Seamos egoístas, pero también honestos. Reconozcamos que la regularización es, en parte, la consecuencia de un fracaso: el fracaso de una política migratoria incapaz de responder a una realidad evidente. Un fracaso que se agrava porque la situación política del país impide modificar o aprobar una nueva Ley de Extranjería —una Ley Orgánica que requiere mayorías hoy inexistentes—, porque algunas interpretaciones judiciales se alejan del espíritu de la norma y porque miles de personas llevan años trabajando y arraigando aquí sin posibilidad, hasta ahora, de acceder a una autorización para residir y trabajar.

Seamos egoístas y queramos esas nuevas cotizaciones que llegarán, esos contratos que se firmarán, esos impuestos que se pagarán.

Pero seamos aún más egoístas.

Queramos más profesionales sanitarios en nuestros centros de salud. Más del 13% de las personas extranjeras afiliadas al Régimen General en Extremadura trabajan en ocupaciones vinculadas a la salud y los servicios sociales, el porcentaje más alto del país.

Queramos más emprendedores en nuestros pueblos. Según el proyecto GEM, la población extranjera presenta una tasa de emprendimiento superior a la española en todos los rangos de edad y niveles educativos.

Queramos más manos trabajando en el campo. Más del 35% de las personas afiliadas al sistema especial agrario en España son extranjeras.

Queramos más personas sosteniendo los cuidados en nuestros hogares. Más del 40% de quienes cotizan en el sistema especial de trabajadores del hogar son de origen extranjero.

Y vayamos al egoísmo máximo: pidamos que quienes trabajan no sean, además, quienes más prestaciones reciben. La población extranjera supone el 20% de la población total y el 25% de la fuerza laboral, pero percibe menos del 15% de las prestaciones por desempleo.

Seamos egoístas y queramos rejuvenecer nuestra población. La edad media de las personas españolas es de 45 años; la de las personas extranjeras, de 41, y menor de 40 si excluimos a quienes proceden de la Unión Europea. El 23,5% de la población española tiene 65 años o más, frente al 9,2% de la población extranjera.

Seamos egoístas y aceptemos que necesitamos a alguien que cotice para sostener nuestras pensiones. La población en edad de trabajar ya ha empezado a disminuir y, en 2050, será 2,5 millones menor que la actual.

Seamos egoístas y facilitemos la regularización de quienes llegaron buscando un futuro mejor para ellos y sus familias, huyendo en muchos casos de situaciones de peligro. Personas que afrontan dificultades para alquilar una vivienda, convalidar sus títulos o acceder a un empleo, y que cargan además con un sentimiento de culpa por haber dejado atrás tanto, aun sabiendo que marcharse fue, para muchos, la única opción.

Y aun así, siguen adelante.

Seamos egoístas porque la realidad, los datos y la experiencia nos dicen que su presencia no solo no nos perjudica: nos sostiene. Nos conviene. La necesitamos.

El PSOE de La Rioja ha criticado el retraso de la apertura del centro de día de Arnedo, que consideran de “forma deliberada”. La apertrua está programada para el próximo 1 de mayo, mientras el actual Ejecutivo regional “ha tenido esta instalación cerrada durante dos años”, ha afeado la alcaldesa del PSOE del municipio, Rosa Herce. Además de subrayar el “sello socialista” del centro, consideran que el retraso es “un cálculo tacticista y electoralista”.

Por su parte, el PP ha defendido su gestión aludiendo al cumplimiento de “todos trámites relacionados con la preceptiva concesión de certificados y licencias administrativas”, así como ha destacado que ahora el centro de día tiene 40 plazas más, el doble de las amparadas por la licitación anterior.

Rosa Herce y la diputada regional María Somalo han analizado también la situación de la dependencia. Somalo ha señalado que el Gobierno de Capellán “ha desviado más de 12 millones de euros del presupuesto para la dependencia para pagar otros gastos”. La diputada regional ha asegurado que “estamos ante un ejemplo más de mala gestión y ante un evidente desinterés del Gobierno de Capellán por las personas más vulnerables”.

Con esta forma de proceder, “no nos sorprenden los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia, que vuelve a otorgarnos un sonoro suspenso en esta materia con un 4”, ha destacado. Un dato “especialmente preocupante y que no es coyuntural puesto que viene consolidando una tendencia de valoración a la baja desde que gobierna Capellán”. Frente a esta situación, ha dicho Somalo, “nos encontramos con un compromiso total del Gobierno de España con la financiación de la dependencia”.

Y sobre las infraestructuras, María Somalo ha denunciado que el Ejecutivo del PP “no es capaz de desplegar un plan serio”. Es más, “lo que Capellán y María Martín están haciendo es aprovecharse del Plan de infraestructuras elaborado durante el pasado mandato, pero recortándolo y demorándolo con un puro interés partidista”, han resaltado desde el PSOE

Además, Rosa Herce ha reclamado también que al Gobierno de La Rioja “que refuerce la financiación que se destina a ayuntamientos y mancomunidades para la ayuda a domicilio”. La alcaldesa ha recordado que es “un servicio imprescindible” que se da a la gente más vulnerable de la sociedad.

Las familias de Castilla-La Mancha podrán tener apoyo económico público para contratar a una persona que cuide de los hijos e hijas menores de 14 años o de un familiar en situación de dependencia.

El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles un esquema de ayudas dotado con un millón de euros de presupuesto que puede llegar a cubrir, en determinados casos, hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional, en función del nivel de renta de cada familia.

Según ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, el plan se plantea a lo largo de tres años. Durante el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100 por ciento del salario mínimo; en el segundo, se sitúa sobre una base del 75 por ciento; y en el tercero, sobre el 50 por ciento, siempre ajustándose a los ingresos familiares.

El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que compaginar trabajo, crianza, y cuidados sea viable para las familias, “quienes tienen que hacer malabares” para atender todas sus responsabilidades.

Contratación de personas desempleadas

Por otro lado, Padilla ha hecho hincapié en que las ayudas están vinculadas a la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social.

La portavoz ha incidido en que la medida prioriza a las familias con menos recursos y sube la cuantía hasta el 80 por ciento en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales, al frente de los que, en la mayoría de los casos, se encuentra una mujer.

Este decreto se integra en una línea de actuación más amplia, junto a otras medidas ya en marcha como los incentivos a la contratación, el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, las deducciones fiscales para las familias, la ampliación de la red de escuelas infantiles o el Plan Corresponsables, ha enumerado la consejera.

Todo empezó en octubre de 2023, cuando la Xunta decidió, de oficio, hacer una valoración de la situación de I.T.D.F., un menor de edad de Ourense que hasta ese momento tenía reconocido un grado III de dependencia, el máximo. Reevaluar a un dependiente es un procedimiento habitual para hacer seguimiento de su estado. Pero, en este caso, esa revisión dejó fuera uno de los diagnósticos que más afectan al día a día del menor y de quienes están con él: un trastorno del espectro autista severo no verbal. Los padres del niño, que tiene ahora 10 años, denuncian que esta omisión provocó que el grado de dependencia se rebajase al II. Ellos emprendieron una batalla por que la administración autonómica enmendase el error y una sentencia judicial les dio la razón, en noviembre de 2024, en su postura de que el nivel reconocido debe ser el III. Pero aseguran que los servicios de la Xunta la están aplicando “de forma defectuosa”. El enfrentamiento acaba de derivar en la retirada de las prestaciones económicas que estaba recibiendo la familia.

Joaquín Dosrey, el padre del menor, y Julieta Fernández, la madre, acusan a la administración autonómica gallega de estar actuando con mala fe. Defienden que, si acata que debe devolver el grado III de dependencia a su hijo -cosa que la Xunta, en efecto, ha hecho-, debe también incluir el diagnóstico de TEA y volver a darle la misma ayuda que tenía reconocida antes. Con aquella revisión de 2023, explican, se elaboró también un nuevo programa individual de atención (PIA) para el menor. El PIA es el documento que recoge las prestaciones públicas a las que tiene derecho un dependiente. Los padres indican que su hijo tenía concedida una libranza por cuidados en su entorno, es decir, una cantidad mensual para apoyar los cuidados que recibía por parte de su familia en su casa. Eran 500,94 euros. Cuando, en la nueva valoración, se consideró que su grado de dependencia era II, se hizo también un nuevo PIA, que establecía una libranza por cuidados en su entorno de 200 euros y otra pensada para pagar terapias de 150 euros. En total, 350 euros mensuales, 151 menos que en el plan anterior.

El padre del menor expone que lo que quieren es que se corrija la valoración que se hizo en 2023, que se tenga en cuenta que el niño tiene un trastorno del espectro autista severo que afecta a su desempeño cognitivo y que se recuperen las ayudas que tenía reconocidas antes de esa evaluación. Por eso, dice Dosrey, no han presentado, tras la sentencia judicial que les da la razón, facturas de las terapias a las que llevan al menor. Quieren evitar que se interprete como una aceptación tácita de una valoración y un PIA que son incorrectos. Y, sin esos recibos, la Xunta no abona los fondos. Esto es lo que ha llevado a que la administración gallega haya paralizado desde inicios de este año los ingresos. La Consellería de Política Social, consultada sobre el caso, asegura que ha seguido la normativa vigente y ha aplicado los baremos de valoración establecidos en la ley para determinar el grado de dependencia de I.T.D.F.

