La bióloga argentina Sandra Myrna Díaz es una de las voces más reconocidas en materia de biodiversidad y una de las mentes que nos ha ayudado a entender la inmensa red de conexiones que entretejen nuestras vidas. Sus trabajos pioneros sobre el papel de las plantas a escala global y lo que ella ha llamado el “tapiz de la vida” le han valido reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2019 o ser incluida entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2025.

Díaz participó a principios de octubre en el festival Passion for Knowledge, organizado por el DIPC en San Sebastián, donde habló de la importancia de los árboles centenarios y su capacidad para generar adaptaciones locales al paisaje de las que tenemos mucho que aprender. Charlamos con ella horas después de su conferencia, sobre la omnipresencia de las plantas en nuestras vidas y la ceguera de los seres humanos, en un mundo gobernado por líderes que ponen en cuestión la ciencia, aunque sin ella no podrían ni levantarse de la cama.

Usted definió el tapiz de la vida que nos entreteje y nos atraviesa. ¿Qué tienen en común las personas, los helechos, los tigres y las lombrices?

Tienen más cosas en común que las que tienen diferentes. Todos estamos emparentados filogenéticamente evolutivamente y venimos de un mismo ancestro común que se llama Luca. Compartimos un montón de genes con todos los seres, mucho más de lo que uno se imaginaría, y también estamos constantemente intercambiando materia y energía. Ese aislamiento en el que creemos que vivimos es totalmente irreal.  

En algún momento hubo un malentendido y creímos que nosotros éramos parte diferente de esa inmensa red, ¿no?

Eso tiene que ver con las ideas de la Ilustración, con toda esta gente que hizo muchas cosas buenas y ayudaron a rescatar la ciencia del oscurantismo. Hicieron progresos, pero tenían esa idea de los organismos como máquinas y del ser humano como excepcional: acá están todos los otros organismos y acá estamos nosotros. Es algo que proviene también de las religiones abrahámicas —el judaísmo y el cristianismo, entre otras—, en las que el hombre y la mujer (sobre todo el hombre) somos seres excepcionales y la naturaleza está a nuestro servicio. Y la verdad que esto de la red de la vida no es algo romántico, sino que es la última ciencia.  

¿El resultado de la ciencia ha sido una sistemática cura de humildad?

Exactamente. Y cada vez más. Todos los días aparecen propiedades cognitivas de los animales que creíamos únicas en nosotros. No solo los grandes primates sino, qué se yo, un pulpo o un langostino. Hay cada vez más científicos que defienden que la sintiencia, la complejidad de sentir y de pensar, es muy diferente de lo que nosotros imaginamos. Y eso también es algo que aprendimos de la ciencia. Creo que no lo hemos internalizado, pero estamos rodeados fundamentalmente de seres y no de cosas. De seres a los que tratamos como cosas.  

Si hemos menospreciado o ignorado a los animales, de lo que hemos hecho con las plantas ya ni hablamos, ¿verdad?

Son decorado.

¿Qué es el “síndrome de la ceguera vegetal”?

Es exactamente eso. Los animales pueden gustarnos o no, pero uno se da cuenta que están ahí porque son medio parecidos y se mueven como nosotros. Con las plantas, como no se mueven y son a nuestro ojo todas iguales, uno tiende a pensar que son escenografía, no que están construyendo nuestro mundo. Sin embargo, ellas están básicamente regulando el clima, están produciendo la fertilidad del suelo, están haciendo todas estas cosas sin las cuales nuestra vida sería mucho más complicada.

En palabras de usted misma, las plantas son unas grandes “alquimistas”, ¿por qué?

Son las únicas que pueden convertir lo inorgánico en orgánico, salvo alguna excepción muy rara en el fondo del océano. Por eso te digo, ellas pueden perfectamente vivir sin los animales. Nosotros sin ellas, no. Son una maravilla.

Las plantas son las únicas que pueden convertir lo inorgánico en orgánico. Ellas pueden perfectamente vivir sin los animales. Nosotros sin ellas, no

Ese tapiz del que usted siempre habla se está llenando de agujeros en muchísimos sitios. ¿Cuál es la principal amenaza?

Hace unos años hicimos un estudio sistemático de todas estas amenazas a nivel mundial en los últimos 50 años y establecimos un ranking. El principal responsable de la destrucción es el cambio de uso de la tierra para agricultura, para ganadería y para construcción. El segundo es la extracción selectiva de organismos, como cuando matas el rinoceronte, pero no el antílope que tiene al lado, o la pesca, donde lo que haces es sacar los peces y dejas todo lo demás.

El tercer y cuarto problema son el cambio climático y la contaminación, están empatados. Y el quinto son las especies invasoras. Eso es en los últimos 50 años, pero se calcula que de aquí en adelante el cambio climático va a tener mucha más importancia porque se está acelerando. Y, además, por supuesto, estos factores interactúan entre ellos. O sea, hay un montón de especies invasoras, particularmente patógenos, que pueden entrar porque hay cambio de clima, o estos incendios devastadores que matan gente, que son una mezcla entre el cambio climático y la gente avanzando y haciendo construcciones en lugares donde no debería hacerlo.

¿Se podría resumir como que, poquito a poco y cada uno por su lado, hemos puesto el planeta patas arriba?

Sí, claramente, aunque no diría cada uno por su lado, en el sentido de que no todos son igualmente responsables.

Vivimos rodeados de seres a los que tratamos como cosas

Me refería a los países industrializados.

Claro, pero incluso dentro del primer mundo, tu huella y tu responsabilidad es mucho menor que la de una gigantesca corporación que es responsable de destrucción de ecosistemas y de gente, porque también se daña la salud de muchísima gente.

Muchas veces olvidamos que muchas culturas que vivían en armonía con ese tapiz de la naturaleza, viven en los sitios que más están notando la perturbación. ¿Esto es una gran injusticia?

Algunos de los lugares donde viven las culturas de cazadores recolectores no están tan en la trinchera, pero otros sí, otros están exactamente en el lugar donde hay más destrucción. Y ellos siempre dicen nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y están pagando los platos rotos todos los días.

¿Qué le parece la estrategia de cuantificar o ponerle a la biodiversidad valores en términos de dinero para que lo puedan entender las empresas?  

Creo que en algunos casos funciona. Hace un par de décadas los ecólogos dijimos: bueno, si le ponemos el valor a la diversidad en términos de dinero, automáticamente las empresas y los gobernantes van a entender todo lo que vale la diversidad y se va a solucionar el problema. Entonces un poco forzamos el tema para ponerle un número en dinero y no nos fue muy bien. Porque hoy en día los números están por todos lados y se sigue destruyendo de una forma masiva. O sea, yo creo que en algunos casos funciona, pero no está funcionando tan bien como como la teoría dice. Yo creo que hay que empezar a hacer énfasis en la diversidad en la naturaleza y los valores emocionales, de salud física y psicológica, por ejemplo. No podés tener una política de salud basada en el precio. Para mí, parte de la naturaleza tiene un precio y no pasa nada, pero no se puede hacer una protección general de la naturaleza basada en un precio, porque no funciona.

Ponerle valor a la diversidad en términos de dinero no nos fue muy bien. Porque hoy en día los números están por todos lados y se sigue destruyendo de una forma masiva

Usted pone como ejemplo el valor que tienen los árboles centenarios y quienes creen que plantar muchos árboles pequeñitos podría compensar su pérdida. ¿Es así?

Bueno, una cosa es si el árbol se te murió porque le cayó un rayo o se enfermó. Obviamente hay que poner otros. No lo vas a dejar ahí.

Estaba pensando en el sicomoro del muro de Adriano, por ejemplo.

No se sabe por qué lo talaron. Ese caso lo uso como ejemplo de cómo la gente se moviliza por un árbol ecológicamente irrelevante, pero que era su árbol. Ni ellos mismos saben por qué lo talaron. Hay un caso en Argentina con un árbol que estaba junto a una autopista y se armó un lío con enorme costo político. Trajeron una grúa industrial del norte del país al centro del país, más de mil kilómetros. Levantó el árbol con raíz y todo y lo puso en otro lado.  

Porque un árbol “no es solo un árbol”…

No solamente que un árbol no es solo un árbol, sino que la gente hace cosas con la naturaleza, para bien o para mal, que no tienen nada que ver con el costo-beneficio económico, sino con otras cosas.

Cuando le escucho hablar del tapiz de la vida no puedo evitar acordarme de la hipótesis Gaia, de Lovelock y Margulis, que fue tan denostada. ¿Conectan sus ideas con aquella hipótesis?

En algunas cosas sí. La idea de la simbiogénesis de Margulis de cómo a veces se juntan dos organismos y forman otro es genial. Eso es fantástico y está muy comprobado. Por eso a veces se habla del árbol de la vida y algunos ahora hablan de la red de la vida. Porque además de las ramas verticales en la evolución, aparecen toda una serie de conectores horizontales, con conjuntos de organismos produciendo propiedades emergentes. Y, por otro lado, yo no creo que el planeta sea una especie de superorganismo actuando todo en armonía. Pero hay propiedades emergentes, definitivamente.  

¿Es un sistema que se autorregula?

Se autorregula. El ejemplo es la regulación del clima por parte de las plantas y los organismos fotosintéticos en el mar, o cómo el agua, en vez de quedarse toda chata en el océano, cicla los continentes y es evaporada para formar las nubes. Toda esa dinámica es fantástica, son propiedades emergentes. No es un solo individuo de una sola especie, sino que actúan juntos. En realidad, si te pones a hilar fino, todos somos un ecosistema. Yo no sé los cientos de especies de bichos que tengo adentro mío, o vos; somos un ecosistema y si nos sacan todo el resto de las otras especies, no sobrevivimos mucho.

Si te pones a hilar fino, todos somos un ecosistema. Si nos sacan todo el resto de las otras especies, no sobrevivimos mucho

Usted dice que las plantas son asombrosas. De entre todas las cosas que hacen, ¿qué le impresiona más?

Lo más sorprendente que hacen las plantas, mirándolo desde afuera y tratando de ser objetiva, es la fotosíntesis. La comunicación entre ellas a través de compuestos volátiles también es fantástica y hay un montón de investigación sobre cómo se comunican más con las que están genéticamente más emparentadas. También están las redes micorrícicas, esas alianzas en las que las micorrizas (los hongos) y los árboles colaboran, aunque es muy variada. Algunos árboles dependen de las micorrizas mucho más que otros y hay momentos en que los hongos se transforman en medio parásitos y las plantas dicen 'yo no necesito más al hongo' y lo expulsan, por así decirlo. En la naturaleza hay una especie de negociación constante.

Una persona como usted, que es consciente de la complejidad de la naturaleza, ¿cómo se siente en un mundo en el que cada vez se simplifica más?

Bueno, fue toda una sorpresa que a esta altura del siglo XXI, de repente apareciera un ataque a la ciencia. Toda mi generación, y muchas otras generaciones antes que yo, crecimos sobre la base de que la ciencia se daba por sentada y no se la discutía. Y de repente ahora hay todo este discurso minoritario, pero vociferante, que dice eso de ¿para qué sirve la ciencia? Obviamente es muy preocupante, muy terrible. Pero, por otro lado, nos ha servido para atizarnos. Para que reaccionemos y nos pongamos las pilas y le recordemos a todo el mundo para qué sirve la ciencia y todas las cosas que tenemos por la ciencia.

Si tuviera que resumirle a alguna de estas personas para qué sirve la ciencia, ¿cómo lo haría?

Le diría que sin la ciencia no podría ni tomarse el café de la mañana, literalmente. Si no fuera por la ciencia no podría prender el celular, la radio, la TV, hacerse el café, calentar agua, bañarse con agua caliente, casi ni levantarse de la cama. Es más, no tendría sábanas si no fuera por la ciencia. Pero además, la ciencia te enseña a pensar críticamente. La ciencia te dice que tu conocimiento nunca está estable, va progresando y va progresando por ensayo y error y va progresando por la crítica. Es una forma de pensar que de alguna manera se opone al oscurantismo acrítico, a ese pensamiento obediente.

¿Qué efecto tendrá la asfixia de Milei a la ciencia sobre el futuro de los argentinos?

Va a ser un momento aciago, oscuro en nuestro futuro, sin ninguna duda. Pero como lo hemos hecho tantas veces en Argentina, nos vamos a volver a levantar, no tengo dudas.

¿Y, a escala global, qué daño está haciendo el efecto de la gente como Trump?

Primero, hay que recordar que somos un montón. Ellos son vociferantes, pero pocos. Si uno ve la gente que realmente está levantando la bandera en contra del conocimiento, y a favor del borreguismo, son pocos. El borreguismo, la obediencia, hacer lo que te dicen y quedarte calladito y obedecer… Son muy poderosos, pero son pocos. Y, segundo, no tenemos alternativa. Sí o sí. El mundo al que vamos, según esa narrativa, es un mundo donde dos o tres de ellos se la pasan bomba y el resto nos embromamos. El mundo de ellos no tiene lugar para nosotros.

No estamos en sus planes...

Ni nosotros ni la naturaleza ni la enorme mayoría de los seres humanos estamos en sus planes. La enorme mayoría de nosotros no tiene alternativa porque el mundo de ellos no es alternativa. Hay que buscar otra cosa. Y yo creo que tenemos la fuerza del que siente que no tiene alternativa. Te cerraron el camino de vuelta, ¿y qué vas a hacer? Vas a seguir para adelante porque volverse no es una opción. Es demasiado tarde para volverse. Yo creo que la fuerza tiene que salir de ahí.

Desde hace unas semanas, mujeres de todo el mundo han impulsado un movimiento contra el acoso sexual en el ámbito de la conservación. En Canarias, donde la lucha por la protección del territorio gana cada vez más fuerza, colectivos y organizaciones ecologistas se han sumado a esta ola y han mostrado su apoyo a aquellas mujeres que hayan podido sufrir violencia sexual en el Archipiélago en este sector. “No podemos defender un territorio más justo sin trabajar también para construir espacios seguros, especialmente para las mujeres”, han señalado desde la plataforma Canarias Tiene un Límite.

Una creadora de contenido sobre la conservación marina en el Archipiélago, que prefiere no dar su nombre, ha seguido la estela de otras divulgadoras y buceadoras y ha puesto su cuenta de Instagram a disposición de las mujeres que quieran relatar situaciones de acoso sufridas por hombres del sector en la comunidad autónoma. La idea, cuenta a esta redacción, nació tras conocer la iniciativa Karma is around the korner, que señala y visibiliza casos de acoso hacia mujeres en la industria del buceo en diferentes partes del mundo. Hasta ahora ha recibido más de una docena de relatos, afirma. 

En esta línea, y “ante las situaciones que se están dando a conocer en los últimos días en distintos espacios vinculados al activismo en Canarias”, la plataforma Canarias Tiene Un Límite ha lanzado un comunicado en el que expresa su rechazo “firme y contundente” a cualquier forma de acoso, abuso o violencia machista, así como su apoyo y solidaridad con “las mujeres que han decidido compartir sus experiencias, respetando su autonomía, sus decisiones y sus tiempos.

En el texto, reconocen que “hace ya algún tiempo”, “tras recibir informaciones que nos generaron preocupación por posibles situaciones de violencia machista, activamos nuestros protocolos internos de prevención y cuidado”. ''Como medida preventiva, decidimos apartar a la persona señalada de los espacios de encuentro, socialización, asamblea y toma de decisiones del movimiento, así como interrumpir cualquier colaboración con ella'', reza el comunicado. Además, han expuesto que “por respeto a su privacidad” ven necesario preservar la confidencialidad de las informaciones recibidas.

Erradicar la violencia sexual

La ONG Innoceana, dedicada a la conservación marina y que desarrolla proyectos tanto en las Islas como en Costa Rica, también se ha posicionado en contra del acoso sexual contra las mujeres. “Innoceana se ha construido y sigue creciendo gracias al trabajo duro y la dedicación de muchas mujeres. A la luz de los recientes testimonios que denuncian acoso sexual, abusos y violencia en la conservación marina, expresamos nuestro absoluto rechazo a cualquier forma de violencia”, han señalado.

“Creemos y estamos con las mujeres que han encontrado el coraje de compartir sus experiencias, así como a todas aquellas que las han vivido, pero sienten que aún no están preparadas para contar sus historias. La vergüenza tiene que cambiar de bando”, han añadido desde Innoceana.

