Ana tiene una deuda de 23.526 euros con la Seguridad Social a raíz de un error en la asignación económica que le correspondía del Ingreso Mínimo Vital. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) calculó la cuantía económica en base a que su hijo convivía con ella, pese a que el menor estaba bajo la tutela de los servicios sociales un año antes de que se le aprobara la ayuda. El desfase ha generado este agujero a la afectada que, con un 45% de grado de discapacidad y sin trabajo, ha alegado en varias ocasiones que desconocía que su hijo siguiera en el padrón con ella. Pide la condonación total de la deuda, ya que se enfrenta a un embargo de bienes aun cuando tiene acreditada su situación de exclusión social, con el riesgo a quedarse completamente desprotegida por el sistema.

Ana, quien prefiere guardar su identidad, es del pueblo de Bujalance, en Córdoba, y vive en la casa que heredó de sus padres cuando fallecieron. A través de una videollamada cuenta que está “desesperada” y pide que se examine de nuevo su caso. Todo comenzó cuando cambió su unidad de convivencia para incluir a su hermana en 2023 en el hogar que ahora comparten para cumplir con los requisitos del IMV, momento en el que la Seguridad Social hizo una revisión de oficio y se comprobó que durante 22 meses se había ingresado una cuantía superior a la que le correspondía.

El origen de todo el embrollo está en el padrón municipal: “No sabía que mi hijo apareciera en el registro conmigo y ellos tampoco lo comprobaron cuando me concedieron de oficio el ingreso en 2020. No verificaron los datos ni que estaba en el centro de menores desde un año antes”, explica. Con tres años a sus espaldas lidiando con las reclamaciones que han sido denegadas, acudió a un familiar que abonó unos 9.000 euros. “No puede hacer más por mí”, indica. Tras varios rechazos, la Seguridad Social le notificó el 22 de mayo de este año una resolución en la que que se le concede un aplazamiento por el pago de las deudas contraídas: de junio a diciembre de 2026 tendrá que pagar 853,5 euros en mensualidades de 142,25 euros. Luego, le quedaría a deber otros 11.862 euros, intereses incluidos.

“La Seguridad Social se equivoca”

“No voy a poderlo pagar, que fue lo que ya me sucedió con la primera parte. Tengo que bajar los gastos de la compra, la luz, el agua, ahora tengo termitas en el techo de casa de mis padres... Tengo una situación muy mala”, lamenta, gastos e imprevistos que tiene que afrontar con una pensión que ronda los 600 euros. El primer mes de pago es junio y comenta que lo más probable es que acuda a Cáritas para buscar algún tipo de apoyo con el que sobrepasar este bache: “Estoy esperando a que me den un abogado de oficio para pelear esto”.

Este hecho no es aislado, señala María Isabel Peláez Peña, coordinadora de la Comisión de los Servicios Sociales del Consejo Andaluz de Trabajo Social, que contabiliza por “miles” las quejas atendidas. “La Seguridad Social se equivoca”, critica, “primero, te aprueban la ayuda y tiempo después hacen una revisión y se dan cuenta del error”. El Colectivo Afectad@s por el IMV lleva tiempo denunciando esta situación que afecta a cientos de familias que son incapaces de asumir una deuda de tal calibre y que ya ha posicionado al Defensor del Pueblo, quien ya en 2024 propuso que no se cobraran los pagos indebidos. En un comunicado emitido el 15 de mayo, la plataforma manifestaba que se trataba de “un problema de Estado en materia de protección social” y ya no se trataba de un hecho “aislado”.

Una de las coordinadoras del Colectivo Afectad@s, en respuesta a este medio, destaca que no hay datos oficiales sobre a cuántas unidades de convivencia han afectado los cobros indebidos del IMV desde 2022. En todo caso, se basan en los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que señala que las revisiones anuales de renta afectaron al 83% de los hogares perceptores ese año, al 65% en 2023 y al 68% en 2024, lo que incluye aumentos, reducciones, suspensiones, bajas y reclamaciones de reintegro.

“Si aplicamos los porcentajes de revisión, la cifra acumulada de unidades de convivencia afectadas por el sistema regularización del IMV desde 2022 estaría entre los 300.000 y 450.000 hogares”, detalla, y, según las estimaciones recogidas por la plataforma, situaría a Andalucía entre los 60.000 y 110.000 hogares afectados. “El Gobierno no ha facilitado hasta la fecha datos desagregados y transparentes sobre el número real de afectados por comunidad autónoma”, subraya, mientras sigue en curso la reclamación colectiva que admitió a trámite en junio de 2025 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y fue presentada por ATD Cuarto Mundo, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y diferentes entes sociales.

Por su parte, Peláez Peña recomienda desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social a los afectados por los fallos administrativos ir en primer lugar a una oficina de Hacienda y solicitar el fraccionamiento de la deuda en una cantidad manejable, a lo que le seguiría un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz para que quede constancia de lo ocurrido. Además, indica que si los afectados tienen dificultades a la hora de acceder a los trámites pueden acudir a un punto Vuela, servicio que facilita el acceso a los recursos digitales. Si el IMV es denegado por impago de deudas, recuerda que con apoyo del trabajador social de referencia se puede solicitar la renta mínima de inserción. En Andalucía, la nómina del IMV llegó en abril a 818.528 personas, según la estadística de abril del INSS.

Tres meses para ingresar 10.000 euros

Retrotrayéndonos en el tiempo, el INSS procedió en 2023 a notificar a Ana la baja del IMV, justificándolo con que hubo un cobro improcedente entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2023 por un importe total de 10.962 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Por este motivo, se le dio a la usuaria un plazo de tres meses para realizar el ingreso que, con el paso de los años, se ha convertido en los más de 23.000 euros. Pese a los informes sociales y sanitarios aportados, las alegaciones fueron desestimadas “al no constituir las mismas aval técnico-jurídico suficiente”, respondieron desde el INSS.

El único supuesto en el que se procedería a una condonación del 65% de la dita sería en el caso de que haya un menor a cargo, según explica el INSS en el escrito. En el caso de Ana no se cumple con este requisito, ya que su hijo quedó bajo la tutela de la Consejería de Inclusión Social en 2019 y, como única alternativa para resolver el trámite, se le indica el número de cuenta bancaria en el que tiene que abonar las mensualidades para rebajar la deuda.

En septiembre de 2025, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social solicitó a Ana el pago de 17.301 euros, a los que sumó un recargo de 3.460 euros por el tiempo transcurrido y los intereses de demora devengados hasta esa fecha, lo que hizo un total de 21.032 euros. En menos de un año, la cantidad aumentó y se pasó a abrir una diligencia de embargo de bienes para compensar la deuda que ascendía a 23.526 euros, en la que se incluían las costas del procedimiento. Una vez más, la afectada presentó una diligencia con las escrituras del inmueble y explicó que el único bien que tiene es la casa de sus padres, por lo que se enfrentaba a un posible desahucio. Ante la urgencia, una familiar aportó un desembolso que aplacara la intervención en la propiedad.

Informes de salud mental y vulnerabilidad social

La última comunicación por parte de la cordobesa fue el 20 de febrero, donde ya no solo pedía que le perdonaran el desembolso en virtud de los informes de desarraigo social y exclusión económica presentados, sino que, como “mínimo”, se paralizara y estudiara su caso de forma pormenorizada, ya que lo único que recibía como réplica por parte de la Unidad de Recaudación Ejecutiva era “solo” un “documento de pago de deuda aumentada por los intereses”.

De esta forma, se ignoran los informes presentados desde enero de 2024, en los que se apunta que la afectada acude al servicio de salud mental desde hace siete años debido a un trastorno ansiosodepresivo, además de que padece una discapacidad mental leve, al igual que su hermana. Por tanto, el diagnóstico pone de relieve las serias dificultades que tiene para organizar varios aspectos de su rutina diaria, como puede ser el trámite de las prestaciones que requiere de una mayor atención a causa de la complejidad burocrática. A su vez, se refleja que se trata de una desempleada de larga duración y no cuenta con una red de apoyo, más allá de la intervención excepcional de su pariente, por lo que los ingresos son “insuficientes” y “apenas cubren las necesidades básicas”.

A tenor de lo sucedido, los servicios sociales recomendaron al INSS que atendiera a la condonación de la deuda “teniendo en cuenta la situación social, sanitaria y económica de exclusión social” y solventar a través de otros métodos, o “de la forma más positiva posible”, el conflicto entre las partes debido a que, a raíz de la “situación económica angustiosa e incierta” se estaba “agravando” el diagnóstico de la paciente. A lo comunicado por este expediente, se suma que el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba también acreditó en marzo de 2026 la situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social que sufre la mujer.

Al cierre de esta edición, la Seguridad Social no ha respondido a las preguntas de este medio. Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social se pide a la administración una mayor rigurosidad a la hora de tramitar los expedientes del IMV para evitar el perjuicio para aquellos que más lo necesitan.

Blanca (nombre ficticio) se desplaza en silla de ruedas, habita en un tercero sin ascensor y está pendiente de una intervención, pero se ve condenada a no abandonar su vivienda. Ha recurrido a la Diputada del Común por la falta de respuesta del ICAVI. También lo ha hecho una familia de cinco miembros que cuida de un hermano de la esposa con una discapacidad del 80% y reside, igualmente, en una vivienda sin adaptación y dos hombres que viven en vehículos, uno con una discapacidad del 68% y el otro afectado de EPOC. “Resulta difícil la situación ante esperas de hasta una década”, recoge el último informe de la Diputada del Común, entregado esta semana en el Parlamento de Canarias y que recoge que Discapacidad y Dependencia concentran con 781 y 448 de un total de la mayor parte de las quejas que recibe esta institución por parte de la ciudadanía. Pero también la crisis de vivienda está generando malestar en la ciudadanía, que ha presentado hasta quejas.

Lola Padrón, diputada del común, ha explicado que este año se ha producido un aumento de las quejas lo que evidencia la “confianza” de la ciudadanía en la institución. Asimismo, alertó de que la administración pública aún es “lenta” y que el sistema de derechos sociales sigue sostenido por las familias y por entidades sociales.

En el año 2025, de las 781 quejas presentadas en el área de Discapacidad, 496 fueron incoadas por mujeres, lo que supone más de la mitad (63,58%) de las quejas del año en el área. “El impacto de género en el colectivo de personas con discapacidad es lo que sociológicamente se conoce como ”doble discriminación“ o interseccionalidad”, añade el informe. Además, solo en el área de Discapacidad se han presentado 178 quejas más frente a las 603 del año 2024.

“El incremento de quejas cada año evidencia la gravedad de la problemática que afecta a la ciudadanía en Canarias, y pone de relieve que los retrasos en la tramitación de las solicitudes por parte de la Dirección General de Discapacidad se intensifican progresivamente. Esta situación genera, en numerosos casos, tiempos de espera de hasta cuatro y cinco años para ser convocados a la valoración correspondiente, sin perjuicio de los casos en los que, aun siendo valorado, la Administración se demora excesivamente en la emisión de la correspondiente resolución”, aclara la Diputación del Común.

De las reuniones que la diputada del común ha mantenido con la consejera Candelaria Delgado y otras personas de esa Consejería el informe detalla causas en ese cuello de botella como el déficit estructural de personal o “el aumento de la demanda de valoraciones, pues entre 2020 y 2025 se registró un incremento masivo de solicitudes, cerca de 90.000, impulsado, en gran medida, por el envejecimiento poblacional y las secuelas de la pandemia; la obsolescencia del sistema de gestión, pues los sistemas informáticos y los procesos administrativos presentan lentitud debido a la necesidad de actualización de las herramientas informáticas”.

Desde el Gobierno se asegura que con la entrada en vigor del Decreto ley 4/2025 se dispone de nuevas medidas como un equipo itinerante de valoradores o informes más claros y actualizados. “La agilización administrativa de registro de solicitudes ha dado lugar a que las miles de solicitudes registradas que constan en el sistema, ahora queden pendientes de cita para valoración”, asegura el informe.

