La Xunta de Galicia insiste en quitar importancia al informe de Icomos, el organismo asesor de la Unesco, que criticaba con dureza aspectos fundamentales de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. “Sus resoluciones no tienen valor decisivo”, sostuvo este lunes el conselleiro de Cultura, José López Campos, “y en los últimos años han crecido las diferencias entre sus documentos de evaluación y las conclusiones de la Unesco”. El Comité de Patrimonio Mundial se reúne esta semana en Corea del Sur para decidir a cuáles de los 33 expedientes aspirantes otorga su reconocimiento.

“Los informes de Icomos no son vinculantes”, añadía López Campos el término del Consello semanal del Gobierno galego. Presentaba un informe sobre el estado de la propuesta de la administración sobre la Ribeira Sacra. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) la había cuestionado: no quedaba justificado su “valor universal” ni cumplía las condiciones de “integridad y autenticidad”, además señalaba la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats, las consecuencias en el lugar del cambio climático, las inundaciones de terrenos por la construcción de embalses o los incendios forestales.

Pero el Gobierno gallego prefiere ver la parte positiva. Según el titular de Cultura, la de la Ribeira Sacra es una candidatura “seria, rigurosa y novedosa”, que ha obtenido el respaldo de todas las administraciones. “El Gobierno de España tiene cierta reputación en la Unesco”, aseguró López Campos en un gesto inusual en cargos del PP gallego, “y ha decidido presentar y defender la propuesta después de ver el texto de Icomos”.

La candidatura de la Ribeira Sacra abarca un territorio de 180 kilómetros cuadrados y 26 ayuntamientos en los entornos de los ríos Sil y Miño. La ocupación humana en un paisaje con impresionantes cañones y valles fluviales, marcado por “su patrimonio hidráulico”, llevaron a sus promotores a centrar la propuesta en lo que denominan “cultura del agua”. La decisión de la Unesco será pública, previó el conselleiro, entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio, tras el análisis del expediente por los embajadores de 21 Estados miembros de la Unesco.

Alfonso Rueda lleva semanas intentando justificar el voto en contra del Partido Popular en el Congreso al traspaso a Galicia de la autopista AP-9, que va de Ferrol a Tui, en la frontera portuguesa. Este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, el presidente de la Xunta ha insistido en que no aceptará la competencia sino es a “coste cero” y ha cargado contra el ministro de Hacienda, Arcadi España, por decir que el Gobierno gallego debe usar “su presupuesto, sus recursos y sus políticas” para gestionar la infraestructura. Rueda ha asegurado que incluso si Feijóo llega al Ejecutivo central, él mantendrá su posición al respecto.

PSOE, Sumar y BNG pactaron la ley de transferencia de la AP-9, que salió adelante en el Parlamento español con la oposición de PP y Vox. Se trata de una demanda histórica de la comunidad, cuya Cámara lo había reclamado por unanimidad en varias ocasiones. Alfonso Rueda sostiene, sin embargo, que el texto pactado no respecta esos acuerdos. La izquierda y los nacionalistas defienden que sí. “El ministro deja quedar en mal lugar a los partidos de la oposición, que dicen que viene con lafinanciaciónn asegurada”, dijo Rueda.

Socialistas y BNG remiten en realidad a la Comisión Mixta de Transferencias entre administraciones para acabar de concretar la operación. Es en ese órgano en el que se estudian las condiciones económicas del traspaso. La ley, en todo caso, fija una división de responsabilidades económicas: el Estado asumiría las derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia y la Xunta, las derivadas de decisiones adoptadas tras la asunción de las competencias.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que aprobó una prórroga de la concesión a Audasa de la autopista, que Europa ha declarado ilegal. Las consecuencias de esa ilegalidad todavía no se han hecho públicas. Rueda se comprometió este viernes a seguir demandando el “coste cero” aunque presida el Gobierno central Alberto Núñez Feijóo. “De lo contrario, yo no puedo aceptarla [la competencia]”, concluyó.

Hay una frase que circula por los despachos de la Moncloa como un mantra de vestuario: “Hay partido y no dejaremos de correr tras el balón hasta el minuto 90”. El símil describe con precisión el estado de ánimo de un Gobierno que, en palabras de un colaborador de Pedro Sánchez, “ha ganado ya dos mundiales, está en la final del tercero, pierde por dos goles de diferencia y aun así cree que puede hacerse otra vez con el triunfo”. El PSOE, de hecho, es el único partido de la socialdemocracia europea que mantiene punto arriba o punto abajo la misma intención de voto que en 2018 y es también el único partido de gobierno que sigue en el Ejecutivo desde la misma fecha.

Lo que pase en 2027 hoy es una incógnita y en el ámbito gubernamental saben que depende sobre todo de la “cooperación virtuosa a la izquierda del PSOE”, pero en la Moncloa ya tienen preparada toda una coreografía para arrancar septiembre con una estrategia renovada con la que aspiran activar al electorado progresista. ¿Cambio de gobierno? “Puede ser una idea para dar un nuevo impulso, pero en la práctica no está nada claro”, responde alguien con quien Sánchez suele consultar estos movimientos y que tirando de analogía deportiva entiende perfectamente que “el entrenador, con el marcador en contra, decida no arriesgar con cambios ofensivos, confiar en el plan original y esperar a que el rival se desgaste antes que uno mismo”, algo que si hablamos de Alberto Núñez Feijóo es bastante frecuente.

Hasta entonces y, a pesar de los reveses judiciales de esta semana al hermano y la esposa del presidente Sánchez, celebran que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de Luxemburgo haya sepultado el catálogo de profecías apocalípticas de la “máquina del fango”, una sucia táctica que tiene como objetivo destruir la reputación del rival con rumores, exageraciones y mentiras hasta que la ciudadanía pierda por completo la confianza en él.

Y es en este contexto en el que desde el círculo de confianza de Sánchez defienden que hay sentencias que van más allá de lo procesal y “que pueden funcionar como un espejo”. Es el caso de la que dictó la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado jueves y no solo porque resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, sino también porque obliga a repasar, uno a uno, los pronósticos catastrofistas que durante meses se lanzaron sincronizadamente desde la derecha política y mediática a modo de certezas absolutas: que si era el fin de la separación de poderes, que si era un golpe a la democracia, que si era la transacción que hizo posible un gobierno ilegítimo, que si rompía la igualdad de derechos… Otra vez España se rompe y otra vez la traición a la patria.

Repasemos todo lo que salió por boca del aspirante del PP a presidente de Gobierno:

O lo que también defendió con vehemencia Isabel Díaz Ayuso:

Durante los últimos dos años la amnistía ha sido también territorio de titulares apocalípticos como el de que Bruselas tumbaría la ley, que Europa certificaría el “fraude constitucional” o que el precedente abriría la puerta a la impunidad general. Todo era siempre el principio del fin de la democracia, pero cuando ha llegado el momento de la verdad judicial –y no el de los exabruptos, los titulares inflamados o los platós de televisión–, el resultado no ha sido ese.

Es aquí donde para los socialistas cobra sentido hablar de una maquinaria de desgaste que funciona con lógica propia, casi independiente del desenlace: se lanza el proyectil, se invade el ciclo informativo, se instala la sospecha, y cuando los hechos llegan, el daño reputacional ya está hecho.

Bombas sin pólvora

“Todo eso se ha quedado en la nada y la oposición ahora no sabe qué decir sobre la retahíla de bulos, exageraciones e insultos que descargó sobre Pedro Sánchez”, describe un ministro socialista. Su lectura coincide con la de un miembro del equipo del presidente, para quien la sentencia es la demostración de que “la oposición crea vacíos y ruidos infundados que el tiempo y, ahora, la justicia europea se ha encargado de que desaparezcan. Son especialistas en lanzar bombas sin pólvora”.

No en vano, el TJUE avaló la compatibilidad de la amnistía con el derecho de la Unión y descartó que vulnerase la normativa comunitaria sobre protección de intereses financieros europeos o lucha contra el terrorismo, pero además le reconoció una finalidad política legítima al entender que respondía al objetivo de “reducir tensiones” y “facilitar un escenario de reconciliación”.

Y aunque en las filas del PSOE reconocen que cuando se impulsó la ley la decisión no gustó incluso a una parte de los votantes socialistas, están seguros de que poco a poco “se ha ido viendo y valorando los resultados que ha tenido en la normalización política, institucional y social en Catalunya. Hoy el presidente de la Generalitat es un socialista y el independentismo no suma la mayoría que ostentó durante años en el Parlament”.

La relación con un Junts “impredecible”

Sin embargo, mientras en la Moncloa han recibido la sentencia como una bofetada a las apocalípticas profecías de PP y Vox y un espaldarazo al Gobierno, lo cierto es que no son capaces de anticipar cómo afectará todo ello a la relación con sus socios parlamentarios, especialmente con Junts, a quien califican de partido “impredecible”. De momento, tanto ERC como los de Puigdemont han negado que la sentencia de Europa sea el fin del conflicto.

“Los junteros esperarán a que Puigdemont regrese a Catalunya para tomar decisiones estratégicas, pese a que la tendencia natural en su partido es decrecer a costa de Aliança Catalana”, subrayan desde el equipo del presidente del Gobierno. Claro que también hay quien cree que el regreso del de Waterloo llegará no antes de que resuelva en otoño el Constitucional y que ese momento coincidirá con los presupuestos para 2027 “ya muy negociados”. Una coincidencia que más que favorecer puede complicar más que Junts se avenga al acuerdo para aprobar las cuentas públicas. “En algún momento tendrán que decidir cuál es la mejor manera de cortar esa fuga de votos hacia la ultraderecha catalana y cuál será la excusa para hacerlo si no quieren ser sepultados electoralmente”, tercia otro estratega monclovita.

Hasta entonces, Sánchez trata de capitalizar el fallo y urge a aplicar la ley “lo antes posible” mientras la oposición del PP se limita a respetar la sentencia. Siempre con la excepción, claro, de Aznar que se revolvió contra ella o la de Vox, que garantiza que derogará la norma en cuanto llegue a la Moncloa. De momento, el partido continúa.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este viernes que Canarias debe ser “la mejor imagen” de España y se comprometió a dotar al archipiélago de una mayor financiación acorde con su condición de Región Ultraperiférica (RUP), aunque no concretó qué medidas impulsaría ni el alcance de esa financiación. Además, defendió una política migratoria “firme, ordenada y europea” y reclamó que el Gobierno central asuma la gestión de la inmigración irregular cuando no sea capaz de controlar los flujos.