El departamento que dirige Fabiola García también sostiene que ha cumplido “estrictamente con lo dictaminado en la sentencia, la cual solamente se pronuncia sobre el grado de dependencia reconocido”. Los padres aseguran que lo que significa esto es que la Xunta ha cambiado el número en el grado de dependencia y nada más. Lo que dice exactamente esa sentencia es que la situación del niño es “la misma en la actualidad que en 2017, cuando le fue reconocida la dependencia en grado III” y concluye que ese es el nivel que debe aplicarse. “Se condena a la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia a estar y pasar por esta declaración y a asumir, en sus respectivas responsabilidades, las consecuencias que de ello se deriven”, indica el fallo.

La sentencia recoge, dentro de los hechos probados, todos los diagnósticos del niño: parálisis cerebral infantil tipo diparesia espástica, displasia de caderas bilateral, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno del espectro autista, una duplicación que afecta al gen CHRNA 7, trastorno del lenguaje, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno grave de conducta. La explicación continúa: “Tiene ausencia de lenguaje verbal, emplea un comunicador. Tiene alteraciones de los procesos cognitivos. Tiene alteradas las funciones ejecutivas, precisando planificación, organización y supervisión constante de un adulto. Tiene alteraciones del estado de ánimo (irritabilidad, euforia, rabietas). Tiene episodios de agresividad hacia él y hacia los demás”.

Hay más: tiene movilidad reducida y necesita unos dispositivos ortopédicos para poder hacer desplazamientos cortos, además de andador. Si la distancia es larga o está en exteriores, necesita silla de ruedas. En su colegio precisa “apoyo constante de un cuidador” para su higiene personal, para ponerse y quitarse prendas que llevan sujeciones o las ayudas ortopédicas y para tomar líquidos. En casa también requiere “supervisión constante de sus padres”. “No es independiente”, concluye la sentencia.

El diagnóstico de TEA

Los padres relatan cómo empezó el enfrentamiento con la Xunta: ellos alegaron contra la valoración de 2023 que consideraba que su hijo tenía un grado II de dependencia, pero Política Social no admitió sus argumentos. Aquello fue en 2024. En su respuesta, la administración autonómica se reafirmaba en que la valoración se había realizado correctamente y que se habían tenido en cuenta los diagnósticos que constaban en el expediente. Señalaba también que los informes médicos que se habían aportado por parte de Joaquín y Julieta reflejaban “nuevos diagnósticos”, en alusión al TEA. Sin embargo, varios documentos con fecha anterior a la valoración de 2023 recogen ese trastorno del espectro autista. Los firman diferentes profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de las áreas de psiquiatría, psicología infantil y rehabilitación de Ourense.

Al ver rechazados sus argumentos, los padres del menor acudieron a la Justicia. La sentencia que les dio la razón es de noviembre de 2024. Fue prácticamente un año después cuando la administración hizo lo que ellos consideran “un intento de ejecutar la sentencia de forma defectuosa”. La acusación se refiere a que hubo un reconocimiento del grado III, pero se mantuvieron los recortes económicos y la “valoración errónea”. Cuentan también que un funcionario llamó al centro de terapia al que va su hijo para dar de alta servicios sin conocimiento de los padres, lo que ellos ven como un intento de que pareciese que había una “aceptación tácita” por su parte de esa ejecución de sentencia que critican.

También se quejan del trato recibido en el servicio de dependencia de la Xunta en Ourense. Aseguran que, en una conversación telefónica, un funcionario los amenazó con influir en los servicios sociales o “rebajar más recursos” si se hace una nueva valoración del menor. La Consellería de Política Social afirma que ha hecho las consultas pertinentes al respecto y defiende que esa comunicación tuvo “como único propósito informar sobre la situación administrativa de los expedientes en curso y la normativa en vigor”. El capítulo siguiente se registró en diciembre de 2025, con el aviso de la administración de que iba a parar cautelarmente los ingresos de las ayudas por no haberse remitido las facturas.

Un conflicto que sigue sin resolverse

Los padres del niño han vuelto a dar la batalla: el pasado mes de febrero registraron un escrito reclamando una revisión de oficio para corregir el error en la valoración de 2023 e incluir el TEA. Recalcan que el diagnóstico no es nuevo, sino que consta desde hace años en el Sergas, es decir, en los sistemas de la administración autonómica. Esa omisión, insisten, es la que está en el centro de todo el problema y no se van a rendir, a pesar de que ahora mismo no cuentan con ayudas públicas.

En respuesta a preguntas sobre cómo se realizan las valoraciones, la Consellería de Política Social indica que los equipos que se ocupan de las mismas están integrados por profesionales del área sanitaria y de la social, que analizan de forma “exhaustiva” toda la documentación, pero no aclara cómo es posible que un diagnóstico de TEA como el de este caso, que consta en el Sergas, no figure en esa evaluación. Añade que, cuando se hace una revisión del grado de dependencia, ese equipo técnico hace una propuesta basada en la “documentación actualizada” para determinar el nuevo grado y ajustar los servicios o prestaciones, “si la situación de la persona cambió”. Si hay errores, la administración tiene establecido un procedimiento para corregirlos “en cualquier momento”, pero solo si se trata de “fallos evidentes de escritura o de cálculo que no alteren el sentido jurídico del acto”.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias escenificó este miércoles la firma de un contrato de 16,8 millones de euros para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a unas 1.500 personas en situación de dependencia en las islas de Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. “Vamos a garantizar que a toda persona usuaria que lo necesite, con independencia del lugar donde viva, se le preste el servicio”, dijo la consejera del ramo, Candelaria Delgado, en un acto en el que también estuvo presente Franciso Cruz, representante de BCM Gestión de Servicios S.L., la empresa adjudicataria. 

Lo que la foto oficial no muestra -ni tampoco la consejera explicó- es el rocambolesco proceso de adjudicación de ese contrato. Antes de llegar a ese apretón de manos con el que Delgado y Cruz sellaron el acuerdo, el caso pasó por el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias, que forzó a la administración a rectificar tras haber dejado fuera a esa empresa por un retraso burocrático provocado por la propia Consejería. 

El concurso fue convocado en julio de 2025. El presupuesto base de licitación es de 16,8 millones de euros (un año de contrato), aunque el valor estimado del concurso asciende a 36,5 millones, incluyendo esta cantidad no sólo una posible prórroga (de un año), sino otro lote destinado a la supervisión y control de calidad de estos servicios.

Tras evaluar las ofertas, la Consejería de Bienestar Social otorgó la máxima puntuación a BCM Gestión de Servicios, una empresa constituida en 1997 y que tiene su sede social en Málaga. Esta licitadora fue propuesta como adjudicataria en octubre del año pasado. La administración le concedió entonces un plazo de diez días para presentar la documentación final requerida. Es en ese momento cuando se evidencia el conflicto. La ganadora no cumplía uno de los requisitos fijados en el pliego, el de contar con acreditación empresarial para prestar servicio a personas dependientes, según un decreto de 2012. 

La Mesa de Contratación dio la oferta por retirada y excluyó a BCM Gestión de Servicios del concurso. En diciembre de 2025, adjudicó el contrato a la segunda clasificada en el concurso, Formas Nivaria S.L., una pequeña empresa radicada en La Laguna.  

La empresa excluida, BCM Gestión de Servicios, recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Esta licitadora contó que, entre la documentación presentada, figuraba una declaración responsable en la que indicaba que había solicitado la acreditación para prestar servicios a personas dependientes el 23 de junio de 2025 y que, al no haber recibido respuesta, la había obtenido “por silencio administrativo” tres meses después. 

En su resolución, el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias explica que la ley establece con claridad que las empresas deben contar con la habilitación empresarial exigida en la fecha límite de presentación de ofertas. En el caso del concurso de ayuda a domicilio, el 11 de septiembre de 2025. La empresa que recurrió la habría obtenido, por silencio positivo, el día 23 de ese mismo mes. Es decir, doce días después. 

Sin embargo, en este caso concurre una circunstancia excepcional. Y es que la administración competente para otorgar esa habilitación empresarial es la propia Consejería de Bienestar Social, el órgano que contrata el servicio de Ayuda a Domicilio. 

Por lo tanto, el tribunal de contratos concluye que si la empresa no disponía de la habilitación requerida se debía, única y exclusivamente, a la “inacción” de la propia administración que la había excluido. Dejar fuera a una licitadora por un error propio hubiera sido “completamente contrario” al principio de proporcionalidad que rige la contratación pública y, por tanto, contrario a derecho, recoge la resolución fechada el 17 de marzo. 

En consecuencia, el tribunal de contratos estimó el recurso presentado por BCM Gestión de Servicios, declaró la nulidad del acuerdo que la excluyó del proceso y de la orden de adjudicación a Formas Nivaria y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a la revisión de la documentación de la licitadora que había obtenido la máxima puntuación. 

La resolución obligaba a la mesa de contratación a volver a calificar las propuestas teniendo por presentada la habilitación empresarial de BCM Gestión de Servicios, que volvió a ser de esta manera la adjudicataria del contrato del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en las islas de Tenerife, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. 

El caso de las ambulancias

El caso del contrato de ayuda a domicilio tiene ciertas similitudes con el de otro servicio público esencial en Canarias, el de ambulancias, aunque con un matiz y un resultado distinto. En aquella ocasión, el órgano contratante (la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias, vinculado con la Consejería de Sanidad) adjudicó uno de los lotes, por importe de 44,5 millones de euros, a una empresa (la UTE Acciona-Icot) que, a la fecha de presentación de la oferta, no disponía de la habilitación empresarial exigida para prestar el servicio, al igual que BCM Gestión de Servicios. 

