La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha defendido este lunes el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, al que ha calificado como “estupendo” y “el más alto de la historia”, al tiempo que ha criticado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura, que, a su juicio, están “totalmente vacías de propuestas pero llenas de ideología”.

En una rueda de prensa celebrada en Mérida, Checa aseguró que las cuentas públicas “van a satisfacer las necesidades de todos los extremeños” y destacó algunas de las principales partidas incluidas en el proyecto presupuestario. Entre ellas, señaló un incremento de 500 millones de euros para sanidad y de 170 millones para educación, así como la duplicación de las ayudas a la natalidad, que alcanzarán los 2,12 millones de euros.

La portavoz también subrayó que los presupuestos contemplan una partida destinada al regadío de Tierra de Barros y un fondo de compensación para agricultores y ganaderos. Además, destacó el aumento del 12 % en el presupuesto de servicios sociales y familia, hasta los 217,9 millones de euros, así como el compromiso de construir al menos 3.500 viviendas protegidas.

Checa defendió igualmente las medidas orientadas a reducir la burocracia y eliminar lo que consideró “gasto superfluo”, al afirmar que “el dinero de los extremeños es para los extremeños”.

Críticas al PSOE por el caso David Sánchez

Durante su comparecencia, la dirigente de Vox se refirió también a la reanudación este lunes del juicio relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al que volvió a denominar “el hermanísimo”.

Según Checa, el caso no responde a una “simple irregularidad administrativa”, sino a lo que calificó como “un traje a medida hecho por las cloacas socialistas para beneficiar con dinero público al hermano de Pedro Sánchez”.

La portavoz cargó además contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, al que situó junto a David Sánchez en una supuesta trama de favoritismo. “Si hay una organización implicada en corrupción política, económica y moral esa es el PSOE”, afirmó.

A su juicio, el procedimiento judicial constituye un ejemplo de cómo el socialismo “utiliza las instituciones públicas como instrumento al servicio de sus intereses personales, familiares y económicos”. En este sentido, sostuvo que será la justicia la que determine si la contratación fue “limpia” o si existió una “operación corrupta diseñada para beneficiar a la familia de Pedro Sánchez”.

Vox celebra una sentencia favorable del Supremo

Por otro lado, Checa valoró la decisión del Tribunal Supremo de anular una sanción de 860.000 euros impuesta a Vox por el Tribunal de Cuentas, una resolución que calificó como la “tercera vez” que una multa de estas características es revocada.

La portavoz sostuvo que el Gobierno central “sigue intentando borrar a la oposición a través de las instituciones del Estado”, aunque consideró que los intentos de “persecución y difamación” contra su partido no han tenido éxito. “La verdad prevalece”, afirmó, al definir la resolución judicial como “una victoria más de Vox”.

Checa concluyó asegurando que tanto los extremeños como el conjunto de los españoles “merecen que les gobierne un partido limpio y comprometido con sus intereses, no con su bolsillo”.

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha defendido este lunes el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 y ha considerado que serán los grupos de la oposición quienes deberán explicar a la ciudadanía por qué rechazan unas cuentas que alcanzan la cifra “récord” de 8.845 millones de euros.

Las declaraciones se producen en la víspera del debate en la Asamblea de Extremadura de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura al proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno de María Guardiola.

En rueda de prensa, Núñez ha afirmado que el debate parlamentario enfrentará “dos formas muy distintas de entender Extremadura”. Según ha señalado, el Ejecutivo autonómico llevará a la Cámara las cuentas “más ambiciosas de la historia de la región”, con un aumento de la inversión, una reducción de la presión fiscal y un refuerzo de los servicios públicos esenciales.

El dirigente popular ha destacado además que los presupuestos contemplan una inversión de 409 millones de euros destinada a los municipios extremeños, una cantidad que ha calificado también como “récord” y que, a su juicio, evidencia la apuesta del Gobierno regional por el municipalismo.

Frente a ello, ha acusado a PSOE y Unidas por Extremadura de mantener una actitud de “bloqueo permanente” y de situarse “al margen de la realidad” al oponerse a las cuentas autonómicas.

En este sentido, Núñez ha sostenido que ambas formaciones deberán explicar por qué rechazan, según ha enumerado, un incremento de recursos para la sanidad, la educación y la dependencia, así como medidas relacionadas con el acceso a la vivienda y la creación de empleo.

Durante su comparecencia también se ha referido a la actualidad judicial vinculada al PSOE extremeño, coincidiendo con la reanudación del juicio relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Aunque ha reiterado el respeto de su partido a las decisiones judiciales, ha lamentado que Extremadura ocupe espacio en los medios nacionales por este procedimiento y no por proyectos o indicadores económicos y laborales de la comunidad autónoma.

“Mientras algunos siguen atrapados en sus problemas y en los escándalos que lo acorralan, el Gobierno de María Guardiola sigue centrado en solucionar los problemas de los extremeños”, ha manifestado.

Preguntado por la posibilidad de alcanzar acuerdos durante la tramitación parlamentaria, Núñez ha expresado su deseo de que el proyecto pueda enriquecerse mediante enmiendas parciales y ha confiado en que PSOE y Unidas por Extremadura reconsideren su posición y terminen respaldando las cuentas autonómicas.

Un total de 1.878 euros por habitante es lo que gasto La Rioja en sanidad en 2024. Una cifra que pone al sistema sanitario riojano en los puestos de cola y que confirma un sistema “desigual entre comunidades autónomas”, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y recogidos por elDiario.es. El gasto por habitante de La Rioja es uno de los más bajos del país y se sitúa notablemente por debajo de la media nacional, establecida en los 2.084 euros por persona. Es decir, un ciudadano riojano recibe una inversión sanitaria menor que la de la mayoría de los españoles.

Todavía son más desvaforables las cifras si se analiza el esfuerzo presupuestario en relación con la riqueza del territorio. La Rioja se encuentra en el valle de la inversión sanitaria en España, destinando apenas un 5,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la salud pública, solo por encima de la Comunidad de Madrid (4%) y Baleares (5,4%) y compartiendo dato con Catalunya y Navarra (ambas también con el 5,5%). Este dato contrasta drásticamente con autonomías como Extremadura o Murcia, que dedican el 8,9% y el 8% de su PIB, respectivamente, a sostener sus sistemas sanitarios.

Brecha con las comunidades vecinas

Mientras, al otro lado del Ebro, la realidad es distinta. Euskadi lidera la inversión sanitaria en España con 2.332 euros por habitante, la cifra más alta de todo el Estado. Esto significa que, siendo comunidades vecinas, el Servicio Vasco de Salud cuenta con 454 euros más por ciudadano al año que el sistema riojano.

La brecha no es menor con Navarra. Aunque la comunidad foral comparte con La Rioja el mismo porcentaje mínimo de asignación del PIB, su mayor capacidad de ingresos se traducen en un presupuesto real por cabeza muy superior al riojano. Esta asimetría con los dos territorios forales fronterizos acentúa uno de los problemas crónicos de la gestión riojana, que es la fuga de profesionales médicos hacia mejores condiciones laborales a pocos kilómetros de distancia.

El resto de comunidades con las que limita La Rioja también realizan mayores inversiones per cápita en sanidad y dejan a La Rioja como una isla por debajo de los 2.000 euros. En concreto, Castilla y León gastó de media 2.218 euros por habitante y destinó a la sanidad el 7,8% de su PIB y Aragón gastó 2.190 euros por cada habitante y dedicó el 6% del PIB de la región.

La trampa de los “costes fijos” en una comunidad pequeña

El informe de los catedráticos Beatriz González López-Valcárcel y Santiago Lago Peñas, presentado recientemente en el Congreso, arroja luz sobre los porqués de estas diferencias. Por un lado, el envejecimiento de la población dispara las necesidades de asistencia en zonas más envejecidas. Por otro, existen unos gastos fijos que pesan más en comunidades poco pobladas como La Rioja, Cantabria o Asturias. Es decir, mantener un hospital abierto con todos los servicios y especialidades, la cobertura de urgencias o la atención primaria en zonas rurales exige un coste mínimo estructural idéntico al de regiones más grandes, pero a repartir entre muchos menos habitantes.

Los expertos también se refirieron como factor clave a la distribución entre gasto público y privado y, finalmente, hicieron un llamamiento a reformar el sistema de financiación autonómico. “Las comunidades forales —Euskadi y Navarra— tienen mayor financiación que las demás, porque ponen encima de la mesa mucho menos de lo que les tocaría”, explicó el catedrático, que ahonda en que dentro de las de régimen común existen desigualdades “que no son razonables”.

En este escenario, el Ministerio de Hacienda ha retomado el debate de la financiación autonómica con la próxima celebración de reuniones bilaterales para lo que La Rioja ha pedido más información y no ha confirmado si acudirá o no. Según la propuesta del Gobierno central, La Rioja recibiría un incremento de 25 millones de euros respecto al modelo vigente, por encima de todas las comunidades autónomas salvo Cantabria y Extremadura, aunque todas siendo comunidades con mayor población que La Rioja.