El documento, no obstante, hace hincapié también en las demoras de las revisiones de grado de discapacidad. Señala el caso de Juana (nombre ficticio) que lleva esperando recibir noticias de su expediente desde noviembre de 2020, lo que significa por parte de la Dirección General una demora de 56 meses en la revisión de su grado de discapacidad, sin contar los tres meses establecidos legalmente para ese año. O el caso de Sofía (nombre ficticio) que había solicitado el reconocimiento del grado de discapacidad en marzo de 2019, seguía sin tener noticias en enero de 2025; la respuesta de la Dirección General indicaba que la ciudadana sería citada en el mes de marzo de 2025, sin especificación de cita y dando lugar a una demora de 65 meses desde la presentación de la solicitud.

La accesibilidad universal y por tanto, la supresión de las barreras físicas, sensoriales, y cognitivas, es un tema recurrente en el área, que, aunque porcentualmente representa un lugar muy residual, es importante destacar (11 quejas en 2025). “La existencia de barreras arquitectónicas en espacios e infraestructuras públicas, cuya edificación es anterior a la normativa de accesibilidad vigente, supone en la actualidad, una de las contradicciones más complejas del ordenamiento jurídico en la Comunidad Autónoma de Canarias”, agrega.

La diputada también hace hincapié en la atención temprana y en varias quejas que ponen el acento en que la demora en el reconocimiento del grado de discapacidad a menores que presentan trastorno del espectro autista. Los años de espera para ellos suponen una pérdida irreparable de oportunidades para su desarrollo y su plena integración.

El informe concluye que “en materia de discapacidad, Canarias se encuentra en una fase de transición crítica, pues se ha avanzado en la digitalización y simplificación de trámites, pero el acceso efectivo al derecho sigue dependiendo excesivamente de la insistencia de la ciudadanía y de la fiscalización de los órganos externos”.

Sobre el área de Dependencia, destaca que “el tiempo medio de espera para obtener la resolución de la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia a menudo supera ampliamente el plazo legal establecido de seis meses, llegando a demorarse en muchas ocasiones más de un año”. También incide en “como causa notable en las quejas presentadas la demora en la revisión de la situación de dependencia, que radica en que la persona dependiente, aunque haya acreditado su situación, se ve obligada a permanecer durante meses o años con un grado reconocido que no refleja su realidad”.

Como ejemplo cita el caso de Amanda (nombre ficticio), una ciudadana de 93 años, que habiendo presentado la solicitud de reconocimiento del grado en junio de 2022, continuaba sin tener información sobre su expediente en enero de 2025, y no fue hasta octubre de 2025 cuando se emite resolución de reconocimiento. O el de Luis (nombre ficticio) de 90 años está a la espera de valoración desde su solicitud, de fecha de abril de 2023, no es hasta mayo de 2025 cuando se emite resolución sobre su situación de dependencia.

“La supervisión de las empresas que prestan servicios de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia es fundamental para garantizar los derechos reconocidos en el PIA y que no queden en papel mojado con prácticas deficientes o irregulares. La importancia radica en la protección de este colectivo vulnerable y sus familias, quienes dependen de los servicios reconocidos por la Administración, y se ven desprotegidos por las irregularidades existentes en la prestación de los servicios por parte de las empresas encargadas de ello”, advierte también la Diputada del común, que añade varias quejas sobre estas empresas.

Y en materia de Vivienda el informe incide en que la crisis es estructural y coyuntural, causada por la falta de vivienda pública y privada, los altos precios de compraventa y alquiler, y disfunciones en la gestión de ayudas. Las respuestas de la Administración suelen ser tardías, fragmentadas y poco coordinadas, agravando la vulnerabilidad de mujeres, personas con discapacidad, mayores y familias con menores.

Además de las quejas referidas a personas con discapacidad y sin vivienda adaptada, menciona que en general “los ciudadanos se dirigen a las instituciones públicas poniendo de manifiesto en general las crecientes dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado. En este contexto, denuncian la existencia de dilaciones significativas en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública y protegida, que en numerosos casos se prolongan durante varios años”. En total, en esta área se contabilizaron a 249 quejas, de las que 137 han sido incoadas este año 2025, habiéndose archivado 25 de ellas, principalmente por duplicidad (6) o traslado a otras administraciones (5) como el Comisionado de Transparencia.

El informe dedica un capítulo concreto a las Urgencias del HUC y también se detiene en otras áreas como Sanidad, Servicios Sociales, Administraciones Públicas... En total, se recibieron 3.572 quejas.

Las puertas de la Federación Liberación abren pronto en el Polígono Norte. En este reducto del barrio sevillano el jaleo de la formación del nuevo Parlamento queda lejos, aunque el rumbo que tomen las políticas públicas impacta de lleno en cada una de las personas que acuden a este recurso social en busca de apoyo, ya sea para descifrar el lenguaje de la administración que les requiere informes, facturas y una retahíla de documentos, o para estar acompañados en su proceso de desintoxicación y reinserción sociolaboral. “Hay un triunfalismo a nivel de datos y de empleo que no tiene una repercusión directa en las personas más empobrecidas y vulnerables”, adelanta Macarena Olid.

La educadora social lleva más de una década trabajando en la entidad. Busca en el ordenador los modelos a cumplimentar, lee en voz alta a los usuarios las condiciones de las ayudas sociales que piden y se las explica una a una, se pone sus gafas rojas y habla con su compañera Paula Suárez, trabajadora social, de las tareas pendientes. “Las condiciones socioeconómicas de estas personas no han cambiado”, zanja. En el interior del local, dividido en varias zonas, se hace una atención integral, tanto psicológica como en formación o de asesoramiento jurídico.

A las diez de la mañana entra José, nombre ficticio. Deja a un lado su bicicleta y se sienta frente a Olid, le da una notificación de la Junta de Andalucía y le pide ayuda para resolverla. En realidad, la carta está dirigida a su hijo, que tiene acreditado un 66% de discapacidad, al que se le reclama dónde ha estado empadronado durante los últimos cinco años debido a que tiene una pensión no contributiva. Una documentación que ahora es prioritaria para no perder la asignación. La respuesta más práctica viene de la educadora social: “Hay que decirles que estuvo en la cárcel y, también, que en el Ingreso Mínimo Vital se constata que vive en vuestra casa”.

La brecha digital y el analfabetismo funcional

En un papel, el vecino, de unos 60 años, anota lo que necesita para resolver rápido este conflicto. Irá a su casa a recoger la información, donde ha estado viviendo con su esposa y cuatro hijos desde que las primeras promociones se construyeron y costaban un millón de pesetas, apenas 6.000 euros, y por las que ahora se piden 120.000 euros. “Las cosas tampoco están tan mal... Ahí está lo de la vivienda, pero dentro de lo que cabe, todo va bien”, comenta sobre las recientes elecciones autonómicas del 17 de mayo. Él voto a la izquierda, afirma sin medias tintas, y reza porque a los de su círculo estén bien. Es su único propósito, por eso está aquí resolviendo dudas entre tanto papeleo.

“Hay que proveer de un espacio en el que estas personas puedan sacar la documentación, más cuando se niegan las citas presenciales en la administración”, siendo una de las grandes barreras la brecha digital, “muchas de ellas no tienen un móvil o no tienen las habilidades para solicitarlo adecuadamente”. Hay quien tiene serias dificultades para comprender los requerimientos de la administración, pese a que saben leer y escribir, lo que se denomina como analfabetismo funcional.

Este es el caso de Marta, nombre ficticio, una mujer de mediana edad que vive en Polígono Norte desde los cuatro años. Heredó la casa de sus padres y recibe el IMV al no tener recursos. Hace un tiempo, acogió a su sobrino en la casa, que es como el hijo que nunca tuvo, y ahora tiene que justificar su presencia para que no le retiren a ella la ayuda social. “Estamos moviendo todos los papeles, a ver qué me dicen, y hoy mismo me presento sin cita para que me atiendan”, comenta. Al preguntarle por la actualidad política, por cómo ve su zona, el barrio, encoge los hombros, como disculpándose: “Ya tengo bastante lío en la cabeza... No estoy metida. Ya ellos harán, digamos lo que digamos”.

Bonanza económica vs. índices de pobreza

La bonanza económica de la que presume el Gobierno andaluz se traduce en varios datos, con más de 3,6 millones de personas trabajando en 2025, especialmente en Málaga, Cádiz y Sevilla, y una tasa del paro en el 14,6% al cierre de 2025. A los datos macroeconómicos, que fijan el crecimiento del PIB andaluz en un 3,2% frente al 2,8% nacional, habría que sumar la reforma laboral, que ha reducido en un lustro el empleo temporal en un 9%. En algunos círculos se habla de un “milagro económico andaluz” que viene pregonando la Junta. Exportaciones millonarias, creación de empresas, todo ello, en un contexto dependiente del sector servicios, que supone el 77% del PIB —el turismo registró un récord histórico con la llegada de 27,9 millones de personas el año pasado—, pero la industria se queda en el 11% y la agricultura y la construcción en un 6%, respectivamente, a tenor de lo publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Estas cifras deberían traducirse en mejoras palpables para toda la población mediante un reparto de la riqueza, ya que la inflación acumulada desde 2020 supera el 25%, subrayan desde UGT, mientras que los salarios pactados apenas alcanzan el 18%. Además, la comunidad continuó en 2024 a la cola de las retribuciones, solo por delante de Extremadura, Murcia y Canarias. Es decir, los andaluces ganan de media 2.146 euros brutos al mes, lejos del País Vasco (2.809 euros), Madrid (2.761 euros), Navarra (2.589 euros) y Cataluña (2.529 euros), según la Encuesta de Población Activa (EPA). Unas cantidades que entroncan con lo que muestran los análisis sociales: el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía estima que alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social, un 23,1% de la población, mientras que 270.000 personas lo hacen en exclusión severa, un 10,2%.

Por tanto, un 33'3% de la población andaluza vive en exclusión social, donde la vivienda y el empleo precario son las principales barreras para prosperar. Una cifra que ampara la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social AROPE, hecha a partir de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, en la que se reseña que Andalucía obtiene un 34,7%, nueve puntos por encima de la media estatal (25,7%).

“No paro de tomar calmantes”

Tras un rato, llega Antonio, nombre ficticio, que necesita ayuda para la bonificación social de las facturas del agua. Ha revisado el contador de la casa que comparte con su esposa y su nieto en varias ocasiones a causa de las cantidades desorbitantes que el sistema determina que han gastado. Procedente de Rumanía, encontró en Sevilla un lugar en el que prosperar y, ahora, dos décadas después, contempla cómo su propio hijo es el que migra a Reino Unido para ahorrar más y volver con mejores condiciones para su familia.

“Nos dejó a la criatura, ya que aquí tenía la escuela, el tema del idioma... Fue lo mejor”, le cuenta a las trabajadoras. Olid le lee las condiciones de la administración para recibir la subvención y él asiente. Entonces, en un momento dado en el que la educadora va a hacer algunas fotocopias, cuenta que tiene un dolor indescriptible en la boca: le dieron cita con el médico de cabecera, pero ahora tendrá que esperar otros seis meses a que le atiende un especialista. “No paro de tomar calmantes”.

“Me acaban de llamar de Cruz Roja porque Encarna, una señora de 90 años, ha dejado nuestro contacto para casos de emergencia y, por lo visto, ha sonado el botón rojo”, comenta Paula Suárez. Busca el teléfono en las carpetas y, si no, irá en busca de algún familiar en la plaza de atrás. En otra ocasión, atendieron a dos hermanos migrantes, mientras que el pequeño permanecía en un centro de menores, el mayor pidió ayuda para encontrar un albergue municipal en el que dormir esa noche. “Fuimos con él a servicios sociales, pero estaban todas las plazas llenas y con lista de espera”, relata Olid, “muchos días nos vemos en este círculo de la pobreza y la exclusión, que no sabe si estamos en época de bonanza o de crisis, porque siempre se está en modo supervivencia”.

