Los continuos incendios en un parque de reciclaje hartan a los vecinos de un barrio de Zaragoza: “Merecemos explicaciones”

“Los vecinos están enfadadísimos y tienen miedo. Merecemos explicaciones y mayor seguridad”, afirma el alcalde pedáneo del barrio zaragozano de La Cartuja, José María Lasaosa, tras la decena de incendios registrados en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, el último de los cuales continúa activo. En lo que va de año se han producido ya tres fuegos, que se suman a los ocho registrados en 2025, uno de ellos con el confinamiento preventivo de la población en el mes de agosto. Todos ellos han sido descritos en una denuncia presentada por un ciudadano ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, que mantiene abiertas las diligencias de investigación.

Para canalizar el malestar vecinal y reclamar medidas, este miércoles se ha convocado una concentración ciudadana a las 19.00 horas en el parque del centro cívico del barrio.

La Junta Vecinal, el grupo municipal de Medio Ambiente, el tejido asociativo y distintas organizaciones ecologistas han intensificado sus acciones para exigir información sobre las afecciones al aire, al subsuelo y, en definitiva, a la salud de la población. También reclaman una investigación que permita esclarecer el origen y la trazabilidad de los incendios, conocer si se han impuesto sanciones a las empresas responsables, reforzar los recursos de inspección y supervisar las licencias de actividad clasificada.

Con ese objetivo, han remitido escritos al Ayuntamiento de Zaragoza, al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), al Seprona y a las empresas instaladas en el PTR. “No les vamos a hacer cómodo que no haya repercusiones”, advierte Lasaosa, quien teme que el número de siniestros acabe superando este año al de 2025, especialmente ante la llegada de las altas temperaturas y el elevado volumen de material almacenado en las instalaciones.

En la misma línea, Paco Iturbe, de Ecologistas en Acción, alerta de la creciente frecuencia de estos episodios. “Vamos a un incendio por mes en lo que va de año y se está convirtiendo en recurrente lo que debiera ser excepcional y que cada vez va en aumento y gravedad, como el confinamiento al que se sometió el año pasado a los vecinos”. A su juicio, “algo está fallando y deben dar explicaciones sobre la composición de las nubes tóxicas que afectan a la salud de los vecinos. Deben dar información y solución”.

El incendio de esta semana se suma a otros registrados recientemente en las mismas instalaciones. El pasado 3 de mayo se declaró otro fuego de características similares en la planta de reciclaje de La Cartuja Baja, también durante la madrugada. Apenas unas semanas antes, el 6 de abril, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir por otro incendio en el complejo.

La extinción de este tipo de siniestros suele prolongarse durante horas debido a la naturaleza de los materiales almacenados. Los residuos destinados al reciclaje contienen con frecuencia elementos altamente combustibles, lo que dificulta las labores de los equipos de emergencia y obliga a mantener tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones. “No se trata de extinción, sino de prevención”, insiste el alcalde pedáneo.

Las consecuencias, además, trascienden el entorno inmediato del PTR. El humo y los olores alcanzan habitualmente otros puntos de la ciudad, como los barrios de Torrero y La Paz, mientras que los trabajadores del parque conviven a escasos metros de los focos de incendio.

Una normativa más exigente

Lasaosa considera que la legislación española presenta carencias respecto a otros países europeos en materia de gestión y almacenamiento de residuos. “Quizá sea necesario reducir los acopios, reforzar la compartimentación contra incendios mediante sectores independientes de almacenamiento, instalar cámaras térmicas y dotar a las instalaciones de equipos de primera y segunda intervención”, plantea.

También cuestiona las diferencias económicas que convierten a España en un destino atractivo para residuos procedentes del extranjero. Según explica, para muchas empresas francesas o italianas resulta más barato asumir el transporte hasta España que afrontar las tasas de tratamiento en sus países de origen, donde la regulación ambiental y los impuestos al vertido son mucho más elevados: hasta 300 euros por tonelada frente a los alrededor de 50 euros que se pagan en España. Esta situación habría permitido a empresas francesas obtener beneficios millonarios trasladando residuos al PTR de Zaragoza.

“El rigor estricto en países de nuestro entorno choca con la práctica tercermundista de España y no existe trazabilidad de las empresas que vierten residuos en nuestro país de manera más barata, mientras los vecinos del entorno sufrimos las consecuencias. Nos merecemos más respeto”, sostiene José María Lasaosa.

El alcalde pedáneo también expresa su preocupación por el proyecto para instalar una fábrica de baterías en el recinto, una iniciativa sobre la que ya se habían planteado advertencias por el posible incremento del riesgo de incendios.

Denuncia ante la fiscalía

Un ciudadano particular presentó el pasado año una denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente de Zaragoza por la presunta comisión de hechos que pudieran ser típicos por su posible afección a la salud pública y al medio ambiente. En dicha denuncia desglosa la existencia de ocho incendios entre abril y septiembre de 2025, a los que ha ido incorporando los de abril, mayo y junio de 2026, en diversos polígonos industriales en los que se hallan ubicadas actividades dedicadas al almacenamiento, gestión y reciclaje de residuos, o que manejan materiales y sustancias peligrosas. Ecoactiva de Medio Ambiente SA, Residuos Industriales de Zaragoza RINZA, Polígono Tecnológico del Reciclado PTR López Soriano, Empresarium, Polígono Industrial La Cartuja Baja, son algunas de las firmas allí instaladas.

