Solo las 56 enmiendas parciales de PP y PRC al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2026 y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como Ley de Acompañamiento, han recibido el visto bueno de la Comisión de Economía del Parlamento para su incorporación, mientras que todas las de PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han decaído.

En virtud del acuerdo presupuestario entre populares y regionalistas para sacar adelante las cuentas del Gobierno del PP en minoría, estos grupos han apoyado mutuamente sus iniciativas pero no las del resto, impidiendo que salieran adelante.

De este modo, en dos sesiones celebradas este martes y miércoles, la Comisión ha dado luz verde a un total de 55 enmiendas a los Presupuestos y una a la Ley de Acompañamiento, de un total de 429 presentadas a ambos proyectos legislativos.

En concreto, respecto a los PGC han salido adelante 24 enmiendas del PP, 28 del PRC -una transaccionada con los 'populares'- y tres conjuntas entre ambos. Así, solo han logrado superar el trámite estas 55 de todas las que presentaron los grupos.

En cuanto a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, se ha aprobado solo una de un total de 31, que es la presentada por el PRC para llevar un control parlamentario anual del convenio singular suscrito por el Gobierno de Cantabria con el Hospital Santa Clotilde de Santander.

Así, no se ha aprobado ninguna del PSOE, que planteó 233 (225 al Presupuesto y 8 a la Ley de Acompañamiento); ni de Vox, que impulsó otras 110 (99 y 11, respectivamente) y tampoco del diputado no adscrito, que registró 30 (19 y 11).

Respecto a las enmiendas de los socialistas, el PRC se ha abstenido explicando que comparte el “espíritu” y considera “razonables” muchas de ellas, pero cree que en algunos casos carecen de la dotación económica suficiente para llevar a cabo las actuaciones que plantean o que “irían en contra del pacto con el PP”.

En la primera jornada de debate, celebrada en la jornada del martes, los grupos aprobaron 27 enmiendas correspondientes a los capítulos de Economía, Presidencia, Fomento, Desarrollo Rural e Inclusión Social (12 del PP, 14 del PRC y una conjunta).

En la segunda jornada correspondiente a este miércoles, la Comisión de Economía ha aprobado otras 28 relativas a las áreas de Cultura, Educación, Salud e Industria (otras 12 del PP, 14 del PRC y dos conjuntas), además de la de la 'ley de acompañamiento' de los regionalistas.

Según el calendario previsto, una vez debatidas las enmiendas en comisión se publicará el dictamen correspondiente en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) el viernes, día 24.

El trámite final será el Pleno del Parlamento del próximo lunes, 27 de abril, en el que previsiblemente PP y PRC aprobarán el presupuesto para que entre en vigor el 1 de mayo.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) prevé gastar 43,1 millones de euros este año para pagar la regulación de los complementos de 5.024 profesionales del sector sanitario. Este gasto se desglosa en 21 millones del ejercicio de 2025 y 22 millones de 2026 para que los empleados públicos alcancen el grado profesional máximo que les correspondería por antigüedad, eliminando los tiempos de espera obligatorios entre niveles, teniendo en cuenta que en cada tipo de complemento hay cuatro grados.

El monto deriva de una iniciativa enmarcada en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de 2026. En teoría, la Consejería de Salud busca resolver los acuerdos pendientes de carrera (médicos y enfermeras) y desarrollo profesional (resto de personal sanitario), pero el impacto económico compromete también los presupuestos venideros.

Según la memoria justificativa y económica de la propuesta entregada al Registro del Parlamento, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el reajuste favorecería a 2.936 solicitantes de carrera profesional y 2.088 de desarrollo profesional, que saltarían dos grados del que actualmente ostentan.

El reajuste del pago de los complementos técnicamente, se llama “encuadramiento”. En la Ley de Medidas del Presupuesto aparece en dos breves líneas del artículo 11, en el que se faculta al Consejo de Gobierno, previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, para pagar los atrasos de los funcionarios, con efecto retroactivo del 1 de enero de 2025.

Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico valoran positivamente la medida, pero advierten de que el pago compromete la estabilidad financiera actual. Al no estar consignado en los presupuestos, si no en la Ley de Medidas, el presupuesto del SCS no refleja el gasto real que supone el desembolso por estos complementos. Es decir, se presupuesta por debajo de lo que se va a gastar.

Esto obliga a realizar modificaciones contables posteriormente para afrontar un gasto que abarca también próximos ejercicios presupuestarios: al ser un gasto consolidado, el compromiso presupuestario se mantendrá y aumentará a futuro.

Mejoras laborales

La Consejería de Salud busca corregir así el bloqueo en las mejoras laborales del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Los distintos acuerdos de Carrera y Desarrollo Profesional del SCS establecían que las convocatorias correspondientes al encuadramiento en período ordinario se efectuarán anualmente. El estancamiento en los complementos deriva de dos circunstancias: la suspensión de las convocatorias anuales de los procesos de regulación entre 2010 y 2014, derivados de la crisis económica de 2008, y una serie de sentencias judiciales posteriores ganadas por varios profesionales sanitarios.

La regulación permitirá a los solicitantes que participen en las convocatorias extraordinarias que, “sin necesidad de cumplir con los intervalos entre grados”, se establezcan en “el máximo grado alcanzable” conforme el tiempo de servicios prestados y los créditos acreditados. “Se trata en definitiva de poder encuadrarse en el grado que se hubiera alcanzado en caso de que los procedimientos de carrera y desarrollo profesional no se hubieran visto suspendidos”, indica la memoria justificativa y económica.

El reajuste plantea que cada solicitante se encuadre en dos grados más del que actualmente ostenta. La causa, según la memoria, es doble: “La incorporación más tardía del personal temporal al sistema de carrera profesional (2018 la primera convocatoria ordinaria para personal temporal y 2019 como consecuencia de ejecución de sentencia de la convocatoria de 2016) y por otro lado, el tiempo de suspensión (2010-2014), lo que plantea un escenario con personal ”con gran número“ de servicios prestados, advierte la memoria económica.

En enero de 2024, el Gobierno de Cantabria alcanzó un acuerdo llamado 'Pacto por la Sanidad' con el Sindicato Médico de Cantabria con el que se comprometía al encuadramiento extraordinario en carrera profesional, solo por antigüedad. “Algo que se diseñó para nuestro colectivo como elemento de incentivación y diferenciación salarial respecto a otras categorías profesionales, se ha convertido justo en lo contrario”, argumentó el sindicato, cuestionando que “estas llegan a los últimos grados prácticamente por antigüedad mientras que a nosotros se nos exige un perfil que, prácticamente solo tiene quien puede tener la oportunidad de orientar su carrera a la investigación”. En enero de 2026, el sindicato sumó otra adenda al Pacto por la Sanidad valorada en seis millones anuales, supeditada a la aprobación de los presupuestos.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado, en un informe, al Gobierno de Aragón que tome medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en 2026.

La institución ha publicado esta semana los informes sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas, con informes individuales para cada Comunidad Autónoma que completan el análisis del subsector del informe general.

En el informe de Aragón, la AIReF analiza el cumplimiento de la Comunidad de las reglas fiscales vigentes para 2026. La AIReF estima que, en 2025, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional en Aragón habrá aumentado un 3,6 %, frente al límite vigente del 3,2%.

Considerando este punto de partida, el gasto computable en 2026 en la Comunidad crecerá un 4,2 %, por encima del límite del 3,5%. A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Aragón crecerá en 2026 un 2,7%, inferior al 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) para el conjunto de las Administraciones Públicas.

La AIReF estima que Aragón cerrará 2026 con un superávit de 0,1% del PIB mejorando el saldo en dos décimas respecto al informe de noviembre. Además, considera que la deuda de Aragón se situará en 2026 en torno a un 17,1% del PIB, nivel inferior al previsto en el informe anterior.

“Estos presupuestos no son buenos para Cantabria. Consolidan un modelo privatizador, sobre todo, en Sanidad, y no responden a las necesidades reales de la sociedad cántabra”, ha afirmado este jueves Mario Iglesias, portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Parlamento de Cantabria. Así se ha expresado en referencia al convenio con el hospital privado Santa Clotilde del Sistema Cántabro de Salud, de 256 millones de euros, que un informe oficial advirtió de que su presupuesto comprometería las arcas públicas hasta 2042..

