Hace apenas un año, una joven turolense de 25 años y un hostelero valenciano de 42, con experiencia como jefe de cocina en Paradores Nacionales, decidieron dar el paso de instalarse en un pequeño pueblo de la provincia de Teruel para gestionar un multiservicio rural en la comarca de las Cuencas Mineras –prefieren omitir el nombre del municipio por motivos personales– y contribuir así a mantener vivos unos servicios esenciales para sus apenas 38 habitantes.

Su historia fue entonces un ejemplo de emprendimiento en el Aragón más rural, en lo que hoy se conoce como la España vaciada, aunque la realidad que describe ha existido siempre. Esta pareja cambió la comodidad de un empleo estable y las posibilidades de los entornos urbanos por el desafío de vivir en un pequeño municipio turolense. Una apuesta por el territorio, por la vida en las zonas rurales y por demostrar que todavía existen personas dispuestas a trasladar su proyecto vital y profesional a pequeñas localidades.

Sin embargo, la realidad acabó siendo más compleja de lo que imaginaban.

Unos meses después de ponerse al frente de este primer multiservicio –esperado desde hacía 22 años– ambos decidieron abandonar la gestión. Aseguran que no fue una cuestión de “falta de ganas ni de compromiso”. Tampoco de falta de trabajo. El problema, según explican, estuvo en las dificultades para hacer viable un proyecto que, sobre el papel, parecía diseñado para fijar población y garantizar servicios básicos, pero en el que fallaron “la comunicación con el Ayuntamiento” y una burocracia “alejada, en sus exigencias y criterios, de la realidad que se vive en los pueblos pequeños”.

Lejos de rendirse, la pareja ha vuelto a apostar por el medio rural. Desde finales del pasado año gestionan las piscinas municipales, el servicio de bar y el restaurante de otra localidad cercana, Alacón, que triplica la población del anterior aunque sigue sin superar el centenar de habitantes.

Antes de emprender esta nueva etapa, él desarrolló buena parte de su carrera profesional como jefe de cocina en Paradores Nacionales. Una experiencia que le permitió conocer establecimientos de referencia en toda España, pero que tampoco le ha impedido elegir un camino muy diferente al de las grandes ciudades o los destinos turísticos más consolidados.

“Mi pareja es de la zona, vivimos en su pueblo y nos desplazamos al trabajo en diez minutos”, explica. “Nosotros seguimos creyendo en los pueblos”, añade. “Si hemos vuelto a intentarlo es porque pensamos que merece la pena luchar por mantener vivos estos lugares y porque queremos construir aquí nuestro proyecto de vida”, asegura el hostelero valenciano.

Por qué muchos proyectos terminan fracasando

A pesar de estar convencidos de su apuesta por la vida en el medio rural, la joven pareja lanza una advertencia que considera necesaria para entender por qué muchos proyectos terminan fracasando. A su juicio, la lucha contra la despoblación no puede recaer únicamente sobre los emprendedores que llegan a los municipios. Consideran que las administraciones locales desempeñan un papel fundamental y que, en ocasiones, las condiciones establecidas en los concursos públicos o en los pliegos de adjudicación dificultan enormemente la viabilidad económica de quienes deciden hacerse cargo de estos servicios.

“Hay mucha gente con ganas de venir a los pueblos, de abrir un bar, gestionar una tienda, un restaurante o un multiservicio. El problema es que muchas veces las condiciones son tan exigentes que apenas queda margen para obtener beneficios y poder vivir de ello”, lamenta.

Una situación que, añade, genera “una contradicción difícil de entender”. Mientras desde las administraciones se impulsan discursos y estrategias para atraer población a las zonas rurales, quienes dan el paso se encuentran con frecuencia con obstáculos administrativos, costes elevados y obligaciones que complican la sostenibilidad de los proyectos. El resultado es que muchos emprendedores terminan abandonando.

Y cuando un negocio cierra en un pueblo pequeño, las consecuencias van mucho más allá de la pérdida de una actividad económica. Con el cierre de una puerta o la bajada de una persiana también desaparecen la luz de la calle, el movimiento en una plaza y, sobre todo, un punto de encuentro, un espacio de socialización y, en muchos casos, el único servicio del que disponen los vecinos.

Más colaboración y contacto entre administración y emprendedores

“La buena voluntad de quienes llegan no es suficiente si no existe una estructura que les permita desarrollar su trabajo con garantías”, defiende esta pareja, que considera que la solución pasa por una mayor colaboración entre administraciones y emprendedores. Reclaman contratos adaptados a la realidad de los pequeños municipios, más flexibilidad y una visión a largo plazo que permita consolidar proyectos capaces de generar actividad económica y fijar población.

La experiencia de estos emprendedores en la provincia de Teruel no es un caso aislado. Resume una de las grandes paradojas de las zonas rurales en la actualidad, no solo en Aragón, sino también en el resto de España. Por una parte, hay personas dispuestas a trasladarse a municipios de apenas unas decenas de habitantes, invertir tiempo, esfuerzo y recursos para mantener abiertos servicios esenciales y contribuir a frenar la despoblación. Pero, por otra, para que esas iniciativas prosperen, aseguran, es necesario algo más que ilusión. Hace falta “apoyo, confianza y unas condiciones realistas y adaptadas” que permitan convertir el compromiso con el territorio en un proyecto de vida sostenible.

“Sabemos que con estos negocios no nos vamos a hacer ricos, pero sí necesitamos que sean rentables. Todos tenemos que vivir”, recuerda este emprendedor.

Tras la experiencia en el primer municipio, donde se planteaba la gestión de un nuevo espacio que integraba tienda, bar-restaurante, alojamiento y servicios para visitantes, además de funcionar como apoyo a la actividad turística de la zona, la pareja afronta ahora una etapa diferente. En su nuevo destino regentan el bar-restaurante de las piscinas municipales, cuentan con clientela y aseguran estar satisfechos con la experiencia. Este espacio también funciona como punto de recogida y entrega de paquetería, un servicio más para los vecinos de la localidad.

Unir fuerzas para resistir: lo importante sucede en lo cotidiano

Quienes conocen el mundo rural saben que la clave no está solo en atraer nuevos habitantes, ofrecerles un trabajo o inaugurar servicios. La verdadera dificultad reside en mantenerlos vivos día tras día. En muchos pueblos de Teruel, los multiservicios rurales funcionan casi como una trinchera frente a la despoblación. Son negocios complejos, donde la rentabilidad económica no siempre acompaña al enorme esfuerzo de las personas que están detrás de ellos. Hace unos años, el gestor de otro multiservicio en El Pobo reconocía que trabajaba “a pérdidas” mientras intentaba sostener el servicio para el pueblo.

La diversificación de espacios ha supuesto un paso positivo para mejorar las condiciones y aumentar las posibilidades de mantener vivos servicios esenciales como la tienda o el bar. La figura del multiservicio ha evolucionado hacia un modelo que convierte un único punto en un centro multifuncional donde tienen cabida la hostelería, la pequeña tienda, el turismo rural e incluso servicios de paquetería o atención social. Se trata, en definitiva, de aglutinar servicios para sumar fuerzas.

En un tiempo en el que muchas pequeñas localidades pierden escuela, comercio o consultorio, abrir un negocio de estas características supone lanzar un mensaje de continuidad. Significa decir que todavía merece la pena quedarse. O volver. Y que sigan apareciendo personas dispuestas a intentarlo, como esta joven pareja, es una prueba de ello. Quizá ahí resida la verdadera noticia.

Mientras tanto, la joven turolense y su pareja, el jefe de cocina valenciano, continúan al frente de su nuevo reto, convencidos de que los pueblos tienen futuro, pero también de que ese futuro dependerá de la capacidad de todas las partes para remar en la misma dirección.

Porque lo importante, recuerdan, es lo que sucede en lo cotidiano. Ocurre cuando una persona mayor puede acercarse caminando a comprar unas pocas cosas o a tomar un café. Cuando vuelve a haber luces encendidas en un local de la plaza. Cuando alguien abre la puerta y escucha un “¿qué tal va el día?” sin necesidad de desplazarse al pueblo de al lado.

Esta semana el Gobierno ha presentado en la Moncloa el sello 'España. Cultura Viva', una marca de excelencia para exportar nuestra creación al mundo dentro del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028 . Mientras tanto, en algún pueblo de Cuenca, de Guadalajara o de Albacete, una ermita románica espera que alguien recuerde que existe. Y un alcalde de treinta habitantes ofrece una casa por un euro a cambio de que alguien venga a habitarla. Entre la espada y la pared, la cultura española busca su puerta del medio.

La espada es el escaparate. La política cultural convertida en marca, en sello, en hashtag para Bienales y cumbres iberoamericanas . Una cultura que se mide en exportaciones, en presencia en Seúl o en São Paulo, en la capacidad de seducir mercados. No está mal: un país que no se cuenta fuera, se borra dentro. Pero cuando la cultura se piensa solo como producto exterior, el patrimonio que no cabe en el folleto turístico se queda esperando una subvención que llega tarde, poco y mal.

La pared es la nostalgia. La idea de que el patrimonio rural es un asunto de arqueólogos y de cronistas locales, una colección de piedras venerables que hay que proteger del paso del tiempo como si fueran flores secas. Castilla-La Mancha acaba de convocar 450.000 euros para investigar patrimonio arqueológico y paleontológico , y Toledo inaugura la exposición del VIII Centenario de la Catedral Primada . Son buenas noticias, ninguna duda. Pero si el patrimonio se convierte solo en yacimiento, en vitrina o en efeméride, deja de ser cultura viva y se vuelve cultura embalsamada.

La puerta del medio es otra cosa. Es entender que el patrimonio no se exporta ni se entierra: se habita. Que una iglesia visigoda en un pueblo de cincuenta vecinos no necesita un sello internacional ni una urna de cristal, sino vecinos que entren a misa, niños que jueguen en su atrio, ferias que la rodeen, columnistas que la nombren. Que las casas a un euro no son una anécdota pintoresca para titulares de domingo, sino un síntoma: el patrimonio construido se cae porque ya no hay quien lo mire. Y lo que no se mira, no existe.

Esa puerta del medio exige una política cultural que se atreva a ser, a la vez, ambiciosa hacia fuera y minuciosa hacia dentro. Que financie la exposición de la catedral de Toledo y, en el mismo presupuesto, restaure el lavadero de un pueblo de la Serranía. Que presuma de Cervantes en el Instituto homónimo de Seúl y, simultáneamente, garantice que en Sigüenza, en Belmonte o en Alarcón haya librerías abiertas. Que entienda que la marca 'España. Cultura Viva' solo será verdad cuando la cultura siga viva donde más cuesta mantenerla: en los territorios que llevan décadas perdiendo gente, escuelas y memoria.

Porque la espada hiere y la pared detiene, pero la puerta del medio obliga a caminar. Y caminar, en esta España vaciada que tantas veces se ha nombrado y que transita a través de la cultura hacia la España Disponible, sigue siendo el verbo más político que conocemos. Disponible no es vacía: es la que ofrece espacio, silencio, piedra, oficio y memoria a quien quiera ponerlos a trabajar. La que deja de definirse por lo que ha perdido y empieza a contarse por lo que aún tiene para dar. Quien no quiera elegir entre la cultura escaparate y la cultura museo tendrá que aprender a defender una tercera: la cultura habitada. La que no se exporta ni se conserva: la que, sencillamente, se vive. Esa es la puerta del medio. Y esa es, también, la única España que merece la pena seguir nombrando.

Cuenca Ahora ha denunciado la “doble vara de medir” del Gobierno de Emiliano García-Page en materia ferroviaria, criticando que el Gobierno de Castilla-La Mancha defienda nuevas infraestructuras y corredores estratégicos fuera de la provincia “mientras en Cuenca avaló el cierre del tren convencional y el desmantelamiento de sus infraestructuras”.

La formación denuncia “el abandono ferroviario mientras Page defiende la alta velocidad fuera de la provincia” y considera “incomprensible” que el Ejecutivo regional apoye públicamente proyectos como el AVE Madrid–Jaén o el nuevo trazado ferroviario hacia Extremadura como herramientas de vertebración territorial y lucha contra la despoblación, mientras en Cuenca respaldó el cierre de la línea Aranjuez–Cuenca–Utiel y el denominado Plan XCuenca. “Se han llenado la boca a defender la alta velocidad por La Mancha de la misma forma que en 2013 dijeron que iban a pelear a muerte para evitar el cierre de líneas de tren convencional ”, subrayan desde el movimiento en alusión a un video que aún se puede encontrar en las redes del PSOE-CLM. 

Desde Cuenca Ahora recuerdan que el movimiento ha sido una de las pocas organizaciones que ha defendido “de manera constante el transporte público en la provincia, recurriendo el cierre del tren convencional, denunciando los recortes en el transporte por autobús y reclamando que no se retiren las vías ferroviarias”.

Asimismo, la formación recuerda las peticiones trasladadas a la Diputación Provincial para evitar el levantamiento del trazado, insistiendo en que eliminar las vías supone hacer irreversible el aislamiento ferroviario de Cuenca y cerrar cualquier posibilidad futura de recuperación del servicio.

“Mientras otras provincias reciben inversiones y defensa institucional para sus conexiones ferroviarias, en Cuenca se levantan vías y se sustituye el tren por proyectos urbanísticos y vías verdes”, denuncian desde el movimiento ciudadano.

Piden un “cambio de rumbo” en las políticas de transportes

Cuenca Ahora considera que la Junta “no puede hablar de cohesión territorial y lucha contra la despoblación mientras permite eliminar infraestructuras estratégicas en una de las provincias más castigadas por la pérdida de servicios y conexiones”.

Por ello, la formación exige un cambio de rumbo en la política de transportes de Castilla-La Mancha y reclama que la provincia de Cuenca deje de ser tratada como un territorio de sacrificio frente a las otras provincias castellanomanchegas. 

Las palabras de María Sánchez en su novela 'Tierra de mujeres' no miran al pasado: interpelan el presente. Desde Castilla-La Mancha, su lectura se convierte en un espejo incómodo de una realidad vigente. Las mujeres invisibles, la despoblación y la desigualdad territorial no son memoria: son estructura actual del mundo rural.

Hay libros que no se quedan en la lectura: se quedan en la conciencia. “Tierra de mujeres” es uno de ellos. No es solo un relato sobre el mundo rural, sino una denuncia serena pero firme de aquello que sigue sin ser suficientemente reconocido: las mujeres, el campo y los saberes que sostienen la vida cotidiana.

“Nuestras manos, las de las mujeres, no aparecen en los libros de historia, pero han sido las que han sostenido los cuerpos y la tierra.” Esta idea no pertenece al pasado: sigue describiendo el presente de muchos territorios rurales. En Castilla-La Mancha, esas manos continúan sosteniendo la vida diaria en pueblos donde el trabajo, el cuidado y la comunidad siguen dependiendo en gran medida de las mujeres.

“Soy hija y nieta de mujeres que callaron para que otros hablaran.” Esta frase no habla solo de una herencia, sino de una estructura que todavía deja huella. El silencio no es únicamente memoria: en muchos contextos rurales sigue siendo una forma de desigualdad que condiciona la presencia pública de las mujeres, aunque esa realidad está empezando a transformarse.

Hoy, sin embargo, también emerge otra imagen del mundo rural. Cada vez más mujeres jóvenes permanecen o regresan al campo con voz propia: agricultoras, ganaderas, emprendedoras y gestoras de proyectos que combinan tradición, formación e innovación. No son una excepción simbólica, sino una parte clave de la transformación del territorio rural.