Tras desmarcarse del acuerdo alcanzado entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos mayoritarios, la situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo sigue igual. Las trabajadoras mantienen sus movilizaciones, con una nueva concentración este jueves a las 11.00 horas frente a la sede del ICASS en Santander, al considerar que las medidas acordadas no resuelven la falta estructural de personal.

Uno de los puntos de mayor controversia es el uso indebido de los ocho “acúmulos de tareas” (contrataciones temporales) concedidos al centro. Según denuncian representantes de los trabajadores, la dirección del CAD de Laredo está utilizando estos refuerzos para cubrir necesidades estructurales, como vacaciones y bajas laborales, en lugar de para aumentar los efectivos reales en las plantas.

“El acuerdo firmado por los cuatro sindicatos indicaba que no se podía hacer uso de esos acúmulos para cubrir bajas o vacaciones, pero es exactamente lo que se está haciendo”, explica Anjana González, trabajadora del centro asistenicial. Con cerca de 12 compañeras de baja, el personal denuncia que la carga de trabajo sigue siendo la misma y que los refuerzos no llegan a mejorar el ratio de atención al residente. Además, lamentan que los turnos de noche siguen sin reforzarse y que, en muchas ocasiones, trabajan incluso sin personal de enfermería.

El factor humano: 10 minutos para un aseo completo

La falta de “manos” tiene una consecuencia directa en la calidad asistencial. Los trabajadores describen una situación de “atropello” constante donde apenas disponen de 8 o 10 minutos para asear, duchar y vestir a cada usuario. “Casi no les das tiempo ni a abrir el ojo cuando ya les estás lavando a las 8 de la mañana; vas a una velocidad que no permite una manipulación adecuada”, lamenta González.

Esta urgencia horaria afecta especialmente a los residentes con necesidades específicas. Por ejemplo, una persona con disfagia (riesgo de atragantamiento) requeriría unos 45 minutos para comer con seguridad; sin embargo, debido a la falta de personal, los trabajadores se ven obligados a reducir drásticamente el tiempo de comida de otros usuarios a apenas 15 minutos para poder atender a todos los usuarios. Esta situación, según explica a eldiario.es, genera un “alto nivel de estrés y frustración” entre los empleados, quienes sienten que no pueden ofrecer la dignidad y el cuidado que los mayores merecen.

Un problema de “organización”, según el ICASS

Desde su primera movilización, el pasado 8 de mayo, González explica que la subdirectora de Dependencia del Gobierno de Cantabria, Patricia Blanco, ha visitado en un par de ocasiones el centro y ha sugerido que el problema es de “organización” y no de número de personal. La trabajadora se muestra tajante al respecto: “Me puedo organizar muy bien, pero si necesito cinco manos y solo tengo dos, voy a seguir necesitando tres más por muy bien que me organice”.

Asimismo, existe un profundo malestar con los sindicatos mayoritarios firmantes del pacto con el ICASS (UGT, CCOO, SIEP y TU). Desde el CAD de Laredo sostienen que ninguna de estas organizaciones ha acudido al centro para supervisar si se está cumpliendo lo firmado o para pedir explicaciones sobre el uso de los contratos de refuerzo.

Ante la inacción de la administración, las trabajadoras pretenden ser escuchadas directamente por los responsables del ICASS que se encuentren en su jornada laboral este jueves y desean, a su vez, poder contar con el apoyo de compañeras y compañeros de otros CAD como el Santander o Torrelavega que quieran solidarizarse con su situación. “No vamos con intención de negociar, porque no somos órgano negociador, pero queremos que se nos escuche y se dé una solución real”, concluyen, advirtiendo que no pararán hasta que se garantice una atención de calidad en el centro.

El grupo parlamentario del Partido Popular ha reconocido este martes en el Parlamento de Cantabria que “hay cosas por mejorar” en la financiación autonómica en atención de dependencia y en las condiciones de las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio en Cantabria, comunidad gobernada por el PP.

Si bien ha reprochado al PRC que haya dibujado “un panorama desolador” que, a su juicio, no se corresponde con la realidad, ha apoyado la propuesta regionalista para aumentar la financiación y una mejora en las condiciones de las empleadas.

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE y Vox) han unido este martes sus votos en el Pleno para demandar un aumento de la financiación autonómica del sistema de dependencia y una mejora de las condiciones salariales y ratios de personal en este sector y en el servicio de ayuda a domicilio.

El PP ha apoyado la iniciativa, pero ha señalado que hay cuestiones que se incluyen en la propuesta que están sujetas a la negociación colectiva de las trabajadoras de atención a domicilio, en las que el Gobierno “no puede interferir” ni “entrometerse” porque corresponde a la patronal y a los sindicatos. “Si son capaces estas partes negociadoras de elaborar un convenio mejor para los trabajadores, el Gobierno de Cantabria estará encantado de aplicarlo”, ha dicho.

En la iniciativa aprobada, impulsada por el PRC, que ha pactado cambios en el texto original con los otros dos grupos de la oposición, se reclama que las condiciones laborales de las trabajadoras de estos sectores se actualicen en base a “indicadores reales del coste de la vida”, eliminando actuales referencias al PIB en los convenios que impiden hacer efectivas estas mejoras.

Además, se insta al Gobierno del PP a elaborar pliegos de contratación que impidan de forma efectiva la adjudicación de contratos en baja temeraria “a costa de la retribución de las trabajadoras y la degradación del servicio” y se reclama la implementación de auditorias que, con carácter periódico, evalúen las condiciones laborales de los trabajadores.

Durante todo el debate han sido varios los portavoces que han puesto de relieve la “precariedad” que sufren los trabajadores de la dependencia y han insistido en la necesidad de “dignificación” de sus condiciones.

Andalucía necesitaría 36.327 plazas residenciales para llegar al estándar recomendado del 5% de plazas por cada 100 personas mayores y alcanzar el cómputo ideal de 83.022 camas en toda la autonomía. A fecha de 2024, cuenta con 46.695 plazas y se sitúa por debajo de la media nacional, un 2,81% frente al 4,05%, además de distribuirse de forma desigual en las ocho provincias andaluzas. En paralelo, se señala que entre 2019 y 2022 se produjo el cierre de 24 residencias, lo que provocó un estancamiento en el número de unidades disponibles.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) pide a la Junta una inyección económica que acelere la construcción de nuevas infraestructuras para dar cobertura a los usuarios y, sobre todo, en previsión de la mayor demanda que experimentará el sistema ante el paulatino envejecimiento de la población. Por tal motivo, piden un plan de “choque inmediato” con 5.000 nuevas plazas concertadas de “carácter urgente” y planificar una estrategia para alcanzar en 2030 la media nacional del 4,05% “en coordinación con fondos estatales y europeos”, ya que el coste alcanzaría los 65 millones de euros anuales.

Así lo recoge un informe publicado por el ente este lunes bajo el título Plazas residenciales para personas mayores en Andalucía. Análisis 2006 - 2022 y diagnóstico actual, en el que se describe la evolución que ha experimentado el sistema de dependencia. Entre las primeras conclusiones, se extrae que, entre 2006 y 2017, Andalucía lideró la creación de nuevos centros, un 34% a nivel estatal, y aportó el 16,35% de las nuevas plazas en España. Sin embargo, en el último periodo entre 2019 y 2022, se cerraron 24 centros mientras que se abrían 150 instalaciones en el país.

A partir de la serie publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —una fuente que no es oficial dado que las competencias están transferidas a las comunidades pero que sirve de baremo—, Sevilla fue la provincia más afectada con la eliminación de 12 unidades, por encima de Málaga (-9), Cádiz (-2), Jaén (-1) y Almería (-1), mientras que Córdoba sumó una instalación y Granada y Huelva no experimentaron ningún cambio entre 2019 y 2022 frente a la franja cronológica que va desde 2006 a 2017. En vista de las cifras, la organización advierte que se tardaría alrededor de 29 años en cumplir con el estándar del 5%: “El déficit estructural no quedaría extinguido hasta 2055, y ello sin contar el crecimiento demográfico previsto”, subraya el ente en un comunicado.

Por otra parte, la distribución de plazas en las ocho provincias andaluzas se reparte de forma desigual conforme a las necesidades de la población: Sevilla acumula la mayor parte de las plazas, 9.651, aunque hay un déficit de 8.916; en cuanto a Málaga, hay 7.961 pero se necesitarían habilitar 8.455 camas más; y en tercer lugar quedaría Córdoba, con 6.048 plazas a las que habría que sumar 2.318 con relación a la densidad de población de mayores de 65 años. A continuación, estarían Cádiz (5.783 plazas), Granada (5.765 plazas) y Jaén (5.107), a las que habría que añadir 5.961, 3.872 y 1.766, respectivamente. Por debajo de ese umbral quedarían Almería (3.833) y Huelva (2.547), en donde habría que destinar un refuerzo para compensar la falta de 2.320 plazas y 2.719 plazas en cada caso.

457 días de espera y 1.963 fallecidas sin la prestación recibida

FOAM establece, a partir de los datos recopilados en el Instituto Nacional de Estadística y en el Imserso, que Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor déficit absoluto de plazas residencias para personas mayores de 65 años en 2024, ya que representa el 37,5% de la estadística nacional. Asimismo, se destaca que el 49,60% de las plazas andaluzas existentes se concentran en macroresidencias de 100 o más plazas.

En cuanto al tiempo medio para obtener una resolución, se alarga a los 457 días frente a los 325 de media, aunque el máximo que establece la ley es de 180 días. Es decir, hasta abril de 2026, fallecieron 1.963 personas sin haber recibido la prestación aunque tuvieran el derecho reconocido.

Cabe recordar que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicaba un análisis basado en el primer censo de centros residenciales en España que realizó el Ministerio de Derechos Sociales en abril de 2024, con los últimos datos disponibles. A tenor de lo observado, se computa que el 64,3% de las plazas en Andalucía corresponden a financiación pública, unas 30.006, y unas 16.689 a la privada, lo que tiene un peso del 35,7%. En visión del eje cronológico, la creación de camas experimentó un parón, sobre todo entre 2010 y 2016, donde se pasó del 2,08% al 1,88%. Esta cifra por fin se rebasó en el período entre 2017 y 2022 cuando se alcanzó el 1,94%. Sin embargo, en 2022 el índice cayó al 1,92% y, seguidamente, al 1,79% en 2023, subiendo dos puntos al 1,81 en 2024. Un comportamiento en dirección opuesta a la media nacional, ya que se alcanzó un 2,84% de financiación pública tras un crecimiento continuado desde 2018.

134 millones de fondos Next Generation

Por tanto, la creación de plazas para personas mayores en Andalucía, que sufrió un estancamiento entre 2022 y 2023, disminuyendo de 45.732 a 42.545, coincidiendo con el segundo mandato del Gobierno popular de Juanma Moreno, se ha sostenido, sobre todo, en la esfera privada dado que creció la financiación entre 2023 y 2024 en ocho centésimas (pasando de 0,93 a 1,01), momento en el que se sumaron más de 4.000 nuevas camas. Así, se consiguió lograr el máximo histórico en la serie andaluza con 46.695 plazas residenciales.

Es más, solo seis comunidades cumplen con la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en España: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, La Rioja y Cantabria, pero solo dos lo alcanzan con financiación pública, que serían las dos castillas.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad responde a este medio que el período analizado se queda en 2022 y que, desde entonces, la inversión en la construcción y reforma de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad se ha reforzado con la creación de más de 5.000 nuevas plazas. Además, destacan la línea de 134 millones de euros a cargo del fondo europeo Next Generation que está destinada a entidades locales y del tercer sector y tiene como fecha fin de ejecución este año 2026, con la que se pretende dar oxígeno al sector para revertir la demanda histórica en la asistencia a personas mayores.

