Villaescusa de Palositos, en el Alto Tajo, es un pueblo deshabitado de la provincia de Guadalajara desde la década de los 70 del siglo pasado. Su antiguo término municipal está actualmente integrado en el municipio de Peralveche, de apenas medio centenar de habitantes y gobernado por el PP, que tiene dos concejales frente a uno del PSOE.

Nunca tuvo habilitada ninguna carretera, de su núcleo urbano apenas quedan restos, pero sigue albergando, además de un cementerio, una de las joyas del románico más importantes de la zona: la Iglesia de la Asunción, en el cerro de La Coronilla, que data de los siglos XI-XII y remodelada en los siglos XVI y XVII. Fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012.

Actualmente, el templo está casi en ruinas. Los muros principales se sostienen, pero no tiene cubierta. Además, recientemente se derrumbó parte de la espadaña. El hecho de que las comunicaciones de Villaescusa, sin habitantes, sean a través de caminos públicos, algunos “privatizados” a lo largo de los años por propietarios de fincas que lo rodean y que antes unían a los pueblos del entorno, no ha facilitado ni su conservación ni su restauración.

El templo consta de una nave única de planta rectangular con presbiterio recto sobreelevado, ábside semicircular y un pequeño edificio añadido con posterioridad, adosado a la cara sur del presbiterio y que se utilizaba como sacristía. El acceso se realiza por la cara sur, que también presenta una espadaña, parte de la cual es la que se ha derrumbado.

La Iglesia de la Asunción está incluida desde 2008 en la Lista Roja que elabora la asociación Hispania Nostra. Este colectivo detalla que, tras su abandono en los años 70 del siglo pasado, actualmente algunos terrenos del pueblo se encuentran vallados y son de difícil acceso.

Desde hace 20 años, una iniciativa civil conformada por vecinos y vecinas agrupados en la Asociación de Amigos de Villaescusa de Palositos, convoca la ‘Marcha de las Flores’, denominada así porque muchos acuden a llevar ramos a los familiares, algunos de ellos los últimos habitantes de Villaescusa, que fueron enterrados en el cementerio.

Con el tiempo, se ha convertido en una reivindicación colectiva de conservación de la iglesia románica, su “símbolo patrimonial”, y del libre tránsito por sus accesos. Porque, a pesar de haber sido declarada BIC, resulta “materialmente imposible” llegar al monumento, señala la asociación Hispania Nostra en su Lista Roja.

“Todos los caminos públicos que conducen a la iglesia están cortados por propietarios privados de algunos de los terrenos que circundan la iglesia románica, pero no de los bienes, tanto públicos como privados, que se encuentran al otro lado de las alambradas”, detalla.

En mayo de 2018, un anuncio en Idealista.com ponía a la venta gran parte de la finca en la que actualmente se ubica el despoblado. El precio de salida era de 2,7 millones de euros. Entonces, la Asociación ya se temía que un futuro comprador pudiera enajenar caminos públicos. Y así fue. Los terrenos fueron adquiridos por propietarios privados.

Hispania Nostra detalla en su ficha de la Lista Roja, que “algunos” terrenos que circundan la Iglesia de la Asunción pertenecen a una empresa denominada Villaescusa S.A. dedicada a la producción ganadera y agrícola. Otros pertenecen a particulares.

Se trata de una práctica habitual. Vías pecuarias y caminos públicos ‘semicerrados’ o ‘semiprivatizados’ en alguno de sus tramos por titulares de fincas privadas, sin que las administraciones actúen conforme a la normativa, que impide estos vallados. Este periódico se ha puesto en contacto telefónico con la mencionada empresa, pero no ha obtenido respuesta.

En el caso de los caminos públicos, la competencia es municipal, y actualmente el Ayuntamiento de Peralveche mantiene un litigio judicial abierto con la familia propietaria de uno de los terrenos, que ha vallado parte del mismo. La última 'Marcha de las Flores' hacia el despoblado, el pasado 30 de mayo, se encontró de frente con este problema. Agentes de la Guardia Civil se apostaron en el camino como respuesta a la llamada del propietario de la finca.

“Por allí no podían pasar, les dijeron”. Lo cuenta a este periódico el alcalde Peralveche, Víctor García Blanco, que afirma que la situación es “desoladora”, tanto por la situación de este camino público “privatizado” y su actual litigio judicial, como por el estado de la iglesia, una “joya” cuya propiedad el Ayuntamiento compró en 2024 al Arzobispado de Guadalajara, que “nunca hizo absolutamente nada por recuperarla”.

El alcalde ha visitado la iglesia recientemente junto con un arquitecto colaborador de la Mancomunidad del Alto Tajo y ha comprobado el estado de deterioro de la misma, sobre todo después del reciente derrumbe de parte de la espadaña. También habían saboteado la entrada al cementerio. “Lo denunciamos a la Guardia Civil, pero nos quedamos devastados. Lo que nos faltaba”, lamenta.

“Ahora queremos evitar que la iglesia se derrumbe por completo. Queremos hacer todo lo posible para que no se hunda”. Y aunque la titularidad es municipal, los recursos del Ayuntamiento son muy limitados. Por tanto, es un problema que han trasladado a la Delegación de Cultura del Gobierno castellanomanchego en Guadalajara.

La idea inicial del Consistorio de Peralveche partía de un proyecto para convertir la iglesia románica en un albergue para los peregrinos que transitan la colindante Ruta de la Lana del Camino de Santiago, que procede de Salmerón y enlaza con la Cañada Real de Madrid. Pero para ello el objetivo principal es restaurar la iglesia, empezando por la cubierta y el refuerzo de los cimientos para evitar su derrumbe total.

Una alternativa es acogerse a las líneas de ayudas del Programa ‘2% Cultural’ del Gobierno central, destinadas a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español. “El problema es que esas subvenciones pueden tardar hasta dos años”, afirma el alcalde, por lo que también buscan otras líneas de financiación.

Primero, un carril de acceso, después la cimentación

Para ello, el Ayuntamiento, con asesoramiento de ese arquitecto colaborador de la Mancomunidad del Alto Tajo y de un experto en el arte románico, elabora un informe técnico con las acciones a desarrollar.

“Primero queremos arreglar el carril que comunica la Dehesa con Villaescusa de Palositos, de algo más de un kilómetro de longitud, para facilitar el acceso de la maquinaria necesaria para ejecutar las obras. Esto ya de por sí es bastante costoso, y después serían necesarios los trabajos de apuntalamiento y cimentación del templo”.

En total, el Ayuntamiento estima que necesitará alrededor de medio millón de euros. “Necesitamos ayuda de todo tipo y la buscaremos donde sea. Hay que conservar la iglesia como sea. Es un legado de nuestros antepasados”, concluye.

El Gobierno castellanomanchego tiene el ojo puesto en esta compleja situación, pero su margen de maniobra es limitado. El delegado provincial de Cultura, Ángel Fernández-Montes, detalla a este periódico que el Ayuntamiento de Peralveche se puso en contacto con la Delegación en octubre de 2025 para solicitar que la Administración autonómica realizara el proyecto de rehabilitación.

Nosotros nos encargamos de velar por el mantenimiento y la conservación del patrimonio, y en el momento que haya un proyecto en sí, los técnicos competentes tienen que revisar si está de acuerdo con la Ley de Patrimonio

Ángel Fernández-Montes — Delegado provincial de Cultura en Guadalajara

El pasado mes de diciembre, este departamento contestó a esa comunicación agradeciendo el compromiso municipal con la conservación del patrimonio, pero recordando que esa petición no corresponde a las competencias de la Junta en cuestiones de patrimonio.

“Nosotros nos encargamos de velar por el mantenimiento y la conservación del patrimonio, y en el momento que haya un proyecto en sí, los técnicos competentes tienen que revisar si está de acuerdo con la Ley de Patrimonio”, explica el delegado.

Dicho esto, la Delegación ofreció al Ayuntamiento varias opciones para la recuperación de la iglesia, por ser un BIC. En primer lugar, las ayudas del mencionado Programa '2% Cultural', que permite planificar la conservación en diferentes fases y “consolidar lo que es ahora mismo la Iglesia”.

Además, también les propusieron contactar con la Diputación provincial de Guadalajara, que tiene un plan específico para el patrimonio cultural y el desarrollo rural. Y como tercera vía, una línea de financiación público-privada a través de la Ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha.

“Somos conscientes de que un pueblo pequeño no puede llevar a cabo grandes inversiones, pero sí puede hacerlo a través de estas ayudas. A lo mejor no se puede recuperar la iglesia en su totalidad, pero sí la consolidación de lo que queda en pie. Nuestros servicios técnicos están dispuestos para ayudarles, asesorarles y acompañarles en lo que necesiten”, señala Ángel Fernández-Montes.

En cuanto a los caminos públicos, el delegado provincial de Cultura recuerda que son “inembargables”, de titularidad municipal y “no se pueden cerrar”. Considera que el Ayuntamiento debe “hacer valer” su propiedad de los mismos “para que la gente pueda circular libremente”.

Pero actualmente no existe una cifra cerrada oficial caminos públicos. El Ayuntamiento de Peralveche tiene registrados una docena de ellos, afirma el alcalde, pero el mencionado vallado en algunas partes por parte de los propietarios de las fincas privadas que rodean el despoblado de Villaescusa, ha vuelto “insostenible” esta situación.

Con el antiguo pueblo “borrado del mapa” y solo el cementerio y parte de la iglesia en pie, el reto es “hacer lo que podamos para no perder lo poco que nos queda”, concluye el alcalde.

Las famosas minas de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, comenzaron a explotarse hace más de dos milenios. Su origen exacto, según la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se remonta al siglo III a.C. El mineral extraído era el cinabrio, del cual se obtenía el mercurio, el único metal líquido que existe. Llegó a ser el mayor yacimiento en todo el mundo. Ha producido más del 35% de todo el mercurio usado en la historia de la humanidad.

En la naturaleza no se encuentra puro como mineral, sino atrapado dentro de rocas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública.

Utilizado históricamente para tratar algunas infecciones como la sífilis y en vacunas antiguas, y más recientemente para la industria, el mercurio ha marcado siempre la historia de esta comarca minera, colindante con la provincia de Córdoba y actualmente en riesgo extremo de despoblación desde el cierre de las minas.

De la entrada de Mayasa a la prohibición de exportar mercurio

La empresa pública Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.), perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asumió la gestión de la explotación minera de Almadén desde su creación en 1982. Heredó la gestión del Consejo de Administración que controlaba las minas desde 1916.

La compañía gestionó la extracción de mercurio hasta el cierre definitivo de la mina en julio de 2001. A partir de ese momento, orientó su gestión al almacenamiento y tratamiento ambiental de los excedentes mundiales de mercurio, una labor que se hizo efectiva tras el fin de la comercialización internacional de este metal decretada por la Unión Europea en 2011.

En ese año, a través del denominado 'Convenio de Minamata', se prohibió, mediante un tratado internacional, su exportación para reducir la oferta global de este metal y limitar sus emisiones. Pese a sus múltiples usos, es un metal pesado y muy tóxico. Contamina el medio ambiente y daña gravemente la salud humana, especialmente el sistema nervioso. La normativa resultante prohibió las ventas al exterior para evitar que grandes cantidades de mercurio sobrante llegasen a países en desarrollo. Porque el 99% se vendía fuera de la UE.

Esto obligó a almacenar los residuos de mercurio de forma segura en lugar de liberarlos. Y ahí la gestión de Mayasa cumplió un papel de gran relevancia. Hasta entonces la actividad de la empresa pública consistía en recoger mercurio, limpiarlo y ponerlo de nuevo en el mercado. Pero ante la prohibición de las exportaciones, cambió su objetivo a la obtención de fondos para tratar de solucionar problemas y nuevas actividades de desarrollo sostenible sin añadir más contaminación de mercurio al medio.

Pero hubo más trabas. En 2018 entró en vigor la prohibición de uso de mercurio en la industria cloro-caústica, por lo que se debía retirar y almacenar el mercurio en condiciones seguras. Para ello Mayasa debía encargarse de la retirada y tratamiento con las empresas productoras.

Un año después, en 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó, con evaluación ambiental favorable, la planta de solidificación de mercurio en Almadén. Se ubicó en el paraje de Las Cuevas, a 10 kilómetros del núcleo urbano. Para ese tratamiento, Mayasa había adjudicado ya en 2017 este proyecto de tratamiento a una empresa externa que nunca llegó a realizar su labor. Según la Plataforma de Contratación Pública, era Sartech Engineering, actualmente en litigio judicial con la empresa pública por incumplimiento del contrato.

Solo quedaba una salida: si no se podía exportar ni tratar, todo el mercurio debía salir del almacén. Se envió a una planta suiza de la empresa Batrec, filial de Veolia (líder mundial en servicios medioambientales especializado en la gestión integral de agua, residuos y energía), por medio de un gestor de residuos representante en España, en este caso Adiego Hermanos, que hizo el transporte y gestión completa de residuos.

En total, se enviaron 378 toneladas de mercurio. Actualmente, se encuentran en unas antiguas minas de sal de Alemania, que poseen las propiedades de impermeabilización adecuadas para este tipo de residuo.

