La Plataforma Social Castilla y León ha asegurado que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 no garantiza la aportación autonómica que exige la reforma de la Ley de la Dependencia. La organización ha defendido que el Gobierno autonómico debería incrementar en al menos 73 millones de euros los fondos destinados a este sistema para igualar su contribución a la prevista por la Administración General del Estado (AGE).

Según los cálculos de la plataforma, el Estado aportará 620 millones de euros a Castilla y León para financiar la dependencia durante el próximo ejercicio, mientras que el proyecto presupuestario de la Junta contempla una transferencia de 547 millones a la Gerencia de Servicios Sociales. La diferencia entre ambas cantidades es de 73 millones.

La organización ha avisado de que el aumento de la financiación estatal no debería servir para congelar o reducir el esfuerzo económico de la Administración autonómica. Al contrario, ha reclamado que ambas administraciones refuercen los recursos destinados a las personas dependientes, en un contexto en el que, según sus datos, se han incorporado 6.265 personas al sistema desde enero de 2024.

A las aportaciones públicas se suman los 83 millones de euros que, según la plataforma, abonan las personas usuarias mediante el copago de plazas en residencias y centros de día públicos o concertados. La entidad ha indicado que el incremento de los recursos debe traducirse en una mejora de las prestaciones y de los servicios, así como de las condiciones laborales de quienes atienden a las personas en situación de dependencia.

Menos fondos para la renta garantizada

La Plataforma Social ha criticado la reducción en la Renta Garantizada de Ciudadanía, que quedarían en 5,5 millones de euros. La organización cifra en 9,2 millones la reducción respecto a 2024 y recuerda que esta prestación llegó a contar con una dotación de 72 millones.

Por ello, han exigido a la Junta que explique el destino de los recursos que, según sus cálculos, han dejado de consignarse para estas ayudas y propone dedicar fondos a un programa específico de inclusión social.

Cierre de plazas públicas en residencias

Según ha afirmado la plataforma, en la última década se han cerrado 837 plazas públicas para personas mayores en residencias con el objetivo de reconvertirlas en plazas para grandes dependientes. Sin embargo, ha reprochado que la mayoría continúa sin abrirse pese a que su recuperación se ha anunciado en distintos presupuestos.

La organización ha afirmado que las cuentas de 2027 no incluyen financiación suficiente para recuperar esas plazas y denuncia que las inversiones en centros de personas mayores se reducen un 46%, lo que equivale a 17 millones de euros menos. Por ello, ha reclamado “la apertura de todas las plazas para personas en situación de dependencia que son de la Gerencia de Servicios Sociales”.

“Mantener estas plazas cerradas sólo favorece a que las residencias privadas hagan negocio y las personas que necesitan una plaza residencial y no puedan pagar una privada, se quedan es situación de exclusión”, han aseverado desde la plataforma.

Dudas sobre los gastos de los centros de discapacidad

La Plataforma Social ha pedido explicaciones a la Junta sobre varias partidas dedicadas a la atención de las personas con discapacidad. Entre ellas, ha señalado el incremento previsto para el gasto en agua, que pasa de 42.477 a 142.477 euros, y el de electricidad, que aumenta de 1,97 millones a 16,13 millones de euros.

La organización ha cuestionado que el presupuesto contemple 11,72 millones de euros para gastos farmacéuticos, frente a 3,5 millones para alimentación. La diferencia, según ha denunciado, supone destinar más de tres veces la cantidad prevista para comida a productos farmacéuticos.

La entidad ha reclamado que la Junta aclare el origen de estas variaciones y explique cómo se han calculado las cantidades consignadas. Su preocupación es que, si las partidas se modifican posteriormente, puedan destinarse a otros fines y reducir los recursos inicialmente previstos para la atención de las personas dependientes.

Álvaro González Llave, divulgador en redes sociales con Distrofia Muscular de Duchenne, lo dejó claro en la segunda edición de los Reconocimientos ‘Somos Km0’ de elDiario.es de Castilla-La Mancha: “No nos sobra tiempo”. Lo afirmaba con relación a su enfermedad, alertando de que los trámites burocráticos para obtener ayudas en los cuidados pueden convertirse en una pesadilla para las personas que tienen patologías irreversibles. Por eso pedía agilidad.

Estas declaraciones han coincidido con el hecho de que en Castilla-La Mancha se acaba de publicar un nuevo decreto que modifica la normativa sobre dependencia y servicios sociales para adaptarla a los cambios legales estatales orientados a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades irreversibles y de alta complejidad.

La principal novedad es que la norma incorpora el Grado III+ de dependencia extrema. Es el que tiene Álvaro y supone una ampliación del grado conocido como de “gran dependencia”, que reconoce situaciones de máxima gravedad que requieren cuidados permanentes de las 24 horas del día. Se reguló a través de la conocida como Ley ELA, la que el Gobierno central aprobó hace dos años, pero cuya aplicación recae en las autonomías.

En el caso de Castilla-La Mancha, el nuevo decreto explica que el reconocimiento de la dependencia extrema está diseñada para responder a las necesidades de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otros procesos irreversibles de alta complejidad de cuidados.

Aumento de las prestaciones económicas

Una de las novedades de este grado es que, una vez reconocido mediante certificado médico, incorpora un aumento sustancial de las prestaciones económicas. Concretamente, para las prestaciones vinculadas al servicio de ayuda a domicilio o de asistencia personal, las cuantías máximas suben en función de las horas contratadas, alcanzando casi los 10.000 euros al para un máximo de 720 horas mensuales. Asimismo, garantiza un suelo mínimo de 3.200 euros mensuales para servicios de 150 o más horas al mes.

Además, con cargo al nivel adicional de protección autonómico, las personas con Grado III+ pueden compatibilizar la prestación económica por cuidados en el entorno familiar (en su cuantía máxima) con la prestación vinculada a asistencia personal o ayuda a domicilio, siempre que la intensidad contratada sea inferior a 480 horas al mes.

Junto con todo ello, se establece la agilización burocrática: tiene tramitación prioritaria y un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución del grado y del Programa Individual de Atención (PIA). Además, los efectos económicos se generan directamente desde la fecha de la solicitud (o de inicio del servicio si es posterior), cubriéndose dicho periodo con cargo a la comunidad autónoma.

En el nuevo decreto castellanomanchego se establece asimismo que tienen tramitación preferente las personas menores de 6 años, mayores de 90 años y quienes padezcan procesos complejos o ELA, como es el caso de Álvaro. Además, se designa un “profesional de referencia” en el equipo interdisciplinar para impulsar el expediente.

Y otras dos cuestiones muy importantes para los pacientes y sus familias: en caso de desacuerdo sobre la prestación más adecuada durante la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), prevalecerá el criterio técnico de los servicios sociales; y se adapta el procedimiento fijando que frente a las resoluciones cabe interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante la delegación provincial correspondiente.

En este contexto resulta, por tanto, muy importante el papel de los servicios sociales. La nueva norma, de hecho, introduce varios cambios que afectan de forma directa a su gestión, organización y funcionamiento. Por ejemplo, el profesional del trabajo social debe realizar la valoración del entorno, para ese grado de dependencia extrema, en un plazo máximo de 15 días desde su petición por el equipo interdisciplinar. El plazo se reduce a 10 días para los mencionados colectivos de tramitación prioritaria.

Además, se modifica la estructura del Comité de Ética de los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, fijándola en 13 integrantes (siete de la Administración autonómica, dos del Tercer Sector Social, tres de Colegios Profesionales y uno de la iniciativa mercantil) para flexibilizar sus exigencias y facilitar su constitución.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba también de aprobar la convocatoria de subvenciones para 2027 destinadas a financiar programas de autonomía personal y prevención de la dependencia. Con un presupuesto total de casi 9,8 millones de euros, estas ayudas buscan apoyar a entidades privadas y locales que desarrollen iniciativas en favor de las personas dependientes o en riesgo de serlo.

Más profesionales para agilizar la valoración de la dependencia

Asimismo, a principios de octubre, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó un programa temporal para incorporar 25 profesionales a los servicios provinciales de dependencia, con una inversión de casi un millón de euros. Precisamente, la medida busca agilizar la valoración del grado de dependencia y la elaboración del PIA.

Este refuerzo llegará a las cinco provincias con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y facilitar que las personas reciban antes los cuidados que necesitan. “Cuando una persona necesita cuidados, también cambia la vida de quienes están a su lado”, señaló la consejera portavoz, Esther Padilla, sobre esta medida.

