La LII Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras ha abierto hoy sus puertas hasta el próximo domingo con más de 40 expositores y el objetivo de superar los 15.000 visitantes que se registraron el pasado año.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha sido el encargado de inaugurar esta feria junto al alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez y la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar.

Martínez Lizán ha asegurado que el Gobierno regional va a seguir estando al lado del sector del ajo y lo hará “defendiendo el agua para poder producir”, así como con ayudas para “seguir modernizando el sector” y asegurar el liderazgo de esta producción en España.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado 30 alegaciones al Plan de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el periodo 2028-2033, dado que “rechazamos frontalmente cualquier restricción, cualquier recorte que se pueda producir en las asignaciones que en estos momentos tienen nuestros agricultores para poder seguir desarrollando su actividad”.

El consejero ha detallado que durante el periodo de programación del PDR 2014-2020, el ajo contó con una ayuda adicional del 4%. Gracias a esta consideración se apoyaron 62 proyectos que recibieron 12,3 millones de euros de ayuda para movilizar una inversión de 40,5 millones.

En el actual periodo PEPAC 2023-2027, el ajo mantiene su condición de producto prioritario y, además, la ayuda adicional se ha incrementado hasta el 5%. Esta apuesta tiene ya su reflejo en la convocatoria de 2025, en la que se encuentran en tramitación 12 proyectos que prevén una inversión de 6,9 millones de euros.

Estos datos evidencian “el dinamismo y la capacidad de inversión” de un sector estratégico para Castilla-La Mancha, que sigue apostando por la modernización y la mejora de su competitividad.

Con este respaldo, Julián Martínez Lizán ha subrayado que desde el Gobierno regional se apuesta por que Castilla-La Mancha siga siendo la principal productora de ajo a nivel nacional, al contar ya con el 70% de la superficie y el 68% de la producción.

El ajo morado, uno de los productos agrícolas más relevantes

El consejero ha valorado el ajo morado de Las Pedroñeras como uno de los productos agrícolas “más relevantes que tenemos en Castilla-La Mancha y en España”, cómo así lo avala que cuente desde 1997 con la única figura de calidad de ajo que existe en España, la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, algo de lo que “podemos presumir abiertamente”.

Esta IGP es una de las 41 figuras de calidad de Castilla-La Mancha “y es también de las más activas en promoción, algo que les quiero agradecer, junto a su permanente colaboración con nuestra marca de garantía Campo y Alma en todas las acciones de promoción que organizamos”, ha referido Julián Martínez Lizán. Acto seguido, el consejero ha animado a continuar por esta senda para abrir nuevos mercados y, en ese sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico destina este año 2,8 millones de euros a la promoción de las producciones agroalimentarias.

Además, el Gobierno regional tiene también en esta feria su propio estand con zona de información, de exposición de productos Campo y Alma y de degustación de los mismos.

Jornada para los más jóvenes y III Festival FIDA

Se han organizado numerosas actividades para estos tres días. Hoy, los más jóvenes serán los grandes protagonistas de esta primera jornada ya que para esta tarde se han organizado numerosas actividades.

A las ocho de la tarde, se celebrará el V Concurso Comarcal de habilidad con tractor a pedales y un Escape Room Ajero donde se hará un divertido juego por equipos.

Uno de los platos fuertes del día será la celebración en el Parque de Los Viveros del III FIDA Festival-Frenética, a las doce y media de la noche, y una de las novedades de este año es que la entrada es gratuita. Actuarán Djs como Rojas y DJ Fer, Óscar Herrera DJ, Vilu Gontero, Juanjo García y Selecta. La segunda noche del festival será mañana 25 de julio y reunirá sobre el escenario a grandes leyendas de los noventa y referentes del eurodance como Juanma Sound, La Frontera, Locomía, Sensity World y Dj Neil. Esta tarde también se abrirá el Museo Etnográfico y del Ajo para escoger una exposición temporal a cargo del pintor santanderio Pedro Vicente González.

La vendimia se adelantará en La Mancha, o al menos eso es lo que indica el envero, el proceso por el cual las uvas cambian de color indicando la maduración, que se está notando sobre todo en aquellas provincias más frías de Castilla-La Mancha, como Cuenca, donde este proceso se suele dilatar más.

Así lo ha señalado la Denominación de Origen La Mancha, que ha señalado que a la vista de cómo va este proceso, eso significa una vendimia más que próxima en La Mancha. Las uvas están, incluso desde hace una semana, “ya pintadas” en las provincias tradicionalmente más adelantadas, Ciudad Real, por ejemplo, lo que supone la cuenta atrás para la recogida de la uva.

Este es un periodo crucial para la maduración del fruto donde la planta inicia la acumulación de azúcares y el desarrollo de los compuestos aromáticos y fenólicos que determinarán la calidad final de los vinos. Es aquí cuando la climatología será fundamental para el equilibrio en los parámetros de calidad, como sostiene Juan Fuente, portavoz de la sectorial en cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, quien además “cree que la sanidad del fruto está garantizada” y solo queda esperar “sin atrevernos a decir cifras de cantidad porque nos podemos equivocar con la evolución del clima en este periodo de maduración”.

Preparativos de vendimia

Con el adelanto del envero, comienzan también a prepararse los protocolos de recogida en las bodegas, como confirma Luis Fernández, director técnico en Bodegas Puente de Rus. Para el también decano del Colegio Oficial de Enólogos de Castilla-La Mancha cree que “el ambiente de vendimia ya se está palpando y en cuestión de 15 días se arranque la vendimia”.

Tradicionalmente, municipios como Villarrubia de los Ojos o Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, han marcado el inicio de la campaña de la vendimia para variedades de ciclo temprano de maduración como la Chardonnay, Sauvignon Blanc o Moscatel, en blancas, así como y tempranillo o cencibel en tintas.

Una actividad que se prolongará posteriormente con el grueso de la recolección para el resto de las variedades autóctonas como la airén durante los meses de septiembre y principios de octubre, cuando miles de hectáreas de viñedo volverán a convertirse en el epicentro de la actividad agrícola de la mayor superficie vitivinícola delimitada del mundo.

La Comisión Sectorial del Pistacho de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha ha estimado una producción regional de 8.054 toneladas de pistacho para la campaña 2026, lo que supone un descenso del 27% respecto a las cerca de 11.000 toneladas estimadas en la campaña anterior.

La previsión fue analizada ayer durante la reunión de la Comisión Sectorial del Pistacho, en la que se puso de manifiesto que la entrada en producción de 7.765 nuevas hectáreas no ha sido suficiente para compensar el efecto de la vecería o alternancia en la producción de un años para otro, especialmente acusado en la variedad Kerman, tras la excelente cosecha registrada el pasado año.

A esta circunstancia se han sumado los daños ocasionados por las heladas de finales del mes de marzo, que afectaron principalmente a explotaciones de las provincias de Ciudad Real y Albacete, con especial incidencia en la variedad Larnaka, según ha señalado Cooperativas en un comunicado.

El portavoz de la Sectorial, Ignacio Lobato, explicó que el cultivo presenta este año un adelanto de entre una y dos semanas en su ciclo vegetativo, por lo que todo apunta a que la recolección también se adelantará respecto a campañas anteriores.

En cuanto al estado sanitario del cultivo, Lobato destacó que la situación es “muy favorable”, ya que hasta el momento no se han detectado problemas fitosanitarios de importancia que puedan comprometer la producción. Asimismo, las condiciones meteorológicas han favorecido el correcto desarrollo del pistacho, salvo daños puntuales por pedrisco en algunas zonas, lo que permite prever una cosecha de elevada calidad.

Uno de los aspectos más destacados de esta campaña es la gran variabilidad productiva entre parcelas, incluso entre plantaciones del mismo año. Esta circunstancia, analizada por la Comisión Sectorial, confirma la influencia que ejercen factores como la variedad, las condiciones edafoclimáticas, el manejo agronómico y la propia alternancia productiva del cultivo.

La superficie de pistacho plantada en Castilla-La Mancha alcanzó en 2025 las 68.311 hectáreas, de las que 24.164 hectáreas ya se encuentran en producción. De ellas, 17.848 hectáreas corresponden a cultivo de secano y 6.316 hectáreas a regadío. Este incremento supone un crecimiento del 47% de la superficie productiva respecto al año anterior, cuando se estimaban 16.399 hectáreas en producción, lo que pone de manifiesto la continua expansión de este cultivo en la región.

Ignacio Lobato estima que entre el 40% de la producción regional corresponde a pistacho ecológico, situando a Castilla-La Mancha como la principal región productora de pistacho ecológico de España, convirtiéndose en un referente a nivel mundial. Este liderazgo responde tanto al creciente interés de los consumidores por este producto como al compromiso de los agricultores castellanomanchegos con sistemas de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

A pesar de esperar una campaña más corta en volumen, la Comisión Sectorial considera que la elevada calidad prevista de la cosecha y el previsible descenso en más de un 40% en la cosecha de EEUU e Irán “según datos de la INC” permitirán seguir consolidando el posicionamiento del pistacho de Castilla-La Mancha como un producto de referencia en los mercados nacionales e internacionales.

La ministra de Transición Ecológica de Francia, Monique Barbut, no dimitará pese a la aprobación de una ley que reintroduce en el país dos pesticidas prohibidos en Francia, aunque legales en la Unión Europea. Barbout, que había ratificado este miércoles su intención de dejar el cargo, se ha retractado tras una conversación mantenida con el presidente francés Emmanuel Macron, según ha confirmado la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

La portavoz confirmó que la ministra dio marcha atrás por petición del propio Macron. “Llegaron a un acuerdo sobre tres pilares en los que trabajar: los bosques, el agua y la salud medioambiental”, señaló Bregeon, en una conferencia de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

La marcha atrás de Barbut ha causado sorpresa en Francia, tras un mensaje difundido este miércoles en su cuenta en la red social LinkedIn, en el que afirmaba que su decisión de dimitir era firme porque la política “no era” su “mundo”.

En ese mismo mensaje, la ministra hizo balance de sus nueve meses en el cargo aseverando que ha tratado de defender “lo que no se manifiesta, no vota y no grita”. Sin embargo, había admitido que “las fuerzas que se oponen” a esa agenda “se han vuelto tan poderosas” que ya no disponía de los medios para llevar adelante su proyecto.

Varios medios franceses ya había adelantado el martes, citando a fuentes cercanas a la ministra, que Barbout iba abandonar el Ejecutivo como consecuencia de la aprobación de la ley agrícola de emergencia, una iniciativa impulsada por el Gobierno macronista que ha generado una fuerte controversia dentro y fuera del Ejecutivo por permitir, bajo condiciones excepcionales, la reintroducción de dos pesticidas prohibidos en Francia.

Excepciones aun con vía libre

La ley de la discordia permite que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) autorice, de forma excepcional y bajo criterios estrictos, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona para un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas. Barbut, de 69 años, es economista y una reconocida experta en diplomacia climática. Fue nombrada ministra de Transición Ecológica, de la Biodiversidad y de las Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza en octubre de 2025.

