Guggenheim Urdaibai Stop ha pedido este lunes en el Parlamento Vasco que Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se quede fuera de la norma que se está tramitando por la vía de urgencia para acelerar los trámites administrativos y facilitar las inversiones. Representantes de esta organización han instado a los parlamentarios a retirar la modificación de la ley de 1989 de Urdaibai de esta proposición de PNV y PSE-EE y a “abrir un debate y un proceso propio”. “Si la ley necesita actualizarse, hagámoslo. Pero hagámoslo bien”, porque “Urdaibai no es un trámite administrativo, es una reserva de la biosfera”, recuerdan.

El proyecto de ley de medidas urgentes para la simplificación y agilización de la actividad económica sostenible, presentada en el Parlamento Vasco por los socios de Gobierno como una “autopista” para acelerar proyectos, recoge en su artículo 8 la modificación de determinados preceptos de la ley de 1989 para la protección y ordenación de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Con esta modificación se busca facilitar determinados usos en zonas que distintas agrupaciones ecologistas y defensoras de la zona consideran “sensibles” para la protección del entorno. Por ejemplo, “el uso de embarcaciones con motor en determinadas zonas, la ejecución de instalaciones marítimas para el amarre, fondeo y atraque de embarcaciones náutico-recreativas y el embarque y desembarque de pasajeros que reglamentariamente se determinen”. O la adecuación, en continuidad con el suelo urbano y accesible desde éste, “de espacios para el baño, ejecutados mediante sencillos elementos de contención de agua en marea baja”, entre otras cuestiones.

Eider Gotxi, portavoz de Guggenheim Urdaibai Stop, ha señalado en su intervención en la comisión parlamentaria en la que están compareciendo diversos expertos, que desde la asociación “no cuestionan que la ley de Urdaibai deba actualizarse”. “Han pasado más de 35 años desde su aprobación, y Urdaibai necesita una normativa actualizada que responda a los nuevos retos”, reconocen. “Pero la normativa de protección de un territorio tan singular no puede modificarse dentro de una proposición de ley destinada a agilizar la Administración y acelerar la actividad económica. Mucho menos sin abrir un debate específico sobre Urdaibai y un proceso de diálogo con el territorio. En 1989 fue una ley aprobada con el respaldo de todo el Parlamento y eso es lo que también debemos conseguir ahora: un acuerdo. Una norma que afecta a un territorio tan singular merece el mayor consenso político, institucional y social que podamos construir”, ha indicado en una comparecencia en la que ha estado acompañada por Manu Monge, técnico de Patronato de Urdaibai, y Aitor Galarza, experto en la reserva de la biosfera.

Gotxi se ha mostrado muy crítica con que la proposición de ley abra la vía para dar cobertura legal a usos que actualmente no están regulados o están limitados, y crea una nueva categoría denominada P1.2 para permitir usos náutico-recreativos. Gotxi ha señalado que no todos los emplazamientos propuestos para albergar estos nuevos usos son iguales y que “los usos existentes en ellos pueden ordenarse mediante la normativa actualmente vigente”. Ha recordado, en este sentido que Portuondo y Arketa son desde hace tiempo espacios vinculados al uso náutico y los usos existentes en ellos pueden ordenarse mediante la normativa actualmente vigente. “El propio PRUG -Paln de uso y Gestión de la Reserva de Urdaibai- prevé para ello la elaboración de un Plan Especial, delimitando el área y estableciendo el número máximo de embarcaciones en función de la capacidad de acogida del medio”. “No existe, por tanto, necesidad de crear nuevas zonas P1.2”, ha reiterado.

Más crítica ha sido aún con permitirlas en “espacios ecológicamente sensibles como Ozollo y Teileria. Ambos son espacios no artificializados, de alto valor ecológico y forman parte del entorno natural del estuario de Urdaibai. Albergan marismas y hábitats intermareales fundamentales para la biodiversidad y para la dinámica natural del estuario. Además, según los expertos, aumentar el acceso de embarcaciones a las zonas interiores del estuario supondría una mayor presión sobre las áreas de alimentación y descanso de las aves. Por ello, la lógica de protección debería ser la contraria: reducir el acceso a las zonas más sensibles, no promover nuevos usos”.

También ha mostrado su preocupación por “el mantenimiento de los ”dragados controlados, sin que la proposición establezca las condiciones mínimas de ese control“. Ha recordado que no se especifica cuánto material puede extraerse, cuántas veces, en qué zonas, en qué condiciones, con qué finalidad o qué nivel de impacto se considera aceptable. ”No es una cuestión menor. Mover sedimentos en un estuario puede aumentar la turbidez del agua y la resuspensión de sedimentos, movilizar contaminantes, alterar los hábitats del fondo y afectar a las zonas de fauna y aves. Por ello, la protección de Urdaibai no puede esconderse detrás de la palabra “controlado”. El PRUG vigente establece que, con carácter general, los dragados no se realizarán y limita las excepciones a necesidades puntuales debidamente justificadas“.

En este sentido, ha reiterado que “Urdaibai no es un trámite administrativo. Es una Reserva de la Biosfera. Y las decisiones sobre su futuro no pueden tomarse dentro de un procedimiento legislativo urgente”. Ha insistido en que no es voluntad de la asociación bloquear la actualización de la Ley. “Al contrario, consideramos que es necesaria, pero queremos que se haga bien”. Por ella ha reiterado la necesidad de que se retire la Ley de Urdaibai de la proposición de Ley en tramitación y se abra “un proceso de debate propio con las instituciones del territorio, el Patronato, la comunidad científica, los sectores económicos y sociales y la sociedad civil, y decidir después qué debe modificarse”.

Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado falta de transparencia sobre el lobo justo ante el periodo de caza, dado que “la Consejería sólo ha facilitado información sobre daños e indemnizaciones anteriores al 2025, pero sigue sin entregar el censo regional ni el informe remitido a la Comisión Europea”.

El pasado 4 de septiembre, ha relatado Amigos de la Tierra, se abrió en La Rioja el periodo hábil de caza del lobo en rececho, dentro de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda.

Ante esto, ha denunciado que la Administración autoriza la muerte de lobos mientras mantiene sin hacer pública información fundamental sobre la población de la especie y su evolución.

Al amparo de la Ley 27/2006, Amigos de la Tierra ha contado que solicitó, el 5 de junio de 2026, información sobre los daños ocasionados en 2025 por el lobo y las indemnizaciones abonadas, así como una copia del censo de población de lobo en La Rioja.

El 2 de marzo de 2026 solicitó también el informe remitido por el Gobierno de La Rioja a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de la especie.

Sin embargo, ha dicho, “la Consejería sólo ha respondido a la solicitud relativa a daños e indemnizaciones, y únicamente con datos anteriores a 2025” y “el censo regional y el informe remitido a Bruselas siguen sin ser facilitados”.

Ha señalado que el único dato público disponible es el censo nacional del MITECO 2021-2024, que contabiliza cinco manadas en La Rioja, cuatro de ellas compartidas con Castilla y León.

A pesar de ello, “el Gobierno de La Rioja ha establecido un cupo de hasta seis ejemplares al año, dos por cada una de las tres comarcas de gestión del lobo”.

Ha añadido que, según lo trasladado en el Consejo Regional de Caza, “la propia Dirección General de Medio Natural y Paisaje ha reconocido que los controles poblacionales realizados con personal propio han obtenido resultados nulos”.

Para Amigos de la Tierra La Rioja, la cuestión no es determinar cuántos lobos hay para decidir cuántos pueden morir sino que “la caza de esta especie no debe utilizarse como herramienta de gestión de sus poblaciones”.

En este sentido, ha explicado que el lobo es un depredador que forma parte del funcionamiento natural de los ecosistemas, cuya población se regula de manera natural en función, entre otros factores, de la disponibilidad de alimento y de las condiciones del territorio.

Por ello, ha dicho, “la existencia de daños a la ganadería debe abordarse mediante medidas de prevención, protección y compensación, y no mediante la eliminación de ejemplares de una especie que cumple una función esencial en los ecosistemas”.

“Da igual que haya uno, diez o cien lobos: matar ejemplares no soluciona los problemas de la ganadería ni mejora la gestión de la especie”, ha aseverado.

A su juicio, no se puede hablar de gestión científica cuando se pretende justificar la muerte de ejemplares sin hacer públicos los datos fundamentales y, además, cuando la propia población del lobo dispone de mecanismos naturales de autorregulación.

Ecoloxistes N'Aición D'Asturies y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico buscan el equilibrio entre la implementación de medidas de protección del ganado y el fomento de la coexistencia de los lobos. Consideran que existen herramientas eficaces para minimizar los riesgos, entre los que destacan la instalación de cercados eléctricos, la vigilancia de rebaños mediante pastoreo presencial y el uso de perros mastines, todo ello combinado con una gestión adecuada del ganado en zonas donde hay presencia de lobos.

En este contexto, las dos organizaciones conservacionistas han anunciado este jueves la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la modificación del II Plan de Gestión del Lobo y el Programa de control 2026-27 del Gobierno del Principado de Asturias.

Ambas medidas vulneran la normativa europea, así como la doctrina del Tribunal Supremo (TS), recogida en una sentencia dictada el pasado mes de febrero, según han explicado a elDiario.es Asturias.

Los daños a la especie serán “irreparables”

En su recurso, solicitan la suspensión cautelar del II Plan de Gestión del Lobo y el Programa de control 2026-27, que se inicia este mes de septiembre, al sostener que su mera ejecución podría causar “daños irreparables” a una especie en estado de conservación “desfavorable”.

Los portavoces de ambas organizaciones, Maritxu Ameigeiras (Ecoloxistes N'Aición D’Asturies) y Ernesto Díaz (Fondo para la Protección del Lobo Ibérico), denuncian que las previsiones del Principado, por las que se autoriza a abatir a 67 ejemplares a partir de este mes de septiembre, carece de justificación científica e ignora alternativas eficaces para la protección del ganado y el fomento de la coexistencia con la especie.

El “incumplimiento”

Su recurso contencioso-administrativo incide en el incumplimiento de la legislación nacional y la normativa europea. De forma paralela, ambas entidades han solicitado la adopción de medidas cautelares que suspendan de manera inmediata la aplicación de los planes impugnados, y con ello cualquier autorización de caza o muerte de ejemplares mientras se resuelve el recurso. Ambas entidades resaltan que los daños que se causarían a la especie serían de “difícil o imposible reparación”.

Ambas organizaciones recuerdan que la Comisión Europea (CE) establece que el lobo ibérico es una especie en eestado de conservación desfavorable y se remiten a la sentencia dictada el 29 de julio de 2024, por la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) prohibió de forma explícita la puesta en marcha de programas de control poblacional que puedan dificultar que la especie alcance un estado de conservación favorable.

Sin evidencia científica “sólida”

“La intención del Gobierno de Asturias de eliminar al menos 67 ejemplares -que podrían ser más según lo manifestado desde la Consejería de Medio Rural- vulnera esta prohibición”, subrayan los portavoces.

Maritxu Ameigeiras y Ernesto Díaz rebaten la argumentación del Principado para justificar estas cacerías: “El argumento utilizado para reanudar las matanzas es, en palabras del propio gobierno asturiano, hacer compatible la conservación de la especie y la ganadería extensiva, pero no existe evidencia científica sólida que demuestre que el control letal de lobos reduzca significativamente la depredación de ganado”, recalcan.

