La horchata valenciana está estrechamente vinculada al cultivo de la chufa, un tubérculo cuya presencia se remonta a épocas muy antiguas. Según la página del Consejo Regulador de la DO Chufa valenciana, “la cultura islámica hizo expandir el cultivo de la chufa en las áreas mediterráneas de la actual Comunidad Valenciana, existiendo constancia por escrito que en el siglo XIII ya se consumía ampliamente una bebida refrescante llamada llet de xufes, sin duda alguna antecedente de la actual horchata (orxata)”.

La historia de la chufa comienza mucho antes. De hecho, como se cuenta en el apartado Historia de la propia página de DO de Chufa, su cultivo “se remonta a épocas bastantes lejanas de la historia del hombre, habiéndose constatado la presencia de sus tubérculos en sarcófagos y tumbas egipcias de las primeras dinastías (Serrallach, 1927)”. También aparece mencionada en textos persas, árabes y chinos (algunos de sus autores, incluso recomendaban “la bebida de su zumo como estimulante del apetito, tranquilizante y para conseguir el bienestar general (Dragendorff, 1898)”).

De Egipto a Valencia

Desde Egipto, el cultivo de la chufa se extendió por el norte de África y llegó posteriormente a la península ibérica junto con las oleadas islámicas de la Edad Media. Entre los factores que favorecieron su expansión se encontraban la popularización de bebidas no alcohólicas y el reconocimiento de determinadas propiedades medicinales asociadas tradicionalmente a este tubérculo.

Ya en el siglo XVI, el médico Andrés Laguna mencionaba usos relacionados con molestias digestivas, según cuenta la misma web de la DO: “adscribía a los tubérculos de chufa propiedades adecuadas para combatir las inflamaciones de las vías respiratorias y algunas molestias estomacales. La tradición popular valenciana considera a la horchata de chufas como un remedio eficaz frente a trastornos diarréicos”.

Además, la tradición popular valenciana ha considerado durante generaciones la horchata de chufa como una bebida asociada al bienestar y al consumo refrescante. Las referencias históricas muestran que el cultivo estaba plenamente asentado en tierras valencianas hace siglos. Cavanilles, a finales del siglo XVIII, describía la presencia de plantaciones de chufa en localidades como Alboraia y Almàssera, donde se dedicaban numerosas parcelas a este cultivo.

La relación entre la chufa y la horchata ha llegado hasta nuestros días convirtiéndose en uno de los rasgos más característicos de la gastronomía valenciana. Una tradición agrícola e histórica que sigue vinculando esta bebida con un territorio muy concreto y con una forma de cultivo que hunde sus raíces en siglos de historia.

La ruta para descubrir cómo se cultiva la chufa valenciana

Cuentan en el artículo que el cultivo de la chufa también puede conocerse sobre el terreno a través de la huerta valenciana. Entre marzo y mayo es posible visitar las zonas próximas a la Universitat Politècnica y los términos de Alboraia y Tavernes Blanques, donde tiene lugar la plantación de una nueva campaña. En esas fechas ya ha concluido la recolección anterior y la chufa se encuentra secándose en las tradicionales «cambras», por lo que es posible observar simultáneamente distintas fases del proceso.

Semanas después de la plantación, el tubérculo germina y desde mediados de junio la parte aérea de la planta se desarrolla plenamente. En este periodo también pueden verse parcelas regadas mediante el tradicional sistema de riego a manta, característico de la huerta valenciana. La red de acequias, de origen romano y ampliada posteriormente durante la época islámica, sigue distribuyendo el agua entre los cultivos.

Otro de los momentos más singulares llega a partir de noviembre, cuando comienza la quema de la parte aérea de la planta antes de la recolección. Como la recogida se realiza de forma escalonada, durante estas semanas pueden verse parcelas en distintas fases del proceso. También es posible conocer el lavado de la chufa, que se lleva a cabo en instalaciones situadas en Alboraia y Valencia. La ruta permite además descubrir algunos de los elementos más característicos del paisaje agrícola valenciano, como las alquerías, las ermitas, las barracas tradicionales y las casas de labranza que todavía se conservan dispersas por la huerta.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recibido la notificación del auto dictado por el órgano judicial competente que homologa el acuerdo alcanzado entre las partes tras la liquidación de la antigua Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas.

Con esta resolución, explica este departamento, “se declara finalizado el procedimiento y se da cumplimiento a las decisiones judiciales firmes previamente dictadas”.

El auto, además de homologar el acuerdo entre las partes, supone la culminación del proceso de recuperación institucional de la Denominación de Origen (DO) Valdepeñas y “hace posible avanzar hacia un funcionamiento plenamente normalizado de esta entidad”, señala Agricultura.

Tras la disolución de la anterior interprofesional en 2021, la gestión de la Denominación de Origen fue asumida de forma transitoria por la Administración regional para garantizar su continuidad.

En 2025 se creó InterValdepeñas que asume los activos

Fue el año pasado cuando se alcanzó un acuerdo que permitió la creación de la nueva Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas (InterValdepeñas), recuperando la unidad y el consenso en torno a esta denominación. Asimismo, su reconocimiento oficial a finales de ese mismo año consolidó jurídicamente su papel como organización representativa del sector.

En ejecución del anterior auto judicial, queda acreditado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aceptó en calidad de depositaria, la totalidad de los activos de la extinta asociación interprofesional y que dichos bienes han sido ahora cedidos a InterValdepeñas como entidad destinataria final y así consta en este último auto.

De esta manera, se completa el proceso de restitución patrimonial y organizativa de la Denominación de Origen.

Asimismo, se establece que los bienes deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de los fines propios de la interprofesional, garantizando su uso conforme al interés general del sector vitivinícola.

Para la Consejería del ramo, “la efectiva cesión del patrimonio supone la culminación de un proceso de normalización institucional demandado por el sector, que permite superar la etapa anterior y dotar de nuevo a la Denominación de Origen de un órgano de gestión propio”.

Con esta decisión, se consolida InterValdepeñas como la única entidad representativa y operativa de la DO Valdepeñas. Será la encargada de la defensa de los intereses de viticultores y bodegas, así como de la gestión, promoción y protección de los activos de esta Denominación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha cree que se abre así una “nueva etapa basada en la estabilidad, la seguridad jurídica y la unidad del sector, elementos esenciales para reforzar el posicionamiento y prestigio de los vinos de Valdepeñas”.

Un hombre de 76 años ha perdido la vida este jueves tras el vuelco de un tractor en una finca situada a la entrada del municipio de Valverde (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha recibido a las 9.41 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y un helicóptero medicalizado.

Pico Cho Marcial Tinto y Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce, elaborados por la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar (Tenerife) bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP Islas Canarias) y la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona (DOP Abona) han sido elegidos como el Mejor Vino de Canarias 2026 ex aequo.

Así lo ha decidido el jurado del Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, certamen que ha otorgado 71 premios entre distinciones y medallas, según ha informado este jueves en un comunicado su organización.

En este concurso, celebrado los días 13 y 14 de mayo en El Hierro y el 19 de mayo en Tenerife, participaron 251 producciones de 65 bodegas, 24 más que el pasado año.

Entre los 71 premios otorgados este año se incluyen 33 Grandes Medallas de Oro y 33 Medallas de Oro, además de las cinco distinciones especiales: Mejor Vino de Canarias, Mejor Vino Ecológico de Canarias, Mejor Vino elegido por Enólogos y Enólogas, Mejor Imagen y Presentación y Mejor Elaboración de Vermut de Canarias, principal novedad de esta edición.

En esta convocatoria han estado representadas diez de las once Denominaciones de Origen Protegidas del Archipiélago: Islas Canarias, con 62 muestras de trece empresas; Abona, con 51 de seis bodegas; Tacoronte-Acentejo, con 35 producciones vitivinícolas de once productores; La Palma, con 27 producciones de ocho bodegas; Gran Canaria, con 24 productos de cinco bodegas; Lanzarote, con 17 muestras de nueve empresas; El Hierro, con 12 vinos de cinco empresas; Valle de Güímar, con 10 muestras de dos bodegas; Valle de La Orotava, con 7 productos de tres empresas; y La Gomera, con 6 vinos de tres firmas.

La DOP Abona se alzó con veinte galardones; la DOP Islas Canarias, con diecisiete; la DOP Valle de Güímar, con ocho; la DOP La Palma, con siete; la DOP Tacoronte-Acentejo, con seis; la DOP Lanzarote, con cinco; la DOP El Hierro, con tres; la DOP Gran Canaria, con dos, y las DOP Valle de La Orotava y DOP La Gomera cerraron el concurso con una producción premiada cada una.

Pico Cho Marcial es la marca original de la SAT Viticultores Comarca de Güímar, que, fundada en 1989 por un grupo de 15 viticultores, fue la primera empresa en elaborar un vino embotellado propio de la comarca. En la actualidad, la bodega es propiedad de 152 familias que practican una viticultura heroica, con viñas en fincas situadas hasta los 1.500 metros de altitud, en terrazas de difícil acceso, no mecanizables y, en algunos casos, sin riego.

Producen cerca de 250.000 kilos de uva al año y elaboran vinos que han recibido varios galardones a nivel nacional e internacional; entre ellos, su Brumas de Ayosa Tinto, que se alzó con la mención especial de Mejor Vino de Canarias 2025.

En este sentido, Pico Cho Marcial tinto destaca por su color rojo con tonos violáceos, sus aromas varietales con recuerdos frutales y un perfil de sabor equilibrado entre sus taninos finos, el alcohol y su acidez. Se elabora con uvas muy maduras maceradas a 27ºC durante diez días para extraer sus características identitarias y se mantiene embotellado tres meses para lograr su ápice aromático y gustativo.

