El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, no tira la toalla con el real decreto de prórrogas al alquiler que se vota el próximo 28 de abril. Y eso que todos los partidos de derecha, incluido Junts, ya han dicho que no votarán a favor. Después de difundir una encuesta que muestra que la mayoría de votantes, de izquierda y derecha, apoyan este decreto, este lunes ha augurado en una atención a los medios de comunicación “un gran coste político” a la derecha si vota en contra.

“Entre los votantes de derechas, hay el doble de inquilinos que de caseros”, ha dicho Bustinduy, que en contra de lo manifestado por los partidos se muestra “convencido” de que el decreto extraordinario va a salir adelante “no porque sea prioridad de Sumar, sino porque es de interés general”.

El real decreto fue aprobado el pasado 22 de marzo y obliga a los propietarios a prorrogar los contratos de alquiler que venzan entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027. Pero ante la posibilidad más que elevada de que el decreto decaiga en el Congreso, voces de la patronal ya han advertido de que los contratos que venzan una vez decaiga, no serán prorrogados. Los inquilinos, en cambio, así como Consumo, aseguran que todo burofax que se envíe antes de que el decreto decaiga da derecho a esta prórroga.

“No hay ninguna duda. Todas las prórrogas solicitadas al amparo de un decreto en vigencia serán válidos”, ha dicho Bustinduy, que ha dado por buenos los comunicados de sindicatos de inquilinos de que está habiendo un “clamor” y una “avalancha” de comunicados para solicitar la prórroga, si bien no existen cifras oficiales o estimadas de cuántos comunicados se han enviado.

Las declaraciones de Bustinduy coinciden con un estudio encargado por el grupo parlamentario europeo The Left, al que pertenece Sumar, que cifra en un 74% el apoyo de los ciudadanos españoles al decreto de la prórroga a los alquileres, que también cuenta con un 65% de apoyo entre los votantes del PP y un 60% entre los de Vox.

La encuesta plantea también a los encuestados si se replantearían el voto a su partido en caso de que no apoyen esta medida, cosa que harían un 48,7 de los encuestados, un 32% de los votantes del Partido Popular y un 36% de los votantes de Vox. Es por ello que Bustinduy plantea que los partidos de derecha y ultraderecha pagarán un coste político en caso de que no se apruebe.

La encuesta revela también que la mayoría de españoles, aunque por poco, creen que la prórroga se hará efectiva sin subida (18,6%) o con una subida moderada de precios (un 37,8%). Un 29% cree que se renovarán la mayoría de contratos con fuertes subidas, un 8,4% cree que la mayoría no renovarán y, por último, un 6,2% no sabe qué responder.

Muestra, además, que casi la mitad de encuestados (un 48,4%) han vivido o conocen en su entorno casos de personas que se han visto forzadas a cambiar de casa por la no renovación del contrato o la subida del alquiler.

Un 72,9% de los encuestados creen que los precios del alquiler son muy altos, por un 20,5% que cree que son altos y un 3,7% que cree que no son ni altos ni bajos. Tan solo un 1,1% cree que los precios son bajos y un 1,2% que son muy bajos.

Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Madrid es de 23 euros por metro cuadrado y el de Barcelona de 24 euros por metro cuadrado, ante una media española de 15 euros por metro cuadrado, lo que llevaría a pagar 1.500 euros por un piso de 100 metros y por encima de los 2.300 en las principales capitales.

Entre cajas de mudanza, Pedro, que prefiere no dar su nombre real, explica por qué ha preferido dejar su piso a enviar un burofax para pedir la prórroga a su casero. “No quería convivir dos años con una situación desagradable y una mala relación con mi casero”, explica, “y además, tenía alternativa”, remata. A unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares en España les vence el contrato de alquiler antes del 31 de diciembre y pueden acogerse al real decreto extraordinario por la guerra en Oriente Medio que prorrogará dos años los contratos vencidos. La medida inquieta o enfada a algunos caseros y los inquilinos se debaten entre el miedo al burofax por el conflicto que abre y la apuesta a la mejor carta ganadora para alargar un contrato sin que te suban el alquiler.

El burofax es el servicio de envío de documentos que proporciona validez legal ante tercero y ante la justicia para acreditar de forma fehaciente el remitente, el contenido de un mensaje y su fecha de recepción y es la forma de comunicación recomendada por abogados para solicitar esta prórroga. El problema es que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros no cuenta con apoyos en el Congreso, el PSOE ha desistido siquiera de negociarlo y Sumar se encuentra solo defendiendo el texto, por lo que lo más probable es que decaiga antes del próximo 29 de abril, fecha límite para aprobarlo después de que saliera en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo.

Confianza en la medida

El abogado de la cooperativa CAES, Víctor Palomo, que trabaja con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, reconoce que existe un “miedo a levantar la liebre o a confrontar al casero” con el burofax. En una asamblea celebrada en Puerta del Ángel, un inquilino preguntaba si no había otra forma menos agresiva: “Es muy drástico”. Pero desde el sindicato, los asesores le advertían: “Esta es la forma legal más segura. Por muy buen inquilino que seas y por muy buena relación, el propietario siempre está tentado a ganar más dinero”. Así se manifiesta también Palomo: “Los propietarios tienen un alto incentivo a rescindir el contrato, los entornos familiares y amistades le van a decir que pueden obtener una ganancia mayor”.

Para Palomo está claro, por la jurisprudencia y sentencias del Supremo, que la prórroga será válida si el burofax se envía antes de que decaiga el decreto. “El derecho se activa cuando la norma está en vigor y se despliega después. El Supremo dice que tú tienes que activar el derecho cuando la norma está en vigor”, asegura, a diferencia de lo que opina parte de los abogados de la patronal y propietarios.

La prórroga limita la subida de la renta al 2% y afecta a todos los contratos que finalicen entre el 22 de marzo, cuando se aprobó el real decreto, y el 31 de diciembre de 2027, con excepción de los casos en que el arrendador ya haya comunicado su necesidad de ocupar la vivienda o que las partes hayan llegado a otro acuerdo. El decreto tampoco ampara a los contratos de habitaciones, que se firman por el Código Civil y no por la LAU, pero Palomo recomienda que también envíen burofax porque hay sentencias que reconocen que estas habitaciones pueden llegar a estar amparadas por la ley al ser consideradas vivienda habitual.

La visión de la patronal

En el otro lado de la trinchera, Eduard Soler, abogado y secretario de Som Habitatge, patronal de propietarios de reciente creación, asegura que las prórrogas que serán válidas son “las que tengan el fin de contrato con el decreto en vigor, independientemente del burofax”. Además, Soler advierte que en lugares tensionados que aplican las regulaciones como Catalunya o Navarra “no está claro que esta prórroga beneficie a los inquilinos”, ya que la tácita, que se aprueba cuatro meses antes del fin de contrato en caso de que no haya comunicación, es de tres años. Esta renovación tácita también puede darse en zonas no reguladas, pero como el precio no está topado lo habitual es que vayan acompañadas de una subida de precio en el nuevo contrato.

Soler recomienda a los propietarios “prudencia”, pero prevé una alta judicialización de casos. “Los propietarios que no estén seguros de aceptar esta prórroga, tendrán armas jurídicas para llevarlo a juicio”, asegura. Más allá del debate jurídico, la representante de los Agentes Inmobiliarios de Catalunya, Montserrat Junyent, critica que el decreto se ha aprobado “sin suficiente debate y añade más incertidumbre” al mercado.

Entre los inquilinos, reina la duda por dos motivos: el miedo al conflicto y a “abrir el melón” que, a la postre, lleve al propietario a reaccionar y evitar la otra prórroga, la tácita de los contratos cuya finalización no haya sido avisada cuatro meses antes del término. En el caso de Paco, el joven del primer párrafo, relata que su casero ya le había dicho que quería vender la vivienda, aunque fue cambiando de versión. Entonces, le expresó su intención de enviar el burofax por un contrato que vencía ya en abril. “El tono de la conversación cambió por completo y se enfadó. Me dijo: ”Si vas a fastidiar la relación, vamos a ir a los tribunales“. Así que decidí no seguir adelante con el burofax y abandonar la vivienda”, relata.

Éxitos, fracasos y dudas del burofax

Existen ya casos de éxito, también, con el envío del burofax. Es el caso de Mariel, joven de Barcelona que paga 870 euros por un apartamento en Glòries y que ha comunicado a la inmobiliaria, con quien tiene buena relación. “Tenía dudas porque enviar el burofax me parecía agresivo. Me daba miedo también que no quisiera renovar. Avisé por correo y me dijo que sí, que podía enviar el burofax o arreglar la prórroga por otra vía. Así que estamos en ello y ha salido bien”, cuenta.

También hay casos, ya, en que el burofax no ha surtido efecto. Como para Laura Martínez, de Camarena, en Toledo. Su contrato vencía el 1 de abril y envió el burofax el 26 de marzo, pero la propiedad, un fondo gran tenedor, le ha devuelto el último ingreso por el alquiler. “Propuse una subida del alquiler, una opción de compra, pero no me respondieron. Es difícil encontrar un interlocutor y se pasan la pelota unos a otros. Me llegaron a mandar un burofax diciéndome que si me iba dentro de dos meses me condonaban la deuda de esos dos meses. Pero yo les he dicho que me he acogido a la prórroga del real decreto. Y, si no, es posible que ya esté en tácita reconducción”, explica, sin saber muy bien cómo va a avanzar su caso.