Iglesias ha propuesto que se incluyan partidas en los presupuestos para la redacción del proyecto del centro de salud de Castro Urdiales, la construcción del centro de salud Guarnizo, la renovación de los quirófanos de Sierrallana o el arreglo del consultorio de Cueto, entre las más de 230 enmiendas parciales que el PSOE ha presentado, tanto la Ley de Presupuestos Generales de Cantabria como a la de Medidas Fiscales y Administrativas del Gobierno regional para 2026.

En una rueda de prensa, Iglesias ha explicado que el Gobierno del PP contaba con meses para renovar las primeras cuentas, que fueron rechazadas en noviembre, pero ha optado por “presentar unos presupuestos prácticamente iguales”, según informa el PSOE en nota de prensa.

Además, ha pedido financiación para la mejora de centros educativos públicos en toda la región, el impulso de la vivienda de protección oficial en alquiler asequible y la movilización de vivienda vacía.

El PSOE ha incluido enmiendas con deducciones fiscales para proteger a las familias de los efectos inflacionarios derivados del conflicto en Oriente Medio. “A pesar de los anuncios de Buruaga, no hay ni una sola medida en estos presupuestos para paliar las consecuencias de la guerra”, ha subrayado Iglesias

Los grupos parlamentarios han presentado 429 enmiendas parciales a los presupuestos de Cantabria para 2026, de las que 398 corresponden a las cuentas y las 31 restantes a la ley de medidas fiscales y administrativas que las acompañan.

El Parlamento de Cantabria ha cerrado este mediodía el plazo de presentación de enmiendas al presupuesto, que ronda los 3.925 millones de euros, y la Mesa de la Comisión de Economía se reunirá este jueves para decidir su admisión a trámite, según ha informado la Cámara regional en un comunicado.

Más de la mitad de las enmiendas han sido presentadas por el PSOE (225 a los presupuestos y ocho a la ley de acompañamiento). Le sigue en número Vox, con 99 a las cuentas y 11 a la ley de acompañamiento. El PRC ha registrado 28 enmiendas parciales al presupuesto y una a la ley de acompañamiento, para garantizar el control parlamentario del convenio singular con el hospital Santa Clotilde y sus adendas, como adelantaron los regionalistas la semana pasada. El PP, por su parte, ha registrado 24 al presupuesto y ninguna a la ley de medidas. Populares y regionalistas han presentado además tres enmiendas conjuntas a las cuentas. Y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio ha registrado 19 propuestas para enmendar las cuentas y 11 a la ley de medidas fiscales.

La Comisión de Economía y Hacienda debatirá las enmiendas los días 21 y 22 de abril y elaborará un dictamen que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) el día 24. El trámite final será el debate y votación de las enmiendas en el pleno del Parlamento que se celebrará el lunes, 27 de abril.

Según ha explicado el portavoz del grupo popular, Juan José Alonso, las enmiendas conjuntas con el PRC están relacionas con el Consejo de la Juventud de Cantabria, actuaciones en boleras de la región y la reparación del consultorio de Cueto, en Santander. Las 24 de su grupo tienen que ver con cambios de denominación, ajustes puntuales y modificaciones técnicas para “una ejecución más efectiva” de las cuentas, ha señalado Alonso en un comunicado.

Cristóbal Palacio ha informado, también en una nota, de que sus enmiendas están destinadas a aliviar la presión fiscal, reforzar la transparencia administrativa y dar respuesta a las necesidades de las familias, las empresas y el sector primario. Entre otras medidas, propone ayudas a las familias por nacimiento de hijos y más financiación pública para la educación concertada.

Aragón destina en 2026 cerca de 4.800 millones de euros al conjunto de sus políticas sociales —sanidad, educación y servicios sociales—, una cifra muy similar a la del año anterior debido a una situación que se repite por tercer año consecutivo: el Gobierno de Jorge Azcón solo ha aprobado unos presupuestos propios desde su llegada en 2023 y mantiene prorrogadas las cuentas de 2024.

Según los datos del último informe del Ministerio de Hacienda, actualizado a marzo de 2026, la comunidad ha pasado de registrar una de las mayores caídas del gasto social durante la crisis a situarse entre las que más lo incrementaron en la fase de recuperación, para posteriormente moderar su crecimiento en el periodo más reciente.

La llegada de Jorge Azcón al Pignatelli ha traído consigo un escenario cambiante. Si bien el ejercicio 2024 arrancó con un fuerte impulso presupuestario —un aumento del 9,49% en políticas sociales—, la parálisis legislativa posterior ha pasado factura. Debido a la ausencia de nuevos Presupuestos para 2025 y 2026, la comunidad funciona con cuentas prorrogadas. Esto ha provocado que, en el balance acumulado hasta 2026, Aragón se sitúe como la quinta región con menor incremento relativo (9,27%), quedándose 2,5 puntos por debajo de la media nacional.

En áreas como Sanidad, el crecimiento bajo la actual administración (8,47%) es inferior a la media de las comunidades autónomas (12,11%). El informe ministerial destaca que, tras el aumento inicial de 2024, la dotación para el área sanitaria ha permanecido prácticamente inamovible, registrando incluso ligeros retrocesos técnicos en la actualización de 2025.

Aragón no es la única comunidad en situación de prórroga. Junto a ella, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia tampoco han aprobado presupuestos propios para 2026. Sin embargo, entre las comunidades que sí han presentado proyecto presupuestario, el crecimiento medio en gasto social supera el 11%, por encima de lo que refleja Aragón.

El Ministerio de Hacienda incorpora en sus cálculos los importes prorrogados de esas ocho comunidades para elaborar el total agregado, advirtiendo que el dato global puede no reflejar el comportamiento real de las que sí han aprobado nuevas cuentas.

De la 'tijera' de Rudi al incremento de Lambán

Entre 2011 y 2015, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, se produjo el mayor ajuste presupuestario en Aragón. En esos años, la comunidad fue la tercera que más redujo el gasto en el conjunto de políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), con un descenso del 11,88%.

La 'tijera' fue especialmente incisiva en Sanidad, donde el presupuesto de 2015 terminó siendo un 13,43% inferior al de la etapa anterior y situó a la comunidad como la segunda que más recortó en salud de todo el país. El año 2013 marcó el punto de inflexión negativo, con una caída de 391 millones de euros en un solo ejercicio que, según Hacienda, no se recuperó en los años posteriores.

Bajo la Administración de Lambán, el presupuesto sanitario solo registró un descenso anual en 2022, año en el que se redujo el gasto extraordinario derivado de la fase más crítica de la pandemia. Esta bajada se produjo tras un aumento del 13,78% en 2021. Pese a dicha reducción, la partida de 2022 se mantuvo un 8,19% por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria (2020). Posteriormente, en 2023, la dotación volvió a subir un 13,64%, situándose como el mayor incremento anual registrado entre todas las comunidades autónomas ese año.

Educación y servicios sociales

La educación aragonesa sigue un patrón similar. Tras la fuerte recuperación en la era Lambán (+55,07%), el crecimiento actual se sitúa en el 10,44%, lo que coloca a Aragón como la sexta comunidad por la cola en este apartado.

Donde Aragón sale peor parada históricamente es en Servicios Sociales. Aunque entre 2015 y 2023 se produjo un aumento del 49,2%, fue el área donde la comunidad mostró un perfil más discreto en comparación con el resto de España, donde la media de incremento superó el 76%. Actualmente, con un aumento del 10,1% frente al 15,7% de la media nacional, la región sigue sin lograr posicionarse en la vanguardia de la protección social.

El proyecto de presupuestos del Gobierno de Cantabria para 2026 ha superado a la segunda el escollo de las enmiendas a la totalidad, después de que el Parlamento autonómico devolviese la propuesta de cuentas regionales presentada por el Ejecutivo en noviembre.

La Cámara ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox al nuevo documento presentado por el Gobierno popular, tras el acuerdo con el PRC, en una sesión que ha comenzado con un homenaje al regionalista Javier López Marcano, fallecido el pasado Jueves Santo, en cuyo asiento de vicepresidente segundo se ha colocado un tejo para “evocar a quien ya no está y, sin embargo, permanece”.

Al contrario de lo que ocurrió en noviembre cuando PRC, PSOE y Vox unieron sus votos para devolver el presupuesto al Gobierno, cada enmienda a la totalidad solo ha tenido el apoyo del grupo que la presentaba.

