La Audiencia de Palencia ha avalado la sanción de cuatro años de suspensión de militancia impuesta por Vox a su concejal en el Ayuntamiento de Palencia, Emilio Polo, por asistir a un acto promovido para la “refundación” del partido, y revoca la sentencia que en primera instancia anuló dicha sanción.

La Audiencia ha estimado el recurso presentado por Vox contra la sentencia dictada en marzo por el Tribunal de Instancia de Palencia, que había declarado nula la sanción impuesta a Polo y había condenado al partido al pago de las costas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

La resolución revoca el fallo de primera instancia, que había estimado íntegramente la demanda de Polo y declarado nulo el acuerdo del Comité de Garantías de Vox de 29 de mayo de 2025 por el que se le suspendieron sus derechos como afiliado y se le inhabilitó para desempeñar cargos en el partido durante cuatro años.

El conflicto se originó por la asistencia de Polo, entonces afiliado y cargo electo de Vox, a un acto denominado “Mesa del movimiento por la refundación de Vox”, celebrado al margen de los procedimientos internos del partido y en el que, según la sentencia, se planteaba la creación de una organización política paralela.

La Sala considera relevante que Polo no acudiera únicamente como militante, sino también como concejal elegido en las listas de Vox, y que participara públicamente en el acto mediante fotografías con sus organizadores.

Para los magistrados, su presencia contribuyó a trasladar ante militantes, simpatizantes y votantes la imagen de que un cargo electo de Vox respaldaba el proceso de refundación.

La sentencia rechaza así que se tratara de una mera discrepancia interna o de una manifestación de opiniones contrarias a la dirección del partido, como se señalaba en primera instancia.

“No se trata de una discrepancia interna manifestada en el contexto de los órganos de gobiernos del Partido, ni siquiera de una corriente interna”, señala la resolución, que considera que la actuación fue más allá de la libertad de expresión ideológica del afiliado.

La Audiencia destaca además la especial obligación de lealtad que, a su juicio, corresponde a los cargos electos de una formación política y considera que la conducta de Polo fue grave y que, por su condición de concejal, debe calificarse como muy grave conforme a los estatutos de Vox.

En este sentido, el tribunal considera que la actuación afectó a la imagen de unidad del partido y excedió los límites de la libertad ideológica, al entender que el acto pretendía la “refundación” de Vox y la creación de una formación diferente.

Respecto a la duración de la sanción, la Audiencia considera que los cuatro años de suspensión no son desproporcionados y que esta medida es la más leve de las previstas por los estatutos de Vox para las infracciones muy graves, ya que por encima figuran la inhabilitación para desempeñar cargos y la expulsión del partido.

La sentencia de la Audiencia puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, algo que el edil está valorando, según ha trasladado a EFE.

Vox: “Lo lógico es marcharse”

El partido en Palencia ha valorado la sentencia de la Audiencia considerando que “la ratificación de la sanción disciplinaria era una cuestión de sentido común”.

“Cuando no se comparte el proyecto de una formación política y abiertamente se rechazan sus estrategias y sus normas estatutarias internas, lo lógico es marcharse, no permanecer aferrado al sillón”, ha indicado Vox en Palencia en un breve comunicado.

Emilio Polo es actualmente el único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, después de que el partido expulsara a su portavoz, Sonia Lalanda, y que el propio grupo municipal expulsara del grupo al tercer edil electo, Ricardo Carrancio tras haber sido condenado por golpear y llamar “puto cojo de los cojones” a una persona con discapacidad.

La posibilidad de que el servicio de asesoría jurídica que presta el despacho del portavoz municipal de Vox en València, José Gosálbez, al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) alcance los 25.000 euros ha generado duras críticas del PSPV y de Compromís al propio edil ultra y a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP).

Como ha informado este miércoles elDiario.es, los presupuestos del COGITI consultados por esta redacción establecen diversas cuantías en el apartado de desembolsos dedicados a “asesorías y gastos judiciales”, cuya cuantía total fue de 53.285 euros en 2024, 60.200 euros en 2025 y 59.100 euros en 2026.

Así, dentro de esta cuantía, es la referida a “asesoría jurídica” la que más se puede asemejar al servicio que el propio colegio anunció en su página web el colegio cuando contrató al gabinete del concejal, que ascendió a 16.000 euros en 2024, y pasó a 25.000 euros en 2025 y 2026 .

Gosálbez, suscribió en febrero de 2025 a través de su despacho de abogado un contrato de asistencia jurídica con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como concejal con un sueldo de 85.277 euros brutos anuales. Una vinculación de la que no informó y que fue destapada por elDiario.es.  Para hacerlo posible, el pleno municipal de diciembre de 2023 le aprobó una compatibilidad para desempeñar la función de abogado como una actividad supuestamente marginal. 

Al respecto, desde Compromís València han asegurado que van a exigir al regidor Gosàlbez que inscriba el contrato que tiene subscrito con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en la declaración de bienes y actividades que todos los cargos públicos tienen que renovar durante el próximo mes de diciembre.

“Tal y como ya han manifestado el Secretario General y del Pleno, que certificó que se tienen que inscribir todas las actividades económicas, como el Síndic de Greuges que ya ha recomendado al propio portavoz de Vox que aporte el contenido del referido contrato para que la oposición y la corporación puedan conocerlo, Gosàlbez tiene que aportar la información necesaria a fin de poder acreditar que efectivamente desarrolla una actividad privada en los términos legales para la que fue autorizado por el plenario municipal”, ha advertido el concejal valencianista Ferran Puchades.

El edil de Compromís ha exigido a Català que inste a su regidor delegado a que dé a conocer el contrato y las remuneraciones que recibe por la actividad de asesoría jurídica especializada en urbanismo que Gosàlbez está prestando en el Colegio de Ingenieros Industriales. Para Puchades, esta nueva información sobre la posible remuneración que obtiene “pone negro sobre blanco la burla a la que están sometiendo Gosàlbez y Català a la ciudadanía, gastando recursos públicos y utilizando las instituciones para llenarse los bolsillos”.

Por su parte, el portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan, ha puesto de relieve que Gosálbez es miembro de la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de València y que podría estar cobrando 25.000 euros del Colegio de Ingenieros por dar asesoría urbanística. Así, ha cuestionado que pueda percibir ingresos privados por asesorar en asuntos sobre los que tiene información privilegiada y capacidad para tomar decisiones públicas.

Sanjuan ha advertido de que esta situación resulta especialmente grave en un momento en el que la ciudad de València atraviesa un drama con la vivienda y ha criticado que quienes forman parte de la comisión de urbanismo y vivienda puedan estar obteniendo ingresos por asesorar en materias relacionadas con las decisiones que deben adoptar desde sus responsabilidades públicas.

“Acabamos de conocer que un concejal miembro de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València podría estar cobrando 25.000 euros del Colegio de Ingenieros por dar asesoría urbanística. Es decir, por asesorar en temas en los que tiene una información privilegiada y sobre los que puede tomar decisiones públicas”, ha señalado.

Sanjuan ha criticado que esta situación se produzca precisamente mientras la ciudad afronta un problema de vivienda que está dificultando el acceso a un hogar para muchos vecinos y vecinas. A su juicio, existe una contradicción entre las necesidades de la ciudadanía y los intereses económicos que pueden rodear a quienes tienen capacidad de decisión en materia urbanística.

No siempre pasa, pero a veces el discurso xenófobo en redes sociales recibe una respuesta contundente por parte de las personas implicadas. Es lo que ha sucedido con un mensaje en X lanzado el pasado lunes por Vox, en el que la formación de extrema derecha muestra un vídeo con un grupo de mujeres aparentemente musulmanas por las calles de Zaragoza acompañado por la frase: “Estas elecciones recuerda:”. En realidad, el colectivo iba a participar en una visita por la ciudad precisamente para asentar el idioma español y para conocer la historia de la capital aragonesa.

Así lo explica la propia guía del grupo, Inés G., que afirma en conversación con elDiario.es haber sentido “impotencia” cuando lo leyó: “Hacían literalmente lo contrario de lo que dice Vox en su tuit”.

La primera reacción pública llegó ese mismo lunes por parte de la propia Inés G., que mencionó el mensaje de Vox con una crítica llamativa: “Este grupo de gente estudia español, y en este vídeo están viniendo a ver una visita guiada conmigo sobre Zaragoza y su historia, un grupo amable y agradecido que solo quiere aprender, algo que os haría mucha falta a vosotros. No tenéis vergüenza, sois odio y racismo”, escribió. Su respuesta se convirtió en viral y supera ya las 300.000 visualizaciones, aunque paradógicamente no llega a las del tuit de la extrema derecha con el bulo.

Inés G., que ha estudiado Historia del Arte y posee también el máster de educación, trabaja para una empresa –cuyo nombre prefiere no desvelar– que hace visitas guiadas por Zaragoza para todo tipo de colectivos, pero excursiones de un día e incluso viajes al extranjero. En esta ocasión le tocaba un grupo de personas que, a través de una entidad sin ánimo de lucro, aspiraban a afianzar el conocimiento del español y a conocer en concreto el mudéjar de la capital aragonesa. En otros casos hablan de mitos y leyendas en la ciudad, muestran la Seo o dan a conocer el palacio de la Aljafería.

“Era una Fundación que nos había encargado una visita para gente con aproximadamente un A2 de español, unas 10 o 15 personas. En ese contexto, es importante saber qué vocabulario emplear: en función del público cuentas las cosas de una manera o de otra, cambias los tecnicismos para que los entiendan, etc. Pero lo entendieron todo muy bien”, recuerda Inés G. No es la primera vez: “Hice por ejemplo una visita para chicos que acababan de llegar a España, de una Fundación que les enseñaban según qué oficios y venían a lo mismo, a practicar español”, menciona.

El grupo del lunes –en su mayoría, compuesto por mujeres con túnicas largas y pañuelo en el pelo–, según su guía, destacó por el interés que mostró: “Era un colectivo muy bueno, estuvieron atentas, preguntaron mucho: se notó que disfrutaron de la visita”.

Y entonces llegó el mensaje en X. “Vox lo publicó antes incluso de que termináramos la visita. Sentí mucha impotencia, muchísima. Solo querían aprender y por eso decidí contestar. Utilizarlas para hacer campaña me dio mucha rabia”, describe Inés G.

La guía lamenta que lo que ese colectivo trataba de hacer es justo lo que la extrema derecha reclama en sus intervenciones públicas en materia migratoria: que quienes provienen de otros países conozcan las costumbres y el idioma local. Pero esto, analiza Inés G., es independiente del mensaje xenófobo de Vox en X: “Me da igual que sean musulmanas, de Laponia o de China. No me parece bien que graben a un grupo de personas para difundir un mensaje de odio”.