El mundo rural como comunidad viva, no como recuerdo

Lo he visto y lo he vivido en mi entorno familiar y en las vecinas del barrio. Las sillas en la calle, cosiendo, hablando o tomando el fresco en las noches de verano, era un espacio de vida compartida. Aquello no pertenece solo al recuerdo: es una forma de comunidad que no ha desaparecido del todo y que sigue latiendo en muchos pueblos, donde la palabra, la escucha y el apoyo mutuo continúan siendo una red esencial de sororidad y sostén cotidiano femenino.

Esa lógica de comunidad también se refleja en la educación. En mi primer destino como maestra trabajé con alumnado de distintos cursos en la misma aula. La ayuda entre los mayores y los pequeños no era una excepción, sino parte del propio aprendizaje. Aquella convivencia mostraba algo esencial: en el medio rural, educar es también aprender a vivir en relación con los otros. Y esto no es nostalgia ni pasado. Es presente.

Pero ese presente convive con una tensión evidente. Muchos pueblos de Castilla-La Mancha afrontan pérdida de población, envejecimiento y reducción progresiva de servicios. La llamada “España vaciada” no es una etiqueta: es una realidad que condiciona el futuro inmediato del territorio.

Un futuro que exige servicios, no discursos

“No queremos ser vuestro decorado, ni vuestra arcadia feliz para el fin de semana. Queremos derechos, servicios y que se nos escuche”. Esta afirmación de María Sánchez no es una queja, sino una definición política del mundo rural actual.

El reto ya no es simbólico, sino estructural. Asentar población y recuperar vida en los pueblos exige servicios públicos reales y estables: sanidad cercana, educación de calidad, transporte digno, vivienda accesible, conectividad digital y oportunidades laborales. Sin estos pilares, cualquier discurso de repoblación se queda en retórica.

El futuro del mundo rural depende también de su capacidad para generar proyectos vitales. Y en ese proceso, las mujeres jóvenes que hoy emprenden en el campo están marcando una diferencia decisiva, aportando innovación, sostenibilidad y nuevas formas de entender el territorio. 

Tierra, conocimiento y futuro

La relación de muchas mujeres con la tierra no es un legado detenido, sino un conocimiento vivo. Interpretan el clima, el suelo y los ritmos del campo desde la experiencia acumulada, aunque ese saber no siempre haya sido reconocido como conocimiento legítimo.

El libro plantea una idea clave: cuando no se reconoce ese saber, lo que se debilita no es el pasado, sino la capacidad de construir un futuro sostenible entre territorio, personas y vida.

Por eso, 'Tierra de mujeres' no es nostalgia ni memoria. Es una interpelación contemporánea. Leído desde Castilla-La Mancha, no habla de lo que fue, sino de lo que sigue siendo y de lo que aún está en disputa. Porque el futuro del mundo rural no está atrás. Está aquí. Y se está decidiendo ahora.

La Asamblea General de Cuenca Ahora, celebrada este sábado en Cuenca, ha aprobado por unanimidad la concurrencia de la formación a las elecciones municipales y autonómicas de 2027 como una alternativa política “municipalista, provincialista y centrada en la defensa de los intereses de la provincia”.

Durante la reunión, en la que participaron representantes y afiliados de distintos puntos del territorio conquense tanto de manera presencial como telemática, la organización defendió la necesidad de construir un proyecto político “arraigado en los pueblos, útil para la ciudadanía y capaz de aglutinar sensibilidades diversas bajo un objetivo común: garantizar el futuro de la provincia de Cuenca”.

La asamblea sirvió también para hacer balance del trabajo desarrollado durante el último año, marcado por la participación activa de Cuenca Ahora en distintos conflictos y reivindicaciones territoriales, como la defensa del ferrocarril convencional, las movilizaciones contra determinados proyectos de biogás o las reivindicaciones vinculadas a los servicios públicos y la lucha contra la despoblación.

Apuestan por fortalecer la estructura comeral de la formación

Uno de los principales acuerdos de la jornada fue continuar fortaleciendo la estructura comarcal de la organización, entendida como una herramienta para reforzar la presencia política y social de Cuenca Ahora en todo el territorio provincial. En este sentido, se resaltó el trabajo realizado en diferentes zonas de la provincia y la necesidad de coordinar esfuerzos entre colectivos, plataformas vecinales y representantes independientes que comparten una visión común de defensa del territorio.

Desde la organización se insistió en que Cuenca Ahora quiere convertirse en “un paraguas amplio de defensa provincial”, capaz de canalizar demandas sociales y problemáticas locales desde una perspectiva claramente conquensista. La formación considera que existe un espacio político “huérfano” entre la ciudadanía de la provincia y apuesta por construir una alternativa que priorice las necesidades reales de los municipios frente a las dinámicas partidistas tradicionales.

Asimismo, durante la Asamblea se renovaron por unanimidad los cargos del Consejo Provincial, con David Cardeñosa como coordinador del movimiento a nivel provincial, así como Milagros Herreros al frente de la representación por Cuenca en el órgano del E20 de la Revuelta de la España Vaciada, y se acordó incorporar representación de Enguídanos al órgano de dirección de la formación.

Insiste en que no lo hace aposta, pero las novelas de Cristina Armunia abordan grandes temas sociales de la actualidad como la precariedad laboral o las diferentes realidades del mundo rural. Nació en Teruel en 1988, pero su imaginario comenzó a fraguarse mucho antes. Desde las historietas familiares hasta la más larga tradición del realismo mágico, Armunia referencia todo lo que le inspira como si de un ensayo académico se tratara. 

Este abril, ha publicado su nueva novela, La puta Margarita y otras flores de mi pueblo, de la mano de la editorial Dos Bigotes. Su primera obra, Un lugar seguro (Libros.com), apareció en 2023. Esta vez, relata una tierna historia de amor adolescente entre dos chicas de un pueblo de Teruel que viven el paso a la edad adulta entre maizales, sueños voraces y lazos familiares que, a veces, ahogan. 

A una isla desierta, Armunia —que trabajó como periodista en elDiario.es— se llevaría Cien años de soledad y algún libro de Juan Marsé, aunque la naturaleza de la isla le inspiraría, de la misma forma que hizo la tierra turolense, para escribir y dar forma a unos personajes a los que es imposible no coger cariño.

La puta margarita y otras flores de mi pueblo conforma un mosaico de relaciones románticas, parentofiliales, rurales, e incluso de uno mismo con sus propios sueños. ¿Cree que está cambiando algo que mejore la aceptación de jóvenes LGTB en los pueblos?

Hombre, yo quiero pensar que sí. Creo que cuando yo era pequeña teníamos una gran falta de referentes. En los sitios pequeños eso todavía es más plausible, más claro. Y cuando había referencias en series o películas estaban llenos de tópicos o de cosas que a lo mejor no representaban del todo las realidades. Y a mí me hubiera gustado tener más series que ver, más libros que leer. O igual los había, pero yo no los conocía. Y, en parte, este libro busca eso también, contar una historia bonita de amor entre dos chicas y que la pueda leer mucha gente. Y que también una chica joven la coja y la lea, pues que se emocione. Yo creo que las cosas sí que han cambiado y, al menos yo lo percibo así, en ciudades como Teruel. La verdad que cada vez hay más ejemplos de iniciativas, de actividades muy diferentes a cuando yo tenía 15 años.

Normalmente, cuando escribo no pienso: “Quiero escribir de este tema porque este tema es el que quiero tratar”. Sino que yo escribo y me sale una historia. La anterior fue de precariedad laboral, esta es de LGTBI rural y la siguiente va a ser sobre burnout en el trabajo. Todo tiene un tema, pero no me siento con el objetivo de ser una voz distinguida en algo.

Vivir un amor como el de Clara y Esther o un desamor en soledad, sin poder contarlo o sin querer hacerlo por el miedo al qué dirán, te marca para siempre

¿Cómo cree que puede marcar a una persona vivir un primer amor tan accidentado y clandestino como el que viven Clara y Esther?

Te puede marcar para siempre. Creo que vivir un amor así o un desamor en soledad también cuando eres joven, y a lo mejor no lo puedes contar o no lo quieres contar por el miedo al qué dirán, te tiene que marcar para siempre. Te marca incluso cuando tienes unas circunstancias, vamos a decir más favorables, cómo no te va a marcar si encima ha pasado algo negativo o algo más traumático. Y además los primeros amores es que no se olvidan. Pasan 15 años y de repente una noche vuelves a soñar y dices: “Madre mía, otra vez estoy sufriendo con esto”. Así que, bueno, sí que siento que esa clandestinidad hace que, tanto para lo positivo como para lo negativo, te marque mucho más.

¿Qué es lo que más ha disfrutado de escribir este libro?

Disfruté mucho escribiendo las escenas en los maizales. Y en la huerta, en las fiestas. Cuando quieres que la persona que te gusta te mire y quieres que te haga caso e irte con ella. No es que me gustara escribir esas escenas, es que cuando las releo me emociono un montón porque me gustan mucho y me gustaría que el público en general lo percibiese. Y de hecho me consta porque me ha escrito ya algún amigo o amiga que me dice: 'Cris, me he acordado de tal persona que fue mi primer novio, que fue mi primera novia'.

La puta Margarita y otras flores de mi pueblo es su segunda novela. ¿Qué diferencias ha notado a la hora de escribir la primera y la segunda?

Hay muchas diferencias. Para escribir la primera novela no tenía un plan, y eso fue un error. Es bonito probar a escribir sin sentarte a escribir e investigar tú mismo cómo puede crecer una idea. Es una experiencia que, incluso, te enseña. Y eso es lo que precisamente me pasó cuando empecé esta segunda novela, además de que tenía bastante más claro el argumento. Sí que me hice un mapa de colores: qué personajes y cuándo salían, para intentar valorar si había un equilibrio. Pero eso lo he conseguido hacer porque escribí la primera, sino habría sido un poco más complicado saber cómo sentarse a escribir 200 páginas.

¿Tuvo algún problema con las diferentes voces narrativas?

Lo que pasó fue que... digamos que dentro del libro hago algo así como metaliteratura. A una de las protagonistas le gusta escribir. Le gustaría ser directora de videoclips, concretamente. Entonces, le gusta montarse sus historietas en libretas. Cuando alguien le cuenta algo, va corriendo a una de sus libretas y se lo apunta. Y esta idea de las libretas me surgió porque hay dos historias centrales que son la historia de amor entre Clara y Ester, que son dos chicas de un pueblo que se enamoran, y la historia que aparentemente es secundaria entre Margarita y Ventura. Cada uno que decida cuál es la historia central. Entonces, esa otra historia yo la quería llenar de naturaleza, de ruralidad, de realidad, y quería cambiar un poco la manera de escribirla. Entonces, al principio la idea de la libreta era un poco confusa y no se entendía muy bien por qué daba esos saltos el narrador. Entonces se me ocurrió meter la idea del cuaderno que, de hecho, ocupa un capítulo, que se llama La libreta roja y ahí intento explicar un poco al lector por qué hago eso.

Y hablando un poco del léxico, ha mencionado lo de la naturaleza y quería preguntarle qué tipo de léxico ha buscado introducir en la novela, si ha usado palabras de su pueblo, palabras de su familia...

Me gusta pensar que he conseguido que la naturaleza sea otro personaje más dentro de la novela. No la naturaleza como algo bucólico y algo superbello, sino la naturaleza en todas sus vertientes. Por ejemplo, en algunos pueblos de Teruel hay granjas de cerdos y, cuando hace mucho calor en verano, pues huele muy mal y eso es así. Pero, dentro de esas descripciones y de contar cómo son esas eras, esas huertas, esos terrenos, esas granjas, creo que intento captar la belleza también dentro de las cosas que no son tan bonitas.

Siempre he sido una niña muy de escuchar las historietas que me contaban mis padres, las historias que me contaban mis abuelas

Y es verdad que conozco muchas cosas relacionadas con los pueblos o con los antepasados por las historias que me cuenta mi familia. Siempre he sido una niña muy de escuchar las historietas que me contaban. Porque, al final, una parte de mi familia fueron agricultores en mi pueblo, otra parte eran medieros, o como mi bisabuelo, que era esquilador. Entonces sí que tengo esa especie de atmósfera, de mundo rural, lo tengo en mi familia. Siempre he intentado atesorar todas las historias y de hecho lo sigo haciendo. De vez en cuando les digo 'explicadme esta historia que me contasteis hace poco que no me quedó clara', y les grabo.

Y también usa la naturaleza para explicar las emociones de las protagonistas conforme va evolucionando su relación, tanto las buenas como las malas

Sí, y esta es la manera que he encontrado en este libro de incluir el realismo mágico. A mí me gusta llamarlo realismo ácido, porque no siempre la aproximación hacia esa realidad es bonita. Utilizo esa forma de escribir para acercarme a los conflictos, para acercarme a las cosas buenas que pasan, pero también a las malas. Y también es como mi barrera defensiva. Me acerco a ello, utilizo esas descripciones y, cuando ya me parece suficiente, pues me vuelvo a alejar. Creo que también es algo que ejercité mucho en Un lugar seguro y que creo que he conseguido llevar a buen puerto aquí, a lo mejor con más sentido o con un hilo argumental más claro. Y es algo que en mis próximos proyectos sigo planificando y pensando cómo incluir ese realismo mágico del que yo he bebido tanto, del realismo mágico latinoamericano. Cómo llevármelo yo, una chica de Teruel, para acercarse a eso.

Ha hablado de sus referentes literarios, de García Márquez, Sepúlveda, Camila Sosa y Rosa Montero, entre otros. ¿Por qué escogió para comenzar el libro la cita “Todos necesitamos la belleza para que la vida nos sea soportable” de La ridícula idea de no volver a verte?

Lo que dice esta frase creo que resume un poco el libro, porque es verdad que aunque tiene un punto de drama, que tiene puntos que te compunge, incluso cuando lo estás leyendo es bello. Como Rosa Montero en ese libro, que cuenta varios procesos de duelo y aun así se marca un libro que es una locura de bonito.

Plan de negocio, análisis económico, estimaciones de mercado… Términos que pueden sonar cotidianos en cualquier empresa, en cualquier proyecto del siglo XXI, parecen encajar con más dificultad en el tranquilo (en exceso) día a día de la España vacía, donde los pueblos languidecen hoy lamentando el éxodo urbano iniciado en los años cincuenta. “El mundo rural no está para desaprovechar recursos”. El arqueólogo Ángel Palomino repite esta idea como una especie de mantra para explicar que, hasta los pueblos con menor densidad de población, con todas las estadísticas de desarrollo en contra, tienen una oportunidad de tomar acaso el último tren.

Solo existe una condición, un requisito de mínimos: todos los municipios en los que este experto en gestión de proyectos en el medio rural trabaja reúnen un argumento común: tienen “memoria”, en sus calles y plazas conservan la herencia de sus antepasados, un patrimonio que da para hacer cálculos, estimaciones, números sobre los que sustentar una casi utópica recuperación. De esa filosofía tan pegada al “Excel” nació el proyecto Ars Stellaris, que pretende poner en el mapa la región acaso más despoblada de Burgos: un conjunto de extensos páramos y valles fértiles situados en el occidente de esta provincia, en la estela del Camino de Santiago.

