La temporada de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de 2026-2027 ya ha comenzado y viene cargada de novedades. El Programa de Turismo del Imserso, que este año oferta 879.213 plazas, cambia su modelo de gestión de reservas. Y es que, los ayuntamientos dejan de gestionar las reservas de este turismo social, quedando en manos exclusivamente de las agencias de viajes autorizadas, la sede electrónica del Imserso y un servicio telefónico de atención a los usuarios. Con esta decisión, el Gobierno central pone fin a un convenio de colaboración con los consistorios locales que llevaba vigente desde 1989.

El cese de colaboración entre entidades locales y el Imserso viene con el fin de que se cumpla la disposición adicional octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ley que regula los convenios entre administraciones públicas. La norma da por extinguidos los convenios históricos suscritos con las entidades locales, debido a que la gestión de reservas y comercialización de plazas del Imserso corresponde al propio programa y a las empresas adjudicatarias, lo que deja fuera de la ecuación a los consistorios.

De este modo, se elimina la asignación de cupos a ciertos municipios, lo que uniformiza las oportunidades de todos los usuarios para acceder a una plaza del Imserso. A partir de esta temporada, solo podrán gestionarse las reservas por medio de las vías oficiales ya previstas en el programa: los canales propios del Imserso y las agencias de viaje autorizadas.

Hasta esta temporada, un total de 142 ayuntamientos repartidos por todo el territorio español colaboraban en la tramitación de unas 13.000 plazas anuales. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 4.000 usuarios recurrieron a entidades locales para la reserva de sus viajes en la pasada temporada. Se trataba de uno de los pilares de la atención presencial del programa de Turismo del Imserso, facilitando los trámites a las personas mayores con dificultades para utilizar medios digitales o con problemas de acceso a internet.

Cómo funciona el sistema de reservas del Imserso

Los usuarios que reservaban su viaje del Imserso en el ayuntamiento de su localidad deberán estar atentos al buzón. Los beneficiarios que hasta la pasada temporada tramitaban sus vacaciones por medio de sus consistorios quedarán incorporados automáticamente a la base de datos del Imserso. Recibirán una comunicación personalizada por carta, con las claves necesarias para realizar la reserva.

Las cartas de acreditación comenzarán a llegar a los pensionistas a lo largo de la segunda quincena de agosto, mientras que las reservas podrán realizarse en septiembre. Los viajes tendrán lugar entre mediados de octubre de 2026 y junio de 2027.

Nada más ha cambiado con respecto a la estructura del Programa de Turismo del Imserso. El tarifario este año oscila entre los 224€ y 409€ en el interior de la península, mientras que los destinados a Baleares y Canarias podrán alcanzar hasta 565€. Los precios varían en función del destino elegido, la duración de la estancia y si el paquete incluye transporte.

La temporada pasada el Ministerio introdujo tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menos recursos. Este año, hay 7.447 plazas reservadas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. Estos usuarios solo deberán abonar una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el tipo o destino. Con este importe tendrán incluido el alojamiento con pensión completa, el seguro de viaje y el transporte de ida y vuelta.

Requisitos para acceder a los viajes del Imserso

Como siempre, para acceder al Programa de Turismo del Imserso es necesario que el usuario cumpla los siguientes requisitos:

El decreto-ley que aprobó el pasado lunes el Gobierno con las nuevas ayudas para mitigar el efecto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz incluye la publicación de una lista pública de gasolineras con “comportamiento anómalo” que se va a habilitar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que va a recoger las estaciones de servicio “que se aprovechen de las ayudas estatales para aumentar sus beneficios”, para que “los consumidores puedan reclamar”, explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta medida.

Entre las novedades que recoge la norma que entra en vigor este miércoles y que debe convalidar el Congreso de los Diputados, “se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios”, explica el departamento de Pablo Bustinduy.

La CNMC va a tener que realizar “un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución de carburantes”, según el decreto, y vigilará los márgenes de beneficio de “todas las estaciones de carburantes”, subraya Consumo, que destaca que esta es otra novedad respecto al anterior decreto de marzo, que solo obligaba a reportar sus datos a los operadores con capacidad de refino en España.

“Con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información”, destaca Consumo.

Con la nueva normativa, la CNMC podrá comprobar “en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública”, explica el ministerio de Bustinduy. En concreto, si la CNMC aprecia un “posible comportamiento anómalo” en una estación de servicio, lo pondrá en conocimiento de su titular o gestor y le requerirá para que justifique las desviaciones observadas o “adopte medidas para revertirlas”, señala el decreto.

“De considerar no justificada la desviación, la CNMC incluirá a esa estación en una lista pública que se mantendrá actualizada en su web”, incluyendo “al menos, la instalación afectada, el periodo evaluado y los productos afectados”, dice el decreto. “La inclusión no tendrá carácter sancionador ni prejuzgará la existencia de infracción administrativa” y la Comisión sacará a la gasolinera de ese listado “cuando deje de concurrir la circunstancia que motivó su inclusión”.

Esta medida, destaca Consumo, “no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes”. La lista servirá “como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo”.

Este nuevo mecanismo impone nuevas obligaciones a las gasolineras, que deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito en el propio establecimiento y en su página web, que tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública.

Además, se introduce “la responsabilidad compartida”: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda presentar la reclamación económica contra el responsable. Y si la empresa rechaza la reclamación del consumidor, deberá informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos.

Retirada progresiva

Para paliar los efectos derivados del encarecimiento de los productos energéticos por el cierre de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el decreto establece una retirada progresiva de parte de las ayudas a los carburantes para los hogares. Para los productos cuyo consumo se encuentra más extendido, el gasóleo y las gasolinas sin plomo, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos se realiza una bajada de tipos de gravamen de 15 céntimos de euro por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que incluyó el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

La CNMC publicó este martes un informe del que se desprende que no ha detectado “problemas estructurales de competencia en los márgenes del sector de carburantes”. El organismo ya apuntó a finales de mayo, tras analizar los precios de más de 10.500 gasolineras después del decreto de marzo, que el mercado había tenido un “comportamiento global adecuado”, con solo “un número reducido de estaciones de servicio con posibles desviaciones”, sin que se detectase un comportamiento anómalo generalizado del mercado “ni una apropiación significativa de la rebaja fiscal por parte del conjunto de las redes”.

Solamente afloró “un grupo no relevante” de 52 gasolineras que el organismo que todavía preside Cani Fernández no identificó, por tratarse de información “confidencial”, que incurrieron en posibles comportamientos “anómalos”, con desviaciones de precio de más de 10 céntimos de euro por litro con respecto a su comportamiento “esperado”.

A mediados de junio, el Gobierno acordó prorrogar hasta fin de año la obligación de las petroleras de informar a la CNMC sobre sus costes y los precios de venta de los carburantes. Y ahora ha introducido esa suerte de lista negra. A pesar de que esas 52 gasolineras detectadas en el análisis realizado hasta el pasado 30 de abril “son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes de dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, dijo el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

Miles de millones de euros para “refundar el sistema de la dependencia”. Una inversión “sin precedentes” para llevar a cabo la “mayor ampliación de la red de protección social” en décadas. El anuncio del presidente del Gobierno de incrementar las transferencias a las comunidades hasta los 7.239 millones de euros en 2027 ha sido recibido con entusiasmo por entidades, asociaciones de pacientes y sindicatos. Los expertos, a la espera de la letra pequeña del real decreto aprobado este mismo martes en Consejo de Ministros, ponen el foco ahora en los ejecutivos autonómicos, encargados de gestionar la caja.

“No se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero”, advierten desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Esta entidad, que ha sido crítica con lo que consideraban una paralización de la financiación, celebra ahora en un comunicado esta “buena noticia” y que “el Gobierno de España pasa de la retórica a los hechos”.

El gráfico de la evolución de la inversión estatal en dependencia muestra hitos claros. La puesta en marcha del sistema, los recortes tras la crisis financiera, la llanura hasta 2021, los incrementos progresivos desde entonces y el impulso ya en este ejercicio, anunciado también este martes, y que supone “la mayor inversión social de la legislatura”, en palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha asegurado que se sientan “las bases de un nuevo modelo de cuidados, que ahora cuent con los recursos suficientes para garantizar un servicio público de calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”.

A partir del 1 de julio, las comunidades autónomas recibirán una inyección extra de más de 1.700 millones, hasta un total de 5.500 para 2026. Para 2027, superarán los 7.000 millones.

Solo esos más de 1.700 millones extra de este ejercicio son más que la cuantía ordinaria que se transfirió anualmente desde 2011 —el primer año de Mariano Rajoy en la Moncloa— hasta 2020. Ese dinero, consideran los directores y gerentes de servicios sociales, “deben servir para agilizar los procedimientos y reducir la lista de espera, aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, subir las prestaciones económicas vinculadas al servicio y autorizar compatibilidad entre prestaciones y servicios”.

Los objetivos

Pedro Sánchez ya marcó tres “objetivos fundamentales”: reducir las listas de espera, ofrecer más y mejores cuidados y dignificar las condiciones de quienes cuidan. Son los tres grandes retos que afronta el sistema de atención a la dependencia y que las expertas consultadas esperan que se puedan subsanar con esta inyección de recursos.

Las listas de espera es una de las tareas en las que más se ha avanzado y, a la vez, en la que más esfuerzos se requieren. Según los datos del Gobierno, estas se han reducido en un 50% desde 2020. “Pero no es suficiente”, ha admitido Sánchez. A finales de mayo, 155.352 personas con el derecho reconocido, estaban a la espera de recibir la atención y 110.108 más estaban a la espera de valoración. En el último año, unas 30.000 personas fallecieron esperando una ayuda.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente son 180 días —seis meses—, aunque según los datos de los directores y gerentes en servicios sociales el cumplimiento es dispar entre comunidades. Solo Castilla y León (119 días), Aragón (122), Euskadi (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171) están por debajo. En el otro extremo, Murcia (552), Andalucía (446), Asturias (411), Madrid (346) y Canarias (335).

Estas disparidades son el ejemplo de que cada comunidad autónoma deberá buscar su propia receta para mejorar el sistema. “No se puede decir de manera unívoca que todas se lo gasten en lo mismo, porque hay muchas diferencias entre unas y otras”, razona la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, que califica de “hito” el avance. “Lo importante es garantizar que ese dinero se gaste de manera clara para atender a las personas en situación de dependencia”, exige.

Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, celebra que el Ejecutivo haya alcanzado al fin el compromiso del 50% de financiación del sistema. La medida, considera, bloquea una crítica habitual de las comunidades autónomas, que echaban en cara al Gobierno central la falta de fondos.

Mejorar las prestaciones

El otro área de mejora son las prestaciones. Aunque el número de beneficiarios de alguna ayuda a la dependencia está en máximos, con casi 1,7 millones de personas recibiendo una prestación, estas han sido catalogadas como 'low cost'. Actualmente, las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, que suponen en torno al 45% del total, son de 262 euros al mes de media, y las económicas vinculadas al servicio, de 567 euros.

