Como ocurre en Vitoria o antes en Donostia, en Pamplona también empieza a haber personas procedentes de Malí pernoctando en la calle. Llevan ya unas semanas. Su país está sumido en una grave crisis, España recomienda no viajar allí, pero quienes vienen huyendo del horror se encuentran con un tapón burocrático para ser reconocidos como refugiados.

A pesar de que el aula se encontraba a unos 25 grados, los doce alumnos a los que hoy Ana San Martín ha impartido su primera clase de castellano llevaban mínimo tres capas. “Por lo visto siempre tienen siempre frío”, cuenta la voluntaria, maestra jubilada. Y es normal, porque en Malí en ese mismo día hacía 40 grados, la temperatura media diurna del país durante la primavera. Bahamadou, Moussa o Kaká son algunos de sus alumnos, parte de la veintena inmigrantes malienses que desde hace dos meses viven a la intemperie en un extremo de un parque del centro de la capital de Navarra. Todo lo que tienen cabe debajo de un banco, que ese día, por primera vez desde abril, se quedó vacío.

“Les conocí hace dos meses porque pasé por la zona con el coche”, recuerda la vecina que los puso en contacto con el Punto de Información Para Personas Migradas (PIM-MIG). Los vio alrededor del banco, “con botellas, bebiendo agua y zumos y lavándose en la fuente”, describe. Tras “darles un donativo”, la mujer volvió a casa y pensó que “estarían sin comer”. Así que volvió y “con dos de ellos” fue a un supermercado y compró “comida para los otros 18”. “Pan, queso, latas de pescado, fruta... Me decían que gastaba mucho”, describe. La mujer, que no se conformó con esa acción puntual, una vez descargó la compra llamó al PIM-MIG para poner en contacto a los malienses con los servicios disponibles. “Imprimí un plano de Pamplona y, como pude, les dije a dónde debían ir y cuándo. Y con los vecinos [del barrio] hemos conseguido de nuestros hijos ropa, calzado, mantas y demás cosas”, explica.

“Igual ahora en Pamplona hay 200 personas en la calle, pero no se nota porque están más escondidos. Sin embargo, estos se han plantado en medio de la ciudad, en un sitio muy céntrico, y no son una nacionalidad típica”, explica Carmen Lacunza, miembro de PIM-MIG. A pesar de la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, “necesitan mantas y sacos de dormir”. Desde la asociación, también dan clases de castellano, actualmente el único lugar en donde apuntarse hasta septiembre y a las que los malienses han acudido en bloque.

“La mayoría son agricultores que, según han contado, se les obligaba a pelear y a luchar. Y ellos no querían”, traduce la profesora San Martín recuperando “el poco francés que estudió de pequeña” y que hoy ha hecho de intérprete para este periódico. “Dicen que el Gobierno no puede hacer nada con las guerrillas, que combaten en todas las regiones”. Desde el golpe de Estado de 2021, Mali está gobernado por una junta militar y la violencia continúa marcando el país. La expansión de grupos yihadistas y la persistencia de la rebelión tuareg, origen de una crisis que se remonta a 2012, han agravado la inseguridad y los enfrentamientos armados en amplias zonas del territorio. Los malienses asentados en el parque frente a la Casa Misericordia llegaron a España por separado entre noviembre y marzo, muchos de ellos en patera desde las costas de Argelia tras haber atravesado a pie el desierto del Sáhara. Ahora, esperan poder tramitar sus peticiones de asilo, que ya en 2024 se dispararon un 700% en los ciudadanos malienses en España. Y en 2025 han seguido creciendo.

Según cuentan, “en África solo se habla de España, no se piensa en ningún otro [país al que emigrar]”. A pesar de la dificultad que supone no conocer el idioma, todos asienten cuando uno de ellos afirma que “todo es más fácil aquí” que en Francia. “Aquí no tengo miedo a ir al hospital o hablar con la Policía y con la gente, en Francia sí”, cuenta uno de ellos, que tiene esperanza en poder regularizarse para “trabajar y traer a su mujer y a sus hijos”. “Aquí el Gobierno es mucho más fácil todo”, afirma otro, a pesar de dormir a ras de suelo con sacos de dormir, no tener dinero para comer y ser alguno de sus compatriotas analfabetos. “La mayoría son gente [culturalmente] inocente”, comenta Lacunza sobre las expectativas de los malienses. La “obsesión” que tenían al llegar a Pamplona era encontrar un lugar en donde poder dormir, pero “todo está desbordado”, explica la miembro de PIM-MIG.

PIM- MIG, Punto de Información para Personas Migradas, fue “creado por activistas” y voluntarios que “defienden a las personas migrantes en la lucha por sus derechos”. Muchos de ellos eran parte de Iruñea Ciudad de Acogida, una iniciativa ciudadana que buscaba “movilizar la solidaridad” hacia aquellas “personas que sufren violencias” de conflictos armados, hambrunas y falta de recursos. Sin embargo, no eran conscientes de lo que “ocurría en el kilómetro cero” porque el impacto no iba más allá de “hacer concentraciones e imanes”, explica Lacunza, miembro del punto de información desde su creación. Todo cambio cuando “desde Andalucía mandaron para acoger a un joven menor”, el primero de Navarra. “Fuimos a buscarle dos compañeros y yo y no sabíamos qué hacer con él. No sabíamos a dónde mandarle ni a qué ventanilla ir, que luego ni siquiera las había. Entonces dijimos que hacía falta crear esa ventanilla y montamos el punto de información para explicar qué recursos había [para las personas migrantes recién llegadas]”, como la gestión del padrón, el acceso a la Sanidad pública, clases de castellano o la petición de arraigo y asilo .

“En el momento en el que empezamos a acompañar [a esas personas a las instituciones y servicios] empezó a venir muchísima gente”, la mayoría de ellos marroquíes y argelinos “porque son los que tienen más dificultad de llegar a ninguna parte”. A pesar de que se han impulsado desde las instituciones programas de acogida y algunas ONG también pueden darles cierto soporte, desde PIM-MIG denuncian que “queda mucha gente por atender” y que “hay muchas dificultades” para completar los trámites necesarios. Un problema que “no solo se da en Pamplona”, sino en “todo extranjería de todo el Estado [español]”. “Está todo petado”, tanto los lugares de acogida como puntos de información y comedores.

“También enseñamos castellano a muchos magrebíes, un ucraniano, hace poco ha llegado un ruso y otro día me llamaron para apuntar a un nigeriano”. Al igual que Apoyo Mutuo, asociación que, además de guiar a los migrantes durante su proceso de regularización, atiende a personas sin hogar y proporcionan recursos básicos como alimentos y ropa, los integrantes de PIM-MIG reparten a los inmigrantes sin techo materiales para poder pasar la noche lo mejor posible o les indican donde están los comedores, organizando ellos mismos un comedor un día. “Teníamos muy claro desde el principio que queremos dar a todos”.

“Hoy lo que me han pedido es que les imprima vocabulario y apuntes para poder estudiar mientras están en la Vuelta del Castillo”, cuenta San Martín de sus nuevos alumnos, que a pesar de jubilarse no se ha despegado de su vocación. Allí, donde la vecina que los ayudó por primera vez, intentarán avanzar en el camino de querer “ser españoles”. “¿Que cómo son?”, repite la mujer, “educados, limpios (tanto ellos como con los residuos de la comida), amables, agradecidos, simpáticos. No son pesados, siempre les parece bien todo lo que se les hace”. Una imagen que, según explica Lacunza, contrasta mucho con la impresión de otras personas personas que se cruzan con ellos. “He oido decir que como vienen de Malí, y hay una guerra, estarán acostumbrados a asesinar. Ese es también problema nivel social”, lamenta.

La costa sur de la Región de Murcia lleva años acostumbrándose a convivir con dos realidades incómodas: la llegada periódica de embarcaciones con personas migrantes y la expansión silenciosa de las redes vinculadas al narcotráfico marítimo. El grupo municipal de Vox en Lorca —que desde 2023 gobierna este municipio junto con el Partido Popular— ha colocado ambos asuntos en el centro de la agenda política local, después de defender en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, una batería de medidas contra las llamadas “pateras taxi” y las narcolanchas que operan en distintos puntos del litoral lorquino. José Martínez, edil de esta formación y responsable de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, asegura que la situación “ha desbordado la capacidad de vigilancia” del ayuntamiento, al tiempo que reclama más medios policiales y controles en la costa.

El anuncio de Vox llega en un contexto especialmente sensible. Apenas unos días antes, el 10 de mayo de 2026, una patera con 24 inmigrantes a bordo fue interceptada en Cala Blanca, en el diseminado de la pedanía lorquina de Garrobillo. Aquella imagen —la de un grupo de personas exhaustas llegando a una cala semidesierta del litoral murciano— volvió a sacudir a los vecinos de la zona, acostumbrados ya a ver dispositivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo en episodios similares.

No era un caso aislado. En marzo, las autoridades contabilizaron al menos 72 migrantes desembarcados en distintos puntos de la franja costera compartida entre Lorca y Águilas. El aumento de llegadas ha generado preocupación entre parte de la población local, aunque también ha despertado críticas hacia quienes intentan vincular automáticamente migración y delincuencia organizada para alimentar discursos de inseguridad.