Entre los casos de éxito y los que no han ido también, existe todavía una gran cantidad de inquilinos que no acaban de decidirse sobre si enviar o no el correo, entre el miedo al conflicto y la apuesta por la carta más segura para quedarse en casa.

Aunque el color naranja de los carteles de Alquiler Seguro es muy reconocible en las calles de ciudades como Madrid y Barcelona, nunca se había hablado tanto de esta inmobiliaria como en los últimos meses, después de una multa de 3,6 millones por contratos abusivos a inquilinos ratificada este miércoles por el Ministerio de Consumo. El pasado 15 de enero, se dio a conocer que el entrenador del Manchester City y ex del Barça, Pep Guardiola, compró un 14,21% de la socimi cotizada de la misma marca a través del fondo 08022003 Limited, idéntica cantidad que adquirió el ex jugador del Barça Sergio Busquets, este a través de Buga Seler, S.L, inversiones con un valor aproximado de 1 millón de euros cada una, teniendo en cuenta que tiene hoy una capitalización bursátil de 6,9 millones. Ninguno de los dos ha explicado públicamente la motivación de esta inversión o si la multa a la empresa les hace replanteársela.

Con la compra de estas acciones, los fondos de Guardiola y Busquets pasaron a ser, empatados, los terceros máximos accionistas de la socimi. El principal accionista es la propia empresa, Alquiler Seguro, con un 52,63%, a su vez controlada en un 23,68% por el presidente y fundador, Antonio Carroza Pacheco, y por Aurica Growth Fund, que posee un 26% a través de dos participaciones. La entrada de los ex azulgrana en la socimi tuvo lugar en mayo de 2025 mediante una ampliación de capital, pero se dio a conocer en enero.

Antes, en marzo de 2025, el Ministerio había abierto el expediente sancionador a la empresa basándose a su vez en una investigación que se remontaba a 2023. Partió de las denuncias de Sindicato de Inquilinos, OCU y Facua. Entre otras cosas, la empresa era sancionada por obligar a los inquilinos a pagar un servicio por la gestión del contrato que está prohibida expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Todo ello en medio de una profunda crisis del alquiler con las familias asfixiadas por los gastos de la vivienda.

Socimi y empresa

Desde la empresa insisten en desvincular a la socimi, Alquiler Seguro Asset Market, que compra inmuebles en propiedad para dedicar a alquiler, de la empresa, que funciona como una inmobiliaria que se encarga de las viviendas de terceros para ponerlas en el mercado de alquiler. Es esta última la que ha sido sancionada por el Ministerio y no la socimi, si bien el máximo accionista es la propia empresa y el presidente de la misma.

Licenciado en Economía y fundador de la empresa junto a Gustavo Rossi en el año 2007, poco antes de que estallara la burbuja que desató una gran crisis económica mundial, Carroza ha sido siempre la principal cara visible de la compañía y compaginó presidencia y puesto de CEO hasta que en diciembre de 2024 ocupó este cargo David Caraballo, actual consejero delegado después de haber sido director comercial, gerente general y director general.

Su modelo de negocio, que cobró más sentido ante la reducción de compra de viviendas con la crisis económica y el consecuente crecimiento de la población inquilina, siempre se basó en las garantías para el propietario. “Garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes” o “Tasa de morosidad al 0% durante los últimos 16 años” son algunos de sus eslóganes efectivos, que le sirvieron para crear la socimi que llegó al Mercado Alternativo Bursátil en 2017 con una valoración de 9 millones de euros.

Una multa superior a los beneficios

En el año 2024, último publicado, la inmobiliaria (no la socimi) facturó 28 millones de euros, un 26% más que el año anterior y obtuvo un beneficio de 2,59 millones, según datos de Insight View a partir del Registro Mercantil. Para alcanzar este éxito, no obstante, el Ministerio denuncia que la empresa se vale de modelos de contratos abusivos. El recurso de alzada presentado por la empresa ante esta sanción fue desestimado, por lo que la multa es firme desde este miércoles. A Alquiler Seguro solo le quedaba recurrir a la justicia y así ha anunciado que lo hará para frenar una sanción que consideran “desproporcionada” y “abusiva”. La sanción impuesta por Consumo es mayor que las ganancias de la empresa y equivalen al 9,25% de su facturación

La sanción se dio a conocer poco después de que el Sindicato de Inquilinas de Madrid anunciara una huelga de alquileres, aun sin fecha, para dejar de pagar a la inmobiliaria, que gestiona unos 22.000 en toda España y tiene 65 oficinas en 12 Comunidades Autónomas. Según el ministerio, la empresa obliga al inquilino a cobrar gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato que están prohibidos expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Además, le imponía un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en casos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

La multa de Consumo no impide a Alquiler seguro, en cambio, concurrir a la licitación de 1.600 viviendas públicas de la nueva empresa estatal Casa 47 por valor de 6,5 millones de euros, a la que se presentó y fue admitida. Los sindicatos de vivienda se han mostrado críticos con el hecho de que empresas como esta puedan concurrir a estos concursos, pero desde Casa 47 han querido dejar claro que las normas y los precios los pone la empresa estatal, que no puede impedir presentarse a quienes cumplan requisitos y que no tiene organigrama para hacerse cargo de ello con funcionarios públicos.

La inmobiliaria Alquiler Seguro tendrá que pagar 3,6 millones de euros por sus “prácticas abusivas” contra inquilinos, a no ser que gane el caso en la justicia. Este miércoles, el Ministerio de Consumo ha resuelto negativamente el recurso de alzada presentado por la empresa, de forma que la sanción es ahora firme. Entre las seis infracciones muy graves impuestas, está el cargo a los inquilinos de gastos de gestión inmobiliaria encubiertos en un servicio de atención al inquilino.

La Dirección General de Consumo abrió expediente sancionador a la inmobiliaria en marzo del año pasado e impuso la multa en diciembre, pero una vez agotada la vía administrativa la multa es ahora firme.

La sanción se ha dado a conocer tan solo unas horas después de que el Sindicato de Inquilinas anunciara una huelga estatal que promoverá el impago de los alquileres justamente a esta inmobiliaria. “Por ningunearnos, embolsarse honorarios fraudulentos e imponernos cláusulas abusivas. Nos vamos a organizar casa por casa y va a ser histórico”, rezaba el sindicato de Madrid en su cuenta de X.

La inmobiliaria ha estado en el foco también por haber anunciado su intención de presentarse a las licitaciones para gestionar alquileres públicos de la recién creada estatal Casa 47, posibilidad que también indignó a los representantes inquilinos. Y, poco después de presentarse a la licitación, el entrenador del Manchester City y ex del Barça, Pep Guardiola, decidió comprar un 14,21% de la empresa a través de su fondo 08022003 LIMITED y el exfutbolista Sergio Busquets adquirió idéntica proporción con su fondo Buga Seler. El principal accionista sigue siendo la propia empresa, Alquiler Seguro, presidida por Antonio Carroza Pacheco, uno de los fundadores en el año 2007.

El ministro Pablo Bustinduy ha ratificado que son sancionables las prácticas denunciadas por el ministerio, que permitían a la inmobiliaria cargar de responsabilidades y presión al inquilino ante los contratos. El primero empezaba ya antes de la firma, pues con el servicio de atención al inquilino se cobraban gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato, en contra de la prohibición expresa de la ley de vivienda 12/2023 del 24 de mayo, que puso fin al cobro de las gestiones por parte de las inmobiliarias a los inquilinos.

La empresa además imponía al arrendatario un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en caos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

Una de las sanciones por infracción muy grave supone el pago de 1 millón de euros y otra de 990.900 euros, a las que se les suman tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros. 

Además de la sanción económica, la inmobiliaria deberá eliminar estas cláusulas y hará pública la multa impuesta, la razón social de las personas jurídicas responsables (ALQUILER SEGURO, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción. El expediente se puso en marcha en 2025 después de las denuncias del Sindicato de Inquilinas, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

El ala socialista del Gobierno se ha encontrado un escollo en la negociación del paquete anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Tanto Sumar como el resto de socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han reclamado al Ejecutivo que ese nuevo escudo incluya medidas en materia de vivienda. Bien para prorrogar los contratos de alquiler, para congelar los precios o para proteger a hogares vulnerables de desahucios sin alternativa habitacional.

Los ministros de Sumar han defendido en los últimos días la prórroga de los alquileres. Es una medida que llevan reclamando desde octubre, vinculada a los 600.000 contratos que, según las estimaciones del Ministerio de Consumo, finalizan este año, encarando importantes subidas de precios. “Creemos que es la medida más importante que debe adoptar este Gobierno y vamos a seguir defendiéndola el tiempo que haga falta”, advertía el ministro Pablo Bustinduy, para quien esta es “una prioridad absoluta”.

