Los reyes han continuado con su visita oficial a Melilla este miércoles. En su discurso para cerrar la jornada, Felipe VI, como ya hizo en Ceuta el día anterior, ha llamado al “civismo” y pedido a Marruecos una relación con “confianza y responsabilidad”.

“Todas las instituciones, empezando por la Jefatura del Estado, debemos trabajar con la misma conciencia del bien común”, ha expresado, para abogar también por “seguir haciendo las cosas bien en términos de convivencia” y creer en “la ley y la dignidad de las personas”.

El monarca también ha señalado, al igual que en la ciudad ceutí, que “Melilla es España y Melilla es Europa”. “Cualquier amenaza a este Gobierno lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea”.

“España y Marruecos debemos velar por construir y preservar una relación de buena vecindad que mire por un futuro de provecho mutuo”, ha afirmado sobre el país vecino, lo que “exige confianza y responsabilidad basadas en la buena fe”. Felipe VI ha añadido que “merece la pena trabajar por ello y nos debemos comprometer todos”.

La visita, la primera de Felipe VI a la ciudad desde su proclamación en 2014, se ha producido en un escenario marcado por la mayor crisis migratoria registrada en Ceuta y el resurgimiento de las reivindicaciones territoriales marroquíes. 

La agenda de los reyes ha sido similar a la que tuvieron en Ceuta este martes. Por la mañana les ha recibido el presidente Juan José Imbroda, quien ha entregado a Felipe VI la Llave de Oro de la ciudad, y por la tarde han visitado un colegio antes de que el rey ofreciera su discurso como cierre de la jornada.

Ceuta y Melilla están a cientos de kilómetros de Zaragoza, pero tuvieron una presencia destacada este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento. Hasta tres de las seis mociones presentadas por PP y Vox estuvieron relacionadas con las dos ciudades autónomas y las relaciones con Marruecos. Hubo también espacio para ETA y la política penitenciaria. Entre medias, dos iniciativas consiguieron quedarse en Zaragoza, aunque una de ellas para reclamar al Gobierno de España más efectivos de Policía Nacional.

El reparto resulta especialmente llamativo al contemplar en conjunto las 15 mociones incluidas entre los puntos 28 y 42 del orden del día. El PP presentó dos y Vox cuatro. De esas seis, cuatro estuvieron dedicadas fundamentalmente a cuestiones de ámbito estatal o alejadas de las competencias propias de un Ayuntamiento.

La primera llegó ya en el punto 28. El PP planteó que el Ayuntamiento expresara su “firme apoyo” a Ceuta y reclamara al Gobierno de España mantener allí los recursos necesarios para garantizar la normalidad, la seguridad y el orden público y el ejercicio de los derechos de los ceutíes.

Vox amplió considerablemente el radio de acción municipal. Su primera moción reafirmaba que Ceuta y Melilla son “irrevocablemente España”, condenaba la actuación de Marruecos y exigía la presencia y actuación permanente de las Fuerzas Armadas en la defensa de las fronteras. No sería la última visita del pleno zaragozano a las ciudades autónomas. En el punto 36, la formación volvía sobre ellas para reclamar al Gobierno de España medidas de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de reforzar un plan de actuación en Ceuta y Melilla.

Así que Ceuta o Melilla aparecieron en tres de las seis mociones de PP y Vox.

La cuarta iniciativa que llevó al Ayuntamiento fuera de sus competencias más inmediatas estuvo dedicada a ETA. Vox propuso mantener el reconocimiento a las víctimas del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, pero la iniciativa se extendía también a la política nacional: condenar lo que la formación denomina “blanqueamiento” de la violencia terrorista, rechazar la política penitenciaria del Gobierno de España y reclamar la ruptura de pactos con partidos que no condenen el terrorismo de ETA.

El viaje resulta especialmente llamativo si se recuerda qué defendía el propio Vox apenas unos meses antes. En marzo, todavía con Julio Calvo como portavoz municipal, la formación reivindicaba el “auténtico municipalismo” y sostenía que un Ayuntamiento debía ocuparse prioritariamente de “los pequeños problemas de los zaragozanos”, como la iluminación de las calles, la suciedad o el transporte público. Calvo llegó a resumirlo en “la baldosa rota, la farola que no funciona, la suciedad”. Tras su jubilación y salida del Ayuntamiento, Eva Torres asumió la portavocía del grupo. Ahora, tres de las cuatro mociones presentadas por Vox en el pleno de septiembre han llevado el debate hasta Ceuta y Melilla, Marruecos, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, ETA y la política penitenciaria.

Dos mociones consiguen quedarse en Zaragoza

Quizá por eso, entre Ceuta, Melilla, Marruecos, ETA, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia hubo también sitio para Zaragoza y la seguridad ciudadana. Vox presentó una moción directamente vinculada con una competencia municipal: reorientar la Policía Local hacia un modelo integral de seguridad urbana, actualizar sus indicadores y comenzar a reformar el Reglamento del cuerpo, que data de 1995.

El PP completó sus dos iniciativas con otra dedicada a la seguridad ciudadana en Zaragoza, aunque en este caso el destinatario volvía a ser el Gobierno central. Los populares reclamaron al Ejecutivo, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Aragón un aumento “estable y suficiente” de los efectivos y medios materiales de la Policía Nacional destinados a la capital aragonesa.

El mapa de preocupaciones cambia considerablemente al observar las otras nueve mociones del pleno.

Zaragoza en Común llevó tres. Una planteaba modificar el PGOU para establecer distancias mínimas entre nuevas gasolineras y viviendas y equipamientos y suspender cautelarmente licencias en Valdespartera y el Picarral; otra abordaba el conflicto laboral de la limpieza y las reivindicaciones de la plantilla de FCC; y la tercera volvía sobre el contencioso del Tiro de Pichón y reclamaba un pleno extraordinario para resolver el recurso pendiente.

El PSOE presentó cuatro iniciativas. La primera abordaba la seguridad del servicio del tranvía y las condiciones laborales de su plantilla; otra, la financiación y calidad del Servicio de Ayuda a Domicilio; una tercera reunía varias cuestiones de la ciudad —gratuidad temporal de autobuses afectados por las obras, un plan extraordinario de limpieza, aceleración de la climatización de los colegios públicos y congelación de tasas y tarifas en 2027—; y la cuarta reclamaba reforzar las políticas municipales contra el cambio climático y avanzar hacia la neutralidad climática en 2030.

Las dos mociones restantes correspondieron a la concejal no adscrita. Una sí volvió a sacar al pleno de Zaragoza, esta vez para declarar el “Día del Pueblo Saharaui en Zaragoza” y reforzar los vínculos con los campamentos de refugiados. La otra regresó a un asunto inequívocamente municipal: poner en marcha en centros de mayores y centros cívicos una campaña para prevenir y detectar el riesgo de caídas entre las personas mayores.

El resultado deja una curiosa radiografía de las prioridades que cada formación decidió convertir en moción en el pleno de septiembre. De las 15 iniciativas, seis procedían de PP y Vox y cuatro de estas colocaron el foco en Ceuta, Melilla, Marruecos, ETA, las Fuerzas Armadas o la política penitenciaria. Mientras tanto, las otras formaciones llevaron al mismo salón de plenos la huelga de la limpieza, el SAD, el tranvía, las gasolineras junto a viviendas y colegios, el transporte afectado por las obras, la climatización de los centros educativos, las tasas municipales o el Tiro de Pichón, que no encontraron el apoyo de PP y Vox en casi ninguna.

La vivienda llegó por urgencia y no prosperó

La vivienda no figuraba, sin embargo, entre las 15 mociones ordinarias del pleno, aunque acabó entrando en el debate por la vía de urgencia. tras el desahucio de la anciana de 87 años de Madrid que ha acabado con movilizaciones en toda España. Por ello, Zaragoza en Común y PSOE presentaron otras dos iniciativas centradas en uno de los principales problemas de acceso a la vivienda: los desahucios, la estabilidad residencial y el encarecimiento de los alquileres. Ninguna salió adelante.

ZeC planteó instar al Gobierno de España a aprobar con carácter urgente un real decreto-ley con medidas estructurales contra los desahucios y en favor de la estabilidad residencial y reclamó al Gobierno de Aragón la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, entre otras medidas.

El PSOE llevó una segunda moción urgente para pedir a los grupos de las Cortes Generales que respaldasen los dos reales decretos-leyes en materia de vivienda y, de nuevo, reclamar al Ejecutivo aragonés que Zaragoza sea declarada zona tensionada con el objetivo de favorecer una rebaja de los precios del alquiler.

Los reyes Felipe VI y Letizia viajarán el próximo 13 de octubre a Ceuta en la que será su primera visita desde su llegada al trono en junio de 2014 y que se producirá dos meses y medio después de la entrada de más de 80.000 migrantes a esta ciudad autónoma desde Marruecos, según ha anunciado este jueves fuentes Zarzuela y del Gobierno. En el Ejecutivo clarifican que Sánchez no suele acompañar a los monarcas en sus viajes oficiales y previsiblemente será algún ministro el que represente al Gobierno en esta visita.

La visita incluirá también Melilla, donde tampoco habían estado hasta la fecha. El único viaje real desde el restablecimiento de la monarquía a ambas ciudades enclavadas en el norte de África fue el de Juan Carlos I y Sofía el 6 y 7 de noviembre de 2007. Para que se lleve a cabo, esta visita “ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real”, han precisado las fuentes.

El desplazamiento de los Reyes a Ceuta fue anunciado a finales de agosto por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió que había “argumentos y razones más que suficientes” para que el monarca viajara a la ciudad autónoma y prometió que se produciría cuando se dieran “las condiciones para ello”.

La fecha no se ha concretado hasta ahora, si bien en las semanas transcurridas desde el Ejecutivo se había venido ratificando que iba a producirse de forma inminente y que Moncloa y Zarzuela estaban trabajando en su organización. Este mismo miércoles, preguntado por la fecha, Sánchez dijo que se anunciaría llegado el momento y eludió aclarar si acompañaría a los reyes en el viaje.