El informe de 2025 del Observatorio Estatal de la Dependencia suspendió a Cantabria con un 3.5, la cuarta región con peor valoración. El estudio nacional, que analizó la escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025, aprobó solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros. Cantabria quedó en los últimos puestos porque tenía “carencias estructurales derivadas de una financiación insuficiente” y de un modelo que se sostiene, “en demasiadas ocasiones”, sobre condiciones laborales “precarias”.

Según el Observatorio estatal, elaborado por Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, esas carencias en el Sistema Cántabro de Salud “suponen demoras en la tramitación de expedientes, pérdida de plazas y un aumento de las listas de espera”, junto a “una alarmante precarización de las condiciones laborales” de los profesionales empleados en el sector de la dependencia, en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres. A esto hay que sumar ahora que este lunes el Observatorio ha alertado en un nuevo informe de que, junto a otras seis autonomías, Cantabria verá reducida este año su financiación en dependencia 1,8 millones de euros por su “mala gestión”.

Por eso, el PRC exigirá este martes al Gobierno de Cantabria, en el Pleno del Parlamento, que refuerce la financiación de forma progresiva del sistema de atención a la dependencia y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Y también que impulse mejoras asistenciales y laborales en un sector en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres: son cerca de 3.000 las encargadas de cubrir Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria, que son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento. 

Obregón ha advertido, en nota de prensa, que es un sector “altamente feminizado y que acumula una preocupante pérdida de poder adquisitivo, con compensaciones por desplazamiento desactualizadas y falta de derechos básicos, como horas médicas retribuidas”.

Insuficiencias en las plantillas

Para el PRC, la forma de ejecutar las licitaciones públicas en este sector provoca “insuficiencias en las plantillas, sobrecarga de trabajo y precarización laboral, además de repercutir negativamente en la calidad de la atención a las personas dependientes”.

Para resolverlo, el PRC propondrá incorporar cláusulas sociales y laborales en los pliegos de contratación, actualizar las compensaciones por desplazamiento e implantar mejoras retributivas, reforzar la estabilidad laboral, reducir la temporalidad y mejorar la prevención de riesgos laborales, así como intensificar los mecanismos de inspección y control para garantizar el cumplimiento de ratios, sustituciones y tiempos de atención.

El Gobierno de Cantabria tomó recientemente dos medidas en términos de cuidados: anunció la creación del marco estratégico para el cuidado de las personas en Cantabria (MeSCan) y, además, elevó el área de Cuidados de subdirección a Dirección. Pero la falta de definición del MeSCan, anunciado como “un hito de la legislatura” por el consejero de Salud, César Pascual, da lugar a dudas, cuanto la legislatura está por concluir.

El Gobierno de Canarias acusa ahora al Gobierno estatal de recortar financiación en dependencia. Tanto en el Parlamento de Canarias como a través de un comunicado, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, incide en que un nuevo sistema de reparto estatal de financiación de la dependencia supondrá para el Archipiélago una pérdida de 12,4 millones de euros y todo ello, según el Ejecutivo regional, pese a “haber reducido de forma significativa los tiempos de espera, el denominado limbo de la dependencia y las listas de espera del sistema”.

Según los datos del IMSERSO del pasado mes de abril, Canarias aún tiene un limbo de 15.000 personas que deberían estar percibiendo la prestación porque tienen derecho, pero no la reciben.

En una respuesta por escrito a la senadora Marta Arocha, que fue directora general de Dependencia del Gobierno de Canaria, el Ministerio de Derechos Sociales ha señalado que “no se identifica ningún escenario en el que la comunidad autónoma registre una pérdida neta de financiación estatal”.

La consejera de Bienestar Social canaria incidió en la incorporación de un nuevo “factor de corrección del 10%” en el reparto del denominado nivel acordado, un criterio que asegura que perjudica especialmente a Canarias ya que denuncia que sufrirá una reducción del 32,3% respecto a la financiación que le correspondería percibir por la evolución de sus datos, convirtiéndose, según sostiene el Ejecutivo regional, en “la comunidad autónoma más perjudicada de España”. “Esta decisión no responde a la corresponsabilidad ni a la cooperación institucional, sino que supone penalizar a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas y evolucionando en positivo. Parece que cuando mejor lo hacemos en Canarias, más trabas nos ponen desde fuera”, insistió Delgado, que anunció que estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto.

Según le han explicado el ministerio, “respecto al denominado ”factor de corrección“, es preciso señalar que no constituye en ningún caso una medida aprobada ni incorporada al modelo vigente. Se trata de un elemento técnico planteado en el seno de los grupos de trabajo con comunidades autónomas con el objetivo de explorar mecanismos que permitan moderar las oscilaciones interanuales en un contexto de estabilidad del crédito global. Su consideración responde, por tanto, a un escenario de simulación y análisis, sin que exista decisión alguna adoptada por los órganos competentes para su aplicación efectiva”.

Asimismo, añade que “como podrán confirmar los técnicos del Gobierno de Canarias que asistieron a la reunión correspondiente, los escenarios trabajados con datos actualizados a 31 de diciembre de 2025 muestran que Canarias experimenta incrementos en su financiación en términos absolutos en todos los supuestos considerados. En consecuencia, no se identifica ningún escenario en el que la comunidad autónoma registre una pérdida neta de financiación estatal en el nivel acordado”, agrega.

Si se atiende a los últimos datos publicados por el IMSERSO, se aprecia que Canarias percibía en el año 2019, el Estado destinaba a a Canarias 30.724.689,04 euros para el desarrollo de la Ley de la Dependencia, una cuantía que ha ascendido en 2025 hasta los 101.802.600,06 euros. Es decir, la financiación se ha triplicado desde entonces.

“Debe recordarse que el modelo de reparto incorpora adicionales de carácter estructural, entre ellos los vinculados a la insularidad y la dispersión territorial, que operan en favor de comunidades como Canarias y contribuyen a adecuar la asignación de recursos a sus especificidades”, aclara el ministerio en su contestación por escirto a Marta Arocha, que insiste en que “desde un análisis técnico del conjunto del sistema de financiación, no puede sostenerse la existencia de una reducción del gasto estatal ni de una penalización específica a Canarias”.

“Desde una perspectiva agregada, no se ha producido una disminución del esfuerzo financiero del Estado en Canarias. Al contrario, se observa una trayectoria creciente en el nivel mínimo de protección, que constituye el principal componente de financiación estatal vinculado directamente a las personas atendidas. En términos cuantitativos, dicho nivel ha evolucionado desde aproximadamente 58 millones de euros en 2023 a 62 millones en 2024, alcanzando en el entorno de 75 millones en 2025. Esta evolución evidencia que el Estado está acompañando el desarrollo del sistema en la comunidad autónoma, con una aportación total (incluyendo acordado) del gobierno central de 102 millones de euros en 2025. En contraste, en 2019 Canarias apenas recibía 29 millones de euros: es decir, casi cuatro veces menos que en 2025. Cabe recordar también la supresión completa del nivel acordado por anteriores gobiernos del Partido Popular, así como las cotizaciones de personas cuidadoras, recortes que este gobierno ha revertido”, insiste la respuesta del ministerio.

También aclaran que “el denominado nivel acordado debe analizarse en el marco de su propia naturaleza. Se trata de un fondo de distribución condicionada, sometido a un reparto territorial en función de indicadores comparativos y dentro de un volumen global limitado, especialmente en un contexto de prórroga presupuestaria. En este sentido, las variaciones interanuales en el nivel acordado no pueden interpretarse en términos absolutos como pérdidas o recortes, sino como ajustes relativos derivados de la evolución diferencial de los indicadores entre comunidades autónomas. Así, las cuantías asignadas a Canarias (29 millones en 2023, 25 millones en 2024 y en torno a 26 millones en 2025) responden a estos criterios de reparto, sin que ello implique una contracción del conjunto de recursos estatales recibidos”.

La senadora Marta Arocha explica sobre la tabla publicado por el IMSERSO que sobre la tabla que hace referencia al “nivel mínimo” es una cantidad que se paga por cada persona dependiente y que en 2023 es, según incide, el año en que más se pagó de nivel mínimo porque en 2022 durante el Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE) y Noemí Santana como consejera de Derechos Sociales el año en el que más se aumentó tanto el número de persponas atendidas, se redujo la lista... Y el nivel acordado explica que se negocia todos los años y es una cantidad que se va ampliando y que el nivel adicional lo “elininó el PP en 2012” por eso “en el cuadro está en cero”.

El nivel adicional aclara que se negocia todos los años y que según los estudios del ministerio “ningún escenario va a empeorar la financiación de Canarias”.

Arocha cree que para resolver la dependencia hay que crear servicios, en este momento hay un “déficit de servicios que está impidiendo que la gente pueda acceder y por eso hay 15.000 personas con prestación recconocida y sin recibir nada”. ¿Por qué hay 15.000 prestaciones no efectivas? Porque no hay servicios que ofertar“, insiste.

Precisamente, este lunes la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca que hay ocho comunidades que pierden financiación estatal en dependencia y entre ellas no está Canarias. Asimismo, las Comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 son: País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632 euros) y Navarra (2.578 euros), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.490 euros), Canarias (1.492 euros) y Murcia (1.751 euros).

No obstante, de los datos presentados este lunes por la asociación también se refleja que el Estado cubre el 25,2% de la financiación del sistema de dependencia mientras que la comunidad autónoma de Canarias cubre el otro 74,8% con más de 300 millones de euros.

Juan José Martínez, de 84 años, espera desde el 26 de junio de 2025 a que se reconozca el Grado III de dependencia por la Junta de Andalucía. Aquel día recibió la visita de los evaluadores de la Consejería de Inclusión Social, pero no hay respuesta por parte de la administración mientras que su estado de salud se debilita. En los últimos cinco meses ha estado ingresado en el hospital hasta en cuatro ocasiones. Pese a las leves mejoras, el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señala que Andalucía sigue a la cola del sistema en 2025: el tiempo medio de espera es de 496 días, en vez de los 180 días establecidos por ley, mientras que 6.995 personas fallecieron sin que les llegara una resolución de grado y 40.092 personas en lista de espera.

María, de 61 años, es la persona cuidadora de referencia de sus padres, Juan José y Adelaida del Pino, de 84 y 85 años, quienes tienen reconocido un Grado II en dependencia desde el año 2022, lo que significa que tienen asignados dos cuidadores con 40 horas mensuales, es decir, una hora por la mañana y una hora por la tarde de lunes a viernes por lo que se le cobra a él una media de 100 euros al mes. El resto del tiempo es la hija quien está al tanto de los progenitores, cuyo desgaste ha avanzado a grandes pasos en los últimos meses, sobre todo el de su padre.

Al entrar en la cafetería, María saluda a unos y otros. Solía bajar cada mañana con su padre antes de que empeorara y, también, antes de que le cambiaran el perfil de trabajador que acudía a su casa, ya que necesita la fuerza de un cuidador para manejar sin riesgos al hombre que mide 1,90. Acude a la entrevista antes de que llegue la cuidadora de su madre a las doce del mediodía. Si no está, no habrá quien abra la puerta debido a la escasa movilidad que tienen los dos ancianos. Abre un archivero con decenas de fundas de plástico llenas de documentos, listas de medicamentos y facturas que va consultando mientras las muñequeras aprietan sus articulaciones en ambas manos, desgastadas después de varios años manipulándolos tanto para lavarlos, trasladarlos o levantarlos cuando se caen al piso.

