El Congreso de los Diputados celebrará este jueves la última sesión plenaria antes del parón del mes de agosto. Y lo hará, como es habitual, intentando dejar cerrados varios de los asuntos pendientes antes de dar carpetazo al primer periodo de sesiones de 2026. El principal de ellos es la senda de estabilidad presupuestaria. El Gobierno da por descontado que se apuntará una nueva derrota después de la de la semana pasada, cuando PP, Vox y Junts tumbaron por primera vez el cuadro económico, primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el Ejecutivo sí confía en sacar adelante otras tantas votaciones, entre ellas la convalidación del decreto con el que mantuvo vigentes algunas de las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán, entre ellas las rebajas en las gasolinas.

El último pleno del curso político será lo que en el argot parlamentario se conoce como un “pleno escoba”, una larga sesión en la que se acumularán multitud de temas. El Gobierno ha apretado para dejar finiquitada antes de irse de vacaciones la tramitación de la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas, y ha asumido como “puro trámite” la segunda votación al respecto, tras ser rechazada la senda al primer intento la semana pasada. Tanto es así que ni siquiera la portavoz, Elma Saiz, mencionó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había dado luz verde a los mismos objetivos que tumbó el Congreso hace poco más de siete días: un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Con una derrota de este jueves casi asegurada, ese capítulo quedará cerrado y el Ejecutivo podrá iniciar septiembre teniendo la sartén por el mango y controlando los tiempos para presentar su proyecto de Presupuestos, que tendrá mucho de escaparate de cara a unas elecciones generales que el presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar al primer trimestre de 2027. El Gobierno argumenta que el rechazo a la senda de estabilidad no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. E interpreta, por tanto, que podrá presentar Cuentas públicas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028.

Esas son las mismas cifras que incluye la senda que se lleva a votación, pero el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas no contempla un reparto por administraciones, esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales. Desde el Gobierno argumentan que, en ese caso, es la Carta Magna la que prima, lo que obligaría a las comunidades a presupuestar en equilibrio (tantos gastos como ingresos). Es decir, sin esos 5.850 millones de euros de margen que sí tendrían si se aprobara la senda de estabilidad, en la cual el Ejecutivo les había permitido un margen presupuestario del 0,1% cada año.

El Ejecutivo, de momento, no se marca fechas para alcanzar el siguiente hito: la presentación de los Presupuestos. La Constitución fija que estos deben entrar en el Congreso tres meses antes de que finalice el año, es decir, el 30 de septiembre como tarde, aunque no sería la primera vez que se saltan esta referencia constitucional. En una entrevista este fin de semana, el ministro de Hacienda, Arcadi España, apuntó a octubre como horizonte “razonable” para la presentación de las cuentas públicas. Pero, ante unos Presupuestos que pueden precipitar y fijar los tiempos de un adelanto electoral, en la Moncloa no quieren pillarse los dedos.

El decreto anticrisis, mejor encaminado

Más allá de la derrota asegurada en la senda de estabilidad, el pleno escoba también permitirá al Gobierno coger algo de oxígeno para irse de vacaciones presumiendo de triunfos parlamentarios. La convalidación del decreto anticrisis, aprobado a finales de junio, es uno de los puntos que tiene más opciones de salir adelante, puesto que la Moncloa ha tenido la precaución de incluir en el mismo la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda de Junts que permitirá a los independentistas apuntarse un tanto si apoyan el texto. El paquete de medidas contiene ayudas por valor de más de 1.800 millones de euros, entre las que se cuentan el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para agricultores y transportistas.

El decreto, asimismo, contempla ayudas para los hogares y consumidores no profesionales, aunque el Gobierno irá reduciendo paulatinamente el alcance de la medida, que se vehicula a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como se hizo hasta el 30 de junio. En julio, la rebaja en el carburante es de 20 céntimos por litro; en agosto, se reducirá hasta los 15 céntimos por litro; en septiembre, volverá a bajar hasta los 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos. Se ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los combustibles supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

Y, aunque las medidas anticrisis y el punto y final de los objetivos de estabilidad se llevarán buena parte de los focos en el pleno, los diputados tendrán también que decidir si convalidan la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas. Ese decreto permite, desde finales de junio, que los asalariados públicos –no los funcionarios ni estatutarios– compatibilicen una reducción de su jornada laboral con la pensión.

Por otra parte, el Congreso abordará el último trámite de la conocida como pasarela de los mutualistas al RETA –el régimen especial de autónomos–, después de que el Senado aprobara, con enmiendas, el proyecto de ley que permitirá un ‘rescate público’ a colectivos como abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros. El pleno todavía puede eliminar los cambios que incluyó el Senado en el texto, de gran complejidad, que volvió a excluir a los ya jubilados (salvo los casos de viudedad), mientras que abrió el paso a quienes tienen más de 15 años cotizados y, por tanto, derecho a una pensión.

La condonación de la deuda

La traca final para despedir el curso político también incluye el debate de totalidad al proyecto de ley para la condonación de la deuda pública autonómica, uno de los grandes compromisos del Gobierno con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez, en 2023. Tras meses atascada en la Comisión de Hacienda, la quita de la deuda pasa por su primer examen parlamentario. Tanto Vox como el PP registraron enmiendas para devolver el proyecto de ley al Gobierno, pero está previsto que la norma supere este primer trámite para comenzar su recorrido legislativo.

Por último, el Congreso también tiene previsto dejar cerrada de forma definitiva este miércoles la reforma del reglamento promovida por los socios progresistas del Gobierno (y apoyada por PSOE y Sumar) para rebajar los requisitos para formar grupo parlamentario. La reforma, impulsada ante el temor de que el bloque derechista acabe la próxima legislatura con la tradicional manga ancha que da la Mesa de la Cámara Baja para que los partidos pequeños —también los conservadores— no se queden sin las ventajas que ofrece tener grupo, es rechazada de plano por PP y Vox.

Prueba superada. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, saca adelante en las Corts Valencianes sus cuentas públicas con el apoyo de Vox. Las cuentas, previsiblemente las últimas de la legislatura, incluyen menciones a la “prioridad nacional” que los ultras exigen, y que el Gobierno llevará al Constitucional.

El texto que salió del Parlamento respaldado por PP y Vox establece que la concesión de las ayudas a la compra o alquiler de vivienda “se debe inspirar en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Son los primeros presupuestos en España, la primera ley, que incluye el término popularizado por la ultraderecha.

La cifra global presupuestada es de 33.305 millones de euros, lo que supone un incremento de mil millones (el 3,1 %) respecto a las cuentas de 2025.

Durante la tramitación parlamentaria, el PP ha aprobado todas las enmiendas de Vox menos la que pedía reducir una vez más el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua en 900.000 euros, dejándola con lo justo para pagar gastos y normas. El grupo mayoritario no ha aprobado una sola enmienda del PSPV o Compromís.

El ministerio que dirige Isabel Rodríguez ya presentó alegaciones al texto, cuando aún no se refería tan claramente a los términos de Vox. Tal como adelantó elDiario.es, Vivienda apuntó que los criterios de vinculación territorial para acceder a viviendas pueden ser inconstitucionales.

El Parlament valencià celebra dimarts un dels debats clau del curs polític: l’aprovació de la llei de pressupostos, que donarà al Consell de Juanfran Pérez Llorca oxigen per al que resta de legislatura. El PP ha pactat amb Vox, el seu soci preferent, una llarga llista d’esmenes i ha anat assumint les exigències de la formació d’ultradreta, inclosa la incorporació de la “prioritat nacional” en la redacció d’algunes partides. Vox xifra en quasi un 99% els compromisos subscrits entre ambdues formacions.

En la vespra del debat, les formacions han subscrit una quinzena d’esmenes tècniques, textos en què es corregeixen errors d’altres presentades amb anterioritat. En la majoria dels casos, es tracta d’esmenes que PP i Vox havien pactat o registrat conjuntament, però que contenen errors de redacció o mancances de contingut. Per exemple, es confonen articles que cal modificar o capítols de la llei en què hi ha altes i baixes de pressupost.

En algunes de les esmenes presentades, PP i Vox obliden incorporar les entitats del sector públic instrumental (les empreses públiques) a què fan referència, com succeeix en Labora o en l’EVHA, on obliden modificar el pressupost de l’entitat, o passen per alt quin és el model de concessió de les subvencions en altres casos.

