La coalición Izquierda Unida-Podemos ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para solicitar que analice la adecuación de los recursos humanos y materiales del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo a la realidad asistencial actual del centro.

Según ha informado la coalición, la iniciativa cuenta con el respaldo de “decenas de trabajadores y familiares de personas residentes”, que han apoyado con su firma la presentación del escrito al considerar que la situación “merece una revisión independiente por parte de esta institución”.

El escrito solicita al Defensor del Pueblo que recabe información del Gobierno de Cantabria y del ICASS sobre aspectos como la evolución del perfil asistencial del centro, la adecuación de la plantilla a esa nueva realidad, la cobertura efectiva de las distintas categorías profesionales, la dotación del servicio de Enfermería, la organización de los turnos, las actuaciones realizadas tras los partes de incidencia presentados por la plantilla y la suficiencia de los recursos humanos para garantizar una atención integral y de calidad.

Asimismo, recoge las preocupaciones trasladadas por trabajadores y familiares sobre distintas dificultades organizativas y materiales -de las que se ha venido informando elDiario.es desde mayo- y que, según exponen, afectan al funcionamiento diario del centro y a la prestación de los cuidados.

IU-Podemos ha explicado que la queja pone de manifiesto que el propio Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) reconoce en documentación interna que el perfil de los residentes ha evolucionado de forma significativa desde la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2019, pasando de un centro con mayor presencia de usuarios con autonomía funcional a otro en el que predominan personas con gran dependencia, mayor fragilidad y necesidades asistenciales mucho más complejas.

El coordinador de Izquierda Unida Cantabria y candidato de la coalición a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha explicado que esta iniciativa “nace de una preocupación compartida por trabajadores y familiares. No estamos hablando únicamente de condiciones laborales, sino de garantizar que las personas con grandes necesidades de apoyo reciban la atención que merecen”.

“Si el propio ICASS reconoce que el perfil asistencial del centro ha cambiado profundamente, creemos que es razonable analizar si los recursos humanos y materiales se han adaptado a esa nueva realidad”, ha continuado.

Por su parte, la coordinadora de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha señalado que “la atención a la dependencia constituye uno de los pilares de nuestro Estado del bienestar y cuando decenas de trabajadores y familiares trasladan una misma preocupación, creemos que las instituciones tienen la obligación de escucharla”, que es el motivo por el que la coalición ha acudido al Defensor del Pueblo, “para que una institución independiente pueda valorar si el CAD de Laredo dispone de los recursos adecuados para atender a las personas residentes”, ha añadido.

Un servicio público esencial

Izquierda Unida-Podemos considera necesario analizar si esa transformación del perfil asistencial ha venido acompañada de la adaptación de la plantilla y de los recursos necesarios para garantizar una atención digna. “Creemos que es de sentido común preguntarse si el centro cuenta hoy con los recursos que necesita porque no requiere el mismo personal atender a 130 personas que se valen por sí mismas que a 130 residentes donde buena parte son grandes dependientes”, han señalado desde la coalición.

Ambas organizaciones han subrayado que esta iniciativa pretende contribuir a mejorar un servicio público esencial y confían en que la intervención del Defensor del Pueblo permita evaluar de forma objetiva si la organización, la plantilla y los recursos materiales del CAD de Laredo responden a las necesidades asistenciales actuales del centro.

La Consejería de Inclusión Social ha modificado la orden que regula los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia de Cantabria para mejorar la calidad de la atención y flexibilizar algunos aspectos de la gestión.

Tal y como publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), entre las novedades que incorpora esta modificación destaca la obligatoriedad de disponer de camas articuladas y regulables en altura, con colchones adecuados para la prevención y manejo de úlceras de presión. De esta forma, a la vez que se incrementa la comodidad de los usuarios, se facilita la tarea de los profesionales que prestan los apoyos necesarios.

También se establece que deberán tomarse en consideración los deseos y preferencias de los residentes sobre las actuaciones a realizar por el centro residencial al final de su vida.

En lo que se refiere a la organización del personal de los centros, la nueva orden posibilita que cuando la persona que ejerce funciones de dirección compatibilice esta actividad con la atención directa a los usuarios, esta última podrá desempeñarse en el mismo o diferente centro.

Otra modificación importante está relacionada con el transporte de personas en situación de dependencia en los centros de día. Con la nueva regulación, cuando el servicio de transporte que presta el centro exija acompañamiento de los usuarios, el tiempo dedicado a esta tarea por el personal de atención directa se computará para la exigencia de horas de la jornada diaria, con el límite máximo de una hora en horario de mañana y otra en horario de tarde.

Un cambio que responde a las necesidades de los usuarios de centros residenciales y viviendas tuteladas es el que exige que, cuando por motivos de salud así se requiera, se deberá ofrecer una recena, además de las cuatro comidas diarias. Asimismo, la nueva orden flexibiliza el horario de prestación de servicios en viviendas tuteladas.

Unidades para personas autónomas

Como novedad de relevancia, se crean las Unidades para Personas Autónomas. De esta forma, en las residencias de personas mayores se podrán establecer un máximo de dos unidades residenciales para personas que tengan suficiente autonomía personal para las actividades básicas de la vida diaria, sin tener reconocida la situación de dependencia o teniéndola reconocida en grado I. Estas unidades tendrán un máximo de veinte plazas cada una, distribuidas en habitaciones individuales o dobles.

Acreditación de centros y simplificación administrativa

En lo que se refiere a los requisitos exigidos para la acreditación de los centros de servicios sociales, las modificaciones guardan relación con la simplificación administrativa. En este ámbito se produce la modificación del sistema de acreditación de la calidad de estos centros, procediéndose a la simplificación y concreción de algunos protocolos, reorientando sus contenidos, registros y criterios hacia una mayor personalización de los cuidados y apoyos que se prestan.

En la línea del proceso de simplificación administrativa, también se modifica la presentación de memorias anuales de la actividad del centro a efectos del mantenimiento de la acreditación, sustituyendo la elaboración de aquellas por un sistema de autoevaluación que resulte de utilidad a los centros en su toma de decisiones y gestión del conocimiento.

Así, los valores en que se centre la calidad de los centros se incorporarán a un formulario digital habilitado por la Administración, lo que facilitará el análisis comparado de los indicadores, a la vez que permitirá una definición compartida por todos los centros de cada uno de los elementos por los que se interroga.

Con las modificaciones establecidas también se avanza en la digitalización de los procedimientos, con la utilización de una aplicación informática para remitir los datos solicitados y facilitar su análisis comparado, y contribuir a una Administración sin papel.

Finalmente, por primera vez se introducen criterios relacionados con la soledad no deseada. Una de las primeras actuaciones planteadas en este sentido es conocer su alcance y para ello se proponen indicadores que persiguen la comprensión del fenómeno y su magnitud.

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) que aclare un problema con el abono de los complementos salariales de los trabajadores de la residencia asistida El Cuartillo, en Cáceres, tal y como ha adelantado elDiario.es Extremadura, y si esto afecta al resto de residencias públicas. A su juicio, esto se suma a las denuncias de la plantilla de El Cuartillo por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, “especialmente” durante los meses de verano.

La portavoz de Dependencia y Mayores del Grupo Socialista, Judit Olivares, ha reclamado que la directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez, aproveche su comparecencia este miércoles en comisión parlamentaria para ofrecer “una explicación clara” sobre lo que está ocurriendo. Según remarca el PSOE, los trabajadores podrían dejar de percibir en su próxima nómina los complementos correspondientes por trabajo nocturno, festivos, domingos o movilidad funcional debido, presuntamente, a un problema en la plataforma que gestiona los recursos humanos.

Olivares ha advertido de que se trata de una situación “muy grave”, ya que, ha apuntado, afecta a uno de los derechos fundamentales de cualquier trabajador, es decir, al cobro íntegro de su salario al finalizar el mes. Además, ha señalado que el impacto será “especialmente importante” para las trabajadoras con contratos a tiempo parcial, cuyos ingresos dependen “en buena medida” de estos complementos para completar sus nóminas.

La portavoz socialista ha reclamado al Ejecutivo autonómico que aclare si esta incidencia afecta únicamente a los cerca de 200 trabajadores de la residencia El Cuartillo o si, por el contrario, puede extenderse al resto de residencias públicas dependientes del SEPAD. Queremos saber qué está pasando en el SEPAD y en el gobierno de Guardiola. Si estamos ante un problema administrativo, de planificación o incluso de falta de recursos, lo que no puede ocurrir es que los empleados públicos sean quienes paguen las consecuencias de la mala gestión“, ha señalado.

Olivares ha dicho que la directora gerente del SEPAD debe ofrecer explicaciones tanto a los trabajadores afectados como al conjunto de la sociedad extremeña y, sobre todo, adoptar las medidas necesarias para resolver esta situación “de forma inmediata”, ha concluido.

Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

La nueva financiación para la dependencia permitirá crear en La Rioja 846 nuevos empleos y podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminando la lista de espera. En concreto, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la comunidad, la región recibirá 25 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia.