La visita se produce después de las elecciones en Marruecos

Uno de los factores que ha contribuido a demorar el desplazamiento fue la celebración de elecciones parlamentarias en Marruecos el 23 de septiembre, máxime cuando desde el Gobierno sostienen que la visita a las dos ciudades autónomas no debería soliviantar al reino alauí, donde los acontecimientos de finales de julio han reavivado las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, subrayó que “los reyes de España no tienen que solicitar autorización a nadie ni pedir permiso a nadie para acudir a ninguna ciudad española”, aunque apuntó que “por cortesía diplomática se puede trasladar alguna información, pero desde luego ni autorizaciones ni especificidades al respecto”.

Felipe VI aseguró en los primeros momentos del estallido de la crisis que había seguido “con gran preocupación e indignación los graves acontecimientos” en esta ciudad autónoma y “en menor medida, también en Melilla”, donde hubo igualmente algunos intentos de entrada.

“El rey cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España”, trasladaron el 1 de agosto fuentes de la Casa del Rey, insistiendo en que “el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”.

Asimismo, el monarca recibió en el Palacio de Marivent, donde estaba de vacaciones, a Vivas el 6 de agosto, quien a su salida ya adelantó que el monarca le había expresado su deseo de poder viajar a Ceuta cuando fuera posible. Felipe VI habló nuevamente con el presidente ceutí el 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, para transmitirle “el apoyo de toda España” y apelar “a la unidad y a la convivencia”.

El martes, durante la cena de gala ofrecida al presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio Real, el monarca no dudó en tildar de “inaceptable” lo ocurrido en Ceuta, que consideró que había sido una violación de una frontera no solo española, sino europea. En este sentido, defendió que los países en la frontera exterior de la UE, como España, no pueden “afrontar solos una responsabilidad que es de todos”.

La visita de Juan Carlos I y Sofía provocó en su momento una airada reacción de Marruecos, que procedió a llamar a consultas a su entonces embajador en Madrid, Omar Azziman, quien tardó más de dos meses en regresar a su puesto, además de críticas por parte de la clase política y también algunas protestas.

En Rabat no solo molestó que se cuestionara su soberanía sobre ambos enclaves, que considera ocupados por España, sino que tuviera lugar coincidiendo con el aniversario de la 'Marcha Verde', uno de los hitos en su historia y que sentó las bases para la ocupación del Sáhara Occidental tras la salida de España en 1976, que se mantiene hasta la fecha.

Vox ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa para “la defensa, seguridad y refuerzo de Ceuta y Melilla”.

A través de este texto, el partido ultra eleva a la Junta de Comunidades su denuncia asegurando que la seguridad de la frontera sur “requiere una arquitectura defensiva con capacidad para intensificarse de inmediato ante situaciones de riesgo extremo o entradas masivas”, según recoge Europa Press.

“Exigimos un despliegue permanente, integral y con pleno respaldo para las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad. Quienes defienden nuestras fronteras deben contar con los medios, la autoridad y la protección jurídica necesaria para repeler cualquier ataque”, ha declarado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno.

El político, que es también teniente de alcalde en Talavera de la Reina, en un gobierno conjunto con el PP, había citado a la prensa frente a la Academia de Infantería de Toledo - construida por cierto por presos del franquismo condenados a trabajos forzados- y a la que ha calificado como “una de las mejores escuelas militares del mundo, donde cada año nuestros cadetes juran defender a España, sus fronteras, su soberanía nacional y su integridad territorial”.

Mensaje de corte bélico para “defender” a España

En su intervención ante la prensa, el diputado de Vox ha dicho que “Ceuta y Melilla son españolas, y España se defiende por tierra, mar y aire con el mejor ejército del mundo, que es el español, y con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son también los mejores Cuerpos de Seguridad que un Estado puede tener”.

Ceuta y Melilla son españolas, y España se defiende por tierra, mar y aire con el mejor ejército del mundo, que es el español

Se ha descolgado además asegurando que “Castilla-La Mancha sufre la presencia de cédulas yihadistas que han sido desmanteladas gracias a su trabajo” y a reglón seguido ha reclamado que se les reconoza como “profesión de riesgo”, además de “otorgar el carácter de agente de la autoridad al personal militar desplegado en misiones fronterizas y mayor presencia de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional para que España vuelva a controlar sus fronteras”.

Vox presenta esta iniciativa en el Parlamento regional a sabiendas de que no se debatirá. El Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha no permite, desde el año 2023, la toma en consideración de cuestiones que no afecten a las competencias directas de la comunidad autónoma.

El pasado 3 de septiembre, el presidente de las Cortes regionales Pablo Bellido ya expulsó a la diputada del PP, Itziar Asenjo, del salón de plenos por no ceñirse al orden del día e insistir a lo largo de toda su intervención en hablar sobre la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio en un punto del orden del día que originalmente estaba concebido para debatir sobre recursos hídricos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra los miles de personas migrantes que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva del pasado mes de julio. “Estos señores no vienen a buscar un trabajo, vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha sostenido en declaraciones a los medios desde Melilla.

Feijóo ha criticado el traslado de cientos de estos migrantes desde el campamento improvisado de la playa del Trampolín a las instalaciones habilitadas por el Gobierno en el Puerto de Ceuta. “No es capaz de mantener el orden público”, ha dicho sobre el Ejecutivo, a cuenta de las imágenes de caos en dicho traslado.

“Esto no es inmigración, los inmigrantes no se enfrentan a la policía”, ha sostenido Feijóo. “Los inmigrantes intentan buscar un trabajo, aunque sean regulares”, ha dicho. En realidad, quería decir “irregulares”.

Durante el traslado, la Policía Nacional ha cargado contra un gran grupo de migrantes que se agrupaban para tratar de ser incluidos en el contingente de personas dirigidas al nuevo campamento de puerto de Ceuta. El nuevo campo tiene capacidad para 1.700 personas, mientras que se calcula que los asentamientos de Benítez y Trampolín puede superar los 3.000.

Al menos tres personas migrantes han resultado heridas, según ha podido comprobar en el terreno elDiario.es. Uno de ellos, con la cara ensangrentada, ha logrado acceder hasta la segunda zona donde la Policía está acumulando a los desalojados. Otro caminaba hacia allí a duras penas, con sus manos en la tripa, doblado por el aparente dolor. Acompañado por dos miembros de la ONG que gestiona el campamento, Samu, ha tenido que sentarse en el suelo ante la dificultad para caminar.

El PP, con su líder nacional y el presidente ceutí, Juan José Vivas, a la cabeza han solicitado reiteradamente desalojar de la playa a esas personas, aunque han boicoteado cualquier emplazamiento buscado por el Ejecutivo.

Este viernes, Feijóo ha dicho que “la única solución es la expulsión y el retorno”, pese a las trabas legales que hay al respecto, y que ya supusieron la condena en 2021 de las entonces vicepresidenta y delegada del Gobierno en Ceuta.

Aznar llama “traidor” a Sánchez

Las críticas del PP al Gobierno han comenzado desde primera hora en redes sociales. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido en Twitter la dimisión del Gobierno tras el traslado de migrantes al puerto de la ciudad autónoma en un dispositivo complicado en el que ha habido cargas que han dejado al menos tres personas migrantes heridas y en el que centenares de ellas se han echado a la carrera.

También se ha pronunciado la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha ironizado sobre la “normalidad” en Ceuta, reprochando al presidente Pedro Sánchez su gestión de la “invasión”. “Se aprecia la 'inseguridad subjetiva'”, ha comentado, en referencia a las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Para Muñoz, el Ejecutivo ha vuelto a dejar “vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares”, mientras Ceuta queda “abandonada a su suerte”. “Jamás te lo perdonaremos”, ha advertido a Sánchez.

Y mientras esto ocurría, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que “hay que militarizar” Ceuta “sin ninguna duda”, pero que “la reacción del Gobierno” ha sido “darle la razón a los invasores” y “no defender su país”. “Los militares y el Gobierno tienen la obligación constitucional” de defender la soberanía española, ha sostenido, “lo demás es cobardía, incompetencia y traición”. Así se ha expresado en una entrevista en Antena 3.

Repreguntado varias veces de forma expresa si considera un “traidor” a Sánchez, Aznar ha respondido que “sí”. Pese a ello, el expresidente ha descartado que su partido, el PP, deba presentar una moción de censura. “No hace falta añadir más frustración”, ha dicho. Aznar no se ha pronunciado sobre la activación del artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por traición.

“Nuestro propósito era convertir Ceuta y Melilla en auténticas plataformas de conexión entre Europa y África, polos de desarrollo económico capaces de generar oportunidades, fijar población y reforzar su papel estratégico en la política mediterránea y africana de la Unión Europea”. Quien así se explica es José Segura Clavell, actual director general de Casa África y en aquel entonces, legislatura 1996-2000, diputado por Santa Cruz de Tenerife. Segura fue el autor y promotor de una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados para dotar a ambas ciudades autónomas de un régimen económico y fiscal específico para paliar las graves desventajas competitivas que sufren esos territorios debido a su aislamiento geográfico, su reducida extensión y la carencia de materias primas.

La iniciativa del grupo parlamentario socialista contenía 37 artículos, cuatro disposiciones adicionales y ocho disposiciones transitorias y respondía a una demanda que, según recuerda su promotor, llegaba previamente formulada dos años antes por las propias ciudades autónomas, a través de sus asambleas.

La proposición de ley fue rechazada por el Congreso de los Diputados por 127 votos a favor y 156 en contra, con una abstención. El rechazo mayoritario fue del Partido Popular, que entonces gobernaba bajo la presidencia de José María Aznar.

El PSOE pretendía la declaración formal de Ceuta y Melilla como territorios francos a efectos aduaneros y comerciales, es decir, un régimen económico y fiscal específico, con el establecimiento de un blindaje para la inversión estatal de modo que, bajo ningún concepto, pudiera producirse una disminución del gasto público ordinario o de inversión que el Estado destinara a ambas ciudades.

Regiones ultraperiféricas

Muy en sintonía con lo que se reclama ahora, la proposición de ley socialista incluía encomendar al Gobierno español gestionar ante las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento definitivo de Ceuta y Melilla como Regiones Ultraperiféricas, buscando un trato comunitario más favorable que atendiera de manera justa su lejanía y extrapeninsularidad.