Contactadas por este periódico, fuentes de Vox eluden responder directamente a la guía y explican que la formación “defiende a la mujer frente a prácticas y culturas que la denigran o la someten a la voluntad del varón”.

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha llamado este miércoles “psicópata” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno autonómico y se ha negado posteriormente a retirar la expresión del Diario de Sesiones, como había reclamado el PSOE.

El episodio se ha producido durante el debate de una proposición no de ley conjunta de PP y Vox sobre la extensión de la banda ancha en Castilla y León. La iniciativa reclama al Gobierno que garantice una cobertura de al menos 100 megas en todo el territorio y que culmine la instalación de fibra óptica para ofrecer cobertura 5G.

En su intervención, Hierro ha cargado contra Sánchez por la supuesta falta de inversión del Gobierno en la Comunidad. “Castilla y León le importa un 'pito', igual que le importa un 'pito' Maricarmen, igual que le importan un 'pito' las víctimas de la DANA, igual que le importan un 'pito' las víctimas de los trenes”, ha afirmado el portavoz de Vox, antes de responderse a su propia pregunta sobre el motivo: “Porque es un psicópata”.

Hierro, que fue protagonista de una disputa con un compañero por sentarse al lado de Carlos Pollán, ha acompañado el calificativo de una explicación sobre el significado que, según él, tiene el término. Ha atribuido al presidente del Gobierno “una falta de empatía e incapacidad para sentir emociones” y ha sostenido que Sánchez estaría únicamente interesado en “amasar el poder para intentar librarse de las causas que tiene abiertas y que no acabe en la cárcel”.

“¿De verdad creen que le importa alguien a Sánchez? No le importa nadie. A Sánchez le importa Sánchez”, ha añadido.

El PSOE pide retirar la expresión

Al acabar el turno de Hierro, la viceportavoz del PSOE, Patricia Gómez, ha pedido al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez (PP), que la referencia a Sánchez como “psicópata” sea retirada del Diario de Sesiones. La procuradora ha advertido de que la expresión podría ser constitutiva de un delito de injurias y ha aludido al artículo 208 del Código Penal, que regula este delito.

El presidente de la Cámara ha preguntado posteriormente a Hierro si retiraba sus palabras. El portavoz de Vox ha respondido que no y se ha reafirmado en su intervención.

“He definido perfectamente lo que es un psicópata, con una definición patológica y eso es lo que es el señor Sánchez”, ha retierado Hierro. El parlamentario ha añadido que los socialistas de Castilla y León son “dueños de un psicópata” y de alguien que, a su juicio, “no tiene el mínimo de empatía”.

PNL sobre banda ancha aprobada con el presentada por PP y Vox

La proposición no de ley debatida por las Cortes reclama al Ejecutivo central que cumpla su compromiso de extender la cobertura de banda ancha de al menos 100 megas a todas las personas de Castilla y León y que finalice la instalación de fibra óptica para garantizar cobertura 5G en todo el territorio. La iniciativa salió adelante con el respaldo de PP y Vox y el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha acusado de “racista e insolidario” al Ejecutivo de María Guardiola tras revelar un drástico tijeretazo en las partidas destinadas a los centros de menores, cuyas competencias están en manos de Vox. Según los socialistas, el Gobierno regional ha vaciado de fondos las políticas de infancia mientras recurre ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, que fija en 364 las plazas de acogida para menores migrantes no acompañados que corresponden a la comunidad.

La denuncia del PSOE se sostiene en la evolución del presupuesto autonómico para la red de atención a la infancia. Mientras que en las cuentas de 2025 la partida contaba con una dotación de dos millones de euros, para el ejercicio 2026 el crédito inicial se redujo a la mitad (un millón de euros). Posteriormente, mediante una modificación presupuestaria, la Junta detrajo otros 700.000 euros, dejando el fondo recortado a tan solo 300.000 euros. De esa cifra, a fecha de 30 de junio solo se habían ejecutado 12.000 euros.

Para la portavoz socialista de Servicios Sociales e Infancia, Soraya Vega Prieto, estos datos desmontan el argumento del “colapso” de los centros aludido por el Gobierno autonómico para rechazar la cuota estatal. “Si de verdad existe un problema de capacidad, lo que tiene que hacer un gobierno responsable es invertir y mejorar los centros. Lo que no puede hacer es vaciar de fondos las políticas de infancia y después utilizar la falta de recursos que él mismo ha provocado para justificar que no quiere atender a determinados niños y niñas”, ha aseverado Vega tras mantener un encuentro con la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX).

El choque entre oposición y Gobierno regional se produce después de que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), anunciara la impugnación del decreto y la solicitud de suspensiones cautelarísimas para congelar la llegada de los 364 menores. Desde la Junta justifican el movimiento alegando que la asignación se ha formulado de manera “arbitraria” y “discrecional” sin evaluar la capacidad real económica ni habitacional de la región.

Frente a esta posición, el PSOE ha reprochado la falta de empatía de la presidenta Guardiola con territorios que afrontan una alta presión asistencial, como Ceuta, cuestionando si la respuesta del Ejecutivo autonómico se limitará a la protesta o si aportará soluciones reales. “Decisiones como esta no son propias de un gobierno responsable, sino de un gobierno racista que utiliza la inmigración y a los menores como elemento de confrontación política”, ha concluido Vega, instando a que Extremadura ejerza la solidaridad institucional.

El segon tinent d’alcaldia i portaveu de Vox a l’Ajuntament de València, José Gosálbez, va subscriure el febrer de 2025, a través del seu despatx d’advocat, un contracte d’assistència jurídica amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de València (COGITI), malgrat tindre dedicació exclusiva com a regidor amb un sou de 85.277 euros bruts anuals. Una vinculació de la qual no va informar i que va ser destapada per elDiario.es.

Per a fer-ho possible, el ple municipal de desembre de 2023 li va aprovar una compatibilitat per a exercir la funció d’advocat com una activitat suposadament marginal. Així, gràcies al vot de qualitat de l’alcaldessa, ja que Gosálbez no podia participar en aquest punt de la sessió, va obtindre el vistiplau del ple i va mantindre el 100% del seu sou públic corresponent a la dedicació exclusiva (85.277 euros).

No obstant això, malgrat la resolució del Síndic de Greuges que el passat mes de maig va concloure que Gosálbez havia de remetre a l’Ajuntament el contracte “per a acreditar que es tracta d’una activitat marginal en l’exercici de l’advocacia que no suposa cap incompatibilitat legal relacionada amb la dedicació exclusiva com a regidor”, l’edil s’ha negat a fer públic el contracte, com també la remuneració.

Tanmateix, els pressupostos del COGITI als quals ha tingut accés elDiario.es s'estableixen diverses quanties en l’apartat de desemborsaments dedicats a “assessories i despeses judicials”, amb una quantia total de 53.285 euros el 2024, 60.200 euros el 2025 i 59.100 euros el 2026.

Consultats tant l’organisme col·legial com el grup municipal Vox, crida l’atenció que insistisquen a no informar de si tota aquesta quantia o una part és la que s’abona al despatx de Gosálbez, malgrat que l’epígraf de “despeses judicials” ofereix un desglossament.

Així, el concepte que més es podria assemblar als serveis anunciats pel Col·legi en la seua pàgina web quan va contractar el gabinet del regidor és el referit a “assessoria jurídica”, que va ascendir a 16.000 euros el 2024 i va passar a 25.000 euros el 2025 i el 2026 (veure imatges).

A preguntes d’elDiario.es, des del grup municipal Vox s’han limitat a dir que “Gosálbez compleix la normativa municipal, com ja ha quedat clar”. Per la seua banda, des del COGITI han explicat que “efectivament, la partida que apareix en el nostre pressupost correspon al pressupost global destinat als serveis jurídics” i han puntualitzat que “a més de l’assistència jurídica que puga prestar el despatx de José Gosálbez en les matèries per a les quals ha sigut contractat, COGITI València disposa d'altres serveis i assessoraments jurídics”. Per tant, “la quantitat reflectida en el pressupost correspon a l’import total previst per a aquests serveis i no a la remuneració d’un professional concret”.

Al mateix temps, han argumentat que “per raons de protecció de dades i de confidencialitat inherents a les relacions professionals, COGITI València no identifica individualment els diferents professionals ni fa un desglossament públic de les quantitats corresponents a cadascun, ja que no existeix l’obligació de fer públic aquest nivell de detall”.

En qualsevol cas, “el pressupost del Col·legi és públic en els termes establits per la normativa aplicable”. En aquest sentit, “és important precisar que la xifra que s’hi recull s’ha d’interpretar com la partida pressupostària global destinada als serveis jurídics del Col·legi, i no com la remuneració corresponent a una persona o despatx concret”, han insistit.

L’equip de govern municipal del PP i de Vox presidit per l’alcaldessa, María José Catalá, ha fet cas omís de la recomanació del Síndic de Greuges encaminada a articular mecanismes per a fiscalitzar l’activitat privada dels regidors amb dedicació exclusiva i compatibilitat aprovada pel ple. Compromís va presentar recentment una moció en aquesta línia que va ser rebutjada per tots dos partits.

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, suscribió en febrero de 2025 a través de su despacho de abogado un contrato de asistencia jurídica con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como concejal con un sueldo de 85.277 euros brutos anuales. Una vinculación de la que no informó y que fue destapada por elDiario.es. 

Para hacerlo posible, el pleno municipal de diciembre de 2023 le aprobó una compatibilidad para desempeñar la función de abogado como una actividad supuestamente marginal. Así, gracias al voto de calidad de la alcaldesa, puesto que Gosálbez no podía participar en ese punto de la sesión, obtuvo el visto bueno del pleno y mantuvo el 100% de su sueldo público correspondiente a la dedicación exclusiva (85.277 euros).

Sin embargo, a pesar de la resolución del Síndic de Greuges que el pasado mes de mayo concluyó que Gosálbez debía remitir al Ayuntamiento el contrato “para acreditar que se trata de una actividad marginal en el ejercicio de la abogacía que no supone ninguna incompatibilidad legal relacionada con la dedicación exclusiva como regidor”, el edil se ha negado a hacer público el contrato, así como la remuneración.

Sin embargo, los presupuestos del COGITI a los que ha tenido acceso elDiario.es, establecen diversas cuantías en el apartado de desembolsos dedicados a “asesorías y gastos judiciales”, cuya cuantía total fue de 53.285 euros en 2024, 60.200 euros en 2025 y 59.100 euros en 2026.

