El rechazo a los centros de datos colapsa Zaragoza: “No generan empleo, no pagan impuestos y se quedan los recursos”

En torno a 5.000 personas se han manifestado este sábado por las calles de Zaragoza contra los centros de datos que se proyectan no solo en Aragón, sino a nivel global. La marcha, convocada por más de una decena de colectivos ecologistas y vecinales con la plataforma ‘No es sequía, es saqueo’ a la cabeza, ha colapsado el centro de la ciudad para exigir una moratoria que paralice estos proyectos hasta que se evalúe su impacto. “Estos proyectos no generan empleo, no pagan impuestos y se están quedando con todos los recursos”, ha resumido Cristina García, ingeniera industrial y miembro del colectivo. “Basta de alfombras rojas y de limpiar los zapatos de los poderosos. Basta del expolio de las tecnológicas”, ha proclamado el colectivo en el manifiesto leído al final del recorrido.

La manifestación ha salido a las 12.00 horas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la plaza de Basilio Paraíso. Desde allí ha subido por el paseo de la Independencia hasta el Coso, ha seguido por la avenida de César Augusto y la calle de María Agustín y ha terminado frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, contra el que se han centrado las protestas.

Los asistentes han coreado lemas como 'Las nubes en el cielo, no en nuestro pueblo', 'No es sequía, es saqueo', 'Queremos pisos baratos, no centros de datos', 'No hay agua para tanto dato' o 'Centros de datos, tú pagas el pato“. Entre los representantes políticos que han acudido estaban el exalcalde de Zaragoza Pedro Santisteve; la secretaria general de IU Aragón, Marta Abengochea; el líder de CHA, Jorge Pueyo, y la candidata de la formación al Congreso, Marina Rodríguez, y el concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza Suso Domínguez.

Arrojo: “Hay que regular este sector”

Uno de los participantes destacados ha sido Pedro Arrojo, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua y premio Goldman de medio ambiente. Arrojo, que apura el final de su etapa como relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, ha recordado que hace dos años presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe en el que ya advertía de la llegada de “un nuevo sector que demanda mucha agua, sobre todo muchísima electricidad, y lo hace de manera muy opaca”, exigiendo a los gobiernos “opacidad absoluta” sobre sus consumos y sobre lo que pagan, “a pesar de ser contratos públicos”.

El relator ha explicado que el peligro llega con la escasez. “En años de lluvia normal habrá agua para todo lo que se quiera. Pero cuando vengan las sequías, y vendrán sequías duras y cada vez más fuertes, lo que no está claro es quién va a tener la prioridad. Desde luego, los centros de datos no se van a parar por eso”, ha advertido. La consecuencia, a su juicio, serán más restricciones para el regadío “y a veces incluso para el agua de boca”. Como ejemplo ha puesto el caso de Guadalajara (México), donde, según ha evidenciado, se han llegado a cerrar escuelas por falta de agua durante una sequía porque la prioridad se había dado a los centros de datos.

En años de lluvia normal habrá agua para todo lo que se quiera. Pero cuando vengan las sequías, y vendrán sequías duras y cada vez más fuertes, lo que no está claro es quién va a tener la prioridad. Desde luego, los centros de datos no se van a parar por eso

Pedro Arrojo — Fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua

El otro gran frente es la electricidad. El catedrático ha señalado a Irlanda como el espejo en el que mirarse: allí los centros de datos ya consumen más electricidad que todos los hogares del país, y absorben, ha denunciado, la energía eólica y solar “que se ha subvencionado con dinero público para combatir el cambio climático” y que acaba vendiéndose a estas empresas “a precio de ganga”. Además, ha advertido de que la subida de la demanda obligará a redimensionar la red eléctrica para que no colapse. “Eso es carísimo y se va a pagar en la tarifa de la gente. No lo van a pagar estas empresas, que ya tienen contratados precios de risa”, ha afirmado.

Arrojo ha insistido en que su planteamiento no pasa por la prohibición, sino por el conocimiento y la regulación: saber qué supone el sector, qué problemas va a generar y quién va a pagar sus externalidades negativas. “Una vez conocido todo eso, hay que regular ese sector como se regula el tráfico o cualquier otra actividad humana”, ha defendido.

Más consumo, menos empleo

Desde ‘No es sequía, es saqueo’, Cristina García ha denunciado “una avalancha de centros de datos en Aragón” que, según los cálculos del colectivo, multiplicarán por seis el consumo eléctrico de la comunidad, saturarán la red y tendrán prioridad en el acceso al agua, “y sin embargo apenas generan empleo y no pagan impuestos”. La plataforma critica que no haya habido debate público y que no se haya consultado a la ciudadanía.