Durante un acto de presentación de Carmen Pérez como candidata del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Feijóo afirmó que Canarias no puede “estar condenada al abandono del sanchismo” ni convertirse en noticia por “personajes oscuros”, sino por su “talento y prosperidad”.

El líder popular sostuvo que el archipiélago necesita una financiación adaptada a sus singularidades y señaló que las prioridades pasan por impulsar la construcción de vivienda, mejorar los servicios públicos, favorecer el empleo y generar nuevas oportunidades económicas.

Feijóo al Gobierno que asuma la crisis migratoria

Buena parte de su intervención estuvo centrada en la crisis migratoria en Canarias. Feijóo defendió una política migratoria “firme, ordenada y europea” y aseguró que, si el Ejecutivo central no logra frenar la llegada de inmigrantes en situación irregular, debe asumir la responsabilidad de gestionar la situación.

“No voy a dejar sola a Canarias ante una crisis”, afirmó.

En este sentido, señaló que durante los gobiernos de Pedro Sánchez han llegado a Canarias alrededor de 173.000 migrantes, frente a los 2.800 que, según indicó, arribaron al archipiélago durante la etapa de Mariano Rajoy. Feijóo utilizó estas cifras para defender un cambio en la política migratoria del Estado.

Respaldo al PP de Canarias y a Carmen Pérez

El presidente del PP también expresó su respaldo al trabajo del Partido Popular de Canarias, al que definió como un equipo con “talento, trabajo y determinación” por su labor en el Gobierno autonómico.

Sobre la candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, aseguró que Carmen Pérez es una “gran candidata” y destacó que está “enamorada de Santa Cruz”, además de afirmar que “no tiene techo” en su trayectoria política.

Asimismo, reconoció el trabajo de Carlos Tarife, primer teniente de alcalde de la capital tinerfeña y anterior candidato del PP, de quien dijo que sigue siendo “un activo” para el partido. Para ilustrar su papel dentro del equipo, recurrió a un símil con el futbolista Pedri, al señalar que un jugador puede estar en el banquillo y seguir siendo fundamental para que el equipo alcance el éxito.

Llevo demasiado tiempo leyendo resoluciones de la derecha judicial aplicando estrictamente las garantías constitucionales cuando se trata de investigar o juzgar a personajes del PP y diluyéndolas y pisoteándolas cuando investigan o juzgan a políticos de la izquierda; o a las personas con las que tienen “la sola relación de parentesco”, como se ha atrevido a subrayar la Audiencia de Madrid que ha acabado respaldando la asquerosa “instrucción” del juez Peinado. Demasiado tiempo contemplando cómo manejan los tiempos procesales para acomodarlos al calendario de La Contra política y empresarial, luego mediática.

Demasiado tiempo contemplando cómo abusan del margen de apreciación de las declaraciones de testigos de cargo, si juzgan a la izquierda, y desprecian todas las declaraciones de quienes las contradicen. ¿Recuerdan los periodistas que declararon ante notario y en el juicio conocer el “secreto” del novio de Ayuso antes que el Fiscal General del Estado? Luego ya no era un secreto. ¿Les han pasado inadvertidos las declaraciones testificales desmontando las acusaciones contra David Sánchez? ¿Y cómo los jueces tomaron en cuenta exclusivamente las apreciaciones del teniente coronel Balas?

Tanto tiempo que ya casi no merece la pena detenerse en argumentos jurídicos frente a ese puñado de jueces, eso sí mágicamente ubicados en los tribunales, los procedimientos y los momentos precisos. Ni frente a los de la inmarchesible Sala II del Tribunal Supremo, que ha llegado a condenar por co… al Fiscal General del Estado. Y, para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía, a desdecirse obscenamente de su propia Sentencia sobre el Procés, a cuyos responsables condenó por sedición, que es un delito contra el orden público, y no por rebelión, que es un delito contra la Constitución. La propia Sala II que sentenció que no se les podía condenar por rebelión, porque tratar de culminar la intentona independentista era una “ensoñación”, les ha llamado después “golpistas” para aplicar una excepción a la aplicación de la amnistía. Pura obscenidad y sensación absoluta de impunidad.

Por el camino quedan demasiados atropellos jurídicos con la única finalidad de tumbarse al Gobierno legítimo de España.

Demasiados años tiene uno ya y demasiadas horas dedicadas -en cumplimiento de mis deberes ejerciendo funciones de oposición al “régimen” de ATI/Coalición Canaria- a estudiar casos, teoría y jurisprudencia sobre prevaricación, tráfico de influencias o malversación de dinero público para no quedarme espantado con la manipulación de estos conceptos por parte de los magistrados que han juzgado a David Sánchez; o expandiendo el concepto y el tipo delictivo de malversación para sentar a Begoña Gómez ante un Jurado; o ante el contorsionismo de Marchena (no se han enriquecido con los gastos del Procés pero han evitado tenerlos que pagar con su propio patrimonio, luego han malversado) para inaplicar la Amnistía.

Lo de la malversación de dinero público por la colaboración de la asistenta de Begoña es casi insuperable en cinismo y manipulación. Pero es esa acusación el “fundamento” de la entrada en escena del Jurado. Por eso la mantienen contra viento y marea. ¡Ah, malversación!

Quiero decirles que me he convertido en decidido partidario de que los casos de prevaricación judicial y otros delitos que puedan haber cometido miembros del poder judicial, “delitos en los que la acción típica carezca de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial”, como dice la Ley Orgánica del Jurado, sean juzgados por un Jurado. Al menos así, uno de los factores que les hacen sentirse impunes, el acendrado espíritu corporativo del estamento judicial, quedaría atenuado.¿Quién vería a Peinado ante el riesgo de acabar sentado ante un Jurado, o al Hurtado que instruyó salvajemente la causa contra el Fiscal General?

No me puedo resistir a comentar las afirmaciones de la Audiencia Provincial de Madrid por su flagrante inconstitucionalidad. Y tan campantes: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. O sea que la sola relación de parentesco… puede comportar presión moral eficiente y, por tanto, ¡es un indicio delictivo!. Sólo les faltaba decir si el parentesco corresponde a una mujer, que lo que debe hacer es quedarse con la pata quebrada y en casa. Mayor degradación de las garantías constitucionales y, permítanme, mayor machismo son inimaginables.

“La Contra”, también la judicial, está dispuesta a todo con tal de tumbar al Gobierno progresista, que con la Constitución en la mano es el Gobierno legítimo de España.

Y en un país con una historia tan turbulenta como la de España sólo hay dos opciones: o plantarles cara o echarse a temblar.

Por eso estoy convencido de que desde el lado de la defensa de la democracia, de la soberanía popular, de las libertades y garantías constitucionales “todo el que pueda hacer, que haga”. Pues hagamos.

La nueva financiación para la dependencia permitirá crear en La Rioja 846 nuevos empleos y podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminando la lista de espera. En concreto, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la comunidad, la región recibirá 25 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia.

Este martes se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la AGE (Administración General del Estado) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes, se convalidó en la Cámara Baja el real decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las CCAA para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Esto es, las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Cuantías que han comenzado a transferirse este mes de julio y que, de media, han subido un 82%. El incremento beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó también este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las CCAA por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las CCAA para que puedan seguir reduciendo las listas de espera (Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027).

Igualmente, servirá para atender a más gente (se calcula que en 2027 habrá 417.000 nuevas personas beneficiarias), al mismo tiempo que pondrán mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Por otra parte, este incremento histórico tendrá un importante impacto también a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos poder contratar a más personal para sus sistemas de cuidados. Según estimaciones de Derechos Sociales, esta aportación económica ampliada del Gobierno va a suponer la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Respecto a las trabajadoras del sector (la mayoría son mujeres), además de los puestos laborales de nueva creación, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un objetivo prioritario debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las CCAA en materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

En paralelo, y aunque este Ministerio no tiene la potestad de negociar los convenios colectivos de las trabajadoras del sector, Derechos Sociales ha querido impulsar la mejora de sus condiciones laborales iniciando una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

Concretado en nuestra región, La Rioja recibirá 25 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (8,2 millones de euros adicionales en 2026 y 16,5 millones de euros adicionales en 2027). El sistema podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminar la lista de espera, y crear 846 empleos.

La ampliación de la financiación estatal al sistema de dependencia en Asturias en 79 millones de euros entre 2026 y 2027 podrían traducirse en 9.370 nuevos beneficiarios, 2.167 personas menos en lista de espera y 2.374 nuevos empleos, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales.

En el conjunto del país, la ampliación de la financiación en 6.200 millones para su distribución a las comunidades autónomas permitirá reducir las listas de espera en 71.000 personas el próximo año y crear 115.000 empleos dentro del sector, además de atender a más beneficiarios y ampliar servicios.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes el decreto ley que incrementará las cuantías que el Estado transfiere cada mes a las autonomías por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan, que han comenzado a abonarse en julio y han subido de media un 82 %.

Junto a la aprobación de este aumento de la financiación estatal, el Congreso aprobó para su remisión al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, además de contemplar una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia, blinda que el Estado tenga que aportar el 50 % de la inversión.

Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación estatal que tiene el sistema de la dependencia, que también será incrementado en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones más para 2027.

Con estos incrementos de la financiación, el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las autonomías para que reduzcan las listas de espera, que Derechos Sociales estima que pueden descender en 71.000 personas en 2027.