Este martes se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la AGE (Administración General del Estado) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes, se convalidó en la Cámara Baja el real decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las CCAA para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Esto es, las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Cuantías que han comenzado a transferirse este mes de julio y que, de media, han subido un 82%. El incremento beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó también este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las CCAA por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las CCAA para que puedan seguir reduciendo las listas de espera (Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027).

Igualmente, servirá para atender a más gente (se calcula que en 2027 habrá 417.000 nuevas personas beneficiarias), al mismo tiempo que pondrán mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Por otra parte, este incremento histórico tendrá un importante impacto también a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos poder contratar a más personal para sus sistemas de cuidados. Según estimaciones de Derechos Sociales, esta aportación económica ampliada del Gobierno va a suponer la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Respecto a las trabajadoras del sector (la mayoría son mujeres), además de los puestos laborales de nueva creación, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un objetivo prioritario debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las CCAA en materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

En paralelo, y aunque este Ministerio no tiene la potestad de negociar los convenios colectivos de las trabajadoras del sector, Derechos Sociales ha querido impulsar la mejora de sus condiciones laborales iniciando una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

Concretado en nuestra región, La Rioja recibirá 25 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (8,2 millones de euros adicionales en 2026 y 16,5 millones de euros adicionales en 2027). El sistema podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminar la lista de espera, y crear 846 empleos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé la creación de 1.032 puestos de trabajo en Cantabria en el sector de los cuidados tras haber aprobado este martes el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y la inyección extraordinaria de 55 millones de euros adicionales para esta comunidad autónoma entre 2026 y 2027.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy estima que este refuerzo permitirá además a Cantabria incorporar a 2.493 nuevas personas beneficiarias y avanzar en la eliminación de la lista de espera.

La Cámara Baja aprobó este martes el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la Administración General del Estado (AGE) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes dio luz verde al Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las comunidades autónomas para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Se trata de las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, estas cuantías han comenzado a transferirse este mes de julio y, de media, han subido un 82%. El incremento, indican que beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

También aprobó la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las autonomías por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades para que reduzcan las listas de espera. En este sentido, Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027 y fija en 417.000 las personas nuevas beneficiarias.

Respecto a los trabajadores del sector de la dependencia, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un “objetivo prioritario” debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las comunidades materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales del sector y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad.

Los 114 millones de euros adicionales (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027 que recibirá Extremadura para el sistema de la dependencia tendrá un impacto estimado de 8.132 nuevos beneficiarios y 2.845 personas menos en lista de espera, además de la creación de 2.096 empleos.

A nivel nacional, la ampliación de la financiación estatal al sistema de dependencia en 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 para su distribución a las comunidades autónomas permitirá reducir las listas de espera en 71.000 personas el próximo año y crear 115.000 empleos dentro del sector, además de atender a más beneficiarios y ampliar servicios.

Son las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales tras la aprobación este martes en el Congreso del decreto ley que incrementará las cuantías que el Estado transfiere cada mes a las autonomías por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan, que han comenzado a abonarse en julio y han subido de media un 82 %.

Junto a la aprobación de este aumento de la financiación estatal, el Congreso aprobó para su remisión al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, además de contemplar una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia, blinda que el Estado tenga que aportar el 50 % de la inversión.

Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación estatal que tiene el sistema de la dependencia, que también será incrementado en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones más para 2027.

Con estos incrementos de la financiación, el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las autonomías para que reduzcan las listas de espera, que Derechos Sociales estima que pueden descender en 71.000 personas en 2027.

Según el ministerio, este incremento de la aportación estatal que califican de “histórico” tendrá un gran impacto a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos que puedan contratar a más personal para sus sistemas de cuidados, y supondrá la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Además, calculan que el próximo año se podrá atender a 417.000 nuevos beneficiarios, permitirá mejorar las condiciones laborales de los cuidadores (en su gran mayoría mujeres) y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Un objetivo prioritario de este aumento de la aportación que recibirán las comunidades autónomas en materia de dependencia, ha destacado Derechos Sociales, es que se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

Para ello, se ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

Distribución por comunidades

- Andalucía: 954 millones de euros adicionales del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (317,9 millones en 2026 y 635,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 102.333 nuevos beneficiarios, reducir la lista de espera en 15.461 personas, y crear 23.577 empleos.

- Aragón: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), con un impacto de 11.175 nuevas beneficiarios, una reducción de 248 personas en lista de espera, y 2.089 nuevos empleos.

- Asturias: 79 millones de euros adicionales (26,2 millones en 2026 y 52,5 millones en 2027), que podrían traducirse en 9.370 nuevos beneficiarios, 2.167 personas menos en lista de espera y 2.374 nuevos empleos.

- Baleares: 84 millones de euros adicionales (28,1 millones en 2026 y 56,3 millones en 2027), que podría incorporar a 8.455 nuevos usuarios, reducir la lista de espera en 1.248 personas y crear 1.752 empleos.

- Canarias: 237 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), y se estiman 16.565 nuevos beneficiarios, una reducción de 609 personas en lista de espera y la creación de 6.563 empleos.

- Cantabria: 55 millones de euros adicionales (18,4 millones en 2026 y 36,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 2.493 beneficiarios, avanzar hacia la eliminación de la lista de espera y crear 1.032 empleos.

- Castilla-La Mancha: 236 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), con un impacto estimado de 18.802 nuevos beneficiarios, una reducción de 2.042 personas en lista de espera y la creación de 6.254 empleos.

- Castilla y León: 341 millones de euros adicionales (113,6 millones en 2026 y 227,3 millones en 2027), que podría permitir incorporar 25.654 beneficiarias, eliminar prácticamente la lista de espera y 7.329 empleos más.

- Cataluña: 567 millones de euros adicionales (189,1 millones en 2026 y 378,3 millones en 2027), que podría incrementar el sistema en 61.470 beneficiarios, reducir la lista de espera en 24.881 personas y 13.611 empleos más.

- Comunidad Valenciana: 535 millones de euros adicionales (178,3 millones en 2026 y 356,7 millones en 2027), que podría traducirse en 61.727 beneficiarios, 4.471 personas menos en lista de espera y 12.704 nuevos empleos.

- Extremadura: 114 millones de euros adicionales (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027), con un impacto estimado de 8.132 nuevos beneficiarios, 2.845 personas menos en lista de espera, y la creación de 2.096 empleos.

- Galicia: 270 millones de euros adicionales (90,2 millones en 2026 y 180,6 millones en 2027), que podría suponer 15.938 beneficiarios, reducir la lista de espera en 793 personas y crear 6.156 empleos.

- Madrid: 680 millones de euros adicionales (226,6 millones en 2026 y 453,3 millones en 2027), que podrían sumar 60.876 nuevos beneficiarios, 11.497 personas menos en lista de espera y la creación de 22.315 nuevos empleos.

- Murcia: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), que podría traducirse en un aumento de 7.119 beneficiarios, 4.904 personas menos en lista de espera y 3.334 nuevos empleos.

- Navarra: 38 millones de euros adicionales (12,6 millones en 2026 y 25,4 millones en 2027), que podría sumar 3.405 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 88 personas en lista de espera y crear 1.419 empleos.

- País Vasco: 179 millones de euros adicionales (59,7 millones en 2026 y 119,4 millones en 2027), que podría permitir incorporar 2.631 beneficiarios, 4.153 personas menos en lista de espera y 1.328 nuevos empleos.

- La Rioja: 25 millones de euros más (8,2 millones de en 2026 y 16,5 millones de euros en 2027), que podría traducirse en 2.116 nuevos beneficiarios, eliminar la lista de espera, y 846 empleos

El Congreso aprobó el pasado martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, pero también la ampliación de su financiación. El incremento será de unos 120 millones para 2026 y 120 millones para 2027. Además, el Gobierno calcula que con la nueva financiación y condiciones, se generen unos 100.000 puestos de trabajo asociados al sector.

Una vez aprobados los textos en el Congreso (todavía deberá pasar por el Senado), el Ministerio de Derechos Sociales ha requerido un anexo con sindicatos y patronales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores (fuertemente feminizado). La idea es crear una mesa de diálogo de donde salgan medidas concretas.

El nuevo aporte económico permitirá, insisten fuentes del Ministerio, un aumento de los salarios, la implementación de más formación y una mayor estabilidad.

Entre 2026 y 2027 se espera la transferencia de 6.200 millones de euros más a las comunidades autónomas para que puedan seguir reduciendo las listas de espera. Derechos Sociales estima que puedan reducirse hasta 71.000 personas para el próximo curso, y, para la atención ampliada a la ciudadanía, se prevé que habrá 417.000 personas beneficiarias.

Entre las comunidades autónomas que más puestos de trabajo podrían generar se encuentran la Comunitat Valenciana (12.704 empleos), Castilla y León (7.329 empleos) y Galicia (6.156 empleos), de acuerdo con los análisis del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

Otras comunidades autónomas con potencial laboral son Canarias (6.563 empleos), Castilla-La Mancha (6.254 empleos) y la Región de Murcia (3.334 empleos).