En el plano impositivo y de fomento empresarial, la propuesta incluía medidas de gran calado, como una bonificación del 50% en la cuota del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para las rentas e inversiones generadas en las ciudades autónomas; una reducción del 99% en el Impuesto sobre Sociedades hasta el año 2006 para las entidades de nueva creación que cumplieran ciertos requisitos de inversión y empleo y el fomento para la creación de sociedades especiales de exportación y participación financiera orientadas hacia terceros países del Mediterráneo, cuya tributación se limitaría a un testimonial 1%.

En el aspecto laboral, la proposición Segura Clavell contemplaba una bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes y las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

También se contemplaba que Ceuta y Melilla quedaran excluidas de los impuestos indirectos estatales habituales. Adicionalmente, se aplicaría una bonificación del 50% en las tasas públicas, los precios públicos y en los impuestos de carácter local y cedido (Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales).

Para rebatir las pretensiones socialistas, el PP encomendó la tarea a un peso pesado de la política ceutí, el diputado por esa circunscripción Francisco González Pérez, que lo fue en seis legislaturas y que llegó a ocupar el puesto de delegado del Gobierno en esa ciudad autónoma. Al igual que José Segura, González Pérez conoció Ceuta con motivo del servicio militar, entonces obligatorio, pero el diputado conservador se quedó allí a vivir. Falleció en 2015 con 54 años.

El portavoz del PP acusó al PSOE de desconocer los avances logrados bajo el gobierno de Aznar y de “insensibilidad” por la etapa socialista previa a 1996. Detalló las medidas ya implementadas por el Ejecutivo, como la implantación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), las nuevas deducciones del 50% en el IRPF y la actualización de las reglas de origen. Criticó que el PSOE hubiera recurrido la regulación del IRPF ante el Tribunal Constitucional y tildó de “falta de consideración total” presentar un solo proyecto para dos ciudades con realidades distintas. Finalmente, anunció que el Grupo Popular presentaría una proposición no de ley para instar al Gobierno a tramitar proyectos de ley específicos y complementarios para cada ciudad.

El 2 de marzo de 2022, Zakaria tenía 17 años. Venía de Mali y fue una de las 2.500 personas que ese día intentaron acceder a España saltando la Valla de Melilla. Medio centenar lo consiguieron; entre ellas este joven. Ese salto masivo provocó la respuesta de la Guardia Civil, que intentó detener y devolver a los migrantes. En medio de ese operativo, Zakaria fue atacado por un agente, que le golpeó en la cabeza con una porra.

La agresión le dejó ciego para siempre y, hace poco, a pesar de los tratamientos, le han tenido que extirpar su ojo izquierdo. Hace tres años y medio, este joven denunció a los superiores del Guardia Civil que le agredió, pero no ha sido llamado a declarar hasta este miércoles. Lo ha hecho en la Ciudad de la Justícia de Barcelona, ciudad en la que vive desde 2023.

“Estoy contento porque, por fin, me han escuchado. No quiero que esto le vuelva a pasar a nadie más”, ha declarado a la salida de su declaración, en remoto ante al juez de instrucción de Melilla, que es el encargado del caso. Desde Irídia, entidad que ha acompañado a Zakaria, consideran que la actitud del juez ha sido positiva y ha permitido que empiece el proceso de reparación. “Para las víctimas de agresión y tortura es esencial sentirse escuchados y explicar qué les ha pasado”, ha apuntado Sònia Olivella, coordinadora de litigios de Irídia.

Esperan que el proceso no se alargue demasiado, aunque todavía falta un punto importante: identificar al agente que golpeó repetidamente a Zakaria en la cabeza y la espalda. El guardia civil responsable del operativo ya fue citado a declarar, aunque como testigo, no como investigado, y no ayudó a identificar al policía.

De hecho, la falta de autor ha sido un escollo en el proceso judicial de este joven. Al inicio, el tribunal decidió archivar la causa sin practicar diligencias al no contar con el nombre del agente. Fue la Audiencia Provincial de Málaga la que, después de un recurso, ordenó su reapertura e insistió en que, en casos de tortura policial, se debe investigar aunque no se cuente con un autor. Una vez aquí, el joven fue llamado a declarar en octubre de 2024, pero la cita se aplazó por errores en el procedimiento del juzgado.

“Estos plazos alargados son ejemplo más de la violencia institucional desproporcionada e injustificada que tiene lugar en la frontera sur bajo el pretexto del control migratorio”, sostienen desde Iridia, entidad que apoya a Zakaria en su querella. También cuenta con el peritaje psicológico de SIRA (centro de atención a víctimas de tortura). La denuncia es por un posible delito de tortura, contra la integridad moral y lesiones graves, con agravante por el componente racista.

Otro factor que desde Irídia consideran que añade gravedad al caso es que la víctima cuente hoy con protección internacional reconocida y el consiguiente permiso de residencia. “Una persona que debía ser protegida por el Estado fue mutilada por uno de sus agentes”, afean desde la entidad. “Es inaceptable que, ante la falta de medios para pedir asilo en España de una manera segura, muchos no tengan otra manera que saltar la valla”, ha insistido Olivella.

Zakaria venía huyendo de Mali debido al conflicto en el que hace años que se ve inmerso el país. Tanto él como su familia ya habían abandonado su pueblo natal intentando esquivar la violencia, pero poco después de haberse asentado de nuevo, en 2019, un ataque terrorista mató a 160 personas. Entre ellas, estaba la madre de Zakaria. Poco después, con 15 años, decidió dejar Mali y trató de pedir el asilo en Argelia, sin éxito.

Pasó un tiempo en Marruecos pero, después de haber sufrido episodios de “violencia policial y persecución”, según consta en la denuncia, el joven decidió pasar a territorio español a pedir protección internacional. Lo hizo con un amigo, a quien la Guardia Civil atrapó antes que a él.

Después de la agresión, Zakaria pasó al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) y, de allí, fue trasladado al hospital, donde permaneció ingresado 15 días. Pero, tras el alta, el dolor en el ojo no desapareció. Nadie le explicaba qué le había pasado ni si volvería a ver. No pudo recibir un tratamiento especializado hasta que se trasladó a Barcelona, ciudad a la que llegó gracias al acompañamiento de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que también le ha ayudado en el proceso de asilo.

Una vez en la capital catalana fue cuando recibió la noticia: su ojo estaba perdido y no iba a recuperar la vista. “No quería vivir. No entendía por qué me había pasado eso. En Mali, mi vida corría peligro, pero sabiendo que me iban a hacer esto, venir no merecía la pena”, aseguró el joven en una entrevista con elDiario.es cuando se anuló su primera declaración.

Hoy, Zakaria ha rehecho su vida, vive en su propio piso y está estudiando. Ahora se está reinventando porque, cuando llegó a la capital catalana empezó a trabajar como cocinero, pero tuvo que dejarlo porque los dolores en el ojo eran demasiado. “El vapor de la cocina era muy doloroso, me picaba y me dolía”, asegura el joven, a quien se le ha reconocido un 40% de discapacidad.

Otra de las secuelas que le quedan al joven son las psicológicas; ha sido diagnosticado con un Trastorno por Estrés Postraumático y un Trastorno Depresivo Mayor. “Que se tarde tanto tiempo y haya tantos obstáculos para reparar su caso genera revictimización. La justicia personal y colectiva, que es lo que busca Zakaria, es un derecho”, apunta Paula Rossi, psicóloga de Irídia.

Desde la entidad insisten en señalar que el caso de este joven no es aislado. “Forma parte de un contexto concreto y sostenido de violencia y racismo institucional”, sostiene la entidad, que recuerda que la agresión se dio tres meses antes del 24 de junio, día que se conoce como el de la “masacre” de Melilla. Aquella jornada 2.000 personas intentaron saltar la valla, 40 de ellas perdieron la vida y 77 siguen desaparecidas.

Y eso, dos años antes de los hechos de Ceuta de este verano, cuando la cifra de migrantes que intentaron cruzar la frontera ascendió a los 70.000. Más de 140 personas fallecieron y casi 300 resultaron heridas.

“Recordamos la urgencia de habilitar vías legales y seguras de acceso a España y a la UE, que garanticen el respeto a los derechos humanos y al derecho de asilo”, insisten desde Irídia. Y añaden la necesidad de crear mecanismos de control independientes que “investiguen y depuren responsabilidades” en casos como el de Zakaria, para que las víctimas puedan tener garantías de verdad, justicia y reparación.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de choque por valor de 309 millones de euros, de los que 80 millones se estructuran como un estímulo económico, para dar respuesta a la crisis humanitaria en Ceuta.

El plan, presentado por el vicepresidente Carlos Cuerpo, contempla cuatro ejes distintos: un refuerzo de los servicios públicos en Ceuta y Melilla, un incremento de la dotación en materia de seguridad, mayor financiación para las labores de acogida y el estímulo económico per se.

“La idea de este Real Decreto-Ley es atender a las peticiones que nos han hecho agentes sociales, asociaciones empresariales y la ciudad de Ceuta en el último mes en que hemos estado en contacto permanente con todos ellos, teniendo una monitorización continua de la situación en la ciudad”, ha dicho el también ministro de Economía, que ha puesto en valor el volumen de las medidas para los próximos cuatro meses: cerca del 16% del PIB de la ciudad.

El primero de los ejes que contempla el plan de choque aprobado por el Ejecutivo es la inyección de 21 millones para reforzar los servicios esenciales de ambas ciudades, así como las plantas desalinizadoras en ambos enclaves, fundamentales para el día a día de ceutíes y melillenses. En concreto, han detallado fuentes de Moncloa, se sumarán 100 nuevos profesionales para el refuerzo de la atención primaria y hospitalaria (2,5 millones de euros), el refuerzo de la seguridad en centros educativos y actuaciones de acompañamiento para la comunidad docente (3,2 millones), 4,5 millones para el refuerzo de la administración de Justicia y una subvención de 2 millones de euros a la ciudad de Ceuta.