“La conservación del océano no puede construirse a costa de la dignidad y la seguridad de las mujeres. Es hora de que la comunidad marina asuma la responsabilidad de erradicar estas formas de violencia”, concluyen. 

Además, Innoceana ha difundido una encuesta impulsada por la red Women in Ocean Science (Mujeres en las Ciencias del Mar), fundada en 2018 por la bióloga marina Madelein St Clair con el objetivo de abordar la desigualdad de género en la ciencia y la conservación marina. Estas encuestas, completamente anónimas, forman parte de una investigación en la que trabaja la organización sobre la prevalencia y la naturaleza del acoso sexual en el ámbito de la vida silvestre y el ecoturismo, incluyendo experiencias de turistas, profesionales de la industria, voluntarias y estudiantes.

 “Si has experimentado o presenciado alguna situación como trabajadora o turista y quieres compartir tu testimonio en un espacio seguro, tu experiencia puede ayudar a poner luz a una realidad que ha permanecido escondida mucho tiempo”, señalan desde Innoceana.

El caso de México

En México, una recogida de firmas por la plataforma change.org cuenta ya con casi mil apoyos. En ella, se denuncia un caso de agresión sexual dentro de una comunidad de buceo mexicana por parte de un instructor y se critica la negativa a retirar la licencia al supuesto agresor. 

“Este caso ha provocado una conversación crucial dentro de nuestra comunidad, revelando que el acoso, el abuso, la mala conducta y los ataques sexuales no son incidentes aislados”, insisten. En la campaña exigen un protocolo claro contra el acoso y la formación de las comunidades para prevenirlo y detectarlo. 

“Hoy muchas mujeres de la comunidad de buceo, apnea y conservación están alzando la voz. Las escuchamos, las respetamos y estamos con ustedes”, ha defendido en esta línea la plataforma Mares de México, dedicada a la conservación marina. “El único depredador que deberíamos encontrar en el mar es la fauna marina. Nunca una persona. El océano debe ser un lugar seguro para todas, dentro y fuera del agua”, concluyen.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado la petición de suspensión cautelar del plan de control del lobo que habían presentado la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes n'Aición d'Asturies al considerar que debe primar el interés general y el de los ganaderos.

El auto del TSJA permite así que el programa de actuaciones de control continúe vigente mientras se resuelve el procedimiento judicial principal, al considerar que debe prevalecer el interés general defendido por la administración asturiana, la Fundación Artemisan y varias agrupaciones como la Unión Rural Asturiana (URA) y la Asociación de Agricultores y Ganaderos (GANAGRI), entre otras entidades.

Evolución favorable

Tras recordar la reciente modificación del marco normativo internacional y estatal que sitúa a las poblaciones de lobo al norte del río Duero fuera del régimen de protección especial, el auto judicial fundamenta su decisión en informes que apuntan a una evolución favorable de la población de cánidos en el Principado, cuyo crecimiento constante permite mantener un estado de conservación positivo.

Asimismo, destaca la necesidad de equilibrar la preservación de la fauna silvestre con la protección del sector ganadero frente a los graves perjuicios económicos y sociales sufridos por las explotaciones.

La vulneración, según los ecologistas

Según la Fundación Artemisan, el auto reconoce que estos informes justifican, a efectos de la decisión cautelar, el programa aprobado por la administración, aunque la legalidad definitiva de las medidas deberá analizarse en el procedimiento judicial principal.

Los ecologistas, por su parte, mantienen que la II modificación del Plan de Gestión del Lobo vulnera la normativa europea y los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en su sentencia de febrero de 2026 y que el programa de control de la especie para 2026-27, que prevé la eliminación de al menos 67 ejemplares carece de justificación científica suficiente. 

El Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears va néixer el 22 de maig de 2024 amb una posada en escena a l'altura de la transformació que prometia. Aquell gran acord, destinat, segons el Govern, a canviar el rumb de les illes, va reunir en la presentació representants de més de 140 entitats polítiques, socials i econòmiques que, sota un mateix sostre, es conjuraven per fer realitat un full de ruta cridat a conduir l'arxipèlag cap a la sostenibilitat i el benestar com mai abans s'havia fet. “Allò semblava un casament”, recorda amb ironia un dels participants que encara continua dins del procés. La imatge no era menor: la cerimònia escenificava un compromís col·lectiu que aspirava, almenys sobre el paper, a marcar un abans i un després en la història de les illes.

Dos anys després, malgrat els grans anuncis i la solemnitat amb què es va presentar aquella aliança, la fotografia ha canviat radicalment: partits, organitzacions socials i entitats que van participar en el llançament han abandonat el procés, mentre que milers de persones han sortit al carrer en mobilitzacions multitudinàries i històriques per protestar contra la turistificació i el creixent deteriorament de les condicions de vida de la població resident. Malgrat tot, l'Executiu de Marga Prohens (PP) continua defensant la vigència d'aquell acord i reivindica un procés que va néixer com un gran espai de consens. La llista dels qui se n'han despenjat i el rastre del que ha quedat per fer, però, expliquen una altra història.

En una comunitat autònoma on l'escalada de preus que està expulsant a centenars de residents, amuntegant d'altres en infravivendes i caravanes i transformant barris sencers, i on la creixent pressió turística tensa infraestructures, platges, recursos hídrics i espais naturals, el Pacte per la Sostenibilitat afronta el retret d'haver quedat en un exercici de diagnòstic i participació sense traducció en polítiques clau dirigides a avançar cap al decreixement. No en va, unes 70.000 persones -segons xifres dels organitzadors- van sortir al carrer el passat 26 de juliol per denunciar un model econòmic que consideren cada vegada més incompatible amb el dret a una vivenda llar, la conservació del territori i el benestar de qui viu a les illes.

L'hermetisme que envolta l'estat actual del Pacte per la Sostenibilitat és una altra de les crítiques que planen sobre el procés. Davant l'absència d'un balanç públic que permeti avaluar el seu recorregut i els seus efectes, l'oposició va voler posar negre sobre blanc en quin punt es troba el procés i va reclamar la compareixença del director general de Diàleg Social i Transició Econòmica, José Antonio Caldés, perquè donés explicacions al Parlament. El passat mes de setembre, PP i Vox van votar en contra de la sol·licitud cursada pel Grup Socialista, bloquejant així la possibilitat que el Govern rendís comptes davant la Cambra.

La factura del Pacte

El Pacte per la Sostenibilitat no només ha deixat anuncis, reunions i documents estratègics. També ha generat una factura a càrrec de les arques públiques. Tot i que no hi ha cap balanç públic que permeti saber quant ha costat el procés en conjunt, la documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es permet identificar almenys 230.729 euros en despeses de publicitat i contractes directament vinculats a la iniciativa, als quals s'afegeixen 55.000 euros en subvencions.

La documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es permet reconstruir la despesa d'almenys 230.729 euros en publicitat i contractes directament vinculats al procés, als quals s'afegeixen altres 55.000 euros en subvencions

La primera factura va arribar abans que hi hagués un full de ruta definitiu. El Govern va adjudicar a Wireless DNA SL el desenvolupament de la plataforma digital per recollir les aportacions ciutadanes per 14.700 euros sense IVA, 17.787 euros en total. El portal va estar operatiu entre el juliol i l'octubre de 2024 i va canalitzar prop de 500 aportacions ciutadanes cap als grups de treball. Va ser una de les eines centrals de participació de la primera fase i una de les despeses que es poden atribuir directament a la posada en marxa del Pacte.

La partida més voluminosa, però, no va ser la de participació, sinó la de publicitat. Els registres de contractació permeten identificar 206.517 euros destinats a anuncis i accions publicitàries en premsa escrita, ràdio, televisió i mitjans digitals. La inversió en difusió supera àmpliament el cost de la plataforma ciutadana i constitueix la principal despesa identificada fins ara. La xifra permet dimensionar l'esforç econòmic dedicat a donar visibilitat al procés, encara que, per si sola, no n'acredita l'abast ni els resultats.

Una altra de les partides documentades correspon a la impressió de les “Bases de l'Agenda de Transició”, el document de més de 350 pàgines presentat el febrer de 2025 com a resultat del treball desenvolupat durant la primera fase del Pacte. El contracte per imprimir-ne 300 exemplars es va adjudicar a la Fundació Amadip Esment per 6.425,10 euros, IVA inclòs. El document recollia els objectius estratègics i de desenvolupament que l'Executiu va presentar com a full de ruta per avançar cap a la transformació del model econòmic de les Balears.

El Govern també ha concedit 55.000 euros en subvencions a la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a les dues convocatòries dels Premis Agenda de Transició: 30.000 euros el 2025 i 25.000 el 2026. Si s'afegeixen a les despeses anteriors, l'import dels recursos públics directament identificables vinculats al procés i a actuacions derivades ascendeix a 285.729 euros.

A finals de 2024, quan l'oposició va demanar al Govern informació sobre les contractacions efectuades per posar en marxa el Pacte, l'Executiu va assegurar que la feina de les taules amb les entitats s'havia desenvolupat amb “recursos interns” i que l'única contractació efectuada fins aleshores era l'assistència informàtica per a la plataforma de participació. Tanmateix, el fet que s'hi fes servir personal propi no vol dir que aquesta part del procés no tingués cap cost: l'Administració no ha publicat cap estimació de les hores de feina dedicades ni del seu import econòmic.

L'Executiu ha gastat 17.787 euros per al desenvolupament d'una plataforma digital activa durant diversos mesos, 206.517 euros en accions publicitàries en mitjans de comunicació, 6.425,10 euros en imprimir les 'Bases de l'Agenda de la Transició' i 55.000 euros per a la UIB per a dues convocatòries dels Premis Agenda de Transició

La despesa publicitària, a més, deixa una incògnita. En la resposta al Parlament, l'Executiu va explicar que els criteris per seleccionar els mitjans —audiència, cost econòmic i abast territorial— els havia definit l'agència de comunicació contractada per l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB). Aquesta agència disposava d'un contracte general d'imatge i comunicació per al 2024, amb un pressupost base d'1,67 milions d'euros, que incloïa serveis com la compra d'espais publicitaris i la gestió de mitjans.

El mateix sistema de contractació pública dificulta reconstruir el cost global del Pacte. Els registres no permeten conèixer necessàriament totes les despeses inferiors a 5.000 euros, que es poden tramitar com a contractes menors i quedar fora de la publicació ordinària. Això impedeix determinar si hi va haver desemborsaments específics per a tasques de disseny, producció audiovisual, fotografia, maquetació, organització d'actes, lloguer d'espais o altres serveis puntuals relacionats amb el procés.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb el Govern per saber quines mesures concretes s'han aprovat o posat en marxa com a conseqüència directa del Pacte i quins resultats tangibles se li poden atribuir de manera exclusiva, però no n'ha obtingut resposta en el moment de publicar aquest reportatge. Entre altres qüestions, aquest diari havia demanat informació sobre la composició actual del Pacte, el cost global del procés i les possibles despeses addicionals, així com si l'Executiu considera necessari que el responsable polític directe de la iniciativa doni compte públicament del seu desenvolupament i dels resultats, després que el PP i Vox en bloquejassin la compareixença.

Els registres no permeten conèixer necessàriament totes les despeses inferiors a 5.000 euros que poden tramitar-se com a despeses menors i quedar fora de la publicació ordinària

El procés es desinfla

El contrast entre el llançament i la situació actual és especialment significatiu. El maig de 2024, el Govern anunciava la participació de més de 140 entitats. Antoni Riera, catedràtic d'Economia Aplicada de la UIB i director tècnic de la Fundació Impulsa, va ser presentat com a coordinador tècnic del procés. Un mes després, Prohens va presentar les línies de treball de les taules amb la voluntat de convertir el Pacte en una estructura estable.

La primera fase es va articular en 12 grups de treball i va culminar el febrer de 2025 amb la presentació de les “Bases de l'Agenda de Transició”, un document de més de 350 pàgines que identificava 247 factors determinants i fixava 59 objectius estratègics i 65 objectius de desenvolupament per avançar, en paraules de la presidenta del Govern, cap a la “sostenibilitat econòmica, social i ambiental” de Balears.

Prohens va convertir el document en la principal carta de presentació del Pacte i va arribar a lliurar-li al rei durant la seva visita a Palma. En declaracions als mitjans després de la trobada amb el monarca, va reivindicar “aquesta manera pionera que tenim de treballar i de pensar més enllà d'una legislatura” i va qualificar el procés de transformació d'“únic a tot Espanya i pioner a la resta de regions europees”.

No va fer menció en cap moment del diagnòstic integral que l'arxipèlag ja tenia traçat el 2019, avalat per més de 60 científics de la Universitat de les Illes Balears (UIB): biòlegs, físics, economistes, juristes, enginyers, especialistes en intel·ligència artificial i geògrafs, entre d'altres. Amb el vistiplau d'assessors externs reconeguts, aquests experts van posar sobre la taula els reptes econòmics, laborals, socials i mediambientals de les illes i van establir les bases per afrontar-los. Aquell document, en què van participar més de 400 persones, també va rebre el vistiplau del Consell Econòmic i Social (CES) a Brussel·les.

Desbandada d'organitzacions socials i civils

Quan Prohens va presentar les “Bases de l'Agenda de Transició”, el Pacte ja havia perdut bona part de la pluralitat política i social amb què havia començat. El Fòrum de la Societat Civil va suspendre la participació, el GOB —una de les principals entitats ecologistes de les Balears— va abandonar el procés i, posteriorment, també ho van fer els principals partits de l'oposició d'esquerres. El PSIB-PSOE va justificar la sortida per la falta d'ambició, diàleg i transparència; Més per Mallorca va qüestionar la metodologia, i Més per Menorca se'n va desvincular just abans de la presentació de les conclusions.

La desbandada va deixar l'acord sense una part de les organitzacions socials, ecologistes i polítiques que havien de donar contingut a la seva vocació de consens, i va obrir interrogants sobre la capacitat del procés per representar una visió realment compartida del futur de les illes. El gran pacte de país que Prohens havia presentat com una aposta transversal per transformar el model econòmic arribava així a la primera gran fita amb una fractura cada vegada més evident entre l'ambició proclamada i la participació real.

La segona fase, concebuda per convertir els objectius del diagnòstic en mesures concretes, va començar el 24 de març de 2025 i va reorganitzar els 12 grups inicials en cinc grups més reduïts. El Govern també va anunciar que dotaria el procés d'una estructura permanent. Des d'aleshores, una part de les actuacions que l'Executiu ha difós sota el paraigua del Pacte són mesures o iniciatives sectorials que, segons l'oposició, formen part de l'activitat ordinària de qualsevol Administració.

Entre aquestes actuacions hi ha programes d'ocupació, ajudes, projectes de formació, intervencions a les platges, polítiques d'economia circular, iniciatives empresarials i la gestió de fons turístics. Són mesures que contrasten amb l'ambició amb què va néixer el procés. El Pacte havia de servir per acordar com transformar el model econòmic, social i ambiental de les illes; dos anys després, el rastre comunicatiu de la iniciativa sembla més vinculat a decisions fragmentades que no a grans mesures sorgides d'aquest espai.

El Pacte havia de servir per acordar com canviar el model econòmic, social i ambiental de les illes; dos anys després, el seu rastre comunicatiu apareix més lligat a decisions fragmentades que a grans decisions nascudes d'aquest espai

“Molt paper, però poques solucions per als treballadors”

Un dels representants que continua dins del Pacte és José García-Relucio, secretari general de la Federació de Serveis d'UGT a les Balears, que lamenta, en declaracions a elDiario.es, que la segona fase del procés estigui paralitzada des de fa mesos. “Des d'abans de l'estiu no hi ha hagut cap reunió, cap notícia ni cap avanç”, assenyala el responsable sindical, que expressa la seva “decepció” pel desinflament d'una iniciativa cridada a transformar l'economia de les illes.

Des d'abans de l'estiu no hi ha hagut cap reunió, cap notícia ni cap avenç

José García-Relucio — Secretari general de la Federació de Serveis d'UGT a Balears

García-Relucio assegura que el procés ha acumulat “molt paper i intercanvi d'informació”, però que no ha servit per avançar en qüestions fonamentals per als treballadors, entre les quals hi ha l'emergència habitacional, especialment greu en el sector turístic. Els empleats que arriben a les illes per incorporar-se als seus llocs de feina, inclosos els treballadors temporals, es troben amb enormes dificultats per accedir a un habitatge. “Se'ls acaba donant un llit en una habitació compartida, sense unes condicions mínimes que els permetin tenir privacitat”, denuncia. El sindicat proposa destinar prioritàriament l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) a pal·liar aquesta situació i finançar habitatges per als treballadors, però el Govern no ha atès la proposta.