Además, fue secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (2013-2019) y directora ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (2006-2012). También ocupó cargos de responsabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Agencia Francesa de Desarrollo, presidió WWF Francia entre 2021 y 2023 y participó en diversas misiones como enviada especial francesa para el clima y la biodiversidad.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, a través del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF), ha puesto en marcha una nueva campaña de ensayos de girasol en la provincia de Cuenca en los que se evalúan más de 50 variedades en diferentes parcelas ubicadas en Arcas, Valparaíso de Abajo y Albaladejito.

Estos campos de ensayo forman parte de la Red de Campos de Ensayo del Centro de Investigación Agroforestal Albaladejito y están abiertos a la visita de agricultores, técnicos y profesionales del sector, ha informado la Junta en nota de prensa.

La principal finalidad de estos trabajos es analizar el comportamiento agronómico de las distintas variedades respecto a las condiciones climáticas y de suelo, generando información útil para que los agricultores puedan tomar las mejores decisiones basadas en datos objetivos.

Los ensayos permiten comparar aspectos como la adaptación al entorno, el potencial productivo o los rendimientos, contribuyendo así a mejorar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias. La información que generan también hace posible la adaptación al cambio climático al identificar variedades más resistentes a situaciones de sequía, altas temperaturas u otras condiciones adversas que pueden afectar al cultivo.

Además, estos campos de ensayo constituyen una herramienta fundamental para la transferencia de conocimiento al sector, acercando la innovación y los avances en mejora vegetal a agricultores y cooperativas. La posibilidad de visitar las parcelas y observar directamente el desarrollo de las distintas variedades favorece el intercambio de experiencias y la incorporación de nuevas soluciones que permitan afrontar con mayores garantías los retos actuales de la agricultura.

Se trata del tercer texto legislativo en materia de agricultura que tramita el Parlamento francés en menos de tres años. Después de una ley de orientación agrícola, en febrero de 2025, y de una controvertida “ley sobre los obstáculos a la profesión de agricultor” hace un año, este martes el Senado ha aprobado de manera definitiva un nuevo texto de “urgencia agrícola”. Una nueva pieza de legislación que ha detonado una tormenta política y cuya aprobación va a llevar, según anuncian varios medios franceses, a la ministra de Medio Ambiente, Monique Barbut —antigua directora de WWF en el país— a anunciar su dimisión este mismo miércoles.

Anunciado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, el pasado invierno, en plena movilización de protestas de los agricultores, la intención del Ejecutivo francés era elaborar una ley reducida para responder a peticiones concretas de los sindicatos agrarios. Pero el texto se ha ido ampliando en su tramitación hasta acumular cerca de 70 artículos en su última versión, incluidas disposiciones controvertidas sobre la gestión y el almacenamiento del agua, los ataques de lobos, los ingresos de los agricultores o la simplificación de los trámites administrativos para ampliar las explotaciones ganaderas.

No obstante, una medida ha centrado la mayor parte de los debates: la reintroducción, con carácter excepcional y bajo ciertas condiciones, del acetamiprid y la flupiradifurona, dos pesticidas prohibidos en Francia desde 2018 debido a su persistencia en el medio ambiente y los riesgos para la salud. Ambos están autorizados en otros países de la Unión Europea, entre ellos España.

La reintroducción del acetamiprid, un neonicotinoide, había sumido al Parlamento en una polémica explosiva hace un año, cuando se incluyó en la proposición de ley impulsada por un senador conservador, Laurent Duplomb, que provocó una petición con más de dos millones de firmas en contra, así como denuncias de parte de la comunidad científica y de diversas asociaciones.

Aquel texto fue finalmente aprobado —con los votos de la derecha, la extrema derecha y de una parte de los partidarios de Macron—, pero el Consejo Constitucional anuló esa medida y bloqueó temporalmente el camino para la reintroducción de los pesticidas.

En realidad, en esta nueva ley tampoco debía figurar esa cuestión. Pero el Senado —dónde la derecha tiene mayoría— modificó el texto inicial para añadir la reintroducción excepcional de los dos pesticidas, en contra de la opinión del Gobierno, que no quería reavivar la polémica y que temía que la Asamblea Nacional bloqueara el texto.

Pero los senadores impusieron su redacción, con la posibilidad de reintroducir los pesticidas, así como medidas favorables a los agricultores en la gestión de los depósitos de agua; medidas calificadas de “cortoplacistas” y “simplistas” por cinco exministros de Agricultura de diferentes partidos en una tribuna publicada en Le Figaro hace unos días.

La noche del lunes, en una sesión tensa en la Asamblea, los votos de la derecha, la extrema derecha y de una gran parte de los macronistas, fueron suficientes para aprobar el texto, que el Senado confirmó este martes.

Sin embargo, la medida seguirá siendo objeto de debate. La ministra de Medio Ambiente, Monique Barbut, se había opuesto a la reintroducción del acetamiprid y diversos medios han ido deslizando su posible dimisión. Este martes estaba prevista una reunión de Babut con Sébastien Lecornu, según adelantó la Agencia France-Presse (AFP), confirmando una información publicada por Le Parisien.

De confirmarse su salida, no sería el primer titular de Medio Ambiente nombrado por Emmanuel Macron que abandona el Gobierno dando un portazo. En 2018, Nicolas Hulot comunicó en una entrevista en directo en la radio pública su decisión de dimitir por la continua presencia de lobistas del mundo de la caza en el Elíseo, a menudo recibidos por el presidente.

En cuanto Barbut, antigua directora de WWF en Francia, que lleva menos de un año en el cargo, aceptó ponerse al frente de un ministerio que había perdido gran parte de sus prerrogativas frente a otras carteras como agricultura o economía, reflejo de la pérdida de peso en las prioridades del Gobierno. “Acepté el cargo de ministra en un momento algo complicado”, reconocía Barbut hace unas semanas al diario Le Monde, en un artículo repasando sus múltiples problemas en el cargo.

Fractura entre los macronistas

Además, la tramitación de esta nueva ley ha puesto de manifiesto las divisiones entre el Ejecutivo y el partido macronista, que se supone que debe apoyarlo en la Asamblea. En particular entre el primer ministro, Sébastien Lecornu, y el actual líder de los diputados macronistas, Gabriel Attal, uno de sus predecesores en el cargo. Los diputados del partido presidencial habían pedido al Ejecutivo que retirara la reintroducción a través de una enmienda, a lo que el Gobierno se negó.

Bajo la presión de la derecha y de los sindicatos agrícolas, Lecornu evitó implicarse y remitió a los grupos parlamentarios la responsabilidad de “decidir o modificar” la proposición de ley, al tiempo que bloqueó las enmiendas contra los pesticidas. “No ha sido decisión del Gobierno reintroducir esta medida”, trató de subrayar el martes la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, en relación con los dos pesticidas.

Los representantes de los grupos de derecha y de extrema derecha votaron unánimemente a favor, además de algo más de la mitad de los diputados del bloque de centro. No obstante, 16 centristas se abstuvieron —entre ellos varias figuras destacadas, como la ex primera ministra Élisabeth Borne y la exministra de Medio Ambiente Agnès Pannier-Runacher—, y otros 15 votaron en contra.

La redacción definitiva del texto prevé que sea la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES), a instancias del Ministerio de Agricultura, la encargada de decidir sobre las excepciones a la prohibición del acetamiprid. Una excepción que solo afectaría a la filial de la producción de avellanas, por un período de hasta tres años.

En el caso de los cultivos a mayor escala de remolacha, manzanas y cerezas, la ley allana el camino para el uso, en las mismas condiciones, de la flupiradifurona, sustancia que no pertenece a la familia de los neonicotinoides, pero que comparte con ellos muchas de sus propiedades.

“Un giro decisivo”

La FNSEA, uno de los principales sindicatos franceses del campo, se felicitó el lunes por la noche, tras la votación, por “un giro decisivo” y expresó su reconocimiento a los diputados que “han escuchado la realidad del día a día de los agricultores”. Por su parte, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, elogió a “los diputados que han optado por la responsabilidad” al votar a favor de este texto “elaborado junto a los agricultores” y que, según ella, permite “protegerlos mejor frente a la competencia desleal” de países que sí permiten usar estos pesticidas.

“Si hay una ministra que debe dimitir hoy, es ella”, respondió la secretaria nacional de Los Ecologistas Marine Tondelier. “Este texto supone retrocesos enormes en materia de pesticidas, ganadería intensiva y gestión del agua”. Los partidos de izquierda, que votaron unánimemente en contra, han denunciado una “ley veneno”, en palabras de la diputada insumisa Aurélie Trouvé, y “un día triste para la salud pública, la naturaleza y la agricultura”, según la ecologista Delphine Batho. Las fuerzas progresistas han anunciado que recurrirán al Consejo Constitucional una vez finalizada la votación.

Prohibidos desde 2018

Los efectos de los neonicotinoides, incluido el acetamiprid, han sido establecidos por múltiples estudios, que además señalan su permanencia en el organismo, en los suelos y en las aguas subterráneas. Y recientes investigaciones están alertando sobre posibles efectos nocivos en el desarrollo neuronal de los niños. De hecho, Francia ha reclamado en dos ocasiones a las autoridades europeas —en 2020 y 2022— nuevas evaluaciones al respecto.

En 2018, la Comisión Europea aprobó la prohibición de tres de las siete sustancias que componen esta familia de pesticidas —clotianidina, tiametoxam e imidacloprid—, señalada por científicos y apicultores como responsable de diezmar a las poblaciones de abejas desde los años 90. Y Francia legisló para prohibir otras, además de sustancias similares como la flupiradifurona.

En un informe publicado en mayo de 2024, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconocía “grandes incertidumbres en el abanico de pruebas sobre la toxicidad para el neurodesarrollo [toxicidad para la formación del cerebro] del acetamiprid”. La agencia europea reconoció que los actuales límites máximos de residuos en frutas y hortalizas representan un riesgo para los consumidores y recomendó que estos límites se dividieran por cinco, una recomendación que fue posteriormente aceptada por la Comisión.

Asaja Castilla-La Mancha ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible “flexibilidad” para cosechar y que establezca un horario fijo de trabajo durante las mañanas que permita a los agricultores faenar con normalidad hasta las 14:00 horas, cuando las condiciones meteorológicas no justifiquen la aplicación de las restricciones más severas por riesgo de incendios.

A través de un comunicado, que lanza el mismo en el que dos incendios de nivel 2 asolan la provincia de Guadalajara -uno de ellos de origen agrario, según las primeras estimaciones-, la organización agraria recuerda que el campo castellanomanchego acumula ya muchos días con el Índice de Propagación Potencial (IPP) en nivel extremo.

El riesgo extremo (rojo) prohíbe las labores de cosecha entre las 13:00 y las 18:00 horas y durante el resto de la jornada, “obliga a cumplir unas condiciones técnicas y humanas que resultan imposibles de asumir para la mayoría de las explotaciones”, aseguran.

