El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el pleno del Parlamento que el presupuesto andaluz para 2027, el primero del Gobierno PP-Vox y que se aprobará la semana que viene en el Consejo de Gobierno, alcanzará los 54.716 millones de euros, un 6% más que en 2026. Para políticas sociales serán 35.246 millones --dos de cada tres euros--, lo que supone un incremento de cerca del 70% con respecto al último presupuesto del Gobierno socialista.

En respuesta a la pregunta de control formulada por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, Moreno ha detallado que para Sanidad el presupuesto rondará los 17.000 millones de euros, “un 72% más que en 2018”; para Educación, 11.889 millones, un 56% que hace siete años; y para Dependencia, 3.308 millones, lo que supone “casi triplicar”.

“Todo esto con el esfuerzo y el sacrificio de los andaluces, que no nos regala nada nadie. Aquí no somos pedigüeños, somos andaluces de primera. Si ustedes han olvidado el andalucismo, allá ustedes; nosotros no pedimos nada”, ha espetado a la bancada socialista, que ha reclamado el papel que juega el Gobierno de España en los fondos que recibe la Junta.

Sin comisión de investigación por los fallos en el cribado del cáncer

Con estos datos ha respondido el presidente andaluz a las críticas de Adelante Andalucía por el hecho de que “un año después, no sepamos qué falló en el cribado del cáncer de mama” y tras sostener el portavoz José Ignacio García que “las privatizaciones --en sanidad-- matan”, en alusión a la externalización de las mamografías del cribado.

“Entiendo que el único argumento que tienen es el cuento de la privatización, pero cuando un Gobierno dedica en los presupuestos 17.000 millones de euros a la sanidad, el cuento se cae; cuando en la sanidad pública hay 119 infraestructuras nuevas, el cuento se cae; cuando llegamos a casi 130.000 profesionales, el cuento se cae. Ese cuento no se puede sostener en el tiempo. Usted, señor García, vive en una realidad paralela que puede que le sirva a la población que le quiera escuchar, pero el conjunto de la sociedad no se lo cree”, ha argumentado Moreno. “El Gobierno que más esfuerzo ha hecho por sostener la sanidad pública en Andalucía se llama Gobierno del PP. Así es”, ha sentenciado.

El portavoz de Adelante Andalucía ha reclamado a Moreno el voto a favor del PP y del Gobierno a la comisión de investigación sobre los fallos del cribado porque “si usted cree que lo han hecho todo fantástico, demuéstrelo. Sea valiente y no sea como la derechita cobarde”, en alusión a Vox y su cambio de posición con respecto a la comisión de investigación. “¿Han pasado cositas, eh, señor Gavira. Lo que ha pasado se llaman paguitas para el alquiler para los altos cargos, los cargos, la poltrona... lo que ha pasado se llaman mariscadas”, le ha espetado García al vicepresidente segundo.

“Hace un año se hicieron promesas. Llegaron a decir que iban a reformar el SAS enterito. Pero por ahora lo que tenemos es una aplicación para ver las actas de los toros”, ha criticado García, enseñando “los contratitos de privatización de pruebas diagnósticas de los últimos meses: sólo 588 millones de euros”. “Esto lo que provoca es un caos y un descontrol brutal porque una mujer en Andalucía, para que le diagnostiquen un cáncer, puede tener que pasar por cuatro empresas privadas”. “¿Esto es lógico? ¿Esto es sensato? ¿Cómo no va a haber fallos si pasan hasta por cuatro empresas diferentes?”, se ha preguntado el portavoz de la formación de izquierdas.

Advertencia de la Presidenta: “No voy a permitir” que se “atribuya fascismo”

El Pleno del Parlamento andaluz ha sido también escenario de una advertencia de la Presidenta, Ana Mestre, al diputado socialista Mario Jiménez. Mestre ha asegurado que “no va a permitir” que en la Cámara autonómica “atribuya fascismo” a un grupo parlamentario, en alusión a Vox, que gobierna en esta legislatura en coalición con el PP-A la Junta de Andalucía.

Poco antes, Mario Jiménez había advertido al también consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias que “cuando el fascismo emboscado se acerca a las instituciones, siempre actúan de la misma manera”, con “censura, debilitamiento del control constitucional y democrático de los gobiernos”, y con ataques “a la clase trabajadora”, acusando al Gobierno andaluz de estar “intentando debilitar a los sindicatos porque se lo han pedido los extremistas de Vox”.

El diputado socialista ha enmarcado el modo de proceder del actual Gobierno de PP-A y Vox en “la misma senda del fascismo dulce a la que estamos acostumbrados allí donde la extrema derecha en todo el mundo está acercándose a las instituciones”, y ha incidido en advertir que dichos partidos “no quieren sindicatos fuertes porque quieren asfixiar a la clase trabajadora” y “trabajadores amedrentados”.

Al final de su intervención, Mario Jiménez ha aseverado que “ni una dictadura de 40 años --en alusión a la franquista--, ni estos emuladores, hijos de aquellos que tuvieron a este país bajo la bota militar durante cuatro décadas, van a callar a los sindicatos en este país”.

Tras esta intervención, la presidenta del Parlamento ha pedido a los diputados que “respeten la palabra” y “no hagan más alusiones, ni atribuyan a nadie ni a ningún grupo parlamentario en esta Cámara conductas fascistas”. Ana Mestre se ha dirigido en concreto a Mario Jiménez para reprocharle que “ha repetido en dos ocasiones al menos”, y “le ha atribuido a un grupo parlamentario esa palabra” --en alusión a “fascismo”--, por lo que ha incidido en rogarle que se tenga “un respeto a la palabra a la Cámara de todos los andaluces”.

“No lo voy a permitir”, ha enfatizado la presidenta del Parlamento antes de agregar que “Europa ya ha conocido el fascismo de verdad”, y ella no va “a permitir en esta Cámara que se la atribuya a nadie”. “Hasta aquí ha llegado el debate. En esta Cámara no se le atribuye a ningún grupo el fascismo”, ha zanjado.

Esta admonición de la presidenta del Parlamento ha generado malestar en la bancada socialista y particularmente en el propio Mario Jiménez, quien ha tratado de replicar desde su escaño a Ana Mestre advirtiéndole de que ella “no está aquí”, en la presidencia de la Cámara, “para debatir con” él, y la ha retado a bajarse de su sillón y debatir con él.

Ana Mestre le ha llamado por primera vez “al orden” y, entre las quejas de los diputados socialistas, ha dado la palabra al vicepresidente y consejero Antonio Sanz para continuar con el debate al hilo de la pregunta de Mario Jiménez.

El debate presupuestario en la Asamblea de Extremadura ha vivido este jueves un nuevo enfrentamiento a cuenta del reparto territorial de las inversiones previstas en las cuentas para 2027. Mientras la Junta ha defendido la equidad y el equilibrio de las cuentas, el PSOE ha acusado al Gobierno regional de incurrir en un supuesto “doping electoral” por beneficiar mayoritariamente a los ayuntamientos gobernados por el PP.

Durante la sesión de control, la diputada socialista María Curiel ha arremetido contra el desglose territorial del proyecto presupuestario, señalando que “el 80% de los proyectos se van a desarrollar en pueblos cuyo alcalde o alcaldesa es del PP”, a pesar de que el partido “solo gobierna en el 37% de los municipios”. Curiel ha ironizado con que, si destinar más de 22 millones de euros “a dedo” para que los alcaldes populares “empiecen a hacer campaña electoral” no es “doping electoral, poco les falta”.

La parlamentaria del PSOE ha ilustrado su denuncia con datos concretos de las cuentas, destacando que de las 110 viviendas protegidas del Plan Habita gestionadas a través de Urvipexsa, 100 se concentran en Cáceres. Asimismo, ha señalado que 23 nuevas ayudas nominativas de Cultura por valor de 2,5 millones de euros se dirigen íntegramente a consistorios del PP, al igual que las ayudas de patrimonio (560.000 euros), el 93% de las de deporte (53 de 57 ayudas por 5,5 millones) y casi la totalidad de los fondos de turismo (un 98,9% frente al 1% destinado a una localidad socialista).

“Los presupuestos de Extremadura no pueden elaborarse desde la sede del Partido Popular en Cáceres, se tienen que elaborar en Mérida desde la sede de la Consejería de Hacienda”, ha zanjado Curiel, recordando además varias sanciones previas a la presidenta autonómica por saltarse la ley electoral.

Hacienda defiende la cohesión

Por su parte, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha defendido que en los presupuestos de 2027 “hay equilibrio, igualdad, justicia y cohesión territorial”.

Manzano ha asegurado que su gobierno “no pone chincheta”, sino que utiliza “pegamento” para unir a toda la población, trabajando “cada día para el más de millón de habitantes, los 388 municipios, las 23 entidades locales menores y 55 pedanías”. En esta línea, ha recalcado que para el PP todos los ciudadanos son iguales al margen de su voto, y ha puesto como ejemplo la inversión de 200.000 euros destinada a reformar el centro de salud de Salorino, municipio gobernado por el líder del PSOE extremeño— para corregir las carencias que arrastraba desde hace años.

Finalmente, la consejera ha querido desviar el foco hacia el ámbito estatal criticando la “nula política igualitaria” del Gobierno de Pedro Sánchez, denunciando que de los 21.000 millones de euros adicionales del nuevo sistema de financiación autonómica, “Extremadura no percibe nada, cero euros”.

El equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo en Monesterio con el objetivo de ultimar el proyecto de presupuestos de la institución provincial para el ejercicio 2027. La cita, celebrada en las instalaciones del Museo del Jamón del municipio, se enmarca en la dinámica habitual de la corporación de trasladar estas sesiones preparatorias a distintas comarcas del territorio para ajustar sobre el terreno los detalles financieros del próximo año.

Durante el encuentro, la presidenta provincial, Raquel del Puerto, junto a su equipo de diputados, ha sido recibida en el Ayuntamiento por la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas. La regidora ha agradecido la elección de su municipio para acoger esta jornada de trabajo y ha destacado el papel de la institución provincial como administración de referencia por su cercanía y por su apoyo continuo al desarrollo del entorno rural.

A falta de cerrar el documento definitivo que se presentará de forma oficial en noviembre, la presidenta de la Diputación ha avanzado que las nuevas cuentas experimentarán un ligero incremento en comparación con las del año anterior. Este aumento presupuestario responderá principalmente a la estimación de las aportaciones procedentes del Estado y a la recepción de fondos europeos articulados para la región.

Foco en el reto demográfico y la cohesión territorial

Desde la institución provincial han remarcado que el diseño de los presupuestos de 2027, en los que se viene trabajando desde hace meses, situará el área social en el centro de las prioridades políticas. Las cuentas irán orientadas a reforzar la calidad de los servicios públicos en los municipios pacenses y a consolidar la fijación de población en las zonas rurales para garantizar oportunidades de desarrollo en el territorio.

