El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado la declaración ambiental al macreólico Satrebares, proyectado en media docena de municipios de las provincias de A Coruña y Lugo con casi una treintena de aerogeneradores y 125 megavatios de potencia. Así figura en los datos del proyecto que publica Transición Ecológica en su sede electrónica, en donde se indica que el 31 de marzo de 2026 se emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Ahora, falta por publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta resolución completa para conocer la argumentación del Ministerio sobre la negativa.

Este parque eólico y su infraestructura de evacuación, promovido por Maracaibo Solar, abarcaba los municipios de Guitiriz (Lugo), así como los coruñeses de Monfero, Abegondo, Aranga, Curtis y Oza-Cesuras. Tenía previsto instalar 29 aerogeneradores.

Al respecto, el BNG de Guitiriz ha mostrado su “satisfacción” por esta decisión del Ministerio, lo que supondrá la “paralización definitiva” del proyecto. Agrega que “ponía en grave riesgo el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el modo de vida del rural”. “Hoy demostramos que cuando el pueblo se organiza y cuenta con herramientas políticas firmes, los gigantes eléctricos no son invencibles”, ha afirmado el portavoz local del Bloque de Guitiriz, Alfonso Losada, en relación con las más de 1.500 alegaciones presentadas por la movilización vecinal.

Cambios en Forestalia, grupo implicado en el macroproceso judicial por la presunta trama de las renovables y también en el caso Koldo. Su fundador y propietario, Fernando Samper Rivas, ha renunciado al puesto de presidente y ha colocado a su hijo, Ricardo Samper García, al frente de la gestión como nuevo director general.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Jorge de Zaragoza, Samper García cuenta con un posgrado en Dirección Financiera y Control de Gestión por EAE Business School, un máster en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE y un máster internacional en Asesoría Fiscal por ISDE Law & Business School, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado.

Vinculado al grupo empresarial desde hace más de seis años, Ricardo Samper ha desempeñado distintos cargos dentro del Grupo Forestalia hasta su nombramiento el pasado 26 de marzo como director general.

Este nombramiento se enmarca dentro el protocolo interno aprobado por Forestalia y elaborado por Cuatrecasas, cuyo objetivo —según la compañía— es “articular una separación entre la propiedad y la gestión de la compañía y garantizar la estabilidad y el desarrollo ordinario de la actividad en un contexto de mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales actualmente en curso”.

Dentro de este proceso, Fernando Samper Rivas ha presentado su renuncia a la presidencia de la compañía. A partir de este momento, las responsabilidades ejecutivas y de dirección han sido asumidas por Ricardo Samper García, que quedará al frente de la gestión con el objetivo de asegurar la continuidad operativa del grupo y el funcionamiento habitual de todas sus áreas y proyectos.

Fernando Samper ha manifestado lo siguiente: “Confío en que este ajuste en el gobierno corporativo del grupo contribuirá a reforzar su funcionamiento y a garantizar su desarrollo futuro. Mi decisión responde a la voluntad de facilitar el normal desarrollo de los procesos en curso”.

Por su parte, Ricardo Samper García ha apuntado: “Este paso responde al compromiso de la familia con la compañía y con su proyecto empresarial. Asumo esta responsabilidad con el objetivo de seguir consolidando la actividad del grupo, reforzar nuestras relaciones con todos los grupos de interés y garantizar el desarrollo de los proyectos en marcha”.

Para el grupo Forestalia, este nombramiento “supone un paso relevante en el fortalecimiento de su estructura organizativa, el afianzamiento de la autonomía en la gestión y la consolidación de su marco de relaciones institucionales y empresariales”, según ha subrayado en una nota de prensa. Bajo sus nuevas funciones, y en línea con el compromiso de “consolidar el papel de Forestalia en el sector de las energías renovables” a nivel nacional, Ricardo Samper liderará una nueva etapa centrada “en el fortalecimiento de la gobernanza, la solidez operativa y la sostenibilidad a largo plazo de la compañía”.

En este contexto, la compañía reforzará su área de compliance mediante la incorporación de dos despachos, Cuatrecasas y Hogan Lovells International, como asesores externos independientes, con el objetivo de seguir desarrollando, más si cabe, su marco de cumplimiento y alineándolo con los estándares internacionales de referencia.

“Esta iniciativa forma parte de la voluntad de integrar en el Grupo las mejores prácticas del sector, consolidando una cultura corporativa basada en la integridad, la responsabilidad y la transparencia. Asimismo, la compañía continuará colaborando con las autoridades competentes y desarrollando su actividad con normalidad en los distintos mercados en los que opera, mientras avanza en este proceso de revisión y fortalecimiento interno”, han añadido desde Forestalia.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se ha reunido este martes con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le ha trasladado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Carreras ha descartado un nuevo concurso y ha manifestado que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicarán a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida para abordar la situación del concurso de transición justa, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable, apenas una quinta parte de lo que pretendía.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del concurso. También ha confirmado a Guía la voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

La directora del ITJ ha querido dejar claro que la capacidad sobrante “no se pierde”. “Es muy importante asegurar que esa capacidad se quede en el territorio con criterios de transición justa y por eso estamos trabajando en las opciones administrativas para que así sea”. Eso, ha explicado, “no significa un nuevo concurso”, y ha recordado que hubo “una lista de adjudicatarios muy larga”. “Estamos trabajando para ver cómo ofrecérsela a los siguientes adjudicatarios”, ha incidido.

520 millones en ayudas

Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.

Hay que recordar que el que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte. Endesa comunicó hace diez días que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

Los municipios afectados por el Nudo Mudéjar han cerrado filas con el Gobierno de Aragón para exigir una respuesta inmediata tras la reducción del proyecto energético de 1.844 a 406 MW. La decisión, conocida tras casi seis años desde el cierre de la térmica de Andorra, genera “incertidumbre” y obliga a buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para la provincia de Teruel.

El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se plantó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. La situación del proyecto de Enel (Endesa) ha dado un vuelco drástico un mes después debido a limitaciones ambientales que han reducido la potencia solicitada, provocando que la inversión caiga de 1.600 a 350 millones de euros.

Este lunes, los alcaldes de diez municipios afectados por la resolución del Nudo Mudéjar han trasladado al Gobierno de Aragón su preocupación por el impacto del recorte del proyecto energético y han acordado mantener una posición común para exigir soluciones, tanto a la empresa adjudicataria como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En la reunión han participado Miguel Iranzo (Alcorisa, PP), Pedro Bello (La Puebla de Híjar, IU), Víctor Manuel de la Sierra (Lécera, PP), Rafael Guía (Andorra, PSOE), Alfonso Pérez (Samper de Calanda, PSOE), Celia Trullón (Albalate del Arzobispo, PSOE), Miguel Ángel Estevan (Alcañiz, PP), Jesús Antonio Puyol (Híjar, PP), Carlos Ros Monfort (Ariño, PSOE) y Luis Javier Gómez (Jatiel, PSOE), junto a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la secretaria general técnica, Cristina Asensio; y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés.

Tras el encuentro, los ediles han coincidido en subrayar la necesidad de actuar con unidad y responsabilidad ante una decisión que, aunque tiene distinto grado de afección en cada municipio, impacta en todo el territorio.

El alcalde de Andorra, Rafael Guía —que ha actuado como portavoz de los regidores municipales—, ha adoptado una postura de máxima exigencia frente a los plazos, denunciando que el territorio lleva casi seis años en una “espera insoportable” desde el cierre de la central térmica. Para el edil, el tiempo de las promesas y las prórrogas ha terminado, y considera inaceptable que la burocracia o los cambios en el proyecto sigan dilatando la llegada de la reindustrialización. Guía sostiene que la comarca ha cumplido con su parte de responsabilidad y paciencia, por lo que ahora urge al Ministerio y a Enel a pasar de los anuncios a las realidades materiales sobre el terreno sin más demoras.

Respecto a las alternativas de Enel (Endesa), el alcalde rechaza tajantemente que el recorte en la potencia instalada de los parques renovables sirva como pretexto para reducir el plan de acompañamiento industrial. Su posición es firme: el compromiso de creación de empleo y las fábricas proyectadas deben mantenerse íntegros, ya que fueron la base por la que la empresa ganó el concurso del Nudo Mudéjar. Guía defiende que, si Endesa no puede ejecutar toda la potencia prevista por las restricciones ambientales, esa capacidad sobrante debe liberarse de inmediato para que otros proyectos y empresas puedan aprovecharla, garantizando así que no se pierda ni un solo puesto de trabajo de los prometidos originalmente.

Además, el mandatario andorrano ve en la resolución de las declaraciones de impacto ambiental un punto de inflexión que elimina cualquier “excusa” técnica que tuviera la compañía. Al ser ahora un proyecto con plenas garantías legales y ambientales, Guía exige que se inicien las obras de las alternativas industriales de forma inminente. Su mensaje es claro: la prioridad absoluta es blindar el desarrollo socioeconómico de los municipios afectados, asegurando que la transición energética sea justa y que la pérdida de megavatios de Enel se compense con una diversificación industrial que no dependa exclusivamente de las decisiones de una sola eléctrica.

Respecto al Miteco, el alcalde —que este martes tiene una entrevista en agenda—  mantiene una postura de exigencia directa, recordando que el Ministerio es el garante último de que la Transición Justa no sea un eslogan vacío. Guía considera que el “varapalo ambiental” emitido por el Ministerio no debe ser el final del camino, sino el inicio de una renegociación urgente. Su mensaje hacia Madrid es que, si el Gobierno ha limitado la potencia a Endesa por razones ecológicas, tiene ahora la responsabilidad política de buscar mecanismos legales para que esos megavatios sobrantes se queden en el territorio y no se pierdan en la red general.

El Gobierno de Aragón abandera

El diagnóstico es compartido con el Gobierno de Aragón porque no se trata solo de un problema local, sino de un golpe a un proyecto estratégico para toda la comunidad. “No estamos hablando solo de unos municipios, sino del conjunto de la provincia de Teruel y de Aragón”, ha señalado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

El Nudo Mudéjar estaba llamado a ser el eje de la reindustrialización de una zona marcada durante décadas por la dependencia del carbón. La reducción de la capacidad prevista —de 1.200 a 400 megavatios— supone, según ha advertido la vicepresidenta, un freno a las expectativas generadas durante años: “Lo que se consigue es frustrar unas expectativas que tenían que servir para compensar el esfuerzo de tantas décadas del territorio”.

El Gobierno de Aragón ha defendido la necesidad de articular una respuesta conjunta y ha señalado directamente a dos interlocutores: el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y Enel Green Power, adjudicataria del concurso.

Al Ministerio ya se le ha remitido un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se rechaza la nueva situación y se solicita que la capacidad de acceso a la red que no se utilice pueda destinarse a nuevos proyectos industriales o tecnológicos. “Es necesario que se ofrezcan alternativas”, ha insistido Vaquero.

El Ejecutivo autonómico solicitará una reunión con el Miteco —sin confirmar aún— y aspira a que en ella participen tanto el Gobierno como una representación de los alcaldes. “El Gobierno de Aragón defenderá los intereses de los municipios porque este es un proyecto estratégico para toda la comunidad”, ha afirmado.

En paralelo, se pedirá un encuentro con Enel para que explique las razones de la reducción del proyecto, que la empresa vincula a su viabilidad económica. “A Enel hay que exigirle que cumpla con las condiciones del concurso”, ha añadido.

El calendario sitúa en junio la resolución sobre la autorización administrativa previa, un plazo que el Ejecutivo considera clave para intentar influir en el desarrollo del proyecto. No obstante, ha advertido de que el retraso acumulado es ya irrecuperable: “El retraso de seis años es irrecuperable. Lo que no podemos permitir es seguir acumulando retrasos”.