Sobre la mesa, un mapa de 14 pueblos con un denominador común, iglesias de origen medieval con raíces en el románico y en el gótico —todas son bienes de interés cultural (BIC)— que han ido transformándose, envolviéndose en otros estilos a lo largo de los siglos. De Melgar de Fernamental, corazón del Canal de Castilla, a Castrojeriz, parada obligada del Camino Francés. De Villamorón, municipio casi desértico que ha logrado salvar su mayúsculo templo del siglo XIII, a Sasamón, donde radica el edificio religioso más monumental del conjunto, una descomunal iglesia gótica impropia del medio rural. Joyas que han resistido al drama del exilio de sus habitantes y que hoy aspiran a convertirse en esperanza de progreso (o, al menos, de una tierra todavía viva), pero con un giro de guion.

“El modelo de ‘Oiga, mire, deme usted dinero para retejar la ermita de mi pueblo’ se ha acabado”. Rodrigo Sáiz es el gerente de la fundación Ars Burgensis, el organismo impulsado por el arzobispado de Burgos hace un par de años para desarrollar planes de conservación del patrimonio y dinamizar el territorio que lo ampara. “Ahora estamos en un modelo distinto, en el que puede haber dinero público si una ermita se pone en valor a través de una campaña de difusión, se digitaliza y tiene una accesibilidad plena”, expone. Un análisis honesto, pero una visión del patrimonio que divide a quienes cuidan de los edificios históricos de la España rural.

En contra, aquellos que piensan que no en todos los casos —templos aislados sin vocación clara de generar recursos en su entorno— se podrá hablar de repercusión económica. Precisamente, ese giro de guion aquí radica en que la restauración de las iglesias burgalesas será consecuencia de lo que puedan “producir” a su alrededor, y no un fin. “Estamos desarrollando un plan de gestión, no de intervención”, aclara el arqueólogo Ángel Palomino. En números, Ars Stellaris cuenta con un presupuesto de 248.000 euros, algo más del 60% del capital que procede de la Junta de Castilla y León lo completa la fundación eclesiástica.

Digitalización exhaustiva

En ese “cambio de enfoque”, la piedra angular es una plataforma de gestión digital que “va a dar visibilidad al proyecto”. En la práctica, una web donde aparecen los 14 templos digitalizados —tanto el exterior como sus bienes muebles (retablos o esculturas)—, lo que posibilita que “siempre estén abiertos” (aunque sea a través de una visita virtual), destaca Ángel Palomino. “En entornos rurales de pueblos muy pequeños no es fácil que te abran la iglesia”, precisa, apuntando a esa labor en extinción de los denominados custodios, vecinos que guardan la llave del templo y lo abren al visitante cuando pueden.

“A partir de un plan de este tipo, seguramente sea más fácil y viable conseguir la inversión que echando mano de lo de siempre”, sostiene el miembro de la firma Patrimonio Global. En su opinión, los valores inherentes al patrimonio —como la historia o la memoria que atesoran— “son intangibles que, al final, no se pueden materializar”. “Lo que se pretende es crear un producto de turismo cultural y patrimonial para identificar estos territorios, incorporando un conjunto de iglesias a las dinámicas del desarrollo regional”, precisa.

Atendiendo a la rentabilidad económica y social de planes como este en el medio rural, cabe acudir a la pregunta clave: ¿Resulta factible lograr mejoras perceptibles en zonas de interior profundamente deprimidas y sin apenas vecinos? “Yo creo que sí”, señala sin dudar Ángel Palomino, y justifica su convicción: “El punto de partida es tan bajo y la situación es tan crítica que los resultados a corto y medio plazo parece que no se ven, pero cuando analizas el impacto al detalle, sí que se está produciendo”.

Para demostrarlo, acude a otros ejemplos del mismo perfil, en programas del Ministerio de Reto Demográfico. En concreto, cita la inversión de 600.000 euros en proyectos de arqueología que se están llevando a cabo en pueblos de la Ribera del Duero (provincias de Burgos y Valladolid). “Tenemos que incluir datos demográficos en las actuaciones que estamos desarrollando y en todos los municipios afectados ha habido un incremento de población”, afirma. En todos, igualmente, el trabajo se ejecuta en red: pueblos de apenas veinte habitantes se asocian para crear un impacto conjunto en la zona. Las aventuras individuales son cada vez más escasas.

¿Y qué hay del perfil turístico de esta iniciativa? El programa Ars Stellaris apunta a un destinatario muy concreto: el “visitante respetuoso”. Lo explica Rodrigo Sáiz, gerente de la fundación Ars Burgensis. “Objetivamente, nuestro visitante no es precisamente un hooligan inglés que viene aquí a emborracharse, sino personas con cierto sentido del gusto artístico que quieren ver iglesias”, define. Y va más allá: “Hay un respeto por la santidad del lugar y un sentido del relajamiento; quien viene no lo hace atropelladamente ni tiene únicamente el interés de tomarse un ‘selfie’ antes de ver un museo”. Es decir, que la llamada no se dirige al grueso de los datos macroeconómicos del sector.

Sáiz cita que, “de los 100 millones de visitantes que recibe España cada año, veinte llegan atraídos por la cultura”. Y en esa todavía generosa porción de la tarta “hay medallas de oro, como la Mezquita de Córdoba, la Sagrada Familia o la Catedral de Burgos, pero también hay medallas de plata o bronce”, detalla. En los escalones inferiores del podio, aparecen las iglesias del occidente burgalés como “un lugar de reflexión, de meditación para contemplar auténticas joyas, tablas flamencas o esculturas de autores de talla internacional en la Edad Media, y de paso llevamos actividad a la España vacía”, propone.

La iniciativa no es la primera de este tipo en la España vacía ni en la provincia de Burgos, aunque sí está claramente inmersa en esa filosofía de impacto económico que está desarrollando la Junta de Castilla y León en la autonomía del país con mayor volumen de patrimonio. En la comarca de Bureba, al norte de Burgos, los ayuntamientos de núcleos con poblaciones mínimas trabajan en la creación de un circuito cultural que permita disfrutar de sus iglesias románicas, aunque muchas veces la falta de vecinos llega a tal punto que impide atender la apertura de los monumentos de la ruta y convierten estos proyectos en una quimera. En la comunidad de Cantabria, la región de Liébana está recuperando las pinturas de distintos edificios históricos con fines de conservación, pero también para tratar de llevar la vida a una de las regiones más despobladas del norte del país. En todos estos ejemplos, un denominador común —la despoblación— y un rayo de esperanza, el patrimonio.

En la primavera de 2018, hace ya ocho años, un grupo de ciudadanos conquenses preocupados por la situación económica, social y medioambiental de nuestra provincia y sus graves problemas estructurales, decidimos, a semejanza de Teruel Existe y ¡Soria Ya!, poner en marcha una asociación de carácter transversal e inclusiva, abierta a todas las ideologías políticas, para combatir el grave desequilibrio territorial y demográfico existente en España, cuyos efectos son fundamentalmente la despoblación y la discriminación de las políticas públicas de unos territorios con respecto a otros.

Creamos una asociación que convinimos en llamar Cuenca Ahora con la que se pretendía potenciar y aglutinar a toda la sociedad civil conquense en la lucha contra los graves problemas estructurales de la provincia. En definitiva, unir a la sociedad civil conquense en torno a una serie de objetivos, entre los que destacaba la aprobación en el Congreso de los Diputados de un Pacto de Estado contra la Despoblación y el reequilibrio territorial y demográfico de España, buscando la cohesión territorial de nuestro país, reformulando las políticas públicas, que han discriminado a nuestra provincia y han provocado el éxodo poblacional a otros territorios.

Cuenca en el año 1935 tenía 315.000 habitantes, hoy está en torno a los 198.000, tenía más habitantes que Álava o Castellón, por poner un ejemplo de evolución social y de riqueza.

Proponíamos para la ciudadanía conquense un contrato social que afrontara los graves problemas estructurales que padecía y padece Cuenca. Pretendíamos que los conquenses tomaran conciencia de su situación y se comprometieran en cambiarla o, más pronto que tarde, seríamos borrados de 'mapa', conformando un agujero negro entre Madrid y Valencia.

La asociación estaba abierta y está a todas las personas que quieran comprometerse con estos objetivos. Queríamos demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que los conquenses estamos vivos, que Cuenca está viva. Ser proactivos, no solo reactivos, siendo nuestra voluntad proponer proyectos de desarrollo para nuestra provincia que devuelvan la ilusión y la confianza a esta tierra.

Pretendíamos que los conquenses tomaran conciencia de su situación y se comprometieran en cambiarla o, más pronto que tarde, seríamos borrados de 'mapa', conformando un agujero negro entre Madrid y Valencia

Empezamos nuestra andadura organizando, el 23 de mayo de 2018, una jornada de debate sobre tres problemas principales: la despoblación, el trasvase Tajo-Segura y el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Rápidamente, nos incorporamos al movimiento ciudadano de la España Vaciada, junto con Teruel Existe y ¡Soria Ya!, y participamos en la gran manifestación del 31 de mayo de 2019 contra la despoblación de nuestros territorios que aglutinó en Madrid a más de cien mil personas. Esa gran manifestación quedó en nuestros corazones como un hito histórico y un rayo de luz para el futuro de nuestras tierras y nuestras gentes, para nuestros pueblos y ciudades pequeñas y medianas, todas ellas pertenecientes a la España del interior, que otrora fueron villas y pueblos habitados, ricos en historia, patrimonio y cultura.

Entendimos que, si queríamos cambiar las políticas públicas, debíamos estar junto con las demás provincias y comarcas escasamente pobladas que tenían los mismos o parecidos problemas de pérdida sistémica poblacional. Participamos de forma activa, tanto cuantitativa como cualitativamente, en las mesas de trabajo de la España vaciada para elaborar las 101 medidas de desarrollo de nuestros territorios. Nuestra labor siempre ha sido propositiva, intentando sumar y siendo respetuosos con todos los actores y agentes políticos y sociales.

Nos hemos opuesto al cierre y desmantelamiento del tren convencional Madrid-Valencia, a la proliferación masiva de macro granjas en la provincia, al peligroso almacén de residuos industriales, a la instalación indiscriminada de placas solares y molinos de viento generadores de electricidad, al continuo expolio del agua y a los trasvases del Tajo al Segura y al del pantano de Alarcón a Valencia (somos una provincia rica en agricultura y gran potencial de la industria agroalimentaria, pero nos falta el agua que enriquece a otros territorios), en suma, nos oponemos a ser territorio de sacrificio para el desarrollo de otros.

Hemos propuesto la reformulación del mapa sanitario y hospitalario y la comarcalización administrativa de la provincia. Hemos sido dinamizadores de la acción política y propuesto todos los años partidas financieras específicas en los Presupuestos Generales del Estado para atender nuestras necesidades de inversión e infraestructuras y la discriminación fiscal positiva para los nuestros habitantes.

Consideramos que los problemas estructurales de nuestra provincia no son de derechas ni de izquierdas, en ese mundo tan reduccionista en el que nos han metido los aparatos de los partidos tradicionales, que es una forma de combustible para su propia existencia y engaño masivo de los ciudadanos, lo cual sacrifica la idea de comunidad y bien común de todos ellos en beneficio de los políticos profesionales y de la partitocracia, que solo buscan obtener y mantener un sueldo, en la inmensa mayoría de los casos sin experiencia profesional o académica anterior, o insuficiente para desarrollar las funciones públicas que desempeñan.

Entendimos que, si queríamos cambiar las políticas públicas, debíamos estar junto con las demás provincias y comarcas escasamente pobladas que tenían los mismos o parecidos problemas de pérdida sistémica poblacional

Por ello, reafirmamos nuestro carácter esencial de movimiento ciudadano transversal e inclusivo de todos los conquenses que quieran luchar por su tierra para que puedan tener un proyecto de vida en ella con sus familias y no se vean obligados a emigrar, al mismo tiempo que pueda resultar atractivo el retorno de los que se fueron y la llegada de nuevos pobladores. Somos absolutamente necesarios para nuestra provincia.

La evolución de nuestro movimiento ciudadano y del conjunto de movimientos de la denominada España vaciada, en particular de Teruel Existe y ¡Soria Ya! nos ha llevado a intentar tener representación en las instituciones, a través de la participación electoral. De esta manera, presentamos listas electorales a las elecciones autonómicas y municipales de 2023 en la provincia de Cuenca, consiguiendo nueve concejales y tres alcaldías.

Para Cuenca Ahora la presentación a las elecciones es un hecho absolutamente coyuntural y ocasional, que de ninguna manera forma parte de nuestros objetivos fundacionales, limitado solo en el tiempo y por necesidades imperiosas de que la voz de la España vaciada y olvidada se escuche en los distintos foros con competencias legislativas para cambiar la dinámica del desequilibrio demográfico y territorial actual.

Por ello, muy probablemente nos presentaremos de nuevo a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año con el ánimo de incrementar ostensiblemente nuestra representación electoral en los pueblos de la provincia, poder incidir en la composición de la Diputación Provincial y tener representación en las Cortes regionales, única manera de cambiar la dinámica actual del bipartidismo rampante e imperante.

Este martes 31 de marzo se cumplen siete años desde que miles de personas llenaran el centro de Madrid para exigir un Pacto de Estado contra la despoblación, la llamada Revuelta de la España Vaciada, que ha perdido parte del impulso político que logró situar al reto demográfico en el centro del debate nacional. La caída del apoyo electoral a partidos como Soria ¡Ya! o Teruel Existe abre ahora la incógnita de si este problema ha dejado de movilizar a los votantes o ha perdido espacio en una agenda marcada por la “polarización”.

El 31 de marzo de 2019, entre 50.000 y 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno y los organizadores, marcharon por el centro de Madrid para denunciar décadas de “abandono” territorial y reclamar “igualdad de oportunidades” entre el medio rural y las ciudades. Convocada por Soria ¡Ya! y Teruel Existe, la manifestación reunió a más de 80 plataformas ciudadanas y convirtió la despoblación en una cuestión de Estado. Aquella movilización abrió una ventana política inédita para las candidaturas territoriales, capaces de trasladar al Parlamento y a varios gobiernos autonómicos una reivindicación hasta entonces periférica.

Sin embargo, el contexto actual es distinto. En los últimos ciclos electorales autonómicos, varias de estas formaciones han perdido representación o respaldo ciudadano en paralelo a un escenario político dominado por el voto útil y la confrontación entre bloques ideológicos, que ha reducido el espacio de los partidos centrados en el reequilibrio territorial.

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, vincula este retroceso al desplazamiento del debate hacia claves estatales. Según explica, la formación ha pasado de rozar el 43% del voto en su primera cita autonómica a situarse en torno al 20%. “Supimos transmitir en 2022 una emoción de protesta frente al abandono histórico de Soria, pero ahora esa emoción se ha visto contrarrestada por el voto en clave nacional”, señala. A su juicio, la presencia constante de líderes nacionales durante la campaña electoral en provincias como Soria buscaba “polarizar el mensaje y no dejar espacio a lo territorial”.

En ese contexto, Ceña critica además la escasa ejecución de las políticas públicas frente al reto demográfico y sostiene que las 130 medidas aprobadas por el Gobierno “no han servido de nada”, recordando que el Tribunal de Cuentas detectó que solo el 37% de los fondos previstos llegaron a núcleos despoblados.

Tomás Guitarte, del Congreso a las Cortes de Aragón

En esta línea, el diputado de 'Teruel Existe' en Aragón, Tomás Guitarte, coincide en señalar la polarización como uno de los factores decisivos para explicar el cambio de escenario. “Se está consiguiendo polarizar la situación política y da igual que estés en un territorio u otro: lo importante es si el voto es anti-Sánchez o anti-Vox”, afirma.

