Los ayuntamientos de la provincia de Albacete que tengan menos de 2.000 habitantes podrán optar a una nueva línea de ayudas para la adquisición, rehabilitación y reforma de viviendas municipales, así como para la compra de solares para la construcción de nuevas viviendas.

La Diputación de Albacete, entidad que ha puesto en marcha la convocatoria, ha explicado en un comunicado que las 65 entidades locales de la provincia que cuentan con menos de 2.000 habitantes podrán solicitar estas subvenciones desde este sábado, 30 de mayo, hasta el 18 de junio.

Cada localidad solicitante se comprometerá a una cofinanciación del 10 por ciento y podrá obtener una cuantía máxima de 50.000 euros. Además, las ayudas concedidas se anticiparán al 100 por 100 para facilitar la ejecución de las actuaciones, estableciéndose el plazo de un mes para la resolución y el 15 de abril de 2027 como fecha máxima para la justificación.

“Que se pongan a disposición de la ciudadanía en 5 años”

El vicepresidente de la institución, Fran Valera, ha indicado que esta medida persigue un triple objetivo. Por un lado, facilitar la adquisición de inmuebles por parte de los ayuntamientos para destinarlos a vivienda pública; en segundo lugar, permitir la rehabilitación de viviendas municipales ya existentes; y, finalmente, favorecer la adquisición de suelo para “desarrollar una alternativa ocupacional”, poniéndolo a disposición tanto de la ciudadanía como de actores privados “como ellos consideren”.

“Les vamos a exigir a los ayuntamientos que esas adquisiciones, rehabilitaciones o solares se pongan a disposición de la ciudadanía, siguiendo criterios socioeconómicos, en el plazo de cinco años para que sean una alternativa habitacional real”, ha añadido el vicepresidente, explicando claramente la finalidad de estas ayudas.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, defenderá una iniciativa en el Parlamento para proponer la convocatoria de ayudas nominativas de hasta 4.000 euros, con el fin de fomentar la instalación de establecimientos de hostelería y tiendas de alimentación de proximidad en municipios con alta dispersión territorial y núcleos de población inferiores a 300 habitantes.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en Mirones, donde también ha presentado las alegaciones presentadas por el Partido Regionalista al anteproyecto de Ley de lucha contra la Despoblación y el Reto Demográfico, encaminadas a “garantizar los derechos” de la población rural y evitar que la futura norma quede reducida a “un mero instrumento declarativo, sin protección suficiente de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda”.

Fernández ha comparecido públicamente junto al alcalde de Miera, el también regionalista José Miguel Crespo, para presentar ambas iniciativas, cuyo objetivo es -según ha explicado- continuar las políticas de lucha contra el despoblamiento iniciadas durante la pasada legislatura, gobernada por PRC-PSOE y en la que estas competencias dependían de la Consejería que dirigía la regionalista.

A su juicio, las ayudas para bares impulsadas por el actual Gobierno (PP) resultan “claramente insuficientes”, por sus limitaciones de cuantía, alcance, requisitos y “capacidad real para mantener estos servicios”, en un contexto marcado por el incremento de los costes energéticos, los problemas de relevo generacional, la escasa rentabilidad derivada de la baja densidad poblacional y las dificultades para contratar personal o modernizar las instalaciones.

Su propuesta plantea por ello un cambio de orientación y la concesión de subvenciones nominativas adaptadas a la realidad económica y social del medio rural para aquellos establecimientos que mantengan una actividad efectiva, tanto bares como otros locales de hostelería, cafeterías, tiendas de alimentación y supermercados de proximidad.

Asimismo, defiende “criterios de valoración positiva y líneas de ayuda reforzadas” para los establecimientos que presten servicios complementarios a la población rural, especialmente “reparto a domicilio de productos básicos a personas mayores, dependientes o con dificultades de movilidad”.

16 alegaciones

Por otro lado, la candidata del PRC ha puesto en valor las 16 alegaciones presentadas por el PRC al anteproyecto de Ley de Lucha contra la Despoblación sometido a exposición pública por el Ejecutivo, todas ellas encaminadas a reforzar el carácter “garantista” de la futura norma.

Ese enfoque, prioritario en el proyecto que elaboró el anterior Gobierno en 2023, ha sido sustituido ahora por “un catálogo genérico” de medidas administrativas, por lo que los regionalistas quieren “recuperar el reconocimiento expreso de los derechos de los vecinos” en aras a asegurar “la igualdad real en el acceso a servicios públicos y oportunidades”.

“La ley que han presentado retrocede en derechos y garantías y no incluye suficiente protección de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda”, ha precisado Fernández.

Por ello, las alegaciones introducen medidas como una cláusula de “no regresión territorial”, para impedir reducciones injustificadas de servicios públicos esenciales en el medio rural, y la obligación de motivar cualquier reorganización administrativa que afecte a los municipios en riesgo de despoblamiento.

También incorporan la exigencia de que todas las iniciativas normativas, presupuestarias o de planificación territorial incluyan una evaluación previa de impacto demográfico cuando puedan afectar al medio rural.

Respecto a los servicios públicos, el PRC defiende el transporte a demanda como garantía específica de movilidad para los municipios sin conexiones suficientes con centros sanitarios, educativos o administrativos y reclama refuerzos para asegurar el acceso a los servicios sanitarios, con criterios específicos para la organización de citas, horarios y desplazamientos, sobre todo en atención primaria, pediatría, enfermería y atención a personas mayores o dependientes.

En el ámbito de la vivienda, pide medidas para facilitar la rehabilitación y recuperación de casas vacías o deterioradas, mediante ayudas, incentivos fiscales, simplificación administrativa y tramitación preferente, así como la adaptación de las políticas de eficiencia energética a las singularidades de la vivienda tradicional de los núcleos rurales.

La conectividad digital es otro de los derechos que los regionalistas quieren preservar por su carácter “esencial” para la cohesión territorial, con medidas que aseguren la cobertura móvil y el acceso a Internet de alta velocidad en todos los municipios.

Las alegaciones defienden además un refuerzo del control parlamentario para asegurar el cumplimiento de la futura ley, mediante un debate anual sobre el grado de ejecución de las medidas, la financiación asignada y la evolución demográfica de los municipios afectados.

Por último, el PRC plantea mecanismos específicos de financiación territorializada y medidas fiscales dirigidas a favorecer la residencia, el emprendimiento, la actividad económica y la rehabilitación de vivienda en los municipios en riesgo de despoblamiento.

Los vecinos de San Felices protestaron el otro día porque van a cerrar la única oficina de banco que queda en el pueblo. Quedará solo un cajero automático, que es una de las soluciones que había propuesto el Gobierno de Cantabria para luchar contra la pérdida de población. En 2021 se subvencionó con dos millones de euros la instalación de 38 cajeros en lugares como Bárcena de Pie de Concha, Luena, Tudanca, Aguayo o Los Tojos. Los vecinos los utilizan fundamentalmente para sacar dinero: hasta ahora más de 22 millones de euros en cerca de 144.000 operaciones.

En Cieza, temen que cierre la escuela de Villasuso porque el próximo otoño no quedarán suficientes niños. En otros municipios de la geografía cántabra se quejan de la falta de comunicaciones.

Luena, por ejemplo, es un pueblo sin autobús de ida y vuelta. Si tienes que ir al médico o hacer un trámite en Santander no queda más remedio que hacer noche en la capital, si solo se depende del transporte público. El problema es que hay rutas en zonas rurales con muy pocos viajeros que no son rentables, aunque deberían mantenerse para evitar la desigualdad de servicios a sus vecinos. Precisamente por eso el Gobierno de Cantabria, ahora que está tramitando las nuevas concesiones de rutas, ha planteado el transporte a demanda para las zonas más despobladas. Pero parece que estos cambios no entrarán en funcionamiento durante esta legislatura.

Toros, cajeros automáticos, rebaja de impuestos y alojamientos turísticos. Hasta ahora las recetas para combatir la despoblación en los pueblos de Cantabria no está dando frutos. A duras penas se mantiene el equilibrio entre los escasos empadronamientos que se suman al censo rural y los fallecimientos de una población envejecida que no tiene relevo.

El Gobierno de Cantabria tramita estos días la ley de medidas fiscales contra la despoblación, que ya se puede consultar para hacer alegaciones. Un texto que parte del documento que elaboró el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, que no llegó a tramitarse. La receta que propone es fomentar el turismo rural y establecer rebajas fiscales, deducciones y 'medidas de discriminación positiva' en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, para incentivar que los médicos, por ejemplo, acepten trabajar en estos lugares, lo cual cada día es más complicado.

Habrá incentivos administrativos, profesionales o económicos y también se facilitará el teletrabajo a los empleados públicos que residan en estos municipios. También se reservará una parte del crédito de las ayudas para los vecinos de estas zonas y se incrementará -como mínimo- un 20% “la intensidad”, dice el texto legal, de la ayuda.

El apoyo a los bares-tienda es otra de las soluciones que contempla la ley porque estos establecimientos son un servicio indispensable y centro social de la vida de los pueblos. El texto normativo también habla de favorecer el relevo generacional en comercios o actividades rurales, impulsar mercados estacionales y promocionar y dar visibilidad comercial a productos autóctonos, artesanales, ecológicos y de proximidad.

El documento mezcla muchos aspectos como la sanidad, la educación o la lucha contra la soledad no deseada y plantea soluciones en turismo, cultura y seguridad, además de combatir la brecha digital. Es decir, conseguir una buena cobertura para que funcionen sin dificultad los móviles y se pueda teletrabajar desde cualquier punto de la geografía cántabra. Algo que ahora no es posible, hay zonas de sombra y con dificultades de señal.

La nueva Ley garantizará que habrá escuelas abiertas en los municipios en riesgo de despoblamiento, donde se impartirán clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de tres alumnos.

Expropiaciones para proyectos se interés público

Entre otras cuestiones, el proyecto de ley autoriza al Gobierno de Cantabria a hacer expropiaciones forzosas para proyectos o actuaciones declarados de interés público y “que puedan generar una significativa incidencia positiva en los municipios en riesgo de despoblamiento”.

Además, en todas las contrataciones del sector público autonómico se favorecerán “las adquisiciones de proximidad”: la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada. En los contratos menores se solicitará la participación “preferentemente” de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y autónomos para ejecutar las prestaciones de que se trate en municipios en riesgo de despoblamiento.

De hecho, en la preparación de los contratos y en los términos legalmente establecidos se procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración para facilitar la participación de las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas locales.

Otras propuestas, para fijar población, sons recuperar antiguos oficios vinculados a la artesanía y a las artes, favorecer las oportunidades de empleo y asentamiento en el medio rural de personas jóvenes extutelados, dar servicios de cuidado para niños de hasta 3 años e impulsar lo que denominan 'casas amigas', como lugares para cuidar esos menores donde no exista infraestructura pública.

La futura ley quiere 'empoderar' a las personas mayores para garantizar “un envejecimiento activo” -y a la vez crear una red de voluntarios que las acompañen- y propone utilizar el helicóptero para emergencias sanitarias.

Otra de las cuestiones es que se apuesta por modelos de viviendas colaborativas para personas mayores, con discapacidad, necesidades especiales o en situación de soledad no deseada. Vivienda compartida o vivienda con apoyos e iniciativas compatibles con el cohousing, como modelos de comunidades autogestionadas, también se impulsan en esta nueva normativa.

81 pueblos con menos de diez habitantes

Actualmente hay 41 municipios en riesgo de despoblación de los 102 que tiene Cantabria. 81 pueblos de Cantabria tienen menos de diez habitantes. En seis pueblos solo está empadronada una persona. En otros, ya ha desaparecido hace años todo rastro humano. Porcieda lleva más de veinte años deshabitado y es un pueblo en venta que periódicamente es noticia en los medios. Sigue sin comprador. No es el único pueblo fantasma. Moroso, en Valderredible. Montabliz, en Bárcena de Pié de Concha. Beares y Enterría, en Camaleño. Vegaescobosa, en Luena. En todos ellos habita el silencio y el olvido.

Subvenciones taurinas para estimular empadronamientos

De todas las iniciativas que se ensayan contra la despoblación tal vez la más extravagante y controvertida es subvencionar corridas de toros en pueblos. La polémica medida del Gobierno autonómico del Partido Popular lleva tres años desarrollándose sin éxito: se han gastado 132.000 euros para conseguir cuatro nuevos habitantes en los cinco municipios rurales de Cantabria beneficiados con ayudas publicas para eventos taurinos: Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca. Es decir, cada empadronamiento cuesta 33.000 euros de dinero público.

