La empresa concesionaria del Transporte Sensible a la Demanda (TSD) de Almadén ha llegado a un acuerdo con los taxistas para incorporarlos al servicio, donde ha mediado el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La empresa AISA y los taxistas de la zona de Almadén han llegado a un acuerdo para que estos operen prestando servicio dentro del nuevo modelo de Transporte Sensible a la Demanda que ha entrado en funcionamiento en Almadén este mes de septiembre.

Tras varias reuniones a tres bandas y con mediación de la Dirección General de Transportes, cinco taxistas han aceptado las condiciones ofrecidas por la empresa concesionaria para prestar el servicio.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que la normativa estatal impide a la Administración contratar directamente a los taxistas para prestar este servicio. Por ello, la legislación en materia de contratación pública exige que exista un único adjudicatario, es decir, una sola empresa responsable de la prestación del servicio. No obstante, ha precisado que esa empresa puede subcontratar a los taxistas de la zona, lo que ha permitido alcanzar un acuerdo “muy positivo” para los profesionales del taxi de Almadén.

En este sentido, Hernando ha avanzado que en la prestación del servicio participarán prácticamente todos los taxistas que han querido sumarse al proyecto y ha agradecido a la empresa concesionaria su disposición para “asumir las labores de coordinación”, actuando como elemento vertebrador de una iniciativa que, según ha subrayado, “se desarrolla de la mano de los taxistas de la región”.

Asimismo, Hernando ha valorado el acuerdo alcanzado entre la empresa concesionaria y los taxistas de la comarca, destacando que “es un ejemplo de cómo el diálogo y la colaboración permiten encontrar soluciones que benefician a todos y, sobre todo, a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos” y ha incidido en que “este acuerdo demuestra la voluntad que siempre ha tenido el Gobierno regional de contar con los taxistas y solo era cuestión de terminar de materializar los acuerdos”.

Además, ha asegurado que “este ha sido siempre el modelo”, recordando que se trata de un sistema pionero a nivel europeo, reconocido y puesto en valor por distintas instituciones comunitarias. Además, ha destacado que ya funciona en Cuenca, en Campo de Montiel y en el resto de los servicios de transporte a la demanda impulsados por el Gobierno regional.

En este contexto, ha avanzado que “la legislatura terminará con una nueva batería de servicios de transporte a la demanda que se anunciarán en los próximos días durante el Debate sobre el Estado de la Región”.

Nuevo transporte sensible a la demanda en Almadén

El nuevo TSD que comenzó a operar el pasado 9 de septiembre, beneficia a nueve municipios de la zona y refuerza la conexión con Puertollano y las estaciones ferroviarias de Almadenejos y Guadalmez, en lo que supone un refuerzo de la movilidad de las zonas rurales del suroeste de la provincia de Ciudad Real y ampliar las oportunidades de acceso a servicios esenciales, sanitarios, educativos, administrativos y comerciales.

El Transporte Sensible a la Demanda funciona de lunes a viernes laborables entre las 7:00 y las 18:30 horas. Además, los domingos prestará servicio entre las 17:00 y las 19:00 horas para garantizar las conexiones con las estaciones ferroviarias de Almadenejos y Guadalmez.

Las reservas se realizan con una antelación mínima de 16 horas y pueden gestionarse tanto a través de la aplicación informática específica TD-Almadén como mediante un servicio de atención telefónica. El centro de atención telefónica estará operativo de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados, domingos y festivos de 15:00 a 18:00 horas.

Junto al transporte a la demanda, el contrato mantiene diferentes rutas regulares entre Chillón y Puertollano durante toda la semana, con servicios directos y paradas intermedias adaptadas a los distintos días laborables y fines de semana.

UGT desarrollará esta semana un encuentro técnico de ámbito nacional sobre el reto demográfico y el desarrollo rural, que se celebrará en Puente Viesgo bajo el título 'El derecho a quedarse'.

El evento, que se inaugura hoy, a las 15.30 horas, continuará hasta el 30 de septiembre con 15 conferencias y 34 ponentes en el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo.

Al acto inaugural asistirá la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas; y el presidente del Grupo de Acción Local (GAL) Valles Pasiegos, Ángel Sainz.

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, y el secretario general del sindicato en Cantabria, Mariano Carmona, completarán la lista de intervenciones en la inauguración de este foro, que incluye a profesores y expertos académicos, profesionales de distintos ámbitos, portavoces institucionales y de organizaciones o asociaciones, políticos, empresarios y sindicalistas.

El programa analizará a través de sus más de una treintena de ponentes numerosas cuestiones relacionadas directamente con el reto demográfico y el desarrollo rural, desde el empleo y las oportunidades laborales, el envejecimiento de la población y sus cuidados, la vivienda, las políticas y servicios públicos o la movilidad y hasta el cambio climático.

El encuentro será clausurado el miércoles 30, a las 13.15 horas, por el responsable de Políticas Territoriales del sindicato, Eduardo Magaldi, ha indicado UGT en nota de prensa.

El Gobierno de Aragón aprobará un decreto ley para regular la fiscalidad diferenciada en el medio rural e incluirá partidas para impulsar su “estrategia” de dinamización del territorio en los presupuestos autonómicos de 2027. Lo ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en respuesta a una pregunta del portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas. “Vamos a seguir apoyando al medio rural como hemos hecho y lo vamos a hacer todavía más en el futuro”, ha prometido.

Tomás Guitarte ha afeado que el acuerdo de gobierno PP-Vox solo dedique una página –de un total de 38– a las medidas contra la despoblación y ha preguntado al presidente “si considera que la lucha contra la despoblación es una política nuclear o es meramente accesoria”. Ha recordado que la Ley de Dinamización del Empleo Rural incluye medidas de discriminación positiva para promover la igualdad de oportunidades en el medio rural, iniciativas que “no se han desarrollado en tres años”, por lo que ha preguntado a Azcón si las va a aplicar en los presupuestos de 2027 y cómo va a hacerlo.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe ha propuesto crear un anexo especifico a la ley de presupuestos, como se hizo en 2024, y ha defendido la política fiscalidad diferenciada de la Junta de Castilla-La Mancha, al apuntar que en aquella comunidad los habitantes del medio rural tienen una exención del pago del 25% del tramo autonómico del IRPF. Ante ello, ha exigido a Azcón que “sea valiente” y aplique en Aragón esta medida, no un descuento del 0,25%. A su vez, ha pedido recoger un régimen específico de impulso a la natalidad, la vivienda y el emprendimiento en la ley de medidas fiscales que acompañará a la de presupuestos de 2027, también elaborar un plan estratégico de subvenciones para el sector.

Guitarte se ha quejado de que las alegaciones del Gobierno de Aragón al proyecto de Real Decreto que regulará los centros de datos no van acompañadas del informe preceptivo de afecciones al medio rural. Por otra parte, le ha reclamado que impulse el transporte bajo demanda y compensar al medio rural por la sobre explotación forestal y la ganadería extensiva. “Parece que asume que el medio rural tiene que ser sacrificado al servicio de los centros de datos” y quedar “al libre albedrío de las grandes empresas”, pero “esa política de dejar hacer destrozará a Aragón”, ha concluido.

“Ninguna duda”

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recalcado que la dinamización del medio rural “forma parte de la estrategia” del Gobierno que preside desde 2023 y tiene su reflejo en el acuerdo PP-Vox de 2026. “No tenga ninguna duda”, la Ley de Dinamización del Medio Rural estará presente en los presupuestos de 2027, ha indicado Azcón a Guitarte.

El presidente de la comunidad autónoma ha defendido los proyectos empresariales en el territorio, también los centros de datos, y ha espetado a Guitarte que “no le va a ganar a progre al alcalde de La Puebla de Híjar” –Pedro Bello (IU)–, recomendándole que se persone en este municipio turolense “y diga que Teruel Existe está en contra de la mayor inversión que se ha hecho en la provincia de Teruel en la Historia”. También le ha preguntado “quién está haciendo viviendas en el medio rural, la izquierda o un Gobierno PP-Vox”, tras lo que ha destacado que el Plan de Carreteras está ejecutado ya al 70% y que ya está aplicándose el nuevo mapa concesional de transporte interurbano por carretera, “que mejora sensiblemente las comunicaciones”.

Además, ha opinado que Guitarte debería solicitar “celeridad” al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en las cuestiones relativas al medio rural, como la instalación de cámaras de videovigilancia, ya que la inseguridad “se multiplica en nuestros pueblos”, con un aumento de un 8,8% de los delitos durante el primer semestre del año, muy por encima del 0,5% de la media nacional en el territorio, “18 veces más que en el resto de España”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que desde su Ejecutivo se va a pedir a la Comisión Europea que reconozca como zonas poco poblada a los 267 municipios de las comarcas de Molina, Sierra Norte y las Alcarrias de Guadalajara por su carácter contiguo a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria y por presentar problemas de despoblación similares o incluso mayores.

Así lo ha señalado antes de intervenir en el Punto 4 del debate 'Derecho de estancia: Oportunidades, servicios y calidad de vida en los territorios de Europa' de la 242ª reunión fuera de la sede de la Mesa del Comité de las Regiones celebrada en Mullingar (Dublín-Irlanda).

Castilla-La Mancha considera que las actuales Directrices de Ayuda Regional (DAR) utilizan una definición demasiado rígida de las zonas poco pobladas al limitarse al nivel 'NUTS3', lo que deja fuera a territorios que, pese a presentar graves problemas demográficos, no alcanzan ese nivel administrativo.

Junto al vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, el presidente castellanomanchego ha señalado que este reconocimiento permitiría a estos municipios acceder a niveles de financiación superior y preferente en Europa, a deducciones y ayudas fiscales por encima de las ya planteadas con la Ley de Medidas frente a la Despoblación aprobada en 2021 en Castilla-La Mancha.

Por ello, se ha mostrado confiado en que esta provincia, al igual que Cuenca, “que además son vecinas de otras que tienen la misma catalogación”, pueda aspirar a este grado que “nos significaría un margen de ayudas, un margen de beneficios y de promoción, infinitamente mayor”.

Deducciones autonómicas

En este contexto, el presidente regional ha recordado que las deducciones que se están planteando en las zonas con despoblamiento son autonómicas y ha precisado que suponen que la comunidad autónoma deja de recaudar en torno a 100 millones de euros al año en beneficios fiscales para todas aquellas personas, empresas, autónomos y pymes, que se instalan o que viven en las zonas con despoblamiento.