“Si tienes más dinero, puedes atender a más gente”, concede Rodríguez, que reclama que esa atención esté centrada en la persona y su familia. “Para hacer una buena valoración de cada caso y ofrecerle las ayudas que necesita esa persona, se requiere de profesionales formados, más ratios y la formación es fundamental”, continúa, tanto para el entorno de las propias usuarias como a nivel de profesionalización de las trabajadoras del ámbito de los cuidados.

Tanto los sindicatos como las asociaciones de pacientes llevan tiempo alertando del déficit de trabajadoras. Según los datos de CCOO y UGT, actualmente hay 555.000 personas empleadas en el sector, de las que 186.000 se incorporaron en el marco del Plan de Choque para los años 2021-2023 —cuando también se incrementó la financiación—. Con todo, las organizaciones sindicales estiman que harán falta unas 100.000 trabajadoras más.

“No podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”, ha reconocido Sánchez, que ha pedido “dignificar las condiciones laborales” de estas trabajadoras, que lo son muchas veces por horas, con el salario mínimo interprofesional o de forma irregular.

“Consideramos que este incremento de financiación adicional debe realizarse estableciendo criterios de reparto con las comunidades autónomas, acordados previamente en el marco del diálogo y la concertación social para vincularlos a la atención preferente de servicios profesionales, prioritariamente de gestión pública directa, así como al cumplimiento de los estándares de calidad del empleo por parte de empresas y administraciones que operan dichos servicios”, han señalado UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

En ese texto, los sindicatos mayoritarios reclaman la atención a las listas de espera, que se cumplan las ratios de plantillas y su elevación progresiva, que haya garantía de que las empresas y las administraciones públicas cumplen con las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios colectivos, el reconocimiento y la cualificación profesional de las trabajadoras y que se establezca un porcentaje mínimo de jornada, entre otras demandas.

El Ministerio de Consumo ha hecho público este jueves que abre expediente a “una gran inmobiliaria que alquila miles de viviendas” por imponer cuatro cláusulas abusivas muy parecidas a las que costaron recientemente a Alquiler Seguro una sanción de 3,6 millones de euros.

La imposición de un seguro de impago al inquilino, la aplicación de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda, la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individual en los contratos y una cláusula que impone al inquilino gastos y penalizaciones injustificados por los suministros y los cambios de titularidad de los mismos son las cuatro irregularidades graves cometidas que podrían acarrear multas de hasta 1 millón de euros por cada una o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito obtenido si se puede calcular.

El Ministerio de Consumo no puede publicar el nombre de la empresa investigada mientras el procedimiento está abierto, por lo cual lo mantiene en secreto.

El caso recuerda a la reciente sanción a Alquiler Seguro, pero en esa ocasión Facua como parte demandante publicó el nombre de la empresa, que dio una rueda de prensa y anunció que recurriría la sanción.

En su caso, la empresa cobraba gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato en contra de la ley de vivienda, imponía un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en caos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

Alquiler Seguro recurrió la sanción y asegura que todas sus prácticas son perfectamente legales y lícitas.

Tan solo había pasado un día de la votación del Congreso que tumbaba el decreto-ley de prórroga de los alquileres cuando Pedro (nombre ficticio), joven vecino del barrio de Arganzuela de Madrid, recibió una respuesta a su petición de acogerse a esa posibilidad. “Nos respondieron a nuestro burofax con otro burofax que nos decía que el 1 de septiembre nos íbamos a la calle”.

Cuando habla de su primer burofax, se refiere al que enviaron pocos días después de que el pasado 20 de marzo el Gobierno aprobara, en el marco de las medidas económicas de protección al impacto de la guerra en las familias, un real decreto que obligaba a los caseros a prorrogar dos años los contratos que vencieran entre ese momento y el 31 de diciembre de 2027. Se estima que unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares están en esta situación.

El propietario de la vivienda en la que vive Pedro ya había dejado caer por mensaje a los tres jóvenes inquilinos de este piso, por el que pagan una renta de 1.390 euros mensuales, que debían irse el 1 de septiembre, cuando finalizaba el contrato, o “afrontar una subida muy elevada de precio”, cuenta Pedro. Por ello, cuando se aprobó el decreto, vieron una oportunidad para quedarse en su vivienda.

El Ministerio de Consumo y los sindicatos de vivienda recomendaron entonces enviar un burofax antes de que decayera el decreto para acogerse a la prórroga, que tendría efecto siempre y cuando el derecho se hubiera activado (mediante dicho burofax) en su etapa de vigencia.

El decreto lo tumbó el Congreso y dejó de estar vigente un mes y poco después, el pasado 28 de abril. Y una parte del sector inmobiliario y los asesores jurídicos que trabajan con ellos aseguran que desde entonces ya no es válido y que tan solo será aplicable para contratos que vencieran antes del 28 de abril, y en ningún caso para los que venzan después. Por ello, los caseros respondieron con otro burofax a Pedro, que augura una batalla legal como la que han advertido algunas voces del sector.

En el comunicado, al que ha tenido acceso elDiario.es, la propiedad dice que antes del 1 de septiembre se deberá proceder a la entrega de llaves después de NO PRORROGAR (así, en mayúscula, negrita y, además, subrayado) dicho contrato, ya que, una vez ha caído el decreto, “no resulta aplicable ninguna prórroga extraordinaria”.

Se avecina batalla judicial

Ante tal respuesta, un adelanto de denuncias y procedimientos judiciales que acabarán de dirimir quién tiene la razón, los sindicatos de vivienda han elaborado instrucciones de cómo responder. No es obligatorio, dicen, contestar de nuevo porque la prórroga es de aceptación obligatoria, pero recomiendan hacerlo (ya no es necesario con burofax) para que quede constancia clara de su postura.

elDiario.es ha hablado con decenas de inquilinos a quienes el contrato les vencía en este periodo y las coyunturas son muy diversas. Desde alguno que se ha ido por la tensión que generó la mera idea del burofax hasta caseros que lo han aceptado de buenas y sin rechistar, pasando por otros a quienes les ha servido para negociar un nuevo contrato o silencios sepulcrales que no dejan muy clara la postura. Algunos de esos silencios se están convirtiendo ya en negativas explícitas.

Es el caso también de Trinidad Cruzado, vecina de Cornellà (Barcelona) de 56 años en un piso en el que vive sola y por el que paga 600 euros. Tiene problemas desde que la gestión de su vivienda pasó del propietario, al que conocía desde la infancia y que falleció, a un administrador de fincas contratado por el hijo del fallecido.

Ya en 2021 se negó a una subida de precio que llevó a que la invitaran a abandonar la vivienda. Llegaron a un acuerdo con la mediación del Sindicat de Llogateres, pero la propiedad le dejó claro que tendría que irse al vencer el contrato, o sea, en julio de este año.

La aprobación del decreto le sirvió como ventana para pedir la prórroga por burofax. En el escrito también solicitó la de tres años recogida en un decreto parecido de 2022, por la guerra de Ucrania, que solo es aplicable en zonas declaradas como de mercado tensionado por las Comunidades Autónomas, como es el caso de Cornellà.

En su caso, la respuesta ha llegado por mail. “Me dicen que no aceptan la prórroga y que me tengo que ir como ya habían dicho”, relata Trinidad. “No me han dado ninguna razón. Llevo viviendo allí 15 años, nunca he dejado de pagar y tengo el piso en perfectas condiciones. Me quieren echar para especular”, sentencia.

También ha recibido un correo Pablo, también nombre ficticio, de Coslada (Madrid). En él, el casero responde al burofax pidiendo la prórroga asegurando tajantemente que “el 27 de mayo será la entrega de llaves”. En su caso, vive con su mujer y su hija y asegura haberse ocupado del cuidado del piso y de una gran parte de las reparaciones e inversiones a las que estarían obligados los caseros. También les han obligado a guardar muebles antiguos ocupando el sótano, “los muebles del conde Drácula”, bromea, después de una bienvenida con chinches en el colchón que encontraron.

La familia llegó al apartamento en 2020 con una mensualidad de 1.200 euros que, con las subidas que se han ido aplicando, se ha elevado a 1.400. En diciembre del pasado año, la propiedad les exigió por burofax digital 1.800 euros (es un chalé con piscina), cuantía que Pablo consideró excesiva, lo que le llevó optar por la vía del burofax. Después de la votación del Congreso, le llegó la negativa de los caseros.

La inmobiliaria Agencia Negociadora del Alquiler, también conocida como Tranquiler y que fue sancionada con multas por cobrar comisiones ilegales por el Ministerio de Consumo, es la que gestiona su inmueble. Fuentes de la empresa aseguran que ven los alquileres “caso por caso”, pero que en general no dan validez al decreto para contratos que vencen una vez ha decaído el decreto en el Congreso. “Eso lo acabará decidiendo un juez”, dicen estas fuentes.

“Que vengan, que me denuncien”

Ante esta tensión, ninguno de los tres inquilinos entrevistados sabe qué pasará, si serán denunciados o si se presentará alguien a recoger las llaves en las fechas anunciadas. “No va a pasar nada. Que vengan, que me denuncien”, dice Pablo. “A mi casa no puede entrar nadie sin una orden judicial”, sentencia Trinidad.

Pedro, por su parte, aún confía en que la propiedad dé su brazo a torcer. “La idea es que acepten la prórroga. Y si no aceptan, tendremos que ver si queremos seguir y pelearlo o preferimos no meternos en ese lío”, resume.

Todos ellos prefieren esa incertidumbre a la indefensión de tener que abandonar su hogar ante la jungla de precios del exterior o afrontar una gran subida para poder continuar, aunque Trinidad reconoce que es “un parche” ante la indefensión legal de los contratos.

“Me afecta, me preocupa la incertidumbre, pero es la única manera”, dice Pablo. Coincide Pedro: “Claro que genera estrés, pero está bien que genere incertidumbre en los dos bandos. Porque no es lo mismo tener inestabilidad en unos ingresos extra que recibes que en quedarte en tu propia casa”, concluye.

Juristas y asociaciones de consumidores ven “blindado” el derecho de los inquilinos que hayan pedido la prórroga de los alquileres recogida en el Real Decreto-Ley del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que ha tumbado este martes el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta, y la abstención de los diputados del PNV.

Nada más aprobarse el decreto en el Consejo de Ministros, el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid Julio González ya avanzaba en su blog la posibilidad de que el Congreso no convalidara la norma. Según González, “aunque el Real Decreto Ley sea una norma provisional” es “una norma completa y perfecta desde el mismo momento en que se produce su entrada en vigor, lo que en este caso ocurre el 22 de marzo de 2026”.

“Por tanto, el derecho del inquilino ha nacido con su promulgación en el BOE y se puede ejercitar desde este mismo instante, si se encuentra dentro de su ámbito de aplicación: que el plazo mínimo de duración o su prórroga concluyera antes del 31 de diciembre de 2027. Recordemos que el Real Decreto Ley no sujeta a plazo la prórroga, que deberá ser solicitada por el arrendatario”.

“Dicho de otro modo, si se ejercita el derecho de petición de cualquiera de las prórrogas, el derecho queda ”blindado“”, según González.

Vigente “mientras estuvo publicado en el BOE”

En la misma línea se expresa la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, Alba Nogueira. Aunque el Congreso no lo haya convalidado, el decreto estuvo vigente “mientras estuvo publicado en el BOE” y “el efecto de una norma que está vigente es que se aplican sus preceptos y mandatos; los derechos y obligaciones que nacen en ese periodo están ahí”, explica al teléfono.