Por su parte, la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona lleva en activo desde 1988 como respuesta al deterioro del sector vitivinícola de la zona en la época. Hoy en día, cuenta con más de 700 socios viticultores y viticultoras y con unas instalaciones amplias y modernas para elaborar unos productos que están marcados por un clima subtropical suave, un gran número de horas de sol y la presencia de los alisios.

Concretamente, Flor de Chasna Naturalmente Dulce posee un color amarillo intenso con destellos dorados y un aroma amielado que evoca confituras de uvas maduras y minerales. Es una elaboración con mucho cuerpo y de textura suave y untuosa, con un sabor potente y concentrado que se obtiene a partir de la sobremaduración de la uva.

La distinción de mejor Vino Ecológico de Canarias la obtuvo Tagalguen, de Juan Jesús Pérez Adrián (DOP La Palma), en la categoría blancos tranquilos producidos en la vendimia 2024-2025, producción que obtuvo además una Gran Medalla de Oro; mientras que la de Mejor Vino elegido por Enólogos y Enólogas fue para Brumas Blanco sobre Lías, de la S.A.T. Viticultores de la Comarca de Güímar (DOP Valle de Güímar), participante también en la modalidad de vinos blancos tranquilos producidos en la vendimia 2024-2025 y premiado además con una Gran Medalla de Oro. Este reconocimiento lo concede un panel compuesto por profesionales que representan a cada DOP y a la Asociación de Enólogos de Canarias.

Asimismo, la distinción de Mejor Elaboración de Vermut de Canarias recayó en Vermut Premium Gallo Rojo, elaborado por Gallo & Quíquere Wines (DOP Islas Canarias), mientras que la de Mejor Imagen y Presentación se concedió a Gallo Malvasía Aromático y Marmajuelo, producción también de Gallo & Quíquere Wines, en este caso de la categoría de vinos blancos tranquilos producidos en la vendimia 2024-2025.

Representantes de las organizaciones Asaga, Asinca, Asocan, Asprocan, COAG, Fedex, Palca, Tropican y UPA, todas con vinculación canaria en actividades de producción local, transformación e importación con ayudas del REA (mecanismo de apoyo que pertenece al Posei), han reafirmado en una reunión reciente la necesidad de que el programa comunitario Posei, con ficha financiera total de 268,4 millones de euros anuales (141,1 millones van al cultivo del plátano) continúe siendo un mecanismo autónomo, con financiación europea específica y suficiente para las islas, y plenamente vinculado al reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica (RUP).

Esta defensa integrada y sin fisuras de ese programa comunitario, en su versión actual, la vigente en 2021-27 (esta ficha financiera ya salvó un recorte propuesto por la Comisión Europea del 3,9%) pero con adaptaciones presupuestarias al alza, si fuera posible, responde a que hay una propuesta de la Comisión Europea para que en el nuevo septenio presupuestario de la Unión Europea (UE), el de 2028-34, ahora en fase de negociación, los Posei, entre ellos el canario, pasen a formar parte de los planes nacionales de los Estados miembros.

Esa posibilidad ha generado una profunda preocupación en los sectores agrario y agroindustrial de las islas, ya que, según se recoge en una nota de prensa conjunta de las mencionadas entidades, “pone en riesgo la singularidad del programa y debilita las garantías esenciales para compensar las desventajas estructurales derivadas de la ultraperiferia”.

El consenso alcanzado entre las citadas organizaciones profesionales agrarias y patronales subraya que “el mantenimiento de un Posei independiente, dotado de un refuerzo presupuestario que refleje la evolución de los costes de producción [con mejora de la ficha financiera] y las necesidades reales del sector, es fundamental para asegurar la viabilidad de la actividad agraria y agroindustrial de Canarias”. Esta postura, aseguran, “se fundamenta en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce la realidad específica de las regiones ultraperiféricas y establece la obligación de adoptar medidas adaptadas a sus singularidades”.

Además, plantean que la defensa del actual Posei “adquiere especial urgencia en un momento en que las instituciones europeas negocian el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Las presiones sobre el presupuesto agrícola comunitario, combinadas con tendencias hacia la renacionalización de determinadas políticas de cohesión, hacen de esta reunión [sectorial] un hito especialmente relevante para el futuro del campo canario”.

Desde su puesta en marcha, el Posei comunitario, más el llamado Posei adicional (ayudas de Estado que suman al año unos 30 millones de euros), ha permitido compensar parcialmente los sobrecostes que soportan los agricultores y la agroindustria canaria frente a sus competidores continentales.

Solo en Canarias, el programa financia anualmente ayudas directas a los productos agrícolas y ganaderos, así como el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) de materias primas y productos transformados [unos 62 millones de euros al año, en estos momentos, pero con un máximo posible de 72,7 millones], lo que explica la presencia de Asinca, entre otros. “Su desaparición o dilución en un esquema nacional supondría trasladar al productor canario costes de producción que el territorio impone de forma estructural e irreversible”, se señala en la nota.

Pedro Sánchez y el ministro canario en Madrid

Como resultado de la citada reunión, las organizaciones acordaron impulsar una serie de actuaciones dirigidas tanto a las administraciones públicas como a la sociedad canaria, que son:

-Solicitud urgente de reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el fin de alinear una postura común en defensa de los intereses de Canarias ante las instituciones europeas.

-Puesta en marcha de acciones de movilización y sensibilización social sobre la importancia estratégica del Posei para la economía, el empleo, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria de las islas.

-Articulación de una estrategia conjunta que garantice la preservación del estatus diferencial de las RUP en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE.

Los representantes del sector además hicieron un llamamiento a la unidad de las instituciones, organizaciones económicas y sociales y del conjunto de la ciudadanía canaria. A su vez, reiteraron su compromiso “de trabajar de forma coordinada para defender un instrumento que consideran esencial para el futuro del sector primario, de la industria agroalimentaria y del desarrollo equilibrado del archipiélago”, según se indica en el comunicado.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha destinado un total de 2.831.946,88 euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation, a fomentar la incorporación de nuevas tecnologías en el sector agrícola y ganadero riojano, en el marco del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería.

A través de la primera convocatoria de ayudas se apoyaron proyectos presentados por 60 beneficiarios, con una financiación total de 1.326.226,04 euros. Posteriormente, la segunda convocatoria fue resuelta con un importe de 1.190.584,73 euros. De las 97 solicitudes que cumplían los requisitos establecidos, 54 expedientes fueron subvencionados íntegramente, quedando una lista de espera de 42 solicitudes.

El cumplimiento de los objetivos de ejecución por parte del Gobierno de La Rioja permitió acceder posteriormente a fondos extraordinarios procedentes de remanentes no ejecutados por otras comunidades autónomas. En concreto, un total de 470.322,22 euros que ha hecho posible atender todas las solicitudes incluidas en la lista de espera y que cumplían los requisitos exigidos.

Entre las actuaciones financiadas destacan 113 adquisiciones de equipos de agricultura de precisión y 59 inversiones destinadas a la adaptación de equipos ya existentes. Las inversiones subvencionadas incluyen tractores, abonadoras, sistemas de autoguiado y equipos de aplicación de fitosanitarios y fertilizantes de dosificación variable de última generación, que contribuyen a modernizar las explotaciones agrarias y ganaderas mediante un uso más racional, preciso y sostenible de los recursos e insumos.

En total han sido 117 los agricultores y ganaderos riojanos que finalmente se han beneficiado de estas ayudas adquiriendo hasta 172 unidades de maquinaria de precisión, tecnologías 4.0, así como inversiones en eficiencia energética y energías renovables, donde destacan los equipos de aplicación de productos fitosanitarios (27 %), los tractores (23 %) y los autoguiados (20 %). 

Por tipología de inversión, entre otras, destacan 4 actuaciones dirigidas a la mejora de la gestión ganadera; 67 orientadas a la reducción del uso de productos químicos, como fertilizantes y fitosanitarios; 9 destinadas a disminuir la erosión en las labores de siembra y trabajo del suelo; una relacionada con el control de trazabilidad y calidad en la recolección; y 31 enfocadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de combustible.

La cooperativa de segundo grado Coplaca, organización de productores de plátanos (OPP), facturó 161 millones de euros en 2025 por la venta de esta fruta. Ese ingreso total se produjo tras comercializar al por mayor a través del grupo Eurobanancanarias, en el que algunos de los socios de la primera entidad participan a través de la mercantil Coplaca de Inversiones, la cantidad de 115 millones de kilos de plátanos. Ello conduce a que el precio medio de venta al por mayor y en verde, que no es el percibido por el agricultor, fuera de 1,4 euros por kilo.

Esa cooperativa agrupa la producción de 3.300 hectáreas cultivadas de plátanos, actividad que realizan 3.200 cosecheros. Es la primera OPP de Canarias (30% de la producción canaria en 2025), con notable diferencia respecto a la segunda, ahora llamada Unión Platanera Canaria, antes, el año pasado, conocida como Cupalma (con el 18% de la oferta).

La organización de productores Coplaca celebró este 27 de mayo, en Santa Cruz de Tenerife y “con asistencia de una amplia representación de agricultores de todas las cooperativas integradas”, su asamblea general anual, informó la entidad en un comunicado.

En el transcurso de esa cita, se habló del desarrollo y funcionamiento de la mayor organización de productores de plátanos tanto de Canarias como de la UE y se puso el énfasis en el desarrollo del mercado del plátano durante 2025 y los primeros meses del presente año. A su vez, se analizó el desarrollo del grupo Eurobanancanarias, con sus resultados y con la aprobación del pago de dividendos para los productores de Coplaca que son socios de Coplaca de Inversiones, SL.

