El preu del lloguer continua marcant màxims a Balears. La renda mitjana va assolir el maig els 20,1 euros per metre quadrat, un 2,2% més que fa un any, fet que situa l'arxipèlag com la segona comunitat autònoma amb els lloguers més cars d'Espanya, només per darrere de Madrid, segons dades d'Idealista.

A Palma, els preus han augmentat un 8,2% durant el darrer any fins als 19,2 euros per metre quadrat, consolidant la capital balear com la tercera més cara de l'Estat per llogar un habitatge.

Les dades d'Idealista reflecteixen que el mercat del lloguer continua tensionat tant a Balears com al conjunt d'Espanya. A escala estatal, les rendes varen assolir el maig una mitjana de 15,1 euros per metre quadrat, el preu més alt registrat pel portal immobiliari des de l'inici de la seva sèrie històrica l'any 2000.

La creixent dificultat per accedir a un habitatge també es reflecteix en l'esforç econòmic que han de fer els residents de les Illes. Segons un estudi de Fotocasa i InfoJobs, els balears varen destinar el 2025 una mitjana del 64% del seu salari al pagament del lloguer, tres punts més que l'any anterior. Es tracta del tercer percentatge més elevat d'Espanya i evidencia que l'encariment de les rendes continua avançant a un ritme superior al dels salaris.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, adverteix que el 2025 va suposar un punt d'inflexió en la crisi d'accés a l'habitatge. Segons explica, l'any passat va ser aquell en què l'esforç salarial destinat al lloguer va assolir el nivell més alt de tota la sèrie històrica. “Destinar el 50% del sou al pagament de l'habitatge suposa una situació d'autèntica emergència habitacional, ja que se situa 20 punts per damunt del que recomanen els organismes oficials de control”, sentencia.

Organismes oficials com el Banc d'Espanya o l'OCDE assenyalen que un habitatge deixa de ser assequible quan una llar ha de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer o de la hipoteca. Aquest llindar s'utilitza habitualment com a referència per mesurar la sobrecàrrega financera derivada de l'accés a l'habitatge.

Els experts adverteixen que, quan el cost de l'habitatge absorbeix una part tan elevada dels ingressos, les llars veuen reduïda la seva capacitat per afrontar altres despeses essencials, com l'alimentació, el transport, l'energia, l'estalvi o possibles imprevists, fet que incrementa el risc de vulnerabilitat econòmica i exclusió residencial.

El precio del alquiler continúa marcando máximos en Balears. La renta media alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado, un 2,2% más que hace un año, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con los alquileres más caros de España, solo por detrás de Madrid, según datos de Idealista.

En Palma, los precios han aumentado un 8,2% en el último año hasta los 19,2 euros por metro cuadrado, consolidando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

Los datos de Idealista reflejan que el mercado del alquiler continúa tensionado tanto en Balears como en el conjunto de España. A nivel estatal, las rentas alcanzaron en mayo una media de 15,1 euros por metro cuadrado, el precio más alto registrado por el portal inmobiliario desde el inicio de su serie histórica en el año 2000.

La creciente dificultad para acceder a una vivienda también se refleja en el esfuerzo económico que deben realizar los residentes de las Islas. Según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, los baleares destinaron en 2025 una media del 64% de su salario al pago del alquiler, tres puntos más que el año anterior. Se trata del tercer porcentaje más elevado de España y evidencia que el encarecimiento de las rentas continúa avanzando a un ritmo superior al de los salarios.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, adviierte de que 2025 supuso un punto de inflexión en la crisis de acceso a la vivienda. Según explica, el año pasado fue en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica. “Destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional, ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control”, sentencia.

Organismos oficiales como el Banco de España o la OCDE señalan que una vivienda deja de ser asequible cuando un hogar debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Este umbral se utiliza habitualmente como referencia para medir la sobrecarga financiera derivada del acceso a la vivienda: los expertos advierten de que cuando el coste de la vivienda absorbe una parte tan elevada de los ingresos, los hogares ven reducida su capacidad para afrontar otros gastos esenciales, como la alimentación, el transporte, la energía, el ahorro o posibles imprevistos, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad económica y exclusión residencial.

¿Por qué nunca dejan de subir las viviendas? ¿Por qué suben incluso donde la población desciende? ¿Por qué suben cuando sube la oferta –como en los años previos a 2008– y también cuando se estanca –como ahora? Para descubrirlo, te propongo un juego. 

Imagina que hace 50 años, cuando se creó la sanidad pública, se hubieran repartido unas licencias para acceder a ella. De manera que solo quienes compraron una pudieran tener un médico de familia o someterse a un tratamiento subvencionado. Imagina que se hubiera hecho lo mismo con la educación: solo quienes comprasen una licencia tendrían derecho a llevar a sus hijos a la escuela pública. Y lo mismo con la universidad.

Imagina que se hubiera emitido un número finito de licencias, 25 millones. Y que se hubieran vendido todas antes de 2008. Quienes no pudieron comprar en su día, quedarían obligados a recomprar la suya al propietario anterior.  

Imagina que al Estado le pareciera bien que los titulares originales de las licencias de la sanidad y la educación las revendieran después por mucho más dinero, porque lo entendieran como una forma lícita de “ahorro”. Para retribuir esos ahorros cada vez más caros, la sociedad esperaría que las cohortes que vinieran detrás tuvieran que hacer más esfuerzo que la anterior para acceder a los mismos servicios. Por ejemplo, si en 1980 se pagaba un piso en 15 años, en 2020 habría que hipotecarse durante 30 o 35.

Imagina que, llegado un punto, los propietarios de las licencias decidieran que ya no quieren venderlas. Sale mucho más rentable alquilarlas y no perder la propiedad. Y que con lo que obtienen por ese alquiler empezaran a acumular licencias de la sanidad hasta que llegase un momento en que el 30% de la población tiene que alquilar su licencia a un tercero. Y que al Estado también le pareciera bien que esos derechos se hubieran convertido en un negocio.

Imagina que, por ese camino, una parte muy importante de las licencias de los servicios públicos hubiese acabado en manos de fondos de inversión extranjeros, que vendrían a España a comprar licencias de la sanidad y la educación a cualquier precio, porque saben que los españoles no podemos prescindir de esos servicios, así que tendremos que acabar pagando lo que nos pidan.

Imagina que, pese a todo esto, los impuestos que sostienen los hospitales, con los que se paga el sueldo de los profesores y los investigadores, se siguieran pagando con los impuestos de todos los contribuyentes, tanto si tienen licencia para acceder a ellos, como si no. De manera que todos los arrendatarios de las licencias sanitarias pagarían impuestos por unos servicios a los que en realidad no podrían acceder, salvo pagando, además, un alquiler. Por el contrario, habría un montón de fondos extranjeros que no pagan impuestos en España, pero que cobran dinero a los usuarios por acceder a nuestros servicios públicos.

¿Te imaginas cómo sería ese país? 

Si no tienes mucha imaginación, no pasa nada. Porque esto no es ningún juego. Es exactamente lo que está pasando hoy en España. 

Para acceder a la sanidad, en este país, hay que estar empadronado en una vivienda. Para llevar a tus hijos al colegio, también. Y a la universidad. Y para pedir muchas ayudas. Las viviendas no son solo inmuebles. Sobre todo son licencias que dan derecho a acceder a casi todos los bienes comunes, como el alcantarillado, el saneamiento, los suministros de agua, de electricidad, de telefonía y de Internet; las vías públicas, las carreteras, el alumbrado y el transporte público; la seguridad, los bomberos y los servicios de emergencias; los hospitales, los colegios, las universidades, las bibliotecas y los centros de salud; la limpieza viaria, la recogida de basuras, el control de plagas, los parques y jardines, los mercados municipales y las infraestructuras deportivas y culturales. 

Por esta razón las viviendas se revalorizan aunque sus propietarios no las toquen, aunque permanezcan cerradas. Cuando el Estado construye una estación de Metro, o mejora el alcantarillado o la seguridad de un barrio, cuando se abre una nueva universidad o un colegio mejora la calidad de la educación, la vivienda sube y los titulares de esas licencias ven incrementado su valor. De la misma manera, un inmueble que no tiene licencia, como los que se construyeron en Seseña en 2008, no es una vivienda y para eso no hay mercado. Simplemente porque carece del título que te habilita para acceder a la infraestructura urbana.

Esta es la razón por la que el urbanismo en todos los países de Occidente es potestad de los Estados, sin excepción. Ni en el país más liberal del mundo existe una ciudad regida por el “mercado”. No se trata de una ambición regulacionista, es que no podría ser de otra manera. Solo en los lugares donde no hay Estado –y, por tanto, no hay infraestructuras– como en los arrabales de Lagos y en las chabolas de Bombai puede existir un mercado de la vivienda “libre”.

Dicho de otra manera, las licencias de vivienda no son “bienes de mercado” como si fueran pomelos o camisas de Zara: son derechos de uso que los estados otorgan sobre sus propios activos, son el “capital” de un país, o su accionariado. Como las acciones de una empresa, suben o bajan en función de lo que “mejore” ese país.

Los precios de la vivienda han subido durante décadas (con la única excepción de los años posteriores a la crisis de 2008) porque España no ha dejado de invertir en servicios públicos y en bienes comunes. De manera que hoy las ciudades españolas valen más que hace 50 años. Y las “acciones” de esas ciudades, que son las viviendas, capturan ese valor.

Solo desde este lugar se entiende hasta qué punto el rentismo es una nueva forma de feudalismo. Y es que los impuestos que financian todas esas infraestructuras –el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades– se pagan entre los habitantes y el IBI —el único impuesto que grava directamente la propiedad inmobiliaria— no llega al 4,75% de toda la recaudación pública. Es decir: subvencionamos colectivamente la revalorización de un activo del que solo se benefician algunos.

Y a continuación se desvela el auténtico disparate del rentismo: Estamos consintiendo que unos cuantos fondos extranjeros compren esas licencias que dan acceso a nuestros propios servicios públicos y le cobren a las familias arrendatarias un alquiler por acceder a ellos.

¿De quién debe ser la propiedad de los bienes comunes? ¿De todos, o de unos pocos? ¿Tiene sentido que le vendamos la propiedad del país a unos fondos extranjeros? ¿Puede haber una democracia donde no todos somos propietarios por igual de nuestro propio país?

Cuando hablamos de un “problema de la vivienda” lo que tenemos entre manos no es un problema habitacional. Es un conflicto por el reparto de esas acciones del país, por su capital colectivo. 

Uno de los vecinos del número 18 de la calle Mercaderes de Pamplona ha denunciado a F.V., propietario de todas las viviendas del bloque, por haberle agredido tras esperarle en las inmediaciones del portal. El episodio llega tras un año de presiones del dueño del edificio para que abandonen las viviendas, al que “la comunidad de vecinos denunció por acoso inmobiliario” a mediados de marzo de este año.

“Te voy a echar, vete haciendo las maletas. Te voy a arruinar la vida”, fueron las palabras que el joven escuchó mientras “se disponía a entrar en el portal” de su casa. Al girarse, se dio cuenta de que “se trataba de” F.V., dueño de la vivienda que tiene alquilada, que “sin previo aviso”, se abalanzó sobre él “empujándole contra el portal y agarrándole la cabeza con fuerza a la altura de las orejas” mientras se la apretaba. “A los segundos F.V. se apartó de él”, pero se abalanzó “volviendo a agarrarle la cabeza con fuerza con ambas manos y golpeándole”.

En la denuncia presentada en la Policía Municipal y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, también se describe que F.V. estaba acompañado de J.J.C., empleado que ya ha protagonizado algunas tensiones bajo los intereses de la empresa constructora, según describieron testigos a este medio. Según se detalla, las agresiones cesaron cuando el joven comenzó a “pedir ayuda gritando” y advertir que “iba a llamar a la policía”, momento en el que ambos comenzaron “a reírse de él”. “¿A quién vas a llamar? ¿A los municipales o a la Policía Foral?”, le preguntaron de forma burlesca, para luego amenazarle una vez más de que le iba “a arruinar la vida”.