“Hemos conseguido revertir, no solo con las ayudas, sino con otras estrategias, servicios públicos, sanidad, educación e infraestructuras, la situación, y ahora mismo, una de cada cuatro personas que vienen a vivir a Castilla-La Mancha lo hacen en zonas que están en el mapa de despoblamiento”.

Este dato demuestra, a juicio de García-Page, que “por mucho que cueste, por muy difícil que parezca, a base de intentarlo, a base de programarlo, a base de tener estrategia, de tener plan, y Castilla-La Mancha es la única región en España y en Europa que lo tiene con una Ley propia, estamos consiguiendo darle la vuelta”.

Soria ¡YA! ha denunciado este lunes la situación “surrealista” que, según la formación, sufren vecinos de localidades del Alto Jalón como Urex de Medinaceli y Benamira, que pierden durante varios minutos la conexión móvil y a internet cada vez que pasa un tren de alta velocidad.

“El AVE pasa de largo por Soria, no deja viajeros, no presta ningún servicio a la provincia y, por si fuera poco, durante unos minutos también se lleva la cobertura”, ha resumido el portavoz de Soria ¡YA!, Fernando del Amo, durante una rueda de prensa.

Del Amo, único habitante de Benamira, ha explicado que la pérdida de conexión se produce a cualquier hora del día coincidiendo con el paso de los trenes y que los cortes pueden prolongarse durante “tres o cuatro minutos”.

Según ha señalado, la frecuencia de los trenes provoca una pérdida de señal que dificulta la actividad cotidiana de los vecinos y hace imposible mantener videollamadas o reuniones telemáticas, así como utilizar servicios de internet que requieren una conexión estable.

El portavoz ha indicado que los vecinos han trasladado el problema a sus compañías telefónicas y que, según les han comunicado, el paso de los trenes provoca una redistribución de los recursos de conexión hacia los pasajeros, a lo que se sumaría el incremento de usuarios asociado al tráfico de la autovía.

Cortes durante la noche

Soria ¡YA! ha alertado además de otro problema de conectividad durante la noche, cuando, según Del Amo, se produce una pérdida de servicio que puede prolongarse hasta aproximadamente las 5:50 horas.

Los vecinos también han comunicado estos cortes a sus compañías telefónicas, que, según la formación, los atribuyen al apagado nocturno de algunas antenas.

“Tenemos dos problemas diferentes: durante el día, cuando pasa un AVE, y durante la noche, cuando se apagan algunas antenas”, ha resumido Del Amo.

La fibra tampoco llega a todos los pueblos

El portavoz de Soria ¡YA! ha denunciado asimismo que el despliegue de fibra óptica tampoco se ha completado en todos los núcleos rurales de la provincia, pese a los compromisos anunciados para alcanzar una conectividad generalizada en el medio rural.

“La fibra se anunció que llegaría a todos los núcleos de población antes de 2025 y, sin embargo, estamos en agosto de 2026 y todavía no ha llegado ni mucho menos a todos”, ha criticado.

Como ejemplo, ha citado las localidades de Velilla de Medinaceli, donde sí existe conexión, Esteras de Medinaceli, donde el despliegue solo habría llegado a parte del municipio, y Benamira, donde, según ha señalado, todavía no disponen de fibra óptica.

La formación soriana ha cuestionado el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos central y autonómico para extender la conectividad al conjunto de la población rural, y el procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha criticado también la actuación de la Diputación Provincial.

Ceña ha advertido además de que la falta de una conexión estable dificulta el teletrabajo y la puesta en marcha de nuevos proyectos de vida en los pueblos, pese a las medidas anunciadas por las distintas administraciones para combatir la despoblación.

El Gobierno de Cantabria (PP) ha movilizado, de 2024 a la fecha, alrededor un millón de euros de fondos públicos para dotar, reponer o restaurar vehículos municipales, también llamados de uso común, a pueblos en riesgo de despoblamiento. Con ayudas de hasta 40.000 euros por ayuntamiento, un total de 25 localidades ya han adquirido furgonetas o camionetas pick-up destinadas al transporte de vecinos y/o materiales.

El objetivo es acelerar lo máximo posible el despliegue para alcanzar las metas antes del final de la legislatura (PP). Según ha anunciado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, durante la entrega de un pick-up en la Vega de Pas, la meta es cubrir, antes de que acabe la legislatura, 33 de los 41 municipios que se encuentran en riesgo de despoblación, gastando hasta 1,2 millones de euros en vehículos municipales.

ElDiario.es ha consultado a tres alcaldes que han tramitado la adquisición de este transporte si un vehículo municipal es un mecanismo útil contra la despoblación. Y las posturas son diversas: el alcalde de Santiurde de Reinosa afirma que “si no hay población, no se puede dar servicio”; el de Miera dice que “no lo tenía pensado” y el de Herrerías opina que es una medida que “contribuirá de alguna manera a combatir este destino que tenemos, que tiene muy difícil retorno a pesar de las medidas, pero al menos intentarlo”.

Cantabria ha definido 41 municipios en riesgo de despoblación dentro de un medio rural que arrastra una preocupante crisis demográfica desde hace décadas. Hay un contraste muy grande, el 80% de la población cántabra –más de 451.000 habitantes– se concentra únicamente en 20 municipios y el 20% restante debe sostener la mayor parte de la región de baja densidad demográfica, según datos que el Gobierno expone en la licitación de las ayudas para vehículos.

Es una brecha que sobre todo castiga a las localidades de menos de 1000 habitantes, como Santiurde, Miera y Herrerías. Esto desencadena “un mayor envejecimiento, aislamiento geográfico o falta de conexiones de transporte”, causando así que el mantenimiento de los servicios públicos esenciales sea insuficiente.

El uso real y la rentabilidad de estas inversiones conviven con distintas realidades según el servicio y la localidad. Según explican desde el Gobierno, depende de cada municipio: un ayuntamiento compró una furgoneta para llevar a los vecinos en transporte interno. Otros lo tienen mixto: tanto para llevar a vecinos como para servicios municipales. Y otros directamente compraron una furgoneta en la que no se puede llevar vecinos, pero sí el material del Ayuntamiento.

Este último es el caso de Santiurde de Reinosa, en un pueblo de 254 habitantes, su alcalde Borja Ramos (PP) explica que emplean un vehículo pick-up Maxus T-60 —mismo modelo entregado en Vega de Pas el pasado 26 de agosto— para labores de mantenimiento municipal y traslado de herramientas, descartando hasta este momento el transporte directo de pasajeros. El vehículo es útil porque “mantener los pueblos limpios y bien conservados favorece a vivir en ellos”.

Miera, con 397 habitantes y catalogado en riesgo de despoblamiento, cumple los requisitos fijados en la Orden PRE/53/2024 para optar a la ayuda de hasta 40.000 €. En su caso, han pedido esta ayuda para llevar a cabo las labores de mantenimiento y para poder acudir a lugares de difícil acceso. No ha considerado usarlo para transportar personas: “Es algo que no tenía pensado”, dice el alcalde José Miguel Crespo (PRC).

Cuenta que es la tercera vez que realiza el trámite; tiene una resolución provisional y está a la espera de una definitiva, tras la cual licitará para tener un vehículo de uso común. Cree que es la mejor opción: “Es más versátil, permite llevar un remolque, cargarlo y usarlo para todo”.

En ocasiones, el alcalde de Miera ha tenido que recurrir a su propio transporte personal por falta de recursos para poder acudir a los lugares de trabajo, o bien los miembros de las cuadrillas contratadas debían usar sus propios coches para desplazarse. Todos en el pueblo están condicionados por el coche; esto quiere decir que no pueden depender de tener transporte público, debido a que las líneas de autobús son muy reducidas: «Nosotros tenemos un servicio con el que hemos contado toda la vida, que es una línea regular que nos une con la capital; se hace una vez por la mañana y una por la tarde».

Por otro lado, está el caso de Ramón Jesús Cuesta (PRC), alcalde de Herrerías, un municipio que cuenta con 570 habitantes. En este caso la ayuda del vehículo está en tramitación, pero el objetivo es claro: trasladar a las personas, no se va a usar como vehículo de labores de trabajo. “Va a ser una furgoneta, transporte para desplazar a los ciudadanos a los talleres que tenemos en el taller comunitario”.

El Gobierno de Cantabria (PP), a través de la Consejería de Inclusión Social, ha reducido este año a la mitad el presupuesto para el mantenimiento de bares, en municipios en riesgo de despoblamiento, respecto de 2025, que fue el primer ejercicio en que se ofreció la ayuda para prevenir el aislamiento social y la soledad no deseada.

En 2025, el Gobierno del PP concedió 19.230 euros, quedando el 81% de los 100.000 euros disponibles. La nueva convocatoria ha bajado a 50.000 euros el presupuesto total.

Las subvenciones para ambos ejercicios son hasta 2.000 euros para costear agua, electricidad, gas, combustibles, internet, televisión y plataformas del año anterior. Pero, mientras en 2025, las ayudas tenían que ser para el único bar en el pueblo, en 2026, la ayuda permite que sean dos bares en un mismo municipio.

En 2025, el montante de la ayuda hubiera permitido subvencionar hasta 50 bares, pero se postularon solo 15. De estos, 4 no eran el único bar del pueblo y un propietario desistió del proceso. Finalmente, nueve bares recibieron las ayudas con el importe máximo de 2.000 euros y uno obtuvo 1.230 euros. En 2026, el periodo para postular a la subvención actual concluye en octubre y alcanzaría para unos 25 bares, si percibiesen el monto completo individual.

El año pasado, las ayudas fueron subvencionadas con fondos europeos Next Generation y obligaban a que fuese el único bar del municipio, mientras que en 2026 han salido del presupuesto autonómico y pueden ser hasta dos bares por localidad.

Cantabria cuenta con un Consejo Asesor de Lucha contra el Despoblamiento y tramita una ley de lucha contra el despoblamiento, pero su fórmula hasta ahora se ha centrado en corridas de toros y cajeros automáticos, además de potenciación de los alojamientos turísticos.

A finales de 2025, el Gobierno autonómico anunció que había destinado 126,6 millones para luchar contra la despoblación en ese año, mediante 180 medidas, de las que 163 fueron ejecutadas directamente por el ejecutivo. También ha aplicado la receta de la lucha contra la despoblación mirando a futuro, con el proyecto de teleférico 'Mirador del Pas', con el que el Gobierno del PP aspira a fijar población con 20 puestos de trabajo fijos.