Los incendios que denuncia el ciudadano, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, conllevarían procesos de combustión asimilados a las incineradoras cuyos efectos han sido estudiados y detallados en varios informes de Greepace y la Universidad de Granada.

Entre otros apartados, como la elevada siniestralidad e incendios o los efectos de la combustión que provoca episodios de contaminación atmosférica por las numerosas sustancias que se originan, incluye el de los efectos acumulativos, donde expone que en los procesos de evaluación ambiental se habla de los causados repetidamente por un mismo agente a lo largo del tiempo. “Hay que tener en cuenta aquí la magnitud de los incendios en cuanto a volumen y duración ya que una de las técnicas de extinción que aplican los bomberos en estos casos es dejar que el fuego consuma todo el material y actuar sólo evitando que se propague, por lo que la combustión dura horas e incluso días, con las consiguientes emisiones a la atmósfera. En el caso que refiero es evidente que la repetición de los incendios a lo largo de los años conlleva que los impactos negativos sobre la salud y la biosfera se reiteran y superponen impidiendo la recuperación de un estado saludable ya que los daños se convierten en persistentes y/o irreversibles”.

Cita numerosos estudios sobre la afección de los distintos metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y persistentes y otros contaminantes secundarios, todos ellos capces de generar complicaciones en enfermedades respiratorias, circulatorias, mentales, y afecciones a diversos órganos.

Dada la frecuencia y reiteración de los incendios en los últimos años y, especialmente desde 2025, el denunciante entiende que el origen pudiera superar lo accidental y pudiera deberse a una mala gestión de los materiales por parte de las empresas y/o a una deficiente supervisión y vigilancia por parte de la administración, que correspondería al Gobierno de Aragón y/o al Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello, propone a la fiscalía  investigar los hechos solicitando informe a los bomberos de Zaragoza, al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) adscrito al Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, al Instituto de Salud Global, al Seprona de la Guardia Civil, a las demás entidades y organismos con competencias en la materia, así como a las estaciones meteorológicas y de medición de calidad del aire oficiales o particulares referidos a las fechas en torno a los siniestros por si pudieran reflejar los picos y extensión de las emisiones.

Además, recuerda en su denuncia la existencia de sentencias contra la empresa López Soriano por fraude en el reciclaje de frigoríficos y aparatos de frío, tanto de la Audiencia Provincial como del Tribunal Supremo desestimando el recurso interpuesto por la empresa en 2016.

Quejas políticas y sociales

Desde Ecologistas en Acción Zaragoza han mostrado su preocupación por unos incendios cada vez más frecuentes que requieren la intervención de los bomberos y que, en algunos casos, han obligado incluso al confinamiento de vecinos de La Cartuja y su entorno.

La organización denuncia la falta de información y transparencia por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y reclama mayores medidas de prevención y fiscalización de estas instalaciones. Además, advierte de los riesgos derivados de la emisión de gases y partículas potencialmente peligrosas durante la combustión de residuos como plásticos, aparatos electrónicos o productos químicos.

“Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que extreme las medidas necesarias para que estos incendios no vuelvan a repetirse, se busquen a los culpables, por acción directa o por dejación de funciones, y se adapten las necesarias medidas correctoras”.

Por su parte, CHA Zaragoza ha reclamado una revisión de los mecanismos de prevención, control e inspección tras el nuevo incendio registrado en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano. La coordinadora de CHA Zaragoza, Ana Lasierra, ha advertido de que “cuando los incendios se repiten una y otra vez en un mismo entorno industrial ya no estamos ante una simple sucesión de accidentes, sino ante una situación que exige una revisión profunda de los mecanismos de prevención, control e inspección”.

Lasierra ha pedido al Gobierno de Aragón que informe sobre las causas de los incendios y refuerce la vigilancia de las instalaciones, además de reclamar al Ayuntamiento de Zaragoza una mayor implicación en materia de protección civil y seguridad. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo y qué medidas se están adoptando para evitar que estos episodios vuelvan a repetirse. No podemos normalizar que cada pocos meses se produzcan incendios de grandes dimensiones que generan alarma social y movilizan importantes recursos públicos”, ha afirmado.

Asimismo, Izquierda Unida de Aragón y Zaragoza en Común han exigido más información y controles tanto al Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza tras el último incendio declarado en el PTR. Ambas formaciones consideran que la reiteración de estos episodios obliga a extremar la transparencia y la supervisión de las actividades vinculadas al tratamiento y almacenamiento de residuos.

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha reclamado conocer qué controles e inspecciones se están realizando en las instalaciones afectadas y cuáles han sido sus resultados. Por su parte, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha lamentado la “falta de información y transparencia” por parte del Ayuntamiento y ha asegurado que siguen sin obtener respuestas claras sobre las medidas preventivas adoptadas ni sobre las consecuencias de estos incendios para la población.

Tanto IU como ZeC reclaman además que el Gobierno de Aragón refuerce los controles sobre las actividades de reciclaje de la zona y aclare si ha trasladado esta situación al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para investigar las causas de la elevada concentración de incendios en estas instalaciones.

Desde el Ayuntamiento no ofrecen valoraciones sobre las causas de los incendios ni hay información sobre medidas adoptadas al respecto.