Por ello, el Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio esté trabajando ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. “Hay zonas que no pueden esperar para su reindustrialización”, ha subrayado Vaquero.

En cuanto a posibles compensaciones también desde el Ejecutivo autonómico, Vaquero ha señalado que, por el momento, la prioridad es garantizar alternativas reales. “Las compensaciones que pedimos son alternativas que garanticen inversión, empleo y desarrollo”, ha explicado, sin descartar futuras acciones: “Llegado el caso, se estudiará la necesidad de pedir responsabilidades”.

El Gobierno de Aragón ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que dar los plazos y plantear las alternativas”.

Desbloquear la situación

Pese a la urgente necesidad de no dilatar más procesos en el teimpo, lo que a muchos no se les escapa es que el calendario de la transición justa para el Nudo Mudéjar no será tan rápido, si se tiene que rehacer, invalidando los hitos temporales pactados. Tras seis años de espera desde el cierre de la térmica, el recorte del 75% de la potencia de Endesa y la necesidad de tramitar nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental para cualquier alternativa obligan a reiniciar el cronómetro administrativo. Esta situación sitúa al territorio en una nueva fase, ya que la fabricación de electrolizadores o plantas de reciclaje genera incertidumbre ante la caída de la potencia renovable que debía alimentarlos, así como por los contratiempos en proyectos de hidrógeno verde como Catalina.

Ante este escenario, la posible readjudicación de los 796 MW liberados por Endesa a nuevos actores industriales abre un proceso de licitación que puede añadir años de burocracia adicional. Mientras el alcalde de Andorra y los municipios afectados exigen concreción inmediata para frenar la sangría económica, la realidad técnica dirá si el plan de reindustrialización ha vuelto a la casilla de salida. Lo único seguro es que el vuelco de marzo de 2026 confirma que los plazos originales son ya físicamente imposibles de cumplir, forzando al Ministerio y a las empresas a diseñar un nuevo cronograma que encaje en las actuales exigencias ambientales.

Durante la segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es expertos y expertas del sector energético se han reunido en la mesa redonda ‘El despliegue renovable y el impulso de los gases verdes’, moderada por Raúl Rejón, jefe de la sección de Sociedad de elDiario.es.

El encuentro arrancó poniendo sobre la mesa la oportunidad histórica que suponen las energías renovables y los gases verdes para la humanidad y el clima y se abrió la puerta a debatir sobre los desafíos que es necesario enfrentar para que esta oportunidad.

En ese sentido, Miguel Rodrigo, Director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), destacó la evolución vivida por las renovables en los últimos 20 años y cómo han pasado a suponer el 57% del mix energético del país y hacerse evidente que iban a ser las fuentes más competitivas en materia de generación eléctrica. “La oportunidad está clarísima y eso implica desafíos para adaptar el escenario energético, que es muy complejo. La mejor prueba de ello es que la CNMC está regulando los accesos flexibles, el Ministerio está regulando los accesos de centros de datos e hidrógeno, entre otras cosas para que se adapten a la realidad del sistema energético y liberen capacidad; y Red Eléctrica está regulando el agregador inteligente”. 

En la misma línea se pronunciaba Raquel Paule, Directora General de la Fundación Renovables, quien apuntaba que el principal desafío son las redes. “Ahora mismo, el cuello de botella se presenta sobre todo en los nudos. Según el último informe de la CNMC, el 84% de los nudos tenían un colapso, pero en permisos de acceso. Es decir, el colapso es administrativo, no es un colapso energético. Creo que es ahí donde hay que empezar a trabajar: lo primero en las conexiones flexibles, que eso es vital; y lo segundo es discernir cuántos de estos permisos de acceso llevan proyectos detrás y qué tipo de proyectos llevan para ver qué aportan al país y cuáles son puramente especulaciones”.

Óscar Barrero, Socio responsable de Energía en PwC España, puso el acento en la posición privilegiada que nuestro país tiene en la apuesta de Europa por una transición energética pensada no solo para cumplir con sus objetivos ambientales, sino también para asegurar su soberanía estratégica y su competitividad a largo plazo y señaló que el principal riesgo que se corre es el de no entender que esto es una transición en la que vamos a seguir conviviendo con la dependencia de recursos de terceros. “Tenemos que seguir asegurando una diversificación de fuentes, unas infraestructuras que nos permitan garantizar el suministro de lo que hoy es nuestras fuentes principales de suministro, a la vez que aceleramos en esa sustitución progresiva con fuentes renovables autónomas”.

En el caso de los gases verdes (principalmente hidrógeno y biometano), Adrien Souchet, Director de Biometano de Moeve, destacó el cambio de paradigma en las cadenas de suministro. Estas han pasado de priorizar la eficiencia en costes de la molécula a enfocarse en tener un sistema resiliente y autónomo en el aprovisionamiento. Tras destacar la posición ventajosa de España en la producción de estos gases verdes, sí que subrayó que “la resiliencia no puede ir en contra de la competitividad final. La energía es la base de la economía y necesitamos una energía barata para poder permitir a España seguir creciendo”. Además, subrayó que los nuevos vectores energéticos conllevan el desarrollo de nuevas cadenas de valor en la que cada eslabón (producción, transporte, almacenamiento y uso final de estos combustibles) tiene que funcionar de manera coordinada. 

Hacia la soberanía energética 

“Si nos vamos al mes de febrero, ya como punto mensual, el precio del pool en España fue de 16€ megavatio hora que es seis veces más barato que en Francia y que en Alemania y 10 veces más barato que en Europa”. Los datos los proporcionaba Miguel Rodrigo para ejemplificar cómo las renovables están funcionando ya como un escudo y poner en valor, frente a la vulnerabilidad de un modelo energético basado en el consumo de combustibles “el poder que podemos llegar a tener de desvincularnos en un grado bastante alto de estas fluctuaciones con un recurso nacional. Y yo creo que no nos lo acabamos de creer”. 

Óscar Barrero indicaba, por su parte, que “si nos fijamos en los acuerdos de compra de renovables, los PPAs, aproximadamente la mitad de los PPAs que se firman en Europa son en España, que tiene los mejores precios de PPAs en energía solar y uno de los mejores precios de PPAs de energía eólica en Europa”.  

En ese mismo abaratamiento quiso incidir Raquel Paule, pero para resaltar la importancia de avanzar en el despliegue de un almacenamiento que permita aplanar la curva de demanda y estabilizar el precio diario que tiene cada una de las horas de la energía. Además, destacó la necesidad de electrificar la demanda. “Hemos vivido un proceso de descarbonización en el lado de la oferta, pero el incremento de la demanda apenas se ha movido un 3-4%. Urge empezar a electrificar, sobre todo la movilidad, que tiene una dependencia energética cercana al 100%”.

En el camino hacia esa soberanía, los gases también jugarán un rol fundamental. “Se producen localmente, por lo cual al fin y al cabo lo que hacen es reducir nuestras importaciones de estas moléculas que normalmente importamos de otros países”, explicaba Adrian Souchet. ¿Datos? En el caso de, por ejemplo, el biometano, habló de “un potencial de 163 TWh y para poner esto en el contexto del consumo de gas natural de España, eso es más o menos el 40-50% del gas natural que a día de hoy se importa de otros países”.

Las declaraciones de seis testigos interrogados por la Guardia Civil en torno al caso Forestalia, incorporadas a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, trasladan negro sobre blanco la mecánica con la que los cargos del Ministerio de Transición Ecológica y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) trabajaban para favorecer presuntamente la aprobación de proyectos de renovables vinculados a la empresa zaragozana. Estas personas mencionan llamativos cambios de criterio para avalar las iniciativas más polémicas, como las del Clúster del Maestrazgo, pero también cómo los investigados alargaban los plazos entre los trámites para dar tiempo a que los promotores privados vendieran los proyectos “a terceros”.

En el centro del tablero, dos nombres ya conocidos, uno en Madrid y otro en Zaragoza: Eugenio Domínguez, subdirector de Gestión Ambiental en el Ministerio, y Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. En los márgenes, otros actores como Santiago Martínez Patón, secretario personal de Domínguez encargado de elaborar informes a través de Tragsatec –empresa pública a la que le transmitían proyectos con evaluación desfavorable para cambiar el sentido de la resolución–, o Andrés Medina, a quien Lobera nombró nuevo secretario general del Inaga para propiciar presuntamente el visado de las iniciativas de Forestalia. Ninguno de los dos últimos está formalmente investigado en la supuesta trama.

La forma de actuar por una y otra parte guarda patrones similares, siempre a tenor por lo que se desprende de los testimonios. Los técnicos que elaboraban informes desfavorables a los proyectos de renovables recibían presiones para cambiar su criterio o directamente eran relevados. Estos visados eran posteriormente avalados en ocasiones por personal sin la preparación necesaria, o bien tramitados por terceras empresas –públicas o privadas– para modificar el resultado de la correspondiente evaluación ambiental y que la tramitación de los proyectos continuaran.

Las declaraciones recogen además una conexión entre la parte de la trama aragonesa (Inaga) y la madrileña (Miteco). Una de las testigos interrogadas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, técnico del Miteco, da cuenta de su conversación con una de las empleadas del Inaga que también figuran como testigos. Fue a cuenta de un proyecto de Forestalia informado negativamente por el Inaga: tras cuestionar Eugenio Domínguez el porqué de este rechazo, hubo una nueva solicitud desde el Ministerio al Gobierno de Aragón y el nuevo informe era ya favorable. Al cotejar las dos empleadas los documentos, comprobaron que era un “corta y pega” pero “omitiendo completamente las conclusiones negativas” iniciales. Entre mayo y octubre de 2022, según trasladó una testigo a la otra en la misma conversación, el Inaga había sacado adelante “90 trámites de audiencia” que suscribió no un técnico, sino un jurídico (Andrés Medina).

En este punto, la trabajadora de Transición Ecológica aporta otra clave sobre la mecánica de la trama: dejaban pasar “mucho tiempo entre el trámite de audiencia y la resolución”, según lo que traslada a la Guardia Civil, para que así las empresas pudieran “negociar y vender los proyectos a terceros”.

En este contexto, un empleado que ocupó el cargo de técnico del Miteco durante seis años da cuenta, respecto del Clúster del Maestrazgo, de una “propuesta de reunión proveniente de la Embajada de Dinamarca”, interesada “en dicho proyecto”. Hay que recordar que el Clúster fue vendido por Forestalia al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) .

El “descaro” de la relación entre Lobera y Forestalia

Sobre Lobera, los empleados del Inaga inciden en la “relación estrecha” que mantenía con el fundador y presidente de Forestalia, Fernando Samper, y con Carlos Ontañón, directivo de esta empresa y exdirector del Inaga en el Gobierno de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR). Hasta el punto, relata uno de ellos, de que “se reunía semanalmente para comer”, algo que habría confirmado incluso el conductor de Lobera. La otra testigo del Inaga asegura por su parte que era “tal el descaro” que recibió una llamada de su entonces director en el que este le comentó abiertamente que estaba comiendo “con los de Forestalia” y le cuestionó por un proyecto concreto.

Otro ejemplo fue una reunión en el despacho de Lobera en la que Ontañón y Luis Marruedo, exalto cargo del PAR en el Gobierno de Aragón y ahora también directivo en Forestalia, en el que ambos presentaron el Clúster del Maestrazgo. Ambos aspiraban a que la iniciativa se tramitara en 22 parques de 50 MW, lo que para el empleado del Inaga constituía “un fraccionamiento evidente”.

Por otro lado, la trabajadora del Inaga interrogada por la Guardia Civil también apuntan a un presunto enriquecimiento por parte de Lobera y el secretario general que designó, Andrés Medina. Del primero, relata que “cambiaba varias veces de coche particular”, vehículos de “alto nivel” como un Audio Q5, y ello pese a tener asignado coche del Gobierno de Aragón y conductor. De Medina, da a conocer que “adquirió un piso en la torre situada al lado de la estación del AVE de Zaragoza”, la intermodal, una “vivienda muy cara de alto standing”.