Consultados tanto el organismo colegial como el grupo municipal Vox, llama la atención que insisten en no informar de si toda esta cuantía o una parte de ella es la que se abona al despacho de Gosálbez, a pesar de que el epígrafe de “gastos judiciales ofrece un desglose.

Así, el que más se podría asemejar a los servicios anunciados por el Colegio en su página web cuando contrató con al gabinete del concejal es el referido al de “asesoría jurídica” que ascendió a 16.000 euros en 2024, y pasó a 25.000 euros en 2025 y 2026 (ver imágenes).

A preguntas de elDiario.es, desde el grupo municipal Vox se han limitado a decir que “Gosálbez cumple con la normativa municipal como ya ha quedado claro”. Por su parte, desde el COGITI han explicado que “efectivamente, la partida que aparece en nuestro presupuesto corresponde al presupuesto global destinado a los servicios jurídicos” y han puntualizado que “además de la asistencia jurídica que pueda prestar el despacho de José Gosálbez en las materias para las que ha sido contratado, COGITI Valencia cuenta con otros servicios y asesoramientos jurídicos”. Por tanto, “la cantidad reflejada en el presupuesto corresponde al importe total previsto para estos servicios y no a la remuneración de un profesional concreto”.

Al mismo tiempo han argumentado que “por razones de protección de datos y de confidencialidad inherentes a las relaciones profesionales, COGITI Valencia no identifica individualmente a los distintos profesionales ni realiza un desglose público de las cantidades correspondientes a cada uno de ellos, al no existir obligación de hacer público ese nivel de detalle”.

En cualquier caso, “el presupuesto del Colegio es público en los términos establecidos por la normativa aplicable”. En este sentido, “es importante precisar que la cifra recogida en el mismo debe interpretarse como la partida presupuestaria global destinada a los servicios jurídicos del Colegio, y no como la remuneración correspondiente a una persona o despacho concreto”, han insistido.

El equipo de Gobierno municipal del PP y de Vox presidido por la alcaldesa, María José Catalá, ha hecho caso omiso a la recomendación del Síndic de Greuges encaminada a que se articulen mecanismos para fiscalizar la actividad privada de los concejales con dedicación exclusiva y compatibilidad aprobada por el pleno. Compromís presentó recientemente una moción en esta línea que fue rechazada por ambos partidos.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente de un real decreto para regular la información que reciben las mujeres antes de abortar. El Ministerio de Igualdad quiere de esta forma dar luz verde definitiva antes de las elecciones a la norma para dejar tasado qué datos debe dar el personal sanitario a quienes manifiesten su intención de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y “con independencia del territorio en el que vivan”.

El objetivo es que las mujeres reciban una información “veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente” antes de adoptar una decisión “libre e informada”, según explica el departamento dirigido por Ana Redondo. La ministra adelantó hace unos días que estudiaba esta posibilidad para “incidir” en que la información debe estar “basada en la ciencia y sin bulos” para que las mujeres elijan “sin tutelas ni paternalismo”.

Esta cuestión tiene antedecendes como la idea de Vox en Castilla y León de que las mujeres escucharan el “latido fetal” antes de abortar o la propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con los votos del PP y la extrema derecha para informarles del inexistente “síndrome postaborto”. Un supuesto trastorno sin evidencia científica que explotan con frecuencia los grupos ultracatólicos, en España y fuera, para tumbar el derecho a la IVE y ante el que finalmente el PP de José Luis Martínez Almeida dio marcha atrás.

El real decreto es el desarrollo de la reforma de la Ley del Aborto de 2023, que estableció la obligación de regular la información y diferenciarla entre la obligatoria y la voluntaria. Entre la que los profesionales sanitarios deben ofrecer en todas las situaciones está la naturaleza de la intervención, los distintos métodos, centros sanitarios acreditados, derechos, trámites... Además, el proyecto aclara que el profesional “no debe establecer preferencia” por el método farmacológico o quirúrgico a no ser que las circunstancias clínicas lo indiquen.

El proyecto también regula algunas cuestiones de los comités clínicos que autorizan o no los abortos por causas médicas. De esta forma, se obliga a que tengan una “presencia equilibrada” de hombres y mujeres “salvo por razones fundadas y objetivas” e impide que formen parte de estos comités los profesionales que estén inscritos en los registros de objetores o lo hayan estado en los últimos tres años, tal y como estipuló ya la ley.

Por otro lado, se regula qué deben contener en todos los casos el dictamen que emiten estos órganos: será por escrito y en él figurarán el diagnóstico previo, los informes y pruebas examinadas, la valoración clínica, las conclusiones y las razones que han llevado a la decisión.

Paralelamente, el Ministerio de Sanidad abrió la semana pasada la consulta pública para llevar a cabo las reformas con las que prevé llevar a los centros de salud el aborto con pastillas. El objetivo era obligar a las comunidades autónomas que no hacen casi intervenciones en la pública —entre ellas Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha— a que impulsaran una medida que, ante la convocatoria adelantada de los comicios, está ahora en el aire.

La crisi de l'habitatge ha tornat a trobar-se aquest dimarts amb un mur polític al Parlament. PP i Vox han rebutjat declarar Balears zona de mercat residencial tensionat, una de les principals reivindicacions de l'oposició i dels col·lectius que fa dies que estan mobilitzats als carrers. Mentre dins de la Cambra s'escenificava el rebuig a utilitzar una de les eines previstes en la llei estatal per contenir els lloguers, fora, al voltant de 200 persones es concentraven per reclamar un canvi de rumb en les polítiques d'habitatge en una Comunitat la pressió immobiliària de la qual està expulsant els seus residents.

El debat arriba després d'una setmana en la qual l'habitatge ha ocupat els carrers de Palma. L'acampada instal·lada des de finals de setembre a la plaça d'Espanya continua com a punt d'organització de noves mobilitzacions. El passat dissabte, milers de persones van recórrer la ciutat en una manifestació convocada sota el lema 'Feim de l'habitatge un dret': la Policia Nacional va xifrar l'assistència en unes 3.000 persones i els organitzadors la van elevar a 10.000. Aquest dimarts, a més, Pilar, dona desnonada per un fons voltor, ha irromput en el ple.

A les illes, mentre el moviment per l'habitatge reclama intervenir sobre un mercat que considera desbocat, el Govern de Marga Prohens manté la seva aposta per liberalitzar sòl i utilitzar incentius fiscals i rebutja fer ús d'eines que, des de la declaració de zones tensionades i la limitació dels lloguers fins a la regulació de la compra d'immobles per part de no residents, permetrien limitar aquests marges i frenar l'escalada de preus que està expulsant nombrosos residents i amuntegant-ne d'altres en infrahabitatges i caravanes.

Prèviament al debat, Prohens ja havia avançat que votaria en contra de la proposta socialista, asseverant, en línia del discurs habitual del PP, que el control de lloguers provocaria una retirada d'habitatges del mercat i un encariment dels pisos disponibles, com en el cas, ha asseverat, de Catalunya. La Generalitat aplica des del març de 2024 la contenció de rendes i actualment arriba a 271 municipis, on resideix al voltant del 90% de la població. El disparat creixement dels lloguers de temporada com a forma d'evitar les limitacions de preu va portar el Parlament català a aprovar al desembre la seva subjecció al límit de la resta de lloguers residencials.

Seguidament, la presidenta balear ha citat les mesures que el Govern ha posat en marxa en matèria d'habitatge com la creació dels habitatges a preu limitat, la possibilitat d'incrementar la densitat en immobles, la posada en marxa dels projectes residencials estratègics o l'establiment del requisit de diversos anys de residència mínima a Balears.

L'habitatge, “més inassolible” que mai

Els al·legats de la líder conservadora s'han topat, tanmateix, amb la resposta del portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, qui li ha recriminat que els resultats de les seves mesures “no s'han vist” i que l'habitatge és “més inassequible que mai” a l'arxipèlag. L'ecosobiranista ha exigit a Prohens que “deixi d'enganyar” la gent dient que la declaració de les zones tensionades afectaria els petits propietaris, atès que, segons ha puntualitzat, el control de preus podria influir en un 10 % dels propietaris que tenen sis o més habitatges. Tot seguit, ha reclamat a la presidenta que “superi la seva ideologia” per “donar resposta als problemes de la gent”.

Per la seva banda, el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, encarregat de defensar la proposta, ha asseverat que la seva iniciativa no pretén copiar el model català, sinó permetre que els ajuntaments puguin exercir competències per limitar els preus allà on existeixi una situació especialment greu. Ha posat com a exemple Galícia, governada pel PP, i ha retret als populars que presentin com a fracassades unes mesures que, segons ha assenyalat, també s'apliquen en comunitats governades pel seu propi partit. Al seu parer, el debat no hauria de ser partidista, sinó permetre que municipis com Inca o d'altres puguin adoptar mesures davant l'encariment de l'habitatge.

El portaveu socialista ha centrat després la seva intervenció en l'increment dels lloguers, que, ha criticat, haurien passat d'una mitjana de 800 a 1.400 euros, una pujada que està colpejant especialment treballadors i pensionistes quan acaben els seus contractes i han d'assumir noves rendes. Negueruela ha acusat el PP de negar-se a limitar els preus i de situar-se del costat dels fons d'inversió i dels fons voltor, i ha vinculat directament l'encariment dels lloguers amb el risc de desnonament. “Si es posessin límits al lloguer no hi hauria tants desnonaments”, ha sostingut, reclamant al Govern que prioritzi les persones afectades davant els interessos dels grans propietaris.

En aquesta línia, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusat el Govern d'haver convertit l'habitatge en el principal problema de les Balears i de no haver-lo resolt després de tres anys de legislatura, sinó tot el contrari. L'ecosobiranista ha recriminat que, mentre l'Executiu i l'oposició s'encallen en retrets partidistes, els lloguers han augmentat un 30% i el preu de compra un 40%, d'acord amb les dades que ha esgrimit durant la seva intervenció. Ha contraposat aquestes xifres a la situació de milers de persones que destinen pràcticament tot el seu sou al lloguer, es veuen obligades a compartir habitatge o a continuar vivint amb els seus pares.

Posen “la catifa roja als fons voltor”

Apesteguia ha carregat, així mateix, contra les ajudes de 10.000 euros per a la compra d'habitatge impulsades per l'Executiu “mentre posen la catifa roja als fons voltor” i els preus continuen allunyant-se de la capacitat adquisitiva de la població. Davant d'aquest model, ha apel·lat a la intervenció d'un mercat que ha qualificat de “desbocat” i a l'adopció de mesures extraordinàries davant una situació que considera d'emergència social.

