En octubre del año pasado, el alcalde de Baños de Ebro (Araba), Francisco Javier García, del PP, recibió varias peticiones para retirar la leyenda franquista “Caídos por Dios y por España” labrada en piedra en el dintel de una ventana de un edificio municipal que acoge el consultorio médico de la localidad. La respuesta del regidor fue la siguiente: “Es una piedra que no molesta a nadie (...) lleva en el pueblo toda la vida” y añadió que no consideraba adecuado “borrar la memoria” de los vecinos ahí nombrados.

La semana pasada, el ayuntamiento ha anunciado que acatará el requerimiento del Gobierno central para retirar el lema franquista. Sin embargo, no procederá a su retirada y el alcalde del PP buscará una salida “intermedia”: en lugar de picar o retirar físicamente la placa de piedra, ha optado por cubrir la inscripción. La justificación es que, según informes técnicos, la extracción completa de la placa podría comprometer la estructura del inmueble y provocar grietas. 

Se ha marcado un plazo de tres meses para ejecutar la colocación de la cubierta sobre el vestigio franquista. Tal vez, el regidor del PP aspira a que Feijóo gane las elecciones del 29N para una vez compuesto un gobierno de derecha y ultraderecha retirar la tabla con la que pretende cubrir la inscripción.

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha tachado de “solución burda” y no le falta razón. En realidad, es una salida al incumplimiento legal buscando una estratagema para no terminar de retirar por completo los restos del franquismo. No ha sido la única, varios colectivos de memoria histórica se han sumado a las críticas y han exigido la retirada íntegra del dintel grabado.

Parece que el PP, que es un partido que está todo el día con las palabras Constitución, democracia y cumplir la ley en la boca, cree que hay leyes que son de libre cumplimiento. Lo cierto es que llegaron tarde a la democracia y de los 16 diputados que tenía Alianza Popular en 1978, 5 votaron en contra de la Constitución y 3 se abstuvieron.

La Ley de Memoria Democrática busca garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta especie de búsqueda de apaños que pretende el alcalde del PP transmite el peligroso mensaje de que los símbolos de la dictadura son negociables. Para aquellos que trabajamos en la enseñanza sabemos de lo peligroso de estos mensajes entre los jóvenes.

Deberían tener claro que el espacio público es de todos los ciudadanos y las ciudadanas, por lo que mantener o disimular enseñas y consignas que ensalzan un régimen totalitario responsable de la represión y el asesinato de miles de personas supone una afrenta directa a las víctimas y a la convivencia democrática. Hoy en día aún siguen sin desenterrarse miles de cadáveres de fosas comunes.

Consolidar una sociedad libre y democrática requiere de un esfuerzo colectivo. Para ello se exige pedagogía y contundencia frente al pasado totalitario, al igual que ocurre en el resto de las democracias europeas de nuestro entorno. A diferencia de lo que sostiene el PP, borrar o retirar los vestigios del franquismo no es “borrar la historia”, sino dejar de honrar el franquismo en las instituciones públicas. La memoria de las víctimas se honra con justicia y dignidad, no perpetuando los monumentos y consignas levantados por sus victimarios. 

Buscar atajos cronifica socialmente las reminiscencias del régimen franquista. No se trata de un capricho político, como pretende vender el PP. Se trata de la condición indispensable para apuntalar una sociedad plenamente democrática, consciente de su pasado y comprometida con los derechos humanos. Por eso, la respuesta de las instituciones públicas debe ser firme.

El Gobierno aprobará en Consejo de ministros la declaración de todos los municipios afectados por la dana Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según ha anunciado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva, en Valencia.

Sánchez, junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido en Oliva con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, y con alcaldes de los municipios afectados por la dana Adam, que en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ha dejado acumulados de lluvias de más de 700 litros por metro cuadrado.

Tras la reunión, el presidente ha afirmado en una declaración institucional que el Gobierno “por supuesto va a estar” en la reconstrucción y pondrá los recursos económicos y facilitará la agilidad en la contratación pública para que los afectados recuperen “cuanto antes la normalidad”, y ha urgido de nuevo a “un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática”.

Sánchez, que ha expresado sus condolencias por los fallecidos en esta dana y ha agradecido el trabajo de los cuerpos del sistema de protección civil, ha destacado la cooperación de todas las instituciones en esta situación de emergencia climática, ya que el Estado lo forman desde los ayuntamientos a las diputaciones, el Gobierno autonómico y el de España.

El presidente ha defendido que hay que “estar unidos” y cooperar en la respuesta ante la emergencia climática y en la protección civil, y ha considerado que lo sucedido en los últimos días en la Comunitat Valenciana “es una ejemplo de cómo unidos y cooperando el Estado en su conjunto puede dar una respuesta eficaz”.