Rudagüera, un pintoresco rincón de interior de Cantabria en el municipio de Alfoz de Lloredo, está a punto de perder su único espacio de encuentro. Dividido en tres barrios tradicionales -San Pedro, Lloredo y Fresnedo- que suman 316 habitantes según el censo municipal, este núcleo rural se enfrenta a la desaparición de su único bar-restaurante.

La situación de este pueblo contrasta fuertemente con la hegemonía de la hostelería en el conjunto de España y, particularmente, en la zona occidental de Cantabria donde se ubica, con importantes localidades turísticas como Cóbreces, Santillana del Mar o Comillas, a 8,6, 11 y 17 kilómetros, respectivamente.

En paralelo, el cierre de este emblemático espacio coincide con la reciente aprobación del Gobierno de Cantabria (PP), que establece subvenciones de 2.000 euros financiadas por la Unión Europea (fondos NextGenerationEU) bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El próximo mes de septiembre, la histórica Casa Solariega San Pedro de Agüera, un edificio señorial de 1825 que durante la última década ha albergado el único restaurante, bar y hostal de la zona, La Ermita 1826, cerrará sus puertas definitivamente. La causa de este cierre es la finalización del contrato de arrendamiento de diez años de sus actuales gestores y la decisión de los propietarios del inmueble de recuperar el uso de la propiedad y, por el momento, acometer obras de actualización y reparar el tejado.

Este cierre deja a los vecinos de las tres pedanías huérfanos de su único espacio de socialización, acelerando el aislamiento en una comunidad con una población notablemente envejecida.

Para quienes habitan en Rudagüera durante todo el año, el bar representa mucho más que un negocio de hostelería. Es el centro de contacto comunitario. Alfred, un vecino originario de Barcelona que se instaló en el pueblo hace siete años junto a su mujer, Carmen, describe con tristeza el impacto de la noticia: “Nos quedamos sin ningún bar que haga de bar. Es el único sitio para hablar entre los vecinos, vernos las caras y comentar nuestras cosas cotidianas”, lamenta.

La gravedad de la situación se acentúa por la absoluta falta de alternativas públicas en el pueblo. En Rudagüera no existe ningún local del Ayuntamiento, centro cívico o espacio común de titularidad pública donde poder reunirse. Además, la bolera local se encuentra abandonada y ya no queda ni rastro de “los torneos y ligas como los que antaño, que unían a los pueblos de la comarca”, recuerda Alfred con nostalgia.

A partir de septiembre, para poder tomar un café o jugar una partida de cartas, los residentes de San Pedro, Lloredo y Fresnedo se verán obligados a desplazarse a la localidad de Golbardo, a unos cinco kilómetros de distancia. “Eso implica tener que coger el coche obligatoriamente”, señala Alfred, un obstáculo insalvable para muchos de los vecinos de avanzada edad que ya no conducen y que dependen enteramente de la vida que se genera dentro de los límites de su pedanía.

Preguntado por si se han planteado hacer una petición común al Ayuntamiento de Alfoz de Loredo para que habilite algún local o espacio de reunión vecinal, Alfred responde que “todavía no”, pero que “quizás es buena idea”. Dice tener una buena relación con el Consistorio, ya que estuvo unos meses a cargo de una biblioteca municipal.

Rentabilidad estival frente al vacío del invierno

La perspectiva del matrimonio que actualmente gestiona el establecimiento ofrece la otra cara de la moneda de la hostelería rural. Reconocen que mantener un restaurante abierto todo el año en un pueblo tan pequeño es complejo. “El verano se trabaja muy bien, pero en invierno, si no hubiera habitaciones, nos comeríamos los mocos”, explica.

Durante los meses fríos, el local abría de viernes a domingo, ofreciendo cenas y comidas para clientes de fuera atraídos por el renombre del restaurante, dado que el consumo diario de los pocos vecinos habituales resultaba “insuficiente” para sostener la estructura. Es por ello que decidieron ni siquiera plantear a los propietarios una posible renovación del contrato. Sobre los rumores que entre vecinos del pueblo apuntan a que se convertirá en apartamentos turísticos admiten que lo comprenden: “El modelo de alojamiento turístico es infinitamente más cómodo y requiere mucho menos trabajo”.

El haber sabido con tiempo la no renovación del contrato -vencía en julio pero les han dejado trabajar este último verano- dice que les ha permitido organizarse para buscarse otra salida laboral en Santander.

La paradoja de la subvención autonómica

Las ayudas de 2.000 euros del gobierno autonómico, gestionadas por la Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, buscan financiar el mantenimiento de establecimientos que sean el único bar de localidades “en riesgo de despoblamiento”, con el objetivo de combatir “el aislamiento social y la soledad no deseada”.

Sin embargo, en Rudagüera la iniciativa se ha convertido en una paradoja inútil. “La ayuda está muy bien, pero si no hay bar, no hay subvención”, apunta Alfred. Al no renovarse el contrato de alquiler, el pueblo pierde el único local que podía optar a ello. Los 2.000 euros resultan testimoniales ante las expectativas de beneficio de lo que puede generar otra actividad como el alojamiento vacacional, impulsado a su vez por el cambio climático que, en opinión de este vecino, “atrae cada vez más a compradores del centro de España que huyen del calor”, lo que a su vez “ha disparado en los últimos años el precio de la vivienda local”, añade.

Rudagüera, a pesar de su rico patrimonio civil, que destaca por su Torre medieval de Lloredo o sus históricas casas solariegas, está a punto de engrosar esta lista de pueblos desprovistos de un espacio de reunión social.

CORRECCIÓN sobre versión publicada el 24 de agosto de 2026

En una primera versión de esta noticia se informaba, a partir de los testimonios de dos vecinos y los actuales gerentes del bar-restaurante, que la intención de la propiedad era transformar el edificio en alojamientos turísticos. Amparo Salmón, como copropietaria del mismo junto a sus dos hermanos, se ha puesto en contacto con este periódico para expresar su malestar por no haber sido consultada al respecto, ya que “aún no se tiene decidido lo que se hará” y “no es cierto que el edificio familiar se vaya a convertir, de momento, en apartamentos turísticos”. Salmón ha explicado que “lo que sí se va a hacer por ahora son obras de actualización que el edificio ya necesita, debido a su antigüedad, y reparar el tejado”. Igualmente ha señalado que el inmueble tiene actualmente “licencia de hostal”, es decir, “habitaciones con servicio de comedor y de bar”.

En base a su testimonio se ha procedido a modificar el titular (Fin a la vida social de Rudagüera: el único bar cierra para convertirse en pisos turísticos) y a eliminar todas las alusiones a ello incluidas en la primera versión de la información como: “El histórico edificio será transformado en alojamientos turísticos y viviendas vacacionales”, “Esta reconversión comercial” y “cambiar el uso del inmueble hacia el alquiler vacacional turístico”.

El 30% de las administraciones de lotería de Teruel ya no son rentables, según la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL). La viabilidad económica de las administraciones ubicadas en la España Vaciada depende de alcanzar “al menos” unas ventas mensuales de 62.000 euros en los diferentes productos de Loterías del Estado.

Una línea roja que cada vez cuesta más superar sobre todo en las localidades más despobladas. “En municipios con 2.000 habitantes, lograr esta cifra de facturación implica que cada vecino --de cualquier edad-- invierta de media en juegos 31 euros al mes, lo que no ocurre. ”Si Loterías no cambia el modelo económico, estas administraciones acabarán cerrando por inviables o traspasando el negocio“, ha señalado el presidente de ANAPAL, Borja Muñiz.

En la provincia de Teruel, las administraciones de lotería sufren de lleno esta realidad. Un 30% de las administraciones turolenses se encuentran situadas en municipios con baja densidad de población. La dependencia de una población cada vez más reducida hace que alcanzar el umbral de rentabilidad sea un desafío constante, situando a estos puntos de venta en un escenario crítico de vulnerabilidad económica.

El modelo económico que emplea la Sociedad Loterías y Apuestas del Estado (Selae) para gestionar su red de ventas cuenta con más de dos décadas de antigüedad. En estos 20 años se han multiplicado los diferentes tipos de juegos y los días de sorteo, han aumentado los trámites administrativos y de seguridad, se ha exigido al lotero contar con una liquidez mínima en las administraciones y adelantar pagos, entre otros.

“Pero Loterías no ha sido capaz de adecuar el modelo de gestión al mismo tiempo que introducía nuevas exigencias que implican un aumento de los costes operativos y eso ha provocado una brecha que a día de hoy es insalvable para las administraciones situadas en los municipios más despoblados”, ha denunciado Muñiz.

En 2025, ANAPAL estima que el 44% de las administraciones de Lotería ya no crecía o estaba en riesgo --afectando a 1.800 loteros-- y, de las 4.200 administraciones que hay en España, los 630 establecimientos ubicados en la conocida como España Vaciada son los que mayor riesgo inminente presentan.

Por todo ello, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías ha decidido romper relaciones con Selae después de que éste le haya manifestado su negativa a revisar las condiciones económicas de las administraciones de Lotería.

“Con esta decisión Selae está apostando contra su red de ventas. Es una actitud ilógica e incomprensible, que en cualquier empresa privada sería inviable”, ha explicado Borja Muñiz. La red de administraciones de lotería, llamada básica, aporta el 77% de las ventas de la lotería.

Selae, lejos de fomentar el aumento de las ventas de la lotería, un producto con gran arraigo cultural en España, lo está tensionando. Los profesionales de la red de ventas llevan meses alertando del deterioro progresivo de la rentabilidad de las administraciones de lotería en España, según se desprende de un análisis económico realizado por ANAPAL.

Los datos reflejan una creciente presión económica para el colectivo, donde sólo un 15,5% de las administraciones considera que su negocio es rentable y con margen de crecimiento. Para ANAPAL, la combinación de estos datos apunta a un riesgo creciente para la sostenibilidad del modelo actual de administraciones de lotería, que constituye la base del sistema de distribución del juego público en España.

Para dar a conocer esta problemática y trasladarla fuera del ámbito estrictamente interno de Selae, ANAPAL ha puesto en marcha la campaña 'Sin loteros no hay lotería'. La entidad defiende así que la red de administraciones de lotería no puede seguir operando con un modelo desactualizado, mientras asume costes crecientes, nuevas exigencias operativas y una presión cada vez mayor del canal digital.

Bajo el paraguas de esta campaña, ANAPAL ha programado una agenda de reuniones con instituciones, organizaciones empresariales y representantes públicos en Congreso y Senado, con el objetivo de seguir sumando apoyos y avanzar hacia una revisión estructural que garantice la sostenibilidad futura de las administraciones de lotería.