Los portavoces de estas dos organizaciones advierten de que estas medidas pueden fragmentar las manadas, alterando su comportamiento y aumentando los conflictos, como ataques más frecuentes y dispersos.

Los criterios del Supremo

“En febrero de este año el Tribunal Supremo (TS) fijó los criterios para cazar lobos para evitar daños al ganado. Aquella sentencia afirma que la autorización de la muerte de lobos sólo es posible cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado, por lo que debe ir precedida de un examen de las medidas alternativas que razonablemente pueden adoptar las explotaciones ganaderas para impedir los ataques del lobo”, exponen.

Esta sentencia también refleja que esta medida requiere la comprobación del buen estado de conservación de la especie, para lo que, según señalan, no es suficiente con observar que su población se ha incrementado en uno o varios municipios en concreto, sino que, a causa del amplio territorio en que se mueven los ejemplares, es preciso un estudio más extenso.

El TS también establece en esta sentencia que la extracción o muerte de ejemplares debe ser selectiva, por lo que Ecoloxistas N'Aición D'Asturies y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico mantienen que no es posible permitir que se aplique de forma indiscriminada a un determinado número de individuos sin otra concreción, dado que “la muerte de determinados ejemplares de la manada puede ser particularmente perjudicial y el programa de control del Principado no ha tenido en cuenta estos criterios”.

El Ayuntamiento de Alfaro ha comunicado a Amigos de la Tierra La Rioja que no continuará la tramitación del expediente de licencia ambiental y de obras para la instalación de un cebadero de ganado bovino de carne promovido por Granja La Cantera S.L., previsto a unos 85 metros del Área Natural Singular Carrizal de Cofín.

La decisión se produce después de que la asociación presentara alegaciones durante el periodo de información pública y tras el informe de la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, que determina que la actividad debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, en lugar de tramitarse mediante licencia ambiental.

Para Amigos de la Tierra La Rioja es positiva esta decisión, ya que permitirá que las posibles afecciones ambientales de la instalación sean analizadas mediante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponde.

La asociación recuerda que el proyecto se plantea en las inmediaciones de un espacio natural protegido y considera especialmente importante valorar sus posibles efectos sobre el suelo, las aguas, la fauna y los valores naturales del Carrizal de Cofín, así como los impactos derivados de la generación y gestión de estiércoles, residuos, tráfico, polvo y ruido.

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha denunciado “la obsesión” del Gobierno de Asturias por controlar las cámaras de fototrampeo.

La organización ecologista asegura que el Principado se pone al mismo nivel que países como China, Irán, Rusia o Birmania en el control científico de su fauna con cámaras: “Corea del Norte donde una persona que ponga cámaras de foto trampeo podría ser fusilada, superaría el control del Gobierno de Asturias”, asegura.

El control

En la actualidad para desarrollar trabajos científicos dentro de un espacio natural protegido en Asturias, el investigador científico debe de ir acompañado de un agente ambiental que testimonia la colocación de la cámara, la recogida de la tarjeta y se hace cargo de su custodia, trasladándola a su centro de trabajo donde la descarga y posteriormente se visiona, siendo el responsable del espacio natural quien autoriza o no al uso de las imágenes por parte de la entidad autorizada.

“El control absoluto de los datos de presencia y especialmente poblacional de determinadas especies como el lobo, se ha convertido en una actividad obsesiva del Gobierno de Barbón que trata de impedir que sus trabajos de censos de población puedan ser contrastados mediante otros trabajos científicos independientes”, sostiene la organización ecologista.

Las cámaras de fototrampeo

FAPAS explica, a través de un comunicado, que las cámaras de fototrampeo se han consolidado como una de las mejores herramientas de trabajo a largo plazo en el estudio de fauna silvestre, ya que su constancia en el tiempo al poder estar años en un mismo punto de trabajo, capturando de manera permanente imágenes de fauna que permiten obtener información científica de excepcional valor para conocer las fluctuaciones de densidades de población en un mismo territorio, y en el caso del lobo, controlar de manera fidedigna la composición histórica del número de ejemplares de lobo que dan origen a un grupo familiar.

“La obtención de estos datos determina posteriormente una información científica que permite evaluar cómo y cuándo se producen las fluctuaciones de diferentes densidades de presencia de lobo en un territorio y el incremento o disminución de ejemplares en los grupos familiares, permitiendo obtener información técnica de cómo se correlacionan esos datos con el incremento o disminución de daños a la ganadería a lo largo de los años que duran estos estudios”.

Los criterios científicos

Las cámaras de fototrampeo utilizadas bajo criterios científicos son una de las mejores herramientas que pueden poner al descubierto estrategias políticas donde se utiliza al lobo como un elemento de discordia social, y la administración asturiana “lo sabe”, según Fapas, que considera que por ello el Principado ha llegado al límite de una exigencia administrativa “propia de un régimen autoritario, tratando de evitar que nadie pueda contradecir censos que como el del lobo en Asturias, tiene un sesgo totalmente político”.

Dentro de esta actitud “monopolizadora del Gobierno de Asturias sobre los datos de población de lobo, destaca la ausencia una vez más de información sobre el trabajo desarrollado por la administración regional en colaboración con la Universidad de Oviedo/Uviéu sobre la captura de lobos y su seguimiento científico con radio collares vía satélite.

La dinámica de la población de lobos

Esta técnica superaría en eficacia para conocer aspectos científicos de dinámica de la población de lobos a las propias cámaras de fototrampeo, ya que permite además una información total a tiempo real sobre comportamiento, actitudes de caza como ataques al ganado y movimientos de uso del territorio por parte de los grupos familiares de los lobos controlados.

Sin embargo no existe ninguna información que haya trascendido sobre este trabajo iniciado en el año 2017, ni tan siquiera ha sido utilizado en los trabajos de censos anuales de la población de lobos en Asturias, “marcando una estrategia política de hermetismo y un oscurantismo científico sin precedentes en el estudio de la fauna salvaje española desde que hay democracia”, señala.

El censo

Entre los años 2021 y 2025, las cabezas de ganado afectadas por ataques de lobos en Asturias han pasado de 3.000 a 3.893, y el número de grupos familiares a 50 estimando una población de lobos de entre 412 a 460 ejemplares y resultando una media de 8,24 y 9,2 lobos por manada, según los datos que maneja Fapas.

Las cámaras de fototrampeo de la organización ecologista cuestionan los datos del gobierno asturiano. Durante los dos últimos años, el número de lobos que forman parte de un grupo familiar o manada ha bajado exponencialmente, siendo excepcionales las capturas gráficas de grupos familiares de más de cinco ejemplares, siendo ya una norma generalizada la composición de cuatro a tres ejemplares por grupo y una presencia muy acusada de ejemplares solitarios.

La normativa regional

Esta baja poblacional pese a la aplicación de normativas de protección del MITECO, se identifica con la nueva normativa regional que regula la vigilancia de las cacerías en los espacios protegidos, donde se ha anulado la presencia de guardería en el desarrollo de las miles de batidas de jabalí que se llevan a cabo cada año.

“El incremento de daños de la población de lobos en Asturias confirman la teoría científica de que a menor población de lobos con grupos familiares desestructurados y ejemplares solitarios, se incrementan los ataques al ganado”, subraya la organización.

Terraferida ha exigit aquest dilluns que es prohibeixi la construcció de piscines a Mallorca després de constatar en un estudi que l'illa ha sumat des del 2015 més de 10.000, cosa que suposa 1.166 a l'any i 23 cada setmana.

L'entitat ha proposat aquest dilluns en roda de premsa la prohibició definitiva de la construcció de més piscines a Mallorca, llevat de les que siguin públiques o comunitàries. Una altra de les propostes de Terraferida és la prohibició de noves edificacions disperses i la restricció de l'ús del sòl rústic per a usos agraris, naturals i recreatius.

En aquesta línia, els ecologistes han reclamat també que es reclassifiquin els sòls urbanitzables en sòl rústic per impedir noves construccions.

Així mateix, el col·lectiu ha exigit mesures per cobrir les piscines existents quan no s'utilitzin per evitar l'evaporació i la implantació de tarifes progressives en el preu de l'aigua que gravin consums abusius i topalls en els pous de sòl rústic.

El 70% de noves piscines, en sòl urbà

El representant de l'entitat Mateu Vic ha explicat aquest dilluns en roda de premsa que la construcció de piscines d'obra és un fenomen que va “en augment” i ha advertit que el 30 per cent s'ha construït sobre sòl rústic i el 70 per cent restant, en sòl urbà.

Els municipis amb més piscines noves d'obra són Palma, Marratxí, Calvià, Llucmajor, Santanyí, Manacor, Campos, Felanitx, Alcúdia i Pollença. Segons Vic, és “normal” que la capital lideri la classificació en tenir un volum més elevat de població i que els municipis limítrofs segueixin Ciutat.

En aquesta línia, ha destacat el cas d'Inca, que “pel seu nombre d'habitants hi podria pensar que és als llocs alts”, però com que “a penes rep turisme”, no s'han construït tantes piscines d'obra en aquest període. La majoria de les noves piscines d'Inca s'han fet fora del nucli urbà.

Per altra banda, Ariany és el poble en què s'han construït més piscines per cada 10.000 habitants, mentre que Palma és un dels municipis amb una menor taxa. Vic ha concretat que això és degut al volum poblacional.

Segons l'estudi dels ecologistes, la concentració més gran de noves piscines d'obra s'ha produït en urbanitzacions i en localitats costaneres com Sa Ràpita, Santa Ponça, Cala Murada, Colònia de Sant Pere o Can Picafort.

La construcció de noves piscines a Palma “està més dispersa”, encara que en nuclis com Son Vida hi ha hagut una concentració “important”. A més, Terraferida ha denunciat que al residencial Can Domenge, davant el Velòdrom Illes Balears, hi ha 74 piscines, de les quals la majoria són particulars a les teulades de cada habitatge.

Especulació turística

Vic ha assegurat que “les piscines és el primer que es construeix als xalets perquè augmenten el valor turístic” i ha lamentat que suposen una “especulació” en fer-los més “atractius per als turistes o estrangers”. En aquesta línia, ha criticat que “el negoci de Mallorca és el lloguer turístic”.

El col·lectiu ha demanat que es deixin de donar llicències per a la construcció de noves piscines i ha assenyalat que Menorca porta “molt d'avantatge” sobre Mallorca en aquesta matèria.

Terraferida ha sostingut que la instal·lació de noves piscines d'obra comporta “conseqüències socials” com l'encariment del sòl, cosa que “afecta els mallorquins” o una “pujada dels preus de l'habitatge” en general.

Terraferida ha exigido este lunes que se prohíba la construcción de piscinas en Mallorca tras constatar en un estudio que la isla ha sumado desde 2015 más de 10.000, lo que supone 1.166 al año y 23 cada semana.

La entidad ha propuesto este lunes en rueda de prensa la prohibición definitiva de la construcción de más piscinas en Mallorca, salvo las que sean públicas o comunitarias. Otra de las propuestas de Terraferida es la prohibición de nuevas edificaciones dispersas y la restricción del uso del suelo rústico para usos agrarios, naturales y recreativos.

En esta línea, los ecologistas han reclamado también que se reclasifiquen los suelos urbanizables en suelo rústico para impedir nuevas construcciones.