El denunciante no “pudo defenderse” al tener un brazo inmovilizado por una “férula”, tras haberse roto la mano derecha el pasado mes, y portar en el otro brazo un “maletín de trabajo bastante pesado”. Tal y como consta en la denuncia, el constructor navarro y su empleado ya se presentaron una vez en su puesto de trabajo para intimidar y amenazar al inquilino, advirtiéndole que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a su familia. Por ello, ante el temor de “lo que pueda pasar, ya que le da miedo que F.V. pueda agredirle”, el joven ha solicitado “una medida de alejamiento”.

“Únicamente quiere que este lo deje en paz”, relata el testimonio dado en la sede policial, reflejado en la denuncia. El denunciante asegura que nunca ha habido impagos en el alquiler “ni ningún incumplimiento del contrato” por su parte. Tampoco por parte del compañero con el que comparte el piso, añade. De hecho, el propietario les comunicó hace menos de un mes por correo electrónico que su vivienda se había vendido, aunque no dio más detalles y el supuesto nuevo propietario no se puso en contacto con ellos. A pesar de los intentos de este periódico de contactar con el presunto agresor, no ha sido posible hablar con él.

Amenazas, obras eternas y problemas sin fin

Los vecinos relataron a este periódico que el “acoso inmobiliario” comenzó en abril de 2025, cuando la empresa les comunicó que debían marcharse porque se ponía en venta el edificio. A pesar de que todos los inquilinos tenían contratos en vigor. Dos meses antes, se había publicado en un medio local que el Ayuntamiento de Pamplona había concedido licencias turísticas a todo el bloque de viviendas.

Ante la negativa por “estar bien” en sus casas y no querer mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, los residentes aseguran haber sufrido casi un año de presiones para que abandonasen el edificio, como obras que consideran innecesarias, problemas en servicios como el ascensor (parado desde octubre), deficiencias en las condiciones de habitabilidad y amenazas por parte de F.V. y su empleado.

La propietaria de uno de los trasteros del edificio también describió una mala experiencia con el constructor navarro y su empleado. La empresa vació “por error” sus dos trasteros y, cuando avisó que acudiría por la via penal, J.J.C. le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”.

Denuncia por acoso inmobiliario

El Ayuntamiento de Pamplona, preguntado por el asunto el mismo día de la publicación del reportaje, calificó las prácticas descritas como de “carácter mafioso y poco aceptables”. Aunque admitió que “la capacidad que tiene el Consistorio” para intervenir en este tipo de situaciones “es limitada”, al tratarse de un asunto “estrictamente civil”, explicó Joxe Abaurrea, concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030.

No obstante, declaró un compromiso de “respaldo y asesoramiento” si se interponía una denuncia formal y afirmó no conocer ningún caso similar en la ciudad. Asimismo, recalcó la “preocupación de este gobierno” sobre la “actividad relacionada con los pisos turísticos”, pese a que fue el propio Ayuntamiento quien concedió las licencias. Finalmente, la comunidad de vecinos del edificio interpuso la denuncia contra el propietario a mediados de marzo de este año.

“Empezamos 2026 con una mala noticia: las dueñas del local han puesto La Libre en venta y nos han dado un estrecho margen de maniobra. La Libre quiere seguir existiendo y para ello va a necesitar todo tu apoyo”. Así arrancaba el correo que le mandó en enero el colectivo sociocultural y librería La Libre, en Santander, a diversos colectivos sociales de la ciudad para buscar alternativas.

Los colectivos de dos centros sociales autogestionados en Santander, Smolny y La Libre, enfrentan la finalización de los contratos de alquiler de los locales donde llevan 8 y 15 años, respectivamente. Los caseros de Smolny se lo anunciaron a inicios de 2025 y los sacarán del barrio santanderino del Carmelo en septiembre de 2026. A los de La Libre se lo dijeron en diciembre, y la finalización de su alquiler aún no tiene fecha cerrada.

Además de la extinción de estos alquileres, hay otro centro sociocultural -cuyos gestores prefieren no dar su nombre-, al que los propietarios le suben “hasta casi el doble” el arrendamiento este año, en una zona en proceso de gentrificación como es el entorno de la calle San Simón. Aunque están en negociaciones y no les habían subido el alquiler en 16 años, la subida es inminente.

La presión inmobiliaria tiene efecto rebote: no son tres colectivos los afectados, cada centro social es punto de encuentro de decenas de organizaciones más. La Libre ha convocado una asamblea, que se celebrará el próximo 30 de enero, para evaluar opciones, como recaudar fondos para comprar el local o ampliar la cuota de socios, y afrontar un panorama crítico porque un local de sus características hoy cuesta el doble “necesitando reforma”, advierten desde La Libre.

Junto a la Oficina de Vivienda

La Libre -que funciona de forma autogestionada igual que Smolny- es un local de 100 metros cuadrados, en el número 1 de la Rampa de Sotileza. Es una de las calles más antiguas de Santander, la última que mantiene el empedrado, a 62 metros de distancia exactamente de la Oficina de Vivienda de Cantabria.

Las caseras de La Libre, cuentan desde el colectivo, les han cobrado 550 euros desde que llegaron al local en 2009. Pero 2026, cuando cumplen 25 años de existencia, lo afrontan sin certezas. Deben asumir una probable salida del local en el que el colectivo sociocultural y librería está desde 2009.

“Es un proyecto militante y la casa de muchos colectivos más”, describen. “No hay nada oscuro, los propietarios querrían que nos quedaramos el local, pero es el problema de la gentrificación y de la burbuja, porque es imposible encontrar un local en las mismas condiciones”, explican desde el colectivo, que aglutina alrededor de 300 socios y en cuyo local se reúnen una docena de organizaciones sociales de todo tipo.

En Smolny sospechan que el local en el que están hasta junio pasará también a tener uso turístico. Su barrio, El Carmelo, ha sufrido una mutación en los últimos tres años, entre antiguos comercios reconvertidos en locales cerrados sin uso y plantas bajas destinadas al turismo.

Smolny está en un local, en la calle Santa Teresa de Jesús, de 160 metros cuadrados. Desde ahí hacen recogida y reparto de comida a familias en situación vulnerable y, cada tarde, dan clases de apoyo a niños del barrio El Carmelo. La relación con sus caseros, a los que pagaban 600 euros más IVA, siempre ha sido cordial.

Hasta que, en 2025, les contactaron para hacerles un anuncio: “No os vamos a renovar”, le dijo por WhatsApp la propietaria a Luis de la Mata, de Smolny. “Véndenoslo”, le propuso a la casera, cuya familia posee más locales en el entorno. La respuesta fue negativa. “Nos echan, pero en general no culparía a los dueños de los locales. ¿Cuántos locales tiene cerrados el Ayuntamiento”, se pregunta Luis de la Mata.

Hace ocho años que Smolny está en este espacio a pie de calle. Antes estaban en la misma zona, pero en otro local que, irónicamente, pasó a tener uso turístico. “En los últimos tres años, el barrio suena a trajín de ruedas de maleta”, cuenta Luis, que se ha criado en El Carmelo, como toda la junta directiva.

“Tenían ofertas”

Los colectivos afectados están en espacios amplios y céntricos de Santander, en pleno proceso de gentrificación de las ciudades medianas españolas, como Santander. “No nos querían echar, pero tenían ofertas para pagarles más de 1.000 euros de alquiler”, dice una de las portavoces de un tercer colectivo sociocultural, que pide no dar su nombre. Llevan más de 15 años en la misma sede, en el entorno de Entrehuertas. Cuenta que tienen buena relación con los caseros y nunca les habían subido el alquiler, que hasta ahora era de 450 euros.

El problema es que son una asociación sin ánimo de lucro e -igual que sucede con Smolny y La Libre- organizan actividades de muchos otros colectivos, aunque en su caso, sí piden subvenciones para conciertos, charlas y talleres, además de ser la sede permanente de otra organización de carácter social. “Tenemos relacion con la vecindad: algunos vienen a nuestros intercambios de esquejes, los locales de alrededor nos cuidan y hemos apoyado en intentos de desahucio”, describe.

Dicen que esperan encontrar una fórmula justa y ampliar el contrato otros tres años, ya que hasta ahora renovaban cada año. Sobre qué ha cambiado, la portavoz del colectivo que no se identifica, es clara: “Al final, ellos (los propietarios) ven que ahora pueden y ahora piden”.

El preu de l'habitatge de segona mà a Balears va tancar 2025 amb un increment mitjà del 14,6%, fins a situar-se en 5.267 euros per metre quadrat, però la dada agregada revela una realitat molt més contundent: diversos municipis van registrar pujades anuals superiors al 30%, segons les dades publicades per Fotocasa.

L'increment més elevat es va produir a Inca, on el preu de l'habitatge usat es va encarir un 35,9% en només un any, seguit de Campos (32,9%), Manacor (31,4%) i Sant Antoni de Portmany (30,4%), el que reflecteix una forta tensió del mercat més enllà de les zones tradicionalment més cares de l'arxipèlag.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, subratlla que aquestes dades “confirmen la fortalesa i la pressió sostinguda sobre el mercat immobiliari a les Illes” en un context marcat per l'alta demanda, l'interès inversor i una oferta molt limitada. Segons Matos, el creixement de 2025 s'inscriu en el canvi de cicle iniciat el 2023 i consolidat durant el 2024.

L'encariment és generalitzat: els 17 municipis analitzats van registrar pujades interanuals. Després dels augments superiors al 30%, destaquen també Sant Josep de sa Talaia (25%), Llucmajor (23%), Andratx (21,5%) i Ciutadella de Menorca (19,2%). Palma, per la seva banda, va tancar l'any amb un augment del 14,4%, lleugerament per sota de la mitjana autonòmica, situant-se per davant de Son Servera (13,7%), Capdepera (11,2%), Eivissa (10,1%), Santanyí (4,8%), Alcúdia (3,3%), Ses Salines (2,9%), Calvià (1,6%) i Santa Eulària des Riu (1,0%).

En termes absoluts, set municipis superen ja els 6.000 euros per metre quadrat. Santa Eulària lidera el rànquing amb 8.494 euros/m², seguit d'Eivissa (7.689), Sant Antoni (7.608) i Sant Josep de sa Talaia (7.440). També se situen per sobre d'aquest llindar Andratx, Campos i Calvià.

A l'extrem oposat, els preus més baixos es concentren a Inca (2.782 euros/m²), tot i ser el municipi amb major pujada anual, seguit de Manacor (3.156), Maó (3.405) i Son Servera (3.687).

El precio de la vivienda de segunda mano en Balears cerró 2025 con un incremento medio del 14,6%, hasta situarse en 5.267 euros por metro cuadrado, pero el dato agregado revela una realidad mucho más contundente: varios municipios registraron subidas anuales superiores al 30%, según los datos publicados por Fotocasa.

El incremento más elevado se produjo es Inca, donde la vivienda usada se encareció un 35,9% en solo un año, seguido de Campos (32,9%), Manacor (31,4%) y Sant Antoni de Portmany (30,4%), lo que refleja una fuerte tensión del mercado más allá de las zonas tradicionalmente más caras del achipiélago.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, subraya que estos datos “confirman la fortaleza y la presión sostenida sobre el mercado inmobiliario en las Islas” en un contexto marcado por la alta demanda, el interés inversor y una oferta muy limitada. Según Matos, el crecimiento de 2025 se inscribe en el cambio de ciclo iniciado en 2023 y consolidado durante 2024.

El encarecimiento es generalizado: los 17 municipios analizados registraron subidas interanuales. Tras los aumentos superiores al 30%, destacan también Sant Josep de sa Talaia (25%), Llucmajor (23%), Andratx (21,5%) y Ciutadella de Menorca (19,2%). Palma, por su parte, cerró el año con un aumento del 14,4%, ligeramente por debajo de la media autonómica, situándose por delante de Son Servera (13,7%), Capdepera (11,2%), Ibiza (10,1%), Santanyí (4,8%), Alcúdia (3,3%), Ses Salines (2,9%), Calvià (1,6%) y Santa Eulària des Riu (1,0%).