Cooperar antes y después

Además, ha pedido que esa cooperación se traslade “al antes y al después” de la emergencia de protección civil, de manera que se incorpore “la variable climática” a la prevención para mitigar los efectos de la emergencia climática, “no hacer como si el elefante en la habitación no existiera”, y a la reconstrucción, con inversiones en infraestructuras “más resilientes”.

Sánchez ha insistido en la necesidad de “un gran acuerdo” de todas las instituciones públicas, todos los representantes políticos y toda la sociedad civil de España para reforzar la cooperación ante la emergencia climática, no solo cuando se produce, “un acuerdo de puro sentido común, que salvaría muchas más vidas”.

Ha señalado que las danas “han sido recurrentes” en el Mediterráneo español, pero no “con esta gravedad, no con esta intensidad, no con esta peligrosidad” para el vecindario, lo cual “tiene mucho que ver con una realidad climática que está sobrepasando, por desgracia”, lo que la ciencia advertía hace ya mucho años.

Así, ha indicado que el hecho de que las temperaturas en el Mediterráneo en octubre estén entre 3 y 4 grados por encima de la media significa que “la emergencia climática está actuando como combustible exponencial para alterar aún más gravemente este tipo de sucesos climático”.

El presidente ha afirmado que le ha emocionado oír a alguna alcaldesa contar que fueron de madrugada megáfono en mano bajo la lluvia para pedir a los ciudadanos que subieran a un piso superior, un “compromiso político que trasciende las ideologías” y que en su opinión debe inspirar a todos los políticos.

Sánchez ha estado acompañado por las ministras Sara Aegesen y Diana Morant y a su llegada al Puesto de Mando Avanzado de Oliva un grupo reducido de jóvenes que estaban tras la valla de acceso al recinto han proferido insultos contra él.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para conceder 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler. Esta dotación recaerá sobre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en cinco comunidades autónomas y que abarcan a más de 9 millones de habitantes, según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De estos 180 millones, Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados zonas tensionadas. Le siguen Euskadi, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21 municipios; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.

Rodríguez ha explicado que el reparto de los fondos tiene en cuenta tanto la población afectada por la declaración de zona tensionada como el esfuerzo que realizan las familias para pagar el alquiler, de forma que la financiación sea mayor en los territorios con más población afectada y mayores dificultades para afrontar estas rentas.

La ministra ha defendido que la declaración de zonas de mercado residencial tensionado no supone reconocer una situación positiva, sino constatar la existencia de un problema que “requiere soluciones extraordinarias”. En este sentido, ha recordado que estas zonas permiten aplicar medidas como la limitación de las subidas del alquiler al finalizar los contratos y las bonificaciones a los propietarios que reduzcan las rentas.

Cinco ámbitos de actuación

Las comunidades autónomas podrán destinar las subvenciones a cinco ámbitos de actuación. El primero es la promoción y rehabilitación de viviendas, así como el desarrollo de soluciones habitacionales alternativas, para destinarlas al alquiler social o asequible, con independencia de la calificación y titularidad del suelo. Los fondos también podrán financiar la adquisición de suelo con edificabilidad residencial por parte de las administraciones autonómicas o de sus entidades dependientes o vinculadas con competencias en materia de vivienda, así como el desarrollo y la urbanización de terrenos destinados a uso residencial.

El cuarto ámbito contempla la compra de viviendas existentes y otras soluciones habitacionales para incorporarlas al alquiler social o asequible. Por último, las ayudas podrán destinarse a cubrir impagos de contratos de arrendamiento de viviendas. Rodríguez ha recordado que el Ministerio ya había previsto otras medidas extraordinarias para estos territorios en el Plan Estatal de Vivienda, entre ellas ayudas para la construcción de vivienda pública y la posibilidad de que las administraciones financien hasta el 80% del coste de adquisición de viviendas ya construidas para destinarlas al alquiler asequible.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Isabel Mayo López como nueva delegada del Gobierno de España en Andalucía en relevo de Pedro Fernández, quien va a encabezar la lista del PSOE-A al Senado por la provincia de Granada en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El hasta ahora delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, llegó a este cargo en 2021, cuando sustituyó a Sandra García en dicha responsabilidad. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada en 1989, y durante diez años ejerció la abogacía. Entre los cargos que ha ejercido, fue alcalde de Baza entre 2007 y 2021 y, durante este lustro, ha mantenido una actitud crítica con el Gobierno de Juanma Moreno.