Según destacó, la incorporación de estos profesionales también permitirá preparar el sistema regional para los cambios derivados de la reforma de la Ley de Dependencia, que amplía las compatibilidades entre prestaciones y servicios y acorta los plazos para resolver el reconocimiento de la dependencia.

El programa ha comenzado esta misma semana y se prolongará hasta octubre de 2027. Se trata de un periodo durante el que el refuerzo de los equipos permitirá avanzar en la adaptación al nuevo marco y agilizar la tramitación de los expedientes.

Comisiones Obreras ha convocado una concentración el miércoles, 14 de octubre, a las 11.30 horas, frente a la Delegación del Gobierno, bajo el lema 'Cuidar tiene un precio', en la que reivindicará la necesidad de dignificar social, laboral y económicamente el trabajo de cuidados mediante una mayor dotación de recursos y mejores condiciones laborales.

El sindicato ha afirmado que los cuidados son un pilar fundamental del estado del bienestar y que garantizar una atención digna y de calidad “requiere reconocer el valor del trabajo de quienes los prestan”, tanto en los domicilios como en los centros especializados, para lo que reclama más recursos, mejores servicios y más profesionales, así como medidas que permitan acabar con la “precariedad laboral” que afecta al sector.

Entre las principales reivindicaciones de la movilización convocada por las federaciones de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) y de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato se encuentran garantizar la gestión pública de los cuidados, incrementar la financiación de las administraciones competentes y establecer un salario mínimo de entrada de 1.500 euros mensuales, con el objetivo de alcanzar los 1.800 euros en tres años.

Asimismo, CCOO exige erradicar la parcialidad, reducir la temporalidad y reforzar la protección de la salud laboral, abordando la incidencia y la penosidad de las condiciones de trabajo.

Además, ese mismo día, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios celebrará una asamblea de dependencia sobre la negociación del nuevo convenio estatal. Será de 10.00 a 14.00 horas en la sede del sindicato en Santander.

El encuentro contará con representantes estatales de CCOO que participan en la negociación, quienes informarán de primera mano sobre el proceso y resolverán las dudas de las personas asistentes.

UGT estima que en el año 2030 serán necesarios entre 261.000 y 400.000 profesionales más como mínimo en el sector de la Dependencia, entre 1.750 y 2.680 en La Rioja. Unas cifras que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar “sus condicionales laborales y salariales” para atraer talento y, sobre todo, “retenerlo”.

Así lo han explicado este miércoles la secretaria del Sector de Atención Social de UGT Servicios Públicos, Dary Saiz, y las trabajadoras, Inmaculada Rubio y Cristina Rodríguez.

Como han asegurado, el sector afronta “un importante reto de futuro” que hay que empezar a trabajarlo “desde ya” porque como ha indicado Dary Saiz, “se pierden hasta un 20 por ciento de profesionales cada año en busca de mejores condiciones”.

Con el fin de visibilizar el trabajo de estas profesionales que sostienen los cuidados y reivindicar sus derechos, desde UGT han presentado la campaña 'Que es profesional se nota en cada detalle', una iniciativa de ámbito nacional que durante un año ayudará a poner en el centro del debate las condiciones laborales, los salarios insuficientes, la parcialidad, la falta de profesionales, la sobrecarga física y emocional y las dificultades para conciliar en las que se encuentran.

La campaña llegará a residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia de municipios y comarcas de La Rioja.

Entre los mensajes que se trasladarán en la campaña, desde UGT quieren recordar que las trabajadoras del sector de los cuidados cobran “un 35 por ciento menos por hora que el salario medio en España”.

Además aseguran que entre el 30 y el 40 por ciento de los contratos son a tiempo parcial y que el 72 por ciento de estos profesionales sufren problemas físicos derivados de las características de esta actividad.

Para observar cómo se encuentra la dependencia en la región, desde UGT explican que a 31 de diciembre de 2025, un total de 10.429 personas tenían reconocido un grado de dependencia con derecho a prestación, de las que 9.402 figuraban con prestación efectiva. La diferencia, 1.027 personas, muestra “que el reconocimiento del derecho y la atención efectiva no siempre se producen al mismo tiempo”.

Para el sindicato, la espera también es otro de los problemas ya que, a cierre de 2025, la primera resolución de prestación en La Rioja tardaba una media de 174 días, unos 5,8 meses. “Durante ese año fallecieron 3 personas solicitantes sin valoración y 171 personas dependientes pendientes de prestación”.

Desde UGT también critican que en el Servicio de Ayuda a Domicilio, la media del servicio fue de 28,71 horas mensuales. Repartidas matemáticamente entre 30 días, serían unos 57 minutos diarios. “Durante este tiempo, las profesionales pueden ayudar a personas a levantarse, asearse, vestirse, alimentarse o desplazarse, además de observar cambios, comunicar incidencias y coordinar la atención”.

A esta carga física, prosiguen, se suma la dimensión emocional del trabajo. “Las profesionales acompañan procesos de deterioro, dependencia, soledad y, en ocasiones, el final de la vida”. Por todo ello desde UGT reclaman que “se evalúen y prevengan los riesgos psicosociales actuando sobre sus causas mediante plantillas suficientes, sustituciones, descansos y una organización adecuada”.

Finalmente, y aunque desde el sindicato han puesto en valor el acuerdo alcanzado para el Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja 2026-2028 “fruto de las movilizaciones y de la negociaciones sindicales” sí que siguen reclamando un convenio estatal eficiente.

En él piden que se contemple una financiación suficiente, más servicios públicos y menos espera, ratios y plantillas suficientes, salarios de convenio por encima del SMI y un empleo estable y menos parcialidad involuntaria.

También solicitan que se realice una valoración adecuada de los puesto de trabajo, prevención y reconocimiento de enfermedades musculoesqueléticas, formación, reconocimiento y promoción profesional, mayor protección en bajas y jubilación y contratos públicos suficientes y actualizados.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado este miércoles concentraciones con motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente, una jornada reivindicativa en la que han puesto el foco en la situación laboral de las personas trabajadoras del sector de la dependencia y de los cuidados. La protesta, bajo el lema Ante el incremento de financiación para la dependencia exigimos mejorar los salarios, se ha centrado en exigir que se garanticen salarios dignos, empleo estable, plantillas suficientes, mejores ratios, prevención de riesgos laborales, conciliación y reconocimiento profesional.

Dirigentes de ambas formaciones han participado en Sevilla en la concentración celebrada en la Plaza de la Contratación, ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. La protesta ha tenido como telón de fondo movilizaciones desarrolladas en todas las provincias andaluzas, para reclamar que la mejora de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tenga una repercusión directa en las condiciones laborales de quienes trabajan diariamente atendiendo a las personas dependientes.

Por parte de UGT han participado la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román y el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés quienes han defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de cuidados que no sólo garantice una atención de calidad a las personas usuarias, sino también condiciones laborales dignas para las plantillas que sostienen el sistema.

Así, UGT considera que el debate sobre la dependencia no puede limitarse exclusivamente al número de prestaciones, plazas o personas atendidas, sino que debe incluir necesariamente la situación laboral de miles de profesionales que desarrollan su actividad en residencias, servicios de ayuda a domicilio, centros de día y otros recursos vinculados a la atención a la dependencia. En este sentido, Maribel Román ha insistido en que cualquier incremento de los recursos públicos destinados al sistema debe trasladarse también a una mejora real de las condiciones laborales.

“Sinónimo de precariedad”

La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía ha señalado además la importancia de visibilizar que se trata de un sector fuertemente feminizado, en el que las mujeres representan una parte mayoritaria de las plantillas y donde siguen existiendo situaciones de precariedad que deben ser corregidas.

En esta línea, han reivindicado que “cuidar no puede ser sinónimo de precariedad”. Por ello, el sindicato “considera imprescindible dignificar un trabajo que resulta esencial para el bienestar de miles de personas y familias andaluzas y que, sin embargo, continúa soportando en numerosos ámbitos bajos salarios, elevada carga de trabajo y dificultades para conciliar la vida personal y laboral”.

UGT reclama además que las mejoras presupuestarias destinadas al sistema tengan mecanismos que permitan garantizar que los recursos públicos repercutan realmente en las condiciones de las personas trabajadoras.

“Ya no valen las excusas”

Por otro lado, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha subrayado que “hay 957 millones para 2026 y más de 1.200 millones para 2027, así que ya no valen las excusas. Ese dinero tiene que llegar a las trabajadoras de la dependencia y no quedarse guardado en un cajón de Moreno, a ver si nunca van a llegar a los salarios ni a la estabilidad de las trabajadoras”.