El text defensat pel PSIB-PSOE plantejava modificar la Llei d'Habitatge balear de 2018 per establir de manera expressa qui pot iniciar la declaració d'una zona de mercat residencial tensionat i com s'ha de tramitar. La proposta emplaçava que la iniciativa partís del Govern, a través de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), o dels ajuntaments. En el cas de les sol·licituds municipals, l'Executiu autonòmic havia de comprovar la documentació i, si aquesta és íntegra i suficient, declarar la zona tensionada. El text també preveia que els consells insulars prestin assistència tècnica als municipis que manquin de mitjans per elaborar els estudis necessaris.

En aquest sentit, la declaració prevista en la Llei estatal d'Habitatge permet activar mesures específiques sobre el mercat del lloguer en territoris en els quals existeixi un risc especial d'oferta insuficient i dificultats per accedir a un habitatge a preus assequibles. La mateixa proposició socialista recorda que la norma vincula aquestes situacions a un esforç residencial superior al 30% dels ingressos de la llar.

L'abril de 2025, PP i Vox ja van votar en contra d'instar el Govern a declarar els municipis de Balears com a zones tensionades i de considerar grans tenidors a qui posseís cinc o més habitatges. Aquella iniciativa incloïa també altres mesures com l'expropiació temporal d'habitatges buits, l'adquisició per part de l'Ibavi d'habitatges i sòl de la Sareb o la reserva del 50% de les noves promocions per a habitatge protegit. Un mes abans, al març, ambdós partits van impedir que prosperés la presa en consideració d'una proposició de llei del PSIB-PSOE destinada, precisament, a obrir la via per declarar zones tensionades i limitar els lloguers.

I la posició del Govern s'ha mantingut des de llavors. El desembre de 2025, quan es va plantejar la renovació de milers de contractes de lloguer, l'Executiu va optar per preparar incentius fiscals per als propietaris en lloc de declarar les Balears zona tensionada.

Tampoc no ha prosperat al Parlament la regulació de la compra d'habitatges per part de no residents. El febrer de 2026 PP i Vox van rebutjar limitar temporalment l'adquisició d'habitatge per no residents i grans tenidors en municipis tensionats i també van rebutjar elevar la fiscalitat sobre les operacions immobiliàries de luxe i les compres de multipropietaris.

La crisis de la vivienda ha vuelto a encontrarse este martes con un muro político en el Parlament balear. PP y Vox han rechazado declarar Balears zona de mercado residencial tensionado, una de las principales reivindicaciones de la oposición y de los colectivos que llevan días movilizados en las calles. Mientras dentro de la Cámara se escenificaba el rechazo a utilizar una de las herramientas previstas en la ley estatal para contener los alquileres, fuera, unas 100 personas se concentraban para reclamar un cambio de rumbo en las políticas de vivienda en una Comunidad cuya presión inmobiliaria está expulsando a sus residentes.

El debate llega después de una semana en la que la vivienda ha ocupado las calles de Palma. La acampada instalada desde finales de septiembre en la plaza de España continúa como punto de organización de nuevas movilizaciones. El pasado sábado, miles de personas recorrieron la ciudad en una manifestación convocada bajo el lema 'Feim de l'habitatge un dret': la Policía Nacional cifró la asistencia en unas 3.000 personas y los organizadores la elevaron a 10.000.

En las islas, mientras el movimiento por la vivienda reclama intervenir sobre un mercado que considera desbocado, el Govern de Marga Prohens mantiene su apuesta por liberalizar suelo y utilizar incentivos fiscales y rechaza hacer uso de herramientas que, desde la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres hasta la regulación de la compra de inmuebles por parte de no residentes, permitirían limitar esos márgenes y frenar la escalada de precios que está expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas.

Previamente al debate, Prohens ya había avanzado que votaría en contra de la propuesta socialista, aseverando, en línea del discurso habitual del PP, que el control de alquileres provocaría una retirada de viviendas del mercado y un encarecimiento de los pisos disponibles, como en el caso, ha aseverado, de Catalunya. La Generalitat aplica desde marzo de 2024 la contención de rentas y actualmente alcanza a 271 municipios, donde reside alrededor del 90% de la población. El disparado crecimiento de los alquileres de temporada como forma de evitar las limitaciones de precio llevó al Parlament catalán a aprobar en diciembre su sujeción al tope del resto de alquileres residenciales.

Seguidamente, la presidenta balear ha citado las medidas que el Govern ha puesto en marcha en materia de vivienda como la creación de las vivienda a precio limitado, la posibilidad de incrementar la densidad en inmuebles, la puesta en marcha de los proyectos residenciales estratégicos o el establecimiento del requisito de varios años de residencia mínima en Balears.

La vivienda, “más inasequible” que nunca

Los alegatos de la líder conservadora se han topado, sin embargo, con la respuesta del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien le ha recriminado que los resultados de sus medidas “no se han visto” y que la vivienda es “más inasequible que nunca” en el archipiélago. El ecosoberanista ha exigido a Prohens que “deje de engañar” a la gente con que la declaración de las zonas tensionadas afectarían a los pequeños propietarios, dado que, según ha puntualizado, el control de precios podría influir a un 10 % de los propietarios que tienen seis o más viviendas. Acto seguido, ha reclamado a la presidenta que “supere su ideología” para “dar respuesta los problemas de la gente”.

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, encargado de defender la propuesta, ha aseverado que su iniciativa no pretende copiar el modelo catalán, sino permitir que los ayuntamientos puedan ejercer competencias para limitar los precios allí donde exista una situación especialmente grave. Ha puesto como ejemplo Galicia, gobernada por el PP, y ha reprochado a los populares que presenten como fracasadas unas medidas que, según ha señalado, también se aplican en comunidades gobernadas por su propio partido. A su juicio, el debate no debería ser partidista, sino permitir que municipios como Inca u otros puedan adoptar medidas frente al encarecimiento de la vivienda.

El portavoz socialista ha centrado después su intervención en el incremento de los alquileres, que, ha criticado, habrían pasado de una media de 800 a 1.400 euros, una subida que está golpeando especialmente a trabajadores y pensionistas cuando terminan sus contratos y deben asumir nuevas rentas. Negueruela ha acusado al PP de negarse a limitar los precios y de situarse del lado de los fondos de inversión y de los fondos buitre, y ha vinculado directamente el encarecimiento de los alquileres con el riesgo de desahucio. “Si se pusieran límites al alquiler no habría tantos desahucios”, ha sostenido, reclamando al Govern que priorice a las personas afectadas frente a los intereses de los grandes propietarios.

En esta línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado al Govern de haber convertido la vivienda en el principal problema de Balears y de no haberlo resuelto tras tres años de legislatura, sino todo lo contrario. El ecosoberanista ha recriminado que, mientras el Ejecutivo y la oposición se enzarzan en reproches partidistas, los alquileres han aumentado un 30% y el precio de compra un 40%, de acuerdo a los datos que ha esgrimido durante su intervención. Ha contrapuesto estas cifras a la situación de miles de personas que destinan prácticamente todo su sueldo al alquiler, se ven obligadas a compartir vivienda o a seguir viviendo con sus padres incluso bien entrada la treintena o la cuarentena.

Ayudas de 10.000 euros mientras ponen “la alfombra roja a los fondos buitre”

Apesteguia ha cargado, asimismo, contra las ayudas de 10.000 euros para la compra de vivienda impulsadas por el Ejecutivo “mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre” y los precios continúan alejándose de la capacidad adquisitiva de la población. Frente a este modelo, ha apelado a la intervención de un mercado que ha calificado de “desbocado” y la adopción de medidas extraordinarias ante una situación que considera de emergencia social.

El texto defendido por el PSIB-PSOE planteaba modificar la Ley de Vivienda balear de 2018 para establecer de forma expresa quién puede iniciar la declaración de una zona de mercado residencial tensionado y cómo debe tramitarse. La propuesta emplazaba a que la iniciativa partiese del Govern, a través del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), o de los ayuntamientos. En el caso de las solicitudes municipales, el Ejecutivo autonómico debía comprobar la documentación y, si esta es íntegra y suficiente, declarar la zona tensionada. El texto también preveía que los consells insulares presten asistencia técnica a los municipios que carezcan de medios para elaborar los estudios necesarios.

En este sentido, la declaración prevista en la Ley estatal de Vivienda permite activar medidas específicas sobre el mercado del alquiler en territorios en los que exista un riesgo especial de oferta insuficiente y dificultades para acceder a una vivienda a precios asequibles. La propia proposición socialista recuerda que la norma vincula estas situaciones a un esfuerzo residencial superior al 30% de los ingresos del hogar.

En abril de 2025, PP y Vox ya votaron en contra de instar al Govern a declarar los municipios de Balears como zonas tensionadas y de considerar grandes tenedores a quienes posean cinco o más viviendas. Aquella iniciativa incluía también otras medidas como la expropiación temporal de viviendas vacías, la adquisición por parte del Ibavi de viviendas y suelo de la Sareb o la reserva del 50% de las nuevas promociones para vivienda protegida. Un mes antes, en marzo, ambos partidos impidieron que prosperara la toma en consideración de una proposición de ley del PSIB-PSOE destinada, precisamente, a abrir la vía para declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres.

La posición del Govern se ha mantenido desde entonces. En diciembre de 2025, cuando se planteó la renovación de miles de contratos de alquiler, el Ejecutivo optó por preparar incentivos fiscales para los propietarios en lugar de declarar Balears zona tensionada.

Tampoco ha prosperado en el Parlament la regulación de la compra de viviendas por parte de no residentes. En febrero de 2026 PP y Vox rechazaron limitar temporalmente la adquisición de vivienda por no residentes y grandes tenedores en municipios tensionados y también rechazaron elevar la fiscalidad sobre las operaciones inmobiliarias de lujo y las compras de multipropietarios.

Más recientemente, el PP introdujo en su ley ómnibus una medida que permite a empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler.

El debat sobre l'habitatge ha baixat aquest dimarts de la tribuna del Parlament a la bancada del públic. Mentre la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), i el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, es creuaven acusacions entorn dels desnonaments i el paper dels fons voltor, entre el públic es trobava Pilar López, una dona de 65 anys desnonada de l'habitatge en el qual residia des de 2012 i que aquest estiu va haver de dormir durant dos mesos al seu cotxe, el cas del qual va explicar elDiario.es.

“Vostè va dir que els fons voltor no influeixen a Balears, però m'agradaria que mirés a l'esquerra i l'hi digués a Pilar”, li ha etzibat Negueruela a Prohens durant el debat. “Va estar 40 anys treballant en hostaleria perquè ara vostè li digui que el seu desnonament no té res a veure amb els fons voltor, encara que no ha mogut un dit. No té empatia amb ella i tria els fons voltor, s'asseu amb ells i pacta amb ells. Però mai s'asseurà amb les seves víctimes”, ha afegit.