En el momento en que el Congreso ha tumbado la convalidación del decreto, “esa posibilidad se cerraría. Pero si la gente ejerció esa solicitud de prórroga, que además es automática por obra de la ley, la prórroga está en vigor”, resume.

La asociación de consumidores Facua subraya en una nota publicada este martes, en vísperas de la votación, que “todas aquellas prórrogas que hayan sido solicitadas durante el periodo que ha estado en vigor serán de obligado cumplimiento”. Facua instó, sin éxito, a los grupos parlamentarios “a no ponerse del lado de los especuladores inmobiliarios y apoyar la prórroga de alquileres”.

Asociaciones como Asufin o la Confederación de Sindicatos de Inquilinas consideran que, si el inquilino pidió la prórroga mientras la norma estaba en vigor, ese derecho ya ha quedado asegurado y no se perderá aunque el decreto haya decaído. Por eso, han recomendado dejar constancia de la solicitud, por ejemplo mediante burofax.

Interpretación más restrictiva de la prórroga del alquiler

Otros juristas tienen una opinión más restrictiva sobre los efectos de una norma tumbada por el Congreso. El catedrático Gabriel Doménech, en un análisis de la Fundación Hay Derecho, sostiene que, si la Cámara Baja rechaza convalidar el decreto, este no debería tener efectos más allá de ese momento, aunque advierte de que “los tribunales españoles no han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la eficacia temporal de los decretos-leyes que no han sido convalidados por el Congreso y cuyo contenido tampoco ha sido reiterado por una posterior norma con rango de ley”, algo “fácilmente explicable” porque “hasta hace poco, el rechazo parlamentario era un fenómeno insólito”.

También tiene una opinión mucho más restrictiva la abogada experta en derecho Carmen Giménez. Al teléfono, Giménez señala que la prórroga estará vigente solo para “los contratos que venzan entre la aprobación del decreto y la fecha en que se ha tumbado”, porque ese es el periodo en que el decreto ha estado en vigor.

“Para todo contrato que venciera durante este periodo de un mes, es perfectamente válida”. Pero “los contratos que venzan a partir del día 28, aunque hayan pedido la prórroga no se le van a dar”, indica esta abogada, que prevé una “judicialización” de este asunto. “No puedo pedir una prórroga si el contrato todavía no ha vencido; es como aceptar una herencia de alguien que no se ha muerto”, argumenta.

Actualización de la renta anual

Además de la prórroga extraordinaria y automática de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que venzan en 2026 y 2027 para los inquilinos que lo pidan, el decreto, aprobado a finales de marzo en el marco de las medidas extraordinarias para proteger a los ciudadanos del impacto de la guerra de Irán, recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

En las últimas semanas, los ministros y diputados de Sumar han instado a los inquilinos a que pidan a sus caseros la prórroga automática de los alquileres mediante un burofax. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, llegó a enviar cartas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los grandes caseros de España para que aceptasen la prórroga; y ha esgrimido un estudio que demuestra que los votantes de derechas también están a favor de la medida.

Consumo también elaboró junto al CSIC un informe que mostraba que el 61% del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores particulares, personas jurídicas y empresas públicas, mientras que los caseros con una sola vivienda en alquiler van a la baja y tan solo cuentan con el 39% del mercado.

Junts ha explicado que, aunque no vayan a apoyar que el texto siga en vigor, depende del PSOE poner en marcha un nuevo decreto que sí se abrirían a apoyar si incluyera, además de la prórroga de los alquileres, medidas como las ayudas fiscales a caseros o la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos.

Una carta del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, a Alberto Núñez Feijóo, y otra a los grandes caseros de España para que acepten la prórroga; una protesta el domingo convocada por el Sindicato de Inquilinos en la sede del PP y un estudio que demuestra que los votantes de derechas también están a favor de la prórroga. Sumar y los representantes de inquilinos siguen apretando a la derecha para que este martes 28 vote a favor de convalidar el decreto que obliga a los caseros a aceptar la prórroga obligatoria sin subida de precios más allá del 2% a los inquilinos por los próximos dos años. No obstante, la izquierda parlamentaria tiene pocas esperanzas de poder atraer en el último momento a Junts, verdadera clave de bóveda de la votación, puesto que los independentistas han confirmado públicamente que su idea es votar en contra del decreto junto a PP y Vox —de nuevo—. Mientras tanto, miles de inquilinos han enviado ya el burofax que debe garantizarles la prórroga y se han encontrado con distintas respuestas: el acuerdo amistoso, el enfado o el más desconcertante: el silencio.

Es el caso de César, inquilino de uno de los pisos de Madrid, en el barrio de Carabanchel, antes protegidos que Ana Botella vendió a Blackstone, que ahora los está vendiendo a Brookfield. Su contrato de alquiler vence en junio y lleva viviendo allí desde hace 20 años, primero con protección oficial y después con casero privado junto a una subida del alquiler del 100% en este periodo, de los 530 euros a los 1.050 que paga ahora. “En cuanto salió el decreto, me acogí a la prórroga y envié el burofax para solicitar la prórroga, pero no he recibido respuesta”, explica César, que reconoce que está “más tranquilo” desde que lo hizo. “Antes, dormía mal por no saber si me iban a echar”, dice.

El decreto, aprobado a finales de marzo en el marco de las medidas extraordinarias para proteger a los ciudadanos del impacto de la guerra de Irán, va a votación el martes en el Congreso, pero no cuenta con el apoyo de ningún partido de derechas (ni Junts, ni PP, ni Vox) y, por tanto, es muy probable que caiga. La mayoría de abogados, como el Sindicato de Inquilinos y el Ministerio de Consumo, defienden que, aunque el decreto sea derribado, las prórrogas serán efectivas para quienes lo hayan solicitado antes de la votación. La patronal inmobiliaria y los caseros, sin embargo, no lo tienen tan claro y algunos apuntan a la judicialización de los casos.

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Montserrat Junyent, asegura que “hay propietarios que están consultando qué efectos reales puede tener ese burofax, otros que prefieren esperar a ver cómo evoluciona la situación parlamentaria y jurídica, y también casos en los que ambas partes intentan hablar antes de adoptar decisiones”. Lo que no fija es una posición conjunta ante las peticiones: “No caben respuestas generales”. “Cada caso depende del momento contractual, de las comunicaciones previas entre las partes y de las circunstancias concretas de cada arrendamiento”, dice.

Desde el despacho de abogados Thomas de Carranza, que lleva a fondos inmobiliarios, defienden que los burofaxes que serán válidos serán aquellos referidos a contratos que vencieran antes del 28 de abril, y no a todas las comunicaciones de ese periodo. Mientras que, según Consumo, Sumar e Inquilinos, la fecha importante es la de activación del derecho, o sea, cuando se envía el burofax, parte de los propietarios opina que lo que vale es que la fecha de vencimiento del contrato sea previa a la votación si tumba el decreto.

Así lo opina también Eduard Soler, abogado del colectivo de pequeños propietarios Som Habitatge. “Recibimos consultas y comentarios de propietarios y la percepción es que esta situación generará más inseguridad jurídica, aboca a los propietarios y a los inquilinos a mayor conflictividad, más judicialización y pleitos y al final pierde todo el mundo”, dice. Asval, la patronal de fondos propietarios de viviendas de alquiler como Blackstone, se limitó a asegurar que el decreto “no aportará seguridad jurídica” y derivará en “conflictividad”, avanzando la judicialización de casos, según su presidenta

Tanto el despacho Thomas de Carranza como COAPI niegan que haya habido un gran aluvión de burofax. “Nuestra asesoría jurídica ha recibido un centenar de consultas sobre un total de 5.000 agentes inmobiliarios, no se está produciendo una reacción masiva ni uniforme, sino un escenario muy fragmentado”, comenta Junyent.

Esta realidad contrasta con la que ven los inquilinos. Desde el Sindicato aseguran que el modelo de burofax publicado en su web ha sido descargado por 11.000 personas desde que se aprobó el decreto y las visitas a la web se han disparado hasta por encima de las 500.000 en un mes, mucho más de lo habitual. “Hay quien se descarga este burofax, pero también quien puede consultar la información y descargarlo por otras fuentes”.

Entre los inquilinos, no cuesta encontrar todo tipo de experiencias. Desde gente que ha enviado el burofax después de una comunicación amistosa con el casero y le ha servido para cerrar la renovación (es el caso de Mariel, en Barcelona), como personas que lo han enviado y no han recibido respuesta alguna del casero, como algunos a los que les ha valido como forma de presión para que acepten la prórroga y también quienes lo han descartado para no tensar la relación con los caseros o para no levantar la liebre sobre una prórroga que se hace más larga y automática dos meses antes del vencimiento si no hay una comunicación oficial en los cuatro meses previos.

En el caso de Raquel, vecina de Zaragoza de 45 años, avisó al casero, con el que tiene buena relación, de que enviaría el burofax para extender un contrato que se le acababa el 1 de abril. “Se enfadó muchísimo, porque ya habíamos quedado en que me subía el alquiler 100 euros, de 650 a 750 euros, y me dijo que si quería acogerme a esto, dentro de dos años me subiría a 950 en vez de a 750. Con lo que yo preferí aceptar la subida de 750 euros, realmente es un buen precio como están las cosas en Zaragoza. Y conseguí que no me subiese durante el contrato más del 2% al año independientemente del IPC y que me pinte la casa, que falta le hacía”, relata Raquel.

Para Laura Martínez, inquilina de Camarena de un piso propiedad de un fondo de inversión, el burofax ha funcionado como herramienta de presión. “Después de más de 20 años viviendo en el piso, el fondo me había dicho que me fuera y no aceptaban los pagos. Ni siquiera aceptaban una subida de la renta que ella mismo les ofreció y una opción de tanteo para comprar el alquiler. ”Me devolvían los pagos del alquiler y envié el burofax, pero no me respondían. “Les envié otro correo diciéndoles que si no me daban un número de cuenta para hacer el pago iría al juzgado a consignarlo y al final me enviaron un enlace para pagarlo. Con este enlace están aceptando la prórroga”, asegura ya convencida de que podrá estar al menos dos años más en la vivienda.

Entre los silencios sin descifrar está también el del casero de Martina, profesora de 30 años que comparte piso en Madrid con dos amigos por el que pagan 1.300 euros. “Le enviamos un burofax y también le envié un mensaje avisándole de que se lo había enviado. No nos ha respondido. Normalmente, cuando no le gusta algo no nos responde”. En qué se convertirá este silencio y el de miles de caseros, si en aceptación tácita o denuncias ante la justicia, es la gran incógnita que se resolverá caso por caso, a falta de una respuesta clara o unificada de portavoces y abogados del sector inmobiliario.

Junts vuelve a hacer piña con PP y Vox pese a la presión de Sumar

Si el decreto tiene todas las papeletas para terminar siendo derribado este martes en el Congreso por la mayoría absoluta que suman PP, Vox y Junts es porque no ha funcionado demasiado bien la presión sobre los populares y, especialmente, sobre los independentistas, que la semana pasada confirmaron que votarán en contra de la convalidación. Aunque el paquete de medidas fue aprobado por el Gobierno en pleno hace aproximadamente un mes, el PSOE dio por imposible desde el primer momento su aprobación y apenas ha hecho esfuerzos para intentar convencer a Junts o al PP para que, al menos, se abstuvieran.