També hi ha casos en què s’acorda reduir el pressupost d’una entitat, però no es detalla de quines partides. En altres, obliden incorporar la quantitat econòmica: “On diu 12,00 ha de dir 12,00 milers d’euros”, diu el text subscrit pels portaveus Fernando Pastor (PP) i José María Llanos (Vox).

Aquests errors solen ser habituals quan es tramiten grans quantitats de canvis, encara que passen per diversos ulls que puguen revisar-los. Entre aquests, els del Consell, que va advertir en diverses ocasions les formacions que les esmenes contenien errors. La directora general de Pressupostos assenyala en un escrit: “L’esmena preveu la creació d’una nova línia en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a favor d’una altra entitat del sector públic instrumental (Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana). En aquest sentit, l’esmena ha d’incloure les conseqüències, tant en el pressupost de despeses com en el d’ingressos, d’ambdues entitats”, i detalla com ha de fer-se, un cas que es repeteix en altres entitats públiques.

En el paquet d’incidències també s’assenyala que hi ha esmenes en què “no resulta possible traslladar aquesta esmena al pressupost en els termes indicats”, ja que suprimeixen compromisos que no estan previstos en la llei.

El Parlamento valenciano celebra este martes uno de los debates clave del curso político: la aprobación de la ley de presupuestos, que dará al Consell de Juanfran Pérez Llorca oxígeno para lo que resta de legislatura. El PP ha pactado con Vox, su socio preferente, una larga lista de enmiendas y ha ido asumiendo las exigencias de la formación de ultraderecha, incluyendo incorporar la “prioridad nacional” en la redacción de algunas partidas. Vox cifra en casi un 99% los compromisos suscritos entre ambas formaciones.

En vísperas de la celebración del debate, las formaciones han suscrito una quincena de enmiendas técnicas, textos en los que se corrigen errores de otras presentadas con anterioridad. En su mayoría son enmiendas que PP y Vox habían pactado o registrado en su conjunto, pero contienen errores de redacción o faltas de contenido. Por ejemplo, se confunden artículos a modificar o capítulos de la ley en las que hay altas y bajas de presupuesto.

En algunas de las enmiendas presentadas, PP y Vox olvidan incorporar las entidades del sector público instrumental (las empresas públicas) a las que hacen referencia, como sucede en el Labora o en la EVHA, donde olvidan cambiar el presupuesto de la entidad; o pasan por alto cuál es el modelo de concesión de las subvenciones en otros casos.

También hay casos en los que se acuerda reducir el presupuesto de una entidad pero no se detalle de qué partidas. En otros, olvidan incorporar la cantidad monetaria: “Donde dice 12,00 debe decir 12,00 miles de euros”, dice el texto suscrito por los portavoces, Fernando Pastor (PP) y José María Llanos (Vox).

Estos errores suelen ser comunes cuando se tramitan grandes cantidades de cambios, aunque pasan por varios ojos que los puedan revisar. Entre ellos, los del Consell, que advirtió en varias ocasiones a las formaciones que las enmiendas contenían errores. La directora general de Presupuestos señala en un escrito: “La enmienda prevé la creación de una nueva línea en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a favor de otra entidad del Sector Público Instrumental (Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana). En este sentido, la enmienda debe incluir las consecuencias, tanto en el presupuesto de gastos como de ingresos, de ambas entidades”, y detalla cómo ha de hacerse, caso que repite en otras entidades públicas.

En el paquete de incidencias también se señala que hay enmiendas que “no resulta posible trasladar esta enmienda al presupuesto en los términos indicados”, puesto que suprimen compromisos que no están previstos en la ley.

El Pleno del Ayuntamiento de Laredo ha aprobado este lunes el presupuesto para este año, que supera los 25 millones (25.252.029 euros), un 1,4% más que en 2025.

Las nuevas cuentas priorizan la atención a las personas, el apoyo al comercio local, la mejora de los barrios y el impulso a los servicios públicos sin incrementar la presión fiscal sobre los vecinos. Y entre las novedades, figura la creación del Bono Comercio o un servicio de comida a domicilio.

El documento económico destaca por un “importante refuerzo” de los servicios sociales, cuya inversión aumenta cerca de un 10%, siete veces más que el crecimiento global del presupuesto, con el objetivo de mejorar la atención a las personas mayores y a los colectivos más vulnerables.

Así, se ha incluido, por primera vez, de una partida específica de 15.000 euros para un servicio municipal de comida a domicilio, dirigida a personas que no pueden cocinar por sí mismas. Asimismo, se incrementa un 14,5% la dotación destinada al servicio de ayuda a domicilio, que pasa de 406.000 a 465.000 euros, así como la teleasistencia en un 18,2%.

Además, los programas de bienestar social experimentan un crecimiento del 42%, mientras que el contrato con lo que se refuerza la capacidad del Ayuntamiento para atender las necesidades sociales del municipio, tal y como destaca el Consistorio en un comunicado.

Las cuentas de 2026 incorporan también nuevas medidas de apoyo a la economía local, como la puesta en marcha del Bono Comercio, dotado con 40.000 euros, con el objetivo de incentivar las compras en los negocios de proximidad durante los meses de menor actividad.

En materia de inversiones y servicios, reservan 150.000 euros para el asfaltado y mejora de calles en los barrios, suben un 6,2% el montante destinado al servicio de salvamento y socorrismo en las playas y elevan un 16,7% la partida de Juventud, que alcanzará los 70.000 euros para ampliar la oferta de actividades y programas.

Por otro lado, el presupuesto también refuerza el apoyo a la cultura, las tradiciones y el deporte, ya que el Consistorio destinará 600.672 euros en subvenciones nominativas a entidades, asociaciones y colectivos de distintos ámbitos.

Además, contempla una partida de 270.000 euros en subvenciones deportivas de concurrencia competitiva, así como 91.000 para las culturales.

15% más para la Batalla de las Flores

Asimismo, los premios de la Batalla de Flores aumentan cerca de un 15%, con lo que se refuerza “el apoyo municipal a una de las principales señas de identidad de Laredo”.

El alcalde de Laredo, Miguel González, ha destacado que estos presupuestos “reflejan las prioridades del equipo de gobierno y sitúan a las personas en el centro de la acción municipal”. En un comunicado, ha subrayado que el incremento del gasto social se ha conseguido “sin subir los impuestos y gracias a una gestión responsable y rigurosa de los recursos públicos”.

Asimismo, el regidor ha puesto en valor la “estabilidad económica” del Ayuntamiento, y ha destacado que este es el tercer presupuesto que el equipo de gobierno presenta al Pleno en tres años de mandato, “consolidando una forma de gobernar basada en la planificación, la responsabilidad y la continuidad”.

“Era necesario aprobar este presupuesto porque un ayuntamiento no puede permanecer atado de pies y manos con unas cuentas prorrogadas, incapaz de responder a las necesidades reales que tiene hoy nuestro municipio. Un presupuesto prorrogado es un pueblo parado, congelado en el pasado, mientras que un presupuesto aprobado nos permite seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha concluido.

El PSOE de Extremadura ha pedido explicaciones al presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre el rechazo del PP en el Congreso a la senda de déficit, que supone que la región “perderá” 128 millones de euros de capacidad de gasto entre 2027 y 2029, al quedarse sin una décima (0,1 % del PIB) de margen fiscal.

El Ministerio de Hacienda tiene previsto volver a llevar al Consejo de Ministros de la semana que viene la senda de déficit para el periodo 2027-2029, paso previo para la presentación de los presupuestos, que ha sido rechazada este martes por el pleno del Congreso con los votos en contra de Junts, PP, Vox y UPN.

A juicio de los socialistas extremeños, la no aprobación de esta medida presentada por el Gobierno supone menos recursos para Extremadura y, en consecuencia, “menos capacidad para reforzar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia”, recogen en nota de prensa.

Para el PSOE, esto supone que las comunidades autónomas perderán en conjunto 5.849 millones de euros de capacidad de gasto durante los próximos tres años, 128 en el caso de Extremadura. “Resulta incomprensible que el PP vuelva a anteponer sus intereses partidistas al interés general de los ciudadanos y de las propias comunidades autónomas que gobierna”, ha expuesto.

Los socialistas consideran que el voto del PP “perjudica directamente a Extremadura”, al reducir los recursos disponibles para fortalecer el Estado del bienestar y mejorar la calidad de los servicios públicos. “Eso requiere una explicación de Guardiola que debe dar la cara y no seguir escondida”, han añadido.