Tot i que reconeix algunes iniciatives, com els 600.000 euros procedents de l'ITS destinats a fomentar la contractació de persones amb discapacitat en el sector turístic, recorda que es tracta d'una obligació que ja preveu la legislació. “No s'està fent el que s'hauria de fer per atendre la realitat actual dels treballadors”, lamenta. García-Relucio també es mostra especialment crític amb les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar i apunta que, en alguns casos, les alternatives passen per pagar 600 euros o renunciar a dies lliures. “Estem molt decebuts”, resumeix.

La patronal: “Necessitem acords globals”

Des de la patronal, la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem) va donar suport al Pacte des del principi perquè, segons el seu president, Toni Fuster, afrontar el canvi de model i els reptes turístics, ambientals i climàtics exigeix un acord ampli, tant polític com social. En declaracions a elDiario.es, Fuster explica que va participar en les diferents taules i considera que el procés va permetre assolir “un diagnòstic més o menys consensuat”. Però aquí, sosté, es va acabar el que havia de ser el començament de la transformació: “A partir d'aquest diagnòstic no ha servit per al més important, per prendre decisions”. En la seva opinió, el Pacte ha quedat atrapat entre el diagnòstic i l'acció, quan la seva raó de ser era precisament convertir el consens en mesures concretes.

A partir d'aquest diagnòstic no ha servit per al més important, per prendre decisions. Aquest últim any, pràcticament no s'han pres decisions, segurament també per falta de consens polític

Toni Fuster — President de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem)

Fuster atribueix l'estancament de l'últim any també a la falta d'acord polític i reclama un esforç tant al Govern com a l'oposició: “Aquest últim any, pràcticament no s'han pres decisions, segurament també per falta de consens polític”. Malgrat el desgast del procés, Pimem no planteja donar-lo per tancat: “L'origen, el germen d'aquest Pacte per la Sostenibilitat, ha de tirar endavant”, ja sigui amb la mateixa estructura o amb una altra. El missatge de Fuster, però, és d'urgència: “Necessitem acords globals per prendre decisions. Les hem de prendre ja i les hem de fer de manera consensuada”.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'altra patronal present en el procés, la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), però prefereixen mostrar-se cautelosos a l'espera de la pròxima reunió del Pacte.

Antoni Riera reivindica el treball de diagnòstic

Antoni Riera reivindica el treball de diagnòstic

Preguntat pel desenvolupament del procés, Antoni Riera, que va coordinar-ne la primera fase, reivindica el treball de diagnòstic i planificació recollit en les “Bases de l'Agenda de Transició”. La seva argumentació se centra en els factors identificats, els objectius formulats i les possibles línies d'actuació, però no entra a valorar quines mesures s'han posat efectivament en marxa, quines han quedat sobre el paper ni fins a quin punt han condicionat les decisions del Govern. L'economista defensa que la feina desenvolupada s'ha de valorar a partir d'aquest document, i no únicament a partir de l'existència de taules sectorials o de les decisions polítiques adoptades posteriorment.

Riera sosté que les Bases es van dissenyar des d'una perspectiva sistèmica, en lloc de dividir les polítiques públiques en àmbits estancs, per abordar les interdependències entre turisme, economia, societat i medi ambient. “Les Bases abandonen la planificació i gestió des de compartiments estancs i, amb aquesta finalitat, integren les 12 àrees de reflexió-acció sota un enfocament sistèmic que alinea objectius i prioritats, evita la fragmentació i fomenta la complementarietat d'estratègies i plans d'acció”, assenyala, citant el document. Al seu parer, per tant, l'absència d'una taula específica sobre una matèria determinada no significa necessàriament que aquesta quedàs fora de l'anàlisi.

El director de la Fundació Impulsa subratlla que qüestions com la saturació turística i l'accés a l'habitatge sí que figuren en el full de ruta. Entre els grans objectius de transició, les Bases inclouen “establir mecanismes per controlar la capacitat de càrrega i evitar la saturació de recursos bàsics”. També fixen com a objectiu estratègic “garantir un accés equitatiu a l'habitatge” i plantegen mesures transversals com “la limitació de la conversió d'habitatges en allotjaments turístics, la regulació del creixement de l'oferta hotelera i mecanismes de redistribució”. Riera defensa que aquestes referències permeten identificar l'abast del diagnòstic elaborat, encara que insisteix que la formulació d'objectius no s'ha de confondre amb la seva aplicació efectiva: una cosa és que les mesures figurin en el document i una altra, ben diferent, que es tradueixin en decisions polítiques.

Com a resultat concret de la primera fase, Riera destaca la identificació de 247 factors determinants en les 12 àrees de treball, l'anàlisi de les interrelacions i la formulació de 59 objectius estratègics i 65 objectius de desenvolupament. “La combinació de participació multiactor, anàlisi basada en evidència i avaluació d'interdependències va permetre construir una proposta integrada que transcendeix els plantejaments sectorials habituals”, sosté.

El mateix document, recorda, deixava per a etapes posteriors la definició de línies d'acció concretes i el desenvolupament de mecanismes de seguiment i revisió. Per això, considera que la valoració de les decisions adoptades posteriorment, el grau d'execució dels objectius i l'evolució de la participació corresponen a una anàlisi diferent de la feina tècnica que va coordinar.

Des del Govern responen a les crítiques reivindicant que el Pacte continua “viu” i “obert a tothom”. Així ho va manifestar la setmana passada la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer, que, en resposta a les preguntes del diputat socialista Llorenç Pou, va assegurar que “desenes d'entitats” continuen treballant “setmana rere setmana” en un procés que, segons va sostenir, ha permès fer una anàlisi “amb rigor”. Cabrer va situar entre els resultats del Pacte la tramitació de la llei de protecció del litoral i el projecte de llei agrària, a més de debats sobre ajudes per prevenir la sinistralitat laboral, contractar persones amb discapacitat o impulsar la desestacionalització.

“Creixement zero” mentre s'allibera sòl

El Govern també va reivindicar el decret de contenció turística com un dels fruits del Pacte. Cabrer li va atribuir una “importància fonamental” per plantejar un “creixement zero” de les places turístiques i combatre l'oferta il·legal. La consellera va sostenir, a més, que les Balears han de “posar límits” perquè “no poden créixer en volum”, però “sí en valor”.

Les explicacions de l'Executiu contrasten, tanmateix, amb les mesures que el PP i Vox han aprovat al llarg de la legislatura, com la llei de liberalització del sòl, que permet transformar determinades àrees de transició —fins ara classificades com a sòl rústic— en urbanitzables i facilita noves edificacions en determinats municipis. La mateixa norma també va obrir la porta a legalitzar construccions irregulars prescrites en sòl rústic de la Serra de Tramuntana, fins i tot en àrees de màxima protecció.

Pel que fa al decret de contenció, el text prohibeix noves places en habitatges plurifamiliars i endureix la persecució de l'oferta il·legal, però blinda un enorme parc de places existents, l'auge de les quals, a judici de les entitats socials, ha disparat -juntament amb la especulació immobiliària, la compra massiva per part d'estrangers d'alt poder adquisitiu i l'avidesa dels fons voltor- els preus de l'habitatge, provocant que nombrosos residents es vegin expulsats dels seus barris.

Paral·lelament, el PP va arribar a plantejar un increment de l'ITS d'entre el 66% i el 200% durant l'estiu, però la pressió dels hotelers i Vox va tombar la mesura. A canvi del seu suport al decret, els populars van ampliar fins a 500 les places turístiques permeses en edificis catalogats situats en sòl urbà o rústic comú.

El PSIB-PSOE acusa el Govern d'haver convertit el Pacte per la Sostenibilitat en el seu “projecte estrella” sense oferir explicacions sobre el funcionament. El partit va resumir el balanç de la iniciativa amb una expressió especialment contundent: “Va agafar la bandera del decreixement per després abandonar-la”.

Per la seva banda, Més per Mallorca i Més per Menorca han acabat situant-se fora d'un procés que consideren incapaç de traduir el diagnòstic en mesures concretes. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclama un “canvi econòmic sostenible que deixi d'afavorir uns pocs”, polítiques d'habitatge i avenços cap al decreixement “en un territori en què els recursos naturals no basten”.

El Pacto Social y Político por la Sostenibilitat Económica, Social y Ambiental de Balears nació el 22 de mayo de 2024 con una puesta en escena a la altura de la transformación que prometía. Aquel gran acuerdo destinado, según el Govern, a cambiar el rumbo de las islas reunió en su presentación a representantes de más de 140 entidades políticas, sociales y económicas que, bajo el mismo techo, se conjuraban para convertir en realidad una hoja de ruta llamada a conducir el archipiélago hacia la sostenibilidad y el bienestar como nunca antes se había hecho. “Aquello parecía una boda”, recuerda con ironía uno de los participantes que aún continúa dentro del proceso. La imagen no era menor: la ceremonia escenificaba un compromiso colectivo que aspiraba, al menos sobre el papel, a marcar un antes y un después en la historia de las islas.

Dos años después, y a pesar de los grandes anuncios y de la solemnidad con la que se presentó aquella alianza, la fotografía ha cambiado radicalmente: partidos, organizaciones sociales y entidades que participaron en su lanzamiento han abandonado el proceso y miles de personas se han echado a las calles en multitudinarias e históricas movilizaciones para protestar contra la turistificación y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población residente. Pese a ello, el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) continúa defendiendo la vigencia de aquel acuerdo y reivindica un proceso que nació como un gran espacio de consenso. La lista de quienes se han descolgado y el rastro de lo que ha quedado por hacer, sin embargo, cuentan otra historia.

En una comunidad autónoma donde la escalada de precios que está expulsando a cientos de residentes, hacinando a otros en infraviviendas y caravanas y transformando barrios enteros, y donde la creciente presión turística tensiona infraestructuras, playas, recursos hídricos y espacios naturales, el Pacto por la Sostenibilidad afronta el reproche de haber quedado en un ejercicio de diagnóstico y participación sin traducción en políticas clave dirigidas a avanzar hacia el decrecimiento. No en vano, unas 70.000 personas -según cifras de los organizadores- salieron a la calle el pasado 26 de julio para denunciar un modelo económico que consideran cada vez más incompatible con el derecho a una vivienda hogar, la conservación del territorio y el bienestar de quienes viven en las islas.

El hermetismo que rodea el estado actual del Pacto por la Sostenibilidad es otra de las críticas que planean sobre el proceso. Ante la ausencia de un balance público que permita evaluar su recorrido y sus efectos, la oposición quiso poner negro sobre blanco en qué punto se encuentra el proceso y reclamó la comparecencia del director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, para que diera explicaciones en el Parlament. El pasado mes de septiembre, PP y Vox votaron en contra de la solicitud de cursada por el Grupo Socialista, bloqueando así la posibilidad de que el Govern rindiera cuentas ante la Cámara.

La factura del Pacto

El Pacto por la Sostenibilidad no solo ha dejado tras de sí anuncios, reuniones y documentos estratégicos. También ha generado una factura con cargo a las arcas públicas. Aunque no existe un balance público que permita conocer cuánto ha costado en conjunto el proceso, la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es permite reconstruir el gasto de al menos 230.729 euros en publicidad y contratos directamente vinculados al proceso, a los que se añaden otros 55.000 euros en subvenciones.

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es permite reconstruir el gasto de al menos 230.729 euros en publicidad y contratos directamente vinculados al proceso, a los que se añaden otros 55.000 euros en subvenciones

La primera factura llegó antes de que existiera una hoja de ruta definitiva. El Govern adjudicó a Wireless DNA SL el desarrollo de la plataforma digital para recoger las aportaciones ciudadanas por 14.700 euros sin IVA, 17.787 euros en total. El portal estuvo operativo entre julio y octubre de 2024 y canalizó cerca de 500 aportaciones de la ciudadanía hacia los grupos de trabajo. Fue una de las herramientas centrales de participación de la primera fase y uno de los gastos que pueden atribuirse directamente a la puesta en marcha del Pacto.

Pero la partida más abultada no fue la de participación, sino la de publicidad. Los registros de contratación permiten identificar 206.517 euros destinados a anuncios y acciones publicitarias en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. La inversión en difusión supera ampliamente el coste de la plataforma ciudadana y constituye el principal desembolso identificado hasta ahora. La cifra permite dimensionar el esfuerzo económico dedicado a dar visibilidad al proceso, aunque no acredita por sí sola su alcance ni sus resultados.

Otra de las partidas documentadas corresponde a la impresión de las 'Bases de la Agenda de la Transición', el documento de más de 350 páginas presentado en febrero de 2025 como resultado del trabajo desarrollado durante la primera fase del Pacto. El contrato para imprimir 300 ejemplares se adjudicó a la fundación Amadip Esment por 6.425,10 euros, IVA incluido. El documento recogía los objetivos estratégicos y de desarrollo que el Ejecutivo presentó como hoja de ruta para avanzar hacia la transformación del modelo económico balear.

El Govern ha concedido, además, 55.000 euros en subvenciones a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para las dos convocatorias de los Premios Agenda de Transición: 30.000 euros en 2025 y otros 25.000 en 2026. Si se incorporan a la cifra anterior, el dinero público directamente identificable relacionado con el proceso y sus actuaciones derivadas asciende a 285.729 euros.

A finales de 2024, cuando la oposición preguntó al Govern por las contrataciones realizadas para poner en marcha el Pacto, el Ejecutivo aseguró que el trabajo de las mesas con las entidades se había desarrollado con “recursos internos” y que la única contratación efectuada hasta entonces era la asistencia informática para la plataforma de participación. Sin embargo, el uso de personal propio no significa que esa parte del proceso careciera de coste: la Administración no ha publicado una estimación de las horas de trabajo dedicadas ni de su importe económico.

El Ejecutivo ha gastado 17.787 euros para el desarrollo de una plataforma digital activa durante varios meses, 206.517 euros en acciones publicitarias en medios de comunicación, 6.425,10 euros en imprimir las 'Bases de la Agenda de la Transición' y 55.000 euros para la UIB para dos convocatorias de los Premios Agenda de Transición

La factura publicitaria, además, deja una incógnita. En su respuesta al Parlament, el Ejecutivo explicó que los criterios para seleccionar los medios -audiencia, coste económico y alcance territorial- habían sido definidos por la agencia de comunicación contratada por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB). Esta disponía de un contrato general de imagen y comunicación para 2024, con un presupuesto base de 1,67 millones de euros, que incluía servicios como la compra de espacios publicitarios y la gestión de medios.

El propio sistema de contratación pública introduce una dificultad para reconstruir el coste global del Pacto. Los registros no permiten conocer necesariamente todos los gastos inferiores a 5.000 euros que pueden tramitarse como gastos menores y quedar fuera de la publicación ordinaria, lo que impide determinar si hubo desembolsos específicos para trabajos de diseño, producción audiovisual, fotografía, maquetación, organización de actos, alquiler de espacios u otros servicios puntuales relacionados con el proceso.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Govern para conocer qué medidas concretas se han aprobado o puesto en marcha como consecuencia directa del Pacto y qué resultados tangibles pueden atribuirse exclusivamente a este proceso, pero no ha obtenido respuesta en el momento de publicación de este reportaje. Entre otras cuestiones, este periódico preguntaba al Ejecutivo solicitaba información sobre la composición actual del Pacto, sobre el coste global del proceso y posibles gastos adicionales, y si considera necesario que el responsable político directo del Pacto dé cuenta públicamente de su desarrollo y resultados después de que PP y Vox bloquearan su comparecencia.

Los registros no permiten conocer necesariamente todos los gastos inferiores a 5.000 euros que pueden tramitarse como gastos menores y quedar fuera de la publicación ordinaria

El proceso se desinfla

El contraste entre el lanzamiento y la situación actual es especialmente significativo. En mayo de 2024, el Govern hablaba de la participación de más de 140 entidades. Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada de la UIB y director técnico de la Fundació Impulsa, fue presentado como coordinador técnico del proceso. Un mes después, Prohens presentó las líneas de trabajo de las mesas con la voluntad de convertir el proceso en una estructura estable.