Según el ministerio, este incremento de la aportación estatal que califican de “histórico” tendrá un gran impacto a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos que puedan contratar a más personal para sus sistemas de cuidados, y supondrá la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Además, calculan que el próximo año se podrá atender a 417.000 nuevos beneficiarios, permitirá mejorar las condiciones laborales de los cuidadores (en su gran mayoría mujeres) y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Un objetivo prioritario de este aumento de la aportación que recibirán las comunidades autónomas en materia de dependencia, ha destacado Derechos Sociales, es que se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

Para ello, se ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

“Si Feijóo no existiera habría que inventarlo” es la frase que más se escuchaba esta semana entre ministros y dirigentes del PSOE. No en vano, el líder del PP ha encadenado una polémica sobre la llamada ley de nietos, otra sobre el absentismo laboral, un tropiezo parlamentario en materia de dependencia y la sombra de una ley autonómica —la del concebido no nacido— en Madrid que el Gobierno ha utilizado como munición para presentar a una derecha regresiva en derechos sociales y de la mujer.

El propio Pedro Sánchez resumió la escena con el siguiente tuit en X:

La habilidad con la que el líder del PP se pega tiros en el pie cuanto mayor es el desgaste del Gobierno empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinadores habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos. Si hay o no una estrategia coordinada para horadar de nuevo un liderato que no termina de cuajar es una incógnita aun sin despejar, pero que corre por los mentideros de Madrid como la pólvora.

Lo cierto es que los patinazos de Feijóo no cesan y el regodeo de los socialistas es indisimulable, lo que no significa que entre sus filas no exista preocupación por lo propio. Esto es un tórrido julio judicial que deje al Gobierno en situación crítica antes del periodo vacacional. De hecho, Pedro Sánchez regresa a La Moncloa tras la cumbre de la OTAN en Ankara y un breve paréntesis familiar en Londres para encontrarse con un tablero judicial más complicado que el que dejó a comienzos de la semana, después de la imputación del que fuera su primer jefe de gabinete en el PSOE y expresidente de Correos, Juanma Serrano, en el marco de la investigación sobre Leire Díez. El juez Pedraz ha dado vía libre a la UCO para que clone y examine su móvil en busca de indicios de su participación en la trama investigada y cita como testigos a dos trabajadoras del PSOE.

Durante la próxima semana se concentran, casi sin margen para respirar, media docena de citas judiciales que afectan directamente al entorno familiar de Sánchez y al llamado caso Leire que la derecha pretende sin éxito convertir en la Kitchen del PSOE. Todo cuando el Congreso se dispone a certificar su rechazo al techo de gasto, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Con todo, la sensación en La Moncloa es que los ciudadanos saben distinguir perfectamente “entre lo que es un caso de corrupción y lo que esconde una ofensiva implacable de un sector del poder judicial contra el Gobierno”.

La sensación responde a los datos cualitativos que manejan en el PSOE, pero también a las últimas encuestas publicadas por varios medios que cuestionan la imparcialidad de los jueces e identifican una clara persecución al Gobierno en algunos autos judiciales.

El lunes 13, el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración a José Aníbal Álvarez García, ex abogado de José Luis Ábalos para esclarecer el origen del pago de los honorarios de la defensa del exministro y saber si se costearon para monitorizar la causa judicial y comprar el silencio de quien fuera número dos del PSOE.

El martes 14 declarará Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, en calidad de imputada, ante el mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Leire. La citación responde a la sospecha de que pudiera actuar para desactivar las causas que afectan al PSOE, después de que la empresaria Carmen Pano la acusara de un presunto soborno al ofrecerle dinero a cambio de silencio, algo que la letrada no solo niega, sino que sostiene que fue justo al revés. Es decir, que Pano le pidió ese dinero a cambio de no perjudicar a los socialistas.

El miércoles 15 será el turno de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará como testigo ante Pedraz después de que la UCO descubriera una conversación de WhatsApp fechada el 24 de abril de 2024 entre Narbona y la exmilitante socialista Leire Díez coincidiendo con el día en el que Sánchez publicó su 'Carta a la ciudadanía' tras la imputación de su esposa.

El jueves 16 están citados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, en calidad de investigados, después de que Pedraz respaldase las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia también dentro del 'caso Leire Díez'. La investigación defiende que ambos cedieron a las presiones de la exmilitante del PSOE Leire Díez para abrir expedientes disciplinarios o informaciones reservadas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) con el fin de frenar y torpedear las causas de corrupción que afectan a los socialistas. Procedimientos todos ellos que siguen abiertos.

Y todo esto en la misma semana en la que el Gobierno espera otras dos decisiones judiciales de impacto. La primera, que la Audiencia Provincial de Badajoz dicte sentencia sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno por haber ocupado una plaza de libre designación en la Diputación como director de conservatorio con un currículum más que acreditado para el cargo y sin que nadie hubiera presentado alegación en siete años. Y, la segunda, que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez por el procedimiento del tribunal del jurado, algo que marcará inevitablemente el futuro judicial de la esposa del presidente. Durante los más de dos años que ya dura la investigación, tres de los cinco jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Y por si fuera poco la derecha mediática ya ha empezado a circular la idea de una pronta citación del presidente del Gobierno como testigo para declarar en el caso Leire, algo que los servicios jurídicos del partido no esperan ni en el corto ni en el medio plazo.

Llegar de una pieza a agosto

Pedro Sánchez mantiene, en todo caso, una agenda al margen de la judicial con la que las derechas buscan situar al Gobierno contra las cuerdas, presionar a los socios parlamentarios para que apoyen una moción de censura y lograr que el presidente no llegue al otoño. Ni PNV ni Junts están por la labor, de momento, mientras en la Moncloa se recrean con la semana horribilis de un Feijóo “que no tiene más proyecto que el antisanchismo” y de quien “ya es muy difícil ocultar tanto su inconsistencia como su disposición a recortar derechos”.

Son palabras de un miembro del Gabinete de Sánchez que percibe “hartazgo” entre la ciudadanía “porque sean los jueces quienes marquen la agenda pública”. Comparte con él la reflexión otra persona del equipo del presidente convencida de que “la agenda judicial empieza a no afectar al Gobierno, a pesar del ruido mediático”. En parte, añade un ministro, por “la falta de imparcialidad de algunos jueces” que, en su opinión, si siguen tomando decisiones “arbitrarias e ideologizadas” acabarán dando la victoria a la izquierda en las elecciones de 2027. “La realidad [aventuran desde La Moncloa] acabará imponiéndose y nos dará la razón, aunque sabemos que la derecha en coordinación con su batería mediática no nos darán tregua”. Esto último es la única certeza junto a la fragilidad de la mayoría de investidura y un calendario judicial que marca de facto el ritmo informativo y el desgaste de la legislatura.

Con julio llegando a su ecuador, en Ferraz y en La Moncloa ya solo aspiran a llegar de una pieza a las vacaciones judiciales de agosto, conscientes de que septiembre, con la vuelta de los tribunales y una votación presupuestaria en el horizonte, promete no ser mucho más tranquilo.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar las negociaciones para intentar evitar que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) acabe en el Tribunal Constitucional. El acuerdo, publicado este lunes en el BOJA y en el BOE, abre formalmente la vía de diálogo prevista en la legislación para resolver las discrepancias detectadas por el Ejecutivo central antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Este paso da continuidad al procedimiento activado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de mayo, cuando inició los trámites para impugnar la norma impulsada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, como adelantó entonces elDiario.es. En un informe jurídico previo al recurso, el Ministerio de Política Territorial apreciaba posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y advertía de “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza.

La publicación del acuerdo se ha producido al día siguiente de la toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta tras su pacto de gobierno con Vox. No obstante, fuentes de la Consejería de Presidencia consultadas por este periódico señalan que el Ejecutivo andaluz continúa en funciones y sitúan la puesta en marcha de las conversaciones una vez se constituya el nuevo Gobierno, previsiblemente el próximo jueves o viernes.

La vía para evitar el recurso

El acuerdo publicado este lunes es el paso previo a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Antes de impugnar la ley en cuestión, el Estado y la comunidad autónoma afectada deben abrir un proceso de negociación para tratar de “resolver las discrepancias” detectadas. Para ello, el procedimiento contempla la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación, el órgano de negociación entre ambas administraciones.

En este caso, las conversaciones se centrarán en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza, aprobada el pasado mes de febrero con el voto en solitario del PP y el rechazo de toda la oposición. Se trata de los mismos preceptos recogidos en el informe jurídico elaborado por el Ministerio de Política Territorial previo al recurso, en el que advertía de que la norma podría incurrir en “injerencias” sobre la autonomía universitaria e invadir competencias exclusivas del Estado.

El acuerdo prevé ahora la constitución de un grupo de trabajo encargado de proponer “la solución que proceda” a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación. La negociación tiene de plazo hasta finales de diciembre, según fuentes de la Consejería de Presidencia. Hasta entonces, el Estado y la Junta tratarán de alcanzar un acuerdo que permita evitar la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional.

No sería la primera vez que ambas administraciones evitan la vía judicial mediante un acuerdo. En 2022, el Estado y la Junta alcanzaron un pacto sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), después de que el Gobierno andaluz aceptara modificar varios aspectos que el Ejecutivo central consideraba invasivos de competencias estatales.

Ley cuestionada también por los rectores

La LUPA ha sido una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Moreno, aunque desde su tramitación ha recibido fuertes críticas tanto de los sindicatos como de las diez universidades públicas andaluzas. Los rectores ya alertaron de que la ley rozaba lo inconstitucional y pusieron “en entredicho su legalidad”, aunque no recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional por carecer de competencias para ello, según el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva.

Con todo, los rectores denunciaron durante la tramitación parlamentaria que la norma incurría en “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria” y advirtieron de que “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En esa misma línea, el informe jurídico del Ministerio de Política Territorial analiza la LUPA y argumenta posibles incompatibilidades con la normativa estatal y con la Constitución Española.

Entre los preceptos cuestionados figuran algunas de las principales novedades de la ley impulsada por Moreno, como es el caso del requisito obligatorio de graduarse con un nivel B2 en inglés (artículo 13 de la LUPA) o los requisitos generales para la creación y reconocimiento de universidades (artículo 116). Cabe recordar que la ley andaluza otorga por primera vez capacidad de voto a las universidades privadas en el diseño del sistema académico andaluz a través de la nueva composición del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria –antiguo Consejo Andaluz de Universidades (CAU)–.