Quien ha llevado la batuta de estas conversaciones ha sido Sumar, pero con muy poco éxito. Desde el primer momento, fueron los ministros del ala minoritaria del Ejecutivo —y particularmente el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy— los que más defendieron públicamente el decreto. Y los partidos que componen Sumar lanzaron una campaña conjunta con el elocuente nombre de Pide la prórroga, defiende la prórroga tanto para animar a los inquilinos a poner en marcha la medida estrella del paquete como para que el foco mediático no se apartara del decreto una vez aprobado este.

Simultáneamente al lanzamiento de esa campaña, Sumar anunció una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para intentar cosechar su apoyo a la medida. Pero de esta ronda poco más se supo, y el PP rechazó incluso reunirse con la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y tampoco respondió a la carta que le envió hace unos días el ministro Bustinduy al líder popular Alberto Núñez Feijóo para pedirle que “reconsidere” su negativa a convalidar el decreto. Sumar, por su parte, ha evitado repetidamente confirmar si ha tenido alguna reunión presencial con Junts y se ha limitado a asegurar que estaba manteniendo contactos con los independentistas.

Fuentes de la alianza liderada por Yolanda Díaz confirman, no obstante, que estas conversaciones quedaron totalmente bloqueadas después de que, la semana pasada, la propia Díaz calificara de “racista” y “clasista” el proyecto político de Junts. Hasta entonces tampoco se habían registrado grandes avances, pero estas fuentes explican que Sumar aún confiaba en poder ofrecer modificaciones que permitieran lograr una abstención de los de Carles Puigdemont, una posición que hubiera permitido que el decreto fuera convalidado en el Congreso por 172 votos a favor frente a 171 en contra. Sin embargo, las declaraciones de la vicepresidenta permitieron a los independentistas escenificar un gran enfado —que protagonizó el propio Puigdemont— y justificar su rechazo al decreto.

Las declaraciones de Díaz causaron malestar en algunos sectores de la alianza que todavía lidera, puesto que pusieron una piedra más en el camino de una negociación que ya estaba siendo muy complicada. En cualquier caso, que salvo sorpresa Junts vaya a votar —de nuevo— con PP y Vox a una iniciativa de vivienda planteada por el Gobierno no es una novedad, puesto que, en los últimos meses, los independentistas han tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027.

Pese a ello, Junts es consciente de que la prórroga de los alquileres es una medida apoyada por la mayoría de los ciudadanos, también entre el electorado de los partidos de la derecha. Y, sabedores de que rechazar una medida popular siempre es complicado, la semana pasada los independentistas intentaron sacudirse la presión y poner el foco sobre el mal momento que atraviesa el Gobierno en las encuestas exigiendo al presidente Pedro Sánchez que convocara elecciones anticipadas y acusándole de estar “rodeado” de corrupción.

El ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado cartas a más de 500 empresas que gestionan más de 50 viviendas de alquiler cada una y un total de 50.000 sumadas para avisarles de que deben aceptar la prórroga de los alquileres contemplada en el real decreto ley 8/2026, en el marco de protección a los ciudadanos de los impactos económicos de la guerra de Irán.

El real decreto fue aprobado el pasado 22 de marzo y da derecho a inquilinos cuyo contrato de alquiler venza antes del 31 de diciembre del año que viene a obtener una prórroga de dos años con una limitación de las subidas del alquiler del 2% sobre el precio actual. Gran parte de los abogados de la patronal cuestionan este punto, advierten de la judicialización de los casos y aseguran que los únicos contratos a los que aplicará la normativa son aquellos que venzan antes del 28 de abril, fecha en que se vota el decreto en el Congreso y con mucha probabilidad decaiga por falta de apoyos. Junts y PP han dicho que se opondrán.

“La norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor”, asegura el ministerio en un comunicado.

La carta ha sido enviada a un total de 541 empresas que gestionan más de 50 propiedades cada una. Entre ellas están algunos de los mayores caseros privados de España, como CaixaBank; Blackstone, Lazora; Axa, Vivenio Residencial, Ares, Encasa Cibeles, Témpore, Cevasa, Cerberus, Stay; Liberbank; CAMI, Grupo Ortiz, Urban View Goldman Sachs o Sabadell, algunos de los grandes caseros de España, según los datos publicados en 2024 por Civio y un estudio de la consultora Atlas Real Estate Analytics de la misma época.

La carta coincide con los últimos días en vigor del decreto y con el envío de miles de burofaxes por parte de inquilinos a sus caseros para prorrogar el contrato. Antes, Bustinduy envió también una carta al PP para presionarle para que vote a favor del decreto, presión que se ha sumado a un estudio encargado por el grupo parlamentario europeo de Sumar, The Left, que mostraba que los votantes del PP e incluso de Vox están a favor de este decreto e incluso que algunos de ellos se replantearían su voto si estos partidos no le dan apoyo.

Consumo también elaboró junto al CSIC un informe que mostraba que el 61% del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores particulares, personas jurídicas y empresas públicas, mientras que los caseros con una sola vivienda en alquiler van a la baja y tan solo cuentan con el 39% del mercado.

La figura del pequeño casero que tan solo tiene una vivienda en alquiler como complemento a su sueldo va a la baja en España. En los últimos años, la compra de vivienda para inversión y para segunda residencia ha crecido y las empresas y multipropietarios aumentan su capital inmobiliario con más velocidad que los pequeños caseros. Hoy tan solo un 39% de las viviendas de alquiler en España están en manos de personas que tan solo alquilan una, según un informe elaborado por el CSIC y difundido por el Ministerio de Consumo.

Si descartamos empresas, fondos y vivienda pública, aún ganan los multipropietarios, que controlan un 52,8% de la vivienda alquilada por particulares, cifra que se eleva al 61% al observar el parque total de vivienda y contar también al sector público y privado.

El análisis no hace distinción entre propietarios que tienen entre 2 y 10 viviendas o grandes tenedores, considerados a partir de 10, pero sí que muestra cómo en algunas ciudades, especialmente las más turísticas, el pequeño casero tiene aún menos peso.

Así, Las Palmas de Gran Canaria presenta la mayor concentración con un 64,9% de caseros multiarrendadores, frente al 35,1% que posee un único inmueble. Santa Cruz de Tenerife le va a la zaga con un 64,6%, Palma de Mallorca tiene un 63,1% de sus viviendas en manos de multiarrendadores y Barcelona un 60,8%, mientras que Madrid cuenta con un 56,4% de viviendas en manos de multiarrendadores. En el caso de las capitales, estos porcentajes solo cuentan a los arrendadores particulares y no a las empresas, fondos y empresa pública, por lo que la porción de mercado de los pequeños caseros debe ser aún menor.

Aumento de los multiarrendadores

El estudio muestra, además, cómo desde el año 2016 aquellos que tienen más de una vivienda en alquiler han aumentado más su parque de viviendas que los que tienen solo una. Aquellos que alquilan una sola vivienda han aumentado su parque en un 30%, mientras que quienes cuentan con dos o más lo han hecho un 39,9%.

En plena crisis de la vivienda, con precios de alquiler y compra disparados y las administraciones tratando de buscar respuesta con regulación o más oferta por ahora sin éxito, el poder de los grandes propietarios frente a los inquilinos crece.

La Encuesta Financiera de las Familias publicada hace unos días por el Banco de España muestra que el porcentaje de hogares que residen en viviendas de su propiedad ha caído desde el pico histórico de 2011, cuando eran un 90%, a un 70,6% actual, mínimo histórico precipitado también por la oleada de desahucios durante la explosión de la burbuja.

Paralelamente, sin embargo, han crecido las compras de vivienda sin hipoteca, es decir, pagadas al contado, hasta un 30% de las que se compraron el pasado 2025, con cifras del Colegio de Registradores. El 24% de las viviendas que se compraron en 2025 fueron destinadas a la inversión y el 18% a segunda residencia, según datos de la Federación de Agencias Inmobiliarias.

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, no tira la toalla con el real decreto de prórrogas al alquiler que se vota el próximo 28 de abril. Y eso que todos los partidos de derecha, incluido Junts, ya han dicho que no votarán a favor. Después de difundir una encuesta que muestra que la mayoría de votantes, de izquierda y derecha, apoyan este decreto, este lunes ha augurado en una atención a los medios de comunicación “un gran coste político” a la derecha si vota en contra.

“Entre los votantes de derechas, hay el doble de inquilinos que de caseros”, ha dicho Bustinduy, que en contra de lo manifestado por los partidos se muestra “convencido” de que el decreto extraordinario va a salir adelante “no porque sea prioridad de Sumar, sino porque es de interés general”.

El real decreto fue aprobado el pasado 22 de marzo y obliga a los propietarios a prorrogar los contratos de alquiler que venzan entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027. Pero ante la posibilidad más que elevada de que el decreto decaiga en el Congreso, voces de la patronal ya han advertido de que los contratos que venzan una vez decaiga, no serán prorrogados. Los inquilinos, en cambio, así como Consumo, aseguran que todo burofax que se envíe antes de que el decreto decaiga da derecho a esta prórroga.

“No hay ninguna duda. Todas las prórrogas solicitadas al amparo de un decreto en vigencia serán válidos”, ha dicho Bustinduy, que ha dado por buenos los comunicados de sindicatos de inquilinos de que está habiendo un “clamor” y una “avalancha” de comunicados para solicitar la prórroga, si bien no existen cifras oficiales o estimadas de cuántos comunicados se han enviado.

Las declaraciones de Bustinduy coinciden con un estudio encargado por el grupo parlamentario europeo The Left, al que pertenece Sumar, que cifra en un 74% el apoyo de los ciudadanos españoles al decreto de la prórroga a los alquileres, que también cuenta con un 65% de apoyo entre los votantes del PP y un 60% entre los de Vox.

La encuesta plantea también a los encuestados si se replantearían el voto a su partido en caso de que no apoyen esta medida, cosa que harían un 48,7 de los encuestados, un 32% de los votantes del Partido Popular y un 36% de los votantes de Vox. Es por ello que Bustinduy plantea que los partidos de derecha y ultraderecha pagarán un coste político en caso de que no se apruebe.

La encuesta revela también que la mayoría de españoles, aunque por poco, creen que la prórroga se hará efectiva sin subida (18,6%) o con una subida moderada de precios (un 37,8%). Un 29% cree que se renovarán la mayoría de contratos con fuertes subidas, un 8,4% cree que la mayoría no renovarán y, por último, un 6,2% no sabe qué responder.

Muestra, además, que casi la mitad de encuestados (un 48,4%) han vivido o conocen en su entorno casos de personas que se han visto forzadas a cambiar de casa por la no renovación del contrato o la subida del alquiler.

Un 72,9% de los encuestados creen que los precios del alquiler son muy altos, por un 20,5% que cree que son altos y un 3,7% que cree que no son ni altos ni bajos. Tan solo un 1,1% cree que los precios son bajos y un 1,2% que son muy bajos.

Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Madrid es de 23 euros por metro cuadrado y el de Barcelona de 24 euros por metro cuadrado, ante una media española de 15 euros por metro cuadrado, lo que llevaría a pagar 1.500 euros por un piso de 100 metros y por encima de los 2.300 en las principales capitales.

Entre cajas de mudanza, Pedro, que prefiere no dar su nombre real, explica por qué ha preferido dejar su piso a enviar un burofax para pedir la prórroga a su casero. “No quería convivir dos años con una situación desagradable y una mala relación con mi casero”, explica, “y además, tenía alternativa”, remata. A unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares en España les vence el contrato de alquiler antes del 31 de diciembre y pueden acogerse al real decreto extraordinario por la guerra en Oriente Medio que prorrogará dos años los contratos vencidos. La medida inquieta o enfada a algunos caseros y los inquilinos se debaten entre el miedo al burofax por el conflicto que abre y la apuesta a la mejor carta ganadora para alargar un contrato sin que te suban el alquiler.

El burofax es el servicio de envío de documentos que proporciona validez legal ante tercero y ante la justicia para acreditar de forma fehaciente el remitente, el contenido de un mensaje y su fecha de recepción y es la forma de comunicación recomendada por abogados para solicitar esta prórroga. El problema es que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros no cuenta con apoyos en el Congreso, el PSOE ha desistido siquiera de negociarlo y Sumar se encuentra solo defendiendo el texto, por lo que lo más probable es que decaiga antes del próximo 29 de abril, fecha límite para aprobarlo después de que saliera en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo.

Confianza en la medida

El abogado de la cooperativa CAES, Víctor Palomo, que trabaja con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, reconoce que existe un “miedo a levantar la liebre o a confrontar al casero” con el burofax. En una asamblea celebrada en Puerta del Ángel, un inquilino preguntaba si no había otra forma menos agresiva: “Es muy drástico”. Pero desde el sindicato, los asesores le advertían: “Esta es la forma legal más segura. Por muy buen inquilino que seas y por muy buena relación, el propietario siempre está tentado a ganar más dinero”. Así se manifiesta también Palomo: “Los propietarios tienen un alto incentivo a rescindir el contrato, los entornos familiares y amistades le van a decir que pueden obtener una ganancia mayor”.

Para Palomo está claro, por la jurisprudencia y sentencias del Supremo, que la prórroga será válida si el burofax se envía antes de que decaiga el decreto. “El derecho se activa cuando la norma está en vigor y se despliega después. El Supremo dice que tú tienes que activar el derecho cuando la norma está en vigor”, asegura, a diferencia de lo que opina parte de los abogados de la patronal y propietarios.

La prórroga limita la subida de la renta al 2% y afecta a todos los contratos que finalicen entre el 22 de marzo, cuando se aprobó el real decreto, y el 31 de diciembre de 2027, con excepción de los casos en que el arrendador ya haya comunicado su necesidad de ocupar la vivienda o que las partes hayan llegado a otro acuerdo. El decreto tampoco ampara a los contratos de habitaciones, que se firman por el Código Civil y no por la LAU, pero Palomo recomienda que también envíen burofax porque hay sentencias que reconocen que estas habitaciones pueden llegar a estar amparadas por la ley al ser consideradas vivienda habitual.

La visión de la patronal

En el otro lado de la trinchera, Eduard Soler, abogado y secretario de Som Habitatge, patronal de propietarios de reciente creación, asegura que las prórrogas que serán válidas son “las que tengan el fin de contrato con el decreto en vigor, independientemente del burofax”. Además, Soler advierte que en lugares tensionados que aplican las regulaciones como Catalunya o Navarra “no está claro que esta prórroga beneficie a los inquilinos”, ya que la tácita, que se aprueba cuatro meses antes del fin de contrato en caso de que no haya comunicación, es de tres años. Esta renovación tácita también puede darse en zonas no reguladas, pero como el precio no está topado lo habitual es que vayan acompañadas de una subida de precio en el nuevo contrato.

Soler recomienda a los propietarios “prudencia”, pero prevé una alta judicialización de casos. “Los propietarios que no estén seguros de aceptar esta prórroga, tendrán armas jurídicas para llevarlo a juicio”, asegura. Más allá del debate jurídico, la representante de los Agentes Inmobiliarios de Catalunya, Montserrat Junyent, critica que el decreto se ha aprobado “sin suficiente debate y añade más incertidumbre” al mercado.

Entre los inquilinos, reina la duda por dos motivos: el miedo al conflicto y a “abrir el melón” que, a la postre, lleve al propietario a reaccionar y evitar la otra prórroga, la tácita de los contratos cuya finalización no haya sido avisada cuatro meses antes del término. En el caso de Paco, el joven del primer párrafo, relata que su casero ya le había dicho que quería vender la vivienda, aunque fue cambiando de versión. Entonces, le expresó su intención de enviar el burofax por un contrato que vencía ya en abril. “El tono de la conversación cambió por completo y se enfadó. Me dijo: ”Si vas a fastidiar la relación, vamos a ir a los tribunales“. Así que decidí no seguir adelante con el burofax y abandonar la vivienda”, relata.

Éxitos, fracasos y dudas del burofax

Existen ya casos de éxito, también, con el envío del burofax. Es el caso de Mariel, joven de Barcelona que paga 870 euros por un apartamento en Glòries y que ha comunicado a la inmobiliaria, con quien tiene buena relación. “Tenía dudas porque enviar el burofax me parecía agresivo. Me daba miedo también que no quisiera renovar. Avisé por correo y me dijo que sí, que podía enviar el burofax o arreglar la prórroga por otra vía. Así que estamos en ello y ha salido bien”, cuenta.

También hay casos, ya, en que el burofax no ha surtido efecto. Como para Laura Martínez, de Camarena, en Toledo. Su contrato vencía el 1 de abril y envió el burofax el 26 de marzo, pero la propiedad, un fondo gran tenedor, le ha devuelto el último ingreso por el alquiler. “Propuse una subida del alquiler, una opción de compra, pero no me respondieron. Es difícil encontrar un interlocutor y se pasan la pelota unos a otros. Me llegaron a mandar un burofax diciéndome que si me iba dentro de dos meses me condonaban la deuda de esos dos meses. Pero yo les he dicho que me he acogido a la prórroga del real decreto. Y, si no, es posible que ya esté en tácita reconducción”, explica, sin saber muy bien cómo va a avanzar su caso.

Entre los casos de éxito y los que no han ido también, existe todavía una gran cantidad de inquilinos que no acaban de decidirse sobre si enviar o no el correo, entre el miedo al conflicto y la apuesta por la carta más segura para quedarse en casa.

Aunque el color naranja de los carteles de Alquiler Seguro es muy reconocible en las calles de ciudades como Madrid y Barcelona, nunca se había hablado tanto de esta inmobiliaria como en los últimos meses, después de una multa de 3,6 millones por contratos abusivos a inquilinos ratificada este miércoles por el Ministerio de Consumo. El pasado 15 de enero, se dio a conocer que el entrenador del Manchester City y ex del Barça, Pep Guardiola, compró un 14,21% de la socimi cotizada de la misma marca a través del fondo 08022003 Limited, idéntica cantidad que adquirió el ex jugador del Barça Sergio Busquets, este a través de Buga Seler, S.L, inversiones con un valor aproximado de 1 millón de euros cada una, teniendo en cuenta que tiene hoy una capitalización bursátil de 6,9 millones. Ninguno de los dos ha explicado públicamente la motivación de esta inversión o si la multa a la empresa les hace replanteársela.

Con la compra de estas acciones, los fondos de Guardiola y Busquets pasaron a ser, empatados, los terceros máximos accionistas de la socimi. El principal accionista es la propia empresa, Alquiler Seguro, con un 52,63%, a su vez controlada en un 23,68% por el presidente y fundador, Antonio Carroza Pacheco, y por Aurica Growth Fund, que posee un 26% a través de dos participaciones. La entrada de los ex azulgrana en la socimi tuvo lugar en mayo de 2025 mediante una ampliación de capital, pero se dio a conocer en enero.

Antes, en marzo de 2025, el Ministerio había abierto el expediente sancionador a la empresa basándose a su vez en una investigación que se remontaba a 2023. Partió de las denuncias de Sindicato de Inquilinos, OCU y Facua. Entre otras cosas, la empresa era sancionada por obligar a los inquilinos a pagar un servicio por la gestión del contrato que está prohibida expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Todo ello en medio de una profunda crisis del alquiler con las familias asfixiadas por los gastos de la vivienda.

Socimi y empresa

Desde la empresa insisten en desvincular a la socimi, Alquiler Seguro Asset Market, que compra inmuebles en propiedad para dedicar a alquiler, de la empresa, que funciona como una inmobiliaria que se encarga de las viviendas de terceros para ponerlas en el mercado de alquiler. Es esta última la que ha sido sancionada por el Ministerio y no la socimi, si bien el máximo accionista es la propia empresa y el presidente de la misma.

Licenciado en Economía y fundador de la empresa junto a Gustavo Rossi en el año 2007, poco antes de que estallara la burbuja que desató una gran crisis económica mundial, Carroza ha sido siempre la principal cara visible de la compañía y compaginó presidencia y puesto de CEO hasta que en diciembre de 2024 ocupó este cargo David Caraballo, actual consejero delegado después de haber sido director comercial, gerente general y director general.

Su modelo de negocio, que cobró más sentido ante la reducción de compra de viviendas con la crisis económica y el consecuente crecimiento de la población inquilina, siempre se basó en las garantías para el propietario. “Garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes” o “Tasa de morosidad al 0% durante los últimos 16 años” son algunos de sus eslóganes efectivos, que le sirvieron para crear la socimi que llegó al Mercado Alternativo Bursátil en 2017 con una valoración de 9 millones de euros.

Una multa superior a los beneficios

En el año 2024, último publicado, la inmobiliaria (no la socimi) facturó 28 millones de euros, un 26% más que el año anterior y obtuvo un beneficio de 2,59 millones, según datos de Insight View a partir del Registro Mercantil. Para alcanzar este éxito, no obstante, el Ministerio denuncia que la empresa se vale de modelos de contratos abusivos. El recurso de alzada presentado por la empresa ante esta sanción fue desestimado, por lo que la multa es firme desde este miércoles. A Alquiler Seguro solo le quedaba recurrir a la justicia y así ha anunciado que lo hará para frenar una sanción que consideran “desproporcionada” y “abusiva”. La sanción impuesta por Consumo es mayor que las ganancias de la empresa y equivalen al 9,25% de su facturación

La sanción se dio a conocer poco después de que el Sindicato de Inquilinas de Madrid anunciara una huelga de alquileres, aun sin fecha, para dejar de pagar a la inmobiliaria, que gestiona unos 22.000 en toda España y tiene 65 oficinas en 12 Comunidades Autónomas. Según el ministerio, la empresa obliga al inquilino a cobrar gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato que están prohibidos expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Además, le imponía un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en casos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

La multa de Consumo no impide a Alquiler seguro, en cambio, concurrir a la licitación de 1.600 viviendas públicas de la nueva empresa estatal Casa 47 por valor de 6,5 millones de euros, a la que se presentó y fue admitida. Los sindicatos de vivienda se han mostrado críticos con el hecho de que empresas como esta puedan concurrir a estos concursos, pero desde Casa 47 han querido dejar claro que las normas y los precios los pone la empresa estatal, que no puede impedir presentarse a quienes cumplan requisitos y que no tiene organigrama para hacerse cargo de ello con funcionarios públicos.