García ha apuntado directamente a la figura de los proyectos de interés general, que, ha recordado, les permite beneficiarse de exenciones fiscales, expropiar terrenos privados y acortar los plazos de tramitación. Frente a ello, el colectivo reclama “despriorizar” el sector y destinar la energía a proyectos que generen empleo y aporten al territorio.

La ingeniera ha explicado que la implantación masiva de la inteligencia artificial, con necesidades de computación muy superiores a las actuales, empuja a estas empresas allí donde hay energía disponible: en España, ese lugar es Aragón, que exporta buena parte de la electricidad que produce. “Por eso han venido aquí, y por la política de exención de impuestos del señor Azcón”, ha señalado.

Isabel, también portavoz del colectivo, ha cuestionado las promesas de empleo. Según los datos que ha recabado la plataforma, frente a “los mil y pico empleos” anunciados, los centros ya instalados “llegan a 200 empleos”. “Verdaderamente no es un proyecto de interés general de Aragón”, ha concluido.

“Ni siquiera los concejales saben lo que se negocia”

La protesta ha reunido también a plataformas locales como Stop Centros de Datos La Puebla, que se opone al campus de 150 megavatios que ACS proyecta en La Puebla de Alfindén. Uno de sus representantes, José Manuel Rodríguez, ha denunciado que las negociaciones con la constructora se están llevando a cabo a través de la sociedad urbanística municipal, Sulpasa, y que “ni siquiera los propios concejales del ayuntamiento saben lo que se está negociando”. A los vecinos, ha añadido, no les llega ninguna información.

Rodríguez ha cifrado en “unos 40 millones de euros” las exenciones de impuestos que dejarán de llegar al municipio, y ha relatado que concejales socialistas de la localidad les describieron su situación como “el doble mal”: el centro de datos y una empresa que “no está dispuesta a ceder ni un euro” de lo que pide el ayuntamiento. Mientras otras multinacionales ofrecen patrocinios o equipamientos a los pueblos, algo que la plataforma rechaza igualmente porque supone “comprar la opinión del pueblo”, en La Puebla “ni eso”, ha lamentado. Según la información que maneja la plataforma, el propio ayuntamiento tendrá que pagar un depósito de agua que utilizará en parte el centro de datos.

Pedro Santisteve, por su parte, ha hablado de un movimiento que “va creciendo” ante “la estafa que suponen los PIGA”. El exalcalde ha reprochado al Gobierno de Azcón que no haya aprobado una moratoria para que la ciudadanía pueda opinar “con transparencia, con información y con los datos que hace falta conocer”. Santisteve ha cifrado en 34 los centros de datos previstos, “una barbaridad” que, a su juicio, la red eléctrica “no va a aguantar”, y ha alertado de que puede repetirse lo ocurrido en Estados Unidos, donde se ha encarecido la luz y estados como Texas u Ohio ya plantean moratorias.

“Aragón no se vende”

Frente al Pignatelli, los convocantes han leído un manifiesto que arranca con el despliegue renovable. Primero, ha recordado el texto, Aragón “se cubrió todo de placas y molinos” sin planificación y sin escuchar a los territorios. Después llegaron los expedientes de los centros de datos, “esas moles que parecían granizo de hormigón cayendo de la nube digital”, que se instalan “sin pagar impuestos y sin dar trabajo” y “con la desfachatez de decir que son Proyectos de Interés General para Aragón”.

El manifiesto señala a Amazon, Microsoft, Azora, Blackstone y Forestalia, que “llegan como buitres allá donde huelen un beneficio rápido”, y enlaza la protesta con la vivienda con un llamamiento a la huelga del 11 de noviembre al grito de “¡Menos datos, más pisos baratos!”.

Los colectivos rechazan en el texto la isla de calor y el “zumbido infernal” de estas instalaciones, las restricciones de riego mientras los centros siguen consumiendo agua y la subida de la luz “mientras las energéticas hacen ofertas a las tecnológicas”. También cuestionan la necesidad misma de la inteligencia artificial: frente a una IA que conteste correos o diseñe carteles, reivindican producir menos y bajar el ritmo.

La manifestación coincide con el Día Europeo contra los Centros de Datos, impulsado por la red Stop Dirty Data Centres, que ha fijado el 6 y el 7 de noviembre para coordinar acciones en distintos países. Llega poco más de un mes después de la marcha del 27 de septiembre en Torrero contra el campus que Microsoft proyecta junto a Puerto Venecia y los Pinares de Venecia, y algo más de un año después de la primera gran protesta contra los centros de datos en Zaragoza, en septiembre de 2025.