La primera fase se articuló en 12 grupos de trabajo y culminó en febrero de 2025 con la presentación de las 'Bases de la Agenda de Transición', un documento de más de 350 páginas que identificaba 247 factores determinantes y fijaba 59 objetivos estratégicos y 65 objetivos de desarrollo para avanzar, en palabras de la presidenta del Govern, hacia la “sostenibilidad económica, social y ambiental” de Balears.

Prohens convirtió el documento en la principal carta de presentación del Pacto y llegó a entregárselo al rey durante su visita a Palma. En declaraciones a los medios tras el encuentro con el monarca, reivindicó “esta manera pionera que tenemos de trabajar y de pensar más allá de una legislatura” y calificó el proceso de transformación de “único en toda España y pionero en el resto de regiones europeas”.

No hizo mención en ningún momento del diagnóstico integral que el archipiélago ya tenía trazado en 2019, avalado por más de 60 científicos (biólogos, físicos, economistas, juristas, ingenieros, especialistas en inteligencia artificial y geógrafos, entre otros) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que, con el visto bueno de reconocidos asesores externos, pusieron sobre la mesa los retos a los que se enfrentaban las islas a nivel económico, laboral, social y medioambiental y sentaron las bases para afrontarlos. Aquel documento, que contó con la participación de más de 400 personas, fue, además, refrendado por el Consejo Económico y Social (CES) en Bruselas.

Desbandada de organizaciones sociales y civiles

Para cuando Prohens presentó las 'Bases de la Agenda de Transición', el Pacto ya había perdido gran parte de la pluralidad política y social con la que había arrancado. El Fòrum de la Societat Civil suspendió su participación, el GOB -una de las principales entidades ecologistas de Balears- abandonó el proceso y, posteriormente, hicieron lo propio los principales partidos de la oposición de izquierdas. El PSIB-PSOE justificó su salida por la falta de ambición, diálogo y transparencia, Més per Mallorca cuestionó la metodología y Més per Menorca se desvinculó justo antes de la presentación de las conclusiones.

La desbandada dejó el acuerdo huérfano de las organizaciones sociales, ecologistas y políticas que debían dar contenido a su vocación de consenso, y abrió interrogantes sobre su capacidad para representar una visión verdaderamente compartida del futuro de las islas. El gran pacto de país que Prohens había presentado como una apuesta transversal para transformar el modelo económico llegaba así a su primera gran culminación con una fractura cada vez más evidente entre la ambición proclamada y la participación real.

La segunda fase, concebida para convertir los objetivos del diagnóstico en medidas concretas, arrancó el 24 de marzo de 2025 y reorganizó los 12 grupos iniciales en cinco grupos más reducidos. El Govern anunció, además, que dotaría al proceso de una estructura permanente. Desde entonces, parte de las actuaciones difundidas por el Govern bajo el paraguas del Pacto son medidas o iniciativas sectoriales propias, en palabras de la oposición, de la actividad ordinaria de una Administración.

Entre ellas aparecen programas de empleo, ayudas, proyectos de formación, actuaciones en playas, políticas de economía circular, iniciativas empresariales o la gestión de fondos turísticos que contrastan con la ambición con la que nació el proceso. El Pacto debía servir para acordar cómo cambiar el modelo económico, social y ambiental de las islas; dos años después, su rastro comunicativo aparece más ligado a decisiones fragmentadas que a grandes decisiones nacidas de este espacio.

El Pacto debía servir para acordar cómo cambiar el modelo económico, social y ambiental de las islas; dos años después, su rastro comunicativo aparece más ligado a decisiones fragmentadas que a grandes decisiones nacidas de este espacio

“Mucho papel, pero pocas soluciones para los trabajadores”

Uno de los representantes que continúa dentro del Pacto es José García-Relucio, secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Balears, quien, en declaraciones a elDiario.es, lamenta que la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad está paralizada desde hace meses. “Desde antes del verano no ha habido ninguna reunión, ninguna noticia ni ningún avance”, señala el responsable sindical, quien expresa su “decepción” por el desinflamiento de un proceso llamado a transformar la economía de las islas.

Desde antes del verano no ha habido ninguna reunión, ninguna noticia ni ningún avance

José García-Relucio — Secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Balears

García-Relucio asevera que el proceso ha acumulado “mucho papel e intercambio de información”, pero no ha servido para avanzar en cuestiones fundamentales para los trabajadores, entre las que la emergencia habitacional, especialmente grave en el sector turístico, donde los empleados que llegan a las islas para incorporarse a sus puestos de trabajo, incluidos trabajadores temporales, se encuentran con enormes dificultades para acceder a una vivienda. “Se les acaba dando una cama en una habitación compartida, sin unas condiciones mínimas que les permitan tener privacidad”, denuncia. El sindicato plantea que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se destine prioritariamente a paliar esta situación y financiar vivienda para los trabajadores, pero el Govern no ha atendido a su propuesta.

Aunque reconoce algunas iniciativas, como los 600.000 euros con cargo al ITS destinados a fomentar la contratación de personas con discapacidad en el sector turístico, recuerda que se trata de una obligación que ya contempla la legislación. “No se está haciendo lo que se debería hacer para atender la realidad actual de los trabajadores”, lamenta. García Relucio se muestra especialmente crítico con las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y apunta que, en algunos casos, las alternativas pasan por pagar 600 euros o renunciar a días libres. “Estamos muy decepcionados”, resume.

La patronal: “Necesitamos acuerdos globales”

Desde la patronal, la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) respaldó el Pacto desde el principio porque, a juicio de su presidente, Toni Fuster, afrontar el cambio de modelo y los retos turísticos, ambientales y climáticos exige un acuerdo amplio, tanto político como social. En declaraciones a elDiario.es, explica que participó en las distintas mesas y considera que el proceso permitió alcanzar “un diagnóstico más o menos consensuado”. Pero ahí, sostiene Fuster, terminó lo que debía ser el principio de la transformación: “A partir de este diagnóstico no ha servido para lo más importante, para tomar decisiones”. En su opinión, el Pacto ha quedado atrapado entre el diagnóstico y la acción, cuando precisamente su razón de ser era convertir ese consenso en medidas concretas.

A partir de este diagnóstico no ha servido para lo más importante, para tomar decisiones. Este último año, prácticamente no se han tomado decisiones, seguramente también por falta de consenso político

Toni Fuster — Presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem)

Fuster atribuye el estancamiento del último año también a la falta de acuerdo político y reclama un esfuerzo tanto al Govern como a la oposición: “Este último año, prácticamente no se han tomado decisiones, seguramente también por falta de consenso político”. Pese al desgaste del proceso, Pimem no plantea darlo por zanjado: “El origen, el germen de este Pacto por la Sostenibilidad, ha de seguir adelante”, ya sea con la misma estructura o con otra. Pero el mensaje de Fuster es de urgencia: “Necesitamos acuerdos globales para tomar decisiones. Las tenemos que tomar ya y las tenemos que hacer de manera consensuada”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la otra patronal presente en el proceso, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), pero prefieren mostrarse cautelosos a la espera de la próxima reunión del Pacto.

Antoni Riera reivindica el trabajo de diagnóstico

Preguntado sobre el desarrollo del proceso, Antoni Riera, quien coordinó la primera fase del Pacto, reivindica el trabajo de diagnóstico y planificación recogido en las 'Bases de la Agenda de Transición'. Su argumentación se apoya en los factores identificados, los objetivos formulados y las posibles líneas de actuación, pero no entra a valorar qué medidas se han puesto efectivamente en marcha, cuáles han quedado en el papel ni hasta qué punto han condicionado las decisiones del Govern. El economista defiende que el trabajo desarrollado debe valorarse a partir de aquel documento y no únicamente por la existencia de mesas sectoriales o por las decisiones políticas adoptadas posteriormente.

Riera sostiene que las Bases se diseñaron desde una perspectiva sistémica, en lugar de dividir las políticas públicas en ámbitos estancos, para abordar las interdependencias entre turismo, economía, sociedad y medio ambiente. “Las Bases abandonan la planificación y gestión desde compartimentos estancos y, con esta finalidad, integran las 12 áreas de reflexión-acción bajo un enfoque sistémico que alinea objetivos y prioridades, evita la fragmentación y fomenta la complementariedad de estrategias y planes de acción”, señala, citando el documento. A su juicio, por tanto, la ausencia de una mesa específica sobre una determinada materia no significa necesariamente que esta quedara fuera del análisis.

El director de la Fundación Impulsa subraya que cuestiones como la saturación turística y el acceso a la vivienda sí aparecen recogidas en la hoja de ruta. Entre los cinco grandes objetivos de transición, las Bases incluyen “establecer mecanismos para controlar la capacidad de carga y evitar la saturación de recursos básicos”. También incorporan como objetivo estratégico “garantizar un acceso equitativo a la vivienda” y plantean medidas transversales como “la limitación de la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, la regulación del crecimiento de la oferta hotelera y mecanismos de redistribución”. Riera defiende que estas referencias permiten identificar el alcance del diagnóstico elaborado, aunque insiste en que la formulación de objetivos no debe confundirse con su aplicación efectiva: una cosa es que las medidas figuren en el documento y otra, distinta, que se traduzcan en decisiones políticas.

Como resultado concreto de la primera fase, Riera destaca la identificación de 247 factores determinantes en las 12 áreas de trabajo, el análisis de sus interrelaciones y la formulación de 59 objetivos estratégicos y 65 objetivos de desarrollo. “La combinación de participación multiactor, análisis basado en evidencia y evaluación de interdependencias permitió construir una propuesta integrada que trasciende los planteamientos sectoriales habituales”, sostiene.

El propio documento, recuerda, dejaba para etapas posteriores la definición de líneas de acción concretas y el desarrollo de mecanismos de seguimiento y revisión. Por ello, considera que la valoración de las decisiones adoptadas después, el grado de ejecución de los objetivos y la evolución de la participación corresponde a un análisis distinto del trabajo técnico que coordinó.

Desde el Govern responden a las críticas reivindicando que el Pacte sigue “vivo” y “abierto a todo el mundo”. Lo manifestó la semana pasada la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, quien, a preguntas del diputado socialista Llorenç Pou, manifestó que “decenas de entidades” siguen trabajando “semana tras semana” en un proceso que, según sostuvo, ha permitido realizar un análisis “con rigor”. Cabrer situó entre sus resultados la tramitación de la ley de protección del litoral y el proyecto de ley agraria, además de debates sobre ayudas para prevenir la siniestralidad laboral, contratar a personas con discapacidad o impulsar la desestacionalización.

“Crecimiento cero” mientras se libera suelo

El Govern reivindicó también como uno de los frutos del Pacte el decreto de contención turística, al que Cabrer atribuyó una “importancia fundamental” por plantear un “crecimiento cero” de las plazas turísticas y combatir la oferta ilegal. La consellera sostuvo además que Balears debe “poner límites” porque “no puede crecer en volumen”, pero “sí en valor”.

Las explicaciones del Ejecutivo contrastan, sin embargo, con las medidas a las que PP y Vox han dado luz verde a lo largo de la legislatura, como la ley de liberalización del suelo, que permite transformar determinadas áreas de transición -hasta ahora rústicas- en urbanizables y facilita nuevas edificaciones en determinados municipios. La misma norma abrió además la puerta a legalizar construcciones irregulares prescritas en suelo rústico de la Serra de Tramuntana, incluso en áreas de máxima protección.

En cuanto al decreto de contención, el texto prohíbe nuevas plazas en viviendas plurifamiliares y endurece la persecución de la oferta ilegal, pero blinda un enorme parque de plazas existentes, cuyo auge, a juicio de las entidades sociales, ha disparado -junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre- los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios.

En paralelo, el PP llegó a plantear subir el ITS entre un 66% y un 200% en verano, pero la presión de los hoteleros y Vox tumbó la medida. A cambio de su apoyo al decreto, los populares ampliaron hasta 500 las plazas turísticas permitidas en edificios catalogados situados en suelo urbano o rústico común.

El PSIB-PSOE acusa al Govern de convertir el Pacto de Sostenibilidad en su “proyecto estrella” sin ofrecer explicaciones sobre su funcionamiento y resumió su balance con una expresión especialmente contundente: “se cogió la bandera del decrecimiento para después abandonarla”.

Por su parte, Més per Mallorca y Més per Menorca han terminado situándose fuera de un proceso que consideran incapaz de traducir el diagnóstico en medidas concretas. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclama un “cambio económico sostenible que deje de favorecer a unos pocos”, políticas de vivienda y avanzar hacia el decrecimiento “en un territorio en que los recursos naturales no bastan”.

Grupos organizados en más de 150 municipios de las 17 comunidades autónomas, entre ellos 39 capitales de provincia, participarán en 'Ecomapeo Estatal - ¡Aquí falta un árbol!'. En el caso de La Rioja, serán ocho los municipios que se han sumado a esta iniciativa, Arnedo, Calahorra, Cenicero, Haro, Logroño, Nájera, Pradejón y Santo Domingo de la Calzada.

Durante el 3 y el 4 de octubre, las personas participantes podrán señalar en ecomapa.org alcorques vacíos, tocones y árboles secos, tanto en la vía pública como en parques y jardines. También podrán registrar alcorques en los que los árboles apenas disponen de espacio, incluidos los cubiertos con cemento o resinas. Los resultados podrán seguirse en la web a lo largo del fin de semana.

La actividad, promovida por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima, busca visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales.

Las organizaciones convocantes recuerdan que “los árboles proporcionan sombra y frescor, contribuyen a mejorar la calidad del aire, capturan hasta un 80 % del polvo atmosférico, mejoran la salud de las personas y ofrecen refugio a la biodiversidad”. A su juicio, “la cantidad y el estado del arbolado son deficientes en muchos barrios”. Por eso, plantean el mapeo “como un primer paso para identificar problemas concretos y reclamar soluciones”.

Las entidades subrayan que “reponer los árboles ausentes y cuidar los existentes es solo el comienzo”. Reclaman también p“restar atención a la cobertura vegetal, disponer de suelo adecuado para el crecimiento de las raíces, elegir especies apropiadas para cada lugar y evitar las podas severas”.

“Tenemos que reivindicar que se planten ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 30 años. No tenemos un instante que perder”, señalan. En la actividad participan más de 500 asociaciones vecinales, juveniles y de familias, grupos ecologistas y católicos, centros de mayores y miembros del profesorado. Para las organizaciones promotoras, esta participación “muestra la preocupación ciudadana por la crisis climática y la disposición a mejorar los espacios comunes”. Por ello, piden a las administraciones públicas “que apoyen las demandas surgidas del mapeo”.

La Rioja participa en el Ecomapeo Estatal “porque falta de arbolado en muchas de nuestras ciudadades y pueblos; son innumerables los alcorques vacíos, árboles en mal estado, mala elección de las especies que se plantan, falta de riego, malas podas, escasez de sombra y otros problemas observados”.

Ecologistas en Acción, y las AAVV de Madre de Dios y San José en Logroño consideran que “esta actividad ayudará a identificar necesidades concretas y a reclamar al Ayuntamiento medidas para ampliar y cuidar la cobertura arbórea”. “Ante el aumento de las temperaturas, contar con árboles sanos y espacios de sombra es una cuestión cada vez más importante para la habitabilidad de Logroño”, dicen, ante lo que proponen que “la cobertura arbórea del casco urbano sea de un 40% y contar con los recursos necesarios para llevarla a cabo”.

Les primeres pluges de la tardor han tornat a deixar a sa Pedruscada una imatge que els veïns coneixen massa bé: problemes amb les clavegueres, abocaments i arena arrossegada cap a les platges. En aquest racó de Capdepera, on des de fa anys es lliura una batalla contra la construcció de 57 habitatges repartits en 15 blocs, 17 piscines i 95 places d'aparcament, el calendari afegeix ara una nova data al conflicte. Les obres de dotació de serveis avancen i el següent pas serà la llicència que permeti aixecar els edificis. Però els tribunals encara s'han de pronunciar sobre la reparcel·lació dels terrenys.

L'associació Salvem sa Pedruscada ha presentat aquesta setmana una nova demanda contra la revisió d'ofici de l'expedient i reclama a l'Ajuntament de Capdepera que no concedeixi noves llicències mentre romanguin oberts els procediments judicials sobre l'actuació. En una carta oberta dirigida a l'alcaldessa, Núria Garcia, el col·lectiu demana “responsabilitat i prudència” abans d'autoritzar la construcció de la urbanització.

