Greenpeace ha sorprendido al barco gallego 'Naboeiro' mientras supuestamente pescaba una especie de tiburón no permitida, cercenando sus aletas y vulnerando la normativa europea, en una zona de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea, cuya actividad pesquera está regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés).

La organización ecologista ha realizado esta actuación en el marco del Día de los Océanos, que se celebra este lunes, para denunciar “la impunidad de la destrucción en alta mar, donde menos del 1% del océano está protegido”. Así, según recoge Europa Press, con su investigación quiere mostrar cómo la pesca industrial opera en las aguas internacionales.

Según Greenpeace, la imágenes obtenidas revelan “cómo el pesquero español captura tres ejemplares de tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus). La pesca dirigida de esta especie no está permitida al ser extremadamente vulnerable a la explotación. Cuando un buque captura un ejemplar, debe cumplir con ciertas obligaciones que establece la normativa europea y española”.

Así, señala varios incumplimientos en esta actuación pesquera: los ejemplares de tiburón zorro ojón son subidos a bordo, contraviniendo lo que establece la legislación pesquera de la Unión Europea; los animales fueron cortados en piezas y parte de ellas fueron lanzadas por la borda --entre las piezas descartadas, se encontraban zonas del cuerpo con las aletas cortadas, lo que indica que estas aletas habían sido cercenadas a bordo--; también apunta a que, en el caso de que no haya reportado a la Secretaría General de Pesca de esta campaña, “habría incumplido también la normativa europea de control pesquero”.

El 'Naboeiro' es un palangrero con puerto base en Vigo. Tiene 28 metros de eslora y fue dado de alta en el año 1995.

Reclama al Ministerio que estudie la denuncia

Por todo ello, la organización ecologista pide formalmente a la Secretaría General de Pesca que estudie las imágenes y valore, de oficio, la denuncia del caso. “Es necesario redoblar esfuerzos para que no sigan sucediendo estas prácticas”, advierte.

Apunta a que “este hecho demuestra que las normas adoptadas por la UE para proteger a las especies vulnerables son insuficientes, que la gestión pesquera de las OROP, Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (en este caso la ICCAT), es ineficiente para asegurar la protección marina y que la Zona de Convergencia requiere protección adicional en virtud del Tratado Global de los Océanos”.

Esta zona de alta mar frente a la costa occidental de África, es una de las que la organización ecologista considera prioritario proteger bajo el Tratado Global de los Océanos.

“Este caso pone de manifiesto una vez más como algunos barcos usan la impunidad de las aguas internacionales para saltarse la ley. Esto pone en peligro la biodiversidad marina y la supervivencia de los stocks pesqueros y del propio sector. Este saqueo y el bloqueo que han ejercido en las negociaciones las Organizaciones Regionales de Pesca amenazan con herir de muerte al histórico Tratado Global de los Océanos en el mismo año de su entrada en vigor, convirtiéndolo en papel mojado antes de que sus santuarios puedan ser declarados”, ha declarado la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, Ana Pascual.

Una decena de colectivos ecologistas han firmado un manifiesto este viernes, 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, para exigir que se paralice la construcción del proyecto de la conexión subfluvial, un túnel de 3,2 kilómetros que cruzará por debajo de la ría del Nervión-Ibaizabal, uniendo directamente la rotonda de Artaza (Leioa/Getxo) con la rotonda de Ballonti (Portugalete/Sestao/Trapagaran).

Desde el anuncio del proyecto, cuyas obras con un presupuesto total de 543,7 millones de euros y que comenzarazán este año, la Diputación de Bizkaia defiende que la subfluvial será una alternativa al tensionado puente de Rontegi, único paso de tráfico rodado entre ambas márgenes en 11 kilómetros. Permitirá recorrer en 4 minutos lo que hoy se tarda cerca de 15, siempre que el tráfico sea fluido, y se construirá totalmente soterrado, sin afectar al paisaje ni a la superficie del entorno, según la versión oficial. “Serán dos túneles gemelos, uno para cada sentido, cada uno con dos carriles y arcenes de seguridad, preparados para absorber gran volumen de tráfico y mejorar la fluidez en toda la red viaria. El futuro subfluvial unirá las rotondas de Artaza (Leioa) y Ballonti (Portugalete) en apenas 4 minutos, gracias a un trazado de 3,2 km de túnel y 2 km adicionales de accesos soterrados, descongestionanado ejes saturados como el puente Rontegi, La Avanzada y la A-8 en Barakaldo. El túnel bajo la ría se proyecta como una alternativa que redistribuirá el tráfico y reducirá en 38.000 vehículos diarios de media la carga sobre Rontegi. Según las estimaciones, también aligerará a La Avanzada en 18.500 vehículos diarios y a la A-8 en otros 17.500. Así, el subfluvial registrará una intensidad media de 50.000 vehículos diarios”, informan desde la entidad foral.

Sin embargo, para los colectivos ecologistas entre los que se encuentran Subflubiala EZ (asociación vecinal creada para manifestarse contra este proyecto en concreto), Fridays For Future, Ekologistak Martxan, Sukar Horia, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Extinction Rebellion, Herri Bideak Kate Barik Elkartea, Euskal Gune Ekosozialista, Eguzki, Meatzaldea Bizirik, Eguzkizaleak Konpartsa y Biziz Bizi, el proyecto supone una “importante amenaza contra el medioambiente”. “La construcción de la autovía subfluvial de Lamiako provocará un deterioro del medioambiente. Para su construcción se destruirán importantes espacios verdes, como el parque Artaza, pulmón verde de Getxo y Leioa, y las bocas del túnel se convertirán en chimeneas de gases contaminantes. Esto tendrá un impacto negativo muy importante en las vecinas de la zona, y especialmente en las personas más vulnerables, como las personas mayores y los niños que estudian en el instituto de Artaza-Romo”, lamentan las asociaciones.

Los niños a los que se refieren los ecologistas en el manifiesto son los alumnos del IES Artaza Romo, en Getxo, cuya dirección ha comunicado a las familias que el alumnado del edificio RomoHandi se trasladará durante el próximo curso 2026/2027 a otros centros del municipio, en concreto al Colegio de Romo y al Colegio de Lamiako por las obras previstas en el centro y que forman parte de las actuaciones necesarias para adaptar el edificio durante el desarrollo del proyecto del subfluvial.

Otra de las cuestiones que critican en relación con el medioambiente es que, según sostienen, “la subfluvial provocará irremediablemente el aumento de las emisiones del sector del transporte, debido al fenómeno de la demanda inducida, tal y como se reconoce en la documentación oficial, con aumentos del tráfico del 33% para 2048”. “De hecho, la declaración de impacto ambiental del proyecto reconoce explícitamente que el proyecto es contrario a los principios de movilidad sostenible recogidos en los planes europeos, estatales y autonómicos, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El planeta está pidiendo ayuda, y esa ayuda requiere detener proyectos ecocidas como la subfluvial, e invertir en fomentar el transporte público y la movilidad activa, reducir la contaminación y proteger los espacios verdes y naturales”, critican los ecologistas.

Por ello, los colectivos firmantes, preocupados por el medio ambiente y comprometidos con la movilidad sostenible, han instado a la Diputación Foral de Bizkaia a que suspenda la construcción de la autovía subfluvial de Lamiako y que “invierta los más de 500 millones de euros presupuestados en políticas de movilidad sostenible, que refuercen el transporte público y desincentiven el uso del automóvil privado”. “Las próximas décadas son decisivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, reducir la contaminación, y recuperar y proteger la biodiversidad y espacios naturales. En concreto, en Euskadi, el sector del transporte es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, el 41% del total según IHOBE, el único sector en el que siguen aumentando, y la mayoría de esas emisiones provienen del transporte por carretera. Además, produce una importante contaminación atmosférica, debido no solo a las emisiones por el tubo de escape, pero también por las partículas generadas por el desgaste de frenos, asfalto y neumáticos. Esto, unido a la destrucción de espacios naturales para la construcción de grandes autopistas, como el caso de Bolintxu y la Supersur, coloca al sector del transporte como uno de los ejes clave de la acción medioambiental en Euskadi”, han concluido.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Veolia Región de Murcia pone el foco en un aspecto que pasa desapercibido: qué ocurre con el agua después de utilizarla en nuestro día a día. En la EDAR de Cabezo Beaza, en Cartagena, ese recurso inicia un nuevo camino gracias a los procesos de depuración y regeneración que permiten darle una segunda vida. El agua tratada en esta planta se destina a usos agrícolas, pero además el trabajo de la compañía ha convertido este entorno en un espacio de gran valor para la biodiversidad.

En colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma y la asociación ecologista ANSE, Veolia impulsa desde hace años actuaciones para favorecer la presencia de aves acuáticas, mejorar la diversidad vegetal y controlar especies invasoras. Este vídeo muestra cómo la gestión sostenible del agua puede transformar una infraestructura ambiental en un refugio de vida y en un ejemplo de colaboración público-privada al servicio del territorio. “En Veolia no tenemos ninguna duda de que regenerar el agua es la mejor manera proteger el medio ambiente”, apuntan.

Salvemos los Campos denuncia que la construcción de una macroplanta fotovoltaica de Solaria afecta a aves en peligro de extinción.

El macroproyecto 'Helena Solar' plantea 10 macroplantas fotovoltaicas al Oeste de Toledo unidas por una vía de evacuación de más de 60 kilómetros. Según destacan desde Salvemos los Campos, “la destrucción de áreas críticas para la supervivencia de especies en peligro de extinción y de un paisaje cultural de gran relevancia regional como la campiña vitivinícola de la D.O. Méntrida”, son elementos nucleares del contencioso administrativo interpuesto por el colectivo.

Aseguran que la promotora ha iniciado las obras este mes de mayo, coincidiendo con el período reproductor de las especies afectadas, como el sisón o el águila imperial ibérica, algo “explícitamente prohibido” por la Declaración de Impacto Ambiental.

La alerta saltó a inicios del mes de mayo, cuando vecinos del norte de La Torre de Esteban Hambrán y Méntrida (Toledo), así como agentes forestales de la Junta de Castilla-La Mancha observaron cómo, “aún sin contar con todas las licencias oportunas para el inicio de las obras, maquinaria pesada entraba en los campos cerealistas del Sur de Méntrida” donde se proyecta una de las “mayores secciones” de placas solares del macrocomplejo 'Helena “Solar', promovido por Solaria. Se trata de una zona con ”riquísimos valores ambientales“ al ser área reproductora de dos especies ”icónicas“ en peligro de extinción: el sisón común y el águila imperial ibérica. Pero sus valores ambientales no quedan ahí, al dar cobijo también al aguilucho cenizo, al aguilucho pálido, el milano real o el buitre negro. Desde el colectivo apuntan que el lugar ”reúne las condiciones“ para ser declarada como Zona de Especial Relevancia para las Aves (ZEPA).