En paralelo, el Ejecutivo cántabro ha apostado por facilitar la proliferación de alojamientos turísticos en los suelos rústicos, donde se están autorizando viviendas y apartamentos turísticos en suelo no urbanizable. La medida se justificó inicialmente para que los hijos pudiesen construirse una vivienda en el terreno de sus padres y quedarse a vivir en el pueblo. Aunque es común a todos los municipios, no solo como excepcionalidad en ayuntamientos despoblados. En cualquier caso, la normativa no permite específicamente el uso turístico del suelo rústico, pero se autoriza si el propietario lo registra como un único inmueble que integra diferentes apartamentos o alojamientos, por lo que en la práctica lo consiente. También en municipios sin problemas de despoblación.

Un texto legal contra la diáspora rural

Las medidas que propone el Gobierno en la futura Ley para hacer que los pueblos dejen de perder habitantes supone que todas las administraciones se sumen a la estrategia y que integren lo que denominan 'perspectiva demográfica' en todas sus decisiones y acciones. La idea es no solo atraer nuevos habitantes sino, en paralelo, “lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural”, explica el Gobierno cántabro.

La normativa obliga a que el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria presente un informe anual sobre la situación demográfica y territorial de Cantabria, que analizará las medidas adoptadas. Ese informe se aprobará en el Consejo de Gobierno y después se enviará al Parlamento de Cantabria.

Los municipios se clasificarán en tres categorías: riesgo de despoblamiento, riesgo grave de despoblamiento y municipios con tratamiento especial y diferenciado, aquellos que deben ser protegidos por su ruralidad, el envejecimiento de su población o su emplazamiento geográfico de alta montaña. Los requisitos concretos de estas categorías -que se revisarán cada dos años- los decidirá el Consejo de Gobierno.

Pastonatur se trata de una nueva iniciativa que une a 12 entidades de España, Francia y Portugal para transformar la percepción y la gestión de la ganadería extensiva en los espacios naturales protegidos. Con una duración prevista de cuatro años, el proyecto busca equilibrar la conservación ambiental con la rentabilidad económica de las explotaciones.

Frente a la creencia común de que la declaración de un espacio protegido supone una restricción para la actividad humana, Pastonatur propone un modelo de conservación dinámica. Este enfoque utiliza la ganadería regenerativa como un motor para mejorar la salud de los suelos y fomentar la biodiversidad en ecosistemas tradicionales como la dehesa.

Desde la Universidad de Extremadura, investigadores del Centro Universitario de Plasencia y el Instituto de Investigación de la Dehesa (INDEHESA) aportan su amplia experiencia en la gestión de sistemas agroforestales. Especializado en el entorno de la dehesa extremeña, el grupo de trabajo también coordina la temática de biodiversidad de todo el proyecto y lidera las acciones de mitigación del cambio climático en España.

Tal y como explica Lourdes López Díaz, investigadora del Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal: «Existe una desconfianza histórica del ganadero hacia los espacios protegidos, pero queremos demostrar que una ganadería extensiva bien gestionada no es una amenaza, sino el principal aliado de estos ecosistemas. En el caso de la dehesa, el pastoreo es lo que mantiene el equilibrio del bosque mediterráneo; sin él, perderíamos no solo biodiversidad, sino también un sistema socioeconómico fundamental para nuestra región».

Acciones piloto y transferencia al mercado

El proyecto se encuentra actualmente definiendo las metodologías para medir los efectos del pastoreo regenerativo en 16 explotaciones seleccionadas en los tres países. En Extremadura, las pruebas se realizarán en dos dehesas ubicadas en zonas de especial protección para las aves: la ZEPA Monfragüe y Dehesas del entorno, y la ZEPA Llanos de Alcántara y Brozas.

Además, el proyecto no se limita al planteamiento teórico, sino que aborda toda la cadena de valor mediante cuatro actividades piloto. En primer lugar, se evaluarán los beneficios a nivel medioambiental y socioeconómico del pastoreo extensivo. De esta manera se comparará los beneficios ambientales y económicos del pastoreo regenerativo frente a métodos convencionales.

Como segunda propuesta, se creará un estándar común de certificación que contempla instaurar un sello de calidad para que el consumidor identifique los productos (carne y leche) procedentes de estas prácticas.

Además, como punto clave se contempla la gestión comercial y distribución de los productos. Por eso, la tercera actividad busca optimizar los canales de venta, favoreciendo la distribución en “canales cortos” de venta como hospitales, colegios y tiendas locales.

Por último, se intentará incentivar la presencia y conocimiento del producto en el sector gastronómico mediante la colaboración con 30 restaurantes. El objetivo es que el consumidor comprenda el valor ambiental de lo que está degustando y esté dispuesto a pagar un precio justo que repercuta en el ganadero.

Como señala la investigadora Lourdes López, el objetivo final es que la conservación sea vista como una oportunidad económica: «Una explotación bajo el modelo de conservación dinámica mejora la calidad de su suelo y su producción a largo plazo, resultando más resiliente y competitiva que los modelos intensivos».

Pastonatur está coordinado por la Fundación Andanatura y cuenta con socios de primer nivel como la Junta de Andalucía, la Universidad de Évora y la Cámara de Agricultura de Ariège, entre otros. En Extremadura, apoyan el proyecto entidades representativas del sector, como la Junta de Extremadura y diversas asociaciones ganaderas.

Cuando en el año 2015 se tapió la puerta de la Iglesia de la Asunción de la aldea de Luezas por seguridad ante el avanzado estado de ruina del templo, “se tapió también la esperanza de recuperarla”, según recuerda Charo Rodrigo, la presidenta de la Asociación Amigos de Luezas. Sin embargo, la unión de los vecinos y vecinas y el empeño en mantener un pueblo en la que ya no hay población permanente, han conseguido que esta aldea del Camero Viejo mantenga la vida y que su iglesia se convierta en un espacio cultural y social, una de las únicas dos iglesias de La Rioja, junto con la de Treguajantes, cuyo uso ha cedido la Diócesis al Ayuntamiento de Soto en Cameros, de quien depende la aldea, y este a su vez a la asociación Amigos de Luezas.

La recuperación de la iglesia ha sido un camino muy largo hasta llegar a la jornada de reapertura del próximo sábado 16 de mayo. Ya en los años 60, con el pueblo todavía habitado, los vecinos hicieron una colecta y compraron una maderas para reparar el tejado, que ya sufría importantes daños. Sin embargo, aquel momento coincidió con el momento de despoblación del medio rural y la pérdida de habitantes de Luezas y aquellas maderas no llegaron a colocarse. Más adelante, en 1984, se funda la asociación Amigos de Luezas y se empiezan a arreglar las casas del pueblo, consiguiendo que aunque no haya población fija, “siempre hay alguien y muchas personas van los fines de semana”, señala Charo.

Ya en los años 60 se retoma la idea de reparar la iglesia, pero finalmente no fue posible y en 2015 el riesgo de accidentes obligó a tapiar la puerta. Sin embargo, el pueblo de Luezas, quienes habían crecido en sus calles y sus descendientes no perdieron la ilusión y la celebración del Día del Camero Viejo en 2016, una jornada de reivindicación rural que cada año se realiza en uno de los municipios de la comarca, recuperó las ganas de arreglar la iglesia.

Desde entonces, un largo camino que todavía continúa por convertir el templo en un espacio polivalente en el que los vecinos y visitantes puedan juntarse y celebrar actividades culturales y social. En 2019, el Gobierno de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Soto en Cameros, hizo una primera intervención que consistió en el desescombro del tejado, refuerzo de las bóvedas e instalación de una cubierta metálica para impermeabilizar y proteger los arcos y los nervios interiores que estaban muy dañados por las filtraciones.

Apadrina una piedra

Aquellas obras evitaron un probable colapso de la iglesia, pero impulsaron la segunda fase que incluía la consolidación de la nave central para permitir el acceso seguro. El Ayuntamiento volvió a participar a través de una subvención del Gobierno de La Rioja, pero era necesario completar el 35% de la inversión —8.680 euros— para poder ejecutar la obra. Ante este reto, Amigos de Luezas lanzó la colecta “Apadrina una piedra”, un crownfunding con el que consiguieron recaudar unos 1.900 euros y al que se sumaron los fondos recaudados por otra colecta Hispania Nostra. Así, euro a euro y piedra a piedra, con padrinos de todo el país y hasta de Estados Unidos, se consiguió iniciar la obra.

Ahora, todos los vecinos que vieron tapiar la puerta esperan con emoción la reapertura de la iglesia. “Es la demostración de que con perseverancia y solidaridad estos esfuerzos alcanzan grandes logros”, dice la presidenta de la asociación Amigos de Luezas con ilusión. La reparación de la iglesia de Luezas es el fruto del tesón de varias generaciones, las que nacieron allí y nunca perdieron el arraigo y a las que les inculcaron el vínculo al pueblo. “Para quienes vivieron allí la reapertura significa volver a sentir que hay vida en estos pequeños pueblos”, apunta Charo.

Y el reto no para. El resto de lo recaudado en los crownfundings se empleará en una tercera fase, que ya se ha solicitado, y que consiste en el acondicionamiento básico, la solera y las ventanas para convertir la iglesia en un centro social. En este sentido, la Diócesis concedió en 2024 la cesión de uso de la iglesia de Luezas y de Treguajantes, recuperada también gracias a sus vecinos, al Ayuntamiento de Soto en Cameros por 25 años. Un proceso que se había dado en ermitas riojanas pero no en otras iglesias. El convenio deja en manos del ayuntamiento las obras de mejora y de conservación, con información previa y que vele porque las actividades que en él se realicen “no resulten incompatibles con el significado y el carácter religioso que históricamente detentan dichos inmuebles”.

La primera gran actividad que acogerá el templo es la jornada de reapertura el sábado 16 de mayo, que contará con la actuación de los danzantes de Luezas, el reconocimiento a las instituciones y personas donantes, una actuación del coro de adultos de Piccolo y Saxo y una charla sobre el valor patrimonial de la iglesia a cargo de Rioxa Nostra. “Será el símbolo de la vida que se mantiene en Luezas”, dice orgullosa Charo. Porque ya se esperan 250 personas, llegadas incluso desde Chile y Australia, otras que no vuelven a Luezas desde que se fueron de allí. Todos han elegido este día para reencontrarse con familiares, con vecinos y con su pueblo. “Será el momento de decir: 'Lo hemos conseguido y juntos”. Cientos de amigos de Luezas cruzarán de nuevo el umbral de la puerta de Luezas que un día tuvo que tapiarse y que ahora se abre y con ella también se abra un poco más la vida de esta aldea camerana.

La Fundación Franz Weber ha asegurado que las ayudas convocadas por el Gobierno de Cantabria para facilitar la organización de espectáculos taurinos en los municipios de la comunidad en riesgo de despoblamiento han permitido “fijar cuatro habitantes en tres años”, en los que la entidad naturalista cifra en alrededor de 132.000 euros el importe de estas subvenciones de la Consejería de Presidencia.

Así lo ha señalado en un comunicado difundido después de la última convocatoria del departamento que dirige Isabel Urrutia (PP), con un presupuesto anual de 41.000 euros destinados a 41 ayuntamientos.

La fundación critica que el Ejecutivo defienda que entre los objetivos de estas ayudas figuren fijar población y dinamizar la economía. “Ni fijan población ni suponen una actividad dinamizadora real”, sentencia. “El Ejecutivo autonómico ha dedicado desde 2024 alrededor de 132.000 euros bajo esta excusa, pero la realidad poblacional en los municipios agraciados en diferentes convocatorias muestra una evidente incapacidad para incidir de forma positiva”.

En este sentido, FFW señala que cinco municipios que han recibido estas ayudas -Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca- cuentan con “cuatro nuevos habitantes”. Por eso, critica la posición del Gobierno cántabro de “apoyar la tauromaquia empleando subterfugios como la despoblación”, cuando “las necesidades” de estos municipios “son muy diferentes”, como mejoras de internet, sanidad o infraestructuras, según citan.

Este colectivo cuestiona la “coincidencia” de los municipios que reciben las ayudas, que son “prácticamente los mismos”, pues la convocatoria se dirige a más de 40 y “solo cuatro o cinco” perciben las ayudas, lo que a juicio de FFW refleja que “la inmensa mayoría de los consistorios no quiere participar de la tauromaquia”. Por último, asegura que las convocatorias subvencionadas incorporan ofertas dirigidas a “menores de edad, incluso acceso gratuito”, lo que contraviene advertencias del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La Comisión Permanente del Consejo Asesor de Lucha contra el Despoblamiento ha celebrado este jueves su primera reunión, en la que el Gobierno de Cantabria ha presentado el borrador de la futura ley de lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico, un texto que prevé remitir al Parlamento como proyecto antes del verano.

El borrador de este anteproyecto ha superado su primer trámite tras obtener el visto bueno de la Comisión Permanente, al incorporar además las alegaciones y propuestas de los municipios y de la Universidad de Cantabria.

Antes de presidir la reunión, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), ha explicado a los medios que el objetivo de esta norma es “poner en la agenda de las administraciones la lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico en todas las políticas públicas que se pongan en marcha”, con el fin de dar “una respuesta integral y permanente en el tiempo con un marco normativo concreto y con medidas reales”.