El PSOE ha vuelto a pedir, como hizo hace cinco meses, la devolución del nuevo presupuesto por considerarlo “reciclado” del anterior al no cambiar, ha dicho, el “modelo privatizador”, mientras que Vox ha rechazado unas cuentas que entiende como una “claudicación” del PP ante el PRC y “renuncian a un cambio real”.

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, que ha abierto el debate plenario, ha reprochado a PSOE y Vox que su alternativa al presupuesto sea un “no vacío” con el único objetivo de “echar por tierra” las cuentas, como ya hicieron en noviembre, en lugar de mejorarlas.

Para el consejero, las enmiendas de PSOE y Vox dicen más del estado actual de los dos grupos parlamentarios de la oposición que del contenido de los presupuestos. “¿No será que en ambos casos repiten lo que les dice Madrid?, se ha preguntado.

Precarización de servicios públicos

El portavoz socialista, Mario Iglesias, ha criticado que los nuevos presupuestos vuelvan a “entender la vivienda como un negocio y no como una derecho”, mientras incluyen proyectos en materia sanitaria o educativa que se repiten de años anteriores sin llegar a ejecutarse, al tiempo que avanza “poco a poco” en la privatización, como el convenio con el hospital Santa Clotilde.

“El resultado es que se precarizan poco a poco los servicios públicos para justificar la privatización”, ha afirmado Iglesias, quien ha asegurado que este proyecto de presupuestos “privatiza el presente” de Cantabria, mientras “endeuda su futuro”, con un política fiscal “regresiva” que favorece a los que más tienen.

“Cantabria merece un presupuesto real, ejecutable, no humo, y justo”, ha recalcado Iglesias, quien también ha recriminado al PRC su acuerdo con el PP que, ha asegurado, se ha firmado “sin garantías de cumplimiento”, como los dos presupuestos anteriores, ha señalado. “¿Qué les hace pensar que esta vez van a cumplir?”, ha preguntado a los regionalistas.

Más gasto público

“Hoy asistimos a una estafa a los ciudadanos”, ha aseverado la diputada Natividad Pérez, quien ha reprochado al Gobierno cántabro que su propuesta de cuentas para este año no represente una “ruptura” con las políticas de los gobiernos de Miguel Ángel Revilla, sino “una continuidad”, para mantener el 'statu quo'.

Ha valorado que las nuevas cuentas públicas “consolidan el gasto creciente y mantienen una administración sobredimensionada”, mientras continúan con “una presión fiscal creciente, con un incremento de la recaudación y sin una estrategia para aliviar la carga a familias y pequeñas empresas”.

“Los datos demuestran que son las cuentas de la claudicación ante el PRC”, ha ahondado Natividad Pérez, para quien esta propuesta presupuestaria no constituye un nuevo presupuesto, sino que se limita a incorporar el “chantaje” del PRC, “confirmando el acuerdo de investidura aprobado a principio de legislatura. ”Es el presupuesto de la renuncia total al cambio de gestión“, ha sentenciado.

Un partido útil

La diputada y candidata del PRC a las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, ha defendido en el debate que su partido está siendo útil a Cantabria sin dejar de ser crítico con el Gobierno con su acuerdo con el PP para sacar adelante los presupuestos frente al “no” del PSOE y Vox a las cuentas.

“El PRC podría haberse instalado en la comodidad del no, podría haber elegido el gesto fácil, pero eso habría dejado a Cantabria sin respuestas. Y el regionalismo no nació para eso”, ha subrayado, y ha llamado a “hacer política a la altura de Cantabria” en memoria de su compañero Javier López Marcano y de su manera de amar su tierra y de defenderla.

Fernández ha subrayado que al votar en contra de las dos enmiendas a la totalidad, los regionalistas no están diciendo que esté todo bien ni “absolviendo al Gobierno de su errores” sino que “Cantabria necesita avanzar”.

Pinza PSOE-Vox

El portavoz del grupo popular, Juan José Alonso, ha dirigido sus críticas al PSOE y a Vox, a los que se ha referido como “los dos extremos del Parlamento” y ha acusado de “volver a hacer pinza” para “boicotear el cambio en Cantabria” .

Alonso ha reprochado a los dos partidos que “unen siempre en el no a Cantabria y en contra de los intereses de los cántabros” y solo presentan sus enmiendas “por cumplir el expediente”, sabiendo que van a fracasar.

Los grupos parlamentarios del PSOE y Vox plantearán una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria y de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026.

Vox ya anunció la pasada semana que iba a plantear la enmienda durante la comparecencia parlamentaria del consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), para dar a conocer las cuentas, que ascienden a 3.925,3 millones de euros, 12 millones más que el anterior borrador.

El grupo de Vox dijo entonces que el presupuesto planteado no es el que necesita Cantabria porque recoge un “récord en gasto burocrático” y “no adelgaza nada”. Fuentes del PSOE han indicado además a EFE que también presentarán la enmienda a la totalidad.

Este es el segundo intento del Gobierno para sacar adelante los presupuestos regionales para 2026, después de que el pasado mes de noviembre prosperara la enmienda a la totalidad.

En aquella ocasión fueron todos los grupos de la oposición los que pidieron la devolución de los presupuestos: el PRC, el PSOE y Vox.

En cambio, lo previsible es que en esta ocasión los presupuestos sean aprobados, ya que el PP llegó a un acuerdo a principios de marzo con los regionalistas para que apoyen las cuentas.

El acuerdo entre el PP y el PRC para la aprobación del presupuesto recoge 24 medidas enfocadas a los jóvenes, a facilitar el acceso a la vivienda, a la mejora de los servicios públicos, sobre todo la educación y la sanidad, y al apoyo de las entidades locales, el sector primario y la industria.

Una vez que se planteen las enmiendas a la totalidad, el calendario aprobado por el Parlamento prevé que el próximo jueves, 9 de abril, sea el día en que se celebre el pleno para debatirlas.

Posteriormente, hasta el 15 de abril, los grupos parlamentarios podrán presentar las enmiendas parciales, que se debatirán en comisión los días 21 y 22 de abril, y el día 27 está previsto el pleno para abordar las que queden vivas y para aprobar las cuentas.

Con este trámite cumplido, quedaría publicar los presupuestos y la ley de acompañamiento en el Boletín Oficial de Cantabria para su entrada en vigor, lo que se prevé para principios de mayo.

El PRC ha dado un plazo de ocho días a la Consejería de Desarrollo Rural para cumplir su parte del acuerdo, en referencia al pago de ayudas al sector primario, por el que los regionalistas apoyarán el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 del Gobierno del PP.

En concreto, los regionalistas solicitan que antes del 9 de abril el Ejecutivo se comprometa a pagar las ayudas pendientes de 2024 y 2025 y a elaborar un calendario anual de la convocatoria y pago de las subvenciones al sector, como recoge el acuerdo presupuestario entre ambos partidos.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha recalcado este miércoles, en su comparecencia en el Parlamento de Cantabria para presentar su presupuestos, que van a cumplir, pero el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha asegurado sentirse “enormemente decepcionado y muy preocupado”.

Hernando ha dado de plazo hasta el 9 de abril, fecha en la que se debaten las enmiendas a la totalidad, para aportar los documentos que acrediten esos compromisos.

“No me vale con que usted diga que están todas pagadas (las ayudas), porque me lo dijo en octubre y no era verdad; me lo dijo en noviembre y no era verdad, y me lo dijo en diciembre y no era verdad”, ha afeado Hernando.

“Por mucho que alguna persona insista en trasladar la idea de que no pagamos o que debemos ayudas a los ganaderos, vuelvo a reiterar con absoluta claridad y responsabilidad, que el Gobierno de Cantabria no tiene pendiente de pago ninguna subvención fuera de los plazos establecidos por la normativa”, ha recalcado la consejera, quien ha recordado que en 2026 el presupuesto de su departamento será de 197,3 millones de euros, un 3,47 % más que en 2025.

Susinos ha dicho que, a día de hoy, el Ejecutivo ha abonado en ayudas más de 36 millones de euros, correspondientes a distintas líneas de apoyo al sector ganadero.