Las instituciones vascas, Gobierno autonómico y diputaciones forales, han arrancado al Estado una garantía de que la cobertura del 50% de la inversión en políticas de dependencia se mantendrá independientemente de un posible cambio de Gobierno en España que pueda acarrear una nueva sensibilidad en las políticas sociales. El acuerdo se alcanzó en una comisión mixta del Concierto Económico celebrada el pasado jueves y ha sido presentado este miércoles, después de que el Congreso aprobara dos leyes este martes sobre dependencia, la reforma con nuevas prestaciones y la ampliación de la financiación a las comunidades autónomas.

En Euskadi, las competencias efectivas en la materia son forales y no autonómicas y la financiación también es propia por el sistema de Concierto Económico. Así, el consejero vasco Noël d'Anjou ha compartido protagonismo con las tres diputadas de Hacienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Itziar Gonzalo de Zuazo, Itsaso Berrojalbiz e Itziar Agirre, y han explicado la relevancia del sistema de financiación foral diferenciado para blindar la cobertura de un pilar de las políticas sociales vascas.

En cifras, la previsión es que la aportación estatal se dispare en un 166% si se mide la entrega de 2024, el año base de las negociaciones, con la estimación de 2027, el próximo ejercicio. De 153 millones se pasaría a 407. De momento, en 2026 el Estado cubrirá ya el 36,5%, unos 284 millones. En 2025 fueron 166.

Las diputaciones comparten que es “un paso muy importante”, incluso un “salto cualitativo” para garantizar la “sostenibilidad” del modelo social. “Es un ejemplo claro de entendimiento institucional”, se ha congratulado la alavesa Gonzalo de Zuazo. “Un modelo de cuidados de vanguardia”, ha apostillado la guipuzcoana Agirre. Actualmente, Álava destina unos 200 millones a dependencia, por 428 de Bizkaia y 324 de Gipuzkoa.

Según ha explicado D'Anjou, los pagos se realizarán en tres tramos, en mayo, septiembre y diciembre, y en mayo del año siguiente se hará una liquidación con posibles ajustes. No tiene nada que ver con el Cupo, que son las aportaciones vascas a las competencias del Estado, ha aclarado el consejero de Hacienda. El consejero ha remarcado que en esta legislatura vasca (desde 2024) se han logrado 46 acuerdos en la comisión mixta del Concierto Económico, incluida la concertación de nuevas figuras tributarias y otros ajustes de financiación.

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha presentado una reclamación al Consejo de Transparencia ante la falta de información del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) sobre los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX).

En un comunicado, ha recordado que “a raíz de las evidencias sobre la inercia privatizadora del CADEX” y de conversaciones con algunos de los afectados, el sindicato decidió solicitar información precisa sobre el número de usuarios del CADEX, desglosado por provincias, por categorías y por años hasta 2026.

Esta solicitud de información, al amparo de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, debe ser contestada antes de un mes, algo que no se ha producido, según ha asegurado el SIP. Ha criticado que la Junta de Extremadura tiene como “costumbre asentada” no responder a la ciudadanía, ni a sus empleados públicos ni a los sindicatos o, al menos, a ellos. A su juicio, “es un ejemplo de mala administración, contraria a la legislación europea y española, que no se puede dejar pasar”.

El sindicato ha advertido de que los sindicatos están para obligar a las administraciones a rendir cuentas de todo aquello que puede terminar afectando a las condiciones de trabajo.

“El SIP no va a dejar de emplear ninguna herramienta para buscar la excelencia de las administraciones públicas, que pasa necesariamente por el cumplimiento escrupuloso de todos los preceptos legales, por el mantenimiento y mejora en la calidad de los servicios públicos, por el sostenimiento y ampliación del Estado de bienestar, por la desprivatización de las administraciones, por la permanente orientación a la ciudadanía bajo el mandato de buena administración de la UE y, por supuesto, por la constante mejora de las condiciones y derechos de los empleados públicos”, ha subrayado este sindicato.

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) afrontó este martes uno de los días más importantes de su mandato como ministro de Derechos Sociales, el cargo que ocupa desde finales de 2023. El Congreso aprobó la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, la norma estrella del departamento esta legislatura, y la dejó lista para su puesta en marcha dentro de unas semanas, cuando pase por el Senado. El texto salió adelante gracias a la mayoría que suman el Gobierno y sus habituales socios parlamentarios, incluido Junts esta vez. Y lo hizo con la abstención por sorpresa del PP, una decisión que el ministro considera que demuestra que los populares no pueden “explicar su lógica del no a todo”.

Pero no es el único frente que tiene abierto el titular de Derechos Sociales. Aunque ha afirmado por activa y por pasiva que no quiere ser candidato a las próximas elecciones generales por el espacio político a la izquierda del PSOE, que por ahora se encuentra huérfano de líder y marca, lo cierto es que Bustinduy se perfila como uno de los protagonistas de la recta final de la legislatura. Y, este mismo mes, su papel será clave para definir el diseño final del decreto de vivienda que el Gobierno ha prometido aprobar y con el cual se reactivará la prórroga de los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027.

El ministro se muestra muy hermético en conversación con elDiario.es y no concreta cuál va a ser el contenido de ese paquete de medidas, que Sumar está negociando ahora con el PSOE, pero que tiene como principal obstáculo a Junts, que ya tumbó un decreto similar hace unos meses. Pero Bustinduy se muestra optimista con que, en esta ocasión, el resultado de la votación pueda ser diferente: “Esa es la obligación que tenemos”.

El Congreso acaba de dar luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Imagino que estará satisfecho.

Estoy bastante emocionado, porque llevamos mucho tiempo trabajando para llegar a este día y creo sinceramente que hoy se marca un antes y un después en la política social de este país. Se va a hacer posible la refundación del sistema de cuidados con una inversión histórica de 6.200 millones de euros y con una reforma ambiciosa de las leyes. Se trata de la mayor ampliación de la red de protección social en décadas.

¿Es funcional una ley que, básicamente, depende de las comunidades? La colaboración de la mayoría de las comunidades, que gobierna el PP, no parece estar garantizada.

Las leyes se cumplen, no dependen del grado de acuerdo que tenga la administración en materia de dependencia y de cuidados. El Gobierno tiene la facultad de establecer la legislación básica y de poner recursos, y hemos hecho las dos cosas: estamos diseñando un nuevo modelo de cuidados y estamos poniendo los recursos para hacerlo posible. La duda es: ¿cómo podemos garantizar que las administraciones del PP vayan a emplear esa mayor financiación para los fines para los que se ha diseñado? Hay precedentes de recursos que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas y que luego no redundan en mejores servicios públicos, o que se desvían vía privatizaciones. Y la respuesta es que estamos aumentando las cuantías que el Estado paga por cada usuario que está en el sistema de dependencia, y, por tanto, los recursos que se entregan a las comunidades son finalistas al 100%. No se pueden utilizar para otra cosa.

Además, tenemos una herramienta para asegurarnos de que el aumento de financiación del Estado no se convierta en una merma de la contribución de las comunidades autónomas: por cada euro de menos que ponga una comunidad, recibirá un euro menos por parte del Estado. Por lo tanto, hay garantías para asegurar que el dinero va a donde tiene que ir, que es hacer posible un cambio del modelo de cuidados para pasar de macroresidencias y un modelo asistencialista y precario a conseguir que la gente pueda envejecer en su casa, en su barrio, en su ciudad.

El PP finalmente no se ha opuesto a la aprobación de la reforma, como sí hizo la semana pasada en comisión. ¿Qué ha cambiado?

Yo le doy mucha importancia a este cambio de posición, no porque hiciera falta para que saliera la ley adelante, pero sí porque a medio y largo plazo es importante. El PP representa a muchos millones de españoles y es importante que se haga copartícipe y corresponsable de esta transformación del modelo de cuidados, que no puede ser objeto del mercadeo político. No tenían ninguna razón para oponerse. El PP dijo que el contenido de la reforma no le parecía mal, pero que sin financiación era papel mojado, y hemos puesto 6.200 millones por delante. Y reclamaban que el Estado se hiciera cargo del 50% de la financiación del sistema, y lo hemos cumplido. Celebro que hayan cambiado de posición gracias a la presión social y a que no podían explicar esa lógica del no a todo.

¿La ley contempla alguna medida para mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, que casi siempre son mujeres?

Hay un artículo en la ley que tiene que ver precisamente con la dignificación y la valorización de las condiciones de trabajo. Esta es una cuestión que trasciende con mucho lo que se puede hacer con una sola ley, es un proceso que concierne a la sociedad entera y que tiene que ver con poner el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados donde le corresponde. Pero ya hemos comenzado a trabajar en ello a través de la convocatoria del diálogo social con las patronales y los sindicatos. Gracias a la nueva financiación, por fin se va a acabar la excusa de que no se pueden pagar sueldos dignos porque los recursos son escasos.

Ahora la patronal y los sindicatos plantean un diálogo social para alcanzar un acuerdo tripartito que haga sostenible el modelo de cuidados, partiendo de la dignificación y la mejora de las condiciones laborales. Van a tener que renegociarse los convenios del sector. Tendrá que haber nuevas licitaciones, porque además la necesidad de trabajadoras en el sistema de dependencia se va a duplicar de aquí a 2030. Y el futuro solo podrá ser viable si tenemos condiciones dignas.

El compromiso de financiación extra es para este año y el siguiente. ¿Qué va a pasar después?