La Asociación Cultural Serranía de Guadalajara ya pone fecha a su característico 'Día de la Sierra', un encuentro que este 2026 cumplirá su 19ª edición y que vendrá marcado por el “sentimiento de rabia”, pero también de reconstrucción de los serranos y serranas a consecuencia del incendio de La Mierla.

La cita tendrá lugar finalmente en Bustares (Guadalajara) -y no en la pedanía de Palazuelos como se dijo previamente-, el próximo sábado 17 de octubre. Una jornada para “reivindicar nuestra tierra, nuestro campo y nuestras tradiciones”, según citaba la asociación en su perfil de la red social Instagram.

“Nos merecemos un día de alegría entre tanto pesar”, apuntaban, recordando a los 29 municipios afectados por el incendio forestal de La Mierla, -que permanece activo desde el 16 de julio, pero solo con pequeñas reactivaciones en puntos concretos-. “Nos merecemos reclamar que tras el incendio hay que juntar hombro con hombro para que esto no vuelva a suceder y si sucede estar mejor y más preparados y prevenidos”, señalan.

Álvaro Cuevas, el presidente de la Asociación Cultural Serranía de Guadalajara, avanzaba hace unas semanas la creación de la Plataforma Sierra Norte de Guadalajara para coordinar la recuperación del territorio afectado y también paliar los efectos en la economía local. El objetivo es “recuperar todo lo quemado, recuperar montes, pueblos y tejido económico de la Sierra”, pero también “exigir medidas de prevención y extinción de incendios”, explicaba a este medio, además de divulgar iniciativas de ayuntamientos, asociaciones, empresas, profesionales y particulares.

Aunque todavía no se conoce el programa de actividades, Cuevas señalaba que “va a ser un día de fiesta, reivindicativo, en el que vamos a hablar de lo que ha pasado. Intentaremos que sea un día bonito y de unión. La Sierra somos todas y todos, no hay que generar confrontación, sino unirnos”.

El municipio riojano de Muro en Cameros celebra el próximo 8 de agosto la XXXVI edición del Día del Camero Viejo, una cita anual itinerante que reúne a vecinos, familias y visitantes de la comarca para rendir homenaje a su cultura, sus tradiciones y su identidad.

Desde primera hora de la mañana, la localidad abrirá sus calles al tradicional mercado de artesanía e inicio de exposiciones. A lo largo de la jornada, pequeños y mayores disfrutarán de juegos populares y de actividades como un Escape Room familiar para descubrir los rincones del pueblo, así como talleres en vivo de elaboración artesanal de jabón, queso camerano y la demostración de elaboración de morcilla de extremo. Además, podrán visitarse diversas dependencias de la localidad en las que observar objetos decorativos de antaño, útiles de labranza y ornamento litúrgico. Asimismo, se estrenará la exposición “Mureños en nuestro recuerdo”, una muestra que homenajeará a los mayores de la localidad con fotografías antiguas de las casas que habitaron.

El alcalde de Muro en Cameros, Miguel Ángel Terroba, asegura que “el Día del Camero Viejo no es solo una jornada festiva, sino el latido vivo de la comarca” por lo que invita a los riojanos a visitar la localidad el próximo sábado 8 de agosto para demostrar que “frente a la España despoblada, la sierra tiene futuro”.

Esta es la programación

El programa incluye la celebración de la Misa Camerana a las 12:30 horas en la Iglesia de Santa Margarita, seguida a las 13:00 horas por la actuación del grupo de danzas tradicionales de Muro en Cameros, que en esta edición cuenta con la colaboración de los grupos de los municipios vecinos de Jalón, Laguna y Cabezón de Cameros.

La gastronomía ocupa un lugar central en la festividad. Tras la multitudinaria comida popular en la carpa municipal, llegará uno de los momentos más esperados: la Feria del Vino (de 19:00 a 21:00 h), en la que se podrán degustar caldos riojanos acompañados de pinchos locales por un precio de 10 euros. La jornada festiva culminará al caer la noche con una verbena popular.

La 36.ª edición de esta cita sale adelante “gracias al patrocinio y apoyo de un total de 49 empresas y entidades colaboradoras cuyo compromiso es fundamental para mantener vivo el Día del Camero Viejo en la sierra camerana”, apuntan desde la organización.

Desde la organización se ha querido agradecer de manera muy especial la implicación del tejido empresarial e institucional. Esta 36.ª edición ha sido posible gracias al patrocinio y apoyo de un total de 49 empresas y entidades colaboradoras, cuyo compromiso resulta fundamental para mantener viva esta cita emblemática de la sierra riojana.

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja ya en la preparación de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, que tendrá lugar los próximos 1 y 2 de octubre y que supondrá la primera vez que Castilla-La Mancha acoja una reunión de este órgano consultivo de la Unión Europea.

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha destacado la importancia de que Castilla-La Mancha sea escenario de una cita europea de estas características, que permitirá “situar en nuestra región debates que son fundamentales para nuestro presente y nuestro futuro, como la agricultura, el desarrollo de las zonas rurales, la lucha contra la despoblación o la gestión de los incendios forestales”.

Se trata de cuestiones que forman parte de las prioridades que el Gobierno regional viene defendiendo ante las instituciones europeas, de hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tuvo ocasión de trasladar algunas de ellas el pasado 1 de julio, con motivo de la aprobación por unanimidad del dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el relevo generacional en la agricultura.

Nazareth Rodrigo ha destacado la dimensión europea de este encuentro, ya que, “durante varios días, Castilla-La Mancha va a ser punto de encuentro de representantes locales y regionales de toda Europa para hablar de retos que conocemos muy bien y sobre los que nuestra región tiene mucho que aportar”.

Desde el 30 de septiembre, antes del inicio de la Comisión NAT, y hasta el 2 de octubre, representantes de entidades locales y regionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea participarán en diferentes encuentros en la región para debatir sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo rural, la salud, la agricultura, la gestión de los incendios forestales, el derecho a permanecer en las zonas rurales, la pesca, la protección civil o la protección de los consumidores.

Las jornadas contarán, además, con expertos nacionales y europeos, así como con representantes del tejido asociativo de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha acogerá una reunión del Intergrupo del Vino

Coincidiendo con la reunión de la Comisión NAT, Castilla-La Mancha albergará también una reunión del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones, órgano del que la Comunidad Autónoma asumió hace unos meses la Vicepresidencia y que trabaja para representar los intereses de las regiones vitivinícolas europeas, promover el intercambio entre territorios y reforzar los vínculos entre la viticultura, la sostenibilidad, la naturaleza y el desarrollo económico.

El programa comenzará con una visita a la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, donde tendrá lugar una reunión-debate en torno a la protección del origen y la creación de valor mediante figuras como las indicaciones geográficas, así como al papel del vino como motor de desarrollo territorial.

Posteriormente, los participantes visitarán los molinos de Campo de Criptana, como ejemplo del potencial del turismo sostenible para generar actividad económica y oportunidades vinculadas al territorio.

Nazareth Rodrigo ha subrayado que estas visitas permitirán, también, “mostrar sobre el terreno algunas de las fortalezas de Castilla-La Mancha y trasladar a Europa cómo sectores tan vinculados a nuestra identidad como el vino, la agricultura o el turismo pueden contribuir a generar riqueza, empleo y oportunidades en el medio rural”.

Debates europeos desde Toledo

La reunión de la Comisión NAT se celebrará en Toledo y contará con diferentes debates centrados, entre otras cuestiones, en la gestión integrada de los incendios forestales y en el denominado ‘derecho a quedarse’, una iniciativa europea dirigida a combatir el declive demográfico y favorecer que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en las zonas rurales y periféricas.

La directora general de Asuntos Europeos ha incidido en que la elección de Castilla-La Mancha para celebrar esta reunión “es especialmente significativa, porque buena parte de los asuntos que estarán sobre la mesa coinciden con las prioridades que el Gobierno de Emiliano García-Page viene defendiendo ante las instituciones europeas”.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Torrecilla en Cameros, Sergio Martínez, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito hoy, día 3, un convenio de colaboración para financiar las obras de instalación de la cubierta del frontón municipal y la pista polideportiva contigua al mismo. Esta actuación cuenta con una aportación económica del Gobierno de La Rioja de 366.199,87 euros.

Osés ha subrayado la “colaboración con el Ayuntamiento para hacer realidad este proyecto que se enmarca dentro del compromiso del Ejecutivo regional de impulsar espacios de ocio, convivencia y sociabilidad en todo el medio rural que sirvan como punto de encuentro para los vecinos y que ayuden a dinamizar y potenciar la vida social, cultural y lúdica de nuestros municipios”.

Por su parte, el alcalde ha afirmado que “es una obra muy importante que va a dar cobertura a las actividades que realizamos con el objetivo de dinamizar nuestro municipio”, una actuación que es “resultado de la colaboración institucional y del trabajo conjunto entre nuestro Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja”.

La intervención, que se llevará a cabo en un complejo deportivo de más de 1.000 metros cuadrados y cuyo coste total ascenderá a 665.817,94 euros, está promovida por el Ayuntamiento y tiene el objetivo de transformar este espacio deportivo en una instalación deportiva más moderna, funcional y versátil, reforzando uno de los principales equipamientos públicos de la localidad.

De este modo, la cubierta permitirá que el recinto pueda utilizarse durante todo el año, con independencia de las condiciones meteorológicas, mejorando las posibilidades de práctica deportiva y ampliando su uso para actividades sociales y culturales organizadas por el municipio, lo que contribuirá a incrementar las oportunidades de ocio y la calidad de vida de los vecinos de Torrecilla en Cameros y de toda la comarca.

Cubierta para el frontón

La actuación principal consistirá en la ejecución de una gran estructura portante diseñada específicamente para cubrir el frontón y la pista polideportiva sin interferir en la práctica deportiva. La estructura combinará pilares metálicos situados sobre los muros existentes con pilares de madera laminada de gran altura, sobre los que se apoyarán cerchas, pórticos y vigas también de madera laminada. Esta solución constructiva ha sido elegida por su ligereza, resistencia, durabilidad y reducido mantenimiento, además de permitir el desarrollo de las actividades deportivas.