Han asegurado además que el rechazo a la senda de estabilidad no impide la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. “Únicamente limita la capacidad de inversión y de gasto de las comunidades autónomas, dificultando la financiación de políticas públicas esenciales”, han recalcado.

Frente a esta estrategia del PP, el PSOE ha destacado otras medidas del Gobierno de España para fortalecer la financiación de la comunidad autónoma. Entre ellas, “la mayor cifra de entregas a cuenta de la historia de la región, con 4.470 millones de euros previstos para este año”, ha apuntado.

La tramitación de una condonación “histórica” de la deuda autonómica de 1.718 millones de euros para Extremadura, así como los 1.642 millones de euros distribuidos a la comunidad a través de las conferencias sectoriales desde 2019, “un 113 % más de lo que recibió durante los gobiernos del PP”, son otras medidas destacadas por el PSOE.

Vox no només vol colar la 'prioritat nacional' per a aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Entre les esmenes presentades als comptes autonòmics de Pérez Llorca, la formació ultra exigeix l'“estricte compliment” de la neutralitat política i social a les aules de la Comunitat Valenciana.

Així, la iniciativa planteja l'addició d'un nou apartat als deures del personal docent recollits en el Decret 193/2025 de convivència en el sistema educatiu, i introdueix una secció específica davall el títol 'Pla de Convivència' que busca “blindar l'activitat escolar davant posicionaments partidistes o dogmàtics”.

D'acord amb el document presentat a les Corts Valencianes, al qual ha tingut accés elDiario.es, “els directius, els docents i el consell escolar del centre educatiu han de vetlar per la seua neutralitat ideològica”.

Aquesta obligació afectarà de manera integral el disseny, l'aprovació, la impartició i el control dels continguts educatius, així com la programació d'activitats i l'elecció dels llibres de text i altres materials didàctics. Vox pretén que s'actue “evitant qualsevol forma d'adoctrinament ideològic”.

A més, la proposta estén aquesta responsabilitat als agents externs a la comunitat escolar. L'esmena estableix que el professorat i els equips directius “també són responsables dels continguts que puguen impartir persones i col·lectius externs al centre”. Aquesta mesura obligarà a un control previ de les conferències, els tallers o les xarrades complementàries que organitzen persones o entitats externes en les instal·lacions públiques.

Reforç de la Inspecció Educativa

Aquesta proposta complementa una altra esmena presentada per Vox orientada a facultar la Inspecció d'Educació perquè actue de manera prioritària quan existisquen indicis de vulneració de drets. En aquests casos, els inspectors mantindran la competència de “vetlar per la seguretat, el benestar o els drets fonamentals de l'alumnat” mitjançant visites i entrevistes d'urgència als centres escolars.

El redactat manté que aquestes tasques de control es desenvoluparan sota els principis d'“objectivitat, proporcionalitat i contradicció” i salvaguardant la “presumpció de correcció en l'actuació dels professionals de l'educació”.

Vox no solo quiere colar la 'prioridad nacional' para aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Entre las enmiendas presentadas a las cuentas autonómicas de Pérez Llorca, la formación ultra exige el “estricto cumplimiento” de la neutralidad política y social en las aulas de la Comunitat Valenciana.

Así, la iniciativa plantea la adición de un nuevo apartado a los deberes del personal docente recogidos en el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo, e introduce una sección específica bajo el título 'Plan de Convivencia' que busca “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”.

De acuerdo con el documento presentado en las Corts Valencianes al que ha tenido acceso elDiario.es, “los directivos, los docentes y el consejo escolar del centro educativo deben velar por su neutralidad ideológica”.

Esta obligación afectará de manera integral al diseño, aprobación, impartición y control de los contenidos educativos, así como a la programación de actividades y la elección de los libros de texto y otros materiales didácticos. Vox pretende que se actúe “evitando cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”.

Además, la propuesta extiende esta responsabilidad hacia los agentes de fuera de la comunidad escolar. La enmienda establece que el profesorado y los equipos directivos “también son responsables de los contenidos que puedan impartir personas y colectivos externos al centro”. Esta medida obligará a un control previo de las conferencias, talleres o charlas complementarias que organicen asociaciones extraescolares en las instalaciones públicas.

Refuerzo de la Inspección Educativa

Esta propuesta complementa otra enmienda presentada por Vox orientada a facultar a la Inspección de Educación para que actúe de manera prioritaria cuando existan indicios de vulneración de derechos. En esos casos, los inspectores mantendrán la competencia de “velar por la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado” mediante visitas y entrevistas de urgencia en los centros escolares.

El redactado mantiene que estas labores de control se desarrollarán bajo los principios de “objetividad, proporcionalidad, contradicción” y salvaguardando la “presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación”.

El Gobierno afronta el penúltimo pleno del curso político en el Congreso antes de las vacaciones con la certeza de que se apuntará, casi con absoluta seguridad, una derrota en la votación de la senda de estabilidad, el cuadro económico que ha presentado como primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero a esa convicción le acompaña otra: la de presentar igualmente un proyecto de cuentas públicas tras tres años sin hacerlo y no convocar las elecciones generales hasta 2027. Además, la sesión de este martes permitirá al Ejecutivo tomar algo de oxígeno para lograr ese objetivo porque —salvo sorpresa— logrará varias victorias parlamentarias en materia de dependencia y discapacidad, así como para hacer avanzar la reforma del Código Penal cuyo objetivo es suprimir delitos como las injurias a la Corona.

La Ley establece que el Gobierno, antes de presentar su proyecto de Presupuestos para 2027 al Congreso, debe someter a votación la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas. Si el Ejecutivo contara con una mayoría estable en la Cámara Baja, esta votación sería un trámite que serviría para dar el pistoletazo de salida a la negociación presupuestaria y ofrecería las primeras pistas sobre las posiciones de los grupos parlamentarios y de las prioridades que exigirían al Ejecutivo incluir en esas cuentas.

Pero en el Gobierno y entre sus socios nadie espera que los Presupuestos Generales del Estado vayan a ser aprobados cuando lleguen a las Cortes, fundamentalmente porque Junts, actor imprescindible para ello, rechaza siquiera negociarlos. “Para nosotros ya no hay suficiente zanahoria con todos los palos que nos han dado”, afirmaba hace un mes el secretario general de Junts, Jordi Turull, preguntado por esa posibilidad. Y, este mismo lunes, el portavoz orgánico del partido, Josep Rius, tachaba de “frivolidad” presentar unas cuentas sin tener “una mayoría” en el Congreso para que salgan adelante y acusaba al Gobierno de tener “un objetivo claramente electoralista”.

Con ese escenario, la votación de este martes se perfila como la antesala de la previsible derrota de los Presupuestos Generales del Estado dentro de unos meses. Rius también confirmó este lunes que Junts, además de no plantearse negociar las cuentas, rechazará la senda de estabilidad como ya hizo con la presentada para los Presupuestos de 2025 y 2026, lo cual —unido al voto en contra de PP y Vox— dará al traste con la misma. Por su parte Podemos, cuyo voto también es necesario, se decanta por la abstención, alegando que ese mayor gasto se destinará a engordar las partidas militares

El previsible fracaso de este martes no implica que el trámite presupuestario vaya a quedar paralizado antes de comenzar. La ley obliga al Gobierno a presentar una segunda propuesta de senda de estabilidad si la primera sale derrotada, algo que el Ejecutivo tiene previsto hacer en el último pleno parlamentario del año, el próximo 23 de julio. Y si ese cuadro tampoco es aprobado —como presumiblemente ocurrirá—, Hacienda podrá llevar los Presupuestos igualmente al Congreso, puesto que cuenta con un informe de la abogacía del Estado que aduce que la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo establece que la senda de déficit ha de votarse dos veces en las Cortes Generales, pero se abre un vacío legal una vez el parlamento lo ha rechazado en ambas ocasiones.

En ese caso, señalan desde el Ejecutivo, la ley que prima es la Constitución. Y esta fija que las comunidades deberían presupuestar en equilibrio, lo que les impediría disfrutar de un colchón de 5.800 millones en los tres próximos años del que sí dispondrían de salir adelante la senda de estabilidad que se vota este martes. En el pleno del Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, informará a los diputados del techo de gasto –este no se vota– y de los números rojos en los que podría incurrir el Estado en los próximos tres años si las Cortes dieran luz verde al cuadro económico: en concreto, un desvío equivalente al 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. De esas cifras, a las comunidades autónomas les correspondería un 0,1% cada ejercicio.