Asimismo, la propuesta presupuestaria mantendrá las líneas estratégicas centradas en la transformación digital, la sostenibilidad, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Tras esta ronda de ajustes, el proyecto de presupuestos se presentará públicamente el próximo mes de noviembre en rueda de prensa y se someterá a la aprobación provisional del pleno provincial previsiblemente el día 19 de ese mismo mes.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2027 con la exigencia de que sean devueltos a la Junta. Desde las filas socialistas se denuncia que las cuentas de PP y Vox carecen de la ambición política indispensable para transformar la realidad de la región.

Según la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, el incremento presupuestario responde al buen comportamiento de la economía española y al aumento de los recursos procedentes de la financiación estatal y de los fondos europeos, y no a una gestión propia de la presidenta María Guardiola. “Esta oportunidad que brinda la buena marcha de la economía española hace que este presupuesto crezca. Sin embargo, la parte que tenía que poner el Gobierno de la Junta de Extremadura no está escrita en el presupuesto”, ha señalado en referencia a los más de 9.000 millones de euros consolidados.

El PSOE advierte de que el proyecto está inflado debido a una elevada inejecución prevista y critica que el incremento de los ingresos no se traduzca en un impulso efectivo de las políticas económicas, de empleo o de vivienda, sector este último cuyo crecimiento se limita a un testimonial 0,8%.

“Abrazarse a los poderosos” y cesiones a Vox

Durante su intervención, Gil Rosiña ha acusado al Ejecutivo de coalición entre el PP y Vox de utilizar las cuentas públicas para favorecer a los grandes intereses económicos en detrimento del bienestar general. En este sentido, ha denunciado que los presupuestos contemplan “regalar” 28 millones de euros a las grandes compañías eléctricas que explotan la central nuclear de Almaraz, mientras se debilitan de manera paulatina servicios esenciales como la sanidad y la educación pública.

Asimismo, los socialistas han puesto el foco en la subordinación del Gobierno extremeño a la “agenda ultra y conservadora” de su socio de coalición, lo que a su juicio se traduce en recortes drásticos en áreas clave para la cohesión social. Como ejemplo, han destacado el desplome del presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en más de un 52% y la reducción a la mitad de la partida destinada al Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), además del recorte a los sindicatos y patronal que debilita la concertación social.

Frente a ese modelo, la enmienda a la totalidad registrada por el Grupo Socialista plantea un modelo alternativo estructurado en torno a 12 ejes estratégicos orientados a relanzar la economía y blindar el estado del bienestar. Entre las prioridades reclamadas por el PSOE figuran la puesta en marcha de un plan extraordinario de vivienda protegida, el refuerzo de la atención primaria y de la educación pública, la implantación de una nueva estrategia de industrialización vinculada a la transición energética y el impulso de medidas efectivas contra la despoblación.

Si en los primeros presupuestos de la nueva coalición de PP y Vox en Extremadura, aprobados este verano, las principales daminificadas fueron la cooperación internacional al desarrollo y las ONG, en los segundos, los de 2027, el tijeretazo lo sufren los jóvenes extremeños y, en concreto, el Consejo de la Juventud regional (CJEx), una institución que lleva cuatro décadas defendiendo siendo el principal interlocutor válido de representación juvenil ante los poderes públicos y dando voz al tejido asociativo de la región, pero ahora ve amenazado su propio funcionamiento y viabilidad.

El CJEx ha instado de manera urgente a revisar la dotación económica contemplada en el proyecto de presupuestos autonómicos para el año que viene porque el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios experimenta un drástico desplome, reduciéndose un 92% en comparación con el ejercicio anterior. Las cuentas en su conjunto se hunden casi a la mitad (de 763.380 a 392.635 euros, un 48,6 %).

Según los datos detallados por el propio Consejo, esta partida presupuestaria cuenta con una consignación de apenas 28.300 euros, una cifra que contrasta con los 352.703 euros asignados durante el ejercicio económico de 2026. Desde el organismo juvenil recuerdan que este fondo no se emplea de forma exclusiva para el diseño y desarrollo de proyectos orientados a la juventud, sino que constituye el soporte financiero indispensable para garantizar el funcionamiento ordinario y el sostenimiento físico de la sede del CJEx.

A juicio de la organización, un recorte de esta magnitud “reducirá considerablemente” la capacidad operativa de la entidad para impulsar iniciativas de participación juvenil y atender de manera eficaz las demandas y necesidades de la juventud extremeña.

A esta merma en los gastos corrientes se suma la completa eliminación del capítulo VI, una partida que estaba destinada específicamente a la inversión en investigación y recogida de datos. Desde la perspectiva del Consejo, esta supresión limita gravemente la posibilidad de analizar con rigor científico la realidad de los jóvenes en la comunidad y de generar un conocimiento útil que sirva de base para diseñar políticas públicas eficaces.

La postura del Ejecutivo autonómico: evitar duplicidades

De cualquier forma, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández (Vox), que asume las competencias de juventud, ya lo advirtió en un pleno el pasado mes de septiembre. Fernández defendió durante un debate con Unidas por Extremadura la necesidad de eliminar las actividades que se solapen con las competencias del Instituto de la Juventud —organismo que depende de su consejería— para atajar lo que considera “gasto superfluo”.

Según explicó, carece de sentido “que se estén pagando proyectos de unos cuando lo pueden hacer otros” y criticó que se incurra en una situación en la que “se multiplique por dos el gasto” público destinado a fines idénticos dentro de la administración autonómica.

Durante la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), el PP también aplicó una severa reducción presupuestaria al Consejo de la Juventud de Extremadura, del 21%, aunque en los capítulos de gasto corriente y de actividades de promoción del asociacionismo la rebaja alcanzó el 50%.

Ya se conocen los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027: un total de 13.587 millones de euros destinados al próximo ejercicio. El Consejo de Gobierno ha dado luz ver al proyecto de ley que regula las cuentas públicas autonómicas, así como la de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación Administrativa, conocida como Ley de Acompañamiento. Ambas se han remitido a las Cortes regionales para su tramitación. Esa cantidad supone un incremento del 5,3% y hasta 683 millones de euros más en términos absolutos si se comparan con los del año 2026.

Lo ha detallado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha apuntado que estas cuentas recogen una reducción del 80% de los ingresos procedentes de los fondos europeos de recuperación, que pasan de 600 a 100 millones de euros.

“La mayoría de los fondos europeos finalizan el 31 de diciembre del 2026, excepto para la Consejería de Fomento. Estamos hablando de unos recursos que tienen carácter extraordinario y, además, temporal y distorsionan cualquier comparación que hagamos con los ejercicios precedentes”, ha abundado el consejero.

Por tanto, ha detallado que el presupuesto “real” de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2027 es de 11.974 millones de euros. Ese es el resultado de restar a la cifra anterior lo que se destinará a amortizaciones de la deuda, “eliminando el efecto de esa reducción de los fondos europeos”.

Estos 11.974 millones de euros suponen, según el consejero, un incremento en términos reales del 11,1% respecto al ejercicio anterior, “que nos va a permitir disponer de prácticamente 1.200 millones de euros más que en el ejercicio 2026”, ha manifestado.

Los objetivos del presupuesto para 2027 son el aumento de los recursos destinados a la financiación de los servicios públicos y al desarrollo de la política de vivienda, así como favorecer el crecimiento económico y empresarial, invertir en innovación y sostenibilidad y hacer frente a la despoblación.

Sobre la base de estos objetivos, el consejero ha indicado que las cuentas regionales del próximo año se caracterizan por que el gasto social, de nuevo, constituye el principal eje, fundamentalmente el relacionado con el estado del bienestar y la vivienda. Una prioridad en este gasto que se hace “compatible con el equilibrio presupuestario, déficit cero”, que no incrementa el endeudamiento de la comunidad autónoma; y con las nuevas reducciones fiscales, fundamentalmente en relación con las familias, los jóvenes, las personas con discapacidad, los mayores y la vivienda.

En relación con el gasto social, se van a destinar 8.412 millones de euros, una cantidad que representa el 72,3% del gasto no financiero y que aumenta un 12,5%, sin contar con los fondos europeos, que sirve para financiar los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Concretamente, para más profesionales, infraestructuras y equipamientos, más servicios y ayudas; e innovación y digitalización de los servicios.

Sanidad, educación y servicios sociales

En su exposición, el consejero se ha centrado en esas tres principales áreas. En el caso de Sanidad, contará con 4.611 millones, un 13,6% más que en 2026, lo que supone un incremento de 553 millones. Una partida para, entre otras acciones, reforzar la plantilla de profesionales sanitarios, además de hacer efectiva la carrera profesional; seguir invirtiendo en infraestructuras sanitarias, con instalaciones modernas, funcionales y accesibles en hospitales y centros de salud; o desplegar tecnologías avanzadas para reforzar la capacidad resolutiva de los centros sanitarios en zonas rurales.

En Educación, se van a destinar 2.664 millones de euros, un crecimiento cercano al 10% con respecto al presupuesto anterior, excluyendo igualmente los fondos europeos, y un incremento de 234 millones en términos absolutos. Esta área permitirá ampliar la plantilla docente para bajar ratios, extensible este curso a 2º de Primaria, continuar con la reducción del horario lectivo del profesorado, reforzar la FP y la inclusión educativa.

Además, se va a proseguir con el plan de infraestructuras, climatización de centros y digitalización de aulas; extender la gratuidad de las plazas de 2 a 3 años a todos los municipios de la región que lo hayan solicitado y dotar de más plazas de transporte escolar en zonas despobladas. También se ampliará la oferta de plazas en comedores escolares y ayudas a las familias de los alumnos para que puedan usarlo y cumplir con los contratos de programas de las dos universidades públicas que operan en la región, consolidando la gratuidad de la matrícula para el primer curso.

En el área de Servicios Sociales, el presupuesto aumenta a 1.135 millones de euros, un aumento con respecto a 2026 del 14%. El objetivo es reforzar el modelo asistencial, especialmente en zonas afectadas por la despoblación; desarrollar el Plan de Impulso al Sistema de Dependencia; potenciar la teleasistencia y la ayuda a domicilio; consolidar el Termalismo Social y mejorar la oferta de Turismo Social para mayores de 55 años; y consolidar una Atención Temprana pública, gratuita y cercana.

270 millones para políticas de vivienda

Otra de las áreas a la que se ha referido el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital es el gasto destinado al desarrollo de la política de vivienda, que ha considerado un “sector con una fuerte vertiente social”. En este sentido, ha explicado que esta política de vivienda dispondrá de 270 millones de euros, 86 millones por encima de la dotación del ejercicio anterior.

Estos recursos, ha dicho, se orientan a facilitar el acceso a la vivienda, promover la construcción y rehabilitación de inmuebles y desarrollar actuaciones en materia de accesibilidad y mejora de la habitabilidad. La planificación presupuestaria se complementa con las medidas fiscales vinculadas a la vivienda, dirigidas a distintos colectivos y, especialmente, a facilitar el acceso a jóvenes y familias.