“Discrepancias” detectadas en la norma andaluza

El Ministerio también negociará el artículo que recoge la creación de una figura contractual (profesor ayudante no doctor) “no prevista en el catálogo tasado de la LOSU con posible invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia laboral”, así como la figura del interventor, al considerar que “restringe el acceso al puesto al cuerpo de interventores de cualquiera de las administraciones públicas, condicionado la autonomía organizativa y económica financiera universitaria sin cobertura en la LOSU, que no impone tal restricción”.

Hay discrepancia igualmente con el hecho de que la LUPA “obligue a las universidades y centros adscritos privados” a destinar “al menos” el 3 % de su presupuesto a becas y ayudas, “afectando a la autonomía económica y financiera y potencialmente alterando el esquema de la LOSU, que prevé el establecimiento del sistema de becas como facultad de cada universidad”, según sostiene la cartera que dirige Ángel Víctor Torres.

Las disposiciones adicionales sobre las que el Ejecutivo central muestra recelos son la segunda (referida a la Universidad Internacional de Andalucía, sobre la que tampoco ve claro su papel como coordinadora de las políticas de internacionalización), la undécima (conciertos entre universidades e instituciones sanitarias y docentes no universitarias) y la duodécima (convenios para la cotización del personal de las universidades).

El informe del Ministerio sostiene, en resumen, que la LUPA introduce una regulación excesivamente intervencionista, que limita la capacidad de autoorganización de las universidades públicas andaluzas. Por eso, “con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad”, propone reformar la norma, ya sea mediante una solución negociada o, en su defecto, impugnando judicialmente los artículos que puedan vulnerar el orden constitucional.

Ante este escenario, las universidades públicas andaluzas han optado por ser “lo más prudente” posible en la adaptación de sus estatutos a la nueva ley universitaria autonómica. El secretario general de la Universidad de Sevilla explicó al Consejo de Gobierno que el recurso del Ministerio coloca al sistema universitario público andaluz en una situación “inédita”, al tener la “obligación” de adaptarse en el plazo de un año a una ley “cuya constitucionalidad está cuestionada”. El proceso de negociación abierto entre el Gobierno central y la Junta conduce a las universidades, según el cargo de la US, a una situación de “incertidumbre jurídica”.

Andalucía ya no es una excepción, sino la norma. Juanma Moreno ha enterrado para los restos la vía andaluza, tras abrirle las puertas de San Telmo a Vox, asumir su agenda ideológica y consolidar de facto la única alternativa política que puede ofrecer el PP: un gobierno de coalición con la ultraderecha. El escenario que en 2023 tuvo un innegable efecto movilizador en la izquierda tras los primeros gobiernos regionales de coalición PP-Vox, hoy es una incógnita, a tenor del mapa de la corrupción que afecta al PSOE y que en la calle Génova auguran que escalará hasta el mismísimo presidente del Gobierno.

Gota a gota y auto a auto, el cerco judicial sobre los socialistas se estrechaba esta semana con la imputación de otras 25 personas en el caso Leire por presuntos amaños en la contratación pública para favorecer a determinadas empresas. La presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y otros altos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales están, por tanto, bajo la lupa judicial como lo están también por decisión del juez Pedraz la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo del cuerpo, Manuel Llamas. En este último caso se les imputan delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por presuntas presiones a los agentes que investigaban los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno.

Y, aunque hubo un tiempo en España en el que los partidos establecieron que el momento de exigir responsabilidades políticas ante una investigación penal llegaba cuando alguien era imputado, hoy los códigos han cambiado. Por la polarización, por el uso de la Justicia como arma política y mediática, por la utilización de la acusación popular con fines ideológicos o por las investigaciones prospectivas. El caso es que tanto PP como PSOE han movido las líneas rojas en función de los casos y lo que antes se exigía ante una imputación y después ante la apertura de juicio oral, hoy es una regla vacilante, a tenor de los casos o de los cargos afectados.

Pedro Sánchez se aferra a lo que en su entorno más cercano llaman “la verdad construida” para difuminar las líneas de responsabilidad política ante lo que consideran “una ofensiva judicial sin precedentes” y en la que “la sincronización de los tiempos judiciales con los políticos es clamorosa”. Así explican el respaldo cerrado del Gobierno a la presidenta de la SEPI, a la directora de la Guardia Civil y al DAO. Ya pasó con el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que solo dejó el cargo tras una sentencia condenatoria dictada, sin pruebas, por el Tribunal Supremo.

Pese a la presión de las derechas mediática y política, el Gobierno no está dispuesto a sacrificar a más cargos, salvo que existan pruebas palmarias de comportamientos irregulares, algo que no ven ni en la presidenta de la SEPI ni en el de la directora general de la Guardia Civil. “Si los jueces han decidido hacer política, es razonable que tengamos que mover las líneas rojas de la responsabilidad”, aseguran en La Moncloa, donde admiten que el cierre de filas con los últimos imputados es también una “respuesta defensiva ante lo que está por venir porque ni los medios, ni los jueces, ni el PP están dispuestos a parar”. Se refieren a “esa verdad construida” en los diarios afines a la derecha, donde hace semanas fabulan con nuevas imputaciones de ministros e incluso con la del presidente del Gobierno.

Convertido en un émulo de Rocky Balboa, Sánchez no siente el dolor o, al menos, no lo proyecta en sus intervenciones públicas, en las que suele transmitir un control absoluto ante la adversidad de los casos judiciales. “La imputación ha dejado de ser una realidad jurídica para convertirse en un arma política de destrucción masiva de reputaciones”, asegura un miembro del Gobierno, que recuerda que mientras la derecha pide dimisiones a diestro y siniestro mientras mantiene en el cargo al alcalde de Móstoles, imputado por un delito de acoso sexual y laboral a una concejal del municipio.

La consigna, por tanto, en el Gobierno es resistir lo que venga aunque se produzcan nuevas imputaciones y la oposición exija a diario la dimisión del gobierno al completo. Cuestión distinta es la inquietud que en el PSOE han generado ya algunos movimientos internos para sembrar la semilla del antisanchismo. Nada nuevo bajo el Sol, pues incluso entre los más cercanos hubo quien fantaseó y conspiró con ese escenario durante los 5 días de abril de 2024 que Sánchez se tomó de reflexión para decidir si seguía o no al frente del país, tras la imputación de su esposa.

Enma López, protegida de Cerdán y Salazar

Las primarias para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid y la candidatura de la concejal Enma López se han leído en La Moncloa precisamente en esa clave. Y no porque la aspirante a arrebatar el cartel a Reyes Maroto, la opción de Ferraz, piense que su talla da para tanto, sino porque quienes apoyan mediática y orgánicamente su candidatura “aspiran, no a ocupar un cartel electoral con escasas posibilidades de éxito, sino a propinar una derrota orgánica a Sánchez” con la que empezar a mover el avispero de una hipotética sucesión.

El problema de la aspirante y colaboradora de La Sexta Enma López es que tendrá complicado hacer una campaña a la contra de la dirección federal, ya que ha formado parte de ella hasta hace una semana, donde contó durante años con la protección del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y del exasesor de Moncloa Francisco Salazar, que tuvo que dimitir tras varias denuncias internas por acoso sexual.

De momento, en la página web creada para impulsar su candidatura “yatocaMadrid” no aparece por ningún lado el logo del PSOE, algo que no ha pasado desapercibido en la dirección socialista de la calle Ferraz, donde también miran de reojo al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, y a lo que llaman “lobby gay” del socialismo que en su día controló Adriana Lastra y “hoy está volcado en la campaña de Enma López”, aunque con excepciones.

La concejal se saltó las normas internas y el calendario oficial de las primarias con su anuncio de competir por la candidatura de Madrid, lo que ha despertado no pocas suspicacias en un PSM que no gobierna la capital de España desde hace más de 30 años, que está acostumbrado a las crisis internas, en el que la deslealtad se paga caro.

De todo ello, de sus posibles derivadas internas y del goteo de imputaciones judiciales tratará esta semana de escapar Pedro Sánchez con una agenda internacional que le llevará hasta Ankara a la cumbre de la OTAN, la primera que se celebre después del acuerdo alcanzado en La Haya para elevar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa y seguridad al que se opuso el presidente del Gobierno. Volverá a encontrarse allí con un Donald Trump “decepcionado con España”, en palabras del embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero cuyas políticas han supuesto en ocasiones un respiro para Sánchez en el asfixiante clima político nacional.

La Comisión Europea ha aprobado este jueves el sexto pago de los fondos del Plan de Recuperación al Gobierno de España, un desembolso de 7.021 millones de euros tras demostrar el cumplimiento de 73 hitos comprometidos con el Ejecutivo comunitario, entre ellos la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible o la creación de Casa 47, la empresa pública de vivienda.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han informado a través de una nota de prensa de la luz verde a la transferencia de 7.021 millones de euros brutos, de los cuales 5.970 millones corresponden a ayudas no reembolsables y 1.051 millones a préstamos. Este pago se ejecutará en las próximas semanas.

Preguntado esta misma mañana por el desembolso, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostraba confiado en que habría noticias pronto al respecto. La próxima semana comparecerá en la Comisión Mixta de la Unión Europeo del Congreso y el Senado para dar cuenta de esta nueva transferencia.

El reconocimiento se produce cuando apenas quedan dos meses para que el Gobierno complete todas las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, que deben estar debidamente justificadas antes del 31 de agosto, para solicitar el séptimo y último desembolso, por valor de 27.000 millones de euros, asociados a 146 hitos y objetivos.

En total, una vez se reciba este desembolso, España habrá recibido más de 77.000 millones de los fondos europeos, el 76% de los 102.000 millones asignados al país.

Además de las partidas vinculadas al sexto pago, España ha logrado que la Comisión le reconozca dos hitos que quedaron pendientes del quinto desembolso: uno relativo a la digitalización de entidades regionales y locales y otro, más relevante, vinculado a la reforma fiscal que el Gobierno logró aprobar (con sangre, sudor y lágrimas) a finales de 2024. Entonces quedó pendiente la equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina, algo fundamental para Bruselas. Pero el Ejecutivo esgrimió el aumento estructural de la recaudación para zafarse de esta exigencia. De los 475 millones de euros retenidos, la Comisión ha dado luz verde al pago de una parte “sustancial”, en concreto, 277 millones de euros.

