo de Personas Buenas con zabacequieros y licero calcado del medieval Consejo de Hombres Buenos, y una república federal que ha de levantarse de abajo arriba, barrio a barrio y parroquia a cantón, hasta rematar en un supra-cantón: el Cantón Murciano, como el de 1873.

Lo llamativo más que el envoltorio arqueológico, es la tesis que lo sostiene. La segunda rula declara a los murcianos fruto de argares, iberos, romanos, sirios, árabes, catalanes y castellanos amontonados en la misma raíz; la sexta le declara la guerra al “españolismo cerrado y excluyente”. Es decir: una identidad murciana cuyo cimiento es, exactamente, la mezcla.

“Un querer, algo que tienes dentro”

Cinco meses antes de aquel foro del mes de diciembre, en julio de 2025, la Región de Murcia había ocupado titulares internacionales por el motivo contrario al de la mezcla, la inclusión y la multiculturalidad. Entre el 10 y el 15 de aquel mes, tras la agresión a un vecino de 68 años, por la que se detuvo a tres jóvenes de origen magrebí, Torre-Pacheco vivió varios días de violencia contra personas y negocios migrantes, en un municipio donde cerca de un tercio de los habitantes son extranjeros y buena parte sostiene, con su trabajo, la agricultura intensiva de la comarca. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó los altercados a grupos de extrema derecha, Vox incluido; la Fiscalía llegó a investigar al líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, por endosar la culpa a PSOE y PP. Nada permite trazar una línea recta entre una cosa y otra, y la Enza Negra tampoco la traza. Pero el contraste cuesta de ignorar: en la misma región y el mismo año, una parte de Murcia salió a excluir y otra, se juntó en un café para decidir que ser murciano consistía, sobre todo, en ser de muchos sitios a la vez.

Bajo el envoltorio arqueológico hay una posición política nítida, y de izquierdas. La Enza Negra se reclama heredera de Antonete Gálvez y del cantonalismo murcianista de 1873, republicano y federal, y aspira, en palabras de Magius, a “un republicanismo de izquierdas y un federalismo de una república construida de abajo hacia arriba”. El nombre apunta hacia esa misma tierra: enza no tiene traducción exacta al castellano; “un querer, algo que tienes dentro”, dice, y negra remite al color del suelo fértil, el que se esconde bajo el surco.

Magius tiene su propia explicación de por qué en Murcia lo propio pesa tan poco. Habla de que “hay vergüenza de ser murciano” y de desidia: “La huerta se la han cargado fácilmente y la gente no lo aprecia; no hay un sentimiento de colectividad”. Y remonta el desapego a la posguerra: Murcia fue zona republicana, hubo una fortísima represión, se fusiló y se purgó a maestros y a cargos públicos, y para cubrir los huecos se trajo a gente de fuera que, dice, acabó copando la universidad y los altos puestos de la cultura. De ahí viene, dice, un desprecio institucional por lo autóctono que todavía colea: el panocho degradado, de dialecto a una mera “mala forma de hablar castellano”; al Cantón olvidado pese a que Murcia “fue precursora” de lo que hoy son las autonomías.

Lo revelador es contra quién se define. No solo contra Madrid, también contra el otro “cantonalismo”. Según Magius, el “falso cantonalismo al que refiere el cartagenerismo”, al que acusa de haberse quedado con el nombre y nada más. “El cantonalismo de 1873 era murcianista; el de Cartagena de hoy es anti-murcianista, es todo lo contrario”, resume. Recuerda que el Partido Cantonal de Cartagena lo fundaron gentes de Falange y que, de los 44 municipios de la Región, solo reivindica el suyo.

Y se define, también, contra el “centralismo disfrazado de igualdad”. La idea de que un país deba ser centralista “para que todo el mundo sea igual” confunde, explica Magius, la igualdad entre territorios con la única que de verdad importa: la que hay, o no hay, entre clases sociales. De poco sirve invocar la igualdad de los españoles, viene a decir Enza Negra, cuando Murcia arrastra un transporte público pésimo, una inversión mínima en sus ciudadanos y, entre otros cuerpos funcionariales, unos bomberos mal pagados. Su veredicto sobre la gestión es lapidario: “A lo mejor sí es la mejor tierra del mundo, pero los que la administran son los peores administradores del mundo”.