El borrador, que ha comenzado este jueves su tramitación con el análisis en el seno de la Comisión Permanente, es fruto del trabajo conjunto de todas las consejerías del Gobierno de Cantabria y de las aportaciones realizadas por los miembros del Consejo Asesor en los últimos años.

Además, según ha dicho la consejera, ha tomado como “base” el documento elaborado por el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, que no llegó a tramitarse. “No partíamos de cero, pero creo que es un texto mucho más ambicioso, más real y acorde a las necesidades de Cantabria”, ha subrayado Urrutia.

Respecto a su contenido, la futura ley se estructura en 66 artículos distribuidos en cuatro títulos, además de un preámbulo y diversas disposiciones, y se articula en dos grandes bloques.

Por un lado, hay una parte general que define el objeto, ámbito de aplicación y finalidades de la norma, así como las medidas generales de acción, organización y planificación de la Administración autonómica. Por otro lado, se incluyen un conjunto de medidas específicas dirigidas a los 41 municipios en riesgo de despoblamiento.

Entre las principales actuaciones previstas, destacan las rebajas fiscales y deducciones en estos municipios, así como medidas de discriminación positiva en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, con el objetivo de incentivar la cobertura de puestos de trabajo de difícil provisión.

Asimismo, el texto contempla iniciativas en ámbitos clave como la sanidad, la educación, la inclusión social o la lucha contra la soledad no deseada, además de actuaciones en turismo, cultura, seguridad y combatir la brecha digital. También promueve la colaboración entre administraciones y con el sector privado, así como la sensibilización social y la puesta en valor del medio rural.

En la parte organizativa, la nueva norma obligará a que haya una consejería competente en esta materia, que coordinará las competencias de las distintas consejerías, incluyendo la acción también del Consejo Asesor.

La consejera de Presidencia ha incidido en el carácter transversal de la norma, que implicará tanto a la Administración autonómica como a las entidades locales. “No solo afecta y obliga a la administración autonómica y su sector público, sino también a la administración local, con la que tendremos que coordinar, apoyar e impulsar medidas concretas”, ha explicado.

El texto incorpora además el deber general de todas las administraciones de integrar la perspectiva demográfica en su acción de gobierno, en la producción normativa y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

El objetivo último es “promover la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y libertades de los cántabros que viven en los municipios en riesgo de despoblamiento, aumentar la población, frenar estos procesos y no solo atraer nuevos habitantes, sino también lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural”.

Tras esta primera reunión, el borrador será sometido a las aportaciones de los miembros de la Comisión Permanente y, posteriormente, del conjunto del Consejo Asesor. De forma paralela, el Gobierno abrirá en mayo el trámite de audiencia e información pública para recabar la participación de la ciudadanía. Una vez analizadas las alegaciones, el texto continuará su tramitación interna hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión al Parlamento de Cantabria como proyecto de ley.

Fundación Eurocaja Rural ha participado esta mañana en la presentación del VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, celebrada en la Sala Europa del Senado, una iniciativa impulsada por la Cátedra de Despoblación y Desarrollo Rural de Next Educación y Fundación AXA que analiza la evolución, retos y oportunidades del medio rural en España.

En este acto han intervenido el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto Aranzábal; el secretario general para la lucha contra la despoblación, Francésc Boya Alós; y el presidente de Next Educación y director de la Cátedra de la Despoblación y Desarrollo Rural, Manuel Campo Vidal, quienes han subrayado la importancia de impulsar la sostenibilidad y el desarrollo del medio rural y de promover “estudios rigurosos que permitan analizar la situación real de nuestros núcleos rurales y diseñar políticas eficaces frente al reto demográfico”.

La gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, ha participado desde el escaño del Senado subrayando el compromiso de Eurocaja Rural y su Fundación con la cohesión territorial, el apoyo al emprendimiento y la lucha activa contra la despoblación en los territorios donde opera, en línea con su constitución como entidad de economía social hace más de 60 años.

Conclusiones del estudio

El VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, elaborado a partir de una amplia encuesta a población vinculada al medio rural, constata “una mejoría en la percepción de los avances, aunque subraya que estos siguen siendo limitados”. Entre los principales retos señalados destacan el exceso de burocracia, la falta de vivienda y el escaso apoyo a los emprendedores, así como la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones.

En este contexto, Susana Cortés subrayó “la importancia de seguir impulsando proyectos que generen futuro, que fortalezcan el tejido social y que contribuyan a que nuestros pueblos sigan siendo espacios vivos, dinámicos y llenos de posibilidades”. En definitiva, permitir que cada persona pueda elegir dónde vivir, sin ninguna limitación.

Iniciativas promovidas por Eurocaja Rural y su Fundación

La entidad financiera y su Fundación desarrollan una labor “continuada” para favorecer el progreso socioeconómico y fortalecer el desarrollo del medio rural en los territorios donde está presente.

Según señala Eurocaja Rural, desempeñan “un papel clave en la lucha contra la exclusión financiera, manteniendo e inaugurando oficinas en pequeños municipios”. No se trata sólo de facilitar acceso a liquidez, sino de permitir a los vecinos acceder a un asesoramiento financiero completo, un servicio esencial. De hecho, a cierre de 2025 Eurocaja Rural “es la única entidad financiera con presencia física en 71 localidades, garantizando el acceso a servicios bancarios a más de 89.000 habitantes, generando empleo y estimulando la actividad económica, en contraposición a la tendencia generalizada de cierre de oficinas del sector financiero”. Por otra parte, presta servicio en estas localidades desde 266 oficinas a más de 552.000 personas.

Fundación Eurocaja Rural desarrolla su actividad a través de iniciativas sociales y solidarias, para ayudar a los colectivos más vulnerables, y a través de proyectos que mejoran la competitividad, fomentan el empleo y la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito rural. En muchos casos, en colaboración con instituciones públicas, algo que es imprescindible.

Respecto a las iniciativas promovidas desde Fundación Eurocaja Rural, destacan las ‘Ayudas Sociales’, que cuenta con una categoría específica dirigida al ‘Desarrollo Rural’, donde se respaldan proyectos que contribuyen a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud fijando así población o mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano.

También organiza desde 2021 el foro ‘Empuéblate’, un espacio de referencia a nivel nacional dedicado a ofrecer soluciones innovadoras e intercambio de ideas eficaces desarrolladas por emprendedores, pymes, grandes empresas, asociaciones y Administraciones Públicas frente al desafío de la despoblación. Y ofrece formación gratuita en materias sensibles o de carácter específico o de capacitación, dirigida especialmente a colectivos con menos recursos, por ejemplo: ‘Campus Talento’, para menores de 30 años con formación técnica o universitaria para especializarse en Inteligencia Artificial y Transformación Digital Empresarial; ‘Cursos de Seguridad Digital’, para personas mayores; Programas de especialización en procesos agroalimentarios y sector cooperativo dirigidos a profesionales y posible relevo generacional: ‘Aula Virgen Extra’.

Además, Fundación Eurocaja Rural trabaja para dar visibilidad a la riqueza cultural, social y económica del medio rural, como la convocatoria para impulsar proyectos rurales a través de la Cátedra “Cultura y Desarrollo Rural” con la UCLM, que reconocen iniciativas comprometidas con el desarrollo sostenible y la cohesión territorial.

La Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda ha anunciado al Decanato de Registradores de Aragón que no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de las 25 oficinas liquidadoras en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, lo que justifica con una “reestructuración organizativa y operativa”. Así, dejarán de prestar este servicio el 30 de junio.

La medida afecta a buena parte de las comarcas aragonesas, especialmente a zonas despobladas de la comunidad autónoma. Los municipios que se verán afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras en la provincia de Zaragoza se encuentran Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona. En la provincia de Huesca están Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sabiñánigo, Sariñena y Tamarite de Litera. Por su parte, en la provincia de Teruel se localizan Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Híjar y Mora de Rubielos.

Esta decisión contrasta con otras comunidades donde, lejos de desaparecer, el modelo de oficinas liquidadoras se mantiene e incluso se ha reforzado en comunidades como Madrid y Andalucía.

El PSOE de Aragón ha manifestado su firme rechazo al cierre de las oficinas de estos órganos en distintos municipios de Aragón, una decisión que, a juicio de los socialistas, supone un grave retroceso en la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha expresado su “profundo malestar” ante una medida impulsada por el Gobierno de Aragón que, según ha señalado, “priva a miles de ciudadanos y ciudadanas de un servicio fundamental, especialmente en aquellos municipios donde la cercanía de la Administración resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades”.

El cierre de la oficina liquidadora de Ejea no supone únicamente la desaparición de un servicio administrativo, sino la desarticulación de un punto clave para la gestión tributaria en el medio rural. Según la alcaldesa, esta oficina da cobertura a 40 municipios y tramita anualmente liquidaciones por valor de unos 11 millones de euros, vinculadas en su mayoría a compraventas, herencias y otros actos jurídicos habituales. Su supresión obligará, a partir de julio, a los contribuyentes a desplazarse hasta Zaragoza capital o a recurrir a gestorías privadas para realizar trámites que hasta ahora podían resolver de forma directa. En la práctica, la medida implica trasladar al ciudadano —especialmente en zonas con población envejecida y menor acceso a servicios digitales— costes adicionales de tiempo y dinero, además de dificultar el normal desarrollo de operaciones económicas cotidianas.

“Un instrumento eficaz y cercano” que desaparece

Por ello, Ladrero ha exigido una reflexión y una rectificación porque “no se puede hablar de lucha contra la despoblación mientras se eliminan servicios públicos en el territorio”, y ha subrayado que las oficinas de registro liquidadoras “han demostrado ser un instrumento eficaz, cercano y accesible, especialmente para las personas mayores o con dificultades para relacionarse con la administración digital”.

En este sentido, ha defendido el papel de estas oficinas no solo como puntos de gestión tributaria, sino también como herramientas para reforzar la cohesión territorial, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y generar empleo cualificado en el medio rural. Además, son oficinas con personal cualificado que pueden ver en peligro sus 47 puestos de trabajo en todo Aragón si todo se centraliza en la capital.

Asimismo, Ladrero ha incidido en que “los impuestos forman parte del contrato social que sostiene nuestro Estado del bienestar, y su gestión debe ser justa, eficiente y cercana a la ciudadanía”. Por ello, ha advertido de que su eliminación “debilita la confianza en las instituciones y agrava las desigualdades entre el medio urbano y el rural”.

Ladrero tambén ha cuestionado por qué se cierra un modelo que funciona bien en Aragón y que también se mantiene en Andalucía, Madrid o Valencia, comunidades del mismo signo político de Azcón.

Los socialistas zaragozanos presentarán una moción en la Diputación Provincial de Zaragoza para defender el mantenimiento de las oficinas de registro liquidadoras en la provincia. La iniciativa propone que la institución provincial manifieste su apoyo al actual modelo descentralizado de gestión de los tributos cedidos y que inste al Gobierno de Aragón a mantener abiertas y plenamente operativas las oficinas existentes en municipios como Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona.

Asimismo, la moción reclama que cualquier modificación del modelo se realice desde el diálogo institucional, contando con la participación de las entidades locales y evaluando el impacto social, económico y territorial de las decisiones adoptadas.

“Hechos consumados”

En la provincia de Huesca, la alcaldesa de Fonz, María Clusa, critica la “política de hechos consumados” del Gobierno de Aragón, “un golpe en la línea de flotación de los servicios públicos en el territorio y cree que se abre más la puerta a que la gente se vaya de los pueblos. ”Que nos pongan un autobús y un cortacésped para cortar la hierba de la carretera“, dice con enfado tras conocer, de mano del registrador de zona, el inminente cierre de la oficina de Barbastro, distrito hipotecario al que pertenece Fonz, junto con otros 27 municipios más.

Clusa pone el acento en la profesionalidad de los trabajadores de las oficinas que, en su caso, llevan casi 20 años trabajando, prestando un gran servicio para que el realizan cursos para actualizarse. Expone que hay pactos sucesorios y casos “que requieren más formación y experiencia que tener un certificado digital”. La alcaldesa subraya que en el medio rural vive sobre todo gente mayor a los que hay que atender y no derivarles a un buzón electrónico, obligarles a bajar a la capital a realizar estas gestiones o contratar un gestor con su dinero, “una privatización encubierta del servicio”.

En cualquier caso, Clusa recuerda que los impuestos caducan a los cuatro años y deben recaudarse las liquidaciones, de modo que si el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta medida, cree que debería hacerla de un modo ordenado porque han avisado con seis meses.

En Teruel, la diputada socialista en las Cortes de Aragón, María Ariño, ha lamentado que esta decisión “vuelve a dar la espalda al medio rural”, de forma que “eliminan un servicio de cercanía y proximidad, obligando a los vecinos a desplazarse a las capitales provinciales y afectando tanto al empleo local como a la cohesión territorial”. El PSOE va a “exigir” la renovación del convenio para que las oficinas liquidadoras sigan abiertas en los pueblos a través de una propuesta en las Cortes de Aragón y en las entidades locales.