Consciente del presumible fracaso de la votación, este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lamentó en una entrevista en RNE que algunos grupos parlamentarios —como Junts— ya hayan anunciado que votarán en contra del “mayor techo de gasto de la historia de nuestro país, lo que supone mayor estado del bienestar”. Bolaños, asimismo, admitió las “dificultades parlamentarias” a las que se enfrentará el Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos. Pero también insistió en que la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “es agotar la legislatura y llevarla a término”, si bien el propio Sánchez abrió hace unas semanas la puerta a adelantar las elecciones generales al primer trimestre de 2027.

Oxígeno para el Ejecutivo

En cualquier caso, aunque el panorama que se le presenta a la Moncloa en relación con los Presupuestos es bastante negro, el pleno del Congreso de este lunes también proporcionará —salvo sorpresa de última hora— algo de oxígeno a un Gobierno necesitado de él. Previsiblemente, el Ejecutivo logrará una mayoría para convalidar el decreto aprobado el mes pasado para dotar a las comunidades de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 para sus sistemas de dependencia. Y también está previsto que el Congreso dé luz verde a la reforma de la ley para reformar este derecho y blindar la exigencia de que el Estado se haga cargo del 50% de su financiación —la otra mitad corresponde a las comunidades—.

Está por ver cuál será la posición del PP en ambas votaciones, que son clave: la convalidación del decreto ratificaría el aumento de la financiación para el sistema de dependencia, mientras la aprobación de la reforma enviaría dicha ley al Senado para cumplir con la última etapa de su tramitación parlamentaria. No obstante, se espera que Junts vote a favor de ambos textos, lo cual convertiría en irrelevante la posición de los populares, que no sumarían mayoría junto a Vox para tumbarlos.

Esa misma mayoría, la que suma el Gobierno junto a sus habituales aliados parlamentarios y a Junts, será la misma que, presumiblemente, permitiría continuar la tramitación de la proposición de ley para eliminar del Código Penal delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma, planteada por Sumar, comenzó a tramitarse en 2023, pero hasta el mes pasado el PSOE no se avino a desbloquear el procedimiento.

Las cuentas públicas de la regiñon recogen una aparente contradicción matemática. El último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, titulado 'Evaluación de los presupuestos por comunidades autónomas. Gasto social', sitúa a Extremadura a la cabeza de la inversión social en España tras registrar un incremento en el gasto por habitante del 27,4% en los últimos cinco años (2020-2025). La cifra duplica prácticamente el esfuerzo medio del conjunto del país (14,3%) y sitúa a la comunidad como la segunda autonomía con mayor empuje inversor de todo el Estado en este lustro.

Sin embargo, el mismo documento destapa una paradoja presupuestaria en 2025: el porcentaje de recursos que el Gobierno autonómico reservó en sus presupuestos para Sanidad y Educación se situó de manera sistemática por debajo del promedio de las comunidades autónomas.

¿Cómo es posible inyectar más dinero real por ciudadano en hospitales y colegios que casi nadie en España y, al mismo tiempo, registrar un menor peso relativo en el reparto global de la tarta presupuestaria? La respuesta a este fenómeno combina factores como la demografía, el coste real de los servicios públicos sobre el territorio y la propia estructura financiera de la Junta de Extremadura.

Inversión por habitante vs. Cuota presupuestaria

En el área de Sanidad, el presupuesto extremeño escaló un 16,2% en los últimos cinco años (326,4 millones de euros más), frente al avance nacional del 8,8%. Atendiendo en exclusiva a las cuentas de 2025, el porcentaje de gasto sanitario sobre el total del presupuesto autonómico se quedó en un 31,3%, alzándose como el quinto porcentaje de menor peso si se compara con el resto de comunidades. Sin embargo, en contraste con esa cuota del pastel, el gasto real sanitario por habitante en Extremadura alcanzó los 2.224 euros: el tercero más elevado de todo el país y unos 500 euros por encima de la media nacional.

Una asimetría idéntica se reproduce en la parcela de Educación. El presupuesto en enseñanza aumentó un 34% entre 2020 y 2025 (368,7 millones de euros más), registrando el mayor incremento por habitante de toda España con 355,80 euros adicionales por vecino. Sin embargo, en la foto fija de 2025, el peso de la educación dentro del presupuesto general extremeño fue del 19,4%, un punto porcentual menos que la media de las comunidades autónomas. Por contra, la inversión real por ciudadano en las aulas se tradujo en 1.328 euros, consolidándose de nuevo como el tercer importe más alto a nivel nacional (250 euros por encima de la media).

Los expertos apuntan a dos variables clave para entender esta paradoja presupuestaria. Por un lado, se encuentra el factor demográfico, ya que prestar servicios sanitarios o educativos en una región caracterizada por la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población es mucho más costoso por persona que en entornos urbanos compactos; de este modo, mantener consultorios abiertos en el mundo rural o ratios reducidas en colegios de pequeños municipios encarece notablemente el coste por habitante.

Por otro lado, influye la existencia de un presupuesto total más amplio en la región, puesto que al recibir Extremadura un volumen importante de recursos procedentes de los fondos de compensación y de partidas europeas destinados a infraestructuras o desarrollo, el montante total de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma es muy elevado, lo que termina por diluir el porcentaje matemático de la Sanidad y la Educación sobre el total, aunque la cuantía de dinero real que se invierte por cada ciudadano siga estando muy por encima de la media española.

Continuidad presupuestaria de Vara a Guardiola

El análisis del periodo 2020-2025 cobra además una especial relevancia política, dado que el salto inversor abarca la gestión de dos ejecutivos regionales de signo opuesto. Los datos confirman que el blindaje del gasto social ha mantenido una línea de continuidad institucional por encima de las siglas, transitando desde la última legislatura de Guillermo Fernández Vara (PSOE) hasta la irrupción del Gobierno de coalición PP-Vox de María Guardiola.

En total, en el año 2025 Extremadura destinó el 60,1% de sus cuentas totales a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales combinados). Esto ha posibilitado asignar un gasto total consolidado de 4.270 euros por habitante en estas materias —lo que supone 918,80 euros más respecto a lo invertido en el año 2020—, blindando la posición de la región como la tercera de España con el mayor importe social dedicado a sus ciudadanos.

El liderazgo de los Servicios Sociales

Donde la paradoja presupuestaria se rompe por completo es en el ámbito de los Servicios Sociales. En este sector, Extremadura no solo inyecta más dinero por habitante, sino que la partida devora también un protagonismo absoluto dentro del propio diseño de las cuentas.

Entre 2020 y 2025, el presupuesto asignado a políticas sociales creció un 56,5% en la comunidad autónoma (253 millones de euros más). Con los números de 2025 en la mano, Extremadura dedicó el 9,4% de su presupuesto global en exclusiva a los servicios sociales, fijando la segunda cuota presupuestaria más alta del país, un punto y medio por encima del promedio estatal. Este esfuerzo se traslada de forma directa a la calle: la inversión por habitante alcanzó los 666 euros anuales en 2025, el segundo registro más elevado de toda España, superando en 220 euros la media nacional.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de impulso en la Asamblea para instar a la Junta a poner en marcha un plan de choque en la atención primaria sanitaria con una inversión de 250 millones de euros. El objetivo de esta actuación es “resolver la demora asistencial y reforzar los recursos humanos especialmente en el mundo rural”.

Según han recordado los socialistas, la propuesta de impulso recoge uno de los siete acuerdos de región que el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ofreció a la presidenta del Ejecutivo, María Guardiola, quien los rechazó en el debate de la enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2026.

A juicio de la diputada del Grupo Socialista Soraya Vega, la atención primaria en Extremadura “está peor que hace tres años y no debemos ni podemos normalizar que una persona tenga que espera entre 12 y 14 días para que te vea el médico de cabecera”.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, Vega ha detallado que el plan de choque debe servir para cumplir con el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Nacional de Salud que establece que el tiempo máximo de espera para que te vea el médico de cabecera no debe superar las 48 horas.

“Si la atención primaria falla, falla el sistema porque es la columna vertebral de la sanidad y un mecanismo de cohesión territorial. Si no es robusta, el hospital colapsa y la ciudadanía queda desprotegida”, ha explicado.