Cultura murciana “del siglo XXI”

No es, con todo, un nacionalismo nostálgico. Frente a los colectivos que, dice, “se han quedado anclados en el siglo XIX y no avanzan”, la Enza Negra reclama un folclore “súper activo” y una cultura murciana “del siglo XXI, que es donde tiene que estar”: la huerta, la acequia, la historia, la lengua, pero con un lavado de cara. El panocho ocupa aquí un lugar central, una mezcla medieval de catalán, aragonés, castellano, mozárabe y árabe que nunca ha sido oficial ni siquiera dialecto reconocido, y su reivindicación, insiste, es cultural, no impositiva: libros, canciones, estudio universitario.

Magius no es el único que ha decidido, en estos últimos tiempos, que la murcianidad podía significar otra cosa. Casi en paralelo, sin sol sumerio ni consejo de acequieros, otro colectivo mete la mano en el mismo cofre (la huerta, el panocho, el traje, las jotas) y lo abre por una costura distinta: la del género. Se llama Achocuir y se presenta como un colectivo interseccional LGTBIQA+ que reivindica a la vez la diversidad sexual y el folclore de la Región. Su tesis, temeraria en uno de los territorios más conservadores de España, es que la disidencia no solo cabe en el folclore: es absolutamente imprescindible.

En noviembre de 2025 celebraron su primer festival, con talleres, música y baile en plena Huerta de Murcia bajo un emblema que lo dice todo: el “Huertane”, collage cuir de un huertano y una huertana decimonónicos. Ahí se condensa el traje regional, rígidamente partido entre los zaragüelles del hombre y el refajo de la mujer, descosido y vuelto a montar. Y no van solos: forman parte de una ola de “orgullo rural” con parientes en Galicia, el País Valenciano, Extremadura o La Rioja, que en los últimos años reclama el campo, y no solo la ciudad, como territorio de la diferencia.

Enza Negra y Achocuir tiran de los mismos hilos hacia la izquierda, pero a lugares distintos. Uno construye hacia arriba: una nación, un consejo, una república, un mito. El otro desmonta hacia dentro: los cuerpos, los roles, los cuidados; ni patria ni institución, sino una tradición liberada de sus corsés. Donde Enza Negra quiere una murcianidad del siglo XXI, Achocuir pregunta de quién ha sido esa murcianidad hasta ahora.

Puede que Enza Negra no pase de nota a pie de página en la bibliografía de Magius: una treintena de personas y nueve reglas no fundan una nación, pero ha puesto en el centro una pregunta que en Murcia casi nadie se hacía (qué significa ser de aquí), y ha dejado muy claro que las preguntas que la izquierda se deja sin contestar, ya lo vimos el verano pasado, las acaba contestando otro.

“Que toda la crítica de los acuerdos con Vox sea ordenar el acceso a las ayudas conforme al arraigo me deja muy tranquilo”, aseguró Alberto Núñez Feijóo sobre los pactos de Gobierno en Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía, a los que se sumó el de presupuestos en la Comunitat Valenciana. En todos ellos se consagra la 'prioridad nacional', un concepto que los de Santiago Abascal han logrado instalar como eje del debate político español y que han relanzado con la crisis de Ceuta.

Pero la prioridad nacional no es una ocurrencia de Vox: forma parte de la agenda de la ultraderecha internacional desde hace décadas, como otras de las cuestiones sobre las que giran la mayoría de las argumentaciones en el Parlamento, las declaraciones públicas, las opiniones vertidas en los medios de comunicación.

Desde la consideración del no nacido en la Comunidad de Madrid a la desregulación convertida en cartera de Gobierno en Extremadura, e incluso las insinuaciones preventivas de fraude electoral por parte de la oposición, la política local importa fórmulas de éxito ultra de Francia, Estados Unidos, Hungría o Argentina, en una especie de carrusel que, alimentado por la polémica, no hace más que girar sobre sí mismo y dejar fuera cualquier otro asunto.

“Si las palabras de la extrema derecha dominan el debate es también porque los contra-relatos democráticos son débiles, defensivos y, a menudo, meramente reactivos”, analiza el historiador y especialista en extrema derecha Steven Forti. La alianza –no solo política sino también discursiva– del Partido Popular con Vox y la incapacidad de la izquierda de sostener su propia agenda frente a la necesidad de reaccionar ante el extremismo, solo suma en la cuenta de la propia ultraderecha.

La prioridad nacional de Le Pen

En 1985, el Frente Nacional proponía separar los servicios sociales entre franceses y extranjeros. Jean-Marie Le Pen le ponía proyecto político al término “preferencia nacional” acuñado por Jean-Yves Le Gallou ese mismo año en un libro. El propio Le Pen publicó Los franceses primero (Les français d'abord), en el que abordaba la prevalencia de los ciudadanos de origen frente a los inmigrantes como respuesta a una supuesta “amenaza existencial” de la identidad francesa.