Según advierte Guitarte, esta dinámica ha relegado a un segundo plano los problemas estructurales del medio rural y ha contribuido a una progresiva “invisibilización” del fenómeno. “Cuando un problema no se quiere resolver, lo que se intenta es que no aparezca”, sostiene.

Sin embargo, el politólogo Pablo Simón introduce otro elemento a la lectura: el auge electoral de estas plataformas también respondió a un momento político “excepcional difícilmente reproducible”. A su juicio, muchas de estas formaciones nacieron como partidos “nicho”, articulados en torno a una única reivindicación, lo que “limita” su consolidación si no logran traducirla en resultados visibles. “En el momento en que no son capaces de revertir una situación tan estructural como la despoblación, los electores abandonan”, explica.

Parte de ese voto 'protesta', añade el politólogo, se ha desplazado hacia otras opciones políticas en un contexto de mayor confrontación electoral. “Una parte está yendo hacia Vox y otra retorna a las formaciones tradicionales”, apostilla. Con todo, Simón subraya que el movimiento sí logró un objetivo político relevante: instalar la despoblación en la agenda pública. “Los partidos grandes han absorbido ese discurso y eso también es un éxito, aunque no sea electoral”, sentencia.

Pérdida del foco mediático

El desplazamiento del debate hacia conflictos nacionales e internacionales también ha reducido la visibilidad mediática del reto demográfico. Así lo apunta el catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín, que sitúa el cambio de prioridades informativas como una de las claves del actual escenario. “Las cuestiones que han estado en el centro del debate han sido la tensión entre gobierno y oposición, no la despoblación”, admite Vallespín.

En este contexto, añade, algunas formaciones como Vox han logrado canalizar parte del malestar del medio rural mediante discursos centrados en el abandono del campo o la ganadería. “Para algunos votantes, apoyar a Vox también es una forma de visibilizar los problemas locales”, señala.

La pérdida de peso electoral de las plataformas de la España Vaciada no implica, sin embargo, una mejora sustancial de la situación demográfica, según coinciden algunos expertos.

Desde una perspectiva económica, Vicente Pinilla, catedrático en Economía en la Universidad de Zaragoza e investigador especializado en el sector agrario, el comercio internacional, la despoblación y las migraciones, advierte de que en Aragón, por ejemplo, las localidades de menos de 5.000 habitantes siguen reduciendo residentes mientras crecen los núcleos urbanos de mayor tamaño. “No puede decirse que esté habiendo una vuelta al campo”, apunta. El principal obstáculo sigue siendo el empleo cualificado, seguido del acceso a la vivienda y la movilidad, aunque la red de servicios públicos presenta actualmente niveles “bastante razonables”. La dependencia del vehículo privado continúa siendo, en todo caso, un factor limitante.

Un “punto de inflexión”

En esta línea, el investigador Juan Antonio Lobato introduce un matiz: aunque la tendencia no se ha revertido, sí detecta una desaceleración del ritmo de pérdida poblacional. España, explica, se encuentra en un “punto de inflexión”, aunque advierte de que cualquier cambio estructural requiere décadas de políticas sostenidas. “La despoblación no se va a solucionar de forma inmediata, pero vivimos en una sociedad que exige soluciones inmediatas”, lamenta Lobato.

Siete años después de la Revuelta de la España Vaciada, el reto demográfico ha perdido centralidad política, pero no urgencia territorial. La movilización que llevó el problema al corazón de Madrid en 2019, no ha encontrado aún una respuesta capaz de revertirlo.

En su segunda jornada, el VI Foro Económico de elDiario.es se tomó un momento para debatir y analizar el futuro del campo español con voces clave del sector, en un momento especialmente sensible, marcado por la incertidumbre geopolítica y la transformación tecnológica.

La conversación, moderada por Iñigo Aduriz, jefe de sección de política de elDiario.es, y que contó con representantes de la administración, la industria y el territorio, deja una conclusión clara: España es una potencia alimentaria que debe creerse su propio potencial para competir en igualdad de condiciones en el mercado global.

La sesión comenzó con la intervención de José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que defendió la efectividad de la Ley de la Cadena Alimentaria. Herrero destacó cómo esta normativa “ha equilibrado el terreno de juego” entre productores, industria y distribución.

“La ley permitió pasar del apretón de manos a tener contratos por escrito”, explicó Herrero, subrayando que desde 2021 es obligatorio tener en cuenta los costes de producción para evitar la venta a pérdidas. Según el director general, la norma española es pionera y está sirviendo de inspiración para la Unión Europea, por lo que descartó reformas inmediatas: “No queremos dar pasos hacia atrás, sino que nuestra ley sea el mínimo para que otros países la puedan adoptar”.

La visión territorial llegó de la mano de María José Murciano, vicepresidenta de ELARD (European Leader Association For Rural Development). Murciano rechazó el término “España vaciada”, en favor de hablar de “pueblos vivos” y “guardianes del territorio”. Para la experta, el futuro de Europa pasa irremediablemente por el medio rural.

“Tenemos que pasar de políticas asistenciales a políticas mucho más activas”, defendió, señalando que el 49% de los jóvenes urbanos se mudaría al campo si existieran oportunidades. Murciano abogó también por una visión estratégica que incluya servicios e infraestructuras: “Si queremos un equilibrio de país, tenemos que contar con los territorios rurales y su población”.

Desde la perspectiva de la gran industria, Javier Peña, responsable de asuntos públicos de Danone Iberia, detalló cómo la producción se ha adaptado a un consumidor cada vez más exigente con la salud y el bienestar animal. Puso en valor la relación “estructural y sólida” con el campo, destacando que el 100% de la leche que utilizan es de origen nacional.

“Avanzar en materia de sostenibilidad solo lo hemos podido hacer gracias a esa relación profunda con el campo”, afirmó Peña, mencionando que su compañía ya ofrece el yogur con menor impacto ambiental del mercado. Además, anunció colaboraciones con el CSIC para seguir generando evidencia científica en salud y nutrición.

El director general de Bodegas Martín Códax, Juan Vázquez Gancedo, aportó la visión del sector vitivinícola, un motor que afecta a más de 3.200 municipios españoles. Vázquez Gancedo relató el éxito de su cooperativa como ejemplo de colaboración público-privada, pasando de 50 viticultores a exportar a más de 60 países.

La tecnología fue un punto central en la intervención de Vázquez Gancedo, que explicó cómo utilizan drones para gestionar más de 3.000 pequeñas parcelas o minifundios y clasificar la uva antes de la vendimia. También aprovechó el turno de palabra para protestar por las trabas legislativas europeas frente a otros mercados: “Tenemos unos vinazos, pero os empeñáis en subir al ring con las manos atadas a la espalda”, bromeó citando a un experto australiano, en referencia a la prohibición de aplicar ciertos tratamientos con drones.

Una estrategia nacional

Retomando la palabra, José Miguel Herrero presentó la Estrategia Nacional de Alimentación como la “hoja de ruta” para consolidar a España como potencia mundial. “Hace 20 años España importaba más alimentos de los que exportaba, hoy tenemos un saldo positivo de casi 80.000 millones de euros de productos españoles que se están vendiendo fuera. Eso es un cambio radical”, destacó.

Esta estrategia se complementa con un plan internacional de gastronomía que busca elevar la percepción de los productos españoles. Según Herrero, el objetivo es pasar del concepto “bueno, bonito y barato” a una calificación de “triple A”: “Tenemos que dejar de ser esa buena relación calidad precio para que se nos vea como un producto excelente y como punta de lanza para que luego venga el resto de la clase media de esos productos agroalimentarios”. En este sentido, subrayó la colaboración inédita entre los ministerios de Agricultura, el ICEX y Turespaña para unir alimentación y turismo.

La falta de autoestima

A pesar del optimismo, los participantes han coincidido en señalar obstáculos críticos. Javier Peña solicitó a la administración “agilidad administrativa” y “canales de aceleración” para proyectos estratégicos en el ámbito rural. Por su parte, Murciano pidió “ruralizar las leyes” para que no se legisle con una visión “urbanocentrista” que asfixia al pequeño empresario. “No es lo mismo crear un restaurante en la Castellana que uno en un pueblo donde van a jugar al dominó”, sentenció.

Juan Vázquez Gancedo cerró este bloque insistiendo en la necesidad de mejorar la autoestima del sector: “Somos la envidia en muchas cosas, pero nos falta autoestima. Tenemos sol, agua y somos el destino del turismo de toda Europa”.

Resiliencia ante la incertidumbre

Para finalizar, la mesa abordó los temores ante el escenario internacional, incluyendo las políticas arancelarias y los conflictos bélicos. Vázquez Gancedo se mostró confiado en la capacidad de resistencia del sector: “Tendremos que ingeniárnoslas para sortear de la mejor manera posible, ser resilientes y adaptarnos”.

Javier Peña reforzó esta idea apostando por “cadenas de suministro cortas, diversas y próximas” para asegurar la autonomía alimentaria. María José Murciano aportó un dato esperanzador, al señalar que el medio rural está empezando a ganar población: “Queremos vivir cerca de la naturaleza, con comunidad, espacio y tiempo”.

José Miguel Herrero clausuró el encuentro con un mensaje de seguridad, recordando la fortaleza demostrada por la cadena alimentaria durante la pandemia y asegurando que la administración monitoriza constantemente los precios para intervenir si es necesario. “Tenemos esa versatilidad y esa gran capacidad de adaptarnos a las circunstancias difíciles”, concluyó.

Desde un pequeño pueblo de Toledo, Carriches, Sergio Muñoz ha recogido la tradición de cinco generaciones de pastores para hacer queso siguiendo la recetas de su abuela, cuando se reservaba una parte de la leche del rebaño para consumo propio. Con la sabiduría familiar y el entusiasmo por lo que hace ha logrado traerse medalla de algunos de los concursos queseros más importantes del mundo, el World Cheese Awards que se celebra en Suiza y el Concurso International de Lyon.

“Los quesos son algo vivo”, dice Sergio mientras su hermana y colaboradora Ainhoa embadurna de pimentón algunas de las últimas elaboraciones con forma de corazón que hace especialmente para un establecimiento madrileño. “Al ser de leche cruda, van cambiando según el día, o la temporada, la humedad les cambia el sabor o la textura”, dice.

Es un mano a mano entre ellos dos mientras su padre les ayuda con las ovejas que pastan a unos 400 metros de la propia quesería en medio del campo. Un rebaño de 600 ovejas de raza Assaf, una raza originaria de Israel procedente del cruzamiento entre ovejas de raza Awassi y machos de raza Milschschaf de origen irlandés, es un animal de muy alta producción lechera.

Los pocos metros que separan los pastos de la quesería es la que recorre la leche para llegar hasta esta pequeña industria de donde salen varios tipos de queso. “El primer queso que hicimos salió en 2018, era un queso solo para nosotros, lo hicimos como antes cuando utilizabas la leche haciendo quesos que la mujer elaboraba, se llevaban la leche pero una parte se quedaban para comer en casa”.

Sergio hace “la misma receta que hacía mi abuela, que se metían en cinchos de esparto y se prensaba con madera y con piedra”, pero él no lo prensa, sino que deja que se desuere por gravedad. Así hace su pata de mulo, e incluso el queso más grande que sale de esta quesería, una ejemplar de 10 kilos que tampoco se prensa. “Casi todos nuestros quesos se hacen así, excepto el semicurado que es de dos kilos y que ese sí es de pasta prensada, los demás ninguno”.

Elaboran también quesos de pastas blandas, tipo francés, cuyos nombres ‘Maná’ y ‘Ambrosía’ ya sugieren su excelencia. Maná está curado con carbón vegetal, que fue galardonado con una medalla de oro en el certamen internacional de 2025 de Lyon (Francia), al mejor de pasta blanda de leche cruda de oveja y corteza natural y premiado también en los World Cheese Award. Ambrosía es la base del queso Maná. Para estos fermenta la leche entre 24 y 36 horas y no utiliza cuajo, “se queda como una mousse, baja el ph y el queso se va derritiendo , lo sacamos a los diez o doce días. Conseguimos unos sabores muy estables, sin apenas acidez”, apunta.

Para este quesero, el “Pata Mulo es el todoterreno de nuestros quesos”, es un tipo de queso que no se elabora en la zona de Toledo, es más propio de otras latitudes. “Un queso difícil de hacer porque tiene mucha humedad”, dice.

Este queso lo presenta tradicional o con orégano o pimentón. “Con eso queríamos recordar la cocina tradicional de antes que se utilizaba el pimentón y el orégano, era lo que utilizaba mi bisabuela en la cocina, y queremos que cuando prueben el queso les recuerde a eso. Al ser un queso sin prensar conseguimos que el queso tenga mucho más sabor, una textura más cremosa, somos el pata mulo de Castilla-La Mancha” dice.

El semicurado es un queso dentro que recoge la tradición de la comarca, con la receta propia, “redondo de pasta prensada con tres meses de maduración, queso más suave pero muy particular, con mucho sabor de leche cruda”.

Está muy orgullo de su Gran Imperial, un queso de 10 kilos  que también se trajo una medalla de plata del certamen de Lyon. “Es un queso de bodega enorme que se elabora como una cocción lenta, con más maduración, unos cuatro o cinco meses, la corteza sabe diferente, tiene mucha cremosidad. Es un espectáculo ver partir ese queso”, asegura.

Pero no sólo eso, también pone en el mercado un queso fresco y un yogur de leche de oveja, este último también ha sido medalla de oro en Lyon al mejor del mundo.

Venta también en la quesería

Casi toda su producción se vende en España, sale algo a Alemania donde la quesería trabaja con una distribuidora y una “una tiendecita en Polonia”, pero “nosotros no podemos sacar al mercado miles de quesos porque todo es totalmente artesano”.

Donde se compra mucho sobre todo los fines de semana es en la pequeña tienda que tiene a la entrada de la quesería. “Viene mucha gente a la quesería en Navidad y los fines de semana desde Madrid, de Toledo. La persona que viene a buscarlo sabe que yo no vendo queso, vendo salud, son probióticos naturales, fibra, hierro, proteína”, dice.

El trabajo en la quesería es diario, ya que no sólo elaboran quesos y yogures sino también Sergio distribuye, comercializa, ya que lo lleva a Toledo donde lo vende en pequeñas tiendas y a restaurantes con Estrella Michelin en la capital regional y en Madrid, y hasta lleva la página web.

Incluso los fines de semana organizan otras actividades como talleres de elaboración de quesos para particulares y grupos. “La gente elabora su propio queso fresco y luego se lo llevan a casa, disfrutan mucho”, incluso algunos grupos lo completan comiendo un cocido en el bar del pueblo.

Sergio siempre está pensado en elaboraciones nuevas, aunque no quiere desvelar sus proyectos. “Hay mucho ensayo y error”, dice mientras se queda dando una vuelta a los quesos que se están curando y que serán los próximos en salir al mercado.

La España rural no se muere por falta de amor al pueblo; se muere por falta de manos. Y mientras las Comunidades Autónomas de interior, ven apagarse luces, el país se enfrenta a una regularización masiva de 500.000 personas migrantes sin un plan de empleo claro que la acompañe. La situación encaja bien con esa vieja ironía: la política como el arte de crear problemas… a los que luego promete dar solución.

Porque es evidente: regularizar de golpe, sin una estrategia territorial y laboral, es a priori un problema. Coloca sobre la propia población –autónomos, pymes, ayuntamientos pequeños, cooperativas– la responsabilidad de organizarse, absorber, integrar. Una vez más, el territorio se despierta con el marco ya decidido en el Gobierno de la Nación y la obligación de 'arreglárnoslas'.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha no hablamos de un tema abstracto, hablamos de sectores tradicionales de empleo muy concretos que llevan años pidiendo manos:

• En el campo: vendimia, olivar, ajo, pistacho, almendro, hortícolas, ganadería extensiva, trabajos en cooperativas y almazaras.