Trayectoria de la nueva delegada del Gobierno

Mayo López es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y funcionaria del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Entre sus cargos destaca el haber sido viceconsejera de Justicia e Interior, entre julio 2017 y enero 2019; directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía, entre noviembre 2010 y julio 2015, y subdelegada de Sevilla en funciones desde febrero de 2023 a enero 2024.

Asimismo, ha ocupado el puesto de secretaria general técnica de la Consejería de Cultura, entre julio 2015 y julio 2017; y de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, entre abril y octubre 2010, de la Junta de Andalucía. Cuenta con el curso universitario de posgrado de Experto en Administración Pública, cuenta en su formación con el curso de Liderazgo Público del Instituto Nacional de Administración Pública y el de Habilidades Directivas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP).

Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución de los ceses de los subdelegados de provincias de Almería, José María Martín; Córdoba, Ana López; Granada, José Antonio Montilla; Málaga, Javier Salas, y Sevilla, Francisco Toscano.

La mano derecha de la reconstrucción para pilotar una nueva reconstrucción. El número dos del Comisionado de la dana, Roger Llanes, será desde este martes el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana tras el cese de Pilar Bernabé, que deja la representación del Ejecutivo para encabezar la lista del PSOE por Valencia para las elecciones del 29N.

Llanes pilotará la representación del Ejecutivo en Valencia, que deberá centrarse en la reconstrucción de las comarcas afectadas por la dana Adam (La Safor y La Marina Alta), un trabajo que conoce bien. En 2025 fue designado como subdirector general de la Oficina de Relaciones Institucionales del Comisionado especial para la reconstrucción de la dana de octubre de 2024, aunque tras la última reestructuración pasó a dirigir la Oficina, con Zulima Pérez a la cabeza. Junto a Pérez, coordinó el grupo de expertos para la reconstrucción, la primera piedra de este comisionado. Ha sido el encargado de trabajar mano a mano con alcaldes y asociaciones de víctimas y damnificados.

El representante socialista forma parte del núcleo de miembros del Gobierno de Ximo Puig que ha ido incorporándose al Gobierno central. Llanes llegó al departamento entonces dirigido por José María Ángel y después junto a la comisionada, Zulima Pérez, o el ministro de Hacienda, Arcadi España, antes en el departamento de Política Territorial con Ángel Víctor Torres. La hornada de cargos de confianza del expresidente Puig se consolida en el Ejecutivo central.

Ingeniero agrónomo por la Universitat Politécnica de València, Llanes acumula más de 30 años de experiencia en la Administración Pública como funcionario o representante institucional. Es un gran conocedor del campo valenciano y de su modelo territorial, ya que fue responsable de agricultura en la Generalitat Valenciana y encargado de estas políticas en el PSPV. Pasó por todos los niveles de la Administración autonómica antes de ser el número dos de la conselleria de Agricultura: técnico, director general y secretario autonómico.

En concreto, el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana formó parte del Gobierno del Botánico, encabezado por Ximo Puig, desde la firma del pacto con Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida en 2015. Fue nombrado director general de Agricultura y en 2020 elevado a secretario autonómico del mismo ramo, tras la salida de Francisco Rodríguez Mulero por desavenencias con la entonces consellera de Compromís, Mireia Mollà. En medio de estas disputas, intentó encauzar acuerdos con la vertiente más ecologista de la consellería.

El Ayuntamiento del municipio alavés de Baños de Ebro, uno de los dos únicos de Euskadi en los que gobierna el PP, ha tapado con una tabla de madera una inscripción franquista situada en un edificio de titularidad municipal. La Delegación del Gobierno de España en Euskadi ha calificado la solución de “burda” y ha criticado que es “una vergüenza”. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática incluyó la inscripción, en la que se podía leer 'Caídos por Dios y por España', en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al considerar que se trata de “una exaltación de la sublevación militar y de la dictadura franquista”.

El alcalde de Baños de Ebro, Francisco Javier García, se negó el pasado año a retirar el lema franquista. “Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo”, dijo en el verano de 2025. Antes, en marzo, el PSE-EE de Rioja Alavesa había denunciado la persistencia de este “vestigio franquista”.

Ya en 2026, en julio, el Ayuntamiento de Baños de Ebro anunció que cumpliría el requerimiento del Estado, cubriendo la placa. Alegó que un informe técnico apuntaba a que “la retirada íntegra de la placa podría afectar a la estructura del inmueble y provocar la aparición de grietas u otros daños en el edificio”, de modo que la opción “más adecuada” era cubrirla. “De este modo, se garantizará tanto el cumplimiento del requerimiento como la conservación del edificio”, se escudaba el PP en una nota.

