El PSPV denuncia que el Consell de Juanfran Pérez Llorca ha deixat sense executar 29 milions d'euros destinats a prestacions per a la dependència, mentre que el nombre de persones amb el dret reconegut ha augmentat un 12,47 % en l'últim any. La portaveu socialista de Serveis Socials en les Corts, Silvia Gómez, exigeix a la Generalitat que “complisca, pague a temps i destine els diners pressupostats a garantir uns serveis socials de qualitat i amb una cobertura real”.

En aquest sentit, la dirigent socialista afirma que els dependents “no poden continuar sent les víctimes dels comptes ficticis de la Generalitat”, mentre subratlla que són les mateixes dades oficials del Consell “les que demostren que estan abandonant les persones dependents”. “El Partit Popular es dedica a unflar les xifres d'expedients resolts per a vendre agilitat, però la realitat és que reconeix drets sobre el paper mentre deixa sense executar milions d'euros destinats a fer-los efectius”, assenyala.

Així mateix, Gómez detalla que el nombre de persones beneficiàries ha passat de 172.857 a 194.415 en l'últim any, la qual cosa suposa un increment de 21.558 persones, mentre que l'execució real ha descendit de 372,98 a 343,84 milions d'euros, és a dir, 29 milions menys. “És inadmissible que hi haja un 12,5 % més de persones amb el dret reconegut i, al mateix temps, 29 milions d'euros menys executats per a atendre-les”, remarca.

Finalment, la portaveu socialista insisteix que “reconéixer un dret no serveix de res si després no es paga”, al mateix temps que reclama a Pérez Llorca que “deixe la propaganda i es centre a gestionar”. “Darrere de cada xifra hi ha una persona i una família que necessita una prestació i unes cures. El que exigim és senzill: que el Consell execute els recursos que pressuposta i garantisca que els drets reconeguts siguen drets reals”, conclou.

El PSPV denuncia que el Consell de Juanfran Pérez Llorca ha dejado sin ejecutar 29 millones de euros destinados a prestaciones para la dependencia, mientras que el número de personas con el derecho reconocido ha aumentado un 12,47% en el último año. La portavoz socialista de Servicios Sociales en las Corts, Silvia Gómez, exige a la Generalitat que “cumpla, pague a tiempo y destine el dinero presupuestado a garantizar unos servicios sociales de calidad y con una cobertura real”.

En este sentido, la dirigente socialista afirma que los dependientes “no pueden seguir siendo las víctimas de las cuentas ficticias de la Generalitat”, mientras subraya que son los propios datos oficiales del Consell “los que demuestran que están abandonando a las personas dependientes”. “El Partido Popular se dedica a inflar las cifras de expedientes resueltos para vender agilidad, pero la realidad es que reconoce derechos sobre el papel mientras deja sin ejecutar millones de euros destinados a hacerlos efectivos”, señala.

Asimismo, Gómez detalla que el número de personas beneficiarias ha pasado de 172.857 a 194.415 en el último año, lo que supone un incremento de 21.558 personas, mientras que la ejecución real ha descendido de 372,98 a 343,84 millones de euros, es decir, 29 millones menos. “Es inadmisible que haya un 12,5% más de personas con el derecho reconocido y, al mismo tiempo, 29 millones de euros menos ejecutados para atenderlas”, remarca.

Finalmente, la portavoz socialista insiste en que “reconocer un derecho no sirve de nada si después no se paga”, al tiempo que reclama a Pérez Llorca que “deje la propaganda y se centre en gestionar”. “Detrás de cada cifra hay una persona y una familia que necesita una prestación y unos cuidados. Lo que exigimos es sencillo: que el Consell ejecute los recursos que presupuesta y garantice que los derechos reconocidos sean derechos reales”, concluye.

El Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales (CVIDS) está reconocido por ley como el máximo órgano de participación en materia de servicios sociales. Representa a entidades y usuarios y, entre sus funciones, destaca la emisión de recomendaciones y dictámenes previos sobre anteproyectos de ley y decretos, además de colaborar en la planificación, el funcionamiento y el seguimiento de las políticas inclusivas en la Comunitat Valenciana.

Además, según el artículo 6 de la normativa por la que se rige, debe emitir un informe sobre el anteproyecto anual de los presupuestos autonómicos en materia de servicios sociales, un documento que debe elaborar en la fase inicial de tramitación del anteproyecto de ley.

Así lo hizo el organismo el pasado 3 de julio, durante la fase de tramitación de las cuentas autonómicas en el apartado referido a los servicios sociales. Sin embargo, el informe, que en algunos aspectos fue crítico con las previsiones de la Conselleria, no se remitió a les Corts hasta el 30 de julio, cuando las cuentas ya estaban aprobadas, impidiendo su conocimiento por parte de la oposición y su debate en el Parlamento valenciano.

Entre otras cosas, el informe pone de relieve que, en relación con el análisis económico del apartado 'Sostenibilidad de la Inclusión Social y de la Renta Valenciana de Inclusión', la Comisión recomienda proteger el crédito estructural frente al temporal, con el fin de evitar que se produzca “una merma en los derechos subjetivos de la ciudadanía, considerando que el crecimiento del programa lo hace gracias a un refuerzo clasificado como DANA Integrado”, gracias a una partida de 17 millones de euros dentro de la línea de Renta Valenciana de Inclusión.

Además, evidencia que “las prestaciones ordinarias del Sistema Valenciano de Dependencia —un derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia— permanecen prácticamente congeladas en términos estructurales, y el crecimiento aparente del programa descansa sobre una clasificación DANA de naturaleza temporal”.

La Comisión advierte expresamente “del riesgo que ello entraña: de no consolidarse ese crédito como dotación estructural, su extinción situaría a la dependencia ante una caída abrupta de recursos”.

Sobre el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), detecta que “una vez aislada la inversión no recurrente financiada con fondos europeos, la Comisión observa que la actividad ordinaria de la entidad experimenta una reducción global moderada (−1,69 %), concentrada en dos partidas: el gasto de funcionamiento, que disminuye un 27,58 %, y las inversiones reales ordinarias, que se reducen un 29,19 %”.

La fuerte caída que presentan las cifras agregadas (−8,39 % en el total y −77,30 % en inversiones) se explica, en su mayor parte, “por la finalización del programa temporal financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y no por un recorte estructural de la entidad”.

Por este motivo, “la Comisión recomienda garantizar al IVASS una dotación de funcionamiento y de inversión suficiente para preservar la capacidad operativa y la calidad de sus centros, y que la reducción de la inversión ordinaria se acompañe de una justificación expresa sobre su impacto en el mantenimiento y la renovación de los equipamientos”.

El PSPV critica la falta de transparencia

Al respecto, la portavoz del PSPV en servicios sociales, Silvia Gómez, ha criticado que “el PP no puede esconder la información y después pedir confianza; si están tan orgullosos de sus presupuestos, que publiquen todos los datos, que permitan a la oposición analizarlos y que dejen que la sociedad valenciana conozca qué está pasando con la dependencia y con los servicios sociales”.

La diputada socialista ha denunciado que “el PP está intentando convertir los servicios sociales de la Generalitat en un territorio de opacidad”, puesto que “han ocultado a los grupos de la oposición un informe del propio CVIDS, fechado el 3 de julio, que analiza sus presupuestos y que deja en evidencia que el órgano que representa la participación social reclama al Consell más transparencia, información sobre las listas de espera y datos periódicos sobre la ejecución de la dependencia”.

Según Gómez, “mientras los populares presumen de diálogo, esconden los informes; mientras presumen de transparencia, borran o dejan de publicar información; y mientras presumen de reforzar la dependencia, el propio CVIDS advierte de que su crecimiento estructural es prácticamente inexistente y reclama garantías para que no se pierdan recursos cuando desaparezcan los fondos DANA”.

Esto ya no es un problema de comunicación, “es una decisión política de ocultar información sobre la situación real de los servicios sociales y de impedir que la oposición, las entidades y la ciudadanía puedan fiscalizar la gestión del Consell”.

El Consell Valencià d’Inclusió i Drets Socials (CVIDS) està reconegut per llei com el màxim òrgan de participació en matèria de serveis socials. Representa entitats i usuaris i, entre les seues funcions, destaca l’emissió de recomanacions i dictàmens previs sobre avantprojectes de llei i decrets, a més de col·laborar en la planificació, el funcionament i el seguiment de les polítiques inclusives a la Comunitat Valenciana.