La organización propone que los agricultores conozcan de antemano que podrán trabajar durante toda la mañana, sin necesidad de esperar cada día a la publicación del mapa del IPP. La organización considera que, durante esas primeras horas de la jornada, las temperaturas y las condiciones ambientales no justifican la aplicación de las exigencias previstas para el nivel de “riesgo extremo” y que esta medida permitiría aliviar una situación que está comprometiendo gravemente el desarrollo de la campaña.

La organización explica que numerosos agricultores no disponen de los medios exigidos por la normativa para trabajar fuera del horario de prohibición, como depósitos de agua de 400 litros, vehículos para transportarlos, mangueras de 50 metros, un tractor con apero para realizar cortafuegos o una persona adicional dedicada exclusivamente a las labores de vigilancia y apoyo.

Desde la organización aseguran que recibe diariamente llamadas de agricultores desesperados porque no han podido finalizar la cosecha. Hay términos municipales que acumulan hasta 15 días sin poder trabajar entre las 13:00 y las 18:00 horas y, fuera de ese horario, únicamente pueden hacerlo si cumplen unos requisitos que la mayoría de los agricultores no está en condiciones de asumir.

Los agricultores pueden hacer cortafuegos, no extinguir incendios

Por otro lado, Asaja considera necesario diferenciar claramente cuál puede ser la aportación del sector agrario en la prevención y apoyo a la extinción de incendios.

La organización recuerda que los agricultores sí pueden actuar rápidamente con sus tractores y cultivadores para abrir franjas de seguridad que sirvan de cortafuegos y ayuden a frenar el avance de las llamas. Sin embargo, rechaza que se les atribuya la responsabilidad de sofocar un incendio con una manguera como requisito para poder desarrollar su trabajo.

“Vemos cómo los profesionales de los servicios de extinción intervienen equipados con equipos de protección individual, vehículos específicos, comunicaciones, formación y bajo una dirección técnica. No se puede pretender que un agricultor, sin esa formación ni esos medios, sea quien asuma la responsabilidad de apagar un incendio en sus primeros momentos”, señalan desde la organización.

La Guardia Civil ha investigado en la localidad pacense de Aceuchal a tres hombres como presuntos autores de un delito de hurto de 1.860 kilogramos de ajos de la variedad morada en una explotación de la provincia de Albacete, así como a pertenencia a grupo criminal.

Los hechos tuvieron lugar a finales de la pasada semana, cuando patrullas operativas de la Guardia Civil y Policía Local identificaron a los ocupantes de una furgoneta en el término municipal de Aceuchal, en la que hallaron una cantidad masiva de ajos morados, que arrojaron un peso total de 1.860 kilogramos.

Al solicitar la documentación legal pertinente, que acredita la lícita procedencia del producto, los sospechosos no pudieron aportar ninguna certificación que justificase su posesión.

Las posteriores gestiones e investigaciones permitieron averiguar que la mercancía procedía de una explotación agrícola ubicada en el municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete), en la que se había producido el robo de los ajos, cuyo valor de mercado asciende a los 9.300 euros, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo se procedió a la instrucción de diligencias penales, investigando a los tres varones por un presunto delito de hurto, así como pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.

Se ha tardado casi cuatro meses más de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para 2026, pero la solución ya está canalizada, aunque solo en su primera fase, pero también es verdad que esta es la que ahora más importa, un compromiso principal que además se atiende a menos de un año de las próximas elecciones locales y autonómicas (mayo de 2027).

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, que dirige el herreño de AHI Narvay Quintero, ya lo tiene todo preparado, y así se lo ha hecho saber a las entidades plataneras de La Palma que le servirán de apoyo o respaldo para lograr que los reintegros de ayudas que afectan a titulares de explotaciones en esa isla, los vinculados al apoyo compensatorio de renta de los plataneros por las consecuencias del volcán Tajogaite en la campaña 2021-22, al final no sean devueltos al erario de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), sino que sean compensados, perdonados o regalados, la elección de palabra que se prefiera. En resumen: el erario autonómico debía recibir 3,5 millones de euros por pagos en exceso de apoyo público y ahora esa cantidad, o mejor, un poquito menos, se convierte en una especie de premio gordo, para unos más que para otros.

Eso es lo que se empezará a hacer estos días, gracias al respaldo parlamentario que el diseño de esa medida, muy cuestionada legalmente, tuvo en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (a través de la inclusión de una disposición adicional aprobada en comisión parlamentaria con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PSOE y la única oposición de Nueva Canarias -NC- a la enmienda final in voce; NC incluso llevó al pleno un voto particular). La solución ideada por CC en La Palma y ejecutada desde la Consejería de Agricultura supone tener que afrontar un gasto extra en torno a 3,5 millones de euros, solo en la primera fase del que será un doble regalo.

Hay que señalar que la cifra de 3,5 millones de euros, que es la suma total de los reintegros afectados (ayuda compensatoria por el volcán de La Palma de la campaña 2021-22, la primera de tres concedidas con el mismo objeto: dos de la CAC -2021-22 y 2022-23, y está pendiente la 2023-24- y una más de refuerzo del Cabildo insular -2022-23-), se verá reducida, pero no en una cuantía relevante (poco más de 100.000 euros), debido a que hay cantidades cobradas de más por beneficiarios plataneros que superan el límite del perdón: los 50.000 euros por titular que permite la ayuda de minimis. Exactamente son cuatro, y muy especiales, todos ellos beneficiarios que cobraron excesos de más de 141.000 euros, más de 56.000 y dos con más de 52.000. A todos estos no se les compensará el total que se les había regalado, sino solo la ayuda máxima de minimis: 50.000 euros.

Estos titulares de explotaciones, los que mayores cifras de reintegro tienen, y otros, hasta una suma de 1.296 deudores, es imposible conocerlos por la vía pública y de forma directa, al menos por ahora, debido a la falta de transparencia que se ha impuesto en la tramitación de esos fondos públicos, algo habitual e incluso recriminado por el Comisionado de Transparencia. Así es prácticamente en todo lo que hace referencia a las ayudas y subvenciones aprobadas para la reconstrucción de la isla de La Palma tras el volcán.

Aquellos casos, los de los cuatro expedientes que no cubren sus reintegros con la ayuda de minimis, son pocos pero bien conocidos en la isla (también otros con las cifras más abultadas del perdón), pues se trata de personas jurídicas con representantes muy presentes en actividades de organizaciones agrarias y patronales del sector platanero. La parte que esté por encima de los 50.000 euros de la cifra final del reintegro sí deberá ser reembolsada a la Consejería de Agricultura, acto administrativo que se resolverá a la vez que se acepte la ayuda de minimis. Habrá firma presencial en el caso de las personas físicas y tramitación por sede electrónica para las personas jurídicas, como se verá más adelante.

También ya se conoce que algún potencial beneficiario presentará su renuncia a participar en ese proceso, lo que significa que no aceptará la compensación y sí optará por formalizar el reintegro, algo que ha propuesto como solución más razonable, ética y legal la organización profesional agraria Palca-Unión de Uniones, la única que ha realizado esta apuesta.

Agricultura ahora se da mucha prisa

Tras estas primeras compensaciones, que se pretenden formalizar a partir de estos días, la Consejería de Agricultura deberá culminar una segunda fase (también en la citada disposición adicional), que es la que implica tener que compensar con el mismo regalo o muy parecido a los demás plataneros de la isla, los que no tuvieron el problema del reintegro, este concentrado en los 1.296 titulares con explotaciones plataneras en los cinco municipios con más afección del volcán: Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe.

La segunda fase beneficiará a algo más de 2.000 titulares de explotaciones localizadas en los otros nueve municipios de la isla (a los que se prevé que lleguen algo más de dos millones de euros, según primeras estimaciones), todos menos los previamente beneficiados por la compensación extra de renta de la campaña 2021-22, que fueron los radicados en aquellos cinco municipios. Estos suman casi 1.300 titulares de fincas, son los que debían reintegrar 3,5 millones de euros y serán los primeros en recibir el perdón.

Narvay Quintero avisa a los ‘premiados’

La Consejería de Agricultura ya ha informado a las entidades plataneras con agricultores en La Palma sobre “cómo va a ser la notificación individual de la orden de concesión de las ayudas de minimis previstas en la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre y de Presupuestos Generales de la CAC para 2026”.

Estas, como se ha indicado, son las ayudas perdón o los regalos dirigidos solo a aquellos titulares de explotaciones plataneras que percibieron un pago a cuenta (adelantado) en exceso, superior al real o al finalmente aprobado, dentro de los beneficiarios de los apoyos directos por pérdida de renta correspondientes a la campaña platanera 2021-2022 en La Palma (las fincas localizadas en cinco municipios de la isla, los más perjudicados por el volcán). Fue una medida arbitrada por los efectos negativos en ese cultivo de la erupción del Tajogaite (de septiembre de 2021), entonces desarrollada desde la Consejería de Agricultura con la socialista palmera Alicia Vanoostende al frente, la que fuera consejera en el periodo 2019-23. El problema se produjo al pagar adelantos según unas previsiones de compensación con diseño público que más tarde no se cumplieron (al cierre de la campaña), según la valoración final de pérdida de renta aplicada, que fue la realizada por el consorcio Agroseguro.

Ahora, tras CC forzar la inclusión de la citada disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (solo con la oposición frontal de NC), con esta muy discutida base legal, se ha procedido a la consumación de esos regalos, cuestión impulsada por CC en La Palma y solución administrativa gestionada desde la Consejería de Agricultura, ahora con Narvay Quintero de titular (AHI). Y esto se hace a través de la aprobación de ayudas de minimis a los plataneros amenazados con reintegros parciales de esa ayuda directa y especial por el volcán, la de la campaña 2021-22.

El citado perdón suma una cantidad global de 3,5 millones de euros (el valor total de los reintegros), fondos que, en menor cuantía general (porque hay reintegros de titulares, los menos -cuatro-, que son superiores al máximo de la ayuda de minimis, de 50.000 euros, y los que estén por encima de este umbral sí tendrán que devolver el resto no cubierto con esta compensación ad hoc), no tendrán que devolver los 1.300 beneficiarios (1.296, para ser exactos) de esta fórmula, solo en esta primera fase o parte inicial de la medida adoptada según la disposición adicional. El dinero público utilizado pertenece a fondos propios de la CAC.

Según la comunicación oficial ya remitida (esta semana) desde la Consejería de Agricultura a entidades plataneras de La Palma y a las organizaciones de productores de plátanos (OPP), información a la que ha tenido acceso este periódico digital, “la notificación de esas ayudas se va a realizar en la oficina de la empresa pública Gesplan en La Palma, la ubicada en la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 57, bajo [Los Llanos de Aridane], para así poder disponer de más personal ubicado en La Palma. Habrá personal de la Dirección General de Agricultura, de la Viceconsejería de Sector Primario y de Gesplan”.