En otoño de 2026, en primavera de 2027, un superdomingo en mayo, después de las autonómicas y municipales… Las hipótesis son múltiples; los análisis, libres, pero la realidad rara vez coincide con lo que unas veces se pronostica y otras se anticipa como certeza. El anuncio de Pedro Sánchez esta semana de que el Gobierno ha empezado los trámites para presentar los Presupuestos del próximo año, en medio de la ofensiva judicial y el goteo de informes de la UCO sobre el PSOE, ha vuelto a disparar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral, que no está sobre la mesa de un presidente del Gobierno con mentalidad de jugador de basket. El propósito es, como siempre, llegar al verano del próximo año, con una sentencia favorable de TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la amnistía, un nuevo modelo de financiación autonómica a debate en el Congreso y la última entrega de los fondos europeos.

“Si con esta traca de titulares, sumarios, autos, requerimientos, juicios y registros, la derecha judicial, política y mediática pretendía dar el golpe de gracia al Gobierno y precipitar elecciones, no ha sabido jugar bien la partida. Ni hay tiempo ya para convocar ni lo hubiera habido si esto hubiera saltado hace 15 días. Agosto no es una opción para votar. El timing se les ha ido de las manos”. Es el análisis monclovita sobre la excitación del PP ante la grave situación que vive el Gobierno, acosado por varios sumarios judiciales. Por tanto, opción 1 (elecciones inmediatas), descartada.

Y es que, a diferencia de los que conciben la política como una larga partida de ajedrez, Sánchez está acostumbrado a moverse sobre un espacio de incertidumbre y constante movimiento donde operan muchos jugadores y múltiples tácticas. Pero, sobre todo, a jugar partidos en los que cuando el rival gana ventaja, como es el caso ahora del PP, hay que reaccionar para recuperar la pelota. Y eso es lo que subyace tras su voluntad de llevar en septiembre al Congreso los primeros Presupuestos Generales de la legislatura: transformar la frustración por los casos de corrupción en una intensidad defensiva con la que conquistar la siguiente posesión. En el basket lo llaman mentalidad de remontada en el último cuarto y consiste en no pensar en los 20 puntos de ventaja del rival, sino en los siguientes 10 minutos de juego para recortar distancias. En el marco mental de Sánchez significa una nueva patada hacia delante, poner tiempo de por medio y esperar a que pase el verano, como hizo el año pasado tras la detención de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y la oposición también especuló con un anticipo electoral en 2025.

Ha pasado un año de aquello y aunque el PP interpretó que la entrada en prisión preventiva de Cerdán sería una sangría de votos para el PSOE, la curva de la demoscopia no marcó precisamente eso, sino que en septiembre los socialistas recuperaron posiciones. “Los precedentes animan a la prudencia y a la paciencia”, resumen en el gabinete del presidente del Gobierno. Opción 2 (elecciones en otoño), también descartada.

Así que, tras el portazo del nacionalismo vasco y catalán a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura, el rechazo rotundo a disolver las Cortes de inmediato y el enésimo 'no' del presidente a un superdomingo electoral en el que coincidan generales con municipales y autonómicas el próximo mayo (opción 3), las posibilidades para las legislativas, salvo cataclismo, se reducen a dos: primavera o verano de 2027. El objetivo es más lo segundo que lo primero, ya que si en algo coinciden varios miembros del Gobierno es en que “la presentación de los Presupuestos no es un paripé”, sino una decisión con la que el presidente quiere “hacer del Parlamento el centro de la conversación pública, que además valoran positivamente los socios de investidura y que servirá para que los ciudadanos comprueben que, pese al ruido, no todo es Cerdán, Ábalos o Leire Díez”.

Es la respuesta de La Moncloa a quienes tras el anuncio de Sánchez ven una jugada con la que abrir la campaña electoral de unas elecciones que tendrían lugar en el primer trimestre de 2027, si el Congreso tumbara las cuentas públicas. “Hablar de un plan B es aceptar de antemano que el plan A, que sería la aprobación de los Presupuestos, será un fracaso y no estamos en esa pantalla” añaden. En el entorno del presidente admiten que el PP ha consolidado la idea de que Sánchez es un activo tóxico, pero no creen cree que unas generales en febrero o marzo del próximo año con un mal resultado del PSOE fueran a librar de la hecatombe, dos meses después, a alcaldes y candidatos en las municipales y autonómicas. Opción 4, posible pero poco probable.

En el PSOE saben que la fotografía de Aitor Esteban esta semana junto al secretario general del PSE, Eneko Andueza, es un mensaje en sí misma, después de que el presidente del PNV calificase unos días antes de “irresponsabilidad” que la legislatura llegara a término en unas declaraciones que no entendieron ni los propios jeltzales. Son los peneuvistas quienes más temen un hipotético superdomingo en el que coincidan generales con municipales.

Convencido de que ni al PNV ni a Junts les interesa tampoco echarse en brazos de un PP que ha dinamitado todos los puentes de entendimiento con el nacionalismo y que tiene además como compañero de viaje a Vox, Sánchez intenta ganar tiempo. Su propósito es, como siempre dijo, llegar al verano de 2027, en una nueva partida de resistencia en la que comprende que los socios puedan marcar una distancia prudente con el Gobierno, pero no perseguir el game over que tanto anhela la derecha.

“Ahora —añade un ministro socialista— toca fractura, erosión, distancia y mucho más ruido, pero PNV y Junts están tranquilos, si bien no se les puede pedir un cierre absoluto de filas con la que está cayendo y teniendo en frente a un PP cuyo sueño húmedo es la imputación del presidente del Gobierno”. Por eso el guiño de Sánchez esta semana a los de Puigdemont en el Cercle d’Economia, que fue donde anunció el inicio de los trámites para la presentación de los Presupuestos, llevó de nuevo al centro del debate la financiación autonómica y se mostró dispuesto a reanudar con Junts las negociaciones sobre el “conflicto político” en Catalunya. La expresión no es baladí y persigue tentar al independentismo a culminar la legislatura, una vez que se conozca, previsiblemente en septiembre, la sentencia del TJUE sobre la amnistía que permita el regreso de Puigdemont. Con el de Waterloo de regreso y Junqueras sin inhabilitación, en el Gobierno creen que el marco de discusión será otro a partir de 2027. Por eso Sánchez reclamó un “esfuerzo” a los independentistas para aprobar unas cuentas que, junto con el debate sobre el modelo de financiación autonómica, la quita de la deuda y la última entrega de los Fondos Next Generation, le darían oxígeno en su momento de mayor debilidad. 

Para llegar ahí antes tendrá que pasar por una comparecencia en el Congreso sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y un Comité Federal del PSOE el próximo día 27 en el que sus integrantes se han propuesto no pasar de puntillas por la grave situación que atraviesan y hablar “con honestidad” sobre la debilidad estructural de una organización que no ha dado respuestas a las federaciones ni ha estado a la altura de lo que exigían los acontecimientos. Y esa es otra historia que en los próximos días dará también mucho que hablar.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha enfrentado este jueves al primer examen en la Comisión del Congreso que fiscaliza su cartera con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que presentará Presupuestos para 2027 bajo el brazo. Por cuarta vez en lo que va de legislatura, el Ejecutivo dice que habrá cuentas públicas. Pero, esta vez, y a poco más de un año para el fin del mandato, el Gobierno se ha encontrado con los recelos de sus socios parlamentarios.

“Ayer el presidente anunció que vamos a poner en marcha la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. Mañana mismo se publicará la orden de elaboración y, este mes, el ministro de Economía actualizará el cuadro macro para traer a esta cámara unas cuentas que nazcan del diálogo”, ha desgranado España en su estreno en la Comisión de Hacienda, donde acudió para presentar las líneas fundamentales de su departamento dos meses después de su nombramiento en sustitución de María Jesús Montero.

El anuncio de Sánchez ante el Cercle d’Economia confirmó el elefante en la habitación de que, tras varios retrasos, tampoco habrá unas cuentas actualizadas en 2026 y las de 2023, aprobadas a finales de 2022, seguirán en vigor durante todo el ejercicio. 

Pero, para los socios, el boato con el que el presidente dio el pistoletazo de salida a los Presupuestos del año que viene se aleja de una negociación presupuestaria tradicional y tiene más que ver con la necesidad del Gobierno de ganar oxígeno entre tantos frentes judiciales, e iniciar una larga precampaña que desembocará en la convocatoria de elecciones generales.

“Un anuncio de precampaña”

La portavoz del PNV en la Comisión de Hacienda, Idoia Sagastizabal, ha sido la más clara en su dudas, al plantearle una pregunta muy directa al ministro España: “Llevan anunciando esa negociación mucho tiempo. (...) ¿Es un intento de estirar la legislatura o un déjà vu de lo que ocurrió en 2019?”. En aquel año, el proyecto presupuestario fue tumbado en el Congreso y Sánchez adelantó las generales a abril.