A més, segons l’article 6 de la normativa per la qual es regeix, ha d’emetre un informe sobre l’avantprojecte anual dels pressupostos autonòmics en matèria de serveis socials, un document que ha d’elaborar en la fase inicial de tramitació de l’avantprojecte de llei.

Així ho va fer l’organisme el passat 3 de juliol, durant la fase de tramitació dels comptes autonòmics en l’apartat referit als serveis socials. No obstant això, l’informe, que en alguns aspectes va ser crític amb les previsions de la Conselleria, no es va remetre a les Corts fins al 30 de juliol, quan els comptes ja eren aprovats, impedint el seu coneixement per part de l’oposició i el seu debat al Parlament valencià.

Entre altres coses, l’informe posa en relleu que, en relació amb l’anàlisi econòmica de l’apartat ‘Sostenibilitat de la Inclusió Social i de la Renda Valenciana d’Inclusió’, la Comissió recomana protegir el crèdit estructural enfront del temporal, amb la finalitat d’evitar que es produïsca “una minva en els drets subjectius de la ciutadania, considerant que el creixement del programa ho fa gràcies a un reforç classificat com a DANA Integrat”, gràcies a una partida de 17 milions d’euros dins de la línia de Renda Valenciana d’Inclusió.

A més, evidencia que “les prestacions ordinàries del Sistema Valencià de Dependència —un dret subjectiu de les persones en situació de dependència— romanen pràcticament congelades en termes estructurals, i el creixement aparent del programa descansa sobre una classificació DANA de naturalesa temporal”. La Comissió adverteix expressament “del risc que això comporta: en cas de no consolidar-se aquest crèdit com a dotació estructural, la seua extinció situaria la dependència davant d’una caiguda abrupta de recursos”.

Sobre l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), detecta que “una vegada aïllada la inversió no recurrent finançada amb fons europeus, la Comissió observa que l’activitat ordinària de l’entitat experimenta una reducció global moderada (−1,69%), concentrada en dues partides: la despesa de funcionament, que disminueix un 27,58%, i les inversions reals ordinàries, que es redueixen un 29,19%”.

La forta caiguda que presenten les xifres agregades (−8,39% en el total i −77,30% en inversions) s’explica, en la seua major part, “per la finalització del programa temporal finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i no per una retallada estructural de l’entitat”.

Per aquest motiu, “la Comissió recomana garantir a l’IVASS una dotació de funcionament i d’inversió suficient per a preservar la capacitat operativa i la qualitat dels seus centres, i que la reducció de la inversió ordinària s’acompanye d’una justificació expressa sobre el seu impacte en el manteniment i la renovació dels equipaments”.

El PSPV critica la falta de transparència

Respecte a això, la portaveu del PSPV en serveis socials, Silvia Gómez, ha criticat que “el PP no pot amagar la informació i després demanar confiança; si estan tan orgullosos dels seus pressupostos, que publiquen totes les dades, que permeten a l’oposició analitzar-los i que deixen que la societat valenciana conega què està passant amb la dependència i amb els serveis socials”.

La diputada socialista ha denunciat que “el PP està intentant convertir els serveis socials de la Generalitat en un territori d’opacitat”, ja que “han ocultat als grups de l’oposició un informe del mateix CVIDS, datat el 3 de juliol, que analitza els seus pressupostos i que deixa en evidència que l’òrgan que representa la participació social reclama al Consell més transparència, informació sobre les llistes d’espera i dades periòdiques sobre l’execució de la dependència”.

Segons Gómez, “mentre els populars presumeixen de diàleg, amaguen els informes; mentre parlen de transparència, esborren o deixen de publicar informació; i mentre pregonen de reforçar la dependència, el mateix CVIDS adverteix que el seu creixement estructural és pràcticament inexistent i reclama garanties perquè no es perden recursos quan desapareguen els fons DANA”.

Això ja no és un problema de comunicació, “és una decisió política d’ocultar informació sobre la situació real dels serveis socials i d’impedir que l’oposició, les entitats i la ciutadania puguen fiscalitzar la gestió del Consell”.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha culminado la renovación de la flota del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia con la incorporación de tres nuevos vehículos. Con estas adquisiciones, el servicio dispone ya de siete automóviles destinados a facilitar los desplazamientos del personal técnico encargado de valorar la situación de dependencia de las personas solicitantes en los 174 municipios de La Rioja.

Los vehículos se han distribuido estratégicamente por el territorio para reforzar la atención domiciliaria. Tres prestarán servicio en Logroño y La Rioja Centro, dos estarán destinados a La Rioja Baja y otros dos a La Rioja Alta. La directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, ha destacado que esta dotación permite reforzar “un servicio esencial para miles de riojanos” y garantizar una atención “cercana, ágil y de calidad”, independientemente del municipio de residencia.

El procedimiento comienza cuando una persona presenta la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia. Una vez concertada la cita, una profesional del Centro de Valoración se desplaza hasta su domicilio para realizar la valoración mediante el baremo establecido por la normativa estatal. Posteriormente, el equipo técnico analiza el informe y emite un dictamen-propuesta en la que se determina la puntuación y el grado de dependencia que corresponde. Finalmente, la directora general dicta la resolución administrativa.

Doce profesionales realizan las visitas a domicilio

El Centro de Valoración cuenta actualmente con un equipo multidisciplinar integrado por terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y trabajadoras sociales. En total, doce profesionales se encargan de realizar las visitas domiciliarias, mientras que otras tres forman parte del equipo técnico de valoración, una persona coordina el servicio y cinco profesionales se ocupan de la tramitación administrativa.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en enero de 2007, el Centro de Valoración de La Rioja ha realizado cerca de 90.000 valoraciones. De ellas, casi 54.000 fueron primeras valoraciones, más de 30.500 correspondieron a revisiones solicitadas por las propias personas interesadas y alrededor de 5.500 fueron revisiones de oficio.

El reconocimiento del grado de dependencia supone el primer paso para acceder a los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Posteriormente, los servicios sociales municipales concretan estas ayudas mediante el Programa Individual de Atención.

Según la última actualización trimestral del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, La Rioja registra un tiempo medio de gestión de 134 días desde la solicitud hasta la resolución del préstamo. Este plazo sitúa a la comunidad como la cuarta con mejor tiempo de tramitación y se encuentra muy por debajo de la media nacional fijada en 309 días.

A 31 de julio de 2026, La Rioja contaba con 10.753 personas con derecho a prestación, 381 más que un año antes. El dato supone un incremento del 3,67 por ciento en el número de personas con derecho reconocido a estas ayudas

El Centro de Atención a la Dependencia (CAD) ha reubicado a 30 residentes situados en la tercera planta tras detectar una fuga en el sistema del aire acondicionado que no ha provocado ninguna afección en las personas reubicadas, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

Poco después de las 18.30 horas de este lunes, se ha dado aviso al Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo para “activar los recursos necesarios”. Los bomberos del Ejecutivo autonómico han confirmado que se trataba de un escape de gas y han ventilado el piso afectado. Se han movilizado también a la Policía Local y la Guardia Civil.

Los residentes permanecerán reubicados en otras estancias como medida de prevención y con el objetivo de mantener ventilada la zona afectada hasta mañana.

La actriz Assumpta Serna, al cuidado de su madre, de cien años, ha denunciado a través de un vídeo en sus redes sociales la lentitud e ineficacia del sistema de ayudas a la dependencia de la Generalitat de Catalunya, que ha argumentado que la normativa actual no prevé atención 24 horas.

“No es ni humano ni justo”, ha afirmado la intérprete catalana, que ha emprendido una campaña para recoger testimonios y “hacer más fuerza” para exigir “más presupuesto y cuidadores formados”.

“Lo que nos está pasando solo ilustra lo terrible que es la atención a las personas mayores en Catalunya en estos momentos y el infierno incoherente y burocrático que hay que atravesar para lograr cualquier cosa... si es que logras algo”, ha señalado Serna, que ha participado en más de cien producciones cinematográficas y televisivas en varios países y tiene una nominación a los premios Goya.

En un vídeo que ha tenido cientos de miles de visualizaciones, Serna dice haber presentado una queja formal ante el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona tras la resolución, en julio pasado, de su solicitud, que le ha concedido 64 horas al mes de ayuda a domicilio, “para una persona que la precisa 24 horas al día” y que ha tardado más de un año en resolverse.

A ello se añaden, dice, “años de retraso”, desde 2017, para revisar el grado de dependencia y, finalmente, el hecho de que en agosto el servicio esté cerrado y no atiendan al correo ni al teléfono. “Es como si dijeran, ¿podéis dejar de morir en agosto?, estamos de vacaciones”, ironiza.