Ahora, ese almacén de residuos está cerrado. Pero el expediente de su cierre definitivo, iniciado hace año y medio, aún está abierto, porque todavía no ha recibido luz verde por parte de la autoridad ambiental, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Así lo han confirmado fuentes de este departamento. La Dirección General de Calidad Ambiental está analizando la documentación presentada por la empresa pública para analizar si solicita más información complementaria o procece con la fase final de clausura.

El encuentro entre Mayasa y Ecologistas en Acción

Con ello, se ha cerrado a su vez una etapa en la comarca. Y de todo ello han hablado recientemente representantes de Ecologistas en Acción y miembros de Mayasa, en un encuentro solicitado por los primeros para conocer en qué estado se encuentra el proceso.

Javier Carrasco, director técnico de Actividades Industriales de Mayasa, asistente a esta reunión junto al presidente de la empresa pública, José Tejero, cuenta a este periódico que ahora mismo están pendientes de que de la Administración castellanomanchega autorice el cierre definitivo, ya que su puesta en marcha requirió una Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ahora exige que se cumplan una serie de requisitos de inspección ambiental para su clausura.

Pese a que la planta nunca llegó a funcionar en cuanto al tratamiento del mercurio, es decir, su estabilización química antes de llevarlo a un depósito definitivo, la inspección debe determinar, dentro del programa de vigilancia ambiental, que el almacén está completamente descontaminado.

La autorización del Gobierno de Castilla-La Mancha para la planta de almacenamiento que se aprobó en 2019 incluía un presupuesto de tres millones de euros. Y esta circunstancia coincidió con la mencionada prohibición del uso de cloro para las empresas clorocáusticas, donde el mercurio se utilizaba como parte del proceso químico. Muchas empresas españolas se vieron entonces con excedentes de mercurio que no utilizaban que tenían que gestionar.

Mayasa se ofreció para almacenar y gestionar el mercurio de esas industrias. Pero la empresa contratada fue “incapaz” de cumplir el contrato y la planta nunca llegó a realizar el “tratamiento” de metal, pero sí su almacenamiento: las mencionadas 378 toneladas de mercurio, acumuladas durante varios años, hasta 2023.

Ese año, una vez rescindido el contrato con la empresa ‘incumplidora’, Mayasa decidió realizar un nuevo contrato con otra compañía gestora que tenía permiso para exportar mercurio como residuo, la mencionada Abiego Hermanos. “Todo esto se precipitó porque la normativa europea permitía el almacenamiento de mercurio hasta el 31 de diciembre del 2022 y había que darle salida a toda esa cantidad almacenada”, cuenta el director técnico.

Ahora mismo, detalla que ya no hay nada en el almacén. La gestora de residuos llegó a un acuerdo transfronterizo con la suiza Batrec, quien sí trató el mercurio para su estabilización química en este país y después lo envió, para su depósito final en las minas de sal alemanas, habilitadas para ello.

En el aire, los niveles de mercurio muy bajos, y en el agua son inapreciables

Javier Carrasco — Director técnico de Mayasa

Según Javier Carrasco, el plan de cierre de la planta en Almadén se ha cumplido “al milímetro”. “Se han limpiado todas las instalaciones, todo lo que ha estado en contacto con el metal, se ha desmontado toda la instalación, principalmente lo que eran equipos de filtros, y todos los residuos que hemos generado durante estas labores de limpieza se han enviado fuera con un gestor autorizado”.

Pero en un proceso tan delicado, el plan de vigilancia ambiental ha sido fundamental. A la espera del cierre definitivo, en Mayasa, desde que se autorizó el almacenamiento, han realizado medidas en aire y agua para ver los niveles de contaminación. Son muestreos que se han remitido periódicamente a la autoridad ambiental. De ellos se desprende que hay “niveles apreciables” de mercurio que “históricamente siempre han existido”

“En el aire, son niveles muy bajos a los que hacemos un seguimiento continuo. De hecho, los que hay ahora son idénticos a los que había antes de iniciar el almacenamiento hace siete años, y en el agua son inapreciables, no hay ninguna afección”, precisa Javier Carrasco.

La última limpieza de la planta se realizó a finales de 2025. Se recogieron en torno a un centenar de kilos de mercurio, que también ha recogido una empresa autorizada para gestión de residuos.

No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

Desde Ecologistas en Acción de Ciudad Real, acudieron al encuentro Isabel Arauzo, Julio Ruiz y Francisco J. Sarrión. Han explicado a este periódico que celebran el cierre del almacén “por la disminución del riesgo de contaminación que suponían estas instalaciones”.

Pero al mismo tiempo denuncian el “oscurantismo” y la “falta de información pública”, algo que tildan de “tradición histórica de la casa” en referencia a la empresa pública, a la que atribuye “actividades peligrosas” que la empresa siempre ha negado, también en esta ocasión.

“No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre. Solo nos remiten a los contratos ya expuestos en el perfil del contratante de Mayasa. Hay también un celo excesivo en proteger la identidad de los responsables políticos y técnicos, lo que interpretamos que es para evitar sanciones y críticas personales a su gestión”, argumentan.

Ecologistas en Acción añade que el hecho de que no sea obligatorio medir con exactitud el mercurio que salió de la planta de Almadén, aunque se ajuste a la normativa, supone “un riesgo de pérdida o descontrol” en el camino o en la planta receptora.

También resalta que hay “discrepancias” en las fechas y orden de las declaraciones de impacto ambiental que “aún quedan sin explicación”. “Demuestra la falta de rigor en el control del mercurio, y siendo la sustancia más peligrosa después de las radiactivas, deberían haber extremado las precauciones y no dejar en manos del gestor de residuos la medida real del mercurio trasladado”.

La organización ecologista también pone el acento en los costes. Afirma que el presupuesto para el tratamiento y traslado del mercurio de Almadén al depósito de Suiza fue de 1,5 millones de euros, la mitad de los tres millones que se presupuestaron para la planta. “Un despilfarro de dinero público que debería haberse valorado inicialmente”.

“Los planes de descontaminación parecen proyectos piloto más que acciones de efectividad probada, aunque digan que son técnicas innovadoras. El ámbito espacial es muy reducido”, añaden. Avalan que actualmente se estudie la movilidad del mercurio en el medio ambiente, pero denuncian que no se están analizando “las repercusiones ni los niveles de contaminantes en la población civil”, que sería “uno de los objetivos a conocer de cara a la salud pública”.

Actualmente, el vínculo de Mayasa con este polémico metal todavía permanece. Desde 2009, gestiona el Centro Tecnológico del Mercurio con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Allí se monitorea el entorno medioambiental, la flora y la fauna.

En paralelo, también está vigente desde el año pasado el Proyecto Life Hermes, que tiene como objetivo la recuperación ambiental del Cerco de Buitrones de Almadenejos. Se trata de un recinto del siglo XVIII que conserva restos de antiguos hornos de mercurio y partes de su muralla. El área está declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP).

El próximo mes de septiembre, la empresa pública iniciará labores de tratamiento de estabilización química in situ de restos de mercurio con óxido de magnesio. El objetivo es demostrar la eficacia de una solución innovadora que ofrece “varias ventajas significativas” con respecto a los métodos de remediación tradicionales.

Para Ecologistas en Acción, estos nuevos proyectos van a continuar siendo un gasto de dinero público “sin que se tenga constancia nunca de la repercusión real sobre la salud de las personas”. “En definitiva, nos alegramos de que la gestión del mercurio ya no esté en manos de Mayasa y esperamos que los planes de descontaminación futuros se enfoquen en evaluar el mercurio en la población y en su salud”, concluyen.

El anuncio del cierre de la planta de almacenamiento, sin embargo, no ha gustado en el ámbito local. El Ayuntamiento de Almadén ya mostró hace un año su “indignación” por la clausura de la planta de estabilización de mercurio de Mayasa. Su alcaldesa, Raquel María Jurado, preguntó si lo que se pretendía la empresa pública era ofrecer beneficios a la localidad o “más bien, minimizar las pérdidas económicas” de la SEPI, achacables a la “pésima gestión”.

Tras lamentar que en el municipio llevan años oyendo hablar de un plan estratégico de la empresa pública que nunca ha sido compartido con la ciudadanía, condenó que este nuevo “fracaso” se sume a otros intentos de inversión que “no han dado resultados”.

El Ayuntamiento hizo referencia también al acuerdo firmado hace casi 25 años entre CCOO, UGT, la SEPI y Mayasa: un Plan de Empresa que, entre otras cosas, incluía un futuro convenio con el Consistorio local para el desarrollo de la comarca una vez que se completara el cierre minero. Desde este municipio siempre han denunciado el incumplimiento de este convenio y la “enorme factura social” que la comarca ha pagado por ello.

En todo este proceso también ha jugado un papel fundamental la plataforma ciudadana ‘Forzados de Almadén’, quien ha apelado en varias ocasiones a ese convenio de principios de siglo. Todavía se recuerda el encierro que protagonizaron en agosto de 2019, cuando siete hombres y cuatro mujeres de diferentes profesiones, edades y originarios de los pueblos de la comarca se encerraron en la primera planta de la histórica mina de mercurio de la ciudad.

Querían recrear la protesta de 11 mineros ocurrida 35 años atrás, en 1984. Si entonces los mineros protestaban por sus pésimas condiciones laborales, en 2019 quisieron mostrar a una comarca “castigada por el paro, la desindustrialización y la poca calidad de los servicios públicos”.

Porque Almadén sigue bebiendo de su historia. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se ha comprometido, a través de un convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la restauración y digitalización de la película 'Mercurio-Minas de Almadén', de 1940.

El ICAA conserva en la actualidad, en las instalaciones de la Filmoteca Española en su centro de Pozuelo de Alarcón, dos copias en nitrato de celulosa de 35 milímetro de la película. A través del convenio, el Ayuntamiento asume la tarea de restauración y digitalización de la película, mientras el ICAA pondrá a disposición sus copias, asesoramiento y apoyo a la promoción.

Mientras, Mayasa sigue a la espera de la autorización oficial de clausura de su almacén. Con ello, se cerrará un capítulo más de una comarca que ha perdido cerca de un 26% de su población en lo que va de siglo.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de su Aula Gen Z y Despoblación, surgida en colaboración con la empresa Personas y Territorios, S. L., convoca el I Premio ‘Gen Z Emprende. Talento Km.0’, iniciativa que tiene por objetivo reconocer y visibilizar el carácter emprendedor en la región.

Las bases de la convocatoria establecen tres categorías de premios. Por un lado para egresados de la UCLM, no egresados por la institución académica y relevo generacional en empresa familiar.

Para las mismas se podrán conceder hasta un total de seis premios, con un importe conjunto de 4.500 euros. En todas las categorías la sede social de la actividad económica presentada debe estar en una localidad de Castilla-La Mancha.

El plazo está abierto hasta el 17 de julio

Las personas interesadas en presentar sus propuestas podrán hacerlo a través del correo electrónico aula.genz@uclm.es, incluyendo sus datos personales y una memoria descriptiva del proyecto empresarial, cuyo contenido dependerá de la categoría establecida en las bases. El plazo estará abierto hasta las 23:59 horas del próximo día 17 de julio.

La comisión de valoración podrá seleccionar hasta un máximo de doce propuestas finalistas para todas las categorías. Sus autore/as las presentarán en una sesión que se convocará en las primeras semanas del mes de septiembre. La entrega de premios se realizará en un acto público organizado por el Aula Gen Z y Despoblación antes del fin de 2026.

La convocatoria del I Premio ‘Gen Z Emprende. Talento Km.0’ se une a la celebración de la I edición de la Microcredencial en Agente Anti-despoblación: oportunidad de desarrollo territorial, en la que han titulado 18 participantes y que ha contribuido al otro gran objetivo del aula: la formación de profesionales con competencias sólidas para acompañar a emprendedores en la creación de empresas, la toma de decisiones estratégicas y la gestión del cambio en entornos rurales.

Ocio, cultura, deporte, humor o gastronomía son algunas de las actividades gratuitas que tendrán lugar en la localidad conquense de Villares del Saz el próximo viernes 3 de julio.

Enmarcadas dentro de la tercera edición del itinerante Festival CLM Living Rural en la provincia de Cuenca, tienen el objetivo de dinamizar los pueblos, generar espacios de encuentro y poner el valor la vida de los municipios. Esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha tuvo una gran acogida en Villarta y seguirá girando con nuevas citas el 11 de julio en Villalba de la Sierra y el 31 de julio en Santa María de los Llanos.

Programación en Villares del Saz

El evento se desarrollará en el Parque Zoa Conversa y arrancará a las 19:00 horas con una actividad deportiva senior. Después, de 20:00 a 21:00 horas, Radio Castilla-La Mancha realizará un programa en directo.

A partir de las 21:15 horas será el turno del teatro infantil y, desde las 22:15 horas, se ofrecerá una degustación gastronómica. La noche continuará con el humor de Gacha’s Comedy, de 22:45 a 23:30 horas.

La música pondrá el broche final a la jornada con el concierto de versiones de Claudia Martín, de 23:30 a 01:00 horas, y la sesión de DJ Carlos Torres, que cerrará la programación de 01:00 a 02:00 horas.