La frontera invisible del Mediterráneo

En Puntas de Calnegre, una pequeña y pintoresca localidad costera perteneciente a la pedanía lorquina de Ramonete, la llegada de estas embarcaciones es un tema recurrente, pero que se comenta con discreción entre sus escasos setenta habitantes. “Muchas veces no sabes si es una patera o una lancha rápida”, explica un residente que pide mantener el anonimato. “Aquí por la noche apenas hay iluminación, pero la gente escucha motores y ve movimiento. Unas veces llegan las patrullas y otras no”.

La sensación de incertidumbre se ha instalado en parte del vecindario. No tanto por la presencia de personas migrantes, insisten algunos residentes, sino por la percepción de que esta franja litoral se ha convertido en una ruta relativamente accesible para distintos tipos de tráfico marítimo irregular.

Otros vecinos, sin embargo, cuestionan el tono alarmista que se está imponiendo en el debate público.“La mayoría de quienes llegan vienen desesperados, no son criminales”, comenta una trabajadora del sector hostelero de la zona. “El problema es que algunos partidos meten todo en el mismo saco”.

Ese matiz resulta clave. Expertos en migraciones y derechos humanos llevan años alertando del riesgo de criminalizar a quienes cruzan el Mediterráneo en condiciones extremas. España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución, especialmente desde el norte de África y el Sahel.

Pero al mismo tiempo, las autoridades reconocen que determinadas rutas utilizadas para la inmigración irregular también son aprovechadas por redes de narcotráfico. Y es ahí donde el discurso político encuentra un terreno fértil.

Ramonete: el narcotráfico deja de ser invisible

Si en Puntas de Calnegre el fenómeno migratorio centra buena parte de la conversación, en Ramonete el miedo tiene otro nombre: narcotráfico.

La pedanía lorquina vivió uno de sus episodios más traumáticos en octubre de 2025, cuando un doble crimen relacionado con bandas dedicadas al tráfico de drogas sacudió la comarca. El 7 de octubre apareció el cuerpo de un hombre con impactos de bala dentro del maletero de un coche en la zona de Ramonete. Poco después, las autoridades localizaron una segunda víctima en una vivienda del paraje de El Cantar.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un ajuste de cuentas entre organizaciones vinculadas al tráfico de hachís. Entre las víctimas figuraba Giuliano Velo, ciudadano italiano con antecedentes relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las más poderosas del mundo. La otra víctima era un ciudadano marroquí supuestamente relacionado con el mundo de los 'vuelcos', como se conoce en el argot criminal a los robos de mercancía entre traficantes.

En diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en el doble asesinato. El propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconoció públicamente entonces que el crimen estaba relacionado con disputas derivadas del tráfico de drogas.

Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la percepción del problema en la zona. Lo que durante años había permanecido en un segundo plano —comentarios aislados sobre lanchas rápidas, movimientos nocturnos o alijos en playas remotas—pasó a convertirse en una preocupación visible.

“Antes parecía algo lejano, como si ocurriera en Cádiz o en el Campo de Gibraltar”, explica un agricultor de la zona. “Pero cuando aparecen muertos aquí, la gente entiende que el problema está mucho más cerca”.

El ecosistema de las narcolanchas

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Mediterráneo funcionan mediante una compleja red de colaboradores y apoyos logísticos. Aunque las autoridades evitan generalizaciones, distintos investigadores y expertos en seguridad reconocen que las mafias encuentran en algunas zonas costeras un entorno favorable debido a la dispersión geográfica, la dificultad de vigilancia y la existencia de economías precarias.

En ese entramado aparecen figuras como los llamados 'petaqueros', encargados de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar o en puntos estratégicos del litoral. Su papel resulta esencial para mantener operativas embarcaciones capaces de recorrer largas distancias a gran velocidad.

También están los 'chivatos', personas que alertan de posibles movimientos policiales o de la presencia de patrullas de vigilancia. A menudo utilizan teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para transmitir información en tiempo real.

A ellos se suman conductores de embarcaciones, responsables de logística en tierra y pequeños colaboradores que participan en tareas puntuales. Las investigaciones policiales señalan que muchas de estas redes operan de forma fragmentada y flexible, dificultando la identificación de estructuras jerárquicas permanentes.

Hablar de la posible existencia de apoyos locales sigue siendo un tema delicado en municipios pequeños donde todos se conocen. Algunos vecinos admiten en privado que el narcotráfico genera una economía paralela difícil de ignorar. Otros rechazan frontalmente esa idea y consideran injusto señalar a comunidades enteras por la actuación de grupos minoritarios.

Lo cierto es que el fenómeno tiene una dimensión social compleja. En áreas con empleo estacional, precariedad laboral, bajos niveles de renta y pocas oportunidades para los jóvenes, las redes criminales encuentran más facilidad para captar colaboradores ocasionales ofreciendo dinero rápido.

Entre el miedo y la instrumentalización política

La propuesta presentada por Vox en Lorca se apoya precisamente en esa percepción creciente de inseguridad. El partido reclama reforzar la vigilancia marítima, incrementar la presencia de Guardia Civil y endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

Sin embargo, organizaciones sociales y sectores progresistas acusan a la formación de utilizar episodios reales para construir un relato que mezcla migración y delincuencia de manera interesada.

“La llegada de personas migrantes no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial”, señalan desde colectivos de apoyo a refugiados en la Región de Murcia. “Se está generando un discurso que convierte a personas vulnerables en amenazas”.

La crítica no implica negar la existencia del narcotráfico. De hecho, expertos en seguridad consideran evidente que las rutas marítimas del sureste español están siendo utilizadas cada vez más por organizaciones criminales. Pero advierten de que simplificar el problema puede resultar contraproducente.

“El narcotráfico es una estructura económica transnacional con enormes recursos”, explica un criminólogo consultado para este reportaje. “Reducirlo al debate sobre pateras es políticamente rentable, pero no ayuda a entender cómo funcionan realmente estas redes”.

En paralelo, las fuerzas de seguridad enfrentan un desafío creciente. El litoral murciano combina kilómetros de costa abrupta, calas aisladas y zonas de difícil acceso que complican las labores de vigilancia. Las mafias aprovechan además tecnologías de navegación cada vez más sofisticadas y embarcaciones de alta potencia.

Una costa en transformación

Más allá del enfrentamiento político, lo que ocurre en Lorca refleja una transformación más amplia del Mediterráneo occidental. Las rutas migratorias cambian constantemente en función de la presión policial y de los conflictos internacionales, mientras que el narcotráfico adapta sus métodos con enorme rapidez.

La Región de Murcia, históricamente alejada de los focos mediáticos que acompañaban al Campo de Gibraltar, empieza a aparecer con más frecuencia en informes policiales y titulares relacionados con tráfico marítimo ilegal.

Algunos vecinos temen que esa imagen termine afectando al turismo y a la vida cotidiana de pueblos tradicionalmente tranquilos. Otros creen que negar el problema sería aún peor.

“Lo que hace falta es hablar con seriedad”, resume un residente de Puntas de Calnegre. “Ni convertir esto en una película de narcos ni fingir que no pasa nada”.

En el fondo, esa tensión resume el gran dilema que atraviesa hoy el debate público en la costa murciana: cómo afrontar fenómenos complejos —migración, exclusión social, crimen organizado y abandono institucional— sin caer ni en el alarmismo ni en la indiferencia.

La Salvamar Al Nair ha rescatado este martes a 24 migrantes de origen magrebí que navegaban en una neumática que se encontraba a unos 125 kilómetros de Lanzarote, según han informado a EFE fuentes del Salvamento Marítimo.

La embarcación de Salvamento se dirige al puerto de Arrecife, al que espera llegar sobre las 19.35 horas (hora local), han precisado las mismas fuentes.

El rescate se ha producido después de que un buque mercante Hagrid la avistara a las 12.21 horas.

Inicialmente, Marruecos iba a hacerse cargo del rescate, pero, al no disponer de medios, ha solicitado la colaboración de Salvamento Marítimo para acudir en auxilio de la embarcación.

Los ocupantes de la neumática se encuentran en principio en aparente buen estado de salud.

Un migrante saharaui residente en Canarias ha denunciado ante los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria que su hermano fue asesinado a principios de mes por otros ocupantes de la patera con la que intentaba llegar a las islas, que presuntamente lo arrojaron al Atlántico tras una discusión.

En una denuncia fechada el pasado día 14 a la que ha tenido acceso EFE, Elouali El Houcini comunica al juzgado de guardia en la capital grancanaria la desaparición de su hermano Daha, que había embarcado en una patera que partió el pasado 7 de mayo desde Cabo Bojador.

Según la información que ha recabado, se trata de la neumática rescatada el 9 de mayo por la Guardamar Urania de Salvamento Marítimo con 62 ocupantes que fueron trasladados a Arguineguín.

El Houcini comunica a la Justicia española que ha podido saber por varios testimonios e, incluso, por grabaciones remitidas desde teléfonos móviles de personas que viajaban en la patera, que durante la travesía su hermano fue arrojado al mar por otros ocupantes.

En la patera viajaban 62 personas de origen marroquí y subsaharianos, todos hombres excepto una mujer.

Según explica en la denuncia, un testigo le contó a El Houcini que se produjo un altercado entre varios ocupantes marroquíes y su hermano, saharaui como él, que acabó arrojado por la borda.

El denunciante, que previamente comunicó lo ocurrido a la Policía Nacional, advierte de que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de asesinato o de homicidio y solicita al juez que dicte medidas de aseguramiento de pruebas y protección de los testigos.