La planta se sitúa en un “área crítica” para superviviencia de las especies

La iniciación de las obras de este parque promovido por Solaria “es especialmente grave, no solo porque aún no cuenta con todas las licencias necesarias, como la calificación urbanística o la licencia de construcción, sino porque además la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) prohíbe explícitamente la realización de actividad alguna en la zona en el periodo reproductor de las especies afectadas, como el sisón, siendo el momento más crítico de su ciclo biológico”. Salvemos los Campos asegura que esta especie ha visto mermadas sus poblaciones “en más del 50% solo en los diez últimos años”, y los terrenos de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6 constituyen “un área crítica para su supervivencia”, como ha sido alegado por el colectivo en el procedimiento de autorización de las plantas. El sisón fue oficialmente declarado en peligro de extinción en abril de 2023, “y aún no se ha aprobado su plan de conservación, como exige la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad”, exponen.

Respecto al águila imperial ibérica, la zona “es un territorio de presencia histórica de la especie”, y también “área crítica”, con numerosas nidificaciones coincidentes o en el entorno del proyecto. “Tanto es así que en el inicio de las obras ha aflorado una nidificación a escasos metros de la zona de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6, constatándose la vital importancia del mantenimiento de estos terrenos para la recuperación de su estado de conservación, igual que para otras numerosas especies con un acusado declive de sus poblaciones”, explica el colectivo ecologista.

Por otra parte, la DIA también exige la elaboración de un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyos condicionantes se fijan en su apartado tercero. “Ante el atropello causado contra especies en peligro de extinción en época reproductora mediante el uso de maquinaria pesada, solo caben dos alternativas: o la empresa promotora no tiene Programa de Vigilancia Ambiental, pues no sabe ubicar dónde están criando las especies protegidas (ante lo que el Ministerio debería revocar de inmediato la Autorización Administrativa Previa como pide Salvemos los Campos), o por el contrario ha actuado negligentemente al iniciar obras en pleno período reproductor, ocasionando molestias y perturbaciones que provocan daños irreparables a las especies afectadas, y con las eventuales responsabilidades a que ello diera lugar”, señalan.

Daños “irreparables” a especies en peligro de extinción

Salvemos los Campos explica que han podido documentar -al igual que vecinos, técnicos forestales de la Junta de Castilla-La Mancha y expertos ornitológicos independientes-, que maquinaria pesada ha estado trabajando “en esta zona vetada para actividad alguna” al menos entre los días 4 a 18 de mayo. “Como queda acreditado por las fotografías aportadas, se trata de maquinaria que habría realizado unas 150 perforaciones en toda la zona para insertar barras de metal codificadas con la letra ”H“ y seguidas de numeración correlativa, que presuntamente delimitan las diferentes secciones de la planta fotovoltaica”, recalcan.

Sabiendo que el sisón común y otras esteparias como el aguilucho pálido y cenizo anidan en el suelo de estas llanuras cerealistas entre los meses de marzo a julio, “es difícil imaginar una actuación más nefasta para los valores ambientales de la zona antes de la posible construcción de la planta”. Apuntan que se trata de unos trabajos realizados “en el momento más crítico del año”, en una zona donde ya se documentó por parte de esta y otras asociaciones la existencia de machos reproductores de sisón, “algo de lo que también son conocedores la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica”.

El papel del Ministerio en este proyecto: “Muy discutido desde el inicio”

El papel jugado por el Ministerio para la Transición Ecológica “ha sido muy discutido” desde los inicios de este proyecto. Por una parte, en su papel de órgano ambiental, desde Salvemos los Campos consideran “inconcebible que se siga tramitando un proyecto que la propia DIA estima como de impacto crítico sobre especies en peligro de extinción”. El colectivo apunta que entre las muchas menciones al caso del águila imperial ibérica, “encontramos en la página 7: El impacto sobre esta especie debe considerarse crítico y de principal atención en la ejecución del proyecto”.

Por otro lado, Salvemos los Campos denuncia que “la DIA, publicada en el BOE el 2 de febrero de 2023, fue firmada por Marta Gómez Palenque, incursa en una investigación penal por autorizaciones ambientales a centrales fotovoltaicas en Cáceres promovidas por Iberdrola, y relacionada con el caso Forestalia”.

Apuntan que “otro de los atropellos medioambientales de la DIA” es la aceptación de la ubicación de una de las subestaciones del complejo, en la zona de las Loberas (Méntrida, Toledo), que se ubicaría en terreno “especialmente protegido”.

Salvemos los Campos critica “el doble rasero de la DIA, al plantear a Solaria unas limitaciones respecto a los hábitats de especies en peligro de extinción como el sisón o el águila imperial más laxas que las establecidas para otras plantas fotovoltaicas en la misma zona”.

Desde el colectivo ecologista denuncian que el Ministerio está poniendo “una infinidad de obstáculos” al contencioso administrativo interpuesto por ellos, donde han solicitao “innumerables veces” la aportación del expediente completo del proyecto por parte del Ministerio, “que de forma recurrente ha incumplido los plazos para proveer dicha información, poniendo además un sinfín de trabas que no hacen sino añadir opacidad a todo el proceso y creando una situación de clara indefensión a la asociación”.

En este contexto, Salvemos los Campos expresa que seguirá vigilante tanto en el terreno como en los tribunales para asegurar la preservación “de los riquísimos valores ambientales de la zona”, reservándose para ello el derecho a recurrir a cuantas medidas legales estime conveniente.

Este medio ha contactado con Solaria para conocer su versión, sin respuesta hasta el momento.

La renaturalización del Huerva, el afluente del Ebro en Zaragoza, es una obra compleja como todas las adecuaciones de ríos a su paso por las ciudades realizadas desde los años noventa. En algunos casos estas recuperaciones de riberas, flora y fauna se han realizado con la aprobación de ecólogos, botánicos y biólogos expertos. En muchas otras intervenciones, estos expertos plantean serias dudas de que se alcance una recuperación real del ecosistema de los cauces y que se mejore a largo plazo la vida de los vecinos. En los últimos años para expertos en restauración fluvial, se valoran positivamente las intervenciones del Guadarrama en Collado Villalba (Madrid), de los ríos Mèder y Gurri en Vic (Barcelona), o de las riberas del Piles y el Peñafrancia en la parte este de Gijón (Asturias). 

En el caso del Huerva se trata de un río del sur de la provincia de Zaragoza, especialmente contaminado por las industrias cercanas a la ciudad (en Cadrete, María o Cuarte de Huerva) desde los años 60, y que según expertos e instituciones contiene sedimentos de metales pesados en el fondo de su cauce. Esto lo ha convertido en un río especialmente degradado, con afectaciones graves a la fauna. A esto hay que añadir la urbanización hasta la propia orilla del río invadiendo su llanura de inundación natural. Finalmente en 2021 se aprobó un plan para regenerarlo, con financiación de la Fundación Biodiversidad y ejecutado por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Dudas y quejas sobre flora y otros aspectos del proyecto 

Biólogas y botánicos de ANSAR, la Asociación Naturalista de Aragón, dedicada desde los años ochenta a estudiar y divulgar el medio ambiente de nuestra comunidad autónoma, indican que se están incorporando demasiadas especies de árboles y arbustos de fuera de la ribera, contradiciendo el principio básico de una restauración fluvial. Para estos especialistas, la principal preocupación es aumentar el número de árboles y arbustos originarios del Valle del Ebro en la renaturalización, capaces de resistir sus altas temperaturas y futuras épocas de sequía. Explican que “los árboles adaptados a las riberas de la capital, como pueden ser los álamos (chopos), sauces blancos o fresnos nos parecen apropiados. También hay árboles como el almez, muy resistente a las altas temperaturas, plantado en la ciudad en muchos puntos, cuyos frutos son alimento para las aves de la ciudad y que no representan un problema. Todos ellos proporcionan sombras agradables y se adaptan bien y forman parte del ecosistema del Ebro y sus afluentes”. 

Otras especies de arbustos típicas de la zona son los romeros y las aliagas, o los tamarices, que se adaptan a los suelos calizos. Los expertos conocen la presencia en diferentes puntos de la capital de “tilos, que en muchas variedades son especies alóctonas o de fuera del Valle, y requieren mucho cuidado y riego hasta que consiguen adaptarse al clima continental con escasez de lluvias, o directamente especies ornamentales como cinamomos o Melias, con un fruto tóxico que las aves rechazan como alimento y que debe limpiarse de las calles”. Los cinamomos (Melia azedarach), originarios de Asia, son árboles ornamentales, con flores violetas durante un breve periodo, pero que acumula frutos durante el año. Están presentes en muchas ciudades y hay informes sobre la toxicidad de sus frutos desde 2011 por instituciones como la Universidad Autónoma de Barcelona, que desaconseja que estén cercanos a zonas infantiles. En Zaragoza pueden encontrarse muchos ejemplares, como los situados en el Balcón de San Lázaro en las fuentes junto al Puente de Piedra en el Rabal y junto a un parque infantil. 

Los expertos explican que “árboles no autóctonos que ya se están plantando en la renaturalización del Huerva, o arbustos ornamentales exóticos y árboles frutales incluidos en el proyecto van a requerir riego específico y tienen mucho más complicado adaptarse al suelo arcilloso y calizo de nuestra zona”. Pese haber acudido a diferentes reuniones informativas o haber aportado diversos informes, para ellos “tanto en la renaturalización del Huerva, como en otros proyectos de la ciudad donde va previsto nuevo arbolado, vemos que muchas veces se tienen en cuenta criterios técnicos o de simple resistencia a la sequía para incluir especies de otras zonas de Aragón, o directamente exóticas (muchas de Asia) que se convierten en invasoras, y se olvida que el ecosistema es un engranaje delicado que funciona teniendo en cuenta todas las variables”. Especialistas en ornitología también realizan conteos de las distintas especies de aves que publican de manera transparente en webs europeas, advirtiendo que “las obras están afectando a las especies que vivían en el río, que han ido en descenso en el último año y medio, y aunque esperamos que simplemente se hayan ido a otros puntos del Ebro cercanos no lo sabemos con certeza”. 

También advierten que “las pasarelas constituyen un obstáculo transversal en momentos de avenidas del río (subidas repentinas del cauce), teniendo en cuenta que nos encontramos en una situación climatológica donde se suceden los fenómenos climatológicos extremos”. 