El segundo es el refuerzo en materia de seguridad, con 90 millones de euros, y que contempla un incremento del incentivo al rendimiento para Policías y Guardias Civiles, así como el refuerzo del despliegue de personal y medios de las Fuerzas Armadas.

La tercera pata del paquete de medidas, y la más voluminosa (118 millones), refuerza los servicios de acogida humanitaria, con 53,4 millones para asegurar alojamiento y atención básica a las personas migrantes y 63,6 millones para la acogida de menores no acompañados.

Cuerpo ha señalado que el cuarto de los ejes, las ayudas económicas, alcanza los 80 millones, el 4% del PIB de Ceuta. “Estos 80 millones superan con creces la estimación de pérdidas que había hecho la Cámara de Comercio, que estaba ligeramente por encima de 30 millones”, ha dicho el 'número dos' del Ejecutivo.

El ministro de Economía ha apuntado que es “particularmente complejo” calcular el alcance del perjuicio para la ciudad de la crisis fronteriza, pero que, en términos agregados, algunos indicadores como el gasto en tarjetas ha vuelto “en línea con los esperable” a los niveles habituales. Según Cuerpo, este llegó a hundirse hasta un 60% en los primeros días desde la entrada de cerca de 80.000 migrantes en el territorio ceutí.

El ministro, que ha valorado la colaboración de la ciudad y de los agentes sociales, ha reconocido que la situación es “muy heterogénea en función de barrios o sectores” y que todavía hay empresas que no han podido levantar la persiana.

“La ciudad autónoma, al igual que los agentes sociales, verán reflejadas sus demandas en estas medidas y no cabe ninguna duda respecto a la presencia del Estado a través de este apoyo a las empresas y trabajadores”, ha dicho el vicepresidente.

Ayudas directas, bonificaciones y avales

De este paquete de 80 millones de euros colgará un fondo de ayudas directas al tejido productivo, con el objetivo de llegar, ha dicho Cuerpo, a los 2.500 autónomos y 1.500 empresas.

Esta ayuda, con un volumen total de 36,6 millones, se gestionará por la Agencia Tributaria, de manera similar a como se hizo tras la Dana de Valencia de 2024, con cuantías de 5.000 euros para los empleados por cuenta propia y en función de la facturación para las empresas, con una horquilla de entre 10.000 y 150.000 euros.

La articulación en torno al fisco, ha dicho el vicepresidente, garantiza que llegará de la manera “más rápida” a los interesados, que podrán solicitarlas a partir del día 14 en la página web del organismo. “Esperamos que los pagos se inicien ya a principios de octubre”, ha señalado.

Además, el Gobierno ha reservado 14 millones en ayudas directas para el refuerzo de la actividad económica y empresarial en la ciudad, con actividades como bonos de consumo y al turismo, en colaboración con la Cámara de Comercio de la ciudad autónoma.

En materia fiscal, el Ejecutivo ha elevado la bonificación en el Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para las entidades en Ceuta y Melilla, así como para aquellas que mantienen actividad y puestos de trabajo en la ciudad. También se mejora la posibilidad de que los autónomos se deduzcan gastos de difícil justificación en el IRPF. El coste para los próximos cuatro meses es de 12,2 millones, pero estas mejoras serán permanentes.

Además, el ICEX pondrá en marcha un plan, Ceuta Exporta, con un millón de euros para favorecer la internacionalización de sus compañías, así como otro millón para su promoción internacional como destino turístico. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá en marcha una línea de avales por valor de 50 millones de euros.

En materia de la Seguridad Social, el Ejecutivo ha aprobado exenciones en las cuotas para las empresas que hayan visto interrumpida o limitada a su actividad y recurran a un ERTE; una prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos; una bonificación permanente en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 75%; y ayudas por 650.000 para formación de trabajadores a través del SEPE.

El Gobierno aprobará este martes una inyección extraordinaria de 21,5 millones de euros para reforzar los servicios públicos de Melilla y Ceuta, como parte de la respuesta del Ejecutivo a los efectos económicos provocados por la crisis migratoria en esta última ciudad autónoma.

Esta es solo una pieza más de las ayudas a las que el Consejo de Ministros dará luz verde en su reunión de esta semana. El Ministerio de Hacienda ha preparado un Real Decreto para articular esta concesión “excepcional” por razones de interés público, social, económico y humanitario con el objetivo de reforzar la actividad de las plantas desalinizadoras –fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua dulce en ambas localidades– y también servicios clave como la limpieza, lucha contra el contra el fraude o la regulación del tráfico de personas y vehículos.

El borrador del documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, justifica la concesión por la dificultad de ambas ciudades, por su situación geográfica, de acceder a recursos hídricos y también porque las dos presentan niveles de desigualdad superiores a la media, menos posibilidades de desarrollo industrial y mayores costes para el transporte de viajeros y mercancías, entre otros.

El Ejecutivo no menciona la grave crisis fronteriza que ha tensionado Ceuta, tras la entrada de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio en la ciudad, pero reconoce que su “singular situación geográfica” supone una “intensa presión migratoria y comercial” que favorece la aparición de “prácticas fraudulentas en las importaciones de mercancías”.

En concreto, la subvención extraordinaria cubrirá los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras en ambas ciudades. Para Ceuta, además, habilitará financiación extra para la regulación del tráfico de personas y vehículos, la seguridad ciudadana, la recogida de residuos y limpieza en zonas periféricas, y la lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías.

En el caso de Melilla, las actuaciones que podrán ser subvencionadas están relacionadas con los servicios sociales, convenios con asociaciones para la prestación de servicios asistenciales, sanitarias o de prevención; y políticas en materia de educación.

En concreto, Ceuta recibirá 7,1 millones, por 10,3 millones para Melilla dentro de este pack.

Según detalla el texto preparado por el departamento de Arcadi España, ambas ciudades dispondrán de quince días para presentar las solicitudes para el uso de la subvención. La Secretaría de Estado de Hacienda tendrá un plazo de un mes para resolver las peticiones. Las subvenciones tendrán que ejecutarse sí o sí en el año 2026.

ERTE y bonificaciones

Además, el Consejo de Ministros también aprobará un refuerzo de los ERTE para ambas ciudades, según adelantó la Cadena SER y pudo confirmar elDiario.es. En concreto, para aquellos expedientes por fuerza mayor se elevará el ahorro en las cotizaciones sociales para las empresas hasta el 90% de los expedientes de fuerza mayor habituales al 100% y también el derecho al paro para los trabajadores afectados por la crisis migratoria y social.

Asimismo, el Ejecutivo prevé acordar una subida del 50% al 75% en las bonificaciones a la contratación de trabajadores y trabajadoras.

En total, el Gobierno aprobará un Real Decreto-Ley con ayudas de 168 millones de euros que, como ha destacado el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, equivale al 8% del producto interior bruto (PIB) de Ceuta.

Quiero empezar recordando algo que los lectores con menos de 50 años no recuerdan porque no habían nacido, los que tienen menos de 65 tampoco, porque con 15 años o menos es muy improbable que siguieran la actualidad política con la atención que sería necesaria para recordarlo, y la casi totalidad de los mayores de 65 tampoco, incluso los que hayan estudiado en una Facultad de Derecho o de Ciencias Políticas, porque no se trata de un tema al que se descienda en la enseñanza de la licenciatura o del grado.

Me refiero a la presencia de Ceuta y Melilla en la fase inmediatamente preconstituyente y constituyente de la Constitución de 1978. Se trata de una presencia a la que resulta no solamente conveniente, sino casi imprescindible prestar atención, a fin de que no nos intenten vender gato por liebre con las referencias estentóreas a la “españolidad” de ambas ciudades autónomas.

La primera referencia a la presencia de Ceuta y Melilla en la futura, pero inminente, democracia española procede del “Libro Blanco para la Reforma Democrática”, publicado en 1976 por “Reforma Democrática (RD)”, asociación política de ideología conservadora fundada en 1976 por personalidades del ala moderada y tecnocrática del franquismo, entre las que destacaba Manuel Fraga. Participó en la constitución de Alianza Popular (AP), disolviéndose a continuación.

En la página 154 del Libro Blanco se planteaba formalmente que a España no le quedaría más opción “a la larga” que negociar con Marruecos un “estatus especial o cesión de soberanía” para Ceuta y Melilla, con una fórmula análoga a la que España reclamaba a Gran Bretaña para Gibraltar.

La reacción que la publicación de este planteamiento provocó en Ceuta fue de tal alcance, que Manuel Fraga se vio obligado a rectificar de manera inmediata, no desautorizando el libro en su conjunto, pero sí esa referencia específica a Ceuta y Melilla. El tema todavía reverberaría en la campaña electoral de las elecciones del 15 de junio de 1977, en las que se produjo alguna jocosa intervención del “teniente Fraga”.

Más interés tiene la segunda que figuró en el Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Andalucía. En la Exposición de Motivos de dicha norma se contemplaba “la posibilidad de que las ciudades de Ceuta y Melilla puedan incorporarse al futuro régimen andaluz de autonomía, si así se decide a través del procedimiento que determine la Constitución”.

En aquellos años era miembro del Comité Central del PCE y participé muy activamente en el proceso político y jurídico de articulación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Fui miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Estatuto de Autonomía. Recuerdo el interés de UCD de incorporar Ceuta y Melilla a la Comunidad Autónoma. Con los resultados electorales de 1977, UCD hubiera sido el primer partido con los dos escaños de Ceuta y Melilla, con 28 escaños frente a los 27 del PSOE, pero el segundo sin dichos escaños. Con los de 1979, UCD ya era el primer partido con 24 frente a los 23 de PSOE, pero habría reforzado su primera posición con Ceuta y Melilla.

Y no solamente eso. Con los resultados de 1977, tanto con Ceuta y Melilla como sin ellas, la izquierda con los 27 escaños del PSOE, el escaño del Partido Socialista Popular de Tierno Galván y con los 7 del PCE, superaba ampliamente a UCD 26 + 2. Pero con los resultados de 1979 con los 2 escaños de Ceuta y Melilla, UCD y el PSA de Alejandro Rojas Marcos (24 + 5) superaban a la suma del PSOE y PCE (23 + 7).