Tiempo después, su hija Marine impulsó una gran limpieza de la retórica racista más flagrante del partido para aumentar sus posibilidades electorales. Ni el propio Jean-Marie sobrevivió a la operación, pero sí lo hizo, curiosamente, la preferencia nacional, rebautizada prioridad nacional.

El Frente Nacional –ahora Agrupación Nacional– ha mantenido la prioridad nacional entre los pilares de su programa, y de cara a los comicios de 2027 la aborda no solo como un debate identitario, sino como una urgencia económica para “devolver su dinero a los franceses” en detrimento del gasto social destinado a la población extranjera. “No es más que primar el arraigo de las personas a la hora de acceder a los servicios públicos. Eso es lo que han hecho muchos gobiernos a lo largo de los años”, ha remachado esta semana el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. No es el caso de Francia, mal que le pese a Marine Le Pen. Sí hay ejemplos de endurecimiento de los requisitos para migrantes –no de prioridad como tal– en países como Hungría y Polonia o en la Italia de Giorgia Meloni.

Un paso más: remigración

El padre de la prioridad nacional, Le Gallou –que acabó recalando en la formación ultra Reconquista de Éric Zemmour–, ha publicado recientemente un libro que marca el siguiente escalón en la lógica de la Teoría del Gran Reemplazo –la idea de que hay un plan para sustituir a la población local europea por migrantes–. Remigración. Por la Europa de nuestros hijos propone la deportación masiva de población extranjera (o de otro origen étnico) para preservar la identidad europea.

La remigración es uno de los caballos de batalla de Vox. Aunque en estas negociaciones autonómicas se ha limitado a imponer la prioridad nacional, hace un año ya proponía la expulsión de España de ocho millones de personas de origen migrante.

Este mes de mayo, en el encuentro supremacista Resum26, en Oporto, la portavoz de Vox sobre Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, explicó los criterios con los que se deberían hacer esas deportaciones masivas: inmigrantes ilegales, quienes cometan un delito o quienes “hacen uso de los servicios sociales” porque “están colapsados”. Hace una semana, en una concentración ante la embajada de Marruecos por la crisis de Ceuta, el diputado de Vox Carlos H. Quero defendía que “otra España es posible”: “La de la repatriación, de la deportación, de la remigración y de la prioridad nacional”.

“Cuando normalizas el marco de la inmigración como amenaza, suele salir reforzado quien resulta más creíble defendiendo la mano dura, y ese espacio hoy lo ocupa Vox. Sus referentes no son la democracia cristiana europea, sino Trump o Bukele”, señala la politóloga Anna López Ortega, que hace hincapié en que el debate mismo tiene consecuencias. “La cuestión ya no es solo electoral; es que cambia quién consideramos que tiene derecho a formar parte de la comunidad política”, explica la autora de La extrema derecha en Europa.

Además, discutir conceptos que hasta hace no mucho podían parecer inaceptables sirve como velo a aquello que derecha y ultraderecha no quieren mostrar: “En la Comunitat Valenciana, este debate ha desviado la atención de una Ley de presupuestos donde se recorta 100.000 euros a sindicatos o a Cruz Roja y donde no se sabe si aumenta el presupuesto para plazas públicas en educación, sanidad o residencias”, detalla López Ortega.

La bandera del no nacido

A principios de este mes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), aprobó su ley del concebido no nacido, que permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento “en que se acredite el embarazo” y que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar.

“Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, había asegurado Ayuso en la Asamblea semanas antes. Otra vez, no se trata de una ocurrencia de la presidenta madrileña, sino que forma parte de una estrategia internacional. Una que busca alternativas a la oposición frontal al aborto –que puede generar más rechazo– a través de propuestas en positivo: ayudas a las madres y la llamada fetal personhood (personalidad jurídica del feto).

Ya no se trata de la defensa legal del nascituru que le costó la carrera a Alberto Ruiz Gallardón, sino un nuevo marco jurídico vinculado a ayudas sociales, fiscalidad o responsabilidad civil. Por ejemplo en Georgia (Estados Unidos) desde 2022 se puede incluir a un feto como “dependiente” en la declaración de impuestos, igual que en Utah. Este criterio está siendo estudiado por otra decena de territorios. En otros estados el hijo no nacido cuenta para acceder a asistencia social familiar.

Latidos antiabortistas

Mientras aprueba una ley que “no va en contra de nadie ni nada” y solo “colisiona con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”, según el portavoz del Gobierno de Madrid, la comunidad es una de las que menos interrupciones de embarazos practica en el sistema público y se niega a realizar un censo de objetores al que está obligada por ley. El Ayuntamiento de la capital llegó incluso a aprobar a instancias de Vox un programa para informar a las mujeres de un supuesto síndrome postaborto sin ningún aval científico. El alcalde José Luis Martínez Almeida, tuvo que dar marcha atrás.