En términos absolutos, siete municipios superan ya los 6.000 euros por metro cuadrado. Santa Eulària lidera el ranking con 8.494 euros/m², seguida de Eivissa (7.689), Sant Antoni (7.608) y Sant Josep de sa Talaia (7.440). También se sitúan por encima de ese umbral Andratx, Campos y Calvià.

En el extremo opuesto, los precios más bajos se concentran en Inca (2.782 euros/m²), pese a ser el municipio con mayor subida anual, seguido de Manacor (3.156), Maó (3.405) y Son Servera (3.687).

En 1998, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, aprobó una disruptiva Ley del Suelo. El objetivo era abaratar los costes, sin que a la larga se trasladase al precio de las viviendas. Se legisló un cambio de paradigma: todo es urbanizable, salvo que se diga lo contrario. El resultado de aquella norma es conocido. En los siguientes años comenzaron a producirse suelos y casas en una escalada prácticamente constante hasta el estallido de la burbuja financiera, con unos precios nunca vistos antes.

Aquella época de grúas en los skylines y crédito fácil culminó con una crisis financiera, las antiguas cajas de ahorros quebradas, rescates bancarios y miles de familias desahuciadas. El alquiler empezó a ganar peso, mermando cada vez más ese país de propietarios, y los conocidos como 'fondos buitre' aterrizaron en España. Pero de la ola desarrollista que promovió Aznar quedó también una herencia de planes en el limbo, terrenos a medio desarrollar y grandes esqueletos de edificios sin terminar.

El doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Ignacio Ezquiaga lleva tiempo investigando la situación del mercado de la vivienda y la crisis actual que, explica, es “una herencia de la burbuja y la crisis financiera”. El experto ha publicado recientemente un artículo en la revista Ciudad y Territorio en el que explora la paradoja de la escasez de oferta y los suelos vacantes. Según las estimaciones del Ministerio de Vivienda, a partir del planeamiento vigente en 2023, actualizado con imágenes vía satélite, en todo el Estado hay suelos vacantes, urbanizables y en desarrollo, sin incluir los finalistas ni los ejecutados, sobre los que estaba previsto levantar casi 6,8 millones de viviendas.

Como muestra la siguiente tabla, Andalucía es la comunidad donde más viviendas no ejecutadas se acumulan, por encima de los 1,3 millones, seguida de las dos Castillas, en el entorno de las 800.000 cada una, y la Comunitat Valenciana, con más de 775.000 casas sin ejecutar. Pero no son las únicas con cifras abultadas. En Murcia hay casi 620.000, Catalunya supera el medio millón. Madrid ronda las 430.000.

Estos datos desdicen el socorrido mantra de que en España falta suelo. “Lo dicen los promotores porque tendrían que ir con un helicóptero para verlos. No están a la venta y nadie se los ofrece”, justifica Ezquiaga, pese a ser terrenos “muy preparados, a los que les queda muy poco para ser finalistas, prácticamente la parcelación y la licencia”. Ello, en un contexto en el que organismos como el Banco de España estiman un déficit de 700.000 viviendas, con una producción que se sitúa en el entorno de las 100.000 al año en los últimos ejercicios.

“La paradoja es cómo es posible que haciendo falta tantas viviendas no se construyan más. Es una pregunta tonta, pero es lo relevante”, plantea el experto, también autor del libro El sistema ya no financia burbujas. “Se dice que hay que aumentar la oferta para que bajen los precios, pero por mucha demanda que haya, nadie hace viviendas si no hay una demanda solvente, porque nadie las financia. Nadie da dinero sin un análisis en profundidad como ocurría en la década de los 2000”, desarrolla.

Hay una segunda contradicción: pese a una gran “demanda insatisfecha, hay muchos suelos y esqueletos vacantes”, añade. Tantos que darían para construir casi siete millones de casas. Muchos de esos terrenos están en zonas poco atractivas, esas donde la gente no quiere vivir, en otro clásico enunciado que justifica el medio millón de viviendas que fueron acumulándose tras el estallido de la burbuja y que han quedado desfasadas. Pero buena parte de los planes no ejecutados se concentran en grandes áreas metropolitanas, donde se podrían sumar unos 2,5 millones de casas, según los trabajos de Ezquiaga.

Solo en las siete mayores ciudades de España por población, hay suelos en desarrollo para más de 735.000 potenciales viviendas. El caso más llamativo es Málaga, con notables tensiones por el turismo, donde están sin ejecutar un número de casas —307.899— mayor que el stock de viviendas principales —218.245—. En Madrid, podrían levantarse casi 150.000 viviendas más; en Murcia, 111.000; y en Zaragoza, más de 100.000. Entre las siete, incluyendo Sevilla, Valencia y Barcelona, habría casas para incrementar el parque de viviendas para uso residencial más de un 20%.

En Barcelona, como se puede apreciar en la tabla, el número de potenciales viviendas no ejecutadas es testimonial. Esto puede responder a varios factores. “Es un municipio muy limitado desde el punto de vista urbanístico, porque no tiene mucho sitio”, explica Ezquiaga. También hay una parte de voluntad política, porque los mayores propietarios de suelos vacantes de España son los ayuntamientos, que acaparan más de una cuarta parte.

“Son los principales tenedores de suelos calificados como urbanizables, porque aquí se exige a los promotores entregar un porcentaje para VPO, algo que los consistorios han olvidado. Por eso son tan responsables de la crisis actual y, sobre todo, de la solución”, indica el catedrático, que pone como ejemplo el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, donde una parte muy importante de esos suelos son propiedad de los ayuntamientos: “¿Dónde estaban? ¿Por qué salen ahora? Una parte es la voluntad política”.

El segundo gran tenedor de suelo es la Sareb, el conocido como 'banco malo' que se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca: viviendas y suelos que las entidades rescatadas financiaron con tasaciones sobrevaloradas y se quedaron a medias o sin vender tras el estallido de la burbuja, sin que los promotores hubieran devuelto los préstamos. En otro artículo sobre 'Los suelos vacantes y la sombra del legado de la crisis bancaria: el caso de la Sareb', publicado en Funcas por el mismo autor, se recoge que esta sociedad cuenta con más de 18.500 viviendas sin terminar, más de 43.000 edificables en suelos sectorizados y otras 71.000 potenciales casas en solares finalistas.

“En muchos casos, para pasar la fase de desarrollo hace falta invertir en urbanización, también por parte de las administraciones, en transporte público, por ejemplo, lo que implica un gasto. Sareb no era una promotora y su único mandato era vender, así que no podía invertir en esos suelos, que se han ido desvalorizando y abandonando”, explica Ezquiaga.

El pasado verano, el Gobierno anunció que transferiría del 'banco malo' a la nueva empresa pública Casa 47, uno de los ejes de las políticas residenciales del Ministerio de Vivienda, más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 casas.

El otro gran bloque de suelos sin vender está en manos de los fondos oportunistas que llegaron a España tras el estallido de la burbuja y se hicieron con paquetes de viviendas, entre los que se incluían algunos de estos terrenos, que necesitaban inversión y daban peor rentabilidad que el residencial y que, según el experto, han tenido “encapsulados”.

Para Ezquiaga, la solución al bloqueo de estos suelos, al menos los que están en zonas residenciales atractivas o donde hay más carencia de vivienda, pasa por incentivar la construcción y desincentivar ese encapsulamiento actual.

“El ayuntamiento de Cartagena, del PP, ha detectado 42 solares con licencia en el caso urbano, que están abandonados y nadie desarrolla. Con una ley del año 1964, ha ejecutado un proceso de expropiación forzosa. Ha dado a los propietarios un año para comenzar a edificar y, si en ese tiempo no lo han hecho, saldrán a subasta para que los compre alguien que sí edifique. Si fueran socialdemócratas se los quedaría el consistorio y edificarían ellos, pero como son liberales dejan que sea el sector privado quien lo haga. En cualquier caso, castiga a quien retiene suelo”, pone como ejemplo.

Según el consistorio cartagenero, esta estrategia ya ha tenido como resultado la solicitud de licencias para 170 nuevas viviendas y una residencia y en noviembre se aprobó la subasta de los primeros 12 solares.

Con todos estos datos, el economista considera que “si se lograra tocar las teclas para revertir ese proceso de aislamiento de los suelos, para que vuelvan al mercado, el precio bajaría claramente, aunque se tarde unos años en construir viviendas en ellos”. “Hay que invertir lo suficiente”, concede, pero “los ayuntamientos son los primeros que deberían verse interpelados, porque tienen el 26% de ese stock”.

Balears se situa al capdavant del mercat immobiliari espanyol en la compra d'habitatges per part d'estrangers: el 38% dels immobles venuts entre 2007 i 2025 van ser adquirits per no residents, segons les dades publicades aquest dijous pel Consell General del Notariat. Es tracta d'una xifra que converteix l'arxipèlag —juntament amb altres zones costaneres— en un dels territoris on més intensa és la pressió internacional sobre el mercat de l'habitatge.

De conformitat amb les mateixes dades, Balears lidera un altre rànquing estatal: les illes registren el preu més alt en el cas dels habitatges adquirits per persones jurídiques, amb una mitjana de 3.137 euros/m2, i comparteix amb Euskadi el lideratge en les operacions realitzades per persones físiques, on el preu mitjà arriba als 2.484 euros/m2.

Per tipologia, el 86% de les compravendes van ser realitzades per persones físiques i el 14%, per persones jurídiques. Dins d'aquestes últimes, el 9% va correspondre a empreses estrangeres.

Encara que minoritària, aquesta participació corporativa de capital estranger sol concentrar-se en operacions d'alt valor, cosa que contribueix a tensionar encara més un mercat ja de per si inaccessible per a bona part de la població local. La creixent irrupció de compradors forans en el mercat immobiliari illenc, sobretot per part de fons d'inversió i grans propietaris, ha exacerbat la crisi de l'habitatge que arrossega Balears, amb el consegüent buidament residencial de les principals ciutats.

D'altra banda, el desfasament entre els preus i el que els compradors realment poden pagar tampoc deixa de créixer. A Palma, durant el segon semestre de 2025, aquesta bretxa va arribar al 18%, segons el nou Índex de Negociació de Fotocasa. El portal immobiliari assenyala que aquesta diferència obre cert marge per a la negociació, però també confirma “la gran distància” entre la realitat financera dels compradors i les expectatives dels venedors, com subratlla la seva directora d'Estudis, María Matos.

“En el mercat de l'habitatge és habitual que la demanda busqui preus més ajustats a la seva realitat financera i que quan l'oferta no acompanya, la bretxa es dispari. Davant aquest desfasament, la principal forma d'arribar a un acord és a través de la negociació”, assenyala Matos.

A nivell estatal, Palma és la segona capital de província amb major distorsió entre preus ofertats i buscats, tan sols per darrere de Granada (22%) i per davant d'Alacant (17%). Altres ciutats tensionades —Múrcia, Màlaga, Oviedo o Las Palmas— també presenten diferències superiors al 14%. En contrast, localitats com Pamplona (2%), Terol (3%) o Sant Sebastià (4%) mostren una bretxa significativament menor, senyal del diferent grau de pressió al qual s'enfronten els seus mercats.

A Balears, on el salari mitjà i la capacitat d'estalvi de les famílies creixen molt més lentament que els preus de l'habitatge, la combinació d'un mercat fortament internacionalitzat -amb compradors principalment alemanys, britànics i francesos-, la presència creixent d'inversors i un estoc limitat d'habitatge habitual conformen un escenari que dificulta cada cop més l'accés dels residents a un habitatge digne i assequible.