Con la composición del Congreso de los Diputados en la legislatura constituyente y en la primera legislatura constitucional, la integración de Ceuta y Melilla en Andalucía posibilitaba que la izquierda quedara fuera de la dirección inicial de la Comunidad Autónoma. La fiabilidad del PSA como socio de gobierno de la izquierda era muy débil, por decirlo de manera suave. La posibilidad de que el PSA se convirtiera en el Caballo de Troya de UCD en el proceso estatuyente era muy alta.

El resultado del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica del 28F de 1980, trastocaría la configuración del subsistema político andaluz y, alteraría, como consecuencia de ello, el de toda España. UCD sufriría una derrota brutal en las primeras elecciones autonómicas de mayo de 1982 y en las generales de octubre del mismo año, acelerándose un proceso de descomposición que la conduciría a la disolución. El PP ocuparía su lugar como representante de la derecha española. El PSA dejaría de estar presente en el Congreso de los Diputados hasta las elecciones de 1993.

En la única ocasión en el proceso constituyente lato sensu en que pudo adoptarse la decisión de considerar a Ceuta y Melilla como territorios españoles equiparables a las Comunidades Autónomas que integran España, se decidió que no. Los ciudadanos de Ceuta y Melilla son españoles en los mismos términos en que lo son los de las ciudades y pueblos de la península y de las islas Baleares y Canarias. Pero los territorios en que se asientan ambas ciudades no son españoles en los términos en que lo son el territorio de la península y el de las islas.

Aunque haya caído en desuso, la expresión “plazas de soberanía española” es lo que realmente siguen siendo. Mientras España pueda mantener la “soberanía”, seguirán siendo españolas. En el momento en que, por la razón que sea, España no pueda mantener dicha soberanía, dejarán de serlo. No hay ninguna parte del territorio de la península o de las islas de la que se pueda decir lo mismo. En un caso la “españolidad” es derivación de la soberanía. En el otro, la soberanía lo es de la “españolidad”. Ceuta puede ser “españolísima” (Margarita Robles), pero no es “española”. Repito: la población sí, pero el territorio, no.

Esta es la razón por la que no es de aplicación al territorio de Ceuta y Melilla el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que prevé la reacción de la OTAN frente a cualquier agresión exterior a un Estado miembro o por la que no se los considera territorio Schengen a efecto de movilidad en la Unión Europea.

Ceuta y Melilla siguen siendo territorio africano. Es verdad que fuimos únicamente los andaluces los que decidimos que Ceuta y Melilla no se integraran en Andalucía a través de su incorporación al Estatuto de Autonomía, pero no recuerdo que los ciudadanos de cualquiera de las demás comunidades autónomas pidieran su incorporación a su estatuto de autonomía.

No tengo la menor duda de que, si por el motivo que fuera, Ceuta y Melilla dejaran de ser plazas de soberanía española, la integración de los ciudadanos en el territorio peninsular o insular se produciría sin reserva de ningún tipo. Con dificultades. Tampoco demasiadas. Pero sin reserva. Pero tampoco la tengo de que los ciudadanos españoles no estaríamos dispuestos a aprobar una declaración de guerra para conservar la soberanía de Ceuta y Melilla.

No hay respuesta bélica para conservar Ceuta y Melilla. Pienso que el fortalecimiento del Estado español como un Estado social y democrático de derecho y el de la Unión Europea como una Unión de Estados democráticamente constituidos es la única forma de alejar el riesgo de una agresión que pudiera poner en peligro la soberanía española en Ceuta y Melilla.

El peligro para la soberanía española en Ceuta y Melilla viene del riesgo de implosión de la Unión Europea como una comunidad jurídica de Estados democráticamente constituidos. La Unión Europea sigue siendo la comunidad política con mayor fuerza atractiva del mundo. De conservarla como tal es de lo que hay que preocuparse. Aquí es donde está la amenaza también para Ceuta y Melilla.

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha pedido este sábado a España la repatriación a territorio marroquí de los migrantes que cruzaron a Ceuta desde el pasado jueves 30 de julio así como los cuerpos de los ahogados en el intento de cruzar a nado a través del paso del Tarajal hacia la ciudad autónoma, de los que 18 han sido ya enterrados en el cementerio musulmán de Ceuta.

En una entrevista a la cadena árabe Al Arabiya, Ouahbi solicita la firma de un acuerdo que devuelva tanto a los supervivientes como a los muertos y ha pedido, en términos generales, un enfoque integral para abordar la migración entre los dos países.

Asimismo, Ouahbi ha asegurado que, a día de hoy, España no ha informado a su país sobre el número de migrantes fallecidos. Y ha insistido en que los cuerpos no identificados no pueden ser transferidos al país sin información previa ni un acuerdo entre ambas partes.

Por último, el ministro, que esta semana cuestionaba la españolidad de Ceuta y Melilla en público, ha insistido en que su país no podrá prevenir “de manera eficaz” la migración hacia España tras acusar al país de “aceptar” a los migrantes con supuestas “campañas que animan a los jóvenes a intentar el viaje”.

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reafirmaba el viernes la postura expansionista marroquí según la cual las ciudades de Ceuta y Melilla “constituyen un derecho histórico y geográfico” de Marruecos y llamó a crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su “retorno al seno de la patria”, pese a que la fundación de ambas ciudades es previa a la creación del Estado marroquí.

“La cuestión de Ceuta y Melilla seguirá siendo un tema de diálogo entre nosotros y España, y mantendremos nuestro derecho histórico y nuestro derecho geográfico”, declaró Ouahbi en una entrevista con el canal público marroquí 2M.

Horas después, el Gobierno trasladaba a Marruecos su “rechazo tajante” a las pretensiones de ese país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que, recordaba, son parte de “la integridad territorial” y la “soberanía” de España y parte integrante del territorio de la UE.

Un total de 18 inmigrantes han sido precisamente enterrados este viernes en el cementerio musulmán de Ceuta, tres semanas después de la crisis fronteriza que dejó decenas de muertos durante la entrada de más de 72.000 personas en la ciudad autónoma desde Marruecos.

Las sepulturas fueron señaladas con números para facilitar la localización de los restos en caso de que posteriormente sean reclamados por sus familiares. Las autoridades continúan trabajando en la identificación de las víctimas, un proceso que avanza lentamente.

Los fallecidos forman parte de las 82 víctimas halladas por España tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio en Ceuta.

El Gobierno ha trasladado este viernes a Marruecos su “rechazo tajante” a las pretensiones de ese país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que, recuerda, son parte de “la integridad territorial” y la “soberanía” de España y parte integrante del territorio de la UE.

Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores horas después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, haya reafirmado que Ceuta y Melilla constituyen un “derecho histórico y geográfico” de Marruecos y haya llamado a crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su “retorno al seno de la patria”.

En una entrevista con el canal público marroquí 2M, Ouahbi abogó por establecer “medios de diálogo” con Madrid, incluida la creación de una “comisión de diálogo” sobre este asunto, una idea que, según dijo, “debe mantenerse presente, porque es un tema sobre el que no se puede guardar silencio”.

Tras estas declaraciones, el Ministerio que dirige José Manuel Albares ha señalado en una comunicación enviada a los medios que “Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas frontera de España y de la UE. Forman parte de la integridad territorial y de la soberanía de España reconocida internacionalmente y son igualmente parte integrante del territorio de la UE”. Además, ha añadido que su soberanía está “reconocida internacionalmente”.

“Rechazamos y rechazaremos tajantemente cualquier planteamiento distinto respecto a Ceuta y Melilla”, añade la nota, que concluye asegurando que “esta posición se ha trasladado claramente hoy por los canales diplomáticos”. Exteriores no ha aclarado si Albares ha hablado directamente con su homólogo marroquí.

La idea de colonialidad de las fronteras alude a la persistencia de jerarquías y relaciones de poder heredadas del colonialismo en la forma en que se trazan, legitiman y gestionan las fronteras contemporáneas. Aunque el colonialismo concluyó formalmente, algunos de sus efectos políticos continúan vigentes. En su libro Imperial Debris: On Ruins and Ruination, la antropóloga Ann Laura Stoler lo define como escombros o ruinas imperiales, en referencia al proceso actual por el que el poder colonial y la violencia continúan configurando el presente.

El derecho internacional y las fronteras son excelentes ejemplos. Las aproximaciones del Tercer Mundo al derecho internacional sostienen que este no es neutral, sino que se desarrolló en un contexto colonial que priorizó la perspectiva y los intereses occidentales. En su obra Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, el jurista singapurense Anthony Angie explica esto con claridad. Una de las consecuencias es que las fronteras y reivindicaciones territoriales establecidas por las potencias occidentales gozan de una mayor presunción de legalidad, legitimidad, reconocimiento y protección jurídica. En cambio, las reclamaciones territoriales de Estados y pueblos del Tercer Mundo encuentran mayores obstáculos para ser reconocidas. Nada nuevo: una vez más vemos cómo los valores, las normas y las instituciones occidentales se presentan al resto del mundo como si fueran universales.

El único territorio de España como potencia administradora pendiente de descolonizar es el Sáhara Occidental, según la ONU. Ceuta y Melilla nunca han estado incluidas en esa lista. Marruecos intentó, sin éxito, incluir el expediente de Ceuta y Melilla en el Comité Especial de Descolonización para lograr su incorporación a la lista de territorios no autónomos. Por tanto, de acuerdo con la ONU y el derecho internacional, Ceuta y Melilla no pueden considerarse enclaves coloniales

Una de las fuentes básicas sobre descolonización y territorios de soberanía disputada es el listado de Territorios No Autónomos de la ONU. Es la denominación empleada por esta organización para referirse a los territorios pendientes de descolonización. La lista inicial muestra un claro sesgo colonial, ya que fue elaborada unilateralmente por las potencias coloniales: Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Los pueblos colonizados no tuvieron entonces ni voz ni voto. Por tanto, el proceso de descolonización de la ONU estuvo totalmente condicionado por las potencias coloniales, quienes decidieron qué territorios de su administración debían considerarse no autónomos. La primera lista, elaborada en 1946, contó con 72 territorios. No se incluyeron entonces las colonias españolas, ya que España no era todavía miembro de la ONU. Finalmente, la lista de 1963 sí incluyó las colonias españolas del Sáhara Occidental, Ifni, Fernando Poo y Rio Muni. Con la creación del Comité Especial de Descolonización en 1961, la condición de territorio no autónomo se acercó más a una determinación de la comunidad internacional organizada en la ONU que a una decisión unilateral de las potencias coloniales.