“Vamos a convencer al Partido Socialista y a todo el Gobierno de que un escudo social tiene que ser sí o sí con medidas de vivienda”, defendía también este lunes la titular de Sanidad, Mónica García, para quien “no hay escudo social sin vivienda”.

Desde el espacio de Sumar insisten en establecer un paralelismo con la guerra de Ucrania, cuando “se aprobó y se aplicó sin reparos por parte de la mayoría parlamentaria” una prórroga de los alquileres. “Esta demanda va más allá de las fuerzas políticas, aunque ya ha sido expresada por varias de ellas; lo están reclamando organizaciones sociales como Amnistía Internacional o el Sindicato de Inquilinas y, sobre todo, es una demanda transversal”, indican fuentes consultadas, para quienes “lo primero es convencer al PSOE”. “Al resto de grupos se les convence negociando, con voluntad política”, confían.

Es, precisamente, en esa debilidad parlamentaria en la que se escudan los socialistas, que quieren llevar el viernes al Consejo de Ministros un paquete de consenso, que pueda pasar sin problemas el trámite parlamentario.

Este martes, la senadora de ERC Sara Bailac exigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que congele los alquileres, que prorrogue los contratos mientras dure la inestabilidad internacional y que suspenda los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. “No se entendería que estas medidas excepcionales que va a aprobar el Gobierno dejasen fuera medidas de vivienda”, apremió.

A Rodríguez le sorprendió, dijo, el “tono de la pregunta”. “No entiendo por qué me reprocha a mí algo que no depende de mí, sino de otros grupos parlamentarios”, contestó, en referencia a la moratoria antidesahucios que tumbaron en dos ocasiones Junts, PP y Vox. La ministra, que no suele confrontar directamente con sus socios, acusó a la senadora de “tratar de confundir con ambición partidista a los ciudadanos”: “No confunda a la ciudadanía. Nosotros queremos el escudo social, propusimos el escudo social y votamos el escudo social. Fueron otros grupos los que lo tumbaron, pero no podemos hacer magia y cambiar la aritmética parlamentaria”.

ERC presentó esta misma semana un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales “para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía y garantizar la estabilidad económica ante el aumento de precios provocado por el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán”. Las propuestas incorporaban, entre otras, las ya mencionadas, además de una limitación al incremento de las cuotas hipotecarias vinculadas al Euríbor en la vivienda habitual.

BNG y Compromís también reclamaron medidas en este sentido. Y el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute defendió, a través de su cuenta de X, la necesidad de “prorrogar de manera extraordinaria los contratos de alquiler y las cuotas hipotecarias, porque es muy previsible que se vaya a dar un aumento de ambos en los próximos meses”.

En la misma línea va el “plan anti-Trump” de Podemos. Este martes, el secretario de organización y coportavoz de la formación, Pablo Fernández, demandaba al Gobierno medidas relativas a la vivienda, como bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, una moratoria antidesahucios de un mínimo de 12 meses, la expropiación de viviendas a los fondos buitre para destinarlas al parque público y un tope a las cuotas de hipotecas variables.

Fuentes del Ejecutivo trasladan la intención de que el paquete cuente con un amplio respaldo parlamentario. Eso incluiría al PP, que ya ha advertido que votará en contra del decreto si desde el Gobierno “siguen insistiendo en que se legalice la okupación”, señaló la portavoz Ester Muñoz, en referencia a la prohibición de dejar en la calle a familias vulnerables que no puedan pagar los alquileres o a quienes se les terminen los contratos.

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, insistía este martes en las “lecciones” aprendidas tras la respuesta a la crisis en el inicio del conflicto en Ucrania, en 2022. Una era la “rapidez”, anticipando en 10 días el primer paquete de medidas. Otra, que ese paquete que se conocerá el viernes sea “proporcionado con el impacto que estamos observando” para tener “esa flexibilidad de poder ir respondiendo conforme se vayan desarrollando los acontecimientos”.

Esta ha sido la respuesta de Cuerpo a varias preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros sobre la intención del Gobierno de incorporar algunas de las medidas de los socios en materia de vivienda. También, “que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso sin ningún problema”.

Al margen de los grupos políticos a la izquierda del PSOE, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reclamó también que se congelen los alquileres y algunas organizaciones sociales se han pronunciado en el mismo sentido. Desde Amnistía Internacional, que señalaba la semana pasada que “la guerra no solo amenaza los precios de la gasolina o los alimentos” sino que “sus efectos se notarán también en el derecho a la vivienda, por el previsible impacto de la inflación en unos precios desorbitados”; hasta el Sindicato de Inquilinas, que exigía la congelación del precio del alquiler, una prórroga de tres años para los contratos y recuperar la moratoria antidesahucios.

“Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, indicaban desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas este viernes. Por el momento, desde Economía señalan que “a día de hoy no estamos en las circunstancias en las que estábamos después de dos semanas del inicio de la guerra de Ucrania”.

Es algo en lo que coincidía también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este martes decía estar “negociando”, aunque reconocía que “no es la misma situación que Ucrania”. En lo que la crisis en Irán sí puede tener un efecto directo en los alquileres es la actualización de los precios que se realizan año a año. Aunque el Ministerio de Vivienda puso en marcha un índice de referencia de los arrendamientos de vivienda, para desligar estas actualizaciones del IPC en picos de inflación, este solo afecta a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Los contratos anteriores continúan ligados al IPC o al índice de Garantía de Competitividad, si viene indicado en el contrato. Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorros, publicó el pasado viernes su previsión de inflación para marzo, con una subida hasta el 3,6%, desde el 2,3% de febrero, que repercutiría directamente en los alquileres con actualización anual en marzo. Tras el inicio de la guerra de Ucrania, se aprobó una limitación extraordinaria al 2% en 2022 y 2023 y al 3% en 2024, que el Tribunal Supremo avaló este mes de enero.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prohibirá la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años. Así lo ha anunciado su titular, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios antes de una reunión con la Gasol Fundation. La normativa que desarrollará el Ministerio abarcará también a menores de 18 años cuando las bebibas contengan más de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros.

Bustinduy afirma que la medida cuenta con “un amplio apoyo social”, y ha aludido al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y, según el cual, nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición. Y ha destacado que en este dato se incluye un apoyo también muy alto de los jóvenes, un 88,3% de los encuestados entre 18 y 35 años, apoyan prohibir las bebidas energéticas.

El Minsiterio argumenta además que esta iniciativa va en línea con las medidas que están adoptando diferentes países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania. En España también hay normativas autonómicas como la de la Xunta de Galicia y el del Principado de Asturias, lo que –a juicio de Consumo– refuerza la importancia de armonizar esta legislación a nivel estatal y favorecer así la unidad de mercado.

Galicia tomó la delantera el pasado 7 de enero al publicar una ley que equipara estos productos al alcohol, con la que prohibirá su venta y consumo a menores de 18 años bajo multas, que estarán entre 200 euros por consumo y 15.000 euros por sanciones graves de suministro, a partir de marzo. 

A su vez, el proyecto de ley que tramita el Parlamento de la contigua Asturias prevé situar este límite de edad en los 16 años, con sanciones también similares a las del alcohol o el tabaco, que oscilan entre el apercibimiento y multas de hasta 600 euros por infracciones leves como el consumo y pagos de 10.000 euros en casos graves o incluso el cierre de establecimientos y hasta 100.000 euros en casos de distribución a gran escala. 

También el Govern balear ha comunicado estar trabajando en una ley, todavía embrionaria, para regular el consumo de estas bebidas en menores; y otras comunidades, como Catalunya o Euskadi, lo tienen en sus planes, aunque todavía no hayan comunicado ningún nuevo paso.

En marzo de 2023 se creó un grupo de trabajo entre la Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos para valorar posibles medidas a adoptar a nivel nacional en esta línea. El primer paso fue aprobar un Real Decreto que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y energéticas en cafeterías o máquinas vending de los centros escolares el pasado mes de abril.

Poner topes a las subidas de precios que se producen tras situaciones de emergencia, como la ocurrida con la dana; o cuando suceden accidentes que afectan a uno de los principales medios de transporte, como sucedió hace poco más de un mes en Adamuz (Córdoba). Eso es lo que busca el Ministerio de Consumo con el real decreto que aprobó hace unas semanas para evitar esos precios disparados en esos momentos de crisis, cuando se altera de forma excepcional la oferta y la demanda.

Esta medida ha roto, aunque solo se aplique en esos momentos de emergencia, el tabú de que no pueden establecerse límites a los precios en el marco de la libertad de mercado. Un debate que fue polémico hace casi cuatro años, cuando la invasión de Ucrania por Rusia derivó en una espiral inflacionista que llevó a plantear límites incluso en sectores tan esenciales como el de la alimentación. Algo que, al final, no llegó a materializarse. 

Este jueves, ese real decreto llega al Congreso de los Diputados, donde se dirime su aprobación. Analizamos las claves de la medida impulsada por el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy.

¿Cuándo se pueden limitar los precios?

El real decreto plantado por Consumo busca arreglar un vacío legal. Si se convalida, la Administración podrá actuar para limitar las subidas de precios en situaciones excepcionales de emergencia, como la dana o el accidente de Adamuz. 