Una imagen bucólica, en la que el cacareo de un gallo o el trino de los pájaros te puede despertar por la mañana. Ese paisaje por el que no pasa el tiempo, que muchos quieren preservar y otros buscan industrializar. Para muchos, el pueblo es introspección y soledad, mientras que otros atesoran recuerdos de las tardes en bici y juegos infinitos. Son muchos -muchísimos- los escritores que se han inspirado en el pueblo como un concepto propio y etéreo, pacífico, incluso romántico. Con esa misma idea quiere jugar la editorial vallisoletana Páramo, que ha reunido a una treintena de escritores, dramaturgos y poetas españoles que producen sus obras desde los lugares pequeños: pueblos y ciudades que normalmente se quedan fuera del debate público y que quieren reintroducir la despoblación como un problema central de buena parte del país.

El libro 'Todavía. Relatos para la supervivencia de la España sentenciada' es un compendio de relatos que reflejan las luces y sombras del medio rural español y reivindica el amor, la crítica y el humor. “Cada relato es una mirada y una voz. Todas diferentes con una causa común. Esa diversidad de estilos, sensibilidades y formas de contar convierte este libro en un territorio narrativo extraordinariamente rico, como la tierra que sus autores defienden”, expone la editorial vallisoletana. Páramo quiere recuperar la despoblación como un elemento clave en la agenda política. “Hace unos años este tema estuvo en boca de todos y marcó unas elecciones. Pero así como apareció, desapareció”, comenta una de las editoras, Virginia Hernández, que trabaja desde el pequeño pueblo de Valoria La Buena (Valladolid).

En el libro participan escritores, poetas y periodistas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, cuyo trabajo se pone en valor con este libro. “El territorio aparece de muy diversas formas: protagonista, decorado, con melancolía, humor... cada uno ha utilizado este recurso en su forma. A través de sus voces, se pretende demostrar que ”el territorio está vivo“ y que la España rural ”no es un fósil o un museo para turistas“, defiende Hernández.

Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras de este año, es uno de los escritores que han participado en esta obra coral. “Aposté por dejar al descubierto lo que ha podido suceder en cualquier zona que se ha abandonado por desidia, inercia y vértigo, que nos ha llevado a lo urbano. Jugué con la posibilidad de que alguien volviese y revisitase la vida en el pueblo”, explica el poeta. Christo Casas, antropólogo y autor de El power ranger rosa, también participa en el libro con un relato sobre una pareja lesbiana que decide iniciar su proyecto de vida en un pueblo abandonado, y cómo se complejizan procesos como la maternidad. Explica que tuvo “mucha química” con la editora desde que coincideron en la presentación de su ópera prima en la ciudad del Pisuerga. “Dije que sí a la primera”, recuerda.

María San Miguel, dramaturga galardonada con el Premio El Ojo Crítico en 2025, ha puesto más el foco en las “violencias sutiles y la opresión” que puede suponer vivir en los pueblos, donde cree que no ha calado del todo el sistema democrático. “No se trata solo de que las instituciones no pongan los suficientes recursos públicos, que también, sino que ha habido una despreocupación de fomentar las herramientas de la democracia”, defiende San Miguel. Esta actriz cree que el hecho de que muchos pueblos incumplan la Ley de Memoria Histórica y mantengan nomenclaturas franquistas “reverbera y repercute en otro tipo de violencias” que llevan a una sociedad “de represión y opresión”.

Envíos a despachos políticos

La editorial ha comenzado una campaña de crowdfunding que tiene una doble vertiente: el donante compra dos libros, uno para él y otro para un representante político de su elección. Se pretende llegar a responsables políticos como Alfonso Fernández Mañueco, Pedro Sánchez, Santiago Abascal o la reina Letizia de una manera más “performativa”. “Si les enviamos un correo electrónico no nos responderán, pero si les enviamos treinta libros... es una forma de interpelarles directamente, de decirles que seguimos aquí y que este es un tema importante. Queremos dar un grito a la gente que tiene capacidad para tomar decisiones. Quieran o no, van a tener que leernos”, agrega la editora.

La despoblación es el primer problema de Castilla y León para sus ciudadanos, según el último barómetro autonómico del CIS. “Ojalá se atrevan a leerlo y a hacerse preguntas, a enfrentarse a las cosas positivas y también a las más duras del medio rural y piensen qué pueden hacer ellos”, apostilla San Miguel. “Es una iniciativa que consolida el espíritu del libro. Es una intención necesaria e inteligente. No se trata de hacer un producto comercial, sino que tenga alcance político de responsabilidad y eso debería tener su efecto”, comenta Tomás Sánchez Santiago.

Christo Casas cree que sería “interesante” que los representantes políticos entiendan que es “un territorio diverso, con disputas y contradicciones internas y en la que se manifiestan las desigualdades materiales y la desmantelación del Estado del Bienestar”. “Uno de los problemas que padece la España rural es que estamos acostumbrados a que se cuente la realidad sin contar con personas que la viven desde dentro. Es a menudo una caricatura hecha desde las grandes ciudades: o se hace una parodia ultraidílica o una demonización de 'pueblo pequeño infierno grande'”, lamenta el escritor conquense.

La importancia de la cultura en los pueblos

Tomás Sánchez Santiago también reivindica el papel de la cultura en el medio rural. “Esta es una llamada de atención que debería ser atendida. No solo desaparecen los bancos, maestros o los curas... también hay un arrastre nefasto que lleva al abandono de lo cultural”, reivindica el poeta y novelista zamorano, que lamenta que se esté “desatendiendo” a los más mayores, que ahora están perdiendo “hasta el derecho a la contemplación de su paisaje”.

“Parece que para dedicarte a la cultura tienes que estar en los grandes focos de este país: Madrid o Barcelona. Y tenemos gente del interior peninsular que escribe muy bien, pero que está alejada de la influencia, los grandes focos y las relaciones interpersonales que se generan en el mundo de la cultura y la escritura. Pero aquí se hacen cosas que están tan bien hechas como las de la capital. Se produce cultura y de muy buena calidad”, defiende Virginia Hernández.

María San Miguel, procedente de Medina del Campo, pone el foco en un aspecto rural que cree que se obvia: que permanece un poso generado por el franquismo y el nacionalcatolicismo. “Siempre hablamos de la crisis de las democracias, pero hay preguntas más profundas que no nos hacemos y que tienen que ver con cómo se ha gestionado la periferia desde la transición. La democracia tiene que ver con la participación, la no violencia, la convivencia con el otro, la justicia e igualdad social... Y en muchos pueblos sigue habiendo terratenientes, alcaldes con discursos xenófobos y racistas... Tiene que ver con si la democracia ha permeado o no en el conjunto de la sociedad. Y, si no ha permeado, que nos hagamos preguntas sobre por qué la Iglesia y la tauromaquia tienen tanto arraigo en la tradición” reflexiona.

En el libro participan Arturo Tendero de Albacete; Ester Bueno Palacios, Miguel Velayos y Nieves Álvarez de Ávila; Jesús Carazo y Óscar Esquivias de Burgos; Carlota Visier y Christo Casas de Cuenca; José María Merino, Sol Gómez Arteaga y Vicente Muñoz Álvarez de León; Elena de Castro de Palencia; José Luis Puerto, Manu Espada y Yolanda Izard de Salamanca; Ignacio Sanz y Maribel Gilsanz de Segovia; Julio Izquierdo de Soria; Rafael Cabanillas de Toledo; Alejandro Cuevas, Beatriz Sanz Olandía, María San Miguel y Rodrigo Garrido Paniagua de Valladolid; Beatriz Cepeda, Clara García Fraile, David Refoyo y Tomás Sánchez Santiago de Zamora; y Cristina Fallarás de Zaragoza.

Castilla y León tendrá 23.046 habitantes menos dentro de quince años, 2.395.586, que suponen una pérdida del 1 por ciento de su población, el segundo mayor recorte autonómico sólo por detrás de los -47.868 de Extremadura, según la proyección de población que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En dato relativo, también Extremadura es la comunidad que más población perdería entre 2026-2041, con un 4,5 por ciento, mientras que Ceuta recortará un 2 por ciento, el 1,6 por ciento Asturias, ese 1 por ciento Castilla y León y el 0,5 Galicia, los únicos territorios que perderían población a quince años.

La proyección de Castilla y León es peor que la anterior, la de entre el 2024 y 2039, quince años en los que según el INE la comunidad perdería 16.750 habitantes.

Según las proyecciones publicadas este miércoles por el INE, en los 15 próximos años España ganaría 4.251.150 habitantes (un 8,6%), hasta superar los 53,8 millones de personas en 2041.

Los mayores incrementos relativos se registrarían en Comunitat Valenciana (16,4%), Illes Balears (16,2%) y Comunidad de Madrid (14,4%).

El saldo vegetativo mejora pero sigue negativo

Los datos de la proyección del saldo vegetativo, esto es la diferencia entre los nacimientos y las muertes, recogen que en 2026 Castilla y León perderá 16.630 habitantes por esa diferencia; que se modera en las proyecciones del 2030 a -16.209, con -16.230 en el 2035 y -16.982 en el 2040.

En cuanto al saldo migratorio, se prevé que en el 2026 salgan 19.985 habitantes de Castilla y León al extranjero, dato que se modera a los 16.618 en el 20230 y los 10.274 en el 2040.

También se amortigua la proyección de inmigrantes procedentes del extranjero en Castilla y León: 36.028 en el 2026, con 27.151 en el 2030, 21.214 en el 2035, con una ligera recuperación de 25.799 en el 2040.

El saldo migratorio interautonómico pasa al positivo

También el saldo migratorio interautonómico pasará al positivo en los próximos 15 años, y si en el 2026 será de 330 personas más que abandonan la comunidad que las que entran, el dato será de 232 en el 2030, con 878 en el 2035 y 1.538 en el 2040.

La proyección del INE recoge que el 2076 la población alcanzaría los 53,0 millones, con un incremento de 3,38 millones de personas respecto a 2026.

El progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos durante todo el periodo proyectivo, daría lugar a un saldo vegetativo negativo.

El saldo migratorio sería positivo en todos los años del periodo proyectivo, lo que provocaría, en balance, un aumento de población. En consecuencia, el aumento poblacional se debería, exclusivamente, a la migración internacional.

Por su parte, la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de significar el actual 79,8% del total, al 59,6% dentro de 50 años.

La Comunidad tendrá en 15 años el mayor porcentaje autonómico de hogares unipersonales

Casi cuatro de cada diez hogares, el 39,2 por ciento, será unipersonales en Castilla y León dentro de quince años, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según el INE, el mayor porcentaje autonómico y por encima del 30,6 por ciento de media nacional.

Castilla y León concluirá este 2026 con 1.070.538 hogares, que aumentarán un 3,9 por ciento, con 41.471 más, en el 2041.

El tamaño medio de los hogares del 2026 es de 2,24 personas en Castilla y León, ligeramente por debajo de los 2,49 de media nacional, que pasarán a 2,13 en el 2041 (2,43 nacional).

Y si en el 2026 los hogares unipersonales son el 35,5 por ciento en Castilla y León, el mayor dato autonómico, esa posición se mantendrá en el 2041 con un 39,2 por ciento de hogares con una sola persona en la comunidad, seguida del 37,7 de Asturias y del 36,7 del País Vasco.

Por su parte, Illes Balears sería la comunidad con menor porcentaje de hogares de una persona en el 2041 (25,9%), seguida de Comunidad de Madrid (26,8%) y Cataluña (27,5%).

En España, los hogares unipersonales serán los más frecuentes en 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales según el INE, que estima que el número total de hogares en España aumentará en 2,2 millones hasta los 21.943.397, de los que el 30 % estarán formados por una sola persona.

Según la proyección de Hogares 2026-2041 que publica este miércoles el INE, en 2041 habría una reducción en el número de personas que viven en cada hogar. Así, el tamaño medio del hogar pasaría de las 2,49 personas actuales a 2,43 en 2041.

Estima que habría 6,7 millones de hogares unipersonales, el 30,6 % del total, convirtiéndose este tipo de hogar en el más frecuente, al superar a los de dos personas.

Según esta proyección, el número de hogares en España se incrementaría un 11, 1 % (en 2.184.048) entre 2026 y 2041, alcanzando una cifra cercana a los 22 millones. EFE

Los ayuntamientos de la provincia de Albacete que tengan menos de 2.000 habitantes podrán optar a una nueva línea de ayudas para la adquisición, rehabilitación y reforma de viviendas municipales, así como para la compra de solares para la construcción de nuevas viviendas.

La Diputación de Albacete, entidad que ha puesto en marcha la convocatoria, ha explicado en un comunicado que las 65 entidades locales de la provincia que cuentan con menos de 2.000 habitantes podrán solicitar estas subvenciones desde este sábado, 30 de mayo, hasta el 18 de junio.

Cada localidad solicitante se comprometerá a una cofinanciación del 10 por ciento y podrá obtener una cuantía máxima de 50.000 euros. Además, las ayudas concedidas se anticiparán al 100 por 100 para facilitar la ejecución de las actuaciones, estableciéndose el plazo de un mes para la resolución y el 15 de abril de 2027 como fecha máxima para la justificación.

“Que se pongan a disposición de la ciudadanía en 5 años”

El vicepresidente de la institución, Fran Valera, ha indicado que esta medida persigue un triple objetivo. Por un lado, facilitar la adquisición de inmuebles por parte de los ayuntamientos para destinarlos a vivienda pública; en segundo lugar, permitir la rehabilitación de viviendas municipales ya existentes; y, finalmente, favorecer la adquisición de suelo para “desarrollar una alternativa ocupacional”, poniéndolo a disposición tanto de la ciudadanía como de actores privados “como ellos consideren”.