Elouali El Houcini pide que no se expulse, devuelva o traslade a los posibles testigos o autores de los hechos, que se los localice y se les tome declaración o prueba preconstituida, en previsión de que más adelante pueda resultar imposible dar con ellos de nuevo.

Algunos de los ocupantes de la neumática aún se encontrarían alojados en el centro de primera cogida Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, detalla.

El desaparecido, Daha El Houcini, tenía 35 años y era padre de un niño de cuatro. Su familia asegura que se había significado como activista de la causa saharaui y que estuvo detenido tras participar en el campamento de Gdeim Izik en el año 2010. 

Mariama vio a su marido Sidy por última vez el 5 de noviembre de 2024 en el Centro de Atención Temporal para migrantes de El Hierro. Tras una pequeña conversación que mantuvieron, en la que le decía a su pareja que no lo había podido ver el día anterior, Adama no pensó que desde entonces todas sus comunicaciones serían a través del teléfono. Souleymane y toda su familia, aún no pueden creer que su primo Babacar, un hombre de 50 años, recién llegado a España, esté en prisión. Los dos hombres están acusados de pilotar la patera que los trajo a Canarias en 2024. El encarcelamiento de decenas de migrantes una vez desembarcan en el Archipiélago, tras pasar por procesos judiciales cada más cuestionados por abogados y defensores de derechos humanos, impacta también en esposas, madres y hermanos: “Lloro mucho y no paro de pensar porque mi marido no ha hecho nada”, confiesa Mariama. 

La historia de Mariama es una historia de huida. De Joal, Senegal, con 48 años y cuatro hijos, relata entre lágrimas que su familia se opuso firmemente a su matrimonio con Sidy. A lo largo de 2024, la pareja decidió instalarse en Gambia, por un lado para conseguir mayores ingresos económicos y, por otro, para estar lejos de la familia de ella, que la hostigaba regularmente por haberse casado con un hombre que sus hermanos mayores no habían elegido. En Gambia, Sidy trabajaba de pescador. Aquí le comentaron unos meses después de que una patera saldría rumbo a Canarias. “Dijimos que no era seguro que nos quedáramos en Senegal, que teníamos que vivir nuestra propia vida y nuestro matrimonio sin que nadie nos moleste”, recuerda. Sidy había podido ahorrar algo de dinero fruto de su trabajo en el mar y decidieron que seguiría trabajando un tiempo más para terminar de costear el viaje. 

Mariama recuerda que llegaron el 3 de noviembre a El Hierro. Después de pasar 24 horas en el muelle, el tiempo que duró la identificación de la Policía, los tripulantes fueron derivados al CATE. Aquí Mariama recuerda que quería estar con su marido, y que además la Policía les había hecho entrega de un documento que especificaba que eran marido y mujer, pero en el recurso, según relata ella, le dijeron que debían permanecer separados, él en módulo de hombres y ella en el de las mujeres. “Mohamed me dijo que después nos encontraríamos. Él pensaba que íbamos a reencontrarnos”, rememora.

Esa fue la última conversación que mantuvo con su marido en persona. Después pasaron cuatro días en los que no tuvo noticias de él, hasta que un amigo de la familia la llamó y le comunicó que Sidy se encontraba en la cárcel de Tenerife II en prisión preventiva. Desde entonces se comunican muy de vez en cuando por teléfono móvil, ya que ella no ha podido ir a verlo al no tener papeles ni un trabajo con el que obtener ingresos. “Ahora mismo no puedo realizar mis sueños. Desde que pasó esto mis sueños están rotos. Hemos venido juntos a España para poder trabajar, vivir con tranquilidad y seguridad y con el tiempo traer a mis hijos”, sostiene su mujer. El resto de la familia de Sidy también vive en la angustia desde noviembre de 2024. Mariama cuenta que no puede hablar con su suegra porque ambas rompen a llorar: “Ella no puede ni hablar. Me dice que este es el final de su hijo y yo le respondo que no, que es el destino y que debemos rezar por él”, apunta.

Otra mujer sufre en la distancia el encarcelamiento de su marido. La esposa de Babacar vive en Ziguinchor, Senegal y debe alimentar ella sola a sus siete hijos desde que su marido partió a España y fue llevado a prisión en Tenerife. “Es una mujer muy valiente porque se busca la vida; se va al puerto para comprar y vender pescado para sobrevivir. Pero no le llega, lo que gana es muy poco”, cuenta Souleymane, el primo de Babacar desde España. Como muchos otros migrantes, salió de Senegal para mejorar sus condiciones de vida, pero un mes después de llegar a El Hierro, la policía lo trasladó a Tenerife II. Souleymane cuenta que su primo pagó 450.000 CFA, unos 680 euros para llegar a España. “Cuando ya tenía fecha para viajar a la Península, se lo llevaron porque algunos tripulantes han dicho que él era el patrón, pero no lo es. Porque él ha pagado; él es cliente”, señala su primo.

Souleymane cuenta que su primo se encuentra anímicamente “muy mal” porque sabe que ha dejado atrás a su mujer con muchos hijos a cargo y sin recursos. Reconoce que al principio estaba aún más desesperado y que con el paso del tiempo ha ido mentalizándose: “Tienes fe en que un día vas a salir, se te va levantando el ánimo, pero levantar el ánimo entre cuatro paredes no es nada fácil”. En el caso de Babacar se suma su edad. Cuando salga de prisión tendrá más de 50 años, por lo cual le costará mucho reengancharse a la vida laboral. “Si sales de la cárcel cuando aún eres joven te queda mucho tiempo todavía, pero si sales con 50 años ya se te han ido las fuerzas las ganas y la energía”, se lamenta. Sin padre ni madre, y con su mujer sobreviviendo en Senegal solo con la ayuda económica de su primo, que de vez en cuando le envia dinero para que pueda hacer alguna llamada a él, a su mujer y sus hijos: “Imagina un hijo que no puede hablar con su padre y que si habla con él es para solo un minuto. No es nada fácil”, apunta.

*(Todos los nombres utilizados son ficticios para salvaguardar la identidad de los entrevistados) 

Voluntarios que facilitan la vida en prisión

El único contacto con el exterior de muchos migrantes encarcelados por supuestamente haber dirigido una patera hasta Canarias es el teléfono móvil. Sin embargo, la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos supone una traba más en su encierro. En este sentido, la Asociación Rehoyando de Las Palmas Gran Canaria, a través del proyecto Boza, entre otras acciones, presta apoyo emocional, facilitando el contacto del migrante son su familia. Uno de sus voluntarios, el párroco José Antonio Benítez, señala que se trata de una tarea a veces complicada puesto que el reglamento penitenciario exige la existencia de un contrato telefónico para que se dé la comunicación. 

“Imagínate buscar un contrato de teléfono de una persona en medio de una población rural de Senegal o de Mauritania para que pueda entrar en contacto con la familia”, recalca. Por ello, con un equipo de voluntarios y voluntarias, a través de traductores online y de personas del continente africano que hablan bambara o wolof, se ponen en contacto con las familias y les piden un contrato o una factura que incluya al propietario de la línea telefónica. “Cuando el chaval entra en contacto con su familia, el nivel de estrés baja automáticamente”, manifiesta Benítez.

“Ellos no entienden por qué se encuentran en esta situación”, revela el párroco, quien además sostiene que este tipo de casos son los más dolorosos que ha visto en prisión. De la regularidad con la que visita a los jóvenes ha extraído que son jóvenes que no solo están viviendo un duelo migratorio, sino que además lo hacen en prisión acusados de un delito, cuyo procedimiento está entredicho: “Como dos o tres personas que iban en la patera lo acusen porque coincidan en la ronda de reconocimiento de que él estuvo echando una mano o que estaba achicando agua, o porque ayudó a dar alimentación o agua pues ya entras en prisión”, apunta. 

“Estás investigaciones solo se centran en los conductores. Y aunque lo fueran, estas personas son el eslabón más débil de la causa. Ningún mafioso, ningún traficante de personas viene en las pateras”, denuncia la abogada Sara Rodríguez, quien defiende los casos de Sidy y Babacar, acusados de patronear la embarcación. La Fiscalía puede pedir para ellos 20 años de prisión ya que cuatro de sus ocupantes fallecieron como consecuencia de la travesía. Rodríguez cuestiona que las únicas pruebas que sustentan la causa hasta el momento son los testimonios de tres testigos, cuyos relatos se recogieron como pruebas preconstituida y las cuales “previsiblemente sean las que se reproduzcan en el juicio oral si no se identifican y no se encuentran los testigos protegidos”, detalla la letrada. 

Otra cuestión a la que apunta Rodríguez es al volcado de los teléfonos móviles de los migrantes: “Se están realizando de manera indiscriminada y muchas veces sin justificación”, denuncia. Además, añade que se trata de un procedimiento con “muchísimas irregularidades” por el cual la policía selecciona la información que considera relevante, se acude a una persona que realiza la traducción, pero a quien no se identifica a posteriori, y se incorporan como indicios conversaciones que no guardan relación con el delito. “Se pretende hacer ver que esto se hace en aras de defender a los migrantes cuando lo cierto es que hay una desprotección. En mi opinión, esto no sucedería si no estuviésemos hablando de algo relacionado con un tema tan político como son las migraciones”, remata.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha suspès cautelarment l'ordre de sacrifici del gos que el passat mes de desembre va arribar en pastera a la platja de s’Estanyol, a Santa Eulària, juntament amb una família procedent d'Algèria.