El compromiso de financiación está inscrito en la ley, porque hemos modificado las cuantías que la Administración General del Estado transfiere [a las comunidades] por cada persona usuaria que se dé de alta. Y según crezcan las necesidades del sistema, crecerá la financiación, eso está blindado en la ley.

¿Incluso si hubiera un cambio de Gobierno en las próximas elecciones?

La única forma en la que se podría afectar para mal esa financiación sería que un Gobierno decidiera recortarlo. Pero para eso hemos incluido en la ley una enmienda que blinda que el Estado se haga cargo del 50% del gasto certificado total en la dependencia. Es decir, el Estado tiene que poner el 50% del gasto certificado total: nosotros hemos garantizado alcanzar ese porcentaje en la práctica elevando las cuantías [que se pagan a las comunidades], pero también hemos generado la obligación legal de que el Estado financie la mitad de las necesidades del sistema.

Hoy, una persona tarda en torno a unos 11 meses en empezar a recibir una prestación por dependencia. ¿Por qué el ciudadano debería creer en esta ocasión con esta reforma que el sistema va a responderle más rápido?

Porque funciona poner recursos y mejorar el sistema, hacer que los trámites sean automáticos, aligerar la burocracia, que es parte de lo que hace la reforma de la ley. En el último año, antes de poner en marcha la nueva financiación y de aprobar esta reforma, las listas de espera han bajado un 21% y el tiempo de espera medio se ha reducido en 27 días, al mismo tiempo que atendíamos un 10% más de personas en el sistema. Falta mucho, el objetivo no puede ser otro que eliminar las listas de espera y reducir los tiempos de gestión a lo que marca la ley, pero vamos por buen camino.

Usted apuesta por un cambio de modelo para que las personas permanezcan en sus hogares siempre que sea posible. ¿Significa eso que el modelo de grandes residencias está agotado?

Debe ser superado, y creo que esta es una reflexión que hizo el país en su conjunto al salir de la pandemia. Es un sistema que depende de la gestión de grandes instituciones según sus necesidades organizativas y logísticas, con centros que normalmente están ubicados fuera de las ciudades, donde las personas apenas pueden tomar decisiones y donde se las aleja de su comunidad y de su arraigo. Queremos transitar hacia todo lo contrario, hacia un modelo que permita que la gente permanezca en su casa el tiempo que lo desee con los apoyos necesarios.

Eso se hace con la teleasistencia, con la ayuda a domicilio, con los centros de día, implantando tecnología, creando un banco público de productos de apoyo como camas articulables o como andadores. Todo esto son cosas que se incorporan en la ley, y forman parte de una transición larga y que va a tardar tiempo, pero estamos señalando que ese es el horizonte deseable. No van a desaparecer las residencias, porque hay gente que desea ir a una residencia o hay situaciones en las que puede que no haya alternativa, pero queremos que el centro gravitacional del sistema sea un modelo en el que envejezcamos en casa y con autonomía.

El Gobierno ha prometido que este mes aprobará un decreto de vivienda que, entre otras medidas, incluirá la prórroga de los alquileres. ¿Para cuándo podemos esperarlo? Estamos a mitad de julio y no hay noticias.

Espero que lo antes posible. El acuerdo que se anunció desde la mesa del Consejo de Ministros es que antes de final de mes, y con ese marco estamos negociando. La negociación avanza de manera productiva, y en el decreto van a figurar algunas de nuestras banderas esenciales: la prórroga reforzada de los alquileres y la regulación del alquiler fraudulento de habitaciones y de temporada, así como una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos.

El pasado diciembre, Junts se abstuvo en el Parlament cuando se votó una ley para regular el alquiler de temporada y por habitaciones. ¿Por qué iba a apoyar esa medida ahora en el Congreso?

Junts, pero también el PNV y otros grupos, han hecho públicas cuáles son sus reclamaciones y cuáles son los aspectos que quieren ver reflejados en el decreto. Y nuestro esfuerzo de cara a la negociación en la que estamos inmersos, y que todavía tenemos por delante, consiste en poder recoger las aspiraciones de los diferentes grupos políticos y hacer viable su aprobación.

Junts ha pedido nuevas ayudas fiscales para apoyar el decreto, pero también otras medidas como el IVA franquiciado para los autónomos o la recuperación de la deducción por compra de vivienda. ¿Están dispuestos a ceder en todo ello?

Las condiciones que ha hecho públicas Junts incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos, además de modificaciones en el tratamiento fiscal a las hipotecas o el IVA franquiciado. Son cuestiones que pueden y deben ser objeto de negociación. Es evidente que Junts no va a defender el mismo modelo de vivienda que defendemos nosotros o que defiende el PSOE, que es diferente también al nuestro. Pero es perfectamente transitable un acuerdo en el que queden reflejadas algunas de las demandas que ha hecho Junts en aras de las medidas como la prórroga de los alquileres, la regulación del alquiler temporal y por habitaciones o la fiscalidad de los pisos turísticos.

Hace usted hincapié en que las exenciones fiscales que plantea Junts son para los inquilinos. ¿En esta ocasión no están pidiendo nuevas ayudas impositivas para los caseros?

Lo que Junts hizo público en el debate parlamentario sobre la prórroga de alquileres de mayo, cuando votaron en contra, y en reiteradas declaraciones e iniciativas parlamentarias posteriormente, es que pide bonificaciones fiscales a inquilinos. Ese planteamiento puede tener cierta consonancia con una prórroga reforzada de los alquileres que mantenga los precios controlados: la prórroga puede proteger a los inquilinos que tengan contratos que van a expirar en los próximos años y, simultáneamente, puede haber un sistema que ayude a reducir el coste de su alquiler a los nuevos inquilinos que no pueden beneficiarse de la prórroga. No es mi modelo, pero es un modelo con el que yo puedo negociar.

Se lo pregunto porque grupos como Podemos han dicho que no van a apoyar ningún decreto que incluya ayudas fiscales a propietarios de vivienda. ¿Cree usted posible encontrar una fórmula que conjugue el apoyo de Junts y de Podemos?

No solo lo creo, sino que esa es la obligación que tenemos. La vivienda ha sido el gran talón de Aquiles de esta legislatura y de la mayoría de investidura y del Gobierno progresista, y ha costado muchísimo poder intervenir de manera real para resolver el que es el primer problema de la clase trabajadora. Lo máximo que conseguimos fue forzar la aprobación en Consejo de Ministros de la prórroga del alquiler, que estuvo en vigor durante un mes y que benefició a decenas de miles de familias que pudieron prorrogar sus contratos, pero que fue tumbada por las tres derechas. Pero hay una demanda unánime entre la gente progresista para intervenir sobre el problema de la vivienda, y vamos a generar las condiciones para hacerlo posible. No va a ser fácil, pero la obligación es conseguirlo, y si lo conseguimos todo el mundo dentro del espectro progresista va a ver que supone un avance absolutamente imprescindible y necesario.

¿Y les está resultando difícil acordar el contenido exacto del decreto con el PSOE?

Hombre, fácil, fácil... [sonríe] La cuestión de la vivienda no ha sido fácil nunca. Tampoco en la legislatura pasada, cuando se tardó tres años en aprobar la ley de vivienda, que incluía los mecanismos de control de precios en zonas de mercado tensionado y también un esquema de bonificaciones fiscales que se activan al ponerse en marcha esos mecanismos en esas zonas tensionadas. Esa ley fue fruto de una negociación durísima, in extremis. Pero es muy positivo que estemos en un momento en el que, a pesar de esas diferencias [entre el PSOE y Sumar], o superándolas, se ha cerrado un acuerdo en el seno de la coalición y se ha puesto fecha límite y nombres y apellidos a los contenidos que debe incluir el decreto.

Se lo pregunto más directamente: ¿el PSOE les está planteando, por ejemplo, incluir en ese decreto ayudas fiscales a caseros, como planteó el presidente Pedro Sánchez hace unos meses?

El PSOE está planteando incluir muchas cosas, igual que nosotros, y no me corresponde a mí revelar lo que se está hablando. Ese decreto que se planteó se centraba en utilizar las bonificaciones fiscales como incentivo de mercado para no incrementar los precios, y nosotros a ese modelo nos opusimos porque no lo compartimos, exactamente igual que Podemos o que otros actores. Creemos que no funciona y que es injusto, porque la renta de los arrendadores cuadruplica la de los inquilinos. La clave es topar los precios y neutralizar la espiral alcista que hace que, en cada renovación de los contratos, aumenten los precios un 30%, un 40% o un 50%. Y debemos asegurarnos de que cualquier recurso público que se introduzca en un mercado de la vivienda que está secuestrado por una lógica rentista especulativa vaya a proteger a quien más lo necesita, no a quien se está lucrando con ello.

Usted alertaba este lunes de que existe una “campaña orquestada para desmoralizar” a la izquierda. ¿Por parte de quién?