A todo eso se unió la comunicación relacionada con las actividades de la empresa participada Cultesa, en la que Coplaca tiene el 40% de su capital social. Se dedica, entre otras actividades, a la obtención de plantas de platanera, junto con asuntos como la gestión de la compensación del transporte de plátanos entre Canarias y la Península, una ayuda pública que abona el Estado.

En la asamblea general de Coplaca, se presentaron y aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, en las que destacan “la solidez y salud económica de Coplaca, que alcanzó una cifra de negocio de 161 millones de euros durante ese ejercicio, lo que contrasta con la situación crítica que atraviesan otras empresas del sector”.

El grupo regional de Cooperativas Plataneras de Canarias (Coplaca) nació en el año 1970 en Santa Cruz de La Palma, donde ya aglutinó a 12 cooperativas productoras de plátanos. En la actualidad, Coplaca está formada por 16 cooperativas y sociedades agrarias de transformación, todas ellas situadas en islas productoras de esa fruta. La organización cuenta, a día de hoy, con 22 almacenes de procesado de fruta o empaquetados.

Tras la entrada en vigor de la Organización Común de Mercado (OCM) del Plátano, en julio de 1993, Coplaca adaptó sus estatutos y su estructura organizativa para constituirse como organización de productores de plátanos (OPP), como lo exigía Europa. Posteriormente, también hubo un reajuste para poder cumplir con la normativa que la reconoce como organización de productores de frutas y hortalizas (OPFH) desde 2002.

La OPP Coplaca integra a más de 3.200 productores de plátanos de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, las islas con cultivo profesional, y es la mayor organización de productores de esa fruta en toda la UE, tanto por su importante número de agricultores como por el volumen de kilos producidos, 2025 en 115.000 toneladas (115 millones de kilos), con una cifra de negocio de 161 millones de euros.

Coplaca comercializa toda su producción de plátanos a través del grupo Eurobanancanarias, que dispone de una extensa red de centros de maduración y de logística repartidos por todo el territorio peninsular. Esta empresa multinacional se constituyó el 1 de julio de 1993, con el nacimiento de la OCM. Se halla participada por Coplaca de Inversiones al 50% y otras firmas transnacionales.

La entidad se ha convertido en la segunda empresa más grande de España dedicada a la comercialización y distribución de toda clase de frutas, pero sobre todo es líder indiscutible en la maduración y venta de plátanos de Canarias, con certificación IGP (indicación geográfica protegida).

Eurobanancanarias, la pata comercializadora

Los beneficios obtenidos por Eurobanancanarias retornan a las islas a través de la sociedad Coplaca de Inversiones, SL, creada en 2004. Desde su puesta en marcha, Coplaca de Inversiones ha repartido más de 49 millones de euros en dividendos entre sus socios, que no son todos los de la sociedad cooperativa de segundo grado.

Esa empresa, el mismo 27 de mayo de 2026, miércoles, celebró en el salón de actos de Cajasiete (como lo hizo Coplaca), en Santa Cruz de Tenerife, su junta general de accionistas, donde se informó del desarrollo y funcionamiento de la sociedad durante el año.

En el transcurso de dicha junta fueron presentadas y aprobadas las cuentas correspondientes a 2025. Igualmente, se acordó el reparto de dividendos entre los socios de Coplaca de Inversiones por un importe de 5,175 millones de euros, lo que equivale a 1,24 euros por participación o acción. La sociedad Coplaca de Inversiones se constituyó en 2004 con un valor nominal por participación de un euro. La rentabilidad obtenida en 2025 asciende al 124% de esa primera valoración.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha denunciado lo que consideran una estrategia por parte de Agroseguro para pagar menos indemnizaciones a los agricultores que dan parte por daños de conejo en sus cultivos.

El secretario de Agricultura de la organización a nivel regional, Alejandro García-Gasco Alcalde, ha denunciado formalmente las “malas prácticas” que están sufriendo los productores de cereal de la comunidad, especialmente en la provincia de Ciudad Real. García-Gasco en rueda de prensa ha señalado que el procedimiento que están aplicando los peritos “roza el insulto a la inteligencia”, según ha contado la organización en un comunicado.

“El agricultor, que es el primero que sabe lo que sucede en su parcela, da un parte legítimo por daños de conejo, un riesgo cubierto por el seguro agrario. Sin embargo, al realizar la visita al campo, el perito decide por voluntad propia cambiar el motivo del siniestro y catalogarlo como 'no nascencia'», ha criticado el responsable de UPA.

Desde la organización recuerdan que los peritos son profesionales agrónomos y conocen perfectamente que una falta de nascencia responde a fallos generalizados en parcelas enteras, comarcas o términos municipales por motivos climáticos o de calidad de la semilla. En este caso, el escenario es radicalmente distinto: son rodales y partes concretas de las fincas que han sido literalmente devoradas por los conejos, señala UPA.

Ademas, asegura que estas modificaciones obedecen a “órdenes de arriba” con un único objetivo económico: ahorrar dinero en indemnizaciones a costa del eslabón más débil. Al catalogar el daño como 'no nascencia', el siniestro pasa a calcularse por parcela y no por explotación, lo que provoca que los afectados no cobren ni un solo euro: “Se están agarrando de forma ruin a una frase que estipula que, de no existir las tres primeras hojas en la planta, se dará por no nascencia. Es un argumento erróneo y una interpretación tramposa que busca evitar unos pagos que por justicia corresponden al agricultor. Son daños de miseria que Agroseguro se quiere ahorrar”, ha afirmado García-Gasco.

Agroseguro

Según han señalado fuentes de Agroseguro a Agroalimentaria, “el seguro de cultivos herbáceos lo que establece es que hasta que el herbáceo tiene la tercera hoja, cualquier siniestro es no nascencia tanto si es pedrisco, como si es conejo o cualquier otra cosa. Cualquier parte de siniestro que sufra la planta ese periodo lo que considera es no nascencia porque se tiene que considerar que la planta no ha llegado a progresar”.

Así, han explicado que “esto es lo que establecen las condiciones de los seguros que se aprueban por el Ministerio de Agricultura; Agroseguro no decide cómo son los seguros, las decisiones se toman por parte del Ministerio,  el plan de seguros agrarios se apruebe por el Consejo de Ministros y sale en el BOE (Boletín Oficial del Estado), y lo que establece el contrato de seguro es que hasta la tercera hoja, sea el riesgo que sea, es no nascencia’. Los peritos están haciendo bien su trabajo porque es lo que dice el condicionado de los seguros”.

Recogida de firmas

Por su parte, UPA ha trasladado esta problemática directamente a las reuniones mantenidas con ENESA en el Ministerio de Agricultura y lo ha puesto en conocimiento del Consorcio de Compensación de Seguros. Asimismo, ha iniciado una campaña de recogida de hojas de campo. Para ello, han habilitado una cuenta de correo electrónico específica con el fin de que cualquier afectado les remita su informe pericial, “incluso si en su momento firmaron conformes por la presión del momento”, para exigir a Agroseguro que rectifique de oficio. “No vamos a permitir que nos dejen sin una herramienta que precisamente compramos para protegernos de la fauna y del cambio climático”, advierten.

El Gobierno de La Rioja y once entidades financieras con presencia en la región (CaixaBank, Ibercaja, Caja Rural de Navarra, Banco Santander, Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Soria, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Abanca, Banco Sabadell, Laboral Kutxa y Eurocaja Rural) han firmado hoy, 1 de junio, un acuerdo de colaboración para facilitar un adelanto del pago del anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), y “dotar de liquidez a las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas, en un contexto marcado por el aumento de los costes y la incertidumbre de los mercados”, ha explicado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos.

La consejera ha agradecido la respuesta de todas estas entidades, a quienes ha reconocido “el compromiso con el sector para garantizar la continuidad de una actividad esencial para el mantenimiento de nuestra región y su viabilidad económica”.

Noemí Manzanos ha resaltado que, con este acuerdo, que forma parte del ‘Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de Oriente Medio en los costes del sector agroganadero’, se pretende “facilitar el acceso rápido a la liquidez que necesitan los agricultores y ganaderos riojanos para afrontar los gastos corrientes y los costes de producción tras varias campañas difíciles, reforzando la viabilidad económica de sus explotaciones en un contexto de mercados inciertos”.

Esta medida ha sido diseñada para facilitar que las entidades financieras firmantes puedan, de una forma más sencilla, adelantar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a cerca de 4.300 explotaciones agrarias de La Rioja. Para ello, una vez finalizado el plazo de presentación de modificaciones, desde el Gobierno regional se verificará la elegibilidad de los datos de los perceptores de la ayuda conforme a lo enviado al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

Dicho marco de colaboración regula de forma precisa las operaciones que los profesionales del campo podrán suscribir con las entidades financieras firmantes para el adelanto de los fondos correspondientes a la campaña de la PAC 2026. A este respecto, el importe máximo del anticipo al que podrán optar los beneficiarios alcanzará una cuantía equivalente a las ayudas de la PAC percibidas por el solicitante en la campaña anterior, o bien una estimación realizada conforme a los datos que estén disponibles para esta campaña de 2026. 

Para poder acogerse a esta vía de financiación preferente, se establecen tres requisitos obligatorios de cara a las personas físicas o jurídicas solicitantes: haber presentado en plazo la Solicitud Única de la PAC 2026, poseer una explotación agraria o ganadera radicada en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y cumplir fielmente las exigencias dictadas por la normativa reguladora de las ayudas europeas. 

Tramitación y garantías de cobro

Las personas interesadas podrán iniciar la tramitación del anticipo acudiendo a las oficinas de las 11 entidades financieras adheridas a partir del momento en el que formalicen el registro de su Solicitud Única (SU 2026). Como documentación obligatoria para la petición, deberán aportar la copia de dicha solicitud previamente registrada ante la Dirección General de Agricultura y Ganadería. 