Respecto a la eliminación total de las especies tóxicas, los naturalistas precisan que los ailantos, “una especie invasora tóxica que ha de retirarse, proporcionaban sombra, y sujetaban taludes. Estos se han desmoronado arrastrando otros árboles no invasores ni perjudiciales. Además, ” nos preocupa cómo se están cuidando los árboles ya existentes, cubiertos en muchas ocasiones de materiales necesarios para la construcción que pueden afectar a sus raíces o asfixiarlos, y por desgracia también nos preocupa que se estén talando árboles sin justificación, porque nos lo transmiten vecinos de diferentes puntos de la ciudad“. 

Por eso consideran que “no se ha respetado la ordenanza municipal de protección del arbolado urbano”. 

Colectores, pasarelas y vecinos 

Una de las intervenciones que supone esta renaturalización tan compleja, pues no solo se están interviniendo las riberas del Huerva, o realizando mejoras en parques ya existentes como en el Paseo de la Mina (cerca del centro de mayores Laín Entralgo) o en Miguel Servet (Parque de Villafeliche) son colectores y canalizaciones. Ambientalistas y asociaciones de vecinos sí valoran positivamente la construcción de un colector de gran tamaño cerca del Camino de las Torres, y recolectores de agua fluvial y mejoras en las tuberías, pues el fondo del río “está contaminado. En los años 60 el Huerva sufrió un desastre ecológico por vertidos, y acumula materiales pesados en su fondo”, recuerdan los medioambientalistas. La Universidad de Zaragoza ha elaborado gravas para mejorar los sedimentos, aunque es complicado que se recupere solo con los colectores y estas mejoras y tendrán que hacerse seguimientos para comprobar su estado. 

Pero la obra también incluye nuevos parques, que algunas asociaciones vecinales valoran como pequeñas plazoletas con parte de vegetación y frutales y no parques o zonas verdes con entidad. Donde ha habido muchas más discrepancias, que continúan actualmente, es con las pasarelas proyectadas para conectar las orillas del Huerva. En la zona de Manuel Lasala, la nueva pasarela proyectada, según el Ayuntamiento, “no convenció a los vecinos, que protestaron y elevaron sus quejas, por considerar que iba muy cerca de la fachada de sus viviendas y ventanas. Tras varias reuniones (con técnicos algunas y con Víctor Serrano, teniente de alcalde de urbanismo, en otras), estudios, consultas con la CHE... se optó, con mejor aceptación por parte de los vecinos, a moverla unos cuantos metros de su posición diseñada originalmente. Esto hace que la pasarela no esté frente a ninguna ventana de los edificios”. Mientras que el consistorio considera que se atendió la reclamación, a día de hoy algunos vecinos de esta zona de Manuel Lasala o calle La luz siguen sin estar convencidos, pues consideran sus viviendas van a estar mucho más expuestas. 

En la parte de Jorge Cocci, el Parque Bruil, Tenerías y la desembocadura en el Ebro, las vecinas están más preocupadas por cómo quedarán las riberas y el Parque Bruil finalmente, donde voluntariamente desde hace años realizan tareas de cuidado del arbolado para evitar su deterioro, y por las molestias que llevan sufriendo desde hace meses, por materiales de construcción, ruido y entrada de camiones. La escuela infantil municipal 'Parque Bruil' por ejemplo hace muchas semanas tienen las obras de la ribera junto a su patio, igual que las casas del final del barrio o el parque. 

Estos vecinos de la AVV Parque Bruil San Agustín sí que han seguido con preocupación talas o retirado de árboles sin justificaciones, y han intentado informarse o acudir a reuniones con el Ayuntamiento o trasladar sus propuestas o preocupaciones desde el principio del proyecto. Consideran que “llevamos muchos años cuidando de las riberas y la zona del Parque Bruil de manera voluntaria e incluso proponiendo que se protejan árboles singulares como el Almez y que reciban premios, y sentimos que hemos estado fuera de la toma de decisiones”. Esta asociación también nos ha trasladado un suceso el pasado 9 de mayo, probablemente debido a una tormenta fuerte, cuando “encontramos aguas negras y restos de basuras en el parque. Hemos preguntado a la Fundación Ecociudad si se debe a la obra, y no hemos recibido ninguna respuesta por el momento”. Así, vecinos y ambientalistas han transmitido a este medio que sus propuestas no han sido escuchadas, o parcialmente tras realizar numerosas quejas, y sobre todo que su participación en reuniones con el Ayuntamiento se ha limitado a ser informadas pero no han podido sugerir cambios, mejoras o participar en las decisiones de un proyecto tan ambicioso. 

La regeneración del Huerva y los futuros escenarios climatológicos

Esta renaturalización, como los que se llevan a cabo en ríos de otros municipios, ha de tener en cuenta las Bases de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Cuando los expertos en medioambiente valoran negativamente algunos aspectos no sólo trasladan sus informes o sugerencias al Ayuntamiento de Zaragoza y otras instituciones locales, sino también a la Fundación Biodiversidad, un organismo estatal que pertenece al Ministerio de la Transición Ecológica (MITECO) e impulsa este tipo de proyectos de desarrollo de medioambiente armónico en las ciudades. Fuentes de esta Fundación dejan claro que “recomiendan a las entidades que lideran estas renaturalizaciones que realicen diagnósticos y estudios previos para implementar medidas de adaptación a escenarios de climas futuros”. Es decir, que recomiendan realizar estudios en profundidad previos, y también consultar sus propias herramientas sobre el cambio climático. Según la Fundación “la proyección de la evolución del cambio climático, en función de las emisiones y concentraciones futuras prevé un calentamiento global severo a finales de siglo”. Aunque la Fundación Biodiversidad no lleva a cabo la ejecución de los proyectos de renaturalización, sí que mide su impacto o realiza estas recomendaciones previas y realiza seguimientos. Ellos se basan en indicadores, y concretamente para el tema del arbolado que preocupa a los expertos en medioambiente en este proyecto, proponen una “coherencia ecológica de las especies vegetales plantadas, medir la proporción de especies autóctonas correspondientes a formaciones vegetales del contexto ecológico local, sobre el total de especies plantadas.” También que se empleen “especies adaptadas al clima futuro, es decir, medir el tanto por ciento de especies de árboles y arbustos inventariados en el municipio, con requerimientos bajos de mantenimiento y desarrollo (de riego y crecimiento), de acuerdo a condiciones previsibles de clima futuro en el contexto local”. 

El contexto local climático futuro para Zaragoza capital y los municipios cercanos es fácil de encontrar, pues ya se elaboró un Plan de Adaptación del Cambio Climático de Zaragoza en 2021, lanzado por el propio Ayuntamiento, donde las principales amenazas climáticas para los próximos años recogidas son el calor extremo, con periodos más frecuentes de sequías y mayor posibilidad de incendios, y también las inundaciones.

Los actores, actrices y otros cineastas que han defendido activamente el medio ambiente y la biodiversidad en Galicia, “con su firme implicación en los movimientos ciudadanos de su territorio”, han sido distinguidos con el Premio Rayo Verde 2026. Este reconocimiento, impulsado por la Academia de Cine y Greenpeace, pone en valor el compromiso de estos profesionales del cine español con la justicia social y la protección del medio natural en Galicia, en concreto, en su lucha contra la implantación de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).

Mabel Rivera, Manuel Rivas, Miguel de Lira, Carlos Blanco, Nerea Barros, Luis Tosar, Martiño Rivas, Luis Zahera, Quico Cadaval e Isabel Risco recibirán este premio de la Academia de Cine y Greenpeace en nombre de los actores, actrices y cineastas reconocidos por su defensa del medio natural en Galicia, según informó en un comunicado la asociación ecologista.

Ellos y ellas “representarán a las actrices, actores y cineastas gallegos, reconocidos 'por su compromiso activo y visible' y su colaboración con movimientos sociales, ecologistas y vecinales como Greenpeace y la plataforma Ulloa Viva, ”en su defensa y conservación de un modelo rural vivo y sostenible frente a la explotación industrial extractivista representada por Altri, el proyecto de la megafactoría que se pretendió construir en la zona gallega de Palas de Rei“, tal y como recoge el fallo.

El jurado destaca también la implicación de actores, actrices y cineastas gallegos en la visibilización de esta movilización, que “supone un recordatorio de la importancia de proteger los recursos naturales y defender un modelo de vida respetuoso con el medio ambiente, que ha definido a Galicia durante generaciones”. Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el productor y distribuidor José María Morales (2022); los actores Elena Anaya y Carlos Bardem, en representación de los profesionales implicados en la defensa de los océanos (2023); el director, productor y guionista Alvaro Longoria (2024); y la actriz Alba Flores (2025).

Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado una cuarta denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por los continuados vertidos de aguas residuales sin depurar al río Najerilla a su paso por Nájera. La organización lleva denunciando esta situación desde el año 2021 (agosto de 2021, mayo de 2024 y noviembre de 2024) y, pese a ello, los vertidos siguen produciéndose con total normalidad.

Tras la primera denuncia, la CHE abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento de Nájera que se saldó con una multa de 2.500 euros, posteriormente reducida a 1.500 euros por pronto pago. Sin embargo, estas sanciones no han servido para resolver el problema y el vertido de aguas residuales al Najerilla continúa ocurriendo de manera reiterada.

Según denuncia la organización, el origen de esta situación se encuentra “en el nulo funcionamiento de una estación de bombeo de aguas residuales situada en la margen izquierda del río, aguas arriba del puente de la N-120”, lo que provoca, según aseguran, el vertido directo de aguas sin depurar al cauce del Najerilla. “Consideramos especialmente grave el impacto ambiental que estos vertidos generan sobre el ecosistema fluvial y sobre especies protegidas como el visón europeo, la nutria y diversas especies piscícolas”, resaltan, a lo que suma “posibles riesgos sanitarios” porque los veridos son aguas residuales urbanas provenientes de Nájera.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja subrayan que no buscan nuevas sanciones económicas, sino que exigen que la Confederación Hidrográfica del Ebro y las administraciones responsables “actúen de manera eficaz para poner fin definitivamente a estos vertidos”. “No tiene sentido imponer pequeñas multas mientras el problema persiste año tras año y el río sigue contaminándose” y tachan de “inaceptable” que, más de tres años después de nuestra primera denuncia, continúe incumpliéndose la normativa sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultura de Extremadura (Fondenex) ha manifestado al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García García (Vox), que en un Estado de Derecho las leyes hay que cumplirlas “y no están sujetas a interpretaciones subjetivas de políticos”.