En primer lugar, por parte de la propia izquierda. Es algo consustancial a la izquierda esta especie de pesimismo apocalíptico, y yo quise levantar la voz y decir que hemos cometido errores, que hay que hacer las cosas mejor y que ojalá venga gente que nos mejore a todos muchísimo, pero que también debemos mirar hacia el mundo. ¿Cuántos países están alzando la voz contra el genocidio en Gaza y la guerra ilegal en Irán, defendiendo el sistema multilateral, apostando por una transición ecosocial justa y por la soberanía energética y ampliando derechos sociales y la red de protección social? Querríamos ir más lejos y más rápido, pero el salario mínimo, las pensiones, el ingreso mínimo vital, la ampliación de los permisos por nacimiento, la ley ELA, la refundación del sistema de cuidados o la regularización de más de un millón de personas no es poco para la que está cayendo y lo difícil que es esta legislatura.

Eso no sucede porque sí. Eso ha sucedido porque la izquierda social, parlamentaria, política y gubernamental ha empujado permanentemente, en la legislatura pasada y también en esta, para que mejoren las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Y lo hemos hecho siendo limpios, sin un solo caso de corrupción, y eso hay que decirlo con orgullo.

Pero las perspectivas de las encuestas son poco halagüeñas. ¿No cree que existen motivos para que la izquierda tenga baja la moral?

Sí, y también lo eran antes de las elecciones del 2023. No hubo una sola encuesta que pronosticara el resultado que sacó la izquierda y que pronosticara que se podía reeditar el Gobierno de coalición. No estoy diciendo que las cosas vayan fenomenal o sean de color de rosa: es un momento dificilísimo en España, en Europa, en América Latina y en el mundo entero. Pero cada vez que ha habido unas elecciones en las que se daba por descontada la victoria de la derecha y la alianza con la ultraderecha, el electorado de izquierdas ha salido a votar y ha sacado un resultado bastante importante cada vez que ha tenido una papeleta que le ha parecido bien. Sucedió en Extremadura, sucedió en Aragón y ha sucedido en Andalucía, donde las fuerzas de izquierda [conjuntamente] han superado a la ultraderecha.

Por tanto, no es verdad que haya desaparecido el espacio socioelectoral de la izquierda. Creo que es un espacio exigente, y la premisa para darle respuesta y que en el año 2027 haya una candidatura de izquierdas que esté a la altura es concluir las batallas que se han articulado social y políticamente y que se están dirimiendo ahora, que son bastante importantes. Hay muchos actores que están en clave electoral únicamente emitiendo consignas. Nosotros hoy refundamos el sistema de cuidados, estamos peleando la intervención del mercado de vivienda y la prórroga de los alquileres, vamos a llevar la prestación universal por crianza, estamos peleando la derogación de la ley mordaza. Centrémonos en conseguir eso y sobre esa base construyamos la fórmula del 2027.

Ha dejado ya muy claro que no quiere ser el candidato de la izquierda a las próximas elecciones generales, pese a que se lo han pedido. ¿Por qué no se ve?

Porque considero que para esa posición hacen falta una serie de cualidades que no creo que sean las mías. Yo soy consciente de las capacidades que tengo y también de mis limitaciones, y no creo que sea lo que yo deba hacer. Y puede parecer un postureo, pero no lo es: llevar un ministerio como este y conseguir cosas como las que se han conseguido hoy y las que nos faltan por conseguir es una responsabilidad abrumadora. La mejor contribución que yo puedo hacer es concluir estas batallas y ganarlas y que se conviertan en derechos. Voy a acompañar y a empujar a la izquierda en esa batalla electoral, por supuesto, pero desde esta posición.

La idea que tenían IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar era anunciar la nueva marca y el candidato antes del verano. Ese anuncio se ha retrasado hasta, al menos, septiembre. ¿Por qué les está costando tanto?

Las izquierdas son un ecosistema complejo…

Sí, pero queda un año, en el mejor de los casos, para las elecciones.

Yo veo lo que se está haciendo como una demostración de prudencia colectiva. En los últimos meses hemos tenido la propuesta de Gabriel Rufián, los conversatorios que ha tenido, el proceso de IU, Movimiento Sumar, los Comuns y Más Madrid para reconfigurar las bases de un frente amplio, conversaciones con fuerzas como Compromís o como Més, los procesos electorales en Aragón y en Andalucía… la izquierda es un ecosistema complejo, y hay una cierta prudencia para no dar pasos en falso. Y va a ser más creíble, más fácil y va a tener más fuerza generar esa candidatura sobre la base de una ampliación de la red de protección social como la que se aprueba hoy, la intervención del mercado de la vivienda y una prestación universal por crianza. Entiendo que hay una cierta urgencia, pero al mismo tiempo creo que hay que enviar un mensaje de calma, y cuando lleguen las elecciones la izquierda va a estar a la altura.

¿Cree usted viable que esa candidatura de la izquierda esté encabezada por Gabriel Rufián?

Pues habrá que verlo, lo tendrá que decir él. Yo soy muy cauto en esto, le elogio mucho siempre porque pienso de verdad que es un gran activo político, y creo que ha lanzado la pregunta correcta: cómo hacemos para que se produzca una sacudida. Se han ensayado distintas respuestas a esa pregunta, pero todavía no ha cuajado algo que convenza a todo el mundo. Pero ese empeño es compartido.

¿Pero para usted Rufián sería la opción favorita para ser candidato?

Yo no tengo candidato favorito porque estos no son los cromos [sonríe]. Mi candidato favorito es el que haga viable que saquemos el resultado electoral que permita que España siga siendo una excepción. Y a eso le voy a poner todo mi empeño.

¿Comparte su idea de una gran alianza entre las izquierdas de ámbito autonómico y las de ámbito estatal?

La idea más interesante que ha lanzado Gabriel Rufián, y no quiero rebajarla ni reducirla, es que hay que hacer lo que funcione, lo que haga falta. A lo mejor la izquierda tiene que asumir eso de que “quien pueda hacer, que haga”. Y eso tiene una clave de puro sistema electoral, porque todo el mundo es consciente de que, en unas elecciones como las que vamos a afrontar, no se puede perder un voto. Y es también necesario un cierto pragmatismo, responsabilidad y sentido común para que prime el fin que compartimos todos y no los intereses de parte.

Izquierda Unida y UGT han hablado este martes de dependencia. IU por su parte ha criticado la “hipocresía” del Partido Popular que, en La Rioja pide “que el Gobierno de España asuma sus obligaciones y se comprometa al gasto del 50 por ciento de dependencia”, pero en el Congreso “no apoyan las iniciativas para garantizar esta financiación”.

La diputada de IU en La Rioja, Henar Moreno, ha asegurado que nos jugamos en el Congreso “la aprobación del incremento necesario para garantizar la atención a la dependencia”, una reivindicación -continúa- “histórica de la izquierda” que con Gobiernos del PP “disminuyó”. Fue a partir de 2019, con el PSOE y la entrada de IU, cuando en España “se vio un incremento fundamental en esta materia”. Pero este martes en el Congreso se vota una cuestión “muy importante”. “Cumplir la ley y garantizar que tenemos recursos necesarios para dar esa atención a una dependencia de calidad”, ha afirmado.

De esta manera, expresa, “lo que votamos es claro, o gastamos dinero en dependencia o no”. Y por ello exige al PP que “no se ponga de perfil” en una cuestión que afecta a los riojanos y a las riojanas y ha reclamado a los diputados riojanos del Partido Popular, Cuca Gamarra y Javier Merino, que voten a favor de la iniciativa. Y ha lanzado una pregunta clave: “¿Defiende el Partido Popular de La Rioja que se destine al menos el 50 por ciento de los recursos necesarios para financiar la dependencia o no?”.

Como ha recordado, hasta ahora, en el trámite parlamentario de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha votado en contra de sus propias enmiendas y de sus propias aportaciones. Por tanto, prosigue, “estamos muy acostumbrados a que el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, nos diga que le preocupa la situación de los riojanos” pero ahora no sabemos su posición. Por eso “le pido que se desmarque del PP y vote a favor de lo que ellos mismos defienden”.

Incrementos para mejorar la atención y condiciones laborales

También UGT La Rioja se ha centrado este martes en dependencia. En su caso, han remitido una carta a la consejera de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, y a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; en la que se reclama que el incremento de la financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se traduzca en una mejora real de la atención a las personas dependientes y de las condiciones laborales de los profesionales del sector. UGT considera que el aumento de recursos supone una oportunidad histórica para fortalecer el sistema de cuidados, pero advierte de que ese objetivo solo será posible si la financiación se destina de forma efectiva a reforzar el empleo y la calidad asistencial.

Y por esta razón, solicita al Ejecutivo que priorice la utilización de estos fondos para reducir las listas de espera, agilizar el acceso a las prestaciones y garantizar una atención suficiente y de calidad a las personas en situación de dependencia. Y además, desde la formación sindical reclaman que una parte importante de la financiación se destine a mejorar las condiciones laborales de las plantillas mediante incrementos salariales, el refuerzo de efectivos, la reducción de la temporalidad y de la parcialidad involuntaria, así como el aumento de la calidad asistencial que reciben las personas usuarias.

Cambio de paradigma. El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, una de las medidas más ambiciosas del Gobierno para esta legislatura y con la que el Ministerio de Derechos Sociales pretende darle la vuelta a la manera en la que se aborda la ayuda a personas dependientes y/o con discapacidad. La idea del Ejecutivo, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es pasar del enfoque “asistencialista y de macrorresidencias” a “un nuevo modelo de atención basado en los derechos de estas personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos”. Los cambios podrían afectar a unos dos millones de personas.