La diputada jeltzale ha reconocido que hubo conversaciones con su grupo parlamentario de cara a unas potenciales cuentas para 2026, ya descartadas, pero ha asegurado que el contexto ha cambiado por completo. No solo por la guerra en Irán, la razón oficial por la que el Ejecutivo retrasó la presentación de una ley que anunciaron para el primer trimestre. También por el estallido de las investigaciones judiciales en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o por la publicación del sumario de la presunta fontanera del PSOE Leire Díez.

“Hubo conversaciones con mi grupo y voluntad de acuerdo, pero ese ya no es nuestro punto de partida. No dé aquella negociación por heredada”, ha advertido Sagastizabal.

La tentación de que la coalición de PSOE y Sumar use esos presupuestos como programa político, aunque sepan que no va a salir adelante, también ha provocado recelos en otro de los socios clave de la legislatura: ERC. La diputada Pilar Vallugera ha asegurado que son “escépticos y críticos” con lo que, directamente, han tachado de “anuncio de precampaña”. “Creemos que, con la tesitura y las circunstancias actuales, seguramente es la necesidad de empezar ya la precampaña”, ha asegurado.

A la reunión de la Comisión no han acudido ni EH Bildu ni Junts, los otros grupos parlamentarios que habitualmente necesita el Gobierno para ahormar sus mayorías. Por el Grupo Mixto, ha sido el representante del BNG, Néstor Rego, quien ha dado el toque de atención al Ejecutivo.

“Permítame que acoja este anuncio con toda prudencias, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la cuarta ocasión, el cuarto año, en que se anuncia la realización de los PGE y, como es bien sabido, en los últimos tres años no llegó a concretarse”, ha afeado.

Una herida en la que ha ahondado el portavoz popular, Pedro Puy: “Ahora dicen que van a traer un Presupuesto. Antes no lo traían porque había incertidumbre a escala internacional. ¿Estamos ante una operación publicitaria porque estamos muy próximos al año electoral?”, se ha cuestionado.

España ha tratado de responder a las dudas de sus socios asegurando que los compromisos adquiridos –y por cumplir– del Gobierno se abordarán en las cuentas públicas. “Vamos a cumplir los acuerdos con los distintos grupos parlamentarios de investidura. (...) Esos compromisos, cuando iniciemos el diálogo, los repasaremos uno a uno y veremos su encaje en el Presupuesto”, ha dicho.

La financiación autonómica será “multilateral”

El ministro de Hacienda se ha reafirmado en que el impulso de las cuentas públicas no solo permitirá tener los primeros presupuestos de la legislatura, sino que permitirá avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica que impulsó la exvicepresidenta Montero.

Esta misma semana, el Ministerio envió una serie de cartas a las comunidades autónomas para citarlas a reuniones bilaterales para abordar el modelo, con el objetivo de desembocar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano multilateral que reúne a la Hacienda nacional con los consejeros regionales– para un último debate antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la mayoría de los gobiernos populares dieron un portazo a esa petición, negándose a esa bilateralidad en la negociación.

“Hubo un CPFF, que es un órgano multilateral, donde se planteó el modelo. En ese consejo la ministra anunció que habría reuniones con los distintos gobiernos autonómicos para luego volver a una mesa multilateral [de nuevo el CPFF] y luego al Congreso de los Diputados”, ha insistido. “Se quiera o no se quiera, el modelo siempre es multilateral porque se decide en el Congreso de los Diputados”, ha zanjado.

Una vez pasado el trámite de la Comisión, el ministro se enfrenta a un fin de curso, antes de las vacaciones de verano, en el que tendrá que presentar la senda de estabilidad para elaborar las cuentas públicas y enviar la reforma del modelo de financiación autonómico al Congreso. También está pendiente la aprobación de la quita de la deuda. “Yo, que soy optimista, intento mirar las cosas hacia delante”, ha asegurado España.

El Ministerio de Hacienda ha reabierto el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, planteando a las comunidades autónomas, una serie de reuniones bilaterales con cada territorio, a través de una carta enviada a los consejeros del ramo.

Los encuentros comenzarán con Catalunya y ya se sabe que algunas comunidades gobernadas por el PP darán plantón al ministerio. Castilla-La Mancha sí acudirá al encuentro, para el que todavía no hay fecha, según las fuentes de la Junta de Comunidades consultadas por este medio.

Sin embargo, ha puesto condiciones para la reunión. Reclama toda la documentación y la nueva propuesta que el Gobierno de España pondrá sobre la mesa antes del encuentro, como ya avanzó elDiario.es Castilla-La Mancha.

Hoy el presidente regional ha vuelto a insistir en esta cuestión. Emiliano García-Page ha pedido al ministro de Hacienda, Arcadi España, no entretener a la comunidad autónoma si las reuniones bilaterales propuestas son tan solo “un nuevo debate placebo”.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, y preguntado por este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha ha ironizado sobre esta cita. “No sé a qué se refieren con bilateral, porque no es bilateral, es una charlita”.

Se muestra receloso con este encuentro, decía, tras siete u ocho ministros de Hacienda - la reforma de la financiación lleva más de una década sin concretarse- y “todos han dicho lo mismo”. “Estamos ya muy escépticos”, ha subrayado. Y es algo, comentaba, que quiere decirle al ministro en primera persona, del que ha dicho que “es muy buena gente”.

Rechaza reuniones “para parecer que estamos haciendo algo”

“Ya somos en esto veteranos”, ha abundado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha señalado que si estas reuniones son “un nuevo debate placebo”, o sea “para parecer que estamos haciendo algo”, pues “a nosotros que no nos entretengan”, ha pedido García-Page.

Por otro lado, considera “muy irreal” y “muy absurdo” estar hablando de la financiación de las autonomías “para no sé cuántos años” sin haber presentado un solo proyecto de presupuestos en toda la legislatura. “¿Qué tienen que contentar al electorado en Catalunya a costa de destrozar el electorado del PSOE en toda España?”, se ha preguntado García-Page, quien cree que “la prueba más evidente” es el hecho de que no se haya sacado este tema en medio de las recientes elecciones en algunas autonomías.

En su opinión, “si no se ha querido hablar de esto habiendo elecciones autonómicas, será porque seguramente no ayudaba”.

Más allá de eso, ha vuelto a insistir. “Nosotros nunca vamos a modificar nuestra opinión en relación con un proyecto de financiación que anunció Junqueras, un independentista que quiere romper el país y que antes que romperlo del todo lo que quiere son privilegios fiscales”.

Considera que “si hay algo incompatible con la izquierda, es un modelo que rompe el concepto de unidad y la solidaridad entre los españoles. No lo vamos a aceptar. A mí me da vergüenza que un partido de izquierdas, ya esto es muy relativo todo, se pueda plantear el mayor ataque al concepto de igualdad entre los españoles. Eso no va a salir”.

Pronto se cumplirán cuatro años de la presentación de los últimos presupuestos del Estado en vigor, los de 2023. En Euskadi, en cambio, el Gobierno de Imanol Pradales ha iniciado ya la preparación de los de 2027, los terceros de la legislatura. El consejero de los números, Noël d'Anjou, asume que es una pregunta clásica el querer saber si serán cuentas expansivas o no. Y de momento no tiene una respuesta más allá de que, si se cumplen las previsiones de crecimiento económico, los fondos “ordinarios” disponibles para el Ejecutivo podrían crecer “moderadamente”.

De momento, el Gobierno vasco tiene ya las “directrices” de los presupuestos. Luego, en septiembre, llegará el “borrador” de los números, un boceto algo más definitivo. Será en octubre cuando el Consejo Vasco de Finanzas, que sienta al Ejecutivo autonómico con diputaciones y ayuntamientos, establezca las previsiones de recaudación fiscal y fije los techos de gasto. Después estará el proyecto de ley y en noviembre y diciembre se tramitará en el Parlamento.

Pero para saber la cifra mágica final de gasto quedan muchas variables por despejar. En 2026, el año en curso, el montante total es de 17.300 millones, pero tuvo una inyección extraordinaria de 1.000 millones que no se repetirá. Por otro lado, la asunción de nuevas competencias ahora en negociación con el Estado podría acarrear nuevos recursos. Si se cerrara la gestión de las pensiones de la Seguridad Social serían 12.000 millones. Y la gestión del Sepe y de las prestaciones de paro, ya cerradas y que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, se cifró en su día en exactamente 822 millones.

Por eso D'Anjou pide mirar de presupuesto “ordinario” a presupuesto “ordinario”, y es donde prevé ese “moderado” crecimiento acorde con un PIB en “desaceleración” pero todavía subiendo el 1,6% el año próximo. El consejero de Hacienda es también optimista en lo laboral y entiende que la tasa de paro “seguirá reduciéndose” en 2027, con previsión de que se quede en el 6,2%. Eso implicaría la creación de 7.000 puestos de trabajo, ha pronosticado.

El trámite de las directrices no incorpora, de momento, números. Sólo filosofía. Dice D'Anjou que Euskadi operará con “rigor fiscal”. Incluso ha añadido que el volumen de endeudamiento, del 12%, es asumible, que se podría tirar de ello en caso de que vinieran mal dadas. Al consejero le preocupa el escenario internacional de incertidumbre, y también el clima de “polarización” que rodea a una Euskadi que es una isla que cada año aprueba sus presupuestos, “tal y como establece la normativa vigente”.