Actualmente, en el marco de la ONU, el único territorio de España como potencia administradora pendiente de descolonizar es el Sáhara Occidental. En cambio, Ceuta y Melilla nunca han estado incluidas en esa lista. Marruecos intentó, sin éxito, incluir el expediente de Ceuta y Melilla en el Comité Especial de Descolonización para lograr su incorporación a la lista de territorios no autónomos. Por tanto, de acuerdo con la ONU y el derecho internacional, Ceuta y Melilla no pueden considerarse enclaves coloniales.

Conviene hacer dos matices importantes para ampliar la mirada más allá de lo estrictamente jurídico. Primero, la lista de Territorios No Autónomos de la ONU es una construcción jurídica de la descolonización, no una declaración exhaustiva de todos los territorios que podrían ser considerados coloniales desde una perspectiva histórica o política. Sin duda, uno de los factores a incluir en el análisis es la voluntad de la población de Ceuta y Melilla, que mayoritariamente defienden ser parte de España. Segundo, esa construcción jurídica se dio en un contexto de dominación colonial. Como nos enseña la Teoría Crítica, el derecho no es políticamente neutro ni ajeno a las relaciones de poder. Por tanto, desde un enfoque estrictamente descolonial, la ausencia de reconocimiento institucional (ONU) dentro de una categoría jurídica internacional occidentalizada (territorios no autónomos) no agota la discusión académica sobre la colonialidad de un territorio o una frontera.

Ceuta y Melilla fueron presidios, enclaves militares y comerciales y, desde la integración europea, se han convertido en frontera exterior europea en África con la principal función del control migratorio. Es decir, han pasado de ser instrumentos del poder colonial español para cuestiones militares y comerciales a un instrumento europeo del control fronterizo sobre África

Ahora bien, además del derecho internacional, hay otros argumentos para señalar que Ceuta y Melilla no son colonias. Por un lado, nunca formaron parte del protectorado español en Marruecos (1912-1956), sino que mantuvieron siempre su estatus de territorios españoles. Por otro, como indica el jurista Alejandro del Valle Gálvez, en los siglos XVIII y XIX España firmó varios tratados con los sultanes de las entidades políticas que gobernaban el actual territorio marroquí, antes de su creación como Estado moderno en 1956. Esos tratados ratificaban la pertenencia de Ceuta y Melilla a España.

Sin embargo, lo anterior no impide negar una cuestión histórica y política relevante. Por su condición geográfica, desde hace siglos existe una continuidad en las funciones extraterritoriales que Ceuta y Melilla desempeñan para España. El marco de análisis de la continuidad histórica entre el colonialismo y la actual externalización del control migratorio ha sido desarrollado por Martin Lemberg-Pedersen en su artículo Manufacturing displacement. Externalization and postcoloniality in European migration control [La fabricación del desplazamiento. Externalización y postcolonialidad en el control migratorio europeo]. Es aplicable a numerosos territorios. En el caso concreto de Ceuta y Melilla, la investigadora Angela Sagnella señala que son espacios fronterizos cuya función para España se ha ido redefiniendo a través de diferentes procesos históricos: expansión colonial, militarización, comercio mediterráneo, descolonización, integración europea y control migratorio. Fueron presidios, enclaves militares y comerciales y, desde la integración europea, se han convertido en frontera exterior europea en África con la principal función del control migratorio. Es decir, Ceuta y Melilla han pasado de ser instrumentos del poder colonial español para cuestiones militares y comerciales a un instrumento europeo del control fronterizo sobre África.

Más allá del debate jurídico, histórico y político, conviene plantearse en términos prácticos qué son hoy Ceuta y Melilla y qué podrían ser mañana. Ceuta, Melilla y Marruecos viven hoy, en gran medida, de espaldas. Se desaprovechan importantes sinergias económicas, comerciales y sociales. Son muchas las restricciones a la libre circulación de personas y mercancías. Marruecos ha contribuido a esta situación. Mantiene importantes reticencias a intensificar los intercambios comerciales con ambas ciudades y ha limitado progresivamente su actividad económica transfronteriza, en una política que algunos interpretan como una estrategia deliberada de asfixia económica. Pero España también tiene parte de responsabilidad. Por ejemplo, no parece acertado exigir visados a los ciudadanos de Tetuán y Nador, que anteriormente podían acceder a Ceuta y Melilla respectivamente, sin necesidad de visado. Ceuta y Melilla no forman parte del espacio Schengen, por lo que la entrada a estas ciudades no permite la libre circulación por el resto de Europa.

A corto plazo van a seguir persistiendo dos factores muy problemáticos: son las fronteras más desiguales del mundo y existen reclamaciones territoriales antagónicas e irreconciliables. Esto no significa que nada pueda hacerse. Es posible avanzar hacia un modelo de mayor integración económica y libre circulación que permita aprovechar la cooperación económica, comercial y laboral de Ceuta y Melilla con Marruecos. Una intensificación de las actividades transfronterizas generaría oportunidades e integraría económica y socialmente mejor ambas ciudades en su entorno geográfico. Al mismo tiempo, una frontera más permeable y ordenada debería constituir un espacio de mayor seguridad y cooperación, capaz de prevenir tragedias humanitarias y reducir el riesgo de conflictos fronterizos. En esta ecuación es esencial que Marruecos cumpla con un reto mayúsculo: ofrecer un futuro digno a toda una generación dispuesta a abandonar el país por la falta de oportunidades.

La Guardia Civil ha sorprendido en el aeropuerto de Melilla a un hombre residente en Santa Cruz de Tenerife que pretendía viajar a Madrid con tres maletas llenas de bolsos falsificados de marcas reconocidas, concretamente 83, valorados en el mercado ilícito en unos 62.200 euros.

En una nota, el Instituto Armado ha informado de que al hombre, de 51 años, se le investiga por la presunta autoría de un delito contra la propiedad industrial, mientras que la mercancía ha sido intervenida a disposición de la autoridad judicial competente.

Los hechos ocurrieron días atrás en el aeropuerto melillense durante el control selectivo de los pasajeros que viajaban con destino a Madrid, cuando la Guardia Civil recibió un aviso por la presencia de tres maletas facturadas que contenían en su interior gran cantidad de bolsos.

La Guardia Civil identificó a su propietario y le preguntó si tenía algo que declarar, a lo que respondió que no, por lo que fue trasladado a dependencias oficiales, donde reconoció las tres maletas como suyas y se le invitó a su apertura, en cuyo interior había 83 bolsos de marcas reconocidas de lujo.

El instituto armado intervino la mercancía, de la que el hombre no presentó ningún tipo de documento que acreditara su adquisición, y pudo constatar su falsedad a través de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF), que hizo gestiones con el representante legal de las marcas en España y otras pruebas periciales que elevaron a 62.200 euros su valor.

El destino final de la mercancía falsificada intervenida hubiese sido presumiblemente la venta ambulante en mercadillos

El calendario laboral de 2026 en Ceuta y Melilla establece de manera clara las jornadas festivas oficiales que los habitantes de ambas ciudades autónomas podrán disfrutar a lo largo del año. Estas fechas combinan celebraciones de carácter nacional, conmemoraciones religiosas y festividades propias de cada territorio, proporcionando un marco que facilita la planificación de la actividad laboral, administrativa y social. La distribución de los días de descanso permite organizar con antelación los periodos de trabajo y ocio, al mismo tiempo que refleja la diversidad cultural y religiosa de estos enclaves.

Además de cumplir una función administrativa, las jornadas festivas en Ceuta y Melilla constituyen espacios de encuentro y reforzamiento de la identidad local. Mientras que algunas conmemoraciones se celebran en todo el país, otras están vinculadas a tradiciones específicas de cada ciudad, lo que evidencia la riqueza histórica y la pluralidad cultural de ambos territorios. Este conjunto de fechas proporciona a trabajadores, empresas y ciudadanos la oportunidad de planificar su año con claridad, respetando tanto los descansos obligatorios como los momentos de celebración comunitaria.

Festivos en Ceuta 2026

Este es el calendario laboral de 2026 que de Ceuta para 2026:

Festivos en Melilla 2026

Este es el calendario laboral de 2026 que de Melilla para 2026:

Alberto Núñez Feijóo se ha llevado a Melilla la habitual reunión que mantiene los lunes con su Comité de Dirección. Junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, el líder del PP ha prometido “europeizar” este territorio español situado en el norte de África. Feijóo ha arremetido contra el “bloqueo” que, ha dicho, sufre el Gobierno por la falta de apoyo parlamentario y social, mientras ha pasado de puntillas por la crisis política que tiene abierta en la Comunidad Valenciana tras la dimisión sin recambio del 'president', Carlos Mazón.

El líder del PP ha ofrecido un discurso, sin preguntas de los periodistas, que ha arrancado con un supuesto chiste sobre la condición física de Imbroda. “Es el decano de todos los presidentes autonómicos del partido”, ha dicho. “Cada día estás mejor”, ha añadido, para zanjar: “No sé lo que te da tu familia ni lo que te da tu mujer, pero lo cierto y verdad es que cada día estás mejor”.

Es el cuarto lunes consecutivo que el PP se las ingenia para no atender a los medios de comunicación de la forma habitual. Unas ausencias que comenzaron cuando se acercaba el aniversario de la dana de Valencia que se llevó 229 vidas. El homenaje a las víctimas en su primer aniversario supuso el final político de Carlos Mazón. El presidente valenciano recibió todo tipo de insultos y recibió las presiones de la dirección nacional hasta que dimitió.

