Ya se tramita como Proyecto de Singular Interés (PSI) la futura planta de acero verde que la empresa Hydnum Steel va a instalar entre el núcleo urbano de Puertollano (Ciudad Real) y el polígono industrial de La Nava de la ciudad. Su primer expediente está en información pública hasta finales de junio y, si recibe posteriormente luz verde ambiental, se convertirá en la primera acería de estas características en España y Europa.

Se considera acero verde el producto elaborado mediante tecnologías que eliminan o reducen drásticamente las emisiones de CO2 durante su fabricación, utilizando hidrógeno verde en lugar de carbón. Se basa, por tanto, en energías renovables para lograr un proceso libre de combustibles fósiles, constituyendo una alternativa sostenible con una huella de carbono “cercana a cero”. 

Este tipo de material es considerado desde hace años “un elemento fundamental para alcanzar la neutralidad climática”, aunque actualmente, según BBVA, su coste de producción es mayor que el del acero tradicional. No obstante, muchos expertos prevén que es el futuro de la metalurgia, alineado con la economía circular.

Fabricar acero verde es actualmente más costoso que el convencional, con primas estimadas entre 120 y 170 euros más por tonelada en Europa para 2026, llegando incluso a reportarse costes operativos superiores a los 1.000 euros por tonelada mediante rutas de hidrógeno. Esto representa un incremento de aproximadamente el 40% sobre el acero tradicional, principalmente debido a la alta inversión en tecnología de hidrógeno y electricidad.

Pero tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como la empresa Hydnum Steel parecen haber hecho sus cálculos de cara la futura planta de Puertollano. Esta ciudad es ya un nodo estratégico y referente en hidrógeno verde (H2V) en Europa. Alberga la planta de Iberdrola, la mayor de uso industrial en su inauguración hace cuatro años. Utiliza el cien por cien de energía renovable (solar fotovoltaica con 100 megavatios y baterías con 20 megavatios por hora) para producir hidrógeno destinado a la fábrica de Fertiberia.

Es esta ciudad se encuentra también el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), una instalación científica dedicada a la investigación, desarrollo y validación de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible. Impulsa la transición energética mediante proyectos de I+D, simulaciones y la homologación de componentes para transporte, energía y la industria.

Estos factores son todo ventajas para Hydnum Steel. Además, el hecho de que su acería verde se tramite como PSI significa que sus trámites urbanísticos y administrativos serán más ágiles: el Ejecutivo regional considera que es un “proyecto prioritario”, es decir, con un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la región.

El proyecto de su solicitud de autorización ambiental ya se ha sometido a información pública, según la resolución de la Consejería de Fomento publicada en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM). El Gobierno de Castilla-La Mancha lo considera “un proyecto industrial estratégico para la región” que contará con una inversión de más de 1.521 millones de euros.

El impacto económico que se espera llegará a los 11.000 millones de euros, según el Ejecutivo. En total, la planta prevé crear más de 1.000 empleos directos y alrededor de 5.000 puestos de trabajo indirectos, revitalizando una zona con alta tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Un proyecto prioritario pendiente de su impacto ambiental

Debido su catalogación especial, la tramitación urbanística del proyecto se está realizando conforme la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha. Después de este proceso de participación, el Gobierno regional debe realizar el informe de impacto ambiental conforme a la normativa de prevención y control de la contaminación. Será entonces cuando se conozcan sus posibles afecciones al medio ambiente y al propio núcleo urbano de Puertollano.

Precisamente, en la resolución de Fomento se indica que Hydnum Steel tiene por objeto la creación de una planta industrial de producción de bobinas de acero mediante la utilización de energías limpias, de forma que la huella de carbono del producto final represente “un 98% de reducción” respecto a la generada con los procesos actuales, realizados mediante altos hornos y hornos de oxígeno.

El ámbito del PSI, de aproximadamente 209 hectáreas, se ubica entre el núcleo urbano de Puertollano y el polígono industrial de la Nava en terrenos clasificados mayoritariamente como suelo rústico de reserva, proponiéndose su clasificación como “suelo urbanizable”, aunque existe un pequeño ámbito con clasificación de suelo urbano residencial en la Barriada del Río Ojailén.

Sobre esta zona ya avisó en un informe previo la Consejería de Cultura, en la elaboración previa del Inventario de Patrimonio Cultural: ahí se constata que parte los terrenos afectados por el proyecto se incluyen dentro del ámbito de prevención arqueológica 'Costanillo'. Se encuentra en una terraza en el margen izquierdo del río Ojailén. Es una zona llana, en gran parte alterada por las explotaciones mineras y el desvío del cauce, en la que hay localizada “abundante materia prima de cuarcita”.

También incide en esta cuestión arqueológica la asociación Ecología y Libertad en su informe previo a la autorización ambiental. Y alerta además del impacto paisajístico por la altura de 55 metros que prevé la fábrica “en medio de la llanura característica de la Mancha”. Alerta igualmente de las consecuencias en la olivarera de Puertollano: afirma que la actuación requerirá que sean arrancados “un gran número de pies arbóreos” que funcionan como sumidero de carbono.

Al margen de los escritos previos y mientras se realiza la evaluación ambiental, el documento publicado en el DOCM ya precisa que la actuación comporta afecciones a la ordenación estructural. Asimismo, a fin de posibilitar los usos previstos en el PSI, se generan unas “condiciones particulares” según las ordenanzas municipales para definir los parámetros urbanísticos de cada una de las parcelas resultantes.

En total, en la resolución se reconocen 104.714,50 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos y 290.535,61 metros de suelo para zonas verdes y espacios libres, como superficies de cesiones obligatorias. El desarrollo propuesto incluirá las obras de urbanización interior y para conectar con las infraestructuras necesarias.

Como parte del PSI, se resuelven también todas las conexiones exteriores que se precisan, y se asegurará el “adecuado funcionamiento” de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, así como la conservación y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes.

No obstante, esta relación podría variar en función de los posibles acuerdos a los que pudieran llegar, para su adquisición, los titulares de esos bienes y la empresa promotora, así como por los “ajustes de diseño” que se deriven de la redacción de los proyectos técnicos antes de la aprobación definitiva del proyecto.

Simultáneamente al trámite de información pública, se consultará a todas las administraciones públicas territoriales, entidades u organismos, titulares o gestoras de bienes o servicios afectados y personas interesadas, indicándoles la posibilidad de emitir informe o formular alegaciones.

Hydnum Steel llegó a presentar su proyecto en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso: “Cero emisiones”, “cero vertidos” y energía renovable para descarbonizar la siderurgia, una industria que representa casi el 10% de las emisiones de CO2 a nivel global.  

Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua

“Otra forma de producir acero es posible”, afirmó en las Cámara Baja la CEO de Hydnum, Eva Maneiro. Indicó que la planta de Puertollano será un “modelo de sostenibilidad hídrica” gracias a su sistema pionero de reutilización de aguas residuales. “Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua”, añadió.

El Foro Económico Mundial (WEF) ha reconocido a esta empresa como uno de los cinco proyectos “más innovadores a nivel global en la carrera por descarbonizar la producción de acero”.

Según las previsiones de la empresa, Europa necesitará producir hasta 30 millones de toneladas de acero verde para 2030, un reto que “solo podrán asumir aquellos que inviertan ahora en innovación y sostenibilidad”, afirma.

Digitalización y agua

Una de las características más innovadoras que promete Hydnum Steel es el uso del ‘Gemelo Digital’ desarrollado junto con Siemens, socio estratégico del proyecto, que permitirá optimizar todos los aspectos del proceso productivo en tiempo real, “mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de recursos”. Es más, la empresa también presume de su “corazón digital”. Quiere aplicar la innovación tecnológica, la digitalización y la Inteligencia Artificial en todos sus procesos.

El consumo de agua es igualmente clave en el proceso. Aunque la empresa todavía no especifica cuál será el volumen de su consumo, afirma que utilizará “tecnología de vanguardia” para minimizar su consumo: reciclar aguas grises y residuales de forma que sean aptas para su uso en el proceso productivo de la planta; y el agua utilizada se volverá a tratar para incorporarla de nuevo al sistema.

En los informes previos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pide que el Estudio de Impacto Ambiental incluya con detalle las actuaciones a realizar y un análisis de todos los posibles impactos que puedan producirse sobre las masas de aguas.

Demanda asimismo un listado con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias para minimizar los “efectos perjudiciales” que pudieran producirse en las distintas masas de agua como consecuencia del proyecto y para hacer compatible la actuación proyectada con el cumplimiento de la normativa sectorial de aguas vigente, durante la fase de construcción de las instalaciones y durante los años que dure su explotación.

La ubicación de la planta en Puertollano no es casual. La zona, en su momento muy desfavorecida por el declive la minería, cuenta ahora con una infraestructura industrial sólida, y tanto las administraciones como la empresa la consideran un nodo estratégico de producción de hidrógeno verde y energías renovables, “elementos clave para el éxito del proyecto”.

Además del apoyo del Gobierno regional, el proyecto también cuenta con el aval del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz (PP), quien ha manifestado en varias ocasiones su satisfacción tras la aprobación inicial del proyecto.

Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible

El edil ha subrayado que este avance “supone un paso importante y marca un punto de no retorno hasta la colocación de la primera piedra”, y ha destacado la importancia estratégica de esta iniciativa para el desarrollo económico e industrial del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Puertollano se ha reiterado el compromiso firme de colaborar activamente en la agilización de todos los trámites necesarios y de “eliminar cualquier obstáculo administrativo” que pueda retrasar su puesta en marcha. “Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible”, ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha incidido en la relevancia social del proyecto, especialmente para los jóvenes de la ciudad, quienes ven en esta acería una oportunidad real de empleo y de desarrollo profesional. “Este proyecto debe responder a las expectativas de futuro de nuestros jóvenes, fijar talento y generar oportunidades en nuestra tierra”, ha añadido.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado en el Senado que la Xunta de Galicia no haya remitido al Gobierno los datos necesarios sobre la huella pesquera, en el marco de la evaluación del impacto de la eólica marina flotante en el sector.

Planas ha respondido así a una pregunta de la senadora del BNG Carme da Silva –recogida por Europa Press– quien ha cuestionado qué estudios maneja el Ministerio sobre la afectación de la eólica marina al sector pesquero gallego y a los ecosistemas marinos, y ha reclamado que no se convoquen subastas sin informes “rigurosos e independientes”.

Durante su intervención, el ministro ha defendido que para el Ejecutivo la protección del sector pesquero es “absolutamente clave”, al tiempo que ha subrayado que también es necesario avanzar en el desarrollo de las energías renovables.

Compatibilidad, planificación y diálogo

En este sentido, ha explicado que la actuación del Gobierno se rige por tres principios: “compatibilidad, planificación y diálogo”. Según ha indicado, se están realizando estudios junto al Ministerio para la Transición Ecológica para determinar la posible compatibilidad entre la actividad pesquera y la implantación de parques eólicos marinos.

El ministro ha asegurado que el Ejecutivo está recopilando datos sobre la huella pesquera y sobre la localización de los buques de más de 15 metros, y ha avanzado que progresivamente se incorporarán los de menor eslora.

En este contexto, Planas ha destacado que varias comunidades autónomas ya han remitido información al respecto, pero ha subrayado que la Xunta no lo ha hecho. “Hay cuatro o cinco comunidades autónomas que nos han enviado ya los datos. Galicia no nos lo ha enviado, pero este es un elemento que yo creo que sinceramente es muy importante”, ha afirmado.

Por último, el titular de Pesca ha defendido que el principio de prudencia es aplicable, aunque ha insistido en que se debe avanzar “sobre una base racional” y desde el diálogo con el sector pesquero y las plataformas de protección de los ecosistemas marinos.

Josep Piñol, artista de 31 años de las Tierras del Ebro, era consciente de que no pintaba nada en aquel lugar: una convención de gente poderosa, adinerada, reunida en un hotel de lujo. En ese encuentro estaba, en sus palabras, “el establishment económico del país”. Le había invitado una conocida. Tuvo curiosidad. Primero fue a un encuentro similar en una casa, y después, le invitaron a una segunda reunión, en un hotel. Piñol pide no dar detalles del lugar ni de las personas que estaban presentes. En el momento del cóctel, un hombre de unos 80 años se dirigió a un grupo reducido de personas y, copa de champán en mano, empezó a hablar. Había dedicado su vida entera a asesorar a gobiernos e instituciones, dijo, y había sentido “mucha vergüenza” al leer en la prensa sobre una operación financiera que se acababa de tejer entre dos compañías. Los representantes de ambas empresas estaban allí presentes, de pie, justo delante de Piñol. “El tipo les empezó a vacilar y dijo: 'Bueno, no hay mucho que hacer aquí porque lo que he visto después de toda mi trayectoria es que nadie está dispuesto a renunciar a sus propios intereses'”. Y prosiguió: “Miraos, todos aquí con trajes carísimos, que no bajan de los mil euros. ¿Quién está dispuesto a renunciar a su privilegio? Nadie. Así que brindemos por el clima, por la hipocresía, por la sostenibilidad y por las evitadas”.

¿Qué son las evitadas?, se preguntó el artista. La operación a la que se refería el hombre era la siguiente: una compañía había financiado a otra para que dejara de extraer gas. La “no extracción”, cuenta ahora el artista, que no quiere desvelar de qué empresas se trata, se había computado en el mercado voluntario de emisiones evitadas. Esas personas, las que habían cerrado la transacción, también brindaron. “Por las evitadas”.