En cualquier caso, la resolución ya subrayaba que había que retirarla por completo, porque es posible hacerlo sin que con ello se comprometa la integridad estructural del edificio. Desde la Delegación del Gobierno en Euskadi, se explica que no es necesario retirar el dintel, sino que basta con borrar la inscripción, algo que es posible porque ya se ha hecho en otros lugares, como las catedrales de Murcia y Almería. Se incide, además, en que no concurren razones de protección ni artística ni arquitectónica. El Estado dio tres meses de plazo, que vencían ahora.

La solución adoptada por el Ayuntamiento —ha señalado la delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia— es “burda”. “Es una vergüenza que en absoluto cumple con lo que dicta la ley de Memoria Democrática”, se ha quejado. “Insto al Ayuntamiento de Baños de Ebro a que cumpla con la ley a la mayor brevedad posible, sin subterfugios y ateniéndose de forma estricta a la norma democrática”, ha recalcado la delegada, para añadir que el alcalde tiene “nula sensibilidad y empatía”.

La Pilastra, asociación que vela por la memoria y la cultura democrática y que ya había denunciado en repetidas ocasiones la existencia de la inscripción franquista, ha tachado de “burla” y de “desprecio a las víctimas del franquismo y sus familias” la decisión adoptada por el PP. “El alcalde del PP de la localidad riojanoalavesa pretende disimular 40 años de crímenes y represión franquista con un 'aquí nunca pasó nada' de manual”, se ha quejado la asociación en una nota de prensa. “El hecho de pretender tapar una glorificación del alzamiento franquista con un trozo de madera es una suerte de caricatura y un signo de los tiempos, en el que la derecha radical y la ultraderecha de este país tratan de guardar las apariencias, obligados por la ley y las circunstancias, pero aguardan la ocasión propicia para imponer sus verdaderas intenciones”, añaden.

La asociación ha vuelto a exigir al primer edil que retire “definitivamente” la inscripción y cumpla con la ley de Memoria Democrática. “Por mucho que intenten ocultar esa inscripción, la historia sigue ahí. No se puede esconder lo que pasó ni borrar el sufrimiento de miles de personas y familias que fueron víctimas del franquismo”, apostillan.

Las veinte formaciones locales, insulares y regionales que sustentan la Mesa de Unidad Canaria estarán en Madrid tras el 29N “para hablar por los isleños” y “no para enmudecer ante jefes de la Península”, como aseguran que hacen los diputados canarios del PP, PSOE o Podemos.

Así lo han prometido este sábado la diputada de CC Cristina Valido y los aspirantes al Congreso por Las Palmas en representación de la confluencia forjada entre Municipalistas Primero Canarias y el partido que dirige Fernando Clavijo, Teodoro Sosa y María Fernández, en la presentación de la ‘Declaración por la unidad canaria en Madrid’.

Clavijo, Valido, Sosa y Fernández han reivindicado en este acto la “obediencia exclusivamente canaria” de esta alianza electoral frente al “ruido y la crispación” de la política estatal, que se trasladará a una campaña que auguran “dura” y en la que advierten de que se apelará de forma recurrente “al miedo”.

Frente a esa tesitura, este pacto afrontará una campaña electoral muy local, de puerta a puerta, en la que se abstraerá de ese clima polarizador para hablar de los problemas que preocupan a los canarios, como el mantenimiento del fuero canario y de los convenios sectoriales con el Estado, mejorar el acceso a la vivienda, y garantizar el transporte, la justicia social y la financiación necesaria para que exista.

Esta confluencia aspira a obtener representación por la provincia de Las Palmas e incluso a poder tener grupo parlamentario propio, y asegura que con ella “se inicia algo muy grande que va más allá de coyunturas o cálculos electorales”, según ha proclamado el responsable de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, quien ha comparado esta unión “a la reconciliación del nacionalismo canario que se dio en 1993”.

Por su parte, el presidente de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, recordó que la Mesa de Unidad Canaria nació hace casi un año como una aspiración que hoy se convierte en realidad. “Creo en la política, en el compromiso y en Canarias. Hoy demostramos que es posible dejar a un lado las discrepancias y poner en común lo que nos une, que es muchísimo más que lo que nos separa. La política debe ser diálogo, construcción y búsqueda de soluciones para nuestra tierra”, señaló.

El secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, agradeció la generosidad y la valentía de todas las organizaciones que han hecho posible el acuerdo, superando diferencias y dificultades. “Aquí hemos decidido poner a las mejores y a los mejores por delante de cualquier interés personal. Mientras otros están pendientes de enfrentarse entre sí, nosotros hemos decidido unirnos para defender a Canarias y hablar de los problemas reales de nuestra gente”, sostuvo.