Horarios y altos costes de las residencias

Al lado del folleto de simplificación administrativa que reparte la Junta de Andalucía está la solicitud que realizó el pasado año para que su padre accediera al Grado III en dependencia: adjuntó la solicitud, las copias del DNI y nuevos diagnósticos sobre su estado de salud en el ambulatorio. “Esto qué persona mayor te lo hace”, dice con los documentos apilados. Necesita más ayuda y la última vez que acudió al hospital fue la trabajadora social del propio servicio sanitario quien le dio un listado, apenas legible, de las residencias cofinanciadas por la Junta.

Hay dos trabas: por una parte, su padre tiene que aprobar este traslado dado que está lúcido y, por otra, el proceso para iniciar los cambios del Programa Individual de Atención (PIA) se demoraría meses. “Cuando se fracturó la cadera en 2024 lo consideré, pero no es algo que se haga sobre la marcha y, una vez recuperado, tienes que pasar otro proceso para que lo devuelvan a casa... No pude más que hacerme cargo”, la alternativa era pagar por adelantado y luego solicitar una subvención para la cofinanciación. Las residencias más baratas que ha consultado rondan los 1.500 euros, una cantidad que no tiene y a lo que habría que añadir su situación como parada de larga duración.

El batalleo comienza pronto en casa de los Martínez. María se levanta antes para que a las ocho y media de la mañana esté preparado el desayuno, dadas las pastillas y medida la tensión, que últimamente se le dispara a Juan José. A las 9.15 horas llega la cuidadora de su padre, que la ayuda a quitarle el pijama, asearlo y vestirlo. La hora que está con la familia se dedica exclusivamente a la higiene. No hay tiempo para más. A las 10.15 horas se marcha y aprovecha el tiempo para poner lavadoras y limpiar. A las 12.15 horas, la segunda cuidadora se dedica a Adelaida. Otra hora de cuidado personal y el mediodía ya está aquí. Hasta las 19.45 horas no vendrá la persona encargada de su padre, que apoyará a María en el lavado y puesta a punto del pijama. Todo ello, sin contar con la rigidez o contratiempos que provoque el Parkinson: “El resto del tiempo, como los fines de semana, estamos expuestos a caernos los dos si lo tengo que mover porque le duela el cuerpo de estar tanto tiempo quieto o le tengo que cambiar el pañal”.

“El sistema no es malo, pero lo malo son los tiempos y la escasez de recursos. Yo soy la que ha pagado de su bolsillo un fisioterapeuta para mis padres, yo soy la que está pendiente de ellos día sí y día también... Estamos resignados”. Entre enero y abril, su padre ha estado hospitalizado hasta en cuatro ocasiones. “Él lo que me dice es que no tengo en quién delegar... He tenido que renunciar a mi vida”, explica. María solo tiene una hermana, con la que no puede contar. Al vivir cerca de sus padres, va y viene prácticamente todos los días después de que la pandemia de 2020 supusiera un punto de inflexión y contemplara que la pareja era incapaz de pervivir por sí sola.

“No están suficientemente formados”

“Desde la Junta, me dieron la posibilidad de que vinieran los dos cuidadores a la misma hora, pero eso significaría que pierdo todo el tiempo a que si vinieran por separado”, detalla Martínez. “Mis padres me tienen a mí para cubrir el resto de horas, si hay que cambiarles los pañales o darles de comer y que no se asfixien, pero, imagínate los que están solos”, resume. Una vez tuvo que salir y dejó solo a uno de los trabajadores del servicio de dependencia. Al volver, encontró a su padre semidesnudo, desorientado, con las sábanas y el pijama en el que había excrementos tirados en el suelo frente de la pareja de ancianos. Las imágenes quedaron grabadas y se remitieron a la coordinadora del dispositivo. “No están suficientemente formados”, critica.

Las personas más cercanas a María le recomiendan que delegue, pero le es imposible quedarse de brazos cruzados. Es la persona que los acompaña al hospital, quien arregla los trámites en el ayuntamiento y pide que desglosen cada una de las facturas, la que habla con el servicio de ayuda a domicilio para que se cumpla con el programa establecido. A todo ello, habría que añadir el cuidado de la salud mental de sus progenitores, sobre todo de su padre, que aún es consciente de todo lo que pasa a su alrededor y sufre por las consecuencias de la enfermedad degenerativa. “Sí, claro que tengo el síndrome del cuidador, pero si haces mal tu trabajo, es él quien paga las secuelas”, advierte. Su oído rastrea la respiración y los tosidos de su padre durante el día, en alerta por si necesita auxilio. Reconoce que no es indispensable, solo necesita el compromiso de quienes acuden a su casa y que la rotación o sustitución de los trabajadores no sea tan frecuente para que aprendan la rutina de los cuidados que requieren los mayores.

“Tengo que ser fuerte por muchas razones. Detrás de mí hay mucha gente, porque no es solo mi padre ni mi madre, es que hay gente peor que está esperando en una cama a que alguien venga. Hay 7.000 personas que se mueren, ¿sabes lo que te digo?”, zanja. María cree que esto irá a más: “Paséate por la mañana por los supermercados, por los parques... Solo hay personas mayores. La longevidad es muy alta y el sistema se ha quedado muy chico”.

La dependencia, en la rueda electoral

La dependencia ha sido uno de los reclamos de los partidos políticos en campaña. Todos están de acuerdo en que las listas de espera hay que rebajarlas y en los debates electorales tanto Por Andalucía, de Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía, de José Ignacio García, han prometido a promulgar una ley en la que se obligue a cumplir con los 180 días de espera y que, de incumplir tales plazos, se indemnice a los usuarios y a sus familias.

Acerca de la gestión de Loles López, consejera de Inclusión Social, el Observatorio establece que ha disminuido la lista de espera en 10.756 personas y el tiempo de tramitación en 106 días en comparación con el año anterior. Unas cifras de las que se enorgullece la administración que, en sendos comunicados, ha trasladado en los últimos meses que ha habido un récord histórico de personas beneficiarias. Por contra, el Gobierno andaluz sigue afirmando que aporta más que el Estado para la financiación del sistema de dependencia, una cuestión para la que pide estar a la altura del País Vasco, a pesar de que los informes tanto del Imserso como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores desmienten. Andalucía es de las comunidades más cofinanciadas por el Gobierno central, recibiendo un 34,90%, y se puntualiza que el presupuesto autonómico dedicado a la partida apenas ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue siendo el más bajo de toda España: 7.173 euros.

En marzo de 2024, el Gobierno andaluz implantó un nuevo modelo de gestión mediante el decreto de simplificación administrativa que cambió 176 leyes de una vez. El cambio buscaba la agilización de los trámites y un año después las huelgas, protestas y críticas al sistema se agolpan, con cese mediante en julio del año pasado del director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, a quien sustituyó el viceconsejero José Repiso. La última manifestación frente al Palacio de San Telmo fue en el inicio de la campaña andaluza cuando la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO pidieron una respuesta “urgente”. La dependencia arrastra los males históricos de una infraestructura infrafinanciada. Cuestiones que se escapan al día a día de María, como tantas otras personas: “Le dije a mi tío que le ayudaría a tramitar su ayuda, pero murió hace un mes”.

La ayuda a la dependencia sigue estancada en Canarias en 15.336 personas que no la reciben pese a tener derecho. Se trata del llamado limbo de la dependencia, personas que han presentado la solicitud, han sido reconocidas pero siguen esperando. Según los últimos datos del IMSERSO publicados en el mes de abril, de estas personas 555 llevan más de seis meses esperando

Asimismo, los datos correspondientes al mes de abril, reflejan que 14.386 se encuentran sin prestación efectiva por “motivos no imputables a la administración”. La mayoría de las prestaciones que se conceden suelen ser prestaciones vinculadas al servicio, para lo cual las familias o las personas dependientes deben contratar una empresa, de las cuales no hay suficientes en las Islas.

La propia Consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó durante la firma del convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura la necesidad de corregir una de las “debilidades” del sistema de dependencia en las Islas, señalando que muchos beneficiarios con prestación reconocida no podían hacerla efectiva por falta de empresas que prestaran el servicio.

“¿Por qué hay 15.000 prestaciones no efectivas? Porque no hay servicios que ofertar”, explica la senadora Marta Arocha, que también fue directora de Dependencia del Gobierno de Canarias. “Y porque las empresas que prestan servicios a través de la prestación vinculada al servicio ahora mismo están desbordadas”, añade.

“Hay listas de espera para las empresas privadas y en los centros residenciales privados, si te dan 800 euros, no puedes pagar los 2.500 o 3.000 que cuestan. Por lo tanto, si no se crean plazas públicas de centros de día, de centros sociosanitarios, van a seguir dando PIAS, pero que serán siempre no efectivos”, añade.

La consejera de Bienestar Social, por su parte, insistió hace unos días en el Parlamento en que la lista de espera se ha reducido en el primer trimestre del año en 1.911 personas y el limbo de la dependencia ha descendido un 5,1%. “Queda trabajo por hacer, pero los datos oficiales ponen de manifiesto una mejora objetiva, medible y comparada”, defendió entonces.

“Un sistema low cost”

Arocha considera que Canarias se está convirtiendo en un sistema low cost, ya que una de las prestaciones que más está creciendo es la de la teleasistencia; “y las teleasistencias nunca pueden ser, según la ley, una prestación principal, es siempre complementaria de otra”.

De hecho, si se atiende a los datos del mes de abril del IMSERSO se aprecia por tipo de prestaciones que, en las Islas hay 11.082 personas con la prestación de teleasistencia.

El mayor volumen son las prestaciones vinculadas al servicio (33.605) para las cuales las personas deben elegir entre diversas empresas. Le siguen las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar; 31.452; la atención residencial, con 5.903; los centros de día y noche; 5.576, la prevención y promoción de la autonomía personal; 2.191 y por último con 1.379 la ayuda a domicilio.

En las Islas aún pasan 354 días desde que se solicita la ayuda hasta que se concede. Si bien es cierto que este dato se ha ido reduciendo y de ello ha presumido el Gobierno de Canarias, el hecho de agilizar las resoluciones e incorporar a más personas al sistema no ha conseguido paliar el hecho de que haya más de 15.000 personas sin su prestación efectiva.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto-ley de medidas urgentes para mejorar la atención de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades análogas irreversibles que requieren de un cuidado permanente, que crea el grado III+ para los casos más extremos, que recibirán una ayuda mínima de 3.200 euros mensuales.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha informado de que 22 personas con ELA y otras tres con enfermedades análogas irreversibles podrán acogerse a estas subvenciones, financiadas al 50 % por el Estado y la comunicad autónoma.

La ayuda de 3.200 al mes, sin copago por parte de la persona dependiente, será para afrontar gastos de ayuda a domicilio o de asistencia personal durante cinco horas al día y la cuantía se elevará llegará hasta los 9.859 mensuales para casos que requieran atención domiciliaria durante las 24 horas.

El número de horas se establecerá en función de las necesidades de cada enfermo, de su situación familiar y de la evolución de la enfermedad, y no se va a valorar el nivel de renta para concederla, ha precisado Manzano.

La tramitación será por el procedimiento de urgencia debido a la rapidez de la evolución de este tipo de enfermedades, por lo que las ayudas van a estar resueltas en un plazo máximo de dos meses, frente a los tres meses que marca la Ley de Dependencia, y tendrá carácter retroactivo desde el día de la solicitud o desde el comienzo del servicio.

Los certificados que acrediten esta fase avanzada o la elevada complejidad de la enfermedad se obtendrán directamente de oficio por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD), siempre que sea autorizado.

Para el resto de personas con ELA y otras enfermedades irreversibles, se mejora la ayuda de 2.000 a 4.000 euros al año, a partir del 2027. En total, Extremadura registra 67 casos de ELA.