Son las instancias judiciales “las encargadas de fijar cuando se cumplen o se incumplen”, ha subrayado después de que García afirmara el pasado viernes, antes de comparecer en comisión parlamentaria en Mérida para exponer las líneas generales de actuación de su departamento, que “lo que no dice la ley se puede hacer” y que en la medida que se puedan modificar las leyes, lo harán “sin ningún tipo de miramiento”.

La asociación conservacionista ha considerado “muy graves” estas declaraciones, así como que el nuevo consejero haya señalado que hará “todo lo posible para que el ecosistema se preserve como Dios manda”.

Fondenex ha expresado en múltiples ocasiones su apoyo a la caza bien gestionada, a la caza mayor en los espacios naturales protegidos como el Parque Nacional de Monfragüe, a la tauromaquia y a los regadíos “sobre suelos aptos, sin problemas de erosión y con disponibilidad de agua”.

Ha felicitado también al consejero por su declaración en contra de las megaplantas solares y eólicas sobre tierras productivas y parajes naturales valiosos, aunque “estas palabras en zonas como el Tajo Internacional, Alcántara, Llanos de Cáceres, etcétera... llegan tarde”. Sin embargo, ha criticado que vuelve a incidir en el mismo “error” de la anterior consejera de Agricultura, Mercedes Morán, al abogar por una reducción de las zonas de especial protección de las aves (ZEPA) y de los Lugares de Interés Comunitario (LIC).

En este sentido, ha recalcado que la reducción de terrenos incluidos en la Red Natura 2000 y su descalificación sólo es posible “por la evolución natural científicamente demostrada y nunca por decisiones administrativas o políticas”. De hecho, ha alegado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido a trámite un recurso de Fondex contra la reducción de 11 ZEPA, incluida la isla de Valdecañas.

“El consejero de Agricultura tendrá que elegir entre cumplir las leyes y dejar de interpretarlas, o estar todos los días en los tribunales de justicia españoles y los organismos competentes de la Comisión Europea, incluido también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha concluido. 

Oroberia ya he presentado al Gobierno de Castilla-La Mancha la documentación para seguir adelante con su proyecto minero para buscar oro y otros metales en casi 15.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara.

Así se lo ha confirmado en una reunión mantenida este jueves la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara a la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte, integrada por alcaldes, asociaciones, colectivos y vecinos de los municipios en cuyos términos municipales se ejecutarían los planes de la empresa Oroberia.

Por tanto, la Administración regional ya ha recibido la documentación correspondiente al proyecto único (el original había sido troceado en tres partes) y que se había solicitado a la empresa promotora. Los servicios técnicos competentes de Desarrollo Sostenible están analizándolo “con el fin de comprobar si reúne los requisitos necesarios para su tramitación dentro del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria”, según explica la Delegación Provincial de Desarrolloso Sostenible y plataforma ciudadana en un comunicado conjunto.

Una vez revisada técnicamente la documentación y comprobado que cumple con las exigencias legales, el proyecto se someterá al correspondiente trámite de información pública y consultas, garantizando la participación de los ayuntamientos afectados, colectivos, asociaciones y personas que ya formularon alegaciones en fases anteriores.

Los informes municipales “tienen carácter preceptivo”

No han trascendido de momento más detalles de este segundo intento de Oroberia de sacar adelante su proyecto minero, después de que fuera rechazado en noviembre por el Gobierno regional el primer permiso que solicitó la empresa, en el que dividía en tres su proyecto.

Con esta fragmentación, Oroberia pretendía que la evaluación de impacto ambiental a la que se sometería fuera más simple y rápida. Pero el Ejecutivo castellanomanchego resolvió que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

La Delegación Provincial ha trasladado a los representantes municipales, colectivos y vecinos y vecinas que el procedimiento se tramitará “con todas las garantías ambientales, jurídicas y de participación pública”. Ha recordado, además, que la normativa autonómica de evaluación ambiental, tras la modificación introducida por la Ley 1/2024, refuerza expresamente la participación de los ayuntamientos en estos procedimientos.

En este sentido, los informes municipales sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y sobre la afección socioeconómica, incluidos sus posibles efectos sinérgicos con otros proyectos y actividades relevantes del municipio que pudieran verse afectadas, “tienen carácter preceptivo y resultan fundamentales” dentro del proceso de evaluación ambiental.

Por su parte, la plataforma ciudadana trasladó durante el encuentro su oposición a los proyectos de investigación minera, así como su preocupación por los posibles impactos sociales, económicos, paisajísticos y ambientales que estas actuaciones podrían generar en el territorio.

Continúan las charlas de sensibilización en los pueblos de la zona

Esta noticia conllevará que la Plataforma refuerce su campaña de sensibilización en los pueblos de la zona donde Oroberia quiere ubicar su proyecto minero. Este mismo sábado a las 18:30 horas se realizará una en Cendejas del Padrastro, localidad en cuyo término municipal no se verá afectado, pero “que ha estado desde un principio muy pendiente, muy implicado y colaborando”, explica Javier Cantero, alcalde de La Toba, que será uno de los ponentes en la charla.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Cantero explica que, en estos encuentros, se informa a los asistentes del proyecto de Oroberia y los pasos que ha ido dando la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte.

“Me acuerdo que la primera reunión que tuvimos fue en Naharros a principios del mes de septiembre del año pasado. Había una desinformación total porque no teníamos ni idea de nada porque nos había caído la bomba encima hace pocos días y estábamos todos despistados. Pero luego, en todas las reuniones que hemos ido teniendo a partir de entonces, la presencia ha sido masiva de gente y el apoyo que hay es total”, recuerda el alcalde.

Diversos grupos ecologistas, como el grupo Fondo Lobo o Alianza Verde, han presentado alegaciones a la propuesta de decreto elaborado por el Gobierno asturiano para adaptar el Plan de Gestión del Lobo – que permitiría seguir realizando controles poblacionales de la especie – a la sentencia del Tribunal Supremo, que autoriza su caza cuando sea la única solución para evitar daños al ganado.

Alianza Verde, que se ha dirigido al Gobierno del Principado para mostrarle su profundo malestar por su política anti-científica que sólo fomenta el odio hacia el lobo y pedirle que frente las cacerías, señala en sus alegaciones que la directiva Hábitats de la UE sólo permite la gestión de la especie si se encuentra en un estado de conservación favorable.

Calificación desfavorable

Según este colectivo, la realidad científica demuestra que no es así en el caso del lobo ibérico dado que el informe sexenal 2013-2018, el último oficialmente aprobado, califica el estado del lobo en España como desfavorable-inadecuado en todas las regiones y el censo nacional de 2024 sitúa en 333 el número de mandas existentes.

En la sentencia dictada el pasado mes de febrero, el Supremo solo autoriza la caza de lobos «cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado» y apunta que las medidas de gestión que incluyan la muerte de ejemplares «deben someterse a unas rigurosas condiciones».

Los criterios del Supremo

El Gobierno asturiano ya avanzó que el nuevo decreto incorporaría en su nueva redacción los criterios fijados por el Supremo sobre cómo se deben realizar los controles poblacionales y quiénes deben hacelos para dar soporte jurídico al plan de gestión de la especie.

De esta forma, una vez que se conozca la situación de la especie en Asturias al disponer de los datos de 2025, que serán remitidos al comité consultivo del lobo, y al disponer ya del soporte jurídico que proporcionará el nuevo decreto, el Principado elaborará un nuevo programa de control de la población para el periodo 2026-2027.

El Ejecutivo regional, que prevé tener aprobado antes de que finalice este semestre el decreto que dará cobertura jurídica a nuevas batidas para cazar lobos, ha detectado «un incremento importante» del número de manadas, de forma que, de no tomarse medidas, haría «insostenibles» determinadas actividades ganaderas. 

“Histórico y sin precedentes en Europa”. Así califican las organizaciones ecologistas que están detrás de la acusación particular, el juicio que se celebrará el próximo miércoles en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena. En la vista se procesará una de las piezas separadas del caso Topillo con la laguna personada como acusación particular y víctima de los daños provocados presuntamente por vertidos contaminantes. Será la primera vez que un ecosistema comparezca en un proceso penal europeo con personalidad jurídica propia.

Esta es una de las casi 40 piezas en la que se dividió la segunda parte del denominado caso Topillo, por vertidos de salmuera al Mar Menor, en la que hay personadas varias asociaciones e instituciones de defensa del medio ambiente y cuatro ayuntamientos regionales como perjudicados.

“Estamos ante un hecho histórico”, insiste al otro lado del teléfono Julia Albaladejo, presidenta de la Alianza por el Mar Menor (Amarme). “Nunca antes un ecosistema se había personado en un juicio como víctima y parte”, continúa al tiempo que añade que es una victoria de la Ley 19/2022 que reconoce la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, aprobada en septiembre de 2022 y que se aprobó tras una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas.

Coincide Ramón Pagán, portavoz de Pacto para el Mar Menor, que junto con Amarme, Greenpeace, Ecologistas en Acción o Seo/BirdLife están detrás de la acusación particular, a la que se han unido los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. “Tenemos mucha esperanza, es la primera vez que en Europa un ecosistema se presenta como acusación particular en defensa de su protección y recuperación y para ejercer su derecho de no ser dañado por actividades empresariales; en este caso, de vertidos de agua contaminada por nitratos”.

“Esperamos que se llegue a un dictamen justo y ejemplarizante y que se reparen los daños que ha sufrido la laguna salada”, continúa Pagán. “En este caso, lo novedoso es que hemos conseguido ser acusación particular”.

La Audiencia Provincial de Murcia tiene previsto juzgar a las mercantiles agrícolas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. por su posible implicación en delitos contra el medio ambiente vinculados a vertidos contaminantes de explotaciones ubicadas en el Campo de Cartagena. Según la acusación, en la explotación agrícola Mar de Cristal operaron entre 2015 y 2017 varias desalobradoras sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La investigación apunta a que dichas instalaciones se utilizaban para tratar el agua extraída de pozos destinada al regadío, generando a su vez importantes volúmenes de salmuera con altos niveles de nitratos. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, se habrían procesado 649.000 metros cúbicos de agua, lo que habría dado lugar a unos 162.000 metros cúbicos de residuo salino concentrado. Según la acusación, esos vertidos acabaron llegando a la cuenca del Mar Menor.

“Espero una sentencia condenatoria”

“Que podamos celebrar el juicio y quede visto para sentencia sería ya un éxito para mí”. Habla Sergio Marco, uno de los abogados de la acusación particular y coordinador de los órganos de gobernanza del Mar Menor. “Si sale adelante, será la primera vez que en Europa un ecosistema se siente en un juicio como parte acusadora, como persona de derecho que va a un procedimiento penal denunciando que se han vulnerado sus derechos”.

