La industria asturiana ha dado este viernes en Mieres un paso inédito hacia la sostenibilidad con la firma de la Declaración Industrial Asturiana 2030, el primer compromiso colectivo del sector con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en la comunidad. 

El acuerdo ha sido suscrito en la Escuela Politécnica de Mieres por siete entidades, entre empresas industriales y administraciones, en el marco de la jornada ‘Industria que cumple. Empresas asturianas ante la Agenda 2030’. 

El acto ha reunido a representantes institucionales y empresariales en un formato de trabajo directo que ha culminado con la firma del documento al finalizar la jornada que se ha desarrolldo en el campus de Mieres de la Universidad de Oviedo. 

La declaración recoge compromisos en ámbitos como la eficiencia energética y la descarbonización, la economía circular, la digitalización, el empleo de calidad y la cooperación territorial, con el objetivo de alinear el tejido industrial asturiano con las exigencias europeas en materia de sostenibilidad. 

Entre los firmantes se encuentran compañías con actividad en Asturias como TK Escalator Norte, Auxquimia, Instalaciones VIGIL y Mieres Rail, junto a la Dirección General de Agenda 2030 del Principado, el Ayuntamiento de Mieres, la Universidad de Oviedo y la Fundación Asturiana de la Energía. 

El documento se articula en cuatro ejes estratégicos que abarcan desde la transición energética hasta la retención de talento, e incorpora además mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los objetivos hasta el horizonte de 2030. 

Con este paso, el tejido industrial asturiano trata de posicionarse ante los retos de la transición energética y digital, en una comunidad con un fuerte peso del sector manufacturero y llamada a adaptarse a los nuevos estándares europeos. 

La jornada

Durante la jornada se han expuesto las buenas prácticas de sostenibilidad de empresas e instituciones, con el foco en dejar un mundo mejor al albur de la Agenda 2030. El director general de la Agenda 2030 del Principado de Asturias, Juan Ponte, defendió que el documento de la ONU “es una trasposición política de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, como “criterios universales que redundan a la prosperidad de cualquiera”. Ponte defendió que las empreesas que más internalicen la sostenibilidad “más van a prosperar y más competitivas van a ser en el mercado”.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, hizo un alegato para hablar “de lo bueno que tenemos” en los territorios, destacando las empresas industriales del concejo y su compromiso con un futuro más sostenible generando empleo y actividad económica. Juan Carlos Ríos, secretario académico de la Escuela Politécnica de Mieres, expuso los aportes a la agenda y la sostenibilidad que se hace desde la formación universitaria de la cuenca minera, cuya oferta de titulaciones y ámbito de investigación entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el ámbito empresarial ofrecieron sus testimonios de retos de sostenibilidad en la industria las empresas TK Escalator Norte, con su director de calidad y medioambiente Ignacio Muñiz, Julio Fernández, director de Mieres Rail y Javier Castro, director general de Auxquimia; así como la Fundación Asturiana de la Energía con su director Carlos García.

La industria asturiana dará este viernes un paso inédito en su adaptación a los retos de sostenibilidad con la firma en Mieres de la primera Declaración Industrial Asturiana 2030, un compromiso colectivo que reunirá a empresas, administración autonómica, ámbito local y universidad. La iniciativa se enmarca en la jornada ‘Industria que cumple. Empresas asturianas ante la Agenda 2030’, que se celebra este viernes 17 de abril en la Escuela Politécnica de Mieres de la Universidad de Oviedo, y supone la concreción de un debate que ya había comenzado en encuentros previos sobre el papel del tejido empresarial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El acto, que arranca a las 9.00 horas en formato de desayuno de trabajo, culminará a las 11.15 horas con la firma de este documento estratégico por parte de ocho organizaciones, entre ellas cuatro empresas industriales con actividad en Asturias. Se trata de un paso más respecto a la jornada celebrada recientemente en el mismo campus universitario, donde ya se puso sobre la mesa la necesidad de implicar a la empresa asturiana en la Agenda 2030.

La declaración no se plantea como una mera declaración institucional, sino que incorpora compromisos concretos y medibles en ámbitos clave como la eficiencia energética y la descarbonización, la economía circular, la digitalización, el empleo de calidad o la cooperación territorial. Además, los firmantes se comprometen a establecer mecanismos de seguimiento hasta el horizonte de 2030, lo que introduce un componente de evaluación poco habitual en este tipo de iniciativas.

El encuentro contará con la participación del director general de Gobernanza Pública y Agenda 2030 del Principado de Asturias, el alcalde de Mieres y representantes de la Universidad de Oviedo, así como responsables de empresas como TK Escalator Norte, Auxquimia, Instalaciones VIGIL o Mieres Rail. También intervendrá la Fundación Asturiana de la Energía, que aportará una visión centrada en el papel del sector energético en la transición sostenible.

La firma de esta declaración llega en un contexto de creciente presión normativa y de mercado sobre las empresas. La Unión Europea ha intensificado las exigencias en materia de sostenibilidad, con normativas como la directiva sobre información corporativa en sostenibilidad y el impulso de los fondos Next Generation EU, que priorizan proyectos alineados con los ODS. En este escenario, el tejido industrial asturiano, especialmente las pymes, se enfrenta tanto a obligaciones como a oportunidades.

Asturias, con una fuerte base industrial, se encuentra en pleno proceso de transformación hacia modelos más sostenibles y digitalizados. La jornada de Mieres representa así un intento de articular una respuesta conjunta desde el territorio, alineando a los distintos actores implicados en ese proceso de cambio.

Si quieres asistir a la jornada puedes apuntarte al evento en este enlace.

Programa

9:00 – 9:30 h. Recepción y desayuno de networking

9:30 – 9:45 h. Bienvenida institucional · Manuel Ángel Álvarez (Alcalde de Mieres) y Juan Carlos Ríos (Secretario Académico EPM)

9:45 – 10:10 h. Agenda 2030 en Asturias: oportunidad empresarial · Juan Ponte (Director General de Agenda 2030, Principado de Asturias) y Manuel Angel Alvarez

10:15 – 11:00 h. Mesa coloquio-Testimonios empresariales · TK Escalator Norte · Auxquimia · Instalaciones VIGIL · Mieres Rail (Talleres Alegría) · Modera: Carlos Vega

11:00 – 11:15 h. Energía para un futuro más sostenible · Carlos García Sánchez (Director, FAEN)

11:15 h ★ FIRMA DE LA DECLARACIÓN INDUSTRIAL ASTURIANA 2030

El salón de actos de la Escuela Politécnica del Campus de Mieres de la Universidad de Oviedo acogerá el próximo viernes 17 de abril la primera edición de los 'Desayunos en clave', centrada en esta ocasión en la Agenda 2030 y su impacto en el tejido empresarial asturiano .

Bajo el título ‘Agenda 2030. Presente y futuro de la región’, la jornada está concebida como un espacio de encuentro entre instituciones, universidad y empresas de Asturias para analizar cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han convertido en un eje estratégico para la industria. La iniciativa parte de un contexto en el que la normativa europea ya exige a las empresas informar sobre su impacto ambiental y social, al tiempo que los fondos de recuperación priorizan proyectos alineados con criterios de sostenibilidad. La inscripción es gratuita y ya está disponible.

El programa comenzará a las 9 de la mañana con un desayuno networking, seguido de una bienvenida institucional a cargo del alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. A lo largo de la mañana intervendrán representantes del Gobierno del Principado, como el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, así como miembros de la Universidad de Oviedo y responsables de distintas empresas industriales .

Uno de los ejes del encuentro será el análisis del papel de la industria en la transición hacia modelos más sostenibles. La descarbonización y la adopción de criterios ambientales ya no se plantean solo como una obligación normativa, sino como una ventaja competitiva en mercados cada vez más exigentes . En este sentido, integrar los ODS en la estrategia empresarial permite acceder a financiación europea, mejorar la eficiencia energética y reforzar el posicionamiento en mercados internacionales.

En el encuentro participarán varias empresas asturianas que expondrán su experiencia en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito industrial. Entre ellas se encuentran TK Escalator Norte, representada por su director de Calidad y Medioambiente, Ignacio Muñiz; Perimeter Solutions con su vicepresidente Javier Castro, que intervendrá en la mesa de testimonios empresariales junto a Luis Vigil de Instalaciones Eléctricas Vigil y Mieres Rail. Todos abordarán cómo el tejido empresarial de la región está incorporando criterios de sostenibilidad en su estrategia.

La jornada incluirá además una ponencia sobre energía sostenible y la firma de la Declaración 2030, con la que se busca reforzar el compromiso de las organizaciones participantes con la agenda sostenible.

El encuentro forma parte del ciclo ‘Desayunos en clave’, impulsado por elDiario.es Asturias, que pretende abrir espacios de reflexión sobre el presente y el futuro económico y social de la región. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres, de la Escuela Politécnica de Mieres de la Universidad de Oviedo y la Agenda 2030 de Asturias. En esta ocasión, el foco se sitúa en la Agenda 2030, un plan global aprobado por Naciones Unidas que fija 17 objetivos para avanzar hacia un modelo más sostenible, inclusivo y próspero antes de 2030.

Si quieres asistir a la jornada 'Agenda 2030, presente y futuro de la Región' no te olvides de apuntarte al evento en este enlace.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una comunicación formal a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en determinados supuestos. La medida afecta a los arrendamientos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que los inquilinos soliciten expresamente la extensión.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy enmarca esta actuación en la entrada en vigor del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, dentro del paquete de respuesta del Gobierno al impacto económico derivado de la guerra en Irán. La norma introduce una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, que podrá extenderse hasta un máximo de dos años adicionales mediante renovaciones anuales.

Un nuevo derecho para los arrendatarios

Según detalla el Ministerio, este mecanismo configura “un nuevo derecho” para los inquilinos, de modo que la solicitud de prórroga deberá ser aceptada obligatoriamente por los arrendadores, manteniéndose intactas las condiciones contractuales vigentes. La Dirección General de Consumo ha instado a las entidades afectadas a adaptar de inmediato sus procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Pendiente de convalidación en el Congreso

El movimiento del Ejecutivo llega en un contexto de creciente presión sobre el mercado del alquiler y con la convalidación parlamentaria del decreto aún pendiente. El texto deberá ser debatido en el Congreso en las próximas semanas, aunque el Gobierno confía en contar con apoyos suficientes para sacarlo adelante.

En paralelo, tanto Bustinduy como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han intensificado sus mensajes públicos en los últimos días para animar a los inquilinos que cumplan los requisitos a solicitar la prórroga antes de que expire el plazo de vigencia provisional de la norma.

Tensiones dentro del Ejecutivo por la medida

La aprobación del decreto no estuvo exenta de tensiones dentro del Ejecutivo. La medida se acordó en un Consejo de Ministros extraordinario en el que los ministros de Sumar condicionaron el inicio de la reunión a la inclusión de esta prórroga, que finalmente quedó fuera del decreto anticrisis de carácter fiscal —ya convalidado— y se articuló en una norma independiente aún pendiente de ratificación parlamentaria.

Aragón se ha situado en el centro del mapa nacional del biometano. Con más de 75 proyectos en distintas fases de tramitación y solo unas pocas plantas ya operativas o en construcción, la comunidad aspira a convertirse en uno de los principales polos de producción de gas renovable en España. El eje Huesca-Zaragoza concentra buena parte del despliegue.

El impulso no es aislado. España se ha marcado como objetivo alcanzar 20 TWh anuales de biometano en 2030 dentro de la Hoja de Ruta del Biogás, alineada con el plan europeo REPowerEU para reducir la dependencia del gas fósil tras la crisis energética de 2022. Aragón parte con ventaja por la alta densidad ganadera, la abundancia de purines y red gasista capaz de absorber la producción sin nuevas infraestructuras troncales. Esta situación se da también en Castilla-La Mancha, donde son 70 los proyectos en marcha.

En estos momentos, la tramitación ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) es desigual. 22 plantas en 18 municipios están o han pasado la fase de información pública: Zaidín, Vencillón, San Esteban de la Litera, La Albelda, Tamarite de Litera, Barbastro, Villanueva de Sijena, Fraga, Peñalba, Esquedas y Candasnos en la provincia de Huesca; La Almunia de Doña Godina, Tauste, Zuera, Calatorao, Ejea y Magallón en la provincia de Zaragoza, y Fuentes Claras y Cella en la de Teruel.

Además de estos proyectos se están tramitando otras 53 iniciativas de plantas de biogás en 41 municipios: Agón, Albalate de Cinca, Alcañiz, Alcalá de Gurrea, Alcolea de Cinca, Alfambra, Alfamen, Altorricón, Almudévar, Azaila, Azlor, Bañón, Barbastro, Belchite, Binéfar, Bujaraloz, Calamocha, Calanda, Caspe, Ejea de los Caballeros, El Burgo de Ebro, Esplús, Fraga, La Puebla de Híjar, Loporzano, Lupiñén, Magallón, Mallén, Mediana de Aragón, Pedrola, Perales de Alfambra, Peñalba, Quinto, Siétamo, Tamarite de Litera, Tauste, Velilla de Cinca, Villafranca del Campo, Villanueva de Sijena, Zaidín y Zuera.

Estos últimos aún no están en fase de información pública por lo que los datos de sus promotores no son públicos todavía.

Zaidín y Vencillón, las primeras

Entre las instalaciones más relevantes destaca la planta de Zaidín (Huesca), operativa desde marzo de 2024 y promovida por el Grupo Griñó. Trata unas 205.000 toneladas anuales de purines y residuos agroalimentarios.

Zaidín es una localidad pionera en este ámbito: en los años 90 se puso en marcha una planta de cogeneración donde el metano se utilizaba para producir electricidad. Actualmente, el aprovechamiento se orienta principalmente al gas.