En el contenido de ese correo electrónico, se indica que “el horario de atención al público será desde las 9.00 hasta las 13.30, y citaremos a la gente por días, sin horas concretas, para que se pasen en el horario mencionado a firmar la documentación, entre otra la aceptación de la ayuda de minimis. Dicha citación será por llamada telefónica. Esta notificación solo se va a realizar a las personas físicas. Las personas jurídicas serán notificadas por sede electrónica y deberán aportar la declaración responsable firmada por registro general mediante sede electrónica (…)”. Se trata de un diseño de entrega o aceptación de estas nuevas ayudas que se convierte en un alarde para evitar la transparencia.

La misma comunicación hace una serie de advertencias al beneficiario: “Cabe recordar que los interesados de la ayuda deben acudir con su DNI para poder ser identificados. Se les entregará la notificación de la orden [resolución de concesión individual, que no se ha publicado con acceso universal] acompañada del anexo individualizado. Asimismo, tendrán que firmar la declaración responsable que acompaña a la orden y un recibí de la notificación. Ambos documentos son necesarios para la efectividad de la ayuda”.

Luego, en su parte final, el texto trasladado por la Consejería recuerda a los receptores de las ayudas de minimis cómo se ha desarrollado todo este proceso para el perdón de los reintegros de subsidios cobrados de más por plataneros de La Palma con cargo a la campaña 2021-22 y anclados en las consecuencias del volcán.

Disposición adicional metida en la Ley de Presupuestos

Luego, ya se termina con esta redacción: “Como aclaración y para poder ayudarles a entender esta ayuda, la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, dice: Ayudas de minimis al sector platanero afectado por la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021.

1) La persona titular de la consejería competente en materia de agricultura concederá en el primer trimestre del año 2026 [va a ser en el tercero], previa modificación presupuestaria que resulte necesaria, una ayuda de minimis a quienes hubiesen sido beneficiarios de las ayudas por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021, correspondiente a la campaña 2021-2022, que obtuvieron un pago a cuenta en exceso una vez aplicada la fórmula del artículo 30.7 del Reglamento 702/2014, de la Comisión y de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícolas y forestales y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La cuantía de tales ayudas se corresponderá con el mismo importe del exceso resultante del pago a cuenta de las ayudas por pérdida de renta y hasta el límite [máximo de la ayuda de minimis de 50.000 euros] establecido en el Reglamento (UE) 2024/3118, de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024 y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

Aquellos beneficiarios de las ayudas en los que el importe de exceso del pago a cuenta por pérdida de renta supere el importe máximo de la ayuda de minimis [50.000 euros] concedida deberán reintegrar la diferencia previa tramitación del correspondiente expediente [esto explica que la cifra total compensada a través de las minimis sea algo menor -en algo más de 100.000 euros- a la suma de los reintegros: 3,5 millones de euros].

2) La concesión de la ayuda prevista en el apartado anterior no requerirá de aprobación del gasto, toda vez que tales importes se encuentran en poder de la beneficiaria.

3) Asimismo, se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura, previa tramitación de las modificaciones de crédito que resulten precisas, a conceder ayudas de minimis por la pérdida de producción producida en la campaña 2021-2022 al resto del sector platanero de la isla de La Palma [a unos 2.000 agricultores y en torno a dos millones de euros más, según las primeras estimaciones], como consecuencia de la erupción volcánica sufrida en esta isla en el año 2021 [al final se amplió a todos los productores palmeros, para evitar reclamaciones y denuncias y para buscar amplios consensos sociales y políticos en la isla].

4) La tramitación de estas ayudas no requerirá de la emisión del informe de la Dirección General de Asuntos Europeos“ [algo en lo que ha centrado su rechazo, entre otros asuntos, el grupo parlamentario NC].

El acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad de Andalucía despierta voces críticas con un pacto en el que se rechaza frontalmente a los niños migrantes y se refrenda el negacionismo climático, pese a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo mencionara como un factor determinante en el incendio de Almería. Frente a la prometida estabilidad de la vía andaluza, organizaciones, entes sociales y sindicatos piden una apuesta común por el reparto equitativo de recursos y no ceder en los derechos adquiridos. El documento de 150 puntos se divide en 15 secciones que abarcan desde la fiscalidad, la inmigración, a la familia, la cultura y el turismo o las leyes ideológicas, que despiertan dudas y preocupaciones entre distintos sectores.

El reparto de las 150 medidas da cuenta de la importancia que le otorga a cada sección los partidos conservadores, el Sector Primario (33 puntos), la Sanidad (29), así como Vivienda (14), Inmigración (12) y Fiscalidad (11), se llevan la palma, a lo que luego le seguiría Educación (diez), Energía, industria y empleo (nueve), Familia (ocho), Medio ambiente (seis), Cultura y turismo (cinco), Gasto superfluo (cuatro), Justicia (tres), Movilidad y Transporte (tres), Leyes ideológicas (dos), y, por último, el punto 150 referido a la Lealtad institucional y Comisión de seguimiento.

Vox, que ha rebajado el tono en las cuestiones relacionadas con el feminismo y el colectivo LGTBIQ+ a lo largo de esta campaña autonómica para encarar las generales con el mayor espectro posible de votos, ha puesto énfasis en la 'prioridad nacional' a través de la inmigración y, a su vez, en el campo andaluz como sus dos estandartes principales, aunque finalmente la consejería designada para el líder andaluz de la ultraderecha andaluza, Manuel Gavira, haya sido Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El campo andaluz será feudo del PP, con Ramón Fernández-Pacheco al frente, al igual que Sanidad, que confía Moreno a su gestor fuerte, Antonio Sanz, y la recién creada Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a cargo de Rocío Díaz. Tres áreas que, aún siendo baluarte de los populares, se someten a las exigencias de la ultraderecha.

Las políticas agrarias: “No hablan de la falta de rentabilidad”

“Es paradójico que algo más de medio millón de andaluces, que representan el 6% de la población, marque las políticas agrarias de los próximos cuatro años”, sentencia Jesús Cózar, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía. “Muchas de las medidas propuestas ya se están llevando a cabo, como las relacionadas con la competencia en materia de aguas o la instalación de balsas de agua, y hay otras que no le competen a la Junta de Andalucía, como las relativas a la PAC [Política Agraria Común]”, detalla, “y ninguna de ellas habla del principal reto del sector primario andaluz: la falta de rentabilidad de las explotaciones”.

Al respecto, considera que la Junta debería de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para desarrollar y aplicar la Ley de la Cadena alimentaria y proteger al eslabón más débil: el productor. “Se puede hacer mucho más para evitar el cierre de muchas plantaciones, pero no lo vemos, al igual que ocurre con el control de los productos que entran en nuestro territorio o, también, las exigencias en calidad”, asegura. En todo caso, rechaza el modelo de producción intensiva y extensiva: “Las pequeñas y medianas explotaciones somos las que evitamos la despoblación, la desertificación, los incendios, las que velamos por la sostenibilidad económica, social y ambiental, cosa que no ocurre con el modelo intensivo, donde los tenedores de la tierra son grandes fondos de inversión... Cuando no les salgan las cuentas, las pondrán en otra parte”, critica el representante de UPA.

Entre las medidas “positivas” está la reducción de tasas relacionadas con los trabajadores para ayudar a la productividad o, también, la implementación de productos locales en los comedores escolares y administraciones, una cuestión en la que, también, se venía trabajando. A su vez, da por buena la protección del suelo fértil para evitar la macroinstalación de placas fotovoltaicas, pero conllevará una importante discusión: “Nos topamos con la libre elección de cada ciudadano porque, una vez más, nuestros cultivos no son tan rentables como estos huertos solares”.

Un punto en el que Cózar contempla la mayor incongruencia del Gobierno andaluz es el negacionismo del cambio climático. “No lo entendemos. Somos el sector que está padeciendo directamente los problemas derivados del cambio climático, como en nuestras cosechas afectadas por golpes de calor, épocas largas de sequía, o las trombas de agua que han generado desperfectos que jamás habíamos visto. En abril alcanzamos los 40 grados, provocando la quema de la flor del olivo y mermando así las cosechas. El techo de nuestra fábrica es el cielo, y las consecuencias ya las estamos padeciendo”, razona, “que se evide la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo, donde se intenta paliar y mejorar un poquito uno de nuestros principales retos: no tiene sentido común”.

“Convierten derechos en privilegios”

Acerca de los derechos sociales que toca el acuerdo en el marco de la 'prioridad nacional', englobados en el apartado de inmigración y que señalan tanto el empadronamiento de las personas en situación irregular como el rechazo a la entrada de niños migrantes, Maribel Mora, abogada y miembro de la APDHA, indica que los recortes se han ido profundizando en las dos legislaturas anteriores. “Ya había exclusión en el acceso a la vivienda, abandono de familias migrantes y refugiadas, deterioro de los servicios sociales, así como recortes encubiertos en igualdad, memoria democrática o cooperación, y una gestión cada vez más restrictiva de los derechos sociales”, mantiene.

“Lo que hace Vox ahora es obligar al PP a escribir sobre el papel lo que, en muchas ocasiones, ya venían haciendo por la vía de los hechos: convertir derechos en privilegios y señalar a las personas más vulnerables como problema político y enemigos de la sociedad”, subraya.

Frente al alarmismo desperdigado por Vox, hay varios datos a poner sobre la mesa. Por un lado, el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, publicado por el Ministerio de Sanidad en mayo de este año, refleja que el uso del sistema sanitario sigue siendo mayor entre las personas nacidas en España (92,3%) frente a las personas nacidas en otro país (90,6%). De este último cómputo, un 92% corresponden a ciudadanos de la Unión Europea mientras que los latinoamericanos representan el 94,4% y los africanos un 85,2%. Además, se subraya que la reforma que recuperó el acceso universal para las personas en situación irregular se ha implantado a nivel autonómico de forma “desigual, perpetuando algunas situaciones de exclusión sanitaria”. “Esto nos afecta a todos como sociedad y deberíamos estar muy preocupados, porque Vox consigue normalizar a través de su bandera ideológica que hay vidas que merecen menos protección institucional y dignidad que otras”.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reflejaba en la memoria de 2024 sobre el Sistema de información de usuarios/as de servicios sociales (SIUSS) que de un total de 3.445.227 millones de usuarios, un 78,5% eran españoles (2.708.067 personas) y un 21,4% eran de otras nacionalidades (737.160 personas). En este último porcentaje, se repartiría de la siguiente manera: América Central y Sur (9,26%); Magreb (5,21%); Unión Europea (2,7%) y del resto del continente europeo (1,5%), a lo que le seguiría África subsahariana (1,04%). A su vez, las dificultades para el acceso a la vivienda se verán ahora redobladas por los requisitos de arraigo que podrían perjudicar tanto a los andaluces residentes en el extranjero que deseen volver a la comunidad como a los recién llegados, llegando a ser un 65% los que sufren estrategias de bloqueo.