Solo anunciar en un compromiso firmado la reducción de emisiones frente a una alternativa hipotética puede transformarse, mediante este mercado, en créditos de carbono reales, que se ponen en venta y que otras empresas compran para 'compensar' sus emisiones. Esa compensación sirve, por ejemplo, para que las aerolíneas puedan anunciar vuelos en teoría neutros en carbono, aunque sus aviones sigan quemando queroseno

En el complejo universo de los mercados de emisiones de carbono, tanto en el obligatorio como en los voluntarios, existen los créditos por emisiones ‘evitadas’: aquellas toneladas de CO2 que una empresa o entidad habría logrado no enviar a la atmósfera tras adoptar una medida concreta. Puede ser una instalación de energías renovables que se construye en lugar de una central de combustibles fósiles, o un plan de una empresa que contempla usar una flota eléctrica frente a la que ya tiene, de diésel, entre otros muchos proyectos posibles. Solo anunciar en un compromiso firmado la reducción de emisiones frente a una alternativa hipotética puede transformarse, mediante este mercado, en créditos de carbono reales, que se ponen en venta y que otras empresas compran para 'compensar' sus emisiones. Esa compensación sirve, por ejemplo, para que las aerolíneas puedan anunciar vuelos en teoría neutros en carbono, aunque sus aviones sigan quemando queroseno, o para que el informe financiero de una empresa destaque esta aparente reducción de emisiones con la que seducir a nuevos inversores o satisfacer a los actuales.

En sí, son operaciones completamente legales, y más o menos reguladas (mucho más en sistemas obligatorios como el esquema de comercio europeo). Por supuesto, existen trampas. Una investigación liderada por The Guardian, el periódico alemán Die Zeit y la ONG periodística SourceMaterial reveló en 2023 que más del 90% de los créditos de compensación emitidos por la principal certificadora a nivel mundial, Verra, y que habían usado grandes empresas como Disney, Shell o Gucci, eran créditos fantasma y no representaban una reducción real de las emisiones. Los periodistas pudieron comprobar que buena parte de los proyectos para mantener bosques y evitar la deforestación, que habían generado esos créditos, eran meras alegaciones y conjeturas. Se basaban en amenazas de tala sobreinfladas en más del 400%.

Para Carbon Brief, un medio dedicado en exclusiva a la política climática, que ha investigado y seguido de cerca las trampas en la financiación climática y los mercados de carbono, ese es el problema. “Estos mercados se basan en una hipótesis contraria a los hechos, en un escenario que nunca ocurrió y no se puede demostrar que hubiera ocurrido”, explica Josh Gabbastiss, especialista en financiación climática y periodista en este medio. Gabbastiss arguye que, si un agente (una empresa, un país) alega que, de no haber construido un parque eólico o una planta solar determinada, habría impulsado una infraestructura de combustibles fósiles en su lugar, no es muy fiable. “La realidad es que hoy en día sale muy barato instalar tecnología renovable, así que en muchos de los casos simplemente tiene sentido económico apostar por renovables antes que infraestructura fósil”, dice. “O, en el caso de los créditos forestales, ¿cómo se puede probar que en realidad ese bosque hubiera sido talado?”, plantea.

A diferencia de los créditos por evitación, la compensación por retirar CO2 de la atmósfera, bien plantando árboles, bien –algo bastante menos frecuente– construyendo infraestructura de captura y almacenamiento de carbono, es mucho más fácil de medir. “Pero la mayor parte de la compensación en mercados de carbono no proviene de la retirada de CO2, sino de la reducción o evitación”, incide este especialista.

Por ejemplo, buena parte de la compensación bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el programa de Naciones Unidas que impulsó el Protocolo de Kioto (1997), provino de proyectos hidroeléctricos en Brasil, China o India, así como de otras instalaciones renovables. “Se entiende de manera generalizada que esos desarrollos se habrían llevado a cabo de todos modos. Por tanto, no hubo ninguna acción climática adicional como resultado de esos proyectos de compensación”, argumenta Gabbastiss, que concluye: “Significa que las compensaciones en sí mismas no tienen ningún valor”.

“Qué fúnebre… ¿Hasta dónde hemos llegado?”, pensó Piñol cuando le explicaron en qué consistía la categoría de emisiones evitadas. “Me pareció increíble que especulemos con cualquier cosa y que construyamos narrativas que permitan lavarnos la cara así de fácil”, señala. Para este exmonaguillo, que con su anterior obra –una virgen rodeada de morcillas– se ganó una demanda de Abogados Cristianos, los derechos de emisión (los créditos de carbono) serían algo así como bulas papales contemporáneas: en el mercado de indulgencias papales de la Edad Media, se vendían perdones para quien hubiera cometido o fuera a cometer un pecado. Era, esencialmente, comprar el derecho a pecar. Y lo mismo, arguye, sucede con los derechos de emisión.

Un artista conceptual en la actualidad vive, en buena medida, de su agenda. Y a Piñol no le faltan contactos. Llamó a juristas de diferentes bufetes, a expertos en mercados de carbono que, uno tras otro, le ayudaron a comprender el mecanismo del que se benefician tantas empresas hoy, un esquema creado con el Protocolo de Kioto de 1997 y por el que ya fluyen cientos de miles de millones de dólares. Solo los mercados voluntarios movieron en 2024 cerca de 1.700 millones de dólares, según Global Market Insights.

Cuando por fin lo comprendió todo, el artista tarraconense decidió hacer una denuncia artística de todo el engranaje, haciendo exactamente lo mismo que las empresas que participan del mercado. Inventaría un proyecto, mediría la huella de carbono de esa obra hipotética, la avalaría y presupuestaría, luego decidiría no hacerla, certificaría las emisiones de la obra no realizada y obtendría los créditos de carbono por las toneladas evitadas.

Solo tenía que seguir el proceso completo, empezando por el paso inicial de pensar una “no obra”. En Belém, ciudad de la Amazonía brasileña donde estaba prevista la cumbre del clima COP30 a finales de 2025, Piñol construiría una macroestructura de cemento de casi 30 metros de altura. En el último piso colocaría ataúdes y, sobre estos, cien esculturas de bronce que representarían a hombres trajeados, similares a los ejecutivos que conoció en la convención del hotel de lujo. El bloque sería además una planta de captura de CO2, pero llevarlo a cabo implicaría deforestar y ocupar un terreno de mil metros cuadrados. Un delirio que, aunque él sabía que nunca ejecutaría, logró levantar en total 18,4 millones de euros en rondas de inversión, algo que acreditó con cartas de interés firmadas por unas entidades –una británica y otra canadiense–, cuyos nombres Piñol no quiere hacer públicos.

Segundo acto: el artista debía medir la huella de carbono de su “no obra”. Con los planos sobre la mesa, una consultora especializada debía hacer un análisis de ciclo de vida del impacto ambiental del proyecto, siguiendo las normas ISO 14040 y 14044. Piñol levantó de nuevo el teléfono. Casi todos los consultores que contactó le rechazaron. No sabían bien a qué se refería, no contaban con suficiente experiencia en ese ámbito o, directamente, les parecía una locura. ¿Acreditar las emisiones evitadas de una obra de arte no producida? No se había hecho nunca. Pero uno dijo que sí: Juan Vicente Fernández, fundador y director de Greenme.

Este madrileño fundó su empresa en 2018. Ahora, su equipo de ocho personas ofrece asesoría técnica a empresas que quieren cumplir sus compromisos ambientales, conocidos en el mundo corporativo como ESG. La propuesta alocada de Piñol le cautivó. “Gracias a que somos muy técnicos tenemos una visión muy sistémica de la vida”, dice Fernández, crítico con la eficacia de los mercados de carbono para frenar el calentamiento global: “Son un parche. Empezaron con un objetivo bastante bueno, pero al final la idea es la simplificación de una realidad que es muy compleja. Si emites CO2 a través de un tubo de escape o de una chimenea no quiere decir que un árbol que plantes lo vaya a absorber. No es así de lineal”, comenta. Pero él ya trabajaba con empresas que querían generar créditos de carbono mediante emisiones evitadas y también mediante la absorción y almacenamiento de CO2.

Tercer acto: como no existía todavía una forma de certificar obras de arte no ejecutadas, tuvieron que desarrollar un estándar de cero. Lo validó Art Carbon Avoided (ACA) S.L., cuyo administrador único es nada menos que el propio Josep Piñol. Así que una empresa puede crear su propia certificadora para verificar el proceso con el que conseguir créditos de carbono partiendo de una mera promesa. En adelante, ACA sería la base legal de lo que el artista denominó cultural degrowth credits (créditos de decrecimiento cultural).

Cuarto acto: una auditoría independiente debía revisar la documentación y comprobar que, en efecto, Piñol contaba con el aval y el presupuesto para construir su obra delirante (cartas de interés de los inversores potenciales). En otras palabras, que el proyecto era viable y no solo humo. Piñol logró luz verde de la auditoría. Eso generó unos créditos de carbono que correspondían a las 57.765 toneladas de CO2 evitadas, porque el autor decidía, después de todo, no desplegar su macroinstalación en la selva amazónica. El valor de los créditos de carbono ascendía a 1,6 millones de euros. En el mercado voluntario de carbono, el precio de la tonelada no está tasado, sino que lo fija la ley de la oferta y la demanda. Una certificadora como Verra puede establecer precios mucho más altos que una como Art Carbon Avoided S.L., que acaba de nacer y no conoce nadie.

En ningún momento el artista quiso vender sus créditos de carbono. Y en todo caso, planea la pregunta de si alguien los hubiera comprado. Juan Vicente Fernández cree que no. “El tema de la sostenibilidad es muy reputacional, y muchas empresas quieren evitar caer en greenwashing o en escándalos”, explica. El de Piñol, dice, “no es un estándar reconocido internacionalmente”. “Hace 15 años había mucho más pirateo, mucho más desconocimiento por parte de las empresas. Hay menos greenwashing porque tienen más miedo de caer en ello” , agrega. Pero el artista no lo tiene tan claro: muchas empresas, dice, pueden declarar en sus informes o campañas publicitarias que han compensado sus emisiones sin desglosar de dónde proceden esos créditos.

Acto final: Piñol debía comprometerse a no materializar su obra ante un notario, compromiso que selló frente a un grupo de periodistas convocados para observar la performance en el Museu Tàpies de Barcelona, que dirigió Manuel Borja-Villel, exdirector del Museo Reina Sofía y del MACBA de Barcelona. También canceló los créditos de carbono generados para sacarlos del mercado voluntario. Solamente vendió una tonelada acreditada –a un coleccionista libanés– y declaró su renuncia a cualquier derecho de uso, transmisión o explotación sobre el resto “para que no pudieran convertirse en objeto de especulación ni ser utilizadas en reportes de sostenibilidad corporativa”.

La obra, ahora, es un simple papel: el certificado de evitación. Un folio enmarcado que muestra el sinsentido de que incluso aquello que no existe, lo que no se llega a producir, pueda generar más valor económico precisamente por no ser. Y, algo peor, que pueda convertirse en una carta blanca para calentar el planeta.

La pròxima gran revolució tecnològica podria derivar-se dels feixos de llum, en lloc dels xips de silici. La computació fotònica promet superar les limitacions de l'electrònica tradicional i obrir el camí a sistemes d'intel·ligència artificial més ràpids i amb major eficiència energètica, la qual cosa suposa que siguin menys contaminants. La història de la informàtica ha estat marcada per una paradoxa: mentre el món físic és continu i complex, els ordinadors han hagut de traduir-ho tot a zeros i uns. Ara, un equip internacional d'investigadors, liderats des d'Espanya per l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), proposa donar un gir de 180 graus: aprofitar directament les propietats dels sistemes físics —en particular la llum— per a processar informació.

El projecte Post-Digital és una Xarxa de Formació Innovadora Marie Skłodowska-Curie, finançada per la Unió Europea, que reuneix 14 actors acadèmics i industrials, entre ells IBM i Thales, líders en computació òptica i neuromòrfica. En la seva primera fase, coordinada per la Universitat d’Aston (Anglaterra), l'objectiu ha estat formar 15 investigadors joves en el top de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En 2025 ha començat la versió Plus per a quatre anys més, coordinada per l’IFISC, integrat per la Universitat de les Illes Balears i el Centre Superior de Recerques Científiques (CSIC), amb seu a Mallorca. Lidera el projecte el físic Claudio Mirasso des de l'institut espanyol, on també formen part de l'equip Miguel C. Soriano, Ingo Fischer i Apostolos Argyris. En la segona fase, a la qual també s’afegeixen altres empreses (Hewlett Packard Enterprise Belgium, NcodiN, Akhetronics i la valenciana VLC Photonics), es formarà a 17 nous investigadors joves. Cervells privilegiats al servei del progrés. 

L'objectiu és que la nova generació d'enginyers, físics i informàtics sigui capaç de dissenyar i desenvolupar sistemes informàtics no convencionals que “donin suport al panorama TIC europeu per superar la crisi imminent de les tecnologies digitals”. El risc es deriva de la ingent generació de dades a causa “del creixement de les aplicacions d'internet i la proliferació vertiginosa de diversos serveis de banda ampla interconnectats (el núvol, Facebook, Google, YouTube, transmissions de vídeo HD sota demanda, anàlisi de negocis i intercanvi de contingut en línia, telepresència, etc.), telèfons intel·ligents, xarxes de sensors industrials i altres aplicacions”. Aquesta situació exigeix un augment massiu de la potència de processament i de l'amplada de banda de les comunicacions que, segons els experts, la tecnologia digital no podrà assumir. “Cerquem desenvolupar hardware fotònic i optoelectrònic”, assenyala Mirasso. Les recerques sobre computació no convencional ja han donat els seus primers fruits i obren una perspectiva de futur molt prometedora.

Al seu treball, els investigadors exploren com els substrats fotònics podrien convertir-se en motors de còmput capaços d'implementar xarxes neuronals artificials. Aquestes connexions, fonamentals per a l'aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial, es beneficiarien de dos avantatges decisius: la velocitat de la propagació de la llum i el seu baix consum energètic en comparació amb els sistemes electrònics.