La cubierta, que también servirá para proteger el pavimento y el equipamiento de las inclemencias meteorológicas, estará formada por paneles sándwich con aislamiento térmico y lucernarios de policarbonato translúcido, que favorecerán el aprovechamiento de la luz natural en el interior del recinto. El conjunto se completará con canalones y bajantes integrados para la recogida y conducción de las aguas pluviales hasta la nueva red de saneamiento.

Renovación del graderío

También se prevé la construcción de un nuevo graderío que sustituirá al existente, manteniendo una disposición similar pero adaptada a la nueva configuración estructural del complejo deportivo. De este modo, se conservará la capacidad para acoger público durante competiciones y eventos, mejorando al mismo tiempo la integración de este espacio con la nueva cubierta.

Además, el proyecto incorpora una nueva red de saneamiento para la recogida y evacuación de las aguas pluviales procedentes de la cubierta. Para ello se instalarán nuevas conducciones de PVC, arquetas de registro y un pozo de conexión con la infraestructura existente, garantizando una correcta evacuación del agua de lluvia y el adecuado funcionamiento de toda la instalación

Por otra parte, se renovará completamente la iluminación de la instalación mediante la colocación de proyectores LED de alta eficiencia energética, dotados de un sistema de regulación y control DALI que permitirá disponer de diferentes escenas de iluminación en función de las necesidades de uso. Este sistema mejorará la visibilidad para la práctica deportiva, reducirá el consumo energético y facilitará la celebración de competiciones y actividades con distintos niveles de exigencia lumínica.

Villaescusa de Palositos, en el Alto Tajo, es un pueblo deshabitado de la provincia de Guadalajara desde la década de los 70 del siglo pasado. Su antiguo término municipal está actualmente integrado en el municipio de Peralveche, de apenas medio centenar de habitantes y gobernado por el PP, que tiene dos concejales frente a uno del PSOE.

Nunca tuvo habilitada ninguna carretera, de su núcleo urbano apenas quedan restos, pero sigue albergando, además de un cementerio, una de las joyas del románico más importantes de la zona: la Iglesia de la Asunción, en el cerro de La Coronilla, que data de los siglos XI-XII y remodelada en los siglos XVI y XVII. Fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012.

Actualmente, el templo está casi en ruinas. Los muros principales se sostienen, pero no tiene cubierta. Además, recientemente se derrumbó parte de la espadaña. El hecho de que las comunicaciones de Villaescusa, sin habitantes, sean a través de caminos públicos, algunos “privatizados” a lo largo de los años por propietarios de fincas que lo rodean y que antes unían a los pueblos del entorno, no ha facilitado ni su conservación ni su restauración.

El templo consta de una nave única de planta rectangular con presbiterio recto sobreelevado, ábside semicircular y un pequeño edificio añadido con posterioridad, adosado a la cara sur del presbiterio y que se utilizaba como sacristía. El acceso se realiza por la cara sur, que también presenta una espadaña, parte de la cual es la que se ha derrumbado.

La Iglesia de la Asunción está incluida desde 2008 en la Lista Roja que elabora la asociación Hispania Nostra. Este colectivo detalla que, tras su abandono en los años 70 del siglo pasado, actualmente algunos terrenos del pueblo se encuentran vallados y son de difícil acceso.

Desde hace 20 años, una iniciativa civil conformada por vecinos y vecinas agrupados en la Asociación de Amigos de Villaescusa de Palositos, convoca la ‘Marcha de las Flores’, denominada así porque muchos acuden a llevar ramos a los familiares, algunos de ellos los últimos habitantes de Villaescusa, que fueron enterrados en el cementerio.

Con el tiempo, se ha convertido en una reivindicación colectiva de conservación de la iglesia románica, su “símbolo patrimonial”, y del libre tránsito por sus accesos. Porque, a pesar de haber sido declarada BIC, resulta “materialmente imposible” llegar al monumento, señala la asociación Hispania Nostra en su Lista Roja.

“Todos los caminos públicos que conducen a la iglesia están cortados por propietarios privados de algunos de los terrenos que circundan la iglesia románica, pero no de los bienes, tanto públicos como privados, que se encuentran al otro lado de las alambradas”, detalla.

En mayo de 2018, un anuncio en Idealista.com ponía a la venta gran parte de la finca en la que actualmente se ubica el despoblado. El precio de salida era de 2,7 millones de euros. Entonces, la Asociación ya se temía que un futuro comprador pudiera enajenar caminos públicos. Y así fue. Los terrenos fueron adquiridos por propietarios privados.

Hispania Nostra detalla en su ficha de la Lista Roja, que “algunos” terrenos que circundan la Iglesia de la Asunción pertenecen a una empresa denominada Villaescusa S.A. dedicada a la producción ganadera y agrícola. Otros pertenecen a particulares.

Se trata de una práctica habitual. Vías pecuarias y caminos públicos ‘semicerrados’ o ‘semiprivatizados’ en alguno de sus tramos por titulares de fincas privadas, sin que las administraciones actúen conforme a la normativa, que impide estos vallados. Este periódico se ha puesto en contacto telefónico con la mencionada empresa, pero no ha obtenido respuesta.

En el caso de los caminos públicos, la competencia es municipal, y actualmente el Ayuntamiento de Peralveche mantiene un litigio judicial abierto con la familia propietaria de uno de los terrenos, que ha vallado parte del mismo. La última 'Marcha de las Flores' hacia el despoblado, el pasado 30 de mayo, se encontró de frente con este problema. Agentes de la Guardia Civil se apostaron en el camino como respuesta a la llamada del propietario de la finca.

“Por allí no podían pasar, les dijeron”. Lo cuenta a este periódico el alcalde Peralveche, Víctor García Blanco, que afirma que la situación es “desoladora”, tanto por la situación de este camino público “privatizado” y su actual litigio judicial, como por el estado de la iglesia, una “joya” cuya propiedad el Ayuntamiento compró en 2024 al Arzobispado de Guadalajara, que “nunca hizo absolutamente nada por recuperarla”.

El alcalde ha visitado la iglesia recientemente junto con un arquitecto colaborador de la Mancomunidad del Alto Tajo y ha comprobado el estado de deterioro de la misma, sobre todo después del reciente derrumbe de parte de la espadaña. También habían saboteado la entrada al cementerio. “Lo denunciamos a la Guardia Civil, pero nos quedamos devastados. Lo que nos faltaba”, lamenta.

“Ahora queremos evitar que la iglesia se derrumbe por completo. Queremos hacer todo lo posible para que no se hunda”. Y aunque la titularidad es municipal, los recursos del Ayuntamiento son muy limitados. Por tanto, es un problema que han trasladado a la Delegación de Cultura del Gobierno castellanomanchego en Guadalajara.

La idea inicial del Consistorio de Peralveche partía de un proyecto para convertir la iglesia románica en un albergue para los peregrinos que transitan la colindante Ruta de la Lana del Camino de Santiago, que procede de Salmerón y enlaza con la Cañada Real de Madrid. Pero para ello el objetivo principal es restaurar la iglesia, empezando por la cubierta y el refuerzo de los cimientos para evitar su derrumbe total.

Una alternativa es acogerse a las líneas de ayudas del Programa ‘2% Cultural’ del Gobierno central, destinadas a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español. “El problema es que esas subvenciones pueden tardar hasta dos años”, afirma el alcalde, por lo que también buscan otras líneas de financiación.

Primero, un carril de acceso, después la cimentación

Para ello, el Ayuntamiento, con asesoramiento de ese arquitecto colaborador de la Mancomunidad del Alto Tajo y de un experto en el arte románico, elabora un informe técnico con las acciones a desarrollar.

“Primero queremos arreglar el carril que comunica la Dehesa con Villaescusa de Palositos, de algo más de un kilómetro de longitud, para facilitar el acceso de la maquinaria necesaria para ejecutar las obras. Esto ya de por sí es bastante costoso, y después serían necesarios los trabajos de apuntalamiento y cimentación del templo”.

En total, el Ayuntamiento estima que necesitará alrededor de medio millón de euros. “Necesitamos ayuda de todo tipo y la buscaremos donde sea. Hay que conservar la iglesia como sea. Es un legado de nuestros antepasados”, concluye.

El Gobierno castellanomanchego tiene el ojo puesto en esta compleja situación, pero su margen de maniobra es limitado. El delegado provincial de Cultura, Ángel Fernández-Montes, detalla a este periódico que el Ayuntamiento de Peralveche se puso en contacto con la Delegación en octubre de 2025 para solicitar que la Administración autonómica realizara el proyecto de rehabilitación.

Nosotros nos encargamos de velar por el mantenimiento y la conservación del patrimonio, y en el momento que haya un proyecto en sí, los técnicos competentes tienen que revisar si está de acuerdo con la Ley de Patrimonio

Ángel Fernández-Montes — Delegado provincial de Cultura en Guadalajara

El pasado mes de diciembre, este departamento contestó a esa comunicación agradeciendo el compromiso municipal con la conservación del patrimonio, pero recordando que esa petición no corresponde a las competencias de la Junta en cuestiones de patrimonio.

“Nosotros nos encargamos de velar por el mantenimiento y la conservación del patrimonio, y en el momento que haya un proyecto en sí, los técnicos competentes tienen que revisar si está de acuerdo con la Ley de Patrimonio”, explica el delegado.

Dicho esto, la Delegación ofreció al Ayuntamiento varias opciones para la recuperación de la iglesia, por ser un BIC. En primer lugar, las ayudas del mencionado Programa '2% Cultural', que permite planificar la conservación en diferentes fases y “consolidar lo que es ahora mismo la Iglesia”.

Además, también les propusieron contactar con la Diputación provincial de Guadalajara, que tiene un plan específico para el patrimonio cultural y el desarrollo rural. Y como tercera vía, una línea de financiación público-privada a través de la Ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha.

“Somos conscientes de que un pueblo pequeño no puede llevar a cabo grandes inversiones, pero sí puede hacerlo a través de estas ayudas. A lo mejor no se puede recuperar la iglesia en su totalidad, pero sí la consolidación de lo que queda en pie. Nuestros servicios técnicos están dispuestos para ayudarles, asesorarles y acompañarles en lo que necesiten”, señala Ángel Fernández-Montes.

En cuanto a los caminos públicos, el delegado provincial de Cultura recuerda que son “inembargables”, de titularidad municipal y “no se pueden cerrar”. Considera que el Ayuntamiento debe “hacer valer” su propiedad de los mismos “para que la gente pueda circular libremente”.

Pero actualmente no existe una cifra cerrada oficial caminos públicos. El Ayuntamiento de Peralveche tiene registrados una docena de ellos, afirma el alcalde, pero el mencionado vallado en algunas partes por parte de los propietarios de las fincas privadas que rodean el despoblado de Villaescusa, ha vuelto “insostenible” esta situación.