Prohens ha respost que “els desnonaments són lamentables”, però ha desplaçat la responsabilitat cap a l'Executiu central. “Es produeixen perquè les seves lleis així ho permeten”, ha afirmat. La presidenta ha acusat a més el PSIB d'utilitzar el terme “fons voltor” perquè “queda molt bé” i d'“instrumentalitzar el dolor de qualsevol persona”.

El moment de major tensió s'ha produït després de l'intercanvi parlamentari. Prohens s'ha acostat a la zona del públic i ha abraçat a López. L'escena ha provocat una revolada en el saló de plens, amb un diputat socialista tractant d'acompanyar la dona fora, mentre des de la bancada del PP se li recriminava la seva actitud. López ha acabat abandonant el saló entre llàgrimes, acompanyada per integrants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Mallorca. Poc després ha tornat al Parlament per atendre els mitjans al costat de la portaveu de la plataforma, Àngela Pons.

“Això no va d'idees polítiques”, ha explicat López en referir-se a la seva trobada amb Prohens. “Jo no estic sent utilitzada. Tinc 65 anys, treballo des dels 14. Soc una mare soltera tirant endavant una filla que té 33 anys i tampoc no té oportunitat de tenir un habitatge”, ha assenyalat. La dona ha qüestionat a més que les polítiques d'habitatge del Govern se centrin fonamentalment en la població jove i deixin fora persones grans que també pateixen les conseqüències de la crisi residencial. “Els que ens hem currat i cotitzat aquest país no som res”, ha lamentat.

Dos mesos vivint al carrer

La dona ha qüestionat a més que les polítiques d'habitatge del Govern se centrin fonamentalment en la població jove i deixin fora persones grans que també pateixen les conseqüències de la crisi residencial. López ha explicat que depèn econòmicament de la seva filla, però que ambdues no poden conviure. La seva filla paga actualment 1.250 euros per un apartament en el qual, segons ha relatat, no pot viure amb ella per les condicions establertes en el contracte.

La situació es va agreujar després del desnonament. López assegura que va passar “dos mesos al carrer” perquè l'Ajuntament no podia assumir el cost d'una habitació en un hostal i va acabar dormint al seu cotxe durant juliol i agost, en plena onada de calor. “Jo no he estat assistida pels serveis socials ni hi ha hagut preocupació de les administracions”, ha denunciat.

El cas de López s'ha convertit aquestes setmanes en un dels rostres de l'emergència habitacional a Palma. Després de perdre l'habitatge en el qual portava més d'una dècada residint, va relatar, en declaracions recents als mitjans a l'Ajuntament de Palma, que havia passat de treballar durant dècades en el sector de l'hostaleria a no tenir un lloc on viure.

Aquest dimarts ha reclamat als responsables polítics que surtin de les institucions per comprovar la dimensió de la crisi. “Que vagin als carrers”, ha demanat, perquè Palma “no són només iots i urbanitzacions”. També hi ha, ha denunciat, “gent treballadora vivint sota lones”. “No són ganduls, són gent treballadora i són espanyols. Treballadors de l'hostaleria, taxistes, que necessiten un habitatge assequible”, ha reivindicat.

La PAH reclama declarar Palma zona tensionada

La portaveu de la PAH Mallorca, Àngela Pons, ha aprofitat la presència de López al Parlament per reclamar als grups que donin suport a la proposició de llei presentada pel PSIB per permetre que els ajuntaments puguin declarar zones tensionades i aplicar els mecanismes de regulació del lloguer previstos en la legislació estatal.

El Govern de Prohens s'ha oposat fins ara a declarar Balears zona tensionada, una de les principals reivindicacions de les organitzacions socials i dels partits de l'esquerra per contenir l'increment dels lloguers.

El xoc d'aquest dimarts es produeix, a més, en plena escalada dels preus de l'habitatge a les Illes i després que PP i Vox hagin rebutjat precisament la declaració de Balears com a zona tensionada. La discussió sobre els mecanismes per intervenir el mercat immobiliari ha tornat així a enfrontar el Govern i l'oposició, però aquesta vegada amb una dona afectada directament per un desnonament com a protagonista involuntària de la disputa.

Al final de la sessió, López ha resumit la seva reclamació amb una frase que pretén situar el debat més enllà de l'enfrontament partidista: “Necessitem una ideologia en la qual càpiga tothom i no només uns quants”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha advertido este martes sobre cómo afectará al sector primario un hipotético Gobierno de España del Partido Popular y Vox, a los que ha acusado de haber “vitoreado” las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que han causado problemas al campo.

Preguntado, durante su comparecencia en la presentación del nuevo Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera, por las movilizaciones de agricultores y ganaderos que han tenido lugar en la ciudad de Toledo, el consejero ha señalado que “hay muchos problemas”, y entre la “multitud de factores” que ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones, el consejero ha destacado “los incrementos de los costes de fertilizantes”, así como “de los combustibles”, que están “ocasionando una dificultad en la rentabilidad de las explotaciones tremenda”.

Martínez Lizán ha advertido que “el responsable ante esto es, sin lugar a dudas, un presidente de un país, de Estados Unidos” y su política en Oriente Medio, que ha conducido a “un antes y un después en incremento de los costes”.

En este sentido, ha señalado el riesgo de que “partidos políticos que han vitoreado las acciones de Donald Trump” lleguen al Ejecutivo. “Sinceramente creo que no le va a venir muy bien a este campo, a este sector”, ha planteado.

“Ninguno de los dos, ni la derecha ni la extrema derecha” han avalado ni una de las medidas que se han planteado en el Congreso de los Diputados “para apoyar al sector agropecuario”, ha añadido.

En cuanto a las reivindicaciones en materia administrativa y sobre la relación del sector con la fauna salvaje, Martínez Lizán ha defendido la labor de negociación y diálogo de la Administración regional. “Estamos hablando constantemente, intentando llegar a acuerdos y negociando situaciones que permitan el desarrollo de la actividad”, ha señalado el titular de Agricultura castellanomanchego.

Además, ha manifestado entender los motivos del “hartazgo” del sector, subrayando el compromiso de la Junta de continuar haciendo “todo lo que haga falta y sea necesario, aportando ideas, adquiriéndolas, asumiéndolas y poniéndolas en marcha de la mejor manera posible”.

Un total de 21 escaños del Congreso volverán a estar en liza en las cinco circunscripciones electorales de Castilla-La Mancha de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según ha publicado ya el Boletín Oficial del Estado (BOE) no habrá por tanto variaciones respecto a los comicios de julio de 2023 en cuanto a los diputados que se elegirán en esta comunidad autónoma.

En la anterior cita electoral, el PP ganó en número de votos y de escaños en Castilla-La Mancha, consiguiendo un total de diez de estos diputados. El PSOE se hizo con ocho y Vox consiguió por primera vez representación castellanomanchega en la Cámara Baja con tres parlamentarios. La coalición bajo las siglas de Sumar no consiguió representación en esta región.

De cara a las próximas elecciones, en la provincia de Albacete volverán a decidirse cuatro escaños, que actualmente se reparten entre socialistas y ‘populares’: son el exalcalde Albacete, Emilio Sáez, e Isabel Iniesta, por el PSOE, y Carmen Navarro y Antonio Martínez, por el PP.

En la circunscripción electoral de Ciudad Real, el PSOE obtuvo dos diputados: Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, exportavoz del Gobierno y exalcaldesa de Puertollano, y Gonzalo Redondo. Por su parte, el PP consiguió otros dos escaños: el de Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido a nivel nacional; y el de Enrique Belda. Vox ganó un escaño en esta provincia para Ricardo Chamorro.

Cuenca, Guadalajara y Toledo

Los ‘populares’ ganaron en la provincia de Cuenca al ganar dos escaños para Beatriz Jiménez y Daniel Pérez; mientras que los socialistas consiguieron solo un diputado, Luis Carlos Sahuquillo.

En la provincia de Guadalajara, los tres escaños se repartieron entre el PSOE, el PP y Vox. Dos exalcaldes de la capital, el socialista Alberto Rojo y el ‘popular’ Antonio Román consiguieron escaño. Ángel López fue el diputado que ganó Vox en esta circunscripción.

Finalmente, en la circunscripción electoral de Toledo, la que tiene más escaños en liza, el PP también ganó con tres escaños para José Manuel Velasco, Pilar Alía y Agustín Conde. El PSOE se hizo con representación para el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez; y para la exalcaldesa de Toledo, exdelegada del Gobierno y actual ministra de Educación, Milagros Tolón. Vox se hizo con un escaño por esta provincia, que ocupa Manuel Mariscal.

El debate sobre la vivienda ha bajado este martes de la tribuna del Parlament a la bancada del público. Mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, se cruzaban acusaciones en torno a los desahucios y el papel de los fondos buitre, entre el público se encontraba Pilar López, una mujer de 65 años desahuciada de la vivienda en la que residía desde 2012 y que este verano tuvo que dormir durante dos meses en su coche, cuyo caso contó elDiario.es.

“Usted dijo que los fondos buitre no influyen en Balears, pero me gustaría que mirara a la izquierda y se lo dijera a Pilar”, le ha espetado Negueruela a Prohens durante el debate. “Estuvo 40 años trabajando en hostelería para que ahora usted le diga que su desahucio no tiene nada que ver con los fondos buitre, aunque no ha movido un dedo. No tiene empatía con ella y elige a los fondos buitre, se sienta con ellos y pacta con ellos. Pero nunca se sentará con sus víctimas”, ha añadido.

Prohens ha respondido que “los desahucios son lamentables”, pero ha desplazado la responsabilidad hacia el Ejecutivo central. “Se producen porque sus leyes así lo permiten”, ha afirmado. La presidenta ha acusado además al PSIB de utilizar el término “fondos buitre” porque “queda muy bien” y de “instrumentalizar el dolor de cualquier persona”.

El momento de mayor tensión se ha producido después del intercambio parlamentario. Prohens se ha acercado a la zona del público y ha abrazado a López. La escena ha provocado un revuelo en el salón de plenos, con un diputado socialista tratando de acompañar fuera a la mujer, mientras desde la bancada del PP se le recriminaba su actitud. López ha terminado abandonando el salón entre lágrimas, acompañada por integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca. Poco después ha regresado al Parlament para atender a los medios junto a la portavoz de la plataforma, Ángela Pons.