L'acte dictat per la Sala del Contenciós-Administratiu estima el recurs interposat per l'Ajuntament de Santa Eulària contra la resolució amb la qual la Direcció General de Salut Pública del Govern balear va ordenar sacrificar l'animal per procedir d'un país amb ràbia endèmica.

Mentre es resol el procediment judicial, el cadell continuarà aíllat i sota vigilància veterinària a les instal·lacions de Natura Parc, a Mallorca, on roman des de gener “en perfectes condicions”, segons ha informat el Consistori en un comunicat. La corporació municipal seguirà assumint els costos derivats de la seva cura i manteniment.

El gos va arribar a l'illa l'11 de desembre juntament amb una família argelina i posteriorment va ser traslladat a un centre d'inclusió de Creu Roja a Mallorca, d'acord amb la informació facilitada per la Policia Nacional i Estrangeria. L'animal, un cadell mestís de caniche d'uns tres mesos, va ser recollit pel servei municipal d'acollida a les dependències de la Fundació Natura Parc Eivissa.

Segons l'Ajuntament, el cadell no presentava ferides de mossegada ni símptomes compatibles amb la ràbia quan va ser localitzat. No obstant això, cinc dies després de la seva arribada, Salut Pública va dictar una resolució ordenant el seu sacrifici en aplicar el protocol previst per a animals procedents de països on la ràbia és endèmica.

El Consistori va recórrer aquesta decisió en considerar que la mesura no estava prou justificada i defensant alternatives previstes en la pròpia normativa, com el manteniment de l'animal en quarentena i sota observació veterinària. També va al·legar que, a causa de la curta edat i reduïta mida del ca, així com a l'absència de lesions o símptomes, la probabilitat que fos portador del virus era “molt baixa”.

El recurs d'al·çada va ser desestimat el passat 6 de març, mantenint-se l'ordre de sacrifici. Davant això, l'Ajuntament va presentar el 14 d'abril un recurs davant la jurisdicció contenciós-administrativa sol·licitant la suspensió cautelar de la mesura.

En la seva resolució, el TSJIB considera que, malgrat que la protecció de la salut pública ha de prevaler, en aquest cas és possible compatibilitzar aquest interès amb la conservació de l'animal, atès que roman “perfectament aïllat”, sota control veterinari permanent i sense que existeixi actualment risc per a la població. La Sala també aprecia que executar el sacrifici abans de resoldre el fons de l'assumpte podria causar un perill irreversible si finalment prosperàs el recurs interposat per l'Ajuntament.

El Consistori ha desmentit, així mateix, les informacions que atribuíen al propi Ajuntament la decisió de sacrificar el gos i ha subratllat que ha estat precisament l'administració municipal la que ha impulsat les accions judicials per intentar evitar-ho.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha suspendido cautelarmente la orden de sacrificio del perro que el pasado mes de diciembre llegó en patera a la playa de s’Estanyol, en Santa Eulària, junto a una familia procedente de Argelia.

El auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Eulària contra la resolución con la que la Dirección General de Salud Pública del Govern balear ordenó sacrificar al animal por proceder de un país con rabia endémica.

Mientras se resuelve el procedimiento judicial, el cachorro continuará aislado y bajo vigilancia veterinaria en las instalaciones de Natura Parc, en Mallorca, donde permanece desde enero “en perfectas condiciones”, según ha informado el Consistorio en un comunicado. La corporación municipal seguirá asumiendo además los costes derivados de su cuidado y mantenimiento.

El perro llegó a la isla el 11 de diciembre junto a una familia argelina y posteriormente fue trasladado a un centro de inclusión de Cruz Roja en Mallorca, de acuerdo a la información facilitada por la Policía Nacional y Extranjería. El animal, un cachorro mestizo de caniche de unos tres meses, fue recogido por el servicio municipal de acogida en las dependencias de la Fundació Natura Parc Eivissa.

Según el Ayuntamiento, el cachorro no presentaba heridas de mordedura ni síntomas compatibles con la rabia cuando fue localizado. Sin embargo, cinco días después de su llegada, Salud Pública dictó una resolución ordenando su sacrificio al aplicar el protocolo previsto para animales procedentes de países donde la rabia es endémica.

El Consistorio recurrió esa decisión al considerar que la medida no estaba suficientemente justificada y defendiendo alternativas previstas en la propia normativa, como el mantenimiento del animal en cuarentena y bajo observación veterinaria. También alegó que, debido a la corta edad y reducido tamaño del can, así como a la ausencia de lesiones o síntomas, la probabilidad de que fuese portador del virus era “muy baja”.

El recurso de alzada fue desestimado el pasado 6 de marzo, manteniéndose la orden de sacrificio. Ante ello, el Ayuntamiento presentó el 14 de abril un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa solicitando la suspensión cautelar de la medida.

En su resolución, el TSJIB considera que, aunque la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso es posible compatibilizar ese interés con la conservación del animal, dado que permanece “perfectamente aislado”, bajo control veterinario permanente y sin que exista actualmente riesgo para la población. La Sala también aprecia que ejecutar el sacrificio antes de resolver el fondo del asunto podría causar un perjuicio irreversible si finalmente prosperara el recurso interpuesto por el Ayuntamiento.

El Consistorio ha desmentido, asimismo, las informaciones que atribuían al propio Ayuntamiento la decisión de sacrificar al perro y ha subrayado que ha sido precisamente la administración municipal la que ha impulsado las acciones judiciales para intentar evitarlo.

El crucero Saphire Princess ha localizado este martes cinco cadáveres a unas 140 millas de la península de Cabo de Palos, en Cartagena. De acuerdo con Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, los cuerpos han sido subidos a bordo de la embarcación y han sido trasladados al Puerto de la ciudad esta mañana. A continuación han sido transportadas al Instituto de Medicina Legal para la correspondiente autopsia.

Por el momento se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Desde Delegación de Gobierno no descartan que los fallecidos fueran tripulantes de la patera rescatada el pasado lunes, localizada a unas 25 millas de Cartagena. En la pequeña embarcación ya fueron localizadas cinco personas, tres de ellas fallecidas. Sobre los dos supervivientes de la patera, hay un detenido acusado de homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular.

Los tripulantes de esta patera fueron localizados por un buque militar francés, que alertó a Salvamento Marítimo. Según el testimonio de los dos supervivientes de la embarcación, partieron desde la zona costera de Mostaganem (Argelia) con 18 personas a bordo. De acuerdo con el diario local La Verdad, la Policía maneja la hipótesis de que 13 personas permanecen desaparecidas e investiga si los cinco cuerpos hallados este miércoles iban a bordo de esta patera.

El recorrido desde Argelia hasta la Región de Murcia suele completarse en unas 20 horas, pero la travesía de la patera localizada este lunes podría haber durado casi tres semanas. No se descarta un posible fallo en el motor o el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un varón en el marco del desembarco de una patera en la Playa de la Fabriquilla, situada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press los avisos recibidos ante la llegada de una embarcación neumática a la costa almeriense sobre las 14:45 horas. El número de personas a bordo de la embarcación se desconoce.

Así, se ha alertado a Guardia Civil, Cruz Roja y otros servicios de emergencias para atender a una cantidad indeterminada de personas que trataban de alcanzar la orilla por sus propios medios tras abandonar la patera.

Tres cadáveres han sido localizados y rescatados en el mar durante la madrugada de este domingo, 15 de marzo, tras producirse el desembarco de una patera con 17 personas a bordo en una playa de la localidad granadina de Gualchos, según ha adelantado el Ideal de Granada y han confirmado fuentes oficiales consultadas por Europa Press.

Sobre estos hechos, las mismas fuentes han detallado que una persona advirtió de la presencia de lo que parecía ser un cuerpo en el mar, próximo al municipio granadino de Rubite. Hasta dicha ubicación se movilizó el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que rescató el cuerpo sin vida de un varón. Posteriormente, el instituto armado rescató otros dos cuerpos. Los tres cadáveres están pendientes de identificación.

Por otro lado, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado a esta agencia que el teléfono 112 recibió un aviso sobre la llegada de una embarcación a la playa de Gualchos (Granada), en torno a las 02:50 horas de la madrugada de este domingo. Tras ello, la sala coordinadora movilizó a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Cruz Roja, Policía Local y servicios sanitarios del 061.

Fuentes de la Cruz Roja indicaron al 112 que, el pasado jueves, un total de 17 varones –tres de ellos menores– fueron rescatados de una patera a unas 40 millas náuticas al oeste de la isla de Alborán y trasladados al Puerto de Motril, en la costa de Granada. No obstante, las fuentes oficiales consultadas han precisado que aún no se puede confirmar que los tres cadáveres hallados puedan corresponder a personas que viajaban en esa misma patera.

Un total de 17 varones han sido rescatados de una patera que ocupaban a unas 40 millas náuticas al oeste de la isla de Alborán cuando fueron avistados por un navío en la zona, que dio aviso a Salvamento Marítimo, que se hizo cargo de su rescate y su traslado al Puerto de Motril, en la costa de Granada, donde han llegado sobre las 2.00 horas de este jueves en aparente buen estado de salud.

Así lo han apuntado a Europa Press fuentes consultadas en Salvamento Marítimo, que, a través de sus redes sociales, ha dado las gracias por su colaboración al buque BBC Lima, que dio el aviso, y NACC Indian, que también se encontraba en la zona y aportó indicaciones para la ubicación de la neumática.