De igual forma, la pensión no contributiva se distribuye a 471.309 en todo el país y, según el perfil de 2025 publicado por el Imserso, hay un 91,7% (432.157) que son nacionales españoles, mientras que un 8,2% corresponden a otras nacionalidades (un 2,26% es del resto de la Unión Europea y un 6% a otros países). A ello, habría que sumar que, de media, las personas extranjeras reciben hasta 4.000 euros anuales de media en Andalucía que un español (26.337 euros frente a 22.063 euros). Por tanto, expresa Mora, la 'prioridad nacional' “es una estrategia diseñada expresamente para criminalizar a estas mismas personas a las que se lanza a una mayor exclusión”.

Rebajas del IRPF

PP y Vox coinciden en la rebaja de impuestos. Una tesis que refuerzan a través de 11 puntos, entre los que destacan las deducciones de hasta 1.500 euros por nacimiento o adopción para fomentar la natalidad, así como el incremento del 50% para las familias numerosas. Pero también habrá una bajada progresiva del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, pero, ¿quién forma parte de esa escala? Los datos de la renta media por hogar de las declaraciones del IRPF de 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ayudaron a crear el mapa de elDiario.es.

En Andalucía, la renta media anual neta por hogar es de 32.378 euros, por debajo de la nacional que se sitúa en los 38.326 euros. A partir del mapa, se observa que por debajo y alrededor de esta cifra está el 50% de la población (un 32% tiene una renta media de entre 18.600 y 30.800 euros, mientras que el 18% oscila entre los 30.800 euros y los 34.000 euros). Por tanto, hay hasta seis tramos superiores, y más ricos, que se beneficiarían de esta bajada de impuestos, alrededor de un 42% de los hogares andaluces. Al respecto, Rafael Gelo, secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, critica que, citando las palabras del propio presidente andaluz en referencia a las propuestas de Vox en campaña, “se está engañando a los ciudadanos”.

“Las rebajas fiscales comprometen los presupuestos del 27 al 30, ya que es un cheque en blanco para la desigualdad y no explican cómo se va a financiar la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales si van a disminuir los ingresos”. Aparte, menciona el rechazo a la condonación de la deuda para Andalucía y la financiación autonómica como una pérdida de recursos para equilibrar las cuentas de la comunidad. “Con esta reducción, las rentas más bajas no se verán beneficiadas, porque, o no declaran sus ingresos al estar por debajo del mínimo o será un porcentaje prácticamente inexistente. Bajar el mismo tipo a las rentas más ricas va a perpetuar la brecha social”, subraya.

Por otra parte, ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones a tíos y sobrinos —siempre y cuando lo permita las normas de sostenibilidad financiera, admite el acuerdo— resulta beneficioso “de nuevo, a las clases sociales más acomodadas, ya que la mayoría de las personas trabajadoras no reciben herencias significativas y la eliminación de este impuesto lo único que hace es ayudar a las desigualdades de origen”. Con respecto al sector primario, si bien admite que los autónomos y las pequeñas explotaciones necesitan apoyo, esta reducción tendría que estar condicionada por el mantenimiento del empleo y la exigencia del cumplimiento de los convenios colectivos y derechos laborales. “Hay que cuidar el sector primario en Andalucía, pero seguimos manteniendo el principio de, quien contamina, paga, porque serán las familias quienes pagarán los sobrecostes sanitarios de la contaminación”, asevera.

Con relación a la eliminación de los topes de renta para la aplicación de deducciones autonómicas para las familias numerosas, el representante sindical incide en que “el número de personas no determina por sí solo que tengan riesgos de vulnerabilidad, y de esta forma lo que se consigue es que los hogares ricos reciban lo mismo que las familias mileuristas cuando, para ser justos, debería considerarse la renta, la situación laboral y de dependencia, entre otras cuestiones”. Así como pide que las medidas para recuperar la natalidad sea basada en una educación “pública y gratuita”, en vez de incentivos “injustos”.

En cuanto al punto relacionado con los sindicatos, que el acuerdo advierte que reducirá las subvenciones en un 50% tanto para ellos como para las organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, Gelo es claro: “Nos mantenemos gracias a las aportaciones de nuestros afiliados y, en cualquier caso, trabajamos diariamente y contribuimos al bienestar de Andalucía”. Voces críticas con este acuerdo que, a partir de septiembre, será la hoja de ruta del Gobierno andaluz durante los próximos cuatro años.

La Junta de Castilla y León ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves. El brote de Segovia se ha declarado este mediodía, según ha informado este jueves en su comparecencia de inicio de legislatura el consejero de Agricultura y Ganadería, Joaquín Antonio Pino.

El titular de Agricultura ha recordado que los servicios veterinarios autonómicos están “trabajando en el terreno y con rigor” ante esta enfermedad, que es “contagiosa, complicada y muy difícil de frenar”. “Creemos que ha venido por las aves silvestres, porque su secuenciación no coincide con la cepa de Valencia”, ha señalado ante las preguntas del portavoz de Vox en la Comisión parlamentaria, José Antonio Palomo.

La enfermedad de Newcastle no es transmisible a los humanos, pero sí puede suponer un incremento del coste económico del pollo y los huevos. Joaquín Antonio Pino ha recordado que la vacunación de las aves empezará a ser obligatoria en Valladolid y Segovia a partir del 1 de agosto yque esta obligación se extenderá a todo el territorio de Castilla y León a partir del 1 de septiembre.

El consejero ha asegurado que su equipo está en contacto diario con el Ministerio de Agricultura y con “reuniones permanentes” con el sector avícola. “Estamos preocupados. Es una enfermedad que va a costar un dinero a las arcas públicas, pero los ganaderos van a tener en tiempo y forma sus indemnizaciones y estamos reclamando al Ministerio esa lealtad para que pague el 50% de los gastos que nosotros vamos a adelantar”, ha reclamado Joaquín Antonio Pino.

La Junta de Castilla y León va a estudiar la posible autorización de silenciadores o moderadores de sonido en determinadas modalidades, circunstancias y actuaciones de control poblacional, una reivindicación del sector cinegéntico. En España actualmente está prohibida la compra y venta de silenciadores para los civiles, aunque estos tengan una licencia de armas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha garantizado que se regulará “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia de inicio de legislatura este jueves, en la que ha prometido una gestión “libre de ataduras ideológicas” y en la que tanto consejero como el portavoz socialista han coincidido en llamarse personas “normales”. “El medio natural debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las abstracciones ideológicas limitantes”, ha manifestado Joaquín Antonio Pino, que ha presidido Asaja Ávila desde 2008 y ha sido el vicepresidente autonómico entre 2021 y 2025.

El titular del área, elegido por Vox, ha cargado contra la Agenda 2030 y el acuerdo con Mercosur y se ha negado a que el medio rural sea “sometido a agendas globales distantes y perjudiciales”. También ha retratado a los agricultores y ganaderos como los “legítimos custodios” del ecosistema y ha rechazado que se contemple el medio rural como “un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado”.

“Tenemos las competencias importantes de Medio Ambiente”

Joaquín Antonio Pino ha apostado también por desarrollar una plataforma de precintos digitales para la caza mayor cuyo uso será “voluntario y sencillo” en lugar de obligatorio. Joaquín Antonio Pino también se ha comprometido a aprovechar la reintroducción del lince ibérico para “combatir las poblaciones de conejo de monte” en espacios que sufran daños agrícolas “crónicos”.

Pino ha destacado que su área gestionará directamente “la actividad cinegética, la ordenación de la fauna silvestre, la biodiversidad y el patrimonio natural”, aunque en realidad el patrimonio natural dependerá de Medio Ambiente, consejería del Partido Popular. “Hemos asumido prácticamente todas las competencias importantes de Medio Ambiente”, ha señalado al final de la comparecencia, que espera que también se les transfieran recursos humanos, económicos y presupuestarios en consonancia.

El PSOE ofrece un Pacto Rural

El portavoz socialista, Mario Rivas, ha ofrecido al consejero trabajar en un Pacto Rural para modernizar el sector agrario, la digitalización y el relevo generacional. El socialista también ha pedido al Ejecutivo autonómico que ejecute los fondos del Plan de Recuperación en materia agraria, puesto que tiene una ejecución del 23%, una cifra que ha desmentido el consejero.

El socialista también ha reclamado una agricultura “rentable” y ha recordado que hay “problemas estructurales”. “La ganadería necesita menos discursos ideológicos y más gestión”, ha reclamado Rivas, que ha preguntado al consejero de Vox si aplicará la 'prioridad nacional' también en el medio rural, teniendo en cuenta la importancia de los migrantes en el medio rural. “En el campo esas ofertas de empleo requieren de profesionales cualificados, y en la mayoría de los casos son esos migrantes, que llegan aportando mucho a nuestro territorio”, ha reiterado Rivas.

“No estamos en contra de la inmigración, pero de una inmigración regulada, como cuando aquí ha habido que emigrar: la gente iba con un contrato de trabajo y sabía que si la mangaba iba de vuelta para casa”, ha replicado Joaquín Antonio Pino.

El consejero ha acusado a la procuradora leonesista, Rosa María Quintanilla, de recurrir al “victimismo” después de ella pusiera el foco en la situación de la Región Leonesa. “Es sensato que reclamemos el impulso de medidas que discriminen en positivo a la Región leonesa”, ha insistido Quintanilla, que ha apostado por soluciones específicas para cada territorio.

Menos impuestos y a favor del silencio positivo

Joaquín Antonio Pino ha anunciado su intención de reducir burocracia y suprimir algunas tasas, como las de la industria alimentaria que gravan la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias radicadas en Castilla y León. Así, ha garantizado que en la próxima legilsatura se bonificarán los intereses de las líneas de préstamos preferentes avalados por la Junta para la incorporación de los jóvenes en la actividad agraria.

Además, el titular de Agricultura -con competencias en materia ambiental- quiere incorporar el silencio administrativo positivo en algunos procedimientos de evaluación ambiental. “No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa. Un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado indefinidamente por retrasos burocráticos ajenos al promotor”, ha agregado Pino, quien ha apostado por que la Administración no sea “un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico”.

Joaquín Antonio Pino se ha comprometido a aplicar de forma generalizada la declaración responsable en el campo “siempre que el ordenamiento jurídico lo permita” y evitarán las duplicidades documentales y reducirán la carga burocrática en los procedimientos, convocatorias, bases reguladoras y órdenes. El consejero solo ha dado un ejemplo concreto de estas declaraciones responsables, que se aplicarán a los artesanos alimentarios.

Equipo Veterinario de Emergencias

Pino ha apostado por crear un equipo veterinario de emergencia que pueda desplazarse de manera inmediata “a cualquier punto de la Comunidad” para apoyar a los servicios ordinarios ante brotes, alertas o situaciones complejas. El consejero de Agricultura, veterinario, ha prometido una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres antes de que termine el año, con lo que se espera “reducir drásticamente las obligaciones burocráticas”. También ha informado de que la Consejería ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves.