López ha cuestionado las “duras condiciones de un sector sostenido mayoritariamente por mujeres”. “Son las que cuidan, protegen y acompañan a nuestros familiares más queridos, unas mujeres que se cargan a las espaldas el sistema de la dependencia y que están sufriendo unas condiciones laborales muy precarias”, ha advertido la dirigente sindical, quien ha recordado que soportan un 60% de contratos a jornada parcial y un grave desgaste de su salud laboral.

La responsable de CCOO de Andalucía ha señalado que históricamente las administraciones y las empresas se excusaban en la falta de presupuesto. Sobre esa situación, López ha declarado que ahora sí hay fondos disponibles, ante los que ha exigido subir los salarios el próximo año, acabar con los contratos a tiempo parcial, reconocer los desplazamientos, la disponibilidad horaria y aplicar coeficientes reductores para que las trabajadoras de la dependencia puedan jubilarse antes.

“Dignificar” las condiciones

“Tienen las espaldas molidas y las manos dobladas”, y por ello López ha exigido al Ejecutivo autonómico acabar con las “licitaciones a la baja y temerarias” y asumir su responsabilidad de garantizar contratos estables.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha reclamado en esa misma línea que “cada euro de financiación a la dependencia vaya para subir salarios, aumentar las plantillas, mejorar las ratios y garantizar contratos estables”. Asimismo, ha urgido a aplicar la prevención de riesgos laborales y lograr convenios dignos en un sector feminizado donde trabajan 150.000 personas, de las que “más de 50.000 son trabajadoras esenciales de la ayuda a domicilio”.

Sánchez Allende ha instado al Gobierno andaluz a asumir “la corresponsabilidad necesaria para dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras y colocar, de una vez por todas, los cuidados profesionales en el centro de la agenda política”.

El PSOE de Cantabria ha denunciado recortes en la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio que se presta los fines de semana entre los nuevos usuarios.

Así lo ha manifestado en un comunicado su portavoz, Ainoa Quiñones, quien ha explicado que el pliego técnico para la prestación del servicio por parte del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) “recorta no solo el horario sino también las funciones que tienen que realizar los profesionales sociosanitarios”.

De este modo, Quiñones ha afirmado que la prestación del servicio ha pasado de prestarse todos los días de la semana desde las 7:00 horas a las 22:00 horas, a prestarse solo de lunes a viernes y los fines de semana únicamente de 7:00 horas a 15:00 horas para tareas de atención personal.

En este sentido, ha criticado que la nueva categoría de 'excepcional' se limita ahora a tareas de atención personal sábados tarde, domingos y festivos.

“No sé si el Gobierno del Partido Popular piensa que una persona dependiente lo es sólo a jornada parcial y que los fines de semana son menos dependientes que el resto de la semana”, ha censurado la dirigente socialista.

En su opinión, el pliego para la prestación de este servicio por parte del ICASS “vuelve a evidenciar que los recortes son marca” del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga y que “atentan contra la igualdad de derechos”.

“Ahora los fines de semana y los días festivos las personas dependientes que tienen reconocida esta prestación no podrán contar con otros servicios que se venían prestando”, ha lamentado Quiñones, quien ha detallado que este cambio en la prestación del servicio se va a realizar solo para los nuevos usuarios, lo cual “es una discriminación más y un trato desigual entre personas que tienen que tener los mismos derechos”, ha subrayado.

Por último, la portavoz socialista ha denunciado que desde la llegada del PP al Gobierno de Cantabria “han empeorado” las condiciones de la prestación de atención domiciliaria y las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras, que en su mayoría son mujeres.

“Cada servicio público que tocan, cada derecho que tiene que gestionar y garantizar, va a peor porque para el Partido Popular los servicios públicos no son una prioridad sino un gasto que no quieren asumir, pese a ser la garantía de la igualdad de derechos y oportunidades de la ciudadanía”, ha concluido.

Un hombre en situación de dependencia lleva más de cinco meses alojado en el hospital de Pontevedra después de recibir el alta a la espera de que la Xunta resolviese su expediente para que pudiese acceder a una residencia por la vía de emergencia social. El Colexio Oficial de Traballo Social (COTS) denuncia que éste no es un “hecho aislado” sino una situación que se repite, aunque esta vez haya llegado al extremo. La Consellería de Política Social, que en esta ocasión no ha contestado a las preguntas de elDiario.es, había negado esta realidad anteriormente. Esta vez no lo hace y asegura haber encontrado una solución que permitirá su ingreso la próxima semana.

La denuncia –adelantada por La Voz de Galicia– trascendió tras la carta hecha pública por María José Lozano, trabajadora social en el hospital Montecelo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que el caso del que habla no es el único. “Hay muchos en Galicia en estos momentos, lo sé”. Sin embargo, cree que hay una “diferencia” clara, que fue la que la llevó a dar el paso de contarlo: “la exigencia de papeles imposibles de conseguir” para justificar la emergencia social del paciente y que es la que lo mantiene en un centro hospitalario donde la estancia, según Lozano, “quintuplica” el coste para las arcas públicas frente al de la residencia, algo que “parece no importar a los políticos”.

Para la trabajadora social –e, incluso, para la Fiscalía, con la que dice trabajar “en coordinación”– es palmario que el hombre cumple los criterios para un ingreso no voluntario, ya que no es consciente de su situación. Sin embargo, ante ese objetivo se interpone un requisito, ahora mismo, insuperable: para acceder a la residencia, necesita presentar sus datos bancarios y, para obtenerlos, tiene que desplazarse en persona a la sucursal, algo imposible en su estado actual. Por eso, Lozano habla de “violencia burocrática”. “Lo que me duele es la desconsideración al paciente vulnerable, que no tiene recursos sociales, familiares, económicos y hasta parecería que le quieren quitar la dignidad”, escribe.

En marzo de 2025, el COTS elevaba a doce, sólo en la misma área sanitaria de Pontevedra-Salnés, el número de personas que esperaban por una plaza en una residencia desde una cama de hospital que ya no tenían que ocupar. Contaban entonces que, frente a las 72 horas que marca la Ley de Dependencia, la estancia en ese limbo podía ir de los 25 días a los dos meses. La Consellería de Política Social lo negó en rotundo: “No se están registrando retrasos y mucho menos casos que excedan los 60 días”. Esta vez, ni siquiera respondió a las preguntas de esta redacción.

Sí lo hizo, de nuevo, a La Voz de Galicia, para asegurar primero que el caso era “complejo” porque había “dificultades para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a una plaza pública residencial”. Finalmente, este viernes el rotativo recogía que el hombre ya contaba con esa plaza y que, “previsiblemente” ingresará la próxima semana. Fue la FUNGA (Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas) quien recabó toda la documentación del afectado, bajo el amparo de la Fiscalía. Los funcionarios de la Consellería comprobaron que, como afirmaba la trabajadora social, su caso cumplía todos los requisitos de una emergencia social y encontraron el hueco en un centro público autonómico. Si el hombre sigue rechazando la medida, añade Política Social, el traslado deberá realizarse a través de una orden judicial como ingreso no voluntaria.

Urgencias como entrada al sistema

“Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural que afecta a un número significativo de personas en Galicia”. David Gontán, coordinador del COTS, es consciente de los problemas que provoca una realidad que la administración se empeña en tapar. El primero, el hospital como “recurso inapropiado para los cuidados de larga duración”, ya que son “entornos diseñados para atender procesos agudos” y no una estancia prolongada “por falta de alternativas habitacionales o de cuidado”. Mantener al paciente ingresado después del alta supone, para Gontán, “una vulneración de sus derechos a recibir atención adecuada en el entorno más idóneo para su recuperación y bienestar”.

Esto supone una prueba del “colapso” y la “lentitud” de la administración. A pesar de que existan mecanismos como la tramitación por emergencia social, los tiempos de respuesta “siguen siendo insuficientes para dar respuesta a las necesidades urgentes que surgen en el momento del alta”. El coordinador del Colegio habla de una “grieta” entre el ritmo de la sanidad y la capacidad de gestión del sistema de atención a la dependencia que genera “un bloqueo institucional”. Los perjudicados, una vez más, “la persona usuaria y sus familias”.