De hecho, en materia de vivienda, el consejero ha indicado que las desgravaciones vigentes supondrán un ahorro fiscal de 103 millones de euros, un 23% más, con alrededor de 30.000 potenciales beneficiarios. Por su parte, las medidas fiscales vinculadas a la lucha contra la despoblación alcanzan los 72 millones de euros, un 20% más, y podrá beneficiar, según estimaciones, a unas 130.000 personas. 

En relación con las políticas de gasto dirigidas a incentivar el desarrollo económico y a la generación de riqueza y empleo, desde una perspectiva de sostenibilidad, Ruiz Molina ha detallado que el presupuesto contempla 2.776 millones de euros, de los que prácticamente 1.400 millones se van a canalizar vía transferencia a las empresas, con actuaciones dirigidas al tejido empresarial, al emprendimiento, a la contratación, a la mejora de la empleabilidad, a la innovación y a la modernización de sectores productivos. Además, incluye partidas de apoyo al sector primario, la eficiencia energética, las infraestructuras y la mejora de la competitividad.

Reto demográfico

Durante su exposición, el consejero se ha vuelto a detener en el apartado dedicado al reto demográfico, ya que, de nuevo, el presupuesto recoge las políticas de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que en 2027 va a disponer de 2.198 millones de euros, con un crecimiento del 82% respecto al anterior ejercicio, lo que representa un 4% más.

Del citado importe, ha dicho, en torno al 40% se vincula a la prestación de servicios públicos en zonas afectadas por la pérdida de población y cerca del 42% se va a destinar a medidas relacionadas con el empleo, el emprendimiento, el apoyo a las pymes y a sectores como el turismo y las actividades agrarias y forestales. Entre las nuevas actuaciones previstas, Ruiz Molina ha hablado del programa ‘Moviliza tu Vivienda Rural’, orientado a favorecer la disponibilidad de inmuebles en municipios afectados por la despoblación. 

Los presupuestos del Principado para 2027 serán “un poco superiores” a los del ejercicio actual y rondarán los 7.000 millones de euros, según ha adelanto este martes el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Peláez ha dado esta cifra tras las reuniones que han mantenido representantes del Gobierno, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies con el Partido Popular y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y antes de hacerlo con el diputado de Foro, Adrián Pumares, para empezar a negociar los presupuestos del Principado para el próximo año.

El techo de gasto

Tras señalar que el crecimiento de los ingresos está estabilizado y se verán reducidas las aportaciones del Mecanismo de Recuperación y Resilencia, Peláez ha señalado que, desde la prudencia y a falta de consolidar todo el capítulo de ingresos, se situará por encima de los 6.993 millones del presupuesto de este año.

El techo de gasto, ha añadido, sigue sin cerrarse a la espera de que las estimaciones con las que están trabajando se concreten en cifras finales, aunque si ha detallado que los ingresos provenientes del modelo de financiación, que suponen el 65% del total, aumentarán un 5%.

La vivienda, en el centro del debate

Aún falta por definir que fondos del MRR y de Transición Justa de se podrán incorporar a las cuentas públicas o qué otros ingresos provenientes del Estado (la denominada financiación afectada) recibirá Asturias el próximo año, los derivados de la financiación local -el Principado funciona también como Diputación- y todo lo relativo a la estimación de los impuestos cedidos y los impuestos propios. 

Por otro lado, La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha adelantado que la vivienda centrará la práctica totalidad de las demandas que va a plantear al Gobierno, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies durante las negociaciones que hoy se han iniciado para tratar de llegar a un acuerdo que permita aprobar los presupuestos del Principado para 2027.

El apoyo de Tomé

Al margen del acuerdo que han alcanzado para aprobar una ley de Vivienda en las próximas semanas, Tomé ha señalado que en este campo “hay muchísimas cosas que hacer para mejorar la situación de las personas y que puedan acceder a una vivienda digna”.

“De eso se trata, de poner en marcha todas las herramientas que sean capaces de obtener resultados a corto, a medio y a largo plazo”, ha afirmado la diputada del Grupo Mixto, con cuyo apoyo, el Gobierno se garantiza la aprobación de las cuentas públicas.

El optimismo

Tomé ha hecho estas declaraciones al término de la reunión que ha mantenido con el presidente del Principado, Adrián Barbón, otros miembros del Gobierno y dirigentes de IU-Convocatoria por Asturies y el PSOE para iniciar la negociación presupuestaria.

Según la portavoz de Somos Asturies, tras esta primera toma de contacto hay que ser “optimista” ante la posibilidad de dar su apoyo a las cuentas públicas ya que se “abre un camino que es el de poder negociar unos buenos presupuestos”.

Ante la decisión del PP de no negociar los presupuestos si el Gobierno no retira la Ley de Vivienda que ha consensuado con Tomé, la diputada ha señalado que esa formación “no tiene ningún interés en que la situación de la vivienda mejore en Asturias” y sí en “blindar los intereses de los rentistas, inmobiliarias, grandes tenedores y fondos buitre”.

Solidez jurídica

De hecho, ha asegurado que a ese motivo se debe el hecho de que se haya puesto en duda la solidez jurídica de sus enmiendas por parte de la derecha, “que va a hacer todo lo que esté en su mano para bloquear la ley”.

Tomé ha manifestado su deseo de que salga adelante cuanto antes esta Ley de Vivienda con las ocho enmiendas que han acordado incorporar al texto, si bien ha advertido de que esto no condiciona la negociación presupuestaria que ahora se abre porque si el Gobierno plantea alguna medida que sea absolutamente contraria a sus principios no tendrá su apoyo.

El Partido Popular (PP) sólo se sentará a negociar los presupuestos del Principado de 2027 si el Gobierno que preside Adrián Barbón retira el proyecto de Ley de Vivienda que se está tramitando en el parlamento asturiano y cuya aprobación está prácticamente garantizada al haberse cerrado ya un acuerdo con la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé.

Así lo ha asegurado el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, al término de la primera reunión que ha mantenido con el Gobierno, el PSOE e IU-Convocatoria para Asturias para hablar de las cuentas públicas del próximo ejercicio.

Queipo: “Es un documento dañino”

“Si hacen ese gesto y retiran un proyecto de ley, un documento que es claramente dañino para Asturias y que va en el sentido exactamente contrario a lo que necesita la sociedad asturiana para poner solución al problema de la vivienda, estaríamos dispuestos a sentarnos”, ha señalado Queipo tras un encuentro que se ha prolongado durante poco más de veinte minutos.

No obstante, Queipo ha advertido de que si Barbón retirase este proyecto de ley tendría que “abandonar a sus socios más radicales y volver a la centralidad si es que en algún momento estuvo en ella”, en referencia al apoyo que tiene de IU-CA y Tomé para la aprobación de los presupuestos autonómicos.

Acusaciones a Tomé de “sacar tajada”

Según Queipo, si Barbón opta por sus “socios radicales”, “el Partido Popular ni va a estar, ni quiere estar, ni debe estar” y si se aprueban los presupuestos para 2027 será una vez más con el voto de Covadonga Tomé, “que hará lo posible por sacar tajada a un Gobierno que está en minoría y que necesita apoyarse en esta radicalidad que tiene consecuencias para el Principado de Asturias en su conjunto”.

El hecho de condicionar la negociación a la retirada de la Ley de Vivienda se debe, según el líder popular, a que se trata de un proyecto que es “claramente dañino” para Asturias y que va en el “sentido exactamente contrario” a lo que necesita la sociedad asturiana para poner solución al problema de la vivienda.

Respeto institucional

Tras señalar que han acudido a esta primera reunión por respeto institucional, Queipo ha criticado que no les hayan presentado las cifras macroeconómicas del proyecto presupuestario, ni los ingresos que prevén ni los destinos y políticas que prevén llevar a cabo.

Eso sí, ha afirmado que sí puede adelantar que la intención del Gobierno pasa por volver a anunciar que va a presentar los mayores presupuestos de la historia “a costa de los bolsillos de todos los asturianos, galopando sobre la inflación sin ningún rubor” con el fin de “saciar las aspiraciones de esos socios más radicales”.

Los presupuestos, ha añadido, estarán una vez más diseñados “a contentar a los socios más radicales” ya que Queipo ya se imagina que la respuesta de Barbón a las premisas de los populares para negociar será negativa.

Las acusaciones de Tomé al PP

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha acusado este martes al Grupo Popular de intentar “bloquear” el proyecto de ley de Vivienda que se tramita en la Junta General del Principado al solicitar que los servicios jurídicos de la Cámara emitan un informe sobre la legalidad de sus enmiendas al texto.

Tomé había anunciado que el gobierno de coalición de PSOE e IU había aceptado ocho de sus 39 enmiendas al proyecto del Ejecutivo a la espera de cerrar la redacción de una de ellas relativa a la obligatoriedad de dar destino residencial y limitar las compras masivas por parte de grandes tenedores en zonas tensionadas, lo que dejaba cerrada la garantía de que la ley sería aprobada por la Cámara.

Intentos de paralizar la tramitación

Los populares cuestionaron la fórmula para incorporar las enmiendas de la parlamentaria del Grupo Mixto y pidieron que esas modificaciones se sometan al criterio de los servicios jurídicos de la Junta General lo que, a juicio de Tomé, constituye un intento de paralizar su tramitación “y no responde a un problema de técnica ni de legalidad sino a un bloqueo político”.

«Esto no va de legalidad o no legalidad. Esto va de que el Partido Popular de Álvaro Queipo opera como el brazo político del rentismo“, ha señalado la portavoz de Somos Asturies en un comunicado tras advertir ayer de que la futura ley pasará ”de ser una norma de mínimos a convertirse en un marco normativo pionero“ con multas de hasta 240.000 euros por acoso inmobiliario, la suspensión de nuevas licencias turísticas y cambios de titular en zonas tensionadas o la reserva obligatoria del 40% de suelo para vivienda protegida.

El presupuesto que la Xunta va a destinar a políticas de vivienda en 2027 crece menos de lo que crece el global de los presupuestos que va a gestionar el Gobierno gallego. Y lo hace en un momento en el que el creciente malestar por las dificultades de acceso a la vivienda que ha desembocado, en un contexto de movilización estatal tras el desahucio de Maricarmen en Madrid, en varias acampadas en ciudades gallegas y una convocatoria de huelga para el 11 de noviembre.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, presentó este lunes el proyecto de las cuentas para el próximo ejercicio, que entregó esta misma jornada en el Parlamento de Galicia para su tramitación. El desglose por áreas muestra que los presupuestos que más suben son los destinados a Política Social (+10,4%), Educación (7,5%), Cultura (6,5%) y Sanidade (6,4%), con alzas por encima o iguales al 6,4% que se elevan los presupuestos en su conjunto, que llegarán a los 15.158 millones de euros, según recoge Europa Press.