Esa autorización debía darla el Servicio Canario de Salud (SCS), también dependiente de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, la administración entendía que esa habilitación empresarial para operar en el sector de las ambulancias no era necesaria y que era suficiente con que cada vehículo dispusiera del permiso, algo que sí cumplía la empresa que obtuvo la mayor puntuación. Sin embargo, la segunda clasificada (Tasisa) recurrió a la justicia y el Supremo, en una reciente sentencia, le dio la razón, anulando esa adjudicación y obligando a Sanidad a indemnizar a la perjudica por el lucro cesante, en un expediente que, entre adjudicación y prórrogas, ya rozaba los 53,7 millones de euros. 

Es duro ver una protesta de trabajadoras atravesadas por la invisibilidad. Estoy seguro que es un poder que las trabajadoras del Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) no desean. Cobran poco, trabajan mucho, se desplazan en sus vehículos cobrando un kilometraje desfasado hace dos décadas y, ante todo, están desamparadas por los múltiples escudos sociales de los que presumimos. Nos interpelan los ganaderos con sus flamantes tractores, las y los docentes con sus salarios dignos congelados desde la anterior crisis económica —si es que algún día terminó—. Nos enternecen los pacientes con enfermedades raras y, alguna vez —pocas— pensamos en quienes hacen trabajos poco agradables pero imprescindibles para la sociedad. Pero dudo que la mayoría de la población sepa qué significan las siglas SAD y quienes las sostienen.

En Cantabria, según el Ministerio de Derechos Sociales, hay 102.326 personas que, potencialmente, pueden tener una situación de dependencia según determina la ley. Esas estadísticas nos indican que, en febrero de 2026, había 17.914 personas con alguno de los tres grados de dependencia reconocidos y, al menos, 1.308 personas tenían derecho a SAD, pero son muchísimas más, ya que esta competencia es de los ayuntamientos y, solo en la ciudad de Santander, al año, hay unas 1.100 personas que reciben servicios de ayuda domiciliaria.

Las personas, las mujeres, que prestan estos servicios, aquellas que cuidan de quienes más lo necesitan son trabajadoras maltratadas por la legislación, por las empresas que las contratan y por la sociedad que las ignora. Realmente, el pasado lunes 30 de marzo, esperaba a cientos de ciudadanos frente al Parlamento de Cantabria acompañando a la veintena de auxiliares del SAD que portaban sus pancartas para pedir, simplemente, que dejen de explotarlas.

Cuando uno lee sus reivindicaciones también imaginaría que toda la sociedad se debería volcar para que se consigan. Por básicas, por decentes, por necesarias. Miren ustedes: actualizar el kilometraje de los pírricos 0,18 euros/kilómetro hasta los 0,26 euros/kilómetro; un nuevo plus de desplazamiento; otro plus por desgaste de herramientas derivado del uso del vehículo propio; un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional; el reconocimiento profesional de las auxiliares como personal sociosanitario; recuperar un modelo de gestión pública del servicio y su municipalización; y el reconocimiento de las enfermedades musculoesqueléticas como enfermedades profesionales.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente

“Un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. La situación es tan dramática que muchas de ellas no llegan al SMI y en la sopa de siglas lidian con enfermedades laborales no reconocidas, con rascar tiempo a sus vidas porque el transporte de una casa a otra no es contemplado por la mayoría de empresas como parte de su jornada laboral y con un trato vejatorio que no contempla su tarea como parte de un hipotético sistema integral de cuidados.

Claro, comparar es odioso, pero es duro ver como otros sectores privilegiados —por sus estudios o por el prestigio social de su profesión— realizan duras huelgas para exigir sus legítimas reivindicaciones y, al tiempo, ver como estas mujeres no dejan su tarea para pedir que, al menos, se les reconozca lo mínimo.

No sé cómo convencer a los lectores de la necesidad de apoyar estas reclamaciones. Solo se me ocurre apelar al sentido común: maltratar a quienes cuidan de las personas más débiles es una mala idea a futuro. Pasa igual con muchas de las personas migrantes sin la documentación legal adecuada que trabajan en el cuidado de mayores o de infancia; pasa algo similar con las trabajadoras —casi todas mujeres— de las residencias de mayores o de los centros de día.

Yo, que trabajo con y para personas mayores, escucho habitualmente que si se pagara lo justo, el sistema sería inviable. La respuesta es sencilla: una sociedad decide a qué dedicar su dinero y eso define su espíritu, su alma. Ahora, impulsados por los matones y presionados por la OTAN, España gasta un 2% de su PIB en Defensa —es más, pero parte del gasto está camuflado—. Pero los datos nos indican que en España en 2025 solo invertimos en cuidados de larga duración entre el 0,9% y el 1% de nuestro PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,8%) y a una gran distancia de los países del norte de Europa, que invierten entre el 3% y el 4%.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente. Esta máxima se aplica a todos los niveles de la administración: el estatal, el autonómico y el municipal. Es tiempo de cuidar a quien nos cuida. ¿Se apunta?

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de impulso con la que reclama a la Junta un refuerzo “inmediato” del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y un cambio “profundo” en el modelo de atención a la dependencia, al considerar que el Ejecutivo regional está desmantelando “de forma silenciosa” uno de los pilares del Estado del Bienestar.

En una nota, ha señalado que la política de la Junta en materia de dependencia “no solo es insuficiente, sino claramente regresiva”, situando a Extremadura a la cola del país.

“Somos la peor comunidad autónoma en valoración del sistema y el Servicio de Ayuda a Domicilio ha quedado reducido a una presencia prácticamente testimonial”, ha señalado.

Ha criticado que, pese a la entrada en vigor del Real Decreto 675/2023, que establece un aumento de las intensidades mínimas del servicio, la Junta “incumple de forma sistemática sus obligaciones”, dejando a miles de personas dependientes sin la atención necesaria para poder seguir viviendo en su entorno habitual.

A juicio de los socialistas, esta situación responde a una decisión política consciente porque “se está optando por debilitar los servicios públicos y sustituirlos por prestaciones económicas”.

En este sentido, han denunciado que Extremadura presenta un modelo “distorsionado y desequilibrado”, en el que las ayudas económicas alcanzan un peso del 45,3 por ciento dentro del sistema, “algo que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma”.

Para el PSOE, esta apuesta no solo precariza la atención, sino que traslada la carga de los cuidados a las familias, especialmente a las mujeres, y se “renuncia a construir una red pública de servicios profesionales”.

Frente a este escenario, los socialistas defienden un modelo basado en servicios de proximidad, capaz de garantizar una atención “digna, personalizada y de calidad”, tomando como referencia comunidades que han reforzado el SAD como eje central de su sistema.

“No estamos ante un problema técnico, sino ante una falta de voluntad política”, han subrayado.

Asimismo, el Grupo Socialista ha puesto el foco en las consecuencias económicas de la actual estrategia de la Junta, advirtiendo de que el “abandono” del Servicio de Ayuda a Domicilio supone también renunciar a una herramienta para generar empleo estable y fijar población en el medio rural.

En este sentido, ha subrayado que cada millón de euros invertido en este servicio genera más de 56 empleos en Extremadura, por lo que “no apostar por él es dar la espalda tanto a las personas dependientes como al desarrollo de nuestra tierra”.

Ante esta situación, el PSOE exige a la Junta de Extremadura un “cambio inmediato de rumbo que pase por reforzar la financiación del sistema de dependencia hasta equipararla con la media estatal, cumplir de manera efectiva con las intensidades del servicio fijadas por la normativa vigente y situar los servicios públicos en el centro del modelo, en estrecha colaboración con los ayuntamientos.

“La atención a la dependencia debe ser un derecho real, con servicios públicos suficientes, de calidad y accesibles para toda la ciudadanía”, ha aseverado el PSOE. 

El Gobierno de La Rioja eleva hasta 15.000 euros las prestaciones para personas con ELA y dependencia extrema en 2026. El Boletín Oficial de La Rioja publica este martes el aumento de las cuantías mensuales de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para 2026, con el objetivo de reforzar la atención a las personas en situación de dependencia extrema, especialmente aquellas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Esta decisión supone en la práctica un incremento sustancial de las cuantías que reciben los beneficiarios, que pasan de un mínimo de 3.200 euros hasta un máximo de 15.000 euros mensuales, situando a La Rioja como una de las comunidades con mayor nivel de protección en España y superando las cuantías fijadas por el Estado, establecidas en un máximo de 9.859 euros al mes.

El acuerdo responde a la necesidad detectada por el Ejecutivo regional tras la aprobación de las ayudas estatales, cuyas cuantías se han revelado insuficientes para cubrir el coste real de los servicios que requieren estas personas. En este sentido, el Gobierno de La Rioja ha hecho uso de su capacidad normativa para establecer un nivel adicional de protección, garantizando que las ayudas se ajusten a los precios de mercado y permitan financiar cuidados intensivos, de hasta 24 horas al día en los casos más graves.

La iniciativa tiene un impacto directo en las personas con ELA en fase avanzada, así como en otros pacientes con enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, que requieren una atención continuada y especializada. Las nuevas cuantías permiten asegurar el acceso a servicios profesionales en condiciones de equidad, independientemente de la capacidad económica de cada persona.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado dos nuevos programas de colaboración económica municipal (PCEM) en materia de servicios sociales, dotados con 7,8 millones de euros, junto a dos convocatorias de ayudas, a las que se destinan 9 millones de euros, para apoyar al sector vitivinícola en Extremadura.

Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Elena Manzano, en su comparecencia tras la reunión, donde ha explicado, en relación con la primera partida, que se destinarán 4,3 millones de euros “a garantizar la atención a las personas mayores autónomas o con un grado de dependencia de nivel uno, es decir, con una dependencia leve”, en centros de día y centros de noche.

Como novedad este año “aumentamos el número de plazas, que pasan de 2.209 en 2025 a 2.404 en 2026”. Con ello, según la portavoz, se persigue “apoyar la permanencia en los hogares el máximo tiempo posible, pero garantizando servicios de calidad cerca de casa”. El objetivo, ha añadido, es que accedan a plazas residenciales cuando su situación de dependencia se vea agravada.

Dentro de este mismo programa se financiará el servicio de proximidad y atención a la soledad de personas mayores. Para ello, “duplicamos la dotación de un servicio fundamental en nuestros pueblos, sobre todo en zonas rurales, que también contribuye a fijar población”.

Se destinarán 3,5 millones de euros, 1,5 más que en 2025. Según la portavoz, se han modificado algunos requisitos con el fin de alcanzar a más ayuntamientos. “Lo que hemos hecho es aumentar el límite de habitantes por kilómetro cuadrado exigido para acceder a las ayudas, de manera que ahora abarca localidades que tengan entre 0 y 6,25 habitantes por kilómetro cuadrado”.

Con esto se espera alcanzar a 79 municipios en este ejercicio 2026, frente a los 45 de 2025 o a los 18 de 2024, ha detallado Elena Manzano.

Ayudas al vino

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado una línea de ayudas al sector vitivinícola, dotada con 11 millones de euros. De ellos, 9 millones se destinarán a impulsar procesos de reestructuración y reconversión de viñedos, y otros 2 se dirigen a la destilación de residuos del vino.

En la primera línea de ayudas se incluyen las reconversiones de variedades de uva por otras que se adapten mejor a las condiciones del cultivo o el mercado, replantaciones motivadas por motivos sanitarios o fitosanitarios, o mejoras técnicas en la gestión, entre otras, tal y como han indicado la portavoz del Ejecutivo en funciones.

Mientras, la segunda favorecerá que los productores puedan cumplir con la normativa que les obliga a retirar y eliminar los residuos que se generan en el proceso, tales como orujos o lías del vino, que suelen aprovecharse en las destilerías donde se transforman en alcohol para uso industrial o energético. Según ha indicado la portavoz; “queremos apoyar a un sector clave en nuestra región, garantizar la calidad del vino y favorecer una gestión más sostenible del medio ambiente”.

Canarias es una de las comunidades donde aún se espera demasiado por la ayuda a la dependencia. De hecho, son frecuentes los casos de personas a las que se llama para concederles una cita de valoración cuando han fallecido. En 2025, en las Islas fallecieron 2.202 personas en lista de espera, 1.059 sin resolución de grado y 1.143 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio. Así lo refleja el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que destaca que esta comunidad vuelve a suspender en su dictamen de 2025 con un 4,5. Por normativa, además, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay 5 Comunidades y Ceuta y Melilla (151) por debajo de ese margen en sus promedios. En el otro extremo estarían Murcia (559 días), Andalucía (496) y Canarias (430).

También apunta que en 2024, fallecieron 2.489 personas que se encontraban en lista de espera del sistema de dependencia sin haber sido atendidas lo que supone una reducción absoluta de 287 fallecimientos respecto al ejercicio anterior. No obstante, pese a esta disminución, el volumen de personas fallecidas en lista de espera continúa siendo muy elevado, manteniendo niveles incompatibles con una gestión plenamente eficaz del sistema. 

Una de las cifras más alarmantes del documento es la que hace referencia a las personas que pese a tener derecho a la dependencia no son atendidas. El número de personas en el “limbo” aumentó en más de 4.380 personas desatendidas, situando su tasa limbo aún en el 28,6% la peor de todo el país, cuya media se sitúa en el 8,3%. “De seguir el ritmo de crecimiento interanual aún tardaría seis años en atender a las 19.551 personas dependientes que se hallan en el limbo de la dependencia”, apunta el informe.

Asimismo, apunta que tiene 2.472 personas a la espera de resolución, por tanto, la lista aumenta a 22.023 personas, lo que hace que su porcentaje de listas de espera sea de 27,79% , la más elevada de España, cuya media de lista de espera se sitúa en el 11,1%. 

Como dato positivo sí que destaca Canarias atendió en el último ejercicio a 20.807 nuevos dependientes, un 46,21% más que en el ejercicio precedente, el resto de las comunidades incrementaron en un 10,45%. También destaca que se han creado 3.730 nuevos empleos como consecuencia de la inversión extraordinaria recibida por la Administración General del Estado. 

El informe apunta que con la Ayuda Extraordinaria del Plan del Choque, Canarias generó el pasado año 3.731 nuevos puestos de trabajo como consecuencia de la utilización de recursos altamente generadores de empleo como la Atención Residencial o los Centros de Día, pero -sobre todo- con las PEVS que representan el 38,5% de su cartera y que destina en su mayor parte a Ayuda a Domicilio y Atención Residencial. 

En 2025, 5.051 personas abandonaron la lista de espera pendiente de resolución de prestación o servicio (PIA). De ellas, 1.143(1) lo hicieron como consecuencia del fallecimiento, lo que representa el 22,63 % del total de salidas registradas.

El dictamen concluye que “la gestión del sistema de atención a la dependencia en Canarias durante 2025 evidencia una capacidad resolutiva insuficiente, que, pese a una mejora interanual en el número de fallecimientos en lista de espera, no se traduce en una respuesta administrativa efectiva, manteniéndose un volumen elevado de personas con derecho reconocido que abandonan el sistema sin que se haya materializado la prestación correspondiente”.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha valorado este informe destacando que “se sigue trabajando principalmente para conseguir ofrecer servicios a quien ya tiene reconocido el derecho y, por otro lado, por rebajar drásticamente el tiempo que se tarda en conseguir el derecho desde la solicitud hasta su obtención que, actualmente, de media está en 391 días (430 en diciembre, fecha de los datos del Dictamen), aunque la realidad es que, en todas las islas, cualquier persona que solicite la ayuda tendrá su resolución en menos de 152 días”. También comparó el dato de fallecimientos del año pasado con el de la legislatura anterior. 

En el comunicado apunta que el dictamen subraya que existen personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación o servicio, lo que significa que el sistema no logra atender a todas las personas con derecho reconocido. “Si bien es cierto que existe una falta de personal en el sector de cuidados, un problema importante en todo el sistema, la recién presentada Estrategia Sociosanitaria también establece mecanismos para la mejora de este aspecto; así como para paliar la falta de camas residenciales”.

Y añade que “es reseñable también que esa lista de espera, como bien reseña el IMSERSO, no es achacable a la administración” pero que, aun así, “la Consejería trabaja para incrementar los servicios disponibles con otras medidas como la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado; la implantación universal de la teleasistencia avanzada, o la acreditación de personas autónomas para los servicios de promoción de la autonomía personal”.

Cabe recordar que el pasado año los comités de empresa de Bienestar Social pidieron la dimisión de la consejera y la directora de dependencia por “falsear” los datos de Canarias. Y es que se trasladaron al IMSERSO 9.000 prestaciones que no existían. Delgado admitió un error en los datos que después fue subsanado.

El PSOE ha denunciado que el Gobierno de La Rioja “ha desviado más de 12 millones de euros del presupuesto para la dependencia con el objeto de afrontar el pago de otros gastos”. Para la diputada regional del PSOE María Somalo constituye “un ejemplo más de la mala gestión del Ejecutivo de Capellán y del absoluto desinterés que tiene en las personas más vulnerables”.

Somalo ha explicado que, del presupuesto destinado a personas mayores, en concreto a plazas públicas residenciales, “se han desviado 5,5 millones de euros, ya que había presupuestados 42 millones en 2025, de los que se ejecutaron finalmente 36,5”. Y ha remarcado: “Esto sucede mientras hay un millar de riojanos y riojanas esperando una plaza pública residencial, con un tiempo de espera medio de 277 días”.

Además, el presupuesto para el funcionamiento de las dos residencias públicas de personas mayores de nuestra comunidad “también se ha visto recortado en 900.000 euros”. En cuanto al presupuesto para cuidados en el entorno familiar “se ha reducido en 1,6 millones, mientras que lo presupuestado para servicios comunitarios se ha visto reducido en 2,9 millones”. Y junto con esto “también se ha desviado medio millón de euros dirigidos a los centros de participación activa de mayores, y de las inversiones previstas en servicios sociales otros 450.000 euros”.

Finalmente, han aludido a otros desvíos “en medio millón de euros presupuestados inicialmente para infancia y menores, o en 250.000 euros destinados inicialmente a plazas públicas de atención residencial para personas con discapacidad”. En total, el PSOE cuantifica “más de 12 millones de euros que se quitan de la dependencia y se dirigen al pago de otros gastos”.

El Gobierno de La Rioja justifica que es “la práctica de gestión presupuestaria”

El Gobierno de La Rioja ha justificado esta situación en la “disponibilidad presupuestaria” fruto del copago. El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha respondido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha explicado que “la práctica de gestión presupuestaria” del Gobierno riojano “es la misma que de todos los gobiernos desde que está en vigor la Ley de Dependencia”.