También está muy avanzada la planta de biometano de Vencillón, cuya economía se fundamenta principalmente en la agricultura y la ganadería, sector tradicional heredado de sus orígenes como poblado de colonización.

En estos momentos se está a la espera de recibir el proyecto para tramitar el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), después de que haya superado la fase de exposición pública sin registrar alegaciones. Además, se han incorporado todas las correcciones señaladas por el Inaga para evitar afecciones a acuíferos, suelos y atmósfera. El proyecto también ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

La tramitación de esta planta comenzó hace casi seis años y se prevé que las obras y su puesta en funcionamiento se prolonguen durante otros dos años.

La planta de biogás de Vencillón está gestionada por Repsol, la distribuidora Enagás y una empresa de ingeniería. Se localiza a kilómetro y medio del núcleo urbano y gestionará más de 100.000 toneladas de residuos al año. Desde que comenzó el primer trámite para obtener la Declaración de Interés General del Gobierno de Aragón ha pasado más de un lustro y el presupuesto inicial se ha duplicado debido a la complejidad de los proyectos de inyección del biometano en el gasoducto “Vencillón-Sariñena Fase I”, una obra imprescindible para que el gas generado pueda llegar al sistema gasista.

“Una buena solución”

Ramón Capel, alcalde de Vencillón, defiende la oportunidad de esta planta ubicada en una zona vulnerable por la sobrecarga ganadera donde están próximas localidades como Tamarite de Litera, Altorrincón y los mataderos de Binéfar. “Es una buena solución para reducir la huella de carbono y evitar la contaminación medioambiental y se han seguido todas las exigencias normativas. También el agua es reutilizada y purificada sin afectar al sistema hídrico”, explica Capel.

Al mismo tiempo que cree que este tipo de plantas “han proliferado como hongos” y que no todas saldrán adelante porque se generan en una burbuja creada como ha ocurrido con las plantas de hidrógeno y las energías eólicas y solares, Capel también considera que en otros casos se peca de alarmismo, quizá por la falta de información. A su juicio, “nunca llueve a gusto de todos” y lo fundamental es que los proyectos sean objetivamente necesarios y cumplan de forma rigurosa los criterios medioambientales, eviten problemas de olores y contaminación y mantengan las distancias con los cascos urbanos. “El resto, será especulación”, sentencia.

Próximas a Vencillón hay algunas localidades en las que se impulsan varios proyectos, como el caso de San Esteban de Litera. También acumulan proyectos empresariales en las localidades zaragozanas de La Almunia y Caspe.

Reparos de San Esteban de Litera

Cerca de Vencillón, en San Esteban de Litera hay tres proyectos solicitados por parte de GIA Energy, Atria Power y ENCE Biogas. De momento, la que más rechazo produce es la de GIA, que cuenta con dos informes negativos de la Dirección de Ganadería, lo que ha conllevado otras dos solicitudes de archivo del expediente de planta de biogás por parte del ayuntamiento.

Tal como se informa a los vecinos en el boletín informativo del mes de marzo, buzoneado la pasada semana, “el pasado 19 de febrero el Consistorio solicitó el archivo del expediente de la planta de biogás que se ubica junto a la A-133, detrás de Distromel, una petición que se suma a una anterior que formuló a mediados del pasado año. Esta solicitud se realizó después de que la Unidad de Recursos Ganaderos del Servicio Provincial de Agricultura del Gobierno de Aragón informara de que las instalaciones previstas incumplían distancias con explotaciones ganaderas. Hay que recordar que dicha Unidad ya informó en esa línea hace unos meses, lo que motivó la primera de las solicitudes de archivo del expediente planteada por el Ayuntamiento”.

Por otro lado, también se ha informado a los vecinos de que el Ayuntamiento de San Esteban ha paralizado las licencias para este tipo de instalaciones que se pretendan ubicar a menos de 2 km del casco urbano. La decisión se enmarca dentro una suspensión temporal de licencias en el marco de una modificación puntual del Plan General que inició el propio ayuntamiento el pasado verano y que en estos momentos está en evaluación ambiental en el Inaga.

En cuanto a los otros dos proyectos de plantas de biogás en la zona de Ribabona, uno recibió informe desfavorable por distancias a explotaciones ganaderas y los promotores han registrado en el Inaga un cambio de ubicación. Por tanto, el expediente, en el caso de tramitarse, deberá volver a salir a exposición pública. El segundo está a la espera de los informes sectoriales, entre ellos el de Ganadería, que debe determinar si cumple o no con las distancias ganaderas.

Ubicaciones sin afecciones

En el Ayuntamiento zaragozano de Bujaraloz se han recibido al menos cinco propuestas para desarrollar plantas de biogás, siendo una de ellas la que más visos tiene de salir adelante y se ubicaría a 14 kilómetros del casco urbano, ya que el término municipal es muy alargado. Además, la zona a implantarse es de escaso valor medioambiental y el ayuntamiento es el titular de la superficie.

La localidad está catalogada como Zona Vulnerable a Nitratos, es decir, donde las aguas superficiales o subterráneas tienen —o corren el riesgo de tener— una concentración demasiado alta de nitratos procedentes de la actividad agraria y ganadera.

No obstante, no existe contestación ciudadana, tanto por la lejanía de su instalación como por la prudencia que muestra en todo momento el Consistorio que, ante todo, trata de preservar la salud de la población y exigir el cumplimiento riguroso de la normativa y los criterios del Inaga. Además, un proyecto ordenado y equilibrado también genera cierto impacto económico en el territorio en el que se instala, tanto por la compra de terrenos, la inversión en la obra y los impuestos municipales que recibe el erario público.

Energía o fertilizantes

En Teruel no hay tantos proyectos de biogás pero cuentan con algunas experiencias punteras como la de la empresa Fertinagro Biotech, que lleva años investigando y desarrollando soluciones en materia de fertilizantes tecnológicos y sostenibles en España.

El director de desarrollo estratégico de esta firma, Sergio Atarés, distingue los pros y contras de las plantas de biogás ya que, desde el punto de vista energético es positivo porque se reduce la dependencia externa, pero en materia de fertilizantes pueden añadirse problemas, sobre todo cuando la materia orgánica no son solo purines o restos de las industrias alimentarias.

Según Atarés, cuando se hace uso de subproductos que son digeridos por las plantas de biogás para producir energía, queda el digestato, la materia sólida que vuelve al suelo pero empobrecida, lo cual es perjudicial. En este punto, compara los tipos de suelos fértiles europeos, en los que abunda la materia orgánica, frente a los suelos mediterráneos, típicos de climas secos, donde los suelos carecen de nutrientes, por lo que “estamos limitados para tal cantidad de plantas de biogás”. Desde su punto de vista, el biogás es una buena solución cuando existe mucha biomasa y siempre que existan soluciones para el digestato. La propia Unión Europea pone límites para tratar el producto orgánico resultante de la digestión anaeróbica en plantas de biogás, como los compuestos poliaromáticos y otras sustancias prohibidas.

La empresa turolense, filial de Térvalis, tiene su propia planta de biogás de autoconsumo en la localidad de Escucha con una gestión de 40.000 toneladas al año. Fertinagro Biotech también asesora a otras empresas que desarrollan plantas de biogás porque sin una planificación agronómica rigurosa, el problema se desplaza, pero no desaparece.

Mapa actual de zonas vulnerables

Aragón ha ampliado recientemente sus zonas vulnerables (áreas donde el agua subterránea está contaminada o en riesgo por el exceso de abonos y purines). La Orden AGM/83/2021, revisada a finales de 2025, es la referencia legal vigente. 

El mapa del biogás en Aragón sigue de cerca el de la ganadería intensiva. Muchos de los proyectos se concentran en el este de la provincia de Huesca, en comarcas como La Litera y el Bajo Cinca, uno de los principales núcleos porcinos del país y donde el volumen de purines convierte estos residuos en una materia prima abundante. Otro eje se extiende por el valle medio del Ebro y las Cinco Villas, con municipios como Tauste, Magallón o Agón, donde la agricultura de regadío y la ganadería intensiva alimentan nuevas iniciativas energéticas. En los últimos años también han surgido proyectos en el entorno de Huesca y el Somontano —con casos como Loporzano o Barbastro—, algunos de ellos acompañados de una creciente contestación vecinal.

La localidad oscense de Loporzano se encuentra en el centro de un creciente conflicto tras conocerse que su alcalde, David Suelves (PP), es el promotor de dos nuevas explotaciones porcinas que sumarán 14.000 plazas en la pedanía de Barluenga. El proyecto, que incluye una granja de 2.000 cerdos de engorde y otra de recría con 12.000 lechones –equivalentes a 240 unidades de ganado mayor (UGM)–, duplicaría con creces la capacidad ganadera actual del municipio, que hasta hace dos años apenas contaba con 5.700 plazas repartidas en tres instalaciones.

Se da la circunstancia de que esta expansión coincide en el tiempo con la tramitación de una polémica planta de biogás diseñada para gestionar 95.000 toneladas de residuos anuales –entre ellos, los purines de las granjas–, lo que ha reabierto una brecha social en un territorio con una década de movilizaciones contra la ganadería industrial.

Ahora gobernado por el PP, este municipio altoaragonés fue paradójicamente años atrás ejemplo de oposición al desarrollo de granjas de ganadería intensiva de la mano de la asociación Loporzano Sin Ganadería Extensiva y de la agrupación Loporvenir, que incluso estuvo al frente de la Alcaldía entre 2019 y 2023 tras un acuerdo con el PSOE y el PAR. En las últimas elecciones municipales, Loporvenir ganó en votos, pero el acuerdo entre los tres concejales populares y uno de la FIA proporcionó el bastón de mando a Suelves.

Las iniciativas del actual primer edil, de profesión agricultor, pasan por la construcción de diferentes instalaciones para una explotación 2.000 cerdos de cebo y otra de recría de lechones de 12.000 plazas, una cifra que en términos de carga contaminante y gestión de residuos equivale al impacto de unos 480 cerdos de cebo adultos –240 cada una–. Esta 'traducción' a UGM es la escala que utiliza la administración para evaluar el verdadero potencial contaminante de las explotaciones, independientemente de la edad o el peso de los animales.

Pero en las últimas semanas ha resurgido un movimiento vecinal contrario a ambos proyectos por su posible impacto en olores, ruidos, tráfico de camiones pesados y captación de agua. A los vecinos más críticos no se les escapa que el número total de animales es el que realmente genera el tráfico de camiones, el ruido y la gestión masiva de purines.

Alegaciones

Según consta en el tablón de anuncios, se ha abierto período de información pública de quince días naturales desde la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de Aragón para que se presenten las observaciones que consideren pertinentes a los proyectos presentados, antes de obtener la declaración de impacto ambiental favorable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

La alarma ha calado hondo entre numerosos residentes. Una vecina de Barluenga, Eva Fañanás, ha presentado ya alegaciones formales cuestionando la viabilidad hídrica de los proyectos y recuerda que la población sufre restricciones de agua potable durante el verano y que el propio Consistorio ha denegado permisos en el pasado por falta de recursos. En la misma línea, la propietaria de esta finca colindante alerta sobre la posible afección a los acuíferos dada la cercanía de las instalaciones a la presa de Montearagón. También expresa una sensación de “impotencia”, tras haber rehabilitado la vivienda familiar recientemente y ahora teme que los olores, el ruido y el tráfico constante de camiones pesados degraden el entorno.

Por su parte, el alcalde David Suelves defiende la legalidad de sus iniciativas y asegura que se abastecerá del río Flumen para no afectar a la red municipal. El edil sostiene que cumple con los rigurosos requerimientos medioambientales y que, aunque aún no ha precisado el volumen exacto de purín generado, su memoria técnica garantiza terrenos suficientes para el vertido de los desechos. Respecto a las críticas por la proximidad a núcleos urbanos, el promotor recalca en la documentación que sus granjas respetan los límites de las normas subsidiarias: la instalación de lechones se ubica a 1.380 metros de Barluenga, y la de cebo, a igual distancia de Sasa del Abadiado sin que exista ninguna vivienda diseminada en un radio menor de 150 metros. En ambas se superan los 1.300 metros exigidos por la normativa para suelos urbanos.

Una planta de biogás de amplio radio

Paralelamente, la planta de biogás promovida por Catalana de Biogás –una compañía nacida en 2022 respaldada financieramente por Sinia Renovables, inversor especializado en proyectos de energía renovable integrado en el Grupo Banco Sabadell– añade otra capa de incertidumbre. La firma, que se presenta como especialista en biometano, ofrece soluciones integrales en colaboración con otros socios, como cooperativas agrícolas, gestores de residuos y empresas del sector energético, sin que se conozca una instalación gestionada por ellos.

El propio alcalde facilitó un encuentro en el Ayuntamiento de Loporzano para que la empresa presentara el proyecto, al que acudieron más de 160 personas. La mayoría expresó su rechazo y su preocupación por el tamaño de la instalación, la falta de información previa y el impacto territorial, que también afectaría a los municipios vecinos de Tierz y Quicena. Algunos asistentes reclaman más transparencia ya que del proyecto, que lleva sobre la mesa desde febrero de 2025, no se han conocido demasiados detalles, ni se ha respondido a varias preguntas planteadas, ni se ha ampliado posteriormente información, pese a haber facilitado un correo electrónico de contacto.

La statup, que cuenta con una veintena de sociedades limitadas y nació con un capital social de 3.000 euros, genera dudas entre algunos vecinos que sospechan que este tipo de iniciativas pueden tener un objetivo más logístico que productivo, ya que se localiza junto al gasoducto donde verter el metano.

El proyecto contempla la generación de biometano a partir de residuos orgánicos, con distintas vías de aprovechamiento: inyección en la red de gas natural o producción de Gas Natural Licuado o Comprimido (GNL/GNC). Este tipo de instalaciones no necesariamente se destinan al tratamiento de purines –habitual en zonas con gran concentración ganadera–, sino que también pueden utilizar subproductos de la industria agroganadera, residuos alimentarios, restos de jardinería, pesca, industria textil o lodos de depuradora, para producir energía renovable y biofertilizantes.