La acusación particular reclama sanciones económicas que superen el millón de euros, así como la inhabilitación para desarrollar la actividad durante un periodo de tres años y la adopción de actuaciones concretas orientadas a la recuperación del entorno afectado. Y lo hacen acogiéndose a los artículos 325, 327 y 330 del Código Penal, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El pasado mes de marzo se celebró una vista preliminar vinculada también al caso Topillo que generó controversia después de que el juzgado no convocara de forma oficial a los representantes legales de la laguna. Fiscalía y defensa alcanzaron un acuerdo que supuso la rebaja de la condena a un agricultor investigado por vertidos contaminantes. Una decisión que ha sido recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“En esta ocasión no puede haber conformidad porque ya hemos sido reconocidos como parte acusadora y, a la vista de cómo está siendo tramitado el proceso, hay evidencia de que no cabe duda de que el Mar Menor sí que puede ejercer sus derechos”, asegura Sergio Marco, quien confía en que haya una sentencia condenatoria.

La iniciativa legislativa popular (ILP) con la que se pretende dotar a Urdaibai de personalidad jurídica propia e incrementar así su protección, adelantada por este periódico, iniciará en breve el proceso de recogida de firmas después de que los letrados del Parlamento Vasco hayan dado el visto bueno al procedimiento. En el momento en el que pase el trámite de la Mesa, los promotores agrupados bajo el lema 'Urdaibai bada nor' iniciarán el proceso para registrar el mínimo de 10.000 firmas necesarias para que arranque la tramitación parlamentaria.

El proceso para recoger los apoyos durará alrededor de cuatro meses y se habilitarán canales de firma telemáticos, como las plataformas Boreal o la Fundación para la Ciudadanía Global, además de las firmas presenciales. Si se consigue superar ese mínimo de apoyos que marca la ley, la tramitación parlamentaria dependerá ya de los grupos políticos con presencia en el Parlamento Vasco. La Cámara autonómica ha visto decaer este pasado año las dos ILP que se han presentado -la de pensiones y la del SMI propio- pero en este caso los promotores confían en el apoyo de los grupos porque todos ellos, a excepción de Vox, apoyaron en el Congreso de los Diputados otorgar al Mar Menor en Murcia ese estatus de personalidad jurídica propia que se reclama ahora para la reserva de la biosfera de Urdaibai. En cualquier caso, la decisión final dependerá de la aprobación del Congreso por tratarse de una normativa que depende del Estado.

La ILP se ha presentado este viernes en Bilbao por representantes de los promotores de la iniciativa. La petición se basa en el precedente de ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que consideran que constituye “un hito sin precedentes en el ordenamiento jurídico español por su reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de un ecosistema natural”. “Su génesis responde a la convergencia de factores científicos, sociales y políticos que hicieron evidente la necesidad de un marco normativo innovador para proteger el Mar Menor frente a la degradación ambiental acumulada durante décadas. La ley no se limita a un enunciado declarativo, sino que establece una estructura integral de derechos, representación y deberes, transformando al ecosistema en un sujeto jurídico activo dentro del sistema legal”, señalan.

Además, recuerdan que a raíz de esta ley se han presentado otros proyectos, para los ríos y espacios naturales protegidos, como el río Mijares en Aragón o la Albufera de Valencia, “donde se han presentado iniciativas legislativas y propuestas de declaración de derechos de la naturaleza”. “Estas iniciativas buscan aplicar los principios establecidos en el Mar Menor a otros ecosistemas, adaptando los mecanismos de representación y tutela a las características específicas de cada entorno y a las estructuras administrativas competentes”, arguyen. Y han resaltado la necesidad de que haya una implicación ciudadana para que Urdaibai “pueda hacer valer sus derechos” y aumentar su protección. Han recordado que la iniciativa viene avalada por la jurisprudencia del Constitucional, después de que el alto tribunal rechazara el recurso que presentó Vox contra la declaración referida al Mar Menor. “Existe una sentencia que reconoce la posibilidad de dotar de personalidad jurídica a un ecosistema natural”, ha señalado Nieves Terán.

Aunque han reconocido que Urdaibai tiene ya una ley específica de protección, consideran que “no hay que conformarse” y que hay que pasar al siguiente nivel de protección: que deje de ser un objeto, a servicio de los humanos, para tener la consideración de sujeto, con capacidad para defenderse y protegerse, sobre todo desde el punto de vista jurídico.

De forma paralela a la recogida de firmas, los representantes de la iniciativa mantendrán diversos encuentros con sindicatos y partidos políticos para recabar el mayor número de apoyos y contar con el respaldo de la ciudadanía. “Queremos cambiar el paradigma”, han señalado, porque de lo que se trata es de conseguir que no haya que defender el humedal, sino que éste, por sí mismo -a través de unos 'tutores'- sea el que se defienda. “Va a poder reivindicar sus derechos personalmente en el ámbito judicial”, ha recordado el profesor de la EHU y exdirigente de Podemos en Euskadi, Roberto Uriarte, que ha destacado que, al ser una cuestión relativamente nueva, “no se sabe muy bien toda la virtualidad que puede tener a largo plazo”. “Se abren una gran cantidad de posibilidades porque supone un cambio no solo jurídico, sino un cambio sobre todo cultural”, ha indicado.

Entre los promotores de la iniciativa hay varias organizaciones ecologistas. Por ejemplo Ekologistak Martxan, Fridays for Future, Greenpeace, Eguzki o Zain Dezagun Urdaibai, así como miembros del mundo de la ecología y la ciencia como Andreas Schaefter, Miren Onaindia, Julen Rekondo, Juantxo López Uralde o José Luis Telleria. También se han sumado representantes de ámbitos como la cultura y la sociedad o el deporte, como Imanol Uribe, Karra Elejalde, Amparanoia, Montxo Armendariz, Ruper Ordorika, Asier Etxandia, Edorta Jiménez, Natxo de Felipe, Aritz Aranburu, Koikili Lertxundi, Kepa Acero y Adur Amatriain. O Miren Gorrotxategi, también exdirigente de Podemos y que es una de las personas promotoras de la iniciativa y que este viernes se ha sentado entre el público durante la rueda de prensa.

Amenazas genéricas y específicas

En el texto sobre el que se sostiene la petición se indica que Urdaibai “enfrenta un conjunto de amenazas genéricas y específicas que ponen a prueba la eficacia de los instrumentos de protección existentes” en la legislación medioambiental. En este sentido, señalan que “la combinación de alta densidad poblacional, atractivo turístico, presión agrícola y fenómenos emergentes derivados del cambio climático” requieren de un enfoque integral de gestión, que combine un monitoreo científico permanente y evaluación de impactos; la adaptación de planes de ordenación territorial y restauración ecológica; la educación ambiental y participación comunitaria.; y la coordinación entre administraciones y agentes locales. “La magnitud y complejidad de estas amenazas justifican la exploración de medidas innovadoras, incluyendo nuevos mecanismos jurídicos de representación de la naturaleza, que permitan a Urdaibai defender de manera más eficaz sus intereses ecológicos frente a presiones acumulativas y conflictos de uso del territorio”, señalan.

Según defienden, dotar de personalidad jurídica a Urdaibai permitiría “superar limitaciones derivadas de la discrecionalidad administrativa, garantizaría continuidad en la tutela de los derechos ecológicos, facilitaría la integración de los distintos niveles normativos y la participación de actores diversos en la gestión del territorio”. Además, supondría “fortalecer la función preventiva del derecho al consolidar un marco de obligaciones y derechos que condiciona la planificación territorial y la toma de decisiones estratégicas en torno al desarrollo económico, social y turístico de la zona”.

La petición se basa en el precedente de ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que consideran que constituye “un hito sin precedentes en el ordenamiento jurídico español por su reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de un ecosistema natural”. “Su génesis responde a la convergencia de factores científicos, sociales y políticos que hicieron evidente la necesidad de un marco normativo innovador para proteger el Mar Menor frente a la degradación ambiental acumulada durante décadas. La ley no se limita a un enunciado declarativo, sino que establece una estructura integral de derechos, representación y deberes, transformando al ecosistema en un sujeto jurídico activo dentro del sistema legal”, señalan. Además, recuerdan que a raíz de esta ley se han presentado otros proyectos, para los ríos y espacios naturales protegidos, como el río Mijares en Aragón o la Albufera de Valencia, “donde se han presentado iniciativas legislativas y propuestas de declaración de derechos de la naturaleza”. “Estas iniciativas buscan aplicar los principios establecidos en el Mar Menor a otros ecosistemas, adaptando los mecanismos de representación y tutela a las características específicas de cada entorno y a las estructuras administrativas competentes”, arguyen.

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), con representación en el Patronato del Teide, han rechazado este jueves asistir al acto de transferencias de competencias del Parque, el próximo 7 de mayo, en el Centro de Visitantes de Cañada Blanca.

Estos colectivos de conservacionistas anuncian que han decidido declinar su invitación al acto, al que acuden los miembros del Patronato, por la “nefasta” gestión del Cabildo, una situación que quedaría reflejada además a través del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que “invierte los objetivos del Parque y subordina la conservación a otros usos que van en contra de la integridad de su flora, fauna y gea”.

Además, los representantes conservacionistas consideran que parques nacionales como el Teide “no deben ser gestionados por administraciones locales”, defendiendo de este modo su competencia estatal, como ocurre “en el resto de países y se mantiene en EEUU, donde se fundó el primer parque nacional”.

“Acatamos la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004, pero no la compartimos”, han advertido.

La “mala salud” del Parque

Los colectivos advierten también que desde que el Gobierno de Canarias y el Cabildo se han hecho cargo de la gestión, en el año 2007, los indicadores de la salud de Parque “han empeorado”, a través de “un aumento desmesurado” del número de visitantes, la “disminución” del personal propio, la autorización de actividades que antes “estaban prohibidas o limitadas”, mientras no se habría “potenciado” un sistema de transporte público.

A ello suman el hartazgo de estas organizaciones conservacionistas ante la actitud que a su juicio adopta la Presidencia del Patronato -“hemos sido ninguneados”, advierten-, que no habría contestado a los argumentos expuestos en contra del proyecto PRUG presentado por el Cabildo en el órgano de participación correspondiente.

“Ese día, el 29 de septiembre, nos sentimos convidados de piedra en un organismo que teóricamente debería servir para debatir y consensuar todas aquellas medidas que redunden en beneficio de nuestro Parque”, añaden.

El Parque más visitado de la UE

El Parque Nacional del Teide recibió en 2024 más del doble de visitas que otros Parques destacados de España, como el de la Sierra de Guadarrama, con 2,4 millones de visitantes, y de la Unión Europea, como el de los Lagos de Plitvice, en Croacia, con 2,2 millones.