El operativo se ha dirigido desde el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería, que, tras el aviso, sobre las 17.20 horas de este pasado miércoles, movilizaba a la Salvamar Gienah, cuya tripulación procedió al rescate, que estaba completo sobre las 22.30 horas, poniendo posteriormente rumbo a la dársena granadina, donde, como está estipulado en estos casos, estas personas migrantes han recibido una primera atención sanitaria antes de quedar a disposición de la Policía Nacional.

Una baralla en què s’han vist implicats 28 adolescents al centre de primera acollida de menors de Sa Coma (Eivissa) i que va acabar aquest dilluns amb una monitora lleument ferida ha tornat a posar de manifest les diferències entre els partits que governen les diferents institucions de l’Estat. Uns i altres s’han responsabilitzat de la gestió en matèria migratòria que se’n deriva. Els fets van començar amb una baralla entre els adolescents que va anar escalant fins al punt que va requerir la intervenció de la Guàrdia Civil, ha explicat aquest dimarts al matí, durant una compareixença urgent, Carolina Escandell (PP), la consellera de Benestar Social del Consell Insular, administració competent en matèria de guarda i tutela de menors.

En un intent de desactivar la situació que s’havia desencadenat, no al centre Pare Morey, sinó al centre de primera acollida ubicat a les mateixes instal·lacions de Sa Coma, la monitora es va veure afectada. Tot i això, en cap moment es va tractar d’una agressió directa cap a ella, ha aclarit Escandell arran de les publicacions als mitjans de comunicació. Ara, la treballadora del centre es troba lleument ferida i sota seguiment mèdic, i ja s’ha activat un protocol d’actuació per l’ocorregut, així com les denúncies pertinents.

El recurs de primera acollida es va posar en marxa el novembre de 2024 quan el Consell d’Eivissa es va veure obligat a habilitar un nou espai al recinte de Sa Coma per allotjar quinze menors migrants, la seva arribada en menys de 48 hores va posar en perill de col·lapse —en paraules de la institució— el centre Pare Morey, on abans convivien menors del circuit d’atenció social habitual i menors estrangers no acompanyats que, en arribar a les illes per via irregular, passaven directament a estar sota la tutela del Consell Insular.

Des del Consell han lamentat que el succeït a les 15 hores de dilluns al centre de primera acollida era “alguna cosa que havia d’acabar passant” davant la tensió acumulada a les instal·lacions. En conjunt, als dos centres de Sa Coma hi ha actualment 109 menors, informa un portaveu de la institució: 60 d’ells són menors migrants. Escandell ha insistit en la necessitat de diferenciar entre el circuit ordinari de protecció de menors i el que s’activa en contextos d’arribada de menors migrants no acompanyats, en el que ha qualificat de crisi migratòria “descontrolada” davant la qual, sosté, el Consell no té “capacitat d’actuació”.

Com a exemple, ha recordat que la setmana passada van arribar nou menors en només 24 hores a bord de pasteres que van arribar a les Pitiüses, un territori molt limitat i amb mancances estructurals en l’àmbit assistencial. L’arribada es va produir en un context d’augment sostingut d’entrades per via marítima: només el 24 de febrer van ser rescatats almenys 156 migrants en vuit embarcacions localitzades a Formentera i en una altra albirada prop de Cabrera. L’endemà van arribar altres set embarcacions a les Balears amb 126 persones a bord.

El passat dijous, tres embarcacions amb 81 persones a bord, entre elles deu dones i dos nadons, van desaparèixer en la ruta algeriana amb l’arxipèlag. Una d’elles va ser detectada per Salvament Marítim, que va rescatar la pastera a 56 milles d’Eivissa. Hi viatjaven els dos nadons, que continuen ingressats a l’Hospital Can Misses amb quadres de deshidratació i hipotèrmia, segons han confirmat a elDiario.es fonts de l’Àrea de Salut pitiüsa.

El PSOE lamenta falta d’inversió

Des de l’oposició, el grup socialista al Consell ha expressat en una altra convocatòria urgent la seva “màxima preocupació” per una situació que, asseguren, porten “temps denunciant”. La portaveu del PSOE, Elena López, acusa el PP “d’esquivar” les seves responsabilitats com a administració competent en la tutela de menors desvalguts, independentment de la seva edat o nacionalitat, ha matisat.

Als ulls dels socialistes, l’Executiu local no està realitzant la inversió necessària ni en infraestructures ni en personal, cosa que ha derivat en una saturació que precaritza l’atenció i que, sosté, s’utilitza com a “eina” política per confrontar amb el Govern central. “Si realment estiguessin preocupats, destinarien els recursos necessaris a atendre aquests menors en lloc de prioritzar altres partides com la promoció turística”, ha valorat López.

La portaveu també ha subratllat que la competència en protecció de menors és “exclusiva” de la institució insular i ha qüestionat que, si realment falten fons, no se sol·licitin al Govern balear. A més, ha criticat que, mentre el centre pateix manca de personal i equipament “no dimensionat” al nombre de menors, el Consell prioritzi partides com els deu milions anuals invertits en promoció turística. Els socialistes han anat més enllà i han sol·licitat la dimissió de la consellera Escandell, a qui acusen de no exercir la seva responsabilitat i d'estar supeditada a les directrius polítiques del president, Vicent Marí, i del vicepresident i conseller de la institució, Mariano Juan.

Un creixement “sense precedents”

El sistema d’acollida residencial de menors ha experimentat un creixement “sense precedents” en els últims anys. Quan l’actual equip de govern va accedir a la institució, el 2019, existien dos centres –Pare Morey, a Sa Coma, i Llar Mare del Remei, per a menors de 0 a 11 anys– que sumaven 22 treballadors. El març de 2026, segons les dades facilitades pel Consell, la xarxa s’ha ampliat fins a onze recursos. Els dos centres de gestió directa del Consell –Pare Morey i Migjorn, ambdós a Sa Coma– compten amb 47 professionals en plantilla estructural, als quals s’han sumat 31 contractacions temporals des de desembre de 2023 per cobrir eventualitats. Els altres nou dispositius, gestionats per entitats del tercer sector mitjançant contractes o concerts, reuneixen al voltant de 109 treballadors.

El Consell ha assegurat, en ser preguntat per elDiario.es, que té en preparació un nou contracte per 42 places de primera acollida que incorporarà altres 28 professionals. En termes globals, el Consell assegura haver passat de 22 treballadors dedicats a l’atenció residencial de menors el 2019 a 156 el 2026, xifra que augmentarà quan es formalitzi la nova licitació. L’increment també es reflecteix —continuen— en el pressupost, que segons afirmen passarà dels 2,57 milions d’euros del govern anterior a superar els deu milions d’euros el 2026.

El Consell Insular assegura haver passat de 22 treballadors dedicats a l’atenció residencial de menors el 2019 a 156 el 2026

La deportació col·lectiva de menors, il·legal

Les diferències entre el PP –que governa totes les institucions de l’illa– i el PSOE venen de lluny. El passat 27 d’octubre, el Consell Insular va demanar a la Delegació del Govern a les Balears la repatriació de 77 menors algerians que es troben sota la seva tutela. L’argument del Govern local és que la situació dels centres d’acollida és “insostenible” i que és necessària una actuació “immediata i coordinada” amb el Govern per “garantir una resposta justa i equilibrada entre territoris”.

No obstant això, la deportació col·lectiva de menors és il·legal, segons la jurisprudència dictada pel Tribunal Suprem, ja que cada cas s’ha d’analitzar particularment. Diversos requisits s’han de complir: en primer lloc, que els pares o tutors legals reclamin el retorn del menor, però en qualsevol cas sempre prima l’interès superior del menor. “La reagrupació familiar és un dret del menor. El que passa és que darrere pot haver-hi una expulsió”, va explicar a aquest diari Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat).

Almudena Escorial, responsable d’Incidència Política de la Plataforma de la Infància, va afirmar que cal “analitzar l’interès superior de cada nen”, és a dir, individualment. Ho va exemplificar així: si uns pares reclamen la seva filla, però volguessin casar-la, caldria tenir en compte el seu benestar per sobre de la voluntat dels progenitors. “Tot i que ho reclamin, si els drets d’aquesta nena –o la seva vida– corren perill, en cap cas no s’hauria de procedir a aquesta reagrupació familiar al seu país d’origen”, va assegurar Escorial.

La consellera Escandell, en canvi, va argumentar que l’ocupació del centre de menors s’havia multiplicat per quatre l’últim any i reivindicà que la protecció dels drets de la infància només es pot garantir “si es disposa d’un finançament estable, una planificació coordinada” i més coordinació institucional. A Espanya, les competències en matèria de protecció de menors corresponen a les comunitats autònomes, tot i que al cas balear estan transferides als consells insulars de cada una de les quatre illes. El Govern central té les competències en matèria migratòria, és a dir, fins a l’arribada dels migrants a territori nacional. Al mateix temps, el Consell Insular va anunciar una inversió d’1,2 milions d’euros amb l’objectiu de garantir “la cobertura immediata i adequada” de l’atenció dels menors no acompanyats que arriben a Eivissa.

El repte que representa l’augment en l’arribada de migrants per a les administracions públiques –que necessiten més recursos per atendre les arribades a causa de la falta de planificació i recursos al sistema d’acollida– no els eximeix de la seva responsabilitat legal amb els menors, tal com van recordar tres organitzacions especialitzades consultades per elDiario.es: CEAR, Plataforma de la Infància i Associació Pro Drets Humans d’Andalusia.