Básicamente, se trata de actuar en situaciones de emergencia que influyen en la demanda y la oferta de un producto o de un servicio. Por ejemplo, actualmente, si en una situación de emergencia hay un acelerón de búsquedas de compra, los precios se disparan. Y puede que ese acelerón esté motivado, como ya ha sucedido, por un accidente de tren. 

“Hasta ahora, la libertad absoluta de precios permitía la modulación de estos en ese tipo de situaciones sin ninguna limitación, más allá de la prohibición de incrementos de precios personalizados en situaciones de emergencia de protección civil”, explican fuentes del Ministerio de Consumo, porque ese era, hasta ahora, el único escenario posible para estas limitaciones.

El real decreto que el jueves tiene que convalidar el Congreso permite que, en situaciones de emergencias o casos de fuerza mayor que alteran de forma significativa las condiciones habituales de oferta y demanda, se active esta limitación temporal, siempre que así lo apruebe el Consejo de Ministros.

¿Por cuánto tiempo se pueden limitar? ¿Y cómo se limitan?

Como se ha explicado anteriormente, la limitación de precios en situaciones de emergencia la tiene que aprobar el Consejo de Ministros y tiene que estar acotada en el tiempo. “El correspondiente acuerdo debe precisar la fecha de inicio y final de la medida, los bienes o servicios afectados y la referencia aplicable para la limitación de precios de los bienes o servicios cubiertos”, explican desde el Ministerio Consumo.

En cuanto a cómo se van a fijar esos topes, el real decreto establece que, en esas situaciones de emergencia, el precio no podrá ser superior al máximo que tuvo el servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación de emergencia. Además, se introduce un mecanismo de tope adicional, que puede ser un tanto complejo. Este establece que si el precio máximo que ha tenido un servicio o un producto, en esos 30 días previos, fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%.

Asimismo, el real decreto contempla que, para bienes o servicios con marcada estacionalidad, se puede tomar como referencia el precio del mismo periodo en el año anterior, actualizado conforme al IPC.

Por último, la norma permite al Gobierno imponer a las comercializadoras la obligación de informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado en, al menos, los 30 días previos a la limitación de precios por situación de emergencia. También, garantiza que la limitación de los incrementos se mantenga vigente durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala directamente vinculadas a la situación de emergencia.

¿Qué situaciones están incluidas?

El real decreto que aprobó el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy especifica que las situaciones en las que podrán toparse los precios no solo serán aquellas declaradas como de emergencia de protección civil, como sucedía hasta ahora, sino también aquellas que determine el Consejo de Ministros, que será el único órgano capacitado para hacerlo. 

De esta forma, la limitación de precios se podrá activar tanto cuando se produzca una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como cuando se den estos otros supuestos: accidentes, emergencias técnicas, causas de fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias. Siempre será el Consejo de Ministros el que determine esas causas.

Además, la medida que ahora tiene que refrendar el Congreso incorpora criterios de flexibilidad para evitar tensiones en la oferta. En concreto, se permitirán incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes. También, si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre y cuando esto no suponga un aumento de márgenes para el operador, matiza Consumo.

En caso de que haya incumplimientos, los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador que establezcan las autoridades de Consumo.

¿Por qué se ponen en marcha ahora los topes?

Esta medida llega poco más de un mes después del accidente de trenes en Córdoba. Fuentes de Consumo explican que “se han recibido quejas de personas consumidoras y asociaciones, principalmente, en relación a servicios de transportes alternativos al transporte ferroviario”. 

También señalan que se constataron multitud de quejas, tras el apagón del 28 de abril de 2025, con los precios de las VTC, los vehículos de alquiler con conductor. “Estas situaciones son las que han impulsado, acelerado y perfeccionado el desarrollo de esta normativa, creada para dotarnos de más herramientas en la prevención y respuesta frente a posibles abusos”, recalcan.

¿Tienen que ver con los conocidos como precios dinámicos? 

El trasfondo es que este modelo de fijación de precios, que emplean muchas plataformas digitales, se ha generalizado durante los últimos años. Fuentes de consumo recalcan que el objetivo de los topes de precios en situaciones de emergencia “no es señalar empresas de forma genérica, sino garantizar que, en situaciones excepcionales, nadie pueda aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad”.

Esos precios dinámicos o personalizados permiten modificar el coste de un mismo bien o servicio en función de múltiples variables como la evolución de la demanda, el momento temporal de la compra o el comportamiento del usuario. “En condiciones de normalidad, estos sistemas pueden formar parte del funcionamiento del mercado, pero su aplicación sin límites claros genera opacidad y dificulta que las personas consumidoras tengan claridad sobre su compra”, señala el Ministerio. “Y esa falta de transparencia se agrava en situaciones excepcionales, cuando determinados servicios se vuelven escasos, por ejemplo, tras el cierre de una vía ferroviaria o ante una emergencia climática, y el precio puede dispararse en cuestión de horas”.

Precisamente, añaden las citadas fuentes, por eso es importante la limitación temporal de precios en contextos de emergencia. “Esta medida nos permite proteger a las personas afectadas y evitar que nadie tenga la tentación de obtener un beneficio extraordinario a costa de una desgracia”.

¿Entonces, los topes de precios en situaciones de emergencia están en manos del Congreso? 

Sí. El real decreto que los permite lo aprobó el Consejo de Ministros, pero el jueves tiene que lograr el respaldo de la Cámara Baja. 

“El papel de las instituciones es anticiparse a los abusos, garantizar el acceso a bienes y servicios básicos y poner siempre el interés general por delante, independientemente del partido por el que sean gobernadas o las siglas a las que responda el representante público”, defiende Consumo. “Cuando ocurre una desgracia, lo último de lo que tiene que preocuparse un ciudadano o ciudadana es de si le van a estafar y en esta cuestión todos los grupos políticos deberían estar de acuerdo”, concluyen.

Una plataforma de juego online llamada Need for Spin —vinculada a la sociedad GBL Solutions N.V., con sede fiscal en Curazao (Países Bajos)— opera presuntamente de forma irregular en España. Esta empresa posee una licencia para operar en su país de origen, pero no una para hacerlo en territorio español, según ha podido saber elDiario.es. Este requisito es obligatorio según la ley española que regula el juego. De hecho, el nombre de la sociedad no figura en el buscador de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo. Tampoco aparece el dominio web asociado a la empresa neerlandesa.

Fuentes del Ministerio de Consumo explican a este diario que las empresas del juego deben aparecer en los listados de operadores con licencia y que deben “cumplir la regulación en cuanto a las advertencias de juego seguro y prohibición de juego para los menores”. Sin embargo, han recordado que no pueden “dar información sobre operadores concretos, salvo que las sanciones sean firmes en vía administrativa”. GBL Solutions N.V. no ha respondido a las consultas realizadas por este diario.

La norma que regula el juego en España —cada país miembro de la UE tiene su propia regulación— es la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. En su artículo 39 establece lo que se consideran infracciones muy graves. Entre ellas, se recogen las actividades incluidas en el ámbito de la aplicación de la norma del juego que se realizan “careciendo del título habilitante correspondiente”, es decir, sin licencia. Esta plataforma, además, opera bajo el dominio “.com”. La ley determina, en su artículo 10, los procedimientos que hay que llevar a cabo para obtener una licencia. En el apartado 4.d) se recoge la obligatoriedad de implantar un sitio web específico con nombre de dominio bajo “.es”. El incumplimiento de este requisito también se considera una falta muy grave. Estas pueden ser sancionadas con multas de entre uno y 50 millones de euros, como fija el artículo 42 de la norma.

La última vez que la DGOJ otorgó licencias fue en diciembre de 2017. GBL Solutions N.V. se creó en 2020, según figura en el Registro Mercantil de Curazao. Albert Agustinoy, abogado de Cuatrecasas experto en regulación de juego, afirma que la norma no reconoce licencias extranjeras. “Esta infracción supone multas que pueden variar de uno a cincuenta millones de euros, así como a ser declarado inelegible para solicitar licencias hasta un plazo máximo de cuatro años”, asegura.

Explica además, que al tratarse de un casino online, una de sus principales estrategias para atraer nuevos clientes consiste en el uso de campañas de marketing dirigidas y personalizadas. Así es cómo GBL Solutions llegó a la vida de Manuel (nombre ficticio). “No paraban de llegarme mensajes SMS para que apostara”, comenta. Manuel está en el registro de autoprohibidos. Sin embargo, es bombardeado constantemente con publicidad de esta índole. “Si estás autoprohibido no puedes entrar a ninguna web de apuestas, sin embargo, aquí puedes acceder sin ningún tipo de restricción”, afirma.

Agustinoy explica que en estas webs también existe una aceptación pasiva, es decir, sin hacer ningún tipo de campaña, que un jugador español se inscriba y empiece a jugar con ellos. “En estos casos la DGOJ tiene capacidad para iniciar expedientes sancionadores. Además, puede instar al bloqueo de direcciones IP vinculadas a ofertas no autorizadas de este tipo de juegos”, sentencia.