Serna denuncia además la imposibilidad de contratar directamente a un cuidador y recibir una prestación. “Te obligan a contratar empresas recomendadas por la Generalitat que se quedan comisiones enormes” y con “unos cuidadores que no tienen la titulación requerida”.

La actriz ha lamentado que esto ocurra a la gente mayor de Catalunya “que lleva trabajando toda la vida y ahora, cuando más lo necesitan, el sistema los trata como una carga, siempre dando prioridad a otras franjas de edad”.

El vídeo inicial lo compartió hace dos días y este sábado colgó uno nuevo agradeciendo la respuesta recibida y asegurando que “un político” le ha dicho que en septiembre la llamará.

También señala que “alguna autoridad con poder en las valoraciones de grado ha mostrado un interés superior en el caso de su madre”, pero que ya no se trata solo de su madre. “El objetivo ha cambiado”, afirma la actriz, que se propone “buscar soluciones para un problema compartido por muchos catalanes y españoles”.

Por experiencia propia, Serna asegura que la atención domiciliaria 24 horas cuesta entre 3.000 y 4.000 euros al mes y que los servicios sociales dan “300 o 500 euros”, cuando “lo justo serían unos 2.000”.

Según el informe más reciente del Observatorio Estatal de la Dependencia, difundido en julio pasado y referido al primer semestre del año, en España hay 255.302 personas pendientes de algún trámite relacionado con la dependencia.

Según ese balance, 108.908 personas están pendientes de valoración y 146.394 esperaban una prestación o servicio ya reconocido. Además, el Observatorio cifra en 15.450 las personas fallecidas entre enero y junio de 2026 mientras esperaban una resolución.

Los límites de la normativa

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya ha asegurado este domingo que, desde el primer día, ha estado a disposición de la actriz para atender su situación y asegura que ya se han puesto en contacto con ella para conocer de primera mano su caso y dar respuesta a sus requerimientos.

Argumenta que la normativa estatal que regula el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia no prevé, con carácter general, una atención continuada las 24 horas del día. El nuevo modelo, añade, apuesta por una valoración integrada, con una única visita y una única respuesta, para evitar duplicidades y agilizar trámites.

El plan CURA, un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia en Catalunya, está permitiendo acelerar “de manera significativa” las valoraciones y la elaboración de los PIA (Programa Individual de Atención).

En este sentido, asegura la Generalitat que hace valoraciones por vía telemática en los casos que lo permiten y ha puesto en marcha el “PIA exprés” para agilizar el acceso a las prestaciones económicas.

Desde el Departamento aseguran que son conscientes de que los tiempos de espera generan “preocupación y frustración en muchas familias”, por lo que impulsan la transformación del sistema y esperan poder dar a conocer próximamente datos que acrediten que el sistema de la dependencia en Catalunya “ha iniciado un cambio de ciclo”.

Tras meses de movilizaciones, la plantilla del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo ha vuelto a salir a la calle este sábado para reivindicar más personal y una revisión de los ratios para adaptarlos a las necesidades reales de las personas usuarias del centro y a su grado de dependencia. La movilización, convocada por los trabajadores y respaldada por CSIF Cantabria, da continuidad a las actuaciones para trasladar su situación tanto al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y al Parlamento de Cantabria.

La movilización forma parte de una campaña que la plantilla y CSIF están llevando a cabo para que las necesidades del CAD de Laredo sean abordadas en el ámbito político e institucional. El sindicato considera “fundamental” que la reivindicación de los trabajadores llegue a la Cámara Autonómica y reclama a los grupos políticos “unidad y compromiso” para alcanzar un acuerdo.

De hecho, la Proposición No de Ley (PNL) ‘Pedimos personal para el CAD de Laredo para atender las necesidades reales del centro’ está siendo impulsada para su debate en el Parlamento de Cantabria. Esta reivindicación ya ha sido trasladada a representantes de diferentes grupos políticos durante las reuniones mantenidas en las últimas semanas. IU-Podemos ha elevado su situación al defensor del Pueblo.

El problema, han advertido los trabajadores, “no se limita al cumplimiento de las ratios actualmente establecidas, sino que estos deben revisarse para que respondan a la realidad asistencial de cada centro”.

Desde CSIF se defiende que “no pueden aplicarse los mismos criterios” de personal a usuarios con necesidades asistenciales muy diferentes: “No hablamos solo de ratios, hablamos de personas y de las necesidades reales de atención que tienen”, señala CSIF Cantabria.

El sindicato considera “imprescindible” que la planificación de los recursos humanos tenga en cuenta esta realidad y permita disponer de los profesionales necesarios en cada momento, evitando que la carga asistencial recaiga de forma excesiva sobre los trabajadores.

Tras años de confusión administrativa y listas de espera desesperanzadoras para las familias, la reciente reforma del sistema de dependencia y de la ley de discapacidad prometen más financiación y menos burocracia. El gran reto sigue siendo cultural: la tendencia a retrasar la solicitud de ayuda hasta que la situación es límite.

Históricamente, los ciudadanos se han encontrado ante dos sistemas, por un lado el de dependencia, de creación más reciente, y por otro, el que aglutinaba los conceptos de servicios sociales y discapacidad, que ya existía anteriormente, explica Francisco Sardón, presidente de la federación sin ánimo de lucro Impulsa Igualdad de Castilla y León. Así, mientras la discapacidad se centraba en aspectos físicos y certificaciones para acceder a ayudas técnicas o movilidad reducida, la dependencia evaluaba la capacidad del individuo para desenvolverse de forma autónoma en su entorno cotidiano.

El funcionamiento independiente de ambos sistemas generaba dificultades a las familias debido a todos los puntos en los que convergen los dos ámbitos, generando una enorme distorsión, según Sardón. “Eliminar esos trámites burocráticos dobles ha sido un paso notable para que el sistema de dependencia sea más ágil en su gestión”, destaca, y recuerda que en algunas comunidades las listas de espera para acceder al sistema de dependencia superaban el año.

La nueva reforma de la ley de discapacidad y la refundación del sistema de la dependencia aprobadas en el Congreso hará posible que el reconocimiento sea de forma automática: un grado I de dependencia otorgará directamente un 33% de discapacidad, mientras que los grados II y III darán acceso al 65%. “Esto era algo que nosotros veníamos reivindicando precisamente porque el nivel de burocracia no tenía sentido”, señala el presidente de Impulsa Igualdad.

Cuándo iniciar el procedimiento de solicitud

Uno de los problemas más frecuentes detectados por los expertos era el retraso a la hora de hacer las solicitudes de dependencia que, sumadas a las listas de espera para acceder al sistema, hacía que la ayuda llegara demasiado tarde especialmente en casos de personas mayores.

Sardón es tajante sobre el estigma o la resistencia a recibir ayuda externa: “Muchas personas intentan aguantar el poder valerse por sí mismos hasta que ya no pueden más, pero muchas veces es un error porque se producen accidentes domésticos no deseados por no tener ese tipo de apoyos”. Por eso, su recomendación es iniciar el procedimiento desde que se detectan las primeras dificultades o riesgos para la integridad física.

El objetivo no es solo asistir en la etapa final de la persona, sino fomentar la promoción de la autonomía personal. Solicitar la dependencia a tiempo permite acceder a figuras como el asistente personal o la ayuda a domicilio profesionalizada, lo que evita que toda la responsabilidad recaiga sobre hijos, nietos u otros familiares y se pueda mantener el rol familiar. “Lo recomendable es que soliciten entrar en el sistema precisamente para que desde un inicio tengan esos apoyos que hagan que sean lo menos dependientes posible”, insiste Sardón.

La nueva reforma no solo simplifica el papeleo, también blinda el sistema económicamente, asegurando que el Estado asuma el 50% de la financiación, evitando futuros recortes y duplicando la inversión estructural para reducir las listas de espera. Además, los plazos de la administración para resolver las prestaciones se reducen a la mitad, pasarán de seis meses a tres.

El nuevo modelo apuesta por priorizar que la persona viva en su hogar el mayor tiempo posible y permite combinar, por ejemplo, la teleasistencia con un centro de día o con cuidados en el entorno familiar, para evitar el modelo de las macrorresidencias. “Estamos a favor de que las personas puedan vivir en sus entornos domiciliarios, personales y familiares el mayor tiempo posible o, como mínimo, el tiempo que ellos deseen”, resume Sardón, que destaca la importancia de que las personas conozcan que tienen derecho a contar con este tipo de apoyos y puedan mejorar su calidad de vida.