La inmobiliaria Alquiler Seguro tendrá que pagar 3,6 millones de euros por sus “prácticas abusivas” contra inquilinos, a no ser que gane el caso en la justicia. Este miércoles, el Ministerio de Consumo ha resuelto negativamente el recurso de alzada presentado por la empresa, de forma que la sanción es ahora firme. Entre las seis infracciones muy graves impuestas, está el cargo a los inquilinos de gastos de gestión inmobiliaria encubiertos en un servicio de atención al inquilino.

La Dirección General de Consumo abrió expediente sancionador a la inmobiliaria en marzo del año pasado e impuso la multa en diciembre, pero una vez agotada la vía administrativa la multa es ahora firme.

La sanción se ha dado a conocer tan solo unas horas después de que el Sindicato de Inquilinas anunciara una huelga estatal que promoverá el impago de los alquileres justamente a esta inmobiliaria. “Por ningunearnos, embolsarse honorarios fraudulentos e imponernos cláusulas abusivas. Nos vamos a organizar casa por casa y va a ser histórico”, rezaba el sindicato de Madrid en su cuenta de X.

La inmobiliaria ha estado en el foco también por haber anunciado su intención de presentarse a las licitaciones para gestionar alquileres públicos de la recién creada estatal Casa 47, posibilidad que también indignó a los representantes inquilinos. Y, poco después de presentarse a la licitación, el entrenador del Manchester City y ex del Barça, Pep Guardiola, decidió comprar un 14,21% de la empresa a través de su fondo 08022003 LIMITED y el exfutbolista Sergio Busquets adquirió idéntica proporción con su fondo Buga Seler. El principal accionista sigue siendo la propia empresa, Alquiler Seguro, presidida por Antonio Carroza Pacheco, uno de los fundadores en el año 2007.

El ministro Pablo Bustinduy ha ratificado que son sancionables las prácticas denunciadas por el ministerio, que permitían a la inmobiliaria cargar de responsabilidades y presión al inquilino ante los contratos. El primero empezaba ya antes de la firma, pues con el servicio de atención al inquilino se cobraban gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato, en contra de la prohibición expresa de la ley de vivienda 12/2023 del 24 de mayo, que puso fin al cobro de las gestiones por parte de las inmobiliarias a los inquilinos.

La empresa además imponía al arrendatario un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en caos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

Una de las sanciones por infracción muy grave supone el pago de 1 millón de euros y otra de 990.900 euros, a las que se les suman tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros. 

Además de la sanción económica, la inmobiliaria deberá eliminar estas cláusulas y hará pública la multa impuesta, la razón social de las personas jurídicas responsables (ALQUILER SEGURO, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción. El expediente se puso en marcha en 2025 después de las denuncias del Sindicato de Inquilinas, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

El ala socialista del Gobierno se ha encontrado un escollo en la negociación del paquete anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Tanto Sumar como el resto de socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han reclamado al Ejecutivo que ese nuevo escudo incluya medidas en materia de vivienda. Bien para prorrogar los contratos de alquiler, para congelar los precios o para proteger a hogares vulnerables de desahucios sin alternativa habitacional.

Los ministros de Sumar han defendido en los últimos días la prórroga de los alquileres. Es una medida que llevan reclamando desde octubre, vinculada a los 600.000 contratos que, según las estimaciones del Ministerio de Consumo, finalizan este año, encarando importantes subidas de precios. “Creemos que es la medida más importante que debe adoptar este Gobierno y vamos a seguir defendiéndola el tiempo que haga falta”, advertía el ministro Pablo Bustinduy, para quien esta es “una prioridad absoluta”.

“Vamos a convencer al Partido Socialista y a todo el Gobierno de que un escudo social tiene que ser sí o sí con medidas de vivienda”, defendía también este lunes la titular de Sanidad, Mónica García, para quien “no hay escudo social sin vivienda”.

Desde el espacio de Sumar insisten en establecer un paralelismo con la guerra de Ucrania, cuando “se aprobó y se aplicó sin reparos por parte de la mayoría parlamentaria” una prórroga de los alquileres. “Esta demanda va más allá de las fuerzas políticas, aunque ya ha sido expresada por varias de ellas; lo están reclamando organizaciones sociales como Amnistía Internacional o el Sindicato de Inquilinas y, sobre todo, es una demanda transversal”, indican fuentes consultadas, para quienes “lo primero es convencer al PSOE”. “Al resto de grupos se les convence negociando, con voluntad política”, confían.

Es, precisamente, en esa debilidad parlamentaria en la que se escudan los socialistas, que quieren llevar el viernes al Consejo de Ministros un paquete de consenso, que pueda pasar sin problemas el trámite parlamentario.

Este martes, la senadora de ERC Sara Bailac exigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que congele los alquileres, que prorrogue los contratos mientras dure la inestabilidad internacional y que suspenda los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. “No se entendería que estas medidas excepcionales que va a aprobar el Gobierno dejasen fuera medidas de vivienda”, apremió.

A Rodríguez le sorprendió, dijo, el “tono de la pregunta”. “No entiendo por qué me reprocha a mí algo que no depende de mí, sino de otros grupos parlamentarios”, contestó, en referencia a la moratoria antidesahucios que tumbaron en dos ocasiones Junts, PP y Vox. La ministra, que no suele confrontar directamente con sus socios, acusó a la senadora de “tratar de confundir con ambición partidista a los ciudadanos”: “No confunda a la ciudadanía. Nosotros queremos el escudo social, propusimos el escudo social y votamos el escudo social. Fueron otros grupos los que lo tumbaron, pero no podemos hacer magia y cambiar la aritmética parlamentaria”.

ERC presentó esta misma semana un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales “para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía y garantizar la estabilidad económica ante el aumento de precios provocado por el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán”. Las propuestas incorporaban, entre otras, las ya mencionadas, además de una limitación al incremento de las cuotas hipotecarias vinculadas al Euríbor en la vivienda habitual.

BNG y Compromís también reclamaron medidas en este sentido. Y el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute defendió, a través de su cuenta de X, la necesidad de “prorrogar de manera extraordinaria los contratos de alquiler y las cuotas hipotecarias, porque es muy previsible que se vaya a dar un aumento de ambos en los próximos meses”.

En la misma línea va el “plan anti-Trump” de Podemos. Este martes, el secretario de organización y coportavoz de la formación, Pablo Fernández, demandaba al Gobierno medidas relativas a la vivienda, como bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, una moratoria antidesahucios de un mínimo de 12 meses, la expropiación de viviendas a los fondos buitre para destinarlas al parque público y un tope a las cuotas de hipotecas variables.

Fuentes del Ejecutivo trasladan la intención de que el paquete cuente con un amplio respaldo parlamentario. Eso incluiría al PP, que ya ha advertido que votará en contra del decreto si desde el Gobierno “siguen insistiendo en que se legalice la okupación”, señaló la portavoz Ester Muñoz, en referencia a la prohibición de dejar en la calle a familias vulnerables que no puedan pagar los alquileres o a quienes se les terminen los contratos.

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, insistía este martes en las “lecciones” aprendidas tras la respuesta a la crisis en el inicio del conflicto en Ucrania, en 2022. Una era la “rapidez”, anticipando en 10 días el primer paquete de medidas. Otra, que ese paquete que se conocerá el viernes sea “proporcionado con el impacto que estamos observando” para tener “esa flexibilidad de poder ir respondiendo conforme se vayan desarrollando los acontecimientos”.

Esta ha sido la respuesta de Cuerpo a varias preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros sobre la intención del Gobierno de incorporar algunas de las medidas de los socios en materia de vivienda. También, “que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso sin ningún problema”.

Al margen de los grupos políticos a la izquierda del PSOE, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reclamó también que se congelen los alquileres y algunas organizaciones sociales se han pronunciado en el mismo sentido. Desde Amnistía Internacional, que señalaba la semana pasada que “la guerra no solo amenaza los precios de la gasolina o los alimentos” sino que “sus efectos se notarán también en el derecho a la vivienda, por el previsible impacto de la inflación en unos precios desorbitados”; hasta el Sindicato de Inquilinas, que exigía la congelación del precio del alquiler, una prórroga de tres años para los contratos y recuperar la moratoria antidesahucios.

“Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, indicaban desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas este viernes. Por el momento, desde Economía señalan que “a día de hoy no estamos en las circunstancias en las que estábamos después de dos semanas del inicio de la guerra de Ucrania”.

Es algo en lo que coincidía también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este martes decía estar “negociando”, aunque reconocía que “no es la misma situación que Ucrania”. En lo que la crisis en Irán sí puede tener un efecto directo en los alquileres es la actualización de los precios que se realizan año a año. Aunque el Ministerio de Vivienda puso en marcha un índice de referencia de los arrendamientos de vivienda, para desligar estas actualizaciones del IPC en picos de inflación, este solo afecta a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Los contratos anteriores continúan ligados al IPC o al índice de Garantía de Competitividad, si viene indicado en el contrato. Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorros, publicó el pasado viernes su previsión de inflación para marzo, con una subida hasta el 3,6%, desde el 2,3% de febrero, que repercutiría directamente en los alquileres con actualización anual en marzo. Tras el inicio de la guerra de Ucrania, se aprobó una limitación extraordinaria al 2% en 2022 y 2023 y al 3% en 2024, que el Tribunal Supremo avaló este mes de enero.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prohibirá la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años. Así lo ha anunciado su titular, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios antes de una reunión con la Gasol Fundation. La normativa que desarrollará el Ministerio abarcará también a menores de 18 años cuando las bebibas contengan más de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros.

Bustinduy afirma que la medida cuenta con “un amplio apoyo social”, y ha aludido al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y, según el cual, nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición. Y ha destacado que en este dato se incluye un apoyo también muy alto de los jóvenes, un 88,3% de los encuestados entre 18 y 35 años, apoyan prohibir las bebidas energéticas.

El Minsiterio argumenta además que esta iniciativa va en línea con las medidas que están adoptando diferentes países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania. En España también hay normativas autonómicas como la de la Xunta de Galicia y el del Principado de Asturias, lo que –a juicio de Consumo– refuerza la importancia de armonizar esta legislación a nivel estatal y favorecer así la unidad de mercado.

Galicia tomó la delantera el pasado 7 de enero al publicar una ley que equipara estos productos al alcohol, con la que prohibirá su venta y consumo a menores de 18 años bajo multas, que estarán entre 200 euros por consumo y 15.000 euros por sanciones graves de suministro, a partir de marzo. 

A su vez, el proyecto de ley que tramita el Parlamento de la contigua Asturias prevé situar este límite de edad en los 16 años, con sanciones también similares a las del alcohol o el tabaco, que oscilan entre el apercibimiento y multas de hasta 600 euros por infracciones leves como el consumo y pagos de 10.000 euros en casos graves o incluso el cierre de establecimientos y hasta 100.000 euros en casos de distribución a gran escala. 