L'atractiu turístic de l'arxipèlag manté a l'alça les expectatives dels compradors internacionals amb major solvència financera, que veuen en la compravenda d'habitatges una inversió més que rendible en poder destinar-les al lloguer de temporada o per la seva revalorització futura, principalment per a aquells que busquen luxe, exclusivitat o una segona residència en un entorn privilegiat. De conformitat amb recents dades publicades pel portal Idealista, Balears és, de fet, la província d'Espanya amb major concentració d'immobles de luxe, amb preus superiors al milió d'euros, i d'ultralux, aquelles amb preu superior als tres milions d'euros.

Balears se sitúa a la cabeza del mercado inmobiliario español en la compra de viviendas por parte de extranjeros: el 38% de los inmuebles vendidos entre 2007 y 2025 fueron adquiridos por no residentes, según los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado. Se trata de una cifra que convierte al archipiélago —junto con otras zonas costeras— en uno de los territorios donde más intensa es la presión internacional sobre el mercado de la vivienda.

De acuerdo a los mismos datos, Balears lidera otro ranking estatal: las islas registran el precio más alto en el caso de las viviendas adquiridas por personas jurídicas, con una media de 3.137 euros/m2, y comparte con Euskadi el liderazgo en las operaciones realizadas por personas físicas, donde el precio medio alcanza los 2.484 euros/m2.

Por tipología, el 86% de las compraventas fueron realizadas por personas físicas y el 14%, por personas jurídicas. Dentro de estas últimas, el 9% correspondió a empresas extranjeras.

Aunque minoritaria, esta participación corporativa de capital extranjero suele concentrarse en operaciones de alto valor, lo que contribuye a tensionar aún más un mercado ya de por sí inaccesible para buena parte de la población local. La creciente irrupción de compradores foráneos en el mercado inmobiliario isleño, sobre todo por parte de fondos de inversión y grandes propietarios, ha exacerbado la crisis de la vivienda que arrastra Balears, con el consiguiente vaciamiento residencial de las principales ciudades.

Por otro lado, el desfase entre los precios y lo que los compradores realmente pueden pagar tampoco deja de crecer. En Palma, durante el segundo semestre de 2025, esa brecha llegó al 18%, según el nuevo Índice de Negociación de Fotocasa. El portal inmobiliario señala que esta diferencia abre cierto margen para la negociación, pero también confirma “la gran distancia” entre la realidad financiera de los compradores y las expectativas de los vendedores, como subraya su directora de Estudios, María Matos.

“En el mercado de la vivienda es habitual que la demanda busque precios más ajustados a su realidad financiera y que cuando la oferta no acompaña, la brecha se dispare. Ante este desfase, la principal forma de llegar a un acuerdo es a través de la negociación”, señala Matos.

A nivel estatal, Palma es la segunda capital de provincia con mayor distorsión entre precios ofertados y buscados, tan solo por detrás de Granada (22%) y por delante de Alicante (17%). Otras ciudades tensionadas —Murcia, Málaga, Oviedo o Las Palmas— también presentan diferencias superiores al 14%. En contraste, localidades como Pamplona (2%), Teruel (3%) o San Sebastián (4%) muestran una brecha significativamente menor, señal del distinto grado de presión al que se enfrentan sus mercados.

En Balears, donde el salario medio y la capacidad de ahorro de las familias crecen mucho más lentamente que los precios de la vivienda, la combinación de un mercado fuertemente internacionalizado -con compradores principalmente alemanes, británicos y franceses-, la presencia creciente de inversores y un stock limitado de vivienda habitual conforman un escenario que dificulta cada vez más el acceso de los residentes a una vivienda digna y asequible.

El atractivo turístico del archipiélago mantiene al alza las expectativas de los compradores internacionales con mayor solvencia financiera, que ven en la compraventa de viviendas una inversión más que rentable al poder destinarlas al alquiler de temporada o por su revalorización futura, principalmente para quienes buscan lujo, exclusividad o un segundo hogar en un entorno privilegiado. De acuerdo a recientes datos publicados por el portal Idealista, Balears es, de hecho, la provincia de España con mayor concentración de inmuebles de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros.

El preu de l'habitatge a Balears torna a tensar-se i consolida l'arxipèlag com el territori més car d'Espanya per comprar una casa. Segons les dades de Fotocasa, el cost de l'habitatge de segona mà va pujar un 0,2% al novembre i es dispara un 14,8% interanual, fins a assolir els 5.206 euros per metre quadrat. Tradüit a un habitatge estàndard de 80 metres, el preu mitjà ronda els 416.491 euros, una xifra que situa la compra fora de l'abast de bona part dels salaris illencs.

L'escalada és generalitzada: els preus pugen en 16 dels 17 municipis analitzats i en set d'ells ho fan per sobre del 20%, amb increments especialment significatius a Inca (42,9%), Manacor (34,1%) i Campos (31,9%). Només Alcúdia registra una lleugera caiguda (-1,6%). A l'extrem oposat, Eivissa i Formentera continuen liderant els preus més voluminosos: Santa Eulària arriba als 8.666 €/m2, seguida d'Eivissa (7.553 €/m2) i Sant Josep (7.392 €/m2).

La pressió no només es reflecteix a les dades de Fotocasa. El portal pisos.com confirma la tendència: Balears va registrar al novembre un preu mitjà de 5.114 €/m2, un 5,17% més que fa un any. És la primera autonomia del país, molt per sobre de Madrid (4.514 €/m²) i més del doble del preu mitjà estatal (2.420 €/m²).

En el cas de Palma, aquesta continua situant-se entre les ciutats més cares del país: amb 5.305 €/m², va ser al novembre la tercera capital de província més costosa. Tot i així, va experimentar un tènue ajust mensual (-0,06%) i un augment interanual del 4%.

Les compres, sostingudes pels inversors

Els analistes del sector no veuen senyals de correcció a curt termini. Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com, alerta que el mercat espanyol continua tensionat per l'escassetat d'oferta, la concentració de la demanda en zones urbanes i la falta d'alternatives assequibles. “Encara que el ritme de creixement ja no és tan intens, no hi ha senyals de correcció perquè el desequilibri entre oferta i demanda continua sent profund”, explica. Encara amb la lleugera relaxació dels tipus hipotecaris, afegeix, els bancs mantenen criteris “prudents” i exigeixen una capacitat financera que moltes llars no poden assumir.

En aquest context, assenyala Font, les compravendes es sostenen gràcies a compradors solvents i inversors, mentre que la compra del primer habitatge perd força per la falta d'estalvi previ i els preus inassumibles.

“El mercat de l'habitatge a Espanya continua mostrant una forta pressió alcista en els preus”, subratlla l'expert, qui assevera que “la combinació d'escassetat d'habitatge disponible, concentració de la demanda en àrees urbanes i falta d'alternatives assequibles manté els preus elevats i limita la capacitat d'accés, especialment els joves”. Un estudi d'iAhorro publicat al setembre apuntava, de fet, que els joves de Balears necessiten prop de 30 anys d'estalvi del 20 % del seu salari per poder accedir a una hipoteca

Per a Font, “el gran repte continua sent l'oferta d'habitatge, ja que continua molt per sota de les necessitats reals del país”.

El lloguer tampoc dóna treva

La tensió també es trasllada al lloguer. Balears va tancar novembre amb un preu mitjà de 19,1 €/m2, un 9,1% més que fa un any, consolidant-se com la segona regió més cara de l'Estat, només darrere de Madrid (21 €/m²). Encara que els últims mesos mostren una lleu correcció, el mercat segueix disparat en bona part de les illes.

Sant Antoni lidera les pujades interanuals amb un 20,6% (fins als 24,5 €/m2), seguit de Llucmajor (16%) i Manacor (12,1%). A Palma, els lloguers van pujar un 7,3% i se situen en 18,2 €/m2. Només alguns municipis com Alcúdia (-6,5%) o Andratx (-3,7%) registren retrocessos.

A nivell estatal, el lloguer puja un 9,9% interanual i assoleix els 14,6 €/m2. L'encariment s'estén a totes les comunitats autònomes, encara que Balears, Madrid i Catalunya continuen encapçalant el rànquing de preus més inaccessibles.

Mentrestant, el mercat segueix atrapat en la mateixa equació: més demanda que oferta, un parc d'habitatge tensionat i milers de llars —especialment joves i treballadors temporals— abocats a dedicar més del 40% del seu salari a l'habitatge o directament a renunciar a emancipar-se.

El precio de la vivienda en Balears vuelve a tensarse y consolida al archipiélago como el territorio más caro de España para comprar una casa. Según los datos de Fotocasa, el coste de la vivienda de segunda mano subió un 0,2% en noviembre y se dispara un 14,8% interanual, hasta alcanzar los 5.206 euros por metro cuadrado. Traducido a una vivienda estándar de 80 metros, el precio medio ronda los 416.491 euros, una cifra que sitúa la compra fuera del alcance de buena parte de los salarios isleños.

La escalada es generalizada: los precios suben en 16 de los 17 municipios analizados y en siete de ellos lo hacen por encima del 20%, con incrementos especialmente significativos en Inca (42,9%), Manacor (34,1%) y Campos (31,9%). Solo Alcúdia registra una ligera caída (-1,6%). En el extremo opuesto, Eivissa y Formentera continúan liderando los precios más abultados: Santa Eulària llega a los 8.666 €/m2, seguida de Eivissa (7.553 €/m2) y Sant Josep (7.392 €/m2).

La presión no solo se refleja en los datos de Fotocasa. El portal pisos.com confirma la tendencia: Balears registró en noviembre un precio medio de 5.114 €/m², un 5,17% más que hace un año. Es la primera autonomía del país, muy por encima de Madrid (4.514 €/m²) y más del doble del precio medio estatal (2.420 €/m²).

En el caso de Palma, ésta continúa situándose entre las ciudades más caras del país: con 5.305 €/m², fue en noviembre la tercera capital de provincia más costosa. Aun así, experimentó un tenue ajuste mensual (-0,06%) y un aumento interanual del 4%.

Las compras, sostenidas por los inversores

Los analistas del sector no ven señales de corrección a corto plazo. Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, alerta de que el mercado español continúa tensionado por la escasez de oferta, la concentración de la demanda en zonas urbanas y la falta de alternativas asequibles. “Aunque el ritmo de crecimiento ya no es tan intenso, no hay señales de corrección porque el desequilibrio entre oferta y demanda continúa siendo profundo”, explica. Aun con la ligera relajación de los tipos hipotecarios, añade, los bancos mantienen criterios “prudentes” y exigen una capacidad financiera que muchos hogares no pueden asumir.

En este contexto, señala Font, las compraventas se sostienen gracias a compradores solventes e inversores, mientras que la compra de primera vivienda pierde fuerza por la falta de ahorro previo y los precios inasumibles.

“El mercado de la vivienda en España sigue mostrando una fuerte presión alcista en los precios”, subraya el experto, quien asevera que “la combinación de escasez de vivienda disponible, concentración de la demanda en áreas urbanas y falta de alternativas asequibles mantiene los precios elevados y limita la capacidad de acceso, especialmente los jóvenes”. Un estudio de iAhorro publicado en septiembre apuntaba, de hecho, que los jóvenes de Balears necesitan cerca de 30 años de ahorro del 20 % de su salario para poder acceder a una hipoteca

Para Font, “el gran reto sigue siendo la oferta de vivienda, ya que continúa muy por debajo de las necesidades reales del país”.

El alquiler tampoco da tregua

La tensión también se traslada al alquiler. Balears cerró noviembre con un precio medio de 19,1 €/m², un 9,1% más que hace un año, consolidándose como la segunda región más cara del Estado, solo por detrás de Madrid (21 €/m²). Aunque los últimos meses muestran una leve corrección, el mercado sigue disparado en buena parte de las islas.

Sant Antoni lidera las subidas interanuales con un 20,6% (hasta los 24,5 €/m2), seguido de Llucmajor (16%) y Manacor (12,1%). En Palma, los alquileres subieron un 7,3% y se sitúan en 18,2 €/m². Solo algunos municipios como Alcúdia (-6,5%) o Andratx (-3,7%) registran retrocesos.