Según ha dicho, las que restan por pagar se encuentran dentro del plazo marcado por la normativa vigente y los representantes del sector ya tienen conocimiento de las fechas aproximadas en que se les abonarán. “No obstante, nuestro compromiso es claro: intentar acelerar la gestión todo lo posible y, si es viable, adelantarnos incluso a las fechas establecidas”, ha agregado. Y ha subrayado que ya están convocadas todas las ayudas de Desarrollo Rural correspondientes al año 2026.

Además, la consejera ha explicado que, “gracias a la buena gestión” del Ejecutivo, Cantabria va a recibir casi 400.000 euros adicionales, que se destinarán a reforzar otras ayudas.

PSOE y Vox reclaman más medidas

PSOE y Vox han señalado que este presupuesto “no cambia ni una coma” el presentado en noviembre y han echado en falta medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en Irán o más ayudas para afrontar las enfermedades animales.

“Se podía haber aprovechado para incluir de manera preventiva alguna partida que pueda paliar los efectos de los factores que están alterando el contexto global y que van a afectar al sector”, ha apuntado la socialista Eva Salmón, a lo que Susinos ha contestado que el Gobierno de Cantabria “no se va a apartar de articular las medidas que sean necesarias”.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha sostenido que esta Consejería debería tener más recursos y ha reclamado una mayor cuantía para las enfermedades animales y una menor carga burocrática. Susinos ha coincidido en que hace falta rebajar la burocracia, porque “asfixia” a ganaderos y administraciones, y ha lamentado que se está trabajando con “una PAC muy compleja”. También está de acuerdo en que hace falta más dinero para el sector primario, pero ha recordado que “las necesidades son infinitas y el presupuesto limitado”.

Este martes, 31 de marzo, más de tres meses después de la aprobación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 y en plena Semana Santa, entran en vigor más de una veintena de novedades de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la comunidad autónoma, la conocida popularmente como ‘Ley de Acompañamiento’ de las cuentas públicas, que se aprobó en el pleno parlamentario de la semana pasada solo con los votos de la mayoría absoluta del PSOE. Todos los años incorpora multitud de novedades, convirtiéndose en una especie de ley ómnibus o cajón de sastre que, de forma exprés, realiza cambios relevantes legislativos, sin apenas debate parlamentario, lo que ha sido ya criticado en varias ocasiones por la oposición.

Sin embargo, el Gobierno regional asegura que hacerlo así permite la “dinamización de la economía, el incremento de la eficiencia y la eficacia” en la prestación de servicios de la Administración Pública o la mejora de la “distribución más equitativa” de las obligaciones tributarias que son competencia de la comunidad autónoma.

Una de las principales novedades ha sido precisamente la más polémica. El Gobierno modifica la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, concretamente su artículo 121. Este cambio supone que se elimine la posibilidad de que el funcionariado interino o temporal pueda acogerse a una “excedencia voluntaria”. Su tramitación coincidió con una protesta de todos los sindicatos de la función pública, que consideran que suprimir esta posibilidad impide al personal temporal desarrollar una carrera administrativa.

Pero al margen de ello, hay otros muchos cambios. Por ejemplo, se modifica la normativa autonómica sobre vivienda protegida para regular un nuevo sistema de depósito de fianzas en materia de vivienda. Las personas que alquilen una vivienda están obligadas a depositar la fianza legal ante la Administración regional y eso tendrá consideración de ingreso de Derecho Público para la Hacienda de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional podrá usar el 80% de estos depósitos para inversiones públicas, reservando el 20% siempre para garantizar que las devoluciones a los ciudadanos se realicen sin retrasos cuando finalicen los contratos.

Los cambios se articulan también en torno a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Si un ayuntamiento quiere cambiar el uso de las parcelas destinadas a equipamientos públicos eso no se considerará “innovación de planeamiento”, lo que permitirá agilizar el proceso si lo que se quiere es disponer de suelo para otros fines, por ejemplo, para vivienda.

Transporte bajo demanda, servicios sociales y caza

Otras de las normas que se modifican es la que regula el transporte de personas por carretera en la región, en este caso en una doble vertiente: en primer lugar se incluye dentro de los servicios prestados a demanda aquellos sin horario ni itinerario fijo, “sensible a las necesidades de movilidad de la población, especialmente en zonas rurales”, es decir, el denominado “transporte sensible a la demanda”. A la hora de adjudicar este servicio, ahora no será necesaria una habilitación previa administrativa: bastará con una declaración responsable por parte de quien o quienes vayan a prestar el servicio.

Es algo que también se aplicará en materia de servicios sociales. El Gobierno regional modifica la normativa en este ámbito para incluir las declaraciones responsables y comunicaciones como instrumentos que permiten la prestación de servicios por parte de las entidades de iniciativa privada. Por otro lado, se modifica la denominación del Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales que pasa a denominarse Registro de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, “dotándolo de mayor amplitud”.

Se cambian también las medidas para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, extendiendo el control de los gastos de personal a la totalidad de los supuestos de incorporación de personal temporal en puestos de trabajo que no están vinculados a plazas existentes en las plantillas.

Otra modificación tiene que ver con la Ley de Conservación de la Naturaleza, porque, según el Gobierno, la redacción actual de esta norma no define con claridad los mecanismos que acreditan el cumplimiento de la obligación de evitar la colocación de cebos envenenados, lo que genera “inseguridad jurídica” tanto para los titulares cinegéticos como para la Administración.

Cambios en la ley de caza relativos a los cotos

Precisamente, también se cambia la Ley de Caza en línea “con los objetivos de conservación y desarrollo rural sostenible”. Las modificaciones afectan especialmente a los cotos. Así, establece que su constitución y cambios de titularidad se efectuarán mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos. Cuando los titulares sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.

Por otro lado, establece que cuando en la constitución de un coto existan terrenos que “puedan lesionar intereses públicos o privados”, previa consulta de las entidades y personas afectadas, el órgano provincial podrá denegar incluir la superficie en el coto o en su caso, su constitución.

Y en segregaciones de terrenos de cotos, la modificación incluye que cuando existan documentos formales de cesión o arrendamiento de derechos cinegéticos en vigor, válidos en derecho y una de las partes manifieste su disconformidad a la segregación, el órgano provincial no podrá resolver “en tanto no exista acuerdo entre las partes o se dicte, en su caso, sentencia judicial firme que lo permita”.

Avanza la administración electrónica

Hay igualmente una serie de medidas que afectan fundamentalmente al personal que presta servicio en las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Por ejemplo, se establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en los procesos selectivos convocados y la reducción de plazos para la presentación de determinada documentación, algo que ha generado dudas sobre si es eficaz para cierta parte de la población, como las personas más mayores.

También se habilita a la Consejería de Sanidad a regular las funciones, el sistema de selección y provisión, jornadas, permisos y demás condiciones de trabajo que afecten al personal estatutario para la atención continuada en la Atención Primaria; y al objeto de garantizar “una mejora de la calidad de la formación sanitaria especializada”, recoge unos requisitos mínimos de acceso a plazas vinculadas a las unidades docentes acreditadas, cuando se oferten en los procedimientos de selección o de provisión del SESCAM.

En cuanto las jefaturas de carácter asistencial del SESCAM, se reduce el plazo de presentación de solicitudes, la composición de la comisión de valoración y, por último, y se permite que la secretaría de la comisión de valoración pueda ser ocupada por cualquier personal funcionario de carrera o estatutario.

Otro cambio significativo es que se modifica la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, que data de 1990, para sustituir la previa autorización administrativa por la presentación de declaración responsable cuando se trate de la realización de obras, instalaciones o usos en las zonas de servidumbre o protección de las carreteras. El objetivo es también la agilización administrativa.

Cambios en tasas e impuestos

En otro orden de cosas, se modifican dos tasas.  En primer lugar, se establece la exención de la tasa por inspección de instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) a las personas titulares de una licencia de autotaxi. El Ejecutivo busca “fortalecer” el sector del taxi ante el aumento de la demanda de servicios discrecionales, especialmente en ámbitos como el turismo, los eventos corporativos, el transporte escolar y sanitario, así como en desplazamientos personalizados de media y larga distancia.

También se suprime la tasa por prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. El objetivo es dotar de mayor agilidad al procedimiento de acreditación de competencias adquiridas mediante experiencia laboral.

En cuanto a los impuestos, también hay dos cambios sustanciales. Sube de 450 a 500 euros el límite máximo de las deducciones por alquiler de vivienda habitual a menores de 36 años, familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.  