Desde Catalana de Biogás, que en la actualidad desarrolla “más de diez proyectos en diferentes territorios”, señalan a este periódico que defienden “un compromiso firme con el territorio y con el diálogo cercano con las comunidades locales en cada uno de sus proyectos”. Aseguran que sus proyectos tienen un “tamaño mediano y reducido” y que “generan un impacto positivo en el entorno” al priorizar “un modelo de proximidad”.

Respecto a la iniciativa en Loporzano, fuentes de la compañía explican que su enfoche está “centrado en la integración ambiental”, con una “tecnología pionera” en su diseño. El proyecto se ha “dimensionado en función de la generación actual de residuos locales” para evitar “cualquier efecto llamada o incentivo para la llegada de nuevas granjas”. De las 400.000 toneladas de residuos ganaderos que se generan actualmente en el entorno, desde Catalana de Biogás remarcan que “gestionará una cuarta parte” y que lo hará con “un criterio de proximidad”.

La instalación, que se someterá a “un proceso muy estricto a nivel ambiental y técnico” antes de recibir el visto bueno, producirá alrededor de 30 GWh anuales de biometano, lo que equivalente “al consumo anual de gas natural de aproximadamente 3.000 viviendas”. Y aclaran que el impacto económico en el municipio será “positivo” entre los impuestos y la inversión, que dará lugar a entre seis y diez empleos directos en la fase operativa más entre 25 y 30 indirectos.

“Solucionar un problema que no existe”

En cuanto a la carga ganadera, en las 15 pedanías de Loporzano hay tres granjas de porcino y cuatro de terneros donde cada ganadero gestiona sus residuos. Por ello, un vecino de Terz cree que la planta “vendría a resolver un problema que no existe, salvo que la intención sea otra, como actuar como promotora o intermediaria”. También es posible que, una vez implantada, pueda proponerse un cambio de actividad en el futuro si no prospera en sus fines iniciales. Muchos recelan del 'boom' de estas instalaciones, como ocurre con las plantas de renovables y de los centros de datos.

Sin embargo, el alcalde discrepa sobre la falta de idoneidad de la planta porque explica que su radio de acción es de 20 kilómetros a la redonda, y engloba a varios municipios más en la comarca oscense de la Hoya de Huesca, con localidades como Angüés o Alcalá del Obispo, donde existen numerosas granjas, “si bien ha coincidido que todo se hará en Loporzano”. Incluso sus futuras granjas podrían ser usuarias de la planta de biogás.

Igualmente, Suelves ha organizado una visita para que los vecinos de Loporzano, Tierz y Quicena puedan conocer el funcionamiento de una a la planta de Alcarrás, promovida por 150 ganaderos de este municipio leridano y otras localidades vecinas, y ubicada en terrenos anexos a la planta de compostaje que ya funciona en la zona de Vallmanya. Estas dos instalaciones están dedicadas a tratar deyecciones ganaderas, restos de poda y otros residuos orgánicos.

Este escenario ha dado lugar al nacimiento de la plataforma Stop Biogás Loporzano, que se suma a la histórica lucha de la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva, creada a finales de 2015. La plataforma vecinal ha surgido tras la alarma social provocada por los dos proyectos de porcino intensivo y la planta de biogás en este municipio de unos 550 habitantes, repartidos en 15 núcleos de población, parte de cuyo término municipal se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Por su parte, el alcalde niega que Loporzano sea “antigranjas”, sino que hay vecinos que no están de acuerdo mientras que otros sí, y recuerda que ya existen granjas como una de miles de gallinas. Para Suelves son tramitaciones diferentes que solo son coincidentes en el tiempo y ambas “siguen los plazos y rigurosos requerimientos medioambientales”.

Detalles técnicos y marco normativo

Los proyectos impulsados por el alcalde de Loporzano, que suponen una inversión superior al millón de euros, se ubican en las parcelas 84 y 149 del polígono 1 de Barluenga. Según la documentación técnica, las instalaciones prevén una gestión de residuos mediante fosas de purines de 1.695 m3 –superando los 1.440 m3 necesarios– y fosas de cadáveres estancas.

Aunque el municipio es zona vulnerable a la contaminación por nitratos y está bajo el plan de protección del quebrantahuesos, los informes señalan que las parcelas quedan fuera de las áreas críticas y de la Red Natura. Asimismo, el promotor asegura cumplir con las distancias legales, situándose a 1.380 metros de Barluenga (el mínimo exigido es 1.300 m) y a 1.296 metros de la granja más cercana.

No obstante, la calificación de estos proyectos reabre el debate sobre las llamadas “macrogranjas”. Aunque el término carece de validez jurídica, define coloquialmente a las explotaciones que, por su escala, deben someterse a una Autorización Ambiental Integrada (AAI) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La normativa estatal (RD 306/2020) sitúa el umbral para este control riguroso en 2.000 plazas de cebo de más de 30 kg o 750 cerdas reproductoras. En Aragón, líder nacional con cerca de 15 millones de cabezas, existe cierta controversia dado que la legislación permite ampliar capacidades hasta los 7.200 cerdos bajo condiciones específicas, una flexibilidad que, según sectores críticos, incentiva la proliferación de instalaciones que ajustan sus dimensiones para evitar los trámites medioambientales más exigentes.

El Principado financiará catorce iniciativas locales que impulsarán la sostenibilidad social, económica y ambiental, reforzarán los servicios públicos y garantizarán que el desarrollo llegue a todos los territorios asturianos. La convocatoria se estructura en dos líneas de actuación que permitirán desplegar proyectos en Taramundi, Santa Eulalia de Oscos, Llanes, Yernes y Tameza, Parres, Grado, Soto del Barco, Salas, Allande, Cabranes, Muros del Nalón, Teverga y Castropol. Los proyectos abarcan ámbitos como la gestión del agua, la movilidad sostenible, la participación ciudadana, la soberanía alimentaria, la transición energética y la planificación local de la Agenda 2030.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, aseguró que para el Gobierno de Asturias “la Agenda 2030 no es un catálogo de buenas intenciones, sino una herramienta estratégica de planificación que permite mejorar la vida de la gente y asegurar que ningún territorio quede atrás”.

Catorce seleccionados

De los 43 proyectos presentados, se seleccionaron 14, lo que demuestra “el interés de todos los concejos por fomentar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, destacó Ponte.Tre

Las ayudas se dividen en dos líneas de 100.000 euros cada una. La primera, centrada en el fomento de políticas públicas, respaldará nueve proyectos orientados a planificación estratégica y mejora de servicios municipales, con actuaciones en turismo sostenible, movilidad, gestión de recursos básicos, participación ciudadana y aplicación integral de la Agenda 2030.

Comunidades energéticas

La segunda línea, dirigida a la inversión, impulsará cinco proyectos para la transformación social y económica del territorio. Entre ellos se incluyen tres comunidades energéticas en Cabranes, Muros del Nalón y Teverga, mejoras en equipamientos para participación ciudadana en Castropol y un proyecto en Parres vinculado a sistemas alimentarios sostenibles.

Sobre las comunidades energéticas, Ponte defendió un modelo alternativo basado en el protagonismo público y comunitario. “La administración pública no puede ir al rebufo de los intereses privados de las grandes multinacionales, sino que debe impulsar propuestas valientes y decididas que se articulen desde el territorio y nazcan de las vecinas y de los vecinos”, subrayó.

El director general destacó que estos proyectos demuestran que “la Agenda 2030 va más allá de las palabras y que su aplicación práctica se demuestra con los hechos”, y avanzó que las subvenciones “se van a ampliar y mejorar a partir de este año”.

El Boletín Oficial de Cantabria publica la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones del Ayuntamiento de Santander aprobada la semana pasada por el Pleno contra el criterio de los cuatro grupos de la oposición: PSOE, PRC, Vox e IU y sin estimar las alegaciones de ecologístas y asociaciones al proyecto del equipo de gobierno del Partido Popular.

Una zona de restricciones al tráfico de mínimos que solo afecta al Ensanche de la ciudad donde hay muchas calles peatonales o semipeatonales y que se realiza para no perder las ayudas del Ministerio de Transporte a los autobuses urbanos así como a los proyectos en marcha con financiación europea. Así lo reconoció la alcaldesa Gema Igual: “Santander actúa porque tenemos la obligación como todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y porque nos jugamos la bonificación del transporte y también los fondos europeos”.

Representantes de ARCA, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche, Cantabria conBici, Ecologistas en Acción, Higuera Ingeniería, las Mesas de Movilidad de Cantabria, Podemos, Verdes Equo y UGT denunciaron en su día que la ZBE planteada por el Consistorio “no cumple” con los objetivos porque “no protege la salud de las personas”. “Esta ZBE lo único que intenta es no incomodar la hostelería”, lamentaron en una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación .

Las restricciones de la circulación entrarán en vigor el 19 de diciembre, pero se aplicará a partir del 31, el límite del plazo oficial que obliga a todos los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes a acotar zonas de tráfico para reducir la contaminación. Santander lo hace sin el consenso de los grupos municipales ni de los ecologistas y organizaciones que presentaron alegaciones que han sido rechazadas.

La ZBE de Santander afectará a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de vehículos de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 metros cuadrados (el 0,6 % de la superficie total de Santander) en la zona del Ensanche de la ciudad, donde residen 5.900 personas.

La delimitación afecta solo al área de El Ensanche, de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 horas. Además, solo estará prohibido el acceso a vehículos con etiqueta A, los más antiguos y contaminantes, aunque con excepciones: se permitirá el tránsito de coches de residentes o de personas que vayan a estacionar en un aparcamiento subterráneo englobado en la zona.

El área engloba todas las calles interiores de la zona delimitada al sur por la calle Calvo Sotelo y el Paseo Pereda, al norte por las calles del Sol, Santa Lucía y Guevara, al oeste por la calle Lealtad y el este por Casimiro Sainz, aunque todas ellas quedan fuera de las restricciones.

Según la ordenanza que publica hoy el BOC, el Ayuntamiento controlará la calidad del aire, el nivel de ruido y la emisión de gases invernadero.

La Zona de Bajas Emisiones de Santander está rodeada por un perímetro de 2,5 kilómetros alrededor de las siguientes calles: Paseo de Pereda y calle Rualasal en su totalidad, calle Calvo Sotelo, desde el cruce con la Calle Lealtad hasta la calle Aduana y la calle Lealtad, desde Rualasal al cruce con Calle Calvo Sotelo.

La calle San José, desde la calle Sevilla hasta Rualasal. La calle Sevilla desde San José a Calle Guevara. Ésta última queda afectada por completo. Mientras que Santa Lucía solo desde el Río de la Pila hasta Paseo Menéndez Pelayo. Por último la calle del Sol también se incluye en la zona de bajas emisiones desde Menéndez Pelayo hasta el final.

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, pone en marcha como cada verano el Programa Estival de Educación Ambiental 2025 dirigido a municipios menores de 5.000 habitantes.

Como ha explicado la directora general Esther Haro, durante la presentación este jueves en Toledo, “este programa que se viene desarrollando desde 2012 está enmarcado en la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, Horizonte 2030. Es totalmente gratuito y está dirigido a público familiar e infantil de 4 a 12 años. En esta edición se prevé alcanzar más de 210 sesiones con los dos nuevos espectáculos dependiendo del tamaño de la población: uno para municipios menores de 500 habitantes y otro para municipios entre 501 y 5.000 habitantes”.

En cuanto a las dos propuestas, para los municipios de entre 501 y 5.000 habitantes se podrá disfrutar de la obra de teatro ambiental ‘La academia del musgo verde y la magia de reciclar’, en la que una nueva generación de aprendices de magia está a punto de cumplir su sueño: graduarse y convertirse en auténticos magos de la naturaleza y guardianes del planeta.

Y para los municipios menores de 500 habitantes, del cuentacuentos La patrulla del pico azul’ que versa sobre un pato curioso que se convierte en detective para descubrir qué ocurre en la laguna y vivirá una aventura llena de sorpresas.

Las fechas de celebración son desde el 18 de julio hasta el 5 de septiembre y el horario como se ha consensuado con los ayuntamientos, preferentemente entre las 20:00 y las 22:00 horas, y de manera extraordinaria también por la mañana entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Las actuaciones de teatro serán 107 y se inician el 18 de julio en Humanes (Guadalajara) y en Lezuza (Albacete) y terminan el 5 de septiembre en Poblete (Ciudad Real). Del cuentacuentos habrá 106 actuaciones que comienzan el 21 de julio en Alatoz (Albacete) y Viñuelas (Guadalajara) y terminan el 5 de septiembre en Almendral de la Cañada (Toledo).

Este programa, que ha supuesto una inversión de algo más de 110.000 euros, contó el verano pasado con más de 13.000 participantes que pudieron disfrutar de estas actividades, por lo que ha deseado una cifra al menos similar. Toda la información del programa se puede encontrar aquí.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, criticó este sábado el Pacto Verde Europeo que, a su juicio, “ni es pacto, ni es verde, ni es europeo”, una afirmación contradictoria con la doctrina del PP europeo que apoyó el pacto con el liderazgo e impulso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Así se manifestó Mazón este sábado en Rojales, donde participó en la jornada 'El agua y su defensa', que se celebró coincidiendo con el 46 aniversario del Trasvase Tajo-Segura, en la que la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha hizo entrega al presidente de la Diputación, Toni Pérez, de la Insignia de Oro por su defensa del agua y su apoyo a la agricultura.  