“Tenemos a Azcón y el PP hablando mucho sobre la despoblación, pero hecho reales ninguno. Al contrario, los que hacen es políticas contrarias a lo que necesitamos en el medio rural”, ha concluido la diputada socialista en relación a esta nueva centralización que, de acuerdo con los propios registradores de la propiedad, no solo aleja el servicio del medio rural “sino que no atiende a criterios ni de proporcionalidad ni de calidad”.

De hecho, los socialistas han destacado la satisfacción local por el trabajo que realizan los registradores de propiedad o los informes muy positivos del Ministerio de Hacienda sobre el servicio. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha lamentado que el Gobierno de Jorge Azcón “haga un cambio de modelo tributario” y no haya informado a los municipios afectados.

“La información nos ha llegado a través del Colegio de Registradores”, ha destacado Rando rechazando este cambio “totalmente centralizador del PP que elimina servicios del medio rural” y que, ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores que sufren la brecha digital y no pueden hacer los trámites a través de Internet. Así, ha anunciado que el Ayuntamiento de Calamocha enviará un escrito reclamando al Gobierno de Aragón que no cierre estas oficinas.

Calamocha es uno de los municipios turolenses que se verían afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras, que también existen en Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calatayud, Caspe, Castellote, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Híjar, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona.

“Ahorro para los contribuyentes”

Fuentes del Gobierno de Aragón han replicado que el proceso ya estaba previsto por el anterior Ejecutivo , incluso por los gobiernos anteriores, y que la decisión implicaba que el Gobierno de Aragón asumiera el trabajo que hacen las oficinas.

 Según las mismas fuentes, para amortiguar la decisión se acordó con los registradores dar un plazo de dos años que acababa en diciembre de 2025. Llegada esa fecha, “y como siempre se ha mantenido un canal de comunicación abierto con ellos, se acordó conceder una prórroga por lo que el plazo se amplió al próximo 30 de junio”, momento el que el Gobierno de Aragón asumirá el trabajo, “con un significativo ahorro para el contribuyente”.

Añaden que “esto no significa que los ciudadanos no vayan a estar atendidos. Va a seguir habiendo espacios físicos a los que se pueda acudir, a pesar de que un alto porcentaje de las liquidaciones que se realizan hoy en día se hacen de manera telemática”. Concluyen que “el servicio presencial no solo va a seguir existiendo, con idéntico horario, en distintas oficinas de las comarcas aragonesas atendidas por funcionarios públicos, sino que va a suponer un importante ahorro para los aragoneses”.

Sin embargo, cargos del anterior Ejecutivo han negado con rotundidad que estuviera en la agenda suprimir las oficinas liquidadoras y creen que será muy difícil asumir el servicio desde la dirección general de Tributos con su actual plantilla. Además, descartan que el servicio pueda prestarse desde las oficinas de las comarcas, donde el personal no tiene esas competencias ni tampoco formación. Igualmemente, descartan el argumento de que la mayoría de los trámites se realicen telemáticamente, ya que la mayoría de la población del medio rural es de edad avanzada y el papel de estas oficinas se fumdamenta en la atención personalizada.

Por otro lado, según ha podido saber este diario, los registradores de la propiedad llevan esperando dos años y medio una reunión con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, e incluso han sufrido más de un plantón.

Un modelo con peso en la gestión tributaria

Según un estudio del Decanato de Registradores de Aragón, las oficinas liquidadoras tramitan más de la mitad de los expedientes de los principales tributos cedidos: en torno al 55% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y cerca del 58,5% en Transmisiones Patrimoniales. En términos de recaudación, gestionan aproximadamente un tercio del total asociado a estos impuestos.

El volumen de actividad es elevado y cada año se resuelven más de 14.000 expedientes de sucesiones y más de 40.000 de transmisiones patrimoniales, con niveles reducidos de acumulación de expedientes pendientes.

Uno de los elementos más destacados del informe es la eficiencia en los plazos. Los tiempos medios de tramitación en estas oficinas se sitúan en torno a dos meses, frente a demoras que pueden superar los 20 e incluso los 40 meses en otros ámbitos de la administración tributaria. Esta diferencia apunta a una capacidad de gestión ágil en procedimientos complejos.

El estudio también subraya su papel en el control fiscal. La actividad de comprobación desarrollada por estas oficinas permitió generar liquidaciones complementarias por valor de 6,8 millones de euros, además de detectar un mayor porcentaje de incidencias que la gestión directa de la administración, lo que refuerza su función como mecanismo de lucha contra el fraude o las infravaloraciones.

En el plano de la atención al contribuyente, durante 2023 se realizaron más de 6.000 asistencias presenciales, lo que se tradujo en un ahorro estimado superior a 1,2 millones de euros en costes de gestoría, sin contar los desplazamientos evitados.

Este modelo tiene además una fuerte implantación territorial donde las oficinas liquidadoras representan casi el 89% de los puntos de atención tributaria en Aragón, lo que permite acercar la administración a zonas con dispersión poblacional y dificultades de acceso.

En el mapa de la falta de servicios del medio rural, la cultura suele ser el último en llegar y el primero en olvidarse. Y al mismo tiempo, es un derecho transformador y esencial para el arraigo en los pueblos. Con la convicción de que el libro es una herramienta de resistencia contra la despoblación, Nalda acoge este fin de semana la primera Feria Nómada Rural, un lugar de encuentro de escritores y público, con presentaciones de libros, feria con diez editoriales participantes, encuentros con autores y mesas redondas donde abrir debate cultural. Todo ello en el marco rural al que no suelen llegar este tipo de programaciones.

Con el símbolo de la Biblioteca Nómada, esa furgoneta con empeño itinerante que lleva libros a cada vez más pueblos de La Rioja, esta feria supone un paso más para reivindicar la cultura en el medio rural. “Como pasa con los bares en estos lugares, que casi deberían ser obligatorios, no porque la gente necesite tomar un café o una cerveza, sino porque necesita un punto donde conectarse, un espacio cultural como asidero. Y las bibliotecas muchas veces son ese asidero, se convierten en un agente cultural brutal para unificar a la población”, defiende Lorenzo Soto, el Responsable de contenidos y coordinación de la web de recomendación de lecturas Canal Lector de Fundación Germán Sánchez Rupérez, que participará en la feria.

“Las bibliotecas deben escuchar las propuestas de los jóvenes”

Desde la fundación, Soto coordina las actividades con jóvenes y en la mesa redonda “Comunidades Lectoras. El Papel Social de la Biblioteca” abordará precisamente en la visión de los jóvenes de la biblioteca, “en los cambios que poco a poco se están implementando en estos espacios culturales para fidelizar a este público, que, por otra parte, cada vez se ha tenido mayor desapego por este espacio, sobre todo yo creo que el mayor problema es porque no encuentran su espacio propio”, señala. Este profesional no teme la competencia de las pantallas o las redes sociales: “Es un tópico porque llevamos una década que los datos indican el público más lector de España ha sido el joven de 14 a 20 y pocos años”. Lorenzo Soto lleva más de 25 años trabajando de cerca con la juventud y constatando su interés por la lectura. “Una vez que consigues una fidelización es una fidelización para siempre e incondicional y aprendes de ellos permanentemente porque son el termómetro de los cambios de la sociedad, ellos te indican las nuevas tendencias”, pone en valor.

Por ello, reivindica que los espacios culturales y las bibliotecas en concreto deben adaptarse para tenerles en cuenta, una trasformación que llevan años haciendo y que, según considera Lorenzo, debe pasar por “escuchar sus propuestas y darles pie a hacer una programación”. Es consciente que la financiación es a menudo el gran obstáculo, pero si fuera posible, reivindica la importancia de contar con “bibliotecas solo para la gente joven, con una programación estable de actividades, con dinamización de las propuestas, con un club de lectura, con encuentros con el autor...”.

Dificultades que se multiplican en el ámbito rural, por lo que, para Lorenzo Soto, la Feria Nómada Rural es una “idea espectacular” también para “poner en valor todo ese trabajo que hacen bibliotecarios en el ámbito rural y los bibliobuses”. Y subraya: “De los bibliotecarios rurales tendríamos que aprender también en lo urbano, porque creo que esas dificultades hacen que afinen un poco más tu ingenio a la hora de llegar a los lectores”. Recuerda así a los bibliotecarios de pueblos de Chile, donde realizaron un proyecto, que tenían que llevar los libros en burro o a sus veranos en la biblioteca de pueblo, que fueron caldo de cultivo para él como lectores.

Dibujos en directo

El poder transformador de la lectura que reivindicará la Feria Nómada Rural es precisamente el argumento del nuevo cuento de la ilustradora Chus Rojo, que presentará el domingo, junto al escritor Fran Alonso, La rebelión de la lectura, que propone una metáfora sobre la importancia del pensamiento crítico a través del cuento clásico de los tres cerditos. “Es una historia sobre la importancia del pensamiento y de la comunidad. En el libro, personajes muy humildes tienen que pagar hasta por la luz del sol, y terminan encontrando en la lectura la fuerza para rebelarse y echar a andar”, explica la artista.

Durante la presentación, la ilustradora dibujará en directo mientras se sucede la narración, buscando que el público perciba que las historias son algo vivo. Los niños y niñas de Nalda y de los pueblos del entorno no pueden disfrutar en su pueblo de este tipo de actos a menudo. “A veces nos olvidamos del mundo rural. Hay mucha gente que vive en zonas rurales y realmente no les estamos ofreciendo servicios culturales porque se concentran en las grandes ciudades”, señala Rojo, que añade: “Se van dejando en el olvido y la gente tiene que desplazarse o directamente se van a vivir a una ciudad más grande para tener más servicios”.

Como ocurre en el cuento de Chus y Fran, los libros son capaces de transformar sociedades. De hecho, esta ilustradora se queda con una descripción que le ha escuchado estos días a su compañero: “Las palabras son como globos cuando los sueltas y se van volando. Te hacen libre”. La Feria Nómada Rural, como la Biblioteca Nómada, acercan los libros para que los habitantes de los pueblos de La Rioja también puedan volar.

Paco Paricio tiene muy claro que un títere no es solo un muñeco. El títere es un objeto de juego intergeneracional, que “coge vida al moverlo” y que, en ocasiones, se convierte en “objeto mediador, mejor que la palabra”. Es la máscara al actor. Un ser inanimado, a priori, pero que se convierte en todo un medio de comunicación. El títere es también protagonista en Abizanda. 

En este pequeño pueblo oscense de menos de 200 habitantes se alzó hace ya dos décadas La Casa de los Títeres, un refugio para la cultura en plena comarca del Sobrarbe, en el Pirineo aragonés. La Casa de los Títeres es, en realidad, la unión de tres casas de pueblo: casa Simona, casa Lecina y casa Maza. Rescatadas de la ruina, se han restaurado transformándose en un teatro, un museo y una residencia de artistas. “Nos parecía en principio una utopía, pero teníamos mucha ilusión. Hemos viajado por todo el mundo y siempre decíamos que nos gustaría tener un teatro donde poder hacer nuestras funciones, que viniera el público a vernos. Luego, acoger todo el material que tenemos precisamente de los viajes, los títeres y los grabados, y poderlo mostrar”, relata Pilar Amorós.

Amorós y Paricio son los creadores de este hogar teatral pirenaico así como los fundadores, directores y miembros de Los Titiriteros de Binéfar. Una compañía que lleva en activo desde hace 50 años y que, por ende, no requiere de mucha presentación. Aunque por entonces ser titiritero estaba visto “como un trauma para nuestros padres”, como explica Paricio, ellos han sido los compañeros de viaje de miles de infancias en el mundo. En la actualidad, son 12 los integrantes de la agrupación, a los que se suman entre seis y siete colaboradores. 

Decenas de países visitados con sus espectáculos, libros —como su último ejemplar 'Juegos y recursos del titiritero'—, discos con más de 170 canciones versionadas (algunas son propias) y, por supuesto, más de 50 obras de teatro, destinadas a un público familiar que no infantil. “Ver reír a padres, abuelos y niños es fantástico. Intentamos que los espectáculos siempre sean para todos los públicos y que no se queden solo en el teatro; sino que, al salir, les quede un poso con el que luego hablar”, detalla Amorós. Por todo ello, no es de extrañar que en el año 2009 fueran galardonados con el Premio Nacional de Teatro para la infancia y la juventud gracias a 'El hombre cigüeña'.

Más allá del teatro

En el interior de casa Simona se encuentra el teatro de este 'hogar titiritero'. Esta sala tiene un aforo de 100 personas y cuenta con gallinero —que no el de aves—, sino ese “conjunto de localidades en la parte más alta”, que define la RAE. Siendo los meses de julio y agosto los más intensos, el escenario acoge actuaciones en festivos y puentes como San Jorge, Todos los Santos o estos días de Semana Santa.