La coalición Izquierda Unida-Podemos ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para solicitar que analice la adecuación de los recursos humanos y materiales del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo a la realidad asistencial actual del centro.

Según ha informado la coalición, la iniciativa cuenta con el respaldo de “decenas de trabajadores y familiares de personas residentes”, que han apoyado con su firma la presentación del escrito al considerar que la situación “merece una revisión independiente por parte de esta institución”.

El escrito solicita al Defensor del Pueblo que recabe información del Gobierno de Cantabria y del ICASS sobre aspectos como la evolución del perfil asistencial del centro, la adecuación de la plantilla a esa nueva realidad, la cobertura efectiva de las distintas categorías profesionales, la dotación del servicio de Enfermería, la organización de los turnos, las actuaciones realizadas tras los partes de incidencia presentados por la plantilla y la suficiencia de los recursos humanos para garantizar una atención integral y de calidad.

Asimismo, recoge las preocupaciones trasladadas por trabajadores y familiares sobre distintas dificultades organizativas y materiales -de las que se ha venido informando elDiario.es desde mayo- y que, según exponen, afectan al funcionamiento diario del centro y a la prestación de los cuidados.

IU-Podemos ha explicado que la queja pone de manifiesto que el propio Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) reconoce en documentación interna que el perfil de los residentes ha evolucionado de forma significativa desde la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2019, pasando de un centro con mayor presencia de usuarios con autonomía funcional a otro en el que predominan personas con gran dependencia, mayor fragilidad y necesidades asistenciales mucho más complejas.

El coordinador de Izquierda Unida Cantabria y candidato de la coalición a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha explicado que esta iniciativa “nace de una preocupación compartida por trabajadores y familiares. No estamos hablando únicamente de condiciones laborales, sino de garantizar que las personas con grandes necesidades de apoyo reciban la atención que merecen”.

“Si el propio ICASS reconoce que el perfil asistencial del centro ha cambiado profundamente, creemos que es razonable analizar si los recursos humanos y materiales se han adaptado a esa nueva realidad”, ha continuado.

Por su parte, la coordinadora de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha señalado que “la atención a la dependencia constituye uno de los pilares de nuestro Estado del bienestar y cuando decenas de trabajadores y familiares trasladan una misma preocupación, creemos que las instituciones tienen la obligación de escucharla”, que es el motivo por el que la coalición ha acudido al Defensor del Pueblo, “para que una institución independiente pueda valorar si el CAD de Laredo dispone de los recursos adecuados para atender a las personas residentes”, ha añadido.

Un servicio público esencial

Izquierda Unida-Podemos considera necesario analizar si esa transformación del perfil asistencial ha venido acompañada de la adaptación de la plantilla y de los recursos necesarios para garantizar una atención digna. “Creemos que es de sentido común preguntarse si el centro cuenta hoy con los recursos que necesita porque no requiere el mismo personal atender a 130 personas que se valen por sí mismas que a 130 residentes donde buena parte son grandes dependientes”, han señalado desde la coalición.

Ambas organizaciones han subrayado que esta iniciativa pretende contribuir a mejorar un servicio público esencial y confían en que la intervención del Defensor del Pueblo permita evaluar de forma objetiva si la organización, la plantilla y los recursos materiales del CAD de Laredo responden a las necesidades asistenciales actuales del centro.

La Consejería de Inclusión Social ha modificado la orden que regula los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia de Cantabria para mejorar la calidad de la atención y flexibilizar algunos aspectos de la gestión.

Tal y como publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), entre las novedades que incorpora esta modificación destaca la obligatoriedad de disponer de camas articuladas y regulables en altura, con colchones adecuados para la prevención y manejo de úlceras de presión. De esta forma, a la vez que se incrementa la comodidad de los usuarios, se facilita la tarea de los profesionales que prestan los apoyos necesarios.

También se establece que deberán tomarse en consideración los deseos y preferencias de los residentes sobre las actuaciones a realizar por el centro residencial al final de su vida.

En lo que se refiere a la organización del personal de los centros, la nueva orden posibilita que cuando la persona que ejerce funciones de dirección compatibilice esta actividad con la atención directa a los usuarios, esta última podrá desempeñarse en el mismo o diferente centro.

Otra modificación importante está relacionada con el transporte de personas en situación de dependencia en los centros de día. Con la nueva regulación, cuando el servicio de transporte que presta el centro exija acompañamiento de los usuarios, el tiempo dedicado a esta tarea por el personal de atención directa se computará para la exigencia de horas de la jornada diaria, con el límite máximo de una hora en horario de mañana y otra en horario de tarde.

Un cambio que responde a las necesidades de los usuarios de centros residenciales y viviendas tuteladas es el que exige que, cuando por motivos de salud así se requiera, se deberá ofrecer una recena, además de las cuatro comidas diarias. Asimismo, la nueva orden flexibiliza el horario de prestación de servicios en viviendas tuteladas.

Unidades para personas autónomas

Como novedad de relevancia, se crean las Unidades para Personas Autónomas. De esta forma, en las residencias de personas mayores se podrán establecer un máximo de dos unidades residenciales para personas que tengan suficiente autonomía personal para las actividades básicas de la vida diaria, sin tener reconocida la situación de dependencia o teniéndola reconocida en grado I. Estas unidades tendrán un máximo de veinte plazas cada una, distribuidas en habitaciones individuales o dobles.

Acreditación de centros y simplificación administrativa

En lo que se refiere a los requisitos exigidos para la acreditación de los centros de servicios sociales, las modificaciones guardan relación con la simplificación administrativa. En este ámbito se produce la modificación del sistema de acreditación de la calidad de estos centros, procediéndose a la simplificación y concreción de algunos protocolos, reorientando sus contenidos, registros y criterios hacia una mayor personalización de los cuidados y apoyos que se prestan.

En la línea del proceso de simplificación administrativa, también se modifica la presentación de memorias anuales de la actividad del centro a efectos del mantenimiento de la acreditación, sustituyendo la elaboración de aquellas por un sistema de autoevaluación que resulte de utilidad a los centros en su toma de decisiones y gestión del conocimiento.

Así, los valores en que se centre la calidad de los centros se incorporarán a un formulario digital habilitado por la Administración, lo que facilitará el análisis comparado de los indicadores, a la vez que permitirá una definición compartida por todos los centros de cada uno de los elementos por los que se interroga.

Con las modificaciones establecidas también se avanza en la digitalización de los procedimientos, con la utilización de una aplicación informática para remitir los datos solicitados y facilitar su análisis comparado, y contribuir a una Administración sin papel.

Finalmente, por primera vez se introducen criterios relacionados con la soledad no deseada. Una de las primeras actuaciones planteadas en este sentido es conocer su alcance y para ello se proponen indicadores que persiguen la comprensión del fenómeno y su magnitud.

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) que aclare un problema con el abono de los complementos salariales de los trabajadores de la residencia asistida El Cuartillo, en Cáceres, tal y como ha adelantado elDiario.es Extremadura, y si esto afecta al resto de residencias públicas. A su juicio, esto se suma a las denuncias de la plantilla de El Cuartillo por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, “especialmente” durante los meses de verano.

La portavoz de Dependencia y Mayores del Grupo Socialista, Judit Olivares, ha reclamado que la directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez, aproveche su comparecencia este miércoles en comisión parlamentaria para ofrecer “una explicación clara” sobre lo que está ocurriendo. Según remarca el PSOE, los trabajadores podrían dejar de percibir en su próxima nómina los complementos correspondientes por trabajo nocturno, festivos, domingos o movilidad funcional debido, presuntamente, a un problema en la plataforma que gestiona los recursos humanos.

Olivares ha advertido de que se trata de una situación “muy grave”, ya que, ha apuntado, afecta a uno de los derechos fundamentales de cualquier trabajador, es decir, al cobro íntegro de su salario al finalizar el mes. Además, ha señalado que el impacto será “especialmente importante” para las trabajadoras con contratos a tiempo parcial, cuyos ingresos dependen “en buena medida” de estos complementos para completar sus nóminas.

La portavoz socialista ha reclamado al Ejecutivo autonómico que aclare si esta incidencia afecta únicamente a los cerca de 200 trabajadores de la residencia El Cuartillo o si, por el contrario, puede extenderse al resto de residencias públicas dependientes del SEPAD. Queremos saber qué está pasando en el SEPAD y en el gobierno de Guardiola. Si estamos ante un problema administrativo, de planificación o incluso de falta de recursos, lo que no puede ocurrir es que los empleados públicos sean quienes paguen las consecuencias de la mala gestión“, ha señalado.