Dentro de los acuerdos de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, se ha autorizado, además, la contratación por procedimiento abierto de la obra de reforma en el Centro de Mayores ‘Puerta de Berrozana’ de Plasencia (Cáceres), por un importe de 760.987 euros. Y se ha dado el visto bueno a la contratación del servicio de limpieza del Centro Residencial Cervantes, adscrito a la Gerencia Territorial del SEPAD en Cáceres, por un importe de 549.565,58 euros para un período de dos años prorrogables por otros dos. 

La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en Cantabria ha organizado cuatro asambleas abiertas a la ciudadanía dentro de la campaña estatal 'La dependencia es tu derecho, no puede esperar, exígelo', con el objetivo de informar, debatir y reclamar un mayor compromiso político y social con el sistema de atención a la dependencia.

Las asambleas se celebrarán este mes, el día 14 en la sede de CCOO en Torrelavega, el 15 en Santander, el 18 en Laredo y el 19 en Reinosa. Todas comenzarán a las 17.00 horas y tendrán entrada libre y abierta para toda la ciudadanía hasta completar aforo.

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO en Cantabria, José Antonio Sánchez Gimeno, ha explicado este martes en un comunicado que estas asambleas “buscan acercar a la población una realidad que afecta cada vez a más personas y que necesita respuestas urgentes tanto desde las administraciones como desde el conjunto de la sociedad”.

Sánchez ha subrayado que “la dependencia es un derecho y no puede seguir esperando mientras miles de personas continúan en listas de espera o sin recibir las prestaciones y servicios que les corresponden”.

La Federación de Pensionistas de CCOO ha indicado que en Cantabria más de 14.700 personas reciben actualmente prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aunque todavía más de 1.300 permanecen pendientes de recibir una prestación o servicio, según los últimos datos disponibles.

Durante las asambleas se abordarán las principales modificaciones planteadas en la reforma de la Ley de Dependencia, actualmente en tramitación, y que incluyen medidas como la eliminación de periodos de espera para acceder a ayudas, la compatibilidad de prestaciones con el empleo, el reconocimiento automático de grados de discapacidad o la ampliación de los perfiles de cuidadores reconocidos.

“Es fundamental que conozcamos nuestros derechos y las mejoras que son necesarias para garantizar unos cuidados dignos y una atención de calidad”, ha señalado Sánchez Gimeno, que también ha incidido en que “Cantabria afronta un importante reto demográfico y social con una población cada vez más envejecida”.

Desde CCOO se ha animado a pensionistas, personas cuidadoras, familiares, profesionales del sector y ciudadanía en general a participar en estas asambleas para compartir inquietudes, resolver dudas y reforzar la defensa de un sistema público de dependencia “más ágil, más justo y que cuente con financiación suficiente”.

Un gasto que es una inversión social, pero también económica. La Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), ha presentado este lunes en Madrid el informe El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, una investigación que calcula que el gasto en prestaciones de dependencia en 2023 generó 1,6 euros a la economía por cada euro público invertido. Además, casi la mitad del gasto retorna a las arcas públicas a través de cotizaciones e impuestos.

El trabajo ha sido dirigido por los economistas Nacho Álvarez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y exsecretario de Estado de Derechos Sociales, y Jorge Uxó (UCM), que han participado este lunes en la presentación de los resultados en el Círculo de Bellas Artes de la capital, que ha cerrado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

En un amplio análisis sobre el sistema de dependencia y de cuidados de larga duración en España, los autores se detienen en distintas variantes de esta política social. Desde un punto de vista económico, por un lado estiman el impacto económico de esta inversión pública y, por otro, también calculan cuál el coste de los cuidados informales que abundan en España y que recaen sobre todo en mujeres que se encargan de cuidar a familiares en situación de dependencia.

Juan Martín, director de CENIE, advirtió este lunes de que, “cuando una sociedad no financia, ordena y reconoce el cuidado, no elimina el coste: simplemente lo desplaza, una factura que hoy recae especialmente sobre las familias, las mujeres, las personas en situación de dependencia y quienes cuidan en condiciones de precariedad”. Así, las políticas públicas de dependencia también inciden en otra variable económica clave: la reducción de la desigualdad.

Retorno económico del gasto en dependencia

El estudio analiza qué capacidad tiene la inversión pública en dependencia para generar bienestar, actividad, empleo e ingresos públicos. Los investigadores sitúan en 2023 un gasto inicial de 10.623 millones de euros en prestaciones de dependencia, que calculan que generó un impacto total de 17.260 millones de euros sobre el PIB, lo que implica un multiplicador económico cercano a 1,6.

Este resultado confirma que “la inversión en cuidados de larga duración tiene una capacidad significativa para estimular la actividad económica más allá del propio sector sociosanitario”, recoge el estudio.

“Sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria manufacturera, la energía o las actividades profesionales experimentan incrementos significativos de producción como consecuencia del gasto en cuidados”, añade la investigación.

El estudio mide tanto efectos directos, como indirectos y el “efecto inducido”, “ya que estos aumentos directos e indirectos de la producción generan rentas adicionales (los salarios correspondientes a los empleos necesarios para obtenerla y los beneficios empresariales) que, al gastarse, volverán a incrementar la demanda. Esto acarrea nuevos aumentos del empleo y de la producción”, recoge el informe.

Además, los autores subrayan que una “parte sustantiva del gasto retorna a las administraciones públicas a través de impuestos y cotizaciones vinculadas a la actividad y al empleo creados, reduciendo el esfuerzo fiscal neto”. En concreto, por cada euro público gastado en cuidados de larga duración, las administraciones ingresan de vuelta “49 céntimos”, cifran.

“España ha construido su Estado del Bienestar sobre tres patas (sanidad, educación y pensiones), pero la cuarta pata, los cuidados de larga duración, no ha avanzado al mismo ritmo”, ha afirmado Nacho Álvarez, que ha destacado que “renovar el Estado del Bienestar pasa por hacer efectivo el derecho al cuidado como un derecho exigible, en la realidad de las prestaciones y los servicios”.

El ministro Bustinduy ha destacado que “la mejor manera de reforzar la democracia es a través de la expansión del sistema de protección social y la construcción de un sistema público universal de cuidados que responda, en la práctica, a las necesidades y a los deseos de la ciudadanía”.

El coste invisible de los cuidados informales

Por otro lado, el estudio también dedica un capítulo a estimar el coste de los cuidados informales en materia de dependencia, muy extendidos ante la insuficiencia del sistema público y que recae principalmente en las mujeres, lo que supone un foco muy importante de desigualdad social y económica. Las cuidadoras a menudo se ven expulsadas del mercado laboral o reducen sus jornadas para atender estos cuidados, que penalizan sus ingresos y su protección social a futuro, como las pensiones de jubilación.

El profesor Jorge Uxó ha explicado que “el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”.

El informe realiza una estimación macroeconómica de este valor de los cuidados informales de larga duración, que sitúan “entre el 3,6 – 4,7% del PIB según el método de coste de reemplazo”. “Esta estimación pone de manifiesto la notable dimensión económica de un trabajo que permanece mayoritariamente invisible en las cuentas nacionales. Además, esta evidencia refuerza la idea de que expandir el sistema formal no solo protege derechos, sino que reduce costes sociales invisibilizados y redistribuye de manera más equitativa las cargas del cuidado”, recoge el estudio.

Sin restar valor a la reivindicación del cuidado como un derecho social, “vinculado a la dignidad, la autonomía y la ciudadanía”, el documento llama también a poner el acento en su “dimensión económica de primer orden”.

“Esta doble perspectiva resulta imprescindible. El cuidado no es solo una obligación moral ni únicamente una política social; es también una actividad generadora de empleo, renta, retorno fiscal, cohesión territorial y bienestar colectivo. Invisibilizar su valor económico ha sido uno de los grandes errores de los enfoques tradicionales. Ponerlo en el centro permite comprender mejor la verdadera estructura de nuestras economías”, destaca el informe, en el que también participan como autores Fernando Bermejo, Raúl del Pozo y Pablo Moya, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Ricardo Molero y Laura Pérez Ortiz, de la Universidad Autónoma de Madrid; Paloma Villanueva, de la Universidad Complutense de Madrid; y Elia Gómez, de SIIS Centro de Documentación y Estudios, Fundación Eguía Careaga.

El reciente anuncio de un acuerdo entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU para reforzar las plantillas de los centros de dependencia en la región —que preveía la incorporación de nuevos efectivos para aliviar la carga de trabajo— no ha sido bien recibido por la totalidad del personal público vinculado a este sector. Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo no solo consideran la medida insuficiente, sino que la califican como un “parche” que no resuelve su crisis estructural. Por ello se concentrarán este sábado, 9 de mayo, a las 14.00 horas, a las puertas del edificio para reclamar soluciones “reales” ante “la grave falta de personal” que sufre el servicio.

Anjana González, técnica auxiliar del CAD de Laredo, es una de las voces que lidera esta movilización que ha nacido, según subraya, desde la propia base de los trabajadores y no desde las cúpulas sindicales. “Encima de que han firmado menos de lo que se nos ofrecía en primera instancia, no estamos de acuerdo”, explica González en referencia al acuerdo que otorga ocho ‘acúmulos’ más uno en el centro de día, frente a los nueve técnicos sociosanitarios que se habían planteado inicialmente en las reuniones con el ICASS.

'Acúmulos' frente al problema de la temporalidad

El núcleo del conflicto reside en la naturaleza de las contrataciones. Para la plantilla de Laredo, la fórmula del “acúmulo de tareas” es una solución de corto recorrido para un problema crónico. “Lo que necesitamos son efectivos reales, no un 'acúmulo' que sea un parche que me dure seis meses y luego me lo vuelvan a quitar y me encuentre en la misma situación o peor”, ha lamentado González en declaraciones a elDiario.es.

En el argot administrativo, según ha explicado, estos 'acúmulos' sirven para cubrir picos de trabajo, pero no consolidan una plaza estructural o vacante. Mientras tanto, el centro sigue lidiando con bajas y vacaciones que quedan sin cubrir, obligando a los profesionales actuales —unos 71 técnicos y auxiliares de una plantilla total cercana a las 200 personas— a asumir turnos interminables sin respetar los descansos mínimos. “Estamos agotados física y mentalmente”, reza una carta enviada por los trabajadores a los medios de comunicación.

El riesgo añadido de la falta de enfermeras

La situación es especialmente alarmante en el área de enfermería. La falta de estas profesionales está provocando un efecto dominó que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Según ha denunciado González, cuando no hay enfermeras disponibles, la responsabilidad de tareas críticas recae sobre el personal auxiliar y técnico sociosanitario, quienes no poseen la cualificación legal para desempeñarlas.

“Es grave. La gente se piensa que es un tema muy sencillo, pero es que un mínimo error puede provocar algo grave”, advierte la trabajadora. González pone como ejemplo reciente una sentencia judicial por homicidio imprudente contra un auxiliar de enfermería en la Comunidad de Madrid por un error en el suministro de medicación, un riesgo que, aseguran, planea sobre su día a día debido a la sobrecarga asistencial.

Actualmente, el CAD de Laredo atiende a 121 residentes permanentes, a los que se suman unos 20 usuarios del centro de día. A pesar de que existen habitaciones vacías que no se ocupan por la falta de personal, la presión sobre las empleadas y empleados no cesa, afectando directamente a la calidad del servicio que reciben los dependientes.

Una protesta unánime de toda la plantilla

Lo que hace singular este conflicto es su carácter asambleario. Aunque cuentan con el asesoramiento legal de sindicatos como CSIF o SUC -que han reclamado también más empleados de servicios en el CAD de Sierrallana y se han negado a firmar el acuerdo del ICASS-, los trabajadores recalcan que la gestión de las protestas es propia. “Esto no ha salido de parte de los sindicatos, ha salido de los trabajadores”, ha insistido Anjana González, señalando que incluso la dirección del propio centro de Laredo apoya sus reivindicaciones ya que “son testigos directos de la falta de efectivos”.