Cabe destacar que no solo actúan los veteranos titiriteros, sino que otros grupos teatrales internacionales se hacen eco entre sus bambalinas, y no solo en este género: “No somos muy fanáticos de que la programación tenga que ser de títeres. Siempre nos gusta que haya de todo, que sea multidisciplinar en todos los sentidos”, indica Amorós.

A casa Simona se suma su museo de títeres, grabados y pinturas teatrales de casa Lecina. Un museo manipulativo con piezas traídas de Francia, Inglaterra, India, China, Vietnam, Brasil, Ucrania… que muchas han sido obtenidas de mercadillos o rastros. De hecho, en sus espectáculos también utilizan este tipo de material, aunque en su mayoría los fabrican y diseñan ellos. Madera, cartón y tela; esas son sus materias primas, pero como advierte Paricio: “Para nosotros es importante los títeres, pero todavía es más importante la historia que vamos a contar y por qué la vamos a contar”.

La tercera es casa Maza, el alojamiento artístico. Además de brindar techo a los artistas que trabajan en La Casa de los Títeres, es refugio de residencias artísticas. Es decir, elencos que huyen del mundanal ruido, buscando un lugar de trabajo inspirativo: “Es un espacio para la creación estupendo: tiene el teatro, una sala de ensayo, alojamiento y, sobre todo, la tranquilidad, el relax… Ese binomio de naturaleza y teatro es muy importante, muy interesante y muy agradable”, declara Amorós. 

Abizanda y los títeres

“Desde siempre, todos los vecinos nos han acogido muy bien. Ellos sienten que es una casa más, un espacio más del pueblo”, analiza Amorós. Así, cada puente de Todos los Santos, la falsa de casa Maza es el escenario de una actividad muy especial. Es el final de una actuación, que culmina con música, vino, dulces preparados por las mujeres abizandinas y memoria. “El año pasado fue muy emocionante porque trajeron fotos de sus padres, de sus abuelos, de cuando se casaron…”.

Y es que la música siempre está presente en los shows de Los Titiriteros de Binéfar. Es una de sus señas de identidad, que ha ido cambiando durante estas décadas: “Hemos evolucionado. Estábamos en el folclore puro y duro, con gaitas y dulzainas, y ahora vamos poniendo algo de electrónica”, agrega Paricio.

Pero si hay algo que es inherente a ellos, como se señalaba al inicio de este texto, es el títere. El títere que ya es emblema de este pueblo de Sobrarbe. Ese objeto para jugar y mediar, pero que también parece cobrar vida propia: “Cuando el títere, no voy a decir protagonista, es personaje de la historia; es lo que yo llamaría teatro de títeres”, sentencia Paricio.

Próximas actuaciones

Con un precio de 10 euros por entrada, La Casa de los Títeres ha acogido estos días varias actuaciones: ‘Niña Jaguar’ de la compañía brasileña Mosaico Cultural, un espectáculo de clown titulado 'A comer…!' de Cía Patri Coronas y Monopájaroverde Circus Company, así como 'El jardín de la alegría' de los propios Titiriteros de Binéfar. Esta última obra protagonizada por la propia Amorós y acompañada por el músico Quiri Aquilué, está inspirada en la cultura tradicional, pero con un aire renovado: “Lo que monto es un jardín con recuerdos, con objetos, con canciones, con mi memoria. La comparto con todos y con el músico que me ayuda efectivamente a ponerla en valor”, aclara la titiritera.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha remitido a los ayuntamientos de la Comunidad foral una “ordenanza tipo” para exigir un impuesto sobre las viviendas deshabitadas. De esta forma, cada municipio podrá desarrollar su propia normativa para “movilizar” la vivienda sin habitar y “ampliar la oferta disponible”.

El objetivo de la medida, según ha afirmado su presidente, Xabier Alcuaz, es que los ayuntamientos dispongan con una herramienta jurídica “sólida, clara y adaptable que permita a cada municipio desarrollar su propia ordenanza conforme a su realidad y a sus decisiones”.

Además, la Federación ha remitido una circular informativa a los consistorios sobre cómo se aplicaría este impuesto, de forma que quede claro “el marco legal, los pasos necesarios para su puesta en marcha y facilitar la labor de los ayuntamientos en una materia de notable complejidad técnica”. En la circular figura que el impuesto sobre viviendas deshabitadas “tiene carácter obligatorio en la Ley Foral de Haciendas Locales, si bien su exacción efectiva requiere la aprobación de la correspondiente ordenanza municipal”.

Alcuaz ha instado a los ayuntamientos a que tramiten, aprueben y desarrollen esta herramienta legal que, a su entender, puede ser “un instrumento útil dentro de una política local de vivienda más amplia”. El presidente de la FNMC ha señalado que cada ayuntamiento decidirá el alcance de este impuesto según los rangos que fija la normativa. Así, el primer año va del 0,25% a un 0,50%, el segundo de un 0,50% a un 1% y, a partir del tercero, el 1,5%. La Federación, ha insistido, “no dirá qué tipo tiene que poner cada entidad local, ni si tiene la obligatoriedad” de aplicarlo, sino que recurrir a este impuesto dependerá de la “voluntariedad” de cada entidad local.

Por otro lado, ha llamado al Gobierno de Navarra a “garantizar un aporte automatizado, actualizado y continuo” de la información de Registro de Viviendas Deshabitadas, como un “paso imprescindible para poder implementar luego de forma práctica estas ordenanzas”. Puesto que este impuesto “solo puede aplicarse a viviendas que hayan sido declaradas deshabitadas por el Departamento y que figuren, inscritas en el Registro de Viviendas Deshabitadas”.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos va a organizar talleres formativos dirigidos tanto a personal técnico como político de las entidades locales, “reforzando, si es necesario, los recursos ya previstos en los presupuestos de 2026 y recurriendo también a la asistencia técnica para poder abordarlo con solvencia”.

Estos talleres abordarán cuestiones como las viviendas deshabitadas, la rehabilitación, las viviendas colaborativas, las zonas de mercado tensionado, el plan de vivienda rural o “experiencias concretas desarrolladas en el sector local”. “Queremos que las medidas anunciadas no se queden en el papel y que la vivienda sea abordada como una prioridad pública compartida desde la cooperación institucional y desde el reconocimiento del papel que juegan ayuntamientos y concejos”, ha destacado Alcuaz, quien ha subrayado que la organización quiere “contribuir a esa tarea con seriedad, con propuestas útiles y con la voluntad de acuerdo”

Este martes 31 de marzo se cumplen siete años desde que miles de personas llenaran el centro de Madrid para exigir un Pacto de Estado contra la despoblación, la llamada Revuelta de la España Vaciada, que ha perdido parte del impulso político que logró situar al reto demográfico en el centro del debate nacional. La caída del apoyo electoral a partidos como Soria ¡Ya! o Teruel Existe abre ahora la incógnita de si este problema ha dejado de movilizar a los votantes o ha perdido espacio en una agenda marcada por la “polarización”.

El 31 de marzo de 2019, entre 50.000 y 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno y los organizadores, marcharon por el centro de Madrid para denunciar décadas de “abandono” territorial y reclamar “igualdad de oportunidades” entre el medio rural y las ciudades. Convocada por Soria ¡Ya! y Teruel Existe, la manifestación reunió a más de 80 plataformas ciudadanas y convirtió la despoblación en una cuestión de Estado. Aquella movilización abrió una ventana política inédita para las candidaturas territoriales, capaces de trasladar al Parlamento y a varios gobiernos autonómicos una reivindicación hasta entonces periférica.

Sin embargo, el contexto actual es distinto. En los últimos ciclos electorales autonómicos, varias de estas formaciones han perdido representación o respaldo ciudadano en paralelo a un escenario político dominado por el voto útil y la confrontación entre bloques ideológicos, que ha reducido el espacio de los partidos centrados en el reequilibrio territorial.

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, vincula este retroceso al desplazamiento del debate hacia claves estatales. Según explica, la formación ha pasado de rozar el 43% del voto en su primera cita autonómica a situarse en torno al 20%. “Supimos transmitir en 2022 una emoción de protesta frente al abandono histórico de Soria, pero ahora esa emoción se ha visto contrarrestada por el voto en clave nacional”, señala. A su juicio, la presencia constante de líderes nacionales durante la campaña electoral en provincias como Soria buscaba “polarizar el mensaje y no dejar espacio a lo territorial”.

En ese contexto, Ceña critica además la escasa ejecución de las políticas públicas frente al reto demográfico y sostiene que las 130 medidas aprobadas por el Gobierno “no han servido de nada”, recordando que el Tribunal de Cuentas detectó que solo el 37% de los fondos previstos llegaron a núcleos despoblados.

Tomás Guitarte, del Congreso a las Cortes de Aragón

En esta línea, el diputado de 'Teruel Existe' en Aragón, Tomás Guitarte, coincide en señalar la polarización como uno de los factores decisivos para explicar el cambio de escenario. “Se está consiguiendo polarizar la situación política y da igual que estés en un territorio u otro: lo importante es si el voto es anti-Sánchez o anti-Vox”, afirma.

Según advierte Guitarte, esta dinámica ha relegado a un segundo plano los problemas estructurales del medio rural y ha contribuido a una progresiva “invisibilización” del fenómeno. “Cuando un problema no se quiere resolver, lo que se intenta es que no aparezca”, sostiene.

Sin embargo, el politólogo Pablo Simón introduce otro elemento a la lectura: el auge electoral de estas plataformas también respondió a un momento político “excepcional difícilmente reproducible”. A su juicio, muchas de estas formaciones nacieron como partidos “nicho”, articulados en torno a una única reivindicación, lo que “limita” su consolidación si no logran traducirla en resultados visibles. “En el momento en que no son capaces de revertir una situación tan estructural como la despoblación, los electores abandonan”, explica.

Parte de ese voto 'protesta', añade el politólogo, se ha desplazado hacia otras opciones políticas en un contexto de mayor confrontación electoral. “Una parte está yendo hacia Vox y otra retorna a las formaciones tradicionales”, apostilla. Con todo, Simón subraya que el movimiento sí logró un objetivo político relevante: instalar la despoblación en la agenda pública. “Los partidos grandes han absorbido ese discurso y eso también es un éxito, aunque no sea electoral”, sentencia.

Pérdida del foco mediático

El desplazamiento del debate hacia conflictos nacionales e internacionales también ha reducido la visibilidad mediática del reto demográfico. Así lo apunta el catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín, que sitúa el cambio de prioridades informativas como una de las claves del actual escenario. “Las cuestiones que han estado en el centro del debate han sido la tensión entre gobierno y oposición, no la despoblación”, admite Vallespín.

En este contexto, añade, algunas formaciones como Vox han logrado canalizar parte del malestar del medio rural mediante discursos centrados en el abandono del campo o la ganadería. “Para algunos votantes, apoyar a Vox también es una forma de visibilizar los problemas locales”, señala.

La pérdida de peso electoral de las plataformas de la España Vaciada no implica, sin embargo, una mejora sustancial de la situación demográfica, según coinciden algunos expertos.

Desde una perspectiva económica, Vicente Pinilla, catedrático en Economía en la Universidad de Zaragoza e investigador especializado en el sector agrario, el comercio internacional, la despoblación y las migraciones, advierte de que en Aragón, por ejemplo, las localidades de menos de 5.000 habitantes siguen reduciendo residentes mientras crecen los núcleos urbanos de mayor tamaño. “No puede decirse que esté habiendo una vuelta al campo”, apunta. El principal obstáculo sigue siendo el empleo cualificado, seguido del acceso a la vivienda y la movilidad, aunque la red de servicios públicos presenta actualmente niveles “bastante razonables”. La dependencia del vehículo privado continúa siendo, en todo caso, un factor limitante.

Un “punto de inflexión”

En esta línea, el investigador Juan Antonio Lobato introduce un matiz: aunque la tendencia no se ha revertido, sí detecta una desaceleración del ritmo de pérdida poblacional. España, explica, se encuentra en un “punto de inflexión”, aunque advierte de que cualquier cambio estructural requiere décadas de políticas sostenidas. “La despoblación no se va a solucionar de forma inmediata, pero vivimos en una sociedad que exige soluciones inmediatas”, lamenta Lobato.

Siete años después de la Revuelta de la España Vaciada, el reto demográfico ha perdido centralidad política, pero no urgencia territorial. La movilización que llevó el problema al corazón de Madrid en 2019, no ha encontrado aún una respuesta capaz de revertirlo.

Bajo el título ‘Una oportunidad de país: inversión, innovación y futuro para España’, Suzana Curic, directora general de AWS en España y Portugal, ha tomado la palabra en la tercera y última jornada del VI Foro Económico de elDiario.es para dibujar el mapa de ruta de Amazon Web Services (AWS) en la península.