Así, ha relatado, “la Dependencia tiene una característica especial con respecto a otros servicios públicos, como es el copago por parte del usuario”, de forma que “una persona que está en una residencia paga una cantidad por estar en esa residencia o por recibir un servicio”. De este modo, si bien “al inicio de año se presupuesta toda la cantidad que va a ser necesaria para aplicar a todos los servicios públicos derivados de la Dependencia, a final de año se obtienen los ingresos de lo que pagan cada uno de los usuarios”.

“Esto hace que se genere una disponibilidad presupuestaria del Sistema de Dependencia a final de año que no se genera en otros servicios públicos”, ha indicado. A partir de ahí, “todos los gobiernos lo que hacen es utilizar esa disponibilidad para otras necesidades presupuestarias” y, en el caso de La Rioja, se ha mostrado “particularmente orgulloso” de haberlo dedicado, por ejemplo, a abonar las subidas salariales de los empleados públicos. “Porque lo merecen, porque era su dinero y lo pudimos hacer gracias a esa capacidad de gestión financiera”, ha finalizado.

Quizás no sabes de que te hablo si te digo 500 días. Me alegro. Si no, lo siento. Siento que seas una de más de 40.000 personas andaluzas que pasan de media 500 días para que se resuelva la prestación por dependencia.

Así que hoy abro melón: ¿a quién le importa la dependencia? El sistema lleva arrastrando esta dinámica desde que se puso la primera letra de la palabra. Da igual el marco temporal y administrativo en el que nos fijemos, porque las leyes y normativas sobre dependencia tienen los mismos pies de barros: mucha normativa y burocracia, y poca (o nula) financiación.

¿A qué se debe la pandemia del raquitismo en la financiación en materia de dependencia? Pues desde donde se piensa la acción e intervención social hasta desde la que se legisla: la beneficiencia. ¿Cómo se puede legislar sobre un derecho subjetivo, un “cuarto pilar del bienestar”, sin blindar su financiación? Se crea la necesidad y el derecho en el papel, pero sin capacidad para ejecutarlo en la vida real. Su financiación y ejecución dependen de la voluntad de la administración de turno. Leyes con nombres de avances sociales pero con retrocesos presupuestarios.

Entonces, ¿quién está atendiendo a las personas dependientes? La radiografía es clara: las mujeres. Cuando el Estado no asume su deber, exige al sector de los cuidados que realice el trabajo reproductivo “gratuitamente”. Y déjame remarcar las comillas de ese gratuito, ¿gratuito para quién? Para las mujeres por lo menos, no.

Para empezar, el sector laboral social está profundamente feminizado. No es casual que, en un ámbito profesional dedicado a los cuidados, la mayoría de sus profesionales sean mujeres (trabajadoras sociales, auxiliares de ayuda a domicilio, etc.). Tampoco es casual que, al observar las capas más informales, ocurra lo mismo pero con un pequeño matiz: la mayoría son mujeres migrantes, como sucede con el trabajo del hogar retribuido

Si estas mujeres migrantes se encargan de las tareas de los cuidados, ¿qué están pagando? Yo, como mujer española, siendo trabajadora social, estoy pagando con la precariedad laboral de mi sector con una infrafinanciación y un descuido por parte de las administraciones para con el bienestar. Eso, además del estrés económico, no me permite contratar dignamente a quien podría contribuir al cuidado de las personas dependientes que tengo a mi cargo, por lo que lo asumo como una jornada laboral más, sin cotizar y en la que pago yo.

Entonces, ¿qué están pagando estas mujeres migrantes? Pues en caso de que estén debidamente de alta en la Seguridad Social, con un salario digno, sean respetadas y no se vean sometidas a acoso ni abuso sexual, están pagando con el abandono a sus familias en sus países de origen, cuyo papel esté supliendo otra mujer. Estas son las cadenas globales de cuidados.

Es más, ahora que el frágil escudo social ha caído, me pregunto cómo se contempla cuidar a estas familias cuando pueden quedarse sin un techo desde el que siquiera esperar a que se resuelvan estas ayudas.

Sin embargo, esto invita a preguntarse qué interés tiene el Estado en perpetuar esta lógica, un problema eterno y endémico en el sistema de dependencia. Si pensáramos mal, diríamos que este maltrato colectivo es a propósito. La presión y el malestar a los que se somete tanto a las personas dependientes como a su entorno parecen responder a una voluntad de “dependizar” desde la miseria, como dirían mis colegas mexicanas. ¡Cuánto se ahorra el Estado en nombre del amor!

Sin embargo, esta lógica es letal, no sólo en lo emocional y lo moral, sino en lo literal: tan sólo en Andalucía, en 2025, han fallecido 6.995 en las listas de espera de la dependencia.

¿Cuántos brindis al sol tenemos que esperar para que el sistema de dependencia sea eficaz?

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión provisional que había aplicado hace un mes a varios puntos de una ley gallega referidos a la repotenciación eólica y la equiparación entre dependencia y discapacidad. Esa suspensión se había aplicado de forma automática al admitir a trámite el recurso contra esa norma que presentó el Gobierno central, con el argumento de que invade competencias estatales.

El Alto Tribunal informó este martes de que la decisión de levantar la suspensión se tomó por unanimidad en el pleno, en el que se revisó la medida que afectaba a varios apartados del artículo 30 y a uno del artículo 45 de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos gallegos de 2025. En el primer caso, la suspensión afectaba a la obligación de repotenciar los parques eólicos transcurridos 25 años y, en el segundo, el desacuerdo fundamental gira en torno a la equiparación que hace la ley gallega entre el reconocimiento de un grado de dependencia y uno de discapacidad.

Al admitirse a trámite el recurso del Gobierno, se aplicó el artículo de la Constitución que señala que la impugnación de una resolución adoptada por una comunidad autónoma produce su suspensión, pero el Constitucional debe ratificarla o levantarla en un plazo que no debe superar los cinco meses. La decisión definitiva queda pendiente de la sentencia, que se emitirá en los próximos meses.

El Constitucional señala que tanto la Xunta como el Parlamento de Galicia solicitaron levantar la suspensión con el argumento de que “no concurría la apariencia de un derecho en la pretensión del Estado” ni se producían perjuicios irreparables en el interés público o de particulares. El abogado del Estado sí reclamó que se mantuviese la medida.

En su nota informativa, el Tribunal considera que no hay perjuicios irreparables si se aplican los preceptos impugnados. Sobre la habilitación de zonas adecuadas para la instalación de parques eólicos argumenta que la creación de estas zonas depende de que se aprueben antes planes de ordenación del territorio, lo que hace que los posibles perjuicios para el interés del Estado sean “hipotéticos”. Tampoco ve daño grave en el punto que permite que se suspenda el plazo para obtener la autorización de explotación en los parques que hayan sido llevados ante la Justicia.

Analiza también el punto que habla de la repotenciación y concluye que hacerla efectiva defiende más el medio ambiente que impedir tal repotenciación.

Sobre el artículo que homologa los baremos de la discapacidad y de la dependencia, el Constitucional considera que los perjuicios para el interés público “no resultan ciertos ni actuales ni efectivos”.

La Xunta cargó en varias ocasiones contra el Gobierno central por haber recurrido varios puntos de su normativa. Antes de la impugnación, las dos administraciones se habían sentado a negociar, pero no lograron un acuerdo sobre todos los artículos y finalmente se presentó el recurso. El Gobierno gallego había anunciado que se personaría en el proceso y acusó al central de haber provocado la paralización del plan autonómico de agilización en la atención a la dependencia y de dejar en el aire la repotenciación de 16 parques eólicos, que pasarían de tener 572 a 112 molinos.

Dos de los doce edificios del antiguo psiquiátrico de Parayas (Camargo) serán demolidos y el resto se rehabilitarán para acoger el proyecto asistencial que planea el Gobierno de Cantabria en este complejo.

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los medios la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, una vez el Ejecutivo ha recibido el Plan Director de Usos elaborado por la empresa pública Tragsatec, que ha revelado el estado de conservación de los edificios e instalaciones.

Gómez del Río ha destacado que uno de esos usos será una residencia para personas mayores que, además de ser “compatible” con la normativa urbanística, es una demanda “con claro fundamento” del alcalde, Diego Movellán.

También ha señalado que el Gobierno, que ya ha realizado el estudio del coste de los edificios, va a llevar a cabo otro estudio para valorar en este caso el coste de la prestación de servicios del proyecto que, una vez finalizado, saldrá a información pública.

La titular de Inclusión Social ha resaltado que este complejo va a ser “un recurso fundamental para los servicios sociales” y ha abogado por “reforzarlo”. Ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en la visita que ha realizado a la Casa Joven de Camargo para inaugurar el 'Curso de Especialista en Atención a la Discapacidad'.

Pocos meses antes de concluir la pasada legislatura, el Gobierno de Cantabria -entonces un bipartito PRC-PSOE- suscribió un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, dirigido en aquel momento por José Luis Escrivá, por el que la comunidad iba a ceder de forma gratuita el uso de la finca donde se ubica el centro psiquiátrico de Parayas, en desuso desde 2016, para acoger allí un centro de refugiados.