Concentración parcelaria y Ley Agraria

El consejero se ha comprometido a declarar 150.000 nuevas hectáreas de Utilidad Pública y a promover las concentraciones parcelarias supramunicipales, lo que permitirá recortar los plazos administrativos con un solo Estudio Técnico Previo, un Plan de Mejoras Territoriales y un Estudio de Impacto Ambiental.

También se han propuesto modificar de manera “profunda” la Ley Agraria para “simplificar radicalmente su tramitación administrativa y eliminar trabas burocráticas”. El Ejecutivo autonómico se ha propuesto sufragar algunos de los costes técnicos, tropográficos y de redacción de protectos de los promotores privados de la concentración parcelaria.

Puede que para los amantes del queso artesano esta noticia no les sorprenda, pero no deja de tener relevancia en el panorama gastronómico. La Gloria, el queso de leche cruda de cabra elaborado por José Miguel Ortega Suárez, de Gran Canaria, ha sido elegido como Mejor Queso de Canarias 2026 en el Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria(ICCA).

En esta edición participaron hasta 264 muestras procedentes de 85 queserías de todas las Islas Canarias, para competir por una de las seis categorías presentes. Entre las distinciones se encontraban: Mejor Queso de Canarias 2026, Mejor Queso Ecológico de Canarias 2026, Mejor Queso de Producción Limitada de Canarias, Mejor Imagen y Presentación 2026, Mejor Queso Popular de Canarias 2026 y Mejor Queso Infantil de Canarias 2026.

Las elaboraciones concursantes fueron sometidas a la valoración de un panel de especialistas que analizó distintos parámetros sensoriales durante las fases visual, olfativa y gustativa de la cata, atendiendo a criterios como la calidad, complejidad aromática, equilibrio y características propias de cada producción.

La Gloria, el Mejor Queso de Canarias 2026: así es la quesería de Gran Canaria premiada

El queso semicurado untado con gofio de La Gloria, que desde hace años elabora sus quesos en una cabaña ganadera de dos mil cabras majoreras, reunía todas esas características. Una quesería ubicada en el sur de Gran Canaria que gestionan José Miguel Ortega Suárez y Francisca Olga Pérez Navarro, quienes tomaron el relevo generacional tras una larga tradición familiar.

La leche cruda del ganado es la principal protagonista de sus elaboraciones y, en la actualidad, elaboran una media de 65.000 kilos de queso al año.

En 2021, además, también pegó otro pelotazo: ganar el premio a Mejor Queso de Canarias en el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2021, gracias a su queso untado con aceite de oliva virgen extra.

Premios Agrocanarias 2026: qué premios recibieron los quesos ganadores

Esta distinción les llevará a protagonizar un reportaje que se publicará en la página web del organismo autónomo.

Las producciones galardonadas podrán lucir durante un año el distintivo oficial del premio obtenido y formarán parte de las acciones de promoción y difusión impulsadas por el ICCA.

Además, todas las producciones admitidas a concurso tendrán cubierta la inscripción y los gastos logísticos para participar en dos de las principales citas del sector: el Campeonato Gourmets Quesos 2027, que se celebrará en Madrid, y los World Cheese Awards 2026, cuya próxima edición tendrá lugar en Córdoba.

En esta edición de los Premios Agrocanarias 2026 se concedieron un total de 66 galardones: 38 grandes medallas de oro, 22 medallas de oro y seis distinciones especiales. Gran Canaria lideró el palmarés con 22 reconocimientos, seguida de La Palma, con 16; Fuerteventura, con 14; Lanzarote, con 8; Tenerife, con 5, La Gomera, con 2 y El Hierro, con 1.

Los mejores quesos de Canarias en 2026

El galardón al Mejor Queso de Producción Limitada 2026 fue para El Minero, un queso de leche cruda de cabra con cobertura de ceniza y Penicillium candidum, elaborado por Melquiades Ancor Expósito Hernández en Tenerife. La pieza obtuvo también una gran medalla de oro en la categoría de quesos con presencia de moho en la superficie.

Por su parte, Aborigen, de Jenifer Santos Cabrera, ubicado en Tenerife, fue reconocido como Mejor Queso Ecológico de Canarias 2026 en la modalidad de leche cruda viejo de cabra.

El Mejor Queso Popular de Canarias 2026, elegido por un panel de consumidores integrado por alumnado y profesorado del CIFP Virgen de Las Nieves, en La Palma, recayó en La Candilera ahumado, de Moisés Carmona Fernández (DOP Queso Palmero), que además consiguió una gran medalla de oro en la categoría de queso curado de leche cruda de cabra.

El jurado infantil distinguió como Mejor Queso Elegido por el Jurado Infantil al Julián Díaz queso de cabra untado con aceite de oliva, de Arquema (DOP Queso Majorero), premiado también con una medalla de oro en la categoría de queso curado de leche pasteurizada.

Por último, La Ampuyenta, de Héctor Luis Cabrera González (DOP Queso Majorero), recibió el reconocimiento a la Mejor Imagen y Presentación 2026, además de una medalla de oro.

Grandes medallas de oro en los Premios Agrocanarias 2026

Entre las elaboraciones distinguidas con una gran medalla de oro figuran Las Cuevas ahumado y Las Cuevas untado con pimentón, de Félix Alberto Gil Rodríguez, de La Palma; Luna de Awara semicurado de cabra, de Lácteos Inlaka (DOP Queso Palmero); Filo El Cuchillo, de Quesería Filo El Cuchillo, en Lanzarote; El Roque, de Oliver Martín Hernández (DOP Queso Palmero); y La Gloria, de José Miguel Ortega Suárez, en Gran Canaria, todos ellos en la categoría de quesos semicurados de leche cruda de cabra.

También fueron premiados Maxorata de cabra untado con pimentón y Selectum de mezcla untado con pimentón, de Grupo Ganaderos de Fuerteventura (DOP Queso Majorero); Morales, de Juan Suárez e Hijos, en Gran Canaria, elaborado con leche de cabra, oveja y vaca y untado con gofio; y Vulcano, de Finca de Uga, en Lanzarote, en la modalidad de queso curado de leche pasteurizada.

La relación de grandes medallas de oro se completa con Julián Díaz de cabra untado con pimentón, de Arquema (DOP Queso Majorero); Guarapo Colombina de cabra ahumado, de Guarapo Colombina, ubicado en La Gomera; y Guatisea de cabra con hierbas provenzales, de Quesería Montaña Blanca, en Lanzarote, en la categoría de queso semicurado de leche pasteurizada.

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) afrontará este viernes una reunión con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para trasladarle su rechazo al sistema del Índice de Potencial de Propagación de Incendios (IPP), que marca el riesgo de incendios, desde el bajo hasta el extremo, y cuya aplicación, según denuncian, está “impidiendo” el desarrollo normal de la campaña de la cosecha en la provincia.

Además, la próxima semana mantendrán encuentros con representantes del PSOE, PP y Vox para exponer la situación del sector y reclamar cambios en la normativa.

La reunión con la titular de Desarrollo Sostenible llega después de una nueva concentración celebrada este jueves a las puertas de la sede de APAG, donde agricultores y representantes del sector volvieron a mostrar su oposición al IPP con pancartas en las que podía leerse el lema 'IPP, Incompetencia Política Permanente'.

El presidente de APAG, Juan José Laso, ha asegurado que los agricultores buscan que “desaparezca” este índice y que se sustituyan sus criterios por los de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al tiempo que ha reclamado que la maquinaria agrícola quede excluida de las actuales restricciones de la resolución de prevención de incendios.

“Llevamos este mes de julio más de diez días sin poder cosechar. Esto no ha pasado nunca ni en esta provincia ni en el resto de España”, ha afirmado Laso, quien ha sostenido que Guadalajara es “la única provincia” donde, a su juicio, estas limitaciones están impidiendo desarrollar la campaña con normalidad.

También ha explicado que, en condiciones normales, a estas alturas del mes la cosecha debería encontrarse entre el 90 y el 95% de ejecución, mientras que actualmente “estamos en un 50%”. A su entender, este retraso no solo provoca pérdidas económicas, sino que incrementa el riesgo conforme avanza el verano, ya que “cada día que se retrasa la cosecha el campo se vuelve más seco”.

Asimismo, ha insistido en que trasladarán estos argumentos a la consejera con la expectativa de que “entre con sentido común” y atienda las demandas del sector.

Posibilidad de movilizaciones

De no producirse avances, ha advertido de que las movilizaciones continuarán y podrían trasladarse nuevamente a las carreteras cuando se decreten jornadas con IPP extremo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores de Máquinas Cosechadoras (Atamaco), Félix Andrés, ha cuestionado el funcionamiento del IPP, al considerar que es un sistema “manipulable” que, según ha dicho, “no acierta” en la valoración del riesgo y ha reclamado igualmente su eliminación.

Andrés ha cifrado entre 500 y 700 euros diarios el coste que supone mantener parada una cosechadora, una situación que, según ha explicado, repercute directamente en la rentabilidad de las explotaciones y de las empresas de maquinaria agrícola.

Además, ha señalado que las medidas alternativas previstas por la Junta requieren un personal del que muchos profesionales carecen, lo que dificulta su aplicación. “Cada vez que tengo que parar me supone entre 500 y 700 euros. Es tiempo que no facturo y que no me repercute”, ha manifestado.

Durante la concentración también han participado agricultores afectados por las restricciones. Neli ha lamentado que las limitaciones estén alterando la organización habitual de la campaña y rechaza que se responsabilice de forma generalizada a la maquinaria agrícola del origen de los incendios, mientras que Joaquín ha defendido que sean los propios profesionales quienes determinen cuándo existen condiciones para cosechar y ha expresado su preocupación por las consecuencias que estas restricciones pueden tener sobre la cobertura de los seguros agrarios.

Según APAG, el objetivo de las reuniones previstas con el Gobierno regional y con los grupos políticos es lograr una modificación del actual sistema de restricciones para permitir el desarrollo de la campaña de siega sin las limitaciones derivadas del IPP.

La Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han señalado este miércoles que “el hundimiento del precio del Plátano de Canarias no ha sido un accidente ni una sorpresa”. Según estas organizaciones, era una situación “perfectamente previsible”, ya que cada verano el mercado peninsular reduce su consumo mientras aumenta la competencia de las frutas de temporada. A pesar de esa previsión, los responsables de la comercialización, denuncian, “han vuelto a enviar al mercado volúmenes superiores a su capacidad de absorción, provocando que miles de agricultores vendan por debajo de sus costes de producción”.

En su opinión, lo más grave es que este “desastre” podía haberse evitado, y explican que desde el nacimiento del racimo hasta su recolección transcurren un mínimo de entre doce y catorce semanas, “tiempo suficiente para conocer la producción prevista y planificar su comercialización”.