• En la construcción: albañilería para rehabilitación de vivienda rural, reformas de casas viejas, adaptación de viviendas para mayores, mantenimiento de tejados e infraestructuras.

• En la hostelería y el turismo rural: bares y restaurantes de pueblo, casas rurales, pequeños hoteles, servicios de limpieza y mantenimiento, cocina y sala.

• En los cuidados y servicios personales: atención domiciliaria a mayores, residencias pequeñas o comarcales, servicio doméstico y limpieza.

• En los servicios básicos locales: comercio de proximidad, logística ligera, talleres, pequeñas industrias agroalimentarias que necesitan personal de planta.

Sería un gran error quedarnos solo mirando el problema, como quien se queda paralizado ante una tormenta que, nos guste o no, ya está encima. Para muchos pueblos del país, lo que se dibuja es una ventana de oportunidad: ahí fuera –y ya dentro– hay personas con ganas de trabajar en estos oficios tradicionales que sostienen la vida cotidiana y para los que aquí no encontramos relevo generacional.

La clave está en quién asume el liderazgo de esta oportunidad.

Las regiones y las empresas tienen una misión crucial:

• Las comunidades autónomas pueden orientar formación, vivienda, servicios y programas de reconducción hacia estos sectores y hacia las comarcas que realmente necesitan manos.

• Las empresas, cooperativas agrarias, pequeñas constructoras, hosteleros rurales pueden dejar de vivir la migración como “parche urgente” de campaña y empezar a verla como inversión en estabilidad, por supuesto, apoyados por sus gobiernos con fiscalidad diferenciada, desburocratización y fomento al empleo, para ofrecer contratos más dignos, proyecto de vida y no sólo temporadas.

No es un ideal, es que el único camino que se puede tomar para esta patata caliente que tenemos en las manos, es el de la unidad sociopolítica, económica y de la calle, porque lejos de rupturas, la realidad nos conduce hacia la reconstrucción de los territorios, dejándonos fluir.

El gobierno central, una vez más, ha movido la primera ficha creando una situación que supone un reto mayúsculo y nos saca de la comodidad, incluso nos abruma. Podría haberse hecho mejor, más ordenado, más pensado con el territorio, sin duda. Pero, aunque no así y no de este modo, ese movimiento era necesario para lo que podríamos llamar la 'España Disponible': esa España de pueblos, oficios y casas vacías y que lleva años esperando personas que los habiten, los trabajen y los quieran.

Ahora la pregunta ya no es sólo qué ha hecho el Gobierno, sino qué vamos a hacer nosotros con lo que ha puesto sobre la mesa. En primer lugar, y en la antesala del séptimo aniversario de la Revuelta de la España Vaciada, estaría bien pedir masivamente de nuevo una fuerte entrada de inversión, mejor fiscalidad, más acompañamiento a emprendedores y empresas y facilitación financiera por parte de las entidades bancarias para poner en marcha los proyectos necesarios, sin ahogos, porque hay muchas personas que quieren trabajar, pero están con una mano delante y otra atrás.

Recordemos para finalizar, lo que nos enseña el papel geopolítico de España en la historia: un país que siempre ha construido territorio ligando poder político y poblamiento y donde había interés estratégico, se atraía gente con ventajas claras (tierras, fueros, menos impuestos, autogobierno) y es que los territorios que se salvan y que siguen vivos no son los que reciben menos problemas, sino los que son capaces de convertirlos en oportunidad antes de que se cierre la ventana.

Cuando eres la única niña de la clase cuyos padres trabajan en el campo y con animales, y lo cuentas a hijos de familias cuyos progenitores trabajan en oficinas, en tiendas, en fábricas, en bancos o en la construcción, tus comentarios “llaman la atención”. Si, además, por decisión propia, los acompañas en sus labores y sueñas con dar continuidad a lo que con esfuerzo y de la nada han ido levantando desde tus bisabuelos hasta llegar a tus padres, la historia “choca todavía más”. 

Andrea Garza tiene ahora 23 años, pero su conocimiento sobre el sector ganadero y agrícola supera con creces lo que se espera dada su fecha de nacimiento. Criada en una “torre” agrícola en Garrapinillos, barrio rural ubicado a unos 20 minutos en coche de la ciudad de Zaragoza, esta joven tiene claro desde hace años que su “misión” es ayudar a familias como la suya, ganaderos y agricultores en explotaciones pequeñas de origen familiar que por sus dimensiones y especiales condicionantes no luchan solo contra las inclemencias del tiempo, siempre inciertas, sino también contra la burocracia, precios en origen a la baja, insumos más caros cada temporada, las reglas de un mercado globalizado que les ponen en una peligrosa situación de desigualdad y contra el reloj, porque cada día que pasa, es un día que no se recupera. 

Ayudar desde la formación a un sector infravalorado

“Me gusta disfrutar del amanecer y de los atardeceres que me regala el campo. Escuchar el agua correr y a mis animales hablar entre ellos desde mi ventana”. Estos son los placeres que Andrea defiende. No entiende la vida sin la tierra manchando sus botas o los corderos en la paridera, porque ella ha crecido en esta forma de vida. Una elección que ya hicieron sus bisabuelos; que trabajaban las tierras de una familia adinerada, y sus abuelos, que trabajaron los campos que sus padres pudieron comprar con el fruto de su trabajo para aquella familia pudiente. 

Los padres de Andrea, que rondan los 50 años, gestionan una explotación combinada. Por una parte, la agricultura: brócoli, cereales y forrajes y, por otra, la ganadería, en este caso semi extensiva de ovino con 1.4000 cabezas de rasa aragonesa. El relevo de corazón está garantizado, de eso se encarga Andrea, la cuarta generación. Que ese relevo se haga efectivo, depende de la realidad del sector. “Soy muy consciente de la situación”, confiesa Andrea, que decidió hace unos años que no era suficiente con trabajar en la explotación; tenía que dar un paso más allá. “La formación es fundamental para las nuevas generaciones”, por eso apostó por cursar el grado en Ingeniería Agrícola en Huesca: “A mi madre le costó cuando le dije que quería dedicarme a esto, porque es consciente de la dureza del sector, pero ahora está contenta”. 

Los estudios de Ingeniería Agrícola “me abrían la puerta a otros tipos de trabajos y podía seguir metida en el mundo rural, también desde la investigación, el asesoramiento y muchos otros ámbitos con los que puedo contribuir al sector primario”, confiesa Andrea Garza. En la actualidad, esta joven ingeniera y ganadera de Garrapinillos cursa el Máster en Ingeniería Agronómica y trabaja en ASAJA Huesca: “Me ofrecieron continuar después de hacer las prácticas y decidí compaginarlo con la explotación y el Máster porque considero que es imprescindible conocer todos los procesos administrativos que nos exigen en las explotaciones agropecuarias y también me gusta la parte reivindicativa, luchar por el sector no solo es producir, sino que también es hacer cambios con nuevos estudios, investigación, etcétera”, asegura Andrea. 

Las nuevas generaciones que deciden apostar por la agricultura y la ganadería lo hacen desde otra perspectiva a la que lo hicieron dos generaciones atrás. Quieren que desde fuera se deje de ver el sector primario “como algo con poco futuro o que te hace la vida muy difícil”, además de romper con ideas engañosas “piensan que porque nos ven montados en maquinaria que cuesta mucho dinero somos ricos, y no es así”, denuncia la ganadera.  

Una voz que emerge del campo para exigir cambios

La voz de Andrea ha tomado fuerza en la protesta, conocida como “tractorada”, que congregó a miles de trabajadores rurales en las principales calles de Zaragoza a finales de enero para reivindicar que: “La burocracia excesiva, una PAC que cambia constantemente y no responde a las necesidades reales de bienestar animal ni agronómicas… nos está dejando fuera de juego”, apunta la ganadera, que añade: “Se olvidan de las personas que estamos pisando el barro y trabajando en el campo”.

Para esta profesional del sector, la movilización no fue un acto espontáneo, sino la expresión de un descontento profundo frente a una burocracia que, según ella y sus compañeros, ralentiza la actividad productiva y penaliza al pequeño productor. La participación de jóvenes como Andrea en las movilizaciones rurales refleja un cambio generacional en la manera de concebir y defender el campo. 

La presencia de nuevas generaciones en las reivindicaciones agrarias no es sólo simbólica, es una llamada de atención para instituciones y consumidores: sin apoyos sólidos, la próxima generación podría verse obligada a abandonar el medio rural, con el consecuente impacto demográfico y económico en regiones como Aragón.

Los jóvenes están empezando a reclamar reconocimiento social y, sobre todo, apoyos reales que garanticen la viabilidad económica de sus proyectos agrícolas y ganaderos: “Queremos quedarnos, si nos dejan”. Los altos costes de producción, la competencia de mercados externos con estándares diferentes y las rigideces administrativas son el pan de cada día para muchas explotaciones familiares como la de Andrea.

Por eso, para muchos jóvenes, llegar a tener una vida estable en el medio rural parece un desafío titánico frente a la atracción de las ciudades. Sin embargo, Andrea ha decidido apostar por sus raíces. Criada entre campos y ganado, su vínculo con la tierra no es casualidad, sino decisión personal. Su presencia en la tractorada evidencia que, para una nueva generación, el campo no es un refugio del pasado, sino un proyecto de vida posible si se cambian las condiciones actuales.

Garrapinillos, barrio rural con una larga tradición agrícola y ganadera, representa un microcosmos de la realidad aragonesa. En su paisaje abundan fincas y explotaciones familiares que sostienen la economía local. Para Andrea, conservar ese legado es tan vital como modernizarlo. La joven comparte con otros productores la preocupación por el futuro del sector, pero también la convicción de que la agricultura y la ganadería pueden ser fuentes de empleo, de un desarrollo sostenible y de arraigo. Mientras tanto, y en pie de lucha, Andrea continúa trabajando entre el ganado y las hectáreas de su explotación, alternando su labor diaria con la formación y la defensa de un sector que clama justicia, sostenibilidad y futuro.

Recientemente los medios de comunicación se hacían eco de la idea del magnate estadounidense Elon Musk de llenar la 'España vaciada' de placas fotovoltaicas. A primera vista la idea parece disparatada, pensamos que es otra ocurrencia del histriónico personaje y fruncimos los labios con una mueca de desaprobación. Pero en este convulso siglo en el que vivimos, donde la voracidad de algunos oligarcas sólo ven oportunidades de lucro y negocio —donde otros vemos genocidio, pandemias y sufrimiento o cambio climático— nos hace ser prudentes y reflexionar sobre la propuesta, no vaya a ser que tengamos algunos admiradores cercanos.

El lenguaje no es neutro y sí evocador. Lo de la 'España vaciada' es un término que nos hace imaginarnos el vacío, el desierto, la nada, en el corazón de esta Península Ibérica que habitamos. En realidad, ese vacío se refiere exclusivamente a una baja o muy baja densidad de población humana, lo que no quiere decir que la biodiversidad que alberga sea baja, más bien al contrario. Podemos decir que la riqueza de la biodiversidad peninsular es inversamente proporcional a la presión demográfica actual o histórica. Cuanta menor sea y haya sido la intervención humana, los ecosistemas alcanzan un grado de naturalidad y mayor desarrollo. No es casualidad que las mejores formaciones vegetales se encuentren en las montañas y lugares aislados y no en los valles, donde los asentamientos humanos han tenido sus ubicaciones preferentes.

Entre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU, se encuentran aquellos que promueven el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, es decir, la búsqueda de un desarrollo sostenible, que combatiendo el cambio climático a través de la transición energética, proteja los recursos naturales y promueva la biodiversidad. 

Es decir, que es necesario realizar una transición energética para combatir el cambio climático, pero de una manera ordenada, sostenible, transparente y democrática, que no hipoteque el presente ni el futuro de nuestros recursos naturales o alimentarios. Para lograrlo, uno esperaría que se produjese un debate sosegado y constructivo para lograr un desarrollo equilibrado de nuestra sociedad. Nada más lejos de la realidad.

Acerquémonos a la realidad que vivimos en nuestra particular 'Euskadi vaciada'. Es cierto que la alta densidad poblacional de la mitad norte, de Gipuzkoa y Bizkaia, no es comparable con la de la mitad Sur, la de Álava, donde la mayor parte de la población se concentra en unos pocos núcleos urbanos. No es menos cierto, que por vivir en una importantísima frontera bioclimática- entre lo atlántico y lo mediterráneo- y con una zona de elevada singularidad de transición climática, encontramos aquí los endemismos florísticos más singulares y antiguos. En pocas palabras, Álava es un territorio con poca densidad poblacional y con la mayor biodiversidad por razones biogeográficas y demográficas y donde encontramos las mejores representaciones de los ecosistemas vascos (a excepción de los costeros). Patrimonio natural, por cierto, no bien conocido por la ciudadanía y con gran potencial presente y futuro.

Pues bien, en este contexto, el disparate que abría este artículo, se está produciendo aquí y ahora. El bombardeo de proyectos fotovoltaicos y eólicos se publican con total impunidad en el BOPV desde el llamado Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (¿?). Véase: el 30 de diciembre de 2025 se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa de las plantas solares fotovoltaicas de la empresa Solaria: 19 instalaciones fotovoltaicas que afectan a los términos municipales de Abanto y Ciérvana, Amurrio, Añana, Armiñón, Arrazua-Ubarrundia, Ayala, Berantevilla, Galdames, Gaubea, Gordexola, Güeñes, Iruña de Oca, Kuartango, Lantarón, Okondo, Ribera Baja, Ribera Alta, Urkabustaiz, Vitoria-Gasteiz, Zambrana, Zigoitia y Zuia y Condado de Treviño. Y el plazo para estudiar y alegar a este macroproyecto es de 30 días hábiles.

Este es un proyecto privado, que se presenta fragmentado con plantas fotovoltaicas de menos de 50 Mw para evitar que se evalúe como lo que es en realidad ante otros organismos competentes. Y propone unirlas a través de una línea de transporte de alta tensión ( no de evacuación como pretenden encubrir) desde Berantevilla hasta el Superpuerto de Bilbao. Evidentemente la ubicación de las plantas es mayoritariamente en territorio alavés y la línea de transporte de más de 100 km atraviesa montañas y valles, lugares de elevado interés natural y paisajístico, produciendo un descalabro monumental en los parajes que atraviesa.

La sociedad civil está indefensa ante tal atropello y avalancha de proyectos. Da la impresión de que cuentan con la connivencia de los eternos dirigentes de este país y labrados con total opacidad

Y mientras tanto las administraciones ¿qué hacen? ¿Acaso han preparado un plan para realizar una transición energética como sería deseable para el beneficio de la mayor parte de la ciudadanía? ¿Explican con transparencia cuál es la finalidad de semejante y monumental despropósito y a quién beneficia? No a lo primero y no a lo segundo. Es más, dos altos exdirectivos de Solaria ocupan ahora mismos cargos en el EVE y la DFA lo que nos remite , una vez más, a las puertas giratorias de doble sentido y la búsqueda del beneficio propio. ¿Partido de los Negocios Vascos?

La sociedad civil está indefensa ante tal atropello y avalancha de proyectos. Da la impresión de que cuentan con la connivencia de los eternos dirigentes de este país y labrados con total opacidad. Utilizar y destruir el patrimonio público para el beneficio privado no es ético, no debe ser legal y debería ser un delito grave porque atenta contra los intereses de la propia sociedad que deben proteger. Parece ser que sí hay admiradores de Elon Musk en Euskadi.