“Les vamos a exigir a los ayuntamientos que esas adquisiciones, rehabilitaciones o solares se pongan a disposición de la ciudadanía, siguiendo criterios socioeconómicos, en el plazo de cinco años para que sean una alternativa habitacional real”, ha añadido el vicepresidente, explicando claramente la finalidad de estas ayudas.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, defenderá una iniciativa en el Parlamento para proponer la convocatoria de ayudas nominativas de hasta 4.000 euros, con el fin de fomentar la instalación de establecimientos de hostelería y tiendas de alimentación de proximidad en municipios con alta dispersión territorial y núcleos de población inferiores a 300 habitantes.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en Mirones, donde también ha presentado las alegaciones presentadas por el Partido Regionalista al anteproyecto de Ley de lucha contra la Despoblación y el Reto Demográfico, encaminadas a “garantizar los derechos” de la población rural y evitar que la futura norma quede reducida a “un mero instrumento declarativo, sin protección suficiente de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda”.

Fernández ha comparecido públicamente junto al alcalde de Miera, el también regionalista José Miguel Crespo, para presentar ambas iniciativas, cuyo objetivo es -según ha explicado- continuar las políticas de lucha contra el despoblamiento iniciadas durante la pasada legislatura, gobernada por PRC-PSOE y en la que estas competencias dependían de la Consejería que dirigía la regionalista.

A su juicio, las ayudas para bares impulsadas por el actual Gobierno (PP) resultan “claramente insuficientes”, por sus limitaciones de cuantía, alcance, requisitos y “capacidad real para mantener estos servicios”, en un contexto marcado por el incremento de los costes energéticos, los problemas de relevo generacional, la escasa rentabilidad derivada de la baja densidad poblacional y las dificultades para contratar personal o modernizar las instalaciones.

Su propuesta plantea por ello un cambio de orientación y la concesión de subvenciones nominativas adaptadas a la realidad económica y social del medio rural para aquellos establecimientos que mantengan una actividad efectiva, tanto bares como otros locales de hostelería, cafeterías, tiendas de alimentación y supermercados de proximidad.

Asimismo, defiende “criterios de valoración positiva y líneas de ayuda reforzadas” para los establecimientos que presten servicios complementarios a la población rural, especialmente “reparto a domicilio de productos básicos a personas mayores, dependientes o con dificultades de movilidad”.

16 alegaciones

Por otro lado, la candidata del PRC ha puesto en valor las 16 alegaciones presentadas por el PRC al anteproyecto de Ley de Lucha contra la Despoblación sometido a exposición pública por el Ejecutivo, todas ellas encaminadas a reforzar el carácter “garantista” de la futura norma.

Ese enfoque, prioritario en el proyecto que elaboró el anterior Gobierno en 2023, ha sido sustituido ahora por “un catálogo genérico” de medidas administrativas, por lo que los regionalistas quieren “recuperar el reconocimiento expreso de los derechos de los vecinos” en aras a asegurar “la igualdad real en el acceso a servicios públicos y oportunidades”.

“La ley que han presentado retrocede en derechos y garantías y no incluye suficiente protección de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda”, ha precisado Fernández.

Por ello, las alegaciones introducen medidas como una cláusula de “no regresión territorial”, para impedir reducciones injustificadas de servicios públicos esenciales en el medio rural, y la obligación de motivar cualquier reorganización administrativa que afecte a los municipios en riesgo de despoblamiento.

También incorporan la exigencia de que todas las iniciativas normativas, presupuestarias o de planificación territorial incluyan una evaluación previa de impacto demográfico cuando puedan afectar al medio rural.

Respecto a los servicios públicos, el PRC defiende el transporte a demanda como garantía específica de movilidad para los municipios sin conexiones suficientes con centros sanitarios, educativos o administrativos y reclama refuerzos para asegurar el acceso a los servicios sanitarios, con criterios específicos para la organización de citas, horarios y desplazamientos, sobre todo en atención primaria, pediatría, enfermería y atención a personas mayores o dependientes.

En el ámbito de la vivienda, pide medidas para facilitar la rehabilitación y recuperación de casas vacías o deterioradas, mediante ayudas, incentivos fiscales, simplificación administrativa y tramitación preferente, así como la adaptación de las políticas de eficiencia energética a las singularidades de la vivienda tradicional de los núcleos rurales.

La conectividad digital es otro de los derechos que los regionalistas quieren preservar por su carácter “esencial” para la cohesión territorial, con medidas que aseguren la cobertura móvil y el acceso a Internet de alta velocidad en todos los municipios.

Las alegaciones defienden además un refuerzo del control parlamentario para asegurar el cumplimiento de la futura ley, mediante un debate anual sobre el grado de ejecución de las medidas, la financiación asignada y la evolución demográfica de los municipios afectados.

Por último, el PRC plantea mecanismos específicos de financiación territorializada y medidas fiscales dirigidas a favorecer la residencia, el emprendimiento, la actividad económica y la rehabilitación de vivienda en los municipios en riesgo de despoblamiento.

Los vecinos de San Felices protestaron el otro día porque van a cerrar la única oficina de banco que queda en el pueblo. Quedará solo un cajero automático, que es una de las soluciones que había propuesto el Gobierno de Cantabria para luchar contra la pérdida de población. En 2021 se subvencionó con dos millones de euros la instalación de 38 cajeros en lugares como Bárcena de Pie de Concha, Luena, Tudanca, Aguayo o Los Tojos. Los vecinos los utilizan fundamentalmente para sacar dinero: hasta ahora más de 22 millones de euros en cerca de 144.000 operaciones.

En Cieza, temen que cierre la escuela de Villasuso porque el próximo otoño no quedarán suficientes niños. En otros municipios de la geografía cántabra se quejan de la falta de comunicaciones.

Luena, por ejemplo, es un pueblo sin autobús de ida y vuelta. Si tienes que ir al médico o hacer un trámite en Santander no queda más remedio que hacer noche en la capital, si solo se depende del transporte público. El problema es que hay rutas en zonas rurales con muy pocos viajeros que no son rentables, aunque deberían mantenerse para evitar la desigualdad de servicios a sus vecinos. Precisamente por eso el Gobierno de Cantabria, ahora que está tramitando las nuevas concesiones de rutas, ha planteado el transporte a demanda para las zonas más despobladas. Pero parece que estos cambios no entrarán en funcionamiento durante esta legislatura.

Toros, cajeros automáticos, rebaja de impuestos y alojamientos turísticos. Hasta ahora las recetas para combatir la despoblación en los pueblos de Cantabria no está dando frutos. A duras penas se mantiene el equilibrio entre los escasos empadronamientos que se suman al censo rural y los fallecimientos de una población envejecida que no tiene relevo.

El Gobierno de Cantabria tramita estos días la ley de medidas fiscales contra la despoblación, que ya se puede consultar para hacer alegaciones. Un texto que parte del documento que elaboró el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, que no llegó a tramitarse. La receta que propone es fomentar el turismo rural y establecer rebajas fiscales, deducciones y 'medidas de discriminación positiva' en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, para incentivar que los médicos, por ejemplo, acepten trabajar en estos lugares, lo cual cada día es más complicado.

Habrá incentivos administrativos, profesionales o económicos y también se facilitará el teletrabajo a los empleados públicos que residan en estos municipios. También se reservará una parte del crédito de las ayudas para los vecinos de estas zonas y se incrementará -como mínimo- un 20% “la intensidad”, dice el texto legal, de la ayuda.

El apoyo a los bares-tienda es otra de las soluciones que contempla la ley porque estos establecimientos son un servicio indispensable y centro social de la vida de los pueblos. El texto normativo también habla de favorecer el relevo generacional en comercios o actividades rurales, impulsar mercados estacionales y promocionar y dar visibilidad comercial a productos autóctonos, artesanales, ecológicos y de proximidad.

El documento mezcla muchos aspectos como la sanidad, la educación o la lucha contra la soledad no deseada y plantea soluciones en turismo, cultura y seguridad, además de combatir la brecha digital. Es decir, conseguir una buena cobertura para que funcionen sin dificultad los móviles y se pueda teletrabajar desde cualquier punto de la geografía cántabra. Algo que ahora no es posible, hay zonas de sombra y con dificultades de señal.

La nueva Ley garantizará que habrá escuelas abiertas en los municipios en riesgo de despoblamiento, donde se impartirán clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de tres alumnos.

Expropiaciones para proyectos se interés público

Entre otras cuestiones, el proyecto de ley autoriza al Gobierno de Cantabria a hacer expropiaciones forzosas para proyectos o actuaciones declarados de interés público y “que puedan generar una significativa incidencia positiva en los municipios en riesgo de despoblamiento”.

Además, en todas las contrataciones del sector público autonómico se favorecerán “las adquisiciones de proximidad”: la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada. En los contratos menores se solicitará la participación “preferentemente” de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y autónomos para ejecutar las prestaciones de que se trate en municipios en riesgo de despoblamiento.

De hecho, en la preparación de los contratos y en los términos legalmente establecidos se procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración para facilitar la participación de las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas locales.

Otras propuestas, para fijar población, sons recuperar antiguos oficios vinculados a la artesanía y a las artes, favorecer las oportunidades de empleo y asentamiento en el medio rural de personas jóvenes extutelados, dar servicios de cuidado para niños de hasta 3 años e impulsar lo que denominan 'casas amigas', como lugares para cuidar esos menores donde no exista infraestructura pública.

La futura ley quiere 'empoderar' a las personas mayores para garantizar “un envejecimiento activo” -y a la vez crear una red de voluntarios que las acompañen- y propone utilizar el helicóptero para emergencias sanitarias.

Otra de las cuestiones es que se apuesta por modelos de viviendas colaborativas para personas mayores, con discapacidad, necesidades especiales o en situación de soledad no deseada. Vivienda compartida o vivienda con apoyos e iniciativas compatibles con el cohousing, como modelos de comunidades autogestionadas, también se impulsan en esta nueva normativa.

81 pueblos con menos de diez habitantes

Actualmente hay 41 municipios en riesgo de despoblación de los 102 que tiene Cantabria. 81 pueblos de Cantabria tienen menos de diez habitantes. En seis pueblos solo está empadronada una persona. En otros, ya ha desaparecido hace años todo rastro humano. Porcieda lleva más de veinte años deshabitado y es un pueblo en venta que periódicamente es noticia en los medios. Sigue sin comprador. No es el único pueblo fantasma. Moroso, en Valderredible. Montabliz, en Bárcena de Pié de Concha. Beares y Enterría, en Camaleño. Vegaescobosa, en Luena. En todos ellos habita el silencio y el olvido.

Subvenciones taurinas para estimular empadronamientos

De todas las iniciativas que se ensayan contra la despoblación tal vez la más extravagante y controvertida es subvencionar corridas de toros en pueblos. La polémica medida del Gobierno autonómico del Partido Popular lleva tres años desarrollándose sin éxito: se han gastado 132.000 euros para conseguir cuatro nuevos habitantes en los cinco municipios rurales de Cantabria beneficiados con ayudas publicas para eventos taurinos: Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca. Es decir, cada empadronamiento cuesta 33.000 euros de dinero público.

En paralelo, el Ejecutivo cántabro ha apostado por facilitar la proliferación de alojamientos turísticos en los suelos rústicos, donde se están autorizando viviendas y apartamentos turísticos en suelo no urbanizable. La medida se justificó inicialmente para que los hijos pudiesen construirse una vivienda en el terreno de sus padres y quedarse a vivir en el pueblo. Aunque es común a todos los municipios, no solo como excepcionalidad en ayuntamientos despoblados. En cualquier caso, la normativa no permite específicamente el uso turístico del suelo rústico, pero se autoriza si el propietario lo registra como un único inmueble que integra diferentes apartamentos o alojamientos, por lo que en la práctica lo consiente. También en municipios sin problemas de despoblación.

Un texto legal contra la diáspora rural

Las medidas que propone el Gobierno en la futura Ley para hacer que los pueblos dejen de perder habitantes supone que todas las administraciones se sumen a la estrategia y que integren lo que denominan 'perspectiva demográfica' en todas sus decisiones y acciones. La idea es no solo atraer nuevos habitantes sino, en paralelo, “lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural”, explica el Gobierno cántabro.

La normativa obliga a que el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria presente un informe anual sobre la situación demográfica y territorial de Cantabria, que analizará las medidas adoptadas. Ese informe se aprobará en el Consejo de Gobierno y después se enviará al Parlamento de Cantabria.

Los municipios se clasificarán en tres categorías: riesgo de despoblamiento, riesgo grave de despoblamiento y municipios con tratamiento especial y diferenciado, aquellos que deben ser protegidos por su ruralidad, el envejecimiento de su población o su emplazamiento geográfico de alta montaña. Los requisitos concretos de estas categorías -que se revisarán cada dos años- los decidirá el Consejo de Gobierno.

Pastonatur se trata de una nueva iniciativa que une a 12 entidades de España, Francia y Portugal para transformar la percepción y la gestión de la ganadería extensiva en los espacios naturales protegidos. Con una duración prevista de cuatro años, el proyecto busca equilibrar la conservación ambiental con la rentabilidad económica de las explotaciones.