Si se aprueban ambas reformas —y saldrán adelante si los partidos se mantienen en las posturas que han tenido hasta hoy–, en la ley de dependencia quedará garantizado que el Gobierno aporte el 50% de la financiación, como le pedían las comunidades autónomas. Se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, el servicio domiciliario saldrá de las paredes del hogar y la persona que ofrezca asistencia podrá acompañar al usuario en su día a día, se abre el abanico de quién puede cuidar a alguien y la teleasistencia se configura como un derecho subjetivo. Por el lado de la discapacidad, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho, se establecen ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad, se reconocerá la discapacidad de manera automática a partir de la dependencia y se prohibirá la discriminación actualmente existente para personas con discapacidad en algunos seguros.

Además, el Ejecutivo pondrá 6.200 millones de euros extras para financiar la ley, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, valoró el lunes que la dependencia “es el gran desafío que tenemos a futuro para que no dependa del patrimonio y los recursos de una familia, y que el estado del bienestar proteja y permita vivir a los mayores en su casa”, según explicó en la Cadena Ser. El ministro ha puesto en valor su reforma y ha subrayado la importancia de “dignificar la labor en los cuidados”: “Si mañana no fuesen el medio millón de mujeres que dedican la jornada a cuidar a quienes lo necesitan, nada sería posible”.

El Ministerio de Sanidad informó el pasado mes de abril de que 30.000 personas mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia. El plazo medio hasta que se obtiene una respuesta de la administración es de 246 días, y si se obtiene una respuesta favorable pasan otros 62 hasta que se obtiene. Es un total de 329 días, 11 meses.

“Una prioridad institucional”

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha explicado a este periódico que si sale adelante la reforma será una “extraordinaria noticia” que “fortalece el sistema de servicios sociales”, y ha valorado que “el estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad en la agenda pública como prioridad institucional”.

Sin embargo, Ramírez también ha advertido de la necesidad de “incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos y mejorar los salarios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema”. El experto ha recordado además que existe el riesgo de que las comunidades autónomas, como ocurrió con el plan de choque del 2026, disminuyan su presupuesto propio de dependencia.

El Gobierno espera y prevé que la reforma salga adelante. El pasado jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la norma —una especie de previa a que lo haga el Pleno— con los únicos votos en contra del PP y Vox. Esta decisión de los populares les han costado las críticas de otros partidos, que recuerdan que las comunidades autónomas que gobierna el PP llevan años exigiendo que el Ejecutivo financie el 50% de la ley de dependencia. “Lo hemos recogido y blindado, y han votado que no”, se sorprendía este lunes Bustinduy. “Espero que ese grado de contradicción les haga votar que sí”, añadió. Junts, habitualmente el partido bisagra en las votaciones del Congreso, votó a favor del texto el pasado jueves.

Dependencia: ayudas compatibles y aumentadas

La ley de dependencia reformada incluirá una disposición, acordada el jueves en la Comisión del Congreso, para blindar el sistema y garantizar el 50% de financiación estatal. “La nueva financiación estatal crece en los dos niveles de que hay, tanto en el nivel acordado como, sobre todo, en el nivel mínimo en el que las cuantías se duplican”, explica Derechos Sociales. Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 7.239,4 millones de euros para 2027, el primer año completo con la nueva financiación.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Así, una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica el Gobierno.

Ayuda en el médico o el vecino cuidador

La asistencia personal sale del hogar, donde estaba confinada hasta ahora. “De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, ilustra Derechos Sociales.

Se abre el abanico de los cuidadores no familiares. La ley contemplará que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay”, dice el Ejecutivo: “Esto supondrá garantizar que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. También se utilizará esta herramienta de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Por último, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Discapacidad: la accesibilidad universal como derecho

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Pero hasta ahora, explican desde el ministerio, era un principio rector y pasa a ser un derecho.

La diferencia entre uno y otro es que el primero ejerce de especie de guía para la administración, sobre qué debe hacer, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas que se puede reclamar en los tribunales. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación. Una persona que acuda ante un juez para reclamar un hogar solo basándose en ese párrafo de la Constitución está destinada a fracasar, pero una que alegue que se ha vulnerado su derecho a la educación probablemente gane.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”. El Gobierno explica que “esta medida es fundamental para acabar con el drama que viven miles de personas en España (se estiman que unas 100.000) que no pueden salir de sus casas porque sus edificios no son accesibles para ello”.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

“Confiamos que la ley alcance su pleno cumplimiento”, cierra su positiva valoración Ramírez, de la asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, “porque está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y sus familiares, y porque están en juego 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación, por cohesión territorial y por lealtad institucional”.

Para el ministro Bustinduy esta reforma es una victoria. Pero no del Gobierno, “es una victoria de la sociedad”.

El Gobierno afronta el penúltimo pleno del curso político en el Congreso antes de las vacaciones con la certeza de que se apuntará, casi con absoluta seguridad, una derrota en la votación de la senda de estabilidad, el cuadro económico que ha presentado como primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero a esa convicción le acompaña otra: la de presentar igualmente un proyecto de cuentas públicas tras tres años sin hacerlo y no convocar las elecciones generales hasta 2027. Además, la sesión de este martes permitirá al Ejecutivo tomar algo de oxígeno para lograr ese objetivo porque —salvo sorpresa— logrará varias victorias parlamentarias en materia de dependencia y discapacidad, así como para hacer avanzar la reforma del Código Penal cuyo objetivo es suprimir delitos como las injurias a la Corona.

La Ley establece que el Gobierno, antes de presentar su proyecto de Presupuestos para 2027 al Congreso, debe someter a votación la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas. Si el Ejecutivo contara con una mayoría estable en la Cámara Baja, esta votación sería un trámite que serviría para dar el pistoletazo de salida a la negociación presupuestaria y ofrecería las primeras pistas sobre las posiciones de los grupos parlamentarios y de las prioridades que exigirían al Ejecutivo incluir en esas cuentas.

Pero en el Gobierno y entre sus socios nadie espera que los Presupuestos Generales del Estado vayan a ser aprobados cuando lleguen a las Cortes, fundamentalmente porque Junts, actor imprescindible para ello, rechaza siquiera negociarlos. “Para nosotros ya no hay suficiente zanahoria con todos los palos que nos han dado”, afirmaba hace un mes el secretario general de Junts, Jordi Turull, preguntado por esa posibilidad. Y, este mismo lunes, el portavoz orgánico del partido, Josep Rius, tachaba de “frivolidad” presentar unas cuentas sin tener “una mayoría” en el Congreso para que salgan adelante y acusaba al Gobierno de tener “un objetivo claramente electoralista”.

Con ese escenario, la votación de este martes se perfila como la antesala de la previsible derrota de los Presupuestos Generales del Estado dentro de unos meses. Rius también confirmó este lunes que Junts, además de no plantearse negociar las cuentas, rechazará la senda de estabilidad como ya hizo con la presentada para los Presupuestos de 2025 y 2026, lo cual —unido al voto en contra de PP y Vox— dará al traste con la misma. Por su parte Podemos, cuyo voto también es necesario, se decanta por la abstención, alegando que ese mayor gasto se destinará a engordar las partidas militares

El previsible fracaso de este martes no implica que el trámite presupuestario vaya a quedar paralizado antes de comenzar. La ley obliga al Gobierno a presentar una segunda propuesta de senda de estabilidad si la primera sale derrotada, algo que el Ejecutivo tiene previsto hacer en el último pleno parlamentario del año, el próximo 23 de julio. Y si ese cuadro tampoco es aprobado —como presumiblemente ocurrirá—, Hacienda podrá llevar los Presupuestos igualmente al Congreso, puesto que cuenta con un informe de la abogacía del Estado que aduce que la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo establece que la senda de déficit ha de votarse dos veces en las Cortes Generales, pero se abre un vacío legal una vez el parlamento lo ha rechazado en ambas ocasiones.

En ese caso, señalan desde el Ejecutivo, la ley que prima es la Constitución. Y esta fija que las comunidades deberían presupuestar en equilibrio, lo que les impediría disfrutar de un colchón de 5.800 millones en los tres próximos años del que sí dispondrían de salir adelante la senda de estabilidad que se vota este martes. En el pleno del Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, informará a los diputados del techo de gasto –este no se vota– y de los números rojos en los que podría incurrir el Estado en los próximos tres años si las Cortes dieran luz verde al cuadro económico: en concreto, un desvío equivalente al 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. De esas cifras, a las comunidades autónomas les correspondería un 0,1% cada ejercicio.

Consciente del presumible fracaso de la votación, este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lamentó en una entrevista en RNE que algunos grupos parlamentarios —como Junts— ya hayan anunciado que votarán en contra del “mayor techo de gasto de la historia de nuestro país, lo que supone mayor estado del bienestar”. Bolaños, asimismo, admitió las “dificultades parlamentarias” a las que se enfrentará el Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos. Pero también insistió en que la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “es agotar la legislatura y llevarla a término”, si bien el propio Sánchez abrió hace unas semanas la puerta a adelantar las elecciones generales al primer trimestre de 2027.