Lo mismo ocurrió con la intención de Vox de obligar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo a escuchar los latidos del feto o una ecografía 4D. La propuesta saltó a los titulares en 2023 de la mano del entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que replicaba una medida aprobada en la Hungría de Viktor Orbán en 2022. Aquella alianza de Vox y PP acabó mal y este año el asunto se quedó fuera de los puntos de negociación. De momento, los latidos del feto solo determinan cuándo una familia de Madrid merece ser considerada numerosa o cuándo puede recibir ayudas, pero la batalla del latido sigue presente en la ultraderecha. Este mismo mes el partido del presidente chileno José Antonio Kast presentó un proyecto para impedir abortar a las mujeres que se nieguen a escuchar el latido fetal.

El bulo preventivo de fraude electoral

A finales de junio, cuando empezaba a plantearse como posibilidad una moción de censura o la convocatoria de elecciones, el PP empujado por Vox se entregó de lleno a alimentar el bulo de un supuesto fraude en ciernes. La teoría conspirativa iba más allá de lo habitual y señalaba una especie de “ingeniería electoral” por la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende “fabricar dos millones y medio de votantes” a través de las nacionalizaciones de los descendientes de españoles exiliados por la dictadura franquista, gracias a la Ley de Memoria Democrática.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo incluso una advertencia al cuerpo diplomático: “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”, dijo.

Sembrar dudas sobre los procesos democráticos es un básico del manual de la ultraderecha. En 2020 Donald Trump denunció que le habían robado las elecciones que perdió contra Joe Biden. Tan convencidos estaban muchos de sus seguidores que aquella acusación cuajó en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y lo curioso es que hoy lo siguen estando: según una encuesta, más del 60% continúa creyendo que hubo fraude. “El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave para la democracia estadounidense porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder”, señalaba el politólogo Pablo Berardi en una reciente entrevista.

Frente a unas elecciones de mitad de mandato que se presentan complejas para Trump, el magnate ha vuelto a la carga resucitando el supuesto fraude de 2020 y criticando un sistema electoral que pretende reformar. “Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima”, señalaba Berardi sobre este asunto.

La desregulación como forma de Gobierno

Una de las primeras medidas del segundo mandato de Donald Trump fue la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un comité asesor externo enfocado en recortar el gasto público y eliminar normas regulatorias, que en sus primeros meses fue dirigido por el empresario Elon Musk.

Javier Milei, militante anarcocapitalista y libertario, y gran emulador de las políticas trumpistas, redobló la apuesta incluyendo en su Gabinete un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encargado de dar un marco jurídico a la acción de su motosierra. Ahora ese impulso ha tomado forma en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Aragón como una de las líneas maestras del pacto entre Vox y PP. La presidenta extremeña María Guardiola (PP) ha encargado a Vox una Consejería de Desregulación con categoría de vicepresidencia y que casualmente incluye también las carteras de Servicios Sociales y Familia. En Castilla y León, el acuerdo también incluye una vicepresidencia de Desregulación y Familia. En Andalucía, el vicepresidente segundo de Vox es el titular de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y en Aragón la vicepresidencia incorpora un Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Durante décadas, el capitalismo y el neoliberalismo han operado como sentido común dominante, naturalizando determinadas premisas: la primacía del mercado, la desconfianza hacia lo público, la reducción de derechos sociales a costes presupuestarios, la normalización de la desigualdad. La ola de ultraderecha ha llevado esos conceptos a un nuevo nivel: la demonización del gasto social y el desmontaje a conciencia del estado de las estructuras que sostienen el estado del bienestar. España ya no es una excepción.

Ignorar la emergencia climática

El PP se volvió a acercar al negacionismo climático, habitual en la extrema derecha nacional e internacional, durante la oleada de incendios de julio. Desde las filas populares pusieron en cuestión las explicaciones científicas que alertan de cómo la intensidad de los fuegos no ha parado de crecer en las últimas décadas y apuntan al calentamiento global provocado por el cambio climático causado por la actividad humana. “Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer”, replicó, por ejemplo, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. “Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo. Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene”, llegó a asegurar.

Un discurso que también tiene sus ecos en el exterior. En el caso de Estados Unidos, la lista es larga: Trump anunció la retirada de su país del Acuerdo de París en su primer día de mandato, como ya hiciera en su primera legislatura; se han eliminado más de 7.500 millones de dólares en subsidios destinados a proyectos de energía limpia; ha declarado la “emergencia energética nacional” para potenciar la producción de petróleo y gas; y ha defendido un mayor uso del carbón como “limpio y hermoso”.