El gran volum en la generació de dades demanda un augment de la potència de processament i l'amplada de banda de les comunicacions. En aquest panorama, la computació no convencional pot ser la solució

La llum, la gran aliada

Hi ha diversos prototips de xarxes neuronals fotòniques que ja s'estan provant en assajos, capaços de fer tasques de classificació i reconeixement amb una eficiència notable. Si s'aconsegueix traslladar aquestes experiències a gran escala, la llum podria reemplaçar o complementar als circuits electrònics en àrees crítiques com el processament massiu de dades, la visió per computadora o l'anàlisi en temps real de sistemes complexos. “El nostre repte és aconseguir traslladar les nostres demostracions en laboratori als dispositius reals. La intel·ligència artificial actual funciona amb algorismes que volem que passin directament per un xip fotònic. L'usuari final podrà fer més operacions en menys temps i consumint menys energia, així a més es rendibilitzarà la bateria dels dispositius”, exposa Miguel C. Soriano, responsable de la part del CSIC. 

La intel·ligència artificial actual funciona amb algorismes que volem que passin directament per un xip fotònic. L'usuari final podrà fer més operacions en menys temps i consumint menys energia

Miguel C. Soriano — Investigador del CSIC

En plena crisi climàtica, els avantatges sobre el consum energètic apunten les dades més importants. Amb l'electrònica actual, els xips especialitzats en intel·ligència artificial consumeixen una quantitat d'energia que els permet realitzar entre 1 i 30 bilions d'operacions per watt (TOPS/W). El potencial verd de la fotònica és evident. “Els prototips de laboratori que usen llum en lloc d'electricitat mostren un potencial teòric per a ser entre 10 i 100 vegades més eficients. La raó és simple: la llum viatja gairebé sense resistència, evitant gran part de l'energia que els electrons perden en forma de calor”, explica Soriano.

Analitzant més xifres, també la velocitat d'operació del processador òptic marca clares diferències. Els acceleradors més potents del mercat aconsegueixen ja milers de bilions d'operacions per segon (milers de TOPS) en un sol xip. “Els prototips de laboratori ja han demostrat la capacitat d'igualar als xips electrònics més ràpids, aconseguint milers de TOPS. Però el seu veritable potencial, gràcies a l'ús de múltiples colors de llum en paral·lel, apunta a la frontera dels milions de TOPS, una velocitat avui inassolible per a l'electrònica i possible teòricament amb sistemes fotònics”, afegeix l'investigador. 

Els prototips de laboratori que usen llum en lloc d'electricitat mostren un potencial teòric per a ser entre 10 i 100 vegades més eficients. La raó és simple: la llum viatja gairebé sense resistència, evitant gran part de l'energia que els electrons perden en forma de calor

Miguel C. Soriano — Investigador del CSIC

En la pràctica, aquests sistemes poden ser claus en aviació extrema, matisa Soriano. A l'hora de pilotar un caça, per exemple, que requereixi canvis molt ràpids en l'aire per a modificar la seva trajectòria. També es preveu com a gran aliat en la conducció autònoma de vehicles. En aquests casos entra en joc la latència, que és el temps que s'inverteix a fer un càlcul, per al qual la llum es presenta com a molt més resolutiva. “A curt, mitjà i llarg termini es podran beneficiar, sobretot, empreses, però també l'administració i ens públics com hospitals, per a l'anàlisi de vídeo imatges de salut”, assegura Mirasso. 

Una aposta de futur

No obstant això, no tot està resolt. Els investigadors adverteixen que encara existeixen reptes importants: dissenyar dispositius reprogramables, integrar aprenentatge directament en el hardware físic i garantir l'estabilitat dels sistemes. “Queden esculls que superar per a arribar a abastar la multifunció que ofereixen els ordinadors actuals”, diu Soriano. La transició de l'electrònica a la fotònica no serà immediata, però les bases conceptuals i experimentals ja estan posades i s'ambiciona la seva aplicació. “Aquest camí està recolzat per un consell assessor industrial actiu, un pla clar per a dur els resultats al mercat, així com normes de propietat intel·lectual ben definides”, afegeix Mirasso. 

La conclusió és clara: la computació no convencional, i en particular la fotònica, podria redefinir el futur del processament de la informació. Una revolució silenciosa —o més aviat lluminosa— que promet canviar la manera en què funcionen les màquines intel·ligents, amb un model inspirat en el cervell humà.

La próxima gran revolución tecnológica podría derivarse de los haces de luz, en lugar de los chips de silicio. La computación fotónica promete superar las limitaciones de la electrónica tradicional y abrir el camino a sistemas de inteligencia artificial más rápidos y con mayor eficiencia energética, lo que supone que sean menos contaminantes. La historia de la informática ha estado marcada por una paradoja: mientras el mundo físico es continuo y complejo, los ordenadores han tenido que traducirlo todo a ceros y unos. Ahora, un equipo internacional de investigadores, liderados desde España por el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC), propone dar un giro de 180 grados: aprovechar directamente las propiedades de los sistemas físicos —en particular la luz— para procesar información.

El proyecto Post-Digital es una Red de Formación Innovadora Marie Skłodowska-Curie, financiada por la Unión Europea, que reúne a 14 actores académicos e industriales, entre ellos IBM y Thales, líderes en computación óptica y neuromórfica. En su primera fase, coordinada por la Universidad de Aston (Inglaterra), el objetivo ha sido formar a 15 investigadores jóvenes en el top de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En 2025 ha arrancado la versión Plus para cuatro años más, coordinada por el IFISC, integrado por la Universitat de les Illes Balears y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con sede en Mallorca. Lidera el proyecto el físico Claudio Mirasso desde el instituto español, donde también forman parte del equipo Miguel C. Soriano, Ingo Fischer y Apostolos Argyris. En la segunda fase, en la que también se suman otras empresas (Hewlett Packard Enterprise Belgium, NcodiN, Akhetronics y la valenciana VLC Photonics), se formará a 17 nuevos investigadores jóvenes. Cerebros privilegiados al servicio del progreso. 

El objetivo es que la nueva generación de ingenieros, físicos e informáticos sea capaz de diseñar y desarrollar sistemas informáticos no convencionales que “ayuden al panorama TIC europeo a superar la crisis inminente de las tecnologías digitales”. El riesgo se deriva de la ingente generación de datos debida “al crecimiento de las aplicaciones de internet y la proliferación vertiginosa de diversos servicios de banda ancha interconectados (la nube, Facebook, Google, YouTube, transmisiones de video HD bajo demanda, análisis de negocios e intercambio de contenido en línea, telepresencia, etc.), teléfonos inteligentes, redes de sensores industriales y otras aplicaciones”. Esta situación exige un aumento masivo de la potencia de procesamiento y del ancho de banda de las comunicaciones que, según los expertos, la tecnología digital no podrá asumir. “Buscamos desarrollar hardware fotónico y optoelectrónico”, señala Mirasso. Las investigaciones sobre computación no convencional ya han dado sus primeros frutos y abren una perspectiva de futuro muy prometedora.

En su trabajo, los investigadores exploran cómo los sustratos fotónicos podrían convertirse en motores de cómputo capaces de implementar redes neuronales artificiales. Estas conexiones, fundamentales para el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, se beneficiarían de dos ventajas decisivas: la velocidad de la propagación de la luz y su bajo consumo energético en comparación con los sistemas electrónicos.

El gran volumen en la generación de datos demanda un aumento de la potencia de procesamiento y el ancho de banda de las comunicaciones. En este panorama, la computación no convencional puede ser la solución

La luz, la gran aliada

Hay diversos prototipos de redes neuronales fotónicas que ya se están probando en ensayos, capaces de realizar tareas de clasificación y reconocimiento con una eficiencia notable. Si se logra trasladar estas experiencias a gran escala, la luz podría reemplazar o complementar a los circuitos electrónicos en áreas críticas como el procesamiento masivo de datos, la visión por computadora o el análisis en tiempo real de sistemas complejos. “Nuestro reto es lograr trasladar nuestras demostraciones en laboratorio a los dispositivos reales. La inteligencia artificial actual funciona con algoritmos que queremos que pasen directamente por un chip fotónico. El usuario final podrá hacer más operaciones en menos tiempo y consumiendo menos energía, así además se rentabilizará la batería de los dispositivos”, expone Miguel C. Soriano, responsable de la parte del CSIC.  

La inteligencia artificial actual funciona con algoritmos que queremos que pasen directamente por un chip fotónico. El usuario final podrá hacer más operaciones en menos tiempo y consumiendo menos energía

Miguel C. Soriano — Investigador del CSIC

En plena crisis climática, las ventajas sobre el consumo energético apuntan los datos más importantes. Con la electrónica actual, los chips especializados en inteligencia artificial consumen una cantidad de energía que les permite realizar entre 1 y 30 billones de operaciones por vatio (TOPS/W). El potencial verde de la fotónica es evidente. “Los prototipos de laboratorio que usan luz en lugar de electricidad muestran un potencial teórico para ser entre 10 y 100 veces más eficientes. La razón es simple: la luz viaja casi sin resistencia, evitando gran parte de la energía que los electrones pierden en forma de calor”, explica Soriano.

Analizando más cifras, también la velocidad de operación del procesador óptico marca claras diferencias. Los aceleradores más potentes del mercado alcanzan ya miles de billones de operaciones por segundo (miles de TOPS) en un solo chip. “Los prototipos de laboratorio ya han demostrado la capacidad de igualar a los chips electrónicos más rápidos, alcanzando miles de TOPS. Pero su verdadero potencial, gracias al uso de múltiples colores de luz en paralelo, apunta a la frontera de los millones de TOPS, una velocidad hoy inalcanzable para la electrónica y posible teóricamente con sistemas fotónicos”, añade el investigador. 

Los prototipos de laboratorio que usan luz en lugar de electricidad muestran un potencial teórico para ser entre 10 y 100 veces más eficientes. La razón es simple: la luz viaja casi sin resistencia, evitando gran parte de la energía que los electrones pierden en forma de calor

Miguel C. Soriano — Investigador del CSIC

En la práctica, estos sistemas pueden ser claves en aviación extrema, matiza Soriano. A la hora de pilotar un caza, por ejemplo, que requiera cambios muy rápidos en el aire para modificar su trayectoria. También se barrunta como gran aliado en la conducción autónoma de vehículos. En estos casos entra en juego la latencia, que es el tiempo que se invierte en hacer un cálculo, para el que la luz se presenta como mucho más resolutiva. “A corto, medio y largo plazo se podrán beneficiar, sobre todo, empresas, pero también la administración y entes públicos como hospitales, para el análisis de vídeo imágenes de salud”, asegura Mirasso. 

Una apuesta de futuro

Sin embargo, no todo está resuelto. Los investigadores advierten que aún existen retos importantes: diseñar dispositivos reprogramables, integrar aprendizaje directamente en el hardware físico y garantizar la estabilidad de los sistemas. “Quedan escollos que superar para llegar a abarcar la multifunción que ofrecen los ordenadores actuales”, matiza Soriano. La transición de la electrónica a la fotónica no será inmediata, pero las bases conceptuales y experimentales ya están puestas y se ambiciona su aplicación. “Este camino está respaldado por un consejo asesor industrial activo, un plan claro para llevar los resultados al mercado, así como normas de propiedad intelectual bien definidas”, agrega Mirasso. 

La conclusión es clara: la computación no convencional, y en particular la fotónica, podría redefinir el futuro del procesamiento de la información. Una revolución silenciosa —o más bien luminosa— que promete cambiar la manera en que funcionan las máquinas inteligentes, con un modelo inspirado en el cerebro humano. 

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes sus primeros presupuestos de carbono, una herramienta pensada como acicate para conseguir una reducción de emisiones que cumplan con los objetivos climáticos. Sin embargo, el plan avalado por el Ejecutivo recorta la propuesta presentada por el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, nombrado por el Parlament, quien había propuesto como meta una bajada del 69% en 2035, es decir, un 8% anual. El presupuestos aprobado, en cambio, fija 2030 como año de referencia y se compromete con una reducción del 31%, lo que supone un ritmo de desaceleración más bajo, de en torno al 6,2%.

Los presupuestos de carbono son una herramienta que nació con la ley catalana de cambio climático de 2017, que recoge esta figura, además de la crecación del comité de expertos. Son estos los que primero deben plantear una propuesta, que finalmente el Ejecutivo avala o modifica. En el informe remitido en abril pasado, este grupo reclamaba que, para 2035, las emisiones de gases contaminantes deberían ser de un máximo de 403 megatoneladas de CO2 (o equivalentes en CH4, NO2 y gases fluorados) para cumplir con los Acuerdos de París y la neutralidad climática en 2050.

Tomando 2030 como año de referencia, entre la propuesta de los expertos y la del Govern hay una diferencia de más de 10 puntos porcentuales en reducción de las emisiones, lo que obliga al Ejecutivo a explicar por qué rebaja la ambición.

Este lunes la consellera de Territorio, Silvia Paneque, justificó los cambios debido a que el Ejecutivo “evitar poner en riesgo la competividad de algunos sectores”. La responsable indició, además, que mientras los expertos ponían el foco en la justifica climática, su departamento ha optado por ceñirse a los objetivos climáticos europeos.

Según el documento presentado por el Departamento de Territorio, el transporte y la industria serían los sectores que deberían hacer más exfuerzos en la transición ecológica, pero ambos diferirán del límite que imponían los expertos. En concreto, el sector industrial deberá reducir sus emisiones en un 33%, el mismo límite reclamado por la UE, pero que queda lejos del 51% que reclamabó el docuento del Comité.

Algo similar ocurre en el transporte, sector al que se le marca como objetivo reducir un 19% las emisiones en 2030, también dentro de los límites europeos, pero que resulta mucho menor de lo apuntado por en la propuesta de los expertos, que requerían una reducción del 32%. Desde el Govern opinan que en este momento no disponen de las infraestructuras necesarias para canalizar el transporte de mercancias hacia el sector ferroviario, algo que sí esperan poder hacer cuando mejoren las conexiones con el puerto de Barcelona o se acabe el corredor mediterráneo.