Las candidatas al Congreso por Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas Cristina Valido y María Fernández han recalcado la necesidad de alejarse en esta campaña electoral de los grandes bloques estatales para poder garantizar en la próxima legislatura que las singularidades del archipiélago tengan respuesta presupuestaria y legislativa.

“A veces los kilómetros que nos alejan de Madrid no se miden en distancia, se miden en silencios. En silencios de quienes no entienden lo que significa coger un avión o un barco para ir al médico o a estudiar”, ha aseverado Fernández.

Valido ha criticado a los partidos estatales por someter la llamada Agenda Canaria a sus disciplinas de voto, al afirmar que “cuando se vota en contra de Canarias, los diputados de los partidos estatales levantan la mano porque no tienen los arrestos de decirle a sus jefes que no van a votar contra su tierra”.

El cabeza de lista de esta confluencia al Congreso por Las Palmas, Teodoro Sosa, ha apelado al arraigo municipalista de la candidatura y ha subrayado que “Madrid no es el dueño de la finca ni” este pacto electoral “será más medianero de nadie, sino dueño de su futuro”.

Organizaciones firmantes

Además de Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias, entre las organizaciones que han suscrito la Declaración por la unidad canaria en Madrid figuran Roque Aguayro, La Fortaleza de Santa Lucía, Asociación de Barrios de Valsequillo (ASBA), Plataforma Vecinal por Santa Brígida, Compromiso por Firgas (COMFIR), Juntos por Guía, Unión Veguera San Mateo, Compromiso por Haría, Ciudadanos para el Cambio (CIUCA), Juntos por Pájara, Yaza Siempre, Bloque Nacionalista Rural (BNR), Movimiento Renovador de Tinajo, Coalición de Centro Democrático, Agrupación de Electores de Tejeda, Unidos por Gran Canaria, Fórum Drago Ingenio y Agrupación Herreña Independiente.

El Gobierno de Canarias (CC-PP) quiere ahora poner límites a la compra de vivienda en el Archipiélago. En plena precampaña electoral, el Ejecutivo plantea trasladar al Gobierno de España una propuesta legislativa con nueve medidas para restringir la adquisición de inmuebles, entre ellas exigir un mínimo de diez años de empadronamiento en las islas. El objetivo es frenar la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda a quienes residen en Canarias.

El borrador contempla desde limitar el número de inmuebles que puede adquirir una misma persona hasta establecer restricciones a la compra por parte de empresas y fondos de inversión. También incluye excepciones para las viviendas heredadas y plantea que las limitaciones se mantengan durante diez años. Estas son las nueve medidas que recoge la propuesta:

1. Diez años de empadronamiento para comprar una vivienda

Uno de los principales requisitos del borrador es acreditar un mínimo de diez años de empadronamiento ininterrumpido en Canarias para poder comprar una vivienda. La propuesta también contempla la posibilidad de cumplir quince años de residencia de forma discontinua. La restricción se aplicaría tanto a ciudadanos españoles como extranjeros, de modo que el criterio determinante sería la residencia y no la nacionalidad.

2. Un máximo de dos viviendas por persona

La propuesta plantea limitar a dos el número de viviendas que puede adquirir una misma persona en el Archipiélago. Además, los inmuebles tendrían que estar situados en municipios diferentes. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico busca poner freno a la acumulación de propiedades y a las compras con fines especulativos.

3. Restricciones a las compras por parte de empresas y fondos de inversión

El borrador también pone el foco en las personas jurídicas, entre ellas las empresas y los fondos buitre que adquieren inmuebles como inversión. Según la propuesta, estas entidades no podrían comprar viviendas, salvo en los supuestos previstos para aquellas cuya actividad exclusiva sea la venta o el alquiler residencial a personas físicas. La medida pretende limitar la adquisición de casas para su explotación turística o vacacional, aunque su alcance concreto dependerá de lo que establezca finalmente el texto jurídico.

4. Las viviendas heredadas quedarían fuera de las restricciones

Las adquisiciones de viviendas por herencia, conocidas jurídicamente como transmisiones mortis causa, quedarían excluidas de los requisitos de empadronamiento planteados en el borrador. De esta forma, los herederos podrían recibir un inmueble sin tener que acreditar los diez años de residencia exigidos para las compras sujetas a la medida.

5. Las compraventas que incumplan los requisitos podrían ser nulas

La propuesta contempla declarar nulas las operaciones de compraventa que vulneren las restricciones y evitar su inscripción en el Registro de la Propiedad. Se trata de una de las disposiciones que exigirían especial precisión jurídica, ya que sus efectos dependerían de la redacción definitiva de la norma y de su encaje en el ordenamiento vigente.