También en el IRPF se introducen dos nuevos incentivos fiscales. El primero de ellos dirigido a los contribuyentes menores de 36 años para fomentar el ahorro y disponer de los importes precisos para hacer frente a los gastos que originan la adquisición de una vivienda. Este incentivo consiste en una deducción del 15 por ciento en la cuota íntegra autonómica por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito siempre que el importe depositado que haya generado el derecho a la deducción se destine, antes del transcurso de seis años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición de la vivienda habitual. La deducción máxima total será de 3.000 euros.

El segundo de los incentivos consiste en una deducción en la cuota íntegra autonómica del 30 por ciento por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación por la tenencia de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente en el periodo impositivo.

Por otro lado, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se recogen modificaciones tanto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) como en la de actos jurídicos documentados (AJD), en cuanto a los tipos reducidos. En ambos casos dicha modificación afecta a la transmisión de inmuebles que tengan por objeto la primera vivienda habitual.

Así, el requisito del valor de la vivienda establecido hasta ahora en 180.000 euros se incrementa a 240.000 euros, debido principalmente al encarecimiento de la vivienda, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de la aplicación de un tipo más ventajoso a más contribuyentes.

Asimismo, se disminuye el tipo impositivo del 5 al 3 por ciento en las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo cuando el contribuyente sea menor de 36 años, en la modalidad de TPO y del 0,50 al 0,25 por ciento en la modalidad de AJD para el mismo colectivo. También se flexibilizan los requisitos para la aplicación de los tipos reducidos ambas figuras impositivas.

El polémico canon del agua también cambia

El Gobierno de Emiliano García-Page también modifica la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha en varios aspectos sobre el polémico canon de la Directiva Marco del Agua (DMA). Establece su no aplicación en el consumo de agua realizado con la utilización de los elementos de protección contra incendios y de las Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

Y en lo relativo a las bonificaciones de la cuota para usos domésticos, se clarifica la redacción de la bonificación para familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género, para regularlos como supuestos de bonificación diferenciados.

Por otro lado, se incluye para los usuarios en situación de riesgo de exclusión social una bonificación del 50% en los casos en que la ordenanza municipal del ayuntamiento no recoja la bonificación del 100%. Finalmente, se incluye una bonificación del 100% para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En lo relativo a la cuota del canon para el caso de contadores colectivos, incluye en su apartado a los centros que alberguen plazas de residencias educativas o sociosanitarias para que puedan beneficiarse de la reducción de la cuota; y finalmente, se establece un régimen transitorio hasta el 20 de marzo de 2028 de exención del pago del canon por las pérdidas de agua que se produzcan en las redes de abastecimiento.

La Ley de Acompañamiento recoge, por otro lado, la supresión del organismo autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que se integra en la Consejería competente en materia de agua. La reorganización propuesta contribuye a mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y a reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico.

Sin límite de mandatos en la Presidencia de las Cámaras de Comercio

También se suprime la limitación de mandatos de las personas que ostentan la presidencia de las Cámaras de Comercio, a fin de que las rotaciones obligadas no comprometan la continuidad de los planes y programas que llevan a cabo desde estos organismos.  

Por otro lado, se cambia el nombre al Consejo Regional de Estadística, para pasar a llamarse Consejo Regional de Estadística y Datos, dando respuesta una visión “transversal” que incorpore el uso, promoción y aprovechamiento de los datos en el ámbito de toda la sociedad, de acuerdo a las estrategias europeas que persiguen impulsar la economía del dato, así como a la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región.

Hay cambios igualmente en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. En este caso, se modifica la composición del Consejo Regional de Transparencia, que pasa a estar compuesto por una Presidencia y las Adjuntías que se determinen en su reglamento, que debe ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la Ley de Acompañamiento cambia también la normativa sobre artesanía para eliminar la necesidad del informe previo y preceptivo de la Comisión de Artesanía para la concesión del Título de Empresa Artesana.

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2025 con superávit, deuda pública muy controlada y cumpliendo las reglas de estabilidad financiera.

Los datos de la liquidación muestran que el Ayuntamiento, en palabras del equipo de gobierno, “mantiene una posición económica solvente que posibilitará al actual Ejecutivo local continuar con los proyectos de ciudad en marcha y garantizar el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos que se prestan al ciudadano”.

Los principales datos que arroja la liquidación del presupuesto municipal:

En cuanto a ejecución presupuestaria, si se tiene en cuenta el presupuesto definitivo, que incluye los importes iniciales y las modificaciones que se han ido incorporando a lo largo del 2025, la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento en lo que respecta al apartado de gastos se ha situado en un 71,69% y el de ingresos en el 91,62%.

El pago a los proveedores del Ayuntamiento se sitúa en 15,48 días, muy por debajo de los 30 días permitidos; lo que implica una mayor agilidad en la Tesorería y una gestión financiera más eficiente lo cual fortalece la confianza entre la administración y sus proveedores.

Hay que recordar que la ejecución del presupuesto de 2025 ha estado marcada por una nueva forma de gestión implantada por el actual Ejecutivo local centrada en la eficiencia y la sostenibilidad, garantizando y mejorando los servicios públicos municipales. Se ha implantado un nuevo modelo de gestión basado en la eficiencia y eficacia presupuestaria, la responsabilidad y la evaluación de las políticas municipales y seguimiento continuo de los gastos. Asimismo, se han introducido avances en innovación y digitalización de procesos dentro de la Administración local y se han reforzado las políticas de sostenibilidad.

Este nuevo modelo de gestión continuará desarrollándose en el presente ejercicio presupuestario y, al no cumplirse la regla de gasto en el ejercicio 2025 se establecerán nuevos mecanismos encaminados a mejorar la ejecución presupuestaria y reforzar la planificación y calendarización de inversiones en el marco de un plan económico y financiero.

Además, desde el Ejecutivo local reiteran las reclamaciones que desde el municipalismo español se están planteando al Ejecutivo central respecto a la necesidad de actualizar el sistema de financiación local y contar con un marco económico sólido, previsible y transparente. En este sentido, señalar que el presupuesto de 2025 tuvo que incorporar los incrementos en las retribuciones a los empleados públicos acordados por el Gobierno de España y que va a suponer 2,5 millones de euros al Ayuntamiento de Logroño, 1,7 en 2025.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez ha lanzado un órdago a Emiliano García-Page durante el Pleno en las Cortes regionales en el que se debate sobre el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento de los presupupuestos para la comunidad autónoma de este año 2026.

Ha ofrecido al presidente regional -“que se encuentra ausente de la sesión plenaria como siempre”, afean los 'populares'- apoyar la ley de acompañamiento de los presupuestos si incluye la carrera profesional sanitaria y el concierto social para la comunidad.

Una propuesta que fuentes del PP consideran “muy relevante para el PSOE” y que ha trasladado el propio Paco Núñez desde la tribuna de las Cortes regionales. “Les ofrezco un acuerdo”, ha insistido en varias ocasiones.

El pasado 2 de marzo, fue el propio Paco Núñez el que reclamaba que la carrera profesional que derogó Dolores de Cospedal se garantizase “por ley”. Ahora reclama una enmienda dentro de otra ley, en concreto la ley de acompañamiento de los presupuestos de Castilla-La Mancha.

El propio Emiliano García-Page ya explicó hace unos días que la carrera profesional se garantizará “a través de una ley”, y ayer mismo lo ratificaba el consejero del área Jesús Fernández Sanz, coincidiendo con el inicio de las negociaciones entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y los sindicatos sanitarios. Fuentes del Gobierno regional explican a elDiario.es Castilla-La Mancha su interés en garantizarlo por ley “y no a través de una simple enmienda”.

Sin embargo, el propio Paco Núñez cree que es una forma de ganar tiempo por parte del Ejecutivo castellanomanchego para retrasar su entrada en vigor hasta las próximas elecciones e incluso después.

PSOE: “No son de fiar y Page no cuenta con ustedes para nada”

“Están ustedes muy nerviosos. No me extraña que tenga que venir el señor Tellado cada dos días a marcarles la hoja de ruta”, ironizaba la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Ana Isabel Abengózar en su réplica a Paco Núñez. Le ha dicho que “esta ley hoy se va a aprobar con su apoyo o sin él, con medidas fiscales, para los jóvenes, las familias, las personas más vulnerables... aunque usted vote que no”, decía, esgrimiendo la mayoría absoluta socialista en el Parlamento regional. Aunque de hecho esta ley 'ómnibus' con numerosas modificaciones legislativas, ha provocado hoy una sonora protesta de los sindicatos de representan a la función pública en la comunidad autónoma.