Olivares ha dicho que la directora gerente del SEPAD debe ofrecer explicaciones tanto a los trabajadores afectados como al conjunto de la sociedad extremeña y, sobre todo, adoptar las medidas necesarias para resolver esta situación “de forma inmediata”, ha concluido.

Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

La nueva financiación para la dependencia permitirá crear en La Rioja 846 nuevos empleos y podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminando la lista de espera. En concreto, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la comunidad, la región recibirá 25 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia.

Este martes se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la AGE (Administración General del Estado) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes, se convalidó en la Cámara Baja el real decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las CCAA para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Esto es, las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Cuantías que han comenzado a transferirse este mes de julio y que, de media, han subido un 82%. El incremento beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó también este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las CCAA por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las CCAA para que puedan seguir reduciendo las listas de espera (Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027).

Igualmente, servirá para atender a más gente (se calcula que en 2027 habrá 417.000 nuevas personas beneficiarias), al mismo tiempo que pondrán mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Por otra parte, este incremento histórico tendrá un importante impacto también a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos poder contratar a más personal para sus sistemas de cuidados. Según estimaciones de Derechos Sociales, esta aportación económica ampliada del Gobierno va a suponer la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Respecto a las trabajadoras del sector (la mayoría son mujeres), además de los puestos laborales de nueva creación, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un objetivo prioritario debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las CCAA en materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

En paralelo, y aunque este Ministerio no tiene la potestad de negociar los convenios colectivos de las trabajadoras del sector, Derechos Sociales ha querido impulsar la mejora de sus condiciones laborales iniciando una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

Concretado en nuestra región, La Rioja recibirá 25 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (8,2 millones de euros adicionales en 2026 y 16,5 millones de euros adicionales en 2027). El sistema podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminar la lista de espera, y crear 846 empleos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé la creación de 1.032 puestos de trabajo en Cantabria en el sector de los cuidados tras haber aprobado este martes el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y la inyección extraordinaria de 55 millones de euros adicionales para esta comunidad autónoma entre 2026 y 2027.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy estima que este refuerzo permitirá además a Cantabria incorporar a 2.493 nuevas personas beneficiarias y avanzar en la eliminación de la lista de espera.

La Cámara Baja aprobó este martes el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la Administración General del Estado (AGE) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes dio luz verde al Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las comunidades autónomas para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Se trata de las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, estas cuantías han comenzado a transferirse este mes de julio y, de media, han subido un 82%. El incremento, indican que beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

También aprobó la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las autonomías por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades para que reduzcan las listas de espera. En este sentido, Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027 y fija en 417.000 las personas nuevas beneficiarias.

Respecto a los trabajadores del sector de la dependencia, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un “objetivo prioritario” debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las comunidades materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales del sector y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad.

Los 114 millones de euros adicionales (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027 que recibirá Extremadura para el sistema de la dependencia tendrá un impacto estimado de 8.132 nuevos beneficiarios y 2.845 personas menos en lista de espera, además de la creación de 2.096 empleos.

A nivel nacional, la ampliación de la financiación estatal al sistema de dependencia en 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 para su distribución a las comunidades autónomas permitirá reducir las listas de espera en 71.000 personas el próximo año y crear 115.000 empleos dentro del sector, además de atender a más beneficiarios y ampliar servicios.

Son las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales tras la aprobación este martes en el Congreso del decreto ley que incrementará las cuantías que el Estado transfiere cada mes a las autonomías por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan, que han comenzado a abonarse en julio y han subido de media un 82 %.

Junto a la aprobación de este aumento de la financiación estatal, el Congreso aprobó para su remisión al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, además de contemplar una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia, blinda que el Estado tenga que aportar el 50 % de la inversión.

Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación estatal que tiene el sistema de la dependencia, que también será incrementado en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones más para 2027.

Con estos incrementos de la financiación, el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las autonomías para que reduzcan las listas de espera, que Derechos Sociales estima que pueden descender en 71.000 personas en 2027.

Según el ministerio, este incremento de la aportación estatal que califican de “histórico” tendrá un gran impacto a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos que puedan contratar a más personal para sus sistemas de cuidados, y supondrá la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Además, calculan que el próximo año se podrá atender a 417.000 nuevos beneficiarios, permitirá mejorar las condiciones laborales de los cuidadores (en su gran mayoría mujeres) y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Un objetivo prioritario de este aumento de la aportación que recibirán las comunidades autónomas en materia de dependencia, ha destacado Derechos Sociales, es que se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

Para ello, se ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

Distribución por comunidades

- Andalucía: 954 millones de euros adicionales del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (317,9 millones en 2026 y 635,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 102.333 nuevos beneficiarios, reducir la lista de espera en 15.461 personas, y crear 23.577 empleos.

- Aragón: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), con un impacto de 11.175 nuevas beneficiarios, una reducción de 248 personas en lista de espera, y 2.089 nuevos empleos.

- Asturias: 79 millones de euros adicionales (26,2 millones en 2026 y 52,5 millones en 2027), que podrían traducirse en 9.370 nuevos beneficiarios, 2.167 personas menos en lista de espera y 2.374 nuevos empleos.

- Baleares: 84 millones de euros adicionales (28,1 millones en 2026 y 56,3 millones en 2027), que podría incorporar a 8.455 nuevos usuarios, reducir la lista de espera en 1.248 personas y crear 1.752 empleos.

- Canarias: 237 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), y se estiman 16.565 nuevos beneficiarios, una reducción de 609 personas en lista de espera y la creación de 6.563 empleos.

- Cantabria: 55 millones de euros adicionales (18,4 millones en 2026 y 36,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 2.493 beneficiarios, avanzar hacia la eliminación de la lista de espera y crear 1.032 empleos.

- Castilla-La Mancha: 236 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), con un impacto estimado de 18.802 nuevos beneficiarios, una reducción de 2.042 personas en lista de espera y la creación de 6.254 empleos.

- Castilla y León: 341 millones de euros adicionales (113,6 millones en 2026 y 227,3 millones en 2027), que podría permitir incorporar 25.654 beneficiarias, eliminar prácticamente la lista de espera y 7.329 empleos más.

- Cataluña: 567 millones de euros adicionales (189,1 millones en 2026 y 378,3 millones en 2027), que podría incrementar el sistema en 61.470 beneficiarios, reducir la lista de espera en 24.881 personas y 13.611 empleos más.

- Comunidad Valenciana: 535 millones de euros adicionales (178,3 millones en 2026 y 356,7 millones en 2027), que podría traducirse en 61.727 beneficiarios, 4.471 personas menos en lista de espera y 12.704 nuevos empleos.

- Extremadura: 114 millones de euros adicionales (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027), con un impacto estimado de 8.132 nuevos beneficiarios, 2.845 personas menos en lista de espera, y la creación de 2.096 empleos.

- Galicia: 270 millones de euros adicionales (90,2 millones en 2026 y 180,6 millones en 2027), que podría suponer 15.938 beneficiarios, reducir la lista de espera en 793 personas y crear 6.156 empleos.

- Madrid: 680 millones de euros adicionales (226,6 millones en 2026 y 453,3 millones en 2027), que podrían sumar 60.876 nuevos beneficiarios, 11.497 personas menos en lista de espera y la creación de 22.315 nuevos empleos.

- Murcia: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), que podría traducirse en un aumento de 7.119 beneficiarios, 4.904 personas menos en lista de espera y 3.334 nuevos empleos.

- Navarra: 38 millones de euros adicionales (12,6 millones en 2026 y 25,4 millones en 2027), que podría sumar 3.405 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 88 personas en lista de espera y crear 1.419 empleos.

- País Vasco: 179 millones de euros adicionales (59,7 millones en 2026 y 119,4 millones en 2027), que podría permitir incorporar 2.631 beneficiarios, 4.153 personas menos en lista de espera y 1.328 nuevos empleos.

- La Rioja: 25 millones de euros más (8,2 millones de en 2026 y 16,5 millones de euros en 2027), que podría traducirse en 2.116 nuevos beneficiarios, eliminar la lista de espera, y 846 empleos

El Congreso aprobó el pasado martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, pero también la ampliación de su financiación. El incremento será de unos 120 millones para 2026 y 120 millones para 2027. Además, el Gobierno calcula que con la nueva financiación y condiciones, se generen unos 100.000 puestos de trabajo asociados al sector.

Una vez aprobados los textos en el Congreso (todavía deberá pasar por el Senado), el Ministerio de Derechos Sociales ha requerido un anexo con sindicatos y patronales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores (fuertemente feminizado). La idea es crear una mesa de diálogo de donde salgan medidas concretas.