¿Qué pasa con la agricultura y la ganadería, que son uno de los principales sectores emisores? Los expertos reclamaban un recorte del 33%, pero el Govern aún da más manga ancha al considerar que, si bien puede reclamarse una reducción a las instalaciones grandes, para los minifundios esto supondría ahogarlos, por lo que lo deja en el 22%.

En los ámbitos que sí creen poder cumplir con los objetivos marcados con el Comité son el residencial, donde apuestan por incentivos económicos para el abandono paulatino del gas en favor de sistemas térmicos basados en la electricidad, como la aerotermia, y en el sector de los residuos, donde el Govern se compromete a que la mitad de los vertederos públicos desparecerán para 2030.

No todos los bosques son igual de eficaces como sumideros de carbono. ¿Cómo saber qué especies hacen mejor el trabajo de absorción del dióxido de carbono (CO2) acumulado en la atmósfera? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y genera opiniones controvertidas.

La falta de unanimidad científica sobre qué tipo de árboles son los que pueden prestar un mejor servicio como depósitos naturales capaces de absorber y almacenar el carbono llevó a dos investigadores de la Universidad de Alcalá (UAH) a iniciar un estudio y buscar patrones generales basándose en investigaciones publicadas en todo el mundo.

Coordinado por Pilar Castro-Díez y Adrián Lázaro, investigador actualmente ligado a la Universidad de Oviedo, el estudio ha analizado el comportamiento de los árboles exóticos frente a los árboles nativos como sumideros de carbono. “Todos estamos preocupados por el aumento del CO2 en la atmósfera y los bosques se ven como parte de la solución”, recuerda Pilar Castro-Díez, bióloga que coordina el grupo de investigación en ‘invasiones biológicas’ en la universidad alcalaína (Biological Invasions Research Group, BioInv, por sus siglas en inglés).

El proyecto se desarrolló entre diciembre de 2022 y marzo de 2024 y de forma reciente fue publicado en la revista Biological Reviews. Partiendo de más de 20.000 artículos, los investigadores seleccionaron 1.678 casos de estudio distribuidos por todo el mundo, a partir de 250 artículos científicos. Abarcaron 170 especies de árboles introducidos.

Compararon los reservorios y flujos de carbono entre bosques nativos y exóticos que coexisten en un mismo territorio. “Las células vegetales están formadas básicamente por carbono. Si hablamos de las hojas, duran poco, se descomponen y gran parte de su carbono volverá a la atmósfera. La madera es otra cosa. Con árboles longevos, el carbono perdurará más tiempo y seguirá almacenándose en la madera que es un reservorio fundamental de carbono”, aunque no es ni el único ni el más eficiente.

El carbono que se almacena en el suelo es más estable y duradero. En ese terreno los bosques de árboles nativos ganan por goleada a las plantaciones exóticas

La función como sumidero de carbono de los árboles no es tan simple como pueda parecer. Además, hay que distinguir entre especies. “Una cosa es la velocidad a la que absorben el CO2 de la atmósfera y otra es la capacidad para almacenarlo y conservarlo”.

Si hablamos de velocidad, aclara esta profesora del departamento de Ciencia de la Vida, el pulso lo ganarán los árboles exóticos. “Por ejemplo, los pinos de crecimiento rápido o los eucaliptos, que tanto se han plantado en España y Portugal, son capaces de captar el CO2 más rápido”.

En cambio, este tipo de especies no ofrecen tantas garantías de almacenaje. “Son árboles que viven menos y que invierten sobre todo en la parte aérea de la planta. Ahí es más fácil que el carbono se pierda y regrese de nuevo a la atmósfera, por ejemplo, si se produce un incendio o una plaga”.

Gracias al análisis de decenas de publicaciones, han podido confirmar el patrón “promedio” a escala mundial que buscaban, y con soporte estadístico: “El carbono que se almacena en el suelo es más estable y duradero. En ese terreno los bosques de árboles nativos ganan por goleada a las plantaciones exóticas”.

Por eso sugieren que las políticas forestales destinadas a mejorar la captura y el almacenamiento de carbono a largo plazo deberían conservar y promover los bosques nativos. “Sabemos que los bosques cumplen muchas funciones, como el abastecimiento de materias primas que justifican la plantación de árboles de crecimiento rápido, pero no es el caso de España, que puede decantarse por mejores sumideros de carbono”.

Se trata, explica la investigadora, de “fomentar el secuestro de carbono a largo plazo y de paso otros servicios, como la conservación de la biodiversidad. Eso también lo hacen mejor los bosques nativos que los exóticos”.

En España, según datos publicados por Greenpeace, la superficie forestal supone un 55% del total del territorio, algo más de 28 millones de hectáreas. Los árboles son, en buena medida, los responsables de evitar que el CO2 permanezca en la atmósfera fomentando el calentamiento global.

Referencia

Worldwide comparison of carbon stocks and fluxes between native and non‐native forests. Biological Reviews

Lázaro‐Lobo, A., Fernández, R. D., Alonso, Á., Cruces, P., Cruz‐Alonso, V., Ervin, G. N., Gallardo, A., Granda, E., Gómez-Gras, D., Marchante, H., Moreno-Fernández, D., Saldaña, A., Silva, J. S., Castro‐Díez, P. (2024). 

El Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando en la transposición de una directiva europea sobre eficiencia energética que obliga a los centros de datos a revelar su consumo de energía y agua. 

Esa directiva europea entró en vigor el pasado mes de octubre. En su artículo 12 indica que los Estados miembros “exigirán” cada año a los propietarios y operadores de centros de datos de su territorio, con una potencia a partir de 500 kW, que pongan “a disposición del público” información sobre un amplio conjunto de indicadores relacionados con su huella ecológica.

Según la directiva, cada centro de datos debe publicar su propietario y operadores, ubicación, fecha de inicio de actividad, e información sobre su superficie, potencia instalada, tráfico de datos entrante y saliente, consumo de energía, utilización de calor residual, uso de agua y de energías renovables.

Sin precisar plazos, Transición Ecológica indica que “está trabajando en la transposición” de esta directiva europea y “se ha iniciado el proceso para incorporar este artículo en nuestra legislación nacional”. La estrategia de Inteligencia Artificial elaborada por el Ministerio de Asuntos Económicos y aprobada en mayo pasado se daba como plazo para hacerlo hasta finales de 2024.

El pasado verano, el departamento que entonces todavía dirigía la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, lanzó una consulta pública para transponer este artículo de la directiva con el objetivo de recabar las opiniones del sector y agentes interesados respecto a la necesidad de regular la eficiencia energética del sector, a las barreras detectadas en el cumplimiento de la norma “o a su posible interferencia con la Ley de Secretos Empresariales”, explica el ministerio. 

Se trata del paso previo a su incorporación al ordenamiento jurídico español de esta obligación. La información recabada, apuntan desde el ministerio, “servirá como base para una planificación y una toma de decisiones transparentes” sobre los centros de datos.

La directiva también contempla que los Estados miembros alienten a los propietarios y operadores de centros de datos con una potencia eléctrica demandada por los sistemas de tecnologías de la información a partir de 1 MW, a que tengan en cuenta las mejores prácticas del Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de estas instalaciones. También insta a que los denominados centros de procesamiento de datos (CPD) aprovechen el calor residual que generan.

Negocio de moda

El de los CPD se han convertido en el negocio de moda en España, gracias a su disponibilidad de suelo, recurso renovable y buenas redes de comunicaciones, con una sucesión de anuncios de inversiones multimillonarias en los últimos meses. Este miércoles, la empresa de ciberseguridad Fortinet inauguraba en Torija (Guadalajara) su primer centro de datos en España, con una potencia de 5 MW, y una inversión de 40 millones de euros.

Los primeros borradores de la nueva planificación hidrológica que sacó a consulta hace unas semanas pasan de puntillas sobre el consumo de agua que utilizan los centros de datos y apenas los mencionan. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a pedir a las eléctricas más información sobre el aluvión de peticiones de conexión a la red de los CPD, cuya “demanda real”, según el ministerio, “no es posible” conocer porque hay muchas solicitudes de acceso a la red eléctrica que están duplicadas.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) apenas dedica una línea a los centros de datos al señalar que “se promoverá un marco regulatorio que impulse y ordene la instalación sostenible” de data centers. Más atención les dedica la Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno, que contempla la creación de un registro de centro de datos (otra obligación de esa directiva pendiente de transponer) “para medir la eficiencia y el consumo de los CPD en todo el territorio nacional, permitiendo desarrollar así estrategias y modelos de buenas prácticas”. 

La estrategia de IA preveía una potencia total acumulada para el sector de los CPD hasta 2030 de 2.500 MW, frente a los 355 MW existentes en la actualidad, según la patronal DC Spain, que maneja cifras inferiores para ese año incluso en un escenario “favorable”.

La estrategia del Gobierno preveía “un aumento significativo de la demanda” de estos centros, que ve como una “oportunidad para nuestro país de capitalizar los beneficios económicos de la IA de manera sostenible y anticipar los retos que genera. La planificación y ordenación del crecimiento de los CPD junto con la implementación de medidas de eficiencia energética en el despliegue de soluciones basadas en Inteligencia Artificial son claves para evitar que la saturación de los recursos de almacenamiento de datos se convierta en un obstáculo para el desarrollo tecnológico”.

Este documento señala que “las inversiones en centros de datos, si bien generan un impacto económico positivo, deben realizarse de forma ordenada y estratégica”. “Es necesario plantear un conjunto de medidas que fomenten tanto la eficiencia energética en el despliegue de soluciones de IA, como la optimización de los recursos disponibles para todos los sectores productivos. Esto permitirá maximizar las repercusiones positivas de la IA en el tejido económico y social, impulsando la innovación y el crecimiento en diversos ámbitos”.

Spain DC, la Asociación Española de Data Centers, prevé que el mercado nacional de los centros de datos captará 58.000 millones de euros en inversiones hasta 2030. Los CPD han atraído el interés no solo de tecnológicas y eléctricas, también de inmobiliarias y constructoras. El fenómeno de la china DeepSeek hizo que las cotizaciones bursátiles de Merlin y ACS, que han anunciado grandes inversiones en este sector, cayera el pasado lunes en 1.000 millones en una sola jornada.

La consultora noruega DNV estima que estos centros supusieron un consumo de 6TWh de electricidad en 2024 en España, en torno al 2,4% de la demanda. DNV cree que en 2030 consumirán el doble de energía y en 2050 podrían alcanzar los 26 TWh. “Supone un reto considerable para la red eléctrica española, que tendrá que garantizar un suministro constante y sostenible”.

Como señala un reciente estudio de Proequity, los CPD son “la nueva tendencia” en el sector inmobiliario y “se han convertido en el activo con mayor interés para los inversores”. La consultora Bain & Company prevé que el mercado español de los centros de datos crecerá entre un 25% y un 30% hasta 2030 debido a las ventajas estratégicas del país: ubicación, energías renovables, capacidad de la red eléctrica, el coste de construcción y buena conectividad digital.

Las grandes inversiones para instalar centros de datos en España, como la de Amazon Web Services (AWS) en Zaragoza, cifrada en 15.700 millones de euros, han atraído la atención de este sector hacia el país, que antes jugaba un papel “periférico” debido a que las apuestas en el mercado europeo se concentran en Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. Estas ciudades acaparan el 70% de la capacidad total de los 'data centers' del Viejo Continente.

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado a desplegar por la ciudad los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto ‘Decarbomile’, un proyecto piloto que se ensayará en 11 países de la UE, con el objetivo de favorecer la implementación de soluciones logísticas innovadoras para impulsar la descarbonización en el reparto de última milla de las mercancías. El primero de estos nuevos equipamientos es un espacio logístico instalado frente a los edificios de Comandancia.

El nuevo micro-hub instalado en la calle Comandancia, frente a los edificios de Defensa, hará las funciones de muelle de carga que permitirá que las mercancías pasen de los camiones de transporte a los vehículos respetuosos con el entorno de distribución, fundamentalmente bicicletas de carga.

El nuevo espacio estará a disposición de las empresas que lo precisen, que podrán aparcar en el micro-hub sus bicicletas de reparto con códigos de acceso que se controlarán a través del proyecto. Además, en un futuro albergará una de las dos bicicletas de carga que estará a disposición también de comercios y empresas afincadas o con actividad en la ciudad con un sistema de control de uso similar al de Bicilog.

Sostenibilidad: Una oportunidad, tres casos de uso

El nuevo equipamiento de la calle Comandancia es el elemento físico fundamental para el primero de los tres casos de uso que ha propuesto desarrollar Logroño dentro de sus actuaciones en el proyecto.

El concejal de Movilidad y Transporte, Ángel Andrés, ha destacado que “el proyecto es fruto de talleres llevados con empresas del sector, comerciantes, Federación de Empresarios y asociaciones de vecinos para poner en marcha el reparto de última milla de una forma más ecológica, sostenible, con menos ruidos del que podrán hacer uso las empresas de logística y los comercios que lo deseen”.

El proyecto cuenta con otros dos casos de uso que van a propiciar la implantación en las próximas semanas de otros equipamientos tanto en el Mercado de San Blas, otro de los puntos clave del proyecto, como en otras zonas de la ciudad con el objetivo de que den servicio a comerciantes, empresas y ciudadanos y permitan al mismo tiempo una distribución de mercancías más sostenible.

El segundo caso será un servicio de reparto de pequeñas mercancías a disposición de comerciantes del centro de la ciudad, del casco histórico y de su entorno que lo deseen, también con bicicletas eléctricas de reparto que partirán del mercado de San Blas.

El tercero, consistirá en la instalación de una serie de taquillas para que comerciantes y clientes puedan dejar en ellas productos vendidos a buen recaudo para que puedan ser recogidos por cualquier logroñés o turista en cualquier momento del día, al margen de los horarios comerciales de cada establecimiento.

Contactos con comercio local y operadores del sector logístico

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha señalado que “no hay que perder de vista que se trata de un proyecto piloto financiado por la Unión Europea y que nos va a permitir ensayar estrategias y recursos que en el futuro podrían aportar soluciones más útiles y responsables a las empresas e incluso abrir nuevas vías de actividad hasta ahora inexploradas”.