Una vez evaluada la documentación y formalizada la operación, la entidad financiera efectuará el pago del anticipo de manera ágil. Por su parte, la devolución del crédito se realizará de forma automática en el momento en el que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, por medio del Organismo Pagador, ejecute el ingreso ordinario de las ayudas en la cuenta del beneficiario. Dicha regularización podrá instrumentarse mediante una cesión de los derechos de cobro derivados de la PAC o a través de la pignoración formal de tales derechos a favor de la entidad bancaria. 

La vigencia del acuerdo se extenderá desde el comienzo de la campaña de la Solicitud Única de 2026 y mantendrá sus efectos de forma ininterrumpida hasta que concluyan la totalidad de los pagos correspondientes a esta misma campaña. 

El Ejecutivo regional además de dar soporte a los agricultores, facilitar la gestión administrativa y colaborar en la difusión del convenio, gracias a una nueva línea de ayudas específicas, bonificara los intereses y los costos de apertura de estos y otros posibles préstamos suscritos por los titulares de las explotaciones agrarias de la región, facilitando el acceso a la liquidez de forma rápida.  

Nueve años gobernando la Región de Murcia han dado a Fernando López Mirás un sentido del ritmo político preciso. Al igual que se suceden las estaciones del año con sus cada vez más extremos episodios climáticos, el lorquino ha ido lidiando con distintas coaliciones de gobierno, rupturas, crisis, mociones de censura, una pandemia y, sobre todo, mucho ir y venir de consejeros y consejeras. La experiencia le ha proporcionado la precisión de un cirujano que sabe poner la venda antes de la herida, ahora que rondan al Gobierno regional varios escándalos; el más grave de ellos, la trama de las prótesis caducadas que ha supuesto un fraude de casi siete millones de euros y 11 detenidos, entre ellos facultativos y responsables de compra de material del Servicio Murciano de Salud (SMS). Con los comicios a un año vista, López Miras remodela su gabinete y, de paso, sale a pescar votos entre los huérfanos de Ciudadanos y los desencantados de un Vox roto por dentro en la región.

Fuentes próximas al Gobierno regional insisten en que la entrada de nuevos responsables al cargo de las consejerías de Agricultura y Salud, la nueva portavocía y el intercambio de responsabilidades de los consejeros de Economía y Hacienda, por un lado, y Empresa y Empleo, por otro, estaban previstos “desde hacía varios meses” y puede que así fuera. López Miras descendió las escaleras del Palacio de San Esteban hasta la Sala Ramón Gaya el pasado jueves y, como un reloj suizo, anunció la nueva alineación del Ejecutivo el día en el que se cumplían tres años de la última convocatoria electoral; todo un remozo para las siguientes elecciones que ya practicó la legislatura anterior —en aquella ocasión, con una dirección centrista—. Dos días después, los nuevos responsables tomaban posesión de su cargo y se hacían la foto de rigor entre las columnas renacentistas del primer patio de la sede del Gobierno autonómico.

A pesar de la puntualidad suiza, el contexto político en la Región acaba de experimentar importantes sacudidas en sus principales plazas, Murcia y Cartagena: mientras Rebeca Pérez se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de la capital murciana tras la muerte de José Ballesta; Noelia Arroyo retendrá el liderazgo en la ciudad portuaria en un nuevo giro de guion, en el que la división de Vox tras la expulsión de José Ángel Antelo ha llevado a dos concejales a salir de la formación de ultraderecha y envalentonarse con una moción de censura de la que después se arrepintieron.

Una imagen “fresca y moderada”

Y qué es de una imagen renovada sin una flamante portavocía, según cuenta Ismael Crespo, codirector del CEMOP, el CIS murciano. Marisa López Aragón ha reemplazado su antigua responsabilidad al frente de Empresa, Empleo y Economía Social y la ha sustituido por Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, una Consejería con muchos apellidos. No por ello es la mujer fuerte del presidente, ya que se trata de asuntos técnicos si exceptuamos lo que afecta a la negociación presupuestaria, de la que su anterior responsable, Luis Alberto Marín, ha salido desgastado. Para la refriega política, seguirá al frente el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien acumula el mayor peso orgánico y territorial y se perfila como sucesor natural de López Miras en el caso de que este dé un salto a Madrid. Su cartera se amplía con Juventud, en una clara muestra de la importancia que tiene para el PP este sector de la población que cada vez mira a Vox con mejores ojos.

López Aragón cuenta con las mejores cartas para “refrescar” la imagen del Ejecutivo murciano porque no es del PP pata negra, como pueda ser la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, quien tiene bastante ascendencia en el gabinete. De hecho, se incorporó al gobierno regional en la remodelación de julio de 2024, cuando López Miras reorganizó el Ejecutivo tras la ruptura del pacto con Vox, buscando estabilizar el gobierno con perfiles técnicos. Fue elegida directora del SEF en 2020 por el antiguo consejero de Ciudadanos Miguel Mota y continuó en ese puesto una vez que este partido salió de la coalición de Gobierno. El ascenso meteórico de López Aragón desde entonces se debe a una conjunción de su “pragmatismo” con su impronta “moderada”, capaz de seducir “a socialdemócratas desencantados de Pedro Sánchez”. Es decir, el PP quiere seguir amarrando por su flanco izquierdo a los antiguos votantes de Ciudadanos.

Fuentes del SEF, por su parte, hablan de que externalizó la gestión del organismo a asociaciones patronales y entidades sociales y que es “la mejor representante de los empresarios” en un momento en el que estos presionan a Antelo y la antigua diputada de Vox Virginia Martínez para que aprueben con el PP una serie de leyes que les sean favorables, como la recientemente acordada de Simplificación Administrativa.

Largas listas de espera para el especialista y una trama en el SMS

Quizás sí que había previamente preocupación en el Gobierno regional por el hecho de que Murcia tiene uno de los peores registros del país del porcentaje de personas que esperan más de 60 días para una primera consulta con el especialista y se buscara “otra gestión” en la Consejería murciana de Salud, de modo que la hasta ahora gerente del SMS, Isabel Ayala, haya sustituido a Juan José Pedreño. Sea como fuere, su destitución ha coincidido con la presunta trama de prótesis caducadas en el SMS, en la que se habrían facturado implantes en mal estado mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro. Una trama que, presuntamente, ha estado en funcionamiento desde 2019 hasta fechas recientes. La Policía Nacional ha constatado que, al menos, se usó un stent caducado. El PSOE ha calificado de “infamia” el nombramiento de Ayala al haber ocupado la máxima responsabilidad en el SMS durante los años en los que operó dicha trama, mientras que el diputado de Podemos-IU en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha recordado que no es un caso “aislado”, ya que el SMS lleva arrastrando “irregularidades, contratos bajo sospecha y advertencias previas” del Tribunal de Cuentas.

Ayala es licenciada en Medicina y especialista en Atención Primaria y tiene un perfil técnico y continuista. Llegó a la gerencia del SMS en 2023 tras una carrera de gestión que arrancó en los centros de salud y fue escalando puestos hasta los órganos directivos del sistema sanitario murciano. Quienes la conocen la describen como una profesional con capacidad de diálogo, empuje y compromiso con el conjunto del sistema. Su nombramiento llega, en todo caso, en un momento de escasez de profesionales, una política de conciertos cuestionada y unas listas de espera que sus propios compañeros de profesión califican de “brutales”.

Un fuerte peso político frente a los recortes del Trasvase 

El segundo escándalo que más dolores de cabeza le ha dado al Gobierno regional en esta la legislatura ha sido protagonizado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, salpicada por un informe encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 que detectaba niveles elevados de metales pesados en los suelos del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y que su departamento habría ocultado, alimentando las acusaciones de falta de transparencia por parte de la oposición y los colectivos ecologistas. Le sustituye un fuerte peso político del Partido Popular, Joaquín Buendía, director gerente de Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), adonde llegó hace un año tras una década como alcalde de mayorías absolutas en Alcantarilla, la quinta ciudad con más población de esta comunidad autónoma.

El antiguo primer edil de Alcantarilla viene a apagar “el incendio” que se anticipa en la Región ante el cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que prepara el Gobierno de España. También es un político que, según fuentes municipales, “pone la bandera más grande, hace la jura de bandera más importante y saca más procesiones”, reforzando el flanco identitario más a la derecha del partido y, así, debilitar al ya dividido Vox.

Ingeniero técnico en Electrónica Industrial y antiguo docente, Buendía estuvo con el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuya sombra parece seguir siendo alargada y que se vio obligado a dimitir por los casos 'Púnica' y 'Auditorio', al frente de las direcciones generales de Formación Profesional, de Recursos Humanos y Calidad Educativa, y también la de Empleo Público.

De esta forma, el Gobierno murciano trata de recomponerse en medio de las turbulencias y rastrear votos en todos los frentes.

La agricultura mundial se encuentra en el umbral de una de las mayores transformaciones de su historia reciente. El sector que durante siglos dependió principalmente del clima, la experiencia acumulada y la mano de obra humana está evolucionando hacia un modelo cada vez más condicionado por la tecnología, los mercados globales y la presión ambiental.

La revolución digital, la concentración empresarial y el avance del cambio climático están alterando profundamente las reglas de producción y el equilibrio económico del mundo rural.

El campo del siglo XXI ya no se entiende únicamente como un espacio de cultivo y ganadería. Se ha convertido en un territorio estratégico donde confluyen innovación tecnológica, inversión financiera, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. El resultado es una nueva agricultura más tecnificada y productiva, pero también más dependiente de grandes estructuras económicas y más expuesta a fenómenos climáticos extremos.

Durante décadas, la mecanización fue el principal motor de modernización agrícola. Hoy, esa transformación avanza hacia una nueva dimensión marcada por la digitalización y la automatización.