Palca y La Unión recuerdan que el Decreto 48/2018 atribuye precisamente a las Organizaciones de Productores la obligación de organizar la producción y adecuarla a las necesidades del mercado. Por tanto, deducen que si se dispone de esa información y, sin embargo, el resultado vuelve a ser el mismo, “el problema no es el mercado: es un fracaso de gestión”.

En este punto, señalan al presidente de ASPROCAN, quien, según estas organizaciones, sigue hablando de “aumentar la producción sin ser capaz de comercializar la que tenemos”.

Mientras los agricultores asumen todas las pérdidas, la distribución mantiene prácticamente sus márgenes comerciales y el consumidor apenas percibe una reducción del precio final, exponen, y recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria establece que la cadena de valor debe proteger al productor y evitar venda por debajo de sus costes.

Sin embargo, en el subsector del plátano esa protección sigue sin hacerse efectiva: “Los agricultores no pueden seguir pagando los errores de quienes fueron elegidos para defender sus intereses al más puro estilo de la democracia orgánica franquista, en esto no hemos avanzado. Quien dirige un sector tiene la obligación de anticiparse a los problemas, no limitarse a explicarlos cuando el daño ya está hecho. Si una misma gestión produce año tras año idéntico resultado, ha llegado el momento de asumir responsabilidades”, demandan.

Por ello, estas organizaciones exigen a los actuales dirigentes de ASPROCAN y de las Organizaciones de Productores de Plátanos que expliquen públicamente por qué no adoptaron las medidas necesarias para evitar una situación perfectamente previsible. “Y, si no han sido capaces de impedir que miles de agricultores vuelvan a vender con pérdidas, lo más responsable y digno es presentar su dimisión y permitir la incorporación de un nuevo equipo capaz de devolver la rentabilidad y la confianza al subsector”, concluyen.

Por otro lado, aluden también a la Consejería de Agricultura, que “tampoco puede permanecer impasible”, ya que debe “velar por el cumplimiento efectivo del Decreto 48/2018 y garantizar que las Organizaciones de Productores ejerzan las funciones para las que fueron creadas. Mirar hacia otro lado mientras desaparecen explotaciones agrícolas no puede seguir siendo una opción”.

Los representantes de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT) están llevando a cabo una serie de reuniones con entidades agrarias y sociales para consolidar la creación de un frente común en defensa de los usuarios de las aguas subterráneas de esta zona ante el próximo ciclo de planificación.

Así lo ha confirmado el presidente de Fergualt, Ángel Bellón, a través de un comunicado de prensa en el que ha explicado que han mantenido un encuentro en Tomelloso (Ciudad Real) con las organizaciones representativas AMFAR; Sepriman; Unión de Uniones de Castilla-La Mancha; COAG; Centro Independiente de Agricultores y Ganaderos de La Solana y la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla la Mancha, que se suma al que ya habían mantenido recientemente con representantes de Asaja, UPA y Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha.

Bellón ha argumentado que “el agua ha sido motor de la economía en el Alto Guadiana desde los años setenta del pasado siglo, consolidando el tejido socioeconómico de las poblaciones, por lo que una merma en el recurso, unida a una extinción de los derechos de riego, provocaría serios problemas socioeconómicos y de fijación de población”.

En esa línea, ante la constatación de que las medidas y actuaciones mantenidas en los tres ciclos de planificación transcurridos no han logrado objetivo alguno, han iniciado las acciones para conformar esta unión como la divulgación de sus objetivos y problemáticas; una recogida de firmas que avalen un manifiesto y el planteamiento de iniciativas legislativas.

El presidente de Fergualt ha destacado que “la unidad de todos los usuarios y usuarias del agua en el Alto Guadiana, particularmente de los regantes, es la mayor fuerza que se puede esgrimir tanto ante la sociedad en general, como ante las diferentes administraciones en aras a conseguir soluciones que permitan mantener el sector; fijar población y el acceso de los jóvenes a la agricultura”.

Para ello, demanda medidas como el aporte externo de recursos y la reutilización o la recarga, sin olvidar medidas de ahorro, control de extracciones y concienciación de que el agua es un recurso finito.

Por último, durante la reunión mantenida el martes han puesto de manifiesto su inquietud ante el planteamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en la última fase de la revisión del cuarto ciclo del Plan Hidrológico, que fijará las bases sobre las que se desarrollará la gestión hidráulica en los próximos seis años y que podrá suponer, si no son estimadas las alegaciones y sugerencias presentadas por las diferentes entidades, “un paso atrás en el Alto Guadiana”, ha señalado.

Esta Federación aglutina a las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas de Campo de Montiel; Campo de Calatrava; Consuegra-Villacañas; Mancha Occidental I; Mancha Occidental II, Sierra de Altomira y Lillo-Quintanar.

Cuenta con más de 50.000 aprovechamientos y usuarios de todos los usos, siendo el primordial el agrario y una superficie de regadío de unas 300.000 hectáreas en un ámbito geográfico de 15.500 kilómetros cuadrados.

Situado en el Valle del Río Verde, en la provincia de Granada, el pequeño municipio de Jete es conocido por su tesoro agrícola, prácticamente único en el continente europeo. Y es que la localidad, situada estratégicamente al sur de la Sierra de Almijara, destaca mundialmente por su producto estrella: la chirimoya con origen protegido. Se trata del único fruto de esta especie que goza de tal reconocimiento de calidad en toda Europa, convirtiendo a la región en todo un referente. Los campos pintan un paisaje verde intenso donde los árboles de Annona cherimola Mill encuentran su hábitat ideal para prosperar con gran fuerza.

La historia de Jete está ligada a este cultivo, que ha definido su economía y su identidad cultural. Se trata de un municipio que ha logrado conservar su estructura tradicional sin grandes impactos de construcciones modernas, ofreciendo tranquilidad y un silencio muy especial. El origen de este asentamiento se remonta a la época andalusí, siendo citado en el siglo XII por geógrafos árabes como una próspera alquería. Denominaciones como Set, Xet o Yeth, que significan orilla o ribera, daban pistas sobre su ubicación privilegiada junto al cauce del río que lo divide. Este pueblo morisco fue ocupado a partir del año 1573 por repobladores cristianos de diversas procedencias geográficas españolas. Curiosamente, parte del núcleo original permanece enterrado bajo una gruesa capa de limo depositada por las avenidas del Río Verde a través del tiempo.

De ese pasado milenario solo emergen hoy los muros de la iglesia vieja y el cementerio árabe, como testigos mudos de una historia milenaria. La estructura del municipio refleja cómo avanzan los tiempos, incorporando recursos actuales pero manteniendo siempre su fisonomía blanca de pueblo típico andaluz.

Aunque la chirimoya es originaria de los Andes en Perú y Ecuador, su presencia en las costas granadinas se remonta a hace cuatro siglos. Se dice que navegantes españoles la introdujeron tras descubrirla en el Nuevo Mundo, donde la denominaron originalmente como un manjar blanco exquisito. No obstante, el cultivo organizado en Jete comenzó hacia los años cuarenta del siglo XX, seleccionándose localmente la variedad denominada Fino de Jete. Este cultivar destaca por su autofertilidad, rusticidad y una alta productividad que lo convierte en la opción favorita de todos los agricultores regionales. Existen documentos antiguos que mencionan un paraje específico llamado El Chirimoyo, el cual albergaba la plantación más antigua de toda la zona.

La variedad actual representa casi el 100% de la superficie de cultivo en la Costa Tropical, siendo la más representativa mundialmente. El reconocimiento legal a esta excelencia agrícola llegó en 2002 con la creación de la Denominación de Origen Protegida. Posteriormente, en el año 2010, la Unión Europea inscribió este producto en su registro comunitario, otorgándole una protección jurídica única. Bajo el nombre oficial de Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga, esta certificación garantiza la calidad y autenticidad de cada fruto. España se ha consolidado gracias a Jete como el mayor productor mundial, superando en volumen a los países andinos de donde procede. La zona amparada incluye municipios granadinos como Motril, Salobreña o Almuñécar, además de algunas localidades de la vecina provincia de Málaga actualmente.

Este hito sitúa al pueblo en el epicentro de una industria que produce entre cuarenta y cinco mil y cincuenta mil toneladas anuales. La chirimoya producida en Jete se distingue por su piel verde clara y lisa, con pequeñas depresiones en forma de escamas muy características. Al abrir el fruto, su pulpa blanca y cremosa desprende un aroma delicado que anticipa un sabor dulce con matices de piña o mango. Nutricionalmente es considerada una superfruta por su alto contenido en vitamina C, fibra y minerales, superando incluso al plátano en estos aportes. Posee una particularidad importante: sus azúcares son de absorción lenta, lo que permite que sea tolerada por personas diabéticas según diversos estudios.

Además, es la fruta con mayor porcentaje de proteína que existe, siendo ideal para reponer energía de manera rápida y muy saludable. Su nombre procede del idioma quechua y significa semilla fría, haciendo honor a la frescura que ofrece al paladar en cada bocado. El éxito del cultivo en Jete es el resultado de un microclima subtropical único en Europa, protegido por las barreras naturales de las montañas. La Sierra de Almijara actúa como defensa contra los vientos fríos, mientras el mar ejerce un efecto termostato que regula las temperaturas. Esto permite que las mínimas anuales no suelan bajar de los once grados, proporcionando el calor necesario para que los árboles crezcan sanos.

La región dispone de inviernos muy cálidos y veranos suaves, condiciones ideales para especies exóticas que no prosperarían en otras latitudes del continente. El suministro continuo de agua del Río Verde y la calidad de los suelos bien drenados completan el escenario perfecto para esta agricultura. Esta combinación de factores geográficos y meteorológicos es lo que otorga a la chirimoya local su sabor y textura sin competencia exterior.

Promoción y consumo

La cultura de Jete está impregnada por este fruto, celebrándose eventos que buscan potenciar tanto su consumo tradicional como su aplicación en cocina. Un ejemplo destacado es la Feria de la Chirimoya Fino de Jete, donde se celebran concursos de recetas con profesionales de la restauración. En estas jornadas se presentan delicias como el ajoblanco de chirimoya o mousses refinadas que resaltan el delicado sabor y aroma del fruto. El Consejo Regulador trabaja para que este manjar tenga visibilidad en la alta cocina nacional, emulando la pujante gastronomía que existe en Perú. Las fiestas patronales en honor a la Virgen de Bodíjar en enero también coinciden con la época de cosecha, uniendo la devoción con la tierra.

En definitiva, Jete sigue siendo ese rincón sereno donde el tiempo transcurre lento entre bancales de frutales, pero con una clara proyección hacia la modernidad. La protección de la Denominación de Origen asegura que el esfuerzo de los productores continúe siendo el principal motor económico de un pueblo en el que destacan el blanco de sus casitas y el verde de sus internacionalmente conocidas chirimoyas.

La batalla por conseguir la dirección general de la Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas (FAO) empieza en Europa. La candidatura del ministro español de Agricultura, Luis Planas, para el principal puesto de la institución de la ONU tiene que superar relevantes obstáculos en una carrera ante rivales de la UE. Además de Planas, se presentan el italiano Maurizio Martina, exministro de Agricultura y actual subdirector general de la FAO, y el irlandés Phil Hogan, excomisario europeo de Agricultura y Comercio.