Asimismo el colectivo ha exigido medidas para cubrir las piscinas existentes cuando no se usen para evitar la evaporación y la implantación de tarifas progresivas en el precio del agua que graven consumos abusivos y topes en los pozos de suelo rústico.

El 70% de nuevas piscinas, en suelo urbano

El representante de la entidad Mateu Vic ha explicado este lunes en rueda de prensa que la construcción de piscinas de obra es un fenómeno que va “en aumento” y ha advertido que el 30 por ciento se ha construido sobre suelo rústico y el 70 por ciento restante, en suelo urbano.

Los municipios con más piscinas nuevas de obra son Palma, Marratxí, Calvià, Llucmajor, Santanyí, Manacor, Campos, Felanitx, Alcúdia y Pollença. Según Vic, es “normal” que la capital lidere la clasificación al tener un mayor volumen de población y que los municipios colindantes sigan a Ciutat.

En esta línea, ha destacado el caso de Inca, que “por su número de habitantes cabría pensar que está en los puestos altos”, pero como “apenas recibe turismo”, no se han construido tantas piscinas de obra en este periodo. La mayoría de las nuevas piscinas de Inca se han hecho fuera del casco urbano.

Por otro lado, Ariany es el pueblo en el que se han construido más piscinas por cada 10.000 habitantes, mientras que Palma es uno de los municipios con una menor tasa. Vic ha concretado que esto es debido al volumen poblacional.

Según el estudio de los ecologistas, la mayor concentración de nuevas piscinas de obra se ha producido en urbanizaciones y en localidades costeras como Sa Ràpita, Santa Ponça, Cala Murada, Colònia de Sant Pere o Can Picafort.

La construcción de nuevas piscinas en Palma “está más dispersa”, aunque en núcleos como Son Vida ha habido una concentración “importante”. Además, Terraferida ha denunciado que en el residencial Can Domenge, frente a Velòdrom Illes Balears, hay 74 piscinas, de las cuales la mayoría son particulares en las azoteas de cada vivienda.

Especulación turística

Vic ha asegurado que “las piscinas es lo primero que se construye en los chalets porque aumentan el valor turístico” y ha lamentado que suponen una “especulación” al hacerlos más “atractivos para los turistas o extranjeros”. En esta línea, ha criticado que “el negocio de Mallorca es el alquiler turístico”.

El colectivo ha pedido que se dejen de dar licencias para la construcción de nuevas piscinas y ha señalado que Menorca lleva “mucha ventaja” sobre Mallorca en este materia.

Terraferida ha sostenido que la instalación de nuevas piscinas de obra conlleva “consecuencias sociales” como el encarecimiento del suelo, algo que “afecta a los mallorquines” o una “subida de los precios de la vivienda” en general.

El Ayuntamiento de Haro y el Gobierno de La Rioja vuelven a estar en el centro de las críticas por su gestión del patrimonio natural urbano y la falta de acceso a la información pública. Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente la tala de siete de los árboles más antiguos y de mayor tamaño de la localidad —seis de ellos en la avenida Bretón de los Herreros y uno en la Estación Enológica— en el marco de las obras de acondicionamiento de la carretera LR-202. La actuación ha desatado el malestar de vecindarios y colectivos que lamentan la pérdida de masa arbórea en pleno contexto de crisis climática y aumento de las olas de calor.

La controversia no se limita al impacto ambiental, sino que salpica directamente a la gestión política de la alcaldesa, Guadalupe Fernández. Según remarca la organización ecologista, el equipo de gobierno negó en un primer momento la existencia del proyecto de remodelación viaria. Sin embargo, un informe del Ejecutivo autonómico con fecha de mayo de 2025 —obtenido por el colectivo tras semanas de retrasos— demuestra que la regidora y el concejal de Urbanismo, Rafael García Vargas, participaron en reuniones de trabajo sobre la actuación antes de desmentir públicamente la eliminación del arbolado.

A la falta de explicaciones oficiales se suma la ausencia de avales técnicos para parte de los ejemplares destruidos. Aunque la alcaldesa defendió en el pleno municipal la tala de cinco árboles por presunto mal estado fitosanitario, la ejecución final ha acabado con seis ejemplares en la avenida Bretón de los Herreros, incluyendo uno ubicado en el acceso al futuro hotel de cuatro estrellas de la zona. Ecologistas en Acción solicitó formalmente los informes de evaluación técnica firmados que justificasen la decisión, pero el consistorio alegó no disponer de dicha documentación.

La opacidad denunciada por la organización ambientalista afecta también a los grupos de la oposición. Concejales de la corporación han confirmado al colectivo que se les ha denegado reiteradamente el acceso al expediente completo, a pesar de haberlo solicitado de forma oficial en comisiones y plenos. Desde el colectivo tachan de “preocupante” esta dinámica de gestión que excluye la participación ciudadana y niega el derecho de la ciudadanía y de la representación política a fiscalizar cómo se administran los recursos y el espacio público.

En el plano estrictamente medioambiental, los informes de la propia administración autonómica señalan que el deterioro del arbolado previo derivaba de podas agresivas y una falta continuada de mantenimiento. Frente a las recomendaciones técnicas de emplear especies autóctonas para las reposiciones, el Ayuntamiento está sustituyendo los grandes plataneros y álamos por fresnos de Raywood —una especie ornamental de origen australiano—. Los ecologistas advierten de que esta variedad presenta peor adaptación, mayor vulnerabilidad a plagas y un desarrollo radicular agresivo que tiende a levantar el pavimento.

Ecologistas en Acción ha exigido tanto al Ayuntamiento de Haro como al Gobierno de La Rioja el cumplimiento riguroso de la Ley de Transparencia y la apertura de vías reales de diálogo con los agentes sociales. El colectivo recuerda que la sustitución de árboles de gran porte por ejemplares jóvenes de poco más de un metro no compensa la pérdida de refugios climáticos ni el servicio ecosistémico a corto plazo, por lo que urge a las instituciones a tratar el arbolado como infraestructura viva indispensable para la habitabilidad de la ciudad y no como simple mobiliario urbano prescindible.

Cientos de ibis eremitas que migran cada año desde Alemania hacia el norte de Italia dentro del programa de recuperación europeo LIFE-NBI estarán en el punto de mira de los cazadores por una decisión de las autoridades de la Toscana. Allí, desde septiembre estará permitida la caza indiscriminada del ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus), una especie muy parecida al ibis eremita (Geronticus eremita). Esta similitud, temen los expertos, producirá confusiones y aumentará el número de estas aves protegidas abatidas por disparos, que ya era muy alto.

“Estoy profundamente preocupado porque la caza intensiva del ibis sagrado pueda causar más pérdidas evitables en nuestra población de ibis eremita”, asegura Johannes Fritz, director de Waldrappteam, el equipo que desde hace años guía a estas aves con ultraligeros al norte de Italia y recientemente también al sur de España. “Para una población reintroducida que sigue siendo vulnerable, cualquier riesgo adicional de abatimiento representa una seria preocupación”, sostiene.

La medida, que estará en vigor desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, permite cazar ibis sagrados sin límites diarios ni estacionales de capturas con el objetivo de erradicar a la especie. A diferencia del ibis eremita, que estuvo a punto de desaparecer, el ibis sagrado se ha asentado como especie invasora en Italia y otros países europeos y está incluido en la lista de especies exóticas preocupantes para la Unión Europea. Entre los impactos registrados por estas aves originarias del África subsahariana y de algunas zonas de Oriente Medio se encuentran la depredación de huevos y pollos de aves acuáticas autóctonas y las molestias ocasionadas en las colonias de cría.

“No cuestionamos la necesidad de gestionar la presencia del ibis sagrado”, afirma Angela Di Pumpo, responsable de la campaña contra la caza furtiva para la protección del ibis eremita en Italia. “Sin embargo, albergamos serias dudas de que un régimen de caza extendido a todo el territorio regional y sin límites en el número de capturas represente un instrumento apropiado y proporcionado para hacerlo”.

Siluetas muy parecidas

Tras desaparecer hace siglos de gran parte del continente, el ibis eremita se está recuperando en Europa gracias al proyecto LIFE de la Unión Europea. Actualmente, se trabaja para restablecer una población migratoria mediante actuaciones de conservación coordinadas en varios países, entre ellos España. Desde 2020, la asociación Waldrapp decidió abrir una nueva línea de migración y enseñar a las aves a volar hacia Barbate, en Cádiz, donde vive un grupo de unos 200 ibis eremitas, reintroducidos por un programa del Zoobotánico de Jerez y la Junta de Andalucía.

Miguel Ángel Quevedo, veterinario del Zoobotánico de Jerez que ha participado en la recuperación de esta especie, cree que Italia ha tomado una medida demasiado drástica. Aunque se distinguen en el plumaje, advierte, el ibis sagrado y el ibis eremita se pueden confundir fácilmente por su silueta. “Cuando se trata de erradicar una especie invasora el disparo lo hacen especialistas, es decir, tiradores que saben diferenciar perfectamente”, señala. “Desde mi punto de vista, esa medida estaría bien, siempre y cuando los que disparen no sean cazadores. Lo que propone Italia es que ancha es Castilla: tú te vas al campo y a disparar y matar. Y eso sí es un problema, porque puede haber personas que al atardecer no diferencien un eremita de un sagrado”.

Cuando se trata de erradicar una especie invasora el disparo lo hacen especialistas, es decir, tiradores que saben diferenciar perfectamente. Aquí no se ha hecho

Miguel Ángel Quevedo — Veterinario del Zoobotánico de Jerez que ha participado en la recuperación del ibis eremita

Chúss Fernández, responsable de Waldrappteam en España, se muestra muy preocupada por el impacto que esta media va a tener en una especie mucho más amenazada. Por ahora, señala, la presencia de ibis sagrado en España es todavía muy escasa, pero en Francia están empezando a aumentar. “Me preocupa que sea cuestión de tiempo que termine convirtiéndose en un problema aquí también y que, en un futuro no muy lejano, acabemos encontrándonos en una situación similar”, asegura.

El precedente de Lombardía

Según denuncian desde Waldrappteam, la experiencia reciente en Lombardía, en el norte de Italia, demuestra que su preocupación está muy fundada. Allí, tras el inicio de la caza intensiva del ibis sagrado en esta región en 2025, se confirmó la muerte por disparos de tres ibis eremitas en tan solo tres meses. En comparación, durante los 20 años anteriores solo se habían registrado dos casos confirmados de ibis eremitas abatidos por disparos.

Desde asociaciones como Waldrappteam Conservation and Research y WWF Italia advierten de que esta autorización de la caza de ibis sagrado podría dañar de forma irreparable la reintroducción del ibis eremita. El propio Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental de Italia (ISPRA) se opuso a la medida y advirtió expresamente de que podrían abatirse por error especies protegidas.

Más allá de este caso concreto, también me preocupa la tendencia que estamos viendo hacia políticas cada vez más favorables a la caza, tanto en Italia como en España

Chúss Fernández — Miembro del el proyecto de reintroducción del ibis eremita en España

A este hecho se añade que los disparos ilegales representan ya alrededor del 30% de las muertes de ibis eremitas registradas en Italia. En muchos de los casos documentados, las pruebas disponibles apuntan a la implicación de cazadores con licencia. “El fuerte aumento de las muertes por disparos confirmadas en Lombardía durante el periodo de caza intensiva del ibis sagrado es una advertencia que no podemos ignorar”, afirma Johannes Fritz. “Toscana autoriza ahora la caza en toda la región, sin límites de capturas y con el objetivo expreso de erradicar la especie. Debemos preguntarnos si una medida de este tipo cuenta con una base científica sólida, si es proporcionada y si resulta compatible con la protección de otras especies, entre ellas el ibis eremita, cuya población se está recuperando en Europa”.