Vox torna a intentar marcar el pas al PP valencià en la política d’acollida de menors migrants. Tot just dues setmanes després d’aprovar l’anomenada “prioritat nacional” en els pressupostos i modificar les lleis de serveis socials per a posar traves als migrants, el partit d’ultradreta exigeix ara que no s’acullen menors migrants procedents del Marroc a la Comunitat Valenciana.

La formació d’ultradreta recorda al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ja va trencar el govern del seu antecessor per raons similars. El 2024, els tres consellers de Vox van eixir del Consell de Carlos Mazón i van passar a convertir-se en un suport parlamentari a canvi d’introduir en les normes mesures de la seua agenda ideològica. “El Partit Popular ens va obligar a abandonar els governs, precisament per la seua col·laboració amb el Govern de Sánchez en el repartiment de menors”, ha recordat el portaveu de Vox a les Corts Valencianes, José María Llanos, aquest dijous.

El líder de la ultradreta parlamentària valenciana ha advertit l’Executiu autonòmic que el seu partit farà “tot el possible” per a no acollir els menors migrants que van entrar a Ceuta fa una setmana, procedents del Marroc. Llanos ha apuntat que exigiran “totes les mesures possibles per a impedir eixe repartiment de ‘mena’ per tot el territori”, com proves d’edat, que “els expedients es realitzen un a un, de manera detallada, i impugnant els expedients mal fets”. “Farem tot el possible perquè no s’aculla ni un”, ha emfatitzat el dirigent.

El portaveu parlamentari afirma que la Comunitat Valenciana té el sistema de menors desbordat en més de mil persones i considera que oposar-se a l’acollida no seria incomplir la llei. Assegura que el Govern de Pedro Sánchez està obligant per llei les autonomies a l’acollida. Per tant, raona Llanos, exigiran a Pérez Llorca que “complisca els compromisos”: “Li exigirem que complisca la normativa i complir la normativa és no acollir ni un més”.

Els ultres consideren que el PP té un discurs ambigu en política migratòria i no abaixaran la guàrdia. Si no es compleixen aquests compromisos, adverteixen, hi haurà vots de càstig. “Nosaltres els hem donat el suport perquè confiem en el Consell. Si el Consell falta al seu compromís, ho veuran en les votacions parlamentàries”, ha conclòs.

Vox vuelve a tratar de marcar el paso al PP valenciano en la política de acogida a menores migrantes. Apenas dos semanas después de aprobar la llamada “prioridad nacional” en los presupuestos y modificar las leyes de servicios sociales para poner trabas a los migrantes, el partido de ultraderecha exige ahora que no se acoja a menores migrantes procedentes de Marruecos en la Comunitat Valenciana.

La formación de ultraderecha recuerda al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ya rompió el gobierno de su antecesor por razones similares. En 2024, los tres consellers de Vox salieron del Consell de Carlos Mazón y comenzaron a convertirse en un apoyo parlamentario a cambio de introducir en las normas medidas de su agenda ideológica. “El Partido Popular nos obligó a abandonar los gobiernos, precisamente por su colaboración con el Gobierno de Sánchez en el reparto de menores”, ha recordado el portavoz de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos, este jueves.

El líder de la ultraderecha parlamentaria valenciana ha advertido al Ejecutivo autonómico que su partido hará “todo lo posible” para no acoger a los menores migrantes que entraron en Ceuta hace una semana, procedentes de Marruecos. Llanos ha apuntado que exigirán “todas las medidas posibles para impedir ese reparto de 'menas' por todo el territorio”, como pruebas de edad que “los expedientes se realicen uno a uno, pormenorizadamente, e impugnando los expedientes mal hechos”. “Vamos a hacer todo lo posible para que no se acoja ni uno”, ha enfatizado el dirigente.

El portavoz parlamentario afirma que la Comunitat Valenciana tiene el sistema de menores superado en más de mil personas, y considera que oponerse a la acogida no sería incumplir la ley. Asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez está “obligando por ley” a las autonomías a la acogida. Por tanto, razona Llanos, van a exigir a Pérez Llorca que “cumpla los compromisos”: “Le vamos a exigir que cumpla la normativa y cumplir la normativa es no acoger ni uno más”.

Los ultras consideran que el PP tiene un discurso ambiguo en política migratoria y no bajarán la guardia. Si no se cumplen estos compromisos, advierten, habrá votos de castigo. “Nosotros les hemos dado el apoyo porque confiamos en el Consell. Si el Consell falta a su apoyo, lo verán en las votaciones parlamentarias”, ha zanjado.