En el otro extremo, Medio Ambiente se anota la subida más contenida en la comparativa con 2026, con solo un 0,5% más. Por debajo de la media están también los departamentos de Emprego (2,1%); Facenda (2,3%); Mar (4,1%); Presidencia (4,1%); Economía e Industria (4,2%); Medio Rural (5%); y Vivenda (5,2%), en este caso un punto por debajo del avance medio.

Además, la Xunta va a dejar de ingresar 814 millones de euros en 2027 por beneficios fiscales, según las previsiones que trasladó Corgos. Son 21 millones más que el impacto estimado de los beneficios fiscales en las cuentas autonómicas en vigor, las de 2026, lo cual supone un incremento del 2,7%.

En su comparecencia ante los medios de comunicación este lunes, el conselleiro situó en 2.100 millones de euros el “ahorro para los gallegos” de las rebajas tributarias aprobadas en años anteriores, en concreto para el periodo 2020-2025.

NOTA ACLARATORIA: Con posterioridad a la publicación de la información, la Xunta aclaró que el presupuesto para políticas de vivienda integra partidas de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas (cuyo presupuesto sube un 5,2%, según los datos difundidos por la Consellería de Facenda y recogidos por Europa Press) y del Instituto Galego de Vivenda e Solo y la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia. Estos dos entes son los que están ejecutando las nuevas viviendas públicas, señala. Sumando todos estos fondos, el total asciende a 810 millones de euros, un 27% más que en los presupuestos de 2026.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha anunciado que se “redoblarán esfuerzos” en el Plan Revive, que, tal y como ha defendido, “sigue transformando el anhelo de muchos jóvenes de vivir en el medio rural”, con el objetivo de atender “a todas y cada una de las solicitudes”.

Osés ha presentado, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja, los presupuestos asignados a su consejería, que alcanzan los 126,2 millones de euros (un 17% por ciento más que el año anterior) y que suben hasta los 137 millones de euros si se suman los gastos de personal.

El consejero ha puesto el acento en la Vivienda, donde La Rioja, ha dicho, “no es ajena al desastre al que se ha conducido al mercado de la compra y el alquiler en el conjunto del territorio nacional”.

Para el consejero riojano, “hacen falta medidas reales efectivas”. En el Plan Estatal de Vivienda, ha señalado que La Rioja está “haciendo sus deberes” y, por eso, va a multiplicar por seis la aportación al nuevo plan, pasando de 7,4 millones de euros a 47,6. Con respecto a las ayudas, hay previstos 4,7 millones de euros en ayudas a alquiler para jóvenes y mayores de 35 años; ocho millones de euros dirigidos a ayudas a la rehabilitación de viviendas; y ayudas para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Ha destacado el Plan Revive, una medida que “conjuga el acceso a la vivienda y lucha contra la despoblación”, indicando que, desde su puesta en marcha en el año 2024, más de 1.800 jóvenes lo han solicitado en 127 municipios.

“Vamos a redoblar esfuerzos para atender a todas las solicitudes que se siguen registrando día a día en la Dirección General de Vivienda porque creemos en la utilidad de este plan para fijar población en nuestros pueblos”, ha dicho. El Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), ha indicado por otro lado, contará en este presupuesto con una partida de 900.000 euros en 2027, un 29 por ciento más que el año pasado.

Además, ha recordado que con el programa Avala Rioja se han financiado más de 2,1 millones de euros a través de 84 operaciones en treinta municipios con un ahorro medio para el beneficiario de 22.400 euros. Por ello, ha anunciado, las cuentas para 2027 incrementan los fondos reservados a este programa con tres millones de euros. Por último, se invertirán 12,3 millones de euros para finalizar las cinco promociones de vivienda asequible en Logroño, Calahorra, Alfaro, Haro y Torrecílla en Cameros.

Urbanismo e infraestructuras

En Urbanismo, ha destacado la partida de 100.000 euros que se habilitará para que las entidades locales puedan desarrollar su planeamiento urbanístico mediante la redacción o la revisión de su plan general municipal. El presupuesto, ha indicado, consolida “medidas que han sido programa de gobierno y que ya son una realidad, como son la orden de ayudas para aguaciles, para derribos, para centros de ocio, convivencia y sociabilidad”.

Se está concluyendo, ha dicho, la red de carriles ciclopeatonales del área metropolitana de Logroño y, como novedad, se incluye la construcción de un nuevo carril entre Fuenmayor y el límite de la provincia por el norte. Ha anunciado que se va a iniciar en 2027 una actuación “importante y con el medio rural en el punto de mira”, como es la LR-113 entre Villabelayo y Mansilla de la Sierra.

Enmiendas a la totalidad

La comparecencia de Osés ha sido la última de las que han realizado los consejeros del Gobierno de Capellán y ha levantado las críticas tanto de PSOE como de IU y Vox por su falta de eficacia a la hora de establecer políticas que mejoren el acceso a la vivienda. Desde Izquierda Unida, Carlos Ollero ha criticado que no haya “nada para poner a disposición de la gente las viviendas vacías que existen en La Rioja a precios asequibles”. Es, ha dicho, “un modelo que apuesta casi exclusivamente por los avales, es decir, por seguir engordando el negocio de los bancos”.

“Izquierda Unida va a enmendar de arriba abajo este presupuesto en cuanto a la vivienda se refiere”, ha anunciado, apostando por “la construcción de vivienda pública”. Pero, además, este grupo va a presentar una enmienda a la totalidad; algo que también estudia el PSOE y que “muy posiblemente” presentará.

Así, el socialista Ricardo Velasco ha señalado cómo “todo el incremento presupuestario” en Vivienda “se basa en el incremento del Gobierno de España a las comunidades autónomas”. “La falta de suelo y de ordenación del territorio no se está afrontando. Si a eso le añadimos la falta de apoyo a las familias a la hora de acceder a la vivienda, creo que es un fracaso la política que está planteando el Gobierno de La Rioja”, ha clamado.

Vox también presentará una enmienda a la totalidad. El diputado Héctor Alacid ha considerado que hoy se han visto “muchos números y lo que ocurre es que los jóvenes siguen sin acceso a viviendas, ni alquiler ni en compra, y los pueblos cada vez están más sin servicios y sin una financiación como les debería corresponder”. Ha criticado cómo “presume” esta Consejería de “un aumento de un sesenta por ciento en el caso de la vivienda, pero corresponden unos 45 millones de los cuales veinte son para las 126 viviendas que ya se están haciendo, o sea, que no es una partida nueva”.

Frente a esto, el 'popular' Diego Bengoa ha resaltado que estos presupuestos “refuerzan el acceso a la vivienda, las buenas comunicaciones y los servicios públicos”. “Vemos cómo sube más de un sesenta por ciento para aumentar las posibilidades de vivienda para los jóvenes riojanos”, ha dicho. “En el tema de las comunicaciones vemos como no sólo aumenta la partida de infraestructuras, que son muy importantes, sino que hay una partida muy importante para refuerzos del firme”, ha resaltado.

El proyecto de ley de presupuestos de Extremadura para 2027 contempla un total de 9.254 millones de euros, las segundas cuentas elaboradas tras el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox. El documento incluye una reducción del 30% en el tipo de gravamen de la denominada ecotasa, el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medioambiente, como la central nuclear de Almaraz, lo que supone una merma en los ingresos de 28,1 millones de euros.

Con esta rebaja a las multinacionales eléctricas responsables de la central cacereña, PP y Vox cumplen con el pacto de gobierno, que incluye una reducción del 30% anual hasta su desaparición. No obstante, este compromiso podría interrumpirse si el Gobierno central rebaja algunos de los impuestos o tasas que estas empresas pagan al Estado, ha subrayado en varias ocasiones la portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Hacienda, Elena Manzano, durante la presentación del proyecto.

Asimismo, las cuentas de 2027 recogen una nueva deducción del 30% en la ecotasa como contrapartida a la ejecución de inversiones en materia medioambiental, hidrológica, energética o agroganadera. Según ha explicado Manzano, la medida busca incentivar el “arraigo” en la región de las tres compañías eléctricas titulares de la planta nuclear (Iberdrola, Endesa y Naturgy) cuando acometan este tipo de inversiones.

Medidas en IRPF, vivienda y otras deducciones

En el ámbito de la fiscalidad , las medidas anunciadas conllevan un impacto estimado de 48,3 millones de euros. El anteproyecto establece una rebaja en los dos primeros tramos del IRPF, que se sitúan en el 7,5% y en el 9,5% respectivamente. Asimismo, se reduce del 4% al 3,5 % el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para menores de 36 años, personas con discapacidad, familias numerosas y familias monoparentales.

En materia de vivienda, la deducción autonómica por arrendamiento de vivienda habitual se eleva del 30% al 40%, con un impacto previsto de 860.000 euros. Para los arrendadores de viviendas vacías, el límite máximo de deducción se incrementa de 1.200 a 1.800 euros (1,9 millones de euros de impacto), y se amplía el ámbito de la deducción del 15% por rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler (600.000 euros). La adquisición de vivienda habitual para colectivos protegidos contará con un tipo reducido del 3,5 % (1,25 millones).

Entre otras partidas fiscales, se contemplan deducciones para personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985 (3,2 millones de euros) y de 4.000 euros para enfermos de poliomielitis y sus familiares (1,9 millones), además de mantener la bonificación del 75 % en el canon de saneamiento y fijar bonificaciones en el carné joven, enseñanza de idiomas y centros de educación infantil.

Estructura de ingresos del presupuesto

Del total de 9.254 millones de euros, el 76,7% (7.100 millones) procede de recursos propios de la comunidad autónoma, lo que representa un aumento del 6,9% (461 millones más) respecto al ejercicio de 2026. Las transferencias del Estado aportan 583,7 millones de euros (un 19,2% más) y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) suma 602,3 millones.

Respecto a otros fondos europeos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) crece un 11,3% hasta los 363,8 millones y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) sube un 10,5% hasta los 330 millones. En cambio, se registran descensos en programas en fase de conclusión, como el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (-57,7%), el Programa Comunitario (-29,2%) y el Fondo Social Europeo Plus (-20,4%).

Por capítulos de ingresos, las transferencias corrientes representan el 38,4% del total (3.552 millones de euros), seguidas por los impuestos indirectos con un 18,4% (1.703 millones), los pasivos financieros con un 15,7% (1.451 millones) y los impuestos directos con un 15,2% (1.407 millones).

Vox gestionará el 14% del presupuesto

En cuanto al reparto por consejerías, las dos áreas dirigidas por Vox gestionarán un total de 1.313,16 millones de euros dentro del presupuesto global autonómico. Por un lado, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural dispondrá de 1.101,6 millones de euros, lo que representa el 11,9% del presupuesto total y supone un incremento de 21,2 millones —un 2 % más— respecto al ejercicio de 2026.