También el Govern balear ha comunicado estar trabajando en una ley, todavía embrionaria, para regular el consumo de estas bebidas en menores; y otras comunidades, como Catalunya o Euskadi, lo tienen en sus planes, aunque todavía no hayan comunicado ningún nuevo paso.

En marzo de 2023 se creó un grupo de trabajo entre la Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos para valorar posibles medidas a adoptar a nivel nacional en esta línea. El primer paso fue aprobar un Real Decreto que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y energéticas en cafeterías o máquinas vending de los centros escolares el pasado mes de abril.

Poner topes a las subidas de precios que se producen tras situaciones de emergencia, como la ocurrida con la dana; o cuando suceden accidentes que afectan a uno de los principales medios de transporte, como sucedió hace poco más de un mes en Adamuz (Córdoba). Eso es lo que busca el Ministerio de Consumo con el real decreto que aprobó hace unas semanas para evitar esos precios disparados en esos momentos de crisis, cuando se altera de forma excepcional la oferta y la demanda.

Esta medida ha roto, aunque solo se aplique en esos momentos de emergencia, el tabú de que no pueden establecerse límites a los precios en el marco de la libertad de mercado. Un debate que fue polémico hace casi cuatro años, cuando la invasión de Ucrania por Rusia derivó en una espiral inflacionista que llevó a plantear límites incluso en sectores tan esenciales como el de la alimentación. Algo que, al final, no llegó a materializarse. 

Este jueves, ese real decreto llega al Congreso de los Diputados, donde se dirime su aprobación. Analizamos las claves de la medida impulsada por el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy.

¿Cuándo se pueden limitar los precios?

El real decreto plantado por Consumo busca arreglar un vacío legal. Si se convalida, la Administración podrá actuar para limitar las subidas de precios en situaciones excepcionales de emergencia, como la dana o el accidente de Adamuz. 

Básicamente, se trata de actuar en situaciones de emergencia que influyen en la demanda y la oferta de un producto o de un servicio. Por ejemplo, actualmente, si en una situación de emergencia hay un acelerón de búsquedas de compra, los precios se disparan. Y puede que ese acelerón esté motivado, como ya ha sucedido, por un accidente de tren. 

“Hasta ahora, la libertad absoluta de precios permitía la modulación de estos en ese tipo de situaciones sin ninguna limitación, más allá de la prohibición de incrementos de precios personalizados en situaciones de emergencia de protección civil”, explican fuentes del Ministerio de Consumo, porque ese era, hasta ahora, el único escenario posible para estas limitaciones.

El real decreto que el jueves tiene que convalidar el Congreso permite que, en situaciones de emergencias o casos de fuerza mayor que alteran de forma significativa las condiciones habituales de oferta y demanda, se active esta limitación temporal, siempre que así lo apruebe el Consejo de Ministros.

¿Por cuánto tiempo se pueden limitar? ¿Y cómo se limitan?

Como se ha explicado anteriormente, la limitación de precios en situaciones de emergencia la tiene que aprobar el Consejo de Ministros y tiene que estar acotada en el tiempo. “El correspondiente acuerdo debe precisar la fecha de inicio y final de la medida, los bienes o servicios afectados y la referencia aplicable para la limitación de precios de los bienes o servicios cubiertos”, explican desde el Ministerio Consumo.

En cuanto a cómo se van a fijar esos topes, el real decreto establece que, en esas situaciones de emergencia, el precio no podrá ser superior al máximo que tuvo el servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación de emergencia. Además, se introduce un mecanismo de tope adicional, que puede ser un tanto complejo. Este establece que si el precio máximo que ha tenido un servicio o un producto, en esos 30 días previos, fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%.

Asimismo, el real decreto contempla que, para bienes o servicios con marcada estacionalidad, se puede tomar como referencia el precio del mismo periodo en el año anterior, actualizado conforme al IPC.

Por último, la norma permite al Gobierno imponer a las comercializadoras la obligación de informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado en, al menos, los 30 días previos a la limitación de precios por situación de emergencia. También, garantiza que la limitación de los incrementos se mantenga vigente durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala directamente vinculadas a la situación de emergencia.

¿Qué situaciones están incluidas?

El real decreto que aprobó el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy especifica que las situaciones en las que podrán toparse los precios no solo serán aquellas declaradas como de emergencia de protección civil, como sucedía hasta ahora, sino también aquellas que determine el Consejo de Ministros, que será el único órgano capacitado para hacerlo. 

De esta forma, la limitación de precios se podrá activar tanto cuando se produzca una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como cuando se den estos otros supuestos: accidentes, emergencias técnicas, causas de fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias. Siempre será el Consejo de Ministros el que determine esas causas.

Además, la medida que ahora tiene que refrendar el Congreso incorpora criterios de flexibilidad para evitar tensiones en la oferta. En concreto, se permitirán incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes. También, si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre y cuando esto no suponga un aumento de márgenes para el operador, matiza Consumo.

En caso de que haya incumplimientos, los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador que establezcan las autoridades de Consumo.

¿Por qué se ponen en marcha ahora los topes?

Esta medida llega poco más de un mes después del accidente de trenes en Córdoba. Fuentes de Consumo explican que “se han recibido quejas de personas consumidoras y asociaciones, principalmente, en relación a servicios de transportes alternativos al transporte ferroviario”. 

También señalan que se constataron multitud de quejas, tras el apagón del 28 de abril de 2025, con los precios de las VTC, los vehículos de alquiler con conductor. “Estas situaciones son las que han impulsado, acelerado y perfeccionado el desarrollo de esta normativa, creada para dotarnos de más herramientas en la prevención y respuesta frente a posibles abusos”, recalcan.

¿Tienen que ver con los conocidos como precios dinámicos? 

El trasfondo es que este modelo de fijación de precios, que emplean muchas plataformas digitales, se ha generalizado durante los últimos años. Fuentes de consumo recalcan que el objetivo de los topes de precios en situaciones de emergencia “no es señalar empresas de forma genérica, sino garantizar que, en situaciones excepcionales, nadie pueda aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad”.

Esos precios dinámicos o personalizados permiten modificar el coste de un mismo bien o servicio en función de múltiples variables como la evolución de la demanda, el momento temporal de la compra o el comportamiento del usuario. “En condiciones de normalidad, estos sistemas pueden formar parte del funcionamiento del mercado, pero su aplicación sin límites claros genera opacidad y dificulta que las personas consumidoras tengan claridad sobre su compra”, señala el Ministerio. “Y esa falta de transparencia se agrava en situaciones excepcionales, cuando determinados servicios se vuelven escasos, por ejemplo, tras el cierre de una vía ferroviaria o ante una emergencia climática, y el precio puede dispararse en cuestión de horas”.

Precisamente, añaden las citadas fuentes, por eso es importante la limitación temporal de precios en contextos de emergencia. “Esta medida nos permite proteger a las personas afectadas y evitar que nadie tenga la tentación de obtener un beneficio extraordinario a costa de una desgracia”.

¿Entonces, los topes de precios en situaciones de emergencia están en manos del Congreso? 

Sí. El real decreto que los permite lo aprobó el Consejo de Ministros, pero el jueves tiene que lograr el respaldo de la Cámara Baja. 

“El papel de las instituciones es anticiparse a los abusos, garantizar el acceso a bienes y servicios básicos y poner siempre el interés general por delante, independientemente del partido por el que sean gobernadas o las siglas a las que responda el representante público”, defiende Consumo. “Cuando ocurre una desgracia, lo último de lo que tiene que preocuparse un ciudadano o ciudadana es de si le van a estafar y en esta cuestión todos los grupos políticos deberían estar de acuerdo”, concluyen.

Una plataforma de juego online llamada Need for Spin —vinculada a la sociedad GBL Solutions N.V., con sede fiscal en Curazao (Países Bajos)— opera presuntamente de forma irregular en España. Esta empresa posee una licencia para operar en su país de origen, pero no una para hacerlo en territorio español, según ha podido saber elDiario.es. Este requisito es obligatorio según la ley española que regula el juego. De hecho, el nombre de la sociedad no figura en el buscador de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo. Tampoco aparece el dominio web asociado a la empresa neerlandesa.

Fuentes del Ministerio de Consumo explican a este diario que las empresas del juego deben aparecer en los listados de operadores con licencia y que deben “cumplir la regulación en cuanto a las advertencias de juego seguro y prohibición de juego para los menores”. Sin embargo, han recordado que no pueden “dar información sobre operadores concretos, salvo que las sanciones sean firmes en vía administrativa”. GBL Solutions N.V. no ha respondido a las consultas realizadas por este diario.

La norma que regula el juego en España —cada país miembro de la UE tiene su propia regulación— es la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. En su artículo 39 establece lo que se consideran infracciones muy graves. Entre ellas, se recogen las actividades incluidas en el ámbito de la aplicación de la norma del juego que se realizan “careciendo del título habilitante correspondiente”, es decir, sin licencia. Esta plataforma, además, opera bajo el dominio “.com”. La ley determina, en su artículo 10, los procedimientos que hay que llevar a cabo para obtener una licencia. En el apartado 4.d) se recoge la obligatoriedad de implantar un sitio web específico con nombre de dominio bajo “.es”. El incumplimiento de este requisito también se considera una falta muy grave. Estas pueden ser sancionadas con multas de entre uno y 50 millones de euros, como fija el artículo 42 de la norma.

La última vez que la DGOJ otorgó licencias fue en diciembre de 2017. GBL Solutions N.V. se creó en 2020, según figura en el Registro Mercantil de Curazao. Albert Agustinoy, abogado de Cuatrecasas experto en regulación de juego, afirma que la norma no reconoce licencias extranjeras. “Esta infracción supone multas que pueden variar de uno a cincuenta millones de euros, así como a ser declarado inelegible para solicitar licencias hasta un plazo máximo de cuatro años”, asegura.

Explica además, que al tratarse de un casino online, una de sus principales estrategias para atraer nuevos clientes consiste en el uso de campañas de marketing dirigidas y personalizadas. Así es cómo GBL Solutions llegó a la vida de Manuel (nombre ficticio). “No paraban de llegarme mensajes SMS para que apostara”, comenta. Manuel está en el registro de autoprohibidos. Sin embargo, es bombardeado constantemente con publicidad de esta índole. “Si estás autoprohibido no puedes entrar a ninguna web de apuestas, sin embargo, aquí puedes acceder sin ningún tipo de restricción”, afirma.

Agustinoy explica que en estas webs también existe una aceptación pasiva, es decir, sin hacer ningún tipo de campaña, que un jugador español se inscriba y empiece a jugar con ellos. “En estos casos la DGOJ tiene capacidad para iniciar expedientes sancionadores. Además, puede instar al bloqueo de direcciones IP vinculadas a ofertas no autorizadas de este tipo de juegos”, sentencia.

Curazao, puerta de entrada al juego ilegal

La ley también contempla la obligación de la autoridad competente de publicar las resoluciones de los expedientes sancionadores a través de su página web. En los años 2024 y 2025, la DGOJ ha resuelto 22 expedientes sancionadores por infracciones muy graves, debido a que en cada uno de los casos las plataformas de juego estaban operando “careciendo del título habilitante correspondiente”, es decir, sin licencia.