“Tenemos que defender España”, sostuvo, a la par que afirmó que va a Bruselas para “ser parte de la decisión, no a esperar a que decidan por nosotros, porque si no, vamos a tener problemas como los que ya hemos tenido”, como el “de la radicalidad de muchas de las medidas”.

“Un Pacto Verde Europeo, en mi opinión mal llamado y sobre todo mal usado. Un Pacto Verde Europeo que puede llegar a justificar, según algunos, que 44 millones de árboles, que son los que dependen del Tajo Segura, pueda morir, para mí ni es pacto, ni es verde, ni es europeo”, aseguró. Además, afirmó estar “en contra de quien inventa palabritas bonitas para que bajo ese paraguas se pueda hacer casi todo lo que se quiera”.

“Nadie que se autodenomine verde, nadie que se autodenomine ecologista, nadie que se autodenomine sostenible puede justificar que se toque ni una gota al trasvase Tajo-Segura, que es el que venimos a celebrar hoy aquí y el por el que venimos a conjurarnos”, dijo.

Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero hace diez años (diez siglos) todos los Estados miembros de la ONU se comprometieron con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a saber: fin de la pobreza, hambre cero, salud, educación, igualdad, agua limpia, energía no contaminante, trabajo decente, cambio climático… No sigo, que ya veo que te da la risa. El mundo se comprometió a alcanzar los 17 objetivos en 2030, es decir, pasado mañana. Espera, que hay más: también Estados Unidos hizo suya la entonces llamada Agenda 2030, bajo la presidencia de Obama, y por supuesto la Unión Europea, como institución y cada uno de sus países. Todos a una por un mundo mejor. Yo también me río, sí, por no llorar.

A la vuelta de unos pocos años, ya sabes qué pasó: la primera presidencia de Trump enfrió mucho el tema, luego la pandemia de COVID cambió urgencias y prioridades, después la guerra en Ucrania que desbarató los planes energéticos, el ascenso global (y especialmente europeo) de la ultraderecha negacionista, y ahora la segunda presidencia de Trump y las prisas de Europa por rearmarse frente a Rusia.

Ninguna sorpresa con que Von der Leyen lance un plan Rearme 2030, rebautizado eufemísticamente como Preparación 2030 (Readiness 2030), y elija ese año emblemático, 2030, para que sea más evidente el volantazo que está dando el planeta entero: si hace dos días el horizonte era el desarrollo sostenible, la justicia climática y social, ahora el horizonte es la guerra: 2030 es también el año en que, según las autoridades europeas, Rusia estaría en condiciones de atacar Europa, así que debemos prepararnos antes de ese año.

Hasta aquí llegó la multicolor Agenda 2030, de la que seguimos teniendo un ministerio en España. Hasta hace nada el presidente y los ministros llevaban en sus solapas el pin de la Agenda 2030, convertido en símbolo político frente a la ultraderecha negacionista que había tomado la Agenda 2030 como bestia negra y protagonista de sus conspiranoias.

Por decirlo todo, hay que reconocer que el compromiso de los países (especialmente los países más ricos) con aquellos rimbombantes ODS era más bien retórico: mucho discurso, mucho pin, pero ni de coña se iban a cumplir en 2030, incluso sin Trump ni pandemia. En cuanto a la parte climática del compromiso, que es especialmente urgente porque estamos en tiempo de descuento, tanto la Agenda 2030 como el Pacto Verde o el Green New Deal han tenido demasiado de etiqueta verde para gobiernos y empresas, mientras seguían aumentando las emisiones contaminantes y se sucedían las cumbres del clima sin resultados.

Con todo lo que queramos criticar, al menos había voluntad política, programas y, más importante, recursos, dinero, y no poco. En Estados Unidos, Biden se comprometió con la transición energética, mientras la anterior legislatura europea arrancaba con el compromiso del Europarlamento y la Comisión (presidida por la misma Von der Leyen) con el Pacto Verde, destinando fondos milmillonarios para tal fin. Hoy tenemos a Trump desmontando las tímidas políticas climáticas, mientras la actual legislatura europea, la más derechizada de la historia, arranca con un plan de rearme que va a necesitar cuantiosos fondos. Ya puestos, que rebauticen los Next Generation como Next War.

No sabemos si para 2030 Rusia será una amenaza, pero lo que sí es una amenaza real para ese año y posteriores es la emergencia climática. La que hace dos días era la gran prioridad global (y europea), pasó a segundo plano con la pandemia y después con la guerra de Ucrania, y hoy ni se nombra. Pero ahí sigue. Más real que un misil ruso sobre Europa.

El responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, acaba de dar el visto bueno a una multa histórica, que castiga a las aerolíneas de bajo coste por cobrar de más a los usuarios. Lo hace en un momento donde los consumidores se sienten desprotegidos en ámbitos como la vivienda, por la oferta de pisos turísticos sin licencia y de inmuebles por temporada que se saltan la ley.

Bustinduy asume que “la democracia” aún tiene que llegar a “las relaciones de consumo, atravesadas por profundísimas desigualdades de poder” y cree que el Estado tiene que tener “la capacidad de regular para impedir las lógicas de desinformación, de intoxicación y de bulos” que no son gratuitas sino “orquestadas” porque “responden a una voluntad y a un proyecto político determinado”. En el ámbito político, reconoce que el caso de Íñigo Errejón le causa una “vergüenza enorme” y, aunque no da credibilidad a las acusaciones de Víctor de Aldama, considera que “es incompatible estar en el Gobierno de España y que la posición no sea tolerancia cero con la corrupción, caiga quien caiga”.

El Ministerio impuso el viernes una multa de 179 millones a aerolíneas 'low cost' por prácticas abusivas. Es la primera sanción de este tipo que impone Consumo. Prácticas como cobrar por el equipaje de mano y que ahora tendrá que decidirse en la Audiencia Nacional ¿Cree que esta sanción va a ser efectiva?

La sanción es efectiva, firme y es histórica, porque es la más elevada impuesta hasta ahora. La capacidad sancionadora del Ministerio es nueva, es un logro del Gobierno de coalición en la legislatura anterior. Es una sanción importante porque envía un mensaje clarísimo a la sociedad y a todos los agentes económicos: ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley y no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de derechos de los consumidores o en prácticas abusivas. Hay un Ministerio de Consumo y un Gobierno que van a velar por los derechos de los consumidores e impedir que cale la idea de que las grandes multinacionales son quienes dictan las reglas de las relaciones de consumo. La sanción ahora es recurrible ante la Audiencia Nacional.

Las aerolíneas alegan que los que van a salir perjudicados son los viajeros porque van a trasladar el impacto de esa multa a los billetes. ¿No es un poco, digamos, chantajista, decir “si no te cobro por un lado, te voy a cobrar por otro”?

Hay grandes empresas que se han acostumbrado a ser quienes dictan las reglas en el mercado o a estar por encima de las regulaciones o de las leyes. Estas declaraciones, que se pueden entender como presiones o como amenazas, en realidad, no se corresponden con la realidad. Estas prácticas, por ejemplo, cobrar por el equipaje de mano en cabina, es algo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó hace diez años que no se podía hacer. Las compañías 'low cost' empezaron a hacer estas prácticas hace cuatro o cinco años y, desde entonces, el precio de los billetes lejos de abaratarse no ha parado de crecer. En España, el precio medio de los billetes de avión ha aumentado un 64% en los últimos dos años, más del doble que en otros países europeos.

Hasta esta sanción, había cierta percepción por parte de las empresas de que Consumo no iba a ser proactivo a la hora de imponer sanciones. ¿Cree que con esta sanción van a asumir que el Ministerio va en serio y va a actuar cuando ve irregularidades?

Así lo espero, porque esta misma contundencia y firmeza en la defensa del principio de los derechos de los consumidores y las consumidoras es la que vamos a aplicar en todos los demás ámbitos en los que estamos actuando. Esta misma semana es el Black Friday y hemos emitido una nueva circular informativa advirtiendo de que el Ministerio de Consumo está monitorizando los precios en las grandes plataformas de comercio electrónico. El año pasado impusimos, después del Black Friday, dos sanciones por prácticas de falsas rebajas generalizadas. Hay plataformas de comercio electrónico que suben artificialmente el precio de un producto antes de que vengan las rebajas para, a continuación, bajarlo al precio original y venderlo como una rebaja. Cualquier plataforma que incurra en estas prácticas ilegales y abusivas va a ser duramente sancionada. 

¿Y cree que este tipo de contundencia y este aviso puede animar a empresas que lo estén haciendo bien a denunciar a aquellas competidoras que llevan a cabo prácticas irregulares?

Claro, es parte de las consecuencias positivas de que haya un regulador y una autoridad proactiva. Hemos intentado hacer pedagogía en este sentido en el ámbito del consumo sostenible, donde se están dando prácticas de 'greenwashing', de eco postureo, pero una serie de actores económicos se están comportando de una manera responsable y están adquiriendo buenas prácticas. Es fundamental que los actores económicos se corresponsabilicen y denuncien las prácticas abusivas o que vulneren los derechos de los consumidores. La democracia tiene que llegar a las relaciones de consumo, que están atravesadas por profundísimas desigualdades de poder.

La democracia tiene que llegar a las relaciones de consumo, que están atravesadas por profundísimas desigualdades de poder

Hay otros sectores donde los consumidores pueden verse desprotegidos, como el alquiler turístico, donde hay pisos que se anuncian sin licencia; o el de temporada. Ustedes ya están investigando a inmobiliarias que cobran por servicios por los que, legalmente, no pueden cobrar. ¿Qué más puede hacer su Ministerio en materia de vivienda?

La investigación que abrimos a una serie de grandes inmobiliarias incluía varios supuestos. Hay inmobiliarias que siguen cobrando honorarios a los inquilinos por formalizar un contrato, cuando es algo que está explícitamente prohibido. Pero incluimos otras series de prácticas abusivas, como el cobro de fianzas ilegales. También, la formalización de contratos de temporada sin justificar. Sabemos que este es uno de los principales agujeros para sortear la Ley de Vivienda: transferir una parte de los contratos al alquiler por temporada o de habitaciones, que es algo particularmente sangrante, que afecta de manera desproporcionada a la clase trabajadora y a las familias en situación más vulnerable.

También estamos trabajando en el ámbito de los pisos turísticos sin licencia, tanto en la publicidad en plataformas, como con la estructura de propiedad: cómo los grandes tenedores están acumulando a efectos de especulación, un porcentaje cada vez mayor del parque de vivienda. Vamos a actuar contra las grandes gestoras de pisos turísticos, que pueden acumular miles de pisos, muchos sin licencia.

Estamos viendo cómo la vivienda está actuando como una aspiradora de riqueza, que está consiguiendo que la mejora relativa que hemos visto en la distribución de la riqueza y de la redistribución de los salarios en España sea absorbida por un mercado regido por una lógica especulativa y rentista que está haciendo que vivir de alquiler en España se haya convertido en un factor de exclusión social y de pobreza. Hay que intervenir el mercado de la vivienda.

Las redes sociales están llenas de supuestos gurús del éxito que venden formas de vida para llegar a ser rico. ¿No se ha planteado el Ministerio estudiar si hay publicidad engañosa en los mensajes de estos supuestos influencers?

El Ministerio ha llevado a cabo una campaña que generó cierta polémica y tenía que ver con la publicidad encubierta en entornos digitales. Monitoreamos la actividad de varios influencers, creo recordar que 17. Nos dimos cuenta de que se estaba vulnerando la normativa haciendo publicidad de productos, actividades o servicios sin explicitarlo. Es particularmente grave cuando se dirige a un público infantil o juvenil. Nos dirigimos a estos influencers asumiendo que, probablemente, en muchos casos se debía a un desconocimiento de la normativa y pedimos que corrigieran estas prácticas. Ahora estamos monitorizando que es así y no dudaremos en sancionar.

Entiendo que la pregunta va más allá y entronca con el debate de cuál es el papel de las redes sociales en la conformación de la opinión pública. Es una materia compleja donde entran toda una serie de normativas sobre la esfera audiovisual. Hay una propuesta de regulación de la figura de los influencers por parte del Ministerio de Transformación Digital. Tenemos que ir a un modelo de mayor regulación pública, es una cuestión esencial para la democracia, que tengamos la capacidad de regular para impedir estas lógicas de desinformación, de intoxicación, de bulos, de campañas orquestadas que responden a una voluntad y a un proyecto político determinado. La respuesta tiene que ser una regulación defensiva de las instituciones democráticas.

Vivir de alquiler en España se ha convertido en un factor de exclusión social y de pobreza. Hay que intervenir el mercado de la vivienda.

El Tribunal Supremo anuló puntos clave de la norma del Gobierno que limitaba la publicidad de las casas de apuestas. ¿Se plantea el Ministerio hacer otra legislación al respecto?

Vamos a recuperar aquellos artículos que el Tribunal Supremo consideró que no tenían el rango normativo necesario. De hecho, esas enmiendas están ya redactadas y las incorporaremos al procedimiento normativo en el Congreso. La instrucción que he dado es que sea lo antes posible. Vamos a recuperar esos artículos que tenían que ver con la publicidad de estas actividades en redes sociales, con la utilización de personas famosas para esas campañas, con los bonos de bienvenida que todo el mundo sabe que están dirigidos especialmente al público más joven. Y vamos a incorporar figuras adicionales, como las 'loot boxes', que son muy similares a las actividades de juego y están incorporadas cada vez más a los videojuegos.

En las últimas semanas, desgraciadamente, hemos sido más conscientes que nunca del cambio climático. Ha anunciado un Plan de protección social ante el cambio climático para reforzar la capacidad de acción del Estado frente a desastres como el causado por la DANA. ¿En qué consiste? ¿Qué se puede esperar de él? ¿Qué cambios habrá que llevar a cabo después de lo que ha pasado? 