Una rana muerta se descompone sobre la capa de cieno que se ha formado en los últimos días de lluvia. Pedro, el 'guardián' del agua del paraje murciano de El Boquerón (Abarán), la señala subido en una de las canalizaciones de riego mientras explica que por ahí tiene que pasar el agua que va al aljibe de Joaquín y de muchos otros vecinos, con la que lavan la ropa, se duchan y hacen otros menesteres caseros. Es agua de riego, no de consumo humano. 

“El agua llega a las casas con mucha suciedad, sedimentos y hasta animales muertos, como esa rana, pero también ratas o culebras”. En El Boquerón no hay agua potable y sus vecinos -cerca de cincuenta durante todo el año y algo más de un centenar en fines de semana o la época estival- funcionan a base de pozos, aljibes, agua de lluvia, camiones cuba, depósitos, muchas garrafas y, a veces, hasta duchas a golpe de cazos.

“Para quien ama el campo, vivir aquí es un privilegio, el entorno es precioso y la vida sencilla, pero no tenemos ninguna comodidad, sobrevivir se convierte en un lujo, nos cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero”. Habla Virginia González, una de las vecinas, mientras se peina el pelo con los dedos muy cerquita de la lumbre del salón de Joaquín para que se le seque con el calor del fuego: “En mi casa tampoco tenemos luz, funcionamos con placas solares: o se plancha, o se pone la lavadora o te secas el pelo, hay que escoger”.     

El Boquerón se levanta en medio de la nada, en la cara norte de la Sierra de la Pila, entre olivos y frutales. Las ramas desnudas de los albaricoqueros presiden a ambos lados el camino para acceder a este paraje, considerado legalmente entidad singular de población. Algunas casas son más recientes, pero otras llevan allí desde el siglo XIX. Los vecinos, cansados de sentirse “abandonados”, piden que todas las administraciones públicas se impliquen y que mejoren sus carreteras, el acceso a internet y al transporte público o que se habilite un centro donde puedan reunirse pero, sobre todo, piden agua potable.

“El agua siempre ha sido un recurso muy valioso en esta zona”, cuenta Joaquín Cobarro Comillo, presidente de la Asociación de Vecinos Sierra de la Pila, constituida hace ya siete años. “Somos personas de 60 años para arriba y muchos tienen el pesar de morirse sin ver el agua potable correr por sus grifos”, se lamenta en el salón de su casa, donde ha reunido a algunos de sus vecinos. Joaquín, vinculado desde siempre a El Boquerón, se mudó del pueblo al campo hace una década. Enfermo de polio y en silla de ruedas desde niño, a sus 71 años ha abanderado la lucha de los vecinos. “En el Ayuntamiento me conocen como 'el pesao' de El Boquerón, pero no me importa, en el pueblo me quieren mucho; he sido tres décadas vendedor de cupones de la ONCE y he repartido mucha suerte, hasta cuatro Gordos”.

Agua del aljibe

Joaquín tiene aljibe en su casa: “Gracias a las últimas lluvias he acumulado bastante agua pero cuando no llueve tengo que llenarlo un par de veces al mes”. En cada servicio pide 30.000 litros, a 30 euros. En verano, cuando recibe la visita de su familia, “hay que llenarlo por lo menos tres veces; haz los cálculos, es un gasto importante”.

Además, como el agua llega con mucha suciedad “hay que dejarla correr unos 10 o 15 minutos antes de almacenarla para su uso, y ese tiempo también lo pago”. A todas esas incomodidades, se une la situación de Joaquín: “Menos mal que Pedro se viene conmigo y me ayuda cada vez que le pido agua, porque hay que desbrozar las entradas, en las que se acumulan piedras, ramas y hojas, mover algunas mallas y subir la compuerta”. 

Enfrascado en localizar documentos, Joaquín da fechas y datos: hace cinco años que el Ayuntamiento “guarda en un cajón” un estudio técnico de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Murcia para llevarles el agua desde un punto situado a 2 o 3 km de sus casas, valoraron la obra en 2,5 millones de euros, y en 2019 el Ayuntamiento de Abanilla, otro municipio murciano, “nos aprobó un excedente de agua de 35 metros cúbicos para El Boquerón y el paraje vecino de Casablanca, que es suficiente para el uso diario sin derrochar”. 

Para el alcalde de Abarán, el socialista Jesús Gómez Montiel, es “impensable” que en pleno siglo XXI se den estas situaciones. El “problema” es que la inversión es “millonaria”. La financiación, cuenta, la han intentado conseguir presentando el estudio completo, o bien por fases, a distintas convocatorias de ayudas de fondos europeos, “sin éxito”, e incluso al Ministerio para la Transición Ecológica, “pero o los fondos de ayuda eran para mejora de redes ya existentes o nos penalizaba la baja densidad poblacional”.

Preguntado sobre el derecho de los vecinos al agua potable, el alcalde señala que el terreno sobre el que se levantan las casas de El Boquerón son núcleo no urbanizable de secano y no urbanizable de nuevos regadío: “El debate puede ser infinito; los puristas dirán que no tienen derecho, por no ser suelo urbano o urbanizable y los propietarios dirán que sí, dado que pagan IBI”. Sin embargo, recalca, “yo no entro en debates, trato de resolver el conflicto”.

Financiación difícil

Técnicamente, continúa, “no tenemos obligación porque no hay un planeamiento urbanístico aprobado pero es verdad que la reclamación viene de muy atrás y se podría hacer una excepción, la cuestión es que la financiación es inaccesible para un grupo de viviendas tan pequeño”.

“Hombre, aquí hay gente viviendo mucho tiempo, muchas familias que pagan sus impuestos, ¿cómo no van a tener obligación de traernos agua potable”, se queja Joaquín en voz alta, quien señala hacia la ventana para dar fe de que a un par de kilómetros de su casa, sus vecinos de Jumilla sí que tienen agua potable.

“Son muy poquitos votos por eso a nadie les interesa porque si no, correrían, la administración que fuera”, cuenta indignada la diputada socialista Magdalena Sánchez Blesa, responsable de Medio Rural en la Asamblea Regional, quien pide “que dejen de echarse las pelotas de un tejado a otro y que todos los colores políticos que se tengan que juntar lo hagan para solucionar este problema”.

Un problema que en la actualidad tiene forma de acciones. “Según tengas más o menos terreno tienes más o menos acciones y, por tanto derecho a agua”, explica Enrique, el más joven de los asistentes a la reunión en casa de Joaquín, nacido en El Boquerón y que actualmente reside en Torrevieja. “Antes teníamos finca, pero se vendieron los terrenos y nos quedamos sin acciones hace 25 años”. 

Su madre, Antonia Bernal, vive sola en su casa de campo y se ha hecho toda una experta en reciclar agua. A sus 77 años, y a pesar de lo menuda que se ve frotándose las manos para coger calor sentada al lado de la lumbre, esta mujer desborda energía: “Lo que hago es que el agua de la lavadora la almaceno en unos barreños, así luego la puedo usar para el aseo”. Al no tener acciones, dependen de un camión cuba que les provee cada vez de 11.000 litros de agua y que les cuesta 190 euros. Tampoco sirve para beber, aunque es “mejor” que la que baja del riego. A los gastos del agua hay que sumarles los de las reparaciones del aljibe, en las que llevan invertidos seis mil euros en dos décadas.

Para subsistir, Antonia no podría apañarse sin la ayuda de sus hijos: “Me he dedicado toda la vida al verdeo de la fruta, y me ha quedado una pensión de 600 euros”, cuenta mientras mira el reloj de reojo. Tiene una cita. “Me voy a trabajar”, bromea. Ha quedado con una vecina para ayudarle a preparar la comida. “Una paella, o lo que me pida”. 

“Para beber le traigo a mi madre todas las semanas garrafas de Fuente Higuera, que está aquí cerca, en Fortuna, y es la que beben casi todos los vecinos”, dice Enrique, quien se pregunta si en medio siglo que llevan pidiendo el agua “nunca ha sobrado ni un euro” para El Boquerón. “La gente no sabe lo que es el campo; a nosotros no nos dejan levantar un piedra pero ahora dicen que han descubierto una cueva que servía de refugio a los bandoleros y meten en un fin de semana a 200 personas en la Sierra haciendo que la poca fauna que quede se disperse”. 

La solución que ven más plausible por el momento en el Ayuntamiento es que se lleve a término un proyecto de una zona logística al inicio del paraje de Casablanca, muy cerca de El Boquerón, a instancias de un promotor privado y que se encuentra, según el alcalde, en una etapa “muy madura”. Una medida en la que no confían los vecinos: “No se ha visto ningún movimiento, sería además traer el agua desde más lejos, a 14 kilómetros”.

Otras batallas: la promesa de unos buzones

“Aunque es la más significativa, el agua no es nuestra única batalla”, cuenta Enrique al tiempo que explica que “tampoco tenemos un servicio móvil en condiciones, cuando hay problemas atmosféricos se va la señal; yo tengo que pagar un servicio de 40 euros para que mi madre tenga conexión, que está sola y es muy mayor”. 

Le toma el relevo Joaquín: “Pagamos nuestros impuestos como todos los vecinos y en los últimos 10 años nos han puesto solo una veintena de contenedores y un puñado de farolas solares para los accesos”. Ahora les han aprobado unos buzones pero “porque un vecino que es maestro puso una denuncia en Correos en Madrid y nos dieron la razón”. 

“No paramos de oír que hay que ayudar al mundo rural, pero luego nada de nada”, dialoga enérgico Pedro Sánchez Calvo, el guardián del agua. ¿Por qué no se ha ido invirtiendo poco a poco?“, se pregunta. 

Con la mirada perdida Virginia, de El Boquerón de toda la vida, cuenta que volvió al campo por su marido: “Era camionero internacional, de los primeros en cruzar a Reino Unido, pero está enfermo y aquí lleva una vida mucho más activa” a pesar de que no tienen ninguna comodidad. “Nos duchamos con agua del pozo y traemos garrafas para lavar la fruta y la verdura, para cocinar o para limpiarnos la cara porque el agua del pozo tiene mucha cal”.

A pesar de todo, tienen un estrecho vínculo vecinal, se apoyan mutuamente, y se les ilumina la sonrisa cuando hablan de sus fiestas, que celebran en octubre con su concurso de migas, sus tracas, su música, sus hinchables y sus comidas y cenas, como en cualquier otro sitio. “Ojalá podamos celebrar algún día que ha llegado el agua”, pide Joaquín.

Tomás Guitarte repite como candidato de Aragón-Teruel Existe a las elecciones de Aragón tres años después. En 2023 superaron los 33.000 sufragios que les otorgaron tres diputados, todos en la provincia turolense: aunque aquí reside su principal caladero de votos, aspiran a obtener un representante también en la circunscripción de Zaragoza. Las encuestas le otorgan un resultado similar o con un diputado menos, lo que puede tener su importancia a la hora de sumar posibles mayorías. Guitarte insiste en esta entrevista en los mensajes que ha repetido en los últimos años: apuesta por la gobernabilidad, en una versión renovada del clavillo del abanico, control de las renovables y políticas para revertir el fenómeno de la despoblación en las zonas rurales.

Teruel Existe se sigue autodenominando ‘movimiento ciudadano’ en las apariciones públicas. ¿Se avergüenzan de la etiqueta del 'partido' que son en la actualidad? 

No, no. En realidad, lo sustancial de Teruel Existe es que constituye un movimiento ciudadano. En un momento determinado se decidió crear una herramienta de participación política para llegar allí donde se toman las decisiones, pero el movimiento ciudadano sigue totalmente vigente.

En su día hubo ciertos resquemores por ese paso hacia un partido. ¿Se han superado ya?

No sé de dónde sale que hubo resquemores.

Bueno, hubo hasta gente que abandonó el movimiento ciudadano por esa circunstancia.

Nunca hubo un paso de movimiento ciudadano a partido político: lo que se hizo fue crear una herramienta de participación política. Esa decisión se tomó con un solo voto en contra, pero porque [esa persona] tenía otras vinculaciones partidistas. Fue una decisión de amplísimo consenso. Es que veinte años de trabajo como movimiento ciudadano nos había enseñado que no se podía seguir así: solo nos faltaba ya manifestarnos en la luna.

Usted ha sido candidato por Teruel Existe en las elecciones autonómicas, en las generales y en las europeas. Hay cierta crítica hacia el presidencialismo del partido. ¿Se presentará también a alcalde cuando llegue el momento?

Vamos a ver, yo soy una persona que no quería dedicarse a la política. Y la decisión de hacerlo la tomé tras un ejercicio profesional de más de 30 años. Lo hice por puro convencimiento y en contra de cualquier análisis racional. Estaré donde digan mis compañeros que tengo que estar. Hasta ahora han dicho que tenía que ser el candidato, probablemente porque era la persona más conocida. Pero por ejemplo en las últimas generales el candidato al Congreso ya no fui yo, sino Diego Loras [Guitarte había sido dos meses antes cabeza de lista en las autonómicas], una persona joven y muy bien preparada. Fue una lástima que no saliese elegido porque habría hecho infinitamente más de lo que están haciendo los actuales diputados que hay por la provincia de Teruel.

De una forma sintética, ¿por qué modelo de comunidad apuestan en Aragón?

Apostamos por un modelo cohesionado, una comunidad autónoma vertebrada que otorgue oportunidades de desarrollo a todas las comarcas, a todas las personas, vivan donde vivan. Entendemos que es mucho más justo y sobre todo mucho más eficiente intentar diversificar la actividad económica y el territorio. Porque en última instancia es la única forma de mantener los servicios que hay obligación de prestar. Siempre pongo un ejemplo que lo demuestra. Si una empresa de 100 empleados la ubicas en la periferia o en un barrio de Zaragoza, producirá la necesidad de construir un colegio y un centro de salud. Pero si la sitúas en la cabecera de la comarca, donde ya hay colegio y centro de salud, lo que haces es consolidar la prestación de esos servicios. Las externalidades pueden ser positivas o negativas, y decidir si te decantas por unas u otras tiene su importancia.

Y ¿con qué aspiraciones afrontan las elecciones del 8 de febrero?

Queremos por un lado consolidar el proyecto en Teruel, que sea determinante para las próximas décadas: creemos que la única vía que le queda a la provincia es intentar aprovechar el peso político que tiene para estar allí donde se toman las decisiones. Y luego extenderlo al conjunto de Aragón, para lo que ya estamos presentes en 30 de las 33 comarcas. Aspiramos a cumplir ese gran deseo que ha tenido siempre la sociedad aragonesa de que haya una fuerza política que de verdad le represente ante el Estado y que a nivel interno apueste por un modelo de comunidad que compartamos todos, sin una preeminencia sectaria en lo ideológico, sino en la solución de los problemas cotidianos y reales de los aragoneses.

¿Le puede penalizar al partido el hecho de haber gobernado junto al PP en la Diputación de Teruel y haber facilitado que Azcón aprobase sus primeros presupuestos?

En cuanto a los presupuestos, lo que hicimos fue negociar cuestiones que queríamos incluir, y al final respaldamos solo algunas secciones del presupuesto; otras se quedaron sin apoyar, por ejemplo las que dependían de departamentos de Vox. Nosotros creemos que la política es en buena medida eso: la apertura al diálogo, a la negociación, a intentar aportar algo de lo que tú defiendes aunque no sea el 100% para intentar mejorar la sociedad. La participación en algunas de las delegaciones de la Diputación Provincial va en el mismo camino. Hemos contribuido a moderar y a centrar el PP hacia un contexto mucho más aceptable por la sociedad. Es una posición que creemos que contribuye a mejorar la gestión política.