Pero de momento no hay relevo para Mazón, y la negociación con Vox para encontrar a su sustituto o sustituta no parece que vaya a ser corta. Pero el jefe político del todavía presidente del PP valenciano no ha dicho una sola palabra sobre este asunto, ni ha mencionado una sola vez al partido de la extrema derecha con el que está abocado a entenderse.

Feijóo sí ha hablado, largo y tendido, de Pedro Sánchez. En su opinión, el presidente del Gobierno se aferra al poder pese a tener las manos atadas para gobernar. “La legislatura está agotada por la corrupción y por el bloqueo”, ha dicho Feijóo. “Ya no puede gobernar, solo bloquear”, ha añadido. “Sánchez no puede cambiar nada, solo puede obstruir el cambio”, ha planteado.

El líder del PP ha defendido que Sánchez es preso del inmovilismo que le provoca no tener apoyos en el Congreso ni en la calle. “No tiene respaldo parlamentario, y por eso no aprueba Presupuestos”, ha sostenido. “Y no tiene respaldo social, y no convoca elecciones”, ha añadido.

Pero Feijóo tampoco ha mencionado en una larga intervención de media hora a Junts, el partido de Carles Puigdemont que ha escenificado por dos veces la ruptura con el Gobierno de Sánchez y su “pase a la oposición”.

Un movimiento que modifica la aritmética parlamentaria y que deja al bloque que sostiene al Gobierno en minoría. O lo que es lo mismo: la oposición tiene la mayoría absoluta de la Cámara. Pero ni Junts ni el PP han abierto la puerta a una moción de censura que terminaría con el mandato de Pedro Sánchez.

Este lunes, Feijóo tampoco lo ha hecho. “Este es un Gobierno acorralado por la justicia y noqueado por el Parlamento”, ha dicho. “A este Gobierno, los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos”, ha proseguido, y ha zanjado: “Sus socios han dicho con claridad que no se va a aprobar ninguna ley más en esta legislatura. Por tanto, este Gobierno ya no es ni mayoría, ni progresista, ni social, ni nada. Solo hay una pérdida de tiempo y una gigantesca tomadura de pelo a nuestro país”.

El Govern balear pretén que la paralització del repartiment de menors migrants procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla, que buscarà mitjançant un recurs dirigit al Tribunal Suprem (TS) per demanar la suspensió cautelar, sigui només efectiva a les Balears.

La presidenta de l'Executiu, Marga Prohens (PP), va anunciar aquest dijous que l'Advocacia de la Comunitat Autònoma presentarà sengles recursos pròximament, un contra el decret que estableix el procediment del repartiment i un altre contra l'ordre ministerial o el decret que dictarà el previsiblement el Consell de Ministres dimarts que ve per donar llum verda a la mesura.

Aquest divendres, la líder balear ha denunciat la “manca total d'humanitat” del Govern espanyol respecte als menors immigrants no acompanyats procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla que seran repartits entre les comunitats autònomes, a excepció del País Basc i Catalunya, una excepció que també ha criticat. En declaracions realitzades aquest divendres a Onda Cero i recollides per EFE, Prohens ha rebutjat aquesta “imposició” i ha insistit que Balears no té capacitat per acollir més menors, ja que no disposa d'espais adequats als seus centres ni del personal suficient.

En aquesta línia, el portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, ha confiat que la suspensió cautelar prosperi: “Evidentment si no confiéssim que pot prosperar el recurs i la sol·licitud de cautelars no el presentaríem. L'evidència empírica, la realitat, ens empara, i el que i el que farem és posar-ho de manifest en el Suprem perquè prengui les mesures pertinents”, ha apuntat.

La intenció del Govern, ha subratllat, no és cap cas paralitzar el repartiment a tot Espanya, sinó únicament a les Balears. “El Govern l'única pretensió que té és la que ha manifestat des del minut u, que aquests menors no arribin a les Balears perquè la situació que viuran aquí no és una situació digna. No volem paralitzar cap procediment, només que s'entengui que no podem atendre aquests menors”, ha insistit.

Preguntat sobre la viabilitat jurídica d'aquesta possibilitat, Costa ha emplaçat a veure com el Govern central ordena l'inici del repartiment dels menors estrangers no acompanyats que es troben a les Canàries i Ceuta. “En funció de com el treguin, com estigui redactat, el Govern i l'Advocacia actuaran”, ha afirmat.

En qualsevol cas, ha puntualitzat el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, el desig del Govern seria “no arribar a les mesures que previsiblement haurem d'arribar”.

“El que no som capaços d'entendre és per què el Govern central no entén que a les Balears els centres estan en una saturació del 1.000%. No aconseguim entendre per què no ho entén, per més que els ho hem explicat”, ha dit.

Més pressupost per als centres de menors

Costa, com ja va fer aquest dijous la presidenta del Govern, ha posat de manifest els problemes a què s'estan enfrontant els consells insulars a l'hora de trobar espais i contractar professionals per als centres de menors.

Preguntat per la possibilitat que en els propers pressupostos autonòmics, en què ja s'està treballant, l'Executiu destini més fons a les institucions insulars per fer front a l'acollida dels menors migrants, ha dit que de moment “no està previst” però que “no es pot descartar gens”.

“El Govern no es posarà de perfil en relació a la situació financera que posa de debò en risc la viabilitat dels consells, especialment del Consell de Formentera”, ha assegurat.

Prova d'això, ha defensat, és la subvenció directa de quatre milions d'euros que l'Executiu ha destinat per finançar els serveis socials de la menor de les Pitiüses, que es faran servir principalment per “atendre la situació dramàtica d'increment de pressió pressupostària derivada dels menors migrants”.

“De cara al futur veurem com van evolucionant els esdeveniments. Sembla que la pressió seguirà en màxims, la previsió és que continuï”, ha sentenciat.

El Govern espanyol: “Estem en una democràcia solidària”

Davant d'això, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assenyalat aquest divendres que Balears ha de complir la llei, tal como ha dit en roda de premsa en ser preguntat per la petició de les Balears davant les 1.500 persones que han arribat en els darrers dies a les illes de forma irregular.

En aquest sentit, Bolaños ha explicat que la llei estableix la “solidaritat” entre territoris per repartir els menors migrants no acompanyats a través de “criteris objectius”. “I és una llei que està en vigor i, per tant, les lleis s'han de complir”, ha assegurat.

Alhora, ha exposat que les lleis “només es poden suspendre si hi ha una decisió judicial que així ho determina”, que fins ara ha apuntat que “no s'ha produït”. “I que espero que no es produeixi”, ha indicat.

“Hi ha una llei que està en vigor que el que estableix és un sistema de solidaritat, de repartiment de menors migrants al nostre país. Un sistema de solidaritat que nosaltres com a país, com Espanya, demanem a Europa i del que ens fem càrrec quan no afecta directament el nostre país, com va ser el cas dels refugiats ucraïnesos quan es va iniciar la guerra per l'agressió per Rússia, que bàsicament van entrar per la frontera polonesa”, ha recordat.

Igualment, el ministre ha dit que és “essencial” que es produeixi aquesta “solidaritat” entre territoris “perquè cap comunitat autònoma hagi d'assumir aquest sobrecost que suposa atendre en condicions de dignitat persones”.

En el cas dels menors, Bolaños ha instat a atendre'ls com el que ha exposat que és Espanya: “una democràcia consolidada i una democràcia solidària”.

Aquest dijous, Prohens es va pronunciar sobre el repartiment de menors migrants, que s'espera que s'iniciï la setmana que ve, i va criticar que el Govern “parla de números, repartiments i quotes” mentre el Govern ho fa de “menors que han de rebre una atenció digna”.

“No són números ni paquets com pretén el Govern, com si fos a ubicar-los en un magatzem. No és un tema de solidaritat ni d'humanitat, sinó de capacitat. I quan no hi ha capacitat no hi ha la dignitat ni la humanitat que mereix qualsevol vida humana”, va subratllar en roda de premsa.

Balears acull 5.000 nens menys que les Canàries

Per part seva, el Govern de les Canàries ha lamentat aquest divendres l'anunci del Govern de sol·licitar la suspensió de la interlocutòria del Tribunal Suprem, una decisió que, segons la seva opinió, suposa “un exercici d'irresponsabilitat i insolidaritat” per part d'una comunitat autònoma que “acull 5.000 nens i nenes menors menys que les Canàries”.

Així ho ha expressat en declaracions ofertes als mitjans el viceconseller del Gabinet del president de les Canàries, Octavio Caraballo, que, a més, adverteix que “no és cert” que en aquests moments Balears “sigui la principal porta d'entrada d'Europa dels fluxos migratoris procedents d'Àfrica”.

“Balears parteix d'una premissa que, a més, és falsa. (...). Les dades són incontestables. Ells han rebut 5.000 migrants el 2025, i nosaltres hem superat la barrera dels 12.000. Ells compten amb 680 menors, i nosaltres amb més de 5.500”, ha puntualitzat Caraba.

Ha continuat, així, que si bé el Govern canari “entén i comprèn” la preocupació expressada per la presidenta balear, Marga Prohens, però, matisa, si a les Canàries s'ha estat capaç d'“establir un sistema d'acollida per a 6.000 menors, ells no haurien de tenir problemes per acceptar una quota de 49”.

Principi de solidaritat

Octavio Caraballo ha defensat, així mateix, que a Espanya hi ha “un principi de solidaritat que s'ha d'aplicar sempre davant de qualsevol drama humanitari o adversitats”, de manera que aquest no es “pot aplicar a la carta, sinó que és una obligació institucional”. Per això, renunciar a acollir 49 menors és “un exercici d'irresponsabilitat” i una mostra més d'“insolidaritat” amb les Canàries.

“Emplacem la presidenta de les Balears que se sumi a la iniciativa que portem impulsant des de fa dos anys, amb el suport d'altres territoris afectats, com és el cas de Ceuta. Els ho demanem al seu moment, a través d'una carta a la qual ni tan sols ens va respondre, i ho seguirem plantejant perquè les migració és un assumpte que ens afecta a tots”, ha conclòs.

El Govern balear pretende que la paralización del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, que buscará mediante un recurso dirigido al Tribunal Supremo (TS) para pedir medidas cautelares, sea solo efectiva en Balears.