Los dos empleados del Inaga que han prestado testimonio a los agentes de la UCOMA terminaron apartados de la tramitación de proyectos de renovables en este organismo y trasladados a otras funciones.

El Parque Municipal de Jardinería ha puesto en marcha una nueva instalación renovable y gasinera para la carga de vehículos eléctricos e híbridos. Se trata de una instalación fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento energético ubicada en la zona de Monte del Cristo, en las instalaciones municipales de jardinería, y una gasinera, que ya está en funcionamiento. Surtirán el 60% de la energía necesaria para la flota de vehículos que se emplea para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

Tal y como ha explicado López, “el proyecto contempla una potencia renovable solar instalada de 128,52 kWp, combinada con un sistema de baterías de almacenamiento de 105,21 kWh, lo que permitirá generar aproximadamente 158,41 MWh anuales de energía renovable. De esta producción, cerca del 74% será autoconsumida directamente, cubriendo en torno al 58,6% del consumo eléctrico anual del suministro”. Esto supone, en palabras del edil, “un ejemplo más de la apuesta del consistorio por una ciudad más verde, más eficiente y sostenible”. 

La instalación fotovoltaica, que se realizará de forma inminente, está compuesta por 252 módulos fotovoltaicos de alta eficiencia y un inversor híbrido trifásico de 100 kW, integrados sobre una cubierta coplanar optimizada para maximizar el rendimiento energético. El sistema de almacenamiento permite gestionar de forma más eficiente la energía generada, incrementando el nivel de autoconsumo y reduciendo la dependencia de la red eléctrica en los periodos de menor producción solar.

Además, la solución ha sido diseñada teniendo en cuenta las condiciones específicas del emplazamiento, incluyendo orientación, inclinación y superficie disponible, garantizando un equilibrio óptimo entre producción, consumo y almacenamiento. El concejal de Medio Ambiente ha destacado que “gracias a la implementación de este sistema, se estima un ahorro económico anual desde el primer año, con una mejora progresiva a lo largo de la vida útil de la instalación”.

Según los expertos, a largo plazo, el proyecto permitirá alcanzar un ahorro acumulado significativo en torno a los 400.000€ en 25 años, derivado tanto de la reducción del consumo de energía de red como de la estabilidad del modelo energético implantado. Adicionalmente, la instalación contribuirá “no sólo a reducir la exposición a la volatilidad del mercado eléctrico, sino también a mejorar la eficiencia energética del suministro, así como a optimizar la gestión del consumo mediante generación distribuida y almacenamiento”.

Desde el punto de vista ambiental, la instalación permitirá evitar la emisión de aproximadamente 47,8 toneladas de CO₂ al año, equivalente al impacto positivo de miles de árboles en términos de absorción de carbono. Este proyecto se enmarca en las políticas municipales orientadas a la circularidad, descarbonización, la mejora de la eficiencia energética y el impulso de las energías renovables en el ámbito local.

El Gobierno de Aragón en funciones ha reivindicado la mejora del funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en los últimos dos años, poniendo el acento en la reducción del atasco de expedientes y en la modernización del organismo. En este contexto en el que el organismo está en entredicho por la tramitación de expedientes de renovables de la empresa Forestalia, el consejero de medioambiente, Manuel Blasco, ha justificado que el uso de consultoras externas en etapas anteriores podría responder a la necesidad de cumplir plazos y evitar la caducidad de proyectos, especialmente en renovables. Igualmente, ha marcado un perfil de prudencia al no solicitar la paralización de los expedientes vinculados a Forestalia, remitiéndose a la investigación judicial abierta desde hace cuatro años.

El Ejecutivo ha ofrecido hoy datos sobre la evolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), con los que Blasco ha asegurado que “el plan de agilización puesto en marcha en 2024 está dando resultados visibles en la tramitación de expedientes”, especialmente en el ámbito de las energías renovables.

El consejero de Medio Ambiente en funciones, Manuel Blasco —quien no continuará en el próximo Ejecutivo por decisión propia—, ha defendido la gestión actual del organismo, subrayando una reducción significativa del atasco administrativo sin rebajar los controles ambientales. Según los datos facilitados, el Inaga ha pasado de 7.500 expedientes activos a 4.400, lo que supone una reducción del 41%. En cuanto a los expedientes fuera de plazo, estos han descendido de 4.875 a 2.750, un 44% menos. El propio Blasco ha reconocido que, “aunque la evolución es positiva, aún se necesita más tiempo para normalizar completamente la situación”.

El actual periodo de reorganización del instituto comenzó en agosto de 2023, con la incorporación de su director en noviembre de ese mismo año, mientras que el plan de agilización se presentó en junio de 2024. Desde entonces, el Gobierno autonómico saca pecho tanto en la reducción del atasco como de la modernización interna del organismo.

Digitalización y refuerzo de plantilla

Uno de los principales cambios ha sido la digitalización de los procedimientos. El Inaga ha pasado de no contar con expedientes electrónicos a tramitar el 80% en formato digital, con más de 9.500 expedientes al año. Además, se ha implantado la autoliquidación de tasas y se han incorporado herramientas de inteligencia artificial para la comprobación de documentación.

A ello se suma el refuerzo de la plantilla, que ha pasado de 72 a 86 trabajadores, con la creación de 14 nuevas plazas, el mayor incremento en la historia del organismo. También se ha potenciado el papel de medios propios del Gobierno de Aragón, como Sarga o la Aragonesa de Servicios Telemáticos, para apoyar la tramitación y el desarrollo informático, de la misma manera que también se hacía con el gobierno anterior.

Consultoras externas

En paralelo, el Ejecutivo ha destacado la práctica eliminación del recurso a consultoras externas. Según ha señalado Blasco, su uso se ha reducido, “nada más y nada menos” que en un 99,5%, hasta el punto de que en la actual etapa no se ha encargado ningún expediente de impacto ambiental vinculado a renovables a empresas externas, frente a los 342 tramitados por esta vía en 2021 y 2022.

El consejero, sin embargo, ha enmarcado aquella práctica en un contexto diferente, marcado por la acumulación de expedientes y los plazos de caducidad de los proyectos. “Yo creo que el problema que hubo hace años es que el gobierno central da a las compañías eléctricas unos plazos y una potencia a desarrollar y, por tanto, había que dar celeridad a la resolución de expedientes para que no caducaran por falta de tramitación, lo que quizá llevó a la contratación masiva de consultoras externas”, ha explicado Blasco. Al mismo tiempo, ha recordado que en la comisión de investigación que se desarrolló en el parlamento aragonés no se detectaron irregularidades, en parte por las limitaciones de control frente a las capacidades de investigación judicial, ya que “no es lo mismo investigar en una comisión que estar delante del juez”.

En relación con las investigaciones abiertas sobre expedientes vinculados a Forestalia, Blasco ha reiterado que el Gobierno opta por la prudencia y no solicitará su paralización. “Esperamos el pronunciamiento de los jueces, que es lo más prudente y efectivo”, ha afirmado, recordando que la causa lleva cuatro años en instrucción.

Asimismo, ha insistido en la voluntad de transparencia del Ejecutivo, asegurando que todos los expedientes serán remitidos a las Cortes de Aragón, tal y como ha solicitado el PSOE. El Gobierno, además, se ha personado como perjudicado en el proceso judicial para tener acceso a la información y poder ejercer, en su caso, la acusación particular.

Durante esta etapa también se han regularizado aspectos administrativos pendientes, tal como detectó en su informe la Cámara de Cuentas de Aragón. En junio de 2024, el consejo del Inaga aprobó las memorias y cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, que no se habían presentado en tiempo y forma. Según el Ejecutivo, esta puesta al día se realizó en un plazo reducido.

Por último, el Gobierno ha subrayado el incremento de la inversión, con cuatro millones de euros adicionales, y ha defendido el actual modelo del Inaga frente a propuestas de transformación en dirección general. Blasco ha recalcado que el organismo cuenta con personal funcionario que accede por oposición y cuya labor está orientada a la defensa del interés público.

Con todo, el Ejecutivo insiste en trasladar una idea de normalización tras años de acumulación de expedientes y tensión administrativa. El Gobierno en funciones sostiene que el Inaga ha entrado en una fase de mayor capacidad de gestión, apoyada en la digitalización, el refuerzo de personal y el uso de medios propios, y que los resultados empiezan a ser visibles en los plazos de tramitación.

Aun así, reconoce que el proceso no está completamente culminado y que será necesario mantener el esfuerzo en los próximos años para consolidar la reducción del atasco. Mientras tanto, el Ejecutivo opta por combinar la defensa de su gestión con un mensaje de prudencia en los asuntos judicializados, a la espera de que sean los tribunales quienes determinen posibles responsabilidades.

Mientras la batalla policial y judicial en torno a Forestalia acapara titulares, en paralelo se consolidan victorias silenciosas del mundo rural. Una de las más significativas se ha producido en Ejea de los Caballeros, cuyo pulso con el gigante energético ha terminado marcando un precedente para todo Aragón. El municipio cincovillés ha logrado algo poco habitual: sentar jurisprudencia en defensa de la autonomía local frente a grandes proyectos empresariales, en un contexto de creciente tensión entre desarrollo energético y territorio.

La polémica comenzó en febrero de 2022, cuando el Ayuntamiento suspendió el otorgamiento de licencias para proyectos fotovoltaicos y eólicos con el objetivo de tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ordenara el territorio, protegiera el uso agrícola y preservara el paisaje y la biodiversidad, en línea con la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón. El Ayuntamiento tomó la iniciativa para garantizar la seguridad jurídica y defender los intereses del municipio y la medida bloqueó inicialmente toda la tramitación de proyectos de Forestalia, que pretendía instalar casi 300 aerogeneradores de más de 200 metros de altura, acompañados de líneas de muy alta tensión y otras infraestructuras asociadas.

La modificación del PGOU siguió un proceso complejo durante varios años, desde la aprobación inicial en febrero de 2023, con participación de todos los grupos políticos hasta que en marzo de 2024, el Consejo Provincial de Urbanismo aprobó la modificación de manera definitiva.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, la socialista Teresa Ladrero, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como una “victoria legal y moral” que refuerza la autonomía local para ordenar su territorio. Ladrero explica además que la defensa de la autonomía municipal no supone oponerse a las energías renovables, sino ordenarlas sin imposiciones externas.

En el Ayuntamiento de Ejea hubo posturas contrapuestas. El equipo de gobierno socialista, en coalición con IU, recuerda “las numerosas presiones” de la oposición, que pedía negociar con Forestalia “para ponerles alfombra roja”. Pero atendiendo al proceso de modernización agraria que sigue Ejea, se pudo suspender el Plan General y desarrollar los estudios correspondientes para aprobarlo defiitivamente en 2023 y ubicar los aerogeneradores en cerca de 6.000 hectáreas de secano. Se logra así compatibilizar todos los usos y proteger la economía y los recursos estratégicos del municipio.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), del 5 de febrero de 2026, cambia las reglas del juego a favor de los municipios. El tribunal dictaminó que el urbanismo es una competencia local plena y si un ayuntamiento decide que su modelo de desarrollo es agrícola o paisajístico, tiene derecho a prohibir molinos en esas zonas específicas. El TSJA permite a Ejea ordenar su territorio y el fallo establece que los proyectos industriales, por muy “necesarios” que sean, deben adaptarse al planeamiento del municipio y no al revés. La resolución de febrero de 2026 condena en costas a Forestalia y frena el “interés general” como excusa, por lo que el Ayuntamiento tiene la palabra sobre dónde se pone cada molino o placa.