El Decret llei 2/2025, de 18 de març, de mesures urgents per a la garantia de l’interès superior de la infància i l’adolescència davant situacions de contingències migratòries extraordinàries és la norma aprovada pel Govern per a la creació del sistema obligatori de repartiment de menors migrants en situacions d’emergència. El Govern conservador de Marga Prohens pretén un canvi normatiu perquè les Balears quedin “excloses del repartiment de menors” no acompanyats procedents de Canàries, com va informar aquest diari. Com que no hi ha prou espais i recursos habilitats, el Govern balear, pressionat per Vox, ha prioritzat l’enfocament de seguretat i de control de fronteres que reclama el Govern, en lloc d’abordar la crisi des d’una perspectiva de protecció integral i de drets humans i de la infància.

Aquestes polítiques de seguretat i control de la frontera sud estan motivades, segons Valiente, director general de CEAR, per l’“obsessió” de detenir els fluxos migratoris. “La sobreactuació de la UE està motivada per l’onada reaccionària que travessa el continent, una deriva que resulta rendible per a les forces d’extrema dreta”, argumenta el portaveu de CEAR. L’expert creu que cal exigir “molt més” al Govern de Pedro Sánchez en aquesta matèria, perquè “s’oposi amb claredat a aquesta tendència”.

Una pelea en la que se han visto involucrados 28 adolescentes en el centro de primera acogida de menores de Sa Coma (Eivissa) y que terminó este lunes con una monitora herida leve ha vuelto a poner de relieve las diferencias entre los partidos que gobiernan las distintas instituciones del Estado. De la gestión en materia migratoria que se deriva se han responsabilizado unos y otros. Los hechos empezaron con una trifulca entre los adolescentes que fue escalando hasta el punto que requirió de la intervención de la Guardia Civil, ha explicado este martes por la mañana durante una comparecencia de urgencia Carolina Escandell (PP), la consellera de Bienestar Social del Consell Insular, administración competente en cuanto a la guarda y tutela de menores.

En un intento de desactivar la situación que se había desatado, no en el centro Pare Morey, sino en el centro de primera acogida ubicado en las mismas instalaciones de sa Coma, la monitora se vio afectada. Sin embargo, en ningún momento fue una agresión directa hacia ella, ha aclarado Escandell a raíz de las publicaciones en medios de comunicación. Ahora, la trabajadora del centro se encuentra herida leve y bajo seguimiento médico y ya se ha activado un protocolo de actuación por lo sucedido, así como las denuncias pertinentes.

El recurso de primera acogida se puso en marcha en noviembre de 2024 cuando el Consell d’Eivissa se vio obligado a habilitar un nuevo espacio en el recinto de Sa Coma para albergar a quince menores migrantes cuya llegada en menos de 48 horas puso en peligro de colapso –en palabras de la institución– el centro Padre Morey, donde antes convivían menores del circuito de atención social habitual y menores extranjeros no acompañados que, al llegar a las islas por vía irregular, pasaban directamente a estar bajo la tutela del Consell Insular.

Desde el Consell han lamentado que lo ocurrido a las 15 horas del lunes en el centro de primera acogida era “algo que tenía que terminar pasando” ante la tensión acumulada en las instalaciones. En conjunto, en los dos centros de sa Coma, hay actualmente 109 menores, informa un portavoz de la institución: 60 de ellos son menores migrantes. Escandell ha insistido en la necesidad de diferenciar entre el circuito ordinario de protección de menores y el que se activa en contextos de llegada de menores migrantes no acompañados, en lo que ha calificado de crisis migratoria “descontrolada” frente a la que, sostiene, el Consell no tiene “capacidad de actuación”. 

Como ejemplo, ha recordado que la semana pasada llegaron nueve menores en apenas 24 horas a bordo de pateras que arribaron a las Pitiüses, un territorio muy limitado y con carencias estructurales en el ámbito asistencial. La llegada se produjo en un contexto de aumento sostenido de entradas por vía marítima: solo el 24 de febrero fueron rescatados al menos 156 migrantes en ocho embarcaciones localizadas en Formentera y en otra avistada cerca de Cabrera. Al día siguiente arribaron otras siete pateras a Balears con 126 personas a bordo.

El pasado jueves, tres embarcaciones con 81 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y dos bebés, desaparecieron en la ruta argelina con el archipiélago. Una de ellas fue detectada por Salvamento Marítimo que rescató el cayucó a 56 millas de Eivissa. En ella viajaban los dos bebés, que permanecen ingresados en el Hospital Can Misses con cuadros de deshidratación e hipotermia, según han confirmado a elDiario.es fuentes del Área de Salud pitiusa.

El PSOE lamenta falta de inversión

Desde la oposición, el grupo socialista en el Consell ha expresado en otra convocatoria de urgencia su “máxima preocupación” por una situación que, aseguran, llevan “tiempo denunciando”. La portavoz del PSOE, Elena López, acusa al PP de “esquivar” sus responsabilidades como administración competente en la tutela de menores desamparados, independientemente de su edad o de su nacionalidad, ha matizado. 

A ojos de los socialistas, el Ejecutivo local no está realizando la inversión necesaria ni en infraestructuras ni en personal, lo que ha derivado en una saturación que precariza la atención y que, sostiene, se utiliza como “herramienta” política para confrontar con el Gobierno central. “Si realmente estuvieran preocupados, destinarían los recursos necesarios a atender a estos menores en lugar de priorizar otras partidas como la promoción turística”, ha valorado López.

La portavoz también ha subrayado que la competencia en protección de menores es “exclusiva” de la institución insular y ha cuestionado que, si realmente faltan fondos, no se soliciten al Govern balear. Además, ha criticado que, mientras el centro sufre falta de personal y equipamiento “no dimensionado” al número de menores, el Consell priorice partidas como los diez millones anuales invertidos en promoción turística. Los socialistas han ido más allá y han solicitado la dimisión de la consellera Escandell, a la que acusan de no ejercer su responsabilidad y de estar supeditada a las directrices políticas del presidente, Vicent Marí, y el vicepresidente y conseller de la institución, Mariano Juan.

Un crecimiento “sin precedentes”

El sistema de acogida residencial de menores ha experimentado un crecimiento “sin precedentes” en los últimos años. Cuando el actual equipo de gobierno accedió a la institución, en 2019, existían dos centros –Pare Morey, en Sa Coma y Llar Mare del Remei, para menores de 0 a 11 años– que sumaban 22 trabajadores. En marzo de 2026, según los datos facilitados por el Consell, la red se ha ampliado hasta once recursos. Los dos centros de gestión directa del Consell –Pare Morey y Migjorn, ambos en Sa Coma– cuentan con 47 profesionales en plantilla estructural, a los que se han sumado 31 contrataciones temporales desde diciembre de 2023 para cubrir eventualidades. Los otros nueve dispositivos, gestionados por entidades del tercer sector mediante contratos o conciertos, reúnen a alrededor de 109 trabajadores.

El Consell ha asegurado, al ser preguntado por elDiario.es, que tiene en preparación un nuevo contrato para 42 plazas de primera acogida que incorporará a otros 28 profesionales. En términos globales, el Consell asegura haber pasado de 22 trabajadores dedicados a la atención residencial de menores en 2019 a 156 en 2026, cifra que aumentará cuando se formalice la nueva licitación, han añadido. El incremento también se refleja –continúan– en el presupuesto, que según afirman pasará de los 2,57 millones de euros del anterior gobierno a superar los diez millones de euros en 2026.

El Consell Insular asegura haber pasado de 22 trabajadores dedicados a la atención residencial de menores en 2019 a 156 en 2026

La deportación colectiva de menores, ilegal

Las diferencias entre el PP –que gobierna todas las instituciones de la isla– y el PSOE vienen de lejos. El pasado 27 de octubre, el Consell Insular pidió a la Delegación del Gobierno en Balears la repatriación de 77 menores argelinos que se encuentran bajo su tutela. El argumento del Gobierno local es que la situación de los centros de acogida es “insostenible” y que es necesaria una actuación “inmediata y coordinada” con el Gobierno para “garantizar una respuesta justa y equilibrada entre territorios”.

Sin embargo, la deportación colectiva de menores es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, ya que cada caso se tiene que analizar particularmente. Varios requisitos deben ser cumplidos: en primer lugar, que los padres o tutores legales reclamen la vuelta del menor, pero en cualquier caso siempre prima el interés superior del menor. “La reagrupación familiar es un derecho del menor. Lo que pasa es que detrás puede haber una expulsión”, explicó a este diario Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).

Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de la Infancia, afirmó que hay que “analizar el interés superior de cada niño”, es decir, individualmente. Lo ejemplificó así: si unos padres reclaman a su niña, pero quisieran casarla, habría que tener en cuenta su bienestar por encima de la voluntad de sus progenitores. “Aunque lo reclamen, si los derechos de esa niña —o su vida— corren peligro, en ningún caso se debería proceder a esa reagrupación familiar a su país de origen”, aseguró Escorial.