Frente a la creencia común de que la declaración de un espacio protegido supone una restricción para la actividad humana, Pastonatur propone un modelo de conservación dinámica. Este enfoque utiliza la ganadería regenerativa como un motor para mejorar la salud de los suelos y fomentar la biodiversidad en ecosistemas tradicionales como la dehesa.

Desde la Universidad de Extremadura, investigadores del Centro Universitario de Plasencia y el Instituto de Investigación de la Dehesa (INDEHESA) aportan su amplia experiencia en la gestión de sistemas agroforestales. Especializado en el entorno de la dehesa extremeña, el grupo de trabajo también coordina la temática de biodiversidad de todo el proyecto y lidera las acciones de mitigación del cambio climático en España.

Tal y como explica Lourdes López Díaz, investigadora del Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal: «Existe una desconfianza histórica del ganadero hacia los espacios protegidos, pero queremos demostrar que una ganadería extensiva bien gestionada no es una amenaza, sino el principal aliado de estos ecosistemas. En el caso de la dehesa, el pastoreo es lo que mantiene el equilibrio del bosque mediterráneo; sin él, perderíamos no solo biodiversidad, sino también un sistema socioeconómico fundamental para nuestra región».

Acciones piloto y transferencia al mercado

El proyecto se encuentra actualmente definiendo las metodologías para medir los efectos del pastoreo regenerativo en 16 explotaciones seleccionadas en los tres países. En Extremadura, las pruebas se realizarán en dos dehesas ubicadas en zonas de especial protección para las aves: la ZEPA Monfragüe y Dehesas del entorno, y la ZEPA Llanos de Alcántara y Brozas.

Además, el proyecto no se limita al planteamiento teórico, sino que aborda toda la cadena de valor mediante cuatro actividades piloto. En primer lugar, se evaluarán los beneficios a nivel medioambiental y socioeconómico del pastoreo extensivo. De esta manera se comparará los beneficios ambientales y económicos del pastoreo regenerativo frente a métodos convencionales.

Como segunda propuesta, se creará un estándar común de certificación que contempla instaurar un sello de calidad para que el consumidor identifique los productos (carne y leche) procedentes de estas prácticas.

Además, como punto clave se contempla la gestión comercial y distribución de los productos. Por eso, la tercera actividad busca optimizar los canales de venta, favoreciendo la distribución en “canales cortos” de venta como hospitales, colegios y tiendas locales.

Por último, se intentará incentivar la presencia y conocimiento del producto en el sector gastronómico mediante la colaboración con 30 restaurantes. El objetivo es que el consumidor comprenda el valor ambiental de lo que está degustando y esté dispuesto a pagar un precio justo que repercuta en el ganadero.

Como señala la investigadora Lourdes López, el objetivo final es que la conservación sea vista como una oportunidad económica: «Una explotación bajo el modelo de conservación dinámica mejora la calidad de su suelo y su producción a largo plazo, resultando más resiliente y competitiva que los modelos intensivos».

Pastonatur está coordinado por la Fundación Andanatura y cuenta con socios de primer nivel como la Junta de Andalucía, la Universidad de Évora y la Cámara de Agricultura de Ariège, entre otros. En Extremadura, apoyan el proyecto entidades representativas del sector, como la Junta de Extremadura y diversas asociaciones ganaderas.

Cuando en el año 2015 se tapió la puerta de la Iglesia de la Asunción de la aldea de Luezas por seguridad ante el avanzado estado de ruina del templo, “se tapió también la esperanza de recuperarla”, según recuerda Charo Rodrigo, la presidenta de la Asociación Amigos de Luezas. Sin embargo, la unión de los vecinos y vecinas y el empeño en mantener un pueblo en la que ya no hay población permanente, han conseguido que esta aldea del Camero Viejo mantenga la vida y que su iglesia se convierta en un espacio cultural y social, una de las únicas dos iglesias de La Rioja, junto con la de Treguajantes, cuyo uso ha cedido la Diócesis al Ayuntamiento de Soto en Cameros, de quien depende la aldea, y este a su vez a la asociación Amigos de Luezas.

La recuperación de la iglesia ha sido un camino muy largo hasta llegar a la jornada de reapertura del próximo sábado 16 de mayo. Ya en los años 60, con el pueblo todavía habitado, los vecinos hicieron una colecta y compraron una maderas para reparar el tejado, que ya sufría importantes daños. Sin embargo, aquel momento coincidió con el momento de despoblación del medio rural y la pérdida de habitantes de Luezas y aquellas maderas no llegaron a colocarse. Más adelante, en 1984, se funda la asociación Amigos de Luezas y se empiezan a arreglar las casas del pueblo, consiguiendo que aunque no haya población fija, “siempre hay alguien y muchas personas van los fines de semana”, señala Charo.

Ya en los años 60 se retoma la idea de reparar la iglesia, pero finalmente no fue posible y en 2015 el riesgo de accidentes obligó a tapiar la puerta. Sin embargo, el pueblo de Luezas, quienes habían crecido en sus calles y sus descendientes no perdieron la ilusión y la celebración del Día del Camero Viejo en 2016, una jornada de reivindicación rural que cada año se realiza en uno de los municipios de la comarca, recuperó las ganas de arreglar la iglesia.

Desde entonces, un largo camino que todavía continúa por convertir el templo en un espacio polivalente en el que los vecinos y visitantes puedan juntarse y celebrar actividades culturales y social. En 2019, el Gobierno de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Soto en Cameros, hizo una primera intervención que consistió en el desescombro del tejado, refuerzo de las bóvedas e instalación de una cubierta metálica para impermeabilizar y proteger los arcos y los nervios interiores que estaban muy dañados por las filtraciones.

Apadrina una piedra

Aquellas obras evitaron un probable colapso de la iglesia, pero impulsaron la segunda fase que incluía la consolidación de la nave central para permitir el acceso seguro. El Ayuntamiento volvió a participar a través de una subvención del Gobierno de La Rioja, pero era necesario completar el 35% de la inversión —8.680 euros— para poder ejecutar la obra. Ante este reto, Amigos de Luezas lanzó la colecta “Apadrina una piedra”, un crownfunding con el que consiguieron recaudar unos 1.900 euros y al que se sumaron los fondos recaudados por otra colecta Hispania Nostra. Así, euro a euro y piedra a piedra, con padrinos de todo el país y hasta de Estados Unidos, se consiguió iniciar la obra.

Ahora, todos los vecinos que vieron tapiar la puerta esperan con emoción la reapertura de la iglesia. “Es la demostración de que con perseverancia y solidaridad estos esfuerzos alcanzan grandes logros”, dice la presidenta de la asociación Amigos de Luezas con ilusión. La reparación de la iglesia de Luezas es el fruto del tesón de varias generaciones, las que nacieron allí y nunca perdieron el arraigo y a las que les inculcaron el vínculo al pueblo. “Para quienes vivieron allí la reapertura significa volver a sentir que hay vida en estos pequeños pueblos”, apunta Charo.

Y el reto no para. El resto de lo recaudado en los crownfundings se empleará en una tercera fase, que ya se ha solicitado, y que consiste en el acondicionamiento básico, la solera y las ventanas para convertir la iglesia en un centro social. En este sentido, la Diócesis concedió en 2024 la cesión de uso de la iglesia de Luezas y de Treguajantes, recuperada también gracias a sus vecinos, al Ayuntamiento de Soto en Cameros por 25 años. Un proceso que se había dado en ermitas riojanas pero no en otras iglesias. El convenio deja en manos del ayuntamiento las obras de mejora y de conservación, con información previa y que vele porque las actividades que en él se realicen “no resulten incompatibles con el significado y el carácter religioso que históricamente detentan dichos inmuebles”.

La primera gran actividad que acogerá el templo es la jornada de reapertura el sábado 16 de mayo, que contará con la actuación de los danzantes de Luezas, el reconocimiento a las instituciones y personas donantes, una actuación del coro de adultos de Piccolo y Saxo y una charla sobre el valor patrimonial de la iglesia a cargo de Rioxa Nostra. “Será el símbolo de la vida que se mantiene en Luezas”, dice orgullosa Charo. Porque ya se esperan 250 personas, llegadas incluso desde Chile y Australia, otras que no vuelven a Luezas desde que se fueron de allí. Todos han elegido este día para reencontrarse con familiares, con vecinos y con su pueblo. “Será el momento de decir: 'Lo hemos conseguido y juntos”. Cientos de amigos de Luezas cruzarán de nuevo el umbral de la puerta de Luezas que un día tuvo que tapiarse y que ahora se abre y con ella también se abra un poco más la vida de esta aldea camerana.

La Fundación Franz Weber ha asegurado que las ayudas convocadas por el Gobierno de Cantabria para facilitar la organización de espectáculos taurinos en los municipios de la comunidad en riesgo de despoblamiento han permitido “fijar cuatro habitantes en tres años”, en los que la entidad naturalista cifra en alrededor de 132.000 euros el importe de estas subvenciones de la Consejería de Presidencia.

Así lo ha señalado en un comunicado difundido después de la última convocatoria del departamento que dirige Isabel Urrutia (PP), con un presupuesto anual de 41.000 euros destinados a 41 ayuntamientos.

La fundación critica que el Ejecutivo defienda que entre los objetivos de estas ayudas figuren fijar población y dinamizar la economía. “Ni fijan población ni suponen una actividad dinamizadora real”, sentencia. “El Ejecutivo autonómico ha dedicado desde 2024 alrededor de 132.000 euros bajo esta excusa, pero la realidad poblacional en los municipios agraciados en diferentes convocatorias muestra una evidente incapacidad para incidir de forma positiva”.

En este sentido, FFW señala que cinco municipios que han recibido estas ayudas -Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca- cuentan con “cuatro nuevos habitantes”. Por eso, critica la posición del Gobierno cántabro de “apoyar la tauromaquia empleando subterfugios como la despoblación”, cuando “las necesidades” de estos municipios “son muy diferentes”, como mejoras de internet, sanidad o infraestructuras, según citan.

Este colectivo cuestiona la “coincidencia” de los municipios que reciben las ayudas, que son “prácticamente los mismos”, pues la convocatoria se dirige a más de 40 y “solo cuatro o cinco” perciben las ayudas, lo que a juicio de FFW refleja que “la inmensa mayoría de los consistorios no quiere participar de la tauromaquia”. Por último, asegura que las convocatorias subvencionadas incorporan ofertas dirigidas a “menores de edad, incluso acceso gratuito”, lo que contraviene advertencias del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La Comisión Permanente del Consejo Asesor de Lucha contra el Despoblamiento ha celebrado este jueves su primera reunión, en la que el Gobierno de Cantabria ha presentado el borrador de la futura ley de lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico, un texto que prevé remitir al Parlamento como proyecto antes del verano.

El borrador de este anteproyecto ha superado su primer trámite tras obtener el visto bueno de la Comisión Permanente, al incorporar además las alegaciones y propuestas de los municipios y de la Universidad de Cantabria.

Antes de presidir la reunión, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), ha explicado a los medios que el objetivo de esta norma es “poner en la agenda de las administraciones la lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico en todas las políticas públicas que se pongan en marcha”, con el fin de dar “una respuesta integral y permanente en el tiempo con un marco normativo concreto y con medidas reales”.

El borrador, que ha comenzado este jueves su tramitación con el análisis en el seno de la Comisión Permanente, es fruto del trabajo conjunto de todas las consejerías del Gobierno de Cantabria y de las aportaciones realizadas por los miembros del Consejo Asesor en los últimos años.

Además, según ha dicho la consejera, ha tomado como “base” el documento elaborado por el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, que no llegó a tramitarse. “No partíamos de cero, pero creo que es un texto mucho más ambicioso, más real y acorde a las necesidades de Cantabria”, ha subrayado Urrutia.

Respecto a su contenido, la futura ley se estructura en 66 artículos distribuidos en cuatro títulos, además de un preámbulo y diversas disposiciones, y se articula en dos grandes bloques.

Por un lado, hay una parte general que define el objeto, ámbito de aplicación y finalidades de la norma, así como las medidas generales de acción, organización y planificación de la Administración autonómica. Por otro lado, se incluyen un conjunto de medidas específicas dirigidas a los 41 municipios en riesgo de despoblamiento.

Entre las principales actuaciones previstas, destacan las rebajas fiscales y deducciones en estos municipios, así como medidas de discriminación positiva en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, con el objetivo de incentivar la cobertura de puestos de trabajo de difícil provisión.

Asimismo, el texto contempla iniciativas en ámbitos clave como la sanidad, la educación, la inclusión social o la lucha contra la soledad no deseada, además de actuaciones en turismo, cultura, seguridad y combatir la brecha digital. También promueve la colaboración entre administraciones y con el sector privado, así como la sensibilización social y la puesta en valor del medio rural.

En la parte organizativa, la nueva norma obligará a que haya una consejería competente en esta materia, que coordinará las competencias de las distintas consejerías, incluyendo la acción también del Consejo Asesor.

La consejera de Presidencia ha incidido en el carácter transversal de la norma, que implicará tanto a la Administración autonómica como a las entidades locales. “No solo afecta y obliga a la administración autonómica y su sector público, sino también a la administración local, con la que tendremos que coordinar, apoyar e impulsar medidas concretas”, ha explicado.

El texto incorpora además el deber general de todas las administraciones de integrar la perspectiva demográfica en su acción de gobierno, en la producción normativa y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

El objetivo último es “promover la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y libertades de los cántabros que viven en los municipios en riesgo de despoblamiento, aumentar la población, frenar estos procesos y no solo atraer nuevos habitantes, sino también lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural”.