La infraestructura tras la pantalla

Para romper el hielo, Curic ha invitado al público a reflexionar sobre la cotidianidad de la tecnología. “Cada vez que usáis vuestros móviles, pagáis o desbloqueáis cosas... estáis usando un centro de datos en el mundo”, ha explicado, presentando este fenómeno como una “conexión invisible” y una “oportunidad real para España”.

La directiva ha explicado que lo que percibimos como una nube, en realidad requiere una infraestructura física y crítica que está posicionando a nuestro país como referente europeo en el sector.

La responsable de AWS ha recordado el anuncio realizado el pasado marzo junto al Gobierno en el Mobile World Congress, de una ambiciosa expansión con una inversión, que hace años que comenzó, y que prevé ser de 33.700 millones de euros hasta 2035. Un despliegue que, según Curic, no solo busca fortalecer la red de datos, sino que se estima que generará 29.900 puestos de trabajo a tiempo completo y aportará 31.700 millones de euros al PIB español para mediados de la próxima década.

Tecnología contra la despoblación

Uno de los puntos clave de la intervención ha sido la referencia al impacto territorial, ya que se trata de la crítica más recurrente a los centros de datos. Curic ha anunciado que la inversión va más allá de los datos puros, ya que se adentrará en la cadena de suministro con la instalación de una planta en Aragón dedicada a la fabricación y reparación de servidores de Inteligencia Artificial y machine learning, que generará 1.800 empleos.

Con especial énfasis en el reto demográfico, la ponente también ha querido confirmar que AWS será “la primera empresa que va a construir un centro de datos en Teruel”. Para Curic, este movimiento es una forma de devolver valor a regiones que luchan contra la despoblación. “Estamos orgullosos de poder dar de vuelta a esta región y generar empleo de alto valor añadido”, ha afirmado.

Democratización y el ecosistema local

La visión de la compañía, según su directora general, es que la tecnología actúe como un “trampolín” para la competitividad. Actualmente, el 75% de las empresas del Ibex35 ya utilizan la tecnología de AWS, ha asegurado, pero su objetivo es que las pymes también se beneficien. Curic ha citado el ejemplo de Alan Commissioning en Zaragoza, una de las 80 pymes que forman parte de su cadena de suministro y que ha crecido hasta los 70 empleados gracias a esta colaboración.

“Nuestra visión es que todas las empresas españolas puedan hacer esa transformación para ser más competitivas”, ha señalado, insistiendo en que la nube democratiza el acceso a herramientas que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones.

El factor humano

Para la directiva, el hardware es inerte sin el conocimiento. “Sin formación no hay transformación”, ha sentenciado. En este sentido, ha destacado el acuerdo con el Ministerio de Educación para formar a 500.000 personas antes de 2027, sumándose a las 200.000 que ya han pasado por sus programas desde 2017. El objetivo es realizar “un match” entre las instituciones educativas y las necesidades reales del mercado tecnológico.

Finalmente, Curic ha vinculado el futuro de la empresa con la sostenibilidad medioambiental. “Somos el primer país fuera de Estados Unidos con más proyectos solares o eólicos, con la cifra de cien proyectos actualmente en España”. Además, ha detallado el compromiso Water Positive, mediante el cual AWS pretende devolver más agua de la que consume. En Aragón, la firma ha destinado 17 millones de euros a proyectos para mejorar la gestión de fugas e inundaciones, alcanzando ya el 53% de su objetivo de retorno hídrico en 2024.

Suzana Curic ha cerrado su intervención reforzando la idea de AWS como un “vecino positivo” y anunciando un fondo de 30 millones de euros para proyectos de impacto social y educativo. “Este futuro digital de España lo construimos juntos con las personas y para las personas”, ha concluido, subrayando que la tecnología, al final, debe estar al servicio de quienes “hacemos de este país nuestro hogar”.

Apenas llega a los nueve habitantes, pero lleva años resistiéndose a su desaparición. Durante generaciones, varias familias de la pedanía de Minas del Horcajo, en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), han conseguido que menos de una docena de viviendas y una casa rural se mantengan en pie. Se encuentra junto al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, pero hay un único acceso, un camino público no asfaltado que se inunda a la menor tormenta, y durante décadas sus vecinos han tenido que lidiar con su proximidad a un gran latifundio: esta aldea está a menos de dos kilómetros de la finca La Garganta, propiedad del actual duque de Westminster, de la aristocracia británica, y una de las zonas privadas recreativas y de caza más grandes de España. Parte de su territorio se encuentra, de hecho, en la provincia de Córdoba.

En el Día de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias, hablamos con Conchi Díaz Caballero. Tiene 64 años y es vecina de la pedanía, aunque reside en Puertollano. Nació en esta última ciudad, pero desde muy pequeña Minas del Horcajo fue, primero su residencia, donde vivía con sus abuelos hasta que fue escolarizada en la ciudad minera (donde trabajaban sus padres), y después el lugar al que ha acudido durante toda su vida, a la casa que ahora es propiedad de su madre y de su padre. Este último falleció recientemente.

“Nunca he dejado de venir, pese a que la población no ha parado de bajar. Mi padre, en cuanto tenía dos días de descanso, nos traía de vuelta a todos, y todas las vacaciones las hemos pasado aquí. Para mí, es mi sitio, mi lugar, mi vida”, cuenta.

Por eso conoce de primera mano uno de los principales problemas de la aldea. Su único acceso es un camino público de tierra de unos cinco kilómetros que sale de la N-420. Transcurre en paralelo al Arroyo de Caballeros, que cuando llega a la carretera nacional toma el nombre del río Montoro.

Había hasta 13 caminos, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación

“Históricamente, no ha sido así, había otros caminos, hasta 13, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación”.

Porque no se trata solo de que exista un único camino de acceso. Para más inri, parte de su tramo está bajo un puente grande y alto, que se construyó para una antigua línea ferroviaria que transportaba minerales, conocida popularmente como ‘La Eléctrica’, hoy ya cerrada.

La vía se abandonó, pero el puente sigue ahí y por debajo pasan los coches y habitantes de la pedanía. Cuando pueden: a la más mínima tormenta o precipitación, todo se inunda.

“El arroyo empieza a desbordarse, se sale de su cauce, y cuando llega a este puente, confluye con otro. En el verano están secos, pero el resto del año, aquí llueve bastante y eso coge un nivel de metro y medio de agua. Lo suficiente para inundarlo todo y que no sepas ni por dónde va el camino. No puedes cruzar, no ves nada, nos quedamos aislados”, relata.

En este camino hay también una serie de badenes que impiden que pasen los autobuses, porque se quedan “estancados”. “Venían cuando celebrábamos las fiestas de la aldea, pero ahora ya no pueden pasar. Meten el morro y se quedan en vilo, estancados. Imposible que pasen”.

Uno de esos badenes está “pegado” al puente de la antigua vía ferroviaria. Es el punto donde el agua llega a su mayor altura cuando llueve. “Es que incluso el agua puede llegar por encima del capó del coche. Ocurre constantemente, todos los años varias veces”. Después, cuando se seca, todo es barro y “totalmente intransitable”.

La experiencia más reciente la han tenido con el tren de borrascas de enero y febrero, pero también en primavera. Ahora los vecinos temen que al mínimo episodio de lluvias, la situación vuelva a ser la misma.  

De Minas del Horcajo se puede salir por otro camino que está “todavía peor”, lleno de zanjas y sin arreglar ni asfaltar. Tampoco es una solución porque, al final, termina uniéndose (“como en un círculo”) a la primera vía mencionada, por lo que “el problema sigue siendo el mismo”.

Una tercera posibilidad es otro camino que va hacia el sur, hasta la localidad cordobesa de Conquista y desde allí, hay que dar un gran rodeo “porque no se puede atravesar La Garganta”, la finca privada de los aristócratas británicos.   

“Desde hace décadas, desde que yo tengo memoria, se han cortado o vallado hasta 12 caminos públicos y solo nos han dejado de acceso el primero, el del túnel, el que se inunda”. Lo achaca a que Minas del Horcajo está prácticamente “pegado” a la finca.

No quieren que nadie esté cerca de la finca

“Para ellos siempre hemos sido un estorbo y nos tratan como un estorbo. No quieren que nadie esté cerca de la finca, ni sepan lo que ahí se hace. Han intentado siempre por todos los medios que Minas del Horcajo desapareciera”. ¿Cómo lo han hecho? Primero, con los vallados, y después con otras actuaciones disuasorias. “Ibas paseando, y los guardas intentaban que no pasases. Se ponían ahí con sus coches o incluso llegaban a ir detrás de ti, paseando a tu ritmo”.

Afirma que hace años que no ocurre porque los vecinos y vecinas de la pedanía han dado mucho la batalla en los medios de comunicación. Ahora “se han sujetado un poco”, pero “aquí seguimos, casi incomunicados”.

En la aldea apuntan directamente al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, que tiene la competencia en caminos públicos. “No ha hecho nada nunca por facilitar los accesos. Tendrán sus acuerdos con La Garganta y a saber…”. Según explica, hace unas semanas llegaron unas máquinas que echaron carrujo (ramas y rastrojos) en cuatro parches del camino, lo que convirtió la zona “en un barrizal, todavía peor, porque en verano será todo polvareda”.

Para los vecinos de la pedanía, la única solución sería la limpieza del cauce del arroyo, abriendo más zona para su caudal y “para que el agua pueda correr sin salirse e inundar el camino”. “Lo que no puede ser es que tengamos que salir pitando en cuanto vemos que empieza a llover. Si te quedas aislado, aquí no hay servicios públicos de ningún tipo. Es un peligro”.

Tanto Conchi como otras vecinas han dirigido varios escritos al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo para pedir soluciones. Ella incluso ha acudido recientemente a un pleno municipal. “No he conseguido nada, me escucharon y ya”.

Este medio también ha intentado ponerse en contacto con el Consistorio local y con su alcalde, José Lozano García, para recoger sus impresiones sobre la situación de la pedanía y sus relaciones con La Garganta. Por el momento no ha habido respuesta.

Una de las fincas privadas más grandes de España

La Garganta es una de las fincas privadas más grandes y exclusivas de España. Está situada en el sur de la provincia de Ciudad Real, dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, entre los municipios de Almodóvar del Campo y Brazatortas. Tiene aproximadamente 15.000 hectáreas y es conocida por sus monterías y por recibir a miembros de la aristocracia europea.

Aunque hoy es famosa por la caza, la finca tiene origen en la minería del siglo XIX. En la zona existían minas de plomo y plata explotadas por compañías vinculadas a la Río Tinto Company Limited. Para transportar el mineral se construyeron líneas de ferrocarril, estaciones y poblados mineros.

Dentro del terreno se encuentra la estación de La Garganta, situada en la línea ferroviaria entre Ciudad Real y Badajoz. Históricamente se utilizó para transportar mineral y posteriormente para facilitar la llegada de invitados a las cacerías.

La finca fue adquirida en los años 90 del siglo pasado por Gerald Grosvenor, VI duque de Westminster. Actualmente pertenece a su hijo Hugh Grosvenor, VII duque de Westminster, cuya familia es una de las más ricas del Reino Unido. Allí acuden miembros de la realeza y la aristocracia británica a descansar y cazar.

Entre quienes han pasado por allí se encuentran el rey Carlos III (cuando era príncipe), la reina Camilla, el príncipe William, el príncipe Harry y el rey emérito Juan Carlos I.

En el área habitan especies como el lince ibérico, el buitre negro, el águila imperial ibérica, así como grandes poblaciones de ciervos y jabalíes. Y dentro de la finca aún existen antiguos poblados mineros, casas de ingenieros británicos e infraestructuras ferroviarias que quedaron abandonadas tras el fin de la actividad minera en la zona. Este medio ha intentando ponerse en contacto con los propietarios, sin éxito.

Tanto las denuncias de Conchi y sus vecinas como la situación de la aldea pegada a esta finca son muy conocidas. De ella se ha hecho eco en varias ocasiones la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP). Manuel Trujillo, integrante de este colectivo, apoya las reivindicaciones de Minas del Horcajo: “Es lo mismo que sucede en muchos sitios de España. La peculiaridad de este caso es que la pedanía está pegada a La Garganta, una de las mayores fincas privadas de España y tiene cerrados casi todos los caminos públicos”.

Las fincas subvencionan y patrocinan a los ayuntamientos, y claro, pasa lo que pasa, y casi nadie levanta la voz, son muy pocos

Manuel Trujillo — Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP)

La plataforma denuncia que estas acciones de cerrar caminos públicos por parte de fincas privadas “cercena la libertad de los vecinos” y los ayuntamientos, titulares de los mismos, “no hacen nada para resolver estas situaciones”. “Las fincas les subvencionan y patrocinan, y claro, pasa lo que pasa, casi nadie levanta la voz, son muy pocos”.