La Fiscalía de la Comunitat Valenciana incoa diligencias de investigación preprocesal sobre la supuesta filtración de información sobre una investigación contra la trata de personas, de la que se jactó un diputado de Vox en las Corts Valencianes. A raíz de una denuncia del PSPV, que trasladó la sesión parlamentaria, el Ministerio Fiscal entiende que la competencia es de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana y designa a un fiscal instructor para el caso.

Los socialistas llevaron a la Fiscalía Provincial la grabación de una sesión parlamentaria en la que un diputado de Vox contaba, cazado por un micro abierto en un receso, que unos datos sobre la situación personal de unos investigados los había obtenido porque se lo había dicho “la fiscal”. David Muñoz, en conversación con su compañero de partido Jesús Albiol, le dijo: “¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal”, conversación que captaron los micrófonos de la Cámara y se retransmitió por streaming en el canal de Youtube del Parlamento Valenciano.

En su intervención en la comisión, Muñoz dijo que la “concentración demográfica”, en referencia a la inmigración, “se ha convertido en caldo de cultivo para la delincuencia y el asentamiento de estructuras de crimen organizado”, para hablar de una trama contra la trata con fines de explotación laboral desmantelada en Nules. Cuando un diputado de Compromís preguntó quiénes eran los principales “beneficiarios” de esa trama, el diputado de Vox dijo que “todos pakistanís” y estaban “todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España”, en una intervención en la que buscaba vincular inmigración y delincuencia.

Posteriormente, la presidenta de la Cámara y diputada de Vox, Llanos Massó, aseguró que se trataba de una broma y que la información sobre la nacionalidad la había facilitado la Guardia Civil. En el comunicado de prensa sobre la operación, conjunta con la Fiscalía contra la trata de Castellón y la Inspección de Trabajo, no se hacía referencia al proceso de regularización. Sí se señaló que las víctimas “carecían de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad” y que a los detenidos se les acusa de “favorecimiento de la inmigración irregular”.

El PSPV llevó esta intervención a la Fiscalía Provincial. “Nos pareció muy grave”, señala el portavoz socialista José Muñoz, que ha desvelado este jueves la apertura de diligencias. Los socialistas depositaron la grabación; es decir, trasladaron los hechos concretos, sin apuntar a nadie en la denuncia. La Fiscalía Provincial valenciana incoó un expediente gubernativo y, tras examinar las competencias, lo traslada a la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, que ha abierto diligencias y designado un fiscal instructor.

De igual modo, Compromís presentó un escrito ante la inspección de la Fiscalía General del Estado, que también ha incoado un expediente gubernativo, un trámite de análisis previo para valorar si se inicia un expediente sancionador.

El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán este jueves por primera vez para abordar la acogida de los menores migrantes no acompañados tras la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta. La ciudad vive una crisis humanitaria por la permanencia en sus calles de un número de personas por ahora desconocido, entre ellos muchos niños y niñas. La cita, de carácter preliminar y técnico, viene marcada por el plante de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

Aragón, Extremadura y Castilla y León no enviarán ningún representante a una reunión cuyo único punto del orden del día es avanzar en el envío urgente y extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para paliar la situación que se vive en la ciudad española localizada en el norte de África. La cita ni siquiera es definitiva. Están convocados directores generales, de perfil técnico y no político. Será a finales de agosto cuando se celebre la conferencia sectorial, ya con presencia de la ministra de Infancia, Sira Rego, y de los respectivos consejeros autonómicos.

Desde el Gobierno rebajan la importancia de la cita, que será telemática, y ponen en duda que se aborde siquiera en el turno de ruegos y preguntas la situación en Ceuta. En realidad, la ciudad autónoma ya sufría un problema de saturación antes de la reciente crisis migratoria, como ocurre también en Canarias, aunque la gravedad ha aumentado, y mucho, con la entrada de cientos de menores hace ahora dos semanas.

PP y Vox pusieron su proa al Ejecutivo desde el primer instante, sin exigir cuentas a Marruecos. “Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos”, dijo el líder de la oposición el pasado lunes en una entrevista. Pero la legislación en España es clara y las competencias para la acogida de menores solos, sean migrantes o no, es de las comunidades autónomas.

Lo planteó poco después de la entrada de decenas de miles de personas el propio presidente de Ceuta, Juan José Vivas. El veterano dirigente del PP dijo que esperaba que los recientes pactos de su partido con Vox no “complicasen” el cumplimiento de la ley para la acogida de menores migrantes.