El nuevo aporte económico permitirá, insisten fuentes del Ministerio, un aumento de los salarios, la implementación de más formación y una mayor estabilidad.

Entre 2026 y 2027 se espera la transferencia de 6.200 millones de euros más a las comunidades autónomas para que puedan seguir reduciendo las listas de espera. Derechos Sociales estima que puedan reducirse hasta 71.000 personas para el próximo curso, y, para la atención ampliada a la ciudadanía, se prevé que habrá 417.000 personas beneficiarias.

Entre las comunidades autónomas que más puestos de trabajo podrían generar se encuentran la Comunitat Valenciana (12.704 empleos), Castilla y León (7.329 empleos) y Galicia (6.156 empleos), de acuerdo con los análisis del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

Otras comunidades autónomas con potencial laboral son Canarias (6.563 empleos), Castilla-La Mancha (6.254 empleos) y la Región de Murcia (3.334 empleos).

Las instituciones vascas, Gobierno autonómico y diputaciones forales, han arrancado al Estado una garantía de que la cobertura del 50% de la inversión en políticas de dependencia se mantendrá independientemente de un posible cambio de Gobierno en España que pueda acarrear una nueva sensibilidad en las políticas sociales. El acuerdo se alcanzó en una comisión mixta del Concierto Económico celebrada el pasado jueves y ha sido presentado este miércoles, después de que el Congreso aprobara dos leyes este martes sobre dependencia, la reforma con nuevas prestaciones y la ampliación de la financiación a las comunidades autónomas.

En Euskadi, las competencias efectivas en la materia son forales y no autonómicas y la financiación también es propia por el sistema de Concierto Económico. Así, el consejero vasco Noël d'Anjou ha compartido protagonismo con las tres diputadas de Hacienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Itziar Gonzalo de Zuazo, Itsaso Berrojalbiz e Itziar Agirre, y han explicado la relevancia del sistema de financiación foral diferenciado para blindar la cobertura de un pilar de las políticas sociales vascas.

En cifras, la previsión es que la aportación estatal se dispare en un 166% si se mide la entrega de 2024, el año base de las negociaciones, con la estimación de 2027, el próximo ejercicio. De 153 millones se pasaría a 407. De momento, en 2026 el Estado cubrirá ya el 36,5%, unos 284 millones. En 2025 fueron 166.

Las diputaciones comparten que es “un paso muy importante”, incluso un “salto cualitativo” para garantizar la “sostenibilidad” del modelo social. “Es un ejemplo claro de entendimiento institucional”, se ha congratulado la alavesa Gonzalo de Zuazo. “Un modelo de cuidados de vanguardia”, ha apostillado la guipuzcoana Agirre. Actualmente, Álava destina unos 200 millones a dependencia, por 428 de Bizkaia y 324 de Gipuzkoa.

Según ha explicado D'Anjou, los pagos se realizarán en tres tramos, en mayo, septiembre y diciembre, y en mayo del año siguiente se hará una liquidación con posibles ajustes. No tiene nada que ver con el Cupo, que son las aportaciones vascas a las competencias del Estado, ha aclarado el consejero de Hacienda. El consejero ha remarcado que en esta legislatura vasca (desde 2024) se han logrado 46 acuerdos en la comisión mixta del Concierto Económico, incluida la concertación de nuevas figuras tributarias y otros ajustes de financiación.

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha presentado una reclamación al Consejo de Transparencia ante la falta de información del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) sobre los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX).

En un comunicado, ha recordado que “a raíz de las evidencias sobre la inercia privatizadora del CADEX” y de conversaciones con algunos de los afectados, el sindicato decidió solicitar información precisa sobre el número de usuarios del CADEX, desglosado por provincias, por categorías y por años hasta 2026.

Esta solicitud de información, al amparo de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, debe ser contestada antes de un mes, algo que no se ha producido, según ha asegurado el SIP. Ha criticado que la Junta de Extremadura tiene como “costumbre asentada” no responder a la ciudadanía, ni a sus empleados públicos ni a los sindicatos o, al menos, a ellos. A su juicio, “es un ejemplo de mala administración, contraria a la legislación europea y española, que no se puede dejar pasar”.

El sindicato ha advertido de que los sindicatos están para obligar a las administraciones a rendir cuentas de todo aquello que puede terminar afectando a las condiciones de trabajo.

“El SIP no va a dejar de emplear ninguna herramienta para buscar la excelencia de las administraciones públicas, que pasa necesariamente por el cumplimiento escrupuloso de todos los preceptos legales, por el mantenimiento y mejora en la calidad de los servicios públicos, por el sostenimiento y ampliación del Estado de bienestar, por la desprivatización de las administraciones, por la permanente orientación a la ciudadanía bajo el mandato de buena administración de la UE y, por supuesto, por la constante mejora de las condiciones y derechos de los empleados públicos”, ha subrayado este sindicato.

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) afrontó este martes uno de los días más importantes de su mandato como ministro de Derechos Sociales, el cargo que ocupa desde finales de 2023. El Congreso aprobó la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, la norma estrella del departamento esta legislatura, y la dejó lista para su puesta en marcha dentro de unas semanas, cuando pase por el Senado. El texto salió adelante gracias a la mayoría que suman el Gobierno y sus habituales socios parlamentarios, incluido Junts esta vez. Y lo hizo con la abstención por sorpresa del PP, una decisión que el ministro considera que demuestra que los populares no pueden “explicar su lógica del no a todo”.

Pero no es el único frente que tiene abierto el titular de Derechos Sociales. Aunque ha afirmado por activa y por pasiva que no quiere ser candidato a las próximas elecciones generales por el espacio político a la izquierda del PSOE, que por ahora se encuentra huérfano de líder y marca, lo cierto es que Bustinduy se perfila como uno de los protagonistas de la recta final de la legislatura. Y, este mismo mes, su papel será clave para definir el diseño final del decreto de vivienda que el Gobierno ha prometido aprobar y con el cual se reactivará la prórroga de los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027.

El ministro se muestra muy hermético en conversación con elDiario.es y no concreta cuál va a ser el contenido de ese paquete de medidas, que Sumar está negociando ahora con el PSOE, pero que tiene como principal obstáculo a Junts, que ya tumbó un decreto similar hace unos meses. Pero Bustinduy se muestra optimista con que, en esta ocasión, el resultado de la votación pueda ser diferente: “Esa es la obligación que tenemos”.

El Congreso acaba de dar luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Imagino que estará satisfecho.

Estoy bastante emocionado, porque llevamos mucho tiempo trabajando para llegar a este día y creo sinceramente que hoy se marca un antes y un después en la política social de este país. Se va a hacer posible la refundación del sistema de cuidados con una inversión histórica de 6.200 millones de euros y con una reforma ambiciosa de las leyes. Se trata de la mayor ampliación de la red de protección social en décadas.

¿Es funcional una ley que, básicamente, depende de las comunidades? La colaboración de la mayoría de las comunidades, que gobierna el PP, no parece estar garantizada.

Las leyes se cumplen, no dependen del grado de acuerdo que tenga la administración en materia de dependencia y de cuidados. El Gobierno tiene la facultad de establecer la legislación básica y de poner recursos, y hemos hecho las dos cosas: estamos diseñando un nuevo modelo de cuidados y estamos poniendo los recursos para hacerlo posible. La duda es: ¿cómo podemos garantizar que las administraciones del PP vayan a emplear esa mayor financiación para los fines para los que se ha diseñado? Hay precedentes de recursos que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas y que luego no redundan en mejores servicios públicos, o que se desvían vía privatizaciones. Y la respuesta es que estamos aumentando las cuantías que el Estado paga por cada usuario que está en el sistema de dependencia, y, por tanto, los recursos que se entregan a las comunidades son finalistas al 100%. No se pueden utilizar para otra cosa.

Además, tenemos una herramienta para asegurarnos de que el aumento de financiación del Estado no se convierta en una merma de la contribución de las comunidades autónomas: por cada euro de menos que ponga una comunidad, recibirá un euro menos por parte del Estado. Por lo tanto, hay garantías para asegurar que el dinero va a donde tiene que ir, que es hacer posible un cambio del modelo de cuidados para pasar de macroresidencias y un modelo asistencialista y precario a conseguir que la gente pueda envejecer en su casa, en su barrio, en su ciudad.

El PP finalmente no se ha opuesto a la aprobación de la reforma, como sí hizo la semana pasada en comisión. ¿Qué ha cambiado?