“Son ustedes esperpénticos, andan como pollos sin cabeza. Increíbles por la poca credibilidad que les queda en Castilla-La Mancha”, continuaba, en un duro discurso. “¿Qué ofrece usted hoy aquí señor Núñez? ¿La carrera profesional que eliminaron ustedes? ¿Se le ha olvidado? ¡Qué poca memoria! Todavía no ha pedido disculpas, ni perdón a los profesionales sanitarios. ¿Dónde estaba entonces su dignidad? ¿Han pedido disculpas por tanto daño que hicieron a la Sanidad pública regional?”, le ha espetado al 'popular', levantando el aplauso de los diputados socialistas en la Cámara regional.

¿La carrera profesional que eliminaron ustedes? ¿Se le ha olvidado? ¡Qué poca memoria! Todavía no ha pedido disculpas, ni perdón a los profesionales sanitarios. ¿Dónde estaba entonces su dignidad?

Ana Isabel Abengózar — Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista

Ha insistido en que el presidente García-Page “recuperará la carrera profesional sanitaria” pero lo hará “sin el PP”, porque ha comentado, dirigiéndose a los 'populares': “No son ustedes de fiar. Han traicionado constantemente a Castilla-La Mancha. Lo han hecho con el Estatuto de Autonomía y lo volverán a hacer hoy”.

Por esa razón, incidía, “no son de fiar y el presidente Page no cuenta con ustedes para negociar nada”, y se hará “de la mano” de los sanitarios. En los últimos días, distintos representantes del PP regional han convocado a los medios de comunicación a las puertas de distintos hospitales de la región para reclamar la recuperación de la carrera profesional sanitaria y la socialista se lo ha afeado. “¿Usted lo ha pensado bien? Se plantan ante los hospitales públicos, ¿pero como tienen valor? Fueron los que más daño hicieron a la Sanidad pública”.

El Gobierno andaluz ha recuperado 685 millones de euros en remanentes de tesorería que dejó sin gastar en los Presupuestos de 2024 y 2025 para destinarlo a ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados por las borrascas que azotaron la comunidad a finales de enero. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria, echando mano del superávit de los dos últimos ejercicios, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

La partida se desglosa en tres líneas principales: 500 millones de euros para explotaciones agrícolas en zonas gravemente inundadas; 110 millones para agricultores fuera de las zonas delimitadas o con pérdidas de especial intensidad por viento y desbordamientos y 75 millones destinados a la ganadería extensiva para compensar la pérdida de renta y daños estructurales.

La movilización de todo este dinero se enmarca en el llamado Plan Actúa, que el presidente Juan Manuel Moreno cifró en 1.780 millones para obras de reconstrucción y ayudas directas (no préstamos) a los afectados, para el campo andaluz, autónomos y pymes. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha cifrado en 1.410 millones el dinero que ya se ha movilizado, y ha añadido que “el resto lo iremos activando conforme lo vayamos necesitando”.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que su departamento trabaja con “dos cronogramas” para los afectados por la borrasca, una para las ayudas directas y otra para la contratación de obras de emergencia. La concesión definitiva de estas ayudas llegará a los agricultores y ganaderos que lo soliciten el próximo 1 de julio. La orden de ayudas saldrá publicada en el BOJA el 1 de abril, el plazo para solicitarlas se abrirá el día 17; el 5 de junio saldrá la concesión provisional y a primeros de julio llegará el dinero a los afectados, según el calendario de la Junta.

Ayudas de 800 a 15.000 euros por hectárea

El máximo de las ayudas directas a los agricultores será de 150.000 euros, aunque éstas dependerán del número de hectáreas afectadas que acrediten. Si hubiese más solicitudes que presupuesto, se prorratearán, explican fuentes de la consejería. El importe de las ayudas oscila en función del tipo de daño, si está en “capa de inundación” -la cosecha totalmente inundada- o fuera de ella.

Las primeras, las más cuantiosas, se rigen por el reglamento de exenciones y van de 800 euros por hectárea (herbáceos de secano) a 15.000 euros por hectárea (invernaderos y túneles). Las segundas se calculan “en base a un informe particular”, y la cuantía depende si tienen seguro (un 80% de la ayuda) o si no lo tiene (un 40%). Aquí, el derrumbe de un invernadero puede alcanzar ayudas de hasta 200.000 euros son seguro. En cuanto a las ayudas a ganaderos, estas oscilan entre los 100 euros por rumiante y porcino; y los 20 euros en apicultura.

El departamento de Fernández-Pacheco también ha destinado una partida de 16,6 millones de euros para ayudas directas a paliar las consecuencias de la borrasca en el sector pesquero, que estuvo varios días amarrado a causa del temporal.

El pasado febrero, la Junta de Andalucía solicitó formalmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permiso para poder usar el superávit de los ejercicios 2024 y 2025 a reparar los cuantiosos daños de la borrasca, y flexibilidad en la regla de gasto, para que esa inversión sobrevenida no computase en la deuda pública andaluza, como concedió el Gobierno de España a Canarias tras el volcán de La Palma.

El remanente de 2024 ascendía a 1.158 millones de euros, proveniente de una reprogramación de fondos europeos, pero el superávit de 2025 se desconocía en ese momento, porque aún no estaba cerrado el ejercicio presupuestario. El Ministerio prevé hacerlo en los próximos días, que rondará los 400 millones, según estimación de la Junta.

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja ha aprobado el presupuesto de la UR para 2026 que asciende a 66.104.887 euros, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento respecto a los 63.140.544 euros del año pasado. El Presupuesto de la UR para 2026 ha sido aprobado por el Consejo Social de la UR (órgano de participación de la sociedad en el campus), tras su paso por el Consejo de Gobierno de la UR, y comprende la previsión de ingresos y la autorización de gastos.

En el presupuesto de ingresos es significativa la financiación de la Comunidad Autonómica de La Rioja, que supone el 84 por ciento del total. Estos ingresos se reciben a través de la financiación estructural, la financiación condicionada, la financiación para inversiones derivadas de la implantación del Grado en Medicina o la financiación procedente de convenios específicos, como es el caso del de microcredenciales, el del Plan de Transformación de La Rioja, el de gratuidad de la primera y segunda matrícula, el de inversiones, el de investigación o las cátedras extraordinarias, entre otros.

Por otro lado, el Consejo Social de la UR también ha aprobado su presupuesto para este año, que asciende a 140.000 euros, con una reducción del 12,5 por ciento con respecto al ejercicio 2025.

Igualmente, ha dado el visto bueno a la Memoria de Actividades 2025 del Consejo Social, que recoge las sesiones plenarias realizadas y los acuerdos adoptados en ellas; las sesiones celebradas de las comisiones académica y económico-financiera; información sobre los complementos retributivos autonómicos, sobre el presupuesto 2025 y sobre la liquidación de cuentas del año 2024.

El Govern de Salvador Illa se ha visto obligado a hacer lo que ningún otro Ejecutivo había hecho antes: retirar unos presupuestos que ya habían entrado en el Parlament para evitar un varapalo mayor en el pleno. De fondo, una desconfianza de ida y vuelta entre Oriol Junqueras y el president de la Generalitat que se ha incrementado en las últimas semanas debido a la negativa del Ministerio de Hacienda de hacer gestos a favor de la cesión del IRPF a Catalunya. Y, la consecuencia práctica, una mayoría de la investidura rota e incapaz de pactar unas cuentas cuando Illa ya ha cumplido el año y medio en el cargo.

A la retirada de las cuentas se le colgaron este miércoles etiquetas diametralmente diferentes dependiendo del orador. El president aseguró por la mañana que eran una muestra de “estabilidad y responsabilidad”. Junts, por la tarde, no dudaba en hablar de “fracaso”. Se unían todas las formaciones de la derecha, hablando de “inestabilidad”, “desgobierno” o incluso “estafa”. ERC no eludió críticas, pues entiende que las cuentas no eran ambiciosas, y exigió volver al acuerdo de investidura, pero también tendió la mano a Illa para volverse a entender.