A nivel estatal, el alquiler sube un 9,9% interanual y alcanza los 14,6 €/m². El encarecimiento se extiende a todas las comunidades autónomas, aunque Balears, Madrid y Catalunya continúan encabezando el ranking de precios más inaccesibles.

Mientras tanto, el mercado sigue atrapado en la misma ecuación: más demanda que oferta, un parque de vivienda tensionado y miles de hogares —especialmente jóvenes y trabajadores temporales— abocados a dedicar más del 40% de su salario a la vivienda o directamente a renunciar a emanciparse.

Un total de ocho desarrollos urbanísticos previstos en la costa valenciana que suman una superficie total de 7,9 millones de metros cuadrados de territorio litoral e implicarían la construcción de 24.000 viviendas, campos de golf o zonas hoteleras y comerciales, podrían quedar definitivamente bloqueados. Esto se debería al vencimiento de los plazos establecidos por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), según AE-Agró, la organización ecologista que ha impulsado su revisión.

Se trata de planes lanzados en las localidades de Torreblanca, Cullera, Borriana, el Puig, Gandia, Orihuela y Tavernes de la Valldigna. Y según advierte el colectivo ecologista la normativa del Pativel exige que las obras de urbanización se inicien dentro de los cinco años posteriores a su aprobación (mayo de 2018), y que finalicen en un plazo máximo de diez años si quieren conservar la clasificación de suelo urbanizable. Al no haberse iniciado las obras en muchos de estos casos, los terrenos pasarían a tener régimen de protección, bloqueando los proyectos.

AE-Agro pide la desclasificación de los suelos afectados en los municipios de Torreblanca, Burriana, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Orihuela y Cullera. Así lo ha plasmado la entidad ecologista en un escrito dirigido a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en el cual, además, solicita que en aquellos casos, en que se hayan incumplido los plazos de ejecución de las obras y haya pasado el término de caducidad de las declaraciones de impacto ambiental, se proceda a la caducidad de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

Los ecologistas insisten en que todos los documentos de programación y gestión de los PAI Doña Blanca Golf, el PAI Sant Gregori, los sectores SP3-SP4/SP5/SP6 del Puig, el sector 17 de Tavernes, el Sector Marenys de Rafalcaid, la UE-2 Alameda de Mar, las UE de ‘El brosquil’ y el 'El Manhattan' de Cullera, están a estas alturas caducados u obsoletos. Según sus representantes, la reprogramación de los sectores, lleva implícita la constatación de ser programas caducados que nunca podrían iniciar las obras, como es el caso.

Estos serían los proyectos afectados:

PAI Doña Blanca Golf, Torreblanca

Se trata de uno de los desarrollos más antiguos y ambiciosos, casi dos décadas desde que se presentó el proyecto. Consiste en un complejo turístico residencial que plantea urbanizar dos millones de metros cuadrados en primera línea de playa entre las poblaciones de Alcossebre y Torreblanca. En este proyecto, junto al campo de golf, se tenía previsto el desarrollo de 4.400 viviendas, 124.500 metros cuadrados hoteleros y 55.000 comerciales.

A pesar de sus diversas propuestas, nunca llegó a materializarse. Su prolongada inactividad y la entrada en vigor del Pativel hacen improbable su reactivación.

PAI Sant Gregori Golf, Borriana

El PAI Sant Gregori Golf, era un proyecto que permaneció dormido hasta la llegada del nuevo gobierno de PP y Vox (ahora ya sin Vox) que quiso convertirlo en su principal caballo de batalla para el enfoque hacia el turismo de la economía local. Ha conseguido la luz verde de la Generalitat para continuar en el avance para la tramitación, ha obtenido un informe ambiental y territorial estratégico favorable.

Las características son muy parecidas a su cercano vecino deTorreblanca: se trata de un proyecto que abarca 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de mar e incluye un campo de golf de 18 hoyos, capacidad para 6.000 viviendas y un paseo marítimo de dos kilómetros.

Proyecto urbanístico en el litoral, el Puig

Este proyecto en el Puig en primera línea de mar ya es más modesto. Reactivado por el Ayuntamiento en 2024, se trata de 105.000 metros cuadrados donde se prevé construir entre 400 y 450 viviendas, de las cuales 200 irían en torres, 200 en adosados y unas 25 unifamiliares.

Acció Ecologista-Agró solicitó la paralización de las obras, ya que, según denunciaron, afectan a terrenos que forman parte de la Marjal del Puig y que, son suelo no urbanizable de especial protección.

'Manhattan' de Cullera

Posiblemente el más famoso por su espectacularidad, este proyecto preveía numerosas torres, viviendas, puerto deportivo y zonas residenciales: un megaproyecto urbanístico típico de la burbuja inmobiliaria. La normativa actual lo sitúa en suelo transitorio, y su desarrollo es cuestionable si no se acreditan condiciones esenciales, como disponibilidad de agua.

El 'Manhattan de Cullera', planeaba levantar en la desembocadura del río Júcar junto al mar 35 torres, 33 de ellas de viviendas de hasta 25 alturas y dos rascacielos de 40 para hoteles, con capacidad para 20.000 personas en un espacio de 610.000 metros cuadrados.

Cala Mosca, Orihuela

La Cala Mosca es el último kilómetro y medio de costa sin urbanizar de Orihuela. El proyecto prevé la urbanización de 456.000 metros cuadrados para construir 1.500 viviendas en la zona próxima al acantilado.

El proyecto llegó a estar judicializado precisamente por su ubicación y la afectación ambiental, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó los últimos recursos contra este.

Marenys de Rafalcid, Gandia

Es un proyecto urbanístico con una historia larga y compleja, muy conocido a Gandia por haber sido encallado durante años. No es un proyecto nuevo de grandes infraestructuras, sino más bien la finalización de una urbanización pendiente. El proyecto hace referencia en el Plan de Reforma Interior (PRI) o Programa de Actuación Integral (PAI) de Marismas de Rafalcaid.

El objetivo principal no era construir un nuevo barrio de cero, sino finalizar la urbanización de una zona ya habitada o con propietarios de suelo, que llevaba años sin concluir sus trámites legales y las obras básicas.

Marenys de Tavernes de la Valldigna

Otro de los sectores, el de Tavernes de la Valldigna, también tiene su origen en la burbuja inmobiliaria. Se trata del Sector 17-Marenys, un espacio de 510.000 metros cuadrados que el pasado verano la Conselleria de Territorio resolvió mantener como suelo urbanizable, siendo así más dificil su caída, y constituye una de las mayores bolsas de suelo de la comarca en primera línea de playa.

Conselleria atribuyó que el proyecto no avanzara al “bloqueo” del anterior gobierno del Botànic, y no es imputable ni al consistorio ni al promotor, por lo que considera que no le afecta la legsilación del Pativel.

Planes del Brosquil, Cullera

En lo que respecta a los PRR9, PRR 10 y PRR 11 (Brosquil) de Cullera, el Pativel los desclasifica como suelos no urbanizables de protección litoral al considerar que no tiene un programa de actuación aprobado o, que han transcurrido ya los plazos previstos.

Desde el ayuntamiento se señaló en las alegaciones que el planeamiento citado ya se habría desarrollado de no ser por un conflicto con el Gobierno de España en 2010 por el deslinde, lo que llevó a un proceso judicial a varios propietarios que frenó el desarrollo inmediato de la urbanización al quedar bloqueados estos planes.

El futuro

Para los promotores, la caducidad de los derechos urbanísticos implicaría la pérdida de la edificabilidad concedida, la conversión del suelo a rústico o protegido y, en consecuencia, la inviabilidad de las viviendas y edificaciones previstas. Muchas de estas iniciativas datan de la época de la burbuja inmobiliaria, cuando los planes se aprobaron sin tener en cuenta los nuevos desafíos ambientales, la presión sobre el litoral y la necesidad de sostenibilidad.

En definitiva —y si no se da una reprogramación o un nuevo impulso legal—, estos ocho megaproyectos urbanísticos que durante décadas han prometido transformar amplias zonas del litoral podrían acabar desclasificados. No obstante para ello hace falta la colaboración de una Generalitat que no tiene como prioridad la protección del urbanismo de la costa valenciana y ya ha dado luz verde la continuidad de alguno de ellos.

El Banco de España descarta que existan signos de que España está o se encamina hacia una burbuja inmobiliaria ya que los precios siguen, en términos reales, casi un 20% por debajo del pico que alcanzaron en 2007, antes del estallido de la crisis, y las familias y empresas se encuentran en una posición de endeudamiento mucho más sólida que entonces.

El director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del supervisor, Daniel Pérez Cid, ha asegurado que “hoy por hoy” no aprecian riesgos de una burbuja en el mercado de la vivienda, al menos en los términos en los que pueda desencadenar un shock que afecte a la estabilidad del sistema bancario.

“Hoy por hoy no vemos esos signos de burbuja. Cosa distinta es que no estemos monitorizando, siguiendo y haciendo esfuerzos. Pero no estamos en la situación previa a la crisis anterior”, ha asegurado el responsable de la entidad durante la presentación del Informe de Estabilidad Financiera de otoño.

Así, en los años previos a la Gran Recesión coincidieron varios factores como un “crecimiento muy desbocado de la demanda” con un elevado endeudamiento y situaciones poco robustas tanto de las familias como del sector constructor.

Pero ahora, la demanda de vivienda tiene mucho que ver con el crecimiento poblacional y el empuje del turismo, que choca con una oferta de casas que no responde con la suficiente agilidad. El sector financiero no ha relajado sus estándares de concesión de hipotecas y crédito, lo que evita en parte el grueso de ese riesgo sistémico.

De hecho, según un indicador elaborado por la entidad financiera, en términos de riesgo el nivel actual es similar al de 2001, varios años antes de que comenzara a desbocarse (2004-2005) y desembocara en el estallido de la burbuja. En la actualidad, este peligro en el mercado se explica fundamentalmente por los precios y por la propia actividad en el sector inmobiliario.

Los precios en términos reales, es decir, descontada la inflación, están en la actualidad en niveles de 2005 y un 17,5% por debajo del pico alcanzado en 2007. Con todo, el crecimiento del coste de un hogar lleva casi un año creciendo mucho más que el de las rentas medias de los hogares, lo que presiona más el bolsillo.

Donde sí aprecian un signo de preocupación es en el precio de la vivienda en las zonas con mayor tensionamiento, donde está aumentando a tasas más aceleradas que en aquellas provincias con menor demanda. Es decir, el precio por metro cuadrado ya se acerca a los 3.500 euros en aquellos territorios donde ya el suelo era más caro, en tanto que permanece estable en el resto del territorio.

“A diferencia de lo observado durante el boom inmobiliario de los 2000, no se observa así una expansión generalizada de los precios por provincias”, dice el supervisor en el citado informe.

Por tanto, concluye el Banco de España, el mercado es significativamente menos vulnerable que antes de la crisis financiera y la evolución de los precios “se enmarca en una coyuntura en la que, desde una perspectiva histórica, la actividad de construcción es débil, el endeudamiento de los hogares es bajo, el crédito inmobiliario es contenido y los estándares de concesión crediticia no apuntan signos de relajación significativa”.

Balears ha superat aquest any el preu de compra màxim de l'habitatge assolit durant els anys de la bombolla immobiliària.

En concret, segons dades de Fotocasa el juliol del 2025 a Balears el preu mitjà és un 84% més elevat que el màxim que va assolir l'abril del 2007.

En aquell moment, el preu màxim va ser de 2.762 euro/m2 i ara mateix el preu màxim se situa a 5.069 euros/m2.

Així, si el 2007 comprar un habitatge estàndard a les Balears costava 221.000 euros, el 2025 el preu mitjà s'eleva fins als 400.000 euros.

De fet, el maig d'aquest any Balears va superar la barrera dels 5.000 euro/m2 per primera vegada a tota la sèrie històrica i ja és la comunitat autònoma amb el metre quadrat més car per comprar un habitatge de tot Espanya.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, ha alertat que l'accessibilitat a l'habitatge està en risc pel fet que l'esforç salarial que els compradors han de fer està al punt més alt. “Mentre l'oferta no augmenti, el tensionament dels preus es mantindrà. Probablement, si el ritme d'encariment es manté, l'any que ve, tot Espanya, arribarà a preus màxims”, ha avançat.