Sin embargo, tras las elecciones autonómicas y municipales celebradas ese mismo año, y ya con el PP en el Gobierno de Cantabria y al frente del Ayuntamiento de Camargo, renunciaron a acoger dicho centro de refugiados, lo que provocó críticas desde el Ejecutivo central. Finalmente, el complejo se dedicará a un centro de carácter sociosanitario.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra varios puntos de una ley gallega que afectan a la regulación de la repotenciación eólica y a la atención a la dependencia. Los apartados, que son ocho en dos artículos diferentes de la norma, quedaron sin vigencia desde el momento en el que se interpuso el recurso, el 30 de septiembre de 2025. El pleno del tribunal ha decidido continuar con el proceso, en el que el Gobierno sostiene que hay una posible vulneración de las competencias exclusivas del Estado

La norma recurrida es la ley de medidas fiscales y financieras, conocida como ley de acompañamiento, que se aprobó junto con los presupuestos gallegos de 2025. En esta ley la Xunta acostumbra a incluir modificaciones de decenas de normas, en una práctica que la oposición afea por considerar que impide un debate sobre cada uno de los cambios y hace que el proceso sea opaco, con la acumulación de un gran número de novedades en un solo texto.

En el caso de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, los dos gobiernos abrieron una negociación para tratar de evitar el recurso de inconstitucionalidad. Solo hubo acuerdo sobre cinco puntos, de modo que el Gobierno central siguió adelante con la impugnación del resto, que son siete apartados del artículo 30, sobre eólico, y un capítulo del artículo 45, sobre dependencia.

Cuando el Consejo de Ministros aprobó presentar el recurso, el Gobierno expuso que consideraba que las disposiciones sobre el sector eólico eran incompatibles con las regulaciones estatales que afectan a esta materia. En concreto, citaba la obligación de repotenciar los parques una vez cumpliesen 25 años, aunque sin aumentar la potencia. El argumento era que suponía hacer una regulación de la repotenciación “al margen de la normativa básica estatal” que suponía que hay que sustituir los aerogeneradores por otros con mayor potencia para reducir el número de aparatos, “con la consecuente modificación de los términos de la autorización otorgada y la inversión realizada con base en la normativa aplicable”.

Otros apartados referidos a los parques eólicos implicaban, según el Gobierno central, establecer la aplicación directa de una directiva europea que habilita, entre otras cuestiones, a los estados a eliminar la evaluación de impacto ambiental en determinados supuestos. Y eso se haría en Galicia sin que el Estado haya fijado la normativa básica.

En cuanto a la dependencia, el Gobierno interpretaba que el artículo 45 de la ley de acompañamiento de 2025 entraba a regular el régimen económico de dependencia y discapacidad, algo que es competencia del Estado. Se refería a una modificación que implicaba que, al tener reconocido un determinado grado de dependencia, se reconocía también un grado de discapacidad. En concreto, la norma gallega impugnada fijaba que un grado 1 de dependencia equivale a un 33% de discapacidad; mientras que el grado 2 equivale a un 66% y el 3, a un 100%. La Xunta había indicado que esto tendría efectos en la recaudación fiscal porque el reconocimiento de una discapacidad lleva aparejadas deducciones fiscales.

El PSOE ha denunciado lo que considera un “nuevo ataque” de la Junta de Extremadura a las entidades locales menores a las que se excluye de manera “injustificada” en el decreto por el que se regulan subvenciones para la finalización de obras, reforma, adaptación y equipamiento de centros residenciales y de servicios de proximidad.

Los socialistas aseguran que esta decisión deja fuera a 22 entidades locales menores, como ha puesto de manifiesto la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura (FELMEX) tras analizar el contenido del decreto y confirmar con la propia Consejería de Salud y Políticas Sociales que no pueden concurrir como beneficiarias a estas ayudas.

Para el PSOE de Extremadura, esta exclusión supone un grave agravio territorial y un nuevo ejemplo “del desprecio de la Junta de Extremadura de Guardiola al mundo rural”. A su juicio, se trata de una discriminación que afecta directamente a los vecinos y vecinas de estas entidades, vulnerando el principio de cohesión territorial y negándoles el acceso en igualdad de condiciones a servicios esenciales de atención a la dependencia.

El PSOE recuerda que Las Entidades Locales Menores gestionan infraestructuras y servicios de proximidad que son claves para garantizar la atención social, el arraigo poblacional y la lucha contra la despoblación. Por este motivo, impedirles el acceso a fondos destinados a centros de día, residenciales o nocturnos “supone condenar estas instalaciones a la obsolescencia y debilitar aún más la red pública de servicios sociales en las zonas rurales”.

El PSOE considera especialmente preocupante que esta exclusión contradiga el espíritu que deben guiar las políticas sociales y demuestra una falta absoluta de sensibilidad y planificación por parte de la Junta de Extremadura. Por ello, exige al Gobierno de la Junta la modificación inmediata del decreto en cuestión para que las Entidades Locales Menores puedan ser beneficiarias de pleno derecho en todas las líneas de ayuda.

En caso contrario, reclama una respuesta política urgente que dé solución al desamparo financiero al que se está sometiendo a estas 22 entidades locales.

Por último, indica que seguirá defendiendo una región cohesionada, con igualdad de oportunidades y con servicios públicos dignos vivan donde vivan los ciudadanos, frente a un Gobierno regional que vuelve a dar la espalda al mundo rural. 

La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España constituye uno de los principales desafíos socioeconómicos de las próximas décadas. Esta problemática está estrechamente vinculada al cambio estructural de la demografía española, caracterizado por un descenso persistente de la fecundidad, un aumento significativo de la esperanza de vida y una pirámide poblacional progresivamente invertida.

El aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB no solo responde al incremento de pensionistas, sino también a mayores expectativas de prestación por individuo debido  a las mayores pensiones consolidadas de los nuevos beneficiarios y al alargamiento de la esperanza de vida. Este crecimiento presiona las cuentas públicas, incrementa el déficit del sistema contributivo y condiciona la política presupuestaria y  fiscal.

Las proyecciones económicas también muestran que para 2050, el porcentaje de la población de 16 a 64 años disminuirá del 65 % actual al 57 %, mientras que la población mayor de 64 años aumentará del 20 % al 30 % del total. Esta evolución incrementa la presión sobre las pensiones públicas, que dependen de la relación entre cotizantes y beneficiarios. Además, estudios de centros de investigación económica como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierten que el gasto público en pensiones podría alcanzar hasta el 17,1 % del PIB en 2050, situándose varios puntos porcentuales por encima de los niveles de 2010 y lejos de los promedios europeos.

La problemática de las pensiones en España no es únicamente una cuestión de equilibrio financiero, sino un síntoma de transformaciones demográficas profundas: una población que envejece, una base de cotizantes que se estrecha y una estructura productiva que debe adaptarse a estos cambios. Esta realidad exige políticas integrales que combinen reformas del sistema de pensiones con medidas dirigidas a la natalidad, la inmigración, la participación laboral y la productividad, para preservar la sostenibilidad intergeneracional y la cohesión social en las próximas décadas.

El envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias

Pero además, el envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España, ya que modifica tanto la demanda de servicios como la organización, financiación y prioridades del Estado del bienestar. Desde una perspectiva académica, sus efectos pueden analizarse en varios ejes interrelacionados:

El envejecimiento conlleva un mayor uso del sistema sanitario. Las personas mayores presentan una mayor prevalencia de enfermedades crónicas (diabetes, patologías cardiovasculares, EPOC, artrosis, demencias), lo que incrementa la frecuencia de consultas médicas, hospitalizaciones y tratamientos farmacológicos. En consecuencia, el gasto sanitario per cápita es significativamente más elevado en los grupos de edad avanzada, especialmente a partir de los 75 años. Este fenómeno desplaza el foco del sistema sanitario desde la atención a procesos agudos hacia la gestión de la cronicidad, obligando a replantear los modelos tradicionales de atención.

El envejecimiento impulsa la necesidad de una integración entre los servicios sanitarios y sociales, ya que muchos problemas de salud en edades avanzadas están estrechamente ligados a situaciones de dependencia funcional, soledad o fragilidad. Esto exige políticas de coordinación entre atención primaria, hospitales, servicios sociales y cuidados de larga duración, un ámbito en el que España aún presenta importantes déficits estructurales.

La mayor esperanza de vida implica más años de atención sanitaria, con un perfil de enfermedad crónica y polifarmacia, que tensiona tanto los recursos económicos como la capacidad técnica de los sistemas de atención primaria y especializada. En particular, el aumento de la población mayor también intensifica la presión sobre el personal sanitario. A ello se suma el envejecimiento de los propios profesionales de la salud, lo que genera problemas de relevo generacional, sobrecarga laboral y desigualdades territoriales en el acceso a servicios sanitarios, especialmente en zonas rurales.

Según proyecciones demográficas y económicas, el gasto público total vinculado al envejecimiento —pensiones, sanidad y cuidados— podría alcanzar hasta el 25,5 % del PIB en España para 2050, un crecimiento de más de 5 puntos porcentuales respecto a 2022 y mucho más acelerado que el promedio europeo). La respuesta de las políticas públicas a estos retos será decisiva para garantizar tanto la sostenibilidad financiera como la calidad de vida de las personas mayores en España y para evitar brechas con respecto a los modelos más avanzados de Europa. En definitiva, El envejecimiento obliga a un cambio de paradigma en las políticas sanitarias y de dependencia, que debe orientarse hacia:

En síntesis, el envejecimiento demográfico actúa como un factor estructural de presión sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España. No solo incrementa el gasto y la demanda de servicios, sino que obliga a redefinir los objetivos del sistema: pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, integrado y centrado en la persona. La capacidad del Estado para adaptarse a este desafío será clave para mantener la cohesión social, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad del Estado del bienestar en las próximas décadas.