El líder ultra, Santiago Abascal, replicó que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a los “menas” —como dice despectivamente—, a los “invasores” y a las mafias. En Aragón, el vicepresidente y jefe autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, ha suprimido la ayuda semanal de 17 euros a los menores migrantes no acompañados tutelados por su Gobierno en tres centros. También ha señalado públicamente a niños concretos.

Todo, con el respaldo expreso del presidente autonómico, Jorge Azcón, quien también ha dado vía libre al plante que tanto Aragón como la Extremadura de María Guardiola o la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco protagonizarán este jueves.

Fuentes autonómicas del PP aseguran a este medio que “se respeta la decisión”. “Nuestra posición ya era oponernos por todas las vías legales a los envíos de menores pactados unilateralmente con los independentistas vascos y catalanes”, apuntan las mismas fuentes. El problema para el PP es que una reciente reforma de la ley de extranjería ha sistematizado el cálculo de cuántos menores debe acoger cada comunidad autónoma en función tanto de sus capacidades como del número de chavales que ya tiene bajo su tutela.

El PP dice que Ceuta no puede sola y deja en el aire su ayuda

Feijóo siempre ha presumido de cumplir la ley, y en esta crisis el PP ha vuelto a reiterar que lo harán. Pero sus socios de gobierno en estas regiones, además de en Andalucía, han hecho del racismo, la xenofobia y el señalamiento a los menores uno de sus principales ejes políticos electorales.

Ya en 2024 Vox rompió los primeros gobiernos autonómicos que firmó con el PP con la excusa de la acogida de menores migrantes desde Ceuta y Canarias. Ahora bien podrían volver a hacer lo mismo, por lo que la situación para la derecha es difícil de sostener.

Buena prueba de ello fueron las declaraciones de la vicesecretaria de sectorial del PP, Alma Ezcurra, este miércoles durante una visita a Ceuta. La dirigente, encargada de Feijóo para fijar la doctrina programática del partido, se reunió con Vivas, y después aseguró ante los medios que la ciudad no puede asumir por sí misma la tutela de cientos de menores. Pero, a la vez, negó que el resto de comunidades que gobierna el PP puedan hacerlo. “Es curioso que el debate gire en torno a qué van a hacer las comunidades. No sabemos de dónde son, si tienen familia, de dónde vienen, qué edad tienen. ¿Cómo vamos a saber qué hacer con ellos?”, dijo Ezcurra.

Reagrupación de menores

La primera de las alternativas en la que trabaja el Gobierno para paliar el colapso de Ceuta y la situación de emergencia humanitaria que afrontan miles de menores de edad no acompañados que entraron hace dos semanas en suelo español es la reagrupación familiar. Según fuentes del Ejecutivo, los funcionarios públicos que tratan directamente con esos menores para su censo en el sistema de acogida se están encontrando con todo tipo de casuísticas, a las que las administraciones ahora intentan dar la mejor solución.

Algunos de ellos, por ejemplo, han intentado volver a Marruecos por la frontera ante la falta de expectativas en la ciudad autónoma, tal y como hicieron decenas de miles de adultos durante las 48 horas siguientes al cruce. Sin embargo, la legislación obliga expresamente al país de llegada, en este caso España, a hacerse cargo de la tutela y la acogida de los menores de edad, y en ningún caso a devolverlos a sus países de origen “en caliente”. Ante la imposibilidad legal de dar una respuesta automática y garantista a los menores que manifiesten expresamente su deseo de volver a Marruecos con sus familias, el Ejecutivo español ya trabaja con el Gobierno marroquí un procedimiento extraordinario.

“La prioridad absoluta es que todos los menores puedan volver con sus familias a Marruecos”, dijo esta semana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Un planteamiento que comparte el Partido Popular y que incluso reclama Marruecos, que ha exigido a España estos días en boca de varios portavoces el regreso de sus jóvenes. Para el caso de los menores que manifiestan abiertamente su rechazo a volver a Marruecos, el Gobierno también trabaja en una alternativa a los centros de acogida: la reagrupación familiar con parientes directos que puedan acreditar su vínculo familiar y tengan residencia legal en España o en otro país de la Unión Europea. Se espera que ese trabajo administrativo previo que se realiza ya sobre el terreno tras el estudio de la situación de cada menor no acompañado en Ceuta reduzca ostensiblemente el número final de menores que tendrán ser acogidos por las comunidades autónomas.