Este puente que los republicanos mantienen abierto es la mayor esperanza del Govern, que confía en ser capaz de rectificar la situación. Illa aseguró en el pleno que él pensaba acabar el camino con quien lo había empezado, es decir, junto a ERC y Comuns, pero también dejó claro que su intención era estar en la silla de la presidencia “mucho tiempo”, para cortar de raíz los rumores electorales. Este mismo jueves el Govern ha aprobado un suplemento de crédito de más de 5.988 millones de euros para evitar que la retirada de las cuentas genere problemas en los pagos de la Generalitat.

Pero, a medio plazo, Illa no ha renunciado a aprobar unos presupuestos, que serían los primeros que llevasen estampada su firma. Al contrario, si ha optado por pagar el precio político de dar marcha atrás al proyecto de ley no es porque temiese un revolcón parlamentario, sino porque considera que aún puede aprobarlas, según indican fuentes del Govern. La fecha límite está escrita en el comunicado conjunto firmado entre PSC y ERC: “antes de acabar el actual periodo de sesiones”. Es decir, como tarde, en junio.

Esta fecha puede parecer lejana, pero, a falta de acuerdo inmediato, da aire a ambas partes. ERC puede ir vinculando los presupuestos a otros acuerdos con el Govern, en materia de infraestructuras o sociales, donde se esperan avances. Por su parte, el PSC gana oxígeno para esperar la sucesión de María Jesús Montero, titular de Hacienda y que, hasta ahora, ha sido uno de los muros para que se materialice el acuerdo sobre la gestión catalana del IRPF alcanzado entre socialistas y republicanos.

Según está anunciado, Montero será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, unos comicios que se celebrarán, según se estima, a finales de mayo. Si ese calendario se cumple, no queda demasiado para que la cartera de Hacienda pase a otra persona, quien podría tener más sencillo hacer guiños hacia Catalunya.

Esto es lo que esperan, al menos, tanto Illa como Junqueras, quienes están haciendo esfuerzos ímprobos para evitar una ruptura indeseada para las dos formaciones y que dejaría la legislatura en punto muerto. Los dos líderes son muy conscientes de la necesidad de aprobar nuevas cuentas, que en Catalunya llevan ya dos ejercicios prorrogadas. Más aún cuando el próximo año que viene tocan las elecciones municipales, un periodo siempre complicado para los presupuestos y que, 2028, volvería a ser año electoral en Catalunya si Illa no opta por una convocatoria anticipada.

En los calendarios del Govern, 2026 debía ser el año de consolidación. Desde la investidura en agosto de 2024, el equipo de Illa había sembrado proyectos que debían dar frutos a principios de este año, como la compra de material en Rodalies, los acuerdos en torno a la financiación o la puesta en marcha de algunas políticas como la reforma de la administración. Pero la entrada de este año no ha sido como los socialistas esperaban y han debido sortear diversos obstáculos, como la crisis ferroviaria o las dificultades para alinear sus acuerdos con Hacienda. Dejar para más adelante los presupuestos supone, en este contexto, ganar un tiempo muy preciado.

En la política catalana hay ya pocos principios que nunca fallan, pero existe uno que, legislatura tras legislatura, sigue vigente: con ERC nunca se sabe. Es una aseveración que podrían firmar todos los presidentes de la Generalitat desde el regreso de Tarradellas. Ya sean convergentes, posconvergentes, socialistas o incluso Pere Aragonès, el único president republicano desde la llegada de la democracia, que discretamente capeó como pudo las tensiones con Oriol Junqueras y Gabriel Rufián.

Hubo un conseller socialista que, en su momento, mientras compartía gobierno con ERC, lo resumió con la fábula del escorpión y la rana. Al final acaban picando, se lamentaba, no siempre con razón. Por contra, los republicanos atribuyen sus posiciones a la coherencia y a no querer estar subordinados a unos u otros (sean socialistas o ahora Junts), cosa que les acostumbra a comportar críticas de unos y otros.

El motivo de la última pugna no es menor. Están en juego los presupuestos de la Generalitat, los primeros de Salvador Illa, que es president porque así lo quiso ERC. El PSC dio por hecho que el apoyo a la investidura de los republicanos incluía el apoyo a las cuentas, algo que tendría su lógica, puesto que es el instrumento que permite a cualquier administración poder gobernar y no solo limitarse a sobrevivir. Distinto es que, ya sea en el Ejecutivo central o en muchas autonomías, se intente dar por normal que no se disponga de unas cuentas. Siempre se buscan argumentos cuando un partido está en el Gobierno y, si no, solo hace falta consultar la hemeroteca para recordar las diez veces que Pedro Sánchez le reprochó —acertadamente— a Rajoy que, si no era capaz de disponer de presupuestos, debía convocar elecciones.

Oriol Junqueras proclamó este fin de semana que, si “las prisiones” no les habían “rendido”, tampoco lo haría la presión de los socialistas, e insistió en que, si el Gobierno de Sánchez no se compromete a que la Generalitat pueda recaudar todo el IRPF, Illa se quedará sin presupuestos. ¿Farol? A fecha de hoy no lo parece, aunque no solo el Govern quiere disponer de unas cuentas que incluyen un gasto récord en vivienda y la creación de hasta 16.000 nuevas plazas de personal público, entre policías, médicos y profesores. Se trata de tener o no tener casi 50.000 millones más, y eso es algo que no solo el PSC reclama. Los agentes sociales insisten en que es necesario que haya presupuestos.

Que Catalunya recaude su propio IRPF a través de la Agència Tributària es un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Illa, al que el PSOE dio su visto bueno. Ahora Sánchez debe escoger entre María Jesús Montero, quien en una conversación con Junqueras dejó claro que no estaba por la labor, y Salvador Illa, que se presentó con la bandera de buen gestor, algo que, sin presupuestos, es difícil de sostener.

Habría una solución intermedia que permitiría a ambos, PSC y ERC, ganar tiempo, aunque está por ver si con garantías de que los republicanos acaben apoyando las cuentas. Sería aplazar su aprobación: pelota p’alante y votarlos en junio. Para entonces ya se debería haber celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y tener más claro si el Gobierno del PSOE está dispuesto a cumplir con la promesa que se le hizo a ERC. Illa ya ha dejado claro en más de una reunión y en sus entrevistas que no quiere poner en más problemas a Sánchez.

En el PSC recuerdan que, en la pasada legislatura, cuando los Comuns decidieron dinamitar los presupuestos de Aragonès por el proyecto del Hard Rock (un macrocasino que el actual Govern dice que sigue vigente), los socialistas mantuvieron el apoyo a las cuentas de ERC. Ahora, en reciprocidad, exigen la misma lealtad a los republicanos. En 2016, cuando Carles Puigdemont se encontró con un bloqueo —en ese momento por el veto de la CUP—, optó por someterse a una cuestión de confianza que superó gracias a los votos de todas las formaciones independentistas. Cuando le pasó a Aragonès, la pasada legislatura, y por la negativa de los Comuns a darle su apoyo, decidió adelantar las elecciones.

En Catalunya, a diferencia de lo que pasa en Madrid, a ERC le incomoda más aparecer como socio de los socialistas y sigue siendo motivo de debate dentro del partido. Pero llenarse la boca de discursos sobre los problemas económicos de mucha gente o defender la lucha contra la desigualdad y, a la vez, rechazar un presupuesto que, a priori, permitiría mejoras en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la educación, no parece muy coherente.

Que el PSOE, a veces —demasiadas—, promete lo que no puede o no quiere cumplir es una evidencia que se constata cada año en el grado de cumplimiento de las inversiones. Del mismo modo que, si un partido quiere apoyar unos presupuestos, puede encontrar siempre argumentos a favor o en contra para hacerlo. Veremos cuáles le pesan más a ERC en esta ocasión.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Convenio entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, regulador de la participación del Ayuntamiento de Logroño en la Sección de Capitalidad del Fondo de Cooperación Local de La Rioja para el año 2026, que contará con una aportación autonómica de 3.075.828 euros, cantidad que aparece reflejada en los Presupuestos Generales de La Rioja de este año.