Entre sus partidas principales destacan 20 millones de euros para el regadío de Tierra de Barros, 15 millones para comunidades de regantes, 8 millones para la modernización de presas y 5 millones para obras de mejora. En el ámbito agroganadero, la asignación para vacunas y sanidad animal aumenta a 3 millones de euros —1,5 millones más—, los seguros agrarios contarán con 11 millones y se habilitan 4 millones para el fondo de compensación agraria, mientras que el área de medio natural y caza estará dotada con 4,5 millones.

Por otro lado, la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia gestionará 211,5 millones de euros, el 2,3 % del total de las cuentas, lo que supone un descenso del 3% —6,43 millones de euros menos— en comparación con el año anterior.

En su desglose interior se asignan 3,15 millones de euros para ayudas a la natalidad —con un aumento de un millón—, 2 millones para servicios de respiro familiar destinados a cuidadores —500.000 euros más—, 2,4 millones para el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi —711.000 euros más— y 200.000 euros para la atención psicológica a menores en medio abierto.

Asimismo, las partidas orientadas a la juventud suman 570.000 euros para proyectos juveniles, 193.000 euros para el impulso y protección de los jóvenes y 418.000 euros para el programa de verano del Instituto de la Juventud de Extremadura.

Las reacciones de los grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura no se han hecho esperar tras la presentación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027. Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han mostrado su rechazo frontal a las cuentas diseñadas por el Ejecutivo de coalición de PP y Vox, denunciando falta de respeto parlamentario, baja ejecución presupuestaria y una estrategia basada en la “propaganda”.

La portavoz del grupo socialista, Isabel Gil Rosiña, ha criticado duramente las formas empleadas por el Gobierno regional por anunciar las cuentas en un Consejo de Gobierno Extraordinario antes de darlas a conocer en el Parlamento. A su juicio, esta práctica supone un “desprecio, ningunear y faltar al respeto a la tarea parlamentaria y al Parlamento de todos los extremeños y extremeñas”.

Asimismo, la portavoz socialista ha puesto en duda el incremento real de las cifras y ha recordado que el aumento de los recursos autonómicos responde directamente al incremento de las entregas a cuenta procedentes del Gobierno central, que superan los 5.000 millones de euros, 350 millones más que en el ejercicio previo.

En el plano de la gestión, Gil Rosiña ha denunciado la baja ejecución de las partidas vigentes, advirtiendo de que en materia de ayudas a la vivienda apenas se ha ejecutado un 5% y en infraestructuras un 2%, lo que demuestra que el problema de la Junta no es cuánto dinero anuncia, sino su capacidad para transformarlo en respuestas reales.

Los socialistas han avanzado además que examinarán con rigor todas las partidas para comprobar si se materializa la intención del vicepresidente y consejero Óscar Fernández Calle de aplicar la denominada “prioridad nacional”.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado las cuentas como unos presupuestos “de recortes” que “regalan los impuestos a los más ricos”. La confluencia de izquierdas ha argumentado que el incremento nominal del presupuesto se sitúa por debajo de la tasa de inflación, fijada en el 5%, por lo que ha negado su carácter de crecimiento histórico.

De Miguel también ha ironizado sobre la fiabilidad de las cifras debido al escaso margen de ejecución real de los presupuestos anteriores, advirtiendo de que las cuentas presentadas corren el riesgo de convertirse en “papel mojado” y simple “propaganda” si no se garantiza una mejora efectiva en sanidad, educación y dependencia.

Las Haciendas forales de Álava, de Bizkaia y de Gipuzkoa aplicarán, de cara al ejercicio de 2027, una deflactación del 3% en el IRPF. Esta medida fiscal implica que las subidas salariales en un contexto de alta inflación, que no suponen más poder adquisitivo, no se vean penalizadas —o lo sean menos, porque el IPC es más alto, del 5%— al poder suponer un salto en los tramos de la declaración de la renta.

Es la sexta deflactación que se plantea desde que los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania. Hubo dos ya en 2022 (del 5,5% en total), una en 2023 (2%), otra en 2024 (2,5%) y la última fue anunciada el pasado año para 2026 (2%). 2025 fue el año de la reforma fiscal pactada por PNV y PSE-EE, al frente de las tres diputaciones, con Podemos. No se hizo pero sí se revisaron todas las tablas del IRPF. La cuarta Hacienda foral, la de Navarra, también estudia un ajuste similar.

Es “para ayudar a las familias, a los trabajadores y a los pensionistas”, ha señalado el diputado general de Álava, Ramiro González, que lo ha considerado una suerte de “congelación del IRPF”. “Si nos suben el sueldo, no vamos a pagar más impuestos. Es una medida pensada para proteger el bolsillo de las familias con la responsabilidad que nos concede el Concierto Económico”, ha añadido.

¿Qué impacto tendrá esta medida en la recaudación? Son 70 millones menos en Bizkaia, 48 en Gipuzkoa y 20 en Álava, 138 en total, según las estimaciones transmitidas. Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, sin embargo, ha admitido que el IPC en Gipuzkoa es del 4,3% y que la media de las subidas salariales es también igual, del 4,3%, casi un 50% más que el 3% planteado. González ha puntualizado que la cifra ha sido elegida por la “media” de las mejoras salariales “del país” y por el IPC subyacente, que sí ronda ese 3%.

Otro movimiento que generará una reducción de la recaudación es el conocido como “escudo social” del Estado, lanzado por la crisis en Oriente Medio. Afecta, por ejemplo, en la recaudación de hidrocarburos. O en aplazamientos. En Bizkaia la suma es de 413 millones, en Gipuzkoa son 122 y en Álava 40 sin contar los aplazamientos. El total, al menos, es de 575 millones de euros. Elixabete Etxanobe, diputada general vizcaína, ha manifestado que, aun con estas rebajas, la recaudación mejora porque la macroeconomía funciona.

Este jueves, en Vitoria, se ha reunido el Consejo Vasco de Finanzas, que lo tiene que hacer anualmente antes del 15 de octubre para fijar las previsiones de recaudación fiscal de 2027 y otorgar a las instituciones un techo de gasto de referencia para confeccionar sus presupuestos del siguiente ejercicio. Este foro sienta al Gobierno autonómico con las tres diputaciones y con Eudel, la asociación de municipios vascos.

En cifras, la previsión de cierre de la recaudación es de 21.365 millones, un 1,1% más que el presupuesto y un 5,1% por encima de la estimación inicial del año. Y de cara a 2027 la cifra orientativa para las cuentas pasa a 22.681 millones, un 7,3% más que el presupuesto y un 6,2% más que la recaudación de 2026. Con todo, a esto se le suman otros ingresos o la deuda que hacen imposible, de momento, tener cifras más precisas. Álava ya se ha atrevido a anunciar “el presupuesto más alto de la historia”. Pero en el caso del Gobierno vasco, el consejero Noël d'Anjou insiste en un crecimiento “razonable”, y ya matiza que solamente en las partidas “ordinarias”, dando a entender que la desaparición de la inyección extraordinaria de 1.000 millones del pasado podría comportar una reducción en la cifra final.

Para las diputaciones, será el último presupuesto de la legislatura. Elixabete Etxanobe, con mayoría absoluta, lo aprobará sí o sí, pero PNV y PSE-EE no tienen ese colchón en Gipuzkoa y en Álava. Mendoza ha admitido que la “lógica política” implica más dificultades antes de unas elecciones —y durante la campaña de otras— para lograr acuerdos con otros partidos, pero ha dicho que la suya ha sido una legislatura de romper “lógicas”, con acuerdos “con la izquierda y con la derecha”, desde una “centralidad integradora muy importante”. Y González también ha señalado que ha llegado a pactos con dos izquierdas, Podemos y EH Bildu, y con el PP, “con todos” salvo con Vox. “Sólo desde el cálculo político puede no aprobarse el proyecto. Está en sus manos. Pueden influir o pueden decidir no hacerlo”, le ha dicho a su oposición.

El Gobierno de la Junta de Extremadura de PP y Vox ha aprobado este jueves el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, unas cuentas que alcanzan la cifra récord de 9.254 millones de euros, con un incremento de 425 millones de euros respecto al ejercicio en curso.

La presentación pública del techo presupuestario no solo ha servido para desglosar un gasto social que acapara “casi” el 70% de las partidas regionales, sino también para dejar abiertas las puertas a una de las principales exigencias ideológicas de Vox: la aplicación del principio de “prioridad nacional” en la concesión de subvenciones y ayudas públicas autonómicas.

Preguntada expresamente durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno por las partidas en las que se incluiría la prioridad nacional prometida por la extrema derecha y su grado de concreción en las cuentas regionales, la portavoz del Ejecutivo y consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha optado por eludir la polémica. Manzano ha explicado que el proyecto de ley consigna partidas globales orientadas a reforzar la sanidad, la educación y los servicios públicos esenciales, pero ha dejado la fijación de los criterios específicos de acceso en manos de las órdenes y convocatorias posteriores que elaboren los consejeros al ejecutar sus respectivos presupuestos.

La portavoz de la Junta ha indicado que las cuentas públicas incorporan proyectos de gasto en diversos ámbitos que se desarrollarán con las convocatorias pertinentes aprobadas por cada departamento. Según la consejera, los presupuestos “recogen las demandas” de la ciudadanía extremeña y priorizan los servicios públicos fundamentales, si bien ha precisado que serán esas ordenanzas y bases reguladoras posteriores las que se traducirán en el guión que utilizará cada uno de los consejeros a la hora de ejecutar las partidas asignadas a sus carteras. Con esta respuesta, la administración autonómica cede margen de maniobra a los departamentos gestionados por Vox para fijar las cláusulas y condiciones con las que regular las ayudas y subvenciones públicas.

La controversia en torno a los criterios de concesión de fondos coincide con la luz verde al mayor volumen de gasto de la historia autonómica. El proyecto presentado por la administración regional contempla un crecimiento estimado del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,8% y fija el objetivo de déficit en el 0,1%, unas previsiones macroeconómicas avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El aumento de 425 millones respecto al ejercicio vigente responde a una subida neta de 400 millones sobre el presupuesto inicial anterior, que se situaba en 8.854 millones de euros, junto a la reincorporación de 25 millones de euros que se destinaban previamente al consorcio de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex).

Para el próximo ejercicio, la norma presupuestaria introduce una rebaja de tipos en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF, que pasan a situarse en el 7,5% y el 9,5%. De forma paralela, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados disminuye del 4% al 3,5% para los contribuyentes menores de 36 años, personas con discapacidad y familias numerosas o monoparentales.

El proyecto fiscal completa sus novedades con la articulación de deducciones destinadas a personas afectadas por la talidomida y una nueva deducción autonómica de 4.000 euros para enfermos de polio.