Los trabajadores de Laredo sienten que sus necesidades específicas han sido ignoradas en la mesa de negociación por parte de los sindicatos firmantes (UGT, CCOO, SIEP y TU). “No estamos nada de acuerdo en lo que ha firmado el comité porque no ha tenido en consideración lo que los trabajadores estábamos pidiendo”, ha sentenciado González.

Tras años trabajando bajo mínimos, el objetivo de la concentración de este sábado es dar visibilidad al problema. “Hemos visto el momento de dar un golpe en la mesa”, afirma González. “Ya se ha escuchado nuestro grito de socorro y no vamos a parar hasta que no mejore. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero que no vamos a parar lo tenemos clarísimo”, ha añadido.

La movilización de Laredo busca no solo presionar al ICASS para que convierta los “parches” temporales en plazas estructurales, sino también alertar a la sociedad cántabra sobre la precariedad de un sector público que debería ser garante de la dignidad en los cuidados de la tercera edad y la dependencia.

Los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU han alcanzado un acuerdo con la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para reforzar de manera urgente las plantillas de los centros de atención a la dependencia y responder a los problemas organizativos existentes en distintos servicios del organismo.

El acuerdo se ha suscrito tras una reunión de la Dirección del ICASS y el comité de empresa del personal laboral del Gobierno de Cantabria, que tenía como asunto principal la grave falta de personal que vienen sufriendo desde hace tiempo los centros dependientes del ICASS, una situación denunciada reiteradamente por UGT, CCOO, SIEP y TU, han indicado este viernes en un comunicado.

“Tras un intenso proceso de negociación”, los cuatro sindicatos han logrado un acuerdo que contempla nuevas contrataciones y acumulaciones de tareas en distintas categorías profesionales especialmente afectadas por la falta de efectivos, entre ellas, técnico socio sanitario, auxiliar de enfermería, cocina y servicios, han señalado.

Además, incluye “el compromiso” de cobertura de plazas comprometidas y medidas específicas para afrontar las necesidades derivadas del horario intensivo en los centros de atención a la primera infancia.

UGT, CCOO, SIEP y TU consideran que este acuerdo supone “un paso importante” para mejorar la atención a los usuarios y para avanzar en unas condiciones laborales “más dignas” para los trabajadores de los centros del ICASS.

Asimismo, han solicitado de manera inmediata la utilización de la bolsa abierta y permanente de técnico socio sanitario para agilizar la cobertura de sustituciones y necesidades urgentes de personal, y han reclamado la publicación definitiva de dicha baremación en el menor plazo posible.

Por otra parte, han lamentado que no haya sido posible alcanzar la unanimidad sindical en torno al acuerdo, “pese a existir coincidencias importantes en buena parte de las propuestas planteadas durante la negociación”, han asegurado.

Al hilo, han reafirmado su compromiso “con la negociación, la defensa de los servicios públicos y la mejora de las condiciones laborales de toda la plantilla del ICASS, entendiendo que este acuerdo debe servir para estabilizar la situación de los centros y garantizar una atención adecuada a las personas dependientes”.

“Entendemos que este acuerdo pone fin a actuaciones planteadas en los próximos días y las cuatro organizaciones nos comprometemos a vigilar el cumplimiento del acuerdo y seguir negociando mejoras”, han concluido.

La diputada y portavoz del PRC en materia de Inclusión Social, Ana Obregón, defenderá una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para mejorar las condiciones laborales del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y reforzar el sistema de atención a la dependencia, “ante las carencias estructurales detectadas en el sector”.

La iniciativa responde a “las deficiencias constatadas” en los últimos informes del Observatorio Estatal de la Dependencia, como consecuencia de una financiación “insuficiente” y de un modelo “sostenido, en demasiadas ocasiones, sobre condiciones laborales precarias”.

En una nota de prensa, Obregón ha hecho hincapié en el último informe, que advierte de demoras en la tramitación de los expedientes, pérdida de plazas y un aumento del número de personas en listas de espera.

Esta situación “impacta directamente en las condiciones laborales del personal del sector”, con una repercusión “muy preocupante” en el servicio de ayuda a domicilio, cuya plantilla está integrada en su práctica totalidad por mujeres.

En este sentido, ha afirmado que las trabajadoras del SAD “sufren una situación laboral marcada por la pérdida de poder adquisitivo, con compensaciones por desplazamientos desactualizadas y la ausencia de derechos básicos, como horas médicas retribuidas”.

“Su situación está condicionada por licitaciones públicas que priorizan el precio frente a la calidad y que conllevan insuficiencias en las plantillas, sobrecarga de trabajo y una precarización tal que repercute en la calidad y la dignidad de la atención a las personas dependientes”, ha agregado.

Asimismo, ha denunciado la “elevada siniestralidad y la falta de sustituciones que sufre el sector”, cuyas trabajadoras están impulsando movilizaciones a nivel estatal para exigir mejoras laborales y reconocimiento profesional.

Considera que Cantabria “no puede permanecer ajena a esta realidad y debe avanzar hacia un modelo que garantice los derechos laborales, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema”, con medidas como la elaboración de un convenio, en el marco del diálogo social, para impulsar mejoras.

Entre ellas, además de actualizar las retribuciones y proteger el poder adquisitivo, reclama cláusulas de revisión salarial ligadas al coste real de la vida, la actualización de las compensaciones por desplazamiento, el reconocimiento de las horas médicas para asistencia a consultas y pruebas y un plan de mejora que garantice la estabilidad en el empleo, la seguridad laboral y ratios adecuadas de personal.

Asimismo, reclama un incremento progresivo de la financiación autonómica del sistema de dependencia, la aprobación en tres meses de un plan de mejora, pliegos de contratación con cláusulas sociales y laborales que eviten bajas temerarias y valoren las condiciones de empleo, y aboga por promover la extensión de estos criterios a las licitaciones municipales, junto con la Federación de Municipios de Cantabria.

La propuesta también quiere impulsar una declaración institucional de reconocimiento al personal del sector, y especialmente del SAD, además de campañas de sensibilización que visibilicen el valor social y profesional del trabajo de cuidados.

Este año se van a cumplir 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia. Desde mi punto de vista, es la ley de protección social más importante de este siglo.

Hace dos décadas ya se veía que el número de personas en situación de dependencia se estaba incrementando como consecuencia del aumento del envejecimiento de la población. Este fenómeno demográfico no es una excepción en Castilla-La Mancha ni en España, porque afecta a la mayoría del mundo occidental. Aumenta el envejecimiento porque afortunadamente crece la esperanza de vida.

Hace un siglo se vivía de media unos 44 años y hoy la vida se ha alargado hasta los 84 años. Sin duda esto es un logro social, porque si se viven más años es porque se vive mejor. Sin embargo, las condiciones de vida y la propia medicina también han conseguido que la esperanza de vida en situación de dependencia y los años con mala salud también se estén alargando. Esto es un reto que plantea la necesidad cuidados y un incremento de recursos sociosanitarios.

Esta tendencia al envejecimiento va a continuar creciendo en los próximos años y de manera especial cuando la generación del ‘baby-boom’ llegue a los 85 años, esa edad en la que aparecen de manera más generalizada las situaciones de dependencia. Según las cifras del INE, hace 20 años había en Castilla-La Mancha 39.995 personas con 85 y más años, actualmente la cifra se ha incrementado en un 81,5%, llegando a principios de 2025 a las 72.618 personas y, según las proyecciones demográficas, este segmento de población actual se podría duplicar en los próximos 25 años.

Junto al incremento de la longevidad, se está produciendo una inversión de la pirámide de la población, originada también por la reducción de la natalidad que está planteando ya un problema de falta de personas que se dedican a los cuidados, aunque el problema tiene otros interrogantes y puede tomar una dimensión preocupante en las próximas décadas.

Deberíamos prestar mucha atención a estos datos demográficos, porque si hoy los servicios de atención a la dependencia y los servicios sanitarios están dedicando una parte importante de sus recursos a atender a estas personas, la tendencia es que en el futuro próximo la situación pueda desbordar la capacidad de estos sistemas si no hacemos actuaciones importantes para abordar esta situación.

Sin embargo, los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad, con el cambio en los roles sociales tradicionales en los que las mujeres se han encargado en solitario de asumir la mayor parte de la carga de los cuidados. Lo siguen haciendo todavía y ahora realizando con mucho esfuerzo la difícil conciliación con la vida laboral. Todo ello, ha producido también un debilitamiento de lo que se denominan los apoyos informales que, no obstante, seguirán siendo necesarios si realmente queremos afrontar las situaciones de soledad no deseada y el importante papel del acompañamiento emocional en los cuidados.

Los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad

Con la Ley de Dependencia, por cierto, aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se produce un gran cambio no solo en términos jurídicos y de protección social, sino que lo que se plantea es que la atención a las personas en situación de dependencia no es solo un problema que tienen que afrontar las propias familias, sino que mediante la generación de un derecho subjetivo (que pertenece a la persona y se puede reclamar), es una contingencia que obliga a los poderes públicos a garantizar su atención.

Durante este periodo de desarrollo de este sistema de protección a las personas en situación de dependencia podríamos hablar de luces y sombras. Se ha producido un incremento de personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia (en Castilla-La Mancha se ha duplicado en número de personas en los últimos diez años, pasando de 36.796 en 2015 a 82.425 personas beneficiarias en 2025, con datos de diciembre).

Después de los recortes sociales realizados para afrontar equivocadamente la crisis económica de 2008, donde gravemente se redujo su financiación y el número de personas atendidas en el periodo 2011-2015, se ha incrementado la financiación y las prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas, la ausencia de presupuestos generales del Estado y, sobre todo, la falta de un sistema de financiación, suficiente, estable y sostenible, siguen siendo las principales debilidades de este sistema de protección.

También necesita el sistema de protección mayor agilidad, menos burocracia y reducir los tiempos de espera que, junto con las dificultades para acceder a algunos centros y servicios, son las principales quejas que se vienen planteando por parte de la ciudadanía.

Es necesario mejorar la calidad y diversificar la oferta de prestaciones y servicios para adecuarla a las preferencias de las personas, ofrecer servicios domiciliarios y de proximidad para evitar el desarraigo y propiciar la importancia que tiene el entorno en los cuidados, así como garantizar una atención residencial adecuada cuando las situaciones de dependencia son muy complejas o se carece del soporte familiar y social necesario.

Aquí siempre hay que tener en cuenta las características de las personas y las propias realidades geográficas de cada territorio. En este sentido, en Castilla-La Mancha con una población rural muy dispersa, los servicios que atienden a las personas en situación de dependencia también se pueden considerar como motor de la actividad económica y generador de empleo en las zonas en riesgo de despoblación. Hay ya muchos municipios de pequeño y mediano tamaño donde la principal actividad en generación de empleo son los servicios sociales.

Puede parecer en cierto modo paradójico que la innovación y el mundo rural se puedan retroalimentar, pero el desarrollo tecnológico, la digitalización y la propia Inteligencia Artificial está siendo y lo podrán ser en mayor medida en el futuro, un recurso importante para favorecer la autonomía de las personas y permitirles la permanencia en su propio entorno. La accesibilidad, la domótica, los productos de apoyo, la robótica, la teleasistencia avanzada y la telemedicina, junto con los servicios domiciliarios y de proximidad, pueden ser una buena combinación para hacer frente a una parte importante de los retos que tenemos planteados en esta materia.

También es y será necesario apoyar a las familias cuidadoras que, en muchos casos, a pesar de las ayudas del sistema de la dependencia, son las que siguen soportando la mayor parte de la carga y la responsabilidad de los cuidados. Su aportación es muy importante en términos de acompañamiento afectivo y emocional, pero es indudable que necesitan apoyos, no solo económicos, también de formación, orientación y servicios de respiro.