El plan que hemos anunciado tiene que ver con una premisa de la que somos conscientes, pero en la que no se ha avanzado todo lo necesario en el ámbito de las políticas públicas. Las poblaciones y las zonas más afectadas por los efectos de la crisis climática suelen ser las más vulnerables desde un punto de vista socioeconómico. En el caso de la DANA, hemos visto cómo la mitad de las víctimas eran mayores de 70 años, cuando representan un 15% de la población de esa zona. Este plan lo que busca es tener una radiografía detallada de la intersección entre vulnerabilidad socioeconómica y climática para poder desarrollar los mecanismos, no solo de atención para paliar los efectos, sino también la prevención. Es algo que sucede también con las olas de calor. Además, con cada uno de los impactos de esa crisis, esa vulnerabilidad se aumenta. El objetivo es desarrollar medidas para que, cuando vuelva a suceder, tengamos una red de protección social más ágil y con más capacidad de respuesta. 

¿Qué le parecen las críticas de las derechas a la Agenda 2030? ¿Por qué la han convertido en un enemigo? 

Porque en un mundo en el que se hicieran realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible se erradicaría el hambre, la pobreza, se atajaría la crisis climática y se defenderían los derechos humanos. Sería un mundo en el que el proyecto político de la ultraderecha no tendría cabida. Cada una de esas crisis económicas, ambientales, geopolíticas, sociales, las intentan aprovechar manipulando ese malestar.

Hay una parte importante que es desactivar y responder a los bulos. Si hay alguien que está afectado por el cambio climático es nuestro sector primario. No es la Agenda 2030 la que está afectando la viabilidad de la agricultura en España, sino que el 73% del territorio está amenazado por la desertificación.

Es una cuestión esencial para la democracia que tengamos la capacidad de regular para impedir lógicas de desinformación, de intoxicación, de bulos, campañas orquestadas que responden a un proyecto político determinado

También está en marcha la futura Estrategia Nacional de pobreza. ¿En qué fase está?

Confío en que la podamos tener en las próximas semanas. Es una estrategia compleja porque la pobreza es una realidad que hay que abordar desde distintas perspectivas, en coordinación con muchos ministerios. Pero la pobreza es el principal problema que tiene este país. Es absolutamente inaceptable que en la cuarta economía de la zona euro convivamos con niveles estructurales de pobreza por encima del 20% de la población. No puede ser, pese a lo que se ha hecho en los últimos años por el Gobierno de coalición. Hay estudios que dicen que el escudo social durante la pandemia impidió que un millón de personas cayera en la pobreza. Este Gobierno ha aumentado un 54% el salario mínimo interprofesional, ha hecho una reforma laboral que ha llevado la precariedad laboral y la brecha salarial de género a mínimos históricos. Solo en este año se han aumentado las pensiones un 5% y las prestaciones no contributivas, un 7%. El ingreso mínimo vital en este último año ha duplicado su tasa de cobertura de 300.000 a más de 600.000 familias.

Bruselas abrió expediente a España por no retribuir el permiso parental de ocho semanas. ¿Cuándo va a aprobar el Gobierno esta remuneración y para cuántas semanas? ¿Y cuándo se legislará el aumento a 20 semanas del permiso de maternidad y paternidad?

Si por mí hubiera sido, habrían visto la luz ya hace meses. No lo he conseguido todavía, entre otras cosas porque en 2024 no pudo haber Presupuestos Generales del Estado. Creo que una de las mejores noticias de estas últimas semanas es que la aprobación de la reforma fiscal no solo da viabilidad y estabilidad a la Legislatura, sino que también genera margen fiscal suficiente para que los presupuestos sean lo más ambiciosos y redistributivos posibles. Ambas medidas tienen que ver la luz, son esenciales para mejorar las condiciones de conciliación de las familias en España.

Hablando de la reforma fiscal. ¿Esta es la reforma fiscal hubiera hecho Sumar?

Evidentemente, no. Nos habría gustado una reforma fiscal mucho más ambiciosa, más parecida al Libro Blanco de la fiscalidad que se puso sobre la mesa hace unos años. España sigue teniendo un diferencial respecto a la media de la zona euro de ingresos públicos sobre PIB de casi cuatro puntos. Además, España tiene un diferencial de un punto del PIB en protección social a la infancia, estamos hablando de 17.000 millones de euros con la última revisión del PIB. España tiene un sistema de dependencia absolutamente infrafinanciado. Ahí está el problema y tenemos aquí a la derecha diciendo que vivimos en un infierno fiscal. Es falso. Nos habría gustado avanzar más en esa dirección y que hubieran salido el IVA de los pisos turísticos, aumentar la fiscalidad sobre las Socimis o los impuestos verdes. Vamos a tardar un poco más en sacarlos, pero lo vamos a hacer, sin duda. En esta legislatura, con esta mayoría parlamentaria tan compleja, haber conseguido sacar adelante el 15% mínimo de impuestos para empresas multinacionales y aumentar el IRPF para las rentas de más de 300.000 euros son medidas que van en la dirección correcta.

La base social que nos apoyó en las elecciones del 23 de julio quiere avances concretos, quieren más derechos y más redistribución, quiere la intervención del mercado

Estos días se cumplirá un año desde que Sumar entró al Gobierno. ¿Qué balance hace?

Mi balance es positivo, aunque, con toda sinceridad, es una legislatura difícil. La mayoría parlamentaria está fragmentada, aunque España sigue siendo una excepción a las lógicas geopolíticas que conducen a un mundo cada vez más desigual y más injusto. Nos gustaría avanzar más rápido y con mayor decisión. Este año el problema que hemos tenido es que no ha habido presupuestos, que es donde deben consagrarse las ampliaciones de derechos. Creo que se allana el camino para unos presupuestos generales para el año 2025 que avancen en la ampliación de derechos sociales, que supongan mayor redistribución de la riqueza y que abran el horizonte para seguir mejorando la condición de las clases trabajadoras.

¿Cree que a Sumar le está faltando iniciativa política? 

Somos conscientes de que la base social y el electorado que nos apoyó en las elecciones del 23 de julio son exigentes y quieren avances concretos, quieren más derechos y más redistribución, quiere la intervención del mercado y un papel más activo ante los precios de la vivienda. En la medida en la que seamos capaces tenemos que conseguir unos presupuestos ambiciosos que avancen en esa dirección. Habrá un acercamiento con la base social de la izquierda cuando consigamos avances concretos. No se debe a una falta de voluntad o de ambición,  la composición del Congreso hace que las condiciones sean difíciles. No tenemos un contexto de equilibrios políticos, pero vamos a por todas las prioridades que nos hemos marcado: la reducción de la jornada laboral, la remuneración de los permisos, luchar contra la pobreza infantil, intervenir el mercado de la vivienda y desarrollar el sistema de la dependencia en España. En todos estos frentes vamos avanzando.

Como socio de Gobierno, ¿Cuál es la posición de Sumar con respecto a las declaraciones de Víctor de Aldama que implican a cargos del Ejecutivo y del PSOE? 

La credibilidad del señor Aldama es nula, tanto por su trayectoria como por su condición actual, credibilidad cero. Ahora bien, ante una acusación de tal envergadura y magnitud, que tiene implicaciones en una materia tan sensible como la corrupción, siempre decimos lo mismo: hay que esclarecerlo todo y vamos a ser absolutamente implacables. Es incompatible estar en el Gobierno de España y que la posición no sea tolerancia cero con la corrupción, caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Por otro lado, con el momento político en el que está España, teniendo en cuenta el tipo de estrategias, políticas, mediáticas, judiciales que está siguiendo la derecha contra un gobierno legítimamente elegido en unas elecciones, nos conviene ser cautos y prudentes.

Usted compartió militancia con el señor Errejón tanto en Sumar como en Podemos. ¿Cómo vivió su dimisión y lo que vino después? ¿Qué cree que se hizo mal para que haya pasado desapercibido hasta ahora?

Lo primero es expresar un mensaje de rechazo absoluto por las agresiones y los comportamientos machistas que salieron a la luz. Mi sensación y la de muchísima gente fue de conmoción y, por qué no decirlo, también una vergüenza enorme. Pedimos perdón, tanto a las mujeres que sufrieron las agresiones, como a toda la gente que se sintiera decepcionada. Ahora bien, los efectos políticos fueron inmediatos y contundentes. Además, se generó un compromiso, que es lo único positivo que puede salir de una situación así, de desarrollar mecanismos y dispositivos para asegurarnos de que no vuelva a suceder jamás. Los partidos políticos son como la sociedad, tienen las mismas dinámicas. Tenemos que ser capaces de generar espacios seguros para la militancia y el trabajo político donde se erradique la violencia contra las mujeres como un paso más para eliminar la violencia contra las mujeres de la sociedad.

Entrevista completa en vídeo:

Vídeo: Javier Cáceres

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria de subvenciones destinadas a actuaciones de impulso, desarrollo e implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizadas por ayuntamientos adheridos a la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha.

“La Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, se constituye como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad para el futuro más inmediato, mediante la definición de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por lo que es “un marco de acción global que necesita ser incorporado a todos los niveles, especialmente a nivel local”.

Por ello, como ha recordado la consejera, en 2022 se creó la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha, como órgano colegiado de la Administración autonómica y como espacio de coordinación, apoyo y fomento de instrumentos de sostenibilidad, a nivel local. En la actualidad, esta Red agrupa a 139 entidades locales de toda la región.

La convocatoria está destinada a ayuntamientos adheridos a la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha y el periodo de solicitud estará abierto durante los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Un “marco común de trabajo”

Esta línea de ayudas de 125.000 euros, cuya primera convocatoria se publica ahora, es “un compromiso del gobierno regional para apoyar este marco común de trabajo con las entidades locales para la implantación de políticas de desarrollo sostenible”, ha explicado Gómez.

Además, Mercedes Gómez ha avanzado que, para seguir impulsando la sostenibilidad a través de las entidades locales, el próximo 21 de noviembre tendrá lugar el II Encuentro regional de la Red Local Agenda 2030 en Belmonte, Cuenca.

Entre los criterios de valoración de las propuestas que se presenten, destacar que se añadirá hasta un 40 por ciento de puntuación para las actuaciones que se desarrollen en municipios escasamente poblados o en riesgo de despoblación, en línea con las actuaciones impulsadas para luchar contra la despoblación por el gobierno regional.

Toda la información de la convocatoria está disponible en la sede electrónica www.jccm.es y en la página web de la Agenda 2030 https://agenda2030.castillalamancha.es/subvenciones.

En este episodio te queremos contar una historia anecdótica, pero que creo que si la escuchas no te lo va a parecer. Nos tenemos que situar en un camping, en Segovia, este verano y un cartel que pone: “Se acepta pago con tarjeta pero preferimos el efectivo”. Añadía una serie de argumentos a favor del pago en efectivo. Era un cartel de la Asociación Sierra Viva. ¿Por qué hay una asociación que tiene como objetivo proteger el dinero en metálico? ¿Qué interés puede tener como para repartir carteles en zonas poco pobladas?

Pero no es cosa solo de bulos. Toda esa teoría de que está bien sacar el dinero del sistema regulado, está nutriendo a empresarios que sacan sus impuestos de España, a las criptomonedas, a nuevos negocios… o a la mezcla de todo lo anterior. A políticos como Alvise. Empezábamos en un camping con un inocente cartel para que no paguemos con tarjeta y acabamos metidos en un complot mundial para acabar con la vida tal y como la hemos conocido.

Nos ayudan a comprender, no solo el bulo, sino el interés económico y el lobby que hay detrás de todo esto, nuestros compañeros de elDiario.es Carlos del Castillo y Diego Larrouy.

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El presidente argentino, Javier Milei, ha hecho su debut en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) alertando sobre el “rumbo trágico” que esta institución ha adoptado. Acusó a la organización de “socialista” y rechazó “las políticas colectivistas de la Agenda 2030”. 

Como ya había esbozado en el Foro de Davos, el mandatario ultraderechista aseguró que combatirá los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fijó la ONU en 2015 y a los que Argentina siempre reconoció y adhirió. Hasta ahora. Se trata de esfuerzos multilaterales para cumplir con objetivos de erradicación de la pobreza, cuidado del medioambiente y respeto a los derechos humanos que todos los países se han comprometido a cumplir antes de 2030.

“De corte socialista”

 “La Agenda 2030 no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estado Nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas” dijo Milei en un duro discurso con tintes mesiánicos.

En el caso de América Latina, la propuesta de la ONU incluye temas como la eliminación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, el crecimiento económico inclusivo con trabajo decente y el cambio climático, entre otros. 

El mandatario ultraderechista dijo que su objetivo es “decirle al mundo” lo que va a ocurrir si Naciones Unidas continúa promoviendo las políticas colectivistas. “Se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no sólo qué debe hacer cada Estado Nación sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”.

Milei, quien se definió como “economista liberal libertario” , en ningún momento mencionó al mundo la deuda externa que Argentina contrajo con el Fondo Monetario Internacional (44 mil millones de dólares) durante el gobierno del conservador Mauricio Macri -por el ministro de Economía, Luis Caputo, que hoy se desempeña en la misma tarea-. Tampoco se refirió a los números de la economía que drásticamente empeoraron desde que asumió en diciembre pasado.

“Puede impactar en las inversiones”

Mercedes D´Alessandro, economista, señala a elDiario.es los efectos que podría tener el país ante este cambio de postura. “Milei en Davos ya dejó clara su posición: el feminismo y el ambientalismo son obstáculos para el desarrollo y el libre mercado. Entonces esto puede traer consecuencias negativas para Argentina. Por ejemplo, si el Banco Interamericano de Desarrollo busca financiar políticas contra el hambre, para que un millón de niños no se vayan a dormir sin cenar (cifra que informó Unicef en una campaña), puede no tener incentivo para destinar esos fondos, ya que el Estado argentino no va a cumplir con los objetivos del pacto ni con los convenios internacionales. Entonces, puede impactar en las inversiones”.