Ante ese colapso, Gontán relata estrategias que, en ocasiones, permiten incluso salvar vidas. Pone el ejemplo de un matrimonio de octogenarios, en la que el hombre padece una enfermedad que le provoca una conducta agresiva a la que su mujer no puede hacer frente. La pareja no puede acceder a una residencia privada ni pagarse una pública. Conoce casos en los que se ha provocado un ingreso por urgencias para que el afectado entre en el sistema hospitalario. Una vez allí, la valoración de los profesionales demostró la emergencia social que justificaba el concederle una plaza como dependiente. Después, ya sólo quedaba esperar a que la burocracia hiciese su trabajo.

Todo esto supone un “desgaste” a las trabajadoras sociales, que se encuentran en una posición de “extrema presión”. “Actúan como puente entre dos sistemas que no se coordinan, asumen la gestión de la frustración de las familias y la falta de recursos disponibles”. Por eso, Gontán reclama de forma “urgente” una “coordinación sociosanitaria real”, con “protocolos de agilidad inmediata”, aumento del cuadro de personal de Trabajo Social e incrementar el catálogo de “recursos intermedios” –centros de media estancia, plazas residenciales de emergencia y refuerzo del Servicio de Ayuda en el Hogar– “que eviten que el hospital funcione como recurso residencial”.

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han exigido una dependencia sin listas de espera en las concentraciones celebradas este jueves en las ocho provincias de la comunidad con motivo del Día de las Personas Mayores.

De esta manera, la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía ha salido a las calles de toda Andalucía para alertar de que la población mayor andaluza “se encuentra por debajo de la media estatal en todos los parámetros de calidad de vida”, por lo que el sindicato ha exigido la “creación inmediata” de 2.630 plazas de residencias para erradicar las listas de espera y “acabar con el colapso del sistema”.

Así, el secretario general de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, que ha participado en la concentración de Málaga, ha criticado que “en todos los parámetros que certifican la calidad de vida de las personas mayores, estamos por debajo de la media española”.

De esta manera, el sindicato ha señalado que la esperanza de vida media en Andalucía está dos años por debajo, en la atención a la dependencia duplicamos con creces el plazo legal de 180 días que exige la ley para resolver los expedientes de dependencia y en las residencias no cabe una persona más.

Soledad no deseada

De igual modo, Vidán ha señalado que “una de cada cinco personas mayores vive en una situación de soledad no deseada”, ante lo que ha reclamado una mayor apuesta por los centros de participación activa, que, según ha manifestado “están funcionando por debajo de sus posibilidades”.

“La situación actual conlleva que muchos centros de día cierren a mediodía, durante los fines de semana y en verano, de manera que se fomenta una situación que queremos combatir, para que las personas que viven solas no pierdan recursos sociales en manos del Gobierno de Andalucía para para salir de ese problema”, ha afirmado.

El dirigente sindical ha insistido en que “las reivindicaciones que tenemos son que se cumpla la Ley de Plazos de la de la Ley de Dependencia y que se clarifique el copago de los ciudadanos y de las ciudadanas que pagan por considerarse parte de esa prestación”.

De igual modo, ha recalcado la urgencia de que se creen inmediatamente 2630 plazas de residencia que son necesarias para quitar las listas de espera y que se convoquen los consejos de mayores andaluz y provinciales, que se llevan años sin funcionar. “Lo que pedimos es que se tenga en cuenta que las personas que hoy tienen más de 65 años, contribuyeron o contribuimos a seguir levantando este país, y no podemos quedar por más tiempo en el olvido del Gobierno andaluz”, ha concluido.

400 días de espera

Por su parte, desde UGT Andalucía han reivindicado el derecho de este colectivo a vivir con dignidad, autonomía, seguridad y plenos derechos, y para reclamar “unos servicios públicos capaces de dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida”.

En Sevilla, UGT ha participado en la manifestación que ha recorrido las calles de la capital hasta la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Plaza de la Contratación. La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha participado en la movilización y ha reclamado una mejora urgente de las condiciones de vida de las personas mayores. También ha estado presente la secretaria de Igualdad de UGT-A, Rosa Guerra.

“Estamos hoy, 1 de octubre, celebrando el Día de las Personas Mayores y reivindicando la necesaria mejora de sus condiciones de vida. Se lo debemos”, ha señalado Román. Entre las principales reivindicaciones, la responsable sindical ha destacado la situación del Sistema de Dependencia y la necesidad de seguir reduciendo unos tiempos de espera que continúan muy por encima de los establecidos legalmente.

“Para nosotros, una de las cuestiones más importantes es la necesidad de seguir reduciendo los tiempos de espera para las ayudas a la dependencia, porque siguen superando los 400 días cuando la ley marca un máximo de 180”, ha advertido. “En el caso de Andalucía, más de 900 personas han fallecido sin haber recibido respuesta a su solicitud de ayuda a la dependencia”, ha denunciado Maribel Román.

Casas sin adecuación

UGT Andalucía ha destacado que actualmente 472.594 personas han solicitado el reconocimiento de la dependencia en nuestra comunidad, 455.630 tienen reconocido el derecho a prestación y alrededor de 360.000 cuentan con resolución de su Programa Individual de Atención (PIA). El sistema tiene reconocidas 566.523 prestaciones.

Al término de la manifestación en Sevilla, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Sevilla, José Meléndez, ha incidido en la necesidad de defender unos derechos que, según ha denunciado, se están perdiendo progresivamente y ha señalado problemas como la dependencia, la soledad, las residencias de mayores y la situación de los Centros de Participación Activa.

Meléndez ha puesto especialmente el foco en las dificultades que sufren las personas mayores y dependientes que residen en edificios sin ascensor y que, por sus problemas de movilidad, encuentran enormes obstáculos para salir de sus propias viviendas. El responsable de UJP-UGT Sevilla ha advertido de que existen miles de edificios y viviendas en Sevilla sin ascensor, una situación que afecta especialmente a personas mayores, dependientes o que viven solas.

3,11 plazas por cada 100 personas en Almería

Asimismo, en Almería los sindicatos han puesto el foco en la insuficiencia de la cobertura residencial de la provincia. En 2024, Almería contaba con 3.833 plazas residenciales, lo que supone apenas 3,11 plazas por cada cien personas mayores, frente a las 4,05 del conjunto de España. Para alcanzar la referencia de cinco plazas por cada cien personas mayores serían necesarias 2.320 plazas adicionales.

Por ello, CCOO y UGT han reclamado a la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los Ayuntamientos una ampliación planificada de la red pública de residencias, acompañada de presupuesto suficiente y un calendario concreto de ejecución. “Envejecer con dignidad no puede depender del lugar en el que se viva ni de la capacidad económica de cada familia”, han destacado.

La atención a la dependencia constituye otra de las principales reivindicaciones sindicales. UGT y CCOO han considerado “inaceptable” que una persona pueda esperar durante más de un año para recibir una prestación o servicio que necesita para actividades tan básicas como levantarse, asearse o comer.

En Córdoba, los sindicatos han aseverado que “en el caso de la provincia, en torno al 30% de la población es mayor de 60 años, un porcentaje que aumentará en los próximos años y que plantea importantes retos. De ahí que planteamos plan de cuidados para las personas mayores”, ha afirmado el responsable de Política Social de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba, Juan Puerto.

“No puede ser un negocio ni un privilegio”

Además, la secretaria general de UJP-UGT Granada, Mercedes Martín, ha calificado de emergencia social la situación del sistema de atención a la dependencia. En Granada, entre 6.000 y 7.000 personas permanecen atrapadas en las listas de espera con demoras medias de 14 meses para resolver sus expedientes, lo que provoca que cada año entre 800 y 1.000 granadinos fallezcan sin llegar a recibir la ayuda o la plaza residencial solicitada.

Martín ha calificado este escenario como “una falta de humanidad e indignante”, señalando que la dependencia “no puede ser un negocio ni un privilegio”. A este problema se suma la brecha en las pensiones, con una media provincial de 1.184 euros mensuales que se reduce a menos de 980 euros en las prestaciones de viudedad. Asimismo, la organización ha alertado sobre la presión en la sanidad pública, donde las esperas para Atención Primaria alcanzan los diez días, y sobre el impacto de la soledad no deseada, que afecta a más de 40.000 mayores que viven solos en la provincia, mayoritariamente mujeres.

Cantabria prevé disponer a partir de 2028 de una mayor oferta de plazas en residencias de mayores debido a los proyectos que hay para construir nuevos centros. La Consejería de Inclusión Social tiene sobre la mesa al menos tres: dos en Santander y uno en Guarnizo (Astillero), a los que habría que sumar la proyectada en el gran complejo asistencial en Parayas (Camargo).