A diferencia de otros problemas, pasar por una situación de dependencia le puede ocurrir a cualquier persona, independientemente de su edad, su posición social y su estado de salud, aunque los cuidados que se requieren desbordan la capacidad de cualquier familia. Y el problema no es solo de falta de centros y servicios, es también un problema de falta de profesionales.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular (un tema que merece un tratamiento especial), pero que requiere una respuesta eficaz si pretendemos evitar una situación de colapso. Será necesario promover y flexibilizar su formación y ligarla también a la práctica laboral, como está pretendiendo la nueva legislación en esta materia; pero es necesario incrementar significativamente sus retribuciones, sus condiciones laborales y su reconocimiento social.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular

El problema sobre el que pongo el foco tiene cierta complejidad, pero se puede complicar aún más si entra en el espacio de la disputa política y abandona el consenso que se consiguió para la aprobación de la Ley de Dependencia.

Estamos ante un problema que preocupa a todas las personas porque todas han vivido, están viviendo o vivirán muy de cerca situaciones de dependencia. Es uno de esos ámbitos, igual que sucede con la Sanidad, en los que poca gente se negaría a pagar más impuestos si van destinados a una mejora de las prestaciones. Sin embargo, no veo a la clase política con disposición para afrontar los consensos necesarios para abordar no solo las reformas legislativas que son necesarias, sino para generar el aumento de presupuestos y recursos públicos que son imprescindibles.

Tenemos un serio problema si este tipo de temas no se abordan con altura de miras y pensando en la mayoría de las personas. Se requiere un incremento significativo de la financiación de la atención a la dependencia y es necesario que este tema forme parte de la agenda política y que se visibilice la situación para acordar soluciones.

¿Quién nos va a cuidar?, pero también: ¿dónde y cómo?; es uno de los temas que le preocupan a la gente y convendría que la buena política se dedicara a estos problemas y que en las estrategias de comunicación se hablara más de lo que afecta a la ciudadanía y tal vez no tanto de las disputas, las escaramuzas y el politiqueo con asuntos que poco sirven para mejorar la vida de las personas.

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO se ha movilizado este miércoles ante el Palacio de San Telmo de Sevilla bajo el lema La atención a la dependencia es un derecho, para recriminar la “situación crítica” del sistema de atención a la dependencia en la comunidad autónoma y para exigir una “respuesta urgente” por parte de la Junta de Andalucía.

En la misma, la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha defendido en la manifestación bajo el lema La atención a la dependencia es un derecho este miércoles en el Palacio de San Telmo de Sevilla el sistema de dependencia ante unas políticas que lo “desmantelan, desguazan y trituran”.

En este sentido, López ha urgido a la protección del sistema de dependencia que “permitió sacar de la clandestinidad y del oscurantismo a muchas mujeres que trabajaban en sus casas y que no recibían retribución por ese trabajo”, al tiempo que ha asegurado que en Andalucía “hay más de 100.000 mujeres trabajando en el sector del a dependencia y de los cuidados”.

“Más de 470 días de espera”

En esta línea, la secretaria general de CCOO Andalucía ha exigido dignificarlas con “convenios y salarios justos, contratos estables, derechos y que no tengan que salir corriendo de casa con la lengua fuera para ganarse el salario”. De este modo, ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, que “tengamos derechos y empleo de calidad, especialmente a las mujeres”.

“Hoy está así el sistema en nuestra comunidad, fruto de sus políticas nefastas, de su gestión terrible, de decretos de simplificación, que simplifican para las empresas y para el negocio, pero que trituran los derechos de las personas mayores”, ha abundado, mientras que ha afeado que “se tarde más de 470 días en las listas de espera para que se resuelvan los expedientes” en Andalucía.

Así, López ha cifrado en más de 13.000 las personas que hay actualmente en Andalucía con “una resolución y que no pueden ejercer sus derechos”, al tiempo que ha indicado que existen “otras tantas que pidieron la revisión de grado que están escondidas en un cajón de la Junta de Andalucía para que las listas de espera no aumenten y para decir que la dependencia va bien”.

65% más de usuarios

Al hilo de las condiciones laborales de las trabajadoras, la secretaria general de CCOO-A ha advertido que las compañeras de teleasistencia “están destrozadas”, puesto que “han aumentando en un 65% los usuarios en diez años y tan solo un 5% la plantilla”.

“Cuando hay licitaciones o subcontratas, al final siempre pagan las trabajadoras con empleos precarios, con salarios bajos, con contratos encadenados y con temporalidad”, ha afeado, mientras que ha responsabilizado al Moreno, “porque ha sido él quien ha firmado los decretos y las leyes en Andalucía para destrozar nuestro sistema de la dependencia”.

Tal y como ha detallado el sindicato en una nota, durante la concentración, el sindicato ha alertado del “deterioro del servicio”, marcado “por la falta de financiación, la escasez de personal y unas listas de espera que continúan creciendo, provocando retrasos inasumibles en la valoración y en el acceso a prestaciones y servicios esenciales”.

“Consecuencias dramáticas”

Por su parte, el secretario general de UJP-UGT Andalucía, José Luis García Chaparro, ha criticado que “los tiempos de espera superan en muchos casos los 400 e incluso 480 días, prácticamente un año”, lo que está teniendo consecuencias “dramáticas”, puesto que “muchas personas mayores fallecen sin haber sido valoradas o sin recibir la prestación que les corresponde”.

En este sentido, ha insistido en la “falta de personal” en la administración andaluza, especialmente en los equipos encargados de la valoración. “Faltan muchos profesionales en los servicios públicos, y eso está retrasando todo el sistema”, ha señalado, al tiempo que ha reclamado que “los recursos públicos se destinen a reforzar plantillas y mejorar la atención”.

Asimismo, García Chaparro ha exigido una mayor inversión directa en el sistema, y ha apuntado que “hay recursos económicos que deben ponerse al servicio de las personas mayores”, en referencia a fondos no ejecutados de ejercicios anteriores que, a su juicio, “deberían destinarse a mejorar la dependencia y reducir las listas de espera”.

30.000 plazas más

Al hilo, el dirigente sindical ha alertado también del déficit de plazas residenciales, y ha sostenido en que Andalucía “necesita en torno a 30.000 plazas más”, mientras miles de personas siguen esperando una respuesta. “Hay decenas de miles de personas pendientes, muchas de ellas con grados altos de dependencia, que tienen que seguir esperando incluso después de ser valoradas”, ha advertido.

Asimismo, ha defendido el derecho de las personas mayores a “una vida digna”. “La Junta de Andalucía tiene que apostar de verdad por las personas mayores, por su calidad de vida y por un sistema que garantice sus derechos”, ha apostillado.

En relación con las condiciones del sistema, ha criticado la carga económica que soportan las personas usuarias. “En muchos casos aportan hasta el 75% de su pensión para acceder a una plaza residencial”, mientras, según ha señalado, “no está claro cuál es la aportación real de la Junta de Andalucía, ya que los presupuestos no reflejan con transparencia el esfuerzo público en este ámbito”.

En esta línea, García Chaparro ha incidido en la necesidad de seguir reforzando la movilización sindical, al tiempo que ha concretado que van a “seguir en la lucha para mejorar los servicios públicos y garantizar una atención digna”, insistiendo en que la dependencia “debe ser una prioridad política”.

En suma, UJP UGT Andalucía ha reiterado que la atención a la dependencia es “un derecho subjetivo” y no una prestación asistencial, por lo que ha exigido un “refuerzo urgente” del sistema público, con “más financiación, más personal y medidas eficaces que reduzcan las listas de espera”. Finalmente, el sindicato ha hecho un llamamiento a la ciudadanía andaluza para defender un sistema de dependencia “digno, accesible y de calidad, que garantice la atención a las personas más vulnerables en condiciones de igualdad”.

CCOO y UGT han convocado una movilización a nivel regional para este miércoles miércoles, 29 de abril, a las 12 horas ante el Palacio de San Telmo de Sevilla bajo el lema La atención a la dependencia es un derecho.

En concreto, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía han convocado esta concentración para “denunciar la situación del sistema de dependencia en la comunidad autónoma”, según ha precisado UGT en una nota.

En esta línea, el sindicato ha alertado del “deterioro del servicio, las listas de espera y la falta de recursos públicos”, que están provocando “retrasos inasumibles en el acceso a prestaciones y servicios esenciales para miles de personas dependientes y sus familias”.

UGT a través de la UJP ha efectuado un llamamiento “a toda la ciudadanía andaluza” para defender un servicio público esencial que consideran “un derecho, no una prestación asistencial”.

Fallecimientos sin la prestación

Por su parte, el secretario general de Pensionistas de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidan, ha apostillado que esta concentración tiene “dos motivos fundamentales”. Por una parte, para expresar “nuestra preocupación” por la “dramática situación” que atraviesa la Ley de Dependencia, con un “montón de personas que están falleciendo esperando una prestación a la que tienen derecho y con una ocupación de residencias que están absolutamente saturadas”.

“Por eso le pedimos a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 17 de mayo que asuman las propuestas sindicales y asuman un plan de refuerzo estructural, un plan de choque para salir de esta situación dramática que están atravesando las personas dependientes”, ha concluido.

Seamos egoístas, pero también honestos. Reconozcamos que la regularización es, en parte, la consecuencia de un fracaso: el fracaso de una política migratoria incapaz de responder a una realidad evidente. Un fracaso que se agrava porque la situación política del país impide modificar o aprobar una nueva Ley de Extranjería —una Ley Orgánica que requiere mayorías hoy inexistentes—, porque algunas interpretaciones judiciales se alejan del espíritu de la norma y porque miles de personas llevan años trabajando y arraigando aquí sin posibilidad, hasta ahora, de acceder a una autorización para residir y trabajar.

Seamos egoístas y queramos esas nuevas cotizaciones que llegarán, esos contratos que se firmarán, esos impuestos que se pagarán.

Pero seamos aún más egoístas.

Queramos más profesionales sanitarios en nuestros centros de salud. Más del 13% de las personas extranjeras afiliadas al Régimen General en Extremadura trabajan en ocupaciones vinculadas a la salud y los servicios sociales, el porcentaje más alto del país.

Queramos más emprendedores en nuestros pueblos. Según el proyecto GEM, la población extranjera presenta una tasa de emprendimiento superior a la española en todos los rangos de edad y niveles educativos.

Queramos más manos trabajando en el campo. Más del 35% de las personas afiliadas al sistema especial agrario en España son extranjeras.

Queramos más personas sosteniendo los cuidados en nuestros hogares. Más del 40% de quienes cotizan en el sistema especial de trabajadores del hogar son de origen extranjero.

Y vayamos al egoísmo máximo: pidamos que quienes trabajan no sean, además, quienes más prestaciones reciben. La población extranjera supone el 20% de la población total y el 25% de la fuerza laboral, pero percibe menos del 15% de las prestaciones por desempleo.

Seamos egoístas y queramos rejuvenecer nuestra población. La edad media de las personas españolas es de 45 años; la de las personas extranjeras, de 41, y menor de 40 si excluimos a quienes proceden de la Unión Europea. El 23,5% de la población española tiene 65 años o más, frente al 9,2% de la población extranjera.

Seamos egoístas y aceptemos que necesitamos a alguien que cotice para sostener nuestras pensiones. La población en edad de trabajar ya ha empezado a disminuir y, en 2050, será 2,5 millones menor que la actual.

Seamos egoístas y facilitemos la regularización de quienes llegaron buscando un futuro mejor para ellos y sus familias, huyendo en muchos casos de situaciones de peligro. Personas que afrontan dificultades para alquilar una vivienda, convalidar sus títulos o acceder a un empleo, y que cargan además con un sentimiento de culpa por haber dejado atrás tanto, aun sabiendo que marcharse fue, para muchos, la única opción.

Y aun así, siguen adelante.

Seamos egoístas porque la realidad, los datos y la experiencia nos dicen que su presencia no solo no nos perjudica: nos sostiene. Nos conviene. La necesitamos.