La FAO ha asumido en los últimos años una mayor carga geopolítica como han demostrado turbulencias internacionales como la crisis del pan en Túnez, pasando por la necesidad de abrir corredores seguros para la salida de cereales por el mar Negro desde Ucrania tras la invasión que perpetró Rusia; el papel de Moscú ante el desabastecimiento de África, ofreciendo a varios países africanos precios bonificados de cereales en un intento de ganar influencias; o el peso en la cadena alimenticia de los fertilizantes tras el cierre del estrecho de Ormuz en la reciente guerra de Irán.

80 años después de su creación, la FAO sigue sin conseguir cumplir su objetivo de acabar con el hambre en el mundo, que la crisis climática va a complicar aún más por los efectos de la elevación de las temperaturas sobre las cosechas y el efecto de la erosión de la tierra.

Con estos retos urgentes, el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando ya activamente para que la candidatura de Planas sea un éxito con los argumentos de la defensa del multilateralismo en un momento en el que Administraciones como la de Donald Trump tratan de desprestigiar estas instituciones, además del peso de España como potencia en la industria agroalimentaria (cuarto país de la UE y séptimo del mundo en exportación de alimentos) y su “respetada” posición internacional tanto en África, como en Latinoamérica y Asia.

Si algo enseñó la candidatura frustrada del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos al mismo puesto, que se presentó solo seis meses antes de las votaciones, es que es necesario una campaña para sumar adhesiones durante varios meses para conseguir la victoria. La FAO la componen 193 países y el voto vale igual para Andorra como para China.

La UE quiere un candidato único europeo

La Unión Europea está interesada en que se presente un único candidato europeo, de hecho, durante la presidencia rotatoria de la UE, que le tocó a Chipre, se intentó consensuar una candidatura única, pero fue imposible. El último director general europeo de la FAO fue el neerlandés Addeke Hendrik Boerma, quien ocupó el cargo entre 1967 y 1975.

El Gobierno español, que respalda la propuesta de la candidatura única, también trata de plantear que tras la primera vuelta de las votaciones los candidatos europeos menos votados se replieguen dando paso a un único candidato europeo. Es otra de las lecciones de la candidatura de Moratinos, ya que el austriaco Franz Fischler mantuvo su candidatura pese a que en la primera vuelta logró menos apoyos que el exministro español, que perdió contra el brasileño José Graziano da Silva por solo cuatro votos. Se sabe que dos de esos votos fueron de países europeos.

En esta pugna europea, Planas tiene un obstáculo de carácter político con uno de los candidatos. El irlandés Phil Hogan se está presentando como el contendiente del Partido Popular Europeo, que es la familia política que ostenta más gobiernos en la Unión Europea, pero además cuenta con el respaldo público de Francia, país que tiene un fuerte peso en la política agraria de la UE.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Agricultura apuntan que la candidatura de Hogan no parece tener apoyos suficientes, ni siquiera por parte del Ejecutivo irlandés, que ahora ostenta la presidencia rotatoria de la UE, y ha optado por inhibirse por una cuestión de neutralidad. Además, el candidato irlandés tiene en su historial una tacha, ya que tuvo que dimitir como comisario europeo cuando se descubrió que había participado en agosto de 2020 en una cena de gala con unas 80 personas en el Condado de Galway, incumpliendo la cuarentena y las normativas de viaje por la pandemia del COVID, que estaban entonces vigentes en Irlanda.

Fuentes del Gobierno apuntan que el otro candidato, el italiano Maurizio Martina, ya tiene un cargo en la FAO, es director general adjunto, y recalcan que es la propuesta del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que cuenta con menos simpatía a nivel internacional.

España pelea por varios cargos internacionales

Otro obstáculo al que se tendrá que enfrentar Planas es el compendio de cargos internacionales a los que aspira España. Además de la dirección de la FAO, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se está moviendo para aspirar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otro organismo de la ONU, aunque no cuenta con el respaldo de la parte socialista del Ejecutivo. Pero, sobre todo, las aspiraciones de España por lograr un puesto como el de presidente del Banco Central Europeo, para el que se ha postulado el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, puede entorpecer la carrera de Planas en el juego de favores entre países para acceder a los puestos relevantes de decisión a nivel internacional.

Incluso si Planas consiguiera ser el único candidato europeo, se tendría que enfrentar a otros candidatos no europeos que son Mehmet Mehdi Eker, exministro de Agricultura de Turquía, y Josefa Sacko, embajadora de Angola en Italia, aunque si se logra en consenso europeo, tendría muchas posibilidades de ganar.

Todavía queda un largo recorrido, ya que la presentación oficial de candidaturas se alarga hasta noviembre de este año y las elecciones serán la última semana de junio de 2027. Pero el Gobierno español no quiere caer en los mismos errores que se cometieron con Moratinos y se tiene plena confianza en el perfil profesional y la carrera política de Planas, uno de los cuatro ministros que han acompañado a Pedro Sánchez desde que accedió a la presidencia del Gobierno.

Todo apunta a que la del 2026 va a ser una buena campaña de melón y sandía en La Mancha. El calor, contrario a lo que ocurre con otras producciones, beneficia tanto a la maduración de estas dos frutas veraniegas como al crecimiento del consumo.

Según los datos del presidente de la Interprofesional del Melón y la Sandía de La Mancha, José Ángel Serrano, “aparentemente toda va bien, porque las otras regiones están cumpliendo con lo previsto, Almeria prácticamente ha terminado, Murcia está en plena campaña y nosotros, conforme está viniendo el tiempo con estas altas temperaturas, empezaremos a cosechar sobre el 15 al 20 de julio”.

Parece, según señala, que este año no va a haber solapamiento de campañas entras las distintas zonas productoras como paso en el anterior, que fue “desastrosa”, según Serrano.

El tiempo este año “ha venido de cara”, las lluvias de la primavera han beneficiado al campo, “cayeron cerca de 400 litros por metro cuadrado y eso hizo que muchos agricultores se animaran a plantar porque, tengo que recordar que desde que tenemos estadísticas no tuvimos un año tan malo como el año pasado, mucha gente se retiró; algunos, sin embargo, se han animado a plantar por estas lluvias, sino la cosa hubiera estado mucho más floja”.

Así, según las previsiones, todo parece indicar que la cantidad se mantendrá en la media de un año normal, algo menos que el pasado cuando se produjo un aumento de la superficie plantada y, por tanto, de la producción.

“Volvemos a la normalización de hace 3 o 4 años en superficie, con un incremento de la sandía”. Según las tendencias del mercado, aumenta el consumo de la sandía y baja el del melón, asegura el presidente de la Interprofesional, porque están cambiando los gustos del consumidor también debido al aumento de las temperaturas: “Siempre ha hecho calor, pero ahora tenemos una realidad que es el cambio climático, y ese punto de casi dos grados más de temperatura beneficia al consumo de sandía, que tiene más agua y es más refrescante”.

El calor beneficia a la demanda de estas dos frutas manchegas en general, si suben las temperaturas aumenta las ventas tanto en España como en el resto de Europa: “Dependemos mucho de demanda y oferta pero necesitamos calor”, asegura José Ángel Serrano.

Y la calidad también se va a ver beneficiada por las altas temperaturas. “Aunque sea un tópico, cuanto más calor hace mejor se terminan de hacer los melones, la calidad va a venir muy bien si no se estropea el tiempo”.

También los precios parece que acompañan este año, ya que aunque el melón no había perdido precio la sandía sí se había hundido ligeramente pero “se está recuperando, y el melón tiene precios aceptables, estamos hablando que por lo menos va por encima de los costes”, ha asegurado.

El cultivo de la remolacha azucarera en Álava atraviesa una crisis profunda que puede llevar al sector a la desaparición total. En estos momentos sólo hay operativas 34 explotaciones para este cultivo, frente a las 93 que había en 2020. Es decir, se han perdido dos tercios de las explotaciones en pocos años, según se desprende de una información remitida por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural Agricultura y Pesca al Parlamento Vasco a petición de la parlamentaria del PP Ana Morales. Esta disminución de explotaciones supone que la producción ha pasado en esos seis años de 1.104,94 toneladas a sólo 466,66 a 31 de mayo de este año.

“Hay una estrategia de la industria azucarera de ir minando al sector hasta prácticamente hacerlo desaparecer”, señalan fuentes del sindicato agrario UAGA, que señala que entre sus asociados ya no hay cultivos de remolacha dedicada al azúcar y se están buscando alternativas para estas tierras. Este año se ha sembrado, por ejemplo, girasol, y se están haciendo ensayos para buscar cultivos alternativos de cebolla y de maíz para consumo.

El motivo de esta crisis que está llevando al sector casi a la desaparición hay que buscarlo en el cambio de las condiciones planteadas por la industria azucarera, denuncian desde el sector. Los agricultores alaveses vendían su producción mayoritariamente a la empresa Azucarera, propiedad desde 2009 de British Sugar, filial de Associated British Foods (ABF), el mismo que es dueño de Primark. Ahora, aseguran, están inundando sus fábricas de azúcar de caña, procedente de países hispanoamericanos, poniendo condiciones imposibles de aceptar para los agricultores alaveses por falta de rentabilidad. “No podemos cultivar en pérdidas”, señalan.

En principio, la producción de la remolacha azucarera se destinaba a la fábrica de Miranda de Ebro, pero la empresa ha decidido dedicarla a labores de refino de azúcar de caña. Se empezó a llevar la producción desde Álava a las fábricas de la empresa en Toro y en La Bañeza, y, aunque en principio la compañía asumía el coste del transporte, el año pasado “ofrecieron unos precios totalmente inviables”, en los que el agricultor tenía que asumir hasta el 70% del coste del transporte, señalan desde UAGA. “Es un cultivo con mucho trabajo y muchos costes de producción y entonces la gente decidió no volver a sembrar”, ya que cultivar supondría una pérdida de “más de 1.000 euros por hectárea”, indican.

Los pocos agricultores que siguen cultivando remolacha azucarera son “agricultores individuales o parte de los que llegaron a un acuerdo hace tiempo con la cooperativa Acor”, ubicada en Valladolid, y desde UAGA lamentan que ese cultivo esté perdiéndose en Álava.

Según la información que se ha trasladado al Parlamento Vasco, el descenso más significativo a lo largo de estos seis años se ha producido en la cuadrilla (comarca) de Vitoria, donde han pasado de 36 a 12 explotaciones, es decir, han perdido 24. Le sigue la zona de Añana, con 17 explotaciones menos, tras pasar de 20 a 3. La Llanada Alavesa ha pasado de 28 a 17 y la Montaña Alavesa no tiene ninguna explotación tras perder seis. Finalmente, en las Estribaciones del Gorbea han pasado de tres a dos explotaciones.