Oxígeno para el Ejecutivo

En cualquier caso, aunque el panorama que se le presenta a la Moncloa en relación con los Presupuestos es bastante negro, el pleno del Congreso de este lunes también proporcionará —salvo sorpresa de última hora— algo de oxígeno a un Gobierno necesitado de él. Previsiblemente, el Ejecutivo logrará una mayoría para convalidar el decreto aprobado el mes pasado para dotar a las comunidades de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 para sus sistemas de dependencia. Y también está previsto que el Congreso dé luz verde a la reforma de la ley para reformar este derecho y blindar la exigencia de que el Estado se haga cargo del 50% de su financiación —la otra mitad corresponde a las comunidades—.

Está por ver cuál será la posición del PP en ambas votaciones, que son clave: la convalidación del decreto ratificaría el aumento de la financiación para el sistema de dependencia, mientras la aprobación de la reforma enviaría dicha ley al Senado para cumplir con la última etapa de su tramitación parlamentaria. No obstante, se espera que Junts vote a favor de ambos textos, lo cual convertiría en irrelevante la posición de los populares, que no sumarían mayoría junto a Vox para tumbarlos.

Esa misma mayoría, la que suma el Gobierno junto a sus habituales aliados parlamentarios y a Junts, será la misma que, presumiblemente, permitiría continuar la tramitación de la proposición de ley para eliminar del Código Penal delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma, planteada por Sumar, comenzó a tramitarse en 2023, pero hasta el mes pasado el PSOE no se avino a desbloquear el procedimiento.

La actualización de los requisitos para que los menores con necesidades educativas especiales accedan a las escuelas de verano en Sevilla ha provocado un intenso debate político durante estos días, además de las críticas de los progenitores. El apartado en el que se determina que el alumnado con NEAE de las aulas ordinarias tuviera “suficiente autonomía” ha provocado un cruce de acusaciones entre el PP, en el gobierno local del Ayuntamiento, y el PSOE, pero también la censura de la plataforma Familias NEAE de Andalucía.

“No ven la discriminación, los padres nos han trasladado la queja y hemos leído las condiciones que había de un año para otro”, afirma Rocío Martín, coordinadora provincial de organización que vela por los derechos de estos menores. “Hay familias que sí están dentro, pero les duele lo que ocurre a las que le han dicho que no”, lamenta. La sorpresa surgió a raíz de una denuncia del PSOE la semana pasada tras la publicación de los Programas de Acciones Socioeducativas en situación de dificultad social, vulnerabilidad o riesgo social 2026, como adelantó Diario de Sevilla.

Una iniciativa que contenía el siguiente apartado relacionado con los participantes: “Menores con diversidad funcional o Necesidades Educativas Especiales matriculados en aulas ordinarias con suficiente autonomía personal para el desarrollo de las distintas actividades que comprende el programa en periodo estival”. Esta indicación no aparecía en 2025 ni en las anteriores ediciones, provocando la sorpresa tanto de la oposición como de las familias.

El pasado 3 de julio, como recuerda la plataforma, ya una madre elevaba una queja al Instituto Municipal de Deportes de Sevilla por la exclusión de su hijo con autismo del campamento de verano en las instalaciones de San Pablo, mostró Diario de Sevilla. “La madre optó por irse a lo privado, y esto es lo que suele suceder: terminas privatizando el servicio”, y en referencia a la solicitud del Ayuntamiento, sostiene, “no le puedes dar apertura a un niño que está en un aula ordinaria y no en un aula específica y, si hacen esta referencia de forma descarada, es que no lo ven ni mal”.

“Igualdad”

A tenor de lo ocurrido, José Luis García, concejal de Derechos Sociales, Familia e Igualdad, compareció en el pleno de la Comisión de Control del Consistorio hispalense el pasado viernes, aparte de responder a este medio, indicando que “se hacía lo mismo [que en años anteriores], pero esta vez cuenta con una terminología más adaptada”.

En todo caso, acusó al PSOE municipal de Antonio Muñoz de querer “manosear” a este colectivo vulnerable y dar pie a la polémica. “Hablan de reducción económica cuando se ha incrementado de 1,5 a 6,8 millones de euros la partida, lo que permite la contratación de un mayor número de monitores específicos”. Además, afirmó ante la oposición que ya había 120 menores con necesidades educativas especiales admitidos para este periodo, al igual que otros 28 alumnos de aulas específicas “tras reunirse con los padres para explicar su situación”. Sin embargo, en la lista de admitidos y lista de espera publicada en la web no constan las solicitudes que han quedado excluidas, una práctica común en este tipo de procesos.

El PSOE lamentaba el jueves pasado que “no todas las familias tengan las mismas oportunidades” tras la publicación del nuevo pliego del Programa de Acciones Socioeducativas de 2026 a la hora de exigir “suficiente autonomía personal”, lo que vieron como “un claro retroceso” en comparación con el modelo de 2021. La concejala socialista Encarnación Aguilar pidió “explicaciones” sobre este documento en el pleno municipal y tildó de “mentiras” las respuestas dadas por José Luis García (PP).

A raíz de la solicitud para la escuela de verano, la representante de las Familias NEAE pide “igualdad” y advierte que “nos queda mucho por aprender de inclusión, porque estos niños son autónomos, pero necesitan una ayuda, como otros niños que están en las aulas ordinarias”. Por tanto, asegura que harán un seguimiento de las actuaciones del campus con tal de preservar la atención a los menores y revertir lo que, a su juicio, “es una práctica discriminatoria”. En este sentido, la plataforma avanza y registró una Proposición No de Ley (PNL) el pasado 9 de julio en el Parlamento andaluz con 13 reivindicaciones para demandar mejoras en educación inclusiva.

La reforma de la ley de dependencia, los casos judiciales en el entorno del Gobierno y la posibilidad de que el Debate del estado de la región no se celebre han centrado las declaraciones de los representantes de PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura en sendas ruedas de prensa ofrecidas en Mérida.

PP

El portavoz del PP extremeño, Luis Miguel Núñez, ha acusado al PSOE de intentar “fabricar una polémica artificial” en torno al Debate sobre el Estado de la región para “convertir una circunstancia excepcional” en el “gran teatro político del verano”.

Tras las críticas socialistas ante la posibilidad de que dicho debate no se celebre, Núñez ha denunciado la actitud del PSOE al asegurar que “levantan la voz en Extremadura, pero guardan silencio cuando esa misma exigencia recae sobre el presidente del Gobierno, sobre Pedro Sánchez”.

“Sánchez solo se ha sometido a un Debate sobre el Estado de la Nación en ocho años. Además, España continúa sin Presupuestos Generales y Sánchez no presenta unas cuentas desde el año 2022”, ha remarcado. “De esto el PSOE no dice nada”, ha incidido.

Por otra parte, el PP ha instado al PSOE extremeño a que opine sobre “el iceberg de corrupción” que rodea al Gobierno central y al partido“.

PSOE

El portavoz del PSOE extremeño, Manuel González Andrade, ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que explique por qué el PP ha pasado de reclamar un aumento de la financiación estatal para la dependencia a votar ahora en contra de esa misma medida.

El PP votó en contra del dictamen de la reforma de la ley de Dependencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso; este martes, la Cámara Baja abordará la votación del proyecto de ley.

González Andrade ha recordado que tanto la consejera de Salud y Servicios Sociales como el Grupo Parlamentario Popular defendieron en la Asamblea de Extremadura que el Gobierno de España incrementara hasta el 50 % su aportación a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

“Lo que tiene que explicar Guardiola es por qué antes pedía más financiación y ahora el PP dice no cuando esos recursos llegan”, ha afirmado el portavoz socialista, quien ha expuesto que un total de 805 personas han fallecido en Extremadura mientras esperaban recibir una prestación o un servicio al que tenían derecho por ley.

Vox

La portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Inés Checa, se ha referido a las distintas comparecencias judiciales e investigaciones relacionadas con antiguos cargos y personas vinculadas a Pedro Sánchez.

“Los tentáculos de la corrupción del PSOE parecen no tener fin. Estamos ante una estructura que no deja de acumular escándalos”, ha dicho.

Por otra parte, ha valorado que la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia haya formalizado un contrato destinado a reforzar la intervención con las familias de acogida y adopción.

“La familia constituye el centro de nuestras políticas. El mejor entorno para que un menor pueda crecer con cariño, estabilidad y oportunidades es el seno de una familia”, ha subrayado.

También ha subrayado el compromiso de la Consejería de Agricultura -estas dos Consejerías están lideradas por Vox- con el sector ovino tras la decisión de la vacunación frente a la lengua azul con carácter gratuito.

Unidas

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha calificado de “especialmente grave” que la Junta “equipare el impago del alquiler a la ocupación”, lo que “criminaliza a familias que atraviesan dificultades económicas”.

Ha apuntado que e Extremadura hay “123.000 viviendas vacías y 235.195 que se usan entre uno y tres meses al año”, mientras que las viviendas ocupadas en 2025 fueron 187, una cifra que “no justifica la alarma social”.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno regional de PP y Vox haya recurrido el Plan Estatal de Vivienda, “lo que impide que Extremadura reciba 210 millones de euros para políticas de vivienda”.