El Gobierno añade que en 2027 “no se contemplará la creación de nuevas entidades del sector público” ni se incrementará el volumen total de empleados públicos. Hay que “eficientar” ese apartado para lograr el objetivo de mejorar los servicios públicos sin incrementar la plantilla estructural de la Administración, ha manifestado.

La mayoría absoluta de PNV y PSE-EE da garantías a D'Anjou de que, en Navidad, volverá a aprobar sus presupuestos. Sin embargo, está dispuesto a reunirse con la oposición. Lo hará antes de la aprobación del proyecto en octubre, según ha comprometido. Eso sí, pide a los partidos propuestas “concretas” y “responsables”. Les demanda, por ejemplo, que expliquen dónde recortarían para subir las partidas que ellos ven prioritarias.

“El presupuesto refleja la pura realidad de las cuentas, no hay inventos. Lo que reflejan los presupuestos es lo que se va a ingresar y lo que se va a gastar y es la foto real, no nos hemos inventado nada”.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, se expresó en estos términos a preguntas de elDiario.es sobre si los presupuestos, como en otros ejercicios, incluyen ingresos que casi con total probabilidad no se producirán. En la época del Gobierno del Botánico, se incluían las llamadas partidas reivindicativas, es decir, ingresos que deberían llegar para financiar sanidad, educación o servicios sociales con un modelo de financiación justo, o dicho de otra forma, si la Comunitat Valenciana no estuviera infrafinanciada.

Desde el PP siempre se criticó este modelo y se calificaban este tipo de ingresos como ficticios puesto que se sabía de antemano que no iban a llegar. Por eso Rovira se mostró tan tajante.

Sin embargo, la realidad es que ya en las cuentas de 2025 la Generalitat contabilizó 1.371 millones en “ingresos pendientes de recibir del Estado”. Una cifra que permitía aumentar la cifra de ingresos aunque de manera ficticia, pues se trataba de un montante supeditado a que el Gobierno de España desbloquease el importe solicitado por la Administración valenciana.

Y en los presupuestos de 2026 sucede algo parecido con ingresos que casi con total seguridad no llegarán, pero que se han pintado en el proyecto. En primer lugar, se ha presupuestado un déficit 3,6 veces más que lo permitido por el Gobierno de España para las comunidades autónomas. En concreto se sitúa en el 0,36%, frente al 0,1% autorizado por el Ejecutivo central, lo que implica unos ingresos adicionales de 600 millones que no están autorizados.

A ellos se suman otros 1.039 millones de ingresos correspondientes al Fondo de Garantía Asistencia (FOGA), es decir, el gasto por las personas de otras autonomías atendidas por la sanidad pública valenciana y al que debe hacer frente el Gobierno central (ver imagen). Una cuantía que viene acumulada de hace años y que en mayor o medida tienen todas las autonomías, pero que requiere de un acuerdo con el ejecutivo central que no se ha producido.

Por último, hay que sumar a estos ingresos ficticios o reivindicativos (según se mire) la partida del Gobierno destinada a cubrir la dependencia. El Consell de Pérez Llorca ha incluido unos ingresos de 699 millones de euros que vendría a ser el 50% del coste de la prestación (tal y como está establecido en la ley), pero el Gobierno siempre ha financiado en torno a un 20%, es decir, que con toda probabilidad no se ingresarán unos 420 millones de los 699 presupuestados.

Por otra parte, el Gobierno valenciano ha disparado casi un 180% el gasto por intereses de la deuda desde el ejercicio 2023, pasando de 442 millones a 1.167 millones en este ejercicio. 

Por otra parte, llama la atención que Rovira no ha querido dar el detalle de los ingresos anticipados por el Gobierno central a cuenta del modelo de financiación, un dato que refleja el mal estado de la tesorería autonómica puesto que indica falta de liquidez para gasto corriente. Recientemente el PSPV reveló un anticipo extraordinario realizado el pasado mes de febrero de 200 millones del Gobierno a la Generalitat que preside Pérez Llorca. Una inyección que estaba prevista para el próximo mes de julio pero que se adelantó para dar oxígeno a las arcas autonómicas.

“El pressupost reflecteix la pura realitat dels comptes, no hi ha invents. El que reflecteixen els pressupostos és el que s’ingressarà i el que es gastarà i és la foto real, no ens hem inventat res”.

El conseller d’Hisenda, José Antonio Rovira, es va expressar en aquests termes a preguntes d’elDiario.es sobre si els pressupostos, com en altres exercicis, inclouen ingressos que quasi amb tota probabilitat no es produiran. En l’època del Govern del Botànic, s’incloïen les anomenades partides reivindicatives, és a dir, ingressos que haurien d’arribar per a finançar sanitat, educació o serveis socials amb un model de finançament just, o dit d’una altra manera, si la Comunitat Valenciana no estiguera infrafinançada.

Des del PP sempre es va criticar aquest model i es qualificaven aquesta mena d’ingressos de ficticis, perquè se sabia per endavant que no arribarien. Per això Rovira es va mostrar tan taxatiu.

No obstant això, la realitat és que ja en els comptes del 2025 la Generalitat va comptabilitzar 1.371 milions en “ingressos pendents de rebre de l’Estat”. Una xifra que permetia augmentar la xifra d’ingressos, encara que de manera fictícia, perquè es tractava d’un muntant supeditat al fet que el Govern d’Espanya desbloquejara l’import sol·licitat per l’Administració valenciana.

I en els pressupostos del 2026 passa alguna cosa semblant, amb ingressos que quasi amb tota seguretat no arribaran, però que s’han pintat en el projecte. En primer lloc, s’ha pressupostat un dèficit 3,6 vegades més que el permés pel Govern d’Espanya per a les comunitats autònomes. En concret se situa en el 0,36%, davant el 0,1% autoritzat per l’executiu central, cosa que implica uns ingressos addicionals de 600 milions que no estan autoritzats.

S’hi sumen 1.039 milions més d’ingressos corresponents al Fons de Garantia Assistència (FOGA), és a dir, la despesa per les persones d’altres autonomies ateses per la sanitat pública valenciana i a què ha de fer front el Govern central (vegeu la imatge). Una quantitat que ve acumulada de fa anys i que en més o menys mesura tenen totes les autonomies, però que requereix un acord amb l’executiu central que no s’ha produït.

Finalment, cal sumar a aquests ingressos ficticis o reivindicatius (segons es mire) la partida del Govern destinada a cobrir la dependència. El Consell de Pérez Llorca ha inclòs uns ingressos de 699 milions d’euros que seria més o menys el 50% del cost de la prestació (tal com està establit en la llei), però el Govern sempre ha finançat al voltant d’un 20%, és a dir, que amb tota probabilitat no s’ingressaran uns 420 milions dels 699 pressupostats.

D’altra banda, el Govern valencià ha disparat quasi un 180% la despesa per interessos del deute des de l’exercici 2023, que ha passat de 442 milions a 1.167 milions en aquest exercici.

Altrament, crida l’atenció que Rovira no ha volgut donar el detall dels ingressos anticipats pel Govern central pel model de finançament, una dada que reflecteix el mal estat de la tresoreria autonòmica, perquè indica falta de liquiditat per a despesa corrent. Fa poc el PSPV va revelar una bestreta extraordinària feta el mes de febrer passat de 200 milions del Govern a la Generalitat que presideix Pérez Llorca. Una injecció que estava prevista per a el mes vinent de juliol, però que es va avançar per a donar oxigen a les arques autonòmiques.

El trato del Gobierno de Pérez Llorca en los presupuestos para 2026 a las asociaciones de periodistas valencianos no se basará en criterios objetivos. En las cuentas presentadas a las Corts Valencianes este viernes, irrumpe por primera vez la Asociacion de Profesional de Periodistas Valencianos (APPV), una pequeña organización que declara 49 socios ante la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que recibirá de manera directa 10.000 euros.

Con catorce veces más socios, 700 que abonan cuota mensual, la Unió de Periodistes Valencians ingresará de Presidencia de la Generalitat 8.000 euros. La Unió de Periodistes, con más de 40 años de historia, ya sufrió un recorte significativo a las ayudas directas con Carlos Mazón, quien le redujo la asignación un 46 % al pasar de 15.000 euros a los 8.000 que ahora Pérez Llorca mantendrá. El expresidente castigó a la organización mayoritaria de la Comunitat Valenciana por sus críticas a la limitación de la prensa y por la modificación de la ley de À Punt, que recortaba las mayorías en las Corts para elegir presidente del consejo de administración.

La Asociación de la Prensa de Alicante, cuya presidenta Rosalia Mayor forma parte del consejo de administración de À Punt a propuesta del PP, también ve reducida su asignación de 15.000 a 10.000 euros en los presupuestos de 2026. La entidad alicantina recibe la misma cantidad que la Asociacion de Profesional de Periodistas Valencianos, pese a tener cinco veces más asociados.