“Más allá de este caso concreto, también me preocupa la tendencia que estamos viendo hacia políticas cada vez más favorables a la caza, tanto en Italia como en España”, añade Chúss Fernández. “Creo que deberíamos ir en la dirección de proteger y recuperar las especies y los ecosistemas y no en la de facilitar cada vez más su caza”. “A las causas de mortalidad naturales y las electrocuciones, al ibis eremita se le suma ahora el mayor riesgo de disparo, aunque sea fortuito o accidental”, se queja Miguel Ángel Quevedo. “Después del grandísimo esfuerzo que se está haciendo, esto ya es lo que faltaba”.

Decae uno de los últimos intentos por paralizar en los tribunales el Gran Premio de Fórmula 1 de España, previsto en Madrid del 11 al 13 de septiembre. Una resolución del Tribunal de Instancia número 18 de la capital ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible, dejando vía libre a la competición, pese a que este y otros procedimientos judiciales continúan su desarrollo.

Así, el tribunal no entra al fondo del asunto, pero descarta adoptar medidas preventivas por el impacto negativo que supondría impedir el evento y la asistencia de un elevado número a la cita. La petición buscaba suspender ,mientras se resuelve el procedimiento judicial, la ejecución de las instalaciones necesarias para el evento, entre ellas los espacios de hospitality, las gradas y las pasarelas de acceso. La decisión permite, por tanto, que continúen las actuaciones vinculadas a la preparación del Gran Premio, incluida su celebración, mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La contaminación acústica y medioambiental, la afección a una vía pecuraria y unos humedales en el entorno de Valdebebas o el modo y los tiempos de la tramitación de las obras han sido los principales puntos en los que se han sustentado las diversas denuncias contra la llegada del circuito Madring. Algunas han partido de entidades medioambientales, como la ya citada y la Plataforma Ecologista Madrileña, mientras que Más Madrid ha presentado recursos contra el plan especial en el entorno de Ifema y contra la licencia de las obras. Ninguna de ellas cuenta todavía con una resolución firme que desestime los argumentos, pero tampoco han prosperado cautelares que impidan las carreras.

La noticia conocida este miércoles ha sido comunicada en un acto con medios por parte del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que ha elogiado el “confort jurídico” que respalda al proyecto, según recoge Europa Press. El edil ha detallado que la Sección de lo Contencioso-administrativo ha denegado la solicitud al considerar que la suspensión cautelar provocaría “una perturbación grave de los intereses generales”.

La resolución definitiva de los recursos sigue pendiente

El Gran Premio ultima así su celebración en pocas semanas, mientras crece la movilización vecinal después de que los primeros tests de la categoría F3 (con vehículos de menor potencia) ya hayan superado sensiblemente en las zonas residencias aledañas los decibelios que la legislación permite emitir.

Es uno de los motivos tras la creación de la Plataforma Stop F1 Madrid, que también se ha sumado a las denuncias de oposición y ecologistas sobre la tramitación de la administración para acelerar la edificación del circuito. Estas presuntas irregularidades denunciadas atañen en el caso del plan especial a un emplazamiento injustificado, la falta de necesidad de la instalación, la afección sobre el vecindario a nivel de movilidad y contaminación acústica, la eliminación de más de 700 árboles, la modificación del trazado de una vía pecuaria o la erradicación de humedales en una zona del terreno.

En cuanto a la licencia para llevar a cabo los trabajos, Más Madrid considera que se trata de un “fraude de ley”, al haberse tramitado como un proyecto “temporal” cuando la instalación será permanente, con un acuerdo de 10 años con la Federeación Internacional de Automovilismo (FIA). El objetivo del Consistorio sería, siempre según el partido, evitar una evaluación de impacto ambiental más completa. Esto hubiera provocado mayor tiempo de tramitación y que la construcción no hubiera llegado al ya inmimente mes de septiembre.

La empresa que ultima la mayor piscina de olas de Europa está dispuesta a surfear las críticas. 23.000 metros cuadrados de superficie y 32.000 metros cúbicos de agua potable serán el corazón de Gemswell Surf Madrid, instalación que pretende ir más allá del deporte que le da nombre para ofrecer además otras actividades lúdicas o servicios gastronómicos en uno de los principales reclamos de la ambiciosa (y controvertida) Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid. El plan, muy cuestionado por organizaciones como la Plataforma Ecologista Madrileña por el consumo de agua o por los pormernores de su tramitación, avanza de cara a una apertura prevista en la primavera de 2027.

Sergio García Castillo es managing director de Gemswell Ventures, la compañía detrás del proyecto. Responde por cuestionario a las preguntas de Somos Madrid y recalca que se está ejecutando “dentro de los procedimientos administrativos y de participación establecidos por las administraciones competentes”. Podría parecer una obviedad, pero no hay que dar nada por sentado en uno de los emplazamientos a los que el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, reconocido colchonero, ha dedicado más esfuerzos en los últimos años.

El Gobierno de Cibeles respaldó e impulsó la reconversión del entorno del Estadio Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas, mediante la cesión de tres parcelas que suman 205.000 metros cuadrados durante 75 años. Luego se sumaron los 65.000 metros cuadrados del Centro Acuático, equipamiento que comenzó a construirse pensando en el sueño olímpico y que nunca llegó a culminarse. Por su explotación, el club rojiblanco podrá obtener 95 millones de beneficios anuales, según cálculos municipales. Sin embargo, la recalificación que afecta a esta última parcela (en la que se anunciaron un centro de ocio y un hotel ahora desestimado) sufrió un importante revés en noviembre de 2025, cuando el Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) anuló parcialmente el plan especial del Ayuntamiento por no motivar suficientemente el cambio de uso ni llevar a cabo la correspondiente evaluación ambiental.

García Castillo asegura que la playa de olas se erige cumpliendo “todos los requisitos aplicables a un proyecto de estas características”, así como “los procedimientos administrativos previstos”. Pero en esta entrevista concreta, además, aspectos prácticos: quedan por completarse casi el 70% de las obras, las instalaciones estarán clausuradas alrededor de un mes al año después de Navidad, trabajan en un sistema de precios dinámicos para la venta de entradas en su web y la parcela del recinto dispondrá de 480 plazas de aparcamiento.

PREGUNTA: ¿Cómo surge y se desarrolla la idea de sumarse al proyecto en la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid con una de las iniciativas más llamativas del entorno?

RESPUESTA: Gemswell surge de un grupo de amigos practicantes de surf que comparten los valores asociados a este deporte y detectan la oportunidad de acercarlo a personas que, por vivir lejos de la costa, por falta de tiempo o porque nunca han tenido la oportunidad, no pueden practicarlo con regularidad. A partir de ahí se desarrolla un concepto que va mucho más allá de una instalación deportiva. Gemswell Surf Madrid busca crear una nueva experiencia de ocio urbano en torno al surf, combinando deporte, entretenimiento, gastronomía y bienestar en un mismo espacio.

Elegimos Madrid porque la ciudad reúne unas condiciones especialmente interesantes para hacerlo realidad. Por un lado, por el volumen de población, la capacidad de atracción turística, con una oferta deportiva y de ocio consolidada y en crecimiento: Por otra parte, y aunque pueda sorprender, Madrid se encuentra entre las comunidades españolas con mayor número de federados de surf, algo especialmente significativo al tratarse de una región sin costa.

La oportunidad de integrarse en la Ciudad del Deporte encajó de forma natural con la evolución del proyecto. Gemswell Surf buscaba una ubicación capaz de acompañar una propuesta de estas características y el desarrollo del entorno del Metropolitano ofrecía la posibilidad de formar parte de un nuevo polo de deporte, ocio y entretenimiento con vocación de convertirse en un referente para Madrid.

¿Fue clave precisamente saber que la instalación llegaría junto a múltiples nuevos servicios (un centro comercial, pistas de pádel, un pabellón, recintos de entrenamiento...), además de un Estadio Metropolitano ya asentado?

La ubicación fue, sin duda, uno de los factores clave a la hora de desarrollar el proyecto. Gemswell Surf Madrid se integra en un entorno en el que el deporte es uno de los grandes ejes y que va a concentrar distintas instalaciones y propuestas de ocio, desde el propio Estadio Metropolitano hasta nuevos equipamientos deportivos, comerciales y de entretenimiento.

Además, nos encontramos en un enclave estratégico de Madrid, a unos 10 minutos del aeropuerto y 15 minutos del centro de la ciudad, con muy buenas conexiones tanto por carretera como mediante transporte público. Esto facilita el acceso no solo desde distintos puntos de Madrid, sino también para quienes visiten la ciudad.

Esto hace que puedan generarse sinergias muy interesantes y contribuye a crear un nuevo polo de actividad en Madrid. Para Gemswell Surf, formar parte de este entorno supone una oportunidad para llegar a públicos muy diferentes a través de un destino único en la ciudad, que aporta una nueva propuesta de ocio urbano en Madrid y en la que los usuarios podrán encontrar no solo surf, sino también gastronomía, bienestar y entretenimiento.

Esta confluencia de factores hará que Gemswell Surf Madrid sea uno de los principales destinos de surf de Europa, con una previsión de más de 500.000 visitantes anuales. En resumen, creemos que la combinación es, por tanto, especialmente potente: un entorno de deporte y ocio en pleno desarrollo, una ubicación estratégica y una propuesta como Gemswell, con capacidad para atraer público por sí misma.

El entorno se ubica cerca de una zona tradicionalmente residencial de la ciudad. ¿Han contado con los vecinos en la elaboración del proyecto? ¿Será una instalación más dirigida al turista que al residente habitual?

Queremos que Gemswell Surf sea un proyecto de Madrid y para Madrid, integrado en su entorno y abierto a todos. Nuestro propósito es acercar el surf a cualquier persona, independientemente de su experiencia previa, su edad o su condición física: desde quienes ya practican este deporte hasta quienes quieran descubrirlo por primera vez. Además, como comentábamos, la actividad deportiva se complementará con una propuesta de ocio, restauración y bienestar dirigida a un público muy amplio: familias, niños, jóvenes...

Por supuesto, hemos tenido muy presente desde el inicio el entorno en el que nos ubicamos. Gemswell Surf Madrid se encuentra sobre una antigua explotación de sepiolita que se estaba en desuso, por lo que se ha dado así un nuevo uso a un espacio anteriormente vinculado a una actividad extractiva. Nuestro objetivo es transformar ese espacio en un nuevo equipamiento de ocio, deporte y bienestar que contribuya a generar valor para la ciudad y para los madrileños.

El proyecto se ha desarrollado dentro de los procedimientos administrativos y de participación establecidos por las administraciones competentes, y seguiremos reforzando nuestra relación con el entorno conforme avancemos hacia la apertura en primavera de 2027. En definitiva, queremos que Gemswell sea un proyecto abierto e integrado en Madrid, no pensado únicamente para quienes vienen de fuera, sino también para quienes viven cerca y para el conjunto de los madrileños.