También en el Pirineo se ha dado la razón a los ayuntamientos de Sabiñánigo y Jaca para modificar sus PGOU. La sentencia 389/2024 del TSJA desestimó íntegramente el recurso de la empresa Enerland Generación Solar 7, que pretendía construir seis parques fotovoltaicos de 100 hectáreas en los núcleos de Borrés y Pardinilla.

Otros municipios de las Cinco Villas y la Ribera Alta siguen el mismo camino para frenar la imposición de macroproyectos similares.

Luceni y Pedrola: La rebelión de la huerta

A decenas de kilómetros de Ejea, en la Ribera Alta del Ebro, los municipios de Luceni y Pedrola tambié siguen librando una batalla de cinco años para evitar que su pequeña, pero rica huerta, se conviertan en un mar de acero y fibra de vidrio.

Inicialmente, Luceni ofreció otros terrenos a Forestalia en la parte del monte, una zona de poco interés ambiental, entre la autovía y la autopista. También el Ayuntamiento de Pedrola se opuso a la implantación de su parque de 4 molinos junto a la huerta porque en esta zona ya hay muchas plantas de renovables. Sin embargo, el interés de la empresa era la ubicación junto al canal que seguía la línea de evacuación hacia el norte.

Siete aerogeneradores de 42 MW en dos parques iban a instalarse en el término municipal de Luceni (6 MW por molino, produciendo lo mismo que 12 molinos antiguos de los años 90), afectando también a las lindes de Boquiñeni y Tauste. El impacto visual es evidente, pues son máquinas con una altura de buje de unos 120 metros y palas de 80 metros, lo que suma una altura total de 200 metros, equivalente a un rascacielos de 60 plantas.

Otros dos parques tienen previsto, según la última Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 8 molinos, principalmente en Pedrola y Figueruelas (muy cerca de la planta de Stellantis), con una potencia de 48 MW.

La plataforma vecinal “El Juncar es Vida” dio la voz de alarma ante molinos de casi 200 metros de altura, proyectados sobre suelos de huerta tradicional y zonas de alta sensibilidad geológica por riesgo de hundimientos (karstificación). La sospecha de los vecinos era que los proyectos estaban “fragmentados” para evitar el control del Ministerio y ser aprobados por el órgano autonómico (INAGA).

El primer triunfo de los municipios llegó con la publicación en el BOE el 16 de octubre de 2024. El Ministerio de Transición Ecológica declaró la caducidad de los permisos de acceso de Secretariat y otros parques vinculados a la línea de evacuación de Muy Alta Tensión (MAT) que debía llevar esa energía hasta Álava pero que topó con el rechazo frontal del Gobierno de Navarra y la Diputación de Álava. Sin “enchufe” donde llevar la energía, el proyecto de Luceni y Pedrola decayó administrativamente.

El giro estratégico y el “Proyecto Toro”

Lejos de rendirse, Forestalia reorientó su estrategia. Con la caída de la ruta hacia Navarra, la empresa vinculó sus recursos eólicos al “Proyecto Toro”, un plan de Interés General de Aragón (PIGA) diseñado para alimentar la futura gigafactoría de baterías de Stellantis en Pedrola/Figueruelas.

Bajo este nuevo paraguas industrial, la empresa intentó reactivar la implantación de aerogeneradores en la zona, alegando que la energía ahora era para el “consumo local” de la industria automotriz.

De esta forma, Securita y Secretariat, los nombres originales de la fase de “exportación a Navarra”, se han reconfigurado técnicamente bajo los nombres de Silvano y Sición. En la práctica, son los mismos emplazamientos: 7 molinos en la zona de Luceni y 8 en la zona de Pedrola/Figueruelas.

El blindaje legal de los ayuntamientos

Al igual que Ejea, Pedrola y Luceni pasaron al ataque legal modificando sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento de Pedrola ha sido muy activo en el uso de sus competencias urbanísticas. La Modificación Aislada Nº 5 del PGOU de Pedrola (Zona Huerta) se publicó en el BOPZ el 26 de agosto de 2025, a través del artículo 125 que prohibe taxativamente parques eólicos y fotovoltaicos en Suelo No Urbanizable Especial. Aunque la Comisión de Urbanismo de Aragón (CUA) validó inicialmente esta redacción para proteger el “ecosistema agrario de huerta”, el proceso administrativo aún no ha concluido, ya que la Comisión tiene pendiente resolver formalmente las alegaciones de Forestalia, que impugna la norma y que determinará si el interés municipal de Pedrola prevalece sobre el “Interés General” invocado por el Proyecto Toro de Stellantis.

Por su parte, la Modificación nº 4 del PGOU de Luceni fue una maniobra de jurídica que comenzó con la aprobación municipal de nuevas normas para proteger la huerta y culminó con la resolución del INAGA del 18 de abril de 2024 (publicada en el BOA el 7 de junio), la cual validó por la vía rápida que este cambio urbanístico no requería un largo estudio ambiental ordinario. Al obtener este visto bueno técnico de la administración autonómica, el Ayuntamiento adquirió la potestad legal para suspender de inmediato la concesión de licencias de obras, dejando los proyectos de Forestalia en un “limbo” administrativo que impidió su construcción y provocó que sus permisos estatales caducaran por falta de avance.

La sentencia del TSJA del 5 de febrero de 2026 que da la razón a Ejea es un blindaje también para Luceni y Pedrola, pues el precedente judicial afecta a las alegaciones de Forestalia, que argumentaba que los ayuntamientos no podían prohibir sus parques, porque blindan legalmente la protección de la huerta.

Alfanar Energía, empresa promotora de la planta fotovoltaica ‘Haza del Sol’, ha dado un plazo de quince días a un grupo de propietarios de Fuentelencina, un pequeño pueblo de Guadalajara, que no quiere arrendarles sus terrenos para este proyecto.

Les ha remitido una carta, a la que ha tenido acceso este medio, en la que afirma que en el caso de no recibir respuesta en dicho plazo para un “acuerdo amistoso”, considerará que no desean alcanzar un acuerdo y procederá a incluir los terrenos “dentro de la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública”, paso previo a una posible expropiación.

Ecologistas en Acción, que denuncia estos hechos, detalla que el proyecto de parque solar ‘Haza del Sol’ tiene una extensión de 275 hectáreas, pero hay 94 hectáreas que no han sido cedidas por los vecinos.

Su tramitación comenzó en 2021, pero los titulares de los terrenos se quejan de que no fueron informados adecuadamente, según apuntan los ecologistas. Afirman que el ultimátum les deja “indefensos bajo una gran presión y que se limita su capacidad de negociación”.

Este colectivo dice tener “dudas” sobre la viabilidad real de la planta fotovoltaica, puesto que, según señala, está “pendiente un conflicto” entre Alfanar y Red Eléctrica sobre los plazos para habilitar las infraestructuras necesarias para la evacuación de la electricidad generada.

Tierras cultivadas por agricultores locales

La línea prevista tiene una longitud de 48 kilómetros y conectaría Fuentelencina con la subestación de Alcalá de Henares, atravesando regadíos, monte bajo y áreas arboladas.

Buena parte de las 94 hectáreas que no han sido arrendadas están siendo cultivadas por agricultores locales, por lo que su cesión implica “pérdida de actividad agraria y de puestos de trabajo en un contexto en el que se pretende frenar el éxodo rural”.

Subrayan los ecologistas que estos vecinos no se oponen al desarrollo de energías renovables, pero que el proceso tiene que desarrollarse “con transparencia, garantías y equilibrio con la protección del medio”. Solicitan asimismo la intervención de las administraciones competentes para revisar el procedimiento y “garantizar la salvaguarda de los derechos de los propietarios, el empleo agrario y el futuro del municipio”. No descartan emprender acciones legales.

Este medio se ha puesto en contacto por escrito con la empresa promotora del proyecto para recoger su valoración, sin que por el momento haya habido respuesta.

Fuentelencina forma parte de un área de Guadalajara en el que, junto con la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, están proliferando las plantas fotovoltaicas. Desde hace dos años varias entidades de la zona se han movilizado para mostrar su oposición bajo los lemas ‘No queremos campos de cristal’ y ‘Fotovoltaicas así no’.

Grupo Aresol, tras una etapa de crecimiento y consolidación en España, inicia un nuevo período marcado por la expansión internacional y la diversificación de su actividad dentro del ámbito de las energías renovables y las tecnologías sostenibles. La compañía afronta este nuevo ciclo con el objetivo de consolidar su modelo empresarial y ampliar su presencia en mercados estratégicos vinculados a la transición energética.

El primer paso de esta estrategia es el desembarco en Italia con la creación de Aresol Italia, una iniciativa con la que el grupo busca impulsar su presencia en mercados internacionales replicando el modelo de negocio que ha consolidado a la compañía en el sector energético. El mercado italiano se presenta como una oportunidad para trasladar esta experiencia a un contexto europeo en pleno proceso de transformación energética.

En esta nueva etapa de desarrollo empresarial, Javier Roncal, hasta ahora director financiero, ha asumido recientemente la dirección general del grupo. Este cambio se enmarca en un momento de impulso estratégico para la empresa, que afronta una fase de expansión y diversificación de su actividad.

La internacionalización se acompaña además de una estrategia de diversificación que pretende ampliar el papel del grupo dentro del ecosistema energético. Aresol trabaja en el desarrollo de soluciones vinculadas a la economía circular y a nuevas tecnologías sostenibles que complementen su actividad en el ámbito de las energías renovables.

En esta línea se enmarca el acuerdo alcanzado con Ecolomondo Corporation para el desarrollo de plantas de pirólisis de neumáticos, una tecnología orientada a la valorización de residuos y a la recuperación de materiales reutilizables. Este proyecto refuerza la apuesta del grupo por modelos productivos más sostenibles y por soluciones que permitan avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos.

Otro de los movimientos estratégicos recientes ha sido la adquisición de Ingeniería Agrest SRL, una firma de ingeniería industrial y energética con sede en Buenos Aires y más de 50 años de experiencia en el desarrollo de soluciones energéticas en el ámbito de la termodinámica para plantas industriales. La compañía cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo y construcción de proyectos a medida para la valorización de residuos a ambos lados del Atlántico, lo que permitirá a Aresol reforzar sus capacidades técnicas y ampliar su alcance en el ámbito industrial.

En paralelo a esta estrategia de internacionalización y diversificación tecnológica, el grupo sigue avanzando en el desarrollo y construcción de nuevos parques solares, e instalaciones de autoconsumo industrial en España. A su vez, en los próximos meses está previsto que Aresol Renovables ponga en funcionamiento los parques fotovoltaicos en La Rioja Alta, una iniciativa que supondrá una inversión aproximada de 320 millones de euros. Estas instalaciones generarán alrededor de un tercio de la energía que se consume en La Rioja y permitirán evitar la emisión de unas 220.000 toneladas de CO2 al año, una reducción equivalente al efecto medioambiental que supondría la plantación de siete millones de árboles.

Con estos movimientos, Grupo Aresol busca reforzar su posicionamiento en el sector energético, ampliar su presencia internacional y consolidar un modelo empresarial orientado a la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas soluciones vinculadas a la transición energética.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles que el Departameto ya está analizando la documentación solicitada sobre Forestalia para ser enviada a la Justicia.

Aagesen ha realizado este anuncio al ser interpelada en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el diputado del PP Jaime de Olano sobre el caso de corrupción medioambiental que afecta a su Ministerio y a la empresa de renovables Forestalia.

En su respuesta, la ministra ha defendido que el Gobierno de España aplica la máxima de “tolerancia cero contra la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima transparencia”. “Además, también quiero que usted sepa que los expedientes sujetos a esta investigación se encuentran recurridos y actualmente suspendidos por vía administrativa”, ha añadido al respecto.