Curazao, puerta de entrada al juego ilegal

La ley también contempla la obligación de la autoridad competente de publicar las resoluciones de los expedientes sancionadores a través de su página web. En los años 2024 y 2025, la DGOJ ha resuelto 22 expedientes sancionadores por infracciones muy graves, debido a que en cada uno de los casos las plataformas de juego estaban operando “careciendo del título habilitante correspondiente”, es decir, sin licencia.

Nueve de las empresas infractoras tenían su residencia fiscal en Curazao, tres figuran en otras jurisdicciones mientras que la autoridad competente no ha podido determinar la ubicación de las diez restantes, lo que muestra la complejidad del entramado fiscal con el que operan algunas de ellas.

En el último procedimiento resuelto contra una empresa con sede fiscal en Curazao, ésta fue sancionada con 5 millones de euros por su presunta actividad irregular, que consistió en operar sin licencia. Además, se condenó a la empresa a inhabilitación para la realización de las actividades de juego previstas en el artículo 1 de la Ley 13/2011 por un período de cuatro años como “consecuencia de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 39” de la ley y de conformidad con lo que establece el artículo 42 de la misma norma.

Pese a que la resolución ordenó a la empresa el “cese inmediato de la actividad de juego ilegal en España” no era firme, ya que cabía presentar contra ella recurso de reposición en el plazo de un mes o su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a partir día siguiente a su notificación.

El expediente sancionador recoge, en los antecedentes de hecho, que la medida cautelar se aplica para garantizar tres objetivos. El primero, la tutela del interés público, mediante “la prevención de actividades que pudieran dar lugar a fraude, blanqueo de capitales y otros problemas de orden público”; la defensa de “los intereses de terceros”, concretamente, los usuarios de este tipo de productos y, de modo particular, de los menores de edad y de las personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (es decir, el registro de autoprohibición) y para evitar “el mantenimiento de los efectos de la infracción”. Los antecedentes de hecho coinciden con los objetivos que pretende garantizar la ley de regulación del juego.

Eupago colabora con la plataforma irregular

GBL Solutions N.V procesa sus transacciones financieras a través de Eupago, una empresa con sede principal en Oporto, fundada en 2014 y autorizada por el Banco de Portugal como institución de pago. La función de Eupago es actuar como intermediario en transacciones económicas entre usuarios y empresas que venden productos o servicios, gestionando pagos tanto en internet como en puntos físicos.

Este diario ha enviado en dos ocasiones un correo electrónico asociado a la empresa en Portugal, después de haber contactado por whatsapp con el CEO de España. En estas consultas, se preguntaba a Eupago si la empresa era consciente de las presuntas irregularidades de la plataforma del juego, si colaboraba con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Consumo para la prevención de estas prácticas y si iba a tomar medidas. La primera consulta fue realizada el 4 de diciembre de 2025.

Eupago también tiene una oficina en Madrid, cuya actividad está supervisada por el Banco de España. Según Manuel, al registrarte en la web, Eupago aparece como método de pago predeterminado. “Al realizar un cargo, te redirige automáticamente sin necesidad de registro, y lo hace enviando códigos de comercio falsos. En mi caso, cuando realizaba un pago al casino, en el extracto bancario aparecía como si fuera un consumo de gas”, relata Manuel. Este diario ha podido comprobar la veracidad de ambas afirmaciones.

Desde 2016, Eupago ha recibido 348.825,25 euros en fondos europeos. De ellos, 11.500 euros han sido otorgados por el Gobierno de España en 2025, mientras que el resto de las subvenciones provienen de Portugal, como figura en la plataforma de contratos públicos de ambos países. Por su parte, Agustinoy señala que la DGOJ tiene la capacidad de instar a los proveedores de servicios de pago a que no gestionen transacciones vinculadas a operadores de juego sin licencia que actúan fuera del marco legal.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este viernes la apertura de una investigación para identificar empresas que podrían estar promocionando desde el estand de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente.

De ser cierto, estas prácticas podrían ser consideradas como publicidad ilícita, puesto que el real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina aprobado en septiembre de 2025 prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.

Según ha informado en un comunicado el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, los indicios recabados hacen pensar que varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo viajes a lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada. “La publicidad se hace en el marco de una de las ferias más relevantes del sector, con miles de visitantes”, ha expuesto Consumo.

El ministerio de Bustinduy ya exigió el pasado diciembre a siete multinacionales que retirasen 138 anuncios de alojamiento vacacional en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

El Gobierno ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de una administración de consumo española de la historia a una empresa privada. “Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún poder económico puede eludir sus responsabilidades”, afirmó este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, que se comprometió a “erradicar prácticas especulativas y lesivas” en el marco de sus competencias. La sanción, de 65 millones de euros, supone seis veces el beneficio ilícito que la empresa obtuvo durante el tiempo que se negó a eliminar más de 65.000 páginas de viviendas que no tenían licencia para anunciarse o que mostraban un número de registro falso: unos 10 millones.

La mayoría de estos pisos sin permiso para ofrecerse como alojamiento vacacional se encuentran en algunas de las comunidades con zonas más tensionadas por la presión turística. Según los datos a los que ha podido acceder elDiario.es, uno de cada tres de estos anuncios se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. Como muestra el siguiente mapa, Canarias, con 12.486, y Galicia, con 6.897, completan los primeros puestos de esta lista.

Canarias, como Balears con más de 4.300 anuncios ilegales, son comunidades eminentemente turísticas donde algunos operadores tratan de sacar provecho a toda costa. En Galicia, por su parte, la tensión por la crisis de la vivienda tampoco es baladí. A Coruña ha sido declarada zona tensionada, pese a las pegas de la Xunta del PP, que ha terminado aceptando los requerimientos del consistorio socialista, mientras Santiago espera lo propio.

Con todo, el mapa debe mirarse teniendo en cuenta las competencias del Ministerio y la idiosincrasia de cada comunidad. Cuando Consumo inició este procedimiento, en diciembre de 2024, no existía el registro único que arrancó este 1 de julio, por lo que cada gobierno autonómico o ayuntamiento tenía capacidad para exigir que los anuncios incluyeran el número de registro.

“Como se puede comprobar, las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio del Estado, menos en Madrid, Andalucía y Extremadura”, territorios donde “la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso”, indican fuentes del Ministerio de Consumo.

Por ejemplo, solo en la ciudad de Madrid, el equipo de Bustinduy identificó en el mes de marzo más de 15.000 anuncios que no cumplían con la normativa local, pero que “no pudieron ser eliminados por el Ministerio al tratarse de una competencia municipal”.

El conflicto entre Airbnb y Consumo se remonta a octubre de 2024. “El Ministerio notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 pisos turísticos”, explicó Bustinduy este lunes en una rueda de prensa, pero “ante la inacción [de la compañía], se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024”. Es decir, la millonaria multa llega por la negativa de la empresa a retirar esos anuncios, una vez advertida. La administración ya entendía entonces que esta actitud insumisa “podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

Hasta ahora, esta es la segunda multa más cuantiosa a la que se enfrenta una empresa privada, tras los 107 millones de euros a Ryanair. Consumo condenó a la aerolínea por prácticas abusivas, como cobrar suplemento por el equipaje de mano o reservar servicios contiguos para acompañar a personas dependientes. Esta compañía recurrió al Tribunal Superior de Madrid, que estimó las medidas urgentes solicitadas con la condición de que se presentase un aval bancario por la cantidad de la multa impuesta.

En esta ocasión, Airbnb ya ha anunciado que recurriría la sanción de Consumo ante los tribunales, al considerar que “ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España”. La compañía estima que “la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestren el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no es aplicable, cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas”.

El 1 de julio entró en vigor la nueva ventanilla única de arrendamientos, que obliga a los propietarios de viviendas que quieran anunciarlas en plataformas para uso turístico o alquiler de temporada a contar con un número de identificación, expedido por los registradores de la propiedad. Ese mismo día, la mitad de los pisos no podían anunciarse en plataformas y a principios de septiembre el Ministerio de Vivienda había notificado más de 53.000 pisos ilegales, que habían solicitado el número de registro obligatorio, pero que no cumplían los requisitos legales.

Al margen de estos alojamientos vacacionales ilícitos, a finales de julio, Airbnb accedió a bloquear los 65.000 anuncios por los que Consumo tenía en marcha el expediente sancionador que siguió su curso, al considerar que una infracción no queda impune por dejar de cometerla. Sin embargo, lo hizo tras un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, a quien consideran “la autoridad competente en esta materia a nivel estatal”.

Previamente, el Tribunal Superior de Madrid respaldó una primera actuación de Consumo y rechazó la petición de medidas cautelares de la plataforma, a la que obligó a retirar una primera actuación de una tanda de 5.800 de estos 65.000. Bustinduy ha defendido que su departamento “aplica la legislación española con todo el rigor y con toda la determinación” y ha insistido en que “no puede haber modelos de negocio construidos al margen de la ley”.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado este jueves al PSOE que apruebe una prórroga automática de todos los contratos de alquiler que vencerán el próximo año. “Nadie entendería que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas que se ven ante una situación angustiante, que es el vecimiento de su contrato y la necesidad de renegociarlo en unas condiciones que pueden suponer un incremento de un 30, 40 o un 50%”, ha señalado.