Esas expresiones recuerdan mucho a lo que decía en su día José Ángel Biel en el PAR.

Pues no lo he llegado a conocer, pero a lo mejor hay coincidencias en algunos aspectos.

En el 2023 se quedaron muy cerca del diputado de Zaragoza. Esta vez presentan al inspector de Hacienda Raúl Burillo. ¿Ven opciones de conseguir representación aquí?

Yo creo que sí, incluso con dos diputados. Nuestra candidatura de Zaragoza es la mejor de las que se presentan en la provincia. Está Raúl Burillo, pero también Carmen Herrero o el ex lugarteniente de Justicia de Aragón, Javier Hernández.

Nosotros creemos que la política es en buena medida eso: la apertura al diálogo, a la negociación, a intentar aportar algo de lo que tú defiendes aunque no sea el 100% para intentar mejorar la sociedad

Tomás Guitarte

Si la suma de diputados del PP y de Aragón-Teruel Existe llega a 34, que marca la mayoría absoluta, ¿tendremos gobierno?

Nosotros nos presentamos defendiendo un programa y un modelo de comunidad autónoma. No nos negamos a hablar con los partidos mayoritarios porque entendemos que la política también es el ejercicio de hacer posibles las cosas. Cuando apoyamos al Gobierno de Sánchez, ya dijimos que lo hacíamos para favorecer la gobernabilidad, porque no hay nada peor para una sociedad que la inestabilidad reiterada. En cualquier caso, partimos del hecho de que ninguno de los grandes partidos es de fiar, porque cualquier acuerdo al que llegas ellos tú cumples tu parte y luego tienes que ir detrás de ellos haciendo que cumplan la suya.

¿Se refiere a la comarca de Comunidad de Teruel, donde firmaron un turnismo en la presidencia que no se ha producido?

Sí, por ejemplo. El PP no es de fiar, con lo que presumo que las negociaciones no serían fáciles. Pero en cualquier caso creo que sí hay una reflexión que podemos hacer. Estamos circunstancialmente en un momento clave, en el que puede haber una presencia de la extrema derecha. Y hay algo que nos diferencia de otros grupos de centro progresista: estamos dispuestos a mojarnos por evitar que la extrema derecha vuelva al Gobierno o influya en las políticas autonómicas. Porque es muy fácil quejarse de la extrema derecha, pero luego no hacer nada cuando está en tu mano evitarlo. Ya dijimos en 2023 que haríamos lo que fuese para que Vox no estuviese presente en el gobierno.  En ese sentido, entendemos que el voto a Aragón Existe es el verdadero voto útil en este momento. Es que la aritmética no da otra cosa.

El presidente Azcón sitúa como uno de sus logros que Aragón está ganando población.

Podemos estar subiendo de población, pero primero lo hacemos en menor porcentaje que lo hace el resto de España, por lo que en términos relativos estamos perdiendo peso. Y crecemos de una manera absolutamente irregular, en las capitales de provincia, mientras que el resto del territorio se sigue vaciando. Eso es lo que creemos que debemos corregir. Hay una oportunidad que nos da la revolución tecnológica: al contrario que con la revolución industrial, el momento actual permite que el trabajo y el trabajador no tengan que estar necesariamente en el mismo sitio. Eso ofrece una oportunidad al mundo rural que hay que saber aprovechar.

Pero eso parece similar al desarrollo de infraestructuras viarias: las carreteras tienen una doble dirección, pueden llevar gente a las zonas despobladas pero también sacarlas de ahí.

Hay estudios técnicos hechos por la Universidad de Zaragoza según los cuales, en general, las infraestructuras siempre han ido vinculadas a un mayor desarrollo y a una mayor población. Otra cosa es que todo tiene sus riesgos.

El aumento de población en Aragón va ligado esencialmente a la inmigración. ¿Cómo ve este fenómeno en el contexto del auge de la xenofobia y de los partidos ultras?

Nosotros creemos que la inmigración —que obviamente ha de ser regular, y si puede ser con contratación en origen— es necesaria desde el ámbito laboral y económico. Pero también desde un punto de vista de derechos humanos: los inmigrantes merecen ser considerados como personas y no como mercancías. Contribuyen al desarrollo de Aragón de manera potente y encima hacen trabajos para los que hay dificultades de encontrar mano de obra. Lo que pedimos es que se les simplifiquen las gestiones burocráticas, porque muchos de los que llaman irregulares son simplemente personas integradas, que están trabajando, pero a las que se les exige estar dos años casi escondiéndose.

Los inmigrantes contribuyen al desarrollo de Aragón de manera potente y encima hacen trabajos para los que hay dificultades de encontrar mano de obra. Lo que pedimos es que se les simplifiquen las gestiones burocráticas

Tomás Guitarte

A través de la Diputación Provincial de Teruel, donde gobiernan con el PP y el PAR, Teruel Existe propició el despido del exdirector del ‘Diario de Teruel’. Y han interpuesto una querella contra el director de Radio Calamocha. Ninguno de los dos ha sido especialmente complaciente con su formación, o directamente han sido críticos con Teruel Existe. ¿Tiene esto algo que ver?

No tiene nada que ver. Primero, quiero negar la mayor respecto al despido del exdirector del ‘Diario de Teruel’. A lo que la representante de Teruel Existe dio su consentimiento es a que fuera relevado en la dirección, no a que fuera despedido. De hecho, esa es una facultad que corresponde única y exclusivamente al presidente de la Diputación.

El popular Joaquín Juste.

Yo he dicho lo que he dicho. A cada cual su responsabilidad. Un caso muy distinto es el de Calamocha, donde se ha denunciado una supuesta malversación y prevaricación por una permuta desfavorable para los intereses municipales, con una diferencia de valoración de más de 200.000 euros. Es una permuta que se hace a petición del interesado y en su claro beneficio.

¿Y no tiene nada que ver con que haya sido uno de los periodistas más críticos con usted?

Primero, no es periodista. Y no es que sea crítico, es un personaje que se excede: alguien que se dedica reiteradamente al insulto, a la calumnia, a la difamación; no es que no sea periodista, es que perjudica la labor de los periodistas. Nosotros discrepamos obviamente de esa actitud, pero lo de la denuncia no tiene nada que ver con eso. Hemos estado aguantando las críticas durante mucho tiempo y las seguiremos aguantando estoicamente.

En la reciente legislatura han sido sonadas sus discusiones en las Cortes precisamente con el diputado del PAR, Alberto Izquierdo. ¿Luchan por el mismo espacio político o se trata de una cuestión personal?

Por mi parte no es nada personal. La realidad es que él lucha por su supervivencia, a veces hasta por su supervivencia personal, y nosotros por el futuro de la provincia de manera desinteresada.

Teruel Existe fue el primer partido que se manifestó políticamente en contra del desarrollo incontrolado de las energías renovables, opción que ahora han adoptado otros partidos. ¿Sienten que le han usurpado en cierto modo ese posicionamiento?

Para nosotros, cuanto más gente se incorpore a esta lucha, mejor, porque creemos que es una lucha absolutamente justa. Sí que nos duele la cierta hipocresía de determinadas formaciones políticas que pudieron impedir que esto sucediese, como por ejemplo Chunta Aragonesista, o Podemos, que estuvieron en el Gobierno cuatripartito [el segundo del socialista Javier Lambán], que fue el que dio el pistoletazo de salida a todo este proceso. Algunas de ellas tenían la responsabilidad de la Consejería de Organización del Territorio, como CHA, y no hizo absolutamente nada. Se podían haber ordenado renovables, obviamente había que convencer a sus socios de gobierno, fundamentalmente al PSOE. Pero si no se estaba por la labor había muchas formas de mostrar ese descontento. Es ciertamente hipócrita ahora parecer como el abanderado de la defensa de algo que pudo haber evitado. Eso es lo que nos duele. Nosotros no estamos en contra de las renovables, pero sí de la implantación de macrocentrales de manera desordenada sobre elementos territoriales que son un patrimonio natural. En Aragón hay suficiente suelo para ubicar todas estas centrales eólicas o fotovoltaicas sin perjudicar territorios que tienen alto valor natural donde hay una actividad económica ya pujante, como suele ser el turismo de naturaleza o el turismo rural, que es suficiente para el desarrollo de esos territorios. Me estoy refiriendo en concreto al Matarraña, al Maestrazgo, especialmente al clúster del Maestrazgo, porque es una agresión que no tiene nombre.

En la lucha contra la proliferación de renovables, ¿no hay algo del ‘no en mi patio trasero'? Porque hay desplegados muchos más parques eólicos en la provincia de Zaragoza, por ejemplo en el Valdejalón, que en Teruel.

Hay que poner el foco en todo el territorio: también nos oponemos a los molinos en el Moncayo o en el Pirineo. Obviamente hay más allí donde el recurso eólico es mayor, como, por ejemplo con el cierzo en el valle del Ebro con el Cierzo, pero incluso dentro del valle del Ebro hay muchos sitios que se deben preservar. Y eso es lo que decimos nosotros: hagamos las cosas con racionalidad. Cuanto más potente es un sector, más necesita de una ordenación de los poderes públicos. Aquí ha habido una política de dejar hacer, lo que a la larga perjudica el desarrollo de la comunidad autónoma: no podemos vivir del monocultivo de una sola actividad -la creación de energía- porque dañamos nuestros propios valores patrimoniales y naturales.

Hay voces que critican que Aragón se haya convertido en una especie de colonia energética.

Exacto. Y nosotros decimos que ha de haber un compromiso real de participar en el desarrollo de ese territorio. Es una actividad nueva que se ha enfocado simplemente como la extracción de un recurso al estilo colonial. Es un modelo del pasado que sufrimos en el siglo XIX y lo seguimos sufriendo en el siglo XX, pero parece razonable que seamos capaces de no consentirlo en el XXI. No es ningún invento: en el resto de Europa, estas implantaciones de renovables aportan entre el 20% y el 35% de su facturación al desarrollo del territorio. Por eso vienen tantos fondos a invertir aquí, no porque haya más recursos. Pedimos desde hace años la creación de un canon por el desarrollo territorial, que repercuta en el bienestar cotidiano de quien ve cómo le cambian su entorno. Ahora te están pidiendo que aceptes que alguien destruya todo tu patrimonio vital y paisajístico para su propio exclusivo lucro y sin ninguna compensación; no parece razonable.

En una conocida cuenta humorística de redes sociales afirman: ‘No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que Teruel Existe no va a tener ningún problema en comerse a Forestalia con patatas a cambio de entrar en el Gobierno de Aragón’. ¿Qué le responderían?

Pues que como meme a lo mejor es ingenioso, pero que si alguien tiene capacidad para negociar con dureza respecto a estos temas somos nosotros. Llevamos más de 300 alegaciones y llevamos recursos judiciales, tanto por la vía administrativa como por lo penal. Creemos que es un ejercicio de prepotencia inadmisible en una sociedad democrática. Y sospechas de corrupción, que ya veremos en qué queda eso, pero como mínimos sospechas.

Los planes de interés general autonómico que promueve el Gobierno de Aragón generan beneficios fiscales para las empresas, solo los detraen de los ayuntamientos. ¿Es justo?

No, lo vemos injusto. De los PIGA podemos aceptar como positivo que aceleren la gestión burocrática, pero no pueden llevar aparejado menos ingresos para los ayuntamientos. ¿Cómo van a contribuir las empresas si le libras de los impuestos municipales, algunos tan importantes como el ICIO? Pero nosotros vamos más allá: no solo tienen que pagar los impuestos, sino también un canon aparte.

Con los centros de datos han sido menos explícitos que con las renovables. Muchas organizaciones sociales y medioambientales creen que su proliferación aboca a Aragón al colapso energético. ¿Cómo lo ven?

Los centros de datos son inversiones que crean poco empleo y que consumen muchos recursos. Sí creemos que puede merecer la pena, a partir de una implantación ordenada del sector, la posibilidad de una transferencia de conocimiento desde estas grandes empresas tecnológicas hacia la comunidad autónoma. Que consigamos crear un ecosistema tecnológico de investigación y desarrollo, un conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial y de los datos, que es un ámbito económico potente y de futuro. Pero si nos quedamos solo como receptores de una serie de almacenes, de centros de datos, no conseguiremos nada. Por eso no es lo mismo que un centro de datos lo impulse una empresa del sector como Microsoft o como Amazon, que tienen tecnología que transferir, a que lo hagan arribistas que han detectado otro nicho de especulación.

Respecto a los centros de datos creemos que puede merecer la pena, a partir de una implantación ordenada del sector, la posibilidad de una transferencia de conocimiento desde estas grandes empresas tecnológicas hacia Aragón

Tomás Guitarte

Visto con perspectiva, ¿fue un error no tratar de mantener con vida la central térmica de Andorra?

Hay dos aspectos distintos. Primero, lo que se hizo mal fue que cerrar un sistema de producción antes de haber preparado una transición justa. Debía haber estado implantado ya el tejido industrial que fuese a asumir esa mano de obra, pero al final lo que se ha producido ha sido un engaño. No ha habido de momento transición justa: pese al concurso del Nudo Mudéjar, las cosas llegan con tal retraso que la pérdida de población ya se ha producido. Y hay una segunda cuestión que nos parece sangrante y es que se demoliese la propia central térmica, un ejemplo de patrimonio industrial importantísimo, probablemente de los más importantes de España. Podría haber sido un recurso de futuro. Es decir, que al final ha habido pérdidas desde casi todos los puntos de vista.

Las ayudas de funcionamiento que recibe Teruel, tal y como están concebidas, no están teniendo mucho efecto.

Las ayudas al funcionamiento son una oportunidad increíble que no están sabiendo valorar ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Aragón.

Pero la competencia es estatal.

Bueno, no, no, vamos a ver. Porque aquí hay una equivocación que utiliza muy a su favor el PP. Europa lo que permite es no considerar ayudas de Estado estas bonificaciones como excepción a partir de la realidad demográfica de las tres provincias [Teruel, Cuenca y Soria], pero no dice quién las tiene que dar. La intervención de la Seguridad Social es un simple mecanismo para evitar burocracia. Lo que el Gobierno central nos transmitió a nosotros es que no se plantea incrementar el porcentaje de las ayudas porque quiere que colabore la comunidad autónoma. Si el Ejecutivo autonómico se siente a hablar, será factible. Y de conseguir reducir los costes laborales en un 20%, esto constituirá un elemento diferencial no solo para Aragón, sino para toda España. Nos haría competitivos con los países del este de Europa que se están llevando por ejemplo muchas inversiones automovilísticas.

En España ya viven 49 millones de personas y la población aumenta en todas las comunidades autónomas, a excepción de Extremadura, según recogen los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Catalunya, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid son las que más crecen. Aunque el número de habitantes no deja de aumentar, la despoblación de las zonas rurales es un problema que afecta a miles de municipios en España, donde el éxodo rural de los más jóvenes ha agudizado esta tendencia, que sufren de lleno los pueblos más pequeños, que siguen reclamando mejores servicios y oportunidades. 

Muchos municipios corren el riesgo de desaparecer. La baja natalidad—hay pueblos donde no nace ningún bebe en todo un año—, la salida de miles de jóvenes en búsqueda de mejores oportunidades y las dificultades en el acceso a servicios de calidad son factores que afectan de lleno a miles de localidades en nuestro país: “No tenemos viviendas, muchas son de fin de semana y vacaciones, y hay personas que quieren venir a vivir aquí, pero no pueden”, cuenta Adrián García, un joven de 26 años que vive en Sorihuela, un pequeño pueblo en la provincia de Salamanca. 