Aagesen ha roto asimismo una lanza en favor del trabajo de su Ministerio y ha asegurado que “se hacen y han hecho bien las cosas”, ya que desde el primer momento se ha trabajado para “desbloquear una transición energética que venía totalmente parada”.

“Durante el año 2012 hasta el año 2018 en Europa crecieron las energías renovables un 86%, en España prácticamente nada. Ha llegado este gobierno y ha crecido un 150%, creando competitividad, creando un sistema energético más resiliente y oportunidades”, ha recriminado al diputado popular.

Asimismo, ha subrayado que, en un contexto “tan complicado” como el actual“, la política del gobierno, alejándose de los combustibles fósiles, ha demostrado ser la acertada, ya que permite al país ser ”más resiliente“ y, además, le sitúa en ”una posición muy favorable respecto sus colegas europeos“.

“Desde luego le puedo asegurar que este gobierno y este ministerio actúa con rigor, con responsabilidad y también espero que ustedes hagan lo mismo, y espero que lo hagan cuando presentemos ese plan de respuesta integral contra la guerra”, aseveró.

El PP acusa al Miteco de “operar como una organización criminal”

Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de “operar una organización criminal, sin que hiciera nada ante las advertencias de los funcionarios”.

“Señora Aagesen, dice que han hecho bien las cosas. Cualquiera diría que no ha habido un apagón en España y que nos han dejado a cero como Cuba, por su incompetencia”, afirmó.

De Olano consideró que “cuando hay confesiones de los delincuentes, expedientes manipulados y mordidas multimillonarias, el silencio no es prudencia”. “Esto que hacen ustedes no es transición. Es pura corrupción con etiqueta verde”, dijo.

Señor 'E'

Desde la Plataforma Paisajes de Teruel, por su parte, cargan contra “la corrupción en el modelo español de energías renovables que ha comenzado a supurar por la grieta de Forestalia y del 'Señor E', Eugenio Domínguez (exsubdirector de evaluación ambiental del Miteco)”.

Interpretan que el caso del llamado 'Señor E' no debe entenderse como un episodio aislado, sino como un indicio de un problema más amplio vinculado al desarrollo del modelo de energías renovables en España. Según exponen, centrar la atención en una sola figura podría conducir a un cierre en falso que deje sin esclarecer posibles responsabilidades estructurales.

La plataforma plantea que, en un contexto de fuerte impulso político a las renovables, se habrían producido decisiones administrativas —especialmente en materia de evaluación ambiental— que hoy resultan cuestionadas. Estas prácticas, sostienen, no se limitarían a un único proyecto o empresa, sino que afectarían a distintos territorios y actores.

Asimismo, se señala que las reacciones institucionales, tanto a nivel estatal como autonómico, generan dudas sobre su alcance real, al percibirse más orientadas a contener el impacto del escándalo que a una revisión profunda de lo ocurrido. En paralelo, se subraya el impacto que estos proyectos han tenido en zonas rurales, donde se habrían concentrado buena parte de las actuaciones.

En conjunto, desde la plataforma se sugiere que lo que está saliendo a la luz podría formar parte de una dinámica más extendida, y se advierte del riesgo de que, sin una investigación exhaustiva, se repitan patrones ya vistos en otros episodios de corrupción en España.

Aragón produce más del doble de la electricidad que consume, pero esa ventaja energética no garantiza por sí sola la llegada de nuevas inversiones industriales o tecnológicas. El principal problema, según advierte un informe presentado este martes por la Fundación Basilio Paraíso –impulsada por la Cámara de Comercio de Zaragoza–, es que la red eléctrica no siempre tiene capacidad para llevar esa energía hasta los lugares donde quieren instalarse los proyectos.

El estudio, titulado 'El punto de inflexión energético para Aragón' y elaborado por la consultora PwC, analiza la situación energética de la comunidad y los retos que afronta para atraer nuevas inversiones. “Con este estudio pretendemos contestar a tres cuestiones; producimos el doble, pero cómo se puede beneficiar la comunidad autónoma; cómo podemos favorecer a nuestras PYMES, y cómo se crea este ecosistema para que seamos más competitivos”, ha explicado el secretario de la entidad, José Miguel Sánchez.

Mucha producción y poco consumo

Los datos reflejan el peso energético de Aragón. En 2025 la comunidad produjo 22.365 gigavatios hora (GWh) de electricidad, mientras que su consumo interno fue de 10.659 GWh. Es decir, genera más del doble de la energía que utiliza y exporta alrededor de 11.700 GWh al año a otros territorios.

Este superávit se explica por un parque energético amplio y mayoritariamente renovable. Aragón cuenta con 13.793 megavatios de potencia instalada y el 82,5 % corresponde a energías renovables, sobre todo eólica y fotovoltaica. Sin embargo, el reto ya no es producir más energía, “sino poder entregarla allí donde se sitúan las nuevas inversiones industriales y energéticas”, recoge el estudio.

El socio de PwC y autor del informe, Óscar Barrero, ha insistido en esa idea durante la presentación: “La energía es una ventaja competitiva para Aragón, pero la energía sola no vale, necesitamos infraestructura para conectarla con la demanda. Sino somos capaces de hacer las cosas de forma eficaz, la oportunidad no será tan grande o se marchará”.

Una red con capacidad limitada y los centros de datos

El informe identifica limitaciones en la infraestructura de transporte como un condicionante principal. Según los mapas del operador del sistema, existen 54 nudos sin capacidad disponible para nuevas conexiones de demanda. El estudio detecta además una “brecha relevante” entre la potencia autorizada y la que está en servicio : de los 30 nudos con capacidad otorgada, solo 10 tienen demanda en operación. Esto implica que solo el 12,7% de la capacidad concedida está actualmente en funcionamiento. Según el documento, esta falta de materialización de los proyectos puede generar “bloqueos en el acceso y conexión” para nuevas inversiones industriales.

El informe también apunta al aumento de la demanda eléctrica ligado a la electrificación de la industria y al crecimiento de la economía digital, especialmente los centros de datos. Actualmente Aragón cuenta con 108 megavatios de potencia IT instalada en este tipo de instalaciones, lo que equivale aproximadamente a 162 megavatios de potencia eléctrica real. Estas infraestructuras ya representan cerca del 14 % del consumo eléctrico final de la comunidad.

Las previsiones del Plan Energético de Aragón 2024-2030 apuntan a un crecimiento aún mayor, con hasta 3,7 gigavatios asociados a centros de datos y otros 1,7 gigavatios vinculados a grandes consumidores electrointensivos.

Para las empresas que quieren instalarse, uno de los factores decisivos es el llamado “time-to-power”, es decir, el tiempo que pasa desde que se obtiene el permiso de acceso a la red hasta que el suministro eléctrico está disponible. “Cuanto menor sea ese plazo, mayor será la capacidad de un territorio para atraer proyectos industriales y tecnológicos”, señala el informe.

Aunque la planificación de la red hasta 2030 podría habilitar alrededor de 15,2 gigavatios de nuevos puntos de conexión –una cifra superior a la demanda potencial prevista–, el estudio advierte de que el principal reto será ejecutar las infraestructuras necesarias y acelerar la puesta en marcha de los proyectos.

El planeta contiene una reserva casi ilimitada de líquido salado capaz de alimentar nuevos sistemas energéticos. El agua del mar puede transformarse en combustible si la electricidad renovable separa su hidrógeno y permite almacenarlo después para mover motores. Esa posibilidad despierta interés porque millones de litros rodean cada puerto del mundo y están disponibles sin transporte previo.

Cuando el agua se convierte en hidrógeno, la energía almacenada en ese gas puede impulsar maquinaria sin quemar combustibles fósiles. La idea resulta atractiva para el transporte marítimo, donde el diésel domina desde hace décadas. De ahí surge la búsqueda de métodos que conviertan agua de mar en energía utilizable para barcos.

Una alternativa naval intenta dejar atrás décadas de motores de petróleo

Investigadores de Brunel University London trabajan con la empresa Genuine H2 en un sistema que intenta demostrar esa idea en el mar. Ambos desarrollan GH2DEM, un demostrador que busca probar una alternativa al diésel en ferris, barcos de trabajo y pesqueros.

El proyecto reúne en un mismo proceso la producción del gas, su almacenamiento y su uso en un motor preparado para sustituir al diésel. El profesor Xinyan Wang, de Brunel University London, explicó que el objetivo consiste en “tomar agua de mar, convertirla en hidrógeno con electricidad renovable, guardarla a bordo como sólido y usarla en el motor en vez de diésel”.

La iniciativa aparece en un momento en que el transporte marítimo enfrenta presión internacional para reducir emisiones. Distintas estimaciones sitúan el impacto del sector en alrededor del 3% de los gases de efecto invernadero del planeta, con más de mil millones de toneladas de dióxido de carbono liberadas cada año. En puertos y zonas costeras, esos gases se traducen en humos y motores que funcionan durante largas horas.

La International Maritime Organization y la Unión Europea impulsan cambios hacia combustibles con menos emisiones, entre ellos amoníaco o metanol de origen renovable. Sin embargo, el hidrógeno lleva años sobre la mesa como opción energética, aunque su almacenamiento en barcos ha planteado problemas de espacio, seguridad y coste.

Una nueva tecnología separa el gas del líquido marino sin desalinización

El proyecto británico intenta superar parte de esas dificultades con un sistema de electrólisis adaptado al agua de mar. Los investigadores utilizan electrodos diseñados para separar hidrógeno sin pasar antes por una planta de desalinización.

Ese paso previo suele requerir mucha energía, por lo que eliminarlo reduce consumo y complejidad. Además, los materiales de los electrodos están preparados para resistir la corrosión que provoca la sal. El diseño también busca evitar la formación de cloro, un riesgo habitual cuando se aplica electrólisis directamente al agua marina.

Una vez generado el hidrógeno, el sistema no recurre a depósitos presurizados ni a tanques criogénicos. Genuine H2 afirma que utiliza una película nanométrica capaz de retener el gas en estado sólido a temperatura ambiente y presión normal.

Ese método ocupa menos volumen que los depósitos convencionales y facilita su uso en embarcaciones donde cada metro resulta valioso. El combustible sólido puede liberarse después para alimentar el motor cuando sea necesario.

Las pruebas comienzan en tierra antes de llegar a barcos reales

El motor desarrollado dentro del proyecto funciona mediante combustión interna, pero utiliza hidrógeno como único combustible. Este enfoque permite aprovechar la experiencia existente en motores pesados ya conocidos por astilleros y talleres navales. Cuando el hidrógeno se quema en esas condiciones, el escape produce vapor de agua en lugar de dióxido de carbono. Wang explicó que “el agua se convertirá en energía”, una idea que resume el propósito del sistema.

El demostrador recibe financiación del Department for Transport a través del programa UK SHORE y de Innovate UK, con un apoyo total de 1,44 millones de libras dentro de una iniciativa de unos 30 millones destinada a reducir emisiones en la navegación británica. El proyecto cuenta además con la participación del Centre for Process Innovation (CPI) para demostrar que la tecnología puede fabricarse con cadenas industriales del Reino Unido.

Las primeras pruebas se realizan en tierra, donde un motor pesado instalado en el campus funciona con el electrolizador y el sistema de almacenamiento desarrollados por Genuine H2. El plan prevé mantener el demostrador activo hasta marzo de 2026 antes de estudiar pruebas en barcos reales.

Donald Trump no tiene un plan. Lo del cambio de régimen –dicen fuentes de la inteligencia israelí– es “un pensamiento mágico”. La guerra de Irán cumple dos semanas con el precio del petróleo desbocado, con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado y con la amenaza que esto supone para la economía del planeta.

“EEUU es el mayor productor de petróleo del mundo, con gran diferencia; por lo tanto, cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, presume Trump. Es una verdad incompleta, pero sirve para entender su estrategia.