En su opinión, esta situación no es algo inevitable, “es una decisión política y queda claro que para Guardiola la atención primaria no es prioritaria y en lugar de reforzarla incrementa sensiblemente los fondos públicos que se destinan a la privada”, ha dicho.

Consecuencia de ello, según la diputada, es el aumento en la demora de los tiempos de espera, una peor valoración del sistema sanitario y una ciudadanía que sufre y percibe una peor organización de la sanidad pública.

Además, ha manifestado que hay dos modelos, el que considera la sanidad como un derecho y otro que lo entiende como un negocio. “El primero apuesta por los médicos de familia y la enfermería comunitaria y el segundo por debilitar la atención primaria y destinar cada vez más dinero público a la sanidad privada”, ha subrayado.

Con el plan de choque propuesto se pretende reforzar plantillas, reducir demoras en tiempos de espera y garantizar la cobertura sanitaria, sobre todo, en el medio rural.

El presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, deberá asumir algunos de los postulados más ultras de Vox para lograr su apoyo a los presupuestos autonómicos. Así se desprende de las enmiendas que ha presentado el partido de extrema derecha a la Ley de Acompañamiento a las cuentas autonómicas del presente ejercicio, las cuales proponen incorporar “la prioridad nacional al ordenamiento jurídico valenciano”, impulsar “una rebaja histórica del IRPF” a las rentas altas y endurecer los requisitos de acceso a las ayudas públicas y a la vivienda, entre otras cuestiones.

El portavoz del grupo parlamentario Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos, acompañado de la diputada Teresa Ramírez registró este jueves las enmiendas de su formación. Llanos ha subrayado como principal novedad que “por primera vez, la prioridad nacional es el principio rector en la legislación valenciana. Esta modificación se incorpora a la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Vivienda”.

Para sustanciar la mencionada prioridad, el partido de extrema derecha exige un arraigo “real y prolongado basado en empadronamiento” de hasta 15 años en cualquier municipio de España para resultar adjudicatario de una vivienda protegida del parque público de la Generalitat. También plantean exigir 5 años de arraigo para inscribirse en el registro de demandantes de vivienda protegida en régimen de alquiler y de 10 años en régimen de compra.

En el caso de la Renta Valenciana de Inclusión proponen un arraigo de tres años ininterrumpidos previos al momento de la solicitud de la ayuda o de 10 años alternos dentro de los 30 anteriores a la petición de la renta.

Con ello, ha indicado Llanos, “este principio deja de ser únicamente un planteamiento político para convertirse en un criterio con reconocimiento legal en ámbitos esenciales como la vivienda y los servicios sociales”.

Por otra parte, se propone una reducción del IRPF sobre la ya anunciada por el Consell de Pérez Llorca que beneficia a las rentas más altas. En concreto, baja una décima a las rentas de hasta 100.000 euros y un 0,25% a las rentas a partir de 100.000 euros. De este modo, el tipo marginal para rentas superiores a 200.000 euros, se sitúa en el 29,25% (ahora 29,50%).

También se plantean novedades en el Impuesto de Patrimonio, en concreto, librar a los patrimonios de hasta 2 millones de base liquidable (sin incluir la vivienda habitual, la empresa, etc.) del tributo.

Asimismo, las enmiendas contemplan una reducción del 5% de todas las tasas de caza, con el objetivo de “aliviar la carga administrativa y económica que soporta el sector cinegético”.

Por otra parte, Vox plantea una profunda modificación de la Ley de Integración de las Personas Inmigrantes. Las enmiendas incluyen: informar a los inmigrantes sobre los programas de retorno voluntario; limitar las políticas de integración a quienes residan legalmente en España y respeten el ordenamiento jurídico español, así como la identidad, las costumbres y las tradiciones de España y de la Comunidad Valenciana e impedir que puedan recibir reconocimientos públicos entidades que promuevan la inmigración irregular.

Prohibición del burka y del niqab en espacios públicos

Las enmiendas incorporan la prohibición de mantener “el rostro sustancialmente cubierto” cuando resulte necesaria la identificación de las personas. Esta previsión se incorpora a la normativa sobre espectáculos públicos, transporte, sanidad, función pública y centros educativos, habilitando además la colaboración de las policías locales para garantizar su cumplimiento.

En el ámbito educativo, se plantea la revisión de los currículos de Educación Infantil para eliminar referencias a la ideología de género, la sexualidad y el multiculturalismo. En materia de protección de la infancia, se propone el reconocimiento de la obligación de la Generalitat de salvaguardar y proteger el derecho “a la vida del no nacido”.

El president del Govern valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, haurà d'assumir alguns dels postulats més ultres de Vox per a aconseguir el seu suport als pressupostos autonòmics. Així es desprén de les esmenes que ha presentat el partit d'extrema dreta a la llei d'acompanyament als comptes autonòmics del present exercici, les quals proposen incorporar “la prioritat nacional a l'ordenament jurídic valencià”, impulsar “una rebaixa històrica de l'IRPF” a les rendes altes i endurir els requisits d'accés a les ajudes públiques i a l'habitatge, entre altres qüestions.

El portaveu del grup parlamentari Vox a les Corts Valencianes, José María Llanos, acompanyat de la diputada Teresa Ramírez, va registrar aquest dijous les esmenes de la seua formació. Llanos ha subratllat com a principal novetat que “per primera vegada, la prioritat nacional és el principi rector en la legislació valenciana. Aquesta modificació s'incorpora a la Llei de la Renda Valenciana d'Inclusió, la Llei de Serveis Socials i la Llei d'Habitatge”.

Per a concretar aquesta prioritat, el partit d'extrema dreta exigeix un arrelament “real i prolongat basat en l'empadronament” de fins a 15 anys en qualsevol municipi d'Espanya per a resultar adjudicatari d'un habitatge protegit del parc públic de la Generalitat. També planteja exigir cinc anys d'arrelament per a inscriure's en el registre de demandants d'habitatge protegit en règim de lloguer i deu anys en règim de compra.

En el cas de la Renda Valenciana d'Inclusió, proposa un arrelament de tres anys ininterromputs previs al moment de la sol·licitud de l'ajuda o de deu anys alterns dins dels trenta anteriors a la petició de la renda.

Amb això, ha indicat Llanos, “aquest principi deixa de ser únicament un plantejament polític per a convertir-se en un criteri amb reconeixement legal en àmbits essencials com l'habitatge i els serveis socials”.

Per altra banda, es proposa una reducció de l'IRPF sobre la ja anunciada pel Consell de Pérez Llorca que beneficia les rendes més altes. En concret, baixa una dècima a les rendes de fins a 100.000 euros i un 0,25% a les rendes a partir de 100.000 euros. D'aquesta manera, el tipus marginal per a rendes superiors a 200.000 euros se situa en el 29,25% (ara, 29,50%).

També es plantegen novetats en l'Impost sobre el Patrimoni. En concret, alliberar els patrimonis de fins a dos milions d'euros de base liquidable (sense incloure l'habitatge habitual, l'empresa, etc.) de l'impost. Així mateix, les esmenes preveuen una reducció del 5% de totes les taxes de caça, amb l'objectiu d'“alleujar la càrrega administrativa i econòmica que suporta el sector cinegètic”.

Per altra banda, Vox planteja una profunda modificació de la Llei d'Integració de les Persones Immigrants. Les esmenes inclouen informar els immigrants sobre els programes de retorn voluntari; limitar les polítiques d'integració a aquells que residisquen legalment a Espanya i respecten l'ordenament jurídic espanyol, així com la identitat, els costums i les tradicions d'Espanya i de la Comunitat Valenciana, i impedir que puguen rebre reconeixements públics les entitats que promoguen la immigració irregular.

Prohibició del burca i del nicab en espais públics

Les esmenes incorporen la prohibició de mantindre “la cara substancialment coberta” quan siga necessària la identificació de les persones. Aquesta previsió s'incorpora a la normativa sobre espectacles públics, transport, sanitat, funció pública i centres educatius, i habilita, a més, la col·laboració de les policies locals per a garantir-ne el compliment.

En l'àmbit educatiu, es planteja la revisió dels currículums d'Educació Infantil per a eliminar referències a la ideologia de gènere, la sexualitat i el multiculturalisme. En matèria de protecció de la infància, es proposa el reconeixement de l'obligació de la Generalitat de salvaguardar i protegir el dret “a la vida dels no nascuts”.