En muchas explotaciones agrícolas ya operan drones capaces de supervisar cultivos desde el aire, detectar enfermedades en fases tempranas y calcular las necesidades hídricas de cada parcela. Sensores instalados en el suelo recopilan información constante sobre humedad, temperatura y nutrientes, mientras sistemas conectados a plataformas digitales permiten ajustar el riego y la fertilización en tiempo real.

La inteligencia artificial comienza también a desempeñar un papel creciente. Algoritmos predictivos analizan datos meteorológicos y agrícolas para anticipar rendimientos, prevenir plagas o decidir el momento óptimo de la cosecha. Al mismo tiempo, los tractores autónomos y la robotización empiezan a reducir la dependencia de mano de obra en determinadas tareas.

Esta evolución responde a una necesidad urgente: producir más utilizando menos recursos. El incremento de los costes energéticos, la escasez de agua y la presión ambiental obligan al sector a mejorar la eficiencia.

La llamada “agricultura de precisión” permite reducir el uso de fertilizantes y pesticidas, minimizar pérdidas y optimizar cada metro de cultivo. Para muchos expertos, esta tecnología será esencial para alimentar a una población mundial que podría superar los 9.700 millones de personas hacia mediados de siglo.

Sin embargo, la modernización tecnológica también abre una brecha creciente entre explotaciones grandes y pequeñas. La inversión necesaria para incorporar maquinaria inteligente, software especializado o sistemas automatizados resulta inasumible para numerosos agricultores familiares.

Mientras las grandes empresas aceleran su capacidad de producción gracias al acceso al capital y a la innovación, muchos pequeños productores afrontan dificultades para competir en igualdad de condiciones.

Paralelamente a la transformación tecnológica, la agricultura vive un proceso de concentración empresarial sin precedentes.

En numerosos países, grandes grupos agroindustriales y fondos de inversión han incrementado su presencia en el sector agrícola mediante la adquisición de tierras, empresas de distribución y compañías tecnológicas vinculadas a la producción alimentaria.

La agricultura ha dejado de ser únicamente una actividad económica tradicional para convertirse en un activo estratégico global. El aumento de la demanda alimentaria, la volatilidad de los mercados y el valor creciente de los recursos naturales han despertado el interés de inversores internacionales.

Al mismo tiempo, el control de sectores clave —como las semillas, los fertilizantes o los productos fitosanitarios— se concentra cada vez en menos manos. Un reducido número de multinacionales domina buena parte del mercado agrícola mundial, condicionando precios, variedades y modelos de producción.

Esta situación genera preocupación entre organizaciones agrarias y especialistas en soberanía alimentaria. Muchos advierten de que la desaparición progresiva de pequeñas explotaciones puede acelerar el despoblamiento rural y reducir la diversidad agrícola.

La pérdida de agricultores familiares no solo tiene consecuencias económicas. También implica un cambio cultural y territorial profundo. En numerosas regiones, el campo representa una forma de vida ligada al mantenimiento del paisaje, la biodiversidad y las economías locales.

En lugares como Andalucía, donde la agricultura constituye uno de los pilares económicos y sociales, la concentración empresarial convive con miles de explotaciones tradicionales que intentan adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y exigente.

Cuando desaparece un autónomo agrario no solo se pierde una explotación. Se pierde población, se pierde relevo generacional, se pierde actividad económica y se pierde vida en los pueblos

A la presión económica y tecnológica se suma un factor decisivo: la inestabilidad climática.

La agricultura es uno de los sectores más vulnerables al calentamiento global. El aumento de las temperaturas, la irregularidad de las precipitaciones y la aparición de fenómenos extremos afectan directamente a la productividad y a la planificación agrícola.

Las sequías prolongadas reducen la disponibilidad de agua para el riego y deterioran los suelos. Las olas de calor dañan cultivos sensibles y disminuyen rendimientos. Las lluvias torrenciales provocan erosión y pérdidas millonarias. Además, nuevas plagas y enfermedades encuentran condiciones favorables para expandirse hacia regiones donde antes no existían.

La cuenca mediterránea figura entre las áreas más expuestas. En el sur de Europa, los agricultores observan cómo los calendarios tradicionales dejan de ser fiables. Algunas cosechas se adelantan varias semanas y determinados cultivos requieren adaptaciones constantes para sobrevivir.

El agua se ha convertido en uno de los grandes ejes del debate agrícola. Embalses bajo mínimos y restricciones hídricas obligan a replantear sistemas de producción enteros. La eficiencia en el uso del agua ya no es únicamente una cuestión económica, sino un factor de supervivencia.

Frente a este escenario, muchos agricultores están introduciendo variedades más resistentes al calor, sistemas de riego de alta precisión y nuevas estrategias de conservación del suelo. Sin embargo, la velocidad de los cambios climáticos supera en ocasiones la capacidad de adaptación de numerosas explotaciones.

La transformación de la agricultura plantea una pregunta central: cómo aumentar la producción alimentaria sin agravar la degradación ambiental ni expulsar del sistema a millones de pequeños productores.

Los organismos internacionales insisten en que la seguridad alimentaria dependerá de encontrar un equilibrio entre innovación, sostenibilidad y cohesión social. El reto no consiste únicamente en producir más, sino en hacerlo de forma eficiente y compatible con la conservación de recursos esenciales como el agua, el suelo y la biodiversidad.

La transición hacia modelos más sostenibles exigirá inversiones, políticas públicas y cambios en los hábitos de consumo. También requerirá reforzar la investigación agraria y facilitar el acceso de pequeños agricultores a las nuevas tecnologías.

Al mismo tiempo, crece el interés por modelos alternativos basados en la agricultura ecológica, la producción local y los circuitos cortos de comercialización. Aunque todavía representan una parte minoritaria del mercado global, estas iniciativas ganan relevancia entre consumidores preocupados por el impacto ambiental y la calidad de los alimentos.

La agricultura entra así en una etapa decisiva marcada por profundas contradicciones. Nunca antes el sector había contado con tanta capacidad tecnológica para mejorar la producción, pero tampoco había enfrentado tantos desafíos simultáneos.

La modernización promete eficiencia y sostenibilidad, aunque también amenaza con aumentar desigualdades y dependencia económica. La concentración empresarial impulsa inversiones y competitividad global, pero pone en riesgo el modelo tradicional de agricultura familiar. Y mientras la ciencia desarrolla herramientas cada vez más sofisticadas, el cambio climático introduce un nivel de incertidumbre creciente.

El futuro del campo dependerá de cómo se gestione esta transición. En juego no está únicamente la producción de alimentos, sino también el equilibrio territorial, el empleo rural y la capacidad de las sociedades para garantizar un sistema alimentario sostenible y resiliente.

La agricultura del futuro ya ha comenzado. Y su evolución definirá buena parte de los desafíos económicos, sociales y ambientales de las próximas décadas.

El problema es que nadie sabe todavía si ese nuevo modelo podrá sustituir todo lo que el anterior representaba: arraigo, comunidad, equilibrio rural, cultura del territorio. 

Aragón se reafirma, una campaña más, como el gran motor de la alfalfa para España y uno de los territorios estratégicos del mercado de forrajes a nivel mundial. La comunidad concentra más de la mitad de la superficie nacional dedicada a este cultivo y supera el 60% de la producción de todo el país, en una campaña marcada por el crecimiento las exportaciones, la estabilidad de la demanda internacional y las tensiones geopolíticas que amenazan las rutas comerciales.

La comunidad aragonesa destina más de 50.000 hectáreas al cultivo de alfalfa y produce alrededor de 700.000 toneladas anuales, según datos presentados este año durante la IV Jornada Española del Cultivo de la Alfalfa (JECA 2026), celebrada en Huesca. Además, más de la mitad de las plantas deshidratadoras de España, se encuentran instaladas en Aragón, lo que la consolida como el principal núcleo industrial del sector forrajero europeo.

La provincia de Huesca sigue siendo el epicentro de producción, especialmente en áreas de regadío como Los Monegros y el Bajo Cinca, territorios a los que se suma la ribera del Ebro. Un modelo agrícola altamente especializado y vinculado a la exportación, es según los expertos, la razón por la que, solo la provincia de Huesca, ha concentrado entre el 35% y el 40% de toda la producción nacional entre 2025 y 2026. 

Una campaña marcada por la exportación

Con cerca del 80% de la producción de la comunidad destinada a exportación, la alfalfa aragonesa mantiene una fuerte orientación exterior. Las principales zonas receptoras de la alfalfa aragonesa son Oriente Medio y Asia, donde este producto se utiliza principalmente para elaborar alimentación animal en países con limitada capacidad agrícola, en gran parte por la escasez de agua. 

España se mantiene a día de hoy como el segundo exportador mundial de alfalfa deshidratada, solo por detrás de Estados Unidos, y dentro de este puzle Aragón es la pieza central. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y, cada vez más, países asiáticos como Japón o Vietnam, figuran entre los principales destinos comerciales de la alfalfa que se cultiva en los campos de Aragón.

Durante JECA 2026, la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) destacó la capacidad de resiliencia del sector y su apuesta por la diversificación de mercados internacionales, en un contexto de creciente demanda global de proteína vegetal para alimentación animal. En este sentido, OPAs como UAGA-COAG advierten sobre la dependencia exportadora del sector forrajero español respecto a países del Golfo Pérsico. Según declaraciones de esta organización agraria, Arabia Saudí y Emiratos Árabes absorben cientos de miles de toneladas de alfalfa española cada año, lo que hace al “sector vulnerable a conflictos internacionales y costes logísticos”.

La geopolítica entra en el campo aragonés

Precisamente la campaña de este año también está poniendo blanco sobre negro hasta qué punto la agricultura aragonesa depende del contexto internacional. El sector de la alfalfa está viviendo con especial preocupación las tensiones en Oriente Medio y las dificultades logísticas derivadas de los problemas en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para las exportaciones hacia los países del Golfo.