Bustinduy ha reclamado a su socio de Gobierno poner en marcha esta “medida sencilla, que se puede aplicar inmediatamente” y que está contenida en un paquete de propuestas que los ministros de Sumar presentó a mediados de octubre, sin acuerdo con el ala socialista del Ejecutivo ni con el Ministerio de Vivienda.

Según un documento interno del Ministerio de Consumo, adelantado por la Cadena Ser, en 2021 se firmaron 632.369 contratos de alquiler que dan techo a 1,6 millones de personas. Los que continúen en vigor deberán ser renovados a lo largo de 2026, lo que obligará a muchos inquilinos a tener que renegociar o buscar una alternativa en un contexto de precios al alza. Según las estimaciones del departamento de Bustinduy, “es un coste acumulado de 1.000 millones de euros para las familias españolas”.

Por ello, desde Sumar han reclamado a su socio de Gobierno “pinchar” la burbuja del alquiler y proteger a las familias españolas y “no los intereses de especulación y rentismo que están haciendo que la crisis de vivienda sea el principal problema de las clases trabajadoras en este país”. “La herramienta está lista y estamos solo a la espera de una respuesta por parte de nuestros socios de Gobierno para poder implementar esta medida”, ha insistido.

Preguntado por el real decreto anunciado por el presidente Pedro Sánchez, y que incluye una ayuda a los propietarios frente a los impagos de alquiler, un aval que el Gobierno ya comprometió a principios de año, a petición de Junts, Bustinduy ha remarcado que la obligación del Ejecutivo debe ser la de “defender a la gente trabajadora en este país”. “Aquí estamos ante un conflicto de intereses: o se protegen los intereses de los inquilinos e inquilinas y las familias trabajadoras, o se blindan los beneficios de una minoría rentista que está extrayendo riqueza de las familias trabajadoras para su propio lucro”, ha señalado.

En cualquier caso, Bustinduy ha apuntado que las medidas que vayan para asegurar condiciones de viabilidad en el mercado del alquiler serán positivas y cuando se anuncien habrá ocasión de poderlas debatir. “La medida más importante, prioritaria y absolutamente urgente es la prórroga de los contratos de las familias trabajadoras en España. Creo que ese es el primer paso que hay que dar”, ha zanjado.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha puesto en marcha la “mayor campaña” de vigilancia para frenar las “falsas rebajas” durante el Black Friday, los descuentos en el último viernes de noviembre y el siguiente lunes, conocido como Ciber Monday.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha adelantado que ya se están vigilando “miles de productos” para “evitar que las empresas se lucren con falsos descuentos”. Por ejemplo, ha mencionado que se están analizando tanto “patrones oscuros”, como “los precios personalizados” o las “ventas bajo presión, diseñadas para tomar decisiones de compra con falsa sensación de urgencia”.  

También ha recordado que el “año pasado” su Ministerio puso en marcha “siete expedientes sancionadores, con multas de hasta 350.000 euros”.

La vigilancia ya se ha puesto en marcha “con bastante antelación”. “Llevamos semanas vigilando los precios”, ha asegurado el ministro. “No se puede construir un negocio con prácticas abusivas o ilegales, quien lo haga lo va a pagar”, ha recalcado en varias ocasiones. 

“El tiempo de la impunidad se ha acabado, esa sensación de falsa urgencia en la compra se ha expandido para multiplicar el lucro. Son prácticas abusivas”, ha argumentado.

¿Qué se va a vigilar? Por ejemplo, los conocidos como precios dinámicos, que van aumentando en las diferentes fases del proceso de compra; o por goteo, que en función de lo que se contrate suponen una factura más elevada que la anunciada al principio del proceso por la empresa. También, los precios personalizados, que tienen en cuenta información que ha facilitado el consumidor, por ejemplo, búsquedas previas de un producto, que indican una voluntad de compra. Además, como en otras ocasiones, se vigilará si los descuentos son reales o se ha subido el precio, días antes del Black Friday, para bajarlo en esa jornada y anunciarlo como descuento.

Rechaza cambiar las indemnizaciones de Renfe

El ministro de Consumo también ha criticado la enmienda aprobada en el Congreso el jueves, que exigía a Renfe elevar las indemnizaciones por retrasos en alta velocidad y que esta misma mañana ha rechazado el responsable de Transportes, Óscar Puente, que ha dudado de su constitucionalidad.

“Es difícil de entender que operadores privados que ha venido a España a explotar la alta velocidad con un esfuerzo inversor del Estado gigantesco tengan mejores condiciones que el operador público”, ha asegurado Pablo Bustinduy. “Solo se entiende con una visión de que lo público se encarga la inversión y el ámbito privado, de extraer los beneficios, como se ha visto en otras privatizaciones, como en el sector sanitario o las telecomunicaciones”. “Puente tiene toda la razón”, ha añadido.

En cuanto a la decisión de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción a España por restringir la libertad de las aerolíneas respecto al cobro de las maletas de pago en cabina, Bustinduy ha adelantado que lo “dirimirá el Tribunal de Justicia de la UE”. “Es incomprensible que en un conflicto entre el modelo de negocio de un puñado de multinacionales y los derechos de los consumidores se haya posicionado en favor de las aerolíneas. Nuestra obligación es defender los derechos de los consumidores españoles, con todo el rigor y siguiendo la ley”.

Isabel Díaz Ayuso se pone del lado de Ryanair. Al menos, en las fotos que ha dejado este martes su visita al primer Centro de la compañía para la formación de tripulaciones del Boeing 737 Gamechanger en el sur de Europa, cerca del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas. Un acto en el que la dirigente madrileña ha arropado al presidente de la aerolínea, Eddie Wilson, que protagoniza desde hace meses un fuerte choque judicial y mediático con el Gobierno central debido a la política de cobro de equipajes de mano a viajeros que potencian en su empresa. Ambos han posado con la gorra de la marca y desde el interior del simulador de una cabina de piloto.

Wilson es el consejero delegado de Ryanair desde 2019 (antes era el responsable de Recursos Humanos), cuando sucedió al todavía más controvertido Michael O'Leary, que se mantiene no obstante al frente de la compañía matriz Ryanair Holdings. O'Leary escenificó los ataques de la aerolínea al Ejecutivo y en particular al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el pasado febrero. En una rueda de prensa, calificó de “payaso” a Pablo Bustinduy y utilizó una imagen suya caracterizado como tal. Le llamó “político estúpido” y le acusó de provocar una subida de precios. El millonario empresario ya se había referido antes al titular de la cartera como “ministro loco comunista”.

Ryanair arremete contra el Ministerio de Consumo por la multa que impuso a varias aerolíneas low cost, incluida la irlandesa, por prácticas consideradas abusivas: cobrar por el equipaje de mano o elegir un asiento cuando se tiene que viajar al lado de una persona dependiente. La cruzada de la empresa que lidera Wilson es también contra Aena, por las tasas que cobra, y por ende contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Bustinduy justificó su actuación a la hora de multar a las aerolíneas. “El Ministerio ha cumplido con su obligación, ha aplicado la ley con todo el rigor, con todas las garantías, con una resolución basada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014 y en pleno respeto de la legislación comunitaria”.

En julio, Consumo abrió un nuevo expediente a una low cost que se sumaba a la multa impuesta a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por valor de 179 millones de euros. Una sanción que las empresas recurrieron a la Justicia y que se encuentra suspendida de manera cautelar desde finales de junio.

De los cruces con el Gobierno central al “compromiso con Madrid”

Ryanair expone que la nueva instalación junto a Barajas representa una inversión de 130 millones de euros y la creación de 150 empleos altamente cualificados. Según los planes de la compañía, en 2026 se añadirán cuatro simuladores para completar un total de seis y reforzar su posición de liderazgo en el sector. Todo ello “demuestra el compromiso continuo de Ryanair con Madrid y con la industria turística española a medida que seguimos ofreciendo conectividad, empleo y excelencia en aviación”, según Wilson. “Estamos orgullosos de seguir invirtiendo en excelencia en aviación en Madrid, a medida que la región consolida su posición como uno de los principales hubs europeos y como el principal centro de innovación de Ryanair en el sur de Europa”, concluyó.

Un respaldo que la aerolínea no mantiene en otras zonas del país. A comienzos de septiembre, recortó sus vuelos a aeropuertos pequeños y elevó las primas a la plantilla por señalar maletas. Poco después, anunció el despido de un centenar de empleados de asistencia en tierra en el aeropuerto de Santiago. Fue el culmen de un proceso que inició con la clausura de la base de Santiago, la cancelación de vuelos a Vigo y Tenerife y la reducción de viajes a Asturias, Santander y Zaragoza.

La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas, entre las que estarían prohibir el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, prohibir que los y las asistentes a un festival puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente y no admitir en algunos casos la devolución del reembolso de la cantidad sobrante de las pulseras cashless utilizadas para la adquisición de bienes dentro del festival.

La empresa afectada organiza estos festivales en diferentes Comunidades Autónomas de nuestro país, razón que habilita a la Dirección General de Consumo para intervenir y abrir el expediente. Según señala este organismo, estas prácticas, de constatarse, serían prácticas abusivas en tanto en cuanto supondrían una infracción del artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En caso de ser calificadas como infracciones muy graves, serían penalizadas con multas de entre 100.001 euros y 1 millón de euros.