Con estos nuevos recursos, unidos a los refuerzos de servicios como el de teleasistencia para responder a la “nueva tendencia” de las personas de permanecer el tiempo posible residiendo en su domicilio, el Gobierno regional (PP) espera poder satisfacer las necesidades asistenciales de las personas mayores.

En ello ha confiado, al menos, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, en declaraciones a los medios de comunicación realizadas en el centro cívico de Tabacalera, en Santander, antes de presentar junto al titular de Salud, César Pascual, la Estrategia de Coordinación Sociosanitaria.

La consejera ha explicado que los proyectos para nuevas residencias están planteados precisamente “donde hay más demanda de plazas asistenciales”, que es en la zona del arco de la Bahía.

Y en cuanto al complejo de Parayas, la consejera ha destacado que no solo dará respuesta a la necesidad de plazas asistenciales sino que permitirá ofrecer otros recursos sociosanitarios, como una unidad de recuperación de la salud para personas que “no están para permanecer” en un hospital pero tampoco en condiciones de volver a su domicilio.

El complejo de Parayas tendrá también un espacio sociosanitario y una unidad de atención al daño cerebral adquirido, según anunció el Gobierno en marzo.

Por su parte, Pascual ha opinado que Cantabria está “en una posición muy buena” tanto desde el punto de vista sanitario como desde los servicios sociales para hacer frente a las necesidades de las personas mayores, población que va “in crescendo”.

Aunque partir de “una buena posición, nos facilita el camino”, el consejero de Salud ha puntualizado que “eso no quiere decir” que no se vaya a necesitar en el futuro más y nuevos recursos para abordar también las “necesidades nuevas” que va a tener la población y se tendrán que ir “aumentando los servicios”.

En este sentido, ha destacado que tanto la Consejería de Salud como la de Inclusión Social tienen por delante proyectos “muy importantes” que se irán acometiendo “paulatinamente”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de La Rioja para exigir al Gobierno regional del Partido Popular la adaptación urgente de la normativa autonómica a la nueva reforma estatal de las leyes de Dependencia y Discapacidad. Con esta iniciativa, la formación busca garantizar que las mejoras en prestaciones, servicios y derechos impulsadas a nivel nacional repercutan de forma directa e inmediata en la población riojana.

En rueda de prensa, el diputado en Cortes Raúl Díaz y la diputada regional María Somalo valoraron el alcance de un texto legislativo que califican de “histórico”. Entre las principales novedades destacan la reducción de la burocracia mediante pasarelas automáticas de reconocimiento de discapacidad según el grado de dependencia, el refuerzo de la ayuda a domicilio y el desarrollo de nuevos servicios, como los apoyos en viviendas y el préstamo público de productos de autonomía personal.

Uno de los ejes centrales de la reforma afecta directamente al modelo de financiación. El proyecto marco contempla un reparto al 50% entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Esta obligación, que hasta ahora no figuraba blindada por ley, vendrá acompañada de una aportación estatal adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 para consolidar un sistema público y universal orientado a la autonomía y los cuidados.

En el ámbito asistencial, la normativa busca flexibilizar la atención a las personas usuarias para favorecer que permanezcan en su entorno habitual el mayor tiempo posible. Asimismo, plantea una transformación de los centros de día para abrirlos a la comunidad, permitiendo ofrecer recursos y apoyos puntuales a personas que continúen residiendo en sus propios domicilios.

Ante esta actualización del marco estatal, el PSOE ha reclamado al Ejecutivo autonómico rigor en la gestión de los fondos que llegarán a la región. Somalo enfatizó la necesidad de que la financiación incrementada se destine de manera íntegra a ampliar tanto la cantidad como la calidad de las prestaciones que recibe la ciudadanía en La Rioja.

La iniciativa parlamentaria apela a la celeridad institucional para que los trámites administrativos no supongan un obstáculo en el acceso a las prestaciones. Para los socialistas, resulta prioritario recortar las listas de espera actuales y preparar la red pública riojana frente a las crecientes demandas de una sociedad con un paulatino envejecimiento demográfico.

El Congreso aprobó este miércoles de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Es, según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”. El nuevo engranaje legislativo amplía las prestaciones, reduce la burocracia y busca facilitar los cuidados en el hogar, para que aquellas personas que lo deseen puedan permanecer en sus casas.

Estos son los principales cambios que se han incorporado a las leyes de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia —la ley de dependencia— y de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia:

Más ayudas y compatibles entre ellas

Las personas en situación de dependencia podrán percibir diferentes prestaciones sin que se produzcan incompatibilidades entre ellas. Por ejemplo, una persona en situación de dependencia que esté en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas, como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia“, explica Asuntos Sociales.

Acompañar a la compra o al médico

La reforma se centra en ampliar y reconocer diversos servicios como tal. La asistencia a domicilio se ofrecerá más allá del entorno domiciliario, que es el espacio al que estaba restringido con anterioridad, y los trabajadores podrán acompañar a los usuarios en otras actividades diarias. La asistencia personal también se amplía y flexibiliza y no contará con restricciones educativo-laborales.

Teleasistencia para todos

La teleasistencia se identifica como derecho subjetivo. Esto implica que a toda persona que tenga reconocida una dependencia, le será reconocido este derecho de inmediato. La ayuda es compatible con otras prestaciones y podrán acceder a ella muchas que antes no podían, como personas con demencia.

Amigos cuidadores

La reforma reconoce que las personas del mismo entorno de la persona en situación de dependencia, pueden ofrecer cuidados. El reconocimiento normativo de la figura cuidadora principal permite que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse de estas tareas. Por ejemplo, personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas o aquellas que comparten un hogar sin relación familiar.

Asimismo, la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas.

Reconocer la dependencia en menos de 90 días

El reconocimiento administrativo de la situación de dependencia antes tenía un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, las familias cuidadoras, que mostraron cierto escepticismo ante la reforma, aseguraron que estos plazos burocráticos no suelen cumplirse. La nueva norma tratará de reducir esta espera de seis a tres meses.

Reconocimientos automáticos de discapacidad

Las personas con el grado I de dependencia recibirán el reconocimiento automático del 33% de discapacidad, mientras las personas con el grado II o III podrán ser reconocidas con el 65%. La automatización del proceso pretende agilizar los procesos administrativos y reducir las listas de espera.

Acceso universal y obras en las comunidades de vecinos

La reforma reconoce la accesibilidad universal como derecho. De esta forma, las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o edificios de carácter público. Además, se ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal para que se puedan hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y los propietarios que la solicitan puedan contar con una prestación económica proporcionada por respectivas administraciones públicas.

La atención temprana, como derecho

También se reconoce la atención temprana como derecho subjetivo. Los gobiernos autonómicos deberán atender a todos aquellos niños y niñas de 0 a 6 años que presenten trastornos en el desarrollo. Todas las familias que cuenten con un menor en esta situación podrán exigir a la administración respectiva que se les proporcione tratamiento.

Prohibición de discriminación en seguros

Algunos seguros de hogar o de salud desarrollan una misma práctica: subir el precio cuando la persona contratante presenta una discapacidad. La reforma de la ley tacha esta práctica como discriminatorio y la ilegaliza.

Asistencia en procesos judiciales

Además, se regula la figura de un facilitador procesal. La incorporación de esta figura tiene el objetivo de evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades y según el Ministerio de Derechos Sociales: “Será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas”.

El Congreso ha dado luz verde definitiva a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Los cambios, que se publicaran en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, son la mayor revolución en la atención a la dependencia desde la aprobación de la norma hace 20 años. Si en 2006 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la medida como un “hito histórico”, desde el actual Ministerio de Derechos Sociales hablan ahora de una “refundación del modelo de cuidados en España”.

Este miércoles, el Congreso ha votado las enmiendas introducidas por el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta—, tras su paso previo por la Cámara Baja, donde la ley ya había sido aprobada —con la abstención de los 'populares' y el voto en contra de Vox—.

Los cambios afectan a dos normas, que hacen de guía al sistema de cuidados a la dependencia, que son competencia de las comunidades autónomas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Respecto a la reforma de la Ley de Dependencia, uno de los principales cambios es se reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de seis a tres meses y se eliminan las incompatibilidades a la hora de recibir prestaciones. Por ejemplo, hasta ahora, si una persona dependiente quería ir a un centro de día algunas horas, mientras seguía viviendo en su casa, no podía solicitar también una prestación por cuidados en el entorno familiar o teleasistencia. A partir de ahora, podrá hacerlo.

