Anticorrupción cree que el grupo de Leire Díez obtuvo plusvalías de 6,7 millones con Forestalia por tramitar dos plantas solares

El informe de la Fiscalía Anticorrupción desvelado esta semana tras levantarse el secreto de sumario del caso Leire Díez pone negro sobre blanco, a partir de conversaciones captadas entre los implicados por los agentes de la Guardia Civil y de la compraventa de empresas, la operativa que la trama planificó con Forestalia para favorecer supuestamente tramitaciones tanto de financiación pública como de parques fotovoltaicos. Entre los aludidos está el propio Santos Cerdán, que concertó una reunión en el domicilio del propietario del grupo aragonés, Fernando Samper, y que urgió a sus socios a que reclamaran una presunta mordida de 200.000 euros.

Pero las contraprestaciones podrían ser muy superiores, ya que la UCO da cuenta de una plusvalía de 6,7 millones de euros a favor del denominado grupo Hirurok –compuesto por la socialista Leire Díez, por el empresario guipuzcoano Antxón Alonso y por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI– al adquirir dos sociedades de Forestalia y revendérselas más tarde a un precio muy superior: Anticorrupción sospecha que el millonario beneficio está vinculado con las autorizaciones a dos plantas solares en la provincia de Teruel.

Tal y como consta en la denuncia suscrita por la fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas y presentada ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025, todo nace de un atestado presentado por la UCO unos días antes, el 25 de noviembre, en el que se indicaba que, a raíz de las averiguaciones en el caso Mascarillas, pudieron registrar con autorización del Supremo el domicilio del empresario Antxón Alonso y la sede de Servinabar 2000 SL, participada según la UCO por el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.

Entonces ya se hablaba de un grupo estructurado formado por los tres principales investigados (Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández) que se autodenominó Hirurok ('nosotros tres', en su traducción del euskera). La fiscal explica que desde 2021 “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración Pública, en beneficio propio o de terceros”. Cifra en cinco las operaciones, que incluirían una de Mercasa y otra de Enusa (participadas por la SEPI), el rescate de Tubos Reunidos, una adjudicación al Parque Empresarial Principado de Asturias y, en último lugar, la relacionada con Forestalia.

La Fiscalía recuerda que los tres investigados se comunicaban por la aplicación Threema en el grupo Hirurok y que desde mayo de 2022 continuaron por otro grupo denominado 'Hirurok Berriro' ('Los tres otra vez').

Reuniones en casa de Samper

En lo relativo al grupo aragonés vinculado con las energías renovables, la fiscal menciona en su informe dos reuniones físicas en el domicilio de Fernando Samper, en la avenida General Militar de Zaragoza, en mayo y julio de 2021; esta última, auspiciada por Santos Cerdán y que contó con la presencia del exsecretario de Organización. Allí supuestamente habrían trasladado al responsable de Forestalia cómo actuar y qué pasos dar para facilitar sendas tramitaciones para Forestalia y Arapellets, en este caso una financiación de 17,3 millones de euros del Sepides, organismo público dependiente de la SEPI, para desarrollos industriales.

De conseguirlo, el grupo Hirurok se llevaría supuestamente una mordida de 200.000 euros. “Vamos a éxito con ellos”, habría afirmado Vicente Fernández en la red Threema, y a continuación insistió, tal y como recogen las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil: “Si consiguen la financiación del Fondo FAIPP (SEPIDES) para sus proyectos de FORESTALIA y ARAPELLET, 200.000€ si hay éxito” (sic).

Ante el avance en la tramitación, el 1 de mayo de 2022 el propio expresidente de la SEPI escribió a Alonso que, al haberse “despejado los problemas” y al constatar que el Sepides les iba a “aprobar las operaciones”, “sería bueno” recodar “el tema a Samper”, en referencia a la supuesta mordida. Cinco días después, por si había dudas, Fernández insistió en que Antxón Alonso debía trasladarle a Samper: “Decirle que estamos dándolo todo con sus dos expedientes, esperando tener resueltos ambos en junio”.

No fue hasta enero de 2023 cuando se aprobó la correspondiente ayuda a Arapellets para una planta de pellets en la localidad de Guardo (Palencia). En cuanto al trámite para Forestalia, no se puedo localizar nada en “un sentido o en el contrario”. La Guardia Civil sí que especifica que, pese a que el acuerdo era “a éxito”, no se había podido localizar el abono de los 200.000 euros.

Plusvalía de 6,7 millones de euros

Otra de las líneas de investigación de la Guardia Civil tiene que ver con millonarios intercambios de participaciones en empresas que generaron cuantiosas plusvalías para Antxón Alonso y, frente a esto, un negocio ruinoso para el grupo Forestalia.

La fecha clave es el 17 de mayo de 2022: ese día, dos sociedades –Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet SL– salen del grupo Forestalia y se integran en una estructura administrada perteneciente a Antxón Alonso a cambio de 141.404 euros en total. Apenas año y medio más tarde, el 27 de diciembre de 2024, Forestalia las recupera por casi 6,9 millones de euros.

¿Qué sucedió entre medias? Aunque el informe de Anticorrupción no puede constatar que haya causa y efecto, sí que apunta al hecho de que dos plantas fotovoltaicas que estaba tramitando ambas sociedades en la provincia de Teruel, Masía I y Masía II, estaban apenas en fase de solicitud en el momento de la adquisición, mientras que para cuando las dos empresas volvieron a estar controladas por el grupo liderado por Fernando Samper ya se había aprobado la declaración de impacto ambiental, se habían otorgado las pertinentes autorizaciones administrativas previas y se había autorizado la construcción.

Así, según los investigadores la intervención del grupo Hirurok habría sido clave para que los proyectos vieran la luz, lo que se habría supuestamente compensado con una retribución encubierta. De ahí que los presuntos delitos que la Fiscalía atribuya a los implicados sean tráfico de influencias, cohecho y, potencialmente, delito contra la Hacienda Pública.