Sí, EEUU es hoy una potencia petrolera, la primera del mundo. Su producción casi se ha triplicado en las últimas dos décadas. Las nuevas técnicas de fracking y perforación en horizontal han hecho rentables yacimientos de esquisto que, hasta hace muy poco, no se explotaban. Desde 2020, Estados Unidos exporta más petróleo y productos derivados de los que importa, pero sigue dependiendo de otros países. Sus refinerías están adaptadas al crudo pesado –que hoy viene sobre todo de Canadá y México–, mientras que la nueva producción estadounidense es un petróleo más ligero y gas natural que, en gran medida, se exporta.

Sí, la guerra en Irán puede mejorar la balanza comercial de EEUU, aunque no tanto como a Trump le gustaría; EEUU también es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Así que todo depende del plural; quiénes son esos que ganan “mucho dinero”. Las petroleras de EEUU se han disparado en la bolsa. Otra cosa son los ciudadanos, incluidos los votantes republicanos. El precio de la gasolina también sube para ellos.

Más datos relevantes para entender esta historia. La revolución del fracking ha reducido la dependencia que tenía EEUU del petróleo del Golfo Pérsico. Hace una década era el 24%. Hoy no llega al 8%, y sigue bajando (y podría bajar más si Venezuela, el país con las mayores reservas del planeta, recupera su producción y la pone al servicio de EEUU). Por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% de todo el crudo que consume el mundo, pero la mayor parte –casi el 90%– va para Asia. Ese cuello de botella no es tan importante para Estados Unidos. 

La jugada es a tres bandas. La guerra contra Irán es un pésimo negocio para Trump. Su economía también se resentirá y su inflación subirá. Pero la superpotencia rival puede pagar un precio aún más alto. Alrededor de la mitad del crudo que importa China llega desde el Golfo Pérsico y hoy ese grifo se ha cerrado.

¿Y para Europa? El caos provocado por la guerra de Irán es catastrófico. Nuestra dependencia de Ormuz no es tan grande como la de China, pero eso no supone un gran consuelo. El problema es, simplemente, que apenas producimos crudo ni gas natural y el precio está por las nubes.

El 90% del gas y el 96% del petróleo que consumimos en Europa es importado. En España es aún peor: el porcentaje es el 100%. Hace cinco años, dejaron de bombear los últimos y residuales pozos petrolíferos que operaban frente a la costa de Tarragona, en la plataforma Casablanca. Apenas producían 200 barriles diarios, el 0,015% del consumo de crudo de España. 

El resumen es claro. Cada dólar que sube el precio del petróleo es una transferencia de riqueza desde España y Europa hacia los países productores. Incluida la potencia que ha provocado esta guerra: Estados Unidos. Para un tipo como Trump, obsesionado con la balanza comercial, es un factor importante. No tiene un plan. Sigue siendo una guerra ruinosa para sus propios intereses: su economía, su inflación, sus próximas elecciones de noviembre. Es algo que sin duda le preocupa: por eso ha levantado las sanciones petroleras a Rusia. Pero al menos puede convencerse de que un mundo con el barril a 100 dólares le favorece en algunos frentes. 

La solución para Europa, a medio plazo, también es clara: reducir la dependencia de algo que simplemente no tenemos. Cambiar el petróleo y el gas natural por fuentes de energía autóctonas y limpias. Es lo que está haciendo España, con bastante éxito. Casi el 60% de toda la producción de electricidad española ya viene de las renovables. Gracias a la energía eólica, a la hidráulica, a la fotovoltaica, el precio mayorista de la electricidad en España es un 32% más barato que la media europea. Es una de las claves para entender por qué España también crece más que el resto de la Unión Europea. Ya no es solo una apuesta por el futuro del planeta: afecta a nuestra economía del presente.

Con estos datos, resulta imposible entender la posición de esos que se llaman a sí mismos “patriotas”. Como ocurre con el apoyo a esta guerra por parte del PP y Vox, la pregunta es obligada: ¿a qué país se supone que defienden? No es a España.

El nacionalismo energético de Trump es irresponsable desde el punto de vista climático, pero al menos responde a un interés nacional reconocible. Estados Unidos es una potencia petrolera y gasista. No es nuestro caso. 

En el fondo, basta con seguir el rastro del dinero. Los ‘think tanks’ que hoy defienden a Trump, a Milei, a Ayuso o a Abascal son los mismos que durante años negaron el cambio climático mientras recibían generosas donaciones de las empresas más contaminantes. La red internacional que articula Atlas Network lleva años difundiendo ese mismo discurso contra la agenda verde y contra las energías renovables. Un planteamiento trumpista, incoherente para un país como España cuya riqueza energética es el sol, el viento y el agua. No el petróleo.

La siguiente batalla ideológica ya está sobre la mesa: las medidas económicas a tomar para paliar esta crisis. La derecha ya ha ido a lo de siempre: pide una rebaja a los impuestos sobre los combustibles. Una medida que, con Ucrania, aprobó el gobierno de coalición y que no debería repetirse. Es eficaz contra la inflación, es sencilla, es rápida. Pero también es profundamente regresiva y subvenciona la dependencia energética. 

El petróleo no es solo una mercancía: es una relación de poder. Por eso, para España y Europa, la transición energética no es solo una cuestión climática, como demuestra esta guerra. Hablamos de soberanía. 

Aragón se ha situado en el centro del mapa nacional del biometano. Con más de 75 proyectos en distintas fases de tramitación y solo unas pocas plantas ya operativas o en construcción, la comunidad aspira a convertirse en uno de los principales polos de producción de gas renovable en España. El eje Huesca-Zaragoza concentra buena parte del despliegue.

El impulso no es aislado. España se ha marcado como objetivo alcanzar 20 TWh anuales de biometano en 2030 dentro de la Hoja de Ruta del Biogás, alineada con el plan europeo REPowerEU para reducir la dependencia del gas fósil tras la crisis energética de 2022. Aragón parte con ventaja por la alta densidad ganadera, la abundancia de purines y red gasista capaz de absorber la producción sin nuevas infraestructuras troncales. Esta situación se da también en Castilla-La Mancha, donde son 70 los proyectos en marcha.

En estos momentos, la tramitación ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) es desigual. 22 plantas en 18 municipios están o han pasado la fase de información pública: Zaidín, Vencillón, San Esteban de la Litera, La Albelda, Tamarite de Litera, Barbastro, Villanueva de Sijena, Fraga, Peñalba, Esquedas y Candasnos en la provincia de Huesca; La Almunia de Doña Godina, Tauste, Zuera, Calatorao, Ejea y Magallón en la provincia de Zaragoza, y Fuentes Claras y Cella en la de Teruel.

Además de estos proyectos se están tramitando otras 53 iniciativas de plantas de biogás en 41 municipios: Agón, Albalate de Cinca, Alcañiz, Alcalá de Gurrea, Alcolea de Cinca, Alfambra, Alfamen, Altorricón, Almudévar, Azaila, Azlor, Bañón, Barbastro, Belchite, Binéfar, Bujaraloz, Calamocha, Calanda, Caspe, Ejea de los Caballeros, El Burgo de Ebro, Esplús, Fraga, La Puebla de Híjar, Loporzano, Lupiñén, Magallón, Mallén, Mediana de Aragón, Pedrola, Perales de Alfambra, Peñalba, Quinto, Siétamo, Tamarite de Litera, Tauste, Velilla de Cinca, Villafranca del Campo, Villanueva de Sijena, Zaidín y Zuera.

Estos últimos aún no están en fase de información pública por lo que los datos de sus promotores no son públicos todavía.

Zaidín y Vencillón, las primeras

Entre las instalaciones más relevantes destaca la planta de Zaidín (Huesca), operativa desde marzo de 2024 y promovida por el Grupo Griñó. Trata unas 205.000 toneladas anuales de purines y residuos agroalimentarios.

Zaidín es una localidad pionera en este ámbito: en los años 90 se puso en marcha una planta de cogeneración donde el metano se utilizaba para producir electricidad. Actualmente, el aprovechamiento se orienta principalmente al gas.

También está muy avanzada la planta de biometano de Vencillón, cuya economía se fundamenta principalmente en la agricultura y la ganadería, sector tradicional heredado de sus orígenes como poblado de colonización.

En estos momentos se está a la espera de recibir el proyecto para tramitar el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), después de que haya superado la fase de exposición pública sin registrar alegaciones. Además, se han incorporado todas las correcciones señaladas por el Inaga para evitar afecciones a acuíferos, suelos y atmósfera. El proyecto también ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

La tramitación de esta planta comenzó hace casi seis años y se prevé que las obras y su puesta en funcionamiento se prolonguen durante otros dos años.

La planta de biogás de Vencillón está gestionada por Repsol, la distribuidora Enagás y una empresa de ingeniería. Se localiza a kilómetro y medio del núcleo urbano y gestionará más de 100.000 toneladas de residuos al año. Desde que comenzó el primer trámite para obtener la Declaración de Interés General del Gobierno de Aragón ha pasado más de un lustro y el presupuesto inicial se ha duplicado debido a la complejidad de los proyectos de inyección del biometano en el gasoducto “Vencillón-Sariñena Fase I”, una obra imprescindible para que el gas generado pueda llegar al sistema gasista.

“Una buena solución”

Ramón Capel, alcalde de Vencillón, defiende la oportunidad de esta planta ubicada en una zona vulnerable por la sobrecarga ganadera donde están próximas localidades como Tamarite de Litera, Altorrincón y los mataderos de Binéfar. “Es una buena solución para reducir la huella de carbono y evitar la contaminación medioambiental y se han seguido todas las exigencias normativas. También el agua es reutilizada y purificada sin afectar al sistema hídrico”, explica Capel.

Al mismo tiempo que cree que este tipo de plantas “han proliferado como hongos” y que no todas saldrán adelante porque se generan en una burbuja creada como ha ocurrido con las plantas de hidrógeno y las energías eólicas y solares, Capel también considera que en otros casos se peca de alarmismo, quizá por la falta de información. A su juicio, “nunca llueve a gusto de todos” y lo fundamental es que los proyectos sean objetivamente necesarios y cumplan de forma rigurosa los criterios medioambientales, eviten problemas de olores y contaminación y mantengan las distancias con los cascos urbanos. “El resto, será especulación”, sentencia.

Próximas a Vencillón hay algunas localidades en las que se impulsan varios proyectos, como el caso de San Esteban de Litera. También acumulan proyectos empresariales en las localidades zaragozanas de La Almunia y Caspe.

Reparos de San Esteban de Litera

Cerca de Vencillón, en San Esteban de Litera hay tres proyectos solicitados por parte de GIA Energy, Atria Power y ENCE Biogas. De momento, la que más rechazo produce es la de GIA, que cuenta con dos informes negativos de la Dirección de Ganadería, lo que ha conllevado otras dos solicitudes de archivo del expediente de planta de biogás por parte del ayuntamiento.

Tal como se informa a los vecinos en el boletín informativo del mes de marzo, buzoneado la pasada semana, “el pasado 19 de febrero el Consistorio solicitó el archivo del expediente de la planta de biogás que se ubica junto a la A-133, detrás de Distromel, una petición que se suma a una anterior que formuló a mediados del pasado año. Esta solicitud se realizó después de que la Unidad de Recursos Ganaderos del Servicio Provincial de Agricultura del Gobierno de Aragón informara de que las instalaciones previstas incumplían distancias con explotaciones ganaderas. Hay que recordar que dicha Unidad ya informó en esa línea hace unos meses, lo que motivó la primera de las solicitudes de archivo del expediente planteada por el Ayuntamiento”.