En busca de inversiones es que Milei, acompañado por su ministro Caputo, se volvió a encontrar con el magnate tecnológico Elon Musk, esta vez en Nueva York. D´Alessandro agrega: “Musk ya dijo que va a invertir, claro, lo va a hacer seguramente en relación al litio y en el marco del RIGI: sin tener que contratar empleados, sin pagar una serie de impuestos, en una situación privilegiada. De todos modos, aún no vimos ninguna inversión. De hecho, el Producto Bruto Interno se redujo un 3,4 % durante el primer semestre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, debido a la recesión y la caída del consumo”. 

El mandatario ultra no mencionó en su discurso el cambio climático, una de las grandes amenazas planetarias. Al igual que hiciera su aliado ideológico Jair Bolsonaro cuando gobernaba en Brasil, Milei lo califica de “otra mentira del socialismo” y se opone a cualquier acuerdo que mitigue este flagelo. El firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia dejó sin efecto la ley 26.815 de Manejo y Control del Fuego, y de esta forma el Estado nacional se desentiende de las catástrofes, como los incendios que actualmente combate la provincia de Córdoba.

Sin Pacto del Futuro

En esa línea, Milei anunció que Argentina también se va a disociar del Pacto del Futuro, que prevé 56 acciones para hacer frente a desafíos como el cambio climático, el mantenimiento de la paz, el derecho internacional, la arquitectura financiera mundial, y las potenciales amenazas de la inteligencia artificial (IA). Una de las acciones propone lograr “la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas como contribución decisiva para avanzar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El Pacto del Futuro fue firmado por la inmensa mayoría de países que integran la ONU y rechazado por un grupo reducido de naciones como Rusia, Irán, Nicaragua y Corea del Norte.

Argentina se aísla más. Desde que asumió hace nueve meses, el mandatario ha tenido desencuentros diplomáticos con España, Brasil, México, Colombia y Chile. En esta asamblea de la ONU, antes de que hablara Milei, su par colombiano Gustavo Petro hizo un comentario elocuente. “Ellos son los que dicen qué se piensa, que se dice, que debe ser prohibido y silenciado. Y en su poder de censura gritan ´viva la libertad carajo´, pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial”.

En esa línea, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, también en Naciones Unidas, pareció aludir a líderes de extrema derecha como Milei. “En un mundo globalizado no se debe recurrir a falsos patriotas , pero tampoco a la esperanza que ofrecen unos ultraliberales que agravan las dificultades de la región”. 

Argentina cambia su posición ante el mundo y abandona la neutralidad en los conflictos internacionales. Así lo anticipó Milei: “A partir de este día, sepan que Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad”. Es sabido su alineamiento con Israel, al que destacó como “el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha concretado ante Vox ni el Grupo Socialista qué hará con el protocolo antiaborto, la Proposición de Ley de 'Concordia' y la Agenda 2030 en el próximo curso político, que ha comenzado este martes en el pleno de las Cortes y en el que el Partido Popular gobernará en minoría.

El único aspecto sobre el que la oposición ha conseguido algo de claridad ha sido la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la pirámide fascista de los italianos cuya legalidad ha defendido. “El guardián de las esencias democráticas del Sanchismo y del Gobierno, el secretario de estado de Memoria Democrática, tuvo conocimiento y ni se opuso ni lo recurrió. Hemos hecho las cosas correctamente”, ha sostenido Fernández Mañueco ante la pregunta del procurador de Podemos.

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, ha pedido concreción a Fernández Mañueco “más allá de las palabras vacías y frases huecas”. García-Gallardo, que ha recordado que el comunicado del gobierno autonómico relativo al protocolo antiaborto sigue publicado en el portal de comunicación, ha preguntado al presidente autonómico qué parte de la Proposición de Ley de 'Concordia' -a la que se dedicó “mucho diálogo, reposo y negociación”- le “desagrada”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha reclamado a Fernández Mañueco cambios en su política si quiere el apoyo de sus 28 procuradores. “Se va aponer la piel de cordero y pedir al PSOE que arregle lo que usted ha estropeado entre todos. ¿Ha roto de verdad con la extrema derecha? Todavía tiene un consejero de Vox; el otro día restringieron las iniciativas de control parlamentario del PSOE en las Cortes, y hasta ahora en las comisiones Vox solo ha votado en una de 21 ocasiones en contra del gobierno”, ha expuesto el socialista Luis Tudanca.

Por su parte, Fernández Mañueco ha insistido en que el PP defiende “los mismos principios” con los que se presentó en las elecciones autonómicas, aquellos que hicieron posible un acuerdo con Vox y con los que aprobaron los Presupuestos de 2023 y 2024 y con los que pretende acordar con Vox si el partido de extrema derecha “vuelve a la senda de ser útiles” y “rompen con los despachos de Madrid”.

Mañueco ha interpelado directamente a García-Gallardo: “Este verano ha quedado claro que quien manda en su formación política en Castilla y León no es usted, está en Madrid. Y será difícil [acordar] si optan por las estrategias partidistas marcadas por su formación política en Madrid tan alejadas de Castilla y León”, ha advertido.

El portavoz de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha desconfiado también del “afán de negociación” de Fernández Mañueco, a quien no ha considerado “un negociador fiable” a pesar de que está prevista una reunión para el próximo lunes 16 de septiembre. El presidente de la Junta de Castilla y León ha reiterado que se encontrará con la formación soriana cuando estén “en la línea de la utilidad” como cuando el partido solo era una plataforma social.

En ocasiones España parece un país de excepciones. Cuando en toda Europa existían partidos de extrema derecha, en España nos vanagloriábamos de no tenerlos. Sin embargo, en 2018 y 2019 la excepción española llegó a su fin, probablemente porque nunca fue reflejo real de la sociedad sino una realidad política coyuntural. Al final las dinámicas europeas nos alcanzaron, igual que sucedió en Portugal.

Otra excepción aparente es que, en España, la oposición a las energías renovables parece provenir más de ciertos grupos de izquierda que de la derecha radical, al contrario que pasa en el resto del mundo. En Francia, por ejemplo, es el partido de Marine Le Pen el principal opositor a las renovables. En Italia ha sido el gobierno de Meloni quien ha limitado la instalación fotovoltaica en tierras de cultivo, algo que también pretendieron hacer los conservadores británicos al final de su mandato. En Alemania la AfD es fuertemente anti-eólica, al igual que el PiS en Polonia o el propio Trump y los republicanos más radicales (como el gobernador de Florida) en los EEUU. 

En mi opinión, en este caso también existe una apariencia de excepción que, con el tiempo, veremos que no es tal. Los partidos de derecha radical en todo el mundo actúan bajo una misma estructura ideológica que se basa en una batalla cultural sin cuartel y en el pensamiento conspirativo de que hay un “globalismo” que quiere acabar con las naciones para imponer las ideas de la Agenda 2030. Muchas de las declaraciones de conocidas figuras de ese espectro ideológico inciden habitualmente en estas ideas, pero como las energías renovables no son por ahora uno de los principales pilares de su batalla cultural en España y como nos parece que la oposición se concentra en las plataformas y en el movimiento que se expresa bajo el eslogan “renovables sí, pero no así”, tenemos una percepción errónea de la situación.

De hecho, el propio movimiento de oposición local a las energías renovables es mucho menos romántico y desinteresado de lo que la gente suele pensar. En muchas ocasiones los líderes de la oposición a proyectos renovables son empresarios de otras actividades económicas que han patrimonializado el territorio y que no quieren compartirlo con otra actividad; en otras, son políticos de la oposición al gobierno municipal y casi siempre hay gente que nada tiene que ver con el ecologismo o movimientos anti-capitalistas. Piensen, por ejemplo, que Cayetano Martínez de Irujo es una de las figuras destacadas del rechazo a una planta solar en Córdoba, donde el duque de Arjona posee 210 hectáreas.

Un ejemplo de esta realidad la vemos en una iniciativa que se llama SOS Rural, que se ha dado a conocer estas últimas semanas gracias a una agresiva campaña de contenidos promocionales en redes sociales que ha consistido básicamente en soltar bulos sobre las energías renovables. Bulos como decir que no hay ecosistema más degradado que los que han sido “afectados” por plantas renovables, que donde se instalan plantas solares no vuelve a crecer nada en décadas, que nos vamos a quedar sin alimentos por culpa de la instalación de renovables o barbaridades de este estilo. Incluso tienen un video infame y repugnante en el que se insinúa que la gente enfermará si eso pasa porque acabaremos comiendo alimentos importados que contienen “tóxicos y transgénicos”, mostrando una imagen de un niño enfermo de cáncer en un hospital. 

Esta campaña no se ha centrado solo en redes sociales. Hace unos días vimos en este mismo periódico una noticia titulada 'SOS Rural: La falta de regulación en las placas solares esteriliza el campo y aumenta el riesgo de incendios', información que era un teletipo de la agencia EFE y que eDiario.es replica automáticamente. La información era puro bulo, las instalaciones solares ni tienen falta de regulación ni esterilizan nada, siendo parte de la campaña de desinformación masiva de este movimiento. Los periodistas de eldiario.es lo retiraron en cuanto fueron conscientes de su publicación bajo su cabecera. Lamentablemente, muchos medios no actúan de la misma manera y podemos encontrar bulos de este estilo de forma permanente en muchos de ellos.

SOS Rural también habla de “políticas globalistas” y usa el mismo lenguaje conspirativo de la derecha radical de todo el mundo. Sus métodos propagandísticos basados en el miedo, el bulo y la mentira, imitan al de esta familia política. Es un movimiento nacido al calor de intereses económicos agrarios que representa claramente el ejemplo de un ruralismo de derecha populista similar al de otros países. Pero nos equivocaremos si pensamos que este es un caso aislado. Cada vez aparecen más movimientos “ambientalistas” o “ecologistas” que, declarándose apolíticos, compran las teorías conspirativas sobre la Agenda 2030, atacan las energías renovables como una agresión al mundo rural o defienden un agrarismo que ataca las regulaciones medioambientales que provienen de Bruselas.  

Lo más desesperante de todo esto es que los bulos y la desinformación que usan estos movimientos de derecha conspirativa contra las energías renovables son los mismos que llevan años difundiendo sectores minoritarios del ecologismo y el anti-capitalismo en España, y que a su vez copiaron de movimientos anti-renovables nimbystas y de derecha radical de otras partes del mundo. Se ha creado un caldo de cultivo durante años que ahora estos movimientos populistas utilizan para sus fines.

Que la derecha radical acabará capitalizando la oposición a las energías renovables también en España es algo que pueden dar por seguro. Es simplemente cuestión de tiempo y lo hará por dos razones fundamentales. La primera es porque solo desde el negacionismo o el retardismo climático es posible oponerse al desarrollo de energías renovables, y por eso la derecha radical ofrece un marco mucho más sólido y sin contradicciones a diferencia de la izquierda que se opone a las renovables, que solo se sostiene en la divagación y en el ilusionismo argumental. La segunda razón es que casi todas las tendencias internacionales acaban penetrando en España, con más o menos retraso, pero lo hacen. Nuestras dinámicas políticas propias centro-periferia, con una capital quizá menos progresista que en otros países y unos territorios con sentimientos nacionales propios que idealizan y romantizan el paisaje puede que nos esté haciendo llegar tarde a este alineamiento político, pero sin duda las dinámicas internacionales se impondrán. 

Es importante leer bien la realidad de nuestra época. La transición energética, con las energías renovables en el centro, está en el corazón de la batalla política de nuestro tie6mpo. Estas políticas son atacadas por actores internacionales como la OPEP, por intereses económicos que disfrutan de una posición privilegiada o cómoda en el mundo fósil y, además, están en el punto de mira de la derecha radical de todo el mundo, que las combate como parte de la batalla cultural contra el ecologismo, el globalismo y las políticas basadas en la ciencia y en la evidencia. 

Lamentablemente, hay movimientos radicales que basados en pulsiones anti-capitalistas y tecnófobas que le están haciendo el trabajo sucio a aquellos que niegan la ciencia y cuya propuesta política es volver al pasado. Espero que ver estas campañas masivas, con mucho músculo financiero detrás y objetivos políticos evidentes, haga replantearse a alguna gente la deriva obstruccionista y retardista en la que están instalados. 

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, siempre ensalzó la relación institucional que mantenía con Adrián Barbón, desde su llegada al Principado allá por el año 2009. Una relación que se caracterizaba, según sus palabras, por “una muy buena sintonía”. Sus reuniones se enmarcaban en un ambiente de cordialidad ya desde la etapa en que el político estaba al frente de la alcaldía de su concejo natal, en Laviana (entre 2008 y 2017). Una empatía que se vio reforzada cuando asumió la presidencia del Principado de Asturias y era frecuente verle acudir a la Basílica del Real Sitio de Covadonga el 8 de septiembre, Día de Asturias.

En diciembre de 2019, el arzobispo elogiaba a Barbón, resaltando de él que “es cristiano y político, no siempre es fácil compaginar ambas realidades, pero ni una cosa puede condicionar la otra ni se deben romper las buenas relaciones”.

El presidente también lo demostraba con gestos. Él mismo explicó, a través de la red social X, las razones que le llevaron a besar la Biblia cuando prometió su cargo como diputado de la Junta General del Principado: “Como creyente que soy, cogí la Biblia con respeto, la besé y la retiré para, a continuación, prometer el cargo de diputado con la mano en la Constitución y el Estatuto de Autonomía que es lo que en mi opinión procede”, afirmó.

En su argumentación deja una frase que cobra hoy más sentido: “Se trata de no mezclar las creencias religiosas personales de cada uno con la política y respetar la aconfesionalidad del Estado”.