El Ayuntamiento también es pequeño y su margen de maniobra es “mínimo”. “Es que incluso aunque quisiera actuar, también lo tendría muy difícil, porque al fin y al cabo tiene pocos medios. Estas fincas pueden contratar a muy buenos abogados. Son nobles con mucho dinero y mucha influencia. Los ayuntamientos tampoco cuentan con mucho respaldo por parte de las diputaciones o de las comunidades autónomas. El caciquismo sigue ahí”.

Precisamente, la PICP ha convocado para este 22 de marzo, varias movilizaciones en toda España, principalmente rutas senderistas, para reivindicar el freno al cierre de caminos públicos y vías pecuarias. En el caso de Castilla-La Mancha, estas acciones se llevarán a cabo en Orgaz (Toledo), Manzanares (Ciudad Real), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Cuenca, Peñascosa (Albacete) y Cifuentes (Guadalajara).

El Día de las Vías Pecuarias surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica en 2019, para contribuir a la protección de estas antiquísimas vías ganaderas y del “rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

“El problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la usurpación total o parcial por propietarios colindantes que impide su uso público ante la dejación de funciones de las administraciones competentes. También la degradación y pérdida progresiva a través de las actuaciones propiciadas o autorizadas de dichas administraciones”, afirman en su manifiesto.

La cita busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservarlas como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclaman a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

La Dirección General de Despoblación del Gobierno de Aragón ha entregado este jueves los galardones de la segunda edición del 'Premio a las buenas prácticas en la lucha contra la despoblación', que han recaído en el municipio turolense de Perales del Alfambra, la emprendedora rural Ana Marcén y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv). Este municipio turolense ha experimentado un crecimiento demográfico sostenido, pasando de poco más de 200 habitantes a superar los 300 en la actualidad, fruto de las políticas orientadas al arraigo y a la generación de oportunidades.

La promoción de nuevas viviendas, así como la oferta de vivienda pública rehabilitada en alquiler asequible ha facilitado la llegada de nuevas familias y residentes. Al mismo tiempo, la implantación de proyectos empresariales estratégicos ha generado empleo estable, con la creación de decenas de puestos de trabajo vinculados al sector agroalimentario.

La recuperación de infraestructuras, como la antigua estación de tren convertida en espacio deportivo, y la apuesta por servicios esenciales han reforzado la calidad de vida en el municipio. Su alcalde, Pedro Polo, ha dedicado el premio a todos los vecinos de la localidad y ha señalado que la clave para impulsar el municipio ha sido el desarrollo de empresas del sector agroalimentario que ha generado 80 empleos.

Nueve candudaturas y tres categorías

Nueve candidaturas optaban al premio en sus tres categorías: persona física, persona jurídica y entidades locales. En la primera de ellas, la ganadora ha sido Ana Marcén, emprendedora rural con más de 20 años de trayectoria dedicada a crear oportunidades reales para que las personas, especialmente las mujeres, puedan desarrollar su vida y su proyecto profesional sin abandonar el medio rural. En 2006, crea EcoMonegros 03, un proyecto de transformación agroalimentaria sostenible, y en 2022 funda Escuela Galanicas, una escuela de negocios y de desarrollo personal que acompaña y ayuda a emprendedoras a liderar sus proyectos para que se puedan quedar en sus pueblos o vuelvan a ellos. Gracias a su labor, más de 300 mujeres han fortalecido su autonomía económica, profesional y emocional en el territorio.

En la categoría de persona jurídica, la candidatura ganadora ha sido la de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) por “su papel esencial en la visibilización del medio rural y en la construcción de una identidad territorial cohesionada en Aragón”.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial en funciones ha sido el encargado de clausurar la gala. Tras felicitar a los premiados y reconocer la labor de todos los candidatos, López ha elogiado las políticas del Gobierno de Aragón para frenar y luchar contra la despoblación: “El Aragón de ciudadanos libres e iguales, independientemente de la ciudad o el pueblo en el que habiten, debe ser nuestro horizonte”, ha señalado, para lo que han pasado “de las palabras a los hechos, impulsando vivienda también en los pueblos pequeños, con un programa de más de 52 millones de euros para regenerar con vivienda pública los degradados cascos urbanos, del que ya se han beneficiado 167 municipios para rehabilitar 355 viviendas, gracias a las dos primeras convocatorias del Programa 700”.

Ni vacía ni vaciada: esa es la idea que quiere transmitir Boltaña en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, que se celebrará los días 25 y 26 de marzo en esta localidad oscense. Organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el encuentro busca poner en valor las oportunidades que ofrece la España rural para emprender, vivir y desarrollar proyectos personales y profesionales. Un vídeo promocional del congreso recoge esta filosofía y adelanta su objetivo central: “Reivindicar una España rural viva, con oportunidades para emprender, vivir y desarrollar proyectos personales y profesionales”.

El programa reunirá a alrededor de 50 ponentes de distintos puntos de España, desde presidentes de diputaciones y alcaldes de municipios rurales hasta emprendedores, artesanos y creadores de contenido. Entre ellos destacan Francesc Xavier Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el periodista Manuel Campo Vidal, quien abrirá el congreso con la conferencia 'Ni vacía, ni vaciada: una España rural viva', en la que reflexionará sobre el nuevo relato del medio rural.

Durante dos días se abordarán temas como el acceso a la vivienda, los servicios públicos esenciales, la agricultura y la economía rural, la gobernanza territorial, la digitalización, la cohesión social y la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030, recientemente presentada por el Gobierno de España.

La sesión inaugural contará con la participación de María José García-Pelayo, presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera; Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca; y José María Giménez, alcalde de Boltaña.

Entre los debates previstos, destacan la discusión sobre la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030, que contará con la participación de alcaldes y presidentes de diputaciones de distintas comunidades autónomas, y un panel sobre servicios públicos esenciales y agricultura, donde se analizará el papel del medio rural como motor económico y social.

Además, se incluyen sesiones sobre emprendimiento digital, innovación en sectores tradicionales, narrativas digitales y redes sociales, cohesión social e igualdad, así como la construcción de un nuevo estatus jurídico para los municipios de menor población.

El congreso concluirá con la lectura de la ‘Declaración de Boltaña’, un documento que recogerá las conclusiones y posicionamientos de los participantes frente a los retos y oportunidades del medio rural. Carmelo Pérez Díez, alcalde de Belchite y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, clausurarán el encuentro.

Las inscripciones para asistir presencialmente siguen abiertas a través de la página web del congreso, que también se retransmitirá en streaming.

La pista forestal que parte de las inmediaciones de la localidad de Perarrúa, en Huesca, se adentra en la ladera sin apenas señales. Ocho kilómetros después, el asfalto es un recuerdo y el paisaje se impone. Allí, en una posición dominante sobre el valle, resiste lo que queda de Arués: muros abiertos, vanos sin carpintería, la silueta de la ermita en la parte alta. Nada sugiere movimiento. Y, sin embargo, el despoblado vuelve a estar en venta, envuelto en un lenguaje que promete naturaleza, teletrabajo y turismo rural con encanto.

El anuncio se encuentra en el portal Aldeas Abandonadas (Aldeasabadonadas.com), especializado en la venta de despoblados, y no cita el nombre del núcleo por “confidencialidad”. Pero las imágenes y la descripción, con 400 hectáreas de terreno rústico, suelo urbano en torno a 5.500 metros cuadrados, varias casas a medio reformar, ermita y antiguas escuelas de titularidad municipal, apuntan con claridad a Arués. El precio, cercano a 1,2 millones de euros tras una rebaja sustancial, condensa una historia larga de expectativas frustradas.

Arués fue un pueblo pequeño incluso en su mejor momento. A comienzos del siglo XX llegó a censar algo más de ochenta habitantes y una decena larga de casas abiertas. Compartía parroquia con el también hoy despoblado de El Mon y conservaba, en la parte superior del caserío, la ermita de San Valero, un templo de factura popular del siglo XVI. Como tantos otros enclaves del Pirineo y el Prepirineo, fue perdiendo población a partir de los años 40 y 50 en un proceso marcado por la emigración, la dureza de los accesos y la transformación del modelo agrario. Hacia los años setenta ya estaba vacío.

Durante décadas apenas fue un nombre en los inventarios de despoblados. La vegetación ganó terreno, las cubiertas se hundieron y el núcleo quedó reducido a ruina pintoresca. El giro llegó en 2002, cuando un empresario inmobiliario madrileño adquirió progresivamente la práctica totalidad de las propiedades privadas. Primero compró la mitad del caserío a un único dueño; después fue sumando el resto. La operación se planteó desde el inicio como una rehabilitación integral con vocación residencial y turística.

En 2007 trascendió públicamente la idea: convertir Arués en una “ciudad del descanso”. El concepto combinaba viviendas, apartamentos susceptibles de destinarse a alojamiento, equipamientos en los antiguos edificios públicos y un perfil ligado al bienestar —llegó a mencionarse la posibilidad de una escuela de yoga—. La inversión prevista rondaba los dos millones de euros y el proyecto se articuló a través de la sociedad Arués 2008 S. L.

El Ayuntamiento de Perarrúa redactó un plan especial para ordenar la reconstrucción del núcleo. El documento, que salió a información pública, contemplaba la edificación de 48 viviendas para una población estimada de 150 habitantes, manteniendo la volumetría y el emplazamiento originales de las construcciones. La idea era que casas, apartamentos y habitaciones hoteleras respetaran la morfología tradicional, recuperando el caserío como conjunto coherente.

La operación avanzó en paralelo en el frente de las infraestructuras. Se firmaron convenios para llevar la electricidad hasta el núcleo, en colaboración con el Gobierno de Aragón, y para garantizar el abastecimiento de agua desde depósitos cercanos. También se abordaron los trámites ambientales, con la intervención del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Sobre el papel, el proyecto parecía encarrilado.

Pero el contexto cambió bruscamente con la irrupción de la Operación Púnica, la investigación judicial que destapó una trama de corrupción en la Comunidad de Madrid y que tuvo como principales rostros al exdirigente del PP madrileño Francisco Granados y al empresario David Marjaliza. Algunas de las sociedades vinculadas al promotor de Arués fueron investigadas en el marco de ese entramado. Aunque el propietario defendió públicamente que el proyecto pirenaico no tenía relación con las irregularidades investigadas y que él no estaba imputado, la sombra del caso añadió incertidumbre.

Mientras los expedientes seguían su curso administrativo, el tiempo jugó en contra del pueblo. Las edificaciones que en 2002 aún conservaban cubiertas terminaron por ceder. La falta de intervención efectiva aceleró el deterioro. Donde se proyectaban viviendas rehabilitadas, hoy apenas quedan paredes perimetrales. El presupuesto de dos millones de euros se volvió insuficiente ante el avance de la ruina. Y el plan especial, pese a su aprobación, no se tradujo en obra material.

Una década después de que el proyecto urbanístico estuviera sobre la mesa, Arués ha regresado al punto de partida: el mercado inmobiliario. El anuncio actual destaca la existencia de proyecto aprobado y urbanización lista para comenzar la rehabilitación. Subraya la disponibilidad de luz, agua de manantiales legalizados y cobertura móvil. Presenta el enclave como idóneo para hostelería, turismo rural o uso empresarial vinculado al teletrabajo. La narrativa es la de una oportunidad lista para activarse.

El contraste con la realidad física es evidente para quien asciende por la pista forestal. Arués carece hoy de servicios básicos operativos. El acceso sigue siendo una vía sin asfaltar. No hay red de saneamiento ni equipamientos en funcionamiento. La ermita resiste, pero el conjunto urbano es un esqueleto. La pregunta que sobrevuela el valle es si el nuevo intento de venta será el preludio de una segunda oportunidad real o un capítulo más en la cadena de expectativas incumplidas.

Un planteamiento todavía más ambicioso es el de otra aldea pirenaica que ha salido recientemente al mercado por 3,5 millones de euros. Se trata de una pequeña finca situada a unos 15 kilómetros de Jaca que, según el anuncio publicado por la web inmobiliaria Aldeas Abandonadas, abarca 1.150 hectáreas y cuenta con dos viviendas para rehabilitar con permiso municipal. La oferta subraya su ubicación estratégica, a un cuarto de hora de Jaca y junto a la autovía Mudéjar, y presenta el enclave como una “atalaya” con vistas privilegiadas del Pirineo.

Más que un proyecto residencial al uso, la propuesta pivota sobre el aprovechamiento extensivo del territorio: 554 hectáreas de pinar silvestre, 244 de pastos permanentes y abundante fauna cinegética, desde jabalí y corzo hasta perdiz y liebre. El propio anuncio apunta a la posibilidad de constituir un gran coto de caza mayor y menor o destinar la finca a ganadería vacuna en libertad, e incluso ampliar la superficie adquiriendo parcelas colindantes.