¿Hay alguna estimación de precios?

Todavía estamos trabajando en la configuración definitiva de la propuesta comercial, por lo que sería prematuro adelantar precios concretos. Pero, como mencionaba anteriormente, uno de nuestros objetivos es hacer el surf accesible a todo el mundo. Para ello, estamos desarrollando un modelo de gestión dinámica de la demanda que permitirá adaptar las tarifas en función de distintos factores, como la antelación de la reserva, la época del año o la franja horaria.

A esta flexibilidad se sumará un amplio calendario de apertura: Gemswell estará abierto once meses al año, de lunes a domingo, y contará con un horario amplio, lo que permitirá a los usuarios elegir cuándo disfrutar de la experiencia en función de sus necesidades y disponibilidad.

La reserva anticipada ofrecerá, además, ventajas para el usuario: permitirá asegurar la plaza, elegir con mayor facilidad el programa de olas más adecuado a su nivel y acceder a tarifas más competitivas. De esta forma, buscamos combinar una experiencia de calidad con distintas opciones que permitan acercar la práctica del surf a todos los públicos.

Ecologistas han pedido paralizar la construcción por la falta de una evaluación ambiental [el mismo motivo que desembocó en que la Justicia tumbase la recalificación de otra de las parcelas de la Ciudad del Deporte]. Además, sostienen a partir de datos de la Aemet que cada año se perderán 2.000 metros cúbicos más de los que tiene la piscina (32.000 frente a 30.000) por la evaporación. ¿Les preocupan estas críticas? ¿Es un proyecto realmente sostenible?

Entendemos que un proyecto de esta dimensión genere interés y preguntas sobre su impacto ambiental. Gemswell Surf Madrid cuenta con las autorizaciones, permisos e informes requeridos por las administraciones competentes y ha seguido los procedimientos administrativos y ambientales aplicables. Además, el proyecto cuenta con la certificación internacional BREEAM en nivel Very Good, que reconoce la incorporación de criterios de sostenibilidad desde su fase de diseño.

En el caso concreto del agua, su gestión eficiente ha sido una prioridad desde las primeras fases del proyecto. La laguna funciona mediante un circuito cerrado: tras el llenado inicial, el agua se trata y se reutiliza de forma continua, sin necesidad de vaciarla durante su funcionamiento ordinario. Además, se han incorporado diferentes medidas destinadas a minimizar las necesidades de aportación de agua, entre ellas sistemas de impermeabilización y recuperación de posibles filtraciones, monitorización y detección de fugas para actuar de manera inmediata si fuera necesario, botaolas, así como sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia.

En las zonas ajardinadas se aplicarán además criterios de paisajismo de bajo consumo de agua, priorizando especies adaptadas al clima y con bajas necesidades de riego. La sostenibilidad de Gemswell va, además, más allá de la gestión del agua. El proyecto incorpora medidas de eficiencia energética, generación fotovoltaica para autoconsumo y sistemas de gestión y reducción de residuos.

¿Cómo avanzan las obras? ¿Cuentan ya con todos los permisos para unos trabajos tan delicados? ¿Hay alguna fecha aproximada de apertura, más allá de 2027?

Las obras avanzan conforme a la planificación actual. A fecha de agosto, más de un 30% de la obra está ya completada y seguimos trabajando según lo previsto con el objetivo de abrir en primavera de 2027.

En paralelo, continuamos con los distintos procesos de tramitación y con el cumplimiento de todos los requisitos aplicables a un proyecto de estas características. Gemswell Surf Madrid es una actuación de gran complejidad técnica, constructiva y ambiental, y todos los trabajos se desarrollan conforme a las autorizaciones necesarias para cada fase del proyecto, mientras continúan los procedimientos administrativos previstos.

Somos conscientes de la complejidad del proyecto y nuestra prioridad es que cada fase se complete con todas las garantías. Queremos que la instalación esté perfectamente preparada para ofrecer la mejor experiencia y los máximos estándares de calidad y seguridad desde el primer día.

Han insistido en que Gemswell será mucho más que surf, con una importante oferta de ocio y gastronomía, además del skatepark. ¿Estarán estos servicios en las propias instalaciones o en terrenos anexos? ¿Por qué consideran importante potenciar esta experiencia completa más allá del deporte?

El surf será el corazón del proyecto, con una laguna de 23.000 metros cuadrados -la mayor de Europa- equipada con la tecnología de vanguardia de Wavegarden, que permitirá ofrecer más de 20 configuraciones de olas adaptadas a distintos niveles.

Pero, más allá de ser una instalación deportiva, Gemswell Surf es un destino que combina experiencias deportivas, de ocio, bienestar y gastronomía. Todos estos servicios estarán integrados en el propio complejo. Contaremos con más de 3.000 metros cuadrados dedicados a gastronomía, distribuidos en cinco espacios de restauración, además de retail especializado, propuestas vinculadas a la salud y el bienestar, otras actividades deportivas y un surfskate park de 700 metros cuadrados. Este último estará especialmente vinculado al aprendizaje y a la mejora de la práctica del surf, ya que permitirá trabajar fuera del agua aspectos como el equilibrio, la técnica y los movimientos.

La idea es que Gemswell Surf pueda disfrutarse de muchas maneras. Habrá personas que vengan específicamente a surfear, pero también familias, acompañantes o visitantes que quieran pasar el día, comer, practicar otras actividades, disfrutar de alguna de las cuatro infinity pools o simplemente compartir tiempo en el complejo.

Ese carácter multiexperiencia es una de las claves del proyecto. Queremos crear un espacio en torno a la cultura y los valores del surf, donde el deporte sea el punto de partida, pero donde haya propuestas para distintos públicos y motivos para quedarse más allá de la propia sesión en el agua. En definitiva, buscamos construir un lugar de encuentro y comunidad alrededor del surf y de un estilo de vida activo.

¿Cómo esperan mantener el tirón durante todo el año, más allá de los meses estivales?

Una de las principales ventajas de Gemswell Surf es precisamente que permite desligar la práctica del surf de algunos de sus condicionantes tradicionales: la distancia hasta la costa, la estacionalidad o la dependencia de las condiciones del mar y de la climatología. Gracias a la tecnología de Wavegarden, contaremos con olas constantes y estables durante todo el año, con diferentes configuraciones adaptadas al nivel de cada usuario, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Estamos trabajando en una propuesta muy atractiva y diferencial, que va mucho más allá del surf y combina gastronomía de calidad, distintas opciones de ocio y deporte y espacios específicamente dedicados al bienestar y la movilidad funcional. Esta diversidad nos permitirá ofrecer una experiencia completa y adaptada a perfiles y necesidades muy diferentes: desde surfistas y deportistas hasta familias, jóvenes, acompañantes o personas que simplemente quieran disfrutar de un entorno de ocio, gastronomía y bienestar.

La previsión es que Gemswell permanezca abierto once meses al año, con una única parada programada después de Navidad, que se aprovechará para realizar labores de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones. De este modo, queremos ofrecer una disponibilidad muy amplia y estable durante todo el año, manteniendo al mismo tiempo los periodos necesarios para garantizar que las instalaciones funcionen siempre en las mejores condiciones.

La movilidad es un aspecto muy importante en este tipo de iniciativas y las conexiones de la estación del Metropolitano no son las mejores. ¿Les inquieta este asunto? Ustedes indican en su web que conectará con el centro en 15 minutos, ¿qué entienden por el centro?

La accesibilidad es uno de los aspectos que hemos tenido muy en cuenta en el diseño del proyecto. Gemswell Surf Madrid estará integrado en la Ciudad del Deporte, junto a la estación de Metro Estadio Metropolitano, y contará con diferentes alternativas de acceso tanto en transporte público —Metro y autobús— como privado. En este sentido, recientemente se anunció que la estación de Estadio Metropolitano contará además con un nuevo acceso y un segundo vestíbulo, lo que ampliará su capacidad y mejorará la gestión de los flujos de viajeros, contribuyendo también a optimizar los accesos y recorridos peatonales de Gemswell Surf.

La conexión con la red de Metro es, precisamente, una de las ventajas de la ubicación de Gemswell Surf. Cuando hablamos de una conexión de 15 minutos con el centro nos referimos al tiempo aproximado de desplazamiento en Metro hasta la zona centro de Madrid, tomando como referencia el entorno de Sol [el trayecto desde dicha estación hasta la de Estadio Metropolitano requiere no obstante en torno a 40 minutos y un trasbordo, según Google Maps].

¿Las 3.000 plazas de aparcamiento que mencionan en su web estarán operativas desde el primer momento?

En cuanto al vehículo privado, nuestra parcela contará con 480 plazas de aparcamiento, incluyendo puntos de recarga para vehículos eléctricos y espacios reservados para vehículos compartidos. A estas plazas se suman las más de 3.000 plazas de aparcamiento existentes actualmente en el entorno de la Ciudad del Deporte y cuya ampliación está ya prevista.

Además, la movilidad de la Ciudad del Deporte no se plantea únicamente desde el vehículo privado. El proyecto incorpora infraestructuras para bicicleta y una planificación que favorece también los desplazamientos peatonales y el uso del transporte público. Por tanto, el visitante tendrá posibilidad de elegir entre distintos medios de transporte y podrá acceder de manera ágil y cómoda a nuestro espacio.

De momento solo está abierta la lista de espera. ¿Qué ventajas ofrece? Una vez se produzca la inauguración, ¿habrá distintos tipos de entradas según los servicios a los que se acceda?

La lista de espera es, en esta fase preapertura, una vía para que las personas interesadas puedan mantenerse informadas de primera mano sobre la evolución del proyecto, las novedades de Gemswell Surf y el futuro sistema de reservas.

Justo estamos cerrando la configuración definitiva de la oferta y de las distintas modalidades de acceso, que comunicaremos próximamente. El objetivo es contar con una propuesta flexible y diversa, adaptada a distintos perfiles y frecuencias de uso, tanto para las sesiones de surf como para el resto de servicios y actividades del complejo.

Sí podemos avanzar que estamos desarrollando un sistema de reserva anticipada que permitirá asegurar plaza y franja horaria, elegir el programa de olas más adecuado al nivel de cada surfista y acceder a tarifas más competitivas dentro del modelo de precios dinámicos que estamos diseñando. También estudiamos fórmulas específicas para usuarios recurrentes, como suscripciones u otras modalidades de fidelización.

Se han desarrollado diversos proyectos para dotar a Madrid de su “playa” y la mayoría han acabado por colapsar. ¿Qué creen que les puede diferenciar para que Gemswell sea un éxito?

Gemswell Surf no pretende trasladar el mar a Madrid ni sustituirlo. Es un concepto diferente: una infraestructura deportiva y de ocio construida alrededor del surf que permite acercar su práctica a nuevos públicos y ofrecer condiciones programables y adaptadas a diferentes niveles.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 60 millones de euros, tecnología de generación de olas ya probada internacionalmente y que opera con éxito en distintos destinos internacionales, como The Wave en Bristol (Inglaterra), Lost Shore en Edimburgo (Escocia) o Alaia Bay en Suiza. Y, además de contar con esta tecnología de vanguardia, enriquecemos la experiencia con un modelo que combina surf, formación, ocio, restauración y bienestar para distintos públicos.

Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado una solicitud formal ante el Defensor del Pueblo de España para que analice el régimen cinegético vigente en la comunidad autónoma y evalúe su compatibilidad con el derecho a la propiedad privada. La organización ecologista considera preocupante que, en un territorio donde prácticamente la totalidad de la superficie está integrada en acotados de caza, cualquier propietario que rechace esta actividad en sus parcelas se vea obligado a asumir el coste de cercarlas para poder excluirlas de los cotos.

A juicio de la entidad, esta exigencia vulnera el marco constitucional: “Esta situación debe analizarse a la luz del artículo 33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada, así como de los principios de igualdad y proporcionalidad. El ejercicio de este derecho no debería depender de la capacidad económica de cada propietario”, sostienen en su escrito. Por ello, han pedido a la institución que estudie la normativa riojana y valore alternativas para que los dueños puedan manifestar su oposición mediante un simple procedimiento administrativo, acompañado de la correspondiente señalización, sin que el vallado sea la única vía legal.

En su escrito de alegaciones, la asociación propone darle la vuelta al sistema actual para avanzar hacia una gestión más ordenada y respetuosa con los derechos de los titulares de los terrenos. “Debería invertirse el modelo de manera que, con carácter general, los terrenos públicos y privados queden fuera del aprovechamiento cinegético, salvo aquellos incluidos en cotos u otras figuras cinegéticas o que cuenten con un plan de gestión aprobado que ampare expresamente esta actividad”, argumentan.

Desde Amigos de la Tierra insisten en que “no es razonable” que una persona que no desee el paso de cazadores por sus tierras deba realizar un desembolso económico para hacer efectiva su voluntad. Según defienden, este cambio de paradigma permitiría delimitar con claridad las zonas habilitadas para la caza, revisar el modelo riojano y garantizar una mayor protección de la propiedad privada en el medio rural.

El GOB ha denunciat públicament la situació “inadmissible” de l'aparcament il·legal de Cala Llombards i ha reclamat a Costes i a l'Ajuntament de Santanyí que facin efectiu el seu tancament “immediatament”.

L'organització va denunciar davant les administracions l'ocupació d'aquest espai del domini públic marítim-terrestre (DPMT) fa quatre anys i un procés administratiu i judicial va confirmar les seves evidències, segons ha assenyalat el GOB en un comunicat.

No obstant això, ha lamentat que l'Ajuntament de Santanyí no ha retirat la senyalització de l'aparcament, tal com va ordenar la Demarcació de Costes, ni Costes ha adoptat les mesures necessàries per impedir que els cotxes continuïn aparcant sobre la platja.

Els ecologistes fa anys que adverteixen de la degradació de la zona dunar de Cala Llombards, començant el 2018 quan van denunciar la destrucció amb maquinària d'una formació dunar d'uns 300 metres quadrats situada a la costa nord de la platja.

Posteriorment, la delimitació d'una zona de protecció va permetre una recuperació parcial de la vegetació. No obstant això, han criticat, el manteniment de l'aparcament “ha continuat impedint la recuperació completa” del sistema dunar.

El maig de 2022 el GOB va tornar a denunciar davant Costes, l'Ajuntament, la Conselleria de Medi Ambient i l'Agència de Defensa del Territori l'existència de l'aparcament i va reclamar que, en cas de confirmar-se la il·legalitat, fos clausurat.

Arran d'aquesta denúncia, han explicat, el Servei de Vigilància de Costes va inspeccionar l'espai. L'expedient administratiu, reproduït ara en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, subratlla que l'aparcament està en una superfície catalogada com a platja.

“Per tant, l'estacionament i la circulació de vehicles estan prohibits d'acord amb l'article 72.2 del Reglament General de Costes”, han remarcat els ecologistes, afegint que Costes va constatar que no hi havia cap autorització per ocupar el domini DPMT com a aparcament.

La Demarcació de Costes va demanar a l'Ajuntament que tanqués l'aparcament i va assenyalar que instal·laria cartelleria sobre la prohibició d'estacionar.

L'Ajuntament, sempre segons ha relatat el GOB, va interposar un recurs defensant que disposava d'una autorització concedida el 2018 per delimitar les vies d'accés i sortida de la platja. Un argument rebutjat pel TSJIB el maig passat en una sentència.

Per a l'organització, és “absolutament injustificable” que després de quatre anys de requeriments, expedients i recursos judicials, “la il·legalitat continuï materialment sobre el terreny com si res hagués passat”.

Amb tot, ha reclamat a l'Ajuntament i a Costes que assumeixin les seves responsabilitats i actuïn “de forma immediata”. “La protecció del domini públic i de la zona dunar de Cala Llombards no necessita més expedients ni més anys d'espera: necessita que les administracions facin complir d'una vegada la legalitat”, han conclòs.

El GOB ha denunciado públicamente la situación “inadmisible” del aparcamiento ilegal de Cala Llombards y ha reclamado a Costas y al Ayuntamiento de Santanyí que hagan efectivo su cierre “inmediatamente”.

La organización denunció ante las administraciones la ocupación de este espacio del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) hace cuatro años y un proceso administrativo y judicial confirmó sus evidencias, según ha señalado el GOB en un comunicado.

No obstante, ha lamentado que el Ayuntamiento de Santanyí no ha retirado la señalización del aparcamiento, tal y como ordenó la Demarcación de Costas, ni Costas ha adoptado las medidas necesarias para impedir que los coches continúen aparcando sobre la playa.

Los ecologistas llevan años advirtiendo de la degradación de la zona dunar de Cala Llombards, comenzando en 2018 cuando denunciaron la destrucción con maquinaria de una formación dunar de unos 300 metros cuadrados situada en la costa norte de la playa.

Posteriormente, la delimitación de una zona de protección permitió una recuperación para parcial de la vegetación. Sin embargo, han criticado, el mantenimiento del aparcamiento “ha continuado impidiendo la recuperación completa” del sistema dunar.

En mayo de 2022 el GOB volvió a denunciar ante Costas, el Ayuntamiento, la Conselleria de Medio Ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio la existencia del aparcamiento y reclamó que, en caso de confirmarse la ilegalidad, fuera clausurado.

A raíz de esta denuncia, han explicado, el Servicio de Vigilancia de Costas inspeccionó el espacio. El expediente administrativo, reproducido ahora en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, subraya que el aparcamiento está en una superficie catalogada como playa.

“Por tanto, el estacionamiento y la circulación de vehículos están prohibidos de acuerdo con el artículo 72.2 del Reglamento General de Costas”, han remarcado los ecologistas, agregando que Costas constató que no había ninguna autorización para ocupar el dominio DPMT como aparcamiento.

La Demarcación de Costas pidió al Ayuntamiento que cerrarael aparcamiento y señaló que instalaría cartelería sobre la prohibición de estacionar.

El Ayuntamiento, siempre según ha relatado el GOB, interpuso un recurso defendiendo que disponía de una autorización concedida en 2018 para delimitar las vías de acceso y salida de la playa. Un argumento rechazado por el TSJIB el pasado mayo en una sentencia.

Para la organización, es “absolutamente injustificable” que tras cuatro años de requerimientos, expedientes y recursos judiciales, “la ilegalidad continúe materialmente sobre el terreno como si nada hubiera pasado”.

Con todo, ha reclamado al Ayuntamiento y a Costas que asuman sus responsabilidad y actúen “de forma inmediata”. “La protección del dominio público y de la zona dunar de Cala Llombards no necesita más expedientes ni más años de espera: necesita que las administraciones hagan cumplir de una vez la legalidad”, han concluido.

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha calificado de “errática” la decisión del Gobierno de alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). La entidad considera que la medida carece de coherencia con la política energética estatal aprobada por el Parlamento español y respaldada por la Unión Europea.

La prolongación de la actividad de los dos reactores, fijada en torno a un año y medio para la Unidad I y dos años y medio para la Unidad II, alterará el resto de plazos de cierre previstos para el parque nuclear español. Según señala la organización en una nota, este retraso “compromete” de forma directa el desarrollo de las energías renovables, la implantación de sistemas de almacenamiento y los planes de ahorro energético.

La asociación ecologista advierte asimismo del escenario en el que queda la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Dado que los trabajos previos para la clausura de la planta cacereña ya se habían puesto en marcha, la prórroga hará “muy difícil un desmantelamiento con cuatro centrales en proceso a la vez a partir de 2030”.

Paralelamente, Adenex ha cuestionado la gestión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A su juicio, el organismo regulador ha incurrido en una falta de transparencia ante las “reiteradas incidencias no programadas” registradas en Almaraz, la última de las cuales continúa aún en proceso de reparación.

El empleo en Campo Arañuelo y el precedente de Garoña

En cuanto al impacto socioeconómico en la comarca de Campo Arañuelo, el colectivo rechaza las cifras difundidas por el “lobby pronuclear” y remarca que en la zona ya se ha comenzado a articular un “incipiente tejido industrial” para amortiguar la pérdida de los puestos de trabajo directos, los cuales cifra en “poco más de 800”. Asimismo, recuerda que la fase posterior al apagón garantizará dos décadas de labores de mantenimiento y hasta 70 años de gestión de residuos.

Por último, la organización subraya que el Gobierno central dispone de la capacidad legal de decretar el cierre de las instalaciones incluso en contra de un informe técnico favorable del CSN. Para ello, cita como precedente la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de julio de 2011 relativa a la central de Garoña (Burgos). “Las centrales nucleares no tienen derechos infinitos ni ilimitados”, concluye la entidad.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a las instalaciones auxiliares de suministro eléctrico, inyección de gas y planta de gestión de subproductos orgánicos del proyecto de biogás en Cervera del Río Alhama (expediente 02-NU2026-0023). La organización reclama a la Administración que analice de manera “conjunta y rigurosa” todas las instalaciones y actuaciones necesarias para su funcionamiento, especialmente las relacionadas con el punto de inyección a la red gasista, la planta de odorización, los accesos, las conexiones y las instalaciones auxiliares.

Entre las principales cuestiones planteadas, la organización advierte sobre un “posible fraccionamiento del proyecto”, señalando que una instalación debe evaluarse en su conjunto para no impedir una valoración adecuada de sus “efectos acumulativos y sinérgicos”. En este sentido, sostienen que existe una unidad funcional entre la planta de biogás, la instalación de odorización y el punto de inyección a la red de gas, por lo que solicitan determinar si debieron evaluarse conjuntamente aspectos como las emisiones, el tráfico, los olores, la seguridad industrial, los riesgos y las afecciones a la población.

En relación con el núcleo urbano de Cervera del Río Alhama, las alegaciones destacan que la planta de odorización se proyecta a aproximadamente 585 metros de la población. Aunque matizan que la distancia por sí sola no determina la legalidad del proyecto, consideran necesario valorar sus posibles impactos. Además, señalan que la documentación no identifica ni analiza la presencia de receptores especialmente sensibles situados en el entorno, entre los que citan el colegio público y el Hogar del Jubilado, ambos a una distancia aproximada de 1.000 metros.

El escrito de la organización pone también de manifiesto una importante discrepancia económica respecto al coste de la infraestructura de conexión a la red de transporte de gas. Mientras la empresa promotora, BPower, estima el presupuesto en 942.880 euros, el informe de Enagás eleva el coste a 1.911.816 euros, lo que supone un incremento superior al 102 % (968.936 euros más). A ello añaden que la oferta de condiciones de conexión expiró el 1 de julio de 2026 sin que conste acreditado que la promotora la hubiera aceptado o cumplido los requisitos en plazo, por lo que reclaman que se certifique su vigencia.