Además, la nueva norma amplía el concepto del servicio a domicilio, que podrá prestarse más allá del propio hogar —por ejemplo, para acompañar a la persona dependiente a hacer recados o al médico— y reconoce la figura de la persona cuidador principal y la no profesional, que sale del ámbito exclusivamente familiar y se extiende a otras personas cercanas pero no emparentadas.

También sobre las cuidadoras, la reforma “garantiza por ley”, señalan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, quien ha pilotado estos cambios, que la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas.

Cambios en Discapacidad

La otra norma que se ha visto afectada por estos cambios es la de discapacidad, que también tiene novedades importantes, algunos relacionados directamente con la ley anterior. A cualquier persona que se le asigne un grado I de dependencia, se le reconocerá automáticamente el 33% de discapacidad, y para las de los grados II y III, el 65%. “De esta manera, se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizado los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera”, indican.

Además, reconoce la accesibilidad universal —que las personas con discapacidad pueda acceder a servicios y edificios públicos— como un derecho. Es decir, podrán exigirlo y se creará un Programa Estatal de Promoción a la Accesibilidad Universal. Además, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente en las obras de accesibilidad en viviendas y se facilitan los requisitos para solicitar estas ayudas.

Hay más novedades. La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo de los niños y niñas de cero a seis años; regula la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales; y prohíbe la discriminación en los seguros de salud, que será ilegal.

7.000 millones más para dependencia

Estas reformas legislativas vienen acompañadas de una inyección de fondos para la dependencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en junio un incremento en las transferencias a las comunidades autónomas de hasta 7.239 millones de euros en 2027, casi el doble que en 2025.

El aumento de las cuantías ya empezó a notarse este mismo año, desde el mes de junio, porque para esto no hizo falta pasar por el Congreso. El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que blinda por ley este aumento de las transferencias y compromete a este y los próximos ejecutivos centrales a financiar la dependencia al 50% con las comunidades autónomas. En el siguiente gráfico puede verse cuánto recibirá cada territorio en 2027 con y sin la ampliación.

El objetivo de este aumento de la financiación y de la reforma de las leyes es reducir las listas de espera, aumentar las ayudas a las personas en situación de dependencia y profesionalizar los cuidados con mejores condiciones laborales, para hacer atractiva esta profesión. Pero la pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad”, afirmó el ministro Bustinduy.

Lo que queda fuera

Desde la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), han valorado “positivamente” la reforma, que supone un “avance e el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, pero han lamentado que no se haya eliminado el copago, una de sus “principales reivindicaciones”. “Valoramos que la reforma salga adelante porque incorpora avances importantes y mejora nuestro sistema de derechos y apoyos. Pero no podemos considerar terminado el trabajo mientras una persona con ELA deba tener que contribuir económicamente a unos cuidados que son imprescindibles para seguir viviendo”, señala su presidente, José Jiménez Aroca, en un comunicado.

A diferencia de otras votaciones, la norma llegó este miércoles al Congreso sin sobresaltos parlamentarios. Ya había sido aprobada en la Cámara Baja en primera vuelta —con la abstención del PP y el voto en contra de Vox— y cumplió su trámite en el Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta —y votaron a favor— y donde se introdujeron más de medio centenar de enmiendas, que se votaron este miércoles. Entre ellas, eliminar el límite de edad de 26 años para la recepción de ayudas por parte de familias con hijos con enfermedades graves y que no fue aceptada. El Gobierno ya hizo uso de su capacidad de veto para bloquear las enmiendas que supongan un incremento presupuestario, como es el caso, y que en total cifró en 82 millones de euros.

El PSPV denuncia que el Consell de Juanfran Pérez Llorca ha deixat sense executar 29 milions d'euros destinats a prestacions per a la dependència, mentre que el nombre de persones amb el dret reconegut ha augmentat un 12,47 % en l'últim any. La portaveu socialista de Serveis Socials en les Corts, Silvia Gómez, exigeix a la Generalitat que “complisca, pague a temps i destine els diners pressupostats a garantir uns serveis socials de qualitat i amb una cobertura real”.

En aquest sentit, la dirigent socialista afirma que els dependents “no poden continuar sent les víctimes dels comptes ficticis de la Generalitat”, mentre subratlla que són les mateixes dades oficials del Consell “les que demostren que estan abandonant les persones dependents”. “El Partit Popular es dedica a unflar les xifres d'expedients resolts per a vendre agilitat, però la realitat és que reconeix drets sobre el paper mentre deixa sense executar milions d'euros destinats a fer-los efectius”, assenyala.

Així mateix, Gómez detalla que el nombre de persones beneficiàries ha passat de 172.857 a 194.415 en l'últim any, la qual cosa suposa un increment de 21.558 persones, mentre que l'execució real ha descendit de 372,98 a 343,84 milions d'euros, és a dir, 29 milions menys. “És inadmissible que hi haja un 12,5 % més de persones amb el dret reconegut i, al mateix temps, 29 milions d'euros menys executats per a atendre-les”, remarca.

Finalment, la portaveu socialista insisteix que “reconéixer un dret no serveix de res si després no es paga”, al mateix temps que reclama a Pérez Llorca que “deixe la propaganda i es centre a gestionar”. “Darrere de cada xifra hi ha una persona i una família que necessita una prestació i unes cures. El que exigim és senzill: que el Consell execute els recursos que pressuposta i garantisca que els drets reconeguts siguen drets reals”, conclou.

El PSPV denuncia que el Consell de Juanfran Pérez Llorca ha dejado sin ejecutar 29 millones de euros destinados a prestaciones para la dependencia, mientras que el número de personas con el derecho reconocido ha aumentado un 12,47% en el último año. La portavoz socialista de Servicios Sociales en las Corts, Silvia Gómez, exige a la Generalitat que “cumpla, pague a tiempo y destine el dinero presupuestado a garantizar unos servicios sociales de calidad y con una cobertura real”.

En este sentido, la dirigente socialista afirma que los dependientes “no pueden seguir siendo las víctimas de las cuentas ficticias de la Generalitat”, mientras subraya que son los propios datos oficiales del Consell “los que demuestran que están abandonando a las personas dependientes”. “El Partido Popular se dedica a inflar las cifras de expedientes resueltos para vender agilidad, pero la realidad es que reconoce derechos sobre el papel mientras deja sin ejecutar millones de euros destinados a hacerlos efectivos”, señala.

Asimismo, Gómez detalla que el número de personas beneficiarias ha pasado de 172.857 a 194.415 en el último año, lo que supone un incremento de 21.558 personas, mientras que la ejecución real ha descendido de 372,98 a 343,84 millones de euros, es decir, 29 millones menos. “Es inadmisible que haya un 12,5% más de personas con el derecho reconocido y, al mismo tiempo, 29 millones de euros menos ejecutados para atenderlas”, remarca.

Finalmente, la portavoz socialista insiste en que “reconocer un derecho no sirve de nada si después no se paga”, al tiempo que reclama a Pérez Llorca que “deje la propaganda y se centre en gestionar”. “Detrás de cada cifra hay una persona y una familia que necesita una prestación y unos cuidados. Lo que exigimos es sencillo: que el Consell ejecute los recursos que presupuesta y garantice que los derechos reconocidos sean derechos reales”, concluye.

El Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales (CVIDS) está reconocido por ley como el máximo órgano de participación en materia de servicios sociales. Representa a entidades y usuarios y, entre sus funciones, destaca la emisión de recomendaciones y dictámenes previos sobre anteproyectos de ley y decretos, además de colaborar en la planificación, el funcionamiento y el seguimiento de las políticas inclusivas en la Comunitat Valenciana.

Además, según el artículo 6 de la normativa por la que se rige, debe emitir un informe sobre el anteproyecto anual de los presupuestos autonómicos en materia de servicios sociales, un documento que debe elaborar en la fase inicial de tramitación del anteproyecto de ley.

Así lo hizo el organismo el pasado 3 de julio, durante la fase de tramitación de las cuentas autonómicas en el apartado referido a los servicios sociales. Sin embargo, el informe, que en algunos aspectos fue crítico con las previsiones de la Conselleria, no se remitió a les Corts hasta el 30 de julio, cuando las cuentas ya estaban aprobadas, impidiendo su conocimiento por parte de la oposición y su debate en el Parlamento valenciano.