Tras recibir la luz verde del Consejo de Gobierno este pasado jueves, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026 ha iniciado oficialmente su andadura parlamentaria. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha registrado las cuentas en la Asamblea de Extremadura, desvelando el diseño definitivo de un presupuesto que el Ejecutivo regional califica como “el más alto y el más social de la historia”.

Las cuentas públicas alcanzarán en 2026 la cifra récord de 8.854 millones de euros, lo que supone una inyección de 755,6 millones de euros más en comparación con el ejercicio anterior (un incremento del 9,3%).Esta comparación es con las cuentas de 2024, que se tuvieron que prorrogar en 2025. El aumento es de 200 millones de euros si se tiene en cuenta el montante total del proyecto que la Junta presentó el año pasado y que tuvo que retirar. Con este techo histórico sobre la mesa, este es el reparto de ese incremento.

“Es la primera vez en 20 años que baja la deuda. La deuda pública de Extremadura se situó en 2025 en 345 millones de euros menos especto al ejercicio anterior. Y gracias a la buena gestión del gobierno de la presidenta María Guardiola, este descenso se traduce en una disminución del peso de la deuda sobre el PIB regional que pasa del 20,9% al 18,5%”, ha destacado Manzano.

Asimismo, ha resaltado que actualmente hay más gente trabajando que nunca en nuestra región y las previsiones son que el empleo avance un 1,56% en este ejercicio. Manzano ha recordado que los Presupuestos para 2026 se han elaborado con una estimación de crecimiento del PIB del 1,9% siguiendo las previsiones avaladas por la AIReF y con un déficit del 0,1%.

El armazón del presupuesto se fía principalmente al blindaje de las políticas sociales y a un paquete de estímulos fiscales y laborales orientados al tejido productivo y a los trabajadores autónomos, bajo una previsión de crecimiento de la economía regional del 1,88% para el próximo año.

El blindaje social: 7 de cada 10 euros

La mayor porción del presupuesto se destinará a sostener el Estado del bienestar en la región. Según los datos presentados por la Consejería de Hacienda, las políticas de carácter social absorberán 5.938 millones de euros, lo que representa el 66,6% del gasto total (prácticamente siete de cada diez euros).

Dentro de este bloque, las partidas clave se distribuyen de la siguiente manera: Sanidad y Dependencia se consolidan como la principal prioridad de gasto social, alcanzando los 3.314 millones de euros. De ellos, 904,16 millones de euros van destinados a la Atención Primaria, la atención hospitalaria cuenta con una dotación de 1.623,7 millones y engloba actuaciones como la II fase del Hospital Universitario de Cáceres, la reforma integral del centro de salud Plaza de Argel, la nueva unidad multidisciplinar de ELA, la creación de una nueva unidad de cuidados respiratorios intermedios y gimnasio de exoesqueletos en el Hospital Perpetuo Socorro y la renovación de 3.000 sillones para familiares de pacientes durante su hospitalización. En cuanto a la dependencia, estas cuentas recogen una partida importante en prestaciones para la reducción de las listas de espera de 112,8 millones de euros

En materia de Educación se destinan más de 1.620,7 millones de euros con los que, entre otras cosas, se completará el ciclo de enseñanza gratuita para niños de 0 a 3 años, se incluye la subida salarial al personal docente, se completa al 100 % la jornada laboral de los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) y de los Intérpretes de Lenguaje de Signos (ILSE) y se destinan casi 90 millones de euros a la mejora de las infraestructuras educativas.

Las ayudas a las familias y el fomento a la natalidad cobran peso en este presupuesto. Las cuentas regionales para 2026 doblan las ayudas a la natalidad pasando de un millón de euros a 2,1. Además, se refuerza la atención y el apoyo a los afectados y a las familias de pacientes de ELA ampliando las ayudas para mejorar su calidad de vida.

En cuanto a juventud, el Presupuesto incluye una convocatoria de ayudas para impulsar la participación de los jóvenes dotada con 520.000 euros con el fin de promover su implicación en la vida social.

Apoyo a autónomos

La consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital se eleva hasta los 636,46 millones de euros, un 21,7% más. Entre las medidas que se implementarán están los cinco nuevos polígonos industriales y tres parques empresariales con un montante de 7 millones de euros, un plan de consolidación de las pymes por 7,5 millones de euros, una importante inversión en prevención de riesgos laborales de 3,13 millones de euros y la estrategia de industrialización 5.0 de Extremadura.

En materia de empleo se destinan más de dos millones de euros al Programa Pasarela para formar a personas desempleadas en sectores estratégicos, continuamos con el Programa de nómadas digitales con 2,5 millones de euros y con el Programa de Colaboración Económico Municipal de Empleo con más de 52 millones de euros.

En relación a los autónomos se sigue con la Tarifa 0 con un presupuesto de 6,8 millones de euros, hay una apuesta clara por la atracción de inversiones así como varias actuaciones enfocadas a la inteligencia artificial para las pymes, una plataforma de hiperautomatización e inteligencia artificial y una importante inversión de 14,5 millones en infraestructuras digitales de la Administración.

En Infraestructuras se sigue con importantes inversiones para la Ronda Sur de Cáceres, la Ronda Sur de Badajoz, la Avenida Martín Palomino de Plasencia y la redacción del proyecto para el desdoblamiento de la carretera de Montijo y la conexión con la A-5.

En materia de Vivienda se continúa apostando por el aval joven que ahora se extiende también a familias numerosas, el bono alquiler con 10,5 millones de euros, y la mejora de accesibilidad en las vividas con 13,5 millones de euros, además de más de 14 millones de euros para las ayudas directas a la compra de vivienda.

En la parte de Industria, Energía y Minas se van a destinar 45,7 millones de euros a la movilidad sostenible y el autoconsumo, en desarrollo rural se contemplan 7 millones para el relevo generacional en el campo y casi dos millones de euros para el programa 'Yo Repueblo'. Además, se garantiza el acceso al agua y al saneamiento de los municipios con un fuerte impulso en la inversión de más de 91 millones de euros. También se incluyen ayudas para el fomento de las cooperativas e impulso de la economía social con un presupuesto de 845.000 euros.

En cuanto a emergencias y Protección Civil estos Presupuestos recogen medidas importantes para la seguridad y para obtener una respuesta más rápida a las emergencias que puedan surgir en cualquier punto de la geografía extremeña. Entre ellas el incremento de la plantilla del 112 Extremadura y Protección Civil, obras de accesibilidad y cursos del plan de formación de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX) y financiación para la nueva comisaria de Zafra.

Finalmente, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos contará con un presupuesto de 3,38 millones de euros, las nuevas unidades terrestres del INFOEX contarán con más de un millón de euros y se pone fin a una de las reivindicaciones de este colectivo gracias al abono del nuevo complemento de disponibilidad y de un complemento de retén con una inversión de 1,74 millones de euros.

Con el documento ya registrado en la Cámara extremeña, los grupos políticos disponen de los detalles para un debate que promete ser tenso. No obstante, la mayoría que suman PP y Vox garantizan la aprobación de las cuentas, sobre todo porque incluye los recortes exigidos por la extrema derecha y muchos de los acuerdos recogidos en el pacto de coalición.

EL área de Cooperación Municipal de la Diputación de València ha suspendido la tramitación del Plan de Municipios Mayores de 50.000 habitantes (destinado en València, Paterna, Torrent, Sagunt y Gandia) después de que se haya conocido que las negociaciones de los presupuestos de 2026 están interrumpidas. 

Según han explicado desde el área que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, “ahora no se dan las condiciones” para continuar con la tramitación de unas ayudas extraordinarias que van a suponer para la Diputación de Valencia un desembolso de 10 millones de euros. “Hasta que no se aclare si van a haber nuevos presupuestos, este Plan no se podrá poner en marcha porque forman parte de la negociación” de las cuentas de la Diputación para este año: “si no han presupuestos es difícil que desde Cooperación Municipal se tramite el expediente” de unas ayudas que, según recuerden desde el Departamento de Natàlia Enguix, “sueño extraordinarias, no estaban previstas para 2026 y, por lo tanto, formen parte de negociaciones políticas que ahora mismo están suspensas”, insisten.

En esta misma línea, fuentes de Ens Uneix, socio de Gobierno del PP en la Diputación de València, han expuesto que “en estos momentos” existen “otras prioridades” que repartir 10 millones de euros entre los municipios más grandes de la provincia, y apuestan para destinar 5 millones de euros más al Bono Comercio, que pasarían a tener 15 millones para este año, y otros 5 millones en el Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano, que tendría 15,5 millones de euros, y permitiría subvencionar los proyectos que han quedado fuera por falta de dinero: “Para nosotros es más prioritario que Tuéjar pueda recuperar el edificio histórico de la Puesta o que Buñol consiga llegar a tiempo de salvar la Torre del Homenaje, para poner dos ejemplos de proyectos que necesiten de la Diputación para ejecutarse”, aseguran desde Ens Uneix.