Por primera vez en la legislatura, después de que el presidente Pedro Sánchez se negara a presentar cuentas públicas para 2024, 2025 y 2026, el curso político comenzará en septiembre con una negociación en el seno del Gobierno para diseñar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Si el Ejecutivo cumple esta vez los plazos constitucionales, el texto debe estar presentado en el Congreso antes del 1 de octubre. Y, habida cuenta de que Sánchez ha abierto la puerta a adelantar las elecciones al primer trimestre del año que viene si las cuentas no salen adelante —algo que parece enormemente complicado—, el proyecto de Presupuestos para 2027 se perfila como un perfecto escaparate para mostrar las prioridades económicas y sociales del Gobierno.

Esa posibilidad es especialmente importante para un Sumar que se encuentra en pleno proceso de recomposición de su alianza y, por el momento, no tiene ni marca ni candidato. La falta de Presupuestos durante toda la legislatura ha impedido a la alianza que lidera —aún— Yolanda Díaz poner en marcha algunas de sus principales banderas, aunque en los últimos meses Sumar sí ha logrado torcer el brazo al PSOE en asuntos como la prórroga de los alquileres, que el Gobierno aprobará por segunda vez este julio después de que el Congreso la tumbara hace un par de meses. Por ello, la negociación con los socialistas para diseñar el proyecto de Presupuestos para 2027 que se llevará al Congreso se perfila como clave.

Así lo planteó hace unas semanas la diputada de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso Aina Vidal que sostuvo que la negociación de las cuentas públicas es una vía inmejorable para “presentar nuestro modelo de país y de gobierno”. “Es una buena noticia poder contar a la ciudadanía qué queremos hacer y cómo”, sostuvo Vidal, que afirmó que “este no es el momento de especular con elecciones” y quiso enviar “un mensaje muy claro al PSOE: la negociación de los Presupuestos no va a ser humo ni una forma de distraer a nadie, sino una forma de explicar quiénes somos y qué queremos hacer”.

En la misma línea se expresó este lunes el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que advirtió a Sánchez de que “sería una frivolidad” presentar los Presupuestos sin tener intención real de sacarlos adelante. “Las cuentas se presentan para ser aprobadas”, insistió Maíllo, que hizo hincapié en la necesidad de “ampliar determinados derechos y conquistas y cumplir con la labor del Gobierno hasta el fin de la legislatura”. “Uno no puede presentar unos Presupuestos sabiendo que ese debate no va a servir para nada, sería un fraude a la sociedad: los Presupuestos tienen que ser tan buenos que quienes intenten tumbarlos o se opongan a ellos sufran un coste electoral”, argumentó.

Lo cierto, no obstante, es que en privado varios dirigentes del espacio político a la izquierda del PSOE consideran que es muy probable un adelanto electoral si las cuentas, como todo apunta a que ocurrirá, son rechazadas en el Congreso. Y, en ese contexto prácticamente preelectoral, Vidal mencionó que algunas de las prioridades que planteará Sumar a los socialistas de cara a la negociación del proyecto de Presupuestos serán “la ampliación de los recursos para dependencia, nuevas dotaciones para vivienda” o la mejora de la “prestación por hijo a cargo”, ampliando su alcance más allá de los tres años de edad. “Son medidas que tienen que ver con poner a España en el punto donde nunca debería haber dejado de estar”, señaló la portavoz.

Otras fuentes de Sumar coinciden en estas prioridades de cara a la negociación y añaden una más: la fiscalidad. Hace dos años, en la última ocasión en la que el Gobierno sí amagó con presentar un proyecto de Presupuestos —el año pasado el asunto se dejó morir—, la coalición presentó un amplio documento de propuestas que, en la pata impositiva, apostaba por una reforma fiscal en profundidad. Entre otras medidas, los de Yolanda Díaz apostaban por modificar los tres grandes impuestos (sociedades, IRPF e IVA) para hacerlos más progresivos y también por crear figuras impositivas nuevas, en su mayoría destinadas a las rentas altas y a los bienes de elevado precio y coste ecológico y social.

Una negociación aún en sus inicios

En cualquier caso, las fuentes consultadas admiten que las negociaciones para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se encuentran aún en una fase muy incipiente. Este miércoles, Sánchez explicó en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN en Ankara que todavía tienen que “acordar internamente” qué proyecto se va a presentar. “Luego, como hemos hecho en muchas otras ocasiones, tendremos que ir a las Cortes a intentar recabar los apoyos parlamentarios”, aseguró.

Varios de los socios del Gobierno, cuyo voto sería imprescindible para que las cuentas salieran adelante en el Congreso, confirman que no han empezado a tener un intercambio significativo de propuestas con el Ejecutivo. “Que presente el proyecto, ese es el primer paso, a ver cuáles son sus intenciones reales, y ya hablaremos luego de prioridades”, plantea una fuente de uno de los partidos aliados de la Moncloa.

Antes de presentar el proyecto de cuentas en el Congreso, no obstante, el Gobierno tiene que cumplir con varios trámites. El primero de ellos ha sido aprobar en Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda de estabilidad, el marco económico en el que se inscribirán los Presupuestos. Previsiblemente, la mayoría en contra que reúnen PP, Vox y Junts en la Cámara Baja tumbará estos objetivos de estabilidad, y la ley obliga al Gobierno a hacer un segundo intento para sacarlos adelante. La Moncloa quiere que las dos votaciones tengan lugar en el Congreso este mes de julio, aunque el calendario no está cerrado dado lo apretado de los tiempos.

Hace unas semanas, el ministro de Hacienda, Arcadi España, reunió a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro en el que les informó de que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, y podrán incurrir en un déficit del 0,1%. Además, el Ejecutivo abrió la puerta a que se puedan debatir y fijar unos objetivos de déficit “asimétricos”, diferentes entre comunidades autónomas en función de la posición de partida de cada una de ellas.

El Gobierno sigue dando pasos en la aprobación de los presupuestos para 2027, un camino que se antoja cada vez más cuesta arriba al Ministerio de Hacienda, porque las intenciones de La Moncloa de presentar las primeras cuentas de la legislatura chocan con unos socios –singularmente, Junts y Podemos– que no parecen estar muy por la labor de apoyarlos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la pata que le faltaba al Gobierno para el diseño de los presupuestos: el techo de gasto, que es la cifra clave con la que el Ejecutivo procede a financiar cada uno de los capítulos de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el de 2027 será de 226.032 millones, un 6,6% más –excluidos los fondos europeos– que el de la ley de 2026, que La Moncloa renunció a presentar.

“Es la cifra más alta jamás aprobada”, se felicitó España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, un número que “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia”, incidió.

Por ponerlo en perspectiva, el último presupuesto de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, de junio de 2018, contó con un techo de gasto de 119.834 millones. Es decir, en solo ocho años los recursos de las cuentas públicas han sumado 106.198 millones, prácticamente el doble (88,6%). Y el efecto no es únicamente por la subida de los precios: desde junio de 2018 la inflación acumulada es del 25%.

Sumar saca pecho, Podemos y Junts critican

El Gobierno ha tirado de chequera para elaborar las cuentas públicas con “los mayores recursos de la historia” para “blindar el Estado del bienestar”, dijo el ministro de Hacienda. Pero estas cifras abultadas parecen más un canto de sirena con el que tratar de contentar a unos socios que, a puertas de un año electoral, no parecen dispuestos a darle ese balón de oxígeno al Gobierno.

Incluso dentro de la propia coalición. Fuentes de Sumar se apresuraron a anunciar que habían alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar el techo de gasto en 1.500 millones de euros, una cifra con la que se encuentran “satisfechos”, ya que dará más margen en ese eventual presupuesto para financiar más políticas sociales.

El techo de gasto no se vota en el Congreso, como sí sucede con los objetivos de estabilidad presupuestaria, el corsé para las administraciones públicas. El gobierno ha fijado un déficit del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Y la corrección de este desequilibrio irá a cuenta de la Administración Central, ya que las comunidades autónomas contarán con un margen del 0,1% del PIB durante el trienio. 5.849 millones de euros de holgura, en total.