El Teide pulverizó esos registros al recibir 5,2 millones de visitas: más del doble que todos los habitantes de Canarias (2,2 millones), y un millón más de visitantes que el famosísimo Parque Nacional de Yosemite, en California, uno de los más visitados de EEUU. La diferencia, que Yosemite tiene más de 3.000 kilómetros cuadrados de extensión, mientras que el Teide no alcanza los 190.

La poderosa montaña y sus imponentes cañadas son, sin embargo, frágiles, y las amenazas que se ciernen sobre ellas son cada vez más numerosas. En agosto de 2025 un estudio publicado en la revista Global Ecology and Conservation constataba que la presión humana es la responsable de que el ecosistema en el entorno del volcán “no funcione plenamente”.

Mientras se debate sobre el plan de gestión, pasan los años y la isla de Tenerife (como tada Canarias) sigue aumentando el número de turistas que la visitan, así como el número de nuevos residentes, que ya roza el millón de personas, sin que se haya aprobado en este tiempo ninguna medida para limitar las llegadas de visitantes o habitantes y con ello, el impacto generado en el entorno.

Las únicas medidas adoptadas por el Cabildo consisten en cobrar por transitar por dos de los senderos del parque e incorporar más vigilantes, una medida cargada de polémica pues, en lugar de recurrir a las listas de reserva de agentes de medio ambiente, el Cabildo ha optado por licitar por 3,5 millones de euros un contrato con una empresa privada. Esto ha generado no solo malestar entre los profesionales del sector, sino críticas en la oposición en el Cabildo (PSOE), que ha demandado una explicación que justifique el utilizar a una empresa privada para vigilar un bien tan emblemático como el Teide.

Greenpeace ha presentado alegaciones ante la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario en relación con la solicitud de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el proyecto Ocean Citizen en Punta Blanca (Guía de Isora, en el sur de Tenerife). La intervención tendría lugar en plena Zona de Especial Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca, una joya natural de la Red Natura 2000 y que alberga el único santuario de ballenas de la Unión Europea. 

La organización ecologista sostiene que este proyecto, financiado con fondos europeos, se presenta en Tenerife bajo una apariencia de investigación científica sin ánimo de lucro, pero es una pieza indisociable –el denominado “Sea Garden”– del macroproyecto turístico Underwater Gardens Park Tenerife, declarado de interés insular en 2022 por el Cabildo de Tenerife y promovido por la misma empresa en Punta Blanca. La organización ecologista solicita la denegación de la solicitud, argumentando entre otras cuestiones que la fragmentación del proyecto —separando la parte marina del complejo terrestre— busca eludir una evaluación ambiental integral y acumulativa, y ocultar la verdadera naturaleza recreativo-turística de la intervención.

Ocean Citizen es un consorcio de más de 20 entidades públicas y privadas de diversos países europeos, entre ellos España, Alemania, Dinamarca, Italia e incluso dos empresas de Israel, pero la solicitud ante Costas ha sido presentada por la empresa Underwater Gardens International, S.L., socio privado del consorcio. Las actuaciones del proyecto en Tenerife incluyen la instalación de 86 módulos de arrecifes artificiales –de marcas registradas por la misma empresa– a diferentes profundidades, el grueso de ellos en aguas someras frente a Punta Blanca, casualmente en el lugar donde la empresa promotora quiere instalar su parque temático y vender diferentes experiencias subacuáticas, como la “jardinería submarina” y el “buceo ecológico”. 

“La promotora emplea de manera sistemática conceptos como restauración ecológica o regeneración para disfrazar de altruismo científico lo que, en la práctica, es un negocio de ocio lucrativo. Es puro greenwashing. El objetivo final no es el avance del conocimiento científico ni la restauración de ecosistemas, por mucho que se aluda interesadamente a los organismos científicos del consorcio Ocean Citizen, sino la creación de un escenario de buceo recreativo en la Red Natura 2000 que sirva de sustento al parque temático previsto en Punta Blanca”, ha declarado Kilian López, portavoz de Greenpeace en Canarias.

Entre los puntos más destacados de las alegaciones, Greenpeace también argumenta que el proyecto no acredita la necesidad real de la intervención en la ZEC Teno-Rasca y que provocaría cambios artificiales e injustificables en los hábitats marinos en lugar de su restauración. Además, ha detectado otras carencias en un proyecto que dice buscar la restauración de supuestos hábitats degradados, pero que no actúa para frenar o anular las causas de esa degradación, sino que las agravaría con la afluencia masiva de turistas al parque temático terrestre y marino.

“Resulta inadmisible que se utilice una iniciativa financiada con fondos públicos europeos para allanar el camino a un parque temático privado en un espacio tan sensible como Punta Blanca y en una zona protegida tan presionada como Teno-Rasca. Estamos ante un claro fraude de ley, con el que se pretende mercantilizar el patrimonio natural común bajo una falsa retórica de sostenibilidad. Punta Blanca es de las pocas zonas sin urbanizar que quedan en el sur de la isla y debería ser recuperada para la naturaleza, no castigada con los 3000 visitantes diarios que pretende llevar allí Underwater Gardens”, concluye el portavoz.

La región suroccidental de la isla de Tenerife representa uno de los espacios de mayor relevancia biológica y geológica del archipiélago canario y, por tanto, del conjunto de la Unión Europea. Especialmente relevante es la biodiversidad marina, con poblaciones residentes de cetáceos de importancia global, tortugas marinas, importantes colonias de aves, hábitats de interés comunitario y un litoral que alberga varios endemismos botánicos y muchos valores edafo-geológicos. Este patrimonio natural se encuentra bajo una presión antrópica enorme, derivada de un modelo de desarrollo que ha priorizado la expansión urbanística y turística sobre la integridad de los ecosistemas. Aunque ya se trata de una de las zonas de las Islas Canarias con más concentración de establecimientos turísticos, nuevos proyectos como el de Underwater Gardens en Punta Blanca o el de Cuna del Alma en el Puertito de Adeje amenazan con destrozar los pocos espacios vírgenes que quedan en la costa y masificar aún más la franja marina Teno-Rasca, una de las ZEC marinas más importantes de Europa.

El proyecto de Underwater Gardens ha generado un conflicto social de una magnitud pocas veces vista en Canarias. La oposición social se ha articulado alrededor de Salvar Punta Blanca, una plataforma formada por 34 colectivos, entre los que se encuentra Greenpeace, unidos para frenar tanto el desarrollo terrestre como el proyecto marino objeto de estas alegaciones. La recogida de firmas internacional en WeMoveEurope ha superado ya las 62.000 adhesiones.

La coordinadora que agrupa las plataformas populares contra la instalación de “macroplantas de biometanización” en Navarra ha acudido al Parlamento para pedir “a los grupos políticos” la prolongación de la moratoria de un año aprobada hace unos meses “dos años más” que mantiene paralizados los proyectos. Según han señalado desde Sustrai Erakuntza en un comunicado, quedan “muchas tareas” pendientes para que la instalación de este modelo de energía “no suponga un perjuicio a los territorios y a la viabilidad del sector primario y a la calidad de vida en los territorios”.

Las plataformas populares afectadas por la instalación de las macroplantas de biogás de Viana, Los Arcos, Lodosa, Sesma, Arroniz, Mendavia, Cintruénigo, Sartaguda y Murillo el Cuende “ya habían solicitado una moratoria de dos años para la instalación de plantas de biometanización y que afectara a todas las plantas en tramitación en aquel momento”, tal y como han narrado ellos mismos. “El objetivo era la realización de una planificación democrática de esta cuestión, en condiciones y con garantías, basadas en la racionalidad, en el conocimiento de las necesidades reales y en la participación efectiva de los sectores afectados”, afirman. Sin embargo, la moratoria que aprobó el Parlamento en octubre de 2025 “descafeinaba las reivindicaciones iniciales”, ya que “acortaba el tiempo de su duración a 12 meses o hasta el momento de la aprobación de una normativa foral sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables”. Además de limitarse a la “realización de un diagnóstico técnico sobre los proyectos en tramitación, el análisis de sus impactos, así como la presentación de recomendaciones para garantizar una planificación equilibrada y sostenible”.

Por ello, las plataformas locales afirman que “la situación es muy preocupante” y reclaman conocer “las acciones que el Gobierno de Navarra haya podido realizar” en el diagnóstico de la materia, el análisis de los impactos o las recomendaciones para una planificación sostenible. “A lo que se añade el hecho de que la moratoria puede finalizar en los próximos meses por lo ya indicado”, lo que “activaría los proyectos actualmente en suspenso” y comenzarían otros “que ya se anuncian en la Ribera”, apuntan.

Apoyándose en estas razones, la coordinadora ciudadana ha registrado “en el Parlamento un escrito” para ser analizado por “los grupos políticos”, al considerar que queda trabajo pendiente para que “la opción de la biometanización no suponga un perjuicio” al entorno y a sus ciudadanos. Primero, piden “aprobar una nueva moratoria, o en su caso la prolongación de la actual”, pues estiman que “se necesita al menos dos años más” para abordar “realmente este proceso con garantías territoriales, ambientales y sociales”. Otra de sus reclamaciones es el compromiso de “protección del suelo agrícola y acuíferos” frente a los intereses de las empresas promotoras“, pues es parte del ”interés general“ de sus habitantes y ”del sector primario“, productor de ”alimentos de calidad“. Y, por último, exigen la apuesta de un ”modelo de cercanía“, ya que ”el modelo adecuado para compatibilizar la actividad agroganadera de calidad con el uso de la biometanización debe tener un carácter descentralizado y autosuficiente, que asegure la cercanía entre generación y aprovechamiento de los residuos, respondiendo a las necesidades agroganaderas a nivel local“.

“Se debe imponer el principio de prudencia frente a la instalación de macroplantas de gran tamaño. Estas mezclan residuos de origen distinto al agroganadero, su transporte implica recorrer largas distancias, y producen riesgos de importantes afecciones ambientales en zonas ya de por sí consideradas vulnerables por la contaminación por nitratos”, exponen desde las plataformas.

Además de elevar las reclamaciones a las fuerzas políticas, la coordinadora ecologista también ha querido hacer “un llamamiento a la población” para que apoye y se una a “las acciones que ya se están realizando en las localidades afectadas”. Por eso mismo, la charla en el Centro Comunitario Salesianas de la Txantrea a las 19.00 estará abierta al público. También han convocado para el domingo 10 de mayo una manifestación con el lema 'Lurraren defentsan, STOP macroplantas BIOGÁS', a las 12: horas desde el Baluarte de Pamplona.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este sábado el apagón sufrido en España el pasado año, que ha vinculado a lo que ha calificado como “fanatismo climático que arruina a la población”, al tiempo que ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de “continuar con su plan de arrancar olivos para instalar placas solares”.