En más de la mitad de los municipios de España, el 53,9%, la población ha aumentado o se mantuvo durante el año 2024. Pero España sigue siendo un país desigual, y su población es un ejemplo de ello. De los 8.132 municipios que hay en nuestro país, en 4.975 viven menos de 1.000 personas. Mientras el 40,9% habitaba municipios mayores de 100.000 habitantes el 1 de enero de 2025, tan solo el 2,9% lo hacía en aquellos de 1.000 o menos habitantes, cuya población está más envejecida.

Los jóvenes, el motor de cambio

En Carucedo, un municipio de 478 habitantes en la comarca del Bierzo (León), vive Lucía Rodríguez, una joven de 22 años que trabaja en una fábrica de cervezas del pueblo: “Hace unos años se abrió este negocio para que la gente pudiera probar las cervezas artesanas, comer algo y poder disfrutar de las vistas”. Lucía destaca las ventajas de vivir en un pueblo: “Considero que la vida aquí es mucho mejor, no hay tanta gente ni tanto ruido, es un pueblo muy acogedor, y todos nos llevamos bien”.

Carucedo es uno de los municipios que sufrió la ola de incendios de este pasado verano. Sus habitantes fueron evacuados, y en la fábrica de cervezas del pueblo se quemaron varias naves. Las pérdidas ambientales y patrimoniales del territorio son difíciles de calcular, especialmente en este municipio donde se encuentran Las Médulas, el monumento paisajístico, Patrimonio de la Humanidad, que constituye un importante atractivo turístico en la región.

Maksim Bello (21 años) nació en Rusia y con apenas un año llegó a Carucedo. Ahora busca empleo, pero ha trabajado de soldador, vigilante de seguridad, en la vendimia… El joven resalta las dificultades a las que se enfrentan los pequeños municipios: “La gente de la ciudad no sabe cómo son los pueblos, los ganaderos y agricultores están pasando un mal momento, y no sacan el beneficio que debieran por su trabajo”. A pesar de la realidad que atraviesa el mundo rural, Maksim reconoce que la unión que hay entre los vecinos es una de las fortalezas del lugar: “Esto en la ciudad no ocurre, y yo no lo cambiaría por nada del mundo”, recalca. 

Estudiar y vivir en un pueblo

Sorihuela es el pueblo de 255 habitantes al sur de Salamanca en el que vive Adrián. El joven compagina los estudios y el trabajo: “Estudio Ingeniería mecánica en Béjar, que me pilla a 12 kilómetros de casa, por lo que sigo viviendo con mis padres en el pueblo”.

Béjar es un municipio salmantino de 11.990 habitantes que cuenta con un centro universitario: la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Salamanca. Esta localidad constituye un importante centro de recepción de jóvenes estudiantes que cada año se mudan allí. Adrián es compañero de Óscar, un madrileño de 23 años que decidió estudiar la carrera en Béjar y reconoce estar contento con la decisión: “Es una facultad pequeña, el ambiente es muy familiar y el trato con los profesores es muy bueno”, recalca. 

Adrián cuenta que no le costó conseguir empleo en Sorihuela: “Mi padre es autónomo y siempre ha trabajado en el pueblo, dedicándose a la piedra y la albañilería”. Explica que en la zona hay trabajo, pero señala que el éxodo es un problema presente: “Los pueblos sufren mucho la pérdida de habitantes, que se va notando en la gente joven que decide estudiar y luego, cuando vuelve, no encuentra trabajo de lo suyo aquí”. 

La vivienda, un problema urbano y rural 

Vicente Repilado tiene 26 años y vive en Perales del Puerto, un pueblo extremeño de 877 habitantes, en casa de su pareja: “El acceso a la vivienda no es fácil, cada día sube más el precio y no se construye. Tener hoy una casa en propiedad es un privilegio de los que ya no hay”. 

Vicente ha trabajado desde muy joven. Ahora continúa formándose y estudia un ciclo formativo sanitario: “En el pueblo la gente cada vez es más mayor, otros se van jubilando y hay cuatro jóvenes contados. Esto afecta al trabajo”, explica. En cuanto a los retos a los que se enfrenta el municipio, Vicente incide en que “Extremadura está olvidada”, lo que unido a las dificultades que tienen los trabajadores del sector primario, se ha “idealizando la vida en los pueblos, aquí no todo es de color de rosa”, apunta. 

Juana Garrido (25 años) también tiene esa sensación. Ella vive en Hontalbilla, un municipio segoviano de 276 habitantes: “La gente cree que la vida en los pueblos es fácil y no es así”. Juana comparte casa y gastos con sus tres hermanos, y la joven cuenta los problemas que tienen los municipios más pequeños: “Hay poca comunicación con las grandes ciudades, y si no tienes carnet de coche no puedes hacer nada”. Cada día, se tiene que desplazar a otra provincia para trabajar en una escuela infantil de un pueblo de Valladolid, pero cuenta que en Hontalbilla están sus orígenes: “Aquí me he criado y quiero mantener vivo el pueblo”, señala la joven.

“En Huéscar estamos desorientadas. No hay matronas, no hay apoyo, no hay información”, cuenta Lucía sobre la experiencia traumática que ella misma ha vivido en primera persona al quedarse embarazada. No es su nombre real, pues prefiere guardar el anonimato al vivir en un entorno rural en el que no quiere sentirse señalada ni ser foco de represalias por denunciar algo compartido entre miles de mujeres de la comarca de Huéscar (Granada): la falta de recursos públicos convierte en una tarea titánica tener un embarazo. Algo que desmiente la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, alegando que la atención está “garantizada” y que se están haciendo esfuerzos por mejorarla.

Pero la Asociación de Mujeres de Galera, uno de los principales municipios de esta zona rural situada al norte de la provincia de Granada, está movilizándose para reclamarle al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se cumpla con lo que dicen ofrecer: una atención digna y de calidad para las más de 2.000 mujeres en edad fértil que habitan este entorno (en la comarca viven alrededor de 18.000 personas). Encabezadas por Raquel Molina, no solo están reclamando recursos ante el Ejecutivo regional, sino recogiendo testimonios que desmienten el triunfalismo de Salud y que dibujan la dura realidad que atraviesan quienes no tienen acceso a lo más básico: el seguimiento de su embarazo.

Porque el plan de seguimiento del embarazo que está estipulado en la normativa del SAS se incumple en esta zona de Granada. Según explica Molina, “solamente nos ven en las semanas 12, 20 y 34 de embarazo”, para lo que han de desplazarse hasta Baza, a una distancia mínima de media hora de algunas localidades y hasta una hora de otras. Algo anómalo, teniendo en cuenta que el plan de seguimiento contempla una visita obligatoria antes de las diez primeras semanas, cinco controles prenatales y una ecografía, al menos, cada trimestre. Sin embargo, la ausencia de matronas en los ambulatorios y centros de salud de la comarca de Huéscar hace que esto sea imposible de llevar a cabo. Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que debería haber una por cada 400 mujeres, lo que haría que en esta zona rural tendría que haber cuatro.

“Desde que te quedas embarazada, el plan sanitario del embarazo no se lleva a cabo. No tenemos seguimiento. Nadie nos ve”, denuncia Raquel Molina. Sabe bien de lo que habla porque está embarazada de su segundo hijo y vive en primera persona la falta de recursos que elevan la preocupación de las más de 2.000 mujeres que viven en la comarca. “Las hay que dicen abiertamente que no quieren quedarse embarazadas aquí y que se irían”, añade. Una realidad que, de paso, abona el terreno para que los entornos rurales acaben perdiendo población, dando paso a la España vaciada.

Empujadas a la sanidad privada

No en vano, entre una de las tres revisiones que se hacen al embarazo -cuando deberían ser cinco- pueden pasar tres meses sin que ningún profesional médico atienda a estas mujeres. “Lo que ocurre en muchas ocasiones es que acabamos fingiendo dolores y problemas para que nos vean en las urgencias del Hospital de Baza”, explica Raquel. De hecho, como tampoco hay especialistas en la comarca, ni siquiera se les toma la tensión o se les hacen analíticas periódicas, claves para que la propia madre no ponga en peligro su vida. Al mismo tiempo, según denuncian las mujeres de Huéscar, “no hay información sobre las vacunas que deben suministrarse”.

Un compendio de agravios con respecto al de quienes viven en entornos urbanos o mejor dotados de recursos, que aleja la maternidad de este tipo de comarcas. De ello sabe bien Silvia, cuyo nombre es ficticio para evitar sentirse señalada. Vivió un embarazo que ya fue calificado de riesgo a las tres semanas porque acudió a una clínica privada. Sin embargo, en la sanidad pública le dijeron que esperase hasta la semana 11 del embarazo, lo que le obligó a hacer continuos desplazamientos en coche hasta Granada capital -a más de una hora de distancia- para acudir a los recursos privados.

“Un informe decía que debía ponerme heparina desde el primer día, pero aquí me dijeron que no. Que esperara a Baza”, desvela Silvia. Afortunadamente para ella, se negó a hacerle caso al SAS y tomó la decisión de acudir a la medicina privada, empujada ante la necesidad de información: “Mi embarazo siguió adelante gracias a que fui al privado, porque el embarazo era de riesgo y nadie aquí me ponía la medicación”. Recurrió al ambulatorio de su zona en alguna ocasión para ser vista al menos por una enfermera, “que hacía lo que podía”, pero que, ante la peligrosidad de su embarazo, no era atención suficiente. Así, acabó teniendo que recurrir a una cesárea de emergencia en Baza que resultó “traumática”.

“En el parto casi me quedo allí mismo. La anestesia se me subió hasta la garganta”, cuenta Silvia. “Estuve más de tres horas en reanimación sin que nadie viniera a decirme nada de mi bebé”. Tras aquello, la situación no mejoró cuando su hijo ya estaba con ella en casa porque se sintió olvidada por la sanidad pública de nuevo: “Después de una cesárea de urgencia, no tienes ninguna revisión. Si tienes molestias, o pagas o vas por urgencias”.

Experiencias traumáticas

La historia de Lucía, que es la mujer con la que arrancamos este reportaje, no es mejor. De hecho, ha tenido un doble mal final. Esta mujer, cuyo nombre también es falso para preservar su identidad, ha sufrido dos abortos en apenas dos años. Dos abortos que retratan lo que, a su juicio, es un “trato humillante” que también deriva de la falta de recursos. En su primer aborto, ocurrido en 2023, Lucía afirma que sufrió un trato denigrante por el ginecólogo que le atendía en las escasas visitas rutinarias del plan de seguimiento en Baza. “No me daba apenas información. A veces decía que no había nada y otras que sí había latido”.

Angustiada y cansada del hermetismo, también recurrió a la sanidad privada de Granada capital en la que le dieron la mala noticia: el feto ya estaba perdido. Lucía recuerda cómo el trato del ginecólogo le hizo sentir mal: “Me mandaba a mi casa como un perro”. En el segundo aborto, la atención mejoró, pero el seguimiento continuó siendo lento y escaso. Además, aunque ella, de momento, no ha dado a luz, también ha padecido el otro problema añadido de las mujeres de Huéscar: como no hay matronas ni especialistas, tampoco tienen acceso a clases preparación al parto ni más información que la que entre las propias madres gestantes se proporcionan entre sí.

Así, como cuenta Raquel Molina, “muchas mujeres van a urgencias por los nervios, porque pasan meses sin que nadie las vea”. Cansadas de la situación, han remitido escritos a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía e incluso las matronas de Granada han hecho lo propio, de momento sin éxito. El desamparo que sienten es total y la pérdida de población es paulatina ante la realidad que padecen en la comarca.

Una comarca que, como reconoce el SAS, no tiene ninguna matrona. Sin embargo, fuentes oficiales de la sanidad pública andaluza dicen que se está trabajando en la contratación de la primera matrona de la zona -aún faltarían otras tres para llegar al estándar de la OMS-. Un refuerzo que va en línea de lo anunciado por el consejero de Salud, Antonio Sanz, para cubrir 364 puestos sanitarios en entornos rurales a partir de diciembre. Siendo ese, el de la falta de matronas, el único problema que se reconoce desde el Ejecutivo regional. Según el SAS, la atención y el seguimiento del parto está “garantizado” para las mujeres en edad fértil que viven en esta zona de Granada.

“Las gestantes de la comarca reciben seguimiento por los equipos de atención primaria, siete en la zona, con su profesional de medicina de familia y enfermería (en total 14 profesionales) y por el Área Hospitalaria de referencia, tal y como establece el protocolo vigente”, explican desde la Junta de Andalucía. “Las gestantes de la comarca reciben seguimiento por los equipos de Atención Primaria, siete en la zona, con su profesional de medicina de familia y enfermería (en total 14 profesionales) y por el Área Hospitalaria de referencia, tal y como establece el protocolo vigente”. Un argumento triunfalista que choca con la realidad que describe, y sobre todo viven, las mujeres de esta comarca.

Después de recorrer varios miles de kilómetros y hablar de las dificultades que atraviesa el patrimonio en la España rural, el podcast La memoria en ruinas busca un mensaje de esperanza para terminar la temporada. Lo buscará en personas como Javier, Esther o Consuelo. Y también en la gente que los acompaña en las asociaciones que luchan por que iglesias y monasterios no escriban aún las últimas palabras de sus biografías, y puedan seguir existiendo en el futuro.

En el capítulo 10, Andrea Morán y José María Sadia visitan varios enclaves de la llamada España vacía para conocer a estas brigadas del patrimonio, sus motivaciones y objetivos, tratando de dar respuesta a una cuestión simple y, al tiempo, compleja: ¿Por qué lo hacen? En este último viaje, guiados por los consejos de la organización Hispania Nostra, analizarán en primera persona los logros de estos colectivos y sus decisivas aportaciones al patrimonio, con un conmovedor aprendizaje final que nos invita, pese a un sinfín de escollos y problemas, a seguir siendo optimistas.

La memoria en ruinas es un podcast de elDiario.es, codirigido por José María Sadia e Izaskun Pérez. José María Sadia también se ha encargado de la documentación y las entrevistas. Andrea Morán ha realizado la producción y ha escrito los guiones. Ambos, han viajado por España durante semanas grabando esta serie.

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Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

Soria es la provincia con la menor densidad de población del país. Y, al mismo tiempo, uno de los territorios con mayor riqueza patrimonial en sus pueblos. Pero, ¿qué ocurre cuando iglesias y ermitas se convierten en los últimos vecinos? ¿Cómo afecta la sangría demográfica a sus edificios históricos? De la mano del colectivo Románico sin techo, Andrea Morán y José María Sadia recorren algunos de estos enclaves, como la iglesia de San Bartolomé, un templo del llamado románico rural soriano que se muere en el pueblo deshabitado de La Barbolla, sin que nadie haga nada por evitarlo.

El capítulo 9 de La memoria en ruinas habla de los vecinos que se van de las zonas rurales, pero también de quienes llegan a sus pueblos en circunstancias casi inverosímiles. En la segunda parte del podcast, nuestros periodistas visitan a Víctor, un joven que ha cambiado el estrés y la insatisfacción de la gran ciudad por la supervivencia en un municipio deshabitado, en el que ha convivido con el silencio y su insólita iglesia, un templo que custodia dos increíbles cúpulas barrocas en el interior que terminarán por venirse abajo, si, como en La Barbolla, nadie trata de impedirlo.

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