El convenio, cuya cuantía representa un incremento del 5,6 por ciento respecto a la destinada el año 2023, y del 1 por ciento en relación a la del último ejercicio, entrará en vigor desde la fecha de su firma, que correrá a cargo del presidente del Gobierno de La Rioja y del alcalde de Logroño, hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.  El abono de la asignación al Ayuntamiento de Logroño, que destinará esta partida a financiar áreas destinadas al desarrollo local en el ámbito de sus competencias, se realizará mediante dos transferencias.

El Gobierno de La Rioja ha incrementado año a año la dotación económica destinada al convenio de capitalidad desde el inicio de la legislatura fruto de su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos de Logroño. 

La Ley 2/2015, de 23 de marzo, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Logroño establece un régimen jurídico singular para el municipio de Logroño por su condición de capital de la Comunidad Autónoma. 

Además, el artículo 46 de dicha norma dispone que Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluirán un crédito específico para la ciudad de Logroño que tenga en cuenta los efectos económicos y sociales de la capitalidad, de acuerdo con criterios equitativos de financiación, y que dicho crédito se articulará a través de la firma del Convenio de Capitalidad.

La actual composición del gasto público tiene implicaciones relevantes sobre el crecimiento económico, la productividad y la cohesión social. La insuficiente inversión en infraestucturas, en educación e innovación limita la capacidad de crecimiento potencial y la convergencia real con la UE. Asimismo, el predominio del gasto orientado a la población de mayor edad plantea problemas de equidad intergeneracional, afectando a las oportunidades de los jóvenes en términos de empleo, vivienda y movilidad social. Un gasto público mejor equilibrado contribuiría a un crecimiento más inclusivo y sostenible.

En este articulo vamos tratar de perfilar los principales problemas estructurales del gasto público en España, entendidos como aquellos que persisten en el tiempo y afectan a su eficiencia, sostenibilidad y capacidad para cumplir objetivos económicos y sociales en el futuro.

Una parte muy significativa del gasto público está comprometida a largo plazo, lo que limita la capacidad de adaptación a cambios económicos. Los factores clave son las pensiones contributivas y no contributivas, los salarios de empleados públicos, los Intereses de la deuda y las prestaciones sociales vinculadas a derechos subjetivos como ayudas al desempleo u incapacidades laborales ¿transitorias? que se han disparado en los últimos tiempos, entre otras.

El envejecimiento poblacional es uno de los mayores retos estructurales de nuestra sociedad

La consecuencia de esta dinámica se manifiesta en el escaso margen para políticas anticíclicas selectivas, en los ajustes concentrados en inversión pública y gasto productivo y en la dificultad para reasignar recursos hacia prioridades emergentes como los gastos en defensa. Como se ha comentado, el envejecimiento poblacional es uno de los mayores retos estructurales de nuestra sociedad.

El problema se manifiesta porque el sistema de gasto no se ha adaptado plenamente a una sociedad con menor crecimiento poblacional y mayor longevidad y exigirá un esfuerzo de reasignación de partidas presupuestarias para su consideración.

Las pensiones representan el mayor componente del gasto público y tiene una serie de comportamientos preocupantes con un crecimiento del gasto superior al del PIB potencial, una indexación a inflación con ajustes automáticos y una separación incompleta entre gastos contributivos y no contributivos, lo que se traduce en un riesgo potencial grave como es el aumento estructural del déficit público si no se acompaña de mayores ingresos o reformas adicionales que apuntalen la sostenibilidad a medio plazo.

España gasta de forma comparable a otros países europeos, pero con resultados desiguales en términos de eficacia/eficiencia. Las causas más importantes son la evaluación ex ante y ex post limitada ligada a una presupuestación orientada a inputs, no a resultados y a programas que se perpetúan sin revisión sistemática. Todo esto se traduce en la persistencia de políticas poco efectivas, en la dificultad para identificar ahorros estructurales sin recortes lineales y, en consecuencia, una menor legitimidad social del gasto.

El gasto social tiene una limitada capacidad redistributiva. Reduce la desigualdad en menor medida que en otros países de la UE

A pesar de su volumen, el gasto social tiene una limitada capacidad redistributiva. Reduce la desigualdad en menor medida que en otros países de la UE debido al peso elevado de transferencia ligadas al empleo previo, una menor focalización en rentas bajas y una fragmentación de ayudas sociales.

El modelo territorial descentralizado, caracterizado por una fragmentación institucional y duplicidades competenciales, genera problemas estructurales en la gestión del gasto con el resultado de un aumento del coste de provisión de servicios públicos debido a la dificultad para desarrollar economías de escala con problemas de coherencia y consistencia en políticas públicas.

En fases de consolidación fiscal, la inversión ha sido la principal variable de ajuste, con efectos estructurales graves que se manifiestan en déficits en inversión en reposición y mantenimiento, un menor gasto en I+D, innovación y capital humano y, como consecuencia, un Impacto negativo sobre el crecimiento potencial. Este patrón se repite de forma persistente cada vez que un desajuste presupuestario exige reequilibrar las cuentas públicas y se agrava en situaciones de prórrogas presupuestarias encadenadas. Existen problemas persistentes en la arquitectura fiscal, donde las reglas fiscales son complejas y cambiantes, con una escasa integración de la evaluación del gasto en el ciclo presupuestario y una limitada rendición de cuentas sobre resultados.

El gasto público español, tiene un comportamiento asimétrico ante crisis económicas, tiende a aumentar de forma estructural tras las crisis, pero cuesta revertirlo con un patrón observado secularmente que se manifiesta en incrementos permanentes del gasto corriente; en serias dificultades para retirar medidas temporales o en la realización de ajustes tardíos y costosos.

En definitiva, la conclusión fundamental de su análisis es que los problemas del gasto en España son más de composición y eficiencia que de tamaño agregado si lo comparamos con los grandes países de la UE. Por lo tanto, el debate no debe centrarse solo en cuánto se gasta, que también, sino particularmente en cómo y en qué se gasta. En definitiva, las reformas estructurales del gasto son más relevantes que los ajustes meramente cuantitativos.

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha descartado que el Govern vaya a retirar el proyecto de presupuestos para ganar tiempo en la negociación con ERC. “No estamos en ese escenario en estos momentos”, ha afirmado en una entrevista en RTVE, donde ha insistido en que el Ejecutivo catalán trabaja para que las cuentas superen el debate a la totalidad en el Parlament y se pueda seguir trabajando en un acuerdo hasta el 24 de abril.

Romero responde así a la petición del equipo de Oriol Junqueras, que trasladó esa posibilidad al Departamento de Economía para salvar las conversaciones. “Nosotros estamos para que el viernes se tramite el presupuesto y para que ERC retire su enmienda a la totalidad”, ha insistido la consellera, para acto seguido defender que aún hay “margen” para incorporar prioridades de los republicanos durante la tramitación parlamentaria.

Romero también ha replicado que la recaudación íntegra del IRPF, una de las líneas rojas de los republicanos para otorgar su sí a las cuentas, “no depende de la Generalitat”, ya que requiere una modificación legislativa en el Congreso. En este sentido, ha asegurado que el Govern trabaja para preparar la Agencia Tributaria de Catalunya para que pueda asumir más competencias, con el horizonte en 2028.

La titular de Economía también ha afirmado que “no ve necesario” que el Gobierno español haga una nueva declaración pública de garantía sobre la recaudación del IRPF, como reclama ERC. Según ha argumentado, el compromiso ya consta en el documento acordado en la comisión bilateral entre ambos ejecutivos. “Más garantía que un documento firmado entre dos gobiernos no sé cuál puede ser”, ha dicho.

En paralelo, Romero ha situado entre finales de marzo y principios de abril la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe abordar el nuevo modelo de financiación. Según ha explicado, tras este paso el texto debería pasar por el Consejo de Ministros e iniciar la tramitación en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas.

Preguntada por si debería dimitir si los presupuestos no prosperan, Romero lo ha descartado. “Yo creo que no”, ha respondido, aunque ha añadido que su cargo “siempre estará a disposición” del presidente Salvador Illa.

Por último, ha advertido de que una prórroga presupuestaria prolongada generaría tensiones en las finanzas de la Generalitat. Aunque ha asegurado que la nómina de mayo se pagará, ha avisado de que será necesario “bloquear créditos de los departamentos” para garantizar este pago. “La pagaremos, pero dejaremos de hacer muchas cosas”, ha afirmado, advirtiendo de que varios consellers y entidades tendrán que detener proyectos si no se aprueban nuevas cuentas.