“Esto no va de ideas políticas”, ha explicado López al referirse a su encuentro con Prohens. “Yo no estoy siendo utilizada. Tengo 65 años, trabajo desde los 14. Soy una madre soltera sacando adelante a una hija que tiene 33 años y tampoco tiene oportunidad de tener una vivienda”, ha señalado. La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. “Los que nos hemos currado y cotizado este país no somos nada”, ha lamentado.

Dos meses viviendo en la calle

La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. López ha explicado que depende económicamente de su hija, pero que ambas no pueden convivir. Su hija paga actualmente 1.250 euros por un apartamento en el que, según ha relatado, no puede vivir con ella por las condiciones establecidas en el contrato.

La situación se agravó después del desahucio. López asegura que pasó “dos meses en la calle” porque el Ayuntamiento no podía asumir el coste de una habitación en un hostal y terminó durmiendo en su coche durante julio y agosto, en plena ola de calor. “Yo no he sido asistida por los servicios sociales ni ha habido preocupación de las administraciones”, ha denunciado.

El caso de López se ha convertido estas semanas en uno de los rostros de la emergencia habitacional en Palma. Después de perder la vivienda en la que llevaba más de una década residiendo, relató, en declaraciones recientes a los medios en el Ayuntamiento de Palma, que había pasado de trabajar durante décadas en el sector de la hostelería a no tener un lugar donde vivir.

Este martes ha reclamado a los responsables políticos que salgan de las instituciones para comprobar la dimensión de la crisis. “Que se pateen las calles”, ha pedido, porque Palma “no son solo yates y urbanizaciones”. También hay, ha denunciado, “gente trabajadora viviendo debajo de lonas”. “No son vagos, son gente trabajadora y son españoles. Trabajadores de la hostelería, taxistas, que necesitan una vivienda asequible”, ha reivindicado.

La PAH reclama declarar Palma zona tensionada

La portavoz de la PAH Mallorca, Ángela Pons, ha aprovechado la presencia de López en el Parlament para reclamar a los grupos que respalden la proposición de ley presentada por el PSIB para permitir que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas y aplicar los mecanismos de regulación del alquiler previstos en la legislación estatal.

El Govern de Prohens se ha opuesto hasta ahora a declarar Balears zona tensionada, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sociales y de los partidos de la izquierda para contener el incremento de los alquileres.

El choque de este martes se produce, además, en plena escalada de los precios de la vivienda en las Islas y después de que PP y Vox hayan rechazado precisamente la declaración de Balears como zona tensionada. La discusión sobre los mecanismos para intervenir el mercado inmobiliario ha vuelto así a enfrentar al Govern y a la oposición, pero esta vez con una mujer afectada directamente por un desahucio como protagonista involuntaria de la disputa.

Al término de la sesión, López ha resumido su reclamación con una frase que pretende situar el debate más allá del enfrentamiento partidista: “Necesitamos una ideología en la que quepa todo el mundo y no solo unos cuantos”.

El sistema público de pensiones que abona cada mes su pensión a alrededor de diez millones de personas “es un zombi” y “está quebrado”, según Vox, en palabras de José María Figaredo, su responsable económico y secretario general del partido de extrema derecha en el Congreso de los Diputados. Por ello, la formación liderada por Santiago Abascal defiende acabar con el actual sistema público de reparto para avanzar hacia un sistema mixto de capitalización, con pensiones individuales.

Así lo ha defendido el responsable económico de Vox en una entrevista este fin de semana en El Debate. “El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. En 1998, la comisión del Pacto de Toledo diagnosticó con precisión las debilidades del sistema, y en casi 30 años no se ha aplicado ninguna medida correctora”, sostiene el diputado.

Preguntado al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado este martes un mensaje de “absoluta tranquilidad” a la población española y ha defendido que el sistema de pensiones goza de “una extraordinaria salud”. Sánchez ha criticado que el PP y Vox siembren “preocupación” sobre la viabilidad del sistema, que ha advertido que son la antesala de un “modelo de recortes” en este pilar de protección social.

Vox invisibiliza las múltiples reformas ya aprobadas

El partido de ultraderecha dice que “no se ha aplicado ninguna medida correctora” en pensiones, pese a las múltiples reformas aprobadas en las últimas décadas, que han modificado el sistema. Desde la edad a la que se puede jubilar la población trabajadora en España, con cuántos años cotizados para cobrar el 100% de la pensión y qué periodo de la vida laboral se tiene en cuenta para su jubilación.

Por mencionar solo algunas, la reforma de 2011 amplió la edad de jubilación poco a poco a los 67 años y amplió el periodo de cálculo de la pensión de los últimos 15 a 25 años, entre otras muchas medidas y varios recortes para preparar al sistema público al aumento de gasto por la numerosa generación del baby boom, que está empezando a retirarse ahora.

En 2013, el PP aprobó una reforma de pensiones con múltiples recortes, sin diálogo social ni respaldo del Pacto de Toledo, gracias a su mayoría absoluta. Una reforma que semicongelaba las pensiones de por vida y que contaba con un “factor de sostenibilidad” para vincular la cuantía de la pensión a la esperanza de vida en el futuro, que el propio PP no llegó a aplicar.

Con una enorme contestación social en la calle, el Gobierno del PP interrumpió su propia legislación, que más tarde derogó el Gobierno de coalición progresista.

Por último, Figaredo también ignora por completo la reforma de pensiones aprobada (en varias patas) por el Gobierno progresista desde 2021, que volvió a vincular la subida de las pensiones al IPC y reforzó el sistema a través de un aumento de los ingresos, con más cotizaciones sociales, sobre todo de los salarios más altos. También, incluyó incentivos para premiar económicamente el retraso en la edad efectiva de jubilación, como los pluses a la jubilación demorada.

Una “reforma estructural” hacia un sistema mixto

“La solución que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos”, ha defendido José María Figaredo. “El gasto en pensiones, la deuda, los costes salariales y la dependencia energética constituirán graves condicionantes en el futuro”, añadió.

Así, Vox apuesta por acabar con el actual sistema público por el que la Seguridad Social garantiza unas pensiones públicas al conjunto de pensionistas, pagadas con las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, así como con impuestos, y apuesta por otro modelo de capitalización, en el que lo público garantíza unos mínimos, pero los trabajadores tienen principalmente pensiones individuales según sus aportaciones personales, gestionadas a través de fondos.

En este momento, Alemania ha anunciado medidas en este sentido, ya que pretende aumentar la edad de jubilación a los 70 años y establecer una pensión privada obligatoria. También prohibirá la prejubilación a los 63 años con el 100% de la pensión.

El presidente de la gestora que está al frente del PP de Navarra tras la salida de Javier García, Sergio Sayas, ha asegurado este martes que su pasado en UPN no va a suponer un impedimento para que ambas formaciones puedan alcanzar un acuerdo para concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El 16 de octubre culmina el plazo para que los partidos que acudan en coalición a las urnas lo comuniquen y UPN y PP apuran las negociaciones, si bien Sayas ha apuntado que no le “consta” que ambos partidos hayan fijado un calendario de reuniones.

Sayas, que dio el salto al PP tras ser expulsado de UPN por haber mentido y votado en contra de la reforma laboral cuando el presidente regionalista, Javier Esparza, había acordado con el PSOE apoyarla, lidera ahora el Partido Popular en la comunidad foral y busca un acuerdo de coalición con su antiguo partido para las elecciones del 29 de noviembre, así como para las forales y municipales de mayo de 2027.

“Estamos dispuestos a concurrir a las elecciones con UPN, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ese pacto se produzca”, ha asegurado Sayas en una comparecencia en la que ha considerado que su pasado en el partido regionalista y las circunstancias en las que se produjo su salida no dificultarán en acuerdo. “No creo que las personas tengan que impedir un acuerdo que sea bueno para los ciudadanos”, ha aseverado.

En 2023, tras la expulsión de Sayas y Adanero, UPN rompió su acuerdo con el PP y acudió por primera vez desde 1982 en solitario a unas generales. Esa división del voto en la derecha, permitió al PSN ganar las elecciones en Navarra, logrando dos escaños en el Congreso. PP y UPN lograron uno cada uno, si bien Sayas superó en votos al candidato regionalista, Alberto catalán, y EH Bildu se llevó el otro escaño que reparte la comunidad foral.

Ahora UPN y PP tratan de alcanzar a contrarreloj un acuerdo que unifique el voto de la derecha en una única candidatura, sin contar a Vox. El propio Sayas ha descartado esta posibilidad que contaría con el rechazo de los regionalistas por su defensa de la foralidad navarra. “Evidentemente, el modelo que tiene Vox respecto a Navarra es distinto al que tienen el Partido Popular y UPN. Eso nos puede permitir pactar unas líneas de un gobierno, pero no un acuerdo electoral. Sin embargo, con UPN podemos tener, sin ningún tipo de problema, un acuerdo electoral”, ha subrayado Sergio Sayas.

Sayas, que en 2023 fue el candidato del PP al Congreso, no ha confirmado si repetirá el 29 de noviembre o, si por el contrario, será el candidato a la presidencia de Navarra en 2027. “Estaré donde el Partido Popular decida que debo estar”, ha apuntado.

El titular de la Plaza de Instrucción n.º 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado transformar en procedimiento abreviado las diligencias que se siguen contra la portavoz de VOX en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, al encontrar indicios de delito de acoso laboral en su actuación hacia una trabajadora de su Grupo Parlamentario.

En un auto notificado este martes y contra el que cabe recurso de reforma y apelación, el magistrado instructor acuerda además sobreseer la causa frente a VOX, ya que, “pese a la insuficiencia del mecanismo de control y prevención”, el delito presuntamente cometido no lo ha sido “en beneficio de la entidad”, uno de los elementos que se requieren para la comisión del delito por una persona jurídica.

El magistrado también acuerda continuar las actuaciones contra la portavoz y contra un informático por un presunto delito contra la intimidad, por la grabación y posterior utilización de mensajes de correo electrónico y WhatsApp de la trabajadora perjudicada con terceras personas.

Con este auto se da por finalizada la instrucción de la causa, por lo que ahora las acusaciones personadas deberán presentar sus escritos de calificación. Cuando lo hagan, si efectivamente se mantienen las acusaciones el magistrado dictará el auto de juicio oral y solicitará a las defensas que presenten sus oportunos escritos, paso previo al enjuiciamiento.

“Estrategia de aislamiento, acoso, humillación y descrédito personal”

El auto relata cómo, presuntamente, la portavoz parlamentaria de VOX “ha venido sometiendo a la responsable de asesoría jurídica del citado grupo parlamentario a una estrategia de aislamiento, acoso, humillación y descrédito personal”, lo que hizo que esta trabajadora terminara solicitando la baja laboral por lesiones psíquicas.