El PSOE de Extremadura ha advertido de que el presupuesto autonómico para 2026 se puede quedar en “humo” teniendo en cuenta que serán aprobados en junio y el Gobierno solo va a tener dos meses para ejecutarlos. “Estamos prácticamente en junio y en septiembre se empieza a cerrar el ejercicio presupuestario”, ha afirmado el portavoz de los socialistas, Manuel González Andrade, tras apuntar que agosto se puede considerar inhábil en la Administración.

González Andrade ha hecho estas declaraciones después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, haya anunciado que el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2026, que el Gobierno aprobará y registrará en la Asamblea esta semana, superará los 8.800 millones de euros, con 500 millones más para sanidad y dependencia, y 170 millones más para Educación.

“No es solo qué anuncie, sino cómo lo ejecute y si llega a ejecutarlo”, ha insistido González Anadrade a preguntas de los periodistas tras recriminar a la jefa del Ejecutivo que “ya era hora” de que presentara las cuentas regionales.

Ha criticado además que el aumento de recursos a la administración local va a ser de “cero euros” al haberse congelado del fondo de financiación incondicionado a los ayuntamientos. En este sentido, ha denunciado que los consitorios van a disponer de menos recursos este año y el próximo debido al aumento de costes que están sufriendo y el incremento de los salarios, algo que “debería ir acompañado del aumento de recursos, especialmente en aquellos programas que asumimos de manera colaborativa, como los PCEM”.

Al margen de ello, ha señalado que ya ha transcurrido un mes desde la toma de posesión de Guardiola y el Gobierno “no arranca”, marcado además por “momentos de incertidumbre y de falta de coordinación entre los dos partidos” que lo componen, PP y Vox.

Se ha referido también a la reunión que este martes mantendrán Guardiola y el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, que los socialistas solicitaron porque “estamos ante un gobierno muerto”, como a su juicio demuestran sus consejeros con comparecencias en la Asamblea para explicar sus líneas generales de actuación marcadas por la “total intrascendencia”.

Según ha indicado, en el encuentro se va a visualizar un líder -en alusión a Cotrina- que prioriza la gestión frente a la confrontación y que va a ser capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos en la política como herramienta útil de transformación para resolver los problemas de la vida cotidiana. “Esperamos que haya una presidenta que quiera dialogar y escuche a un partido que tiene experiencia de gobierno, que puede dar seguridad a esta tierra ante todo lo que está ocurriendo”, ha añadido.

Para González Andrade, lo que debería ser una administración al servicio de la gente se ha convertido en un escenarios de contradicciones, de inacción, de falta de decisiones y de abandono institucional.

Así, ha mencionado protestas como las de los trabajadores de limpieza de los hospitales de Badajoz, los técnicos de educación infantil, la dirección del colegio de Cerro Gordo de Badajoz, la ganadería por la vacuna contra la lengua azul y por la anunciada supresión de la enseñanza de la lengua árabe en los colegios, “donde el Gobierno ha buscado un problema donde no lo había”. “El último lío” está relacionado, ha añadido, con la vivienda y el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

“Ahora que el Gobierno de España plantea un plan para Extremadura con 210 millones, la Junta no quiere colaborar con 84 millones”, ha aseverado González Andrade, lo que en su opinión demuestra que PP y Vox “gobiernan para una minoría dejando en la estacada a la gran mayoría social de esta tierra”. 

El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2026, que el Gobierno prevé aprobar y registrar en la Asamblea esta semana, superará los 8.800 millones de euros, con 500 millones más para Sanidad y Dependencia, y 170 millones más para Educación.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha hecho este anuncio durante una entrevista en Canal Extremadura en el Monasterio de Cuacos de Yuste (Cáceres) con motivo de la entrega del XIX Premio Europeo Carlos V al Comité de las Regiones de la Unión Europea.

Estas cuentas del Gobierno de coalición suponen 200 millones de euros más que las presentadas por el Ejecutivo en solitario en octubre de 2025, a las que los tres grupos de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad, lo que llevó a Guardiola a convocar elecciones anticipadas que se celebraron el 21 de diciembre. “Sabéis que convocamos elecciones para salir de una situación de bloqueo y ahora mismo tenemos un acuerdo de gobernabilidad que va a dar estabilidad a nuestra región y nos va a ofrecer ese horizonte de gobernabilidad tan necesario para Extremadura”, ha expresado este lunes la presidenta extremeña.

Se abre, ha dicho, una etapa de “un Gobierno cercano, que escucha, que empatiza, que gestiona, que actúa para solucionar los problemas de la gente, que va a dar siempre la cara, que rinde cuentas” y que “va a seguir avanzando en los derechos de los extremeños, reforzando nuestros servicios públicos e impulsando el sector productivo”.

Como medida prioritaria se encuentran los presupuestos de 2026, los mayores de la historia de Extremadura con un montante superior a 8.800 millones de euros, cuyo anteproyecto se quiere aprobar en Consejo de Gobierno y registrarlo en la Asamblea esta misma semana para que inicien su trámite parlamentario “cuanto antes”.

Guardiola ha trasladado su confianza en la alianza con Vox: “nosotros somos dos partidos, pero somos un Gobierno único que tenemos el mismo objetivo y es mejorar Extremadura, mejorar la vida de los extremeños”, para subrayar que los de 2026 son los primeros presupuestos de un acuerdo para cuatro años de legislatura.

Cuestionada por su reunión de mañana con el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y la posibilidad de llegar a consensos, ha señalado que está “centrada en primer lugar en cumplir el acuerdo de Gobierno con Vox”, que hasta el momento solo ha recibido “críticas y ataques” cuando “saben perfectamente que es necesario y que es bueno para los extremeños”.

“Nuestra región necesita una oposición seria, constructiva, y no una oposición resentida”, ha indicado, para “tender la mano” y mostrarse “abierta al diálogo” con Cotrina si “es capaz de sacudirse los vicios del sanchismo” y viene “a construir por el bien de los extremeños”.

En la entrevista se ha referido además a los grandes proyectos empresariales proyectados en la región, valorando la adquisición por parte de la multinacional australiana IREN, asociada al líder mundial Nvidia, de la compañía española Nostrum Group, impulsora del CC Green de Cáceres y el centro de datos previsto en Badajoz. Para el Gobierno regional es “una obsesión montarnos en ese tren de la revolución industrial en torno a la energía y la transformación digital”, ha indicado Guardiola.

En esta línea, ha mencionado otros proyectos industriales “punteros” como la fábrica de cátodos en Mérida o el macrocentros de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata, al que acaban de “autorizar 29 megavatios de potencia para que se pueda empezar a operar”.

A ello ha sumado la adaptación de la oferta formativa a los nuevos perfiles que demandan las empresas, en un contexto donde Extremadura registra la cifra de desempleo “más baja de su historia y el mayor número de ocupados”, así como -ha agregado- datos récord en el sector turístico; merced a las políticas de la Junta en consonancia con el esfuerzo y la profesionalización del tejido productivo.

Los nuevos presupuestos aprobados por el Govern catalán mantienen el gasto público en 49.162 millones de euros, contemplando 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comunes. De ese dinero, unos 360 ya estaban previstos en el proyecto aprobado en el mes de febrero para los acuerdos con los Comunes -reservados en los fondos no departamentales y sin adjudicar-, mientras que otros 533 provienen de una disposición en la que se habían reservado como “almohada” por el aumento de previsión de ingresos de 500 han explicado desde Economía. El Govern prevé 4.693 millones hasta el 2030 por los acuerdos con ERC y los Comuns.

Economía y Finanzas justifica que el proyecto de presupuestos presentado este viernes es muy similar al presentado hace tres meses porque el cuadro macroeconómico se mantiene, al tiempo que entre un 75% y un 85% de las cuentas están condicionadas en el capítulo 1 -lo que contiene las remuneraciones de personal-.

Así, las principales cifras se conservan y el proyecto contempla 4.146 millones en inversiones del sector público, financiadas a través de un ahorro corriente de 2.475 millones. El gasto si se incluye el total del sector público aumenta hasta los 54.747 millones, un 24% por encima de las cuentas de 2023, las últimas aprobadas.

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

Sin embargo, estos ingresos se da por hecho que aumentarán más por el buen ritmo de la economía, y como prevé la disposición adicional que incluye los aproximadamente 500 millones que se han previsto para los pactos con ERC en 2026.

En cualquier caso, la cifra presupuestada de 49.162 millones es la más elevada de un presupuesto de la Generalitat.

De hecho, las principales cifras deben mantenerse intactas para cumplir con la regla de gasto, con lo que el presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023, hasta alcanzar los 49.162 millones de euros.

Sin embargo, al cierre del ejercicio este gasto se habrá incrementado, como fuentes de Economía apuntan a que ocurre con cada presupuesto, por el aumento de ingresos u otras variables.

En este sentido, a la cifra de los 49.162 millones de euros habrá que sumar los 533 millones que se necesitan para cumplir este año con los compromisos con ERC, de los que 500 ya se habían reservado con una disposición adicional en el proyecto de febrero y estaban sin asignar. Así, el presupuesto podría acabar siendo de unos 49.695 millones de euros, aunque negro sobre blanco cuya cifra se aprobará es la de 49.162 millones.

