El vendaval judicial que afronta Forestalia: una decena de causas judiciales por proyectos de renovables en todo Aragón

Los proyectos de energías renovables de la empresa aragonesa Forestalia se encuentran más que nunca en entredicho tras los últimos acontecimientos del martes. Ese día se produjo la detención y posterior puesta en libertad de seis implicados en una presenta trama de corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos. Entre ellos, el propietario de la firma, Fernando Samper.

A primera hora de la mañana comenzaba la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel número 1, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel. Junto a Samper, otras cinco personas, entre ellas antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, y su mujer.

Otra unidad del Instituto Armado, la Unidad Central Operativa (UCO), ya registró en diciembre dependencias de Forestalia por su presunta relación con el caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

La investigación de la pasada jornada se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa tiene su origen en la posible manipulación de declaraciones de impacto ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones. Estas actuaciones habrían podido beneficiar a un grupo empresarial del sector de las energías renovables en la tramitación de proyectos ubicados en la provincia de Teruel.

Una decena de causas judiciales

Los permisos ambientales concedidos en los últimos años por los gobiernos central y autonómico a los proyectos eólicos y solares de Forestalia han derivado en múltiples procedimientos penales que afectan a la mayor promotora de renovables en Aragón. Estos casos se tramitan actualmente en juzgados de Aragón y Madrid.

Solo Teruel Existe ha presentado 99 denuncias contra 77 parques eólicos, 16 plantas fotovoltaicas y seis líneas de evacuación, según el responsable de medioambiente de la formación, Ernesto Romeo. La primera denuncia por un supuesto delito medioambiental se formalizó en 2022 contra el proyecto de parques en Muniesa, Alfambra y Orrios. En enero de 2023, la formación denunció 22 proyectos del macroproyecto del Maestrazgo, el primer geoparque declarado en Aragón por la Unesco. Meses más tarde, en mayo y junio, presentó denuncias contra tres paquetes del denominado proyecto ‘Sputnik’, integrado en el clúster del Matarraña, que se extiende desde Cucalón, en la provincia de Zaragoza, hasta Begues y que fue paralizado tras alegaciones presentadas en Cataluña.

En 2024, la formación amplió sus acciones a los proyectos planteados en la Sierra de Albarracín y Ojos Negros, con una línea de evacuación hacia Valencia. Estos tres grandes planes –cuya declaración ambiental corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)– se ubican en la provincia de Teruel y cuentan con declaración ambiental favorable. Sin embargo, por el momento, los dos últimos se encuentran paralizados por alegaciones de comunidades vecinas, a la espera de lo que ocurra con el caso del Maestrazgo. En el caso de Forestalia, Teruel Existe solo ha visto rechazadas por la Fiscalía sus denuncias relacionadas con proyectos en la provincia de Zaragoza.

El Clúster del Cinca

A estos procedimientos se suman otras iniciativas judiciales impulsadas por organizaciones. Ecologistas en Acción presentó hace aproximadamente dos años y medio una querella por prevaricación contra el exdirector general del Inaga, Jesús Lobera, uno de sus jefes de sección y la jefa del servicio de Industria en Huesca por la autorización del Clúster Cinca, en la provincia de Huesca, que agrupa seis parques eólicos.

Más recientemente, el pasado mes de febrero, la Plataforma 13M –que reúne a 17 entidades ciudadanas y ecologistas contrarias a los macroproyectos de renovables– presentó la primera denuncia penal conjunta contra los gobiernos central y autonómico por las autorizaciones concedidas a Forestalia. En el escrito denuncian presuntas irregularidades y un supuesto trato de favor a la empresa en los procesos de evaluación ambiental y en las autorizaciones administrativas tanto del Inaga (Gobierno de Aragón) como del Miteco.

Antes de esa iniciativa, en diciembre, la asociación Paisajes de Teruel llevó la autorización ambiental del Clúster Maestrazgo ante la Fiscalía Anticorrupción. Tras considerar que no era competente, este organismo remitió el caso el 29 de enero a la Fiscalía de Madrid. Paralelamente, la plataforma presentó también una denuncia por prevaricación en Teruel que ya está siendo tramitada por el Juzgado de Instrucción número 1.