El caso de Arués no se entiende sin situarlo en un fenómeno más amplio: la reutilización de despoblados aragoneses en clave turística o recreativa desde comienzos del siglo XXI. Frente a la despoblación estructural, algunas iniciativas han apostado por reconvertir núcleos abandonados en complejos vacacionales o destinos culturales.

Uno de los ejemplos más consolidados es Morillo de Tou, en la comarca aragonesa de Sobrarbe. También desalojado por la construcción de un embalse, el pueblo fue rehabilitado de forma integral y hoy funciona como centro vacacional con apartamentos, camping y servicios hosteleros, gestionado por Comisiones Obreras. Allí la recuperación fue completa y la actividad económica estable en el tiempo.

Casos con final feliz

En el valle de Tena, Lanuza siguió un itinerario diferente. Expropiado por la construcción de su embalse, quedó vacío durante años hasta que antiguos vecinos comenzaron a reconstruir viviendas. La celebración anual del festival Pirineos Sur reforzó su proyección turística. La recuperación fue progresiva y vinculada al arraigo de quienes habían sido desalojados, no a una operación inmobiliaria de nueva planta.

Más orientado al turismo cultural está Ruesta, junto al embalse de Yesa. El núcleo, también deshabitado tras la construcción de la presa, fue parcialmente rehabilitado para ofrecer albergue y servicios a los peregrinos del Camino de Santiago aragonés. No recuperó una población estable significativa, pero sí una función económica concreta.

En el extremo opuesto se sitúa Belchite. El pueblo viejo, arrasado en la Guerra Civil, nunca se reconstruyó. Desde los años 2000 se consolidó como espacio de memoria y destino de visitas guiadas. Allí la actividad turística no implicó reedificar viviendas ni atraer residentes, sino preservar las ruinas como testimonio histórico.

Comparado con estos casos, Arués representa el modelo que no termina de arrancar: el de la gran operación inmobiliaria proyectada sobre un núcleo vacío, dependiente de una fuerte inversión inicial y de la tramitación administrativa completa antes de colocar la primera piedra. Mientras Morillo de Tou o Lanuza se apoyaron en una gestión continuada o en la iniciativa vecinal, Arués quedó supeditado a un único promotor y a un calendario que nunca se cumplió.

El V Foro 'Empuéblate' organizado por Eurocaja Rural ha salido de Toledo por primera vez desde que esta estrategia se impulsó para recalar en la ciudad de Logroño, donde durante toda la jornada de este miércoles han coincidido en sendas mesas redondas moderadas por el periodista Manuel Campo Vidal alcaldes de pequeños municipios, emprendedores rurales y gestores de acción local para poner en común estrategias y casos de éxito que garantizan la continuidad de pequeños núcleos.

En la mesa redonda 'El papel dinamizador de los ayuntamientos', los regidores de Anguiano, Villar de Torre y Anguciana han coincidido en la importancia de mantener los servicios públicos en los pueblos para apuntalar el padrón.

De este modo, el alcalde de Anguciana y presidente de la Federación Riojana de Municipios, Jorge Loyo, ha expresado que ser primer edil de su pueblo, para un político, es “el mayor orgullo”, pero cada vez “cuesta más”.

En la federación que comanda, ha puesto en valor que todos, independientemente de su color político, trabajan por los pueblos de la región. “Intentamos apoyar iniciativas y resolver dudas de alcaldes, y desde la Federación compartimos puntos de vista para solucionar problemas”, ha abundado.

Loyo ha citado la época de pandemia o los veranos, cuando los habitantes que salieron de los pueblos se fijan en la calidad de vida de los mismos y, tras recordar que hay hasta 87 municipios con menos de cien habitantes en todo el territorio riojano, ha asegurado que “en La Rioja se ha creído siempre en los pueblos”, algo que se ve en “las ganas de trabajar” de todos los alcaldes y concejales.

Algo que sería imposible, ha dicho, sin el trabajo del Gobierno regional. “Hablamos el mismo idioma. Si un político quiere ser buen político, tiene que haber sido alcalde”, ha expresado

La alcaldesa de Anguiano, Gemma López, que llegó a la Alcaldía tras un recorrido en el movimiento vecinal, ha ofrecido su particular perspectiva que le ha ayudado a incentivar el asociacionismo en su pueblo.

Con hasta once asociaciones, ha comprometido el trabajo de su Ayuntamiento como “agente dinamizador” que se dedique a allanar el camino de todo ese tejido asociativo.

“Lo vivimos como algo habitual, somos inquietos, somos dinámicos”, ha presumido la primera edil de la localidad riojana.

Ha puesto como ejemplo la Asociación de Cultivadores, “que empezó de un trabajo colectivo y que ahora va adquiriendo mucha entidad”. Además, hablando de lo fundamental de los servicios, ha reivindicado que estos hay que prestarlos a todos los rangos de edad.

Así, de cara a promover un envejecimiento activo a los mayores, ha expuesto el ejemplo del servicio de comida a domicilio. “Las familias están tranquilas porque saben que sus mayores van a poder comer bien toda la semana”.

Mantener el colegio ha sido otro de los retos a los que se ha enfrentado la alcaldesa, una obsesión que ha cumplido gracias a su vocación de profesoras.

“Tenemos 36 alumnos, cifra que hemos recuperado a base de poder prestar servicios”, ha exhibido, tras lo que ha comentado el 'Servicio de madrugadores y de comedor', una asistencia para los padres de los alumnos con el fin de que puedan dejar en el centro escolar a sus pequeños antes de salir al trabajo.

La alcaldesa de Villar de Torre, Lucía Fernández, ha hablado de su pueblo para repasar su particular movimiento vecinal, “la juvenil, la de jubilados y la de amas de casa”.

El Festival de la Patata Brava, que se celebra en agosto, es uno de los ejemplos que ha puesto la alcaldesa, que ha confesado que en todo caso “ya no se siembra ninguna”.

Aún así, se trata de una cita que suma ya 30 años de popularidad en los pueblos del entorno y que se ha consolidado en el calendario festivo.

“Somos pequeños, pero grandes en servicios”, ha apuntado, poniendo en valor ejemplos como la farmacia rural o la ludoteca.

Proyectos de vida rural

La siguiente de las mesas redondas se ha puesto en marcha bajo el epígrafe 'Proyectos de vida rural'. En ella, el CEO de Spectral Geo, Carlos Tarragona, ha desarrollado el ejemplo de la entidad que dirige.

“Desarrollamos soluciones digitales que mediante IA y traducimos datos climáticos al idioma del agricultor, para poder detectar anomalías y trabajar con más fiabilidad”, ha indicado.

Se trata de una aplicación multiplataforma que “alerta cada dos días de qué zona de la parcela preocupa más”, por poca productividad o, por ejemplo, adelantando hasta en doce días el diagnóstico de posibles enfermedades.

Entidades de desarrollo

De su lado, Esther Rubio, gerente de la Asociación de Desarrollo Rural de La Rioja Oriental y gestora de la Ruta del Vino, ha relatado el trabajo en el día a día de su asociación gestora de Rioja Baja, donde más “orgullo” da el vino.

Como entidad de desarrollo, se reivindica como aquella que defiende la problemática del entorno rural donde operan frente a las administraciones. “Tenemos que tener empuje para transmitir partes bonitas y parte menos bonitas. Somos el 'poli', no el bueno ni el malo, sino el regular”, ha ejemplificado.

El vino como reclamo

En Villarroya hay diez personas censadas, todas se conocen y todas con buena relación. Así ha arrancado su intervención Ana Pérez, enóloga y propietaria de la bodega que lleva el nombre de la entidad.

“Es la bodega de elaboración más alta de La Rioja, a 928 metros de altitud. Somos diez vecinos, pero gracias a mi negocio, estamos poniendo a Villarroya en el mapa y en su sitio”, ha aseverado la emprendedora.

Un pueblo que se dedicaba a las minas de carbón y que llegó a los 600 habitantes, pero que en un solo mes al cierre de las canteras, se quedó en un solo vecino. “Las casas se quedaron hundidas y la primera casa que desahuciaron fue la de mis abuelos”, ha relatado.

Hay rostros cansados y objetos gastados. Cierto tono azul, frío. Hay distancia y, de alguna manera, también empatía. Paisaje humano, los trabajos y los días, casas y caminos. Mineros. Labriegos jubilados pero en realidad no. Tras Os Montes, el nuevo libro del fotodocumentalista Javier Teniente (Vigo, 1968), ensaya una aproximación personal a un lugar que, en los últimos años, se ha convertido casi en un tópico: el rural asomado a su extinción. Pero su mirada encuentra camino propio. Él mismo lo explica a elDiario.es: “Es un retrato del rural, no de su despoblación. Sobre ese tema ya hay otros buenos trabajos. El mío trata sobre los pobladores, la última gente que vive en esos pueblos”.

Tras Os Montes, que publica la editorial viguesa Solar, nació en las proximidades de esa región del noreste portugués en 2005. “Asistía a la matanza del cerdo, celebrada como un ritual antiguo. Las fincas alrededor de la aldea estaban cultivadas y el horno comunal funcionaba cada dos días”, relata en el pequeño texto que introduce el volumen. Regresó 12 años después y la situación había cambiado. “La mayoría de los vecinos eran ancianos, casi no había relevo generacional. Los hijos se habían marchado a las ciudades y solo volvían por las fiestas”, escribe. Fue en ese momento cuando el libro de fotos comenzó a tomar forma en su cabeza. El Teniente que había recorrido con su cámara medio mundo -Kosovo, Irak, Timor o Centroamérica- giraba su objetivo hacia lo -relativamente- cercano.

“Lo que me interesaba eran las personas que quedaban en esos lugares”, comenta, “algunas muy mayores, que están solas, los últimos habitantes. Con ellos se pierde gran parte de nuestra historia”. De la Zamora fronteriza con Tras Os Montes a O Courel (en el oriente gallego), del Bierzo a la ourensana Serra de San Mamede, incursiones en Soria o la Ribeira Sacra: esos son los escenarios de sus imágenes. Y en ella no solo hay mayores, también aparecen algunas caras jóvenes, es cierto. “No se trata de neorrurales, sino de los que nacieron allí y hacen un enorme esfuerzo por quedarse”, aclara.

“No está sucediendo nada”

Su método, en cualquier caso, sufrió una profunda transformación para Tras Os Montes. “Yo estaba acostumbrado a ir a fotografiar lugares en los que están sucediendo cosas. Aquí no está sucediendo nada”, señala, “fue muy difícil”. En realidad sí sucede algo. Sucede el tiempo que todo acaba por desintegrar, cielos grises, la nieve, viviendas habitadas y sin embargo espectrales, una luz baja. “Quería escapar de la habitación abandonada, la silla y la botella, la tela de araña”, argumenta, “tenía muchas fotos de casas vacías y derruidas, pero prescindí de ellas. Fue también gracias al maravilloso trabajo de mis editores, Juan Gallego e Ignacio Pérez-Jofre. El libro lo hicimos a tres bandas”. Y sucedieron las conversaciones con los retratados. “Llegaba a una aldea, llamaba a las puertas. Tomaba un café y hablaba largo y tendido con sus vecinos. Siempre solían recordar su infancia, cuando en la aldea había gente y niños”, dice. La fotografía de Teniente era, así, el último paso de una relación, no el primero: “Sentías una gran ternura, pero también era doloroso”.

Teniente no recorrió las tierras que recoge en su libro a ciegas. Le gusta documentarse a fondo y documentarse a fondo significa, en esta ocasión, la literatura. El austero y magnífico escritor portugués Miguel Torga (1907-1995), nacido precisamente en Trás-os-Montes, fue una de sus guías. “Me ayudó a delimitar la atmósfera que quería conseguir en mis fotos, ese sentido de pertenencia al terruño”, asegura, y añade: “Al final, además, Trás-os-Montes es también Galicia, es lo mismo. La lluvia, las nieblas, el musgo, el frío, sé cuál es esa sensación. No quiero decir que lo consiguiese, sino que era una de mis aspiraciones, construir ese ambiente”. La lluvia amarilla (1988) de Julio Llamazares (Vegamián, el Bierzo, 1955) o Los últimos. Voces de la Laponia española (2017), de Paco Cerdà (Valencia, 1985) son otros títulos que le sirvieron de cartografía.

A la Laponia española, en concreto a los Montes Universales entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, se fue a buscar a dos de los hombres que hablan en el libro de Cerdà. Los localizó y sus rostros aparecen en Tras Os Montes. “Llegué a recorrer mil kilómetros para hacer un retrato”, confiesa, aunque la mayoría los registró en Galicia y comarcas limítrofes. Teniente, que ha expuesto sus fotos en París, Londres o Roma, y ha publicado cuatro tomos de ellas, nunca había investigado el retrato tan detenidamente como esta vez. No solo hay primeros planos de personas, pero estos son abundantes. “Tuve que desaprender o que había hecho para llegar aquí”, dice, “sigo dentro del documental, por supuesto, pero Tras Os Montes no es un reportaje, es una historia”.