Tres hitos a reformular

Pendientes quedan, eso sí, tres hitos vinculados al sexto pago (unos 250 millones de euros) que “serán reformulados en una adenda técnica” para ganar “claridad” e incorporarlos en la séptima solicitud del 'maná europeo'. “Esta reordenación en la evaluación de hitos, un trabajo técnico coordinado plenamente con Bruselas, refleja la madurez del proceso de ejecución del Plan de Recuperación que España aspira a culminar con éxito”, apuntan desde el Ejecutivo.

En concreto, como ha apuntado la Comisión Europea a través de un comunicado, estos objetivos tienen que ver con inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos de apoyo a grupos vulnerables, emprendimiento y micropymes.

Entre las reformas por las que España ha recibido la financiación europea se encuentran la citada Ley de Movilidad Sostenible, las mejoras en la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con otras prestaciones para facilitar la incorporación al mercado laboral de sus beneficiarios y la ejecución de 2.242 millones de euros en inversiones destinadas a la transformación industrial del país.

“España se encamina a cerrar con éxito un instrumento clave para la modernización económica, social y territorial del país”, celebran desde el Ejecutivo.

A apenas dos meses para el fin de este plan millonario, el Gobierno trabaja a contrarreloj para aprovechar al máximo la financiación procedente de Bruselas. Además del anunciado fondo España Crece, que se nutrirá con partidas procedentes del Plan de Recuperación, el Ejecutivo aprobó esta misma semana una flexibilización en las inversiones que permita seguir ejecutando los remanentes de algunos hitos ya cumplidos más allá del 31 de agosto. El objetivo: evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez desaparezcan los fondos europeos.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

Gobernar no es resistir, pero tampoco desistir. La frase la pronunció Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Y la repitió este sábado ante el Comité Federal de su partido. El presidente ha encontrado ya el himno para su manual de resistencia: ¡No surrender!

We made a promise we swore we'd always remember 

No retreat no surrender

Like soldiers in the winter's night with a vow to defend

No retreat no surrender

Al más puro estilo de Bruce Springsteen, que ha convertido sus conciertos en plataformas de protesta contra las políticas migratorias, la acción exterior y la gestión de Trump, Pedro Sánchez emula al Boss dispuesto a renacer de las pavesas que sepultan a su partido por los casos de corrupción. Que lo consiga esta vez está por ver. De momento, tiene el apoyo del máximo órgano entre congresos del PSOE. Con alguna excepción. La del siempre crítico Emiliano García Page, la de la alcaldesa de Palencia… y fin. González, Madina, Sevilla y otros tantos ex que ya no forman parte de la estructura orgánica ni de la complicidad de las bases, aparte. Las suyas son enmiendas a beneficio de inventario en el PSOE actual aunque cada día las amplifiquen en según qué medios.

No es nuevo en el PSOE que los miembros del Comité Federal remen a favor del secretario general. Quienes critican las palmas, el clientelismo y la talla política de los actuales miembros del máximo órgano entre congresos o han perdido la memoria o les puede el sectarismo. El PSOE tiene un pasado escrito precisamente por muchos de los furibundos comentaristas del momento que hoy han decidido esconder entre los pliegues de un recuerdo oxidado sus llamadas al orden y sus amonestaciones contra todos aquellos que se salían del renglón escrito por las direcciones de antaño.

Cierto es que Pedro Sánchez atraviesa el momento de mayor debilidad de su mandato, que los casos de corrupción han sepultado el ánimo de no pocos dirigentes, que el secretario general tiene una responsabilidad política por lo hecho por quienes han tenido una condena a 27 años de prisión o que están a la espera de ser juzgados y que no todo es culpa de los jueces ni de los medios de la derecha. Pero también que entre algunos de sus iracundos hay un afán por ajustar cuentas que invalida, en ocasiones, su crítica por muy razonada que parezca. 

Apoyo cerrado a Zapatero

El caso es que ante el PSOE su secretario general desplegó este sábado un discurso casi idéntico al que pronunció de reivindicación sobre su gestión el pasado miércoles ante el Congreso. Pidió a los socialistas “coraje” para seguir gobernando no solo hasta 2027, sino hasta 2030 y más allá y advirtió a los suyos que “el PP y Vox nunca serán el fin de la corrupción sino el regreso de la corrupción sistémica”. Admitió errores, distinguió tres categorías entre los casos judiciales –Ábalos, Zapatero y su entorno familiar– y se comprometió a “limpiar lo que haya que limpiar” para seguir en el Gobierno. Solo así, defendió, “se puede responder a la involución” porque la solución a los problemas “está en el centro izquierda del país, no en una derecha y una ultraderecha que, allí donde gobiernan, solo cercenan derechos y frenan las palancas de prosperidad”.

“Este Gobierno de coalición progresista le está sentando pero que muy bien a España. Ahí están los datos. En un escenario de crecimiento plano en Europa, España lidera el crecimiento con un 2,7% según las últimas cifras anunciadas por el INE, Contamos con 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, más de 10 de millones de mujeres, Máximos históricos, Y siendo España el tercer país que más ha reducido la desigualdad de toda Europa en estos años de gobierno. ¡Pues claro que vamos a seguir! España no hace otra cosa que avanzar. Y cuanto más avanza, más insultan PP y Vox”, afirmó.

Luego, arengó a los suyos con un “desde hoy, todos a una. Salimos a ganar. Salimos a gobernar”. Sánchez está convencido de que lo que está en juego es una “cruenta batalla por el progreso y la involución” y de que las derechas vuelven a cargar para culminar lo que no pudieron en la década pasada: “Recortar el Estado del bienestar y liquidar derechos y libertades”. Pero no aportó novedad alguna sobre los casos de corrupción que desgastan a su partido. Se limitó a señalar que el partido ya expulsó a todos los implicados y que nadie conocía sus prácticas y a subrayar una vez más que el partido no se ha financiado ilegalmente. Eso sí, con una defensa cerrada –más incluso que el miércoles en el Congreso– de Zapatero y su legado, especialmente por “el atropello a sus derechos fundamentales” por la filtración de sus datos personales.

Salvo Emiliano García Page nadie estuvo en desacuerdo, sino todo lo contrario. El castellanomanchego volvió a quedarse solo en su petición de anticipar las elecciones y en la exigencia de responsabilidades por las sucesivas derrotas electorales del PSOE tanto del gobierno como de la dirección federal. Porque su impresión es que el partido está peor que hace un año y que sería recomendable abrir las urnas o afrontar una moción de confianza.

“Pareciera que tenemos miedo”, afirmó el barón más crítico del partido que también invitó a la Ejecutiva Federal a emprender acciones contra Leire Díez, la exmilitante que ejercía de fontanera a las órdenes de Santos Cerdán para interferir sin ningún éxito en algunas causas judiciales que afectan al PSOE. Su relato solo tuvo el apoyo de la alcaldesa de Palencia, Miriam de Andrés, que lamentó que el Comité Federal se resista a ver que el rey está desnudo, en clara alusión a Sánchez, a tiempo que censuró la política de selección de candidatos en los territorios. “La gente quiere arraigo e identidad y estamos a tiempo de elegir bien”, afirmó, no sin antes preguntarse si el PSOE puede bajar la mirada si recuerda el discurso de la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy del Gobierno.

El resto del comité transcurrió con una sucesión de intervenciones para apelar al orgullo de partido y cerrar filas con un secretario general que, en palabras de la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, afronta “algo mucho más profundo: una causa general contra el PSOE”. La también exvicepresidenta del Gobierno pidió a los suyos, en clara referencia a Page, que “no colaboren por acción u omisión en las maniobras contra el partido” y, sobre todo, a no “aceptar el relato de tierra quemada con la que gana el mercado y quienes no quieren Estado”.

La de la secretaria general de los socialistas de Aragón, Pilar Alegría, fue de entre todas la intervención más emotiva y aplaudida por el cónclave al llevar el debate al terreno más humano y personal con intención de dar apoyo a Sánchez y su familia por la constante “campaña de deshumanización de las derechas”. “Todos tenemos que poner pie en pared ante eso porque, antes de secretario general, es persona”, afirmó, antes de añadir que los ataques “no son solo porque sea el líder de nuestro partido, sino por los valores que representamos todos los que estamos hoy aquí”. “Aquí [añadió Alegría en alusión también a Page] no hay salidas individuales para nadie. Hay que plantarles cara desde la unidad, el compromiso y la responsabilidad que no tiene solo la dirección federal, sino todos nosotros”.

Salvador Illa había sido el primero en intervenir para reivindicar también el orgullo de ser socialista y llevar “la cara bien alta: ni nos doblan ni nos callan”. Tras suscribir “completamente y sin matices” las palabras del secretario general, pidió respeto a la verdad “ante tanto ruido y desinformación” y lealtad para un Sánchez por el coste personal que está padeciendo, más allá de la admisión de los errores y la corrección de los mismos.

A sus críticos, los de dentro y fuera de la organización, dedicó Sánchez unas palabras en su intervención final para recordarles que algunos “quisieron hacer presidente del Gobierno a un tipo que cobraba 10.000 euros al mes en una caja de puros”. Hablaba de Mariano Rajoy y de quienes en el PSOE defendieron la abstención de los socialistas en su investidura, no sin antes provocar que dimitieran en bloque 17 miembros de la dirección federal, un comité federal que abrió en canal la organización y la dimisión de Sánchez como secretario general. Fueron los mismos que tampoco quisieron recordó Sánchez, que se impulsara la moción de censura de 2018 y los que acusan al presidente del Gobierno de traicionar los principios de la socialdemocracia.

“Ni traición a los principios ni menos socialista”

“Cuando se vaya Sánchez -sostienen algunos- recuperaremos las esencias de la socialdemocracia. A ellos les digo que Felipe González fue un presidente socialdemócrata, que Zapatero fue un presidente socialdemócrata y que mi Gobierno también es socialdemócrata. No somos más o menos socialdemócratas ni hemos traicionado ningún principio, lo que hemos hecho es interpretar la sociedad en los tiempos en los que nos ha tocado vivir”, concluyó el secretario general.