Explica que la investigada, “abusando de sus funciones de dirección, la obligaba a realizar tareas de secretaria personal y auxiliar administrativa”, y que “el trato era en todo momento despreciativo” hacia esta trabajadora, a quien “humillaba, cuestionando su capacidad profesional”.

Los hechos tuvieron lugar desde la llegada de la investigada a la portavocía del Grupo Parlamentario en mayo de 2023 hasta enero de 2024, cuando sucedió un episodio en el que, según explica el auto, “el nivel de presión al que sometió indebidamente a la trabajadora fue tan alto que esta apagó el teléfono móvil”.

“Sintiendo opresión en el pecho, temblores y lloro incontrolado, su marido tuvo que llamar de urgencia a un amigo médico”, quien le proporcionó una medicación, y días después cogió la baja con un diagnóstico de “trastorno de pánico”.

Para el magistrado, de las declaraciones realizadas en instrucción por distintos testigos -la perjudicada y trabajadores y diputados del Grupo Parlamentario- “se puede entender indiciariamente justificado el acoso denunciado”.

Las mismas “se caracterizan por una absoluta contraposición de versiones, en función de si provienen de personas que ya estaban en el grupo parlamentario en el 2019 o ingresan en el 2023”.

“Pero la contundencia de las primeras no puede ser obviada, como tampoco lo puede ser la existencia de una clínica en la perjudicada que determina su baja laboral”, añade.

En definitiva, “con lo practicado no podemos afirmar que la denuncia sea irreal, inveraz o no plausible como para determinar un sobreseimiento, debiéndose continuar las actuaciones frente a la investigada por el delito de acoso”.

Infracción laboral

Por otro lado, explica el auto que el Grupo Parlamentario VOX no dispuso hasta noviembre de 2024 “de organización de los recursos preventivos que haya elaborado un plan de prevención de riesgos laborales y una evaluación de los riesgos psicosociales”.

“Tal conducta empresarial constituye infracción laboral, habiéndose propuesto para sanción por la Inspección de Trabajo”, señala la resolución, que añade: “No obstante, no ha quedado acreditado que los hechos constitutivos de acoso laboral que han podido ser cometidos por la diputada se hayan cometido en beneficio directo o indirecto del partido político”.

“Antes al contrario -razona le magistrado-, la actuación de la investigada ha causado daño al Gupo Parlamentario y al partido al que servía, pues la generación de un ambiente hostil o humillante para la trabajadora constituye un evidente perjuicio, tanto desde el punto de vista organizativo, por el ambiente laboral que se genera, como por el daño reputacional”.

Delito contra la intimidad

Junto al delito de acoso laboral, el instructor acuerda seguir el procedimiento contra la portavoz parlamentaria de VOX por la presunta comisión de un delito contra la intimidad, y también lo hace contra un informático al que, presuntamente, aquella “pidió que grabara el ordenador” de la perjudicada.

Según recoge el auto, esa grabación se produjo “para apropiarse” de los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp entre la trabajadora perjudicada y el anterior portavoz del Grupo. “Dichas conversaciones confidenciales fueron cedidas por el informático a la portavoz, que presenta las mismas en el recurso de reposición que interpone frente a la sanción impuesta” por su partido en el expediente abierto por su actuación con la trabajadora.

La portavoz explicó, durante la instrucción, que esas comunicaciones llegaron a su poder porque se produce un borrado masivo externo del ordenador de la trabajadora y entonces pide al informático que haga acopio de pruebas del citado borrado.

Sin embargo, de las pruebas periciales solicitadas se desprende que, indiciariamente, “no hubo borrado masivo, sino borrado selectivo”, que “no se ha podido determinar la identidad” de quien lo hizo, y que fue en remoto.

En cualquier caso, el magistrado concluye que “la grabación de la sesión remota por parte del informático puede entenderse como un acto de apoderamiento, sobre todo teniendo en cuenta el uso que posteriormente se hace de la información así obtenida”, información que traslada a la portavoz parlamentaria y esta presenta en su descargo en el proceso disciplinario.

Andalucía vuelve a las urnas seis meses después de votar mayoritariamente al PP de Juanma Moreno en las autonómicas del 17 de mayo, que alumbraron el primer Gobierno de coalición PP-Vox. La comunidad más poblada de España, con 6,8 millones de habitantes, es la que más diputados aporta al Congreso (61). Sus votos, junto a los de Catalunya, siempre han sido decisivos para decantar al inquilino de la Moncloa.

Ningún dirigente extrapola el resultado de las andaluzas a las generales del próximo 29 de noviembre (29N), porque las dinámicas de votación son distintas. Pero venimos de unas andaluzas atípicas, disfrazadas de legislativas, en las que Pedro Sánchez se volcó personalmente en la campaña de María Jesús Montero y -admiten en el PSOE- fue el responsable de que los socialistas aguantaran el golpe y sumaran votos en unas autonómicas por primera vez desde 2018 (59.000 más), cuando perdieron el Gobierno andaluz después de 37 años en el poder.

“Vamos a la revancha de las andaluzas”; “Vamos a unas generales bis”, musitan voces de todos los partidos en liza, sin apenas tiempo para descansar desde la última campaña electoral. “El 29N son unas elecciones constituyentes”. “Para el PP, las andaluzas fueron un plebiscito contra Pedro Sánchez y ganamos”, dice un dirigente del PP-A con un pie en Madrid.

Pero el presidente de la Junta se tienta la ropa. Este lunes, durante un foro en el Diario Sur de Málaga, ha pedido a su partido que “no se confíe” ante las encuestas que apuntalan una victoria del PP y una mayoría holgada para cogobernar con Vox en España. “El voto en las generales es más ideológico que en las autonómicas y las locales. La gente vota en bloque, no pesa tanto la persona del candidato. Vamos a intentar humanizar lo más posible estas elecciones”, ha dicho.

La palabra clave es “bloques”. Las andaluzas fulminaron la singularidad de Juanma Moreno, ahora es un presidente autonómico del PP que cogobierna con la ultraderecha, como sus compañeros de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Los socios en Andalucía han empezado la legislatura con un perfil muy bajo, sin roces ni volantazos. Ambos se han conjurado para preservar un perfil bajo, pero el adelanto electoral les obliga a pelear por el mismo espacio político y, esta vez, el PP de Moreno está atado al pacto suscrito con Vox: “la prioridad nacional” de su aliado, que pide “deportar a todos los inmigrantes de España”.

Hasta la crisis migratoria de Ceuta, la consigna de la dirección nacional del PP era evitar sobresaltos en los gobiernos autonómicos que comparte con Vox. Pero la entrada irregular de 80.000 personas en la ciudad autónoma y los errores en la gestión del Gobierno de Sánchez han apuntalado un marco de debate público más propicio para la ultraderecha.

El otro, el impacto social del desahucio de Maricarmen, los decretos fallidos de vivienda, y las movilizaciones en la calle, es el “momentum” que esperaba la izquierda. “La ideología” que tanto temía el presidente andaluz se ha desbordado a derecha e izquierda.

Adelante, el factor imprevisible

La frase de Moreno denota preocupación en las filas. El dirigente popular ha convertido en anatema el término “ideológico”. Lo usa constantemente con un sesgo peyorativo, como algo exclusivo de las izquierdas, como un sinónimo de desorden, caos y polarización, frente a la moderación y la estabilidad que apadrina el PP.

La famosa vía andaluza con la que se presentó a las últimas elecciones, el camino intermedio para sortear el choque de trenes entre PSOE y Vox.

Pero el ganador de las andaluzas viene con la lección aprendida: un factor desestabilizante le arrebató la mayoría absoluta, un partido con sólo dos diputados en el Parlamento, sin grupo propio, que había transitado del hiperliderazgo de Teresa Rodríguez -la líder de Podemos Andalucía- hacia un perfil desconocido para el gran público, un joven profesor con gafas, José Ignacio García.

Adelante Andalucía desbarató el tablero de las autonómicas sin que nadie lo viera venir: eligió una ruta propia, alejada del guirigay de la “unidad de las izquierdas”, tras romper su alianza previa con IU y Podemos, una vía a medio camino entre el desplante arrogante contra la ultraderecha de Vox y la crítica severa al Gobierno progresista de PSOE y Sumar.

Moreno nunca lo tuvo como un rival directo, al contrario, le insufló oxígeno político convencido de que le serviría para dispersar aún más el voto de las izquierdas, para así recoger los restos de votos por obra y magia de la Ley d'Hont.

No funcionó. Ocurrió al revés: Adelante pasó de dos a ocho diputados, fue la formación que más creció (más que PSOE y PP juntos), sorpasó a la coalición Por Andalucía (Sumar-Podemos) y también a Vox en dos provincias clave, Sevilla y Cádiz. Nadie lo esperaba.

En el entorno del presidente de la Junta creen que Adelante fue quien “frustró la mayoría absoluta de PP” y, seis meses después, leen en sus sondeos internos que la formación que hoy lidera García “sigue creciendo mucho”. “Van a entrar en el Congreso sí o sí”, dicen.

Todos los partidos consultados por este periódico dan por hecho la entrada de Adelante en la Cámara Baja. El ascenso del soberanismo andaluz, 22 años después de que desapareciera el último diputado del Partido Andalucista (PA) en el Congreso. Un soberanismo andalucista, de izquierdas y anticapitalista, una rara avis, que aspira a condicionar desde el sur al Gobierno (como ERC y Junts desde Catalunya, como Bildu o PNV desde Euskadi, como el BNG desde Galicia).

“Un partido atrapalotodo, populista, que ha quitado votantes a PP y Vox ocultando que es anticapi, y ha quitado votantes al PSOE, ocultando que provienen de las filas de sus socios, Podemos e IU”, dice, muy cabreado, un dirigente popular próximo a Moreno.

El fenómeno de Adelante Andalucía es lo que más va a cambiar la campaña electoral de los partidos respecto al 17M. Ya está ocurriendo en el arranque de la legislatura, donde PP y Vox se han arrojado contra los andalucistas, denunciando sus alianzas “con los terroristas de ETA”, en referencia a Bildu. En apenas un mes han sido más duros con Adelante que en los últimos cuatro años.

Adelante Andalucía tiene una base electoral propia, consolidada, pero también ha sabido atraer a votantes desencantados con el Gobierno de Sánchez, y a votantes cabreados de las filas de Vox. García ha podido combinar los golpes durísimos a los dirigentes ultra, con la mano tendida a sus simpatizantes, sobre todo a los jóvenes. “No se les puede llamar fascistas. Esa no es la respuesta a alguien que está cabreado porque no tiene casa ni trabajo y su salario es un mojón”, explicaba hace unos meses a este periódico.