El 40% para Salud y Dependencia

En el desglose por áreas de gasto, las políticas sociales representan 6.242 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 6%. La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia vuelve a ser el pilar central al concentrar más de 3.540 millones de euros, casi el 40% del presupuesto global de la comunidad. Estos fondos se destinarán a la construcción de nuevos paritorios en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, la incorporación de nuevas vacunas, el aumento de contrataciones de profesionales sanitarios y el refuerzo de los servicios de atención al envejecimiento, la discapacidad y la salud mental. Dentro de este bloque social, el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) alcanzará los 63,45 millones de euros, tras recibir una inyección adicional de 5,2 millones respecto al año anterior.

Por su parte, la Consejería de Educación dispondrá de 1.732 millones de euros orientados a la financiación del transporte escolar, comedores públicos, obras en infraestructuras educativas, Formación Profesional y la Universidad de Extremadura. Asimismo, el departamento de Infraestructuras, Transporte y Vivienda experimenta el tercer mayor incremento en términos absolutos al sumar 32,4 millones de euros adicionales respecto al curso pasado.

En el ámbito económico y tributario, las cuentas asignan casi 2.000 millones de euros, lo que equivale al 21,3% del total regional. La titular de Hacienda ha encuadrado estas asignaciones en la estrategia continuada del Gabinete autonómico para rebajar la presión fiscal. Según los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aportados por la consejera, las deducciones en vigor han supuesto la devolución de 128 millones de euros a los contribuyentes extremeños mientras que la recaudación autonómica se ha elevado en 525 millones respecto a 2023.

La Junta de Extremadura destinará un total de 56,8 millones de euros a la ciudad de Mérida en el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2027. La cifra supone un incremento de 12 millones de euros respecto a las cuentas del presente año y contempla, por primera vez en más de una década, la subida de la asignación fija del Estatuto de Capitalidad hasta los 2,5 millones de euros.

El desglose de los datos ha sido presentado por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Interior, Coordinación de la Acción de Gobierno y Emergencias, Abel Bautista, tras la reunión del Consejo de Capitalidad mantenida con la corporación municipal. Bautista ha remarcado la singularidad de la ciudad como sede de las instituciones regionales para justificar esta inyección económica, que prioriza las actuaciones en sanidad, rehabilitación energética de viviendas, empleo e infraestructuras estratégicas.

El área sanitaria aglutinará la partida más abultada con 11,5 millones de euros dirigidos a la rehabilitación de la fachada del Hospital de Mérida, la adquisición de equipamiento clínico y mejoras de eficiencia energética, además de intervenciones de reforma en los cuatro centros de salud de la ciudad. En materia de vivienda, la administración autonómica consignará tres millones de euros para la rehabilitación energética de 336 viviendas públicas en la calle Juan Canet, junto a partidas complementarias para actuaciones en barrios y la cobertura del bono social térmico.

Asimismo, las cuentas recogen siete millones de euros para políticas de empleo y formación, 1,7 millones para edificar la nueva sede del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura en el entorno universitario y 2,8 millones para la Escuela de Hostelería. En el ámbito cultural y deportivo destacan los 1,5 millones para el Festival de Teatro Clásico, 810.000 euros para el Archivo General y una aportación de 400.000 euros para la organización del Mundial de Motocross MXGP.

Reivindicaciones históricas de Mérida

Pese a valorar la buena sintonía y la disposición del Gobierno autonómico a analizar compromisos a partir de 2028, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha aprovechado el encuentro para situar sobre la mesa varias reivindicaciones históricas del Consistorio. La principal exige a la Junta el pago de una deuda histórica estimada en 42 millones de euros, correspondiente a los ejercicios en los que la asignación del Estatuto de Capitalidad no fue actualizada.

Rodríguez Osuna ha reclamado igualmente el respaldo financiero de la Junta para acometer la ampliación en 75 hectáreas del Polígono Industrial El Prado, proyectada en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana para atraer tejido empresarial y generar empleo. Entre las peticiones al Ejecutivo autonómico figura además la incorporación del consistorio al proyecto del Museo Nacional de Arte Visigodo en cofinanciación con el Ministerio de Cultura.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha afirmado que 2027 será el año en el que el Parque Científico y Tecnológico de La Rioja, situado en el antiguo recinto ferial de Albelda, y conocido como 'Tech Rioja', “avance de la planificación a la ejecución”. A ello, ha unido que se impulsará el 'Plan de Polígonos Industriales' que se extiende hasta el año 2031.

León ha comparecido en el Parlamento, acompañada de su equipo, para presentar el proyecto de Presupuestos de su departamento para 2027. Unas cuentas que para su departamento se sitúan en 110,05 millones de euros, un 26,7 por ciento más que el año pasado.

Sobre 'Tech Rioja', que contará con 4,6 millones de euros, ha recordado que es un proyecto “de más de medio y largo plazo” que alcance incluso “dos o tres” legislaturas, dado que el parque “reunirá empresas, emprendimiento tecnológico, centros de conocimiento, formación y transferencia de tecnología”, con lo que ha afirmado que “es mucho más que un solo edificio”.

De hecho, en 2027 “está previsto avanzar en la contratación de instalaciones, suministros y servicios necesarios para la construcción, así como en la reforma de espacios y adquisición de equipamiento”. El parque “debe incorporar espacios de emprendimiento y crecimiento empresarial, servicios tecnológicos, formación especializada y transferencia de conocimiento”.

Por otra parte, León ha apuntado que “una de las grandes actuaciones clave de nuestra política industrial para este ejercicio” es el plan de polígonos industriales que “lo vamos a desplegar a lo largo de los próximos años -hasta 2031- con una planificación que nos permitirá actuar de forma progresiva en la mejora y modernización de los polígonos de toda la región”.

Ha recordado que el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ya anunció en el debate de la región un compromiso de 30 millones para el periodo 2027-2031 y este compromiso “ya tiene su primera concreción presupuestaria en ese ejercicio, debido a que recogen 22,73 millones de euros”.

Las cuentas de la Consejería, ha indicado León buscan “crear las condiciones para que La Rioja siga siendo una tierra atractiva para invertir, para emprender, para innovar y para trabajar” e identifican grandes apuestas económicas destinadas al fomento de la inversión empresarial (57,49 millones) y la sexta convocatoria del Plan de Consolidación del Trabajo Autónomo (1,9 millones), que se complementan con una política energética alineada con las demandas del tejido productivo, con 3,2 millones de euros para eficiencia energética y cambio climático.

Asimismo, 21,8 millones impulsarán la investigación y desarrollo, y 7,1 millones, la innovación, “con el objetivo de acercar el conocimiento a las empresas, fortalecer nuestros centros tecnológicos, impulsar nuevas capacidades vinculadas a las tecnologías digitales y cuánticas y seguir formando a los profesionales que demandará la economía del futuro”.

A ello se suma el desarrollo del Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento 2026-2028. Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR) seguirá llevando a cabo una labor activa de captación de proyectos empresariales que generen actividad económica y empleo en La Rioja a través de Invest in La Rioja, en continuidad con la capacidad financiera con la que el Gobierno ha querido dotar a la entidad durante la legislatura.

El presupuesto de la Consejería, ha expresado su titular presta una atención especial a autónomos, emprendedores, comercio y pequeñas empresas, con la sexta convocatoria del Plan de Consolidación del Trabajo Autónomo, el impulso de las actuaciones de apoyo al emprendimiento y el acompañamiento al comercio en los procesos de adaptación y modernización que exige el actual contexto económico.

“Y todo ello sin olvidar las políticas de trabajo y salud laboral, el diálogo social y la economía social, porque una economía más competitiva también exige empleo de calidad, entornos laborales seguros y estabilidad en las relaciones entre empresas y trabajadores”, ha indicado León.

La sección presupuestaria de la Consejería alcanza los 75,5 millones de euros en 2027, casi 4 millones más que este año 2026. De ellos, 52,4 millones son transferencias nominativas a la ADER (3 millones más que en 2026). Por su parte, la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización contará con 14,8 millones, y la de Trabajo y Salud Laboral con 5,4 millones.

La ADER dispondrá de 84,9 millones de euros, 12,6 millones más que en 2026, un 17,4 % más. Sumadas la sección presupuestaria de la Consejería (75,5 millones), los 2 millones de la sección de Hacienda destinados a TECHRIOJA y la ADER (84,9 millones), y descontadas las transferencias entre ellas (52,4 millones), el presupuesto agregado asciende a 110.053.178 euros.

Reactivación de polígonos industriales

En el marco de la política industrial, una de las actuaciones más destacadas es el Plan 2027-2031 para la reactivación e impulso de polígonos e infraestructuras industriales. Ese compromiso se concreta ya en 2027: los Presupuestos recogen 22,73 millones vinculados al Plan, a los que se suma 1 millón de la Dirección General de Empresa para el suministro de gas natural a Alfaro y Calahorra.

Detrás de esta planificación hay recursos concretos: la ADER incorpora 20 millones de euros en su capítulo de inversiones, junto a 2.735.000 euros en partidas nominativas para Logroño (1,5 millones), Arnedo (1 millón), Haro (100.000 euros), Rincón de Soto (100.000 euros) y Lardero (35.000 euros).

En el capítulo de inversiones, se recogen la ampliación del polígono de San Lázaro (17,5 millones) y la gasificación del polígono de La Maja (2,5 millones).

Además de la dotación de 23,73 millones, la ADER dispondrá de otros 3,7 millones para ayudas a ayuntamientos de la región y entidades de conservación que identifiquen necesidades de mejora en sus espacios industriales, así como una línea de adquisición de suelo en polígono industrial para empresas.

Por otra parte, ha señalado que la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización contará en 2027 con un presupuesto de 14,8 millones de euros. Entre las principales actuaciones destacan el impulso de TECHRIOJA; el desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento 2026-2028, y del Plan de Internacionalización 2026-2027; el apoyo a centros tecnológicos y clústeres regionales, las actuaciones de internacionalización empresarial y las nuevas iniciativas vinculadas a la atracción de talento, la transferencia de conocimiento y las tecnologías digitales y cuánticas.

Entre las becas -un total de 36 entre predoctorales, posdoctorales y doctorales-, las cátedras y la dotación global del ThinkTIC, la Dirección General destinará al impulso del talento 1,5 millones.

Trabajo y salud laboral

La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral contará con 5,4 millones. La prioridad seguirá siendo la prevención mediante formación, información, mejores condiciones y equipos, y trabajo conjunto con empresas y trabajadores. En 2027, continuará desplegando la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, y mantiene la cátedra de la Universidad de La Rioja y la cualificación en prevención con la Fundación Laboral de la Construcción.

Sigue apostando por el diálogo social: 600.000 euros para la participación institucional con UGT, CCOO y la FER, y casi 500.000 euros para el Tribunal Laboral, que sostiene la conciliación, la mediación y el arbitraje. Y continúa apostando por la economía social, con una cátedra y actuaciones de promoción a través de REAS. Como novedad, una partida de 25.000 euros permitirá desarrollar acciones de cultura preventiva en centros educativos riojanos, acercando la seguridad laboral a niños y jóvenes.

El consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que las inversiones en las áreas de su departamento para 2027 buscan “multiplicar las oportunidades de La Rioja”. “Una iniciativa cultural puede generar oportunidades para nuestros jóvenes y atraer visitantes a nuestros municipios, del mismo modo que una actividad deportiva puede contribuir a la promoción turística de nuestra tierra”, ha puesto en valor.

Pérez Pastor ha apuntado que “esta visión transversal nos permite aprovechar mejor los recursos públicos y ampliar el alcance de todas las inversiones, como hemos demostrado a lo largo de esta legislatura”. “Todo ello basado en dos convicciones fundamentales como son la escucha continua de los distintos sectores y la defensa a ultranza de los intereses de La Rioja en todos los foros en los que tengamos la oportunidad de participar”.

Ha sido en la comparecencia del consejero, acompañado de su equipo, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja para detallar las cuentas de su departamento para el ejercicio 2027. Para ello cuenta con unas cuentas de 70,71 millones -incluido el capítulo de personal-, un 13,3 por ciento más que el año anterior.

Una cantidad que permite “afrontar nuevos proyectos y dar respuesta a las necesidades previstas el año que viene” en lo que supone una “apuesta sólida” por las diferentes áreas que engloba su departamento. Cultura mantendrá “la promoción y difusión de la cultura, del patrimonio histórico, del archivo, de la biblioteca, del museo y aparte de la incardinación orgánica del Instituto de Estudios Riojanos y de la Subdirección General de Cooperación y Acción Exterior.

Para ello se contará con 25,82 millones, lo que supone un subida de 2,2 millones, que permitirá continuar con los ciclos 'Teatrea, 'Aires de Domingo' o 'Cine Oro', entre otros. Además, se apuesta por “ofrecer estabilidad y seguridad al sector cultural, facilitar la programación y planificación de sus proyectos y sostener una actividad cultural que llegue al conjunto del territorio riojano, a través de las ayudas y subvenciones, dotado con 2,6 millones de euros, incluidas las becas de promoción artística”.

En el ámbito de las infraestructuras culturales, el proyecto de la Casa Teatro de Badarán cuenta con una financiación global superior a 1,2 millones de euros. Además, se destinan 400.000 euros a la reforma de un espacio cultural en Rincón de Soto, promovido por la Asociación San Miguel.

La conservación del patrimonio incluye una actuación prioritaria en el recinto amurallado de San Vicente de la Sonsierra, donde se prevén 1,26 millones de euros en 2027, que se suman a los 641.000 euros de 2026 para intervenir tras el derrumbe registrado en mayo. Se mantienen también las aportaciones para la restauración de iglesias y ermitas, con 775.000 euros para el convenio con la Diócesis y 1,73 millones para la denominada orden de ermitas. Otros 780.000 euros se destinan a convenios específicos de restauración, investigación y conservación.

30º aniversario Patrimonio de la Humanidad de los monasterios de San Millán

La aportación a la Fundación San Millán de la Cogolla alcanza los 761.950 euros, 100.000 más que en el ejercicio anterior. Estos recursos contribuirán a preparar el programa extraordinario con motivo del 30.º aniversario de la declaración de los monasterios de Suso y Yuso como Patrimonio Mundial por la UNESCO, que se conmemora en 2027.

El presupuesto contempla, además, 30.000 euros para una tercera campaña de excavación en la villa romana de La Morlaca, en Villamediana de Iregua, y un nuevo convenio de 20.000 euros con el Ayuntamiento de Igea para actuaciones vinculadas a la paleontología. Además, mantiene actuaciones en el Museo de La Rioja y en la Casa Encantada de Briones, con trabajos relacionados con las instalaciones, la conservación de las colecciones y la mejora de los espacios.

También prevé avanzar en la ampliación del Museo del Torreón de Haro, cuya fase final de obras está prevista para comenzar en 2027. La inversión global del proyecto se aproxima a los 1,5 millones de euros. En las bibliotecas, se destinan 160.000 euros a la adquisición de fondos para la Biblioteca de La Rioja y 125.000 euros para la Red de Bibliotecas. El programa Biblioteca Nómada, desarrollado con la Fundación Caja Rioja, se extiende a 16 municipios que disfrutan de este exitoso servicio cultural en la región. La comunidad acogerá asimismo en 2027 el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, junto al Ministerio de Cultura.

El Instituto de Estudios Riojanos contará con un presupuesto de 1,47 millones de euros. Entre sus actuaciones figuran el apoyo directo a investigadores, las ayudas a estudios científicos y la recuperación de la beca de Cultura Popular, dotada con 16.000 euros.

El año incluirá también actividades vinculadas al Año Jacobeo y al centenario de la Generación del 27, con especial atención a las mujeres conocidas como Las Sinsombrero. En conjunto, la Consejería prevé 18 becas de formación en promoción artística, museos, archivos, bibliotecas, conservación del patrimonio, paleontología y cultura popular, por un importe de 247.050 euros.

Presupuestos de Turismo y Deporte

La Dirección General de Turismo dispondrá de 18,96 millones de euros, un 10,9 % más que en 2026. El programa de Promoción Turística aumenta un 12,92 %, hasta los 16,28 millones, con actuaciones orientadas a mejorar la promoción y comercialización del destino y a reforzar su presencia en mercados conectados por vía aérea.

De esa cantidad, cerca de 11,97 millones se canalizarán a través de La Rioja 360 Grados Avanza, de los que más de cuatro millones se destinarán a acciones promocionales vinculadas a los mercados con conexión aérea. El presupuesto incluye también ayudas a municipios, empresas y asociaciones para actividades y recursos turísticos, así como 2,68 millones para infraestructuras, principalmente vinculadas a Valdezcaray y al Club Náutico de El Rasillo.

La Dirección General de Deporte contará con un presupuesto de 14,94 millones de euros, un 46 % más que en 2026. Como principal novedad figura la incorporación de 4,5 millones para la primera fase del II Plan de Infraestructuras Deportivas, destinada a impulsar nuevas actuaciones y mejorar las instalaciones para la práctica deportiva, que llegará a municipios como Villamediana de Iregua, Alfaro o Santo Domingo de la Calzada, entre otros.

Las cuentas afianzan el apoyo a los clubes, las federaciones y el deporte en edad escolar, con un incremento del 10 % en las ayudas a las federaciones y del 5 % para los clubes de ligas regulares. También contemplan recursos para el mantenimiento y equipamiento de instalaciones municipales y para centros de tecnificación y alto rendimiento.

El presupuesto del Instituto Riojano de la Juventud mantiene los programas de formación no formal, emancipación, arte joven y apoyo psicológico, además de ampliar los recursos para actividades de ocio y movilidad juvenil. La dotación para campamentos y programas de voluntariado alcanzará los 950.000 euros, 350.000 más que en el ejercicio anterior, con el objetivo de aumentar las plazas disponibles. Las ayudas para obtener el carné de conducir crecerán en 20.000 euros, hasta los 400.000, como apoyo a la movilidad y al acceso al empleo.

La convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo mantiene una aportación de 2,95 millones de euros del Gobierno de La Rioja, que alcanza los 3,13 millones con las contribuciones locales. Las cuentas reservan también fondos para responder a emergencias humanitarias, apoyar iniciativas de sensibilización y colaborar con organizaciones y entidades especializadas.

A pesar de que los países frugales, amigos de recortar el presupuesto y de evitar la deuda pública para financiarse, salieron inmediatamente el pasado sábado a lanzar sus críticas contra la propuesta irlandesa de negociación del Presupuesto plurianual europeo, correspondiente a 2028-2034, los países del Sur y del Este se dieron más tiempo y guardaron un sorpresivo silencio que se rompió con una cena de sus dirigentes este pasado lunes. Los amigos de la Cohesión, el grupo de hasta 16 países de la UE encabezado por España, Italia, Grecia o Portugal, “lamentaron” el recorte del 8%, unos 140.000 millones, de la propuesta irlandesa para las cuentas públicas europeas de los próximos siete años.

Irlanda, como presidencia rotatoria de la Unión Europea, presentó este sábado las bases para negociar el próximo presupuesto plurianual europeo para el periodo 2028-2034 con un importe de 1,6 billones de euros, lo que supone un recorte del 8%, y tira por tierra la iniciativa de la Comisión Europea, respaldada por países como España o Italia, de elevar la cuantía presupuestaria a 1,76 billones para afrontar los nuevos retos de competitividad y defensa sin rebajar las partidas de la Política Agraria Común y los fondos de Cohesión.

El secretario de Estado para la Unión Europea de España, Fernando Sampedro, se encuentra este martes en Luxemburgo para participar en la reunión de ministros del ramo para preparar la cumbre de líderes de los 27 que se celebra los días 15 y 16 de octubre. Sampedro ha señalado que “los recortes propuestos no son ni deseables ni aceptables para afrontar el nivel de ambición que Europa necesita para los próximos años”.

Los amigos de la Cohesión aseguran, en un comunicado, que con estos recortes se “corre el riesgo de socavar la capacidad de la Unión para cumplir sus prioridades y preservar su credibilidad”. Además, añaden que “no es momento de que Europa reduzca su nivel de ambición”. El próximo presupuesto europeo “debe permitir a la Unión responder a desafíos crecientes, entre ellos seguridad y defensa, competitividad, conectividad, seguridad energética y resiliencia”, ahora bien este esfuerzo “no debe hacerse a costa de las políticas consagradas en los Tratados”, es decir, la Política Agraria Común y los Fondos de Cohesión, dedicados a reducir las desigualdades económicas dentro de la UE.

Para tratar de contentar a todos, la propuesta irlandesa propone un recorte de 140.000 millones de euros, en el que apenas se reducen las partidas de agricultura y cohesión para contentar a los países del Sur. Sin embargo, no parece gustar a ninguna de las dos partes y vislumbra una difícil negociación entre los líderes de los 27, que se reúnen este jueves y viernes en una cumbre en Bruselas. De hecho, el mismo sábado, países frugales como Alemania, Países o Suecia ya salieron a decir que “el documento de negociación del nuevo marco financiero plurianual es inaceptable. El volumen global del presupuesto debe reducirse considerablemente” e incluso el canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó que “el importe de la nueva propuesta no constituye una base para llegar a un acuerdo”. 

Sampedro ha recordado que los países que forman el grupo de los amigos de la Cohesión suponen “el 58% de las contribuciones nacionales al presupuesto europeo” y ha apuntado que ningún otro país “ha pedido una ambición al nivel del 2% de la renta interior bruta de la Unión Europea para ser capaces de abordar los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea tanto en materia de seguridad y defensa como de competitividad como de transición ecológica digital y social y también defender la política de cohesión, la política agrícola y de pesca y los intereses de las regiones ultraperiféricas y de las regiones de España y de la Unión Europea”.