Este nuevo sistema de reparto de mercancías será gratuito, voluntario y convivirá con los sistemas tradicionales aportando una alternativa más sostenible para la realización de estas labores en Logroño.

Respecto a empresas que operan en el sector de la logística y la distribución, los concejales han mencionado que tanto DHL, empresa de referencia en paquetería y correo urgente, como Riofarco, la distribuidora farmacéutica en La Rioja, han mostrado su interés por hacer uso del micro-hub de Comandancia.

Proyecto piloto europeo que puede impulsar al comercio logroñés

‘Decarbomile’ es un proyecto piloto europeo aprobado dentro del ‘Programa Marco de Investigación e Innovación (I+I) Horizonte Europa’. El coste total del mismo asciende a 9,6 millones de euros y se desarrolla en 11 países de la UE con 31 socios; Logroño es uno de los cuatro laboratorios principales, junto con Nantes, Hamburgo y Estambul y a nuestra ciudad se han destinado 468.750 euros.

En el caso de Logroño, según ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad, “es fruto del consenso para rediseñar el proyecto, adecuarlo a la ciudad y poder llevarlo a cabo con comodidad para todo el mundo, rediseño que recibió el visto bueno del coordinador del proyecto en la Unión Europea en julio de 2024” y ha avanzado que “va a haber más reuniones con el sector del pequeño comercio, con la Cámara de Comercio, con la FER, con asociaciones de comerciantes para ir construyendo con ellos la puesta en marcha de los servicios de reparto de paquetería con bici eléctrica en el Mercado de San Blas y el despliegue de las taquillas”.

El consumo de agua, la huella de carbono y la generación de una enorme cantidad de residuos plásticos en la especialidad de Nefrología preocupan al jefe de este servicio en el Hospital Universitario de Toledo (HUT), Francisco Javier Ahijado, y a los especialistas de esta rama de la medicina que se ocupa del riñón y sus enfermedades. 

La hemodiálisis, el tratamiento más utilizado para tratar la enfermedad renal terminal a la espera de un trasplante, tiene un gran impacto en el medio ambiente. Un ciclo de diálisis equivale al consumo medio diario de entre 3,5 y 4 personas y en España hay 26.300 pacientes en hemodiálisis según el último registro.

Por eso, explica el doctor Ahijado a elDiarioclm.es, “en nuestra especialidad estamos a la cabeza de las que más residuos generan”. Cada uno de estos pacientes consume para su tratamiento unos 37.000 litros de agua al año y la generación de CO2 y de plásticos resulta al final una cantidad enorme. 

Desde hace algunos años va ganando terreno el concepto de 'nefrología verde'. Su objetivo es mejorar la sostenibilidad ambiental del cuidado renal a través del cambio de prácticas y la utilización de los recursos disponibles de una manera más respetuosa con el medio ambiente. La prevención de la enfermedad renal crónica y un tratamiento sustitutivo renal más ecológico pueden lograrlo.  

El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Toledo acaba de recibir uno de los premios a la mejor comunicación oral en el 54 Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Se trata de una investigación realizada por un equipo de profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) denominada ‘Cuestionando la contribución del flujo del baño de diálisis a la eficacia depurativa’. 

“Durante estas sesiones, se estima que se utilizan unos 500 mililitros de agua por minuto durante alrededor de cuatro horas. Vienen a ser unos 120 litros por sesión y lo que hemos hecho a iniciativa de la doctora García Rubiales es reducir el flujo de 500 a 300 mililitros por minuto en una sola sesión. Se redujo el volumen de líquido utilizado para depurar la sangre de 62 pacientes con idéntico resultado”.

El doctor Ahijado subraya la relevancia de la investigación, “aunque es muy preliminar, muy básica, como las que se han realizado en otros hospitales” y explica que tras la sesión “medimos parámetros utilizados comúnmente como potasio, urea, fósforo…”

Ese permite saber a los especialistas cómo se encuentra un paciente dializado y conocer la eficacia del tratamiento. “No vimos ningún cambio significativo, pero debe animarnos a hacer estudios a más largo plazo”.

Creo posible que pueda reducirse el consumo de agua en la hemodiálisis de forma generalizada. Sobre todo, si uno piensa que el volumen de agua utilizada hoy de forma estándar viene de los años 60 y desde entonces han cambiado muchísimo los dializadores y las máquinas

Bajo la dirección del doctor Francisco Javier Ahijado, y junto a la doctora María Antonia García Rubiales, han participado en el estudio Carlos Cabezas Reina, Iván Carmena Rodríguez, y varios otros.

La diálisis es un tratamiento indispensable para personas cuyos riñones han fallado, permitiendo eliminar residuos y exceso de líquidos de la sangre. En particular, la hemodiálisis requiere de agua especialmente purificada debido a que el uso directo de agua potable es inviable. Para esto, el agua pasa por procesos de filtrado, des ionización, ósmosis inversa y esterilización.

El hospital de Toledo realiza alrededor de 1.200 sesiones de diálisis mensuales gracias a sus 24 puestos equipados para hemodiálisis, lo que le permite atender a un considerable número de pacientes. 

“Creo posible que pueda reducirse el consumo de agua en la hemodiálisis de forma generalizada. Sobre todo, si uno piensa que el volumen de agua utilizada hoy de forma estándar viene de los años 60 y desde entonces han cambiado muchísimo los dializadores y las máquinas. Oficialmente, no hay ningún ensayo en marcha, pero cuando tengamos el estudio con muchos pacientes durante mucho tiempo, inmediatamente se pondrían todas las unidades del país porque así se ha hecho con otras cosas. Los números de los pacientes dializados actualmente son abrumadores y van a ir a más porque tenemos una población envejecida”.

Reutilizar el agua de 'rechazo' de ósmosis inversa que hoy se desecha

Otra de las preocupaciones del jefe de servicio de nefrología del HUT tiene que ver con las plantas de ósmosis inversa empleadas para conseguir agua ultrapura y que rechazan casi la mitad del agua que utilizan. “Para obtener por cada sesión 120 litros ha habido que procesar 240 y ahora mismo se va por el desagüe. Podría reutilizarse en muchas cosas y ya hay buenas experiencias en algunos países con mucha necesidad de agua como Marruecos. Esa agua se reutiliza para cisternas de los sanitarios o para riego”. 

“Nosotros ahora mismo tenemos una planta muy buena porque se acaba de instalar y estamos estudiando de qué manera podríamos reutilizar esa agua de rechazo. Tendremos que ponernos las pilas hemos hablado con la empresa que nos la montó y estamos viendo técnicamente qué hay que hacer para recuperar esa agua. Pero son ideas”, reconoce.

El Servicio de Nefrología del hospital toledano llevó al último Congreso de la SEN, Sociedad Española de Nefrología,16 comunicaciones y entre ellas los datos sobre la diálisis peritoneal “que ha crecido mucho en Toledo y es otra manera de ahorrar agua”.

Los tratamientos de diálisis peritoneal, que pueden realizarse en casa, crecen -dije Ahijado- porque hay interés de médicos y pacientes en que los tratamientos se lleven al domicilio cuando sea posible. Hace cinco años teníamos 13 pacientes y ahora 40 con diálisis peritoneal en las áreas de Toledo y Talavera.

Entre las razones de este aumento figura el buen funcionamiento de las consultas de enfermedad renal crónica avanzada que es una unidad muy específica dedicada a informar sobre las técnicas de hemodiálisis. Pero una gran mayoría de pacientes no confían en sus capacidades y prefieren seguir haciéndola en los centros. 

La gestión de los residuos plásticos de la hemodiálisis es muy mejorable 

El sector sanitario es responsable del 4,4% de las emisiones globales netas y los servicios de Nefrología, debido a la diálisis, se encuentran entre los grandes responsables: generan mucho residuo plástico y arrojan números insostenibles.

El Hospital Clínico de Barcelona está montando una unidad de regeneración de residuos para ver de qué forma se pueden recuperar. “Es una iniciativa que se presentó en el Congreso de la SEN de 2023 y en la que todos nos fijamos”, dice el doctor Ahijado. 

Según esa experiencia, son muchas las cosas que pueden hacerse para mejorar la gestión de los residuos, empezando por la formación de los sanitarios a la hora de segregar de manera eficaz los desechos producidos en la hemodiálisis 

La enfermedad renal es bastante prevalente y la previsión indica que lo va a ser aún más en unos años. Prevenirla es cosa de todos, insiste Francisco Javier Ahijado “porque si la enfermedad se detecta pronto se ponen en marcha todos los tratamientos, que hoy son muchos y muy eficaces, y se puede reducir su progresión. Así evitaremos llegar a diálisis”. 

La Consejería de Desarrollo Sostenible y la Universidad de Castilla-La Mancha han suscrito el convenio de colaboración para la creación de la 'Cátedra Participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del Sector Primario', en el marco de la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, Horizontes 2020 y 2030.

La firma ha tenido lugar este martes en la Consejería y ha sido suscrita por la titular de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el rector de la UCLM, Julián Garde, en la que también se ha dado cita la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, ha informado la Junta.

Como ha explicado la consejera, el objeto del presente convenio es crear esta cátedra participativa “como espacio de reflexión y discusión en torno a las problemáticas económicas, sociales y ambientales del cambio climático en el sector primario castellanomanchego, y que con ella se facilite la producción y selección de ideas, estudios y proyectos que plasmen la cooperación del Gobierno regional y la UCLM con los agentes sociales implicados”.

El presente convenio viene a reforzar la implementación de la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, Horizontes 2020 y 2030, la cual se alinea con los principios fijados en el Acuerdo de París de 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“La colaboración con la UCLM permitirá potenciar las medidas de investigación recogidas en los programas de mitigación, adaptación y sumideros de CO2 de nuestra Estrategia, así como las de divulgación y formación para la sostenibilidad de un sector tan importante para la región. Queremos ayudar al sector agrícola, ganadero y forestal, ya que cada uno juega un papel importante en las acciones, tanto de huella hídrica como de carbono”, ha dicho Mercedes Gómez.

Para ello, esta cátedra pretende contar con la colaboración de las agrupaciones más representativas del sector primario de la región, con la finalidad de realizar estudios piloto y ofrecer soluciones de forma participativa.

Estudiar la huella de carbono y la hídrica

Así, la cátedra se compromete a distintos objetivos que son prioritarios, como estudiar la huella de carbono en el sector agroalimentario y elaborar una propuesta de creación de un sistema voluntario de créditos de carbono en la región, así como el sistema de inserción de productos de carbono negativo en la cadena alimentaria ('Carbon Insetting'). “Queremos establecer mecanismos distintos de los internacionales para ayudar a nuestro sector a descarbonizar”, ha señalado Gómez.

También se abordará el estudio de la huella hídrica azul (proveniente de agua dulce de fuentes naturales, ríos, manantiales, etcétera), verde (agua de lluvia, nieve o deshielo que se incorpora al producto) y gris (agua contaminada del proceso de elaboración) del sector primario castellanomanchego y la propuesta de creación de un sistema voluntario de compensación de dicha huella hídrica.

Además, se va a promover el desarrollo de líneas de investigación sobre el cambio climático en el sector primario, priorizando las temáticas de investigación; promover experiencias piloto en la aplicación de prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como de implementación de sumideros de carbono.

Otro objetivo de la cátedra es asesorar en materia de cambio climático y sostenibilidad en el sector primario, informar sobre proyectos de investigación o transferencia; actualizar el estudio sobre los efectos del cambio climático en la región y colaborar en la elaboración de la nueva Ley de Cambio Climático de Castilla-La Mancha.

Asimismo, se prevé el apoyo a trabajos fin de carrera y tesis doctorales sobre la temática del convenio y convocar premios a los mejores trabajos y tesis; promover la realización de prácticas de estudiantes en relación con la temática y conceder becas de formación y financiación general para vehicular experiencias piloto y de colaboración con el Programa UCLM Rural.

Por último, elaborar materiales divulgativos sobre el cambio climático en el sector primario, tales como monografías, publicaciones y guías de buenas prácticas. Y organizar seminarios, conferencias, jornadas y cursos sobre cambio climático y sostenibilidad del sector primario.

El convenio cuenta con un presupuesto de 150.000 euros, distribuido en tres anualidades, de 2024 a 2027, a razón de 50.000 euros al año, para dar cobertura a las actuaciones de la cátedra durante los próximos tres cursos lectivos.

La consejera ha agradecido al rector el gran trabajo realizado conjuntamente, avanzando en la región en cuanto a sensibilización, investigación, divulgación y generación de conocimiento con el Aula de Educación Ambiental, la Cátedra de Economía Circular y el Máster Universitario Dual en Energías Renovables.

Alto potencial de mitigación de emisores del sector

Como ha incidido la consejera, el sector agropecuario puede contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. A su vez, las masas forestales desempeñan un importante papel como sumideros de carbono, asimilando y fijando el dióxido de carbono atmosférico, con lo que contribuyen a la mitigación del cambio climático.

“La ventaja competitiva de esta región es nuestro sector forestal. Así, actualmente, los 3,8 millones de hectáreas forestales de la región capturan 3.800 kilotoneladas de CO2 al año, haciendo de sumideros de carbono. Por tanto, queremos encontrar el instrumento que permita poner en relación el impacto que produce la agricultura y ganadería, frente a lo que la mitiga. Y eso hay que hacerlo desde las administraciones públicas, algo que es uno de los objetivos de la cátedra para poder hacer compensaciones en lo local”, ha finalizado la consejera.

Vinculación “extensa y productiva”

De su lado, el rector ha destacado que la vinculación de la UCLM con la Consejería de Desarrollo Sostenible es “muy extensa y productiva” y ha señalado que, además de la Cátedra firmada hoy, ambas instituciones trabajan conjuntamente en la Cátedra de Economía Circular y en el Aula de Educación Ambiental.

