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Los lazos del PP de Rajoy con Forestalia: nombramientos, despidos y fichajes de exministros para proyectos de renovables

De izquierda a derecha, Isabel García Tejerina, Ángel Val y José Manuel Soria.

Luis Faci

4 de marzo de 2026 23:16 h

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El vendaval de casos que afectan a la empresa zaragozana Forestalia, y que dio lugar a una macrooperación policial el pasado martes, ha acabado salpicando a muchas administraciones tanto autonómicas como estatales. Un protagonista destacado ha sido el Gobierno central en la etapa del popular Mariano Rajoy: de hecho, el subdirector general detenido fue designado en la etapa de Isabel García Tejerina como ministra.

Este es solo uno de los vínculos del PP de Rajoy con Forestalia. En concreto, fue en febrero de 2017 cuando la entonces titular del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ascendió al funcionario Eugenio Domínguez al puesto de subdirector general de Calidad Medioambiental, un nombramiento discrecional para un puesto de libre designación.

Ahora, la Guardia Civil acusa a Domínguez de amañar supuestamente permisos medioambientales para favorecer proyectos eólicos y fotovoltaicos promovidos por Forestalia a cambio de contraprestaciones económicas mediante sociedades interpuestas.

Fuentes del Ministerio −ahora para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico− aseguran que, al llegar al Departamento en el verano de 2018 en sustitución de la popular García Tejerina, la socialista Teresa Ribera solo relevó a los altos cargos del Ministerio, y matizan que los subdirectores generales no son considerados altos cargos, tal y como consta en la normativa estatal.

Eugenio Domínguez permaneció en su puesto hasta su jubilación en el verano de 2023, cuando el Ministerio le convirtió en asesor para colaborar en el complejo traspaso de los asuntos. Desde entonces no ha habido ningún contacto entre el Miteco y él, aseguran fuentes del Departamento.

Forestalia es conocida por haber fichado a excargos políticos de los principales partidos. Uno de los más destacados ha sido el de José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo con Mariano Rajoy entre diciembre de 2011 y abril de 2016, cuando se vio obligado a dimitir tras aparecer en los Papeles de Panamá.

Fue dos años después de dejar su puesto ministerial cuando Soria pasó a colaborar con Forestalia para llevar a cabo trabajos “puntuales”, según ha manifestado la compañía.

La irrupción de Forestalia, en 2016

Hay que recordar que la irrupción de la compañía zaragozana en el sector se produjo precisamente hace diez años, cuando en enero de 2016 copó en la práctica la primera subasta de renovables organizada por el Ministerio de Industria, con José Manuel Soria al frente. En 2017 volvió a repetirlo con una segunda subasta pública, entonces con Álvaro Nadal como ministro del ramo. En la mayor parte de los casos, la mecánica de Forestalia ha sido promover los proyectos para venderlos más tarde a otros operadores.

Justo un año más tarde surgió una nueva polémica. En la primavera de 2018 fue relevado de su puesto un funcionario que ocupaba la plaza de director del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, que tenía al frente a Ángel Val, en la actualidad director en funciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en el Gobierno de Jorge Azcón.

Esta persona llevó su despido a los tribunales y en la demanda denunció el “acoso” al que le sometieron tanto del subdelegado del Gobierno en Zaragoza como el propio delegado, Gustavo Alcalde, por no acelerar expedientes relativos a tres parques eólicos ligados a Forestalia −en concreto, a la firma Forestalia Vigilancia Ambiental SL−.

En julio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón al empleado público. “Nos hallamos ante un nombramiento de funcionario regido por los principios de concurrencia, mérito y capacidad, y que exige de una razón cognoscible, explicable y controlable que justifique el cese”, explicó el tribunal. Pese a que la Administración justificó en “una deficiente tramitación de los expedientes” el relevo, el TSJA consideró que esta afirmación no estaba “sustentada”. Al contrario, continuó el fallo, “si hubo alguna motivación del cese lo fue interna de los órganos administrativos que lo proponen y aceptan”.

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