Tras esta primera reunión, el borrador será sometido a las aportaciones de los miembros de la Comisión Permanente y, posteriormente, del conjunto del Consejo Asesor. De forma paralela, el Gobierno abrirá en mayo el trámite de audiencia e información pública para recabar la participación de la ciudadanía. Una vez analizadas las alegaciones, el texto continuará su tramitación interna hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión al Parlamento de Cantabria como proyecto de ley.

Fundación Eurocaja Rural ha participado esta mañana en la presentación del VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, celebrada en la Sala Europa del Senado, una iniciativa impulsada por la Cátedra de Despoblación y Desarrollo Rural de Next Educación y Fundación AXA que analiza la evolución, retos y oportunidades del medio rural en España.

En este acto han intervenido el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto Aranzábal; el secretario general para la lucha contra la despoblación, Francésc Boya Alós; y el presidente de Next Educación y director de la Cátedra de la Despoblación y Desarrollo Rural, Manuel Campo Vidal, quienes han subrayado la importancia de impulsar la sostenibilidad y el desarrollo del medio rural y de promover “estudios rigurosos que permitan analizar la situación real de nuestros núcleos rurales y diseñar políticas eficaces frente al reto demográfico”.

La gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, ha participado desde el escaño del Senado subrayando el compromiso de Eurocaja Rural y su Fundación con la cohesión territorial, el apoyo al emprendimiento y la lucha activa contra la despoblación en los territorios donde opera, en línea con su constitución como entidad de economía social hace más de 60 años.

Conclusiones del estudio

El VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, elaborado a partir de una amplia encuesta a población vinculada al medio rural, constata “una mejoría en la percepción de los avances, aunque subraya que estos siguen siendo limitados”. Entre los principales retos señalados destacan el exceso de burocracia, la falta de vivienda y el escaso apoyo a los emprendedores, así como la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones.

En este contexto, Susana Cortés subrayó “la importancia de seguir impulsando proyectos que generen futuro, que fortalezcan el tejido social y que contribuyan a que nuestros pueblos sigan siendo espacios vivos, dinámicos y llenos de posibilidades”. En definitiva, permitir que cada persona pueda elegir dónde vivir, sin ninguna limitación.

Iniciativas promovidas por Eurocaja Rural y su Fundación

La entidad financiera y su Fundación desarrollan una labor “continuada” para favorecer el progreso socioeconómico y fortalecer el desarrollo del medio rural en los territorios donde está presente.

Según señala Eurocaja Rural, desempeñan “un papel clave en la lucha contra la exclusión financiera, manteniendo e inaugurando oficinas en pequeños municipios”. No se trata sólo de facilitar acceso a liquidez, sino de permitir a los vecinos acceder a un asesoramiento financiero completo, un servicio esencial. De hecho, a cierre de 2025 Eurocaja Rural “es la única entidad financiera con presencia física en 71 localidades, garantizando el acceso a servicios bancarios a más de 89.000 habitantes, generando empleo y estimulando la actividad económica, en contraposición a la tendencia generalizada de cierre de oficinas del sector financiero”. Por otra parte, presta servicio en estas localidades desde 266 oficinas a más de 552.000 personas.

Fundación Eurocaja Rural desarrolla su actividad a través de iniciativas sociales y solidarias, para ayudar a los colectivos más vulnerables, y a través de proyectos que mejoran la competitividad, fomentan el empleo y la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito rural. En muchos casos, en colaboración con instituciones públicas, algo que es imprescindible.

Respecto a las iniciativas promovidas desde Fundación Eurocaja Rural, destacan las ‘Ayudas Sociales’, que cuenta con una categoría específica dirigida al ‘Desarrollo Rural’, donde se respaldan proyectos que contribuyen a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud fijando así población o mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano.

También organiza desde 2021 el foro ‘Empuéblate’, un espacio de referencia a nivel nacional dedicado a ofrecer soluciones innovadoras e intercambio de ideas eficaces desarrolladas por emprendedores, pymes, grandes empresas, asociaciones y Administraciones Públicas frente al desafío de la despoblación. Y ofrece formación gratuita en materias sensibles o de carácter específico o de capacitación, dirigida especialmente a colectivos con menos recursos, por ejemplo: ‘Campus Talento’, para menores de 30 años con formación técnica o universitaria para especializarse en Inteligencia Artificial y Transformación Digital Empresarial; ‘Cursos de Seguridad Digital’, para personas mayores; Programas de especialización en procesos agroalimentarios y sector cooperativo dirigidos a profesionales y posible relevo generacional: ‘Aula Virgen Extra’.

Además, Fundación Eurocaja Rural trabaja para dar visibilidad a la riqueza cultural, social y económica del medio rural, como la convocatoria para impulsar proyectos rurales a través de la Cátedra “Cultura y Desarrollo Rural” con la UCLM, que reconocen iniciativas comprometidas con el desarrollo sostenible y la cohesión territorial.

La Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda ha anunciado al Decanato de Registradores de Aragón que no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de las 25 oficinas liquidadoras en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, lo que justifica con una “reestructuración organizativa y operativa”. Así, dejarán de prestar este servicio el 30 de junio.

La medida afecta a buena parte de las comarcas aragonesas, especialmente a zonas despobladas de la comunidad autónoma. Los municipios que se verán afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras en la provincia de Zaragoza se encuentran Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona. En la provincia de Huesca están Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sabiñánigo, Sariñena y Tamarite de Litera. Por su parte, en la provincia de Teruel se localizan Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Híjar y Mora de Rubielos.

Esta decisión contrasta con otras comunidades donde, lejos de desaparecer, el modelo de oficinas liquidadoras se mantiene e incluso se ha reforzado en comunidades como Madrid y Andalucía.

El PSOE de Aragón ha manifestado su firme rechazo al cierre de las oficinas de estos órganos en distintos municipios de Aragón, una decisión que, a juicio de los socialistas, supone un grave retroceso en la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha expresado su “profundo malestar” ante una medida impulsada por el Gobierno de Aragón que, según ha señalado, “priva a miles de ciudadanos y ciudadanas de un servicio fundamental, especialmente en aquellos municipios donde la cercanía de la Administración resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades”.

El cierre de la oficina liquidadora de Ejea no supone únicamente la desaparición de un servicio administrativo, sino la desarticulación de un punto clave para la gestión tributaria en el medio rural. Según la alcaldesa, esta oficina da cobertura a 40 municipios y tramita anualmente liquidaciones por valor de unos 11 millones de euros, vinculadas en su mayoría a compraventas, herencias y otros actos jurídicos habituales. Su supresión obligará, a partir de julio, a los contribuyentes a desplazarse hasta Zaragoza capital o a recurrir a gestorías privadas para realizar trámites que hasta ahora podían resolver de forma directa. En la práctica, la medida implica trasladar al ciudadano —especialmente en zonas con población envejecida y menor acceso a servicios digitales— costes adicionales de tiempo y dinero, además de dificultar el normal desarrollo de operaciones económicas cotidianas.

“Un instrumento eficaz y cercano” que desaparece

Por ello, Ladrero ha exigido una reflexión y una rectificación porque “no se puede hablar de lucha contra la despoblación mientras se eliminan servicios públicos en el territorio”, y ha subrayado que las oficinas de registro liquidadoras “han demostrado ser un instrumento eficaz, cercano y accesible, especialmente para las personas mayores o con dificultades para relacionarse con la administración digital”.

En este sentido, ha defendido el papel de estas oficinas no solo como puntos de gestión tributaria, sino también como herramientas para reforzar la cohesión territorial, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y generar empleo cualificado en el medio rural. Además, son oficinas con personal cualificado que pueden ver en peligro sus 47 puestos de trabajo en todo Aragón si todo se centraliza en la capital.

Asimismo, Ladrero ha incidido en que “los impuestos forman parte del contrato social que sostiene nuestro Estado del bienestar, y su gestión debe ser justa, eficiente y cercana a la ciudadanía”. Por ello, ha advertido de que su eliminación “debilita la confianza en las instituciones y agrava las desigualdades entre el medio urbano y el rural”.

Ladrero tambén ha cuestionado por qué se cierra un modelo que funciona bien en Aragón y que también se mantiene en Andalucía, Madrid o Valencia, comunidades del mismo signo político de Azcón.

Los socialistas zaragozanos presentarán una moción en la Diputación Provincial de Zaragoza para defender el mantenimiento de las oficinas de registro liquidadoras en la provincia. La iniciativa propone que la institución provincial manifieste su apoyo al actual modelo descentralizado de gestión de los tributos cedidos y que inste al Gobierno de Aragón a mantener abiertas y plenamente operativas las oficinas existentes en municipios como Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona.

Asimismo, la moción reclama que cualquier modificación del modelo se realice desde el diálogo institucional, contando con la participación de las entidades locales y evaluando el impacto social, económico y territorial de las decisiones adoptadas.

“Hechos consumados”

En la provincia de Huesca, la alcaldesa de Fonz, María Clusa, critica la “política de hechos consumados” del Gobierno de Aragón, “un golpe en la línea de flotación de los servicios públicos en el territorio y cree que se abre más la puerta a que la gente se vaya de los pueblos. ”Que nos pongan un autobús y un cortacésped para cortar la hierba de la carretera“, dice con enfado tras conocer, de mano del registrador de zona, el inminente cierre de la oficina de Barbastro, distrito hipotecario al que pertenece Fonz, junto con otros 27 municipios más.

Clusa pone el acento en la profesionalidad de los trabajadores de las oficinas que, en su caso, llevan casi 20 años trabajando, prestando un gran servicio para que el realizan cursos para actualizarse. Expone que hay pactos sucesorios y casos “que requieren más formación y experiencia que tener un certificado digital”. La alcaldesa subraya que en el medio rural vive sobre todo gente mayor a los que hay que atender y no derivarles a un buzón electrónico, obligarles a bajar a la capital a realizar estas gestiones o contratar un gestor con su dinero, “una privatización encubierta del servicio”.

En cualquier caso, Clusa recuerda que los impuestos caducan a los cuatro años y deben recaudarse las liquidaciones, de modo que si el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta medida, cree que debería hacerla de un modo ordenado porque han avisado con seis meses.

En Teruel, la diputada socialista en las Cortes de Aragón, María Ariño, ha lamentado que esta decisión “vuelve a dar la espalda al medio rural”, de forma que “eliminan un servicio de cercanía y proximidad, obligando a los vecinos a desplazarse a las capitales provinciales y afectando tanto al empleo local como a la cohesión territorial”. El PSOE va a “exigir” la renovación del convenio para que las oficinas liquidadoras sigan abiertas en los pueblos a través de una propuesta en las Cortes de Aragón y en las entidades locales.

“Tenemos a Azcón y el PP hablando mucho sobre la despoblación, pero hecho reales ninguno. Al contrario, los que hacen es políticas contrarias a lo que necesitamos en el medio rural”, ha concluido la diputada socialista en relación a esta nueva centralización que, de acuerdo con los propios registradores de la propiedad, no solo aleja el servicio del medio rural “sino que no atiende a criterios ni de proporcionalidad ni de calidad”.

De hecho, los socialistas han destacado la satisfacción local por el trabajo que realizan los registradores de propiedad o los informes muy positivos del Ministerio de Hacienda sobre el servicio. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha lamentado que el Gobierno de Jorge Azcón “haga un cambio de modelo tributario” y no haya informado a los municipios afectados.

“La información nos ha llegado a través del Colegio de Registradores”, ha destacado Rando rechazando este cambio “totalmente centralizador del PP que elimina servicios del medio rural” y que, ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores que sufren la brecha digital y no pueden hacer los trámites a través de Internet. Así, ha anunciado que el Ayuntamiento de Calamocha enviará un escrito reclamando al Gobierno de Aragón que no cierre estas oficinas.

Calamocha es uno de los municipios turolenses que se verían afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras, que también existen en Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calatayud, Caspe, Castellote, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Híjar, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona.

“Ahorro para los contribuyentes”

Fuentes del Gobierno de Aragón han replicado que el proceso ya estaba previsto por el anterior Ejecutivo , incluso por los gobiernos anteriores, y que la decisión implicaba que el Gobierno de Aragón asumiera el trabajo que hacen las oficinas.

 Según las mismas fuentes, para amortiguar la decisión se acordó con los registradores dar un plazo de dos años que acababa en diciembre de 2025. Llegada esa fecha, “y como siempre se ha mantenido un canal de comunicación abierto con ellos, se acordó conceder una prórroga por lo que el plazo se amplió al próximo 30 de junio”, momento el que el Gobierno de Aragón asumirá el trabajo, “con un significativo ahorro para el contribuyente”.

Añaden que “esto no significa que los ciudadanos no vayan a estar atendidos. Va a seguir habiendo espacios físicos a los que se pueda acudir, a pesar de que un alto porcentaje de las liquidaciones que se realizan hoy en día se hacen de manera telemática”. Concluyen que “el servicio presencial no solo va a seguir existiendo, con idéntico horario, en distintas oficinas de las comarcas aragonesas atendidas por funcionarios públicos, sino que va a suponer un importante ahorro para los aragoneses”.