Por lo demás, el PSOE se pone ya en marcha para la batalla electoral de 2027 y aprobó el calendario para las primarias en los territorios, que empezarán el próximo 19 de julio, pese a que en los últimos días la concejal de Madrid Enma López decidiera desmarcarse de los plazos y anunciara, por sorpresa y sin comunicación previa al secretario general, su disposición a liderar el cartel de Madrid. 

La irritación de Ferraz y del PSM con la colaboradora habitual de La Sexta, que también era miembro de la dirección federal, la ha llevado a dimitir como miembro de la Ejecutiva Federal cinco minutos antes de que le enseñaran la puerta de salida. “Se ha inmolado para hacerse un Emilio Delgado”, decía un socialista madrileño convencido de que quien fue protegida y aupada a la dirección por Santos Cerdán y Francisco Salazar solo busca “un hueco en las próximas listas electorales”.

En general, la federación madrileña, con su secretario general a la cabeza, no ha entendido ni las formas ni el momento en que López decidió dar ese paso, justo a tres días de que su colega Reyes Maroto se enfrente al alcalde de Madrid en el debate de la ciudad. El único que no quiere opinar sobre la treta de Enma López fue el secretario general del PSM, Óscar López, que prefirió quedarse en que el PSOE “es un partido democrático” y en que quien tiene que apoyar a los candidatos son “los militantes porque son los que votan y los que quitan y ponen”. Pero la consecuencia de todo ello es que el PSM vuelve a bullir como siempre y a no dar con la tecla de la unidad y la paz orgánica mientras la derecha lleva más de 30 años en los gobiernos municipales y autonómicos.

Cuatro derrotas electorales (Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura); varias investigaciones judiciales sobre corrupción, una mayoría parlamentaria que reclama elecciones generales y una dirigencia crítica en distintos grados con la estrategia resistente del secretario general. Pedro Sánchez llega al Comité Federal del PSOE sin el respaldo unánime que hubiera deseado y en un momento de debilidad manifiesta, pero tendrá el apoyo cerrado del máximo órgano entre congresos del partido, donde se respira una calma tensa ante el nuevo ciclo electoral. “La paz de los cementerios”, prefiere llamarlo uno de los barones territoriales, que no oculta su inquietud por “la lealtad mal entendida” que hoy reina en el socialismo español.

Quien así habla está convencido de que, más allá del castellano-manchego Emiliano García Page, o la alcaldesa de Palencia, Miriam de Andrés, durante la cita de este sábado nadie se atreverá a cuestionar ni la estrategia ni los plazos que determine Pedro Sánchez, pese a que hay una mayoría silente que no comparta la narrativa del “vienen a por nosotros” que ha construido el sector oficialista para defenderse de la campaña política, mediática y judicial de acoso y derribo contra el Gobierno.

Aun así, nadie espera otra cosa que no sea que unidad orgánica en mitad de lo peor de la tormenta por la que atraviesa un PSOE cercado por una sucesión de causas judiciales que han acostumbrado a Pedro Sánchez a vivir al borde del precipicio. A las puertas del calendario electoral de 2027, que incluirá elecciones generales, municipales y varias autonómicas, el presidente del Gobierno y secretario general se dirigirá a su partido para levantar la moral de una formación política lastrada y herida por casos especialmente dolorosos, como la histórica condena de 24 años de prisión a José Luis Ábalos o la traumática investigación a José Luis Rodríguez Zapatero que instruye la Audiencia Nacional.

Los negocios del expresidente del Gobierno y la fotografía de las joyas que guardaba en la caja fuerte del despacho de Ferraz han impactado en el mismísimo corazón de la dirigencia y de la militancia hasta tal punto que varios secretarios generales consultados por elDiario.es sostienen que “aunque salve lo judicial, lo ético ya nunca será reparable”. Algo de esto se percibe también en el ámbito del Gobierno, donde el propio presidente ha empezado a marcar distancias con una causa que afecta a “alguien que no ocupa cargo institucional ni orgánico desde hace 15 años”.

Todos los barones sin excepción distinguen entre los casos Ábalos, Cerdán y Leire y los que afectan a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, que consideran “una auténtica persecución cuyo único objetivo es minar la resistencia probada de Sánchez”. De hecho, hay secretarios generales que perciben entre los cargos y las bases “una respuesta de acción-reacción” que podría extenderse a un electorado “que empieza a percibir que la derecha política y judicial ha traspasado todas las líneas rojas de la decencia y la ética”.

Entre quienes consideran que ni todo es lawfare ni todo es corrupción, y los que dibujan un horizonte negro para el PSOE en los próximos meses, lo que sí habrá este sábado son voces que defiendan una moción de confianza o la convocatoria anticipada de elecciones, como viene haciendo la derecha desde antes incluso que salieran a la luz los casos de corrupción de Ábalos o Cerdán. Unas prefieren que sean en otoño, para que entre generales y autonómicas y locales haya un tiempo razonable en medio que permita a alcaldes y candidatos regionales recuperarse de “una segura debacle”. Y otras creen que podrían convocarse en febrero o marzo de 2027, una vez que el Congreso tumbe los Presupuestos Generales.

En cualquier caso, se trata de una incógnita cuya respuesta solo tiene el presidente y que hay quien sostiene que “se utiliza torticeramente para justificar posibles malos resultados en determinados territorios que no tienen que ver con la acción del Gobierno, sino también con la gestión de alcaldes y barones”, añade otro secretario general. En Ferraz manejan, de hecho, informes cualitativos que todavía hoy sitúan a Pedro Sánchez en valoración por encima de la de los candidatos a elecciones autonómicas e incluso por encima de la marca PSOE. El presidente del Gobierno ha dejado caer ya en todo caso que el horizonte de las urnas podría anticiparse respecto al verano de 2027, descartando así el superdomingo electoral del que recelaban tanto los socios parlamentarios como gran parte de los territorios del PSOE.

Calendario de primarias y medidas anticorrupción

El Comité Federal de este sábado servirá, además, para activar la maquinaria de cara al ciclo electoral que se avecina ya a la vuelta del verano. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, elevará una propuesta ya negociada con las federaciones en la que, por primera vez, se incluirán tres ventanas voluntarias para celebrar primarias: julio, septiembre y noviembre. Cada municipio, cabildo, consell insular, junta general de Euskadi y comunidad autónoma puede concurrir a la ventana que prefiera.

La primera se abrirá el 29 de junio, justo tras el Comité Federal, y la votación se celebrará el 19 de julio. Según este calendario, del 29 de junio al 1 de julio se establece el plazo para comunicar qué municipios y comunidades concurren al calendario de ese mes. Del 2 al 3 de julio se podrá llevar a cabo la presentación de candidaturas mientras que la recogida de avales tendrá lugar del 4 al 11 de julio. A partir del día siguiente, el 12 de julio, comenzará la campaña de información, que se extenderá hasta el 18. Finalmente, el 19 de julio se celebrará la jornada de votación de la primera vuelta. En el caso de que haya que ir a una segunda vuelta, esta se votará el día 26, reservando del 20 al 25 para la campaña.

Según explican en Ferraz, el calendario responde a la petición que los territorios han ido trasladando a la Secretaría de Organización del PSOE de que los plazos fueran flexibles, de manera que cada territorio pueda adaptarse a sus necesidades.

Tras la crisis de reputación de una formación política golpeada por casos como los de Leire Díez y sus dos exsecretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, el PSOE volverá a impulsar en este Comité Federal un paquete de medidas anticorrupción que abundará en las diseñadas hace ya justo un año, cuando saltó a la luz el escándalo de Cerdán.

Entre ellas se incluirán como novedades más competencias para la Comisión Federal de Ética y Garantías. Desde este sábado, ese órgano podrá comprobar y custodiar las declaraciones de bienes y actividades, realizar de oficio o a instancia de la Comisión Ejecutiva Federal propuestas o emisión de informes en materia de transparencia, integridad, buen gobierno y ética pública.

La Xunta y la asociación patronal de escuelas infantiles privadas de Galicia avisan de que con las nuevas ratios que plantea el Gobierno en el borrador de decreto “corre riesgo la gratuidad”. Así lo han señalado tras una reunión este viernes en la sede de la Xunta en San Caetano, donde la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha recibido a representantes de entidades de escuelas infantiles y se ha mostrado “muy preocupada”. Sus declaraciones contrastan con la valoración positiva de la CIG, principal sindicato gallego, que en un comunicado ha celebrado que el Ministerio de Educación atienda por fin a una demanda histórica de las trabajadoras y apruebe una reducción de ratios: las aulas de 0 a 1 años, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años tendrán, respectivamente, cuatro, seis y ocho niños. En la actualidad son ocho, 13 y 20.

“Las trabajadoras de primer ciclo de infantil en Galicia fueron las primeras en movilizarse en todo el Estado”, recuerda la central sindical, “con seis jornadas de huelga en 2023, una recogida de firmas contra el convenio estatal en 2024 y ahora múltiples huelgas y movilizaciones. La lucha da sus frutos”. Al Gobierno gallego, sin embargo, no parece afectarle lo que diga la representación de las trabajadoras. Según los cálculos que esgrimió García tras reunirse con los propietarios de centros privados, la medida del Gobierno central costaría a la Xunta 56 millones de euros más al año para mantener la gratuidad del servicio y “aun así desaparecerían unas 5.000 plazas por razones de profesorado y espacio en las escuelas”.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda opta por subvencionar escuelas infantiles privadas en detrimento de la red pública. La Federación Galega de Municipios e Provincias, por ejemplo, se queja de la infrafinanciación a la que somete la Xunta las guarderías de titularidad municipal.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, asegura que el Gobierno central ha elaborado el borrador de decreto contra la masificación “a espaldas de las comunidades autónomas y de todo el sector de las escuelas infantiles”. También ha reclamado dinero: “Va a comenzar un nuevo curso y Galicia recibió 0 euros del Gobierno de España. La gratuidad la está sosteniendo íntegramente la Xunta con 65 millones”. Una vez más, la táctica de la Xunta es desviar responsabilidades hacia Madrid. “Tengo muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar con la gratuidad de las escuelas infantiles”, aseguró García. La CIG, por el contrario, se felicitó por “este avance” pero exigió que se adelante su aplicación al próximo curso, 2026-2027.