Expertos del sector, a los que se suman las organizaciones agrarias, advierten de que cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo puede afectar directamente a deshidratadoras y exportadores, y al campo aragonés, a través del impacto que esta situación tiene en los productores. La alfalfa se ha convertido así en uno de los cultivos más sensibles a la geopolítica internacional dentro del campo aragonés.

Las organizaciones agrarias, además ponen el acento en el fuerte impacto que el incremento de costes energéticos y de fertilizantes está teniendo sobre los profesionales del campo. El aumento del precio del gasóleo y de los insumos agrícolas está reduciendo los márgenes de beneficio para los agricultores en un cultivo que implica “un gasto considerable” ya que está ligado al regadío y al transporte internacional.

Tanto la UPA como ASAJA, vienen reclamando una “PAC con más apoyo a cultivos estratégicos” y menos burocracia, incluyendo los cultivos forrajeros de regadío, por su importancia en la alimentación animal y el mantenimiento del medio rural.

El agua, factor decisivo

La disponibilidad de agua para riego sigue siendo el principal condicionante de la campaña. La alfalfa depende del regadío y necesita estabilidad en el suministro de agua para mantener su calidad y, por lo tanto, su competitividad en el mercado. 

El sector del forraje considera que Aragón cuenta con ventajas estructurales muy importantes: clima seco, tecnificación del riego y experiencia industrial. Sin embargo, la incertidumbre climática y la presión sobre los recursos hídricos están obligando a mejorar la eficiencia y mantener inversiones en modernización de regadíos que suponen un alto coste que recae sobre el agricultor, con los riesgos que ello conlleva para estos profesionales.

Pese a ello, las perspectivas de campaña siguen siendo relativamente positivas. El primer corte llegó con “buen desarrollo vegetativo” gracias a un invierno y a una primavera con más disponibilidad hídrica que en campañas anteriores. Además, la calidad parece estar siendo “de correcta a buena”, especialmente en parcelas de regadío bien manejadas y los precios durante el mes de mayo en la Lonja de Binéfar y Mercolleida, no han registrado cambios relevantes respecto a semanas anteriores.

El sector prevé que tanto la producción como la demanda sigan siendo estables, un hecho que se ve apoyado asimismo por la constante dependencia de este producto por parte de la ganadería y por el crecimiento de mercados asiáticos.

Un cultivo estratégico para Aragón

Más allá de las cifras económicas, la alfalfa se ha convertido en uno de los cultivos estratégicos para Aragón por su capacidad de generar empleo, actividad industrial y exportación. El sector forrajero aragonés emplea a miles de personas entre producción agrícola, transformación y logística.

Además, la alfalfa desempeña un papel relevante para los cultivos dentro de las rotaciones agrícolas, ya que, no solo mejora la fertilidad del suelo, sino que también está demostrado que reduce la necesidad de fertilizantes gracias a su capacidad de fijar nitrógeno en la tierra.

En un contexto en el que la incertidumbre climática y la comercial son una espada de Damocles sobre la agricultura, Aragón mantiene su posición como referencia mundial de la alfalfa deshidratada. La evolución de la campaña de 2026 servirá de termómetro, dado el contexto geopolítico actual, para testar hasta qué punto el sector es capaz de sostener su liderazgo internacional. 

La Orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que regula las medidas preventivas, usos del fuego y actividades con riesgo de incendio forestal para la campaña 2026, que se ha publicado hoy en el Diario Oficial de la región, recoge ya las excepciones para que las actividades agrícolas puedan seguir desarrollándose durante la época de peligro extremo, que comprende desde el 1 de julio al 31 de agosto, y la de peligro alto, desde el 1 al 30 de junio y desde el 1 al 30 de septiembre.

En años anteriores, la prohibición de utilizar maquinaria agrícola en momentos de IPP (Índice de Propagación Potencial) dificultando así la recolección de las cosechas daba lugar a protestas por parte del sector agrario y obligaba a ir ajustando y flexibilizando la normativa para adaptarla también a estos usos.

En la orden actual ya se establecen medidas para hacer compatible la situación de riesgos con las labores agrícola que se llevan a cabo en estos meses.

Así, la orden en su artículo 19 regula las actividades cuando el IPP del municipio afectado sea muy alto o extremo, en los terrenos forestales y la franja de 400 metros alrededor de aquellos y aunque prohíbe utilizar maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, señala que no afectan a esta prohibición “la cosecha de leguminosas, papaveráceas, plantas aromáticas, oleaginosas y forrajeras en verde; la cosecha y empacado de cereal en parcelas localizadas en la franja de 400 metros alrededor de los terrenos forestales cuya superficie sea inferior a 5 hectáreas”.

De igual modo cuando el IPP sea extremo quedarán exceptuadas de las prohibiciones y limitaciones “la cosecha de leguminosas, papaveráceas, plantas aromáticas, oleaginosas y forrajeras en verde”.

Además, específicamente en el artículo 22 autoriza en terreno forestal y la franja de 400 metros alrededor de aquellos durante las épocas de peligro alto y extremo, como así también para los días con IPP muy alto, siempre previa presentación de la debida declaración responsable por parte de la persona titular de la actividad, “la cosecha y empacado de cereal en la franja de 400 metros alrededor de terrenos forestales cuya superficie es igual o superior a 5 hectáreas; y el uso de ahumadores y herramientas apícolas”.

Para los días con IPP extremo, también previa formulación de la debida declaración responsable por parte de la persona titular de la actividad, sólo se podrá llevar a cabo las labores de cosecha y empacado de cereal en la franja de 400 metros alrededor de terrenos forestales cuya superficie es igual o superior a 5 hectáreas.

La orden también establece el procedimiento de presentación de declaración responsable que deberá presentarse conforme al modelo que figura en el anexo VII de la orden, debiendo presentarse con una antelación mínima de 5 días hábiles de manera física o de forma telemática.

Condiciones para cosechar

Asimismo, en los anexos de esta orden, se establecen las condiciones para de obligado cumplimientos para actividades uso de maquinaria en los supuestos permitidos durante los momentos de IPP muy alto. Entre ellos se contempla que “actividades de cosecha de cereal y empacado deberán suspenderse durante la franja horaria comprendida entre las 14.00 y las 17.00 horas, aunque  esta medida no será de aplicación cuando la cosechadora esté acompañada por un tractor conducido por otra persona y equipado con cultivador o arado chisel, con el objeto de hacer una faja en caso de originarse un incendio para evitar su propagación”. También cada cosechadora o empacadora debe contar, al menos, con un extintor y una o varias mochilas extintora cargadas de agua.

Apunta también condiciones para el uso de ahumadores y herramientas en la actividad apícola como que cada colmenar deberá contar, al menos, con una o varias mochilas extintoras cargadas de agua.

Cuando el IPP sea extremo, las labores de cosecha y empacado de cereal debe suspender la actividad de cosecha y empacado de cereal en el periodo horario comprendido entre las 13:00 y 18:00, además establece una serie de condiciones para las labores en general.

Estas medidas ya estaban contempladas en la resolución que publicaba la Viceconsejería de Medio Ambiente el 23 de julio del año pasado y que queda derogada con la nueva orden que ya regula las excepciones y condiciones para hacer compatible la lucha contra incendios con las labores agrícolas en los meses de riesgo de incendio.

Otras disposiciones

La orden publicada hoy señala que la evolución de las condiciones climáticas, el incremento de episodios meteorológicos extremos, la mayor disponibilidad de combustible vegetal en determinados periodos del año y la intensificación de determinados usos y actividades en el medio natural “hacen necesario disponer de instrumentos normativos preventivos actualizados, claros y adaptables a la evolución diaria del riesgo”.

La regulación se estructura atendiendo a los distintos ámbitos materiales y territoriales afectados. Así, se diferencian las disposiciones aplicables al medio natural, vinculadas especialmente a la normativa autonómica de conservación de la naturaleza y uso recreativo, de aquellas otras aplicables específicamente a los terrenos forestales y a la zona de influencia forestal de 400 metros, dictadas al amparo de la legislación de montes.

Para la modulación de las prohibiciones, limitaciones, excepciones y condiciones de ejercicio de las actividades reguladas, la orden toma como referencia el Índice de Propagación Potencial, como herramienta técnica de estimación del riesgo de inicio y propagación de incendios forestales. Dicho índice, junto con las épocas de peligro establecidas en la planificación autonómica vigente, permite adaptar las medidas preventivas al riesgo existente en cada momento y ámbito territorial, facilitando una respuesta proporcionada, flexible y eficaz.

La orden contiene las prohibiciones, limitaciones, excepciones, autorizaciones, declaraciones responsables y condiciones de ejercicio aplicables a dichos usos y actividades, así como su modulación en función de las épocas de peligro y del Índice de Propagación Potencial.

Asaja

Asaja Castilla-La Mancha, por su parte, ha rechazado la nueva orden porque, a su juicio, se trata de “una nueva agresión” al sector al imponer restricciones y limitaciones a la actividad de la cosecha, lo que incrementa los costes por hectárea, dificulta el trabajo en el campo y reduce la rentabilidad de los agricultores. Concretamente ha exigido la modificación de la norma en tres aspectos clave: la exclusión de las cosechadoras del ámbito de aplicación de la orden, la ampliación de la superficie forestal de referencia de 5 a 100 hectáreas con vegetación continua y la supresión de la figura de la declaración responsable, “no vamos a ser cómplices de ella” ha concluido.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizan, ha avanzado que este próximo viernes, 29 de mayo, su departamento pagará casi 5,4 millones de euros repartidos en tres líneas de ayudas.