Entre otras cosas, el informe pone de relieve que, en relación con el análisis económico del apartado 'Sostenibilidad de la Inclusión Social y de la Renta Valenciana de Inclusión', la Comisión recomienda proteger el crédito estructural frente al temporal, con el fin de evitar que se produzca “una merma en los derechos subjetivos de la ciudadanía, considerando que el crecimiento del programa lo hace gracias a un refuerzo clasificado como DANA Integrado”, gracias a una partida de 17 millones de euros dentro de la línea de Renta Valenciana de Inclusión.

Además, evidencia que “las prestaciones ordinarias del Sistema Valenciano de Dependencia —un derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia— permanecen prácticamente congeladas en términos estructurales, y el crecimiento aparente del programa descansa sobre una clasificación DANA de naturaleza temporal”.

La Comisión advierte expresamente “del riesgo que ello entraña: de no consolidarse ese crédito como dotación estructural, su extinción situaría a la dependencia ante una caída abrupta de recursos”.

Sobre el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), detecta que “una vez aislada la inversión no recurrente financiada con fondos europeos, la Comisión observa que la actividad ordinaria de la entidad experimenta una reducción global moderada (−1,69 %), concentrada en dos partidas: el gasto de funcionamiento, que disminuye un 27,58 %, y las inversiones reales ordinarias, que se reducen un 29,19 %”.

La fuerte caída que presentan las cifras agregadas (−8,39 % en el total y −77,30 % en inversiones) se explica, en su mayor parte, “por la finalización del programa temporal financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y no por un recorte estructural de la entidad”.

Por este motivo, “la Comisión recomienda garantizar al IVASS una dotación de funcionamiento y de inversión suficiente para preservar la capacidad operativa y la calidad de sus centros, y que la reducción de la inversión ordinaria se acompañe de una justificación expresa sobre su impacto en el mantenimiento y la renovación de los equipamientos”.

El PSPV critica la falta de transparencia

Al respecto, la portavoz del PSPV en servicios sociales, Silvia Gómez, ha criticado que “el PP no puede esconder la información y después pedir confianza; si están tan orgullosos de sus presupuestos, que publiquen todos los datos, que permitan a la oposición analizarlos y que dejen que la sociedad valenciana conozca qué está pasando con la dependencia y con los servicios sociales”.

La diputada socialista ha denunciado que “el PP está intentando convertir los servicios sociales de la Generalitat en un territorio de opacidad”, puesto que “han ocultado a los grupos de la oposición un informe del propio CVIDS, fechado el 3 de julio, que analiza sus presupuestos y que deja en evidencia que el órgano que representa la participación social reclama al Consell más transparencia, información sobre las listas de espera y datos periódicos sobre la ejecución de la dependencia”.

Según Gómez, “mientras los populares presumen de diálogo, esconden los informes; mientras presumen de transparencia, borran o dejan de publicar información; y mientras presumen de reforzar la dependencia, el propio CVIDS advierte de que su crecimiento estructural es prácticamente inexistente y reclama garantías para que no se pierdan recursos cuando desaparezcan los fondos DANA”.

Esto ya no es un problema de comunicación, “es una decisión política de ocultar información sobre la situación real de los servicios sociales y de impedir que la oposición, las entidades y la ciudadanía puedan fiscalizar la gestión del Consell”.

El Consell Valencià d’Inclusió i Drets Socials (CVIDS) està reconegut per llei com el màxim òrgan de participació en matèria de serveis socials. Representa entitats i usuaris i, entre les seues funcions, destaca l’emissió de recomanacions i dictàmens previs sobre avantprojectes de llei i decrets, a més de col·laborar en la planificació, el funcionament i el seguiment de les polítiques inclusives a la Comunitat Valenciana.

A més, segons l’article 6 de la normativa per la qual es regeix, ha d’emetre un informe sobre l’avantprojecte anual dels pressupostos autonòmics en matèria de serveis socials, un document que ha d’elaborar en la fase inicial de tramitació de l’avantprojecte de llei.

Així ho va fer l’organisme el passat 3 de juliol, durant la fase de tramitació dels comptes autonòmics en l’apartat referit als serveis socials. No obstant això, l’informe, que en alguns aspectes va ser crític amb les previsions de la Conselleria, no es va remetre a les Corts fins al 30 de juliol, quan els comptes ja eren aprovats, impedint el seu coneixement per part de l’oposició i el seu debat al Parlament valencià.

Entre altres coses, l’informe posa en relleu que, en relació amb l’anàlisi econòmica de l’apartat ‘Sostenibilitat de la Inclusió Social i de la Renda Valenciana d’Inclusió’, la Comissió recomana protegir el crèdit estructural enfront del temporal, amb la finalitat d’evitar que es produïsca “una minva en els drets subjectius de la ciutadania, considerant que el creixement del programa ho fa gràcies a un reforç classificat com a DANA Integrat”, gràcies a una partida de 17 milions d’euros dins de la línia de Renda Valenciana d’Inclusió.

A més, evidencia que “les prestacions ordinàries del Sistema Valencià de Dependència —un dret subjectiu de les persones en situació de dependència— romanen pràcticament congelades en termes estructurals, i el creixement aparent del programa descansa sobre una classificació DANA de naturalesa temporal”. La Comissió adverteix expressament “del risc que això comporta: en cas de no consolidar-se aquest crèdit com a dotació estructural, la seua extinció situaria la dependència davant d’una caiguda abrupta de recursos”.

Sobre l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), detecta que “una vegada aïllada la inversió no recurrent finançada amb fons europeus, la Comissió observa que l’activitat ordinària de l’entitat experimenta una reducció global moderada (−1,69%), concentrada en dues partides: la despesa de funcionament, que disminueix un 27,58%, i les inversions reals ordinàries, que es redueixen un 29,19%”.

La forta caiguda que presenten les xifres agregades (−8,39% en el total i −77,30% en inversions) s’explica, en la seua major part, “per la finalització del programa temporal finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i no per una retallada estructural de l’entitat”.

Per aquest motiu, “la Comissió recomana garantir a l’IVASS una dotació de funcionament i d’inversió suficient per a preservar la capacitat operativa i la qualitat dels seus centres, i que la reducció de la inversió ordinària s’acompanye d’una justificació expressa sobre el seu impacte en el manteniment i la renovació dels equipaments”.

El PSPV critica la falta de transparència

Respecte a això, la portaveu del PSPV en serveis socials, Silvia Gómez, ha criticat que “el PP no pot amagar la informació i després demanar confiança; si estan tan orgullosos dels seus pressupostos, que publiquen totes les dades, que permeten a l’oposició analitzar-los i que deixen que la societat valenciana conega què està passant amb la dependència i amb els serveis socials”.

La diputada socialista ha denunciat que “el PP està intentant convertir els serveis socials de la Generalitat en un territori d’opacitat”, ja que “han ocultat als grups de l’oposició un informe del mateix CVIDS, datat el 3 de juliol, que analitza els seus pressupostos i que deixa en evidència que l’òrgan que representa la participació social reclama al Consell més transparència, informació sobre les llistes d’espera i dades periòdiques sobre l’execució de la dependència”.

Segons Gómez, “mentre els populars presumeixen de diàleg, amaguen els informes; mentre parlen de transparència, esborren o deixen de publicar informació; i mentre pregonen de reforçar la dependència, el mateix CVIDS adverteix que el seu creixement estructural és pràcticament inexistent i reclama garanties perquè no es perden recursos quan desapareguen els fons DANA”.

Això ja no és un problema de comunicació, “és una decisió política d’ocultar informació sobre la situació real dels serveis socials i d’impedir que l’oposició, les entitats i la ciutadania puguen fiscalitzar la gestió del Consell”.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha culminado la renovación de la flota del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia con la incorporación de tres nuevos vehículos. Con estas adquisiciones, el servicio dispone ya de siete automóviles destinados a facilitar los desplazamientos del personal técnico encargado de valorar la situación de dependencia de las personas solicitantes en los 174 municipios de La Rioja.

Los vehículos se han distribuido estratégicamente por el territorio para reforzar la atención domiciliaria. Tres prestarán servicio en Logroño y La Rioja Centro, dos estarán destinados a La Rioja Baja y otros dos a La Rioja Alta. La directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, ha destacado que esta dotación permite reforzar “un servicio esencial para miles de riojanos” y garantizar una atención “cercana, ágil y de calidad”, independientemente del municipio de residencia.