Con el antiguo pueblo “borrado del mapa” y solo el cementerio y parte de la iglesia en pie, el reto es “hacer lo que podamos para no perder lo poco que nos queda”, concluye el alcalde.

Las famosas minas de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, comenzaron a explotarse hace más de dos milenios. Su origen exacto, según la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se remonta al siglo III a.C. El mineral extraído era el cinabrio, del cual se obtenía el mercurio, el único metal líquido que existe. Llegó a ser el mayor yacimiento en todo el mundo. Ha producido más del 35% de todo el mercurio usado en la historia de la humanidad.

En la naturaleza no se encuentra puro como mineral, sino atrapado dentro de rocas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública.

Utilizado históricamente para tratar algunas infecciones como la sífilis y en vacunas antiguas, y más recientemente para la industria, el mercurio ha marcado siempre la historia de esta comarca minera, colindante con la provincia de Córdoba y actualmente en riesgo extremo de despoblación desde el cierre de las minas.

De la entrada de Mayasa a la prohibición de exportar mercurio

La empresa pública Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.), perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asumió la gestión de la explotación minera de Almadén desde su creación en 1982. Heredó la gestión del Consejo de Administración que controlaba las minas desde 1916.

La compañía gestionó la extracción de mercurio hasta el cierre definitivo de la mina en julio de 2001. A partir de ese momento, orientó su gestión al almacenamiento y tratamiento ambiental de los excedentes mundiales de mercurio, una labor que se hizo efectiva tras el fin de la comercialización internacional de este metal decretada por la Unión Europea en 2011.

En ese año, a través del denominado 'Convenio de Minamata', se prohibió, mediante un tratado internacional, su exportación para reducir la oferta global de este metal y limitar sus emisiones. Pese a sus múltiples usos, es un metal pesado y muy tóxico. Contamina el medio ambiente y daña gravemente la salud humana, especialmente el sistema nervioso. La normativa resultante prohibió las ventas al exterior para evitar que grandes cantidades de mercurio sobrante llegasen a países en desarrollo. Porque el 99% se vendía fuera de la UE.

Esto obligó a almacenar los residuos de mercurio de forma segura en lugar de liberarlos. Y ahí la gestión de Mayasa cumplió un papel de gran relevancia. Hasta entonces la actividad de la empresa pública consistía en recoger mercurio, limpiarlo y ponerlo de nuevo en el mercado. Pero ante la prohibición de las exportaciones, cambió su objetivo a la obtención de fondos para tratar de solucionar problemas y nuevas actividades de desarrollo sostenible sin añadir más contaminación de mercurio al medio.

Pero hubo más trabas. En 2018 entró en vigor la prohibición de uso de mercurio en la industria cloro-caústica, por lo que se debía retirar y almacenar el mercurio en condiciones seguras. Para ello Mayasa debía encargarse de la retirada y tratamiento con las empresas productoras.

Un año después, en 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó, con evaluación ambiental favorable, la planta de solidificación de mercurio en Almadén. Se ubicó en el paraje de Las Cuevas, a 10 kilómetros del núcleo urbano. Para ese tratamiento, Mayasa había adjudicado ya en 2017 este proyecto de tratamiento a una empresa externa que nunca llegó a realizar su labor. Según la Plataforma de Contratación Pública, era Sartech Engineering, actualmente en litigio judicial con la empresa pública por incumplimiento del contrato.

Solo quedaba una salida: si no se podía exportar ni tratar, todo el mercurio debía salir del almacén. Se envió a una planta suiza de la empresa Batrec, filial de Veolia (líder mundial en servicios medioambientales especializado en la gestión integral de agua, residuos y energía), por medio de un gestor de residuos representante en España, en este caso Adiego Hermanos, que hizo el transporte y gestión completa de residuos.

En total, se enviaron 378 toneladas de mercurio. Actualmente, se encuentran en unas antiguas minas de sal de Alemania, que poseen las propiedades de impermeabilización adecuadas para este tipo de residuo.

Ahora, ese almacén de residuos está cerrado. Pero el expediente de su cierre definitivo, iniciado hace año y medio, aún está abierto, porque todavía no ha recibido luz verde por parte de la autoridad ambiental, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Así lo han confirmado fuentes de este departamento. La Dirección General de Calidad Ambiental está analizando la documentación presentada por la empresa pública para analizar si solicita más información complementaria o procece con la fase final de clausura.

El encuentro entre Mayasa y Ecologistas en Acción

Con ello, se ha cerrado a su vez una etapa en la comarca. Y de todo ello han hablado recientemente representantes de Ecologistas en Acción y miembros de Mayasa, en un encuentro solicitado por los primeros para conocer en qué estado se encuentra el proceso.

Javier Carrasco, director técnico de Actividades Industriales de Mayasa, asistente a esta reunión junto al presidente de la empresa pública, José Tejero, cuenta a este periódico que ahora mismo están pendientes de que de la Administración castellanomanchega autorice el cierre definitivo, ya que su puesta en marcha requirió una Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ahora exige que se cumplan una serie de requisitos de inspección ambiental para su clausura.

Pese a que la planta nunca llegó a funcionar en cuanto al tratamiento del mercurio, es decir, su estabilización química antes de llevarlo a un depósito definitivo, la inspección debe determinar, dentro del programa de vigilancia ambiental, que el almacén está completamente descontaminado.

La autorización del Gobierno de Castilla-La Mancha para la planta de almacenamiento que se aprobó en 2019 incluía un presupuesto de tres millones de euros. Y esta circunstancia coincidió con la mencionada prohibición del uso de cloro para las empresas clorocáusticas, donde el mercurio se utilizaba como parte del proceso químico. Muchas empresas españolas se vieron entonces con excedentes de mercurio que no utilizaban que tenían que gestionar.

Mayasa se ofreció para almacenar y gestionar el mercurio de esas industrias. Pero la empresa contratada fue “incapaz” de cumplir el contrato y la planta nunca llegó a realizar el “tratamiento” de metal, pero sí su almacenamiento: las mencionadas 378 toneladas de mercurio, acumuladas durante varios años, hasta 2023.

Ese año, una vez rescindido el contrato con la empresa ‘incumplidora’, Mayasa decidió realizar un nuevo contrato con otra compañía gestora que tenía permiso para exportar mercurio como residuo, la mencionada Abiego Hermanos. “Todo esto se precipitó porque la normativa europea permitía el almacenamiento de mercurio hasta el 31 de diciembre del 2022 y había que darle salida a toda esa cantidad almacenada”, cuenta el director técnico.

Ahora mismo, detalla que ya no hay nada en el almacén. La gestora de residuos llegó a un acuerdo transfronterizo con la suiza Batrec, quien sí trató el mercurio para su estabilización química en este país y después lo envió, para su depósito final en las minas de sal alemanas, habilitadas para ello.

En el aire, los niveles de mercurio muy bajos, y en el agua son inapreciables

Javier Carrasco — Director técnico de Mayasa

Según Javier Carrasco, el plan de cierre de la planta en Almadén se ha cumplido “al milímetro”. “Se han limpiado todas las instalaciones, todo lo que ha estado en contacto con el metal, se ha desmontado toda la instalación, principalmente lo que eran equipos de filtros, y todos los residuos que hemos generado durante estas labores de limpieza se han enviado fuera con un gestor autorizado”.

Pero en un proceso tan delicado, el plan de vigilancia ambiental ha sido fundamental. A la espera del cierre definitivo, en Mayasa, desde que se autorizó el almacenamiento, han realizado medidas en aire y agua para ver los niveles de contaminación. Son muestreos que se han remitido periódicamente a la autoridad ambiental. De ellos se desprende que hay “niveles apreciables” de mercurio que “históricamente siempre han existido”

“En el aire, son niveles muy bajos a los que hacemos un seguimiento continuo. De hecho, los que hay ahora son idénticos a los que había antes de iniciar el almacenamiento hace siete años, y en el agua son inapreciables, no hay ninguna afección”, precisa Javier Carrasco.

La última limpieza de la planta se realizó a finales de 2025. Se recogieron en torno a un centenar de kilos de mercurio, que también ha recogido una empresa autorizada para gestión de residuos.

No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

Desde Ecologistas en Acción de Ciudad Real, acudieron al encuentro Isabel Arauzo, Julio Ruiz y Francisco J. Sarrión. Han explicado a este periódico que celebran el cierre del almacén “por la disminución del riesgo de contaminación que suponían estas instalaciones”.

Pero al mismo tiempo denuncian el “oscurantismo” y la “falta de información pública”, algo que tildan de “tradición histórica de la casa” en referencia a la empresa pública, a la que atribuye “actividades peligrosas” que la empresa siempre ha negado, también en esta ocasión.

“No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre. Solo nos remiten a los contratos ya expuestos en el perfil del contratante de Mayasa. Hay también un celo excesivo en proteger la identidad de los responsables políticos y técnicos, lo que interpretamos que es para evitar sanciones y críticas personales a su gestión”, argumentan.

Ecologistas en Acción añade que el hecho de que no sea obligatorio medir con exactitud el mercurio que salió de la planta de Almadén, aunque se ajuste a la normativa, supone “un riesgo de pérdida o descontrol” en el camino o en la planta receptora.

También resalta que hay “discrepancias” en las fechas y orden de las declaraciones de impacto ambiental que “aún quedan sin explicación”. “Demuestra la falta de rigor en el control del mercurio, y siendo la sustancia más peligrosa después de las radiactivas, deberían haber extremado las precauciones y no dejar en manos del gestor de residuos la medida real del mercurio trasladado”.

La organización ecologista también pone el acento en los costes. Afirma que el presupuesto para el tratamiento y traslado del mercurio de Almadén al depósito de Suiza fue de 1,5 millones de euros, la mitad de los tres millones que se presupuestaron para la planta. “Un despilfarro de dinero público que debería haberse valorado inicialmente”.

“Los planes de descontaminación parecen proyectos piloto más que acciones de efectividad probada, aunque digan que son técnicas innovadoras. El ámbito espacial es muy reducido”, añaden. Avalan que actualmente se estudie la movilidad del mercurio en el medio ambiente, pero denuncian que no se están analizando “las repercusiones ni los niveles de contaminantes en la población civil”, que sería “uno de los objetivos a conocer de cara a la salud pública”.