En una atención a medios celebrada en Vélez-Málaga (Málaga), Abascal ha subrayado que “el fanatismo verde mata como mató en la dana de Valencia y como mató también a algunos de nuestros compatriotas en el apagón”. Asimismo, ha reiterado sus críticas a Moreno, a quien ha acusado de mantener esa estrategia energética, y ha añadido que, en su opinión, “parece que también está incómodo con los pactos de Vox con el Partido Popular en Aragón y Extremadura”.

Preguntado por los medios de comunicación, Abascal ha afirmado que “la prioridad nacional” tiene todavía un largo recorrido de cambios legislativos pero que no tiene “ninguna duda de que es un concepto basado en el sentido común y la justicia”. “Lo que no puede ser es que los españoles que están aquí viviendo desde hace tiempo, sus padres, sus abuelos, gente que ha cotizado, que ha trabajado y que ahora tiene dificultades, vean que los que acaban de llegar les pasan por encima”, ha apuntado.

En referencia a los altercados ocurridos en los actos de precampaña de Vox en ciudades como Granada el pasado 16 de abril Abascal ha recriminado a Moreno “por qué todavía no ha dicho ni una palabra de condena de estas agresiones e intimidaciones y la única respuesta que podemos darnos es porque él también quiere silenciarnos”. Al respecto, ha manifestado que espera que “tomen buena nota los andaluces de cuál es la posición de Moreno y nos den un gran respaldo para que tengamos la fuerza suficiente para influir en el próximo gobierno de la Junta Andalucía”, ha concluido Abascal.

L'amenaça aguaita sobre el Mediterrani, on el desenvolupament del litoral, la contaminació i el canvi climàtic destrueixen les prades submarines, crucials per a la salut del planeta. En Balears, el creixement de la població i la saturació turística exerceixen pressió sobre un territori insular incapaç de suportar l'explotació de recursos naturals i l'ocupació marítima, i on el fondeig il·legal de vaixells agreuja el problema. És una valoració compartida per la Fundació Cleanwave, que, segons el seu director general, Ali Vahlhaus, lidera des de Mallorca la zona de restauració passiva i activa d'aigües someres més gran d'Espanya. L'entitat, que reclama més inversió privada, acaba d'implementar un model validat científica i legalment per experts independents per a la recuperació de les 75 hectàrees de la badia de Portocolom, al sud-est de l'illa.

En 2022 van llançar el projecte MedGardens amb tres iniciatives pilot en Sant Elm, Formentor i Portocolom per a avaluar diverses tècniques de replantació de Posidònia (seagrass) i Cystoseira (seaweed). En 2024 van ampliar l'actuació de Portocolom per a cobrir tota la badia. El seu repte és recuperar un total de vuit badies balears fins a 2030, sumant una extensió de mil hectàrees. Però per a abordar-ho necessiten fons i per això han importat un sistema basat en crèdits de biodiversitat. “És un model que va posar en marxa en 2024 SeaTrees, una entitat sense ànim de lucre que ha col·laborat amb nosaltres en les nostres actuacions a Mallorca”, exposa Vahlhaus. L'organització va posar a la venda els seus primers blocs per a un projecte a Kenya. “Els mercats de biodiversitat són tan recents que SeaTrees ha decidit retirar tots els blocs en nom dels compradors per a eliminar qualsevol mecanisme d'inversió amb finalitats de lucre. Això converteix totes les compres en donacions benèfiques”, indiquen en la seva web.

En el cas balear, es busca que els socis o patrocinadors aportin 3,5 euros per a la restauració de cada metre quadrat. “La validació aborda un repte de suport continuat per a les empreses, especialment en el sector turístic, que han dubtat a finançar projectes de conservació marina a causa de la falta de verificació per part de tercers, d'una governança responsable i d'un impacte mesurable”, agrega Line Hadsbjerg, cofundadora i presidenta de Cleanwave. “El nostre model ha estat aprovat per un equip independent integrat per dos biòlegs marins i un jurista i és extrapolable a l'actuació en tot el Mediterrani”, apunta Vahlhaus.

La posidònia, el pulmó del Mediterrani

De moment, la Fundació ha abordat la recuperació activa amb la sembra de 1.600 metres quadrats amb alga Cystoseira, de la qual ha sobreviscut el 80%. Aquest organisme necessita una bona qualitat de l'aigua per a desenvolupar-se, així que la bona notícia és que la badia de Portocolom encara es troba en bones condicions mediambientals. Plantar posidònia, aquesta planta aquàtica endèmica famosa pel seu alt valor ecològic, és menys rendible perquè el seu desenvolupament és molt lent. “S'ha perdut un 30% de posidònia en una dècada i creix molt a poc a poc: entre dos i set centímetres a l'any. És a dir, cada metre quadrat que arrossega un ancoratge, triga moltes dècades a regenerar-se”, explica el director. Així que és millor protegir-la. “Per això treballem també la conscienciació”, afegeix.

S'ha perdut un 30% de posidònia en una dècada i creix molt a poc a poc: entre dos i set mil·límetres a l'any. És a dir, cada metre quadrat que arrossega un ancoratge, triga moltes dècades a regenerar-se

Ali Vahlhaus — Director general de la Fundació Cleanwave

La posidònia, amenaçada, forma autèntics pilars ecològics: emmagatzema carboni en grans quantitats, serveix de refugi i zona d'alimentació a centenars d'espècies i esmorteeix l'erosió costanera. Alguns estudis parlen de 12.000 quilòmetres quadrats de posidònia en aigües someres al Mediterrani fa una dècada, amb una pèrdua d'un 34% respecte a mig segle abans. La xifra augmentaria a uns 25.000 quilòmetres quadrats en zones més profundes. L'arxipèlag balear té una àrea ocupada per posidònia de 592 quilòmetres quadrats entre 0 i 35 metres de profunditat, segons un estudi de 2023, la gran majoria situats a Mallorca.

Contaminació del mar

La credibilitat és fonamental per a aconseguir suports. Per això Cleanwave ha treballat en col·laboració amb l'empresa que ha creat Landler, una aplicació que es presenta com la primera plataforma que “mesura, gestiona, monetitza i informa sobre el valor econòmic de la naturalesa”. Així s'ha desenvolupat un bessó digital de la zona submarina sotmesa a regeneració a Mallorca. “El 8 de juny, coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans, llançarem aquesta iniciativa immersiva, que hem batejat com ‘Window into the Sea’ (Finestra a la Mar) i que creiem fonamental per a la credibilitat perquè permetrà a la comunitat submergir-se en els ecosistemes on actuem i observar a temps real la seva evolució”, compte Vahlhaus. 

La recuperació també implica la conscienciació per a la reducció del consum de plàstics, que s'ha convertit en un greu problema mediambiental. “S'estima que cada dia es consumeixen a Balears 1,5 milions d'ampolles de plàstic i el 80% d'elles acaba al Mediterrani en forma de microplàstics, que a la vegada entren en la cadena alimentària dels animals marins i dels éssers humans”, explica Elena Jaume, responsable de Solucions Sostenibles de Cleanwave. Per això una de les accions que realitzen, i que comparteixen altres organitzacions ecologistes de les illes, és un programa educatiu amb escolars i la neteja de platges amb la participació de ciutadans, entre ells nens i joves. 

També la Fundació Mallorca Preservation, que precisament va donar suport financer al projecte MedGarden en la seva fase de Formentor, s'ocupa de la recollida d'escombraries en la costa. Aquesta entitat ha publicat un informe detallat a partir de mostreig de residus en tot l'arxipèlag balear, que per primera vegada quantifica les escombraries sota la mar. “L'estudi s'ha centrat exclusivament en els residus que es troben dipositats en el fons marí, és a dir, aquells que han sedimentat. Això implica que no s'han tingut en compte els residus que romanen surant o en suspensió en la columna d'aigua, amb major mobilitat en la massa d'aigua”, explica Carla Alfonso, una de les coordinadores del projecte.

Mallorca va registrar els valors de contaminació més alts, amb una densitat crítica de 2,59 objectes per cada 100 metres quadrats a la primavera. “Quant al tipus de residus, en les quatre illes predominen clarament els plàstics, sobretot objectes de fibra de vidre, fragments i articles de plàstic dur”, expliquen des de l'entitat. La recerca, desenvolupada al llarg de 2025, també evidencia l'origen dels residus, que vincula majoritàriament amb la navegació (35,5%), i el turisme i l'hostaleria (32,2%). Greenpeace també ha publicat un informe demolidor sobre la destrucció de la costa espanyola, destacant la construcció desmesurada, molta lligada al turisme, i que Balears continua liderant les matriculacions d'embarcacions d'esbarjo.

“La conservació marina avui implica assumir que estem gestionant un equilibri molt fràgil. Sabem quines són moltes de les pressions que afecten al mar, com pot veure's en l'estudi de residus marins, però el veritable repte és actuar a temps i, sobretot, sostenir aquestes decisions en el llarg termini”, assenyala Ana Riera, directora de Mallorca Preservation. La urgència existeix perquè els mars i oceans no es converteixin en abocadors. Deixar la mínima petjada és la mesura més important: no danyar per a no haver de reparar.

La amenaza se cierne sobre el Mediterráneo, donde el desarrollo del litoral, la contaminación y el cambio climático destruyen las praderas submarinas, cruciales para la salud del planeta. En Balears, el crecimiento de la población y la saturación turística ejercen presión sobre un territorio insular incapaz de soportar la explotación de recursos naturales y la ocupación marítima, y donde el fondeo ilegal de barcos agrava el problema. Es una valoración compartida por la Fundación Cleanwave, que, según su director general, Ali Vahlhaus, lidera desde Mallorca la zona de restauración pasiva y activa de aguas someras más grande de España. La entidad, que reclama más inversión privada, acaba de implementar un modelo validado científica y legalmente por expertos independientes para la recuperación de las 75 hectáreas de la bahía de Portocolom, al sureste de la isla.

