El Reggaeton Beach Festival admite su cancelación en Madrid, que atribuye a una “disputa política en plenas elecciones”

No habrá Reggaeton Beach Festival este fin de semana en Madrid. Ya es definitivo. Después de una jornada de tiras y aflojas con el Ayuntamiento de la capital, la organización del evento ha admitido que no podrá celebrar los dos días de conciertos previstos en el recinto de macrofestivales en Villaverde después de que el consistorio de Almeida le negara la licencia, aludiendo a problemas en su plan de movilidad, unido a los informes desfavorables de Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil.

“Lamentamos profundamente tener que informarte que la edición prevista en Madrid para 2023 no podrá celebrarse”, indican en un comunicado dirigido al público del evento, en el que explican su versión de lo que ha ocurrido esta semana.

“Estamos devastados y completamente destrozados por lo ocurrido durante estos 2 días”, continúa el texto al que ha tenido acceso este periódico, que achaca la cancelación a que el festival se ha visto envuelto “en una disputa política en plenas elecciones generales, causada principalmente por los incidentes ocurridos en eventos anteriores al nuestro y que nada tenían que ver con RBF (Reggaeton Beach Festival)”.

La organización se refiere a las polémicas entre los ayuntamientos de Madrid (PP) y Getafe (PSOE) por los incidentes provocados en el recinto Iberdrola Music a raíz de las colas kilométricas que se acumularon el pasado fin de semana a las puertas del concierto de Harry Styles y su salida caótica de los 65.000 asistentes. También hubo quejas de los vecinos de la zona, tanto habitantes de Villaverde como de Getafe, por la superación de los niveles máximos de ruido permitidos durante el pasado Mad Cool.

“Lamentablemente los únicos perjudicados hasta la fecha somos nosotros, además con un relato que nada tiene que ver con la realidad vivida”, añaden desde el festival. “Creednos cuando os decimos que hemos hecho todo lo posible pero no era algo que estuviera al alcance de nuestra mano, ni algo que se pudiera prever en ningún caso”, explican.

El Ayuntamiento de Madrid comunicó este miércoles que no daría licencia de celebración para el evento, después de señalar varios incumplimientos y la falta de tiempo para solucionarlos. Aunque la organización del RBF intentó negociar este jueves, el equipo de Almeida se mostró tajante y su portavoz lo dejó claro en rueda de prensa: “No se va a llevar a cabo”, zanjó.

Cómo reclamar el importe de las entradas y el alojamiento

La organización del RBF ha informado que las personas que habían comprado entradas para el evento recibirán este lunes un email con las instrucciones para ver reintegrado el importe de sus tickets, que durante este jueves se siguieron vendiendo pese al veto del Ayuntamiento de Madrid.

La cancelación del Reggaeton Beach Festival puede afectar a 38.000 personas que tenían prevista su asistencia, según sus organizadores. El hecho de que la cancelación no pueda ser calificada de fuerza mayor -según las asociaciones de usuarios- abre la puerta a que los afectados puedan reclamar al festival tanto el reembolso de las entradas como los gastos de transporte o alojamiento que hubieran adelantado para acudir a Madrid este fin de semana.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya en un comunicado que la responsabilidad de la cancelación “recae sobre el organizador” y que no existe caso de fuerza mayor al existir “causas que justifican la denegación”, como que no se haya presentado un plan completo de movilidad o coseche varios informes negativos de bomberos y fuerzas de seguridad del estado.

En concreto, la organización de consumidores asegura que el promotor del concierto debe ofrecer la devolución del precio pagado “o bien fijar una fecha alternativa para la celebración” del festival, quedando a la decisión del consumidor la elección entre ambas opciones.

Además, deberá hacer frente a los gastos y daños asociados a los afectados que hubieran adelantado el pago del transporte o el alojamiento. Por todo ello, OCU recomienda a los afectados guardar las facturas y reclamar por escrito a la organización en primera instancia. En caso de no atenderse su reclamación, deberán recurrir a la vía judicial para exigir una indemnización.