Entre les capitals de província, Palma ja va trencar el rècord el mes de març passat, quan va arribar als 4.971 euros/m2. Al juliol, l'habitatge en venda a la capital balear s'ha situat a 4.892 euros/m2.

Balears ha superado este año el precio de compra máximo de la vivienda alcanzado durante los años de la burbuja inmobiliaria.

En concreto, según datos de Fotocasa en julio de 2025 en Balears el precio medio es un 84% más elevado que el máximo que alcanzó en abril de 2007.

En aquel momento, el precio máximo fue de 2.762 euro/m2 y ahora mismo el precio máximo se sitúa en los 5.069 euro/m2.

Así, si en 2007 comprar una vivienda estándar en Balears costaba 221.000 euros, en 2025 el precio medio se eleva hasta los 400.000 euros.

De hecho, en mayo de este año Balears superó la barrera de los 5.000 euro/m2 por primera vez en toda la serie histórica y es ya la comunidad autónoma con el metro cuadrado más caro para comprar una vivienda de toda España.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha alertado de que la accesibilidad a la vivienda está en riesgo debido a que el esfuerzo salarial que los compradores tienen que realizar está en su punto más alto. “Mientras la oferta no aumente, el tensionamiento de los precios se mantendrá. Probablemente, si el ritmo de encarecimiento se mantiene, el año que viene, toda España, alcanzará precios máximos”, ha avanzado.

Entre las capitales de provincia, Palma ya rompió el récord el pasado mes de marzo, cuando alcanzó los 4.971 euros/m2. En julio, la vivienda en venta en la capital balear se ha situado en 4.892 euros/m2.

Este mes de mayo, se vendieron en España un total de 61.054 viviendas, según los datos que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra marca un aumento interanual de casi el 40% y supone el dato más abultado desde 2007. Mientras, los precios no dan tregua. Han crecido un 10,6% en las capitales de provincia y grandes ciudades en el último año, de acuerdo con el último informe de la tasadora Tinsa, que señala que aún están, de media, un 8,6% por debajo del máximo alcanzado en el 'boom' inmobiliario.

Con los precios disparados y una demanda que lo aguanta prácticamente todo, la pregunta es inevitable: ¿estamos al borde de la próxima burbuja inmobiliaria? La definición del término es clave, porque en la fórmula influyen varios elementos, que tiran en diferentes direcciones, y la medida es subjetiva. “A nivel conceptual, sería cuando el precio diverge de su valor de equilibrio. En una economía como la española, los fundamentales son los ingresos de los hogares. En las grandes urbes y en las zonas dinámicas, cualquier hogar sabe que es muy difícil comprar”, señala el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres.

En su último informe de estabilidad financiera, el Banco de España señalaba que, “de acuerdo con las estimaciones disponibles, el precio medio de la vivienda en España se encontraba a final de 2024 algo por encima del nivel de equilibrio de largo plazo”. En concreto, habla de desajustes de entre el 1,1% y el 8,5%, según los modelos, que suponían incrementos notables frente al rango estimado el semestre anterior, del 0,8 al 4,8%. El regulador señala que son todavía “niveles moderados”. “Aún estamos en niveles muy contenidos, que no tienen nada que ver con el 25 o el 30% del pico de la burbuja anterior”, considera la especialista en inmobiliario de Caixabank Research Judith Montoriol, que ve estos desajustes como los “primeros síntomas de alerta”.

Más allá del desequilibrio, hay dos factores diferenciales respecto a la crisis de 2008, que provocó la crisis económica y decenas de miles de desahucios: la oferta y el crédito. “Hay variables del lado de la demanda que nos llevan a pensar en una situación similar a la de entonces, pero la gran diferencia es la oferta. En los años previos había una fuerte construcción de viviendas, que el mercado fue absorbiendo hasta 2007. El sector estaba totalmente sobredimensionado por la facilidad de acceso al crédito a promotores y constructores”, desarrolla Montoriol.

En la comparativa habitual en el sector entre nuevos inmuebles y creación de hogares, entre 2004 y 2007 se finalizaron más de 2,2 millones de viviendas y se constituyeron 1,7 millones de familias. Ese superávit de 500.000 casas es el déficit que estiman ahora diferentes organismos, como el propio Caixabank Research o el Banco de España. En 2024, por primera vez desde el estallido de la burbuja, los visados de obra nueva superaron la creación de hogares, mientras el mercado de segunda mano acumula en torno al 80% de las compraventas. De hecho, la inversión residencial, el parámetro que mide el peso del sector de compra de vivienda nueva, se situó en el 5,8% del Producto Interior Bruto el pasado ejercicio.

“En una burbuja, una parte muy importante del crédito y de la inversión va destinada a la creación de nuevas viviendas, con la idea de que siempre habrá demanda que va a poder pagar. En un momento dado, el castillo de naipes se cae y las constructoras empiezan a quebrar. Ahora no estamos ahí, pese a que hay oferta nueva a unos precios muy elevados en proporción a los salarios”, considera el investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (Idra), Jaime Palomera, que considera que el ritmo de construcción es “mucho más moderado que en la antesala de una burbuja”.

Este experto señala que el “desacople” entre el precio de las casas y los salarios responde a una tendencia que lleva ocurriendo “desde hace 50 años”. “Los propietarios de esos bienes pueden aumentar el precio, porque es una situación monopolista. Eso explica por qué por mucho que suban los salarios, los dueños del suelo o los inmuebles van a estar en disposición de aumentar los precios para extraer esas subidas”, apunta Palomera, autor del libro 'El secuestro de la vivienda'.

Una burbuja de expectativas

Para Torres, “el motor de esta burbuja no es de crédito, sino una inflación de expectativas y plusvalías”. En ese sentido, considera que “al igual que en 2008, el precio está por encima de lo que pueden asumir la mayoría de hogares”, pero, en este caso, “la causa son las personas que venden y compran, a las que les afecta relativamente poco el precio elevado, que asumen los compradores (de vivienda habitual)”. Según los datos del Banco de España, la vivienda ofrece una rentabilidad del 12,9%, de la que solo 3,3 puntos corresponden al alquiler. En 2022, la rentabilidad de la vivienda era del 9%, de la que 3,5 puntos provenían de los arrendamientos.

En el escenario que dibujan desde Funcas hay tres actores principales. Unos exógenos, los herederos. Otro más reciente, los inversores no residentes. El último, en descenso, quienes buscan una casa en propiedad para vivir. “Los hogares residentes que disponen de recursos para ser un nuevo comprador sin haber vendido antes son cada vez menos”, aclara Torres. Entre enero y marzo, casi el 35% de las compras se realizaron sin hipoteca.

Aun así, la concesión de hipotecas constituidas sobre vivienda subió un 54,4% en mayo en términos interanuales, según los últimos datos del INE, que apunta a once meses al alza y cuatro con un interés por debajo del 3%. Además, el capital prestado llega hasta el 74,1%, la mayor tasa desde que hay registros.

Con todo, el escenario deja fuera a miles de familias, especialmente jóvenes, que buscan emanciparse o acceder a su primer hogar en propiedad. “El gran problema es el primer acceso. Cuando pueden emanciparse, lo suelen hacer en el mercado del alquiler, que es donde hay que poner el foco cuando hablamos de crisis de accesibilidad”, considera la experta de Caixabank Research, que señala que el crédito a los hogares se da ahora de una forma mucho más controlada que en los albores de la crisis financiera de principios de siglo. “Actualmente, estamos en un loan to value por encima del 80% en el 10% de las hipotecas, un porcentaje mucho más bajo que el que habíamos tenido en 2006. De ese 10%, una parte están ligados a los avales del ICO, para hacer frente a esa dificultad que tienen los jóvenes sin ahorro acumulado”, explica.

El hecho de no estar flotando en una burbuja no es, en sí mismo, algo positivo. “Por definición, después de la burbuja viene un crash, en el que se produce una caída del precio. En la última, fue de más del 30%. Así que el problema es que no va a haber un estallido, sino un escenario de creciente desigualdad, muy parecido a la dinámica de principios del siglo XX, en el que el precio puede seguir subiendo y parasitando los salarios”, considera Palomera. ¿Hasta cuando? Desde una perspectiva social, “hasta que la sociedad diga basta y no asuma que una persona con trabajo y 40 años se vea abocada a alquilar una habitación”, explica el investigador.

Torres apunta a escenarios macroeconómicos adversos. “En Francia y Alemania hubo situaciones parecidas y los precios cayeron con la llegada de una cuasi recesión y una recesión, respectivamente”, explica. “En nuestro caso, puede llegar un momento en el que el aumento de precios desanime a los compradores, que estos se vuelvan más difíciles y que los propietarios puedan darse prisa en vender. Cuando hablamos de precios de burbuja, estos son más vulnerables a cualquier shock externo o de legislación, como ha ocurrido en Dinamarca, donde los no residentes no pueden comprar. Solamente con eso, se produciría un cambio desde el punto de vista del precio”, desarrolla.

Montoriol achaca el aumento de precios a una fuerte demanda, ligada a la creación de hogares en los últimos años, y una elasticidad muy baja de la oferta. En este sentido, apunta a “una previsión de crecimiento significativo para 2025, con un 2026 quizá un poco menos intenso y factores coyunturales que podrían ir a menos de cara a 2027 y 2028”, como factores demográficos o tipos de interés que van a dejar de bajar. En cualquier caso, todo ello “condicionado a la evolución de la oferta”, con previsiones de más actividad.

Otro de los ingredientes que componen una burbuja de precios es la confianza ciega, hasta que esta desaparece de golpe. “Por eso, normalmente, nadie las detecta”, apunta Palomera.

La Comunidad de Madrid atraviesa una de las situaciones habitacionales más tensas de España, con alquileres inasumibles —especialmente para los más jóvenes— y una creciente concentración de viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión. Así lo han denunciado los participantes en las jornadas “Crisis habitacional en la Comunidad de Madrid: los rostros del desahucio”, organizadas por UGT. “No tenemos un problema de escasez de vivienda, el problema es que está mal distribuido”, ha subrayado Álvaro Risquez, del Servicio de Estudios Confederal de UGT. Limitar los precios de la vivienda y frenar la actividad de los fondos buitre se perfilan como las principales propuestas defendidas por los ponentes.

En el primer bloque de la mañana, titulado “Análisis de la crisis habitacional en la Comunidad de Madrid”, Sonia Álvarez, secretaria de Igualdad de UGT Madrid y moderadora de la mesa, ha insistido en la urgencia de transformar el actual modelo: “Hay que apostar por un nuevo modelo de vivienda pública”, afirmaba, denunciando además que “la CAM se ha convertido en una de las regiones con más desahucios en España” y subrayando que “sobre todo, hay que bajar los precios”.

Desde Amnistía Internacional, Alberto Astarloa ha puesto el foco en las implicaciones en materia de derechos humanos que supone esta situación: “El derecho internacional de los derechos humanos está seriamente atacado”, ha advertido. Astarloa ha lamentado que “no hay una aplicación” efectiva del artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna, y ha recordado que la Carta Magna no lo recogió como un derecho fundamental.

La vivienda para el beneficio empresarial

Por su parte, Álvaro Risquez ha denunciado que “el caso de la vivienda en Madrid se ha convertido en un laboratorio neoliberal”, donde lejos de la inacción, “las intervenciones públicas favorecen los intereses del capital”. Según ha explicado, la vivienda se ha transformado en “un activo refugio en el que las empresas y fondos buitre ven oportunidades suculentas de obtener rentabilidad”.