Sin embargo, cargos del anterior Ejecutivo han negado con rotundidad que estuviera en la agenda suprimir las oficinas liquidadoras y creen que será muy difícil asumir el servicio desde la dirección general de Tributos con su actual plantilla. Además, descartan que el servicio pueda prestarse desde las oficinas de las comarcas, donde el personal no tiene esas competencias ni tampoco formación. Igualmemente, descartan el argumento de que la mayoría de los trámites se realicen telemáticamente, ya que la mayoría de la población del medio rural es de edad avanzada y el papel de estas oficinas se fumdamenta en la atención personalizada.

Por otro lado, según ha podido saber este diario, los registradores de la propiedad llevan esperando dos años y medio una reunión con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, e incluso han sufrido más de un plantón.

Un modelo con peso en la gestión tributaria

Según un estudio del Decanato de Registradores de Aragón, las oficinas liquidadoras tramitan más de la mitad de los expedientes de los principales tributos cedidos: en torno al 55% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y cerca del 58,5% en Transmisiones Patrimoniales. En términos de recaudación, gestionan aproximadamente un tercio del total asociado a estos impuestos.

El volumen de actividad es elevado y cada año se resuelven más de 14.000 expedientes de sucesiones y más de 40.000 de transmisiones patrimoniales, con niveles reducidos de acumulación de expedientes pendientes.

Uno de los elementos más destacados del informe es la eficiencia en los plazos. Los tiempos medios de tramitación en estas oficinas se sitúan en torno a dos meses, frente a demoras que pueden superar los 20 e incluso los 40 meses en otros ámbitos de la administración tributaria. Esta diferencia apunta a una capacidad de gestión ágil en procedimientos complejos.

El estudio también subraya su papel en el control fiscal. La actividad de comprobación desarrollada por estas oficinas permitió generar liquidaciones complementarias por valor de 6,8 millones de euros, además de detectar un mayor porcentaje de incidencias que la gestión directa de la administración, lo que refuerza su función como mecanismo de lucha contra el fraude o las infravaloraciones.

En el plano de la atención al contribuyente, durante 2023 se realizaron más de 6.000 asistencias presenciales, lo que se tradujo en un ahorro estimado superior a 1,2 millones de euros en costes de gestoría, sin contar los desplazamientos evitados.

Este modelo tiene además una fuerte implantación territorial donde las oficinas liquidadoras representan casi el 89% de los puntos de atención tributaria en Aragón, lo que permite acercar la administración a zonas con dispersión poblacional y dificultades de acceso.

En el mapa de la falta de servicios del medio rural, la cultura suele ser el último en llegar y el primero en olvidarse. Y al mismo tiempo, es un derecho transformador y esencial para el arraigo en los pueblos. Con la convicción de que el libro es una herramienta de resistencia contra la despoblación, Nalda acoge este fin de semana la primera Feria Nómada Rural, un lugar de encuentro de escritores y público, con presentaciones de libros, feria con diez editoriales participantes, encuentros con autores y mesas redondas donde abrir debate cultural. Todo ello en el marco rural al que no suelen llegar este tipo de programaciones.

Con el símbolo de la Biblioteca Nómada, esa furgoneta con empeño itinerante que lleva libros a cada vez más pueblos de La Rioja, esta feria supone un paso más para reivindicar la cultura en el medio rural. “Como pasa con los bares en estos lugares, que casi deberían ser obligatorios, no porque la gente necesite tomar un café o una cerveza, sino porque necesita un punto donde conectarse, un espacio cultural como asidero. Y las bibliotecas muchas veces son ese asidero, se convierten en un agente cultural brutal para unificar a la población”, defiende Lorenzo Soto, el Responsable de contenidos y coordinación de la web de recomendación de lecturas Canal Lector de Fundación Germán Sánchez Rupérez, que participará en la feria.

“Las bibliotecas deben escuchar las propuestas de los jóvenes”

Desde la fundación, Soto coordina las actividades con jóvenes y en la mesa redonda “Comunidades Lectoras. El Papel Social de la Biblioteca” abordará precisamente en la visión de los jóvenes de la biblioteca, “en los cambios que poco a poco se están implementando en estos espacios culturales para fidelizar a este público, que, por otra parte, cada vez se ha tenido mayor desapego por este espacio, sobre todo yo creo que el mayor problema es porque no encuentran su espacio propio”, señala. Este profesional no teme la competencia de las pantallas o las redes sociales: “Es un tópico porque llevamos una década que los datos indican el público más lector de España ha sido el joven de 14 a 20 y pocos años”. Lorenzo Soto lleva más de 25 años trabajando de cerca con la juventud y constatando su interés por la lectura. “Una vez que consigues una fidelización es una fidelización para siempre e incondicional y aprendes de ellos permanentemente porque son el termómetro de los cambios de la sociedad, ellos te indican las nuevas tendencias”, pone en valor.

Por ello, reivindica que los espacios culturales y las bibliotecas en concreto deben adaptarse para tenerles en cuenta, una trasformación que llevan años haciendo y que, según considera Lorenzo, debe pasar por “escuchar sus propuestas y darles pie a hacer una programación”. Es consciente que la financiación es a menudo el gran obstáculo, pero si fuera posible, reivindica la importancia de contar con “bibliotecas solo para la gente joven, con una programación estable de actividades, con dinamización de las propuestas, con un club de lectura, con encuentros con el autor...”.

Dificultades que se multiplican en el ámbito rural, por lo que, para Lorenzo Soto, la Feria Nómada Rural es una “idea espectacular” también para “poner en valor todo ese trabajo que hacen bibliotecarios en el ámbito rural y los bibliobuses”. Y subraya: “De los bibliotecarios rurales tendríamos que aprender también en lo urbano, porque creo que esas dificultades hacen que afinen un poco más tu ingenio a la hora de llegar a los lectores”. Recuerda así a los bibliotecarios de pueblos de Chile, donde realizaron un proyecto, que tenían que llevar los libros en burro o a sus veranos en la biblioteca de pueblo, que fueron caldo de cultivo para él como lectores.

Dibujos en directo

El poder transformador de la lectura que reivindicará la Feria Nómada Rural es precisamente el argumento del nuevo cuento de la ilustradora Chus Rojo, que presentará el domingo, junto al escritor Fran Alonso, La rebelión de la lectura, que propone una metáfora sobre la importancia del pensamiento crítico a través del cuento clásico de los tres cerditos. “Es una historia sobre la importancia del pensamiento y de la comunidad. En el libro, personajes muy humildes tienen que pagar hasta por la luz del sol, y terminan encontrando en la lectura la fuerza para rebelarse y echar a andar”, explica la artista.

Durante la presentación, la ilustradora dibujará en directo mientras se sucede la narración, buscando que el público perciba que las historias son algo vivo. Los niños y niñas de Nalda y de los pueblos del entorno no pueden disfrutar en su pueblo de este tipo de actos a menudo. “A veces nos olvidamos del mundo rural. Hay mucha gente que vive en zonas rurales y realmente no les estamos ofreciendo servicios culturales porque se concentran en las grandes ciudades”, señala Rojo, que añade: “Se van dejando en el olvido y la gente tiene que desplazarse o directamente se van a vivir a una ciudad más grande para tener más servicios”.

Como ocurre en el cuento de Chus y Fran, los libros son capaces de transformar sociedades. De hecho, esta ilustradora se queda con una descripción que le ha escuchado estos días a su compañero: “Las palabras son como globos cuando los sueltas y se van volando. Te hacen libre”. La Feria Nómada Rural, como la Biblioteca Nómada, acercan los libros para que los habitantes de los pueblos de La Rioja también puedan volar.

Paco Paricio tiene muy claro que un títere no es solo un muñeco. El títere es un objeto de juego intergeneracional, que “coge vida al moverlo” y que, en ocasiones, se convierte en “objeto mediador, mejor que la palabra”. Es la máscara al actor. Un ser inanimado, a priori, pero que se convierte en todo un medio de comunicación. El títere es también protagonista en Abizanda. 

En este pequeño pueblo oscense de menos de 200 habitantes se alzó hace ya dos décadas La Casa de los Títeres, un refugio para la cultura en plena comarca del Sobrarbe, en el Pirineo aragonés. La Casa de los Títeres es, en realidad, la unión de tres casas de pueblo: casa Simona, casa Lecina y casa Maza. Rescatadas de la ruina, se han restaurado transformándose en un teatro, un museo y una residencia de artistas. “Nos parecía en principio una utopía, pero teníamos mucha ilusión. Hemos viajado por todo el mundo y siempre decíamos que nos gustaría tener un teatro donde poder hacer nuestras funciones, que viniera el público a vernos. Luego, acoger todo el material que tenemos precisamente de los viajes, los títeres y los grabados, y poderlo mostrar”, relata Pilar Amorós.

Amorós y Paricio son los creadores de este hogar teatral pirenaico así como los fundadores, directores y miembros de Los Titiriteros de Binéfar. Una compañía que lleva en activo desde hace 50 años y que, por ende, no requiere de mucha presentación. Aunque por entonces ser titiritero estaba visto “como un trauma para nuestros padres”, como explica Paricio, ellos han sido los compañeros de viaje de miles de infancias en el mundo. En la actualidad, son 12 los integrantes de la agrupación, a los que se suman entre seis y siete colaboradores. 

Decenas de países visitados con sus espectáculos, libros —como su último ejemplar 'Juegos y recursos del titiritero'—, discos con más de 170 canciones versionadas (algunas son propias) y, por supuesto, más de 50 obras de teatro, destinadas a un público familiar que no infantil. “Ver reír a padres, abuelos y niños es fantástico. Intentamos que los espectáculos siempre sean para todos los públicos y que no se queden solo en el teatro; sino que, al salir, les quede un poso con el que luego hablar”, detalla Amorós. Por todo ello, no es de extrañar que en el año 2009 fueran galardonados con el Premio Nacional de Teatro para la infancia y la juventud gracias a 'El hombre cigüeña'.

Más allá del teatro

En el interior de casa Simona se encuentra el teatro de este 'hogar titiritero'. Esta sala tiene un aforo de 100 personas y cuenta con gallinero —que no el de aves—, sino ese “conjunto de localidades en la parte más alta”, que define la RAE. Siendo los meses de julio y agosto los más intensos, el escenario acoge actuaciones en festivos y puentes como San Jorge, Todos los Santos o estos días de Semana Santa.

Cabe destacar que no solo actúan los veteranos titiriteros, sino que otros grupos teatrales internacionales se hacen eco entre sus bambalinas, y no solo en este género: “No somos muy fanáticos de que la programación tenga que ser de títeres. Siempre nos gusta que haya de todo, que sea multidisciplinar en todos los sentidos”, indica Amorós.

A casa Simona se suma su museo de títeres, grabados y pinturas teatrales de casa Lecina. Un museo manipulativo con piezas traídas de Francia, Inglaterra, India, China, Vietnam, Brasil, Ucrania… que muchas han sido obtenidas de mercadillos o rastros. De hecho, en sus espectáculos también utilizan este tipo de material, aunque en su mayoría los fabrican y diseñan ellos. Madera, cartón y tela; esas son sus materias primas, pero como advierte Paricio: “Para nosotros es importante los títeres, pero todavía es más importante la historia que vamos a contar y por qué la vamos a contar”.

La tercera es casa Maza, el alojamiento artístico. Además de brindar techo a los artistas que trabajan en La Casa de los Títeres, es refugio de residencias artísticas. Es decir, elencos que huyen del mundanal ruido, buscando un lugar de trabajo inspirativo: “Es un espacio para la creación estupendo: tiene el teatro, una sala de ensayo, alojamiento y, sobre todo, la tranquilidad, el relax… Ese binomio de naturaleza y teatro es muy importante, muy interesante y muy agradable”, declara Amorós. 

Abizanda y los títeres

“Desde siempre, todos los vecinos nos han acogido muy bien. Ellos sienten que es una casa más, un espacio más del pueblo”, analiza Amorós. Así, cada puente de Todos los Santos, la falsa de casa Maza es el escenario de una actividad muy especial. Es el final de una actuación, que culmina con música, vino, dulces preparados por las mujeres abizandinas y memoria. “El año pasado fue muy emocionante porque trajeron fotos de sus padres, de sus abuelos, de cuando se casaron…”.

Y es que la música siempre está presente en los shows de Los Titiriteros de Binéfar. Es una de sus señas de identidad, que ha ido cambiando durante estas décadas: “Hemos evolucionado. Estábamos en el folclore puro y duro, con gaitas y dulzainas, y ahora vamos poniendo algo de electrónica”, agrega Paricio.

Pero si hay algo que es inherente a ellos, como se señalaba al inicio de este texto, es el títere. El títere que ya es emblema de este pueblo de Sobrarbe. Ese objeto para jugar y mediar, pero que también parece cobrar vida propia: “Cuando el títere, no voy a decir protagonista, es personaje de la historia; es lo que yo llamaría teatro de títeres”, sentencia Paricio.

Próximas actuaciones

Con un precio de 10 euros por entrada, La Casa de los Títeres ha acogido estos días varias actuaciones: ‘Niña Jaguar’ de la compañía brasileña Mosaico Cultural, un espectáculo de clown titulado 'A comer…!' de Cía Patri Coronas y Monopájaroverde Circus Company, así como 'El jardín de la alegría' de los propios Titiriteros de Binéfar. Esta última obra protagonizada por la propia Amorós y acompañada por el músico Quiri Aquilué, está inspirada en la cultura tradicional, pero con un aire renovado: “Lo que monto es un jardín con recuerdos, con objetos, con canciones, con mi memoria. La comparto con todos y con el músico que me ayuda efectivamente a ponerla en valor”, aclara la titiritera.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha remitido a los ayuntamientos de la Comunidad foral una “ordenanza tipo” para exigir un impuesto sobre las viviendas deshabitadas. De esta forma, cada municipio podrá desarrollar su propia normativa para “movilizar” la vivienda sin habitar y “ampliar la oferta disponible”.