6. Las restricciones afectarían a viviendas nuevas y de segunda mano

El borrador no limita las medidas al mercado de segunda mano. Las restricciones también se aplicarían a las viviendas de nueva construcción, incluidas las promociones que se desarrollen en el futuro, según el alcance planteado en la propuesta. De esta manera, el plan pretende abarcar tanto las operaciones sobre inmuebles existentes como las nuevas adquisiciones.

7. Las medidas tendrían una duración de diez años

Las limitaciones se plantean como una respuesta temporal a la emergencia habitacional. El borrador propone que permanezcan en vigor durante diez años, un periodo con el que el Gobierno canario pretende aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda. La duración efectiva dependería de la aprobación y de las condiciones que establezca la norma definitiva.

8. El argumento de Canarias para encajar la medida en la normativa europea

Uno de los principales retos de la propuesta es su encaje jurídico, especialmente en relación con las reglas europeas sobre la libre circulación de capitales y el mercado interior. Para defender las restricciones, el borrador apela al criterio de residencia en lugar de a la nacionalidad y al estatus de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Este argumento forma parte de la justificación de la propuesta, pero no garantiza por sí mismo que las medidas sean compatibles con el derecho europeo. Su viabilidad dependerá del contenido definitivo de la norma y de la evaluación jurídica que corresponda.

9. Más competencias municipales sobre el turismo y la vivienda vacacional

La propuesta también contempla dar un mayor margen de actuación a los ayuntamientos. Entre las medidas planteadas figuran la posibilidad de establecer tasas turísticas para no residentes y limitar la creación de nuevas viviendas vacacionales en los barrios con mayor saturación. El objetivo es que los municipios puedan actuar sobre la presión turística en las zonas más afectadas, aunque la aplicación de estas medidas dependería de las competencias que finalmente se les atribuyan y del marco legal correspondiente.

“Las relaciones son malas. Objetivamente, son muy malas. Llevo años viendo como multitud de ministros vienen a Castilla-La Mancha sin tomarse la molestia de avisarme”. Así se ha despachado el presidente regional Emiliano García-Page en una entrevista concedida a EnCastillalaMancha.es, en plena carrera hacia unas elecciones generales.

“Desde luego, en la mayoría de los casos sin ni siquiera invitarme…”. Se refería en particular a la última visita, por sorpresa, del presidente Pedro Sánchez a Noblejas, en Toledo, hace apenas unos días, mientras él se encontraba en Talavera de la Reina acompañando en un acto institucional a la reina Leticia. El entorno del presidente no ocultó entonces su malestar y hoy lo ha verbalizado el propio García-Page. “Me ha quedado bastante claro la distancia que quiere tener con el presidente de esta tierra. Creo que está bastante claro el mensaje, yo lo he entendido muy bien; de manera que no voy a llevarle la contraria”, ha asegurado.

Cree que la convocatoria de comicios es “preventiva” y cuando la periodista Mar Gómez Illán le ha preguntado si hará campaña para el 29 de noviembre, Page asegura ser del PSOE, a pesar de que PP y Vox le hayan pedido durante toda la legislatura “hacer el trabajo sucio” y votar contra su propio partido en el Congreso para tumbar la legislatura. “Soy del Partido Socialista. Es más, creo que soy más del Partido Socialista que algunos que lo dirigen”.

También se ha referido a la propuesta, por unanimidad, de la Ejecutiva Local del PSOE en Toledo para que la ministra de Educación y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, encabece la lista al Congreso por esta provincia y ha optado por tomar distancia. “Yo respetaré lo que proponga el partido en cada provincia”, ha dicho, tajante. Ayer mismo el secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, enfrió expectativas de los socialistas locales y recordó que es necesario un “procedimiento interno”.

9 de la mañana de este lunes. Conexión en directo: un atril vacío en la escalinata exterior del Palacio de La Moncloa. Antes de que arrancara la esperada declaración institucional del presidente del Gobierno, tres personas se cuelan en el plano que a esa hora emiten todas las televisiones de España. Ellos no saben que la cámara ya está encendida y en el aire: aparecen riéndose, salen de la última reunión en el despacho de Pedro Sánchez. Son Félix Bolaños, el ministro de Justicia, Diego Rubio, el jefe de gabinete del presidente, y Lydia del Canto, la secretaria de Estado de Comunicación. El núcleo duro con el que Sánchez ha diseñado el adelanto electoral: un plan que empezó a fraguarse hace menos de cuatro días. 