Sobre el Debate del estado de la región, ha dicho que Guardiola tiene “una alergia manifiesta a rendir cuentas” en la Asamblea, por lo que ha pedido “sentido común” para buscar una fecha para que la presidenta “rinda cuentas”.

El presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, cree que “no hay ninguna incoherencia” entre la reclamación histórica de su partido de que el Gobierno asuma el 50% del gasto en dependencia y el hecho de que el PP votase en contra de la medida en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso.

“Ojalá que el gobierno aporte ese 50%, porque eso es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo”, aseguró en respuesta a los periodistas tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. “Y ya no es que lo aporte desde ahora: es que le pague los 2.500 millones que le debe a Galicia desde que tenía la obligación” de hacerlo “y no lo está haciendo”.

Rueda criticó que el ejecutivo “siga poniendo obligaciones, deberes sobre deberes, que encarecen todavía más esta atención sin aportar su parte”, al tiempo que mantiene “paralizado” con un recurso en el Tribunal Constitucional el “plan de choque para agilizar la dependencia” aprobado por la Xunta.

“Cuando concreten todo será cuando habrá que fiarse del Gobierno y apoyarlo”. El presidente gallego recordó que desde Derechos Sociales ya se dijo “muchas veces” que aportaría la mitad del coste del servicio pero “en cuanto empiezas a discutir con los ministerios afectados, te dan unas cuentas que no son ciertas”.

“Por lo tanto, claridad y una propuesta que se pueda aprobar, no como la que presentaron” a la comisión del Congreso y que, pese al voto en contra de PP y Vox, continúa su trámite. Rueda no dejó pasar que la medida llegue por parte de un gobierno “que ni siquiera tiene presupuestos” y que, sin ellos, “ahor resulta que puede pagar todo lo que no fue capaz de pagar estos años”.

Canarias cerró el primer semestre de 2026 como la comunidad “con mayor limbo de la dependencia”, esto es, de personas pendientes de recibir una prestación (19%), y también como la región donde más han subido los beneficiarios con prestación, un 27%. Sin embargo, hay que destacar que este dato se da tras dispararse la teleasistencia.

El balance semestral del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a partir de datos oficiales y que se ha dado a conocer este viernes, señala que en España, las personas con derecho a prestación por dependencia han aumentado en el citado período un 3,9%, incremento que en Canarias ha sido del 11%, el segundo más alto del país tras el de Cantabria (12,5%).

Pese a ser la región que más ha reducido los tiempos de tramitación, Canarias registra aún 15.802 personas en la lista de espera de la dependencia, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad con mayor porcentaje de personas esperando por la prestación o servicio al que tienen derecho, el 18,3%.

En estos seis meses de 2026, la lista de espera disminuyó únicamente un 1,1% en toda España.

El Observatorio considera “preocupante” la evolución de tres comunidades: Cantabria (+106,3%), Madrid (+41,3 %) y Castilla–La Mancha (+25%) y destaca que “en el otro extremo de porcentaje de reducción” se encuentran Ceuta y Melilla (-42,1%), Canarias (-28,2%) y Navarra (-22,1%).

Así, en términos absolutos, Canarias, con - 6.221, es la comunidad que lidera la disminución del número de personas en lista de espera.

Prestaciones

Sin embargo, hay que destacar que, según los datos publicados por el IMSERSO relativos al mes de mayo, la prestación que experimentó un mayor aumento fue la teleasistencia, que pasó de 4.382 en el mes de enero, a 12.356 prestaciones. La teleasistencia es una de las prestaciones que más rentables sale a los gobiernos autonómicos y que no puede ser considerada una de las ayudas básicas que se otorga a una persona dependiente, sino una prestación complementaria.

La ayuda a domicilio, por contra, se mantiene estancada en 551 mientras en enero se otorgaban 1.434. En cuanto a centros de día y noche , en mayo se otorgan 5.603 plazas; 285 más que en enero. En cuanto a atención residencial, actualmente hay 5.450 plazas y a principios de año, 5.532; un ligero incremento de 80.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llevan años reclamando que el Gobierno central aumente la partida que les transfiere para dependencia. El reclamo encontró su ancla en el compromiso entre PSOE y Sumar para el acuerdo de coalición, pero no tenía respaldo legal. De hecho, la ley solo señala que las autonomías deben hacerse cargo de la mayor parte del gasto en esta materia, sobre la que tienen plenas competencias. Ahora que el Ejecutivo se dispone a incorporar esa cofinanciación al 50% por ley, el PP ha votado en contra en la Comisión de Derechos Sociales, donde se ha emitido el dictamen de la ponencia sobre la reforma de la Ley de derechos de personas con discapacidad e inclusión social.

Los votos en contra de PP y Vox a la enmienda y al dictamen no tiene efectos prácticos, porque el ministro Bustinduy ha logrado para su batería de medidas en dependencia el apoyo del resto de grupos, incluido Junts. Por lo tanto, el dictamen ha sido aprobado con 20 votos a favor y 17 en contra y la norma continúa su trámite parlamentario camino al Congreso.

“El PP ha votado en contra de esta enmienda a pesar de que este partido gobierna en numerosas comunidades autónomas y sus gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%”, indican fuentes ministeriales, que recuerdan que ese compromiso era “del Gobierno de coalición” y que “ahora se convertirá en norma a través de esta enmienda”.

Los 'populares' han justificado su voto en contra por la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, según ha explicado el diputado Enrique Belda, que ha dejado la puerta abierta a votar la ley en el pleno si el Ejecutivo aclara “cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones”.

El objetivo del Gobierno es blindar por ley esa cofinanciación al 50%, para evitar posibles recortes en el futuro, indican las fuentes consultadas. “En la década pasada, cuando el PP estaba en el Gobierno, recortaron en más de 5.000 millones de euros el sistema de la dependencia durante los mandatos de Rajoy”, indican.

El presidente Pedro Sánchez anunció a finales de junio la “mayor inversión en dependencia de la democracia”, con 6.200 millones de euros más en dos años. Con ellos, el Gobierno alcanza ese 50% de financiación para 2027, cuando se llegaría a un total de 7.239 millones, frente a los 3.757 millones de 2025 o los 1.347 de 2018, el último año del presidente Rajoy en la Moncloa.

Ya en 2022 las comunidades del PP exigieron al Gobierno que cumpliera con “su compromiso de financiar al 50%” el Sistema de Dependencia, “como es su obligación”. En aquel momento, ya pedían al Estado “estabilidad financiera”, contra la que ahora votan. En 2024, el senador por Ourense Francisco Fernández aseguró que la Ley de Dependencia ya obliga al Ejecutivo central a “aportar el 50%, al igual que las comunidades autónomas”.

La Ley de Dependencia no mandata ninguna aportación mínima del Gobierno central, más que “la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia” recogidas en al ley. Al contrario, si indica que estas deberán aportar cada año “al menos” la misma cantidad que el Estado.

La enmienda presentada por los grupos socialista y plurinacional Sumar reescribe la norma para garantizar, “en todo caso, una financiación equivalente al 50% del gasto total certificado por el conjunto de las comunidades autónomas” en cada ejercicio, “en el que no se incluirá la aportación de las personas beneficiarias”.

Pese a la normativa, y el voto en contra de este jueves, la hemeroteca 'popular' está plagada de peticiones a Sánchez de que financie esa mitad. En 2025, tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia le acusaban de “plantear una ley sin recursos y sin comprometerse a cumplir el 50% de la financiación que le corresponde.”

Cantabria ha sido, en el primer semestre de 2026, la comunidad autónoma en la que más ha aumentado la lista de espera para recibir la prestación a la dependencia, un 106%, aunque también la que más ha crecido en personas con derecho a prestación, un 12,5%.

Así se desprende del informe realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que precisa que este informe se realiza con datos oficiales, hasta el 30 de junio y que “cuenta a toda persona que está esperando una respuesta de la administración” ya que, según han explicado, el Ministerio considera lista de espera sólo a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos.

En los primeros seis meses del año han fallecido 98 personas en Cantabria que estaban pendientes de recibir prestación o esperando valoración. En cuanto al tiempo medio de espera para obtener una prestación Cantabria registra la séptima mejor cifra con 172 días, por lo que se encuentra por debajo de la media nacional que es de 314.

En este sentido, en Cantabria ha bajado en este primer semestre del año el tiempo de tramitación de la prestación en 31 días, el cuarto mejor dato del país, donde la media ha sido de 12.

Un total de 228.556 personas están a la espera de la dependencia en España, un 15% menos que hace un año (cuando había 268.793 personas esperando), según se desprende del cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este miércoles por el Imserso.

De ellas, 142.887 personas llevan 6 meses o más esperando (el plazo máximo legal) -lo que el Gobierno considera 'lista de espera oficial'- y 85.669, menos de 6 meses, según el Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) presentado este miércoles en la sede del Imserso.

Teniendo en cuenta el número total (más de 6 meses y menos de 6 meses), a 30 de junio de 2026, 105.984 personas estaban pendientes de resolución de grado; 108.092 tenían derecho a prestación y estaban pendientes de resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 14.480 tenían la resolución del PIA y estaban pendientes de que la prestación se hiciera efectiva.