Belén Guirao, portavoz de RUGE, la organización juvenil de UGT, ha centrado su intervención en las dificultades que esta crisis impone a los jóvenes: “Muchos jóvenes en Madrid tenemos que dedicar más de lo que ganamos al pago del alquiler”. A pesar de que la tasa de paro juvenil se sitúa actualmente en mínimos históricos, Guirao ha advertido que la combinación de altos precios de la vivienda, precariedad laboral y coste de vida sigue impidiendo la emancipación de los más jóvenes. “En 2025, que una persona joven encuentre piso es irrealista”, ha sentenciado.

Guirao ha criticado también la ineficacia del bono joven de alquiler, que apenas ha llegado al 0,8% de los jóvenes madrileños y que, lejos de resolver el problema, ha contribuido a encarecer los precios: “Se adoptó como una medida para facilitar la emancipación y ha resultado en una medida inflacionista”. Por ello, ha reclamado “eliminar la especulación y limitar el precio del alquiler”.

La excepción madrileña: inacción

Una de las denuncias compartidas por los participantes ha sido la singularidad de la Comunidad de Madrid en cuanto a la aplicación de herramientas legislativas diseñadas a nivel estatal, como el bono joven, que apenas se implementan en la región. “Incluso teniendo instrumentos, no se utilizan”, ha lamentado Risquez, quien además ha alertado sobre la posibilidad de una burbuja inmobiliaria en la comunidad.

En relación con el auge del alquiler turístico y de temporada, Risquez ha denunciado que “no está expuesto a una regulación de precios máximos” y que muchas de estas viviendas operan sin licencia turística en la Comunidad de Madrid. Además, ha recordado que “la mayoría son mujeres migrantes las que sostienen este negocio”, muchas veces en condiciones de precariedad.

Cañada Real: un caso extremo de vulneración de derechos

En el segundo bloque de la jornada, titulado “Consecuencias de la emergencia habitacional en la vida de las personas y sus familias”, María López, representante de la Plataforma Cívica Luz para Cañada Real, ha denunciado la situación límite que desde hace años vive la Comunidad de Madrid, a raíz de los cortes de suministro eléctrico que afectan a miles de familias. López ha recordado que se tratan de “graves vulneraciones de derechos humanos” reconocidas por Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo y el propio Estado español.

Según ha explicado, “es un corte de luz planeado y planificado”, una “acción e inacción” de las instituciones y de la empresa Naturgy, que “en 2020 instaló unos limitadores de energía que impiden que haya suministro en el sector 6 de Cañada Real y que haya un suministro muy limitado en el sector 5”. La situación, ha denunciado, constituye “la mayor vulneración de derechos en Europa” y representa “un caso de violencia institucional grave”. López ha apuntado además a que forma parte de “una estrategia de desalojo forzoso”, que ha coincidido con el desarrollo de nuevos PAUs (Programas de Actuación Urbanística) en los alrededores.

Durante su intervención, ha descrito cómo “niños y niñas están estudiando con velas” y “hablamos de niñas y niños a los que les da vergüenza ir al colegio oliendo a humo porque tienen que encender chimeneas para calentar sus casas”.

López ha denunciado que “el Estado español ha continuado con el desalojo forzoso de la población y la criminalización de la población”, mientras que a nivel autonómico y municipal tampoco se toman medidas para respetar los derechos del vecindado. Por ello, hace un llamamiento a la sociedad madrileña y al conjunto del país: “La causa de Cañada Real es una causa colectiva que va más allá de los vecinos y vecinas, es una causa que nos interpela a todos” y ha concluido apelando a la empatía colectiva: “Hagamos que la gente vea que la gente de Cañada Real son seres humanos con derechos”.

Las imágenes de las víctimas de los desahucios

Desde hoy ya se puede visitar la exposición “Artículo 47” del fotoperiodista Olmo Calvo en la planta baja de la Escuela Julián Besteiro. Un recorrido de 21 fotografías que reúnen escenas de desahucios y de la lucha por la vivienda accesible en los barrios desde el año 2011 hasta hoy. Desde el llanto de una mujer de 66 años al ser desahuciada de su hogar en el mismo día del sorteo navideño de Lotería Nacional, la imagen de una puerta tapiada donde antes había una vida de una familia, hasta las imágenes de las protestas vecinales en las sedes de los bancos y los abrazos solidarios entre vecinas y vecinos.

El propio autor ha presentado cada una de las fotografías en una visita en la que ha denunciado que se busquen “víctimas perfectas” en la cuestión de la vivienda, mientras que se criminalizan las ocupaciones que, “muchas, vienen de personas que han sido desahuciadas o que no tienen posibilidad de vivir en otros lugar”.

Una de las mujeres retratadas en la exposición de Olmo Calvo ha participado también como ponente en estas jornadas. Se trata de Arantxa Mejías, afectada por los fondos buitre, quien ha tomado la palabra para recordar su experiencia. “Ni olvidamos ni perdonamos”, ha sentenciado, denunciando el abandono institucional que sufrió cuando buscaba ayuda para hacer frente al fondo buitre que finalmente la desahució.

El desastre de la DANA que ha causado 228 muertes en la provincia de Valencia no ha modificado la hoja de ruta trazada por el Gobierno valenciano de Carlos Mazón desde su llegada a la presidencia a mediados de 2023 encaminada a recuperar el macrourbanismo del siglo pasado que derivó en el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007.

Lejos de paralizar de forma cautelar los diferentes desarrollos urbanísticos reactivados para analizar su viabilidad (la mayoría de ellos en la costa y muchos en zonas inundables), la tramitación de todos ellos siguen adelante. Y no solo eso, sino que pretende asumir más competencias que pueden abrir la puerta a una mayor presión en el litoral, pese a los riesgos que supone el cambio climático antropogénico y su impacto en el Mediterráneo.

Así, a finales del pasado año se anunció la aprobación de un decreto ley por el cual la Generalitat podrá tramitar planes especiales urbanísticos de reconstrucción dirigidos a crear y ordenar suelos para la construcción de viviendas, así como a la reubicación de polígonos industriales o terciarios, a la integración de las infraestructuras que resulten necesarias y, con carácter general, a facilitar las tareas de reconstrucción.

Además, también se anunció una revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) y la modificación de la Ley de la Huerta, y por extensión del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Huerta, que en la práctica implicará eliminar trabas para la realización de diferentes construcciones que puedan colisionar con la protección de la huerta.

Tan solo un mes después de la DANA, el PP y Vox aprobaron la construcción de hoteles a 200 metros de la costa mediante decreto de simplificación administrativa. Con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado en 2018 por el Gobierno del Botánico tan solo se permitía a 500 metros de la costa y con unas dimensiones y características muy limitadas. Además, como informó esta redacción, el Pativel protege 7.500 hectáreas de suelo en el litoral, de las que 1.100 están en zonas inundables. Al estar en suelos que ya eran urbanizables, si se elimina la legislación ese suelo será susceptible de ser urbanizado.

El Gobierno de Mazón también tiene en marcha una propuesta de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que conduce a dejar el urbanismo en manos de los promotores, de forma que incluso podrían tener capacidad para modificar planes generales, una competencia exclusiva de los ayuntamientos, así como la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana en Les Corts. En virtud de esta normativa, Mazón anunció recientemente que en el Pleno del Consell del próximo 17 de junio solicitará al Gobierno de España “la transferencia de competencias en la gestión del litoral valenciano bajo el amparo del artículo 49 de nuestro Estatut d’Autonomia, donde se reconoce que es competencia exclusiva de la Administración valenciana la ordenación del territorio, incluida la costa”.

Así, señaló que “no es una ganancia competencial, sino cualitativa de gestión que estamos dispuestos a asumir para poder administrar con responsabilidad y cercanía lo que es nuestro desde el autogobierno”.

Miles de viviendas en zonas inundables

Son muchos los desarrollos urbanísticos que se han puesto en marcha intentando sortear el Pativel, que otorgó a diversos proyectos que ya estaban en trámite un plazo de cinco años para iniciar las obras. Ese plazo se cumplió en mayo de 2023. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido, en el que no cabría, por lo tanto, la construcción de inmuebles. Se trata de los programas de actuación integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera (conocido como el Manhattan), el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados e implicarían la construcción de 18.000 viviendas. De ellas, al menos 10.900 están en zonas inundables de Borriana, Torreblanca o El Puig.

Muchos los ayuntamientos que gestionaban estos planes trataron de firmar actas de replanteo e iniciar obras, o incluso aprobar moratorias legalmente muy cuestionables, antes de que se cumpliera el plazo establecido para no perder los derechos urbanísticos.

Por otra parte, fuera del Pativel, Benidorm tiene prevista la construcción de 20 hoteles, 2.300 viviendas y tres centros comerciales en Benidorm en el marco del proyecto de urbanización del Plan Parcial 1/1 ’Ensanche Levante’.

El Ayuntamiento de La Llosa (Castellón) celebraba recientemente la aprobación de la Ley Valenciana de Costas que le permitirá garantizar el plan urbanístico Casablanca, con una superficie de más de 77.900 metros cuadrados de suelo urbanizable residencial, que ya cuenta con la aprobación definitiva por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón.

En València, el Ayuntamiento sigue adelante con la tramitación del Plan Especial de San Miguel de los Reyes que prevé la construcción de 575 viviendas en zona inundable por el barranco del Carraixet. Junto al mismo barranco, el Ayuntamiento de Vinalesa pretende urbanizar un sector de huerta en producción de 50.000 metros cuadrados con un total de 333 viviendas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Picanya anunció la reclasificación de 100.000 metros cuadrados de suelo catalogado como agrícola no urbanizable en suelo urbanizable industrial. Así se aprobó en el último pleno con los votos a favor de PSPV, PP y Vox y con el único voto en contra de Compromís, que pide la paralización de la tramitación tras asegurar que se trata de una zona inundable, tal y como se demostró con la barrancada del 29 de octubre. Los valencianistas acreditan como prueba la cartografía dana de la Generalitat Valenciana y el mapa de calados de la Universitat Politècnica de València (UPV), “tanto uno como otro indica que el agua llegó a alcanzar alrededor de los 65 cms de altura”.

Les ulleres de l’Amelie li donen un aire d’hostessa del Un, dos, tres en miniatura. La seua cara són uns ulls grans, d’un color gris blavós, darrere d’uns cristalls rodons, amb muntura vermella. Cauen espirals pel front de la nena. La seva mare ensenya la foto que té de fons de pantalla al mòbil i, en escoltar el seu relat, és fàcil imaginar-se aquesta cascada de rínxols en moviment. Ara l’Amelie es desperta muda, però fins fa uns dies, després d’esmorzar, aqueixa cabellera plena de rebulls s’agitava entre crits. No era un acte de rebel·lia, sinó una manera d’expressar felicitat. L’Amelie cridava i reia mentre els seus braços passaven sota les anses d’una motxilla. La garrida sabia que la duien a l’escola on li estaven ensenyant a pronunciar les seues primeres paraules poc abans de fer set anys. Les espelmes les va bufar al desembre. Tres mesos després, el seu nom ja no apareix a la llista de matriculats d’una escola on les mestres d’educació especial que han treballat amb ella s’aniran convertint en un record. L’avarícia immobiliària ha expulsat d’Eivissa aquesta garrida, que pateix el síndrome de Keppen-Lubinsky.

És el cas entre un milió. Poc se sap del síndrome que li van diagnosticar a l’Amelie després de néixer perquè molt poques persones comparteixen diagnòstic amb ella. La Federación Española de Enfermades Raras ni tan sols inclou una descripció a la fitxa que dedica a aquest síndrome tan estrany a la seva pàgina web, i remet a la que ofereix el portal Orphanet: “És un síndrome de lipodistròfia primària, genètic i poc freqüent, caracteritzat per un greu retard del desenvolupament i discapacitat intel·lectual, hipertonia, hiperreflèxia, microcefàlia, pell fermament adherida, aparença envellida, greu lipodistròfia generalitzada i dismorfia facial distintiva que inclou ulls grans i prominents, pont nasal estret, vermelló del llavi superior en carpa, boca oberta i paladar ogival”. Allò extern, que defineix l’Amelie com qualsevol altre ésser humà, i allò intern, que com han vist a la seva família, pot evolucionar si compta amb l’ajuda necessària. Així ho explica la mare de la garrida:

—L’Amelie va arribar a Eivissa sense ser capaç de menjar sola, ni de posar-se les sabatilles, no parlava… i en el transcurs d’un any i mig, avui camina, comprèn molt bé (tant castellà com català), i diu alguna paraula, a la seua manera, una mica en italià, un poc en castellà, un poc en català. És una nena feliç. A Itàlia plorava pels matins quan arribava el moment d’anar a l’escola. Aquest avanç ho perdrà perquè no podem quedar-mos a l’illa. He rebutjat set ofertes de feina, i em segueixen escrivint per preguntar-me si seré a l’illa aquesta temporada, però no podem quedar-mos. És impossible trobar un lloguer que es pugui pagar.