El objetivo de la medida, según ha afirmado su presidente, Xabier Alcuaz, es que los ayuntamientos dispongan con una herramienta jurídica “sólida, clara y adaptable que permita a cada municipio desarrollar su propia ordenanza conforme a su realidad y a sus decisiones”.

Además, la Federación ha remitido una circular informativa a los consistorios sobre cómo se aplicaría este impuesto, de forma que quede claro “el marco legal, los pasos necesarios para su puesta en marcha y facilitar la labor de los ayuntamientos en una materia de notable complejidad técnica”. En la circular figura que el impuesto sobre viviendas deshabitadas “tiene carácter obligatorio en la Ley Foral de Haciendas Locales, si bien su exacción efectiva requiere la aprobación de la correspondiente ordenanza municipal”.

Alcuaz ha instado a los ayuntamientos a que tramiten, aprueben y desarrollen esta herramienta legal que, a su entender, puede ser “un instrumento útil dentro de una política local de vivienda más amplia”. El presidente de la FNMC ha señalado que cada ayuntamiento decidirá el alcance de este impuesto según los rangos que fija la normativa. Así, el primer año va del 0,25% a un 0,50%, el segundo de un 0,50% a un 1% y, a partir del tercero, el 1,5%. La Federación, ha insistido, “no dirá qué tipo tiene que poner cada entidad local, ni si tiene la obligatoriedad” de aplicarlo, sino que recurrir a este impuesto dependerá de la “voluntariedad” de cada entidad local.

Por otro lado, ha llamado al Gobierno de Navarra a “garantizar un aporte automatizado, actualizado y continuo” de la información de Registro de Viviendas Deshabitadas, como un “paso imprescindible para poder implementar luego de forma práctica estas ordenanzas”. Puesto que este impuesto “solo puede aplicarse a viviendas que hayan sido declaradas deshabitadas por el Departamento y que figuren, inscritas en el Registro de Viviendas Deshabitadas”.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos va a organizar talleres formativos dirigidos tanto a personal técnico como político de las entidades locales, “reforzando, si es necesario, los recursos ya previstos en los presupuestos de 2026 y recurriendo también a la asistencia técnica para poder abordarlo con solvencia”.

Estos talleres abordarán cuestiones como las viviendas deshabitadas, la rehabilitación, las viviendas colaborativas, las zonas de mercado tensionado, el plan de vivienda rural o “experiencias concretas desarrolladas en el sector local”. “Queremos que las medidas anunciadas no se queden en el papel y que la vivienda sea abordada como una prioridad pública compartida desde la cooperación institucional y desde el reconocimiento del papel que juegan ayuntamientos y concejos”, ha destacado Alcuaz, quien ha subrayado que la organización quiere “contribuir a esa tarea con seriedad, con propuestas útiles y con la voluntad de acuerdo”

Este martes 31 de marzo se cumplen siete años desde que miles de personas llenaran el centro de Madrid para exigir un Pacto de Estado contra la despoblación, la llamada Revuelta de la España Vaciada, que ha perdido parte del impulso político que logró situar al reto demográfico en el centro del debate nacional. La caída del apoyo electoral a partidos como Soria ¡Ya! o Teruel Existe abre ahora la incógnita de si este problema ha dejado de movilizar a los votantes o ha perdido espacio en una agenda marcada por la “polarización”.

El 31 de marzo de 2019, entre 50.000 y 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno y los organizadores, marcharon por el centro de Madrid para denunciar décadas de “abandono” territorial y reclamar “igualdad de oportunidades” entre el medio rural y las ciudades. Convocada por Soria ¡Ya! y Teruel Existe, la manifestación reunió a más de 80 plataformas ciudadanas y convirtió la despoblación en una cuestión de Estado. Aquella movilización abrió una ventana política inédita para las candidaturas territoriales, capaces de trasladar al Parlamento y a varios gobiernos autonómicos una reivindicación hasta entonces periférica.

Sin embargo, el contexto actual es distinto. En los últimos ciclos electorales autonómicos, varias de estas formaciones han perdido representación o respaldo ciudadano en paralelo a un escenario político dominado por el voto útil y la confrontación entre bloques ideológicos, que ha reducido el espacio de los partidos centrados en el reequilibrio territorial.

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, vincula este retroceso al desplazamiento del debate hacia claves estatales. Según explica, la formación ha pasado de rozar el 43% del voto en su primera cita autonómica a situarse en torno al 20%. “Supimos transmitir en 2022 una emoción de protesta frente al abandono histórico de Soria, pero ahora esa emoción se ha visto contrarrestada por el voto en clave nacional”, señala. A su juicio, la presencia constante de líderes nacionales durante la campaña electoral en provincias como Soria buscaba “polarizar el mensaje y no dejar espacio a lo territorial”.

En ese contexto, Ceña critica además la escasa ejecución de las políticas públicas frente al reto demográfico y sostiene que las 130 medidas aprobadas por el Gobierno “no han servido de nada”, recordando que el Tribunal de Cuentas detectó que solo el 37% de los fondos previstos llegaron a núcleos despoblados.

Tomás Guitarte, del Congreso a las Cortes de Aragón

En esta línea, el diputado de 'Teruel Existe' en Aragón, Tomás Guitarte, coincide en señalar la polarización como uno de los factores decisivos para explicar el cambio de escenario. “Se está consiguiendo polarizar la situación política y da igual que estés en un territorio u otro: lo importante es si el voto es anti-Sánchez o anti-Vox”, afirma.

Según advierte Guitarte, esta dinámica ha relegado a un segundo plano los problemas estructurales del medio rural y ha contribuido a una progresiva “invisibilización” del fenómeno. “Cuando un problema no se quiere resolver, lo que se intenta es que no aparezca”, sostiene.

Sin embargo, el politólogo Pablo Simón introduce otro elemento a la lectura: el auge electoral de estas plataformas también respondió a un momento político “excepcional difícilmente reproducible”. A su juicio, muchas de estas formaciones nacieron como partidos “nicho”, articulados en torno a una única reivindicación, lo que “limita” su consolidación si no logran traducirla en resultados visibles. “En el momento en que no son capaces de revertir una situación tan estructural como la despoblación, los electores abandonan”, explica.

Parte de ese voto 'protesta', añade el politólogo, se ha desplazado hacia otras opciones políticas en un contexto de mayor confrontación electoral. “Una parte está yendo hacia Vox y otra retorna a las formaciones tradicionales”, apostilla. Con todo, Simón subraya que el movimiento sí logró un objetivo político relevante: instalar la despoblación en la agenda pública. “Los partidos grandes han absorbido ese discurso y eso también es un éxito, aunque no sea electoral”, sentencia.

Pérdida del foco mediático

El desplazamiento del debate hacia conflictos nacionales e internacionales también ha reducido la visibilidad mediática del reto demográfico. Así lo apunta el catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín, que sitúa el cambio de prioridades informativas como una de las claves del actual escenario. “Las cuestiones que han estado en el centro del debate han sido la tensión entre gobierno y oposición, no la despoblación”, admite Vallespín.

En este contexto, añade, algunas formaciones como Vox han logrado canalizar parte del malestar del medio rural mediante discursos centrados en el abandono del campo o la ganadería. “Para algunos votantes, apoyar a Vox también es una forma de visibilizar los problemas locales”, señala.

La pérdida de peso electoral de las plataformas de la España Vaciada no implica, sin embargo, una mejora sustancial de la situación demográfica, según coinciden algunos expertos.

Desde una perspectiva económica, Vicente Pinilla, catedrático en Economía en la Universidad de Zaragoza e investigador especializado en el sector agrario, el comercio internacional, la despoblación y las migraciones, advierte de que en Aragón, por ejemplo, las localidades de menos de 5.000 habitantes siguen reduciendo residentes mientras crecen los núcleos urbanos de mayor tamaño. “No puede decirse que esté habiendo una vuelta al campo”, apunta. El principal obstáculo sigue siendo el empleo cualificado, seguido del acceso a la vivienda y la movilidad, aunque la red de servicios públicos presenta actualmente niveles “bastante razonables”. La dependencia del vehículo privado continúa siendo, en todo caso, un factor limitante.

Un “punto de inflexión”

En esta línea, el investigador Juan Antonio Lobato introduce un matiz: aunque la tendencia no se ha revertido, sí detecta una desaceleración del ritmo de pérdida poblacional. España, explica, se encuentra en un “punto de inflexión”, aunque advierte de que cualquier cambio estructural requiere décadas de políticas sostenidas. “La despoblación no se va a solucionar de forma inmediata, pero vivimos en una sociedad que exige soluciones inmediatas”, lamenta Lobato.

Siete años después de la Revuelta de la España Vaciada, el reto demográfico ha perdido centralidad política, pero no urgencia territorial. La movilización que llevó el problema al corazón de Madrid en 2019, no ha encontrado aún una respuesta capaz de revertirlo.

Bajo el título ‘Una oportunidad de país: inversión, innovación y futuro para España’, Suzana Curic, directora general de AWS en España y Portugal, ha tomado la palabra en la tercera y última jornada del VI Foro Económico de elDiario.es para dibujar el mapa de ruta de Amazon Web Services (AWS) en la península.

La infraestructura tras la pantalla

Para romper el hielo, Curic ha invitado al público a reflexionar sobre la cotidianidad de la tecnología. “Cada vez que usáis vuestros móviles, pagáis o desbloqueáis cosas... estáis usando un centro de datos en el mundo”, ha explicado, presentando este fenómeno como una “conexión invisible” y una “oportunidad real para España”.

La directiva ha explicado que lo que percibimos como una nube, en realidad requiere una infraestructura física y crítica que está posicionando a nuestro país como referente europeo en el sector.

La responsable de AWS ha recordado el anuncio realizado el pasado marzo junto al Gobierno en el Mobile World Congress, de una ambiciosa expansión con una inversión, que hace años que comenzó, y que prevé ser de 33.700 millones de euros hasta 2035. Un despliegue que, según Curic, no solo busca fortalecer la red de datos, sino que se estima que generará 29.900 puestos de trabajo a tiempo completo y aportará 31.700 millones de euros al PIB español para mediados de la próxima década.

Tecnología contra la despoblación

Uno de los puntos clave de la intervención ha sido la referencia al impacto territorial, ya que se trata de la crítica más recurrente a los centros de datos. Curic ha anunciado que la inversión va más allá de los datos puros, ya que se adentrará en la cadena de suministro con la instalación de una planta en Aragón dedicada a la fabricación y reparación de servidores de Inteligencia Artificial y machine learning, que generará 1.800 empleos.

Con especial énfasis en el reto demográfico, la ponente también ha querido confirmar que AWS será “la primera empresa que va a construir un centro de datos en Teruel”. Para Curic, este movimiento es una forma de devolver valor a regiones que luchan contra la despoblación. “Estamos orgullosos de poder dar de vuelta a esta región y generar empleo de alto valor añadido”, ha afirmado.

Democratización y el ecosistema local

La visión de la compañía, según su directora general, es que la tecnología actúe como un “trampolín” para la competitividad. Actualmente, el 75% de las empresas del Ibex35 ya utilizan la tecnología de AWS, ha asegurado, pero su objetivo es que las pymes también se beneficien. Curic ha citado el ejemplo de Alan Commissioning en Zaragoza, una de las 80 pymes que forman parte de su cadena de suministro y que ha crecido hasta los 70 empleados gracias a esta colaboración.

“Nuestra visión es que todas las empresas españolas puedan hacer esa transformación para ser más competitivas”, ha señalado, insistiendo en que la nube democratiza el acceso a herramientas que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones.

El factor humano

Para la directiva, el hardware es inerte sin el conocimiento. “Sin formación no hay transformación”, ha sentenciado. En este sentido, ha destacado el acuerdo con el Ministerio de Educación para formar a 500.000 personas antes de 2027, sumándose a las 200.000 que ya han pasado por sus programas desde 2017. El objetivo es realizar “un match” entre las instituciones educativas y las necesidades reales del mercado tecnológico.

Finalmente, Curic ha vinculado el futuro de la empresa con la sostenibilidad medioambiental. “Somos el primer país fuera de Estados Unidos con más proyectos solares o eólicos, con la cifra de cien proyectos actualmente en España”. Además, ha detallado el compromiso Water Positive, mediante el cual AWS pretende devolver más agua de la que consume. En Aragón, la firma ha destinado 17 millones de euros a proyectos para mejorar la gestión de fugas e inundaciones, alcanzando ya el 53% de su objetivo de retorno hídrico en 2024.

Suzana Curic ha cerrado su intervención reforzando la idea de AWS como un “vecino positivo” y anunciando un fondo de 30 millones de euros para proyectos de impacto social y educativo. “Este futuro digital de España lo construimos juntos con las personas y para las personas”, ha concluido, subrayando que la tecnología, al final, debe estar al servicio de quienes “hacemos de este país nuestro hogar”.