Con todo, este trasvase de votos no está del todo acreditado en las encuestas postelectorales de las andaluzas, aunque sí parece claro que la base social de Adelante está en una generación de jóvenes, entre 25 y 40 años, una franja donde ahora mandan PP y Vox, pero donde el voto es más volátil.

“La gente cabreada con los políticos sí pasa de un extremo a otro”, admite un dirigente de Izquierda Unida. Esa generación sí está golpeada por la crisis de la vivienda, jóvenes muy ideologizados, que pueden marcar la diferencia en las próximas generales, tras el revolcón del desahucio de Maricarmen. “Los acampados en las calles impugnan el sistema de partidos y el Congreso. No sé si al final votarán todos los que se manifiestan, pero si lo hacen, están más cerca de Adelante que del PSOE”, dice una dirigente andalucista.

Este lunes, cuando Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes, Adelante Andalucía no tenía aún candidato a las generales, pero su marca está consolidada y su líder se ha apresurado a confirmar que presentará listas en las ocho provincias (en 2023 sólo se presentaron por Cádiz y no lograron escaño).

Su cabeza de cartel no será ni Teresa Rodríguez ni García (él mismo se ha descartado), pero lanzarán el nombre a principios de la semana que viene. En los próximos días convocarán asambleas exprés para votar internamente sus ocho listas electorales porque, como el resto de fuerzas nacionalistas, Adelante no presenta candidato como tal a la Presidencia del Gobierno de España. También tienen que reunir un mínimo de avales en cada provincia para formalizar su candidatura a tiempo (un 0,1% del censo): 6.673 en toda Andalucía.

Una de las bazas de Adelante es la posibilidad de clarificar su apuesta electoral antes que el conglomerado de izquierdas del Frente Amplio, aún en construcción, y con la difícil tarea de despejar su negociación con Podemos, de celebrar unas primarias abiertas, cerrar la candidatura, las listas y la estrategia de campaña, en tiempo récord. Hace tiempo que el pulso de las izquierdas va a contrareloj, probablemente desde el 15M.

Aunque García y Rodríguez presumen en público de haber “cuadruplicado su resultado” y “duplicado sus diputados sin haberle quitado ninguno a Por Andalucía” (Sumar, IU, Podemos), lo cierto es que entre ellos aún saltan chispas. Se disputan el mismo espacio progresista. Unos son “la izquierda pura e inútil”, otros “la izquierda dócil y de moqueta”.

Por separado tienen ahora 13 escaños (8+5), juntos sumaron 17 y, mucho antes de empezar las uniones y desuniones electorales, la irrupción de Podemos (15) llevó el espacio a la izquierda del PSOE a 20.

“La política no es aritmétrica, es geometría”, dijo Teresa Rodríguez, el domingo, en Salvados. También dijo que “las habas están contadas”. En efecto, la cota máxima que ha alcanzado la izquierda en Andalucía, en época del bipartidismo, no ha pasado de esos 20-21 escaños (de 109).

En Adelante Andalucía no hay debate: concurren en solitario, no se sienten interpelados ni por Gabriel Rufián ni por Pedro Sánchez ni por Antonio Maíllo. García está convencido de que su formación “ensancha el espacio progresista”. “Si hubiéramos ido juntos en las andaluzas, habríamos sacado menos de 13 escaños entre los dos”, dice.

Movilización de derechas, movilización de izquierdas

Las elecciones de Andalucía aportan un espejo al que mirarse. Aunque el resultado no sea extrapolable, marcan tendencias que difícilmente habrán cambiado en apenas seis meses y, además, desmienten algunas de las premisas que han barajado los ministros de Sánchez para animarle al adelanto electoral. Por ejemplo, la movilización de las izquierdas.

La exvicepresidenta y candidata socialista, María Jesús Montero, señaló la abstención como el “principal rival” del PSOE y pidió una movilización masiva. La tuvo: la participación en las andaluzas del 17M fue histórica (un 64,8%, sólo dos puntos por debajo de las generales de 2023), uno de los más altos de la serie, tratándose de unas autonómicas que no coincidían con las legislativas. La izquierda se movilizó, pero la derecha también.

La izquierda se movilizó en varias direcciones, convirtiendo al partido andalucista fundado por Teresa Rodríguez en la gran sorpresa de la jornada. La derecha también se movilizó, pero en ese arco ideológico, el estirón del PP de Moreno fue mucho mayor que el de Vox (150.000 votos más, alcanzando un techo histórico de 1,7 millones de papeletas).

La ultraderecha subió un escaño; los populares perdieron cinco. Cosas de la Ley d'Hont. “A veces nos beneficia y otra nos perjudica”, sentenció el presidente la misma noche electoral, en un ambiente de funeral agridulce en la sede del PP-A.

A los de Moreno hoy les preocupa más Vox que el tirón de Pedro Sánchez en las urnas. Creen que el aura de resistencia del presidente del Gobierno “está amortizada”. “Está acabado”, avisan. Los populares no ocultan que encaran estas generales de la mano de Vox, “en bloque”. Aunque ellos pierdan diputados respecto al 23, “la suma de ambos será mayor”, avisan.

Entre los dirigentes provinciales del PSOE, el adelanto electoral ha sido muy aplaudido. Coinciden con el análisis del PP en una cosa: “Es la única ventana de oportunidad que nos queda”, dicen. Claro que la euforia instalada ahora mismo tiene más que ver con que las generales serán antes que las municipales, con suficiente margen de por medio para que el resultado, bueno o malo, permita a los alcaldes socialistas hacer una campaña centrada en temas locales, y no en la figura de Sánchez.

Evitar el superdomingo y la cercanía a los comicios municipales de mayo de 2027 era una demanda explícita del partido, que el presidente ha escuchado.

Los populares reconocen que el “momentum Maricarmen” tensiona al electorado progresista, pero creen que “dos meses en política es un mundo”. “Ha convocado por una cosa muy concreta, pero cuando pase el soufflé y empecemos a hablar de qué se ha hecho y qué no se ha hecho sobre vivienda en ocho años, la gente va adquirir a conciencia. Sánchez ha reventado ya todas las expectativas de la gente de izquierda moderada, un millón de votantes del PSOE se ha pasado a la derecha”, dice un diputado del PP andaluz, próximo a Moreno. Aun así, admite que el presidente del Gobierno “no se va a desplomar”, porque el suelo del PSOE “es sólido”, y porque “ha decidido aglutinar en torno a sí a todo el voto progresista, del voto nacionalista al de extrema izquierda”.

Un secretario provincial del PSOE replica que es esencial introducir el debate de las competencias, “que la gente sepa que en las manos de los gobiernos autonómicos del PP estaba el dinero y la gestión de la vivienda, y no hicieron nada”. “Han recibido fondos del Gobierno como nunca para hacer viviendas y han torpedeado el plan y la ley estatal”, avisa.

José Ignacio García sostiene que el adelanto electoral le viene muy bien a Adelante Andalucía, porque aún puede impulsarse sobre el recuerdo de voto de las andaluzas. También cree que las movilizaciones por la vivienda son un punto de inflexión social, aunque “la derechización sociológica no ha acabado”. “En las marchas yo he escuchado : aquí estamos los antifascistas. El estallido social por la vivienda no sólo representa a la vivienda, hay un suspiro de alivio ante el avance de los ultra en todo el mundo. El pueblo de izquierdas, que va desde el votante del PSOE a gente que no vota, ha sentido liberación, como si llevase tiempo aguantándose las ganas de gritar en ese grupo de amigos en los que ahora los fachas hablan sin complejos”, advierte.

La paradoja de Adelante Andalucía es que lo que le hizo fuerte en las autonómicas le debilita en las generales. “Nuestro hándicap es el debate estatal”, admite García. Adelante tiene varias identidades solapadas y la campaña que preparan para el 29N pretende poner el foco más en “la cuestión de clase social que en el perfil soberanista”. “No nos vamos a presentar como la voz de Andalucía en Madrid”, como hicieron en 2023. “Vamos a decir que somos la mejor fórmula para quitarle votos y apoyo social a las derechas, como hemos demostrado en las andaluzas”, concluye.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), considera que la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será una oportunidad para que los españoles “cambien el rumbo de España”.

En un mensaje a través de la red social X, Pollán ha señalado que “frente a las políticas de Sánchez, toca recuperar la libertad, la seguridad y la prosperidad”.

Y ha defendido que con Santiago Abascal, el líder nacional de Vox y quien será candidato a la Presidencia del Gobierno, “España tiene alternativa”

La Junta de Extremadura llevará ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que fija en 364 la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en la comunidad autónoma. El recurso, ya firmado por la presidenta regional, María Guardiola, se presentará acompañado de una solicitud de suspensión cautelar de la norma hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su legalidad.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha adelantado que el asunto será elevado este martes al Consejo de Gobierno. A su juicio, la cifra asignada a Extremadura fue fijada por el Ejecutivo central de forma “arbitraria” y “discrecional”, sin tener en cuenta la realidad habitacional ni los recursos económicos de la región.

Durante su comparecencia, el también presidente del Grupo Parlamentario de Vox ha advertido de que la región “no tiene una capacidad ilimitada” y ha recordado que, en el momento en que se aprobó la norma estatal, Extremadura contaba únicamente con 14 plazas libres en su sistema de acogimiento.

Según ha matizado, estas plazas no están destinadas de forma exclusiva a menores extranjeros, sino que se comparten con menores españoles que precisan del mismo recurso de tutela. En este sentido, ha advertido de que, de cubrirse con perfiles procedentes de fuera de nuestras fronteras, “no se les puede dar el servicio a los españoles” que lo necesiten.

A la espera de los últimos datos oficiales, el vicepresidente ha cifrado en alrededor de 130 las plazas totales con las que cuenta el sistema extremeño, una ocupación fluctuante que deja a la red autonómica “al borde del colapso”.

Críticas al Gobierno central

El vicepresidente regional ha cargado duramente contra el Gobierno, al que ha acusado de utilizar la inmigración “como un arma arrojadiza”. Asimismo, ha reclamado a Moncloa que agote las vías diplomáticas existentes, como el acuerdo bilateral con Marruecos para la devolución de menores, antes de impulsar mecanismos de reparto territorial.

Ante esta situación, Fernández Calle ha ratificado que la Junta utilizará “todas las armas políticas, administrativas y judiciales” a su alcance para frenar la medida, al tiempo que ha aludido a la necesidad de prevenir escenarios de conflictividad social basándose en situaciones registradas en otros países europeos.