Y estas cifras no han gustado a dos socios cuyos votos son clave para pasar el filtro de las Cortes Generales. Ni Podemos ni Junts están entusiasmados, lo que aboca a la senda de déficit a una derrota el próximo 14 de julio y, previsiblemente, en una segunda votación en un Pleno extraordinario el 23 de este mes.

“Por lo que sabemos, estamos hablando básicamente de la misma propuesta que se produjo hace un año y, obviamente, quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados”, dijo este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ya el año pasado se abstuvo en las dos votaciones que el Gobierno llevó al Congreso. Ese techo de gasto “amplio”, a su juicio, no se está empleando en la mejora de los servicios públicos, como defiende el Gobierno, sino en “reforzar los compromisos militares de España” y “contribuir a la escalada militar”.

Un argumento calcado al de Junts, el hueso más duro de roer para La Moncloa. “Si el gobierno español hace las mismas propuestas que los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto”, indican fuentes de los posconvergentes, que ya el año pasado tumbó los dos intentos del Ejecutivo por aprobar la senda de estabilidad. “El PSOE persiste en el error. La misma fórmula de siempre —no pagar a Catalunya— que pretenden que compremos a cambio de nada”, apuntan.

En el pasado, el partido de Carles Puigdemont argumentó su rechazo en que el Gobierno se reservaba el grueso del déficit, que debería repartir en tercios para cada nivel de la Administración (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos). Eso supondría darle este año a las regiones un margen del 0,6% del PIB.

Pero en Hacienda argumentan que, en realidad, una vez descontadas las transferencias a la Seguridad Social y la recaudación del impuesto a la banca (que capta el Ejecutivo, pero remite a las comunidades), el objetivo de la Administración central y las regionales es el mismo: un déficit 0,2%. Tesis que no convence a Junts.

“Invito y pido al PP que reflexione, que no es el momento de partidismos y no es el momento de estar pensando en jugadas electorales”, dijo España desde la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha tratado de tentar a las comunidades peor financiadas, que son del PP, para tratar de forzar las costuras del partido. “Cada territorio y sus diputados deberían votar en función de sus intereses y del conjunto del país, y no de la calle Génova”, abundó el titular de Hacienda.

Si decae en dos ocasiones la senda de estabilidad, el Gobierno tendrá libertad para redactar sus Presupuestos con toda la flexibilidad presupuestaria, mientras que las comunidades tendrán que elaborar sus cuentas en equilibrio. Pero esas dos votaciones son batallas menores. La idea en La Moncloa es presentar el proyecto en septiembre, a la vuelta del verano. Y ahí se decidirá el futuro de la legislatura.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su deseo de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de los presupuestos vascos de 2026. En concreto, el Ejecutivo central cuestiona una enmienda que introdujeron a última hora PNV y PSE-EE para modificar la normativa autonómica de Cooperación de 2024 y levantar el veto a la concesión de ayudas públicas a la industria armamentística o de defensa siempre que estuvieran alineadas con la denominada Estrategia Europea de Seguridad. La sangre no ha llegado todavía al río y, en aplicación de la ley reguladora del Tribunal Constitucional, ambos Gobiernos han creado una comisión bilateral para tratar de resolver las discrepancias de interpretación a nivel político. Fuentes de Ejecutivo de Imanol Pradales confían en que se pueda alcanzar un acuerdo.

El punto de conflicto es la disposición final décima de las cuentas. Es una redacción que no aparecía en el texto original que envió el Gobierno al Parlamento, pero que se introdujo como enmienda, a propuesta de PNV y PSE-EE, en la tramitación. Como justificación, nacionalistas y socialistas explicaron que era necesario retocar una ley muy reciente, la de Cooperación, porque, textualmente, “peligraba” la “movilización de 325 millones de euros en inversión industrial”. Se trataba de proyectos que quedarían fuera si se interpretaba que su actividad era de “doble uso”, militar y civil. Se aludía a ámbitos como la ciberseguridad, el sector aeroespacial y los combustibles renovables.

“Es un hecho que la industria de alta tecnología y doble uso representa un porcentaje significativo del PIB industrial vasco [...]. Son los sectores llamados a construir el nuevo tejido industrial vasco y su desarrollo depende directamente de corregir el bloqueo normativo que hoy impide ejecutar partidas de innovación, internacionalización e I+D+i. Esta enmienda no introduce una excepción caprichosa, sino una alineación imprescindible con la Estrategia Europea de Seguridad y con los instrumentos industriales europeos”, se indicaba.

Añadían nacionalistas y socialistas que referenciar los proyectos al marco europeo garantizaba “un marco plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional”. Sin embargo, cuando este periódico informó de la enmienda, la Coordinadora de ONGD Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin denunciaron que PNV y PSE-EE operaron con “nocturnidad” para “permitir la colaboración y financiación de armamento o tecnología de uso militar”, siempre y cuando se encuadre dentro de la Estrategia Europea de Seguridad.

Según la documentación facilitada al Parlamento Vasco por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que es la responsable de los servicios jurídicos, el Gobierno de España sostiene que esa disposición presupuestaria puede vulnerar las competencias exclusivas del Estado en cuatro ámbitos: la política internacional, la política de Defensa, la política de comercio exterior y la legislación básica sobre contratos. Fue el PP, a través del parlamentario Álvaro Gotxi, el que preguntó al Ejecutivo vasco por este recurso de inconstitucionalidad, del que nunca se ha informado públicamente.

La ley orgánica del Constitucional, en todo caso, habilita un plazo de seis meses para que las partes alcancen una interpretación compartida de la norma en litigio antes de elevar el asunto al plenario de la corte de garantías. Según Ubarretxena, la visión del ejecutivo autonómico es que “puede darse una interpretación” de la enmienda que no implique una invasión competencial. “El Gobierno vasco mantendrá una disposición dialogante en orden a alcanzar un acuerdo interpretativo del precepto cuestionado aclarando las dudas trasladadas por la Administración del Estado anclando el encaje constitucional y europeo del artículo [de los presupuestos], de tal forma que se evite un posible recurso de inconstitucionalidad”, apunta Ubarretxena.

Según las fuentes consultadas, ya se han producido algunos contactos entre ambas partes, se han intercambiado propuestas pero, por el momento, no se ha alcanzado acuerdo alguno. El plazo orientativo para que se aclare el asunto sería septiembre, ya que el artículo 33 de la normativa del Constitucional habla de un máximo de nueve meses desde la promulgación de la ley, que fue votada en el Parlamento a finales de diciembre de 2025.

En paralelo, este lunes la agencia SPRI, dependiente del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, publicó las bases de su programa de ayudas empresariales Zabaldu+ de 2026. En ellas, a la hora de regular las candidaturas que pueden optar a las subvenciones, se asume la redacción de la enmienda y solamente se plantea dejar fuera a las compañías “que se dediquen a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar” al margen de la Estrategia Europea de Seguridad.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

El Gobierno ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero de los próximos Presupuestos, el conocido como techo de gasto, que será de 226.032 millones de euros, una cifra récord para unas cuentas que “garantizarán los mayores recursos de la historia para Sanidad, Educación, Vivienda e Innovación”.

La cifra es un 6,6% superior al techo de gasto que se aprobó para los Presupuestos de 2026, que finalmente no salieron adelante, lo que supone 14.006 millones de euros más en gasto financiado nacionalmente (es decir, excluidos los fondos europeos, que ya no estarán en vigor el año próximo). El dato es un 88% superior al límite con el que se elaboraron las cuentas del año 2018, como ha valorado el titular de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

España ha subrayado que el techo de gasto aprobado “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia” y que las cuentas públicas “blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y servicios de calidad y vocación universal”.

Según ha destacado la ministra Portavoz, Elma Saiz, este techo de gasto es “acorde con el buen momento que vive la economía española”, que no se ha visto golpeada en exceso por los efectos de la guerra en Oriente Medio. De hecho, el Ejecutivo revisó al alza sus proyecciones de crecimiento para este año hasta el 2,6%, cuatro décimas más de lo que estimaba a finales del año pasado.

Fuentes de Sumar han celebrado la cifra aprobada este martes en el Consejo de Ministros y han señalado que consiguieron un acuerdo en el seno de la coalición para ampliar este techo de gasto en 1.500 millones de euros más de lo que había propuesto Hacienda en un principio. Unas cuantías con las que el socio minoritario del Gobierno se muestra “satisfecho”, dado que un Presupuesto expansivo garantizará más recursos para políticas sociales, vivienda y el refuerzo de los servicios públicos.