La transformació urbanística d'aquesta parcel·la situada devora la mar fa anys que enfronta part del veïnat amb l'Ajuntament i la promotora. El projecte va arribar a plantejar la construcció de 72 habitatges i blocs de fins a quatre altures, cosa que va despertar les protestes de veïns i ecologistes, que denunciaven que l'actuació canviaria per complet la fisonomia de sa Pedruscada i reclamaven una revisió del planejament.

El 2024, l'Ajuntament va suspendre durant un any les llicències per a edificacions de més de dues plantes a la zona, en el marc de la revisió de les condicions urbanístiques. El projecte va acabar reduint les altures fins a planta baixa més un pis. Per als veïns, aquesta mesura no resol el problema de fons: l'associació considera que s'està produint una transformació urbanística de gran intensitat en una zona que, segons denuncia, encara presenta importants mancances de serveis municipals.

Els veïns recriminen, a més, que la parcel·la es troba en una zona identificada com a inundable en el Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Balears i adverteixen que el projecte no hauria tingut prou en compte el seu impacte climàtic: la pèrdua de vegetació autòctona, l'augment de les superfícies construïdes i del trànsit i el denominat efecte d'illa de calor, a més de la transformació del paisatge de sa Pedruscada.

La reparcel·lació, als tribunals

El febrer del 2025, el Consistori va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 11 (UA-11) de sa Pedruscada, que cinc mesos abans havia presentat la promotora del projecte, Residencial Vista Alegre SA, una empresa constituïda el 1985 i controlada al 100% des del 2011 per Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, la societat que articula TM Grupo Inmobiliario. És en aquesta zona on preveu desenvolupar el projecte residencial.

L'expedient reorganitza les finques incloses en l'àmbit i estableix les condicions per executar la urbanització i la dotació de serveis necessàries per al desenvolupament residencial. La finca resultant que correspon a la promotora queda, a més, vinculada a l'execució de les obres de dotació de serveis.

L'acord municipal, tanmateix, va ser recorregut davant els tribunals per Salvem sa Pedruscada i l'entitat ecologista GOB després que el Consistori desestimés les seves al·legacions. Les entitats sostenen que l'actuació suposa en realitat una transformació urbanística que no estaria avalada per l'instrument de planejament que consideren necessari i denuncien l'absència d'una avaluació ambiental, d'una memòria de sostenibilitat econòmica i d'un informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics.

El conflicte es va ampliar el juliol del 2025, quan el GOB va fer pública una anàlisi dels expedients municipals en què qüestionava com s'havia posat en marxa l'operació. Segons la seva investigació, l'Ajuntament de Capdepera havia aprovat el 6 de setembre del 2022 la delimitació de la UA-11 basant-se en un projecte redactat el 2013 per l'arquitecte Mateu Carrió, que no havia arribat a executar-se. Tanmateix, una setmana després, Residencial Vista Alegre va presentar un altre projecte, diferent de l'anterior i molt més concret, que és el que posteriorment s'ha tramitat per desenvolupar la urbanització. Aquesta proposta incloïa ja un projecte de reparcel·lació i de dotació de serveis i contemplava inicialment fins a 78 habitatges.

Per als ecologistes, la qüestió rellevant és que la delimitació de la unitat es va aprovar prenent com a referència un projecte que no era el que finalment es pretenia executar. L'organització sosté, a més, que el nou projecte de Vista Alegre no va ser esmentat en els primers acords municipals ni en les comunicacions trameses a altres administracions. Així mateix, qüestiona la competència de l'òrgan municipal que va aprovar inicialment la delimitació i la posterior convalidació de l'acord.

Les excavadores arriben a sa Pedruscada

Malgrat les crítiques i la judicialització del procés, el passat mes de febrer les excavadores van entrar a la parcel·la per iniciar els treballs de dotació de serveis, cosa que va revifar les protestes veïnals. L'Ajuntament va explicar que es tractava de les obres de dotació i que els habitatges no podien començar fins que aquestes estiguessin acabades, llevat que se sol·licitàs una execució simultània. Així mateix, el Consistori va defensar que es guia pel criteri dels seus serveis jurídics i que no pot paralitzar l'actuació mentre aquesta es trobi dins la legalitat administrativa. Una vegada acabada la dotació de serveis, haurà de decidir sobre la llicència d'edificació, segons va informar en el seu moment IB3.

Aquest mateix mes, l'alcaldessa, en una entrevista amb Cap Vermell, va manifestar que l'única via possible per aturar el projecte seria la compra o l'expropiació del terreny, una operació que, va assenyalar, suposaria una despesa mínima d'entre vint i vint-i-cinc milions d'euros.

Ara el conflicte ha entrat en una nova fase. Salvem recorda que està pendent de sentència el procediment que va interposar contra l'expedient de reparcel·lació i anuncia que aquesta setmana ha presentat, a més, una segona demanda contra la revisió d'ofici. El litigi es produeix mentre les actuacions sobre el terreny han continuat endavant.

La falta d'aigua, un dels arguments

En la seva nova carta, la plataforma torna a situar al centre del debat dos documents que considera essencials per a una transformació urbanística d'aquestes característiques: l'informe o memòria de sostenibilitat econòmica i l'informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics. L'associació sosté que ambdós documents són imprescindibles i que la seva absència podria determinar la nul·litat de l'actuació. El col·lectiu cita el criteri del seu advocat, especialista en urbanisme, tot i que reconeix que seran els tribunals els que hauran de determinar finalment si les irregularitats denunciades tenen conseqüències sobre la validesa del projecte.

La qüestió dels recursos hídrics ja formava part de les al·legacions presentades contra la reparcel·lació. El GOB va denunciar el 2025 l'absència d'un informe sobre la suficiència de recursos hídrics, a més d'una memòria de viabilitat econòmica i una avaluació ambiental. L'Ajuntament, per la seva banda, ha defensat que la reparcel·lació permetrà executar infraestructures relacionades amb els recursos hídrics que també beneficiaran l'entorn i que l'actuació inclou la cessió d'un 5% del solar municipal.

La por a construir i haver de desfer

La principal preocupació dels veïns rau en què passaria si comencen les obres i posteriorment els tribunals estimen els recursos. L'associació considera que permetre que el projecte avanci mentre estan pendents les resolucions judicials podria generar un problema econòmic per a les arques municipals si posteriorment els tribunals anul·lassin l'actuació. Per això reclama esperar abans d'adoptar una decisió que considera potencialment irreversible.

El col·lectiu arriba a plantejar que, si l'Ajuntament utilitza un informe jurídic extern per concedir la llicència, haurien de quedar clarament delimitades les responsabilitats professionals en cas que posteriorment la promotora reclamàs una indemnització. Salvem sa Pedruscada demana que l'Ajuntament quedi protegit davant una eventual reclamació econòmica.

La qüestió és especialment rellevant per als veïns, ja que la dotació de serveis constitueix el pas previ a la llicència d'edificació. El Consistori ja va explicar, a més, que les obres d'urbanització s'havien de completar abans que poguessin començar els habitatges.

“Capdepera necessita solucions, no més problemes”, recriminen els veïns en la seva carta. Salvem esmenta els problemes de sanejament que tornen a fer-se visibles amb les pluges per reclamar a l'Ajuntament una planificació urbanística que, al seu parer, hauria de resoldre primer les mancances existents abans d'incorporar noves pressions sobre el territori.

L'associació reclama, a més, que Capdepera impulsi una planificació urbanística i una ordenança de patrimoni verd que permetin afrontar el creixement del municipi a llarg termini. “Abans de transformar Capdepera per sempre”, sosté el col·lectiu, l'Ajuntament hauria d'assegurar-se que l'actuació millora la vida dels qui ja hi viuen i protegeix l'interès general.

Mentrestant, el projecte segueix avançant administrativament i la Justícia encara ha de resoldre els recursos plantejats contra la seva tramitació.

Las primeras lluvias del otoño han vuelto a dejar en sa Pedruscada una imagen que los vecinos conocen demasiado bien: problemas con las alcantarillas, vertidos y arena arrastrada hacia las playas. En este rincón de Capdepera, donde desde hace años se libra una batalla contra la construcción de 57 viviendas repartidas en 15 bloques, 17 piscinas y 95 plazas de aparcamiento, el calendario añade ahora una nueva fecha al conflicto. Las obras de dotación de servicios avanzan y el siguiente paso será la licencia que permita levantar los edificios. Pero los tribunales todavía tienen que pronunciarse sobre la reparcelación de los terrenos.

La asociación Salvem Sa Pedruscada ha presentado esta semana una nueva demanda contra la revisión de oficio del expediente y reclama al Ayuntamiento de Capdepera que no conceda nuevas licencias mientras permanecen abiertos los procedimientos judiciales sobre la actuación. En una carta abierta dirigida a la alcaldesa, Núria Garcia, el colectivo pide “responsabilidad y prudencia” antes de autorizar la construcción de la urbanización.

La transformación urbanística de esta parcela situada junto al mar lleva años enfrentando a parte del vecindario con el Ayuntamiento y la promotora. El proyecto llegó a plantear la edificación de 72 viviendas y bloques de hasta cuatro alturas, lo que encendió las protestas de vecinos y ecologistas, preocupados por el impacto que tendría sobre un paisaje que consideran uno de los últimos reductos del litoral tradicional de Capdepera.

Después de que el Ayuntamiento suspendiera durante un año las licencias para edificios de más de dos plantas mientras revisaba las condiciones urbanísticas de la zona, la propuesta acabó reduciendo las alturas a planta baja más un piso. Para Salvem Sa Pedruscada, sin embargo, el cambio no resuelve la cuestión de fondo. La asociación sostiene que se pretende impulsar una transformación urbanística de gran intensidad en un entorno que todavía arrastra importantes carencias de servicios municipales. También alerta del impacto ambiental, paisajístico y social de la actuación y considera que la urbanización puede suponer una alteración irreversible de la imagen y el carácter mediterráneo de sa Pedruscada.

Los vecinos recriminan, además, que la parcela se encuentra en una zona identificada como inundable en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Balears y advierten de que el proyecto no habría tenido suficientemente en cuenta su impacto climático: la pérdida de vegetación autóctona, el aumento de las superficies construidas y del tráfico y el denominado efecto de isla de calor, además de la transformación del paisaje de sa Pedruscada.

Una reparcelación recurrida ante los tribunales

El último capítulo de esta batalla urbanística comenzó en febrero de 2025, cuando el Ayuntamiento aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 11 (UA-11) de sa Pedruscada. La propuesta había sido presentada cinco meses antes por Residencial Vista Alegre SA, la promotora que prevé desarrollar la actuación. La empresa, constituida en 1985, está controlada por Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, sociedad que articula TM Grupo Inmobiliario. Es en esa zona donde prevé desarrollar la construcción. El expediente reorganiza las fincas incluidas en el ámbito y establece las condiciones para ejecutar la urbanización y la dotación de servicios necesarias para el desarrollo residencial. La finca resultante que corresponde a la promotora queda además vinculada a la ejecución de las obras de dotación de servicios.

El acuerdo municipal fue recurrido ante los tribunales por Salvem Sa Pedruscada y la entidad ecologista GOB después de que el Consistorio desestimara sus alegaciones. Las entidades sostienen que la actuación supone en realidad una transformación urbanística que no estaría respaldada por el instrumento de planeamiento que consideran necesario y denuncian la ausencia de evaluación ambiental, de una memoria de sostenibilidad económica y de un informe sobre disponibilidad de recursos hídricos.

El conflicto se amplió en julio de 2025, cuando el GOB hizo público un análisis de los expedientes municipales en el que cuestionaba cómo se había puesto en marcha la operación. Según sus investigaciones, el Ayuntamiento de Capdepera había aprobado el 6 de septiembre de 2022 la delimitación de la UA-11 basándose en un proyecto redactado en 2013 por el arquitecto Mateu Carrió, que no había llegado a ejecutarse. Sin embargo, una semana después, Residencial Vista Alegre presentó otro proyecto, distinto del anterior y mucho más concreto, que es el que posteriormente se ha tramitado para desarrollar la urbanización. Esta propuesta incluía ya un proyecto de reparcelación y de dotación de servicios y contemplaba inicialmente hasta 78 viviendas.

Para los ecologistas, la cuestión relevante es que la delimitación de la unidad se aprobó tomando como referencia un proyecto que no era el que finalmente se pretendía ejecutar. La organización sostiene además que el nuevo proyecto de Vista Alegre no fue mencionado en los primeros acuerdos municipales ni en las comunicaciones remitidas a otras administraciones. Asimismo, cuestiona la competencia del órgano municipal que aprobó inicialmente la delimitación y la posterior convalidación del acuerdo.

Las excavadoras llegan a Sa Pedruscada

Pese a las críticas y a la judicialización del proceso, el pasado mes de febrero las excavadoras entraron en la parcela para iniciar los trabajos de dotación de servicios, reavivando las protestas vecinales. El Ayuntamiento explicó que se trataba de las obras de dotación y que las viviendas no podían comenzar hasta que estas estuvieran terminadas, salvo que se solicitara una ejecución simultánea. Asimismo, el Consistorio defendió que se guía por el criterio de sus servicios jurídicos y que no puede paralizar la actuación mientras esta se encuentre dentro de la legalidad administrativa. Una vez terminada la dotación de servicios, deberá decidir sobre la licencia de edificación, informó en su momento IB3.

Ese mismo mes, la alcaldesa, en una entrevista con Cap Vermell, manifestó que la única vía posible sería la compra o la expropiación del terreno, una operación que, señaló, supondría un gasto mínimo de veinte o veinticinco millones de euros.

Ahora el conflicto ha entrado en una nueva fase. Salvem recuerda que está pendiente de sentencia el procedimiento que interpuso contra el expediente de reparcelación y anuncia que esta semana ha presentado además una segunda demanda contra la revisión de oficio. El litigio se produce mientras las actuaciones sobre el terreno han seguido adelante.

La falta de agua, uno de los argumentos

En su nueva carta, la plataforma vuelve a colocar en el centro del debate dos documentos que considera esenciales para una transformación urbanística de estas características: el informe o memoria de sostenibilidad económica y el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos. La asociación sostiene que ambos documentos son imprescindibles y que su ausencia podría determinar la nulidad de la actuación. El colectivo cita el criterio de su abogado, especialista en urbanismo, aunque reconoce que serán los tribunales quienes deberán determinar finalmente si las irregularidades denunciadas tienen consecuencias sobre la validez del proyecto.

La cuestión de los recursos hídricos ya formaba parte de las alegaciones presentadas contra la reparcelación. El GOB denunció en 2025 la ausencia de un informe sobre la suficiencia de recursos hídricos, además de una memoria de viabilidad económica y una evaluación ambiental. El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la reparcelación permitirá ejecutar infraestructuras relacionadas con los recursos hídricos que también beneficiarán al entorno y que la actuación incluye la cesión de un 5% del solar municipal.

El temor a construir y tener que deshacer

La principal preocupación de los vecinos reside en qué ocurriría si comienzan las obras y posteriormente los tribunales estiman los recursos. La asociación considera que permitir que el proyecto avance mientras están pendientes las resoluciones judiciales podría generar un problema económico para las arcas municipales si posteriormente los tribunales anulan la actuación. Por eso reclama esperar antes de adoptar una decisión que considera potencialmente irreversible.

El colectivo llega a plantear que, si el Ayuntamiento utiliza un informe jurídico externo para conceder la licencia, deberían quedar claramente delimitadas las responsabilidades profesionales en caso de que posteriormente la promotora reclamara una indemnización. Salvem Sa Pedruscada pide que el Ayuntamiento quede protegido frente a una eventual reclamación económica. La cuestión es especialmente relevante para los vecinos ya que la dotación de servicios constituye el paso previo a la licencia de edificación. El Consistorio ya explicó, además, que las obras de urbanización debían completarse antes de que pudieran comenzar las viviendas.

“Capdepera necesita soluciones, no más problemas”, recriminan los vecinos en su carta. Salvem menciona los problemas de saneamiento que vuelven a hacerse visibles con las lluvias para reclamar al Ayuntamiento una planificación urbanística que, a su juicio, debería resolver primero las carencias existentes antes de incorporar nuevas presiones sobre el territorio. La asociación reclama además que Capdepera impulse una planificación urbanística y una ordenanza de patrimonio verde que permitan afrontar el crecimiento del municipio a largo plazo. “Antes de transformar Capdepera para siempre”, sostiene el colectivo, el Ayuntamiento debería asegurarse de que la actuación mejora la vida de quienes ya viven allí y protege el interés general.

Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando administrativamente y la Justicia tiene todavía que resolver los recursos planteados contra su tramitación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al nuevo y polémico reglamento de caza de la comunidad autónoma, enquistado desde hace años, concretamente, desde la polémica modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que el Ejecutivo autonómico realizó hace casi nueve años.

Cuando el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió sacarlo adelante en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma lo tumbó tras un complejo periplo judicial, en febrero de 2025, principalmente por la falta de un informe preceptivo. Es decir, no venía avalado por los órganos consultivos. La demanda la impulsó Ecologistas en Acción al considerar que se “ocultaron” cambios sustanciales en el proceso de participación pública para “favorecer al lobby cinegético”.

Ahora, el Consejo de Gobierno, tras solventar esta situación, ha decidido sacarlo adelante como una de las medidas comprometidas dentro del Pacto Regional por la Caza. Lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha defendido la importancia económica de la actividad cinegética y ha señalado que el nuevo texto busca ofrecer “la seguridad jurídica necesaria” y garantizar al mismo tiempo su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad.

Antes de esta aprobación, el nuevo reglamento ya había sido objeto de varias polémicas. La más sonada fue una incorporación de última hora que permite cazar en caminos públicos y vías pecuarias. El Gobierno regional lo hizo a través de la denominada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de hace dos años, una normativa ‘ómnibus’ en la que se suelen modificar decenas de leyes. También en ese momento, los ecologistas pusieron el grito en el cielo.

Ahora, entre las novedades figura un procedimiento para incorporar a los cotos parcelas cuyos propietarios sean desconocidos o resulte imposible localizar, una circunstancia que hasta ahora dificultaba la gestión de estos terrenos.

En estos casos, la incorporación podrá realizarse previa publicación en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con el objetivo de garantizar los derechos de los propietarios antes de integrar esas parcelas en el coto.

Simplificación de acreditación de derechos de caza

La norma también simplifica la acreditación de determinados derechos cinegéticos y modifica el procedimiento para quienes se incorporen por primera vez a la actividad. Las entidades encargadas de impartir la formación deberán entregar el carné al finalizarla, evitando que el nuevo cazador tenga que esperar durante meses para disponer de la acreditación.

A ello se suman nuevas herramientas de gestión electrónica y trazabilidad para facilitar los procedimientos y el seguimiento de las piezas de caza.

Otro de los apartados regula el control de poblaciones de especies, estableciendo cuándo deben adoptarse medidas ante situaciones de sobreabundancia, las responsabilidades de los gestores cinegéticos y los supuestos en los que se podrá intervenir también en terrenos no cinegéticos.

La portavoz, de hecho, ha destacado el objetivo es que la caza se practique de manera “ordenada y sostenible” y contribuya al futuro del territorio.

Las críticas de los colectivos ecologistas

Muchos de estos cambios los han criticado las asociaciones ecologistas que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA): Ecologistas en Acción, WWF, Ardeidas y SEO/Birdlife. Hace meses, arremetieron contra en un texto donde la caza está enfocada con un “incremento de la intensificación de la actividad cinegética a través de la promoción de los cotos intensivos”, a los que el nuevo texto denomina ahora “cuarteles de caza comercial”. Y además amplía los ámbitos de la actividad con carácter intensivo “a lo largo y ancho” de Castilla-La Mancha.

Esta ampliación, aducieron entonces las organizaciones ambientales, no se realiza en un único apartado del Reglamento, sino que se desarrolla a lo largo de su articulado. “Con lo que ello implica de impacto en el medio natural y en la conservación de espacios naturales y espacios protegidos. Permite que se esté pegando tiros a lo largo de todo el año en muchos más sitios y en mucho mayor número, lo que tiene un impacto sustancial en el medio natural”.

De todos los candidatos declarados para las próximas elecciones presidenciales francesas, Marine Tondelier fue sin duda una de las más activas durante el pasado verano. Presente en el gran mercadillo de Lille, en la feria agrícola de Châlons-en-Champagne o en el debate económico organizado por la principal organización patronal —compartiendo escenario con Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon o Édouard Philippe—, la líder ecologista ha encadenado a buen ritmo los desplazamientos y su presencia en los medios de comunicación.

“¿Acaso pensabais que me iba a perder la Fiesta de l’Huma? Incluso a solo unos pocos días de dar a luz, no iba a perderme ese paréntesis mágico de un fin de semana para los que somos de izquierdas y ecologistas”, anunciaba en un mensaje en la víspera de las jornadas que organiza el diario L'Humanité desde 1930, una de las grandes reuniones informales de la izquierda francesa, paso obligado para los representantes de los partidos progresistas.

Tondelier se ha convertido en pionera en conciliar una campaña presidencial y un embarazo y pretende ser también la primera en hacerlo con un recién nacido (dio a luz el pasado 18 de septiembre). En julio, en su séptimo mes de embarazo, la secretaria nacional de Los Ecologistas realizó un Tour de Francia en furgoneta eléctrica de 24 etapas.

La líder ecologista anunció a finales de marzo que estaba embarazada de su segundo hijo, un “bebé milagro”, dijo, que llega tras un aborto espontáneo y un recorrido infructuoso de reproducción asistida y fecundación in vitro. Un embarazo y una maternidad no planeados que no le impedirá continuar la campaña —“siempre que sea razonable”— y que le permiten poner en primera línea “temas relacionados con la salud de la mujer, la salud reproductiva, la lucha contra la infertilidad, el acceso a la reproducción asistida y al diagnóstico genético preimplantacional [técnica de laboratorio que se realiza durante un proceso de fecundación in vitro para analizar las células de los embriones antes de transferirlos al útero]”, al que acudió en Bélgica por estar prohibido en Francia.

La secretaria nacional de Los Ecologistas es consciente de que su voz tiene peso en el espacio público y pretende hacerla oír. Especialmente en un año electoral. Tondelier fue una de las artesanas del Nuevo Frente Popular, acuerdo entre las cuatro grandes formaciones progresistas francesas de cara a las elecciones legislativas de 2024 y ahora, para las presidenciales, sigue reclamando alianzas.

Primarias frustradas

La líder verde abogaba por la celebración de unas primarias de toda la izquierda (aunque sin Jean-Luc Mélenchon, que desde el principio ha rechazado cualquier proceso de este tipo). Pero, en julio, los militantes del Partido Socialista, consultados por la dirección, frustraron las esperanzas de los partidarios de la unión.

La militancia del PS prefirió un voto interno (que tendrá lugar en octubre) sólo abierto a miembros del partido y de formaciones asociadas, incluida Place Publique, el movimiento del eurodiputado Raphaël Glucksmann. Con el apoyo de buena parte del aparato socialista, Glucksmann es favorito para ganar. Su principal rival es el actual secretario general del PS, el diputado Olivier Faure, que sí era partidario de unas grandes primarias progresistas y que defiende futuros pactos con Francia Insumisa (LFI), especialmente de cara a las elecciones legislativas.

También compite la exministra y excandidata Ségolène Royal. Una ausencia notable es la de François Hollande, que se ha desvinculado del proceso y que intenta hacer prosperar una nueva candidatura presidencial, aunque sea fuera del partido socialista.

Por ahora, en las encuestas para las presidenciales, Glucksmann es el único candidato que emerge como posible rival de Mélenchon (aunque varios puntos por detrás) en la izquierda. Y en ese intento de plantar cara al líder de Francia Insumisa, el posible apoyo de Tondelier y Los Ecologistas supondría un espaldarazo importante.

Porque aunque Marine Tondelier sigue siendo aspirante a las presidenciales, también repite que, pase lo que pase, ella no será responsable de “hacer ganar al Frente Nacional [hoy Agrupación Nacional]”, indicando así una posible retirada y alianza con otro candidato progresista mejor situado en las encuestas. En el partido verde ya aparecen las primeras divisiones serias entre los que abogan por el apoyo a un candidato socialdemócrata o la unión con Jean-Luc Mélenchon.

Dos líneas irreconciliables

Algunos, como Yannick Jadot, senador y candidato ecologista a las presidenciales en 2022, ya se muestran en público junto a Glucksmann y abogan por una unión de socialistas y ecologistas detrás del eurodiputado. “Estoy convencido de que Raphaël Glucksmann es el candidato más adecuado para conciliar las necesidades de justicia social, el imperativo ecológico, la democracia y Europa, y de que puede ganar estas elecciones presidenciales”, afirmó hace unos días en la emisora France Inter. Un apoyo que ha llevado a Los Ecologistas a suspender de militancia a Jadot.

En el lado contrario, una corriente defendida por la diputada de París Sandrine Rousseau, que reclama un proceso de democracia interna que “conduzca a conversaciones y una alianza con Francia Insumisa”. Partidaria del ecofeminismo y reacia a la corriente moderada que encarna Glucksmann, Rousseau señala el avance en las encuestas de Mélenchon, que en 2022 se quedó a sólo 420.000 votos de acceder a la segunda vuelta.

También subraya el lugar prioritario de la ecología en el programa insumiso, con una proposición de reorganización territorial en 'ecorregiones' y la planificación ecológica como uno de los ejes de actuación.

De momento, Tondelier mantiene su voluntad de seguir en campaña y continúa reclamando una unión imposible, en vista de la fuerte rivalidad y las diferencias que existen entre socialistas e insumisos. A mediados de agosto dirigió una carta abierta a líderes de los distintos partidos de izquierda, proponiéndoles conversaciones bilaterales. “Los Ecologistas están dispuestos a trabajar, a debatir y a construir un proyecto común. ¿Lo estáis vosotros también?”, escribió.

“Un nuevo ciclo de reuniones, de palabrería, sin objeto, sin contenido, sin candidatura, sin programa”, respondió el coordinador de LFI Manuel Bompard. “Si los ecologistas y los comunistas quieren comprometerse a apoyar y participar en la campaña de Jean-Luc Mélenchon, son bienvenidos, la puerta está abierta, pero con claridad, cohesión y coherencia”.

Acuerdo para el Senado

Bompard no olvida que, en abril, Tondelier no respondió a su oferta de “una nueva alianza popular” en torno a Jean-Luc Mélenchon, con un acuerdo programático y sobre “las candidaturas a las elecciones al Senado y a las legislativas”. Recientemente, LFI también ha criticado con dureza los acuerdos entre el PS y Los Ecologistas para las elecciones parciales al Senado, que se celebraron el pasado domingo.

“Si la línea de la dirección es aliarse con el ala derecha del PS, que lo asuman”, denunció recientemente Sandrine Rousseau en una entrevista a Libération días después de la publicación de la carta de Marine Tondelier, con la que siempre ha sido muy crítica. “Debemos negociar con LFI porque tienen un proyecto político de ruptura con este sistema que nos pone en riesgo mortal”, advirtió Rousseau.

En este contexto, para resolver la difícil ecuación del partido verde, que en el último ciclo electoral no ha obtenido los resultados esperados, Tondelier se remite a la democracia interna. “Tengo una confianza infinita en este partido y estoy orgullosa de que sea el más democrático de Francia, donde decidimos todos juntos. Por eso la decisión será acertada, porque la habremos tomado juntos”, afirmaba hace unos días Tondelier. “Hoy no hay una mayoría para ir ni hacia un lado [LFI] ni hacia el otro [PS], así pues, nuestra labor consiste en trazar ese camino hacia la victoria, en decir, si vamos a formar parte de una aventura, ¿para qué servimos?, ¿con qué fin?, ¿con qué proyecto y hasta dónde queremos llegar?”.

El 21 de septiembre, mediante una votación en un consejo federal del partido —particularmente agitado, según los testimonios de los participantes— Los Ecologistas aprobaron la convocatoria de un referéndum interno, entre el 10 y 13 de diciembre. Esa será la fecha límite para decidir su estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2027: mantener hasta el final una candidatura propia o retirarse en favor de otro candidato.

La plataforma Mugitu! Mugimendua, colectivo que se opone a la construcción del AVE en Navarra, ha vuelto a pintar con el mensaje “TAV [como denominan algunos sectores al tren de Alta Velocidad Española] EZ” la lona en la sede de la Confederación Empresarial Navarra a favor del proyecto. La pintada se produce solamente un día después de la celebración del juicio a dos acusados, miembros de la misma plataforma, por las pintadas hace menos de un año, en el que la Fiscalía ha pedido 1.450 euros en multas por un delito leve de daños.

A las pintadas les han acompañado una decena de personas por las que se ha desplegado un pequeño dispositivo policial. En un comunicado, el colectivo afirma que “la Plataforma por el TAV en Navarra es un lobby de presión de las élites empresariales a los dos gobiernos, tanto central como foral, para que aceleren las obras” de un proyecto que consideran “un ataque medioambiental intolerable, un despilfarro de dinero público para negocios privados y el desmantelamiento progresivo del tren convencional utilizado por las clases populares en beneficio de un tren elitista”.

El señalamiento de la CEN, patronal de empresarios de navarra, por tanto, se debe a que “juega un papel fundamental”, puesto que “gracias a su red de contactos empresariales, han logrado la adhesión de unas 50 organizaciones de diferentes ámbitos”, afirman.

“Estas élites empresariales son las culpables de las condiciones de semi esclavitud que se padecen en las obras del TAV, que ya han causado 13 muertes en todo Euskal Herria. Asimismo, son las causantes de la destrucción ambiental sin precedentes sufrida en los últimos años como consecuencia de las obras. También son responsables de querer seguir embolsándose dinero con una infraestructura que, en un contexto de empobrecimiento social generalizado, incrementa los recortes en sectores básicos como la sanidad o la educación e impulsa privatizaciones”, acusan.

Mugitu! Mugimendua ha vuelto a pintar la loca de la CEN un día después del juicio a dos de sus integrantes por los mismos hechos. Frente a la Audiencia Provincial de Navarra, donde convocaron una concentración en apoyo a ambos antes de celebrarse la sesión, declararon que la investigación policial posterior “de más de 220 folios”, había sido “una operación” que buscaba “criminalizar la lucha contra el tren de alta velocidad”.

Uno de los acusados reivindicó que en una “época de crisis generalizada”, en la que “estamos viendo cómo los bosques se queman, los ríos se vacían, la contaminación de todas sus maneras aumenta”, así como “las desigualdades, las injusticias, la precariedad, la explotación laboral”, y mientras “el fascismo avanza y los gastos militares aumentan exponencialmente”, la construcción del AVE “no hace más que agrandar” la situación. “Supone la destrucción de la tierra y la pobreza de la clase trabajadora. Nos ahoga día a día”, argumentó.

La Fiscalía ha pedido 550 y 900 euros de multa para los dos acusados de realizar “pintadas anti TAV” —en referencia a las obras de construcción del ferrocarril de alta velocidad—, en una lona que la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) exhibía en el exterior de su sede. Una pequeña concentración de apoyo ha acompañado a los imputados poco antes del juicio, que se ha celebrado este jueves y ha quedado visto para sentencia. La CEN no ha pedido indemnización por las pintadas, que se limpiaron “a las pocas horas”.

“La investigación policial ha sido exhaustiva, con más de 220 folios”, ha explicado uno de los acusados frente a la Audiencia Provincial de Navarra. Además de calificar el operativo desplegado por la Policía Nacional como “totalmente ridículo” para un “delito leve que cuya limpieza no superó los 320 euros”.

“El pasado año se creó la Plataforma pro TAV en Navarra, un lobby de presión para acelerar las obras del TAV en esta comunidad. Uno de los pilares fundamentales de esta Plataforma lo constituye la CEN, donde se instaló una lona de grandes dimensiones de apología a esta macro infraestructura. En esta lona se realizaron las referidas pintadas, que fueron borradas a las pocas horas”, describe en un comunicado Mugitu Mugimendua, plataforma ciudadana contra la conexión de alta velocidad, que achaca que, a pesar de la limpieza, los imputados (pertenecientes a este mismo colectivo) fueran igualmente detenidos el pasado mes de mayo.