Yo le doy mucha importancia a este cambio de posición, no porque hiciera falta para que saliera la ley adelante, pero sí porque a medio y largo plazo es importante. El PP representa a muchos millones de españoles y es importante que se haga copartícipe y corresponsable de esta transformación del modelo de cuidados, que no puede ser objeto del mercadeo político. No tenían ninguna razón para oponerse. El PP dijo que el contenido de la reforma no le parecía mal, pero que sin financiación era papel mojado, y hemos puesto 6.200 millones por delante. Y reclamaban que el Estado se hiciera cargo del 50% de la financiación del sistema, y lo hemos cumplido. Celebro que hayan cambiado de posición gracias a la presión social y a que no podían explicar esa lógica del no a todo.

¿La ley contempla alguna medida para mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, que casi siempre son mujeres?

Hay un artículo en la ley que tiene que ver precisamente con la dignificación y la valorización de las condiciones de trabajo. Esta es una cuestión que trasciende con mucho lo que se puede hacer con una sola ley, es un proceso que concierne a la sociedad entera y que tiene que ver con poner el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados donde le corresponde. Pero ya hemos comenzado a trabajar en ello a través de la convocatoria del diálogo social con las patronales y los sindicatos. Gracias a la nueva financiación, por fin se va a acabar la excusa de que no se pueden pagar sueldos dignos porque los recursos son escasos.

Ahora la patronal y los sindicatos plantean un diálogo social para alcanzar un acuerdo tripartito que haga sostenible el modelo de cuidados, partiendo de la dignificación y la mejora de las condiciones laborales. Van a tener que renegociarse los convenios del sector. Tendrá que haber nuevas licitaciones, porque además la necesidad de trabajadoras en el sistema de dependencia se va a duplicar de aquí a 2030. Y el futuro solo podrá ser viable si tenemos condiciones dignas.

El compromiso de financiación extra es para este año y el siguiente. ¿Qué va a pasar después?

El compromiso de financiación está inscrito en la ley, porque hemos modificado las cuantías que la Administración General del Estado transfiere [a las comunidades] por cada persona usuaria que se dé de alta. Y según crezcan las necesidades del sistema, crecerá la financiación, eso está blindado en la ley.

¿Incluso si hubiera un cambio de Gobierno en las próximas elecciones?

La única forma en la que se podría afectar para mal esa financiación sería que un Gobierno decidiera recortarlo. Pero para eso hemos incluido en la ley una enmienda que blinda que el Estado se haga cargo del 50% del gasto certificado total en la dependencia. Es decir, el Estado tiene que poner el 50% del gasto certificado total: nosotros hemos garantizado alcanzar ese porcentaje en la práctica elevando las cuantías [que se pagan a las comunidades], pero también hemos generado la obligación legal de que el Estado financie la mitad de las necesidades del sistema.

Hoy, una persona tarda en torno a unos 11 meses en empezar a recibir una prestación por dependencia. ¿Por qué el ciudadano debería creer en esta ocasión con esta reforma que el sistema va a responderle más rápido?

Porque funciona poner recursos y mejorar el sistema, hacer que los trámites sean automáticos, aligerar la burocracia, que es parte de lo que hace la reforma de la ley. En el último año, antes de poner en marcha la nueva financiación y de aprobar esta reforma, las listas de espera han bajado un 21% y el tiempo de espera medio se ha reducido en 27 días, al mismo tiempo que atendíamos un 10% más de personas en el sistema. Falta mucho, el objetivo no puede ser otro que eliminar las listas de espera y reducir los tiempos de gestión a lo que marca la ley, pero vamos por buen camino.

Usted apuesta por un cambio de modelo para que las personas permanezcan en sus hogares siempre que sea posible. ¿Significa eso que el modelo de grandes residencias está agotado?

Debe ser superado, y creo que esta es una reflexión que hizo el país en su conjunto al salir de la pandemia. Es un sistema que depende de la gestión de grandes instituciones según sus necesidades organizativas y logísticas, con centros que normalmente están ubicados fuera de las ciudades, donde las personas apenas pueden tomar decisiones y donde se las aleja de su comunidad y de su arraigo. Queremos transitar hacia todo lo contrario, hacia un modelo que permita que la gente permanezca en su casa el tiempo que lo desee con los apoyos necesarios.

Eso se hace con la teleasistencia, con la ayuda a domicilio, con los centros de día, implantando tecnología, creando un banco público de productos de apoyo como camas articulables o como andadores. Todo esto son cosas que se incorporan en la ley, y forman parte de una transición larga y que va a tardar tiempo, pero estamos señalando que ese es el horizonte deseable. No van a desaparecer las residencias, porque hay gente que desea ir a una residencia o hay situaciones en las que puede que no haya alternativa, pero queremos que el centro gravitacional del sistema sea un modelo en el que envejezcamos en casa y con autonomía.

El Gobierno ha prometido que este mes aprobará un decreto de vivienda que, entre otras medidas, incluirá la prórroga de los alquileres. ¿Para cuándo podemos esperarlo? Estamos a mitad de julio y no hay noticias.

Espero que lo antes posible. El acuerdo que se anunció desde la mesa del Consejo de Ministros es que antes de final de mes, y con ese marco estamos negociando. La negociación avanza de manera productiva, y en el decreto van a figurar algunas de nuestras banderas esenciales: la prórroga reforzada de los alquileres y la regulación del alquiler fraudulento de habitaciones y de temporada, así como una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos.

El pasado diciembre, Junts se abstuvo en el Parlament cuando se votó una ley para regular el alquiler de temporada y por habitaciones. ¿Por qué iba a apoyar esa medida ahora en el Congreso?

Junts, pero también el PNV y otros grupos, han hecho públicas cuáles son sus reclamaciones y cuáles son los aspectos que quieren ver reflejados en el decreto. Y nuestro esfuerzo de cara a la negociación en la que estamos inmersos, y que todavía tenemos por delante, consiste en poder recoger las aspiraciones de los diferentes grupos políticos y hacer viable su aprobación.

Junts ha pedido nuevas ayudas fiscales para apoyar el decreto, pero también otras medidas como el IVA franquiciado para los autónomos o la recuperación de la deducción por compra de vivienda. ¿Están dispuestos a ceder en todo ello?

Las condiciones que ha hecho públicas Junts incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos, además de modificaciones en el tratamiento fiscal a las hipotecas o el IVA franquiciado. Son cuestiones que pueden y deben ser objeto de negociación. Es evidente que Junts no va a defender el mismo modelo de vivienda que defendemos nosotros o que defiende el PSOE, que es diferente también al nuestro. Pero es perfectamente transitable un acuerdo en el que queden reflejadas algunas de las demandas que ha hecho Junts en aras de las medidas como la prórroga de los alquileres, la regulación del alquiler temporal y por habitaciones o la fiscalidad de los pisos turísticos.

Hace usted hincapié en que las exenciones fiscales que plantea Junts son para los inquilinos. ¿En esta ocasión no están pidiendo nuevas ayudas impositivas para los caseros?

Lo que Junts hizo público en el debate parlamentario sobre la prórroga de alquileres de mayo, cuando votaron en contra, y en reiteradas declaraciones e iniciativas parlamentarias posteriormente, es que pide bonificaciones fiscales a inquilinos. Ese planteamiento puede tener cierta consonancia con una prórroga reforzada de los alquileres que mantenga los precios controlados: la prórroga puede proteger a los inquilinos que tengan contratos que van a expirar en los próximos años y, simultáneamente, puede haber un sistema que ayude a reducir el coste de su alquiler a los nuevos inquilinos que no pueden beneficiarse de la prórroga. No es mi modelo, pero es un modelo con el que yo puedo negociar.

Se lo pregunto porque grupos como Podemos han dicho que no van a apoyar ningún decreto que incluya ayudas fiscales a propietarios de vivienda. ¿Cree usted posible encontrar una fórmula que conjugue el apoyo de Junts y de Podemos?

No solo lo creo, sino que esa es la obligación que tenemos. La vivienda ha sido el gran talón de Aquiles de esta legislatura y de la mayoría de investidura y del Gobierno progresista, y ha costado muchísimo poder intervenir de manera real para resolver el que es el primer problema de la clase trabajadora. Lo máximo que conseguimos fue forzar la aprobación en Consejo de Ministros de la prórroga del alquiler, que estuvo en vigor durante un mes y que benefició a decenas de miles de familias que pudieron prorrogar sus contratos, pero que fue tumbada por las tres derechas. Pero hay una demanda unánime entre la gente progresista para intervenir sobre el problema de la vivienda, y vamos a generar las condiciones para hacerlo posible. No va a ser fácil, pero la obligación es conseguirlo, y si lo conseguimos todo el mundo dentro del espectro progresista va a ver que supone un avance absolutamente imprescindible y necesario.