Las posibles prácticas abusivas

Las prácticas que Consumo considera que podrían ser abusivas y sujetas a investigación son por un lado, prohibir de forma expresa y generalizada el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, sin que existan alimentos, bebidas o sustancias que impliquen un peligro de salud pública que justifique la prohibición, ya que según la ley de defensa del consumidor, los asistentes tienen derecho a llevar su propia comida y bebida a los recintos siempre que estos sean abiertos. La prohibición se habría efectuado tras el registro de los y las asistentes. En caso de no estar estos de acuerdo, se les habría denegando el derecho de acceso de forma potencialmente arbitraria.

En segundo lugar, la Dirección General de Consumo investigará si a los asistentes a los diferentes eventos de la promotora se les impidió salir y acceder de nuevo al recinto del festival con total libertas, obligándoles a abonar una cantidad adicional en caso de que tuviesen que salir de forma voluntaria o imperativa.

Finalmente Consumo sospecha que la promotora estableció como obligatorio un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto, algo legal. Sin embargo, al fin de los eventos no admitió la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e impuso gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso; así como estableció un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso.

Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de 9 meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de DDSS, Consumo y A2030, recordando que la iniciación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de un procedimiento de infracción por restringir la libertad de las aerolíneas para fijar precio en el equipaje de mano y por las sanciones que el Ministerio de Derechos Sociales impuso en noviembre de 2024 a cinco aerolíneas low cost (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas como cobrar suplementos por el equipaje de mano.

Bruselas señala que “la Ley Nacional de Navegación Aérea de España no permite a las aerolíneas someter el transporte de cualquier equipaje de mano a un cargo adicional, restringiendo la libertad de las aerolíneas para fijar precios y diferenciar entre un servicio que incluya el derecho a una mayor franquicia de equipaje de mano, y un servicio que no ofrezca esa posibilidad y que simplemente proporcione la menor franquicia que constituye un aspecto necesario del transporte”.

La Comisión Europea añade que “España también ha emitido decisiones sancionadoras a cinco aerolíneas por su política de aplicar cargos separados por el servicio de transporte de equipaje de mano adicional. Dado que estas decisiones sancionadoras se basan en una interpretación, que sigue la Ley de Navegación Aérea Española, las decisiones sancionadoras también infringen el Reglamento” de la UE.

El Ministerio de Consumo ha mandado un comunicado en el que asegura que “la argumentación jurídica que sustenta estas sanciones se ajusta escrupulosamente tanto a la legislación española como la jurisdicción europea, tal y como refiere la sentencia del TJUE del 18 de septiembre de 2014”. Entonces, esta sentencia del tribunal europeo estableció que el equipaje de mano “debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables”.

La Comisión admite que hay una sentencia del TJUE, que declaró que “el equipaje de mano debería ser, en principio, gratuito siempre que cumpla con requisitos razonables en términos de peso y dimensiones, y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables, el equipaje de mano que exceda dichos requisitos razonables está sujeto a la libertad de precios”, que según la Comisión la Ley española no cumple.

Rechazo de las asociaciones europeas de consumidores

La decisión de la Comisión Europea no ha sentado bien en las asociaciones de consumidores. Agustín Reyna, director general de BEUC, la Organización Europea de Consumidores que representa a 45 asociaciones de consumidores de 32 países de Europa, ha señalado que “ver a la Comisión tomar partido por las aerolíneas es decepcionante para los consumidores, quienes esperan que su equipaje de mano esté incluido en el precio de su billete de avión. Estos recargos nos llevaron a solicitar una investigación a nivel de la UE sobre las prácticas desleales de las aerolíneas en materia de equipaje de mano el pasado mes de mayo”.

“Con esta medida, la Comisión básicamente está diciendo a los consumidores de la UE que el equipaje de mano es un artículo de lujo que hay que pagar. Va en la dirección opuesta a la propuesta del Parlamento Europeo de que los consumidores puedan llevar a bordo gratuitamente tanto una pieza de equipaje de mano como un pequeño artículo personal. Confiamos en que los responsables políticos atiendan las expectativas de los consumidores mientras modernizan la normativa sobre los derechos de los pasajeros aéreos”, ha señalado el director general de la Organización Europea de Consumidores.

El ministerio de Consumo sancionó en noviembre de 2024 con 179 millones de euros a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas, como cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes. La sanción más elevada es para Ryanair con 107.775.777 euros, seguido de Vueling, con 39.264.412; Easyjet, con 29.094.441; Norwegian, con 1.610.001 euros, y Volotea con 1.189.000 euros, según fuentes del ministerio.

Presión de Ryanair

La apertura del expediente por parte de la Comisión Europea tiene lugar tras una reunión entre el Comisario Europeo de Transportes y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en Bruselas con el CEO de Ryanair, Michael O'Leary en septiembre. Ese mismo día el comisario de Transportes se reunió también con el Ministro de Transportes de Irlanda, Darragh O'Brien.

Días antes de la reunión entre O'Leary y el comisario de Transportes el directivo de Ryanair dijo que estaba convencido de que la Comisión Europea abrirá un procedimiento contra el Gobierno de España por las sanciones que impuso el Ministerio de Consumo a Ryanair, como se ha sabido este miércoles.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, le envió una carta al comisario para mostrar su “asombro” por las declaraciones del CEO de Ryanair y le pidió una reunión. Finalmente, el 16 de septiembre el comisario y el ministro tuvieron un encuentro por videconferencia donde Bustinduy le mostró “su preocupación por la presión que está llevando a cabo Ryanair en el seno de la Comisión Europea para que las autoridades comunitarias interfieran en las reclamaciones judiciales que se han presentado contra las sanciones impuestas desde el Ministerio que dirige contra Ryanair y otras aerolíneas low cost”.

Según trasladó el Ministerio, Bustinduy “se mostró sorprendido con ciertas similitudes entre los argumentos del comisario y la línea general de las intervenciones de Ryanair”.

Tras el anuncio de sanciones y en protesta por las tasas que cobra Aena, la empresa de aeropuertos, Ryanair aceleró en su estrategia de choque con las diferentes administraciones públicas españolas. La compañía 'low cost' anunció que este invierno reducirá en un millón el número de plazas para volar a distintos aeropuertos españoles. Posteriormente, O'leary, amenazó con que la compañía podría recortar otro millón de plazas en los vuelos a España para el próximo verano.

Justo este miércoles, Ryanair ha anunciado que va a recortar 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España en el verano de 2026 en protesta por las “altas tasas” que Aena mantiene en estas instalaciones. Esta última eliminación de plazas supondrá la supresión total de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que su departamento, competente en materia de publicidad del juego online, va a obligar a los operadores del sector a mostrar carteles a sus usuarios en los que se informe sobre peligros como la ludopatía, de forma análoga a las advertencias que figuran en las cajetillas de tabaco desde hace años.

En un comunicado, el ministerio indica que los mensajes “tendrán el mismo formato que el de los paquetes de tabaco que alertan de los riesgos de fumar e incluirán datos como que la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%”.

Los mensajes incluirán también leyendas como que “las pérdidas del total de jugadores superan en 4 veces sus ganancias” y que “la ludopatía es un riesgo del juego”.

Para implementar esta obligación, se va a desarrollar el Real Decreto 958/2020, que se aprobó hace cinco años, en plena pandemia, para regular las comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Se hará a través de una resolución y dos anexos que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) sacará a información pública en los próximos días.

Bustinduy ha hecho este anuncio en el acto «Juego Seguro», celebrado en el ministerio, e impulsado por la DGOJ. “Estos mensajes se presentarán de manera accesible”, ha dicho Bustinduy, que ha explicado que se mostrarán en los ‘displays’ de los portales de juego (es decir, en las pantallas que aparecen en sus webs o apps) y en su publicidad online (como banners o vídeos en redes). 

El ministro también ha remarcado que “la responsabilidad no debe caer en los usuarios y usuarias sino en las autoridades, que son las que tienen el deber democrático de que los entornos a los que accedan sean seguros”. Por ello, a través de esta iniciativa se van a sustituir los mensajes que hay actualmente, como ‘juega con responsabilidad’ o ‘juega responsablemente’, por los mensajes anteriormente citados y con un nuevo formato más visible.

“Evidencias”

Los nuevos mensajes están basados “en evidencias” como las que recoge el último informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos presentado por el Ministerio de Sanidad, y que forma parte del Plan Nacional Sobre Drogas. Según este informe, el 82% de las admisiones a tratamiento que hubo en España durante 2022 fueron por una adicción al juego.

Bustinduy ha incidido en que esta nueva medida busca “evitar que las desigualdades que ya existen se profundicen, e incluso atajarlas antes de que ocurran” y ha aludido a las razones estructurales del problema que supone la adicción al juego.

“Las mayores aglomeraciones de casas de apuestas se producen en los barrios con una renta media más baja en sus hogares”, ha recordado el ministro, señalando que esto ocurre “porque hay operadores económicos sin escrúpulos que no tienen ningún reparo en aprovecharse de quienes tienen situaciones de mayor necesidad”. Bustinduy ha asegurado que esto mismo ocurre con el juego online, con el agravante de que “su acceso es más sencillo que el del juego presencial”. Este último no es competencia de su ministerio, sino de las comunidades autónomas.