La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens (PP), anunció este jueves que la Abogacía de la Comunidad Autónoma presentará sendos recursos próximamente, uno contra el decreto que establece el procedimiento del reparto y otro contra la orden ministerial o el decreto que dictará el previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo martes para dar luz verde a la medida.

Este viernes, la líder balear ha denunciado la “falta total de humanidad” del Gobierno respecto a los menores inmigrantes no acompañados que serán repartidos entre las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y Cataluña, una salvedad que también ha criticado. En declaraciones realizadas este viernes a Onda Cero y recogidas por EFE, Prohens ha rechazado esta “imposición” y ha insistido en que Balears no tiene capacidad para acoger a más menores, ya que no dispone de espacios adecuados en sus centros ni del personal suficiente.

En esta línea, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha confiado en que la suspensión cautelar prospere: “Evidentemente si no confiáramos que puede prosperar el recurso y la solicitud de cautelares no lo presentaríamos. La evidencia empírica, la realidad, nos ampara, y lo que haremos es ponerlo de manifiesto en el Supremo para que tome las medidas pertinentes”, ha apuntado.

La intención del Govern, ha subrayado, no es un ningún caso paralizar el reparto en toda España, sino únicamente en Balears. “El Govern la única pretensión que tiene es la que ha manifestado desde el minuto uno, que estos menores no lleguen a Balears porque la situación que vivirán aquí no es una situación digna. No queremos paralizar ningún procedimiento, solo que se entienda que no podemos atender a estos menores”, ha insistido.

Preguntado acerca de la viabilidad jurídica de esta posibilidad, Costa ha emplazado a ver de qué forma el Gobierno central ordena el inicio del reparto de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta. “En función de cómo lo saquen, cómo esté redactado, el Govern y la Abogacía actuarán”, ha afirmado.

En cualquier caso, ha puntualizado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, el deseo del Govern sería “no llegar a las medidas que previsiblemente vamos a tener que llegar.

“Lo que no somos capaces de entender es por qué el Gobierno no entiende que en Balears los centros están en una saturación del 1.000%. No conseguimos entender por qué no lo entiende, por mucho que se lo hemos explicado”, ha zanjado.

Más presupuesto para los centros de menores

Costa, como ya hizo este jueves la presidenta del Govern, ha puesto de manifiesto los problemas a los que se están enfrentando los consells insulares a la hora de encontrar espacios y contratar profesionales para los centros de menores.

Preguntado por la posibilidad de que en los próximos presupuestos autonómicos, en los que ya se está trabajando, el Ejecutivo destine más fondos a las instituciones insulares para hacer frente a la acogida de los menores migrantes, ha dicho que de momento “no está previsto” pero que “no se puede descartar en absoluto”.

“El Govern no se pondrá de perfil en relación a la situación financiera que pone en serio riesgo la viabilidad de los consells, especialmente del Consell de Formentera”, ha asegurado.

Prueba de ello, ha defendido, es la subvención directa de cuatro millones de euros que el Ejecutivo ha destinado para financiar los servicios sociales de la menor de las Pitiusas, que se usarán principalmente para “atender la situación dramática de incremento de presión presupuestaria derivada de los menores migrantes”.

“De cara al futuro veremos cómo van evolucionando los acontecimientos. Parece que la presión seguirá en máximos, la previsión es que continúe”, ha sentenciado.

El Gobierno: “Estamos en una democracia solidaria”

Frente a ello, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que Balears debe cumplir la ley, tal como ha manifestado en rueda de prensa al ser preguntado por la petición de Balears ante las 1.500 personas que han llegado en los últimos días a las islas de forma irregular.

En este sentido, Bolaños ha explicado que la ley establece la “solidaridad” entre territorios para repartir a los menores migrantes no acompañados a través de “criterios objetivos”. “Y es una ley que está en vigor y, por tanto, las leyes han de cumplirse”, ha asegurado.

Asimismo, ha expuesto que las leyes “solo se pueden suspender si hay una decisión judicial que así lo determina”, que hasta la fecha ha apuntado que “no se ha producido”. “Y que espero que no se produzca”, ha indicado.

“Hay una ley que está en vigor que lo que establece es un sistema de solidaridad, de reparto de menores migrantes en nuestro país. Un sistema de solidaridad que nosotros como país, como España, pedimos a Europa y del que nos hacemos cargo cuando no afecta directamente a nuestro país, como fue el caso de los refugiados ucranianos cuando se inició la guerra por la agresión de Rusia, que básicamente entraron por la frontera polaca”, ha recordado.

Igualmente, el ministro ha dicho que es “esencial” que se produzca esa “solidaridad” entre territorios “para que ninguna comunidad autónoma tenga que asumir ese sobrecoste que supone atender en condiciones de dignidad a personas”.

En el caso de los menores, Bolaños ha instado a atenderles como lo que ha expuesto que es España: “una democracia consolidada y una democracia solidaria”.

Este jueves, Prohens se pronunció sobre el reparto de menores migrantes, que se espera que se inicie la semana que viene, y criticó que el Gobierno “habla de números, repartos y cuotas” mientras el Govern lo hace de “menores que deben recibir una atención digna”.

“No son números ni paquetes como pretende el Gobierno, como si fuera a ubicarlos en un almacén. No es un tema de solidaridad ni de humanidad, sino de capacidad. Y cuando no hay capacidad no hay la dignidad ni la humanidad que merece cualquier vida humana”, subrayó en rueda de prensa.

Balears acoge a 5.000 niños menos que Canarias

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha lamentado este viernes el anuncio del Govern de solicitar la suspensión del auto del Tribunal Supremo, una decisión que, en su opinión, supone “un ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad” por parte de una comunidad autónoma que “acoge a 5.000 niños y niñas menores menos que Canarias”.

Así lo ha expresado en declaraciones ofrecidas a los medios el viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, que, además, advierte que “no es cierto” que en estos momentos Balears “sea la principal puerta de entrada de Europa de los flujos migratorios procedentes de África”.

“Balears parte de una premisa que, además, es falsa. (...). Los datos son incontestables. Ellos han recibido 5.000 migrantes en 2025, y nosotros hemos superado la barrera de los 12.000. Ellos cuentan con 680 menores, y nosotros con más de 5.500”, ha puntualizado Caraballo.

Ha continuado, así, que si bien el Gobierno canario “entiende y comprende” la preocupación expresada por la presidenta balear, Marga Prohens, pero, matiza, si en Canarias se ha sido capaz de “establecer un sistema de acogida para 6.000 menores, ellos no deberían de tener problemas para aceptar un cupo de 49”.

Principio de solidaridad

Octavio Caraballo ha defendido, asimismo, que en España existe “un principio de solidaridad que se debe aplicar siempre ante cualquier drama humanitario o adversidades”, por lo que este no se “puede aplicar a la carta, sino que es una obligación institucional”. Por ello, renunciar a acoger a 49 menores es “un ejercicio de irresponsabilidad” y una muestra más de “insolidaridad” con Canarias.

“Emplazamos a la presidenta de Balears a que se sume a la iniciativa que llevamos impulsando desde hace dos años, con el apoyo de otros territorios afectados, como es el caso de Ceuta. Se lo pedimos en su momento, a través de una carta a la que ni siquiera nos respondió, y seguiremos planteándoselo porque las migración es un asunto que nos afecta a todos”, ha concluido.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts una distribució de 22 milions d'euros com a crèdit extraordinari destinat a les comunitats autònomes de Canàries, Balears, i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. El seu objectiu és garantir el sosteniment dels sistemes d'acolliment per a menors migrants no acompanyats.

En aquest repartiment, Balears rebrà una partida de 2 milions d'euros, que es destinaran a l'atenció immediata i la cura dels nens, nenes i adolescents migrants que arriben sense companyia d'adults. És la primera vegada que l'arxipèlag balear rep una assignació d'aquest tipus, destacant la creixent necessitat de recursos per a afrontar l'arribada de menors a l'illa.

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va subratllar el “sobreesforç” realitzat pels territoris d'arribada per a atendre i cuidar a aquests menors. Rego va destacar que aquest crèdit extraordinari busca alleujar la càrrega material i pressupostària que enfronten aquestes comunitats i ciutats autònomes.

Els diners aprovats pel Govern central serà destinat a diverses activitats, com l'acolliment immediat, l'orientació i el suport psicosocial, així com l'escolarització, la inserció sociolaboral i la inclusió social dels menors. A més, Rego va recordar que el seu Ministeri està treballant en el desenvolupament del Reial decret llei 2/2025, l'objectiu del qual és garantir un acolliment “solidari, digna i vinculant” per als menors migrants que arriben a Espanya sense acompanyants.

La pròxima Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, convocada per a aquest dijous, ratificarà el repartiment d'aquests fons, que busquen abordar de manera integral la migració de menors al país.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una distribución de 22 millones de euros como crédito extraordinario destinado a las comunidades autónomas de Canarias, Balears, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Su objetivo es garantizar el sostenimiento de los sistemas de acogida para menores migrantes no acompañados.

En este reparto, Balears recibirá una partida de 2 millones de euros, que se destinarán a la atención inmediata y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan sin compañía de adultos. Es la primera vez que el archipiélago balear recibe una asignación de este tipo, destacando la creciente necesidad de recursos para afrontar la llegada de menores a la isla.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó el “sobreesfuerzo” realizado por los territorios de llegada para atender y cuidar a estos menores. Rego destacó que este crédito extraordinario busca aliviar la carga material y presupuestaria que enfrentan estas comunidades y ciudades autónomas.

El dinero aprobado por el Gobierno central será destinado a diversas actividades, como la acogida inmediata, la orientación y el apoyo psicosocial, así como la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social de los menores. Además, Rego recordó que su Ministerio está trabajando en el desarrollo del Real Decreto-ley 2/2025, cuyo objetivo es garantizar una acogida “solidaria, digna y vinculante” para los menores migrantes que llegan a España sin acompañantes.

La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para este jueves, ratificará el reparto de estos fondos, que buscan abordar de manera integral la migración de menores en el país.