Asimismo, Ecologistas en Acción denuncia una “insuficiente definición” de las obras de conexión, al considerar que la memoria no detalla el trazado, los movimientos de tierra ni los accesos necesarios. También apuntan que la descripción de las instalaciones auxiliares en el Estudio de Integración Paisajística no coincide con las especificaciones técnicas marcadas por Enagás y reclaman un análisis suficiente de los riesgos asociados al punto de inyección y al gasoducto.

Por otra parte, la organización saca a la luz contradicciones internas en la documentación del expediente. Por un lado, el Estudio de Incidencia Territorial condiciona la viabilidad a la implantación de medidas correctoras, mientras que el Informe de Impacto Arqueológico concluye expresamente que no considera necesario establecer medidas en materia de patrimonio. Por otro lado, mientras la Incidencia Territorial afirma que no existen vías pecuarias en la zona, el Estudio de Integración Paisajística reconoce que determinados tramos coinciden con una vía pecuaria clasificada.

Finalmente, el colectivo denuncia deficiencias en el Estudio de Integración Paisajística respecto al impacto visual de la conexión gasista y critica la falta de documentación gráfica, como fotografías, fotomontajes o simulaciones exigidas por la Guía para la elaboración de Estudios de Integración Paisajística en La Rioja. Por todo ello, Ecologistas en Acción concluye que la planta de biogás “no puede analizarse de manera aislada” y exige a la Administración una evaluación “completa y transparente” antes de tomar una decisión definitiva.

Amigos de la Tierra La Rioja reclama al Gobierno de La Rioja la instalación de una estación fija de medición de la calidad del aire en Rioja Alta, una comarca que actualmente no cuenta con ningún punto de control dentro de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire.

En la actualidad, La Rioja dispone de cinco estaciones de medición, situadas en Logroño, Alfaro, Arrúbal, Galilea y Pradejón, pero ninguna de ellas se encuentra en Rioja Alta. Esta situación impide conocer de forma directa y continuada la calidad del aire que respira la población de la comarca y dificulta la evaluación de posibles episodios de contaminación.

La necesidad de contar con mediciones quedó especialmente patente durante los dos incendios registrados en el vertedero de Nájera, así como en los incendios ocurridos en las instalaciones de ASIDER, en Casalarreina. En estos episodios, la ausencia de una estación de medición en Rioja Alta impidió disponer de datos representativos sobre la calidad del aire y conocer con precisión la posible exposición de la población a los contaminantes generados.

La calidad del aire es un factor esencial para la protección de la salud pública y del medio ambiente. Disponer de mediciones permite detectar episodios de contaminación, evaluar la exposición de la población, adoptar medidas preventivas y ofrecer información transparente a la ciudadanía. Sin datos, no es posible conocer qué aire estamos respirando ni valorar adecuadamente los riesgos.

Además, Rioja Alta reúne diferentes factores que hacen necesario reforzar la vigilancia ambiental, como la presencia de actividad industrial y agroalimentaria, importantes vías de comunicación y tráfico de mercancías, así como la posibilidad de episodios de contaminación derivados de incendios industriales, agrícolas o forestales.

Por este motivo, desde Amigos de la Tierra La Rioja han solicitado de forma dirigida a la Dirección General de Calidad Ambiental para reclamar la instalación de una estación fija de medición en Rioja Alta y, mientras esta se hace realidad, el uso de unidades móviles durante episodios de contaminación o emergencias ambientales.

La iniciativa cuenta ya con el apoyo y será presentada también por el Ayuntamiento de Bañares, Madres por el Clima La Rioja, la Plataforma Ciudadana Stop Biometano en Hervías y la Asociación de Desarrollo del Alto Ebro, sumando el respaldo de una administración local y de diferentes organizaciones y colectivos ciudadanos.

Asimismo, piden que se haga público el protocolo autonómico de actuación ante episodios de mala calidad del aire, con el fin de conocer qué niveles de contaminación activan las actuaciones, qué medidas se aplican para proteger a la población y si se contemplan restricciones temporales a las actividades más contaminantes cuando exista un riesgo para la salud pública.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja consideran que la vigilancia de la calidad del aire debe garantizarse de manera equilibrada en todo el territorio. “Rioja Alta no puede seguir siendo un punto ciego en el mapa de la calidad del aire de La Rioja”, señalan. “No se puede proteger lo que no se mide. La ciudadanía tiene derecho a saber qué aire respira y qué medidas adoptan las administraciones cuando se producen episodios de contaminación. Pedimos una red de vigilancia suficiente, transparente y que garantice la protección de toda la población, independientemente del lugar donde viva”.

¿Qué podría unir al influencer que sube un vídeo a la plataforma TikTok sobre la última novedad de chocolate de Dubai con la lucha de los vecinos y vecinas de la localidad madrileña de Valdetorres de Jarama? La fiebre del pistacho hace años que llegó para quedarse y las empresas lo aprovecharon. Pero esa moda de utilizar este fruto seco tiene consecuencias, no solo por la enorme cantidad de agua que se necesita para su cultivo, sino que también puede suponer un auténtico “atropello” medioambiental, según denuncian desde hace años ecologistas y personas que conviven con un macroproyecto del pistacho: vallado de caminos públicos, tala de árboles centenarios, animales salvajes afectados... Y, de fondo, críticas a la “connivencia” de las administraciones.

Los vecinos del municipio madrileño llevan denunciando la situación desde 2022, después de que la empresa Sancorganic S.L.U., del grupo SANCOR CAPITAL, aterrizase en la zona. Según la empresa, tienen 500 hectáreas compradas con miles de árboles, pero planean expandirse hasta los 200.000 ejemplares. La Asociación Vecinal Somos Silillos, una de las principales afectadas, critican que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid toman medidas efectivas que pongan coto a la compañía: “La empresa ocupa y cierra lo que interesa”, lamenta un integrante de la asociación, que resume la situación: “Pistachos de sangre y alambre”.

El problema es que la finca comprada está al lado del río Jarama y mucho de ese terreno se encuentra junto a zonas protegidas por la Red Natura 2000. Según la propia web de la Comunidad de Madrid, el término municipal de Valdetorres de Jarama se incluye en dos listados: el de zona de especial conservación y el de zona de especial protección para las aves. “En el 90% de la superficie de este espacio protegido predomina el uso agrícola de cereal, que ha conformado una estepa cerealista”, incluyen en la página institucional.

Sin embargo, el cultivo de pistacho es muy diferente del de cereal: necesita mucha más agua y una orografía concreta, lo que, según denuncian los vecinos y asociaciones ecologistas, ha llevado a arrancar varios fresnos centenarios “con el pretexto de aprovechamiento forestal”. Uno de estos ejemplares era el conocido como Viejo Fresno de Silillos, un “majestuoso” árbol centenario que se taló hace dos años pese a las protestas, aunque hay más casos de encinas y olivos también arrancados.

La empresa asegura que las fincas compradas “estaban sin usar” y defienden el vallado para proteger los árboles. En declaraciones a elDiario.es, explican que los caminos afectados no son públicos “como tal” y sobre las talas de árboles argumentan que se han pedido los permisos necesarios a la Comunidad de Madrid. “Somos conscientes de que los terrenos que conforman la finca estuvieron abandonados” y que “algunos vecinos los utilizaban para dar paseos”, dicen.

“Hemos definido un plan de negocio con el que esperamos generar un retorno positivo en sentido amplio. Y no hablamos solo del aspecto económico, nosotros estamos convencidos de que la plantación de los árboles de pistachos va a generar un impacto positivo en toda el área y, además, será sostenible en el tiempo”, aseguran por correo electrónico.

Petición a la Comunidad para deforestar 56 hectáreas

Una de las últimas peticiones que ha hecho la empresa este mismo año a la Comunidad de Madrid tiene como objetivo cambiar a cultivo de pistacho una extensión de 56 hectáreas. Los afectados denuncian que se trata de bosque y sotobosque ubicado en la ribera del Jarama, un espacio de “máxima protección medioambiental”. En caso de aprobarse, lamentan los vecinos, se hará “sin reparar en la ya torturada biodiversidad” del ecosistema. La empresa ha hecho la petición al gobierno autonómico, que ya ha emitido un informe favorable este año con algunas restricciones.

Una de las medidas compensatorias exigidas es la reforestación de 124 hectáreas, pero en otro municipio, en Fuentidueña del Tajo, una solución que vecinos y asociaciones ecologistas no consideran como tal alegando que carece de sentido al tratarse de un terreno a kilómetros de distancia. Prevén cómo terminará la petición: “La Comunidad autorizará esta barbaridad contra el medio ambiente, que arrasará más de medio millón de metros cuadrados de pura naturaleza y biodiversidad”, aseguran. Y apuntan también al Ayuntamiento: “No ha hecho ningún tipo de objeción”. “Una vez más el pueblo de Valdetorres de Jarama está siendo humillado por la empresa”, afirman.

Además, en las épocas de lluvias, se crean lagunas naturales y humedales que son parte del ecosistema de la zona. Si se plantan pistachos, previsiblemente este humedal podría desaparecer al cambiar la orografía. “Recientemente, hemos recibido autorización de la Comunidad de Madrid para el cambio de uso de forestal a agrícola de unos terrenos que forman parte de la finca de Silillos. Cabe señalar que los terrenos calificados como forestales apenas suponen un 10% de la finca, el resto está calificado como agrícola. Sancorganic no ha plantado ningún árbol de pistacho en estos terrenos que estaban pendientes del cambio de uso”, argumentan desde la compañía.

Caminos rurales tradicionales cortados y animales atrapados

Una de las primeras actuaciones de la empresa por la que comenzaron los choques fue cuando vallaron el terreno, cerrando varios caminos rurales tradicionales “utilizados durante generaciones” para acceder al río Jarama. Ahora, según critican los vecinos, hay ya un total de cinco caminos cortados, lo que dificulta el paso sobre todo a personas con movilidad reducida, que tienen que dar un rodeo. Pero es que además, los residentes indican que los cerramientos se han extendido incluso a zonas verdes públicas del término municipal: “El Ayuntamiento permite su ocupación privada”, lamentan. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento, pero no ha obtenido respuesta.

El problema no se limita solo a la zona cortada. También tiene que ver con qué se hacen esos cerramientos, unos cercos que los vecinos han apodado como la “valla de la muerte”. Remiten unas imágenes de 2022 y 2023 que permiten saber el porqué de ese nombre.

Según denuncia la asociación vecinal y las plataformas ecologistas, los animales mueren en muchas ocasiones al no poder salir del vallado para llegar al río Jarama y beber. Después de la polémica cuando salieron las primeras fotografías, la empresa asegura haber tomado algunas medidas, como la apertura de puertas en el vallado, la instalación de puntos de agua dentro del terreno o de rampas. Desde la compañía aseguran que los vídeos e imágenes se remontan al año 2022 y que desde entonces no han “vuelto a observar ningún problema”.

Aun así las declaraciones de Sancorganic no terminan de convencer a los vecinos: “Dicen y dicen, pero a día de hoy, algo parecido a dos rampas están inutilizadas por la vegetación y dentro de la finca dicen que ponen agua, pero es para un rebaño de ovejas que tienen en un rincón. No hay pasos de fauna, a través de los alambrados solo pueden pasar conejos y animales de similar tamaño. Los grandes imposibles”. Además, indican a este diario que siguen viendo animales atrapados dentro del terreno vallado.