La nueva colaboración operará en docencia, investigación y transferencia, para lo que, según Garde, “queremos aprovechar todo el capital humano que tenemos en estas temáticas y, con los resultados obtenidos, podremos contribuir al desarrollo de políticas públicas por parte de la Consejería”.

El rector ha subrayado el carácter participativo de la Cátedra, que no tendrá sede física, pero en la que “tendrán mucho que aportar” la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo, la E.T.S.I. Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete y la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real. Además, “se tendrá en cuenta a los agentes participantes de estos dos grandes núcleos de actividad, el sector primario y el cambio climático”, explicó Garde

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha presentado el proyecto de refuerzo de firme de un tramo de 2,3 kilómetros de longitud de la carretera LR-123, próximo a El Villar de Arnedo y a la N-232, en el que el Gobierno de La Rioja va a invertir un total de 602.153 euros.

Osés, que durante la presentación ha estado acompañado por la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, el alcalde de El Villar de Arnedo, Félix Espinosa, y la alcaldesa de Tudelilla, Raquel Bretón, ha avanzado que se prevé comenzar las obras en el mes de noviembre. La empresa adjudicataria contará con un plazo de ejecución de 3 meses, por lo que estarían finalizadas en el primer trimestre de 2025. Asimismo, ha explicado que el contrato se licitará a lo largo de este mes de septiembre.

“Esta actuación forma parte del compromiso del Gobierno de La Rioja por seguir mejorando la seguridad vial en nuestras carreteras, así como las infraestructuras de comunicación entre los municipios de La Rioja Baja”, ha añadido el consejero. En concreto, las actuaciones van a consistir en la rehabilitación del firme entre arcenes; la extensión de la capa de rodadura en todo el ancho de la calzada; y la mejora de la señalización horizontal, así como la adaptación del balizamiento y de la protección vial a la nueva rasante y a las nuevas exigencias de seguridad vial.

Este proyecto es necesario debido a los avanzados problemas de agotamiento del firme de este tramo, con fisuración generalizada, roturas puntuales y envejecimiento del aglomerado asfáltico. Es por ello que se deben acometer los trabajos de renovación del firme en mal estado y refuerzo del paquete de firme existente, de cara a futuros aumentos del tráfico pesado.

La actuación se llevará a cabo desde el punto kilométrico 56+700, antes del enlace con la LR-481, carretera que conecta la LR-123 con la LR-381 en Tudelilla, y el punto kilométrico 59+000, donde la LR-123 confluye con la N-232, cerca de El Villar.

En esta actuación se emplearán mezclas bituminosas semicalientes, una nueva tendencia introducida en el último año en las obras de la Dirección General de Infraestructuras y que supone un paso adelante en la reducción de la huella de carbono, cumpliendo con los objetivos medioambientales previstos por la ONU y la UE.

Se trata de la segunda obra en la que se va a utilizar esta técnica de asfaltado más respetuosa con el medio ambiente, tras el proyecto de refuerzo del firme de un tramo de 8 kilómetros de la LR-123, entre Grávalos y Villarroya, que ya ha sido licitado, con un presupuesto de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Además, durante este año, el Gobierno de La Rioja ha impulsado obras de refuerzo de firme en la LR-113, entre el cruce de Arenzana de Abajo y Baños de Río Tobía (5,7 kilómetros de longitud y 1,4 millones de euros de inversión); en la LR-115, entre Quel y Autol (5,13 kilómetros y 1 millón de euros); en la LR-286 entre Enciso y Cornago (19,2 kilómetros y 4,8 millones de euros); y en la LR-415 en las inmediaciones de Ezcaray (10,27 kilómetros y 1,45 millones de euros). 

Google y Microsoft están en medio de una carrera por lograr la dominación de la inteligencia artificial. Su competición está teniendo un grave coste medioambiental para el planeta. En 2023, entre ambas emitieron a la atmósfera 29,7 millones de toneladas de dióxido de carbono y otros gases contaminantes. Es casi un 30% más que las cifras que registraron durante la pandemia, cuando sus cifras de consumo energético se vieron afectadas por lo más duro de los confinamientos y la digitalización forzada por el virus.

El aumento de sus emisiones contaminantes aleja a las dos multinacionales de sus objetivos de descarbonización. Tanto Google como Microsoft se comprometieron a comienzos de esta década a dejar a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Ambas reconocen ahora que la IA ha trastocado esos planes por su enorme consumo energético, pero también por la gran huella de carbono a los centros de datos donde se entrena y ejecuta cada uno de estos sistemas.

Sin embargo, tanto Google como Microsoft afirman en sus informes de sostenibilidad de 2023, publicados recientemente, que no tienen intención de levantar el pie del acelerador. Adelantan que seguirán aumentando su apuesta por esta tecnología y construyendo más y más grandes centros de datos para desarrollarla. Por contra, llaman a regular el contexto global y a hacer “cambios sistémicos” para controlar la huella contaminante de la IA e impedir que agrave la crisis climática.

Google es la que más ha aumentado sus emisiones desde 2020. Los 14,3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que emitió en 2023 representan un crecimiento del 66% respecto a la cifra que comunicó hace tres años. Es una huella de contaminación que tiene dos patas: “Este resultado se ha debido principalmente al aumento del consumo de energía de los centros de datos y de las emisiones de la cadena de suministro”, reconoce Google en su informe de sostenibilidad de 2023.

Avisa que lo más probable es que “esta tendencia continúe en el futuro”: “A medida que sigamos integrando la IA en nuestros productos, la reducción de las emisiones puede ser un reto debido a la creciente demanda de energía derivada de la mayor intensidad de cálculo de la IA, y a las emisiones asociadas a los aumentos previstos de nuestra inversión en infraestructura técnica”. Es decir, a la construcción de nuevos centros de datos.

"A medida que sigamos integrando la IA en nuestros productos, la reducción de las emisiones puede ser un reto

Google — Informe de sostenibilidad de 2023

Por un lado, la energía. Desde 2019, el consumo eléctrico de la multinacional se ha duplicado. Solo en 2023 aumentó un 17% respecto al año anterior. Google recalca que su prioridad es optimizar la electricidad que usan sus infraestructuras y conseguir que provenga de fuentes renovables. “Un centro de datos propiedad de Google y gestionado por Google es, de media, aproximadamente 1,8 veces más eficiente energéticamente que un centro de datos empresarial típico”, afirma.

Según su informe, sus oficinas y centros de datos alrededor del mundo funcionaron con energía “libre de carbono” un 64% de las horas en 2023 (74% en España). La multinacional cita el porcentaje de horas y no del tiempo total de operación, por lo que la cifra no equivale a que el 64% de la energía que consumió fuera libre de carbono. La razón es que las horas pico de consumo eléctrico en un centro de datos pueden no coincidir con las horas de mayor producción de renovables. Por ejemplo, en España, muchos servicios digitales aumentan su carga a partir de las 8 o 9 de la noche, cuando la producción solar ya ha bajado.

En el caso de Microsoft, sus emisiones han aumentado un 30% respecto a las de hace tres años. Suma 15,4 millones de toneladas de gases contaminantes emitidos a la atmósfera en 2023, según su informe de sostenibilidad. La cuenta es según “el criterio de la gerencia” de la multinacional, ya que la cifra con el método oficial asciende hasta los 17,2 millones de toneladas. La desviación proviene de la energía que consumen los productos que vende Microsoft. Su directiva alega que la metodología tradicional para calcular la huella de carbono no tiene en cuenta que muchos de esos dispositivos funcionan con energía renovable.

Al igual que Google, Microsoft achaca este aumento y la desviación de su objetivo de lograr las emisiones cero para 2030 a la inteligencia artificial. “En 2020, desvelamos lo que denominamos nuestra misión a la Luna del carbono. Eso fue antes de la explosión de la inteligencia artificial”, ha reconocido su presidente de Microsoft, Brad Smith, en una entrevista con Bloomberg con motivo de la presentación de estos resultados: “En muchos sentidos, la Luna ahora está cinco veces más lejos de lo que estaba en 2020, si solo piensas en nuestra propia previsión para la expansión de la IA y sus necesidades eléctricas”.

En 2020, lo denominamos nuestra 'misión a la Luna' del carbono. Eso fue antes de la explosión de la inteligencia artificial. En muchos sentidos, la Luna ahora está cinco veces más lejos de lo que estaba en 2020

Brad Smith, sobre el objetivo de emisiones cero para 2030 — Presidente de Microsoft

En el caso de la multinacional creada por Bill Gates, el origen de sus emisiones contaminantes se exacerba aún más: el 96% viene de sus proveedores (75% en el caso de Google). Esto se debe a que Microsoft subcontrata la generación de un porcentaje mayor de la electricidad que consumen sus centros de datos que Google. Pero también evidencia una realidad oculta de la inteligencia artificial y de la industria digital: una cadena de suministro extremadamente tóxica.

La huella tóxica de la IA no es solo su consumo eléctrico

La huella de carbono de la inteligencia artificial apenas ha sido explorada académicamente. Los escasos estudios disponibles se basan en analizar el consumo energético que entraña entrenar estos sistemas, que pueden pasarse meses realizando cálculos intensivos para detectar patrones en los datos que se les suministran. La industria de la IA es además bastante opaca respecto a estos consumos.

Sin embargo, del análisis de los informes de sostenibilidad de Google y Microsoft se extrae que esto es solo una parte del problema. En ambas, una de las partidas que más emisiones produce corresponde a los capital goods, que, como explica Google, “incluye las emisiones previas generadas por los bienes y servicios que adquirimos para nuestras operaciones, incluida la fabricación y el montaje de servidores y equipos de red utilizados en nuestra infraestructura técnica, así como las emisiones procedentes de los materiales utilizados en la construcción de centros de datos y oficinas”.

La cadena de suministro de la inteligencia artificial es muy diversa y compleja. Sin embargo, hay investigadores que empiezan a sospechar que es en esa larga cola de complejos mineros, cadenas de refinamiento de materiales y factorías de producción del equipamiento necesario para enchufar un centro de datos donde se esconde buena parte impacto medioambiental de esta tecnología. No en la energía que consume el propio centro de datos en sí.

Una de esas rutas de contaminación que puede trazarse de manera más sencilla son los famosos chips avanzados de Nvidia. La pieza clave de la inteligencia artificial, el elemento que ha convertido a esta empresa en una de las más valiosas del mundo, no se fábrica en sus propias factorías. Nvidia se encarga del diseño, investigación y desarrollo de software que usan sus chips, pero fabricarlos es una tarea tan compleja que debe encargar el proceso a una de las pocas compañías en el mundo con el personal y el material necesarios para hacerlo. Principalmente TSMC y en menor medida Samsung.

La fabricación de chips es un proceso altamente intensivo en energía. Su material base es el silicio, el más abundante de la corteza terrestre, pero es necesario alcanzar su máxima pureza. Desde esa sintetización hasta la creación de patrones microscópicos precisos en las obleas de silicio, cada paso demanda equipos sofisticados que consumen grandes cantidades de electricidad y gases especiales. A todo ello se suma la necesidad de mantener condiciones ambientales controladas en factorías con salas limpias, lo que aumenta aún más el consumo.

La mayoría de las plantas de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) están en Taiwán, un país donde el 43% de la energía viene del petróleo y sus derivados. “El carbón, el gas natural, la energía nuclear y las energías renovables representan el 29,7%, el 19,1%, el 4,9% y el 2,6%, respectivamente”, dice su Ministerio de Economía.

Samsung tiene más factorías repartidas por el mundo que TSMC, pero el grueso también está en su país de origen, Corea del Sur, donde menos del 40% de la energía producida es “libre de carbono”. Su objetivo es llegar al 70% en 2038 apoyándose en centrales nucleares, afirmó su presidente en mayo.

Es solo una de las etapas necesarias para fabricar uno de los componentes de un centro de datos que brotan por el mundo al calor de la revolución de la inteligencia artificial. Son necesarios cientos más, incluyendo la minería de otras materias primas necesarias para producir dispositivos, como el coltán (extraído en minas a cielo abierto en el Congo que suponen una catástrofe para los derechos humanos y el medio ambiente), que llevan aparejada una inmensa huella de carbono.

Es algo que no se pasa por alto en los informes de Google y Microsoft. Ambas aseguran que la IA puede ser parte de la solución de estos problemas al optimizar procesos y ayudar a encontrar nuevas maneras de reducir las emisiones. La solución, defienden, es seguir invirtiendo.

“La IA se encuentra en un punto de inflexión y muchos factores influirán en su impacto final, como el grado de adopción, nuestra capacidad para mitigar su huella y el ritmo de la innovación y la eficiencia continuas”, dice Google. “Aunque seguimos siendo optimistas sobre el potencial de la IA para impulsar cambios positivos, también somos conscientes de su posible impacto medioambiental y del esfuerzo de colaboración necesario para navegar por este panorama en evolución”, añade.

“A pesar de los retos, seguimos siendo optimistas. Nos alientan los continuos avances en nuestros campus y centros de datos, y en toda nuestra cadena de suministro”, alega por su parte Microsoft: “Todos reconocemos lo mismo: hoy en día no hay ningún problema que conecte más a todos los habitantes del planeta que los problemas relacionados con el cambio climático. Tenemos que conseguirlo todos juntos”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y siete Grupos de Desarrollo Rural (GDR) van a impulsar otros tantos proyectos piloto para estudiar y medir la capacidad de absorción de CO2 en terrenos agrícolas y ganaderos de la región en diferentes cultivos y con ello poner en marcha sumideros de carbono.

Para llevar a cabo este proyecto en Cuenca el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega, han firmado el protocolo de colaboración para el ‘Proyecto Sumideros de Carbono’ y posteriormente, se ha procedido a la firma de los contratos entre la empresa que desarrollará los estudios y los grupos.