Por otro lado, también se ha informado a los vecinos de que el Ayuntamiento de San Esteban ha paralizado las licencias para este tipo de instalaciones que se pretendan ubicar a menos de 2 km del casco urbano. La decisión se enmarca dentro una suspensión temporal de licencias en el marco de una modificación puntual del Plan General que inició el propio ayuntamiento el pasado verano y que en estos momentos está en evaluación ambiental en el Inaga.

En cuanto a los otros dos proyectos de plantas de biogás en la zona de Ribabona, uno recibió informe desfavorable por distancias a explotaciones ganaderas y los promotores han registrado en el Inaga un cambio de ubicación. Por tanto, el expediente, en el caso de tramitarse, deberá volver a salir a exposición pública. El segundo está a la espera de los informes sectoriales, entre ellos el de Ganadería, que debe determinar si cumple o no con las distancias ganaderas.

Ubicaciones sin afecciones

En el Ayuntamiento zaragozano de Bujaraloz se han recibido al menos cinco propuestas para desarrollar plantas de biogás, siendo una de ellas la que más visos tiene de salir adelante y se ubicaría a 14 kilómetros del casco urbano, ya que el término municipal es muy alargado. Además, la zona a implantarse es de escaso valor medioambiental y el ayuntamiento es el titular de la superficie.

La localidad está catalogada como Zona Vulnerable a Nitratos, es decir, donde las aguas superficiales o subterráneas tienen —o corren el riesgo de tener— una concentración demasiado alta de nitratos procedentes de la actividad agraria y ganadera.

No obstante, no existe contestación ciudadana, tanto por la lejanía de su instalación como por la prudencia que muestra en todo momento el Consistorio que, ante todo, trata de preservar la salud de la población y exigir el cumplimiento riguroso de la normativa y los criterios del Inaga. Además, un proyecto ordenado y equilibrado también genera cierto impacto económico en el territorio en el que se instala, tanto por la compra de terrenos, la inversión en la obra y los impuestos municipales que recibe el erario público.

Energía o fertilizantes

En Teruel no hay tantos proyectos de biogás pero cuentan con algunas experiencias punteras como la de la empresa Fertinagro Biotech, que lleva años investigando y desarrollando soluciones en materia de fertilizantes tecnológicos y sostenibles en España.

El director de desarrollo estratégico de esta firma, Sergio Atarés, distingue los pros y contras de las plantas de biogás ya que, desde el punto de vista energético es positivo porque se reduce la dependencia externa, pero en materia de fertilizantes pueden añadirse problemas, sobre todo cuando la materia orgánica no son solo purines o restos de las industrias alimentarias.

Según Atarés, cuando se hace uso de subproductos que son digeridos por las plantas de biogás para producir energía, queda el digestato, la materia sólida que vuelve al suelo pero empobrecida, lo cual es perjudicial. En este punto, compara los tipos de suelos fértiles europeos, en los que abunda la materia orgánica, frente a los suelos mediterráneos, típicos de climas secos, donde los suelos carecen de nutrientes, por lo que “estamos limitados para tal cantidad de plantas de biogás”. Desde su punto de vista, el biogás es una buena solución cuando existe mucha biomasa y siempre que existan soluciones para el digestato. La propia Unión Europea pone límites para tratar el producto orgánico resultante de la digestión anaeróbica en plantas de biogás, como los compuestos poliaromáticos y otras sustancias prohibidas.

La empresa turolense, filial de Térvalis, tiene su propia planta de biogás de autoconsumo en la localidad de Escucha con una gestión de 40.000 toneladas al año. Fertinagro Biotech también asesora a otras empresas que desarrollan plantas de biogás porque sin una planificación agronómica rigurosa, el problema se desplaza, pero no desaparece.

Mapa actual de zonas vulnerables

Aragón ha ampliado recientemente sus zonas vulnerables (áreas donde el agua subterránea está contaminada o en riesgo por el exceso de abonos y purines). La Orden AGM/83/2021, revisada a finales de 2025, es la referencia legal vigente. 

El mapa del biogás en Aragón sigue de cerca el de la ganadería intensiva. Muchos de los proyectos se concentran en el este de la provincia de Huesca, en comarcas como La Litera y el Bajo Cinca, uno de los principales núcleos porcinos del país y donde el volumen de purines convierte estos residuos en una materia prima abundante. Otro eje se extiende por el valle medio del Ebro y las Cinco Villas, con municipios como Tauste, Magallón o Agón, donde la agricultura de regadío y la ganadería intensiva alimentan nuevas iniciativas energéticas. En los últimos años también han surgido proyectos en el entorno de Huesca y el Somontano —con casos como Loporzano o Barbastro—, algunos de ellos acompañados de una creciente contestación vecinal.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han formalizado este viernes la voluntad del Ejecutivo autonómico, pese a estar en funciones, de personarse como perjudicado en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel sobre los proyectos de renovables promovidos por la empresa Forestalia, pero solo los promovidos por el anterior Ejecutivo socialista.

La vicepresidenta y portavoz en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha justificado esta decisión para tener acceso a toda la información que vaya a evaluarse en el proceso y conocer al minuto el estado del caso. La solicitud tendrá que ser admitida, pero según ha admitido Vaquero es la forma de mostrar su desconfianza en Forestalia y dar credibilidad a todas las investigaciones y noticias publicadas al respecto.

Nuevamente, Vaquero ha pasado por encima de los proyectos Toro y Búfalo, para los que Azcón puso alfombra roja a Forestalia, apadrinados y aplaudidos por el propio presidente en funciones, y se ha limitado a trasladar la inquietud sobre la investigación de los gobiernos central y autonómico socialistas. Ha dicho no haber recibido ninguna preocupación por parte de las empresas aragonesas pendientes de este proceso por las afecciones que puedan tener en la continuidad de los proyectos y ha asegurado que “en estos momentos” no han “ningún contacto con Forestalia” en relación con este asunto. “Me da la sensación de que el proceso se va a alargar e iremos conociendo todas las afecciones. Hoy lo importante es esta decisión”, ha concluido la vicepresidenta y portavoz en funciones.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón se mantendrá a la espera de lo que se decida sobre la tramitación del Clúster del Maestrazgo “para respetar los tiempos del trabajo de jueces y policías, que nos está facilitando conocer estos ”graves y preocupantes“ hechos y colaborará en todo lo que se le requiera. No obstante, Vaquero ha informado de que hasta hoy nadie les ha requerido documentación relativa al Inaga, el órgano que tramita expedientes de ámbito aragonés.

Igualmente, ha comunicado la disposición del gobierno en funciones de poner en marcha otra comisión de investigación, además de la que ya concluyó en 2024.

Con respecto a la petición de plataformas ecologistas, solicitando la desaparición del Inaga para integrarse en una dirección general, Vaquero ha restado importancia al modelo, más preocupada por “una gestión transparente y eficaz”.

Además, ha defendido el refuerzo recibido por este organismo desde que entraron a gobernar, tanto en medios humanos como materiales. Ha recordado que cambiaron la dirección y el modelo para ofrecer mayor transparencia reforzando la seguridad jurídica “El Inaga debe ser un instrumento útil, independientemente de la forma”, insiste. En lo único que coinciden con el dictamen elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la gestión del Inaga en 2022 y 2023, es que falta darle impulso a la actualización del sistema informático. En todo lo demás, asegura estar alineados con las recomendaciones de la cámara.

Con respecto al personal del Inaga, ha mostrado su respeto y comprensión por las presiones que deben estar viviendo estos profesionales, como ya las sufrieron durante la comisión de investigación de 2024.

En una carrera imparable de iniciativas contra Forestalia por parte de todo el arco parlamentario aragonés, inmerso en la ronda de contactos de la presidenta de las Cortes, María Navarro, para proponer un candidato a la presidencia de Aragón, Podemos Aragón ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que exige la revocación inmediata de todos los proyectos adjudicados a la empresa Forestalia. La formación ha tomado esta medida “tras las recientes investigaciones judiciales y las detenciones de directivos de la compañía y de altos cargos de la administración vinculados al PSOE, relacionadas con la tramitación del Clúster del Maestrazgo”.

También justifican su iniciativa a partir de conocerse más detalles de una presunta trama de corrupción “que afecta directamente a la planificación y obtención de permisos del complejo eólico en las comarcas turolenses del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre”.

Según el escrito presentado, Podemos argumenta que existen “indicios de graves irregularidades en los informes emitidos por las direcciones generales de Medio Natural y de Cambio Climático del Gobierno de Aragón”.

En el texto de la PNL, el partido morado subraya que “hasta 52 proyectos vinculados a esta entidad se encuentran actualmente bajo investigación judicial y policial”. La formación advierte de que las pesquisas de la Guardia Civil sugieren que las presuntas irregularidades en las evaluaciones ambientales podrían extenderse mucho más allá del Clúster del Maestrazgo, afectando a la práctica totalidad de la actividad de la empresa en la comunidad.

Desde Podemos Aragón aseguran que  “todo apunta a que la trama se enfocaba en manipular las evaluaciones ambientales para favorecer intereses privados. Por ello, solicitamos la revocación y revisión integral de todos los proyectos de Forestalia en Aragón”.

Más allá de los procesos judiciales, Podemos Aragón ha aprovechado la iniciativa para reafirmar su rechazo al actual modelo de despliegue de energías renovables. La formación denuncia que el desarrollo de estos “megaproyectos” se está realizando a costa de graves estragos medioambientales y sin respetar el territorio, exigiendo una transición energética que sea justa, transparente y sostenible.

La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), ha sacudido la actualidad informativa en los últimos días con un informe que destripa una trama con epicentro en Forestalia y que involucra a una decena de personas entre empresarios, expolíticos, empleados públicos, simples testaferros o, incluso, un notario. Estas son las claves sobre el modus operandi con el que presuntamente se manejaban los implicados, en una causa que refiere los supuestos delitos de corrupción pública, cohecho, blanqueo de capitales y posible organización criminal.

Diciembre de 2022. Ese mes marca el punto de inicio de una investigación surgida a partir de una denuncia de Teruel Existe de 42 páginas ante la Fiscalía Provincial turolense en la que recoge, con todo lujo de detalles, presuntas irregularidades administrativas para que proyectos de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y líneas de evacuación vinculados con Forestalia pudieran recibir el visto bueno medioambiental para continuar así su tramitación.

Las pesquisas de la Guardia Civil se dibujan en dos ejes complementarios, uno de ámbito estatal y otro autonómico, con tres centros neurálgicos: Madrid, Zaragoza y Teruel.

Fernando Samper Rivas

El fundador, presidente y máximo responsable de Forestalia se convirtió de la noche a la mañana hace un decenio, con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente, en principal promotor de parques eólicos a nivel nacional: en enero de 2016, copó la primera subasta de renovables organizada por el Ministerio de Industria –en la etapa del popular José Manuel Soria, más tarde asesor él mismo de Forestalia– y, un año más tarde, volvió a repetirlo con una segunda subasta pública, entonces con Álvaro Nadal como ministro.

Samper figura como tronco central en la parte privada. Según los investigadores, Forestalia contrató a Viadós –ahora, Athmos– desde el mismo momento de la creación de la compañía para que ese vínculo formal diera una apariencia de legitimidad a la relación, aunque el objetivo final era remunerar de manera encubierta a tres antiguos cargos del Gobierno autonómico –todos provenientes del PAR– para favorecer supuestamente los proyectos de la firma. Esa contraprestación se plasmó en la compra de Athmos por una empresa vinculada a Samper, Nearco Renovables. La Guardia Civil cree que el dinero pagado por la adquisición estaba sobredimensionado: cuatro millones de euros según lo reconocido por los implicados, pero casi 4,5 millones según Blanqueo de Capitales (el SEPBLAC).

En Madrid, Samper consiguió, a través de dos presuntos testaferros y con la colaboración de un notario, remunerar a un cargo del Ministerio de Transición Ecológica para que facilitase la aprobación de declaraciones de impacto ambiental de sus proyectos.