Apenas ha pasado un año desde que Nuria López (Écija, 1978) fuera reelegida como secretaria general de CCOO en Andalucía. Es la cara visible de más de 150.000 afiliados y otros 14.000 representantes sindicales, quienes ponen sobre sus hombros la responsabilidad de defender día tras día el derecho de la clase trabajadora. A pesar del tiempo transcurrido, afronta esta nueva etapa con una dosis de espontaneidad, cierta sorpresa que nunca la abandona, con tal de no ceder a la fatiga de los días o a los desmanes tanto de la patronal como de la administración. Habla de dependencia, de sanidad, de vivienda, de todos los caminos posibles para conseguir un reparto equitativo de la riqueza que se genera en un territorio aquejado históricamente por sus altas tasas de desigualdad, mientras unos versos de Walt Whitman cuelgan en la entrada de su despacho: No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.

Hay un tema acuciante que mueve a la sociedad andaluza: la vivienda. Como uno de los sindicatos mayoritarios, ¿cuáles son sus peticiones más inmediatas?

Pedimos un pacto de Estado con implicación de todas las administraciones. La vivienda es el principal problema que tienen los trabajadores junto a la subida de los precios de todos los productos: la carestía de la vida ha subido enormemente. Todo ello, acompañado con una pérdida del poder adquisitivo que todavía no ha absorbido las pérdidas desde 2021. Nos gustaría que los partidos fueran capaces de abandonar el cortoplacismo electoral y pusieran encima de la mesa propuestas serias con políticas a corto, a medio y a largo plazo. Por ejemplo, la construcción de viviendas es necesaria, pero ¿a qué precio? No hablamos ya ni de precios asequibles, sino de precios de distintas tipologías según la renta de las familias.

La construcción necesita años, mientras tanto, ¿cómo se puede intervenir en el mercado de la vivienda? Porque hay que intervenir, hasta Trump lo ha dicho, para que no se especule y se deje a las familias fuera de sus casas o en manos de fondos buitres que especulan. ¿Dónde están los 60.000 millones de euros que les prestamos a los bancos en la crisis anterior cuando ahora desalojan a familias? La política del Gobierno de España se ha quedado corta y, por supuesto, la del Gobierno andaluz, que ignora la legislación para las zonas tensionadas y ha sacado una ley que nos parece un fiasco. De repente, hay un montón de suelo para construir, cosa de la que ya éramos conscientes, pero se va a poner a disposición de las empresas inmobiliarias. Eso no vale.

A corto plazo, apostamos por establecer sistemas de ayudas y tener reservado un tercio de las viviendas a regímenes de VPO, al igual que tiene que haber una promoción del registro de demandantes municipales que rigiera la política de planificación de Andalucía, gracias a los perfiles de esas más de 400.000 familias inscritas.

El Ministerio de Trabajo ha lanzado una nueva propuesta a los sindicatos: subir el salario mínimo interprofesional en 2026 a los 1.221 euros brutos. ¿Es suficiente para vivir dignamente en Andalucía?

Vivir dignamente lo marca el salario y, también, los precios de los productos. Hay que seguir subiendo el SMI, y hay un espacio de interlocución con el Gobierno de España, pero no es solamente un punto de llegada, sino que tiene que ser un punto de partida. Queremos que se sigan subiendo los salarios en este país en su conjunto, tanto del mínimo como de todas las categorías profesionales. Por otra parte, hay que ver la realidad: muchas empresas acaban haciendo trampa, ya que traducen la subida del SMI en la añadidura de otros complementos con los que absorben lo ganado o en el impago de las horas extras, así que hay margen suficiente para seguir subiendo los salarios, compensar y redistribuir la riqueza que se genera.

Andalucía terminó 2025 con la cifra más baja de parados desde el año 2007, pero hay varios convenios que están en aras de ser renovados, como el de comercio. ¿Cuántos hay pendientes y a cuántos trabajadores afecta?

Casi el 70% de los 190 convenios sectoriales se encuentran en situación de prórroga o en proceso de negociación para este año, mientras que el 52% de ellos llevan bloqueados desde 2023, lo que afecta a unos 580.000 trabajadores andaluces. Hay una parte del empresariado que se descuelga del avance general de Andalucía, pese a que hay más compañías y más trabajadores. Una coyuntura que no es el milagro de Moreno Bonilla, que no ha hecho nada, sino de una reforma laboral pactada entre el Gobierno de España, empresarios y sindicatos, que dio estabilidad y permitió recuperar la negociación colectiva. Ahora toca repartir, si no otra vez nos quedaremos descolgados del crecimiento económico y, curiosamente, las brechas de desigualdad vuelven a aumentar, sobre todo en la región, en un momento en el que hay más dinero que nunca, dicho por el presidente de la Junta.

¿Qué hay del absentismo laboral?

Los trabajadores no somos unos flojos, los trabajadores estamos reventados, estamos echando más horas que nunca y se nos paga menos, porque no llegamos a final de mes. En Andalucía, la atención primaria está colapsada y, si pides una cita y te la dan para el mes que viene, el dolor de espalda ya se ha convertido en un problema más gordo. Ese es un hándicap, y otro es el aumento de una población de más edad en la que afloran los achaques por una falta de prevención en riesgos laborales a lo largo de su trayectoria. Llaman absentismo a los derechos laborales, a coger las vacaciones, a cuidar de la familia o a tener un permiso de maternidad o paternidad. ¿Quieren esclavos?

Hablemos de Ayesa, una de las principales tecnológicas de Andalucía, que ha sido vendida a un consorcio en el que está el Gobierno vasco. Hay 3.500 trabajadores a la espera, ¿qué escenarios ve plausibles?

Lo primero, nos preocupa el empleo de las personas y hay que hacer todo lo posible para dar seguridad, estabilidad y certeza. Lo segundo que nos preocupa son las declaraciones que se hacen tan a la ligera por parte de nuestros responsables políticos: escucho al consejero de Industria decir que esto es un problema de financiación autonómica... ¿Nadie sabe de dónde venimos? Aquí hay una responsabilidad y se están lavando las manos como Poncio Pilato. ¿Por qué el Gobierno vasco es capaz de hacer una apuesta por la intervención pública mientras el andaluz echa culpas? Aquí había instrumentos de intervención pública que se han desmantelado, como ocurrió con Sadiel o en el pasado con la energética Abengoa, y eso tiene consecuencias para los andaluces. La Junta es un simple intermediario de fondos públicos que se transfieren desde el Gobierno central o de la Unión Europea, en vez de intervenir.

La inserción de las personas mayores de 55 años en el mercado laboral está siendo cada vez más dificultosa. ¿Qué medidas plantean?

De forma histórica, reivindicamos que las ayudas dadas a las empresas privadas tienen que estar condicionadas por el mantenimiento del empleo. Estas subvenciones van a sus resultados y, cuando ya no les interesa, se van. Ante los cambios tecnológicos y digitales, las transiciones tendrán que ser justas. Si Andalucía está en un momento estupendo, deberíamos aprovecharlo y no dejar a nadie atrás. Hay trabajadores que necesitan un reciclaje y, si aprovechamos su experiencia y conocimiento, podremos unirlo a lo nuevo: no hay una lucha entre jóvenes y mayores, como pretenden hacernos creer. En la comunidad hay que recuperar la formación pública, ya que, desde el año 2010, han crecido un 991% las plazas privadas, mientras que la pública solo representa un 51%, cuando hay 30.000 personas esperando por una plaza. No puede ser que las empresas planifiquen la formación de la Junta de Andalucía.

Hay que recuperar la formación pública, ya que, desde 2010 ha crecido un 991% las plazas privadas

Ustedes pedían un pacto con la Junta en esta materia.

Un pacto real, no ficticio. Se está desmantelando lo público, dado que la Junta ha hecho su modelo favoreciendo la iniciativa privada y dándole la formación profesional a las empresas privadas. El propósito es reforzar los ciclos formativos, reforzar la escuela pública, mejorar el sistema que nos permita garantizar esa cadena y, sin embargo, ahí pinchamos. ¿Por qué no se encuentran empresas para hacer las prácticas? Ahí, el sistema ha fracasado.

En cuanto a la siniestralidad laboral, firmaron un acuerdo con la Junta, ¿en qué términos se encuentra?

El plan de choque se quedó corto desde nuestra perspectiva.

¿Por qué?

Hay una pérdida de presupuestos por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros no queremos que se sancione a las empresas, sino que la gente no muera ni enferme, es decir, que haya una prevención de riesgo en los centros de trabajo. Queremos que se recupere la fuerza y el vigor del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, además de las campañas de prevención y, también, le pedimos al Gobierno, al Ministerio de Trabajo, más inspectores, ya que estamos bajo mínimos.

Ratificaron la mejora salarial de 80.000 trabajadores públicos. ¿Qué queda pendiente en esta materia?

Queda cumplirlo. Este logro sindical se remonta atrás y, si tiramos de hemeroteca, me viene a la cabeza la manifestación del 18 de junio de 2024, en solitario, a las puertas de San Telmo con más de 4.000 delegados de CCOO por dos motivos: recuperar la negociación colectiva con la administración pública de Andalucía, que estaba bloqueada, y recuperar el poder adquisitivo y mejorar las condiciones de un sector del que depende la ciudadanía. Una de las prioridades de este 2026 es su consecución y esto requiere celeridad del Gobierno andaluz ante unas elecciones que están a la vuelta de la esquina.