Por un lado, se va a realizar el primer pago del girasol medioambiental a 780 beneficiarios con un importe un total de 4,6 millones, siendo 529 los beneficiarios la provincia de Cuenca y 230 titulares de Guadalajara, informa el Gobierno regional.

Por otro, ya se han enviado las resoluciones definitivas de las ayudas de apicultura para la biodiversidad, correspondientes a la convocatoria 2025, realizándose “el primer pago de esta convocatoria a 107 titulares por más de 344.000 euros también este viernes, día 29”, ha detallado el consejero. Además, hay un tercer pago, de 426.600 euros, para jóvenes incorporados.

La media anual de afiliación extranjera representa el 40,5 % del total de trabajadores del sector agrario, lo que refleja la importancia de la mano de obra migrante para el mantenimiento de las campañas agrícolas en la provincia de Ciudad Real.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión de la Comisión Provincial de Flujos Migratorios, un órgano de coordinación interinstitucional clave para la planificación de la contratación en origen y la organización de las campañas agrícolas en la provincia, que ha presidido el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño.

 En el transcurso de la reunión se han analizado los principales datos del mercado laboral en la provincia. Actualmente, Ciudad Real cuenta con 180.883 personas afiliadas a la Seguridad Social, de las cuales 8.519 pertenecen al sector agrario. Asimismo, de las 20.105 empresas registradas en la provincia, 2.965 desarrollan su actividad en el ámbito agrario

Según un comunicado de la Subdelegación del Gobierno, durante la reunión se ha puesto en valor el modelo de migración regular, ordenada y segura que impulsa el Gobierno de España, orientado a garantizar tanto las necesidades de mano de obra del sector agrario como los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo.

Asimismo, se ha destacado la importancia de la regularización extraordinaria como herramienta para favorecer la incorporación al mercado laboral de personas migrantes en situación irregular, facilitando su integración y contribuyendo a combatir la economía sumergida.

En este sentido, también se ha subrayado la posibilidad de contratación desde la admisión a trámite de la solicitud, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva del expediente, lo que aporta mayor agilidad y seguridad jurídica a las empresas del sector.

El subdelegado del Gobierno ha señalado que “la contratación legal y ordenada es fundamental para garantizar campañas agrícolas eficaces, proteger los derechos de los trabajadores y ofrecer estabilidad a las explotaciones agrarias”.

Compromiso del sector y lucha contra las irregularidades

Durante la Comisión se ha reconocido igualmente el compromiso mayoritario del empresariado agrario de la provincia con el cumplimiento de la normativa laboral y de contratación.

No obstante, se ha alertado sobre algunas problemáticas detectadas, especialmente relacionadas con la suplantación de identidad y la cesión ilegal de trabajadores.

En este contexto, se ha recordado que las sanciones por emplear a trabajadores inmigrantes en situación irregular y sin contrato pueden alcanzar los 10.001 euros por trabajador, reforzando así el mensaje de tolerancia cero frente a las prácticas ilegales.

Garantizar condiciones laborales dignas

Finalmente, se ha incidido en la necesidad de continuar avanzando hacia un modelo de contratación legal y segura que permita dar respuesta a las necesidades del sector agrario, garantizando al mismo tiempo condiciones laborales adecuadas en materia salarial, alojamiento y habitabilidad.

En la reunión han participado representantes de la Administración General del Estado —Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, SEPE y unidades de Trabajo, Inmigración y Extranjería—, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones agrarias, sindicatos y representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Unión Europea ha financiado con ayudas de la PAC, las subvenciones agrícolas europeas, a una red de empresas controladas por la familia real de un estado que no es europeo ni es democrático: Emiratos Árabes Unidos. Solo entre 2019 y 2024, una red de empresas pertenecientes a la dinastía Al Nahyan, que gobierna el país, ha recibido 71 millones de euros en ayudas públicas. Su presencia en España se centra en el cultivo de alfalfa en la provincia de Lleida, donde controlan la mitad de la producción, el procesado y la exportación de esta cosecha, que termina alimentando al ganado y los camellos en el Golfo Pérsico. 

Estos son solo algunos datos de una investigación periodística internacional que nos detalla Pol Pareja, periodista de elDiario.es en Catalunya, y en la que también han participado The Guardian, en Reino Unido, G4Media de Rumania y la red de periodismo internacional DeSmog.    

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Los escolares aragoneses se quedan sin el programa de consumo de fruta en los colegios. La consejera de Agricultura, Arancha Simón, de Vox, ha anunciado este lunes en su primera comparecencia ante la Comisión sectorial de las Cortes de Aragón que el Ejecutivo ha desistido de los contratos del programa por considerar inadmisible que una iniciativa pública de apoyo al sector agrario termine beneficiando a productores de terceros países. “No podemos entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto mientras en Aragón se produce fruta de calidad excepcional”, argumentó la titular del Departamento.

Con esta decisión, el Gobierno de Aragón –sustentado en el pacto PP-Vox– cierra una polémica abierta hace unos meses, cuando se descubrió el origen extranjero de varias de las entregas realizadas en los centros educativos de la comunidad, con el anterior consejero, Javier Rincón, todavía en el cargo.

Simón avanzó que la consejería va a “revisar y valorar esos contratos” para garantizar que, cuando el programa se reactive, lo haga con “fruta de calidad y de proximidad”. Sin embargo, la consejera no concretó plazos pese a ser interpelada por varios grupos de la oposición. Mientras tanto, las actividades de formación y educación alimentaria en los centros escolares continuarán en marcha. “Enseñar a comer bien y a valorar los productos de nuestra tierra también es defender a nuestros agricultores”, subrayó.

La decisión se enmarca en la posición del Gobierno frente al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se opone mientras no garantice la igualdad de condiciones para los productores aragoneses. “No podemos exigir a nuestros productores estándares más exigentes mientras permitimos la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas condiciones”, señaló Simón.

Peste porcina africana

Más allá de la fruta, la consejera desgranó las prioridades de la legislatura. En materia de sanidad animal, anunció una reunión inminente con sus homólogos de Cataluña y la Comunidad Valenciana para establecer un protocolo común frente a la peste porcina africana, a la que calificó como “la principal amenaza estructural para el sector”. Los tres territorios forman el corredor de mayor densidad porcina de España, con más de diez millones de plazas solo en Aragón, y Simón advirtió de que “una respuesta descoordinada podría incrementar el daño de manera exponencial”. “Aragón no espera, actúa antes”, zanjó.

Sobre la política del agua, la consejera apostó por completar las obras del Pacto del Agua –incluyendo el recrecimiento de Yesa, la presa de Almudévar y la de Mularroya– y por retomar el proyecto del pantano de Biscarrués, tumbado judicialmente según la oposición “por un defecto de forma”. Preguntada por el trasvase del Ebro, Simón eludió el debate: “Primero habrá que hacer las obras del Pacto del Agua y luego ya veremos”.

La simplificación administrativa fue otra de las banderas de su comparecencia. “Durante demasiados años nuestros agricultores y ganaderos han tenido la sensación de que la Administración les exigía cada vez más y les ayudaba cada vez menos”, dijo. Y sobre la PAC, se comprometió a defender “hasta el último euro que corresponda a Aragón” y a oponerse a cualquier recorte, con una advertencia directa: “El campo no puede tolerar más recortes”.

Una pelea de David contra Goliat. Las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas ven cómo su sector está diseñado para los grandes operadores, con los que es muy difícil poder competir. Para conseguirlo optan por las alianzas –por ejemplo, a través del cooperativismo– como instrumento para sumar fuerzas, más aún cuando se trata de competir en segmentos concretos, como el de la producción ecológica. “Nos tenemos que organizar como sector, para tener voz y fuerza, para que legislen teniendo en cuenta nuestras necesidades, porque todo está pensado para la producción industrial”, explica Rosario Hernández, ganadera canaria. “Eso hace que, muchas veces, te quedes fuera. Cuesta mucho salir adelante, todo está diseñado para las grandes empresas”, recalca.

Las cifras señalan que la figura del cooperativismo está en alza. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación son de 2023, pero apuntan una tendencia clara. Ese ejercicio se cerró con 3.699 entidades cooperativas, con crecimientos constantes desde 2006, el primer año del que apunta datos. Y su facturación se dispara desde ese año. En 2023, el volumen de ingresos de las cooperativas alcanzó los 39.570 millones de euros, un 97% más que en ese 2006 que se toma como punto de partida.

El volumen de ventas del sector es relevante, pero también el empleo. A cierre de 2023, las cooperativas del sector primario sumaban casi 120.000 puestos de trabajo. De ellos, el 45% estaba ocupado por mujeres. “La participación de la mujer en las cooperativas sigue manteniendo un aumento sostenido en los últimos años”, señala Agricultura. A cierre de ese año, representaba casi el 30% de la base social cooperativista y “el 10,4% de la composición de los consejos rectores”, indica el Ministerio. Sin embargo, en ellos “apenas el 4,7% ostentan la presidencia y un 14,5% puestos de dirección”. También es reducida la presencia de menores de 40 años, que solo son el 9% de la base social, el 7,5% de la composición de los consejos rectores y el 4,4% de los puestos de presidencia.

Cuando una persona no puede hacer todo el trabajo

El cooperativismo y el asociacionismo se ve como una opción para ser más fuertes y que la voz se escuche más alto. Azpe García puso en marcha, en plena crisis financiera, una pequeña cooperativa apícola, que también se dedica a la educación ambiental, A Redolada. “Empecé siendo autónoma; luego, dos personas y, posteriormente, tres. Estudié biología y, en 2010 y 2011, después de meses buscando trabajo, vi que nadie me iba a contratar en lo mío y que era mejor que me dedicara a lo que quería hacer. Me gustaba el trabajo de campo, pero no me atraía la ganadería tradicional y, como mi proyecto tenía la parte de sensibilización, las abejas eran muy buenas para eso. Me formé y me lancé”. 

