El Gobierno de Rajoy despidió en 2018 a un empleado público en Zaragoza por no agilizar trámites para Forestalia

El Gobierno de España despidió en 2018, con el popular Mariano Rajoy en el poder, a un empleado público por no agilizar los trámites para tres parques eólicos en Zaragoza. Según consta en la sentencia, el funcionario denunció “acoso” por parte del subdelegado del Gobierno en la provincia, Ángel Val, un histórico dirigente popular que en la actualidad ejerce como director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acabó dando la razón al empleado y obligó al Ejecutivo del PP a readmitirlo.

En concreto, como ha adelantado 'El Periódico de Aragón' y ha podido confirmar elDiario.es, el trabajador ocupaba el puesto de director del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, que se encarga de tramitar las autorizaciones para las plantas de energías renovables en la provincia cuando necesitan el visto bueno del Ministerio correspondiente.

Entre otros proyectos, este alto cargo debía avalar tres parques eólicos impulsados por la empresa Viados Gestión Integral de Proyectos SL, una firma vinculada a Forestalia. De hecho, en marzo de 2019 pasó a denominarse Forestalia Vigilancia Ambiental SL. Entre sus cargos han estado el consejero autonómico de Medio Ambiente –y exmandatario del PAR– Alfredo Boné y otro integrante de la formación aragonesista, Luis Marruedo, quien fue viceconsejero de Medio Ambiente en el último Gobierno de Marcelino Iglesias (2007-2011) y director general de Desarrollo Rural con la popular Luisa Fernanda Rudi (2011-2015), y que ahora trabaja precisamente para Forestalia.

En este contexto, el trabajador fue relevado de su puesto –que ocupaba desde 2012– en la primavera de 2018, pero no se quedó de brazos cruzados, sino que llevó su caso a los tribunales. Según refleja el fallo del TSJA, el funcionario acusó directamente a los máximos responsables de la Delegación del Gobierno en Aragón, y en concreto a su entonces máximo responsable, el popular Gustavo Alcalde, y al subdelegado en Zaragoza, Ángel Val, de “acoso en relación al estado de estos expedientes”. También apuntaba a Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, al frente de la cual estaba la altoaragonesa María Teresa Baquedano.

Esas afirmaciones aparecen en la sentencia no como hechos probados, sino en un “resumen de los motivos” por los que el empleado público impugna su cese.

Este periódico se ha puesto en contacto con el ahora director del IASS para obtener su versión, pero Val ha optado por no hacer declaraciones. Fuentes de Forestalia tampoco hay querido valorar la información.

En ese inicio de 2018 estaba en funciones al frente del Ministerio Luis de Guindos, tras la dimisión de José Manuel Soria por sus vínculos con los papeles de Panamá. Se da la circunstancia de que, según publicó 'Heraldo de Aragón', Soria ha sido consultor Forestalia desde 2018. El cese del empleado se le comunicó en marzo y se hizo efectivo en abril, ya con el zaragozano Román Escolano como ministro de Economía, Industria y Competitividad.

El trabajador relevado emprendió acciones legales contra su despido. Y en julio de 2019 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo –con el juez Juan Carlos Zapata como ponente– consideró “ayuno de cualquier motivación” el cese. “Nos hallamos ante un nombramiento de funcionario regido por los principios de concurrencia, mérito y capacidad, y que exige de una razón cognoscible, explicable y controlable que justifique el cese”, explicó el tribunal. Pese a que la Administración justificó en “una deficiente tramitación de los expedientes” el relevo, el TSJA cree que esta afirmación no está “sustentada”. Al contrario, continúa el fallo, “si hubo alguna motivación del cese lo fue interna de los órganos administrativos que lo proponen y aceptan”.

Por ello, la Sala de lo Contencioso sentenció que debía restituirse el cargo al funcionario, incluido el pago de retribuciones equivalentes a lo que estaba percibiendo hasta el despido, e impuso las costas a la Administración.