Actualmente, el vínculo de Mayasa con este polémico metal todavía permanece. Desde 2009, gestiona el Centro Tecnológico del Mercurio con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Allí se monitorea el entorno medioambiental, la flora y la fauna.

En paralelo, también está vigente desde el año pasado el Proyecto Life Hermes, que tiene como objetivo la recuperación ambiental del Cerco de Buitrones de Almadenejos. Se trata de un recinto del siglo XVIII que conserva restos de antiguos hornos de mercurio y partes de su muralla. El área está declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP).

El próximo mes de septiembre, la empresa pública iniciará labores de tratamiento de estabilización química in situ de restos de mercurio con óxido de magnesio. El objetivo es demostrar la eficacia de una solución innovadora que ofrece “varias ventajas significativas” con respecto a los métodos de remediación tradicionales.

Para Ecologistas en Acción, estos nuevos proyectos van a continuar siendo un gasto de dinero público “sin que se tenga constancia nunca de la repercusión real sobre la salud de las personas”. “En definitiva, nos alegramos de que la gestión del mercurio ya no esté en manos de Mayasa y esperamos que los planes de descontaminación futuros se enfoquen en evaluar el mercurio en la población y en su salud”, concluyen.

El anuncio del cierre de la planta de almacenamiento, sin embargo, no ha gustado en el ámbito local. El Ayuntamiento de Almadén ya mostró hace un año su “indignación” por la clausura de la planta de estabilización de mercurio de Mayasa. Su alcaldesa, Raquel María Jurado, preguntó si lo que se pretendía la empresa pública era ofrecer beneficios a la localidad o “más bien, minimizar las pérdidas económicas” de la SEPI, achacables a la “pésima gestión”.

Tras lamentar que en el municipio llevan años oyendo hablar de un plan estratégico de la empresa pública que nunca ha sido compartido con la ciudadanía, condenó que este nuevo “fracaso” se sume a otros intentos de inversión que “no han dado resultados”.

El Ayuntamiento hizo referencia también al acuerdo firmado hace casi 25 años entre CCOO, UGT, la SEPI y Mayasa: un Plan de Empresa que, entre otras cosas, incluía un futuro convenio con el Consistorio local para el desarrollo de la comarca una vez que se completara el cierre minero. Desde este municipio siempre han denunciado el incumplimiento de este convenio y la “enorme factura social” que la comarca ha pagado por ello.

En todo este proceso también ha jugado un papel fundamental la plataforma ciudadana ‘Forzados de Almadén’, quien ha apelado en varias ocasiones a ese convenio de principios de siglo. Todavía se recuerda el encierro que protagonizaron en agosto de 2019, cuando siete hombres y cuatro mujeres de diferentes profesiones, edades y originarios de los pueblos de la comarca se encerraron en la primera planta de la histórica mina de mercurio de la ciudad.

Querían recrear la protesta de 11 mineros ocurrida 35 años atrás, en 1984. Si entonces los mineros protestaban por sus pésimas condiciones laborales, en 2019 quisieron mostrar a una comarca “castigada por el paro, la desindustrialización y la poca calidad de los servicios públicos”.

Porque Almadén sigue bebiendo de su historia. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se ha comprometido, a través de un convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la restauración y digitalización de la película 'Mercurio-Minas de Almadén', de 1940.

El ICAA conserva en la actualidad, en las instalaciones de la Filmoteca Española en su centro de Pozuelo de Alarcón, dos copias en nitrato de celulosa de 35 milímetro de la película. A través del convenio, el Ayuntamiento asume la tarea de restauración y digitalización de la película, mientras el ICAA pondrá a disposición sus copias, asesoramiento y apoyo a la promoción.

Mientras, Mayasa sigue a la espera de la autorización oficial de clausura de su almacén. Con ello, se cerrará un capítulo más de una comarca que ha perdido cerca de un 26% de su población en lo que va de siglo.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de su Aula Gen Z y Despoblación, surgida en colaboración con la empresa Personas y Territorios, S. L., convoca el I Premio ‘Gen Z Emprende. Talento Km.0’, iniciativa que tiene por objetivo reconocer y visibilizar el carácter emprendedor en la región.

Las bases de la convocatoria establecen tres categorías de premios. Por un lado para egresados de la UCLM, no egresados por la institución académica y relevo generacional en empresa familiar.

Para las mismas se podrán conceder hasta un total de seis premios, con un importe conjunto de 4.500 euros. En todas las categorías la sede social de la actividad económica presentada debe estar en una localidad de Castilla-La Mancha.

El plazo está abierto hasta el 17 de julio

Las personas interesadas en presentar sus propuestas podrán hacerlo a través del correo electrónico aula.genz@uclm.es, incluyendo sus datos personales y una memoria descriptiva del proyecto empresarial, cuyo contenido dependerá de la categoría establecida en las bases. El plazo estará abierto hasta las 23:59 horas del próximo día 17 de julio.

La comisión de valoración podrá seleccionar hasta un máximo de doce propuestas finalistas para todas las categorías. Sus autore/as las presentarán en una sesión que se convocará en las primeras semanas del mes de septiembre. La entrega de premios se realizará en un acto público organizado por el Aula Gen Z y Despoblación antes del fin de 2026.

La convocatoria del I Premio ‘Gen Z Emprende. Talento Km.0’ se une a la celebración de la I edición de la Microcredencial en Agente Anti-despoblación: oportunidad de desarrollo territorial, en la que han titulado 18 participantes y que ha contribuido al otro gran objetivo del aula: la formación de profesionales con competencias sólidas para acompañar a emprendedores en la creación de empresas, la toma de decisiones estratégicas y la gestión del cambio en entornos rurales.

Ocio, cultura, deporte, humor o gastronomía son algunas de las actividades gratuitas que tendrán lugar en la localidad conquense de Villares del Saz el próximo viernes 3 de julio.

Enmarcadas dentro de la tercera edición del itinerante Festival CLM Living Rural en la provincia de Cuenca, tienen el objetivo de dinamizar los pueblos, generar espacios de encuentro y poner el valor la vida de los municipios. Esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha tuvo una gran acogida en Villarta y seguirá girando con nuevas citas el 11 de julio en Villalba de la Sierra y el 31 de julio en Santa María de los Llanos.

Programación en Villares del Saz

El evento se desarrollará en el Parque Zoa Conversa y arrancará a las 19:00 horas con una actividad deportiva senior. Después, de 20:00 a 21:00 horas, Radio Castilla-La Mancha realizará un programa en directo.

A partir de las 21:15 horas será el turno del teatro infantil y, desde las 22:15 horas, se ofrecerá una degustación gastronómica. La noche continuará con el humor de Gacha’s Comedy, de 22:45 a 23:30 horas.

La música pondrá el broche final a la jornada con el concierto de versiones de Claudia Martín, de 23:30 a 01:00 horas, y la sesión de DJ Carlos Torres, que cerrará la programación de 01:00 a 02:00 horas.

Una imagen bucólica, en la que el cacareo de un gallo o el trino de los pájaros te puede despertar por la mañana. Ese paisaje por el que no pasa el tiempo, que muchos quieren preservar y otros buscan industrializar. Para muchos, el pueblo es introspección y soledad, mientras que otros atesoran recuerdos de las tardes en bici y juegos infinitos. Son muchos -muchísimos- los escritores que se han inspirado en el pueblo como un concepto propio y etéreo, pacífico, incluso romántico. Con esa misma idea quiere jugar la editorial vallisoletana Páramo, que ha reunido a una treintena de escritores, dramaturgos y poetas españoles que producen sus obras desde los lugares pequeños: pueblos y ciudades que normalmente se quedan fuera del debate público y que quieren reintroducir la despoblación como un problema central de buena parte del país.

El libro 'Todavía. Relatos para la supervivencia de la España sentenciada' es un compendio de relatos que reflejan las luces y sombras del medio rural español y reivindica el amor, la crítica y el humor. “Cada relato es una mirada y una voz. Todas diferentes con una causa común. Esa diversidad de estilos, sensibilidades y formas de contar convierte este libro en un territorio narrativo extraordinariamente rico, como la tierra que sus autores defienden”, expone la editorial vallisoletana. Páramo quiere recuperar la despoblación como un elemento clave en la agenda política. “Hace unos años este tema estuvo en boca de todos y marcó unas elecciones. Pero así como apareció, desapareció”, comenta una de las editoras, Virginia Hernández, que trabaja desde el pequeño pueblo de Valoria La Buena (Valladolid).

En el libro participan escritores, poetas y periodistas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, cuyo trabajo se pone en valor con este libro. “El territorio aparece de muy diversas formas: protagonista, decorado, con melancolía, humor... cada uno ha utilizado este recurso en su forma. A través de sus voces, se pretende demostrar que ”el territorio está vivo“ y que la España rural ”no es un fósil o un museo para turistas“, defiende Hernández.

Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras de este año, es uno de los escritores que han participado en esta obra coral. “Aposté por dejar al descubierto lo que ha podido suceder en cualquier zona que se ha abandonado por desidia, inercia y vértigo, que nos ha llevado a lo urbano. Jugué con la posibilidad de que alguien volviese y revisitase la vida en el pueblo”, explica el poeta. Christo Casas, antropólogo y autor de El power ranger rosa, también participa en el libro con un relato sobre una pareja lesbiana que decide iniciar su proyecto de vida en un pueblo abandonado, y cómo se complejizan procesos como la maternidad. Explica que tuvo “mucha química” con la editora desde que coincideron en la presentación de su ópera prima en la ciudad del Pisuerga. “Dije que sí a la primera”, recuerda.

María San Miguel, dramaturga galardonada con el Premio El Ojo Crítico en 2025, ha puesto más el foco en las “violencias sutiles y la opresión” que puede suponer vivir en los pueblos, donde cree que no ha calado del todo el sistema democrático. “No se trata solo de que las instituciones no pongan los suficientes recursos públicos, que también, sino que ha habido una despreocupación de fomentar las herramientas de la democracia”, defiende San Miguel. Esta actriz cree que el hecho de que muchos pueblos incumplan la Ley de Memoria Histórica y mantengan nomenclaturas franquistas “reverbera y repercute en otro tipo de violencias” que llevan a una sociedad “de represión y opresión”.