El procedimiento comienza cuando una persona presenta la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia. Una vez concertada la cita, una profesional del Centro de Valoración se desplaza hasta su domicilio para realizar la valoración mediante el baremo establecido por la normativa estatal. Posteriormente, el equipo técnico analiza el informe y emite un dictamen-propuesta en la que se determina la puntuación y el grado de dependencia que corresponde. Finalmente, la directora general dicta la resolución administrativa.

Doce profesionales realizan las visitas a domicilio

El Centro de Valoración cuenta actualmente con un equipo multidisciplinar integrado por terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y trabajadoras sociales. En total, doce profesionales se encargan de realizar las visitas domiciliarias, mientras que otras tres forman parte del equipo técnico de valoración, una persona coordina el servicio y cinco profesionales se ocupan de la tramitación administrativa.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en enero de 2007, el Centro de Valoración de La Rioja ha realizado cerca de 90.000 valoraciones. De ellas, casi 54.000 fueron primeras valoraciones, más de 30.500 correspondieron a revisiones solicitadas por las propias personas interesadas y alrededor de 5.500 fueron revisiones de oficio.

El reconocimiento del grado de dependencia supone el primer paso para acceder a los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Posteriormente, los servicios sociales municipales concretan estas ayudas mediante el Programa Individual de Atención.

Según la última actualización trimestral del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, La Rioja registra un tiempo medio de gestión de 134 días desde la solicitud hasta la resolución del préstamo. Este plazo sitúa a la comunidad como la cuarta con mejor tiempo de tramitación y se encuentra muy por debajo de la media nacional fijada en 309 días.

A 31 de julio de 2026, La Rioja contaba con 10.753 personas con derecho a prestación, 381 más que un año antes. El dato supone un incremento del 3,67 por ciento en el número de personas con derecho reconocido a estas ayudas

El Centro de Atención a la Dependencia (CAD) ha reubicado a 30 residentes situados en la tercera planta tras detectar una fuga en el sistema del aire acondicionado que no ha provocado ninguna afección en las personas reubicadas, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

Poco después de las 18.30 horas de este lunes, se ha dado aviso al Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo para “activar los recursos necesarios”. Los bomberos del Ejecutivo autonómico han confirmado que se trataba de un escape de gas y han ventilado el piso afectado. Se han movilizado también a la Policía Local y la Guardia Civil.

Los residentes permanecerán reubicados en otras estancias como medida de prevención y con el objetivo de mantener ventilada la zona afectada hasta mañana.

La actriz Assumpta Serna, al cuidado de su madre, de cien años, ha denunciado a través de un vídeo en sus redes sociales la lentitud e ineficacia del sistema de ayudas a la dependencia de la Generalitat de Catalunya, que ha argumentado que la normativa actual no prevé atención 24 horas.

“No es ni humano ni justo”, ha afirmado la intérprete catalana, que ha emprendido una campaña para recoger testimonios y “hacer más fuerza” para exigir “más presupuesto y cuidadores formados”.

“Lo que nos está pasando solo ilustra lo terrible que es la atención a las personas mayores en Catalunya en estos momentos y el infierno incoherente y burocrático que hay que atravesar para lograr cualquier cosa... si es que logras algo”, ha señalado Serna, que ha participado en más de cien producciones cinematográficas y televisivas en varios países y tiene una nominación a los premios Goya.

En un vídeo que ha tenido cientos de miles de visualizaciones, Serna dice haber presentado una queja formal ante el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona tras la resolución, en julio pasado, de su solicitud, que le ha concedido 64 horas al mes de ayuda a domicilio, “para una persona que la precisa 24 horas al día” y que ha tardado más de un año en resolverse.

A ello se añaden, dice, “años de retraso”, desde 2017, para revisar el grado de dependencia y, finalmente, el hecho de que en agosto el servicio esté cerrado y no atiendan al correo ni al teléfono. “Es como si dijeran, ¿podéis dejar de morir en agosto?, estamos de vacaciones”, ironiza.

Serna denuncia además la imposibilidad de contratar directamente a un cuidador y recibir una prestación. “Te obligan a contratar empresas recomendadas por la Generalitat que se quedan comisiones enormes” y con “unos cuidadores que no tienen la titulación requerida”.

La actriz ha lamentado que esto ocurra a la gente mayor de Catalunya “que lleva trabajando toda la vida y ahora, cuando más lo necesitan, el sistema los trata como una carga, siempre dando prioridad a otras franjas de edad”.

El vídeo inicial lo compartió hace dos días y este sábado colgó uno nuevo agradeciendo la respuesta recibida y asegurando que “un político” le ha dicho que en septiembre la llamará.

También señala que “alguna autoridad con poder en las valoraciones de grado ha mostrado un interés superior en el caso de su madre”, pero que ya no se trata solo de su madre. “El objetivo ha cambiado”, afirma la actriz, que se propone “buscar soluciones para un problema compartido por muchos catalanes y españoles”.

Por experiencia propia, Serna asegura que la atención domiciliaria 24 horas cuesta entre 3.000 y 4.000 euros al mes y que los servicios sociales dan “300 o 500 euros”, cuando “lo justo serían unos 2.000”.

Según el informe más reciente del Observatorio Estatal de la Dependencia, difundido en julio pasado y referido al primer semestre del año, en España hay 255.302 personas pendientes de algún trámite relacionado con la dependencia.

Según ese balance, 108.908 personas están pendientes de valoración y 146.394 esperaban una prestación o servicio ya reconocido. Además, el Observatorio cifra en 15.450 las personas fallecidas entre enero y junio de 2026 mientras esperaban una resolución.

Los límites de la normativa

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya ha asegurado este domingo que, desde el primer día, ha estado a disposición de la actriz para atender su situación y asegura que ya se han puesto en contacto con ella para conocer de primera mano su caso y dar respuesta a sus requerimientos.

Argumenta que la normativa estatal que regula el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia no prevé, con carácter general, una atención continuada las 24 horas del día. El nuevo modelo, añade, apuesta por una valoración integrada, con una única visita y una única respuesta, para evitar duplicidades y agilizar trámites.

El plan CURA, un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia en Catalunya, está permitiendo acelerar “de manera significativa” las valoraciones y la elaboración de los PIA (Programa Individual de Atención).

En este sentido, asegura la Generalitat que hace valoraciones por vía telemática en los casos que lo permiten y ha puesto en marcha el “PIA exprés” para agilizar el acceso a las prestaciones económicas.

Desde el Departamento aseguran que son conscientes de que los tiempos de espera generan “preocupación y frustración en muchas familias”, por lo que impulsan la transformación del sistema y esperan poder dar a conocer próximamente datos que acrediten que el sistema de la dependencia en Catalunya “ha iniciado un cambio de ciclo”.

Tras meses de movilizaciones, la plantilla del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo ha vuelto a salir a la calle este sábado para reivindicar más personal y una revisión de los ratios para adaptarlos a las necesidades reales de las personas usuarias del centro y a su grado de dependencia. La movilización, convocada por los trabajadores y respaldada por CSIF Cantabria, da continuidad a las actuaciones para trasladar su situación tanto al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y al Parlamento de Cantabria.

La movilización forma parte de una campaña que la plantilla y CSIF están llevando a cabo para que las necesidades del CAD de Laredo sean abordadas en el ámbito político e institucional. El sindicato considera “fundamental” que la reivindicación de los trabajadores llegue a la Cámara Autonómica y reclama a los grupos políticos “unidad y compromiso” para alcanzar un acuerdo.

De hecho, la Proposición No de Ley (PNL) ‘Pedimos personal para el CAD de Laredo para atender las necesidades reales del centro’ está siendo impulsada para su debate en el Parlamento de Cantabria. Esta reivindicación ya ha sido trasladada a representantes de diferentes grupos políticos durante las reuniones mantenidas en las últimas semanas. IU-Podemos ha elevado su situación al defensor del Pueblo.

El problema, han advertido los trabajadores, “no se limita al cumplimiento de las ratios actualmente establecidas, sino que estos deben revisarse para que respondan a la realidad asistencial de cada centro”.

Desde CSIF se defiende que “no pueden aplicarse los mismos criterios” de personal a usuarios con necesidades asistenciales muy diferentes: “No hablamos solo de ratios, hablamos de personas y de las necesidades reales de atención que tienen”, señala CSIF Cantabria.

El sindicato considera “imprescindible” que la planificación de los recursos humanos tenga en cuenta esta realidad y permita disponer de los profesionales necesarios en cada momento, evitando que la carga asistencial recaiga de forma excesiva sobre los trabajadores.