Pedro Sánchez nunca ha esperado a que se le acabe el reloj. En 2019 convocó tras la foto de Colón y la caída de sus Presupuestos. En 2023, a la mañana siguiente de perder las municipales y autonómicas. En ocho años en La Moncloa no ha agotado una sola legislatura: el botón siempre lo ha pulsado él, y siempre antes de tiempo.

No hay dos sin tres. Y esta legislatura, la más inestable de todas, ha vivido con el adelanto en el aire casi desde el primer día. Las especulaciones han sido constantes: Sánchez iba a convocar cuando imputaron a su mujer, cuando condenaron al fiscal general, cuando chocó con Trump por Irán o cada vez que los Presupuestos se quedaban en el cajón. En todas las ocasiones anteriores, no solo no pasó: es que Sánchez ni siquiera se lo planteó. Hasta el jueves pasado, convocar elecciones antes de 2027 nunca estuvo sobre la mesa.

Tampoco el miércoles de la semana pasada. En la rueda de prensa junto a Emmanuel Macron, una periodista le preguntó si iba a convocar elecciones si el Congreso no aprobaba los decretos de vivienda. “Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios”, respondió Sánchez: “Soy razonablemente optimista con la convalidación”.

No era una evasiva. En ese momento, en La Moncloa, todos daban por hecho que el segundo decreto, el del alquiler indefinido, no se aprobaría. Pero sí confiaban en que el primero, donde estaban la mayoría de las medidas, saldría adelante. Estaba pactado con Junts. O eso creían.

El jueves por la mañana arreciaron los rumores de que Junts iba a tumbar ambos decretos. En esas primeras horas, nadie aún lo veía posible en La Moncloa; tampoco el presidente. Era tanta la confianza en el voto de Junts que incluso el mismo viernes en el Pleno, tras escuchar el discurso de Míriam Nogueras, la ministra de Vivienda seguía incrédula y comentaba a algunos próximos que no había escuchado a Nogueras un “no” rotundo. 

Pero volvamos a la noche del jueves, cuando el partido de Puigdemont comunicó su rechazo. La noticia hizo estallar a Pedro Sánchez. “Se cogió un cabreo enorme, estaba indignado”, explican fuentes del Gobierno. No solo por la falta de lealtad de Carles Puigdemont, a días de que el Tribunal Constitucional despeje su regreso a España. También por la frustración de no poder sacar adelante una sola medida en un Congreso donde pactar es sinónimo de traición: donde el acuerdo resulta imposible incluso ante el principal problema de los españoles.

Esa misma noche del jueves, Pedro Sánchez empezó a barajar el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Hizo algunas llamadas a su equipo más cercano para consultarles su plan. Uno de ellos, un ministro, le respondió: “Es ahora o nunca, presidente”. No recibió una respuesta clara de Pedro Sánchez, que se limitó a escuchar sus argumentos. Pero este ministro sacó la conclusión de que ya entonces lo tenía decidido. Es lo mismo que ahora explican otras fuentes de su equipo en el Gobierno y en el partido. 

“Ha sido como revivir la moción de censura de 2018”, explica este ministro: “Sánchez siempre ve estas jugadas al vuelo”.

El viernes, poco antes de las nueve de la mañana, elDiario.es adelantó la información en exclusiva. Nuestro titular era muy claro: “Sánchez baraja convocar elecciones el próximo 29 de noviembre”. La noticia marcó la votación en el Pleno de ese día. Y la primera interpretación de la derecha no pudo estar más errada. “Es un farol para presionar a Junts”, aseguraban desde el PP. “No se atreverá a convocar porque las tiene perdidas”, decían desde el partido de Puigdemont. 

Las derechas llevan años construyendo la caricatura de que Pedro Sánchez se aferraría al poder a cualquier precio. “Se nos ha colado un dictador”, decía Ayuso hace unos días en una entrevista paranormal con Iker Jiménez: “Sánchez quiere perpetuarse en el poder”.

Víctimas de su propia propaganda, muy pocos en el PP pensaban que el malvado Perro Sanxe renunciara a otros diez meses de sillón por pelear una batalla imposible. No solo el viernes: a lo largo del fin de semana siguieron sin creerse el adelanto electoral. Aunque en público el PP le animaba a convocar. “Pedro, no te lo pienses más”, decía Tellado. Habría sido rara otra postura: la derecha lleva pidiendo elecciones desde el primer día de esta legislatura. 

“Estaban nerviosos y por eso salieron a pedir elecciones”, asegura un ministro: “Lo hicieron porque no les va bien esta convocatoria”.