Uno de los acusados reivindica que en una “época de crisis generalizada”, en la que “estamos viendo cómo los bosques se queman, los ríos se vacían, la contaminación de todas sus maneras aumenta”, así como “las desigualdades, las injusticias, la precariedad, la explotación laboral”, y mientras “el fascismo avanza y los gastos militares aumentan exponencialmente”, la construcción del AVE “no hace más que agrandar” la situación. “Supone la destrucción de la tierra y la pobreza de la clase trabajadora. Nos ahoga día a día”, afirma.

Durante la concentración convocada por Mugitu Mugimendua “en apoyo a las personas encausadas”, a la que han acudido una veintena de personas que han coreado “consignas anti TAV”, como: “Si quieres llegar antes, jódete y madruga”, han reivindicado que este juicio es muestra del “mundo al revés en el que vivimos”.

“Mientras las personas que luchamos contra el tren de alta velocidad, y el sistema que lo sustenta, estamos obligados a sentarnos en el banquillo de los acusados, las instituciones y los grupos empresariales que lo están promoviendo se están llenando los bolsillos”, ha afirmado el imputado. “El verdadero delito aquí no es hacer unas pintadas, sino que el verdadero delito es el tren de alta velocidad”, ha concluido.

Protestas por las catas en la localidad de Alsasua

En agosto de este año se sucedieron protestas de varias plataformas locales contra la construcción de la conexión en alta velocidad ferroviaria entre la 'Y vasca' y Pamplona en la localidad navarra de Alsasua. Durante cuatro días consecutivos, los asistentes quisieron “mostrar rechazo hacia los sondeos”, la presencia policial en el pueblo y la falta de información por parte del Ayuntamiento del municipio.

El motivo de las catas por parte del Estado en la zona de Aralar se realizaron para terminar de decidir si esa línea irá por Vitoria o por Ezkio/Itsaso, en Gipuzkoa. Una infraestructura que, a juicio de la plataforma Stop Sondeos, es un “despilfarro” que solo “une las grandes ciudades” mientras “resquebraja el territorio” por el que pasa.

Desde hace 20 años, cuando comenzaron las obras al norte de Vitoria, la conexión del AVE entre Navarra y la denominada 'Y vasca' sigue siendo uno de los principales puntos pendientes del proyecto ferroviario, puesto que no se ha decidido de forma definitiva si la unión con Navarra se realizará por allí o por el pueblo de Ezkio/Itsaso.  Es una decisión que, además, condiciona la conexión entre los corredores atlántico y mediterráneo y el enlace con Francia.

Turcón-Ecologistas en Acción celebró este miércoles 16 de septiembre su Asamblea General Ordinaria que integra a todos los socios y socias, en el Círculo Cultural de Telde, donde aprobó por unanimidad la Memoria de Actividades de 2026, las cuentas de 2025, los presupuestos de 2026 y el Plan de Igualdad de la organización. La reunión también acordó la renovación de su Junta Directiva, que seguirá presidida por Consuelo Jorges López.

Según informa Turcón en un comunicado, la Memoria de Actividades de 2026 fue aprobada por unanimidad y recoge un amplio conjunto de trabajos, acciones, alegaciones, iniciativas de participación ciudadana y actuaciones de defensa ambiental y patrimonial.

El documento, de 82 páginas, incluye un resumen ejecutivo de 12 páginas y refleja la continuidad del trabajo desarrollado por Turcón durante el último ejercicio.

La Asamblea destacó igualmente el trabajo de participación ciudadana, la coordinación con Ben Magec-Ecologistas en Acción y la actualización de la página web del colectivo, que durante el periodo ha difundido más de 90 comunicados de prensa.

Aprobado el Plan de Igualdad 2026-2030

Otro de los acuerdos relevantes fue la aprobación por unanimidad del Plan de Igualdad de Turcón, con vigencia 2026-2030, tras un periodo de información pública donde los integrantes de la asociación pudieron hacer sugerencias y correcciones. 

El documento incorpora siete ejes estratégicos y 42 medidas dirigidas a fortalecer una organización más democrática, inclusiva y comprometida con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

La implantación del Plan contempla la creación de una Comisión de Igualdad, la elaboración de informes anuales de seguimiento y la evaluación periódica de las medidas previstas.

Con esta aprobación definitiva, Turcón asegura que incorpora la perspectiva de igualdad de género a la gestión cotidiana de la organización y a las iniciativas ambientales que impulse durante los próximos años.

Consuelo Jorges continúa al frente de Turcón

La Asamblea General acordó la renovación de la Junta Directiva, una decisión que se produce cuatro años después de las últimas elecciones celebradas en 2022 y tras el fallecimiento del compañero Gumersindo Hernández Betancor, Sindo, que ocupaba la vocalía de Relaciones Públicas. 

La presidenta Consuelo Jorges López fue ratificada en el cargo por unanimidad. Además, el equipo de la nueva Junta Directiva incorporan tres nuevas vocalías, nuevas personas que se incorporan al equipo que ahora lo forma un total de 13 responsables de áreas.

En el informe de la Presidencia se destacó “el incremento de la masa de socios y socias colaboradores, con más de 41 nuevas personas que han solicitado su incorporación a las bases de datos de asociados del colectivo”. 

La Asamblea abordó también distintos asuntos relacionados con la defensa ambiental y patrimonial, entre ellos el trabajo sobre Chira-Soria, la situación del Barranco de los Cernícalos y las actuaciones vinculadas a la nueva plataforma vecinal del Lomo Magullo y Valle de los Nueve.

Turcón afronta una nueva etapa

Con la renovación de su Junta Directiva y la aprobación de sus principales documentos de gestión, Turcón-Ecologistas en Acción inicia una nueva etapa en la que continuará desarrollando su labor de defensa del territorio, investigación patrimonial, participación ciudadana y educación ambiental. 

La organización agradece la participación de las personas asociadas y colaboradoras y reafirma su compromiso con el trabajo colectivo, la defensa de la naturaleza y la puesta en valor del patrimonio de Canarias.

La Playa de Oyambre en Cantabria ha sido escenario este jueves de la performance 'Me siembro por Oyambre', una representación participativa organizada por la Plataforma Salvar Oyambre y el artista Nacho Zubelzu en favor de la protección del parque natural y las dunas de Oyambre.

“El arte, que nos aproxima a nuestras raíces, a la naturaleza y al universo, apuesta al mismo tiempo, por reivindicar el respeto y la conservación de los espacios naturales, con el fin de que disfruten de sus valores generaciones venideras”, según Zubelzu.

“En esta ocasión, me siembro también para rendir homenaje a quienes iniciaron está batalla, como fue mi gran amigo y maestro Suso Garzón”, ha explicado el artista en sus redes sociales. Zubelzu ha estado acompañado por la música instrumental de la artista Kate Gass.

El macroproyecto fotovoltaico de Sarbil (Etxauri, Navarra) ha sido paralizado por la declaración de “impacto ambiental desfavorable emitido por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra”, según han comunicado de la plataforma que agrupa a ecologistas y vecinos del valle contra la iniciativa. La asociación ciudadana Cabezón de Etxauri Bizirik, además de considerar la instalación un “despropósito” para la fauna y flora de la zona, denunció en abril una “gestión irresponsable” por parte del Ayuntamiento de Etxauri, dirigido por EH Bildu, a los que acusaban de “ocultar información” y romper “la cohesión social entre los vecinos”.

El colectivo contra la macroplanta ha anunciado que en la Resolución 1090E/2026, publicada este 15 de septiembre, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra paralizaba el proyecto tras el dossier y las alegaciones presentadas en abril en la sede de la consejería. Ese mismo día, varias personas, entre ellos vecinos de las localidades afectadas, se manifestaron en señal de protesta con una ruidosa cacerolada durante varios minutos en la sede de Medio Ambiente.

“En abril, el colectivo Cabezón de Etxauri Bizirik presentó ante el Departamento de Medio Ambiente un dossier de 260 páginas con 23 alegaciones ambientales, jurídicas y técnicas. También se recogieron y se entregaron más de 2500 alegaciones firmadas en papel, sin contar con las entregadas de forma digital. Sumándose a ello, los ayuntamientos de Cendea de Olza, Salinas de Oro, Valle de Goñi, Bidaurreta, Belaskoain, Larraia, Izurzu, Lezaun, Otxobi y Sarasate, así como la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, Asociación Urbi Auzo elkartea, Gure Haizea, Urbasa Andia Bizirik, Fundación Sustrai Eraikuntza, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y el grupo Satorrak pidieron también la paralización del macroproyecto”, han reflejado en su comunicado la plataforma.

Según explicaron entonces, la ideación del proyecto fotovoltaico comenzó en 2022, cuando estaba prevista a 800 metros de altitud, en la parte alta del monte Sarbil, la instalación. En ese lugar se tenía previsto instalar 80.000 paneles solares. Una inversión total de 40.000.000 euros. Tras la paralización del proyecto por esas fechas por la “respuesta social” y las alegaciones presentadas, en 2025 el proyecto volvió a salir adelante por, según ellos, impulsos “en la sombra”.

“Casi un año después, hoy es el día en que ha quedado claro y nítido que se ha estado promoviendo un proyecto de manera deshonesta”, afirman cinco meses después, sobre una iniciativa “impulsado irresponsablemente” por la falta de análisis de “impactos ambientales y sociales”. Además, la plataforma acusa a EH Bildu, partido que gobierna en el Ayuntamiento de Echauri, de una “gestión irresponsable” del proceso. “Todo esto ha caído en saco roto”, describen de los avances que se iban tomando en la construcción de la planta.

En su comunicado, alegan que todo el proceso ha afectado a la “cohesión de los vecinos”, sufriendo “las personas implicadas importantes impactos físicos, psíquicos y sociales”.

“Sin embargo, se trata de una noticia digna de celebración que ha alegrado y aliviado profundamente a quienes han participado en este proceso. Afortunadamente, el Departamento de Medio Ambiente ha rechazado este proyecto y desde el colectivo Cabezón de Etxauri Bizirik agradecemos enormemente su objetividad, su independencia y su rigor técnico. También damos las gracias a todas las personas, colectivos, entidades, ayuntamientos y concejos que han aportado su energía y han estado ahí, trabajando desde el respeto para defender el entorno natural”, concluyen.

Voluntarios del proyecto nacional Mil Playas, y la Plataforma Salvar Oyambre han llevado a cabo una acción de limpieza a lo largo de la playa y las dunas de la localidad de donde retiraron retirando cerca de 100 kilogramos de residuos.

Al mismo tiempo, la plataforma ha denuncia la vandalización de los carteles y cuerdas entre las estacas que instaló en recientes acciones para impedir que los automóviles invadiesen las dunas en el aparcamiento.

Con esta acción, el colectivo quiere llamar la atención del Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos implicados para que prioricen la eliminación de vertidos y residuos en este espacio protegido, y pedir que solucionen “la falta de depuración adecuada en una playa y franja costera tan emblemática y referente para toda Cantabria, como es el Parque Natural de Oyambre”.

Tras un año de campaña, Salvar Oyambre ha recordado que sus prioridades inmediatas como plataforma son continuar trabajando para conseguir la cancelación de la concesión administrativa existente en la duna y su gestión por parte del estado, el desmantelamiento y reubicación del actual aparcamiento en la playa, la “adecuada ubicación” de los aparcamientos de turismos y autocaravanas en todo el parque y una regulación de usos que garantice y compatibilice las actividades turísticas y recreativas con el mantenimiento del alto grado de naturalidad y la calidad de los paisajes y ecosistemas de este singular parque.

Antonio Vilela vivía en Santurce cuando en 1997 tomó una decisión que cambió por completo su vida: comprarse una casa en el municipio cántabro de Argoños. Tres años después, un amigo le llamó por teléfono: “Oye, que en la prensa pone que tu urbanización tiene una sentencia de derribo”. Fue el comienzo de una incertidumbre que arrastra tres décadas.

Cantabria atesora un récord difícil de emular para su tamaño. Más de quinientas viviendas con sentencia de demolición. Todo empezó en la playa de la Arena, en Arnuero, donde se arrasó un encinar para construir una urbanización de 144 apartamentos junto a la ría de Ajo. “Fruto de la naturaleza”, presumían los anuncios. Las casas las edificó Cenavi, una constructora que ya no existe. Paradójicamente, también recibió el encargo de demolerlas.

La mayoría de las sentencias dictadas por los tribunales -llegaron a ser 835 en total según la documentación consultada por elDiario.es- son herencia de la corrupción urbanística de los años noventa, pero todavía colean las consecuencias del terremoto judicial que ha hecho tambalearse la vida de cientos de familias. Todavía quedan 527 viviendas con sentencia de derribo en la comunidad. 314 propietarios han muerto sin ver resuelto el conflicto y otros aún viven en precario, en una casa que tarde o temprano tendrán que abandonar.

Ninguno de ellos ha digerido la respuesta a la primera pregunta que se hizo Antonio tras aquella conversación telefónica: “¿Cómo voy a tener una sentencia de derribo, si nunca me ha denunciado nadie y he comprado una vivienda con todos los permisos pertinentes?”. Él no se conformó con aquel veredicto judicial y movilizó a los afectados para ejercer una defensa conjunta. AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, se ha convertido en una caravana de desesperanza que todo el mundo conoce en Cantabria y que se gestó en un encierro en el Ayuntamiento de Argoños en diciembre de 2004, una de las primeras movilizaciones de los afectados.

En la siguiente primavera se fundó la organización que ha llegado a reunir 4.600 socios. Su epicentro siempre ha sido el incansable espíritu reivindicador de Antonio Vilela y su contagiosa constancia para organizar movilizaciones. Llegó a llenar un autobús con ochenta personas para viajar a Bruselas y exponer sus reivindicaciones en el Parlamento europeo.

Cuando empezó tenía 39 años. Hoy tiene 67 y sigue al frente de AMA. Estudió tanto para poder defender a los afectados que acabó por sacarse la carrera de Derecho.

“En 25 años he conocido a nueve consejeros de Obras Públicas, ninguno ha repetido”, apostilla. Es decir, que cada legislatura empiezan de cero poniendo al día al político de turno sobre una situación que todavía no se ha resuelto.

Las denuncias de una asociación ecologista

En el triángulo hay un tercer vértice: la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria. ARCA, otras siglas de extraordinaria trascendencia en la comunidad, que ha sido la principal impulsora en los tribunales de los procesos contra el urbanismo ilegal. Ellos lograron que los jueces dictasen las polémicas sentencias de derribo y anulasen planes municipales de urbanismo.

La mayoría de las viviendas con sentencia de ilegalidad se construyeron en dos ayuntamientos costeros, Piélagos y Argoños, y en menor medida en Arnuero y Escalante.

En el municipio de Piélagos —con doce playas en el geoparque Costa Quebrada— gobernó durante 22 años seguidos José Ángel Pacheco, del Partido Popular, que llegó a ser condenado por un juzgado de lo penal de Santander a año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Corrupción urbanística. Concedió licencias de construcción a casi 400 viviendas que acabaron con sentencia de demolición. Cuando falleció, sus antiguos compañeros del PP propusieron poner su nombre a un colegio.

La corrupción urbanística ha salido muy cara a los cántabros porque los platos rotos -las indemnizaciones y las viviendas de sustitución que se están ofreciendo como alternativa a los afectados por los derribos- se pagan con dinero público. De hecho, el Gobierno de Cantabria ha tenido que ayudar a los ayuntamientos que eran incapaces, por la desproporción en relación a su presupuesto, a hacer frente a estas cantidades desde que optó por la solución de impulsar procedimientos de responsabilidad patrimonial en 2015. A través de la empresa pública Gesvican se habilitó un fondo de derribos para gestionar el asunto.

En Piélagos (26.901 habitantes) aún quedan en pie 88 viviendas con sentencia de derribo de tres urbanizaciones que se construyeron sobre los acantilados de la playa de Cerrias. Se han tirado tres casas. El Ayuntamiento ha intentado legalizar las viviendas con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana —como un indulto a posteriori— pero todavía está pendiente de aprobación.

En este municipio se llegó a urbanizar la ladera del monte La Picota, una zona de alto valor ecológico, pomposamente bautizado como el Alto del Cuco. La constructora Fadesa edificó 241 de las 400 viviendas proyectadas sin permiso de la Comisión Regional de urbanismo (CROTU) antes de que lo frenara un recurso de la asociación ecologista ARCA en los tribunales porque era un espacio protegido. Fue uno de los ejemplos más simbólicos de la corrupción urbanística en Cantabria, con el mismo alcalde: Pacheco. Después de una sentencia del Supremo, 'el Algarrobico de Cantabria' se derribó. Las casas nunca se llegaron a habitar. La demolición le costó 3,7 millones de euros al Gobierno de Cantabria.