Nueve de las empresas infractoras tenían su residencia fiscal en Curazao, tres figuran en otras jurisdicciones mientras que la autoridad competente no ha podido determinar la ubicación de las diez restantes, lo que muestra la complejidad del entramado fiscal con el que operan algunas de ellas.

En el último procedimiento resuelto contra una empresa con sede fiscal en Curazao, ésta fue sancionada con 5 millones de euros por su presunta actividad irregular, que consistió en operar sin licencia. Además, se condenó a la empresa a inhabilitación para la realización de las actividades de juego previstas en el artículo 1 de la Ley 13/2011 por un período de cuatro años como “consecuencia de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 39” de la ley y de conformidad con lo que establece el artículo 42 de la misma norma.

Pese a que la resolución ordenó a la empresa el “cese inmediato de la actividad de juego ilegal en España” no era firme, ya que cabía presentar contra ella recurso de reposición en el plazo de un mes o su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a partir día siguiente a su notificación.

El expediente sancionador recoge, en los antecedentes de hecho, que la medida cautelar se aplica para garantizar tres objetivos. El primero, la tutela del interés público, mediante “la prevención de actividades que pudieran dar lugar a fraude, blanqueo de capitales y otros problemas de orden público”; la defensa de “los intereses de terceros”, concretamente, los usuarios de este tipo de productos y, de modo particular, de los menores de edad y de las personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (es decir, el registro de autoprohibición) y para evitar “el mantenimiento de los efectos de la infracción”. Los antecedentes de hecho coinciden con los objetivos que pretende garantizar la ley de regulación del juego.

Eupago colabora con la plataforma irregular

GBL Solutions N.V procesa sus transacciones financieras a través de Eupago, una empresa con sede principal en Oporto, fundada en 2014 y autorizada por el Banco de Portugal como institución de pago. La función de Eupago es actuar como intermediario en transacciones económicas entre usuarios y empresas que venden productos o servicios, gestionando pagos tanto en internet como en puntos físicos.

Este diario ha enviado en dos ocasiones un correo electrónico asociado a la empresa en Portugal, después de haber contactado por whatsapp con el CEO de España. En estas consultas, se preguntaba a Eupago si la empresa era consciente de las presuntas irregularidades de la plataforma del juego, si colaboraba con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Consumo para la prevención de estas prácticas y si iba a tomar medidas. La primera consulta fue realizada el 4 de diciembre de 2025.

Eupago también tiene una oficina en Madrid, cuya actividad está supervisada por el Banco de España. Según Manuel, al registrarte en la web, Eupago aparece como método de pago predeterminado. “Al realizar un cargo, te redirige automáticamente sin necesidad de registro, y lo hace enviando códigos de comercio falsos. En mi caso, cuando realizaba un pago al casino, en el extracto bancario aparecía como si fuera un consumo de gas”, relata Manuel. Este diario ha podido comprobar la veracidad de ambas afirmaciones.

Desde 2016, Eupago ha recibido 348.825,25 euros en fondos europeos. De ellos, 11.500 euros han sido otorgados por el Gobierno de España en 2025, mientras que el resto de las subvenciones provienen de Portugal, como figura en la plataforma de contratos públicos de ambos países. Por su parte, Agustinoy señala que la DGOJ tiene la capacidad de instar a los proveedores de servicios de pago a que no gestionen transacciones vinculadas a operadores de juego sin licencia que actúan fuera del marco legal.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este viernes la apertura de una investigación para identificar empresas que podrían estar promocionando desde el estand de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente.

De ser cierto, estas prácticas podrían ser consideradas como publicidad ilícita, puesto que el real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina aprobado en septiembre de 2025 prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.

Según ha informado en un comunicado el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, los indicios recabados hacen pensar que varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo viajes a lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada. “La publicidad se hace en el marco de una de las ferias más relevantes del sector, con miles de visitantes”, ha expuesto Consumo.

El ministerio de Bustinduy ya exigió el pasado diciembre a siete multinacionales que retirasen 138 anuncios de alojamiento vacacional en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

El Gobierno ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de una administración de consumo española de la historia a una empresa privada. “Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún poder económico puede eludir sus responsabilidades”, afirmó este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, que se comprometió a “erradicar prácticas especulativas y lesivas” en el marco de sus competencias. La sanción, de 65 millones de euros, supone seis veces el beneficio ilícito que la empresa obtuvo durante el tiempo que se negó a eliminar más de 65.000 páginas de viviendas que no tenían licencia para anunciarse o que mostraban un número de registro falso: unos 10 millones.

La mayoría de estos pisos sin permiso para ofrecerse como alojamiento vacacional se encuentran en algunas de las comunidades con zonas más tensionadas por la presión turística. Según los datos a los que ha podido acceder elDiario.es, uno de cada tres de estos anuncios se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. Como muestra el siguiente mapa, Canarias, con 12.486, y Galicia, con 6.897, completan los primeros puestos de esta lista.

Canarias, como Balears con más de 4.300 anuncios ilegales, son comunidades eminentemente turísticas donde algunos operadores tratan de sacar provecho a toda costa. En Galicia, por su parte, la tensión por la crisis de la vivienda tampoco es baladí. A Coruña ha sido declarada zona tensionada, pese a las pegas de la Xunta del PP, que ha terminado aceptando los requerimientos del consistorio socialista, mientras Santiago espera lo propio.

Con todo, el mapa debe mirarse teniendo en cuenta las competencias del Ministerio y la idiosincrasia de cada comunidad. Cuando Consumo inició este procedimiento, en diciembre de 2024, no existía el registro único que arrancó este 1 de julio, por lo que cada gobierno autonómico o ayuntamiento tenía capacidad para exigir que los anuncios incluyeran el número de registro.

“Como se puede comprobar, las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio del Estado, menos en Madrid, Andalucía y Extremadura”, territorios donde “la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso”, indican fuentes del Ministerio de Consumo.

Por ejemplo, solo en la ciudad de Madrid, el equipo de Bustinduy identificó en el mes de marzo más de 15.000 anuncios que no cumplían con la normativa local, pero que “no pudieron ser eliminados por el Ministerio al tratarse de una competencia municipal”.

El conflicto entre Airbnb y Consumo se remonta a octubre de 2024. “El Ministerio notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 pisos turísticos”, explicó Bustinduy este lunes en una rueda de prensa, pero “ante la inacción [de la compañía], se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024”. Es decir, la millonaria multa llega por la negativa de la empresa a retirar esos anuncios, una vez advertida. La administración ya entendía entonces que esta actitud insumisa “podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

Hasta ahora, esta es la segunda multa más cuantiosa a la que se enfrenta una empresa privada, tras los 107 millones de euros a Ryanair. Consumo condenó a la aerolínea por prácticas abusivas, como cobrar suplemento por el equipaje de mano o reservar servicios contiguos para acompañar a personas dependientes. Esta compañía recurrió al Tribunal Superior de Madrid, que estimó las medidas urgentes solicitadas con la condición de que se presentase un aval bancario por la cantidad de la multa impuesta.

En esta ocasión, Airbnb ya ha anunciado que recurriría la sanción de Consumo ante los tribunales, al considerar que “ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España”. La compañía estima que “la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestren el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no es aplicable, cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas”.

El 1 de julio entró en vigor la nueva ventanilla única de arrendamientos, que obliga a los propietarios de viviendas que quieran anunciarlas en plataformas para uso turístico o alquiler de temporada a contar con un número de identificación, expedido por los registradores de la propiedad. Ese mismo día, la mitad de los pisos no podían anunciarse en plataformas y a principios de septiembre el Ministerio de Vivienda había notificado más de 53.000 pisos ilegales, que habían solicitado el número de registro obligatorio, pero que no cumplían los requisitos legales.

Al margen de estos alojamientos vacacionales ilícitos, a finales de julio, Airbnb accedió a bloquear los 65.000 anuncios por los que Consumo tenía en marcha el expediente sancionador que siguió su curso, al considerar que una infracción no queda impune por dejar de cometerla. Sin embargo, lo hizo tras un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, a quien consideran “la autoridad competente en esta materia a nivel estatal”.

Previamente, el Tribunal Superior de Madrid respaldó una primera actuación de Consumo y rechazó la petición de medidas cautelares de la plataforma, a la que obligó a retirar una primera actuación de una tanda de 5.800 de estos 65.000. Bustinduy ha defendido que su departamento “aplica la legislación española con todo el rigor y con toda la determinación” y ha insistido en que “no puede haber modelos de negocio construidos al margen de la ley”.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado este jueves al PSOE que apruebe una prórroga automática de todos los contratos de alquiler que vencerán el próximo año. “Nadie entendería que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas que se ven ante una situación angustiante, que es el vecimiento de su contrato y la necesidad de renegociarlo en unas condiciones que pueden suponer un incremento de un 30, 40 o un 50%”, ha señalado.

Bustinduy ha reclamado a su socio de Gobierno poner en marcha esta “medida sencilla, que se puede aplicar inmediatamente” y que está contenida en un paquete de propuestas que los ministros de Sumar presentó a mediados de octubre, sin acuerdo con el ala socialista del Ejecutivo ni con el Ministerio de Vivienda.

Según un documento interno del Ministerio de Consumo, adelantado por la Cadena Ser, en 2021 se firmaron 632.369 contratos de alquiler que dan techo a 1,6 millones de personas. Los que continúen en vigor deberán ser renovados a lo largo de 2026, lo que obligará a muchos inquilinos a tener que renegociar o buscar una alternativa en un contexto de precios al alza. Según las estimaciones del departamento de Bustinduy, “es un coste acumulado de 1.000 millones de euros para las familias españolas”.

Por ello, desde Sumar han reclamado a su socio de Gobierno “pinchar” la burbuja del alquiler y proteger a las familias españolas y “no los intereses de especulación y rentismo que están haciendo que la crisis de vivienda sea el principal problema de las clases trabajadoras en este país”. “La herramienta está lista y estamos solo a la espera de una respuesta por parte de nuestros socios de Gobierno para poder implementar esta medida”, ha insistido.

Preguntado por el real decreto anunciado por el presidente Pedro Sánchez, y que incluye una ayuda a los propietarios frente a los impagos de alquiler, un aval que el Gobierno ya comprometió a principios de año, a petición de Junts, Bustinduy ha remarcado que la obligación del Ejecutivo debe ser la de “defender a la gente trabajadora en este país”. “Aquí estamos ante un conflicto de intereses: o se protegen los intereses de los inquilinos e inquilinas y las familias trabajadoras, o se blindan los beneficios de una minoría rentista que está extrayendo riqueza de las familias trabajadoras para su propio lucro”, ha señalado.

En cualquier caso, Bustinduy ha apuntado que las medidas que vayan para asegurar condiciones de viabilidad en el mercado del alquiler serán positivas y cuando se anuncien habrá ocasión de poderlas debatir. “La medida más importante, prioritaria y absolutamente urgente es la prórroga de los contratos de las familias trabajadoras en España. Creo que ese es el primer paso que hay que dar”, ha zanjado.