Envíos a despachos políticos

La editorial ha comenzado una campaña de crowdfunding que tiene una doble vertiente: el donante compra dos libros, uno para él y otro para un representante político de su elección. Se pretende llegar a responsables políticos como Alfonso Fernández Mañueco, Pedro Sánchez, Santiago Abascal o la reina Letizia de una manera más “performativa”. “Si les enviamos un correo electrónico no nos responderán, pero si les enviamos treinta libros... es una forma de interpelarles directamente, de decirles que seguimos aquí y que este es un tema importante. Queremos dar un grito a la gente que tiene capacidad para tomar decisiones. Quieran o no, van a tener que leernos”, agrega la editora.

La despoblación es el primer problema de Castilla y León para sus ciudadanos, según el último barómetro autonómico del CIS. “Ojalá se atrevan a leerlo y a hacerse preguntas, a enfrentarse a las cosas positivas y también a las más duras del medio rural y piensen qué pueden hacer ellos”, apostilla San Miguel. “Es una iniciativa que consolida el espíritu del libro. Es una intención necesaria e inteligente. No se trata de hacer un producto comercial, sino que tenga alcance político de responsabilidad y eso debería tener su efecto”, comenta Tomás Sánchez Santiago.

Christo Casas cree que sería “interesante” que los representantes políticos entiendan que es “un territorio diverso, con disputas y contradicciones internas y en la que se manifiestan las desigualdades materiales y la desmantelación del Estado del Bienestar”. “Uno de los problemas que padece la España rural es que estamos acostumbrados a que se cuente la realidad sin contar con personas que la viven desde dentro. Es a menudo una caricatura hecha desde las grandes ciudades: o se hace una parodia ultraidílica o una demonización de 'pueblo pequeño infierno grande'”, lamenta el escritor conquense.

La importancia de la cultura en los pueblos

Tomás Sánchez Santiago también reivindica el papel de la cultura en el medio rural. “Esta es una llamada de atención que debería ser atendida. No solo desaparecen los bancos, maestros o los curas... también hay un arrastre nefasto que lleva al abandono de lo cultural”, reivindica el poeta y novelista zamorano, que lamenta que se esté “desatendiendo” a los más mayores, que ahora están perdiendo “hasta el derecho a la contemplación de su paisaje”.

“Parece que para dedicarte a la cultura tienes que estar en los grandes focos de este país: Madrid o Barcelona. Y tenemos gente del interior peninsular que escribe muy bien, pero que está alejada de la influencia, los grandes focos y las relaciones interpersonales que se generan en el mundo de la cultura y la escritura. Pero aquí se hacen cosas que están tan bien hechas como las de la capital. Se produce cultura y de muy buena calidad”, defiende Virginia Hernández.

María San Miguel, procedente de Medina del Campo, pone el foco en un aspecto rural que cree que se obvia: que permanece un poso generado por el franquismo y el nacionalcatolicismo. “Siempre hablamos de la crisis de las democracias, pero hay preguntas más profundas que no nos hacemos y que tienen que ver con cómo se ha gestionado la periferia desde la transición. La democracia tiene que ver con la participación, la no violencia, la convivencia con el otro, la justicia e igualdad social... Y en muchos pueblos sigue habiendo terratenientes, alcaldes con discursos xenófobos y racistas... Tiene que ver con si la democracia ha permeado o no en el conjunto de la sociedad. Y, si no ha permeado, que nos hagamos preguntas sobre por qué la Iglesia y la tauromaquia tienen tanto arraigo en la tradición” reflexiona.

En el libro participan Arturo Tendero de Albacete; Ester Bueno Palacios, Miguel Velayos y Nieves Álvarez de Ávila; Jesús Carazo y Óscar Esquivias de Burgos; Carlota Visier y Christo Casas de Cuenca; José María Merino, Sol Gómez Arteaga y Vicente Muñoz Álvarez de León; Elena de Castro de Palencia; José Luis Puerto, Manu Espada y Yolanda Izard de Salamanca; Ignacio Sanz y Maribel Gilsanz de Segovia; Julio Izquierdo de Soria; Rafael Cabanillas de Toledo; Alejandro Cuevas, Beatriz Sanz Olandía, María San Miguel y Rodrigo Garrido Paniagua de Valladolid; Beatriz Cepeda, Clara García Fraile, David Refoyo y Tomás Sánchez Santiago de Zamora; y Cristina Fallarás de Zaragoza.

Castilla y León tendrá 23.046 habitantes menos dentro de quince años, 2.395.586, que suponen una pérdida del 1 por ciento de su población, el segundo mayor recorte autonómico sólo por detrás de los -47.868 de Extremadura, según la proyección de población que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En dato relativo, también Extremadura es la comunidad que más población perdería entre 2026-2041, con un 4,5 por ciento, mientras que Ceuta recortará un 2 por ciento, el 1,6 por ciento Asturias, ese 1 por ciento Castilla y León y el 0,5 Galicia, los únicos territorios que perderían población a quince años.

La proyección de Castilla y León es peor que la anterior, la de entre el 2024 y 2039, quince años en los que según el INE la comunidad perdería 16.750 habitantes.

Según las proyecciones publicadas este miércoles por el INE, en los 15 próximos años España ganaría 4.251.150 habitantes (un 8,6%), hasta superar los 53,8 millones de personas en 2041.

Los mayores incrementos relativos se registrarían en Comunitat Valenciana (16,4%), Illes Balears (16,2%) y Comunidad de Madrid (14,4%).

El saldo vegetativo mejora pero sigue negativo

Los datos de la proyección del saldo vegetativo, esto es la diferencia entre los nacimientos y las muertes, recogen que en 2026 Castilla y León perderá 16.630 habitantes por esa diferencia; que se modera en las proyecciones del 2030 a -16.209, con -16.230 en el 2035 y -16.982 en el 2040.

En cuanto al saldo migratorio, se prevé que en el 2026 salgan 19.985 habitantes de Castilla y León al extranjero, dato que se modera a los 16.618 en el 20230 y los 10.274 en el 2040.

También se amortigua la proyección de inmigrantes procedentes del extranjero en Castilla y León: 36.028 en el 2026, con 27.151 en el 2030, 21.214 en el 2035, con una ligera recuperación de 25.799 en el 2040.

El saldo migratorio interautonómico pasa al positivo

También el saldo migratorio interautonómico pasará al positivo en los próximos 15 años, y si en el 2026 será de 330 personas más que abandonan la comunidad que las que entran, el dato será de 232 en el 2030, con 878 en el 2035 y 1.538 en el 2040.

La proyección del INE recoge que el 2076 la población alcanzaría los 53,0 millones, con un incremento de 3,38 millones de personas respecto a 2026.

El progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos durante todo el periodo proyectivo, daría lugar a un saldo vegetativo negativo.

El saldo migratorio sería positivo en todos los años del periodo proyectivo, lo que provocaría, en balance, un aumento de población. En consecuencia, el aumento poblacional se debería, exclusivamente, a la migración internacional.

Por su parte, la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de significar el actual 79,8% del total, al 59,6% dentro de 50 años.

La Comunidad tendrá en 15 años el mayor porcentaje autonómico de hogares unipersonales

Casi cuatro de cada diez hogares, el 39,2 por ciento, será unipersonales en Castilla y León dentro de quince años, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según el INE, el mayor porcentaje autonómico y por encima del 30,6 por ciento de media nacional.

Castilla y León concluirá este 2026 con 1.070.538 hogares, que aumentarán un 3,9 por ciento, con 41.471 más, en el 2041.

El tamaño medio de los hogares del 2026 es de 2,24 personas en Castilla y León, ligeramente por debajo de los 2,49 de media nacional, que pasarán a 2,13 en el 2041 (2,43 nacional).

Y si en el 2026 los hogares unipersonales son el 35,5 por ciento en Castilla y León, el mayor dato autonómico, esa posición se mantendrá en el 2041 con un 39,2 por ciento de hogares con una sola persona en la comunidad, seguida del 37,7 de Asturias y del 36,7 del País Vasco.

Por su parte, Illes Balears sería la comunidad con menor porcentaje de hogares de una persona en el 2041 (25,9%), seguida de Comunidad de Madrid (26,8%) y Cataluña (27,5%).

En España, los hogares unipersonales serán los más frecuentes en 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales según el INE, que estima que el número total de hogares en España aumentará en 2,2 millones hasta los 21.943.397, de los que el 30 % estarán formados por una sola persona.

Según la proyección de Hogares 2026-2041 que publica este miércoles el INE, en 2041 habría una reducción en el número de personas que viven en cada hogar. Así, el tamaño medio del hogar pasaría de las 2,49 personas actuales a 2,43 en 2041.

Estima que habría 6,7 millones de hogares unipersonales, el 30,6 % del total, convirtiéndose este tipo de hogar en el más frecuente, al superar a los de dos personas.

Según esta proyección, el número de hogares en España se incrementaría un 11, 1 % (en 2.184.048) entre 2026 y 2041, alcanzando una cifra cercana a los 22 millones. EFE

Los ayuntamientos de la provincia de Albacete que tengan menos de 2.000 habitantes podrán optar a una nueva línea de ayudas para la adquisición, rehabilitación y reforma de viviendas municipales, así como para la compra de solares para la construcción de nuevas viviendas.

La Diputación de Albacete, entidad que ha puesto en marcha la convocatoria, ha explicado en un comunicado que las 65 entidades locales de la provincia que cuentan con menos de 2.000 habitantes podrán solicitar estas subvenciones desde este sábado, 30 de mayo, hasta el 18 de junio.

Cada localidad solicitante se comprometerá a una cofinanciación del 10 por ciento y podrá obtener una cuantía máxima de 50.000 euros. Además, las ayudas concedidas se anticiparán al 100 por 100 para facilitar la ejecución de las actuaciones, estableciéndose el plazo de un mes para la resolución y el 15 de abril de 2027 como fecha máxima para la justificación.

“Que se pongan a disposición de la ciudadanía en 5 años”

El vicepresidente de la institución, Fran Valera, ha indicado que esta medida persigue un triple objetivo. Por un lado, facilitar la adquisición de inmuebles por parte de los ayuntamientos para destinarlos a vivienda pública; en segundo lugar, permitir la rehabilitación de viviendas municipales ya existentes; y, finalmente, favorecer la adquisición de suelo para “desarrollar una alternativa ocupacional”, poniéndolo a disposición tanto de la ciudadanía como de actores privados “como ellos consideren”.

“Les vamos a exigir a los ayuntamientos que esas adquisiciones, rehabilitaciones o solares se pongan a disposición de la ciudadanía, siguiendo criterios socioeconómicos, en el plazo de cinco años para que sean una alternativa habitacional real”, ha añadido el vicepresidente, explicando claramente la finalidad de estas ayudas.