Una de las mecánicas más habituales habría sido trocear grandes parques eólicos a un máximo de 50 megavatios para que su tramitación se centrara en el ámbito autonómico, donde la red tenía una influencia mayor.

Alfredo Boné Pueyo

Antiguo alto cargo del PAR y exconsejero de Medio Ambiente autonómico entre 2002 y 2011, Boné abandonó la política en 2015 y pasó al sector privado, donde según los investigadores habría aprovechado su pasado institucional para, a través de la empresa Viadós Gestión Integral de Proyectos –Athmos Sostenibilidad más tarde–, firmar un contrato de prestación de servicios con Forestalia y así ayudar supuestamente a la obtención de autorizaciones administrativas ante organismos como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (autonómico) y el Ministerio de Transición Ecológica (estatal).

Fue uno de los tres beneficiarios de la venta de Viadós a Nearco Renovables, por los que habría obtenido 1.450.862 euros (frente a 1.333.333 euros escriturados), que los investigadores consideran un vehículo instrumental para materializar el cobro a posteriori.

Este miércoles, Boné ha distribuido una “nota aclaratoria” en la que asegura que vendieron Viadós en 2018 porque “el propietario de Forestalia” les hizo una “oferta” que aceptaron y asegura que en ese momento la firma tenía “una gran experiencia en tramitación de proyectos de energías renovables y cerca de 30 trabajadores en nómina”. Respecto al supuesto “sobreprecio” argumentado por la Guardia Civil, Boné justifica que “todas y cada una de las cantidades” recibidas lo fueron “producto” de su “actividad profesional”.

Luis Marruedo Espeja

Otro alto cargo histórico del PAR, muy próximo a Boné: fue viceconsejero autonómico de Medio Ambiente de 2007 a 2011 y director general de Desarrollo Rural en la siguiente legislatura. Comenzó vinculado a Forestalia a través de Viadós, por el que mantuvo el mayor importe en la venta a Nearco Renovables –casi 1,7 millones de euros, según el SEPBLAC; 1.333.333 euros escriturados–, y, más tarde, fue directamente contratado por la empresa de Samper como director de Terrenos y Planificación de Desarrollo del grupo.

En su informe, la Guardia Civil también recoge una compra de Boné y Marruedo por 800 euros de participaciones en una empresa –Renovables Puyal– de la familia Sumelzo, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la primavera de 2018.

Ana Cristina Fraile García

Jefa de gabinete de Alfredo Boné entre 2002 y 2011, es funcionaria del Departamento de Medio Ambiente de Aragón. Como Marruedo, tras la venta de Viadós-Athmos –de la que fue creadora original y por la que recibió 1,3 millones– también quedó ligada formalmente a Forestalia.

La Guardia Civil considera “relevante” el hecho de que su marido fuera un responsable del Inaga –organismo encargado de emitir los informes de evaluación ambiental autonómicos para los proyectos de Forestalia– entre 2005 y 2016, nombrado “precisamente cuando el consejero era Boné”. La investigación de la UCOMA apunta a la posible existencia de un nexo entre la influencia familiar sobre el Inaga y las “facilidades” obtenidas por la empresa de Fernando Samper en la tramitación de proyectos.

Eugenio Domínguez Collado

La UCOMA sitúa al exsubdirector general de Evaluación en el Miteco, puesto al que fue ascendido en la etapa de la popular Isabel García Tejerina, en el centro de la trama en la Administración central. Desde su cargo, Domínguez habría aglutinado los expedientes relativos a Forestalia que llegaban al Ministerio, con prácticas que los propios funcionarios del Miteco calificaron de “extraordinarias”.

Llegó a diseñar supuestamente un circuito cerrado de tramitación de estos expedientes bajo su supervisión directa a través de la empresa pública Tragsatec, de donde los informes llegaban redactados para su firma. Además, mantenía una relación “inusualmente estrecha” con Forestalia y acudía de forma habitual a la sede en Madrid de la empresa aragonesa al salir del trabajo.

Domínguez recibía documentación técnica de los promotores directamente en memorias USB, que incorporaba a la plataforma sin registro oficial, de manera que impedía la trazabilidad de los documentos. A su vez, en un proyecto de gran complejidad como el Clúster del Maestrazgo designó como técnico responsable a su secretario, pese a que según la Guardia Civil no tenía cualificación para ello.

El subdirector general del Miteco, siempre según el relato que hace la UCOMA, llegó a modificar personalmente borradores de declaraciones de impacto ambiental que eran desfavorables para convertirlas en favorables, incluso en proyectos ubicados en terrenos protegidos.

¿Cómo se beneficiaba? Según la Guardia Civil, a través de una sociedad junto a su mujer dedicada en apariencia a la decoración, Estudio de Asesoramiento Dherco, que hacía las veces vehículo receptor de los pagos. Además, gracias a una notaría adquirió participaciones de dos firmas, Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy, sin elevarlas a públicas, introduciendo la documentación en sobres cerrados en una caja fuerte. A través de ambas empresas adquirieron a su vez participaciones en Babieca Investment Renewable. Y, en octubre de 2023, una sociedad de Forestalia realizó un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca, lo que según la Guardia Civil habría incrementado el patrimonio indirecto del núcleo familiar.

Montserrat Heredero Caballería

Cónyuge de Eugenio Domínguez, es como se ha dicho administradora única de Estudio de Asesoramiento Dherco, supuesta pantalla para las contraprestaciones ilícitas. También fue beneficiaria de un incremento patrimonial por el mencionado préstamo.

Eduardo y Roberto Pérez Águeda

Según la Guardia Civil, ambos habrían actuado como intermediarios -testaferros- de la red a través de firmas de Forestalia. El primero de ellos participó en 49 protocolos notariales desde 2018 vinculados a empresas del grupo, instrumentos para transferir participaciones de promotoras al matrimonio Domínguez-Heredero sin dejar rastro. El segundo habría actuado de nexo entre la estructura de Samper y la de los Pérez Águeda.

Javier de Lucas y Cadenas

La Guardia Civil lo considera cooperador necesario en el presunto blanqueo de capitales al ocultar la titularidad real de Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy. La UCOMA recuerda que omitió “deliberadamente” los deberes a los que le obliga la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, e incluso ocultó uno de los protocolos cuando fue requerido judicialmente.

Jesús Lobera Mariel

Jesús Lobera ocupó durante ocho años el cargo de director general del Inaga del Gobierno de Aragón. La Guardia Civil lo sitúa como “figura central” en las acusaciones de presión para favorecer supuestamente a proyectos de Forestalia. Según el informe de las autoridades, los testimonios describen un sistema de trabajo impuesto por Lobera que representa una “desviación fundamental de los procedimientos administrativos y la jerarquía técnica establecidos”.

El director el Inaga designó a Andrés Medina, licenciado en Derecho, como responsable de todos los proyectos de renovables. Además, habría realizado –siempre según los testimonios recabados– “peticiones de explicación” verbales y escritas al personal técnico que emitía informes negativos. Lobera llegó, para eludir los controles técnicos, a reorganizar las competencias en el Instituto para cumplir con sus objetivos.

La presunta red de corrupción destapada por la Guardia Civil en relación con proyectos de renovables de Forestalia, que se saldó con la detención la semana pasada de seis personas, incluye pagos millonarios al excargo del Ministerio de Transición Ecológica por parte de la empresa aragonesa como facilitador de las iniciativas energéticas. Así consta en el informe del Instituto Armado que está ya en poder del Juzgado de Instrucción nº1 de Teruel, que lleva a cabo las pesquisas.

Este tribunal, por cierto, reunirá el viernes a todas las partes personadas, a petición del Ministerio Fiscal, para escuchar sus alegaciones y decidir si acepta o no, como plantean, suspender de forma cautelar los trabajos en el Clúster del Maestrazgo, el megaparque que se sitúa en el epicentro de la trama. En concreto, están citados los detenidos -pueden enviar a representantes legales-, el denunciante Teruel Existe, Vox como acusación popular y la empresa danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que adquirió a Forestalia el proyecto.

El principal detenido es Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), que fue nombrado por la popular Isabel García Tejerina en 2017 pero que continuó en su cargo con su sucesora, la socialista Teresa Robera. Según el relato de la Guardia Civil, Domínguez creó una especie de 'caja negra' dentro del Departamento ministerial al derivar los expedientes de Forestalia a la empresa pública Tragsatec para poder ejercer desde ahí una supervisión directa y al margen de los controles ordinarios. Así conseguía garantizar la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental (DIA).

Estas gestiones, según el informe del Instituto Armado, tenían una contraprestación económica. En concreto, y tal y como adelantó 'Heraldo de Aragón' y ha podido acreditar este periódico, los agentes creen que Domínguez y su esposa, Montserrat Heredero, constituyeron en julio de 2023 la empresa Estudio de Asesoramiento Dherco, formalmente dedicada a decoración de interiores y con “nula actividad comercial”, para introducir “fondos ilícitos dándole apariencia de legalidad”. A través de ella, el matrimonio adquirió participaciones de Caliope Smart Energy (del grupo Forestalia) y, a través de esta, 509 participaciones de Babieca Investment Renewable.

Préstamo de 5,2 millones

Dos meses después, la filial de Forestalia Cemsal otorgó un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca, lo que el juez considera un incremento patrimonial directo del matrimonio Domínguez-Heredero. Además, el exfuncionario recibió participaciones en otras 15 sociedades de Forestalia titulares de 33 proyectos eólicos en Zaragoza y Teruel que él mismo tramitó.

En la trama jugaba una parte importante, siempre según refleja el informe de la Guardia Civil, el notario madrileño detenido, Javier L. C. –uno de los seis arrestados–, que formalizaba las operaciones mediante “actas de depósito” en sobres cerrados guardados en una caja fuerte, de manera que evitaban elevarlas a escritura pública y que quedaran registradas.

Y en el eje se situaba presuntamente también el propio fundador y dueño de Forestalia, Fernando Samper, que dirigía a nivel estratégico la organización desde el sector privado. Mantenía reuniones incluso con carácter semanal con funcionarios clave al margen de los cauces oficiales, tanto en el Ministerio como en el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). El ejemplo más evidente, según los investigadores, era el Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España y cuya declaración de impacto ambiental favorable firmó Domínguez en diciembre de 2022 con técnicos de su confianza. Forestalia lo vendió posteriormente al mencionado fondo danés.

“Situaciones extrañas” en el Inaga

De hecho, el informe del Instituto Armado recoge testimonios de trabajadoras del Inaga que apuntan a “situaciones extrañas” respecto a proyectos de Forestalia y a “cambios de criterio injustificados” en sus informes, que pasaban de ser negativos a positivos. También recogen los “amplios conflictos” entre una técnica del Inaga y su dirección debido a sus informes desfavorables a proyectos de Forestalia. Esta persona, cuya declaración se incluye en las diligencias, habría sido posteriormente apartada de sus funciones y sustituida por “una persona dedicada a la rama en veterinaria sin conocimientos ni experiencia previa en renovables”. Algo que, según la Guardia Civil, “sugiere una acción punitiva o de silenciamiento”.

La Guardia Civil también sospecha que Samper compró por encima del valor de mercado la consultora Viadós, fundada por el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón Alfredo Boné y dos miembros de su equipo. El sobreprecio pactado fue de casi 445.000 euros.

Hay que recordar que Forestalia ya fue registrada en diciembre de 2025 en el marco del caso Leire, una investigación sobre contratos y subvenciones fraudulentas vinculadas al entorno del PSOE. Tras una reunión entre la UCOMA y la UCO, los investigadores concluyeron que ambas causas eran independientes, aunque las dos tienen en el punto de mira el mismo Ministerio.