La consellera Escandell, en cambio, argumentó que la ocupación del centro de menores se había multiplicado por cuatro en el último año y reivindicó que la protección de los derechos de la infancia solo se puede garantizar “si se dispone de una financiación estable, una planificación coordinada” y mayor coordinación institucional. En España, las competencias en materia de protección de menores corresponden a las comunidades autónomas, aunque en el caso balear están transferidas a los consells insulares de cada una de las cuatro islas. El Gobierno central tiene las competencias en materia migratoria, es decir, hasta la llegada de los migrantes a territorio nacional. Al mismo tiempo, el Consell Insular anunció una inversión de 1,2 millones de euros con el objetivo de garantizar “la cobertura inmediata y adecuada” de la atención de los menores no acompañados que llegan a Eivissa. 

El reto que representa el aumento en la llegada de migrantes para las administraciones públicas —que necesitan más recursos para atender las llegadas debido a la falta de planificación y recursos en el sistema de acogida— no les exime de su responsabilidad legal con los menores, tal como recordaron tres organizaciones especializadas consultadas por elDiario.es: CEAR, Plataforma de la Infancia y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

De hecho, el Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias es la ley que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia. El Govern conservador de Marga Prohens pretende un cambio normativo para que Balears que “excluida del reparto de menores” no acompañados procedentes de Canarias, como informó este diario. Como no hay suficientes espacios y recursos habilitados, el Govern balear, presionado por Vox, ha priorizado el enfoque securitario y de control de fronteras que reclama al Gobierno, en lugar de abordar la crisis desde una perspectiva de protección integral y de derechos humanos y de la infancia.

Estas políticas securitarias y de control de la frontera sur están motivadas, según Valiente, director general de CEAR, por la “obsesión” de detener los flujos migratorios. “La sobreactuación de la UE está motivada por la ola reaccionaria que atraviesa el continente, una deriva que resulta rentable para las fuerzas de extrema derecha”, argumenta el portavoz de CEAR. El experto cree que hay que exigir “mucho más” al Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, para que “se oponga con claridad a esta tendencia”.

Dos nadons, dues nenes de dos i 18 mesos, han ingressat a l'Hospital Can Misses d'Eivissa amb símptomes de deshidratació després de ser rescatades en una pastera. Fonts de l'IbSalut han informat que les nenes estan ingressades a planta de pediatria i que la seva evolució és favorable.

Les nenes haurien viatjat a bord de la pastera que dissabte va ser rescatada a Eivissa amb 32 migrants subsaharians a bord i que era una de les tres de la qual es va alertar de la seva desaparició la setmana passada, segons ha pogut confirmar l'ONG Caminando Fronteras.

Respecte a aquesta embarcació, fonts de l'ONG van assegurar a Europa Press que hores després de ser interceptades per Salvament Marítim els migrants es van posar en contacte amb els seus familiars que es troben als seus països d'origen.

Es tracta de l'embarcació que portava a bord tres dones i dos nadons, tots ells d'origen subsaharià, que va sortir de les costes d'Algèria el passat 22 de gener.

Les famílies, prèviament, havien alertat de la desaparició als responsables de Caminando Fronteras, que els han ofert acompanyament. La informació inicial, en base als testimonis dels familiars de les potencials víctimes, parlava d'una pastera amb 30 migrants a bord, però segons les fonts consultades no hi havia les dues menors.

L'entitat humanitària ha prestat acompanyament als familiars al llarg de la recerca i aquests, una vegada han pogut contactar amb ells, ho han posat en coneixement dels activistes.

Es dona la circumstància que la Delegació del Govern a Balears va informar divendres passat que la Marina Algeriana havia interceptat dues de les pasteres que havien estat reportades com a desaparegudes, encara que no va oferir informació que permetés verificar que es tractava d'elles.

Aquesta mateixa tarda, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van rescatar una embarcació amb 22 migrants a bord, entre ells set dones, al sud de Mallorca. Tant la Delegació del Govern com Caminando Fronteras van confirmar llavors que era una altra de les pasteres desaparegudes.

Per tant, les dues embarcacions suposadament localitzades per les autoritats algerianes havien de ser les que portaven a bord 30 -finalment 32- i 29 migrants a bord. Sempre segons Caminando Fronteras, almenys una d'elles no era una de les desaparegudes, atès que va ser localitzada en aigües d'Eivissa dissabte.

Dos bebés, dos niñas de dos y 18 meses, han ingresado en el Hospital Can Misses de Eivissa con síntomas de deshidratación tras ser rescatadas en una patera. Fuentes del IbSalut han informado de que las bebés están ingresadas en planta de pediatría y que su evolución es favorable.

Las niñas habrían viajado a bordo de la patera que el sábado fue rescatada en Eivissa con 32 migrantes subsaharianos a bordo y que era una de las tres de cuya desaparición se alertó la semana pasada, según ha podido confirmar la ONG Caminando Fronteras.

Respecto a esta embarcación, fuentes de la ONG aseguraron a Europa Press que horas después de ser interceptadas por Salvamento Marítimo los migrantes se pusieron en contacto con sus familiares que se encuentran en sus países de origen.

Se trata de la embarcación que llevaba a bordo tres mujeres y dos bebés, todos ellos de origen subsahariano, que salió de las costas de Argelia el pasado 22 de enero.

Las familias, previamente, habían alertado de la desaparición a los responsables de Caminando Fronteras, quienes les han brindado acompañamiento. La información inicial, en base a los testimonios de los familiares de las potenciales víctimas, hablaba de una patera con 30 migrantes a bordo, pero según las fuentes consultadas no contabilizaba a los dos menores.

La entidad humanitaria ha prestado acompañamiento a los familiares a lo largo de la búsqueda y estos, una vez han podido contactar con ellos, lo han puesto en conocimiento de los activistas.

Se da la circunstancia de que la Delegación del Gobierno en Balears informó el pasado viernes de que la Marina Argelina había interceptado a dos de las pateras que habían sido reportadas como desaparecidas, aunque no ofreció información que permitiera verificar que se trataba de ellas.

Esa misma tarde, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron una embarcación con 22 migrantes a bordo, entre ellos siete mujeres, al sur de Mallorca. Tanto la Delegación del Gobierno como Caminando Fronteras confirmaron entonces que era otra de las pateras desaparecidas.

Por lo tanto, las dos embarcaciones supuestamente localizadas por las autoridades argelinas debían ser las que llevaban a bordo 30 -finalmente 32- y 29 migrantes a bordo. Siempre según Caminando Fronteras, al menos una de ellas no era una de las desaparecidas, dado que fue localizada en aguas de Eivissa el sábado.

La Guàrdia Civil ha localitzat amb vida 22 migrants que van salpar en pastera dimarts passat des d'Algèria cap a Balears, tal com han confirmat fonts de l'Institut Armat a elDiario.es. El rescat, produït a 34 milles al sud de Mallorca, ha tingut lloc en el marc del dispositiu de cerca articulat aquests dies arran de la desaparició de tres embarcacions amb 81 persones a bord, entre elles dos bebès i una desena de dones, que van sortir des del litoral algerià. Malgrat no disposar de coordenades precises que permetin delimitar l'àrea, un avió de Frontex i un altre de la Benemèrita continuen rastrejant la zona.

En paral·lel, va transcendir que la Marina Algeriana havia localitzat dues pasteres en els últims dies. No obstant això, Caminando Fronteras ha advertit que aquestes embarcacions podrien no correspondre's amb les denunciades com a desaparegudes. La Guàrdia Civil assegura, així mateix, no tenir constància de la troballa de totes dues pasteres.

L'alerta va ser traslladada la tarda d'aquest dijous per la pròpia organització humanitària després que familiars dels migrants que anaven a bord comuniquessin que portaven dies sense notícies dels seus afins després d'haver partit des d'Algèria rumb a l'arxipèlag balear.

Al llarg d'aquest dijous, un avió de Frontex ja va realitzar diverses batudes per a tractar de localitzar les pasteres mentre s'articulava l'operatiu, segons van informar des de la Delegació del Govern. La preocupació va créixer amb el pas de les hores i la falta de contacte amb les embarcacions, especialment en el cas d'una llanxa que havia partit el dimarts amb 22 persones a bord, set d'elles dones, en la seva majoria de nacionalitat somali i una d'origen sudanès. Segons l'organització, el telèfon d'un dels ocupants facilitat per la família ja no donava senyal.

L'ONG ha assenyalat a Europa Press que, després de conèixer aquesta informació, va sol·licitar a Salvament Marítim col·laboració per verificar si es tractava de les mateixes pasteres, però, segons l'entitat, l'organisme els hauria dit que no podien realitzar aquestes gestions. Més tard, l'organització sí que va poder constatar que no havien estat rescatades.

Segons explica la responsable de Caminando Fronteras, Helena Maleno, dues de les pasteres van sortir de les costes d'Algèria diumenge passat. Una d'elles portava 29 persones d'origen subsaharià a bord i la segona, a altres 30 subsaharians, entre ells tres dones i dos nadons.

Des de l'organització estan en contacte amb les famílies de les potencials víctimes, que s'han posat en contacte amb ells en no tenir notícies del seu parador malgrat haver transcorregut ja uns dies des que van salpar d'Algèria, i oferint-los acompanyament. També han traslladat aquesta informació a Salvament Marítim perquè eventualment puguin realitzar una recerca d'aquestes embarcacions.

La desaparició es produeix en una setmana en la qual han arribat a Balears 410 migrants a bord de 23 pasteres. En el que va d'any han estat localitzades 40 embarcacions d'aquest tipus a les illes amb un total de 798 ocupants, d'acord al recompte d'EFE a partir de les dades del Ministeri de l'Interior i la Delegació del Govern.