“El asociacionismo es básico”, argumenta. “En nuestro caso es muy necesario ser una cooperativa, porque con todos los trabajos que tenemos que hacer, una persona no llega. Son 18 horas al día, es imposible; y trabajar en grupo también te aporta más, tiene más ventajas que inconvenientes”, añade Azpe García. “Se puede ser una asociación, una agrupación, hay que buscar sinergias y mecanismos de cooperación, que no tienen por qué ser para todo el proceso. Por ejemplo, pueden hacer más fácil la comercialización”. En su caso, apunta que, en la distribución, el tamaño es menos importante, porque su canal no son los supermercados, sino el comercio local, de proximidad, los puntos de venta directa. También indica que la apicultura ecológica presenta aspectos de gran dificultad, como la ubicación de las colmenas. “Las principales fuentes de néctar en tres kilómetros a la redonda tienen que ser flores silvestres o cultivos ecológicos certificados. Eso hace muy difícil encontrar sitios”.

Belén Matilla es interventora de la cooperativa Lutega. “Somos una cooperativa un poco especial, la única que se dedica al lúpulo en Galicia”. En 2009, Matilla quiso sacar adelante la producción de esta flor indispensable para la cerveza, después de que su padre fuese el primer ingeniero que llegó a Betanzos desde León para dedicarse al lúpulo. “Constituimos una pequeña cooperativa, con Bodegas Rilo, porque los que manejan viña saben manejar el lúpulo. Ambas son plantas leñosas”, explica Matilla.

Actualmente, en un sector dominado por las grandes multinacionales, Lutega cuenta con 15 hectáreas de cultivo y con Estrella Galicia como cliente, pero no es una tarea fácil y no pueden ser más grandes. “Necesitas maquinaria específica que solo utilizas unos días al año. Nosotros optamos por ser una cooperativa en lugar de un grupo de cultivadores. Compramos maquinaria que tiene 70 años y no podemos tener más hectáreas, simplemente, porque no las podemos trabajar”. “Tal y como está la situación, yo me he podido permitir poner en riesgo 250.000 euros, pero este no es un trabajo que pueda recomendar, tienes que tener la producción comprada”, concluye.

Por su parte, la agricultora Ana Mestre trabaja en el norte de Almería. Sobre todo, hortalizas, pero también frutales y olivar. “Nosotros no tenemos tierras propias, trabajamos tierras de personas mayores o de gente que no quiere trabajar el campo. La gente lo va abandonando y las nuevas generaciones optan por cultivos menos laboriosos y que den más rentabilidad”, constata. Mestre defiende el “asociacionismo”. “Significa poder representarnos y tener voz, porque la unión hace la fuerza y de forma individual, si intentamos quejarnos, es mucho más difícil. A mí que me cogen lejos las grandes poblaciones, si el reparto de la verdura es compartido, eso facilita mucho, es mejorar tu negocio, ser más competitivos y mejorar la situación económica”. 

Y Rosario Hernández, es ganadera ecológica en un territorio como Canarias “presionado por lo urbano”. Su ganado está suelto en su terreno, pero asume que no se atreve a sacarlo a pastorear porque se ve obligada a llevarlo por la calle. Recalca que ese asociacionismo es clave en un sector como el ecológico. “Nos tenemos que organizar para que se nos vea, se nos escuche”, apunta Hernández, quien forma parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Canarias.

Más ayudas y un nuevo movimiento agroecológico

El número de cooperativas crece y el sector lo ve como una solución. Y hay iniciativas para tratar de facilitar este tipo de integración. Hace unos días, el ministro de Agricultura, Luis Planas, llamó a acelerar el cooperativismo como vehículo para hacer frente, en mejores condiciones, a los retos de la economía global, mejorar la capacidad de negociación, acceder a nuevos mercados o invertir en mejorar las instalaciones y en proyectos de innovación, según señaló durante la asamblea anual de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Precisamente, hace unos meses, el Consejo de Ministros dio luz verde a una modificación de las bases regulatorias para fomentar la integración de cooperativas, para que sean más grandes y tengan carácter superautonómico. Lo ha hecho dentro del marco de la Política Agrícola Común (PAC), que fomenta las inversiones realizadas en este sentido, con 100 millones de euros, y que también busca reducir las cargas administrativas.

Sin embargo, al margen del sector público, también el primario busca fórmulas para acelerar las integraciones, el cooperativismo y el asociacionismo. Entre estas últimas, a principios de este año, se constituyó en Vitoria-Gasteiz el Movimiento de Productores y Productoras por la Agroecología (MPA), que suma 70 productores y productoras de más de 30 asociaciones de todo el país.

“Nos organizamos para producir, transformar y comercializar conjuntamente. La cooperación es nuestra fortaleza. Por ello, construimos alianzas con administraciones públicas y entidades sociales para relocalizar la actividad agraria y liderar la transición ecológica de los sistemas agroalimentarios”, explican en su manifiesto. “Apostamos por trabajar de forma coordinada dentro del sector de la producción ecológica y por la agroecología, compartir aprendizajes y experiencias y construir una voz colectiva fuerte y reconocible. También queremos tener voz en la elaboración de las políticas agrarias y alimentarias que nos afectan y que condicionan la viabilidad de nuestros proyectos y el futuro del sector”, concluyen.

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, cerró el año 2025 con más de 700 proveedores canarios de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor de más de 810 millones de euros. 

En términos de empleo, Mercadona creó el año pasado 300 nuevos puestos de trabajo en las Islas, donde dispone de una plantilla compuesta por más de 5.100 personas. La compañía señala que ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad, y pone como ejemplo de ello la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (en concreto en marzo de este año han sido dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

Más de 810 millones de euros en compras en Canarias

El apoyo al tejido productivo se ha visto reflejado en un volumen de compras a proveedores canarios que alcanza los 810 millones de euros durante el 2025. Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona para ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus clientes, figuran los 1,2 millones de kilos de pimiento; 1,8 millones de kilos de papaya; los más de 2 millones de kilos de aguacate; los 2,3 millones de kilos de sandía; los 5 millones de kilos de papa; los 7 millones de kilos de tomate y los 70 millones de kilos de plátano; cifras todas ellas que reflejan la apuesta decidida de la compañía por el sector agroalimentario del archipiélago.

20,7 millones de inversión

La inversión de Mercadona en Canarias también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 20,7 millones de euros. De este total, 17,5 millones de euros han ido destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer; y 3,2 millones de euros, a actuaciones de mejora en los dos bloques logísticos de la compañía, sitos en Ingenio (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife), así como en su almacén satélite de Fuerteventura.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto un supermercado (que han supuesto el cierre de otros dos por no cumplir los estándares requeridos por la compañía) en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), y ha reformado una tienda en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). A cierre de 2025, Mercadona contaba con 82 supermercados, 71 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), 70 tenían la sección Listo para Comer y 54 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

Cabe destacar asimismo que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 985 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 37 entidades sociales con las que colabora diariamente en Canarias, lo que equivale a más de 16.420 carros de la compra.

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad. 

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada, destaca la compañía. 

De este modo Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a “consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector”, tal y como demuestran las cifras aportadas por la compañía. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que al año anterior.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que las medidas puestas en marcha frente a la sobrepoblación del conejo de monte han permitido la captura de 122.000 ejemplares en la provincia de Cuenca en lo que va de año.

Así lo ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que este lunes ha presidido la constitución de la Mesa Provincial del Conejo de Monte de Cuenca, junto al delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, con la participación de representantes de distintas administraciones, organizaciones agrarias, asociaciones cinegéticas y conservacionistas, Guardia Civil-SEPRONA y el cuerpo de Agentes Medioambientales.

Almodóvar ha señalado que esta mesa permite “acercar las actuaciones del Plan de Acción frente a la Sobrepoblación del Conejo de Monte puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha a la realidad concreta de cada provincia”, según ha señalado la Junta de Comunidades en un comunicado.

Seguimiento del plan regional

Entre las actuaciones ya activadas, el viceconsejero ha destacado la puesta en marcha, a través de GEACAM, de dos Equipos de Control de Fauna, que realizan capturas con hurón en terrenos gestionados por la Junta de Comunidades.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno regional ha reforzado la capacidad operativa de los agentes medioambientales mediante la caza nocturna, como complemento al control cinegético que vienen realizando los cazadores.

Almodóvar también ha incidido en la importancia de la declaración de comarca de emergencia cinegética, una herramienta que permite la captura de conejos durante todos los días del año y sin cupo, y que ha definido como “la medida más efectiva de la que disponemos actualmente”.

Dentro de las nuevas actuaciones previstas, el Ejecutivo autonómico también contempla la posibilidad de autorizar el uso de trampas homologadas para la captura de conejos. En este sentido, ha anunciado que van a desarrollar pruebas en la Laguna de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, para evaluar su funcionamiento y eficacia.

Ayudas para proteger los cultivos

El viceconsejero de Medio Ambiente ha destacado especialmente que el Gobierno regional publicará en junio una orden de ayudas destinada a agricultores de Castilla-La Mancha afectados por la sobrepoblación del conejo de monte.

Según ha explicado, esta convocatoria facilitará la adquisición de protectores individuales para cultivos leñosos y protectores colectivos para cultivos leñosos y herbáceos, con el objetivo de reducir los daños y ofrecer nuevas herramientas de protección al sector agrario.

Por último, Almodóvar ha confiado en que la Mesa Provincial del Conejo de Monte de Cuenca permita sumar la participación de todas las administraciones, organizaciones y sectores implicados para avanzar en soluciones coordinadas ante “un problema muy complejo que requiere la colaboración de todos”.