Además, los países amigos de la Cohesión destacaron la necesidad de debatir “nuevos recursos propios genuinos, justos, simples y no regresivos”, así como de explorar posibles opciones para crear margen fiscal adicional, entre ellas un reembolso más gradual de NextGenerationEU así como instrumentos europeos de deuda limitados y específicos, en forma de préstamos“.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, propuso redefinir el calendario de devolución de la deuda de los fondos Next Gen de manera que se podría contar con 11.000 millones anuales adicionales o 70.000 millones para el conjunto del periodo presupuestario, entre 2028 y 2034, que se podrían dedicar a “inversiones estratégicas”. 

Francia avisa de su veto si no hay nuevos impuestos

Francia, que tiene una posición intermedia, participó en la cena de los países amigos de la Cohesión. El Gobierno de Emmanuel Macron, totalmente contrario a que se rebajen las partidas de la Política Agraria Común, está peleando para que añadan una serie de impuestos a los gigantes digitales estadounidenses, a las apuestas y el juego en internet y a las empresas de criptomonedas, que Irlanda, sede de las principales compañías digitales de EEUU, dejó sospechosamente fuera de la propuesta de negociación presupuestaria.

El ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, ya ha mandado este martes un aviso para que todo quede claro: “Un punto clave para Francia es que no habrá unanimidad, no habrá acuerdo para este Presupuesto sin adoptar un nuevo paquete de recursos propios, es lo único que nos permite resolver esta ecuación financiera”.

Los frugales como Alemania o Países Bajos empiezan ganando el pulso por el próximo presupuesto europeo. Irlanda como presidencia rotatoria de la Unión Europea ha presentado este sábado las bases para negociar el próximo presupuesto plurianual europeo para el periodo 2028-2034. Su propuesta parte de un importe de 1,6 billones de euros, lo que supone un recorte del 8%, 140.000 millones, y tirar por tierra la iniciativa de la Comisión Europea, respaldada por países como España o Italia, de elevar la cuantía a 1,76 billones para afrontar los nuevos retos de competitividad y defensa sin rebajar las partidas de la Política Agraria Común y los fondos de Cohesión.

La próxima semana los líderes de los 27 países de la UE se reúnen para iniciar unas negociaciones que se antojan muy difíciles para cerrar un acuerdo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lanzó el pasado martes un claro aviso a los países frugales, que abogan por un fuerte recorte del próximo presupuesto europeo, entre los que se encuentra Alemania o Países Bajos. En el Parlamento Europeo, Von der Leyen advirtió “contra los grandes recortes”, ya que “se corre el riesgo de recortar de forma drástica prioridades fundamentales que todos hemos acordado conjuntamente”.

El ministro irlandés para Asuntos Europeos y Defensa, Thomas Byrne, presentó la propuesta de negociación asegurando que “equivale al 1,16% de la renta nacional bruta de la UE. Esta revisión supone un aumento significativo de más del 30% respecto al volumen del actual marco financiero plurianual (como se conoce el presupuesto europeo), que alcanza aproximadamente el 47% si se tiene en cuenta la inflación. Quiero subrayar que prácticamente todos los programas presupuestarios experimentan un aumento en nuestra propuesta de negociación”.

La propuesta irlandesa trata de encontrar el equilibrio con un recorte menor para las partidas de cohesión y agricultura, que defienden el grupo de países conocidos como Amigos de la Cohesión, donde se encuentran 16 países como España, Grecia, Portugal o Italia.

Agricultura y Cohesión

De esta manera, las nuevas cuentas públicas europeas establecen un grupo donde ha metido Cohesión económica, social y territorial, agricultura, prosperidad rural y marítima y seguridad con 914.179 millones de euros. Esta propuesta supone un aumento del 11% respecto al presupuesto anterior, pero reduce en un 3% la propuesta de la Comisión Europea.

El nuevo Fondo Europeo para la Cohesión, Agricultura, Pesca y Seguridad, en el que están las políticas tradicionales y territoriales, aplicadas mediante Planes Nacionales y Regionales se lleva 746.734 millones. También se asegura importes mínimos para el apoyo a la renta agrícola de la Política Agraria Común con 261.013 millones; pesca, con 3.549 millones y otro de migración, fronteras y seguridad interna, con 30.608 millones.

Byrne ha insistido en su presentación en que las partidas dedicadas a competitividad y defensa cuenta con una dotación presupuestaria de 456.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 106% respecto al actual presupuesto y un recorte del 13% frente a la propuesta de la Comisión. Así la propuesta asignaría 362.000 millones al Fondo Europeo de Competitividad, incluido el programa de investigación Horizonte Europa, frente a los 409.000 millones planteados por la Comisión.

“Estoy convencido de que esta revisión del volumen global del presupuesto y el reequilibrio de las prioridades permitirán responder a las preferencias de los Estados miembros y abrirán la puerta a la siguiente fase de las negociaciones”, ha recalcado el ministro irlandés. Sin embargo, los países frugales se han mostrado inflexibles y han exigido un presupuesto europeo con mucho más recortes y que se dedicaran las principales partidas a innovación y defensa.

Los defensores de la austeridad ya se oponen

Tanto es así que la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, lanzó un mensaje en X al momento señalando que “el documento de negociación del nuevo marco financiero plurianual es inaceptable. El volumen global del presupuesto debe reducirse considerablemente”. Posteriormente, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha subrayado que “todavía estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo. El importe de la nueva propuesta no constituye una base para llegar a un acuerdo. El presupuesto de la UE debe ser asumible para los países que soportan la mayor parte de su financiación. Todos debemos contribuir a los ajustes necesarios, porque establecer prioridades y modernizar el gasto del presupuesto de la UE es una tarea que nos incumbe a todos”.

Otra partida es Europa Global, que tiene una dotación de 157.000 millones de euros y se reduciría en casi 38.000 millones de euros. Si lo comparamos con el presupuesto vigente tiene un incremento del 31% pero sufre una rebaja del 17% respecto a la propuesta de la Comisión.

La rúbrica 4, dedicada a la administración, cuenta con una dotación de 95.000 millones de euros. Esto supone un aumento del 12% respecto al actual presupuesto y un recorte del 8,8% frente a la propuesta de la Comisión.

Byrne ha insistido en que “es un presupuesto moderno y flexible que invierte de forma muy importante en las nuevas prioridades, destinadas a reforzar la economía europea y generar prosperidad y empleo, pero también protegemos las políticas consagradas porque si tus hijos son agricultores o viven en las regiones más pobres de la Unión Europea, quieren ver protegidas esas políticas. Hemos tenido en cuenta las realidades fiscales a las que se enfrentan todos los Estados miembros”.

Sin embargo, los principales ponentes del Parlamento Europeo sobre el próximo presupuesto europeo, del Partido Popular Europeo y Socialdemócrata, Siegfried Mureșan (PPE, Rumanía) y Carla Tavares (S&D, Portugal) respectivamente, rechazaron el proyecto: “La propuesta de la presidencia irlandesa no puede servir de punto de partida para un acuerdo. Un recorte del 8% respecto a la propuesta de la Comisión, que ya se limita a mantener el presupuesto en el nivel del periodo actual, debilitaría nuestra capacidad de actuación precisamente cuando se pide a Europa que haga más en materia de competitividad, defensa y seguridad. Europa tendría menos capacidad para proteger a sus ciudadanos y competir económicamente con las principales potencias mundiales. También supondría una financiación insuficiente de la agricultura y una reducción del apoyo a nuestras regiones”.

Impuestos y el papel de Irlanda

Donde no aparecen novedades diferentes a las propuestas por la Comisión es en el punto de nuevos ingresos, donde varios países habían propuesto nuevas tasas, especialmente en el ámbito digital para frenar más recortes presupuestarios.

La propuesta irlandesa recoge las nuevas vías de ingreso que propuso el Ejecutivo europeo: la conocida como Contribución de grandes empresas (Corporate Resource), donde las grandes compañías aportarían una cuota anual fija según la facturación, el Impuesto al tabaco, con una contribución nacional del 15% sobre el importe de los productos comercializados; una tasa de dos euros por kilogramo sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no recogidos; la transferencia al presupuesto europeo del 30% de los ingresos generados por el sistema del comercio de derechos de emisión y la transferencia del 90% de los ingresos derivados del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM).

Ahora bien, no hay nada sobre la propuesta que se aprobó en el Parlamento Europeo sobre nuevos gravámenes a las grandes empresas digitales, que son la mayoría de Estados Unidos o China, al juego y las apuestas por internet y a las empresas de criptomonedas. Aunque la presidencia rotatoria de la UE obliga a cierta neutralidad, a nadie se le escapa que en Irlanda tienen la sede muchas de las empresas tecnológicas que se verían afectadas por estos nuevos impuestos.

El ministro irlandés ha defendido su no inclusión en su propuesta porque “se fijaron tres criterios para los nuevos recursos propios: primero, que cuenten con el respaldo unánime de los Estados miembros; segundo, que permitan recaudar cantidades sustanciales; y tercero, que puedan estar listos para el 1 de enero de 2028. No teníamos claro que cumplieran los requisitos ni en cuanto a la recaudación ni en cuanto a su posible entrada en funcionamiento el 1 de enero de 2028. Sin embargo, el documento de negociación establece expresamente que las conversaciones sobre los nuevos recursos propios pueden continuar, incluidos aquellos que no figuran de manera específica en el propio documento”.

Unidas por Extremadura llevará ante el Tribunal Constitucional el bloqueo parlamentario de la proposición de ley para crear la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción. La portavoz del grupo, Irene de Miguel, ha anunciado este viernes la presentación de un recurso de amparo ante el órgano garante de la Constitución tras confirmarse que la Mesa de la Asamblea de Extremadura ha vetado “de nuevo” la tramitación de esta iniciativa legislativa.

Para justificar el rechazo, la Mesa del Parlamento, donde PP y Vox ostentan la mayoría, ha argumentado que la norma genera un impacto directo en las cuentas públicas. Una justificación que De Miguel ha tildado de “excusa peregrina”, recordando que el texto preveía explícitamente en su disposición final que la entrada en vigor no se produciría hasta el siguiente ejercicio presupuestario.

“Nos parece muy grave. Vetar de esta manera hace que sea imposible presentar ningún tipo de ley en la Asamblea”, ha criticado la portavoz, quien ha alertado de que este criterio “cierra” la Cámara a la iniciativa legislativa de la oposición y supone una vía para “cercenar el trabajo parlamentario y acabar con la pluralidad política”.

De Miguel ha recordado que organismos de supervisión similares ya funcionan en otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Navarra o la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha censurado la incoherencia de PP y Vox en el discurso público sobre la regeneración democrática: “Se les llena la boca hablando de la corrupción del Partido Socialista, pero cuando les pones encima de la mesa una herramienta real para luchar contra ella en la administración pública, vetan la ley e impiden el debate”.

Ante lo que considera una vulneración del derecho fundamental de los diputados a ejercer la iniciativa legislativa, la formación registrará el recurso de amparo ante el TC para frenar lo que define como “autoritarismo” y una “forma patrimonial” de entender las instituciones por parte del Ejecutivo autonómico.