Argoños, el segundo municipio más pequeño de Cantabria que alcanza ni los dos mil habitantes, llegó a tener 255 viviendas condenadas a la piqueta. En más de dos décadas solo se han tirado 12. Tres familias ya tienen otra vivienda de sustitución y ocho han preferido cobrar una indemnización económica, en compensación por el valor de los inmuebles y los daños morales padecidos después de tantos años de incertidumbre. Las cuantías las fijaron los tribunales, entre 58.000 y 65.000 euros frente a los 280.000 que reclamaron algunos propietarios.

La última cifra que dio hace unos meses el Gobierno de Cantabria confirma que solo en indemnizar a los propietarios de Piélagos ya han gastado más de 7,5 millones de euros de dinero público.

En Escalante hay 32 viviendas ilegales. Un edificio, al lado de la sede del Ayuntamiento, que hay que derribar. Catorce de las personas que compraron en él un piso ya tienen otra vivienda de sustitución. En el cercano municipio de Arnuero suman 142 las casas condenadas a la piqueta.

“Seguimos habitando en la incertidumbre y la gente que compró con 40 o 50 años se ha hecho muy mayor; si tardan mucho no vamos a quedar ninguno”, lamenta Antonio Vilela. A lo largo del tiempo se han intentado buscar atajos “que lo único que han hecho ha sido retrasarlo todo”, valora.

Además, los propietarios no entienden que ellos hayan tenido que salir de sus casas y que, mientras las derribas, otras personas se hayan metido a vivir en ellas. De hecho, esta semana el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, se presentó con una pala excavadora en una urbanización y se encontró con que solo pudieron derribar dos viviendas porque las otras estaban ocupadas.

Los afectados también señalan otra paradoja en este amargo proceso para ellos, desde el punto de vista personal. Algunas urbanizaciones como Pueblo de Mar o El Camino del portillo en Argoños se edificaron sobre suelo urbano. Es decir, que cuando tiren las casas se podrán hacer otras perfectamente legales. “Es una tortura institucional”, concluye Antonio Vilela.

La asociación de defensa de la naturaleza Mutriku Natur Taldea ha pedido al Gobierno vasco la “prohibición expresa, total y absoluta del arte de cerco en el ámbito de las aguas interiores” de Euskadi, y, por tanto, la modificación del proyecto de decreto que el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige Amaia Barredo quiere aprobar, y que contempla permitir este tipo de pesca, hasta ahora prohibido con carácter general en aguas de jurisdicción vasca. En las alegaciones presentadas a este proyecto, el grupo ecologista considera que en el proyecto no se aportan estudios técnicos que contradigan los que llevaron a la prohibición de la explotación intensiva en aguas interiores, y considera que debe protegerse y blindarse en el nuevo texto “la protección estricta de los ecosistemas costeros”, así como “la extrema vulnerabilidad socioeconómica y defensa de la flota artesanal de los puertos vascos incluso dentro de las propias Cofradías donde son minoría ante las embarcaciones industriales”. Algo que consideran que el proyecto del departamento no hace.

En este sentido, este grupo pide además que se realicen informes técnicos sobre los que se basen las decisiones políticas futuras. Critica que el proyecto de decreto no incluye “evaluaciones técnicas recientes y de acceso público que contradigan los criterios de sobreexplotación realizados por Azti previos al Decreto 204/1994”, el que está vigente en estos momentos y que el Gobierno quiere reformar.

El proyecto de decreto que el Gobierno vasco ha tenido en exposición pública en el mes de agosto, pretende ampliar el abanico de artes de pesca permitidas en aguas de su jurisdicción -las conocidas como aguas interiores- e incluir el cerco. Una medida que el Gobierno justifica por la reducción del número de barcos en los últimos años y para garantizar la supervivencia de la flota.

Sin embargo, desde Mutriku Natur Taldea recalcan que “no consta en el expediente técnico ni se ha aportado evidencia científica pública que contradiga las conclusiones y los estudios de los años 90, que desaconsejaban la explotación intensiva en aguas interiores”. Recuerdan que las aguas interiores son hasta ahora para uso de las artes menores, la pesca artesanal, y critica que se plantee introducir el cerco “sin referencia ninguna a su impacto potencial en el ecosistema”.

Por ello piden que se presenten informes científicos, además de carácter doble, ya que no se fían de los realizados de forma exclusiva por Azti, por “el control absoluto del Gobierno vasco de la Fundación Azti”, señalan. Por otra parte, quieren que “se ponga en manos de los agentes interesados y la ciudadanía en general todos los informes científicos pagados con dinero público. Y que estos informes científicos se realicen ”antes de la aprobación del decreto de pesca profesional en aguas interiores, y no a posteriori, como parece dilucidarse en el texto del borrador de la orden“.

Por otra parte, alertan de la “extrema vulnerabilidad socioeconómica de la flota artesanal de los puertos vascos” y la necesidad de su defensa. “La flota de artes menores (pesca artesanal) constituye el motor socioeconómico y de cohesión social de puertos históricos como Hondarribia, Getaria, Mutriku, Ea, Elantxobe, Lekeitio o Bermeo. Estas embarcaciones de bajura dependen de forma absoluta de los recursos de las aguas interiores debido a su limitado radio operativo, tamaño, y limitado porte. Permitir la entrada de flotas de mayor escala puede suponer una competencia desleal y destructiva que aboca a la desaparición del tejido pesquero tradicional y a la pérdida de empleos locales directos”, señalan. Además, consideran que debería considerarse “la creciente demanda del uso del espacio marítimo que corresponde a las aguas interiores, tanto en forma de nuevas actividades de ocio como de otros servicios, cada vez más diversos y en auge, lo que podría impactar aún más en la que hay ya hoy por hoy en las zonas donde actualmente opera el sector pesquero artesanal (artes menores)”.

Por otra parte, consideran que “la flota de cerco moderna del Cantábrico cuenta con embarcaciones de gran porte, alta tecnología y autonomía suficiente para faenar con total seguridad en aguas exteriores (fuera de las líneas de base rectas y el mar territorial interior)”. Por lo tanto, entienden que “no existe una justificación técnica ni económica que requiera a los cerqueros entrar en espacios confinados a ellos”, salvo las excepciones que permite el decreto que está todavía en vigor. “La incorporación de la actividad de la pesca de cerco en aguas interiores no responde a una necesidad para la supervivencia de dicho sector, lo que sugiere un riesgo para la sobreexplotación de un espacio hasta ahora reservado por décadas a la pesca de anzuelo, trasmallos y artes de pequeña escala. Dicho de otro modo, permitir la actividad pesquera de cerco en aguas interiores podría suponer serios problemas de sobreexplotación y/o graves impactos a ciertas especies vulnerables ya en la actualidad, dado que tanto las dimensiones de la propia arte utilizando los DAP (dispositivos de agrupación de peces)... , como el tamaño de sus capturas supondrían una presión hasta ahora inexistente en dichos ecosistemas”.

Según los datos aportados por el Gobierno vasco, en el periodo entre 1998 y 2022 el número de barcos ha pasado de 143 a 64, lo que supone una reducción del 54,2%, es decir, se han perdido más de la mitad. Una disminución que ha supuesto “una reducción similar en la capacidad de pesca nominal de la flota, al haberse mantenido constantes las cantidades máximas de artes/aparejos de pesca en las regulaciones pesqueras en todo ese período” por no haberse variado la legislación, indican. “Para que la flota de Euskadi que pesca en las aguas interiores de la comunidad autónoma de Euskadi, pueda mantenerse, pueda mejorar, modernizarse y tener una producción óptima que asegure su supervivencia”, es necesario “optimizar el rendimiento de la flota que pesca que queda actualmente” permitiendo utilizar un mayor número de artes de pesca, regulando sus características y su ejercicio, señala el decreto.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha resuelto la desestimación definitiva de los proyectos de parques fotovoltaicos 'Tara' y 'Umiko', junto a sus correspondientes infraestructuras de evacuación. La decisión administrativa, que ha dado a conocer Amigos de la Tierra, frena de manera irreversible dos macroinstalaciones proyectadas por el entorno del grupo Forestalia que sumaban una potencia instalada conjunta de 70,2 megavatios (MW) y cuya red de transporte de energía afectaba de forma directa a cinco provincias: Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos.

La resolución ministerial pone fin a una tramitación administrativa que se remontaba a junio de 2025, cuando el MITECO determinó desgajar ambos expedientes para su evaluación individualizada. En el caso del parque 'Umiko', concebido para generar 46,5 MW, la iniciativa caducó formalmente el 29 de octubre de 2023 al no haber obtenido la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dentro de los plazos fijados por la legislación vigente, lo que ha derivado ahora en su archivo y desestimación final por parte del departamento gubernamental.

Un recorrido administrativo análogo ha seguido el proyecto 'Tara', de 23,7 MW de potencia proyectada. La falta de emisión de la DIA en el tiempo reglamentario motivó que Red Eléctrica de España (REE) notificase al MITECO, el 19 de diciembre de 2023, la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión a la red de transporte que le habían sido otorgados en su día. Ante la imposibilidad legal de evacuar la energía que preveía generar la planta, la Secretaría de Estado de Energía ha ratificado el cierre definitivo del procedimiento.

La cancelación definitiva de ambos macroparques supone un hito relevante para la preservación paisajística y ambiental de La Rioja y del conjunto del Valle del Ebro. El mayor impacto ecológico de la infraestructura no residía únicamente en la ocupación del suelo agrícola para la colocación de los paneles solares, sino en el trazado de su línea de evacuación: una infraestructura de alta tensión de más de 200 kilómetros de longitud proyectada para cruzar el territorio riojano y conectar las plantas generadoras con los puntos de vertido a la red general.

Desde la organización Amigos de la Tierra La Rioja han valorado la desestimación de unos proyectos que se enmarcan en la burbuja de inversión y especulación que ha rodeado a las renovables en los últimos años. La entidad ecologista ha recordado que, si bien apoya de forma decidida la transición hacia fuentes de energía limpias para frenar la crisis climática, esta no puede realizarse a costa de sacrificar la biodiversidad rural mediante la proliferación desordenada de grandes tendidos y macroinstalaciones promovidos por grandes corporaciones.

En este sentido, los colectivos en defensa del territorio insisten en la urgencia de reorientar el modelo energético regional hacia criterios de generación distribuida y democratización del consumo. Frente a los macroproyectos de evacuación kilométrica, organizaciones sociales y ecologistas reclaman priorizar las instalaciones renovables de pequeña escala en zonas degradas o cercanas a las áreas de consumo, la creación de comunidades energéticas locales, la rehabilitación térmica del parque de viviendas y el impulso firme a políticas de eficiencia y ahorro energético.

Guggenheim Urdaibai Stop ha pedido este lunes en el Parlamento Vasco que Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se quede fuera de la norma que se está tramitando por la vía de urgencia para acelerar los trámites administrativos y facilitar las inversiones. Representantes de esta organización han instado a los parlamentarios a retirar la modificación de la ley de 1989 de Urdaibai de esta proposición de PNV y PSE-EE y a “abrir un debate y un proceso propio”. “Si la ley necesita actualizarse, hagámoslo. Pero hagámoslo bien”, porque “Urdaibai no es un trámite administrativo, es una reserva de la biosfera”, recuerdan.

El proyecto de ley de medidas urgentes para la simplificación y agilización de la actividad económica sostenible, presentada en el Parlamento Vasco por los socios de Gobierno como una “autopista” para acelerar proyectos, recoge en su artículo 8 la modificación de determinados preceptos de la ley de 1989 para la protección y ordenación de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Con esta modificación se busca facilitar determinados usos en zonas que distintas agrupaciones ecologistas y defensoras de la zona consideran “sensibles” para la protección del entorno. Por ejemplo, “el uso de embarcaciones con motor en determinadas zonas, la ejecución de instalaciones marítimas para el amarre, fondeo y atraque de embarcaciones náutico-recreativas y el embarque y desembarque de pasajeros que reglamentariamente se determinen”. O la adecuación, en continuidad con el suelo urbano y accesible desde éste, “de espacios para el baño, ejecutados mediante sencillos elementos de contención de agua en marea baja”, entre otras cuestiones.

Eider Gotxi, portavoz de Guggenheim Urdaibai Stop, ha señalado en su intervención en la comisión parlamentaria en la que están compareciendo diversos expertos, que desde la asociación “no cuestionan que la ley de Urdaibai deba actualizarse”. “Han pasado más de 35 años desde su aprobación, y Urdaibai necesita una normativa actualizada que responda a los nuevos retos”, reconocen. “Pero la normativa de protección de un territorio tan singular no puede modificarse dentro de una proposición de ley destinada a agilizar la Administración y acelerar la actividad económica. Mucho menos sin abrir un debate específico sobre Urdaibai y un proceso de diálogo con el territorio. En 1989 fue una ley aprobada con el respaldo de todo el Parlamento y eso es lo que también debemos conseguir ahora: un acuerdo. Una norma que afecta a un territorio tan singular merece el mayor consenso político, institucional y social que podamos construir”, ha indicado en una comparecencia en la que ha estado acompañada por Manu Monge, técnico de Patronato de Urdaibai, y Aitor Galarza, experto en la reserva de la biosfera.

Gotxi se ha mostrado muy crítica con que la proposición de ley abra la vía para dar cobertura legal a usos que actualmente no están regulados o están limitados, y crea una nueva categoría denominada P1.2 para permitir usos náutico-recreativos. Gotxi ha señalado que no todos los emplazamientos propuestos para albergar estos nuevos usos son iguales y que “los usos existentes en ellos pueden ordenarse mediante la normativa actualmente vigente”. Ha recordado, en este sentido que Portuondo y Arketa son desde hace tiempo espacios vinculados al uso náutico y los usos existentes en ellos pueden ordenarse mediante la normativa actualmente vigente. “El propio PRUG -Paln de uso y Gestión de la Reserva de Urdaibai- prevé para ello la elaboración de un Plan Especial, delimitando el área y estableciendo el número máximo de embarcaciones en función de la capacidad de acogida del medio”. “No existe, por tanto, necesidad de crear nuevas zonas P1.2”, ha reiterado.

Más crítica ha sido aún con permitirlas en “espacios ecológicamente sensibles como Ozollo y Teileria. Ambos son espacios no artificializados, de alto valor ecológico y forman parte del entorno natural del estuario de Urdaibai. Albergan marismas y hábitats intermareales fundamentales para la biodiversidad y para la dinámica natural del estuario. Además, según los expertos, aumentar el acceso de embarcaciones a las zonas interiores del estuario supondría una mayor presión sobre las áreas de alimentación y descanso de las aves. Por ello, la lógica de protección debería ser la contraria: reducir el acceso a las zonas más sensibles, no promover nuevos usos”.

También ha mostrado su preocupación por “el mantenimiento de los ”dragados controlados, sin que la proposición establezca las condiciones mínimas de ese control“. Ha recordado que no se especifica cuánto material puede extraerse, cuántas veces, en qué zonas, en qué condiciones, con qué finalidad o qué nivel de impacto se considera aceptable. ”No es una cuestión menor. Mover sedimentos en un estuario puede aumentar la turbidez del agua y la resuspensión de sedimentos, movilizar contaminantes, alterar los hábitats del fondo y afectar a las zonas de fauna y aves. Por ello, la protección de Urdaibai no puede esconderse detrás de la palabra “controlado”. El PRUG vigente establece que, con carácter general, los dragados no se realizarán y limita las excepciones a necesidades puntuales debidamente justificadas“.

En este sentido, ha reiterado que “Urdaibai no es un trámite administrativo. Es una Reserva de la Biosfera. Y las decisiones sobre su futuro no pueden tomarse dentro de un procedimiento legislativo urgente”. Ha insistido en que no es voluntad de la asociación bloquear la actualización de la Ley. “Al contrario, consideramos que es necesaria, pero queremos que se haga bien”. Por ella ha reiterado la necesidad de que se retire la Ley de Urdaibai de la proposición de Ley en tramitación y se abra “un proceso de debate propio con las instituciones del territorio, el Patronato, la comunidad científica, los sectores económicos y sociales y la sociedad civil, y decidir después qué debe modificarse”.