Denuncias contra la empresa y sanciones “insuficientes”

La empresa acumula ya varias denuncias por parte de agentes forestales, SEPRONA e incluso el Ministerio de Transición Ecológica por las muertes de los corzos o la afectación de la vegetación. La mayor multa hasta la fecha por la actividad de la empresa vino por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, con hasta 212.149 euros al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama. También la Comunidad de Madrid ha llegado a abrir ocho expedientes a la empresa, de los cuales uno de ellos acabó en sanción. Multas que los vecinos consideran “insuficientes” y que no solucionan las críticas que llevan años repitiendo.

Por ahora, una parte de los vecinos, especialmente los más próximos a la finca, continúa su batalla que viene desde hace años y se siguen sumando las críticas, mientras la empresa asegura que existe una interlocución con los afectados y que intentan tomar medidas para solucionar la situación, ya que “la intención es tener una buena relación”, aseguran. Mientras, los vecinos de Los Silillos miran con escepticismo las palabras de la compañía y esperan que, de alguna manera, la situación pueda mejorar.

Més d’una desena d’entitats —socials, ecologistes, veïnals i en defensa de l’aigua— han denunciat aquest divendres els abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Torrent de sa Font, un curs d’aigua que desemboca directament al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

La contaminació supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua, una entitat que advoca per millorar la política hídrica de les Pitiüses. Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

L’Aliança per l’Aigua explica que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Les entitats han anunciat, a més, que remetran l’informe i els resultats de les anàlisis a la Fiscalia de Medi Ambient i al Seprona de la Guàrdia Civil perquè investiguin els presumptes incompliments detectats. Així mateix, reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de Salut per avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del Parc Natural de ses Salines.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva Europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments són especialment greus”

“Els incompliments detectats són especialment greus”, sostenen les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesos en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent. “La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, explica a elDiario.es Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, argumenta que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, lamenta, i afegeix que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades.

“A això s’hi suma un tercer problema: s’estan fent abocaments d’aigües insuficientment depurades a l’entorn d’un parc natural”, resumeix. Malgrat tot, Tur recorda que AENA preveu destinar 230 milions d’euros a una ampliació de l’aeroport que promou, entre altres qüestions, una sala VIP més gran. “Nosaltres diem que menys sala VIP —que ja ens n’estan afartant— i més complir la normativa i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals. Si volen ampliar la capacitat de l’aeroport fins als 11 milions de passatgers, abans haurien de garantir que les instal·lacions bàsiques, com la depuradora, funcionen correctament i compleixen la legislació”, adverteix.

Hazel Morgan, portaveu de l’associació ecologista Amics de la Terra, ha qualificat de “vergonyós” que AENA no sàpiga gestionar els recursos necessaris per a la terminal i ha considerat que el que està fent la gestora aeroportuària és “totalment il·legal”: “Pretenen fer l’ampliació sense fixar-se en aquestes qüestions; si necessiten més espai per als països no Schengen, que eliminin les botigues Duty Free per guanyar-lo”, afegeix Morgan.

Fonts d’AENA responen aelDiario.es que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins dels límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i al consum d’aigua, així com les analítiques i els informes que siguin d’aplicació, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent. “Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “a utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Risc sanitari

Dels mostrejos promoguts per l’Aliança per l’Aigua es desprèn que el pitjor resultat es va registrar el 8 de juliol, quan la contaminació orgànica va assolir un nivell 17 vegades superior al permès i els sòlids en suspensió van arribar a multiplicar per 18 el límit legal. Les anàlisis realitzades el 12 i el 25 de juny i el 22 de juliol també van detectar incompliments, sense que s’hi apreciés cap millora. Les entitats adverteixen que el problema és especialment preocupant perquè l’aigua tractada s’aboca al Torrent de sa Font, que desemboca al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000.

El Torrent de sa Font neix a la serra Grossa, a uns 160 metres d’altitud, i recorre prop de nou quilòmetres fins a desembocar a la platja des Codolar. En el seu recorregut travessa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, s’uneix a un altre torrent i voreja les instal·lacions de l’aeroport abans d’arribar a la mar. En aquest darrer tram, conegut com a torrent des Rafal, la llera travessa una zona pràcticament plana fins a desembocar a l’entorn del parc natural.

Les anàlisis també posen el focus en el risc sanitari. La normativa permet un màxim de 200 unitats del bacteri E. coli per cada 100 mil·lilitres d’aigua quan aquesta es reutilitza per regar parcs i jardins, un ús que l’aeroport dona a part de l’aigua tractada. Tanmateix, en les mostres recollides les anàlisis van superar les 2.420 unitats per cada 100 mil·lilitres, el màxim que el mètode emprat era capaç de mesurar. Això significa que la concentració real podria ser encara més elevada, lamenten les entitats. En qualsevol cas, insisteixen que els resultats multipliquen per almenys dotze el límit legal.

Descarten que siguin fets aïllats

Les organitzacions adverteixen que l’aigua abocada acaba al Torrent de sa Font i, des d’allí, a la platja des Codolar, per la qual cosa temen que la contaminació fecal pugui arribar a una zona de bany i suposar un risc per a la salut pública. Per això reclamen que se suspengui cautelarment la reutilització d’aquesta aigua per al reg fins que se’n garanteixi la qualitat i que les administracions duguin a terme controls urgents tant als jardins de l’aeroport com a les aigües de bany des Codolar.

Els resultats descarten que es tracti d’un episodi aïllat, apunta l’Aliança per l’Aigua. Els incompliments es van repetir en les quatre campanyes realitzades entre juny i juliol, sense que les anàlisis reflecteixin cap millora, fet que, al seu parer, apunta a “un problema estructural de la depuradora més que no a una avaria puntual”. L’entitat sosté que la instal·lació ja és incapaç de tractar correctament el volum actual d’aigües residuals, una situació que considera especialment preocupant davant l’ampliació de l’aeroport projectada per AENA.

La denúncia arriba, a més, en un moment de creixent contestació social al projecte d’ampliació de la infraestructura aeroportuària. En les darreres setmanes, nombroses organitzacions ecologistes i veïnals han signat un manifest contra els plans d’AENA i el grup ecologista GEN-GOB també ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui l’abastiment d’aigua potable de l’aeroport per presumptes extraccions il·legals d’un pou. A parer de l’Aliança per l’Aigua, les noves anàlisis evidencien que les infraestructures ambientals de l’aeroport ja presenten mancances amb la capacitat actual.

Les entitats exigeixen ara a AENA que faci públiques les dades tècniques de la depuradora, com la seva capacitat de tractament, el volum d’aigua que processa i el cabal que aboca, a més d’acreditar que disposa de les autoritzacions necessàries per a l’abocament i la reutilització de l’aigua. També reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics —dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua— i de la Conselleria de Salut per “avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del parc natural”.

Más de una decena de entidades –sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua– han denunciado este viernes los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, un curso de agua que desemboca directamente en el Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La contaminación supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua, una entidad que aboga por mejorar la política hídrica de las Pitiüses. Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.

La Alianza por el Agua explica que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Las entidades han anunciado además que remitirán el informe y los resultados de los análisis a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil para que investiguen los presuntos incumplimientos detectados. Asimismo, reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Conselleria de Salud para evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de Es Codolar ni para el entorno del Parc Natural de ses Salines.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos son especialmente graves”

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostienen las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente. “La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explica a elDiario.es Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumenta que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamenta y añade que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas.

“A eso se suma un tercer problema: se están realizando vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural”, resume. Pese a todo, Tur recuerda que AENA prevé destinar 230 millones de euros en una ampliación del aeropuerto que promueve, entre otras cuestiones, una sala VIP más grande. “Nosotros decimos que menos sala VIP –que ya nos están hartando– y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales. Si quieren ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros, antes deberían garantizar que las instalaciones básicas, como la depuradora, funcionan correctamente y cumplen la legislación”, advierte.

Fuentes de AENA responden a elDiario.es que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon. “Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Riesgo sanitario

De los muestreos promovidos por la Alianza por el Agua se desprende que el peor resultado se registró el 8 de julio, cuando la contaminación orgánica alcanzó un nivel 17 veces superior al permitido y los sólidos en suspensión llegaron a multiplicar por 18 el límite legal. Los análisis realizados el 12 y el 25 de junio y el 22 de julio también detectaron incumplimientos, sin que se apreciara ninguna mejora. Las entidades advierten de que el problema es especialmente preocupante porque el agua tratada se vierte al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Torrent de sa Font nace en la serra Grossa, a unos 160 metros de altitud, y recorre cerca de nueve kilómetros hasta desembocar en la playa de es Codolar. En su camino atraviesa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, se une a otro torrente y bordea las instalaciones del aeropuerto antes de llegar al mar. En ese último tramo, conocido como torrent des Rafal, el cauce atraviesa una zona prácticamente llana hasta desembocar en el entorno del parque natural.

Los análisis también ponen el foco en el riesgo sanitario. La normativa permite un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros de agua cuando esta se reutiliza para regar parques y jardines, un uso que el aeropuerto da a parte del agua tratada. Sin embargo, en las tomas de muestras recogidas los análisis superaron las 2.420 unidades por cada 100 mililitros, el máximo que el método empleado era capaz de medir. Esto significa que la concentración real podría ser todavía mayor, lamentan las entidades. En cualquier caso, insisten en que los resultados multiplican por al menos doce el límite legal.

Descartan que sean hechos aislados

Las organizaciones advierten de que el agua vertida acaba en el Torrent de sa Font y, desde allí, en la playa de es Codolar, por lo que temen que la contaminación fecal pueda llegar a una zona de baño y suponer un riesgo para la salud pública. Por ello reclaman que se suspenda cautelarmente la reutilización de esta agua para riego hasta que se garantice su calidad y que las administraciones realicen controles urgentes tanto en los jardines del aeropuerto como en las aguas de baño de es Codolar.

Los resultados descartan que se trate de un episodio aislado, apunta la Alianza por el Agua. Los incumplimientos se repitieron en las cuatro campañas realizadas entre junio y julio, sin que los análisis reflejen ninguna mejora, lo que, a su juicio, apunta a “un problema estructural de la depuradora más que a una avería puntual”. La entidad sostiene que la instalación ya es incapaz de tratar correctamente el volumen actual de aguas residuales, una situación que considera especialmente preocupante ante la ampliación del aeropuerto proyectada por AENA.

La denuncia llega, además, en un momento de creciente contestación social al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto contra los planes de AENA y el grupo ecologista GEN-GOB también ha pedido a la Guardia Civil que investigue el abastecimiento de agua potable del aeropuerto por presuntas extracciones ilegales de un pozo. A juicio de la Alianza por el Agua, los nuevos análisis evidencian que las infraestructuras ambientales del aeropuerto ya presentan carencias con la capacidad actual.

Las entidades exigen ahora a AENA que haga públicos los datos técnicos de la depuradora, como su capacidad de tratamiento, el volumen de agua que procesa y el caudal que vierte, además de acreditar que dispone de las autorizaciones necesarias para el vertido y la reutilización del agua. También reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos –dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– y de la Conselleria de Salud para “evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de es Codolar ni para el entorno del parque natural”.