En 2022 lanzaron el proyecto MedGardens con tres iniciativas piloto en Sant Elm, Formentor y Portocolom para evaluar varias técnicas de replantación de Posidonia (seagrass) y Cystoseira (seaweed). En 2024 ampliaron la actuación de Portocolom para cubrir toda la bahía. Su reto es recuperar un total de ocho bahías baleares hasta 2030, sumando una extensión de mil hectáreas. Pero para abordarlo necesitan fondos y por eso han importado un sistema basado en créditos de biodiversidad. “Es un modelo que puso en marcha en 2024 SeaTrees, una entidad sin ánimo de lucro que ha colaborado con nosotros en nuestras actuaciones en Mallorca”, expone Vahlhaus. La organización puso a la venta sus primeros bloques para un proyecto en Kenia. “Los mercados de biodiversidad son tan recientes que SeaTrees ha decidido retirar todos los bloques en nombre de los compradores para eliminar cualquier mecanismo de inversión con fines de lucro. Esto convierte todas las compras en donaciones benéficas”, indican en su web.

En el caso balear, se busca que los socios o patrocinadores aporten 3,5 euros para la restauración de cada metro cuadrado. “La validación aborda un reto de apoyo continuado para las empresas, especialmente en el sector turístico, que han dudado en financiar proyectos de conservación marina debido a la falta de verificación por parte de terceros, de una gobernanza responsable y de un impacto medible”, agrega Line Hadsbjerg, cofundadora y presidenta de Cleanwave. “Nuestro modelo ha sido aprobado por un equipo independiente integrado por dos biólogos marinos y un jurista y es extrapolable a la actuación en todo el Mediterráneo”, apunta Vahlhaus.

La posidonia, el pulmón del Mediterráneo

De momento, la Fundación ha abordado la recuperación activa con la siembra de 1.600 metros cuadrados con alga Cystoseira, de la que ha sobrevivido el 80%. Este organismo necesita una buena calidad del agua para desarrollarse, así que la buena noticia es que la bahía de Portocolom aún se encuentra en buenas condiciones medioambientales. Plantar posidonia, esa planta acuática endémica famosa por su alto valor ecológico, es menos rentable porque su desarrollo es muy lento. “Se ha perdido un 30% de posidonia en una década y crece muy despacio: entre dos y siete centímetros al año. Es decir, cada metro cuadrado que arrastra un anclaje, tarda muchas décadas en regenerarse”, explica el director. Así que es mejor protegerla. “Por eso trabajamos también la concienciación”, añade.

Se ha perdido un 30% de posidonia en una década y crece muy despacio: entre dos y siete milímetros al año. Es decir, cada metro cuadrado que arrastra un anclaje, tarda muchas décadas en regenerarse

Ali Vahlhaus — Director general de la Fundación Cleanwave

La posidonia, amenazada, forma auténticos pilares ecológicos: almacena carbono en grandes cantidades, sirve de refugio y zona de alimentación a cientos de especies y amortigua la erosión costera. Algunos estudios hablan de 12.000 kilómetros cuadrados de posidonia en aguas someras en el Mediterráneo hace una década, con una pérdida de un 34% respecto a medio siglo antes. La cifra aumentaría a unos 25.000 kilómetros cuadrados en zonas más profundas. El archipiélago balear tiene un área ocupada por posidonia de 592 kilómetros cuadrados entre 0 y 35 metros de profundidad, según un estudio de 2023, la gran mayoría ubicados en Mallorca.

Contaminación del mar

La credibilidad es fundamental para conseguir apoyos. Por ello Cleanwave ha trabajado en colaboración con la empresa que ha creado Landler, una aplicación que se presenta como la primera plataforma que “mide, gestiona, monetiza e informa sobre el valor económico de la naturaleza”. Así se ha desarrollado un gemelo digital de la zona submarina sometida a regeneración en Mallorca. “El 8 de junio, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, lanzaremos esta iniciativa inmersiva, que hemos bautizado como ‘Window into the Sea’ (Ventana al Mar) y que creemos fundamental para la credibilidad porque permitirá a la comunidad sumergirse en los ecosistemas donde actuamos y observar a tiempo real su evolución”, cuenta Vahlhaus. 

La recuperación también implica la concienciación para la reducción del consumo de plásticos, que se ha convertido en un grave problema medioambiental. “Se estima que cada día se consumen en Baleares 1,5 millones de botellas de plástico y el 80% de ellas acaba en el Mediterráneo en forma de microplásticos, que a su vez entran en la cadena alimentaria de los animales marinos y de los seres humanos”, explica Elena Jaume, responsable de Soluciones Sostenibles de Cleanwave. Por eso una de las acciones que realizan, y que comparten otras organizaciones ecologistas de las islas, es un programa educativo con escolares y la limpieza de playas con la participación de ciudadanos, entre ellos niños y jóvenes. 

También la Fundación Mallorca Preservation, que precisamente dio apoyo financiero al proyecto MedGarden en su fase de Formentor, se ocupa de la recogida de basura en la costa. Esta entidad ha publicado un informe detallado a partir de muestreo de residuos en todo el archipiélago balear, que por primera vez cuantifica la basura bajo el mar. “El estudio se ha centrado exclusivamente en los residuos que se encuentran depositados en el fondo marino, es decir, aquellos que han sedimentado. Esto implica que no se han tenido en cuenta los residuos que permanecen flotando o en suspensión en la columna de agua, con mayor movilidad en la masa de agua”, explica Carla Alfonso, una de las coordinadoras del proyecto.

Mallorca registró los valores de contaminación más altos, con una densidad crítica de 2,59 objetos por cada 100 metros cuadrados en primavera. “En cuanto al tipo de residuos, en las cuatro islas predominan claramente los plásticos, sobre todo objetos de fibra de vidrio, fragmentos y artículos de plástico duro”, explican desde la entidad. La investigación, desarrollada a lo largo de 2025, también evidencia el origen de los residuos, que vincula mayoritariamente con la navegación (35,5%), el turismo y la hostelería (32,2%). Greenpeace también ha publicado un informe demoledor sobre la destrucción de la costa española, destacando la construcción desmedida, mucha ligada al turismo, y que Balears continúa liderando las matriculaciones de embarcaciones de recreo.

“La conservación marina hoy implica asumir que estamos gestionando un equilibrio muy frágil. Sabemos cuáles son muchas de las presiones que afectan al mar, como puede verse en el estudio de residuos marinos, pero el verdadero reto está en actuar a tiempo y, sobre todo, en sostener esas decisiones en el largo plazo”, señala Ana Riera, directora de Mallorca Preservation. La urgencia existe para que los mares y océanos no se conviertan en vertederos. Dejar la mínima huella es la medida más importante: no dañar para no tener que reparar. 

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja por los hechos relacionados con el incendio ocurrido los días 9 y 10 de abril de 2026 en el vertedero ubicado en Nájera, gestionado por la empresa Vertidos Rioja S.L..

Según recoge la denuncia, el incendio generó una intensa nube de humo que obligó a los servicios de emergencia de SOS-Rioja a emitir recomendaciones a la población, como el cierre de puertas y ventanas, la desconexión de sistemas de climatización y el uso de mascarillas, especialmente para personas con problemas respiratorios, población infantil o adultos. El humo, con olor a plástico quemado, llegó incluso a la ciudad de Logroño debido a cambios en la dirección del viento. También a la ciudad de Haro, “que su Ayuntamiento no informo a la población jarrera sobre la emergencia”.

La organización ecologista considera que estos hechos “podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, tipificado en los artículos 325 y siguientes del Código Penal, al haberse producido emisiones contaminantes a la atmósfera que podrían haber causado daños a la calidad del aire y generado riesgos para la salud pública”.

Ecologistas en Acción subraya además “que no se trata de un hecho aislado. Según informaciones publicadas en los medios de comunicación, en el vertedero de Nájera se han registrado al menos cuatro incendios en los últimos dos años y un total de seis en la última década, lo que evidenciaría una problemática recurrente”.

Asimismo, la denuncia pone de relieve “que diversas inspecciones realizadas por el Gobierno de La Rioja han detectado incumplimientos relevantes en la gestión de la instalación”. En particular, un acta de inspección de diciembre de 2024 ya señalaba deficiencias importantes en materia de contaminación atmosférica, funcionamiento de las instalaciones y gestión de residuos, concluyendo que no se garantizaba el cumplimiento adecuado de la autorización ambiental.

La organización ecologista considera “que estos antecedentes refuerzan la necesidad de investigar si existe una relación entre los incumplimientos detectados y el incendio recientemente producido, así como los posibles daños ambientales acumulados”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio Fiscal la apertura de diligencias de investigación, con el fin de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y, en su caso, instar la actuación judicial correspondiente.

La organización concluye que este caso “pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control ambiental y de garantizar una gestión adecuada de los residuos para evitar riesgos para el medio ambiente y la salud de la población”.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado contrario a Derecho el Programa Anual de Control del Lobo 2025-2026 aprobado por el Gobierno del Principado. La sentencia, dada a conocer por los demandantes Ecologistas en Acción de Asturias y el Fondo Lobo, estima los recursos presentados y anula un plan que contemplaba la muerte de hasta 53 ejemplares.

El fallo se apoya en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el pasado enero confirmó la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta decisión implica, según recoge la resolución, la derogación de las normas autonómicas que permitían su control mediante abatidas, como el Plan de Gestión del Lobo vigente en Asturias desde 2015.  

De este modo, el tribunal considera que el programa aprobado por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria carecía de cobertura legal, al sustentarse en una normativa ya derogada. La consecuencia directa es su nulidad, lo que deja sin respaldo jurídico las actuaciones desarrolladas bajo su amparo.

La sentencia señala que “cuando existe un régimen de protección estricta, aunque puedan establecerse ciertas medidas de planificación, estas no pueden incluir capturas de ejemplares, ya que se encuentran prohibidas; por tanto, no pueden preverse a priori dentro de dicha planificación”.

Las organizaciones ecologistas que impulsaron los recursos han celebrado la sentencia y consideran que supone un avance en la protección de la fauna salvaje. Desde el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico subrayan que el fallo confirma que no se puede autorizar la muerte de una especie protegida basándose en disposiciones sin vigencia legal.  

No obstante, también lamentan que durante la aplicación del programa se hayan abatido decenas de ejemplares, una circunstancia que consideran irreparable. En este sentido, apuntan a la necesidad de depurar responsabilidades por las actuaciones llevadas a cabo antes de la resolución judicial.

La decisión del TSJA llega en un contexto de fuerte debate social y político en Asturias sobre la gestión del lobo, especialmente en relación con su impacto en la ganadería. El Gobierno del Principado, una coalición de PSOE e IU-Sumar, ya había suspendido las batidas de lobos tras la sentencia del Supremo que anulaba el plan de gestión 2022-2023. Entonces la Consejería de Medio Rural y Política Agraria aseguró que aprobaría un decreto que permitirá adecuar la normativa a la sentencia y mantener las políticas de control de la población de lobos “con seguridad jurídica”. Una segunda sentencia pone en cuestión el modelo promovido por el Gobierno de Asturias.