Un vuelco en la relación de 'sintonía'

Con el mismo escenario de fondo y los mismos protagonistas, la situación ha dado un vuelco que ha dejado tocada esa “muy buena sintonía” en la relación institucional. La razón: las polémicas “perlas” que el arzobispo acostumbra verter desde el púlpito utilizando las homilías, especialmente, en la misa del 8 de septiembre, Día de Asturias, en la Basílica del Real Sitio de Covadonga para expresar sus opiniones personales con un profundo tufo ultraderechista.

Barbón 'explotó' el año pasado cuando admitió haberse sentido “ofendido” por unas palabras muy críticas de Sanz Montes sobre feminismo y ecologismo que calificó como “desafortunadas” y con las que, dijo, “ofendió a muchos creyentes y gente de fe”.

A preguntas de los periodistas sobre si acudiría el próximo año -es decir, este 2024- a Covadonga, el presidente regateó la cuestión: “Esta pregunta hay que hacérsela al arzobispo. ¿Pretende que no vaya más a la misa?”, interpeló.

Barbón ya puntualizó entonces que a la misa en la basílica de Covadonga no acudía como creyente: “Voy como presidente en una tradición que no instauré yo, lo hizo Rafael Fernández en 1980, y acudieron todos los presidentes desde entonces”.

La polémica con Adriana Lastra

El presidente asturiano cogió unos días de vacaciones el pasado mes de julio y, coincidiendo con esas fechas de descanso, saltó de nuevo la polémica en torno a la representación institucional prevista para la cita anual en Covadonga del 8 de septiembre.

Una polémica en la que participó directamente la recién nombrada delegada del Gobierno en Asturias Adriana Lastra. El 22 de julio, anunciaba su intención de no asistir a Covadonga, si Sanz Montes mantiene sus homilías “de confrontación”. Pedía al arzobispo de Oviedo que “recapacite y abandone su discurso ultraderechista el día de Asturias” porque, según argumentaba, esa debe ser “una jornada donde todos los asturianos estén representados”.

Al día siguiente de tomar posesión del cargo en la Delegación del Gobierno, Lastra anunció que no iba a tener conversación alguna “ni pública, ni privada” con la extrema derecha negacionista de la violencia de género e incluso negacionista de la ciencia.

“Yo he sido una de las primeras personas que cuestionó siempre los mensajes del arzobispo”, afirmó, especialmente porque se caracterizan por buscar la confrontación y no el acuerdo.

"Habitualmente el discurso del arzobispo es no institucional, no católico de concordia, ni de encuentro, ni de acuerdo, ni para recordar lo que es la Santina para todos los asturianos, sino profundamente despectivo, de confrontación, político y ultraderechista. Tiene que valorar si lo que pretende es que la mayoría de los asturianos no se sientan representados ese día. Yo intentaré ir allí donde me inviten, pero donde tengo claro que no voy a ir es donde sepa de una manera anticipada que se nos va a insultar a la mayoría de los asturianos y de los españoles

Adriana Lastra — Delegada del Gobierno en Asturias

“A mí no me importa que Jesús Sanz en cualquier otra misa, en cualquier otra homilía, cualquier otro día, diga lo que le apetezca”, indicó la delegada, pero le ha pedido que especialmente el día de Asturias abandone el contenido político en su homilía para que todos los ciudadanos se vean representados.

Lastra opina que habitualmente Sanz Montes, desde el púlpito, lanza un discurso “no institucional, no católico de concordia, ni de encuentro, ni de acuerdo, ni un discurso para recordar lo que es la Santina para todos los asturianos, sino un discurso profundamente despectivo, de confrontación, político y ultraderechista”, por lo que, a su juicio, “tiene que valorar si lo que pretende es que la mayoría de los asturianos no se sientan representados ese día”.

“Yo intentaré ir allí donde me inviten, pero donde tengo claro que no voy a ir es donde sepa de una manera anticipada que se nos va a insultar a la mayoría de los asturianos y de los españoles. Y espero que en esa conversación -en referencia a una posible reunión con el arzobispo tras su nueva responsabilidad en la Delegación del Gobierno- acordemos que el día de Covadonga vuelva a ser lo que nunca tuvo que dejar de ser, que es un día de acuerdo, de encuentro entre todos los asturianos”, concluyó.

La respuesta del arzobispo

Sanz Montes no se quedó callado y respondió al día siguiente. Pero su contestación añadió más leña a la polémica. En su caso, eligió la red social X para rebatir la argumentación de la delegada.

“Viene la seño con consignas. Marcando el paso desde su ideología. Atrevida ignorancia que impone temas, censuras amenazas y agenda. Lecciones quien puede, no quien quiere. Amo demasiado la libertad, esa que se deriva de la Verdad, como para encogerme ante etiquetas sincronizadas”, dice textualmente.

Trabajamos para que el día de Asturias sea de unidad y el presidente siempre ha expresado respeto y cariño a la Santina, como hacen todos los asturianos. El Gobierno lo tiene claro. La decisión de asistir es de Adrián Barbón y le corresponde a él decidir

Gimena Llamedo — Vicepresidenta del Gobierno regional

La vicepresidenta del Gobierno regional, Gimena Llamedo, sustituyó a Barbón en julio como presidenta en funciones, pero eludió cualquier pronunciamiento oficial sobre la polémica que fuera más allá de una declaración sobre la importancia de que el Día de Asturias fuera una celebración que transcurriera por los cauces de la concordia.

“Trabajamos para que el día de Asturias sea de unidad y el presidente siempre ha expresado respeto y cariño a la Santina, como hacen todos los asturianos. El Gobierno lo tiene claro”, indicó. Preguntada directamente sobre si el Gobierno regional valoraba no acudir el 8 de septiembre a Covadonga, Llamedo dijo en aquel momento que “la decisión de asistir es del presidente, le corresponde a él decidir”, indicó.

Una vez reincorporado de nuevo a la sede de Presidencia, Barbón tampoco expresó en voz alta si ya había adoptado una decisión sobre su asistencia o no al acto religioso, si bien dejó abierta la puerta a no acudir a la misa el 8 de septiembre.

La hemeroteca

A continuación, reproducimos algunas de las frases más controvertidas de Sanz Montes que han puesto en riesgo la buena sintonía que presidía las relaciones institucionales por su reiteración en expresar opiniones políticas personales.

El 8 de septiembre de 2023, calificó el caso Rubiales como “sainete jaleado con estrategias calculadas” y aprovechó la presencia del presidente autonómico en la misa celebrada en Covadonga para cargar contra la Agenda 2030 y el derecho al aborto.

En su homilía, rechazó la existencia de “frivolidades teledirigidas en noticias amañadas para distraer la atención, eclipsar las vergüenzas y manejar bajo cuerda pretensiones y apaños a cualquier precio y con la habitual mentira como arma política”.

Relató la historia de Irina, una mujer ucraniana que perdió a su esposo y a uno de sus hijos durante el bombardeo de Kiev y que, según comentó, no está “manipulada en su condición femenina”, cuando tiene que “afrontar los zarpazos más hirientes no dejándose arrastrar por tanto postureo, tanto empoderamiento y tanta zafia mediocridad”.

“Era inevitable la comparanza con otras noticias de estas últimas semanas que yendo de aquí para allá hojeaba en la prensa cada día. Dejemos la Leyenda del beso -en referencia al beso no consentido que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol le dio a la futbolista de la Selección Española Jenny Hermoso- para la preciosa zarzuela de Reoyo, Silva y Paso con la música de los maestros Soutullo y Vert. Mejor esta zarzuela que los recientes sainetes jaleados con estrategias calculadas”, recalcó en la homilía.

Sanz Montes incidió también en que los jóvenes son “nuestro presente”, como dejó patente la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro en el que “no se dieron borracheras, ni destrozos urbanos, ni violaciones en manada, ni toneladas de basura”, aseveró.

La Agenda 2030 y el ecologismo

En esta cita también se habló de “la ecología de la que tantos hablan, pero sin la carga ideológica de la Agenda 2030, ni el paseíllo manido por las pasarelas de tanta monserga vacía, aunque tan bien subvencionadas que terminan siendo subversivas”, continuó el arzobispo.

“Porque hablar de ecología es hablar de que nos importa la vida, toda la vida, evitando caer en la trampa engañosa de salvar solo algunas floras y faunas clasificadas por ciertas corrientes ecologistas que acaban siendo ecolojetas, mientras dejamos al pairo la vida humana más vulnerable”, mantuvo.

Asimismo hizo referencia a la vida “no nacida aún” o “la que precipita su final con la ayuda matarife de una eutanasia letal sin la asistencia paliativa censurada, o la vida de quien sigue su camino con mil dificultades al perder el trabajo”.

Sanz Montes, que deseó un “ilusionado y animoso” inicio de curso político, apostó por abrir “cauces viables” en lugar de “levantar muros que nos separan, trincheras que nos enfrentan reabriendo heridas o manipulando la realidad con noticias falsas o malbaratando a capricho un Estado de derecho que nos asimilaría a una república de banana malhadada rompiendo la convivencia”.

“Estos son los retos nada fáciles de solventar cuando se conculcan derechos, se retuerce la cordura dejando que salte por los aires lo que fuimos construyendo en la convivencia democrática”, subrayó en la homilía.

La amnistía y los independentistas

El 6 de noviembre de 2023, el arzobispo de Oviedo volvía a entrar en temas políticos para arremeter contra la amnistía que ultimaban el Partido Socialista y Junts con el fin de acordar una futura investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Para Sanz Montes “la amnistía no es un borrón con cuenta nueva”. El arzobispo lamentaba que “los que delinquieron grave y violentamente contra la convivencia”, en clara referencia al movimiento independentista catalán, se conviertan ahora en quienes “determinan con su moneda de cambio el futuro de un pueblo”.

Pero los reproches no se limitaron a los partidos catalanes y el movimiento social que llevó a los altercados de 2017. Bajo su criterio, existen “cómplices que venden lo ajeno por un plato de lentejas para seguir en el poder”. Una afirmación que apuntaba veladamente al entonces presidente del Gobierno en funciones.

Gobierno y protestas frente a sedes socialistas

El 17 de noviembre de 2023, el arzobispo de Oviedo calificaba de “inmoral” el nuevo gobierno y como “pacíficas” las protestas frente a las sedes del PSOE que en varias ocasiones finalizaron con cargas policiales. Sanz Montes veía en el acuerdo de investidura con los independentistas y “terroristas” un “horizonte de destrucción de la familia” y “una homicida manipulación de la vida”.

“La patológica aspiración continua de una poltrona de gobernanza por quienes en su delirio egocéntrico pagan cualquier precio para ello sufren una amoralidad indigna del recto gobernante. Esto no es de derechas ni de izquierdas, sino inmoral, al carecer de la solidez moral que les falta”. Con estas palabras concluía la tribuna de opinión publicada por el arzobispo en el diario ABC.

Para el arzobispo, “la espontánea comparecencia en calles y plazas de una inmensa sociedad quiere decir pacíficamente que hay algo no compartido, acusando como traidores a quienes pretenden formar gobierno desde programas políticos contradichos y burlados por otros intereses espurios que terminan siendo bastardos”.

Equilibrio entre comunidades autónomas

El arzobispo analiza igualmente el equilibro entre comunidades autónomas y denuncia “la insolidaridad chantajista entre regiones como moneda de cambio para inconfesables prebendas”. Algo que según él “divide y crispa”.

Para el prelado, el pacto político alcanzado “acorrala y manipula la Judicatura y la Fiscalía para amañar la ley impunemente y poner en riesgo la democracia” y además se lleva a cabo con quienes “han delinquido con golpismo independentista, corrupción insidiosa, malversación económica” e incluso habla de “quienes mercadearon con sangre inocente en acciones terroristas”, en alusión a Bildu.

La regularización de inmigrantes

El 10 de mayo de 2024, el arzobispo de Oviedo arremetía esta vez contra la regularización de inmigrantes: “Aquí no caben todos”.

En una entrevista concedida a Infovaticana, suaviza el posicionamiento de la Iglesia al abordar los casos de pederastia, al remitirse a la estadística de la Fundación Anar que calcula que no superan el 0,2 por ciento, y se pronuncia sobre otros temas como el cambio climático o insiste en que es imposible la regularización de 500.000 inmigrantes en España, como recoge la Iniciativa Legislativa Popular, porque “aquí no caben todos”.

De nuevo se reafirma en que nuestro país no puede acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles: “Caben los que caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos”.

“Dentro de esta especie de apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados. Porque vienen con su carnet terrorista, porque vienen con su tráfico de cosas, tráfico de blancas, tráfico de drogas, tráfico de armamento...”, contesta .

Se muestra partidario de fijar criterios para decir cuántos se pueden admitir y con qué reglas del juego: “Si hay una ley que lo regula en este sentido, lo apoyamos. Ahora, no cayendo en esa especie de populismo acogedor que termina recogiendo lo que no deseamos”, incide.

Los abusos sexuales en la Iglesia

Sanz Montes encabezaba con el titular “La matraca acusadora” una de sus cartas pastorales donde abordaba la cuestión de los abusos sexuales de la Iglesia y se ratifica en todo su contenido.

“Este Gobierno desentierra muertos, traslada a difuntos y hace amenazas y siempre tienes el comodín de la Iglesia que en un país como España tiene un pequeño recorrido. Por tanto, esta especie de focalización tiene como trasfondo la distracción y el despiste. Pero yo criticaba esta especie de estribillo -dice- porque me parece profundamente injusto. Si lo que nos importa, y así debería ser, son las víctimas de este crimen deleznable, deberíamos atender a todos y a todo aquello que ha cometido el delito, el crimen y el pecado”.

Pero va más allá. Asegura que se está focalizando mal el tema, porque la Iglesia aparece en la estadística de la Fundación Anar referida a la pederastia con apenas un 0,2%.