Economía y Finanzas ha explicado que los acuerdos alcanzados suponen 893 millones de euros extra para los departamentos en 2026: 533 para ERC y 360 por los pactos de los Comunes, estos últimos ya contemplados en los 49.162 millones de febrero.

Cifras por departamentos

Así, si se observa la cifra total de gasto por departamentos, es la misma que el proyecto de finales de febrero y, en términos absolutos, Salut sigue siendo el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Del detalle de los 893 millones pactados con ERC y Comuns distribuidos en dos disposiciones adicionales, Economía y Finanzas ha precisado que 251 millones son para Salut, por lo que, de nuevo, es la conselleria más beneficada en términos absolutos.

Le siguen la macrocartera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (203 millones), Educación (135 millones), Cultura (50 millones), Política Lingüística (41 millones), Derechos Sociales e Inclusión (41 millones), Unión Europea y Acción Exterior (40 millones), Investigación y Universidades (38 millones), Presidencia1 y 35 Democrática (15 millones), Deportes (11 millones), Empresa y Trabajo (10 millones) e Igualdad y Feminismo (2 millones).

Estos 893 millones forman parte de un paquete de 4.693 millones de “compromisos” con ERC y Comuns para el período 2026 – 2030.

Toda la oposición ha rechazado otorgar la confianza al ahora alcalde en funciones de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Ourense para este año 2026, abriéndose así el plazo de un mes –hasta el 22 de junio– para que los partidos presenten moción de censura.

En concreto, según recoge Europa Press, los 15 concejales de PP, PSOE y BNG han manifestado su “no” a dar confianza al regidor --que ha contado con 9 votos favorables de los ediles de su partido, Democracia Ourensana-- durante el segundo pleno extraordinario celebrado este viernes, tras el convocado esta misma mañana, en el cual PP, PSOE y BNG rechazaban el expediente, dando paso al regidor a someterse a la cuestión de confianza.

El proyecto ha sido votado esta mañana con el rechazo de toda la oposición, por lo que no pudo salir adelante. Durante la primera sesión plenaria, BNG (con cuatro ediles) y PP (siete) pidieron retirar el expediente al carecer de un informe “preceptivo” de Intervención, pero el voto en contra del PSOE (con cuatro ediles, dado que faltaban la portavoz y Francisco Rodríguez) y de Democracia Ourensana (10) facilitó que continuase el debate.

egún recoge la normativa, al estar la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de presupuestos, si en el plazo de un mes no se presenta una moción de censura con un candidato alternativo a la Alcaldía, el expediente quedaría aprobado inicialmente y sometido a posibles alegaciones.

Jácome: “Me arriesgue por Ourense”

Así las cosas, Jácome ha apuntado a la oposición por enumerar una “lista de mentiras”, y ha instado a los tres partidos a “no bloquear” el expediente presupuestario “si no son capaces de articular una alternativa”. “Esta situación se podría haber evitado antes, pero no estaban por la labor”, ha añadido.

En esta línea, durante su intervención ha cargado contra los tres partidos alegando que “cree el ladrón que todos son de su condición”, y ha subrayado que el grupo de gobierno sí cuenta con un “proyecto de ciudad”. “Proyecto de ciudad es hacer cosas, y nosotros hemos hecho muchas cosas”, ha añadido. Tras el pleno, en redes sociales, aseguró: “Me arriesgue por Ourense”.

PP: “Ourense se merece mucho más”

Los populares han achacado un papel “absolutamente lamentable” de socialistas, quienes “llevan meses dando lecciones de etica y responsabilidad política”, pero ahora “le hacen el trabajo a Jácome”. “Hoy se desenmascararon las caretas de todos”, ha señalado la portavoz popular, Ana Méndez.

En esta línea, Méndez ha calificado al regidor ourensano de “mentiroso y trilero”, recalcando que este “perdió su respeto hace tiempo”. “Tengo absolutamente acreditada mi ética profesional, usted no, me da igual que me diga y me llame lo que le de la gana. Hace mucho tiempo que le perdí el respeto que le tenía al principio del mandato”, ha lamentado.

Así, ha insistido que PP es el partido “con más concejales” en la oposición y ha subrayado que “si el cambio tiene que pasar por alguien, es por el PP”. “Somos el partido que mejor gestiona siempre. La única posibilidad de que la ciudad salga adelante es con el PP al frente”, ha añadido Méndez.

“Ourense se merece mucho más que tener a Jácome ahí. Veremos como le salen las cosas, mucho me temo que no le van a salir, de ninguna de las maneras, como tenía usted orquestado desde el lunes. Reitero que lo que pasó hoy iba a pasar el lunes, y daba igual cuando”, ha subrayado.

PSOE: “Nadie se cree que el PP es una alternativa”

Asimismo, socialistas han rechazado dar la confianza al regidor, afeando su gestión municipal y recalcando que “hay otra manera” de gobernar. Por ello, la concejala del PSOE María Fernández ha instado a la oposición a “responder con coherencia” ante el escenario actual, postulando al partido como “alternativa con proyecto y equipo”.

En este sentido, Fernández ha apuntado a populares por “financiar” la Alcaldía de Pérez Jácome durante las elecciones de 2023 para “solventar sus problemas internos”. “Votar o apoyar al PP que es quien sostiene a Jácome es votar a Jácome”, ha añadido la socialista.

Por ello, María Fernández ha recalcado que populares tienen ahora “una oportunidad” ante una oposición que suma más concejales que el grupo de gobierno. “No se cree nadie que el PP es una alternativa porque Jácome gobierna con su apoyo. Pueden culpar a quien quieran, pero la responsabilidad es de todos, y tenemos la oportunidad de que deje de ser alcalde y buscar una alternativa”, ha añadido.

BNG: “Comedia en dos actos”

En esta línea, nacionalistas han afeado una “comedia en dos actos”, apuntando al regidor por su “habilidad” para convencer a socialistas, quienes “cometieron la torpeza” de rechazar la retirada del expediente del orden del día durante la primera sesión plenaria de este viernes.

Así, el portavoz del BNG local, Luís Seara, ha seguido su intervención enumerando una lista de las cualidades que, a su parecer, posee Pérez Jácome, acusándolo, entre otras cosas, de “deteriorar el prestigio” de su cargo, “denigrar” a la institución, “menospreciar” a representantes políticos y trabajadores públicos, o “traicionar a sus votantes”.

“Jácome venía a luchar contra la corrupción y resultó ser un fraude. Pedir confianza supone creer en su integridad, honestidad y buenas intenciones; la confianza no se pide, se gana. Quien actúa así comprenderá que no puede tener la confianza de nadie”, ha señalado Seara.

En esta línea, el portavoz del BNG local ha recordado su intención de postularse como candidato nacionalista a las próximas elecciones, recalcando que el grupo cuenta “cada día con mejor valoración de vecinos”. “La alternativa a Gonzalo Pérez Jácome, eso cada vez lo sabe mas gente, así que le auguro malos tiempos, alcalde”, ha sentenciado.

La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, advierte de que la financiación de la Junta es “claramente insuficiente” para cubrir el coste real del personal, que cifra en 462 millones de euros frente a los 449 millones asignados para 2026 en el último reparto de fondos autonómicos.

En el informe que la rectora, Carmen Vargas, traslada este jueves al Consejo de Gobierno, la institución analiza los números actuales de la plantilla tras el acuerdo de financiación alcanzado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Según este análisis, la US se enfrenta a un desfase de 12,7 millones que obligará a adoptar medidas de contención del gasto y posibles ajustes presupuestarios para equilibrar el capítulo de personal en 2026.

“Aunque se recibirán mayores transferencias tras el proceso de auditoría o evaluación técnica prevista [medida acordada también en el último CAU], al ser un proceso externo y difícil de cuantificar, se considera necesario cubrir ese desfase en el capítulo 1 [personal] con el ahorro de otros capítulos de gasto”, recoge el informe al que ha tenido acceso Europa Press. En este contexto, la universidad estudia medidas que podrían afectar a la organización interna, la dedicación docente, la asignación del PTGAS, promociones, contrataciones y planes propios, con el objetivo de minimizar el impacto directo en las retribuciones.

Cabe recordar que, hace un mes, la rectora presentó un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.

El motivo esgrimido entonces era que la institución se encuentra aún con el presupuesto prorrogado de 2025, con un techo de gasto para la plantilla que se ha demostrado insuficiente para asumir la obligada subida del 2,5% en el salario de su personal funcionario, una medida aprobada por el Gobierno de España, con efectos desde el 1 de enero de 2025.

Todo ello en el marco del pulso que los rectores llevan dos años librando con la Junta de Andalucía por la financiación universitaria. Los rectorados denuncian un “incumplimiento” reiterado del modelo de financiación aprobado por el propio Gobierno autonómico en 2023, hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales. La infrafinanciación es, de hecho, uno de los frentes del conflicto que la comunidad universitaria mantiene con la administración autonómica.