La Generalitat Valenciana va oficialitzar dilluns passat, a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), una profunda modificació de les competències de la Inspecció Educativa de la Comunitat Valenciana. La llei d’acompanyament als pressupostos autonòmics introdueix canvis en el Decret 80/2017 amb l’objectiu de vetlar per la “neutralitat ideològica” en el conjunt del sistema educatiu i habilitar vies de comunicació externa per a denunciar possibles contravencions. Amb això, la Inspecció esdevé una mena de “policia educativa”.

La mesura, pactada després del procés de negociació pressupostària entre el Govern autonòmic del popular Pérez Llorca i Vox, incorpora un nou apartat a l’articulat que regula la funció inspectora. A partir de l’entrada en vigor del text, els inspectors hauran de supervisar que “les activitats docents, els materials curriculars i els actes escolars es mantinguen aliens a qualsevol mena d’adoctrinament”. El text legal afegeix l’obligació de garantir el respecte al pluralisme, a la llibertat de consciència de les famílies i als drets derivats de la llibertat lingüística.

Canals de denúncia i terminis d’actuació

El text, en l’article 20 bis, encomana a la Conselleria d’Educació l’obertura de canals de comunicació accessibles. Aquesta via permetrà a qualsevol membre de la comunitat educativa posar en coneixement de l’Administració fets que puguen vulnerar la normativa o els drets de l’alumnat.

Després de rebre una comunicació, la Inspecció disposarà d’un termini orientatiu de deu dies hàbils per a fer una valoració inicial del contingut. Amb aquesta anàlisi, el cos inspector determinarà la procedència d’emprendre actuacions específiques o de derivar el cas a l’òrgan competent. La norma descarta l’obertura d’expedients motivats per simples “discrepàncies pedagògiques ordinàries” o reclamacions acadèmiques amb vies ja reglamentades.

Tanmateix, davant la presència d’indicis d’incompliments d’especial rellevància o que afecten drets fonamentals, la regulació faculta els tècnics per a executar actuacions prioritàries. Entre aquestes mesures s’inclouen la realització de visites presencials als centres escolars i la celebració d’entrevistes formals amb les parts implicades.

El text legal estipula que aquest procediment respectarà els principis d’“objectivitat, proporcionalitat, contradicció, confidencialitat, presumpció de correcció en l’actuació dels professionals de l’educació i mínima interferència” en l’activitat escolar. Així mateix, la Inspecció podrà proposar l’adopció de mesures provisionals d’urgència si s’aprecia un perjudici greu i immediat per als estudiants.

Oposició frontal i recursos als tribunals

La publicació de la normativa ha desfermat una resposta política contundent per part del diputat de Compromís a les Corts Valencianes Gerard Fullana, per a qui la reforma permet crear una “policia política” orientada a la persecució del professorat i a la retallada de la llibertat de càtedra.

“Es concreta al Diari Oficial el que ja s’apuntava durant l’aprovació dels pressupostos, perquè el Partit Popular es plega a Vox i crea una policia política en la Inspecció per a perseguir docents de manera absolutament antidemocràtica”, ha manifestat el parlamentari autonòmic. Fullana considera que l’establiment d’expedients activats per denúncies externes busca “instaurar la por” mitjançant un “procés inquisidor sense precedents en la democràcia valenciana”, alhora que ha anunciat l’estudi d’accions jurídiques per a frenar l’aplicació d’aquesta reforma normativa.

A aquest debat s'ha sumat l'exsecretari autonòmic d'Educació, el socialista Miguel Soler, el qual ha carregat amb duresa contra la reforma aprovada per la Generalitat. Soler sosté que la neutralitat ideològica en els centres públics ja consta en la Llei Orgànica del Dret a l'Educació des de 1985 i que la Inspecció ja disposava d'eines per a actuar davant de casos reals de propaganda partidista. A parer seu, la norma no cobreix cap buit legal, sinó que “dona cobertura al discurs de Vox” per a convertir la desconfiança cap als docents en un criteri d'actuació administrativa i articular “un pin parental a lo bèstia” que situa davall sospita àrees clau com la coeducació, el pluralisme lingüístic o els programes LGTBI.

L'exresponsable educatiu adverteix a més del sever “efecte intimidatori” que projecta la mesura sobre el dia a dia de les aules. Segons denúncia, l'ambigüitat en la definició d'adoctrinament acabarà per empènyer el professorat cap a l'autocensura, la cancel·lació de debats i el rebuig a activitats complementàries per por de patir denúncies infundades. “No es pot defendre l'autoritat docent mentre es debilita la confiança de la societat en aquells que ensenyen; l'escola necessita professionals lliures i no comissaris ideològics”, recalca Soler, qui insta a la derogació d'uns articles que, al seu entendre, traïxen els principis democràtics del sistema educatiu.