En concreto, los GDR impulsores y los cultivos en los que se realizarán los proyectos son, respectivamente, Campos de Hellín y los albaricoques; el GDR Adiman y el almendro de La Manchuela; el Grupo Montes Toledanos y los olivos; el GDR Promoción y Desarrollo (PRODESE) y los pastos de Cuenca; el GDR Molina de Aragón-Alto Tajo y los pastos de Guadalajara; el Grupo Alto Guadiana Mancha y la viña y, por último el GDR Adesiman y la viña D.O. Uclés. La inversión en cada uno de estos proyectos ronda los 17.000 euros, que serán financiados a través de los programas LEADER.

Según ha señalado la Junta en una nota de prensa, en este acto, el consejero ha puesto en valor cómo estos proyectos contribuirán a posicionar la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha “como pioneros y referentes” de un proyecto innovador y sostenible en el que agricultores y ganaderos serán los protagonistas y beneficiarios, ya que podrán conseguir ingresos extra al acudir al mercado de emisiones.

Rentabilidad económica para el agricultor

Julián Martínez Lizán ha apostado por “aprovechar lo coyuntura de la sostenibilidad que pueden ofrecer nuestros cultivos, pero sobre todo buscar una rentabilidad, que finalmente, y no tenemos que negarlo ni esconderlo, es la que pretendemos si conseguimos esa figura de sumideros de CO2. Buscamos poder ofrecer a las empresas que emiten, simplemente porque no tienen otra posibilidad que emitir CO2 a la atmósfera, que seamos centro referente donde se pueda capturar el CO2 y que por lo tanto hay una compensación directa al agricultor que le sirva para complementar su renta”.

Martínez Lizán ha calificado los proyectos de “innovadores, sostenibles y referentes” y se ha mostrado seguro de que “van a marcar una pauta antes y después de conocer los datos que nos puedan ofrecer y de esa manera contribuiremos a una cuestión importante que es el cumplimiento del Pacto Verde”. En ese sentido, ha considerado importante tener en cuenta el trabajo que se va a desarrollar a partir de hoy “porque el Pacto Verde europeo puede llegar a ser incluso un aliado de nuestros agricultores y ganaderos si sabemos aprovechar el potencial que nos puede ofrecer en el sentido de trabajar con la atmósfera, con el medio ambiente en esa captura y almacenamiento del CO2”.

También ha indicado que la creación de sumideros de carbono en la agricultura es “crucial” porque también contribuyen a mejorar la salud del suelo, aumentar la productividad de los cultivos y promover prácticas agrícolas sostenibles a largo plazo.

El compromiso de los grupos con la neutralidad climática

El consejero ha resaltado que tanto RECAMDER como los grupos que impulsan los proyectos piloto y los agricultores que han puesto a disposición sus tierras para llevar a cabo los estudios, están en la vanguardia de la innovación agraria y también “en el compromiso con una agricultura más sostenible y con el medio rural” por lo que les ha agradecido su trabajo.

En particular, ha agradecido la labor de las presidencias y de los equipos directivos de los grupos por la “visión” que han tenido y por su capacidad para poner en marcha en poco tiempo siete proyectos piloto “que nos van a permitir tener una idea clara de la capacidad de las explotaciones agrarias para absorber y almacenar CO2”.

Concluyendo, Julián Martínez Lizán, ha aseverado que la puesta en marcha de sumideros de carbono es un gran ejemplo del trabajo que realizan los grupos de desarrollo rural en los pueblos, donde además de apoyar iniciativas empresariales que crean empleo y cubren servicios básicos, ahora, también ayudan a avanzar hacia la neutralidad climática, garantizando la preservación de los recursos naturales, poniendo en valor el trabajo que agricultores y ganaderos realizan en favor del medio ambiente y que además puede suponerles un ingreso extra por esa labor. En esa misma línea, se ha mostrado seguro de que la repercusión de este proyecto hará que se afiancen y mejoren proyectos locales, “contribuyendo a fijar población”.

El Gobierno, a través del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este lunes en su intervención en el Congreso Estatal de Clústeres Industriales, celebrado en Viladecans, Barcelona, la aprobación provisional de un proyecto por valor de 2.950.110 euros de la empresa H.J. Heinz Manufacturing Spain S.L. en la localidad de Alfaro, La Rioja, en el marco del PERTE de Descarbonización Industrial.

En total, el ministro Hereu ha anunciado que la comisión de evaluación ha aprobado doce nuevas resoluciones provisionales de la convocatoria de la línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial, dotada de 123,4 millones de euros. Uno de los doce proyectos es el de la empresa H.J. Heinz Manufacturing Spain para su planta de Alfaro.

Con estas nuevas resoluciones provisionales, hasta el momento, el PERTE de Descarbonización Industrial ya ha beneficiado a 27 proyectos tractores (59 proyectos primarios) con un total de 219 millones de euros en subvenciones directas, lo que supone una reducción de emisiones de 711.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

Como ya anunció el ministro Hereu, en el segundo semestre del año, el Ministerio de Industria y Turismo lanzará dos nuevas convocatorias de este PERTE.

Congreso Estatal de Clústeres Industriales

El ministro Hereu ha destacado el papel de los clústeres en la economía nacional, aportando más de cuatro millones de trabajadores. En la actualidad, el Ministerio de Industria y Turismo tiene registrados un total de 117 clústeres que agrupan a más de 12.000 empresas.

El programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras está permitiendo el desarrollo de planes específicos de emprendimiento e innovación en las pymes. Dicho programa ha concedido, en los últimos 4 años, ayudas por más de 145 millones de euros a 915 proyectos presentados. Precisamente, en los próximos días saldrá la convocatoria de la edición de este año con más de nueve millones de euros de presupuesto.

El Congreso Estatal de Clústeres Industriales, que organiza la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústeres con la colaboración de Enisa, ha contado con exposiciones magistrales, mesas de debate y la presentación de los datos a nivel nacional del barómetro de innovación en la pyme, entre los que destacan que el 93% de las empresas califican las convocatorias extraordinarias de ayudas públicas con una nota superior a 8. Además, el 20% de las pymes encuestadas ha contratado nuevos perfiles especializados para la ejecución de proyectos.

La Rioja estrena el uso de asfaltos semicalientes en el refuerzo de firme de la LR-123 entre Grávalos y Villarroya para reducir emisiones en obras públicas. En concreto este nuevo asfalto se utilizará en un tramo de ocho kilómetros en un tramo de la LR-123 entre Grávalos y Villaroya. La actuación cuenta con un partida de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

Así lo ha contado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, quien también ha asegurado que estas “mezclas asfálticas semicalientes tienen el objetivo de ahorrar energía y reducir la huella de carbono en las obras públicas”. Con esta novedad, se pretende cumplir con los objetivos medioambientales previstos por la ONU y la Unión Europea. Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, ha explicado los detalles más importantes de esta actuación a los alcaldes de Grávalos y Villarroya, Emiliano Muñoz y Salvador Pérez. 

En este sentido, ha informado a los regidores municipales de que la obra va a consistir en la renovación del firme de esta carretera que es “fundamental para la Comunidad, puesto que vertebra toda La Rioja Baja, conectando Navarra y la comarca de Arnedo con la de Cervera del Río Alhama”.

Además de la mejora del drenaje mediante limpieza de cunetas, obras de fábrica y caños, se procederá a renovar toda la señalización, tanto vertical como horizontal, adecuándola a la norma actual, lo que redundará en una mejora significativa de la seguridad vial. Asimismo, se adaptará todo el balizamiento de la vía. Este proyecto saldrá próximamente a licitación por un importe de 1,8 millones de euros, y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

El Gobierno de La Rioja ha decidido actuar en este tramo de ocho kilómetros de carretera, entre los puntos 26+000 y 34+000, de características fundamentalmente rurales, ante el deterioro avanzado del firme, muy agrietado y con zonas que necesitan de una actuación urgente, según el informe de los técnicos de Carreteras.

En este sentido, se ha adoptado como solución el fresado entre arcenes de 5 centímetros de la capa de aglomerado actual, siendo sustituida por nuevas mezclas bituminosas. Sobre esta renovación se extenderá una capa de rodadura de otros 5 centímetros para darle mayor capacidad portante a la carretera.

Durante la realización de los trabajos, será necesario proceder al corte parcial del tramo afectado, y se limitará la velocidad de circulación por la zona de actuación de las obras a 60 Km/h, reduciéndose a 40 Km/h en los puntos en los que se estén efectuando los trabajos.

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, perteneciente a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, organiza como socio de la red Enterprise Europe Network (EEN), una jornada sobre actualidad normativa en la medición de la huella de carbono.

La propuesta informativa, bajo el epígrafe 'De la voluntariedad a la obligación. Actualidad normativa en la medición de la huella de carbono', se lleva a cabo en colaboración con el Diario Montañés, la Fundación Empresa y Clima, la Universidad Europea del Atlántico y el Clúster de sostenibilidad.

La jornada tendrá lugar el martes 14 de mayo a partir de las 9.30 horas en el salón de actos del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria y para asistir es necesario reservar plaza cumplimentando un breve formulario de asistencia disponible en la web de SODERCAN.

Participarán como ponentes Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima; Nuria del Pozo, responsable Legal; y Teresa Cuesta, responsable del Área de Acción Climática de la fundación.

Abrirán la jornada Alfredo Cuesta, director del Área de Creación de Empresas, Innovación y Consolidación Empresarial de SODERCAN; Rubén Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico; y Didier Fleury, presidente del Clúster de Sostenibilidad de Cantabria, junto con Elvira Carles, y clausurará el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja.

También intervendrá la directora del Área de Prospección de Nuevos Mercados e Internacionalización de SODERCAN, Raquel Manzanares, que presentará el programa de ayudas para la obtención de certificaciones de calidad para la mejora competitiva y la entrada en nuevos mercados, entre ellas las ISO 14064 y 14067 que se centran en el cálculo de la huella de carbono de organizaciones y productos.

Sostenibilidad

Una de las prioridades de las políticas europeas es promover la sostenibilidad entre empresas y ciudadanos con el objetivo de combatir los efectos del cambio climático. De esta manera, compensar y reducir la huella de carbono se ha convertido en una cuestión prioritaria en el ámbito empresarial para mitigar el impacto ambiental de sus actividades productivas.

Y aunque en este momento el cálculo de la huella de carbono todavía es voluntario, el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, ha sido modificado -aunque todavía no se ha publicado en el BOE- y entre sus novedades figura la obligatoriedad del cálculo de la huella de Carbono Corporativa, incluyendo comunidades, contrataciones públicas y exigencias a grandes clientes, como son los Informes de Sostenibilidad.

Además, la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, ya aprobada, establece que las empresas estarán obligadas a reducir su huella de carbono, pasando de ser una medida voluntaria a obligatoria.

Por esta razón, esta jornada pretende dar a conocer este indicador ambiental e informar sobre el programa de certificaciones de SODERCAN y las ayudas a la obtención de certificaciones ambientales.

Este lunes se ha celebrado el acto protocolario de la firma del acuerdo del Plan Contra el Desperdicio Alimentario de La Despensa Supermercados con la ONG el Socorro de los Pobres de Cipriano. A partir de ahora los voluntarios de la ONG recogerán cada semana los alimentos de las cinco tiendas de La Despensa Supermercados en Toledo capital.

La Despensa Supermercados está “comprometida con la reducción del desperdicio alimentario”, señalan desde la empresa y a lo largo de 2024 se irán incorporando al plan otras ONG de la región.. Son, señalan desde el supermercado, “entidades que hacen una admirable labor para ayudar a las familias más necesitadas”. 

Además, el programa tiene una vertiente medioambiental, ya que ha evitado que miles de toneladas de CO₂ se emitieran a la atmósfera, minimizando el impacto sobre el entorno y reduciendo la huella de Carbono de la compañía.

El acto ha contado con la presencia de Reyes Calvo y José González Gutiérrez, secretaria y vocal de la ONG, respectivamente; Ramón González, hijo de Cipriano; y Tita Pastor, en representación de los voluntarios y voluntarias de la ONG; y en representación de La Despensa Supermercados, David García Lázaro, director de calidad y seguridad alimentaria.           

Cipriano González fue el Fundador de la ONG 'Socorro de los Pobres', que lleva más de cinco décadas repartiendo alimentos a personas vulnerables en Toledo. Era conocido como 'el amigo de los pobres’ y falleció el pasado 11 de abril en Toledo a los 86 años de edad, recibiendo innumerables muestras de cariño y agradecimiento de toda la sociedad toledana por su encomiable labor solidaria, gran carisma y energía ilimitada.

Su casa está situada en la Bajada de San Martín, numero 6, y es un local lleno de bolsas de alimentos y ropa nueva que recibe de sus donantes (particulares e instituciones) y que se encarga de administrar y repartir a las familias en paro y personas con muchas necesidades que se lo piden. 

Precisamente, este mes de enero, una vez terminadas las obras de rehabilitación de las cubiertas e instalaciones de la sede de la ONG, fundada en el año 1953, vuelve a ser el punto de encuentro entre las familias vulnerables y los voluntarios y voluntarias del equipo de Cipriano que tienen el firme propósito de mantener el espíritu solidario y entrañable del fundador.

La Despensa Supermercados es una empresa familiar de capital 100% castellanomanchego, que opera bajo las enseñas La Despensa, Ecofamilia y La Despensa Express (línea de franquicias). 

Está presente con 183 puntos de venta repartidos por las provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete, Madrid, Cuenca y Ávila. Cuenta con un centro logístico de más de 30.000 metros en la provincia de Toledo.

El grupo empresarial ya genera cerca de 2.500 empleos y ya es el tercer operador en facturación del sector de la distribución alimentaria de Castilla -La Mancha.

En la revolución digital también hay factorías donde se produce todo. No tienen altas chimeneas como las de la revolución industrial, pero sí ingentes gastos energéticos con su equivalente huella de carbono. Los centros de datos que envían cada correo electrónico, guardan cada mensaje de WhatsApp o almacenan cada serie de Netflix se están renovando para ser capaces de procesar las operaciones con inteligencia artificial, que implican mucha más electricidad.