Tildaron los presupuestos autonómicos de “desconexión total” con la sociedad andaluza. En referencia a la ley de dependencia y las largas lista de espera, ¿cómo se soluciona al haber una simplificación administrativa dispuesta?

A los andaluces nos vendieron que el sistema necesitaba una actualización y con esta ley de simplificación administrativa se fue directamente a la columna vertebral del sistema de dependencia, cuya naturaleza era mixta pero prioritariamente pública. Quiebran esa idea de una manera sibilina y sin prisa, escondiendo trampas y simplificación. No le llaman simplificación a que los ciudadanos tengamos rápidamente el derecho. Así, vemos que las listas de espera aumentan, tanto para la solicitud como en el resto del proceso. Tememos que sea otro agujero negro que está creando el Gobierno andaluz, como ha ocurrido con la sanidad pública, con tal de favorecer la iniciativa privada a costa de los usuarios debido a que se trata de un negocio muy goloso. El envejecimiento es un nicho de negocio.

A mí me sorprende mucho cuando escucho al presidente de la Junta de Andalucía hablar de diálogo y de moderación. Ni hay diálogo ni hay moderación, porque hay una radicalidad en las propuestas y hay una falta de escucha.

¿No se sienten escuchados?

Dialogar y negociar es acercar posturas y buscar puntos de encuentro y, para eso, el Gobierno andaluz tiene que ceder en sus pretensiones. A según qué consejería, le falta escucha empática. Lo vemos con sanidad, dependencia, vivienda, aunque hay otras que tienen cambios de postura a valorar, como en Agricultura, donde, al menos, dan propuestas, como con la Estrategia Agroindustrial que afecta a 400.000 cartillas agrícolas. El resto, más allá del canutazo, hablan todo el día de España y no de Andalucía. ¿Qué medida se ha puesto para contener los precios de los productos o de la vivienda, más allá del tracatraca con el Gobierno central? Por tanto, ante estas rigideces, hay una radicalidad y no hay moderación.

Vienen las elecciones autonómicas, ¿cuál es su visión al respecto? ¿Cree posible que la izquierda dé una respuesta unitaria ante la posible pérdida de la mayoría absoluta del PP andaluz?

Eso lo tienen que decir los actores principales de la izquierda. En cuanto a CCOO, esperamos que las propuestas sean recogidas por la inmensa mayoría de los partidos que van a las elecciones, especialmente del arco progresista, en materia de empleo estable, reparto de la riqueza y contra la gran desigualdad que hay en esta tierra. Queremos que Andalucía crezca en su conjunto, sin dejar atrás al 98% que somos trabajadores y trabajadoras de esta tierra. Tenemos que hablar de innovación, de energía, de refuerzo de los servicios públicos, de cambio climático, agua o infraestructuras, y, también de iniciativa privada. Necesitamos alternativas claras frente al modelo de privatización cuando hay otros que refuerzan lo común, lo público, la integración con el vecino de al lado, la cotidianidad, porque los trabajadores formamos parte de un sistema que queremos mejorar y cambiar.

Si el Gobierno andaluz dice que la nueva financiación perjudica, ¿cuáles son sus propuestas?

El movimiento sindicalista también sufre la desconfianza de la ciudadanía. ¿En qué medida hacen autocrítica?

Hacemos autocrítica cuatro veces al día y hay cuestiones que se pueden hacer mejor, siempre. Las puertas están abiertas para saber en qué podemos ayudar y cómo podemos mejorar. Pero no olvidemos que hay interés en que los sindicatos no tengan la fortaleza para negociar la mejora colectiva ante el empresario o el gobierno de turno. Hay campañas injustas que intentan romper la credibilidad de los trabajadores, por ejemplo, Canal Sur solo nos llaman el 28 de febrero y el 1 de mayo dado que hay una línea editorial que no quiere que aparezcamos.

Al margen de eso, cuando hay un conflicto la gente sabe que CCOO es la primera que va y, también, quisiera decir que los trabajadores tenemos que ser conscientes de que la organización sindical es clave. Tenemos 14.000 representantes sindicales y 150.000 afiliados que nos proporcionan una autonomía política y financiera, ya que el 90% de nuestros ingresos son recursos propios, con lo que logramos hacer propuestas, estudios y trabajar por ellos.

¿Qué opina sobre la nueva propuesta de financiación autonómica por parte del Gobierno central?

Hay que tener rigurosidad. En el año 2017, nos sumamos a la propuesta del Parlamento de Andalucía, la valoramos y nos sumamos. Ahora mismo, no nos vale un sí o un no rotundo. Si el Gobierno andaluz dice que este nuevo sistema perjudica, ¿cuáles son las propuestas? Aparte, quedan cuestiones por explicar por parte del Gobierno de España. Queremos conocer el modelo en profundidad y CCOO siempre se va a plantear qué es lo que beneficia a los trabajadores de Andalucía para su desarrollo, sin perder de vista el modelo de igualdad de España. En esta región, las tasas de paro y desigualdad son históricas, hay lastre, y debemos evitar que las brechas se amplíen.

Extremadura registra 259 días de tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de la prestación en 2025 (341 días en España), año en que la lista de espera creció un 24,1% hasta 8.420 personas, el tercer mayor aumento porcentual entre las regiones, según datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El número de solicitudes de dependencia crece un 4,5% (2.680) en variación interanual hasta un total de 62.130, de ellas 58.757 con resolución de grado, un 3,6% más. De las resoluciones, 13.200 reconocen un grado III, 14.093 un grado II y 15.209 un grado I; 16.255 no reconocen ningún grado.

Las personas con derecho a prestación crecieron un 3,7% el pasado año y ascienden a 42.502, mientras que las resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA) se incrementan un 1,3 % hasta 37.664 y las prestaciones alcanzan las 44.892.

Por otro lado, un total de 4.838 personas con derecho a prestación esperan la resolución de PIA, 1.015 más, lo que supone un incremento del 26,5%.

Las personas fallecidas en lista de espera pendientes de resolución de grado y de PIA son 1.313 en la región.

Datos nacionales

 La lista de espera de la dependencia se redujo casi un 20 % a cierre de 2025 respecto a un año antes y son 152.693 las personas pendientes de una respuesta después de seis meses, el plazo que marca la ley.

Son datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ha atendió en 2025 a 1.635.462 personas, 141.151 más respecto a 2024 (el 9,4 %), que sigue soportando una presión demográfica que irá en aumento en los próximos años, según ha destacado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

En concreto, las solicitudes crecieron un 7,4 por ciento en el último año y el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se sitúa en 341 días.

La responsable de Derechos Sociales ha señalado que los últimos datos muestran el “máximo histórico” de personas atendidas en el sistema y consolidan la tendencia de mejora en todos los indicadores de gestión y atención.

Sin embargo, Martínez ha incidido en la necesidad de “continuar reforzando la capacidad de sistema para garantizar derechos y dar respuesta a los desafíos demográficos y sociales de los próximos años”.

Acelerón en el último trimestre

Los datos facilitados por las comunidades autónomas muestran un reducción mayor de la lista de espera en el último trimestre del año, en concreto un 12,4 %, lo que supone 21.713 personas menos.

Si se toma como punto de partida el cierre de 2020, cuando la lista de espera se situaba en 311.445 personas, ha disminuido más del 51 % (158.752 personas menos). “En cinco años hemos reducido la lista de espera a la mitad, incluso en el contexto de crecimiento constante de la demanda”.

Se recorta también el tiempo medio de gestión desde que se presenta una solicitud resuelve la prestación de 349 días del anterior trimestre a los 341 del periodo octubre-diciembre de 2025.

Presentan los mejores tiempos Ceuta (82 días), Castilla y León (113 días) y País Vasco (129).

Respecto al aumento de las personas beneficiarias con prestación que creció en 141.151 en 2025, casi 60.000 entraron en el sistema en el último trimestre.

Urgente reducir la burocracia

La responsable de Derechos Sociales ha destacado la urgencia de aprobar la reforma del sistema que se tramita en el Congreso por las medidas que incorpora para simplificar los procesos administrativos.

Ha incidido en que la reducción de los plazos debe ser un desafío acompañado de un acceso más justo y adaptado a las necesidades de cada persona, reforzando la asistencia personal y los programas de vida independiente.

El 57 % de las prestaciones se dan en el entorno comunitario, registrando un aumento de un 4,5 % que hace cinco años.

La teleasistencia y la ayuda a domicilio son los servicios profesionales más habituales, que han crecido un 19,9 % y un 10,6 % respectivamente respecto al año anterior.

Los datos muestran que más personas optan la combinación de diferentes prestaciones, pasando de 1,27 por persona en 2020 a 1,43 en 2025. “El sistema va adaptándose y es cada vez más flexible en función de los apoyos y necesidades de las personas”, ha añadido.

Además, ha recordado la prioridad de asegurar que entren en el sistema 260.000 profesionales más antes de 2030 y de realizar un esfuerzo de inversión por parte de todas las administraciones.

Rosa Martínez ha apostado por seguir reforzando los servicios de ayuda a domicilio y de entornos comunitarios, que en ámbitos como el rural presenta mayor complejidad.

“La mayor parte de los cuidados y apoyos sigue recayendo en las familias”, ha aseverado. El perfil de la persona cuidadora no profesional tiene un rostro de mujer: el 72,3 % son mujeres y el 27,7 % hombres.