Hace tres días, el Gobierno central anunciaba un real decreto de financiación a la dependencia que supondrá una fuerte inyección económica para las comunidades autónomas: 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 con el propósito de llegar al compromiso de financiación del 50%, tal y como marca la ley. En Andalucía, el montante económico se situaría en los 954 millones de euros, que se dividiría en 317,9 millones para este ejercicio y 635,8 millones de euros para el próximo año, según las fuentes gubernamentales consultadas por este medio, que quedaría en manos de la Junta de Andalucía para reforzar el sistema.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) lograría mayor robustez para alcanzar a las 1,6 millones de personas registradas en todo el país, de las que 352.209 personas están en Andalucía con prestaciones reconocidas a razón de la cifra publicada por el Imserso el 31 de mayo. El incremento de la cuantía que reciben los gobiernos autonómicos por cada persona era uno de los compromisos marcados en la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez con Sumar. Una ampliación que entrararía en vigor, previsiblemente, a partir del 1 de julio, por lo que la dotación aumentaría un 128% en grado III (gran dependencia), que subirán de 290 a 660 euros al mes por persona; un 100% para aquellas en grado II (dependencia severa), donde se duplica de 130 a 260 euros; y el grado I (dependencia moderada) quedaría en un 18%, ya que aumenta de 76 a 90 euros.

El real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, deberá pasar por el Congreso, una propuesta que vendrá acompañada por la ley de discapacidad y de dependencia. Con estos datos, la Junta de Andalucía recibiría 318 millones de euros más en 2026 y 636 millones en 2027. En total, como adelantan las fuentes consultadas, la aportación estatal a la dependencia andaluza será de más de 957 millones de euros en 2026 y de más de 1.200 millones de euros el curso siguiente. Una suma que, de no haberse aprobado tal medida, se hubiera quedado en alrededor de 639,7 millones de euros.

Esta aportación de dinero público se realiza para cubrir las cuantías que el Estado por cada persona con grado reconocido, en la que no se incluye la inversión adicional que supone el nivel acordado. Esta cantidad, adelantan las fuentes consultadas, se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD el próximo lunes 29 de junio.

49.513 personas en espera en Andalucía

El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia indicó en mayo que la “falta de incremento presupuestario” por parte del Ministerio en los tres últimos años, que no mantuvo la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque para el trienio entre 2021 y 2023 suponía una “clara ralentización” del aparato administrativo a la hora de atender a los usuarios. Es más, en este último mes la lista de espera aumentó en 7.293 personas y, en total, hay 265.503 en todo el país, aunque el gráfico ha disminuído desde 2022 cuando había 332.062 personas sin respuesta.

En el caso de Andalucía, hay 49.513 personas en espera, solo por detrás de Cataluña (80.827 personas) y, si bien los tiempos se redujeron en 50 días y aumentó el reconocimiento al derecho a la dependencia en un 3,3%, uno de los mejores valores estatales, la media para obtener una resolución continúa siendo de las más altas del país y se queda en los 446 días, más de un año. A lo largo de estos cinco primeros meses, fallecieron en la comunidad 2.204 personas pendientes de una resolución de grado y de PIA.

El acuerdo entre el Gobierno central y el País Vasco firmado en abril del año pasado ha servido como telón de fondo para esta apuesta en la dependencia. En la Comisión Mixta del Concierto Económico se aprobó la financiación 50-50, una medida que ahora se extiende al resto del territorio, tal y como reclamaba la ahora consejera en funciones de Inclusión Social, Loles López. No obstante, el Gobierno andaluz ha afirmado en más de una ocasión que aporta más recursos que el Estado en la financiación del sistema de dependencia, pero los informes del Imserso y de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) desmienten tales sentencias.

Andalucía es de las comunidades con mayores fondos por parte del Gobierno central, recibiendo un 34,90% en 2024 (a falta de los datos consolidados de 2025), por encima de País Vasco (15,07%), Madrid (27,23%), Cataluña (22,59%), aunque estos porcentajes disminuyeron levemente en comparación con 2023. Sin embargo, el análisis de FOAM puntualiza que la comunidad ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB en las cuentas autonómicas entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue estando por debajo de la media nacional: 7.173 euros frente a los 8.631 euros. Ahora, con la vista fijada en cumplir con la Ley de Dependencia de 2006 y la cofinanciación del 50%, este balón de oxígeno a las arcas públicas revertirá en mayores recursos para la población andaluza.

Hay una tentación que se instala en los momentos de desgaste político y que resulta tan peligrosa como cómoda: la de asumir que el próximo gobierno ya tiene nombre y apellidos antes de que nadie haya votado. Esa resignación anticipada, ese “ya se sabe cómo va a acabar esto”, no es lucidez ni realismo. Es el primer paso hacia la derrota.

Las fuerzas progresistas que han gobernado desde 2018, cuando una moción de censura devolvió la dignidad a unas instituciones capturadas por la corrupción, tienen por delante el tramo que falta de trabajo político imprescindible. No para sobrevivir. Sino para ganar.

Y para ganar, hay que salir de la trampa en la que la derecha lleva años intentando meter a todo el mundo: la del escándalo permanente, la del sumario filtrado, la del titular extraído de un folio judicial que nadie ha podido leer entero. Nunca antes la ciudadanía había vivido algo parecido a un 'minuto-resultado' de la justicia, donde la condena llega antes que el juicio oral y la presunción de inocencia se evapora en un tuit. Ese ruido ensordecedor no es información, es estrategia. Y la mejor respuesta no es el contraataque en ese mismo terreno, sino cambiar de conversación: volver a hablar de la gente, que es de lo que debería tratar la política y de lo que hace demasiado tiempo ha dejado de hacerlo.

Esa conversación tiene contenido concreto y abundante. Desde 2018 hasta hoy, España ha vivido transformaciones que hace apenas unos años habrían parecido imposibles. El salario mínimo ha subido más de un 60%, pasando de 735 euros a los 1.221 actuales. Se han aprobado leyes que amplían derechos para mujeres, para personas LGTBI, para las personas trabajadoras de plataformas digitales. Se ha regulado el alquiler. Se ha blindado la sanidad pública frente a los recortes. Durante la pandemia, el Estado estuvo donde la gente lo necesitaba, con ERTEs que salvaron millones de empleos.

Y cuando el mundo se puso más difícil, también se respondió. Frente a la inflación que golpeó los bolsillos de las familias, se desplegaron medidas de contención: la rebaja del IVA en alimentos básicos, las ayudas al transporte, los límites al precio del gas. Frente a las dificultades que las guerras en Ucrania y Oriente Medio generaron para las empresas y para el tejido productivo, se pusieron en pie apoyos para sostener el empleo y la actividad. Se acompañó a quien lo necesitaba, que es exactamente para lo que sirve un Estado.

Y mientras la derecha miraba hacia otro lado, o peor, mientras parte de ella tendía puentes de comprensión hacia quienes financian esas guerras o aplaudía en silencio a Netanyahu mientras Gaza ardía, el progresismo mantuvo una posición clara: no a la guerra, condena al genocidio, defensa del derecho internacional y de una paz que no puede construirse sobre cadáveres de civiles. No es una postura cómoda. Es la única postura decente.

Pero hay algo más profundo que las políticas concretas. Hay una diferencia de valores que merece nombrarse sin vergüenza. La derecha opera desde un instinto de preservación que podríamos llamar el síndrome del egoísmo: proteger lo propio, blindar lo que ya se tiene, mirar hacia adentro. Su proyecto no es injusto porque sea malvado. Es injusto porque es excluyente.

El progresismo parte de otro lugar. De la convicción de que una sociedad solo es justa cuando se mide por cómo trata a quien peor lo tiene. De que el mérito no puede ser el único argumento cuando el punto de partida no es el mismo para todas las personas. Que nadie debería quedarse atrás simplemente por haber nacido donde nació o en la familia que le tocó. Eso no es utopía. Es el mínimo que nos debemos como sociedad. Es, sencillamente, civilización.

La campaña no empieza en 2027. Empieza ahora, con una rendición de cuentas a la ciudadanía que devuelva la política a donde siempre debió estar: en lo que le importa a la gente, en lo que siente, en lo que vive cada día. Sin ruido, sin trincheras, sin espectáculo. La batalla no está perdida. Está, todavía, por librarse.

La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes el informe de la ponencia de la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia, con el único rechazo de PP y Vox, por lo que continúa su tramitación en las Cortes y se eleva al Pleno de la Cámara Baja. El origen de la ley surge de un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar y, pese a que los socialistas habían presentado inicialmente enmiendas en otro sentido, incluye la cesión de la gestión y de la titularidad de la vía a la Xunta.

El acuerdo entre las tres formaciones llegó el día anterior a que se reuniera la ponencia para validarlo -paso que dio con el voto en contra de los populares (que alegan que el texto difiere del que salió del Parlamento de Galicia) y de Vox-. Ahora, este martes se ha ratificado la ponencia y se ha aprobado el informe para que la ley de la AP-9 continúe su recorrido parlamentario y se eleve al Pleno.

Durante la sesión de la Comisión de Transportes, PP y Vox han cargado contra el acuerdo alcanzado entre estas formaciones, mientras que BNG y Sumar han ido más allá del traspaso de la AP-9 y han insistido en su reivindicación de eliminar el peaje de la vía. Y es que el nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que fue validada en la ponencia pese al voto en contra de PP y Vox. Es esta norma la que continua su tramitación en las Cortes hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”. Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Condiciones del traspaso

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, “singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”. Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.

Hace casi tres lustros que la profecía del calendario maya pronosticaba el último amanecer para un 21 de diciembre de 2012. Acababa el quinto ciclo solar y la Tierra, Júpiter, Marte y Saturno iban a formar una conjunción, con el Sol en el centro. Intensos flujos de energía atravesarían la atmósfera terrestre de tal modo que, tras una inversión de los polos magnéticos y una alteración de la órbita, se desplazarían gigantescos volúmenes de agua, causando la muerte de millones de personas. No llegó el fin del mundo. Ni aquel día ni otros tantos augurados, siglo a siglo, por profetas, astrónomos y visionarios.