Política de contención del gasto

De acuerdo con el reparto de fondos aprobado, la Hispalense percibirá, de momento, para el ejercicio 2026 un total de 449,3 millones de euros. En esa cantidad se incluyen 2,5 millones para la “sostenibilidad financiera” y 5,5 millones del acuerdo de abril de 2025 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS.

A la espera de las auditorías pactadas entre la Junta y las universidades, el Rectorado insiste en que el coste real de la plantilla —incluyendo nómina base, complementos y obligaciones legales— asciende a 462 millones de euros. Ante este escenario, la US prevé establecer un “control” en el crecimiento del capítulo 1, con una “política de contención del gasto para que el coste de la plantilla no se incremente más de lo estimado, garantizando que el personal puede percibir todo lo consolidado en 2025”.

Concretamente, en el caso del PTGAS, la US prevé que este año el incremento de la masa salarial es de un 6,9% –un 4% debido al incremento salarial de 2025/2026, un 2,5% de atrasos por la subida salarial de 2025 y el resto para atender actuaciones en 2026– mientras que en el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), esa subida es de un 12,9%.

Comisión técnica para el cálculo de los costes de personal

El acuerdo alcanzado en materia de financiación después de meses de negociación entre la Consejería de Universidad y los rectores de las universidades públicas andaluzas prevé la creación de una comisión “técnica”, con la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, para “determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda” que recoge el modelo de financiación pactado entre la Junta y los rectores en 2023. La cláusula de salvaguarda garantiza que las universidades reciben cada ejercicio la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales, para asegurar la estabilidad financiera del sistema.

Y es en esos incrementos salariales donde entra el papel de la comisión que va a analizar los “criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario [capítulo 1 de los presupuestos]” y eliminar así las diferencias en esta materia; diferencias que han estado en el meollo de las largas negociaciones entre las partes. Fuentes de la Junta y de los rectores reconocen que la intención es que antes de la primera quincena de julio esté listo este análisis “universidad por universidad” de los gastos de personal para así tener clara cuál es la fórmula precisa para calcular la cláusula de salvaguarda.

Con esta medida, explicaba la Junta, se pretende “alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la Junta de Andalucía, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado”. Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

Este órgano técnico también estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollará y concluirá este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han sellado este jueves el acuerdo de los presupuestos en el Palau de la Generalitat. Govern y Comuns renuevan así el pacto alcanzado hace dos meses, ahora con 2.500 millones para vivienda, una nueva ley para convertir oficinas vacías en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y una dirección general de disciplina de vivienda. El texto acuerda mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios -40 barrios y 400 millones- en 2027 y 2028. Se encarga también un estudio para que la línea R-Aeroport sea una prolongación del R4 antes de 2030. Tras pactar con ERC y Comuns, el Govern prevé aprobar las cuentas el viernes y llevarlas al Parlament.

El acuerdo plantea destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura: 1.500 millones en recursos propios y 1.000 millones del Institut Català de Finances (ICF).

Ley para convertir oficinas en VPO

Se recoge la voluntad de “trabajar conjuntamente” en una proposición de ley para incrementar el parque de vivienda protegida, incorporando la reconversión de oficinas y locales comerciales en VPO.

Al calendario para aprobar la prohibición de la compra especulativa antes del verano, se le suma una nueva ley para reconvertir oficinas vacías en vivienda protegida. Albiach ha aspirado a que esta ley comience a funcionar antes de acabar el año, en entrevista este mismo jueves en TV3.

Albiach ha asegurado que a partir de la próxima semana comenzarán las conversaciones con ERC y la CUP para contar con su apoyo para prohibir la compra especulativa.

Pobreza energética

Con este acuerdo, el Govern se compromete a impulsar el Fondo de Atención Solidaria antes del verano. Este fondo debe servir para rescatar a las familias en situación de pobreza energética y para dar respuesta a la finalización del convenio con las empresas eléctricas que servirá para condonar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Este convenio finalizó el 31 de diciembre de 2025. El presupuesto inicial es de 3 millones de euros para 2026 y 10 millones para 2027.

R-Aeropuerto y Terras de l'Ebre

Se encarga un estudio para incorporar al Pla de Govern la transformación, en una segunda fase antes de 2030, del servicio previsto Sant Andreu-Aeropuerto hacia un recorrido ampliado que sea operado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Así, analizar la definición de una R4 Norte entre el Aeropuerto y Terrassa o Manresa y la posibilidad de una R4 Sur. También se pacta valorar el adelanto del estudio de vialidad el tren-tramo de Terres de l'Ebre para finalizar el 2028.

Salud sexual y violencias machistas

Además, se acuerda elaborar un plan para incrementar el número de matronas y para mantener las que se forman en Catalunya, para asegurar la mejora de la atención de los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en toda Catalunya, garantizando también la asistencia ginecológica.

El documento también recoge la creación antes de terminar el primer semestre de 2027 de la Comisaria General de Prevención y Denuncia de las Violencias machistas, reforzando y ampliando los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra, así como las unidades de investigación de los delitos vinculados con las violencias machistas.

Cuentas en julio

La actualización del pacto con los Comuns también contempla actuaciones territoriales. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido este jueves que los pactos cerrados esta semana con ERC y Comuns hacen “mejores” los presupuestos respecto a los presentados hace dos meses. La consellera ha asegurado que el Govern tiene “la maquinaria lista” para iniciar la tramitación de las cuentas y calcula que podrán ser aprobadas durante la primera quincena de julio.

El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El president catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves, a las 11:30 horas, el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, a las 11:45 horas, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, a las 12:20 horas, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

El último medio año de Salvador Illa ha sido especialmente duro. El president de la Generalitat despidió 2025 con optimismo, esperando un inminente acuerdo de financiación autonómica que diera tranquilidad y le permitiera encarar el ecuador de la legislatura con nuevas cuentas. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, desde enero pasado el Ejecutivo catalán ha ido encadenando crisis superpuestas como Rodalies, Educación, Mossos o la propia financiación que han minado su imagen y le han desgastado políticamente.

El acuerdo firmado este martes con Oriol Junqueras es leído en el Govern como un punto de inflexión que permitirá dejar atrás unos meses para olvidar. Los nuevos presupuestos supondrán una inyección muy importante de recursos, que funcionará como bálsamo tanto para dar brío a los servicios públicos como para renegociar con sectores profesionales en huelga, como los educadores.

Pero Illa gana, además de recursos, capital político, una divisa que su Ejecutivo necesita tanto como la pecuniaria. El relato con el que los socialistas llegaron a la Generalitat tras más de una década de procés decía que, a diferencia de la decadencia generada por los independentistas, Illa y los suyos serían capaces de volver a hacer que Catalunya funcionase, con unos servicios públicos en forma y una economía que devolviese a la sociedad catalana al liderazgo perdido.

La gran crisis de Rodalies, que se inició el pasado enero y aún no se ha solucionado por completo, supuso una vía de agua en esas promesas. Pero también el conflicto laboral abierto con los profesores, que estos días están en plena movilización, reflejaba que el manual de gestión despolitizada al que el PSC se había aferrado resultaba insuficiente para gobernar.

Pero el gran problema de Illa ha estado sobre todo en la inestabilidad parlamentaria que no lograba contener. Después de que ERC hubiese advertido de que necesitaba un compromiso del Gobierno central a favor del traspaso del IRPF para apoyar las cuentas, el president optó por un tomar la iniciativa y presentó el proyecto de presupuestos sin contar con los republicanos. Un órdago que salió mal porque ERC no cejó y que le obligó a retirarlos.

Los de Oriol Junqueras venían de pactar un modelo de financiación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en Catalunya prácticamente todo el mundo consideró como un avance importante. La Generalitat dispondría de 5.000 millones de euros anuales más, lo que situaría su financiación per cápita en la parte alta de la tabla por primera vez.

Los republicanos querían redondear ese acuerdo materializando otra cuestión que ya venía pactada con Illa y que era a priori más sencilla: la recaudación del IRPF desde Catalunya. Pero, aunque inicialmente Hacienda se había mostrado abierta a hacerlo, Montero había virado su decisión. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, pronunció la ministra en una llamada desvelada por este diario que acabó de dinamitar la confianza entre Junqueras e Illa.

¿Qué ha ocurrido entre aquel desencuentro y el actual pacto? Interpretaciones las hay para todos los gustos, desde que Junqueras no puede abortar la legislatura porque aún está inhabilitado para presentarse, tal como hacen correr sus críticos, como que en realidad la negociación del IRPF está más madura de lo que ambas partes quieren reconocer, tal como dejan caer fuentes republicanas.

Pero el entendimiento entre republicanos y socialistas es consecuente con la estrategia que ambos siguen desde el inicio del actual ciclo político. Las diferencias son muchas y han quedado de manifiesto en cada embate que ambos han protagonizado. Pero, en las últimas semanas, Illa y Junqueras se han ido acercando al calor de una misma convicción: solo se gobierna con presupuestos. Y ambos, creen, pueden compartir los beneficios de una política que funciona en medio de un mundo donde parece que todo se desmorona.