Alessia Savoia, quaranta-quatre anys, italiana, del Vèneto: abans de mudar-se a Eivissa vivia en un poblet a set quilòmetres del centre de Verona. A l’illa havia passat les vacances durant molts anys (“més de vint”) i sempre havia somiat “amb anar-hi a morir”. Però el trasllat no el va provocar l’estrès que defineix el model de societat –o això diu l’estereotip– del nord italià, industrialitzat i ric. Va ser n’Amelie, un nadó durant el confinament (en una de les regions europees més castigades per la pandèmia) que no deixava de ser-ho per culpa del síndrome amb què va néixer. “El seu pare biològic (estem separats) vivia a l’illa i es va assabentar que, a nivell educatiu, a la pública hi havia moltes més opcions perquè la nena es desenvolupés. Per això vam venir, i els resultats s’han vist”, explica l’Alessia.

Les dues cares de l'illa

La mudança, però, no seria flors i violes. Poc després d’arribar, la mare de l’Amelie va començar a ser conscient que estava enmig d’una paradoxa. La moneda eivissenca tenia dos cares.

La cara bona: el servei de fisioteràpia, els exercicis de psicomotricitat, les sessions de logopèdia, o els moments jugant amb gossos o sota l’aigua de la piscina que n’Amelie gaudeix a la seua escola li haurien costat més de 15.000 euros l’any a Itàlia. A Espanya, gràcies a les beques, només 80 euros. “Allà, aquest tipus d’atenció a la discapacitat només l’ofereixen escoles privades, molt exclusives. A l’escola pública on anava la meua filla, els alumnes discapacitats estaven sols en una aula o caminant pels passadissos. No hi havia una atenció específica”.

A Espanya, la família paga només 80 euros per l’escola de l’Amelie. A Itàlia, li costaria 15.000 euros en un col·legi privat. En un públic al país veí estaria “sola en una aula o caminant pels passadissos

La cara dolenta: els ingressos s’evaporen pagant, mes a mes, un sostre. Una situació que també es pateix a les ciutats turístiques d’un país tan consagrat al turisme com Itàlia. A Verona, per exemple, passen més de dos milions de visitants cada any per veure el balcó que va enfrontar als Capuleti amb els Montecchi. Però allà hi ha una perifèria on fugir; a Eivissa, n’Alessia ha comprovat que, com a Romeu i Julieta, l’idil·li de qui s’enamora d’Eivissa i aspira a sobreviure amb el seu sou a l’illa sol acabar en tragèdia. “Trobar un lloguer és impossible, impossible. El Telegram està ple de rellogaments… que són il·legals! Publiquen anuncis d’habitacions a mil euros... on, si vols llogar, no pots tenir ni fills ni mascotes ni rebre visites. Si la nòmina mitjana és de 1.870 euros, com vas a pagar els 1.700 que estan demanant per cases de quaranta o cinquanta metres quadrats?”

Si vols llogar, no pots tenir ni fills, ni mascotes, ni rebre visites. Si la nòmina mitjana és de 1.870 euros, com pagaràs els 1.700 que demanen per cases de quaranta o cinquanta metres quadrats a Eivissa?

Alessia Savoia

L’Alessia i l’Amelie han tengut dos domicilis durant els últims divuit mesos, compartits “amb la parella” de la mare. El primer era una caseta a prop de Sant Josep de sa Talaia. Pagaven 1.700 euros al mes per un lloguer d’onze mesos. A l’agost, els propietaris, madrilenys, venien de vacacions. Van acceptar i, en plena temporada, la parella es va mudar a una habitació compartida. L’Amelie no tenia classes, i la seua mare va aprofitar per enviar-la amb la família, al Vèneto. Després va tornar per començar el seu segon curs al Guillem de Montgrí, una escola que porta el nom de l’arquebisbe català que va conquerir les Pitiüses en nom de Jaume I, cap al segle XIII.

A l’octubre va aparèixer una oportunitat immobiliària, i els tres s’hi van llençar de cap: un apartament amb vistes al mar, just a sobre del restaurant on l’Alessia i la seua parella treballaven. El lloguer era variable, però, de mitjana, no pagaven una renda mensual superior a 850 euros: quedava marge per disposar d’“una babysitter” que cuidàs l’Amelie durant unes jornades laborals que anaven, gairebé sense descans, des de primera hora del matí fins a la mitjanit. A dia d’avui, per aquest preu, gairebé no es troba una habitació en un habitatge a compartir a l’illa.

Hi havia gat amagat sota aquesta oferta. Segons n’Alessia, els propietaris no els van advertir que l’apartament era en venda. Se’ls va comunicar just després de Nadal. Tenien un mes per trobar una llar. No ha estat possible. Quan a l’Alessia li arriba una oferta de feina, li pregunten si té casa. Ella respon teclejant: “Podeu oferir-me’n valtros una?”

Fuita d’alumnes

La discapacitat que condicionarà cada dia de la vida de l’Amelie és raríssima; però la seua marxa, a mitjan curs, comença a ser cada cop més habitual a Eivissa. És una realitat latent, que comproven els equips directius de molts centres cada volta amb més freqüència. Només fa falta atracar la lupa a Sant Antoni, el municipi on estudiava n’Amelie. En un dels dos instituts públics, el Quartó de Portmany, almenys deu alumnes s’han mudat a la península entre l’últim trimestre del curs passat i el primer del present. La raó sempre és la manca d’habitatge.

Fa unes setmanes, la carrossa de l’associació de famílies d’un dels sis centres de Primària que gestiona el Govern a Sant Antoni estava dedicada al “Monopoly del lloguer”. Era la seua manera de denunciar que vint-i-tres alumnes s’havien donat de baixa abans de final d’any perquè els seus pares es resignaven a abandonar una illa on no poden pagar un lloguer ni una hipoteca. Molts d’aquests boixos són eivissencs de naixement.

En un dels dos instituts públics, el Quartó de Portmany, almenys deu alumnes s’han traslladat a la península entre l’últim trimestre del curs passat i el primer del present. La raó sempre és la falta d’habitatge

La Conselleria d’Educació del Govern no té dades d’aquesta fuita d’alumnes. Segons el seu departament de premsa, quan un alumne se’n va, “no es pregunten els motius”. Tot i que la petició d’elDiario.es va ser genèrica, la resposta va al·ludir a n’Amelie: “En el cas de la família italiana amb una filla NESE [necessitats específiques de suport educatiu], s’han marxat per raons alienes a l’educació.” I el missatge continuava: “Les qüestions d’habitatge, econòmiques o personals de qualsevol família no són competència” del departament que dirigeix el filòleg i docent (amb plaça de funcionari) Antoni Vera Alemany, conseller nomenat per la presidenta Marga Prohens per pacificar un sector que tradicionalment ha estat hostil amb els governs autonòmics del Partit Popular.

Diversos directors, caps d’estudis i secretaris de centres eivissencs de Primària i Secundària, consultats per aquest reportatge, matisen el punt de vista de la Conselleria: “No fa falta que els preguntis: quan venen el pare o la mare de l’alumne a tramitar la baixa, et conten que se’n van de l’illa perquè no poden pagar el lloguer”.

Núria, mestra: “Et sents frustrada”

Núria Prieto Tur encara es pregunta què estarà fent l’Amelie i ja sap que, de cara al pròxim curs, perdrà de vista un altre alumne. Un garrit de cinc anys (amb paràlisi cerebral) que, probablement, també haurà d’emigrar. Viu amb els seus pares en una casa de la qual sortiran al juny perquè el lloguer acaba per posar en venda la propietat.

“Quan passa una cosa així, i saps que la família no trobarà una alternativa, et sents molt frustrada”, explica aquesta mestra d’educació especial, responsable d’una de les aules adaptades per a alumnes amb discapacitat que existeixen a Eivissa, “perquè tot el treball que has fet es desfà en qüestió de setmanes”. “Amb n’Amelie hem hagut de fer moltes gestions, per començar, burocràtiques. No va ser fàcil traslladar el seu certificat de discapacitat des d’Itàlia a Espanya, quelcom fonamental perquè la seua família rebés les beques del Ministeri d’Educació, que els asseguren serveis gairebé gratuïts,” comenta a elDiario.es.

La primera vegada que l’Alessia va narrar la història de la seua filla a un mitjà de comunicació –una càmera d’IB3 Televisió–, na Núria va acudir a acomiadar-se de n’Amelie. Un temps compartit quedarà enrere per a les dues. Les cançons que cantaven, els jocs que practicaven, els moments que compartien a les classes d’Infantil amb la resta dels més petits de l’escola, les converses que mantenien a través d’una tauleta digital on la nena del cabell arrissat i les ulleres vermelles preguntava i responia a la mestra prement pictogrames (fam, set, bany, sí, no, riure, empreny). Potser, en el pitjor dels casos, quedaran unes marques de dents al dors de les mans de n’Amelie. “Al principi,” diu la seva ex mestra, “es mossegava la mà perquè no l’enteníem”. “Poc a poc vam aprendre a comunicar-mos i va deixar de fer-ho. Els processos educatius, en boixos que pateixen un síndrome tan estrany (jo mai m’havia trobat amb un cas de Keppen-Lubinsky), són molt lents, però val la pena dedicar-hi recursos. L’Amelie és l’exemple que pot produir-se un progrés”, comenta.

“No vull que la meua filla cresqui en un entorn així. Deshonest”

–Alessia, vau pensar en quedar-vos a la casa? Teníeu un contracte signat.

–Podria haver intentat quedar-m’hi. Vivint allà amb una nena (a més, amb una discapacitat reconeguda) no poden tirar-me’n fàcilment. El meu advocat m’ho va explicar, i ho vaig pensar, però els meus pares no m’han ensenyat a fer això. Els meus codis són uns altres.

–I te’n penedeixes?

–Una mica sí, però en el fons, no. El cor diu una cosa. A voltes, val la pena actuar amb el cap, encara que costi molt. En aquesta jungla sóc l’animal més petit, la presa que devoren ràpidament. No vull que la meua filla cresqui en un entorn així. Deshonest.

–Eivissa no és la mateixa illa que vas conèixer com a turista fa vint anys?

–No. Volen una illa per a rics, però sense serveis per a rics: si a l’estiu necessites una ambulància, què fas? Les drogues i la festa, aquesta imatge que es ven, era una aparença. L’illa no era així. A Dubai no hi havia res abans, però aquí hi havia pobles, una societat.

–Si a Espanya creus que la vida d’una nena amb discapacitat com n’Amelie és millor que a Itàlia, per què no us quedeu a la península?

–Tenc família a València, i això m’ha ajudat a tornar a Eivissa, després d’haver deixat la meua filla a Itàlia, per recollir les maletes que no vaig poder portar-me quan ens vam anar. Tot el que ha passat m’ha afectat molt, i ara tenc poques forces per començar de nou. Per això, preferesc fer-ho en un port segur. És un pobre consol, perquè Verona, encara que sigui d’allà, non mi appartiene, no m’hi pertany. Pensava que Eivissa sí; sempre he somiat amb morir aquí, però l’altre dia, a l’avió, mirant per la finestra mentre ens enlairàvem, em vaig acomiadar de l’illa amb aquestes paraules: “T’estan arruïnant, i no t’ho mereixes. Ho sent molt”.