El ministro ha afirmado que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que impulsó el ministerio, actualmente en el Congreso, servirá también para recuperar la regulación de la publicidad del juego e impedir la utilización de personas famosas para campañas publicitarias o los bonos de bienvenida que se dirigen especialmente a un público joven, tras lograr el sector tumbar parte de esta normativa por vía judicial en el Tribunal Supremo.

Consumo explica que todas estas medidas se enmarcan en un estudio publicado en la Journal of Gambling Studies “que refleja que la evidencia sobre las advertencias de los daños relacionados con el juego está notablemente ausente en comparación con la evidencia sobre las etiquetas de otros productos como alcohol o tabaco”.

El ministerio también subraya “la falta de información sobre el riesgo juego entre la población escolar” que concluyó un análisis realizado por la DGOJ sobre el impacto del juego en estudiantes de entre 14 y 18 años a partir de los datos de la Encuesta ESTUDES, elaborada por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. 

Según este estudio, más de la mitad de la población escolar encuestada (51,6%) no ha recibido información sobre los problemas y riesgos del juego y las apuestas.

El último informe anual sobre el Perfil del Jugador Online recoge que los jugadores nuevos de entre 18 y 25 años crecieron un 28% en 2024 y ya representan el 34,25% del mercado. Y cifra en 20.000 los jugadores jóvenes que sufrieron pérdidas superiores a 3.000 euros.

Consumo recuerda que en el Perfil Anual del jugador online 2024 se indica que el número de jugadores online ha aumentado más de un 20% (21,63%) en el último año, coincidiendo con una sentencia del Tribunal Supremo que permitió que los operadores pudieran volver a usar los bonos de bienvenida, que el ministro Bustinduy ha insistido en que serán prohibidos de nuevo cuando se apruebe la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

El Ministerio de Consumo ha anunciado este martes la apertura de una investigación “a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel”. 

La investigación de la Dirección General de Consumo del departamento que dirige Pablo Bustinduy se abre al amparo del Real Decreto-ley 10/2025 aprobado por el Gobierno la semana pasada contra el genocidio en Gaza, que “prohíbe en su artículo 4 la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados”.

En concreto, ese artículo del decreto señala que “la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita”.

El decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros veta la exportación e importación de armas con Israel, pero permite autorizaciones excepcionales y no prohíbe la contratación con la industria militar israelí.

El departamento de Bustinduy recuerda que la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los territorios ocupados, Francesca Albanese, publicó el pasado mes de julio un informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, “que indicaba que hay empresas beneficiándose económicamente de la ocupación ilegal de territorios palestinos, y algunas estarían también operando en España”.

El ministro ya anunció el pasado mes de julio durante la presentación del acto «Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina» que el departamento que dirige iba a “poner todos los recursos que sean necesarios” con el fin de garantizar “que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino”.

Con este anuncio, el ministerio busca “garantizar” que “cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente”, subraya su departamento.

Desde el Ministerio que dirige Bustinduy se considera que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel”. Los negocios que se lucran de la ocupación “son considerados una actividad ilícita por el derecho internacional y, como recoge el informe de Albanese, en base a ello en Países Bajos la fiscalía está estudiando las denuncias de esta actividad por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales”, recuerda Consumo.

Esta investigación se abre después de que la semana pasada la ONU señalase a cuatro empresas españolas en su lista de firmas que operan en la Cisjordania ocupada. Junto al fabricante de trenes vasco CAF, aparecen la ingeniería pública Ineco, adscrita al Ministerio de Transportes y que asegura que terminará sus proyectos en Israel pero que, tras los atentados de octubre de 2023, decidió no participar en nuevos contratos; y la constructora ACS, que ha negado desarrollar ninguna actividad en el país.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'leary, ha amenazado con que la compañía podría recortar otro millón de plazas en los vuelos a España para el próximo verano si Aena no decide rebajar las tarifas aeroportuarias. O'Leary ha realizado esta advertencia en una entrevista con 'Financial Times', en la que ha indicado que volverá a Madrid en dos semanas para, “probablemente”, anunciar la supresión de otro millón de plazas para el próximo verano.

El directivo amenaza así con un nuevo recorte, que se sumaría a los 800.000 asientos recortados para este verano y al millón de plazas que ya ha anulado de cara a la inminente temporada de invierno en protesta por la subida de las tarifas de Aena de un 6,5%.

La compañía exige al Gobierno de España —propietario en un 51% de Aena— que reduzca el importe de las tarifas aeroportuarias en los aeropuertos regionales, donde la compañía ha decidido reducir o eliminar su operativa, para hacerlos “más competitivos”. Desde el Gobierno entienden que esta estrategia de Ryanair es una suerte de “chantaje” y han indicado que la subida de las tarifas, que sería de 0,68 euros por pasajero, dista mucho del incremento medio del 21% de los precios de los billetes en el último año de Ryanair, que ha ganado 820 millones en el primer trimestre de este ejercicio fiscal, por lo que su interés para bajar las tasas es “ganar aún más dinero”.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, con quien la aerolínea ha mantenido unas tensas relaciones desde que el departamento gubernamental le impusiera una multa de 107 millones de euros por prácticas “abusivas”, ha señalado que la estrategia de Ryanair es “una campaña de intimidación, de señalamiento, de mala educación y, últimamente, de chantaje abierto al Gobierno de España” con la que no van a conseguir “amedrentarle”.

La aerolínea anunció la semana pasada que va a cerrar su base de Santiago y que iba a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducir su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias, lo que se suma a los recortes que ya aplicó para la temporada de verano en otros aeropuertos regionales como Jerez y Valladolid, donde ha dejado de operar. De no asumir otras aerolíneas competidoras estos asientos, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del 16%.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información relativa a la alerta por la presencia de 'Listeria monocytogenes' en varios quesos brie y camembert procedentes de Francia. AESAN ha detectado la distribución en España de un nuevo tipo de queso: 'Brie Meule' de 1 kg, con diferentes fechas de caducidad. Además, se han ampliado los lotes afectados correspondientes al queso camembert con carácter 'Viejo Porche'.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Catalunya, Baleares, Madrid, Murcia, Valencia y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta alerta está relacionada con un brote de listeriosis en Francia, país en el que están investigando el caso, según ha informado el organismo adscrito al Ministerio de Consumo.

En concreto, uno de los productos afectados es el queso 'Camembert du caractere vieux porche' que tiene como fecha de caducidad 15/08/25 y 27/08/25, con un peso por unidad de 250 gramos. También está afectado el 'Queso Brie Royal Faucon' que tiene como fecha de caducidad 01/09/25, con un peso por unidad de 1 kg. Asimismo, está afectado el queso 'Brie Meule' de la marca Mariotte y que cuenta con el número de lote y fecha de caducidad: C5169141-18/08/25, C5176121-28/08/25, C5182124-01/09/25, y con un peso por unidad de 1 Kg.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de ellos y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, ha aconsejado acudir a un centro de salud.

Además, ha sugerido a las embarazadas que consulten las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la propia agencia relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización y, se informe de la existencia de posibles casos.

El Ministerio de Consumo ha anunciado este miércoles que Airbnb ha retirado los 65.000 anuncios por los que el Gobierno tiene abierta desde hace meses una disputa con la plataforma, que se negaba a eliminarlos. El departamento que dirige Pablo Bustinduy había abierto incluso un expediente sancionador contra la compañía, que sigue su curso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado el lunes, durante su balance del curso político, que su gabinete había logrado que Airbnb eliminase estos anuncios. De hecho, tras meses de tensión con Consumo y de haber recurrido a los tribunales, la plataforma llegó la semana pasada a un acuerdo con Vivienda para cumplir la nueva normativa, que obliga a los alojamientos turísticos o de alquiler temporal a contar con un número de registro para poder anunciarse.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había avalado en dos ocasiones los requerimientos de Consumo, en una primera tanda de 5.800 pisos, ubicados en Madrid, Andalucía, Catalunya, Euskadi, Valencia y Balears. La compañía retirará finalmente los 65.000 anuncios que había identificado Consumo.

Al margen de estos, la Unidad de Análisis de Consumo ha detectado otros 54.728 anuncios sin el número de registro obligatorio desde este 1 de julio. “El Ministerio que dirige Bustinduy dará traslado de la información recabada conforme a lo previsto en el ordenamiento legal vigente, con el fin de que los anuncios sean eliminados o subsanados de la plataforma”, indican desde este departamento.

Además, señalan que esta unidad “va a continuar trabajando para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos” para “garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”.

Precisamente, Consumo mantiene abierta otra investigación contra los grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas, como hacerse pasar por propietarios particulares cuando son profesionales, falsear las reseñas o ofrecer como servicios extra o incluidos en el precio derechos que otorga la legislación. Además, el equipo de Bustinduy investiga a varias inmobiliarias por cobrar comisiones ilegales y ha abierto un expediente sancionador contra Alquiler Seguro por estas posibles prácticas.