“Con ese 0,2%, si realmente te interesan las víctimas y no la focalización de algunos victimarios, deberías dar una respuesta y crear cauces para el 100%. Por tanto, el que se centren en el 0,2 que representamos los hijos de la Iglesia y omitas el 99,8, eso tiene una intencionalidad política e ideológica de distracción y despiste”, argumenta.

Siempre que puedo, hablo. Creo que deberíamos tener esta especie de proactividad para decir que tenemos algo que decir y tenemos algo que mostrar además de pedir perdón, que una vez que lo hemos hecho ya está bien. Porque si estamos continuamente pidiendo perdón hemos caído en ese bucle por el que continuamente nos han metido en esa especie de espiral de la que no sabemos salir

Jesús Sanz Montes — Arzobispo de Oviedo

Justifica que él sea partidario de expresar sus opiniones públicamente y que en sus intervenciones “tanto en palabra como por escrito” se rebele contra el mutismo impuesto y contra esa invisibilidad de catacumba: “Siempre que puedo, hablo. Creo que deberíamos tener esta especie de proactividad para decir que tenemos algo que decir y tenemos algo que mostrar además de pedir perdón, que una vez que lo hemos hecho ya está bien. Porque si estamos continuamente pidiendo perdón hemos caído en ese bucle por el que continuamente nos han metido en esa especie de espiral de la que no sabemos salir”, afirma.

El cambio climático

El arzobispo analiza también el cambio climático. Sostiene que pertenece a una explicación “puramente física de las cosas que suceden de nubes para abajo y tiene su interrogante” y recuerda que hay escuelas ecologistas que lo ponen en el entredicho.

“Que haya personas de la Iglesia, en general, que estén apoyando el cambio climático y que hagan incluso del cambio climático una cita indispensable, casi magisterial, nos parece que es un exceso y puede ser muy arriesgado”, explica.

La situación política actual

La política es otro de los temas recurrentes en todas sus intervenciones y especialmente son conocidas sus críticas hacia el Gobierno socialista. Y, en este punto, se explaya ante la pregunta sobre si le preocupa la situación política actual “tras el amago de dimisión” del presidente, Pedro Sánchez, ante los cinco días de reflexión que pidió ante las acusaciones a su mujer, Begoña Gómez, y el acoso de la derecha a su entorno familiar.

“¿Por qué me preocupa la política en España? Porque está destrozada. Porque cuando la política toma la mentira como arma y como gobernanza, toma la insidia para reabrir heridas, toma la falsedad para reescribir una historia que no sucedió, toma la división en una confrontación que nos enfrenta, es enormemente arriesgado”, responde.

“Cuando además esta política, en nombre de una modernidad pretendida y de un progresismo así promulgado, se está cargando la vida del no nacido, la vida del terminal y la vida del que está en el medio de estas dos citas. Cuando estás cargándote la familia; cuando estás manipulando la educación, cuando estás pervirtiendo tóxicamente a los adolescentes, incluso a los niños, con cursos que son no solamente obscenos o pornográficos, sino destructivos, dando pie después a determinadas leyes que destruyen la persona de modo irreversible en algunos de los casos. Si esto es hacer política -resume- con el desprestigio internacional en el que está en este momento España, yo en esta política no creo”. 

Las elecciones europeas y los partidos

Y si en este repaso faltaba que ya se definiera claramente, se le plantea una cuestión sobre las elecciones europeas del mes de junio donde ya no deja lugar a las dudas.

“¿Son legítimas todas las opciones políticas para un católico?”, le preguntan. Y el arzobispo responde: “No, pero es que no hay ninguna formación política que recoja nuestra tradición. No hay ninguna formación cristiana y la doctrina social de la Iglesia. Ninguna. Por tanto, no hay ningún partido político que sea el brazo político de la Iglesia católica. Sí que hay cristianos en política. Pero claro, no todos los partidos están igualmente de cercanos o de distantes a lo que decimos tradición cristiana y doctrina social de la Iglesia”.

Y dice que él verá “con simpatía” a quienes más cerca estén de esa frontera moral, aunque sabiendo que no le representa en todo. Y quien más se distancie será al que volverá a no votar y hay algunos que nunca ha votado y no lo piensa hacer. Aunque no nombra explícitamente a partido político alguno, están claras sus opciones políticas.

Así, a falta de una semana para que las asturianas y asturianos vuelvan a conmemorar la festividad de la autonomía, el domingo 8 de septiembre, el presidente asturiano, Adrián Barbón, harto de tanta tensión, ha anunciado que no acudirá a la misa del Día de Asturias, que cada año se celebra en la basílica de Covadonga y oficia el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Barbón huye de la crispación, “quien me conoce sabe que no es mi estilo”, y asegura que no son sus intervenciones las que generan tensión, eludiendo en todo momento mencionar directamente al prelado. No obstante, a buen entendedor, pocas palabras bastan.

La de Barbón es una decisión que viene a sumarse a la ya manifestaba por su socio de gobierno, Izquierda Unida, cuyo coordinador, Ovidio Zapico, abogada a mediados de verano por la separación entre Iglesia y Estado y aseguraba que no acudiría al Real Sitio.

Es la primera vez que un presidente del Principado no acude a la celebración del Día de Asturias en Covadonga, desde que el primer presidente asturiano, el socialista Rafael Fernández, institucionalizara la presencia de la máxima autoridad de la región en esta celebración eclesiástica.

Hace ya un año y medio que venció el plazo para que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes aprobaran una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Según la Ley de Cambio Climático, estas localidades deben establecer un perímetro en el que se restrinja el uso de vehículos contaminantes y se fomente el cambio modal a alternativas más limpias. En total, son 149 las ciudades españolas que tenían hacerlo antes del 2 de enero de 2023.

Pasado este tiempo, las que han llevado a cabo la habilitación y puesta en marcha de estos espacios no llegan ni a la cuarta parte. Y además, mucho de lo que se ha hecho no se ha hecho bien: operaciones de maquillaje, proyectos aprobados rápidamente y sin participación ciudadana, falta de información y señalizaciones, además de otras iniciativas “sin sentido”.

Este último es el caso de Ciudad Real, donde gobiernan PP y Vox desde las elecciones municipales de mayo de 2023. El proyecto para la creación de la ZBE de esta ciudad ya lo llevó a cabo el PSOE cuando gobernaba con Ciudadanos en la anterior legislatura, pero los socialistas vieron caer sus planes ante el pacto de las derechas para gobernar la capital provincial.

Durante la campaña electoral para los citados comicios municipales, Vox no dudó en proclamar por toda la provincia de Ciudad Real su rechazo a la Agenda 2030 y su intención de no desarrollar estas zonas de bajas emisiones que Europa marca como obligatorias.

Aunque esto al final no ha sido así y el Ayuntamiento, por iniciativa del PP, ha decidido sacar adelante el proyecto, lo cierto es que lo que ha anunciado el equipo de Gobierno municipal “dista mucho, por no decir todo” del objetivo de la creación de estas áreas, según la oposición socialista.

Concretamente, hace tan solo unos días, el portavoz del Gobierno municipal, Guillermo Arroyo, concretaba que la ZBE de Ciudad Real se limitará “exclusivamente” a las calles peatonales ya existentes y a las nuevas vías del centro que se peatonalizarán, cuyas obras están a punto de ser adjudicadas.

Según dijo, el borrador de la nueva ordenanza que regulará la ZBE en la capital de la provincia está ya listo y será presentado ante el Consejo de Movilidad el próximo mes de septiembre.

Reconocía el portavoz, del PP, que se trata de una nueva delimitación de la ZBE, ya que el anterior equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos contemplaba que la zona de bajas emisiones afectara a todo el interior perimetrado por la Ronda de Calatrava. Es decir, el anterior equipo de Gobierno iba a declarar no contaminante toda la ‘almendra’ central.

Ahora, PP y Vox han decidido otra cosa. Se restringirá el tráfico en zonas peatonales. Es decir, en calles por donde ya está prohibido (salvo garajes o permisos especiales). Y esto “no tiene sentido” para la oposición socialista.

Pasaron de decir que no iban implantar la ZBE a hacer esto que están haciendo y que nadie sabe muy bien lo que es

Sara Martínez — Portavoz del PSOE en Ciudad Real

Sara Martínez, portavoz del PSOE, tacha “incongruente” todo lo relacionado con esta iniciativa desde que gobiernan las derechas. Pero sobre todo no entiende que se vayan a “limitar a restringir el tráfico donde no hay tráfico, a prohibir coches donde no hay coches”. “Es totalmente ridículo”, afirma.

Recuerda que el Gobierno municipal ha realizado en un año varios anuncios diferentes en este sentido. “Pasaron de decir que no iban implantar la ZBE a hacer esto que están haciendo y que nadie sabe muy bien lo que es”. Pone como ejemplo el hecho de que se hayan instalado cámaras en todo el perímetro de la Ronda de Calatrava, conforme al proyecto de la legislatura anterior, y que “ni siquiera sabemos si están funcionando” o “si han pedido su modificación”.

Según Sara Martínez, ni PP ni Vox tienen “un modelo claro de ciudad” y “no paran de improvisar”. Al estar Ciudad Real fuera de plazo, considera que el Ayuntamiento trata de ganar tiempo pero lo hace mediante medidas “opacas” que, apunta, no se han debatido ni el Consejo municipal de Movilidad.

“Nada de lo que hacen genera confianza. Nosotros teníamos un proyecto mucho más ambicioso, un proyecto que incluía todo el perímetro de la ronda principal. Y ahora no tiene sentido lo que dicen. Hacer la zona de bajas emisiones en calles peatonales es ridículo: no pasan coches”, insiste.

El Grupo Socialista esperará al inicio del curso político en septiembre para reclamar toda la información al respecto de este proyecto y para conocer al detalle lo que PP y Vox quieren hacer. Pero la concejala es “escéptica” porque “ni siquiera se creen la Agenda 2030”.

La cuestión es que, por si esto fuera poco, el Grupo Municipal de Vox ha asegurado que “negocia” con el PP que la zona no contaminante “tenga el menor impacto negativo para los vecinos y sea un ejemplo para toda España” y además se llame 'Zona Ciudad Real Saludable', una denominación que se aleja de la identificación reconocible para la ciudadanía.

El partido de extrema derecha ha defendido la reducción de su perímetro rechazando el “fanatismo climático”. “Somos una ciudad familiar, cómoda, saludable, sin contaminación, y por lo tanto no se entiende una política restrictiva a la accesibilidad bajo premisas eco-radicales fuera de la realidad, que supongan un problema en la vida de los vecinos”, afirma Ricardo Chamorro, primer teniente de alcalde de la capital.

Directrices del Ministerio de Transición Ecológica

Lo que no han tenido en cuenta las derechas son las directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece en ellas que sin bien esta medidas deben implementarse únicamente en una parte del suelo urbano, es necesario que la elección estratégica de las áreas “permita extender sus beneficios a la totalidad del municipio o área metropolitana, enmarcadas en estrategias más amplias de cambio de la movilidad”.

“La liberación de espacio público que puede derivar de la reducción del tráfico y de los aparcamientos abre una oportunidad a realizar intervenciones urbanísticas que mejoren la habitabilidad de los barrios, faciliten la renaturalización urbana y reduzcan el efecto isla de calor que va a afectar de manera creciente a nuestras ciudades”, apunta.

Hace casi un año, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió al respecto de los proyectos que se aprueban sin cumplir con la normativa. En declaraciones a la Cadena Ser, avisó a los ayuntamientos que recorten o retrasen estas zonificaciones de que deberán devolver las inversiones previstas para este objetivo que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y no descartaba acudir a los tribunales si no se cumplía la ley.

Recordó que el Gobierno ha movilizado más de 2.000 millones de euros a través de distintas instituciones con programas para “facilitar a los ayuntamientos estas inversiones” sobre movilidad y agenda urbana. La primera consecuencia de no hacerlo, afirmó, es “devolver el dinero”.

PP y Vox preguntan a los vecinos en Toledo si lo ven “importante”

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Toledo, también gobernado por PP y Vox y con retraso en su aplicación, acaba de publicar el inicio de la consulta pública para la elaboración de su ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones. En ella plantea a la ciudadanía la siguiente cuestión: “¿Consideras importante, en virtud de lo que establece la Ley, implantar una ZBE que regule el tráfico rodado y el estacionamiento en el casco urbano de nuestra ciudad, con el fin de mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de las personas?”.

El equipo de Gobierno ha informado de que una vez finalizado el plazo, recabadas y estudiadas todas las aportaciones de la ciudadanía, se procederá a la elaboración del proyecto de ordenanza, “siguiendo los trámites legalmente previstos”.

Hay muchas cuestiones de fondo, muy importantes, que están en juego en las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo si se confirma el avance de la extrema derecha. Cosas como si seguimos aplicando medidas para frenar el calentamiento global o si, por el contrario, hacemos como que no pasa nada mientras las olas de calor o las lluvias torrenciales arruinan vidas y economías. También se verá qué puede pasar con los derechos de las mujeres o de las personas migrantes. En algunos países de la Unión Europea, como Polonia, ya saben lo que es un gobierno que aplica medidas ultraconservadoras, y lo difícil que es revertirlas.  

Varios periodistas de elDiario.es han viajado a diversos países para profundizar en algunas de estas cuestiones, como Gabriela Sánchez, que desde un pequeño pueblo de Senegal refleja lo que significa la inmigración a Europa para estas comunidades. Con Icíar Gutiérrez comprobamos las dificultades del nuevo gobierno de Polonia para desmantelar las contrarreformas acometidas en este país en los ocho años del partido ultra Ley y Justicia en el poder. Con Andrés Gil, analizamos la agenda de la ultraderecha para Europa y su éxito entre los sectores más afectados por las medidas de transición ecológica. 

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