Las comunidades tendrán un déficit del 0,1%

Junto al techo de gasto, el Consejo de Ministros ha aprobado los objetivos de estabilidad, que tendrán que ser aprobados por el Congreso de los Diputados para avanzar en la redacción de los Presupuestos.

Así, el Gobierno se ha comprometido a seguir recortando el déficit público al 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029, siendo la Administración General del Estado quien asumirá el ajuste.

Este lunes, el ministro España trasladó a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”. Al mismo tiempo, el Gobierno les comunicó que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de entorno a 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Hacienda puso encima de la mesa la posibilidad de que ese 0,1% pueda repartirse de manera “asimétrica” en función de la posición de cada una de las comunidades, siendo la Comunitat Valenciana y Murcia, ambas gobernadas por el PP, las potencialmente más beneficiadas por la propuesta. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya marcó la línea roja: “Buscan financiar siete veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal a ojos de todos”.

“Me cuesta entender la obsesión del PP contra Catalunya”, ha respondido el titular de Hacienda, para quien “ese anticatalanismo visceral” no hace “bien” al país. “Deberían reflexionar si un partido que aspira a gobernar, aspira a gobernar enfrentando a unas comunidades con otras”, ha dicho.

La economía española crecerá un 2,5% en 2026, tres décimas más de lo previsto hace apenas dos meses, según la última actualización de previsiones de Funcas. El centro de análisis atribuye esta revisión al alza a la mayor resistencia mostrada por la actividad durante la primera mitad del año, aunque mantiene sin cambios su previsión para 2027. Cuando el crecimiento se moderará hasta el 1,8% por el agotamiento de algunos de los motores que han impulsado la recuperación.

La nueva estimación de Funcas se sitúa ligeramente por debajo de la previsión del Gobierno, que espera un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% en 2026. Según Funcas, la demanda interna será el principal motor del crecimiento, con una aportación de 2,8 puntos al PIB, dos décimas más de lo previsto anteriormente. En cambio, el sector exterior restará tres décimas, una menos de lo estimado en mayo.

El informe destaca que la economía española ha sorprendido por su fortaleza en los dos primeros trimestres del año. Tras crecer un 0,6% entre enero y marzo, el PIB habría acelerado su ritmo hasta el 0,7% entre abril y junio, pese al impacto económico derivado del conflicto entre Irán e Israel y las tensiones en Oriente Medio.

Tres factores detrás de la revisión

El ‘think tank’ identifica tres elementos que explican la mejora de las perspectivas para 2026. En primer lugar, muchas empresas adelantaron compras y aumentaron sus existencias para evitar posibles problemas de abastecimiento tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Ese comportamiento generó un incremento temporal de la actividad industrial que aporta una décima adicional al crecimiento.

A ello se suma un mejor comportamiento del consumo público y de la construcción, que también añaden una décima respecto a las previsiones anteriores. Por último, el turismo ha resultado menos perjudicado de lo esperado. España se ha beneficiado de un desvío temporal de visitantes hacia destinos considerados más seguros, lo que reduce el impacto negativo del sector exterior sobre el crecimiento.

El fin de los fondos europeos frenará la actividad

Pese a la revisión al alza para 2026, Funcas mantiene que la economía perderá impulso en 2027. El crecimiento se moderará hasta el 1,8% debido, principalmente, al menor dinamismo del consumo privado y de la inversión en bienes de equipo.

Uno de los factores que explican esa desaceleración será el final del programa europeo Next Generation EU. Aunque el fondo España Crece asumirá parte de ese papel, Funcas considera que el volumen de recursos que llegará a la economía será inferior, al menos durante los primeros años de transición.

El escenario central del informe tampoco incorpora todavía posibles cambios en la política fiscal derivados de las negociaciones sobre la financiación autonómica, al considerar que aún no se han traducido en medidas concretas.

Siete años creciendo por encima de la eurozona

Si se cumplen estas previsiones, España encadenará siete años consecutivos creciendo por encima de la media de la eurozona, algo inédito desde el ciclo expansivo de comienzos de los años 2000.

No obstante, Funcas advierte de que esa ventaja tenderá a reducirse conforme pierdan intensidad algunos factores excepcionales que han impulsado la economía en los últimos años, como los fondos europeos o el fuerte crecimiento del turismo, cuya expansión considera que alcanzará su techo a partir de 2027.

Las previsiones parten además de un escenario de normalización gradual del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que aliviaría las tensiones sobre los mercados energéticos y de materias primas durante los próximos meses.

La inflación seguirá elevada

El centro de análisis también revisa ligeramente sus previsiones de inflación. Calcula que el deflactor del consumo crecerá un 3,2% de media en 2026, una décima menos de lo previsto en mayo, aunque todavía muy por encima de las estimaciones realizadas antes del conflicto en Oriente Medio.

Funcas considera que el encarecimiento de la energía continuará trasladándose al conjunto de la economía y que la retirada de las rebajas fiscales sobre los combustibles añadirá entre ocho y nueve décimas a la inflación. Este diferencial respecto a la eurozona, advierte el informe, supondrá una pérdida gradual de competitividad para la economía española.

Más de 900.000 empleos en dos años

Pese a la desaceleración prevista para 2027, Funcas estima que el crecimiento permitirá crear algo más de 900.000 empleos netos entre 2026 y 2027. Como consecuencia, la tasa de paro descenderá hasta el 9,1% al final del periodo, dos décimas menos de lo previsto anteriormente, aunque España seguirá registrando una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea.

Los expertos subrayan que estas estimaciones se basan en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que consideran menos expuestos que las cifras de afiliación a los efectos de la regularización de inmigrantes.

Déficit contenido, pero riesgos al alza

En materia fiscal, Funcas prevé que las ayudas adoptadas para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio retrasen la reducción del déficit público.

El desequilibrio presupuestario se mantendrá en el 2,4% del PIB en 2026 y solo se reducirá hasta el 2,2% en 2027, mientras que la deuda pública cerrará ese ejercicio en el 96,7% del PIB.

El informe identifica varios riesgos para este escenario. En el plano internacional, el principal es un deterioro de la situación geopolítica en el Golfo Pérsico. También alerta de una posible corrección en los mercados financieros si terminara estallando una burbuja vinculada al sector de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

En el ámbito interno, Funcas señala como principales amenazas la prolongación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la falta de acuerdos políticos para impulsar reformas que contribuyan a aliviar la crisis de la vivienda.

El Ministerio de Derechos Sociales inicia este lunes el procedimiento para que el Consejo de Ministros apruebe una partida de más de 904 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para financiar el nivel acordado de la dependencia. La cifra, que alcanza los 970 millones de euros incluyendo los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra, supone un récord histórico de financiación e implica que el Estado abonará más de 7.000 millones de euros al año en dependencia a partir de 2027.

Este presupuesto pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia conforme al cumplimiento de objetivos establecidos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. La partida presupuestaria del nivel acordado fue eliminada en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dota con 307 millones de euros, que han crecido hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

El aumento se enmarca en el crecimiento exponencial del nivel mínimo, que hace dos semanas duplicó las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. La ampliación económica supone que, entre el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión que además de ser récord, es estructural y queda blindada para los siguientes años. Los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán un 98,7% sus fondos para la dependencia y, en total, el Estado abonará 7.239 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027.

En las transferencias del nivel mínimo, el Estado central no tiene capacidad para influir en el destino final de esos fondos, más allá de que los gobiernos autonómicos deban emplearlos en dependencia. Sin embargo, son estos, en cumplimiento de sus competencias, quienes deciden en qué los emplean. En el caso del nivel acordado, estos sí están ligados a objetivos concretos, pactados entre los ejecutivos autonómicos y el central. El Ministerio de Derechos Sociales llevará su propuesta este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el paso previo al Consejo de Ministros.

La ampliación económica ha supuesto también la refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tiene como objetivo reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos. Así, la norma incluye nuevos servicios para la ciudadanía como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, productos de apoyo que mejoren la autonomía, servicios de teleasistencia personal para quienes lo deseen y extensión del servicio de ayuda a domicilio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 23 de junio un real decreto de financiación a la dependencia, que implica que las comunidades autónomas recibirán 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más en 2027. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, indicaba Sánchez en una comparecencia previa a la aprobación de la medida. El presidente calificó el aumento como la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, afirmación que ratificó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”.