Segons l'informe anual Monitoreo del Derecho a la Vida de Caminando Fronteras, almenys 1.037 persones van desaparèixer el 2025 en la ruta algeriana, que connecta el país magribí amb Balears i el llevant peninsular, considerada per l'organització com una de les més perilloses. Es tracta d'una dada que, a parer de la ONG, evidencia un patró estructural de desprotecció del dret a la vida al mar, agreujat per la demora sistemàtica o la no activació dels dispositius de recerca i rescat.

“Aquest territori és avui un laboratori: un espai on convergeixen la criminalització, la necropolítica i l'erosió progressiva del dret internacional, especialment en la protecció del dret a la vida”, asseveren des de l'entitat, qualificant fins i tot l'arxipèlag de “laboratori de la necrofrontera”.

Una ruta “negada i invisibilitzada”

Durant anys, tal com assevera l'informe, la ruta algeriana ha travessat múltiples transformacions, sent una ruta “negada i invisibilitzada per les institucions que no la reconeixien com a tal”. El passat mes de setembre, el Govern central va aprovar la declaració d'emergència migratòria a Balears en resposta a l'increment de persones migrants arribades a les costes de l'arxipèlag al llarg d'aquest any, acompanyada d'una inversió de 6,75 milions d'euros per reforçar l'atenció humanitària cap als nouvinguts.

L'informe subratlla que Balears és, a més, una de les zones amb major opacitat en relació amb les operacions de rescat desaparegudes al mar: persisteixen les cerques passives i la limitació dels operatius a les àrees properes al territori, juntament amb una escassa cooperació entre els països que comparteixen la protecció de les zones SAR -espais marítims delimitats que estan a càrrec d'un país en el cas que hi hagi que procedir a un rescat o a ajudar una embarcació-.

La Guardia Civil ha localizado con vida a 22 migrantes que zarparon en patera el pasado martes desde Argelia hacia Balears, tal como han confirmado fuentes del Instituto Armado a elDiario.es. El rescate, producido a 34 millas al sur de Mallorca, ha tenido lugar en el marco del dispositivo de búsqueda articulado estos días a raíz de la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo, entre ellas dos bebés y una decena de mujeres, que salieron desde el litoral argelino. Pese a no disponer de coordenadas precisas que permitan acotar el área, un avión de Frontex y otro de la Benemérita continúan rastreando la zona.

Se da la circunstancia de que la Marina Argelina informó este jueves del rescate de dos de las embarcaciones, si bien la ONG Caminando Fronteras señala que podrían no ser las barcas cuyo paradero se desconoce. La Guardia Civil asegura, asimismo, no tener constancia del hallazgo de ambas pateras.

La alerta fue trasladada la tarde de este jueves por la propia organización humanitaria después de que familiares de los migrantes que iban a bordo comunicaran que llevaban días sin noticias de sus allegados tras haber partido desde Argelia rumbo al archipiélago balear.

A lo largo de este jueves, un avión de Frontex ya realizó varias batidas para tratar de localizar las pateras mientras se articulaba el operativo, según informaron desde la Delegación del Gobierno. La preocupación creció con el paso de las horas y la falta de contacto con las embarcaciones, especialmente en el caso de una lancha que había partido el martes con 22 personas a bordo, siete de ellas mujeres, en su mayoría de nacionalidad somalí y una de origen sudanés. Según la organización, el teléfono de uno de los ocupantes facilitado por la familia ya no daba señal.

La ONG ha señalado a Europa Press que, tras conocer esa información, solicitó a Salvamento Marítimo colaboración para verificar si se trataba de las mismas pateras, pero, según la entidad, el organismo les habría que no podían realizar esas gestiones. Más tarde, la organización sí que pudo constatar que no habían sido rescatadas.

Según ha explicado la responsable de Caminando Fronteras, Helena Maleno, en base a la información de la que disponen, dos de las pateras salieron de las costas de Argelia el pasado domingo. Una de ellas llevaba 29 personas de origen subsahariano a bordo y la segunda, a otros 30 subsaharianos, entre ellos tres mujeres y dos bebés.

Desde la organización están en contacto con las familias de las potenciales víctimas, que se han puesto en contacto con ellos al no tener noticias de su paradero pese haber transcurrido ya unos días desde que zarparon de Argelia, y ofreciéndoles acompañamiento. También han trasladado esta información a Salvamento Marítimo para que eventualmente puedan realizar una búsqueda de estas embarcaciones.

La desaparición se produce en una semana en la que han llegado a Balears 410 migrantes a bordo de 23 pateras. En lo que va de año han sido localizadas 40 embarcaciones de este tipo en las islas con un total de 798 ocupantes, de acuerdo al recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Según el informe anual Monitoreo del derecho a la vida de Caminando Fronteras, al menos 1.037 personas desaparecieron en 2025 en la ruta argelina, que conecta el país magrebí con Baleares y el levante peninsular, considerada por la organización como una de las más peligrosas. Se trata de un dato que, a juicio de la organización, evidencia un patrón estructural de desprotección del derecho a la vida en el mar, agravado por la demora sistemática o la no activación de los dispositivos de búsqueda y rescate.

“Este territorio es hoy un laboratorio: un espacio donde convergen la criminalización, la necropolítica y la erosión progresiva del derecho internacional, especialmente en la protección del derecho a la vida”, aseveran desde la entidad, calificando incluso el archipiélago de “laboratorio de la necrofrontera”.

Una ruta “negada e invisibilizada”

Durante años, tal como asevera el informe, la ruta argelina ha atravesado múltiples transformaciones, siendo una ruta “negada e invisibilizada por las instituciones que no la reconocían como tal”. El pasado mes de septiembre, el Gobierno central aprobó la declaración de emergencia migratoria en Balears en respuesta al incremento de personas migrantes llegadas a las costas del archipiélago a lo largo de este año, acompañada de una inversión de 6,75 millones de euros para reforzar la atención humanitaria hacia los recién llegados.

El informe subraya que Balears es, además, una de las zonas con mayor opacidad en relación con las operaciones de rescate desaparecidas en el mar: persisten las búsquedas pasivas y la limitación de los operativos a las áreas cercanas al territorio, junto con una escasa cooperación entre los países que comparten la protección de las zonas SAR -espacios marítimos delimitados que están a cargo de un país en el caso de que haya que proceder a un rescate o a ayudar a una embarcación-.

La Guàrdia Civil ha rescatat un total de 57 persones arribades a Formentera en les últimes hores, 31 d'elles en una embarcació que ha col·lidit contra una zona rocosa de l'illa.

La intervenció s'ha produït sobre les 08.50 hores d'aquest dilluns, a uns 20 metres de la línia de costa després que la pastera xoqués contra unes roques que sobresortien al mar, segons ha informat la Delegació del Govern central a Balears.

Els ocupants de l'embarcació, tots ells d'origen subsaharià, s'han refugiat en aquestes formacions rocoses fins que han arribat els efectius de l'Institut Armat per traslladar-los fins al municipi de Formentera. Dos d'ells han estat atesos per hipotèrmia. Juntament amb la Guàrdia Civil de Formentera ha actuat el Servei Marítim Provincial de la Benemèrita.

Per un altre costat, a les 07.05 hores, l'Institut Armat ha interceptat 12 persones d'origen magribí a la línia de costa a la zona de S'Estufador, a la mateixa illa. Hores abans, a les 03.50, han estat localitzades altres 14 persones d'origen magribí a Es Ram, també a la menor de les Pitiüses.

En el que va d'any han estat localitzades 21 pasteres a Balears amb un total de 441 migrants a bord, d'acord al recompte realitzat per EFE a partir de les dades del Ministeri de l'Interior i la Delegació del Govern.

L'any passat van arribar a l'arxipèlag 7.321 persones en 401 pasteres procedents d'Algèria, cosa que representa un augment del 24,5 % en el nombre de migrants i un increment de gairebé el 15 % en el volum d'embarcacions en comparació amb 2024, segons l'últim informe quinzenal de 2025 d'Interior.

Un total de 19 migrantes han sido rescatados la tarde de este lunes cuando navegaban a bordo de una patera en aguas próximas a la isla de Cabrera.

Ha sido sobre las 19.40 horas cuando la embarcación ha sido interceptada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a dos millas al este de la isla.

A bordo iban 19 personas de origen argelino, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares.

Con esta son cuatro las pateras y 76 migrantes llegados a Balears en lo que va de lunes.

Entre la madrugada y la mañana han sido rescatadas 57 personas en Formentera. Un grupo de 31 ha quedado atrapado en una zona rocosa cercana a la costa y dos de ellos han tenido que ser atendidos por una hipotermia.

Los servicios de emergencias han recuperado este lunes el cuerpo sin vida de un varón en aguas de la playa de Los Muertos, en Carboneras (Almería), donde también se ha registro al menos un herido de consideración durante el desembarco de una patera.

Fuentes de la investigación han confirmado Europa Press que poco antes de las 12:45 horas se ha dado aviso por la llegada de una embarcación rápida que ha desembarcado frente al litoral carbonero a los ocupantes de la lancha, que han vuelto mar adentro.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de Guardia Civil, que han podido recuperar el cadáver de un varón y auxiliar a otro herido, con una lesión en una pierna. Igualmente, se ha rescatado a nueve varones en aparente buen estado de salud.

Las autoridades trabajan en la zona ante la posible presencia de otras embarcaciones destinadas al tráfico irregular de personas, toda vez que el cuerpo del fallecido ha sido trasladado al puerto de Carboneras.