Un nuevo estudio ha medido por primera vez el coste energético de cada tarea que se le puede solicitar a estos sistemas. El análisis ha detectado que los consumos más altos de energía se producen en las llamadas inteligencias artificiales generativas, capaces de crear nuevos contenidos. Más concretamente, las más contaminantes del panorama actual son aquellas que pueden generar imágenes a partir de un texto. De media, crear una sola imagen con una de estas IA tiene la misma huella de carbono que cargar al 100% la batería de un teléfono móvil.

En cambio, generar un texto con IA como lo hace ChatGPT es casi siete veces menos demandante en términos energéticos. Una solicitud de este tipo equivale a un 16% de la carga de un móvil de media, siguiendo el ejemplo que propone el estudio.

Las autoras son dos tecnólogas de la startup Hugging Face (especializada en desarrollar modelos de IA de aprendizaje automático) y una tercera de la Universidad Carnegie Mellon, uno de los principales centros de investigación de EEUU especializado en ciencias de la computación y la robótica. Su estudio, que aún no se ha revisado por terceros, se ha basado en calcular el gasto energético de cada tarea realizando 1.000 peticiones a 88 sistemas de IA diferentes que pueden llevarlas a cabo.

Emisiones de CO₂ producidas por las diferentes tareas

realizadas por la IA

Gramos por cada 1.000 peticiones (media)

2

1000

5

2

100

5

2

10

5

2

1

5

2

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Generación de resúmenes (IA multitarea)

Generación de imágenes

Clasificación de textos

Clasificación de tokens

Responder preguntas

Clasificación de imágenes

Clasificación de texto (multitarea)

Detección de objetos

 

FUENTE: POWER HUNGRY PROCESSING: WATTS DRIVING THE COST OF AI DEPLOYMENT

Emisiones de CO₂ producidas por las

diferentes tareas realizadas por la IA

Gramos por cada 1.000 peticiones (media)

2

1000

5

2

100

5

2

10

5

2

1

5

2

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Detección de objetos

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(IA multitarea)

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FUENTE: POWER HUNGRY PROCESSING: WATTS DRIVING THE COST OF

AI DEPLOYMENT

Este gráfico representa las emisiones de CO2 asociadas a diferentes tareas realizadas por modelos de inteligencia artificial. Las cajas representan la mediana y la variabilidad de las emisiones para cada tarea, con puntos que indican valores atípicos. El eje Y utiliza una escala logarítmica (los valores aumentan x10).

Además de la clara diferencia entre trabajar con imágenes o con texto, el estudio plantea dos tipos de tareas que determinan la huella de carbono que tendrá cada orden a la IA. Por un lado están las inteligencias artificiales que hacen “tareas discriminativas” (como la clasificación o categorización de un texto, como cuando una IA identifica si el conjunto de críticas de una película es positivo o negativo; o la detección de un objeto determinado en una imagen), que tienen un consumo menor que aquellas capaces de generar nuevos contenidos, a lo que denomina “inferencias”.

Por último, están los modelos que pueden hacer todas esas tareas, como el GPT-4 de OpenAI o Gemini de Google, presentado este miércoles. Estos son los más contaminantes. “Comprobamos que las arquitecturas generativas polivalentes son varias órdenes de magnitud más demandantes que los sistemas para tareas específicas”, advierten las investigadoras.

El coste de meter IA en todo

Es precisamente ese auge de los modelos polivalentes, que son los que suponen el gran avance de esta tecnología respecto a años anteriores, el que despierta la inquietud de las investigadoras. Este tipo de inteligencia artificial está de moda y las empresas han empezado a incorporarla a todas sus herramientas, con el consiguiente impacto en el medio ambiente. Cada correo electrónico completado con ayuda de inteligencia artificial aumenta exponencialmente el gasto energético de este.

“Meter modelos generativos en absolutamente todo tiene un coste importante para el planeta, y deberíamos utilizar modelos específicos en los casos en que las tareas estén bien definidas”, ha declarado la autora principal, Sasha Luccioni, especialista en calibrar la huella de carbono que la inteligencia artificial deja en el medio ambiente.

“El uso de modelos polivalentes para tareas discriminativas consume más energía que los modelos especializados en esas mismas tareas”, continúa la experta. Este es el caso, por ejemplo, de usar ChatGPT para traducir un texto (una de las muchas funciones que puede realizar) en vez de una IA diseñada para ese propósito concreto, como Google Translate.

En algunos casos la energía que requiere una IA especializada es hasta 30 veces menor que la que utiliza un modelo multifuncional para llevar a cabo la misma tarea. La “respuesta a preguntas” o el “análisis de sentimientos” son dos áreas en las que también se dejan notar estas diferencias entre la eficiencia energética de los modelos polivalentes y los especializados, abunda Luccioni.

La larga cola después del entrenamiento

Calcular el coste energético exacto de cada proceso digital no es una tarea fácil, ya que las empresas son reticentes a hacer públicos estos datos. Sin embargo, sí se conoce que el gasto energético de los cuatro principales proveedores de servicios en la nube (Google, Amazon, Meta y Mircrosoft) se dobló entre 2017 y 2021, mientras que el de los centros de datos ha aumentado entre un 20% y un 40%. Equivale a entre el 1% y el 2% de la energía que se consume en todo el mundo.

El coste de energía añadido que suponen los grandes modelos de inteligencia artificial a esas cifras tampoco forma parte de la información que hacen pública los desarrolladores. Hasta ahora se ha podido calcular la energía necesaria para el entrenamiento de cada uno de estos modelos, que ya de por sí tiene enormes requerimientos: según los datos del Instituto de la Ingeniería de España, se estima que el entrenamiento de GPT-3 (el modelo anterior a ChatGPT y el actual GPT-4) consumió unos 78.437 kWh de electricidad, equivalente al de una vivienda media española durante 23 años.

El estudio publicado ahora es uno de los primeros que calcula el gasto energético de lo que llega después del entrenamiento. Cifras que por uso individual se quedan muy lejos de esa costosa puesta a punto inicial, pero que sumadas forman una larga cola que puede incluso superarla. “El entrenamiento sigue siendo varias órdenes de magnitud más intensivo en energía y carbono. Se necesitan entre 200 y 500 millones de inferencias para que uno de estos modelos alcance la cantidad de energía utilizada durante el entrenamiento. Pero esto puede ocurrir muy rápido en modelos utilizados por millones de usuarios”, avisa Luccioni.

La visión mercantilista y sesgada del medio ambiente por quienes toman decisiones de conservación ha contribuido a agravar la crisis de biodiversidad que vive nuestro planeta. Es una de las conclusiones más importantes del trabajo que se publica este miércoles en la revista Nature, en el que un equipo de más de ochenta investigadores, encabezado por el español Unai Pascual, ha analizado más de 50.000 publicaciones científicas, documentos sobre políticas y fuentes de conocimiento indígena y local para comprender mejor los diversos beneficios de la naturaleza y cómo se valoran.

El documento se basa en la Evaluación de valores de julio de 2022 de la Plataforma IPBES, un organismo independiente creado en el seno de la ONU con un rol similar al del IPCC con el clima, pero en materia de biodiversidad. El trabajo resume la variedad de criterios con los que las personas valoran la naturaleza, más allá del aprovechamiento económico, que abarcan su uso como espacio recreativo, vital o espiritual, y subraya la ausencia de todos estos valores en la formulación de políticas clave de conservación. El sistema de evaluación y toma de decisiones, destacan los autores, está distorsionado por la tendencia a traducirlo a valores materiales o monetarios, sin tener en cuenta otros muchos aspectos. 

El lenguaje del dinero

“La mayoría de las decisiones políticas solo tienen en cuenta aquellos beneficios que la naturaleza nos aporta que tienen una señal de mercado”, explica Unai Pascual a elDiario.es. “Pero así se dejan de lado un montón de valores que pueden ser importantes para la economía, como la degradación de la biodiversidad, solo porque no hay un mercado que refleje esos valores”. Como ejemplo, apunta, para la toma de decisiones políticas se tienen en cuenta factores como la degradación del suelo en un territorio o el efecto de la escasez de agua en la productividad agrícola. Sin embargo, la desaparición de polinizadores y su efecto en las cosechas o el impacto que esa situación tiene sobre los habitantes de la zona, pasa sistemáticamente bajo el radar porque no se ha establecido una manera de traducirlo a dinero.

“Dada la asignación actual de derechos de propiedad en los sistemas políticos predominantes”, escriben los autores del informe, “la prioridad de los valores instrumentales basados en el mercado en muchas decisiones está en el centro de las causas directas e indirectas subyacentes de la crisis mundial de la biodiversidad actual”. Y estos valores, señalan, deben equilibrarse con valores no comerciales “que también son parte integrante de las razones por las que la naturaleza es importante para las personas”.

Mercados distorsionados

Aunque los autores del informe no lo mencionan explícitamente, uno de los ejemplos más claros de esta distorsión es la que se produce en el sistema de compensación de carbono que se estableció a partir del Protocolo de Kioto. En el caso de la reforestación de bosques, uno de los pilares de todo este mecanismo de compraventa, convertir el carbono en la moneda de cambio, sin tener en cuenta otros factores, ha conducido a algunas situaciones límite, como que en algunos proyectos se prime el monocultivo de especies de árboles que retiran mucho carbono, sin tener en cuenta el impacto en la biodiversidad.

“Cuando hablamos de los beneficios de un bosque, ¿de qué estamos hablando?”, se pregunta el investigador de BC3 e Ikerbasque. “No hay un valor, sino una diversidad de valores. Pero, si mediante las políticas creamos un mercado de carbono, casi todas las decisiones se van a sesgar a aquellos valores que el mercado está señalando para el beneficio de algunos”.

El sistema de compensación del carbono ha dado lugar a situaciones tan paradójicas como que los grandes fabricantes de acero o cemento se hayan visto recompensados por contaminar o que algunas grandes empresas petroleras, en lugar de reducir su producción de combustibles fósiles, se permitan presumir de haber compensado sus emisiones gracias a la inversión en proyectos cuya ejecución ha sido puesta en duda por investigadores independientes. “En última instancia”, resumía la periodista Lisa Song en un especial de ProPublica, “las [empresas] contaminadoras obtuvieron un pase libre de culpa para seguir emitiendo CO2, pero la preservación del bosque que se suponía que equilibraría el balance nunca llegó o no duró”.

El “valor” de un manglar

El catedrático de Economía e Historia Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Martínez Alier, considera que este trabajo es del máximo interés y viene avalado por el prestigio de sus autores. “La cuestión es ¿qué hacemos ante la biodiversidad que desaparece?”, explica el especialista, recientemente distinguido con el prestigioso premio Holberg. “Hay quienes han venido diciendo: expliquemos al público y a los ministros que esas pérdidas, si las traducimos en dinero, son enormes. Otros decimos: esas pérdidas efectivamente son enormes y hay que valorarlas en diversas unidades de valor, valores plurales que hay que averiguar hablando con la gente local y que hay que explicar al público en general y a los ministros”.

Para entender la importancia de los “valores plurales”, Martínez Alier cita el ejemplo de los manglares. Un manglar vale para proteger la costa, vale también como criadero de peces y otros seres vivos, para vender la madera o para almacenar CO2. “Pero vale también porque alimenta a la población humana local, tal vez fuera del mercado. Y esa población tal vez sea ancestral, tiene derechos al territorio”, señala.  Un manglar que se conserva vale pues por distintas razones, resume. “El tema no es reducir esos valores a una única unidad, dinero, y comparar con el valor en dinero que se gana al arrasar un manglar y hacer acuicultura de camarones para exportar”.

Comunidades agraviadas 

El informe publicado ahora menciona explícitamente las comunidades locales e indígenas (IPLC) y destaca el “importante papel de sus visiones del mundo y los valores generales, incluidas las normas sociales y las creencias culturales y espirituales, en estos procedimientos de valoración”. Es deseable, aseguran, reunir métodos de valoración asociados con diversas visiones del mundo y aceptar las limitaciones de la integración del conocimiento. Esto implica escuchar a las comunidades que viven en lugares que se quiere proteger, comunidades que a menudo ven cómo lo que han sido sus tierras se convierten en objeto de intercambio y se les expulsa en nombre de la conservación, incluso con gran violencia, como pasó en Uganda.  

Hay muchos valores que no se pueden convertir en producto. El problema ha sido dejar todo esto al albur del mercado

Unai Pascual — Investigador de BC3 e Ikerbasque

Esto es algo que viene denunciando desde hace años organizaciones como Survival International, quienes destacan que las comunidades locales son la mejor garantía para la conservación. “El 80% de la biodiversidad de la Tierra se halla en territorios indígenas, estas personas tienen derecho a gestionar sus territorios y lo hacen mejor que nadie”, asegura Lola Rama, investigadora de esta organización. “Ahora mismo muchos países africanos tienen entre el 35 y el 40% de su territorio dedicado a áreas protegidas y conservación. Los derechos de los pueblos indígenas no deberían depender de que las estructuras que han sido culpables de su despojo encuentren el modo de afrontar esta tarea abrumadora”.

El investigador Fernando Valladares, director del grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), cree que el trabajo es muy interesante porque demuestra, en una amplia revisión, que se tiende a medir poco los valores de la naturaleza.. A su juicio es especialmente relevante que se empiece a valorar el papel que tienen las personas en la gestión de la naturaleza. “Es un buen aporte para destacar que la naturaleza nos sirve para muchas cosas, más allá de lo que venimos entendiendo”, sostiene. “Y es precisamente por esa falta de valoración de la naturaleza que nos la estamos cargando”.

“La conclusión es que la naturaleza está infravalorada”, resume Unai Pascual. “Se está infravalorando constantemente y lo poco que se valora es aquello que pasa por el mercado, pero eso es una ínfima parte de su valor global”. “Hay muchos valores que no se pueden convertir en producto”, concluye. “El problema ha sido dejar todo esto al albur del mercado”.

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