Empieza a pasar lo mismo con el Gobierno de España. Desde 2023, no ha pasado un mes en el que algún clarividente no anunciase el final de la democracia o escribiese el epitafio de Pedro Sánchez. Tantos augurios, tantos titulares, tantos profetas del Apocalipsis y tanta excitación ante un final que no termina de llegar que uno acaba, aunque no sea aficionado, enganchado al España-Cabo Verde con tal de desconectar un par de horas. 

No hay ser humano capaz de digerir tanto escándalo si es que todos lo fueran y no hubiera detrás una concertación de esfuerzos para que lo parezcan. Que si Leire, que si Cerdán, que si Zapatero, que si Ábalos, que si el hermano, que si Begoña Gómez…. Como si todo fuera lo mismo y todo fuera a acabar con el Gobierno. 

La vieja táctica de la ultraderecha de saturar a los ciudadanos con múltiples escándalos está más que trillada. No han inventado nada. Inundar el terreno de mierda hasta convertir en irrespirable la atmósfera política y que el ciudadano desconecte es una estrategia mil veces explorada. Se llama “inundar la zona de mierda” y es una vieja treta de comunicación cuyo objetivo es bombardear el ciclo de noticias con múltiples titulares, exageraciones o medias verdades para aburrir al respetable, que rara vez se propone verificar hechos y, mucho menos, desafiar el algoritmo que decide por cada cual lo que es noticia.

El objetivo de la avalancha de noticias, informes policiales, autos judiciales o declaraciones malsonantes determina la agenda política y, de paso, reemplaza el debate racional por un estado de indignación o ansiedad constante. Todo ello se adereza, claro, con ataques directos contra quienes tratan de aportar contexto, buscar verdades o desmontar infundios. Es curioso que las agresiones o insultos lleguen siempre de quienes han conseguido hacer del odio un hábito político o periodístico. Allá cada cual con sus demonios: los del Viejo Testamento del socialismo con sus agravios del pasado; algunos jueces con su afrenta por la ley de amnistía; la UCO con sus cuitas internas y cierto periodismo con sus ajustes de cuentas por el daño causado por los audios de Villarejo.

Cada semana nos encontramos ante lo más grave que ha vivido la democracia española, como si este país no hubiera vivido los GAL, la fuga de un director de la Guardia Civil, las escuchas ilegales del viejo CESID, un monarca que utilizó la jefatura del Estado para enriquecerse de forma obscena, el pago de la boda de la hija de un presidente del Gobierno por parte de la trama criminal de la Gürtel, las mentiras del 11M, la corrupción de Estado de la Kitchen o las libretas de Bárcenas. 

Cuando la memoria flojea, la verdad no importa y la infantería mediática martillea con lo que haga falta, el PP puede permitirse el lujo de crear una página web sobre el mapa de la corrupción del PSOE repleta de mentiras. Por ejemplo, que difunda que hay 94 investigados por la justicia del PSOE. O que incluyan en esa web la fotografía de 5 ministros como si estuvieran imputados en alguno de los casos de corrupción que se investigan. O que reproduzcan la imagen del president Salvador Illa. O de la presidenta del Congreso. O que den por probados hechos que ni están en una sentencia ni han sido juzgados. O que el soez Miguel Tellado considere a todo socialista un ser despreciable capaz de las mayores vilezas en una exhibición constante de furia y desprecio. 

Respiren, disfruten del mundial si les apasiona el fútbol y saboreen cada día de sus vacaciones si las tienen pronto porque, de momento, ni se acaba el mundo ni el Gobierno caerá pasado mañana. No, al menos, por un auto judicial, por un informe de la UCO, por un titular escandaloso o por la excitación enfermiza de las derechas.

Jueces, fiscales, abogados y policías convertidos en auténticos protagonistas de la vida pública. Está pasando. La acreditada sinergia entre togados y periodistas para la filtración de sumarios —bajo secreto o no— y actas judiciales copan las principales portadas mientras el Gobierno se desespera ante una sucesión de noticias adversas que a diario caen como auténticas bombas de racimo en La Moncloa. Cuando no es una derivada del comando Leire Díez, es un nuevo auto sobre la investigación de Zapatero, una nueva imputación o un informe de la Guardia Civil. 

La mini tregua política y judicial por la visita del Papa ha terminado. De hecho, no había puesto aún León XIV, el pasado viernes, un pie en el avión pontificio de regreso al Vaticano, cuando una tromba de decisiones judiciales, titulares, citaciones y comparecencias retumbaba de nuevo en las paredes de La Moncloa. Una tras otra: que si el juez del caso Plus Ultra abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas halladas en su despacho; que si el informe pericial sobre cada una de las piezas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno ha valorado la colección en 1.323.915 euros; que si el PP llama a declarar en el Senado a la fiscal general del Estado por las reuniones de la mano derecha de Álvaro García Ortiz con Leire Díez; que si la autoridad disciplinaria del Poder Judicial propone de nuevo archivar las quejas de Bolaños contra Peinado…

No hay descanso para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha ordenado a los suyos no dejarse arrastrar por la agenda judicial ni por la “ansiedad mediática” mientras trata de encajar el daño ya infligido por la tasación de las joyas que Zapatero guardaba en una caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz. En el fondo, muy pocos creyeron en la valoración entre 30.000 y 50.000 euros que el portavoz oficioso del expresidente, Luis Arroyo, trasladó a la opinión pública en una ronda de entrevistas en varios medios de comunicación. Las imágenes hablaban por sí solas y lo que mostraban no era ni bisutería ni bagatela. Tras el peritaje judicial, de hecho, el juez ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en su despacho.

“Mantenemos el apoyo al presidente, a la espera de escuchar sus explicaciones ante la Audiencia. Máxima prudencia en un procedimiento en el que la defensa tiene serias dudas sobre la legalidad en la obtención de las pruebas que han servido para incriminar al expresidente”, aseguran en el equipo de Sánchez. En efecto, el letrado ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra. Y relaciona el auto del juez Calama por el que ha emitido una comisión rogatoria a EEUU con el objeto de tener el consentimiento de ese país para poder usar como fuente de prueba ante un eventual juicio penal esas conversaciones del empresario. Conversaciones que fueron determinantes tanto para la imputación del expresidente como para las entradas y registros llevados a cabo por agentes de la UDEF.

“Hablamos de palabras mayores si se acredita que se han vulnerado los derechos constitucionales de Zapatero y se declara la nulidad del procedimiento”, añade un ministro del PSOE. Una opinión en la que convergen varios de sus compañeros del Consejo de Ministros que, por otra parte, como Sánchez son conscientes de que “el daño político ya está hecho”. 

Un perjuicio que, en todo caso, “no debe llevarnos al flagelo”, añade otro ministro que defiende que “Zapatero no ha hecho nada distinto a lo que hacen Felipe González o José María Aznar, con la salvedad de que a ellos no les ha investigado nadie”. Quien así habla es de los convencidos de que existe una campaña coordinada contra el Gobierno de la derecha política, judicial y mediática, pero también de que si “el expresidente acredita que esas joyas fueron un regalo que recibió antes del 2020, el delito que se le imputa incluso habría prescrito”. ¿Contrabando?, se pregunta el mismo interlocutor. “Feijóo veraneaba con un contrabandista y no le ha pasado nada”, se responde.

Torró y la investigación del PSOE

En esta misma línea, Sánchez ha dado instrucciones para separar la agenda judicial de la de Gobierno y no dejarse arrastrar por el desarrollo de los procedimientos en una semana que se presenta igual de aciaga para los socialistas que las anteriores. Y que el PSOE afronta desde el lunes con una rueda de prensa de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, tras la reunión de la Ejecutiva Federal, para dar detalles sobre la investigación interna realizada como consecuencia del caso Cerdán y el comando Leire.

Si el próximo lunes el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez para una audiencia preliminar bajo amenaza de que si no acude puede ser conducida por la “fuerza pública”, el martes tendrá que declarar la directora general de la Guardia Civil en el Senado por el “caso Leire”. El PP reclama su testimonio tras el informe de la UCO que desveló que se había reunido al menos en tres ocasiones entre septiembre de 2024 y abril de 2025 con la exmilitante del PSOE. El miércoles, tras la habitual sesión de control al Gobierno, también comparecerá el ministro del Interior en el Congreso. La Audiencia Nacional ha habilitado miércoles y jueves para la declaración de Zapatero ante el juez Calama. Y el viernes, en el Senado, comparecerá la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Todo en la semana en la que, probablemente, se conozca también la sentencia sobre el caso Ábalos/Koldo.

Aunque el ministro Óscar López recordó esta semana que “la justicia no gobierna y quien gobierna es el Gobierno”, en estos tiempos nadie podrá negar que la oposición a Sánchez está en los tribunales, no en el Parlamento. Y que sin las togas, hoy Feijóo no sería nadie. 

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido a Canarias 48,2 millones de euros para la formación profesional para personas trabajadoras ocupadas o en paro, de los 867 millones que distribuirá entre las comunidades autónomas para dicho programa.

Según ha informado este martes el Ministerio, este reparto se ha acordado con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional celebrada Madrid.

Canarias recibirá 38,7 millones de euros para iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados y 8,1 millones para acciones formativas para trabajadores ocupados.

A ello se suman 1,3 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación, tanto para personas desempleadas como ocupadas.

Estas actuaciones tienen como objetivo favorecer la cualificación recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.

Entre 2021 y 2023, más de 780.000 personas desempleadas y más de 200.000 personas ocupadas han participado en este tipo de acciones formativas en el conjunto de las comunidades autónomas.

Gracias a ellas, cerca de 314.000 personas sin empleo se incorporaron al mercado laboral y más de 52.000 personas ocupadas mejoraron su situación profesional.

El reparto validado por la Conferencia Sectorial fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 mayo, junto a la distribución de más de 329,2 millones de euros a las comunidades autónomas para el impulso de seis programas de apoyo educativo.