¿Y les está resultando difícil acordar el contenido exacto del decreto con el PSOE?

Hombre, fácil, fácil... [sonríe] La cuestión de la vivienda no ha sido fácil nunca. Tampoco en la legislatura pasada, cuando se tardó tres años en aprobar la ley de vivienda, que incluía los mecanismos de control de precios en zonas de mercado tensionado y también un esquema de bonificaciones fiscales que se activan al ponerse en marcha esos mecanismos en esas zonas tensionadas. Esa ley fue fruto de una negociación durísima, in extremis. Pero es muy positivo que estemos en un momento en el que, a pesar de esas diferencias [entre el PSOE y Sumar], o superándolas, se ha cerrado un acuerdo en el seno de la coalición y se ha puesto fecha límite y nombres y apellidos a los contenidos que debe incluir el decreto.

Se lo pregunto más directamente: ¿el PSOE les está planteando, por ejemplo, incluir en ese decreto ayudas fiscales a caseros, como planteó el presidente Pedro Sánchez hace unos meses?

El PSOE está planteando incluir muchas cosas, igual que nosotros, y no me corresponde a mí revelar lo que se está hablando. Ese decreto que se planteó se centraba en utilizar las bonificaciones fiscales como incentivo de mercado para no incrementar los precios, y nosotros a ese modelo nos opusimos porque no lo compartimos, exactamente igual que Podemos o que otros actores. Creemos que no funciona y que es injusto, porque la renta de los arrendadores cuadruplica la de los inquilinos. La clave es topar los precios y neutralizar la espiral alcista que hace que, en cada renovación de los contratos, aumenten los precios un 30%, un 40% o un 50%. Y debemos asegurarnos de que cualquier recurso público que se introduzca en un mercado de la vivienda que está secuestrado por una lógica rentista especulativa vaya a proteger a quien más lo necesita, no a quien se está lucrando con ello.

Usted alertaba este lunes de que existe una “campaña orquestada para desmoralizar” a la izquierda. ¿Por parte de quién?

En primer lugar, por parte de la propia izquierda. Es algo consustancial a la izquierda esta especie de pesimismo apocalíptico, y yo quise levantar la voz y decir que hemos cometido errores, que hay que hacer las cosas mejor y que ojalá venga gente que nos mejore a todos muchísimo, pero que también debemos mirar hacia el mundo. ¿Cuántos países están alzando la voz contra el genocidio en Gaza y la guerra ilegal en Irán, defendiendo el sistema multilateral, apostando por una transición ecosocial justa y por la soberanía energética y ampliando derechos sociales y la red de protección social? Querríamos ir más lejos y más rápido, pero el salario mínimo, las pensiones, el ingreso mínimo vital, la ampliación de los permisos por nacimiento, la ley ELA, la refundación del sistema de cuidados o la regularización de más de un millón de personas no es poco para la que está cayendo y lo difícil que es esta legislatura.

Eso no sucede porque sí. Eso ha sucedido porque la izquierda social, parlamentaria, política y gubernamental ha empujado permanentemente, en la legislatura pasada y también en esta, para que mejoren las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Y lo hemos hecho siendo limpios, sin un solo caso de corrupción, y eso hay que decirlo con orgullo.

Pero las perspectivas de las encuestas son poco halagüeñas. ¿No cree que existen motivos para que la izquierda tenga baja la moral?

Sí, y también lo eran antes de las elecciones del 2023. No hubo una sola encuesta que pronosticara el resultado que sacó la izquierda y que pronosticara que se podía reeditar el Gobierno de coalición. No estoy diciendo que las cosas vayan fenomenal o sean de color de rosa: es un momento dificilísimo en España, en Europa, en América Latina y en el mundo entero. Pero cada vez que ha habido unas elecciones en las que se daba por descontada la victoria de la derecha y la alianza con la ultraderecha, el electorado de izquierdas ha salido a votar y ha sacado un resultado bastante importante cada vez que ha tenido una papeleta que le ha parecido bien. Sucedió en Extremadura, sucedió en Aragón y ha sucedido en Andalucía, donde las fuerzas de izquierda [conjuntamente] han superado a la ultraderecha.

Por tanto, no es verdad que haya desaparecido el espacio socioelectoral de la izquierda. Creo que es un espacio exigente, y la premisa para darle respuesta y que en el año 2027 haya una candidatura de izquierdas que esté a la altura es concluir las batallas que se han articulado social y políticamente y que se están dirimiendo ahora, que son bastante importantes. Hay muchos actores que están en clave electoral únicamente emitiendo consignas. Nosotros hoy refundamos el sistema de cuidados, estamos peleando la intervención del mercado de vivienda y la prórroga de los alquileres, vamos a llevar la prestación universal por crianza, estamos peleando la derogación de la ley mordaza. Centrémonos en conseguir eso y sobre esa base construyamos la fórmula del 2027.

Ha dejado ya muy claro que no quiere ser el candidato de la izquierda a las próximas elecciones generales, pese a que se lo han pedido. ¿Por qué no se ve?

Porque considero que para esa posición hacen falta una serie de cualidades que no creo que sean las mías. Yo soy consciente de las capacidades que tengo y también de mis limitaciones, y no creo que sea lo que yo deba hacer. Y puede parecer un postureo, pero no lo es: llevar un ministerio como este y conseguir cosas como las que se han conseguido hoy y las que nos faltan por conseguir es una responsabilidad abrumadora. La mejor contribución que yo puedo hacer es concluir estas batallas y ganarlas y que se conviertan en derechos. Voy a acompañar y a empujar a la izquierda en esa batalla electoral, por supuesto, pero desde esta posición.

La idea que tenían IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar era anunciar la nueva marca y el candidato antes del verano. Ese anuncio se ha retrasado hasta, al menos, septiembre. ¿Por qué les está costando tanto?

Las izquierdas son un ecosistema complejo…

Sí, pero queda un año, en el mejor de los casos, para las elecciones.

Yo veo lo que se está haciendo como una demostración de prudencia colectiva. En los últimos meses hemos tenido la propuesta de Gabriel Rufián, los conversatorios que ha tenido, el proceso de IU, Movimiento Sumar, los Comuns y Más Madrid para reconfigurar las bases de un frente amplio, conversaciones con fuerzas como Compromís o como Més, los procesos electorales en Aragón y en Andalucía… la izquierda es un ecosistema complejo, y hay una cierta prudencia para no dar pasos en falso. Y va a ser más creíble, más fácil y va a tener más fuerza generar esa candidatura sobre la base de una ampliación de la red de protección social como la que se aprueba hoy, la intervención del mercado de la vivienda y una prestación universal por crianza. Entiendo que hay una cierta urgencia, pero al mismo tiempo creo que hay que enviar un mensaje de calma, y cuando lleguen las elecciones la izquierda va a estar a la altura.

¿Cree usted viable que esa candidatura de la izquierda esté encabezada por Gabriel Rufián?

Pues habrá que verlo, lo tendrá que decir él. Yo soy muy cauto en esto, le elogio mucho siempre porque pienso de verdad que es un gran activo político, y creo que ha lanzado la pregunta correcta: cómo hacemos para que se produzca una sacudida. Se han ensayado distintas respuestas a esa pregunta, pero todavía no ha cuajado algo que convenza a todo el mundo. Pero ese empeño es compartido.

¿Pero para usted Rufián sería la opción favorita para ser candidato?

Yo no tengo candidato favorito porque estos no son los cromos [sonríe]. Mi candidato favorito es el que haga viable que saquemos el resultado electoral que permita que España siga siendo una excepción. Y a eso le voy a poner todo mi empeño.

¿Comparte su idea de una gran alianza entre las izquierdas de ámbito autonómico y las de ámbito estatal?

La idea más interesante que ha lanzado Gabriel Rufián, y no quiero rebajarla ni reducirla, es que hay que hacer lo que funcione, lo que haga falta. A lo mejor la izquierda tiene que asumir eso de que “quien pueda hacer, que haga”. Y eso tiene una clave de puro sistema electoral, porque todo el mundo es consciente de que, en unas elecciones como las que vamos a afrontar, no se puede perder un voto. Y es también necesario un cierto pragmatismo, responsabilidad y sentido común para que prime el fin que compartimos todos y no los intereses de parte.