En privado, a lo largo del fin de semana, los líderes del PP no creían que se atreviera a dar el paso. “No habrá elecciones anticipadas porque Sánchez sabe que las perderá”, aseguraba uno de sus diputados. “La naturaleza de Sánchez es aferrarse al poder a cualquier precio”, decía un referente de Junts este domingo. 

Pero la decisión ya estaba en marcha desde el jueves por la noche. También la fecha. Aunque algunos dirigentes plantearon al presidente que antes tratara de aprobar otra vez los decretos y ganar así algo de tiempo, había un problema de calendario. Si no se convocaba ya mismo, empezaban las Navidades. El siguiente domingo posible caía en puente: el 6 de diciembre. Y el 13 de diciembre –que algunos ministros plantearon– tenía el problema de que ese puente de la Constitución partiría la campaña. 

Había otro factor añadido: la principal razón para convocar era justo aprovechar el momento. Cuanto más tiempo se tarde en votar, más difícil será para la izquierda centrar la campaña electoral en los temas sociales, en los que la derecha está incómoda: la vivienda, la sanidad, la educación… No es compatible una campaña relámpago con retrasar su inicio dos semanas.

“Sí había voces partidarias de dar una última oportunidad a la negociación con Junts”, asegura una fuente del Gobierno, “pero se descartó porque la confianza estaba rota”.

También hubo un momento, el viernes por la tarde, en el que parte del equipo de Sánchez dudó de la oportunidad de convocar. Fue por culpa de un bulo, que circuló en esas horas por los medios y las redes sociales: la falsa noticia de que la acampada en la Puerta del Sol se levantaba. Al día siguiente, las protestas masivas del fin de semana despejaron esas dudas y demostraron que hay agua en esa piscina.

El viernes, en el debate parlamentario donde tumbaron los decretos, Sánchez cerró su intervención –que no estaba prevista– con una frase premonitoria: “La historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”.

Esa misma mañana del viernes, el presidente se reunió en su despacho en la zona de Gobierno del Congreso con varios de sus ministros, también los de Sumar. Aquellas fueron de las pocas reuniones presenciales. Contra lo mucho que se ha escrito, no hubo ninguna cumbre en La Moncloa durante el fin de semana.

Desde el jueves hasta el domingo, Sánchez ha hablado por teléfono en decenas de ocasiones con su núcleo duro: Félix Bolaños, Diego Rubio y Lydia del Canto. Solo ellos tres, los que se colaron en el plano de la tele, sabían al cien por cien cuál era el plan desde el primer momento. Pero Sánchez también ha hablado por teléfono con los dirigentes a los que más consulta en estos trances: entre otros nombres, los ministros Óscar López y Óscar Puente, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El factor Illa era importante. Es uno de los políticos en los que Sánchez más confía. Sabe que le dice la verdad, incluso si no le gusta: a diferencia de todos los demás, el president de la Generalitat ya no es su subordinado. 

Illa tenía motivos para defender que la legislatura resistiera un poco más: la esperanza de que el regreso de Puigdemont permitiera que Junts apoyara la reforma de la financiación autonómica, que ahora rechaza. Pero el ‘no’ a estos decretos de vivienda le abrió los ojos: no es posible pactar con Junts. Según explican fuentes de su entorno, Illa también fue de los que animaron a Pedro Sánchez a dar este paso.

Ante la Ejecutiva del PSOE de este lunes, Sánchez dio las gracias a “los que me habéis ayudado a tomar esta decisión”. “Y gracias también a los que no os he pedido opinión y me la habéis mandado también”, añadió. Durante el fin de semana, muchos de los dirigentes del PSOE que tienen su teléfono le han escrito. 

Además de estos mensajes y estas conversaciones telefónicas, el presidente del Gobierno también repasó algunas encuestas durante el fin de semana. No solo las que hemos publicado los medios de comunicación –entre otras, la de elDiario.es– sobre el masivo apoyo social a las medidas de los decretos. También los datos de un sondeo diario que paga el PSOE, que detectó un pequeño repunte en la intención de voto de los socialistas desde el viernes.

¿Cuándo se tomó la decisión definitiva? “El presidente estaba por el sí desde el primer momento, pero se acabó de decidir el sábado por la noche”, asegura una persona de su equipo. El domingo remataron el plan completo. Moncloa reservó el satélite para retransmitir al día siguiente la declaración institucional a las televisiones. Y el mismo domingo por la tarde, Pedro Sánchez comunicó al rey su decisión de convocar elecciones. Fue por teléfono: no hubo reunión con el rey en La Zarzuela. 

La convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario, para adelantar las elecciones, no se mandó formalmente hasta que terminó la declaración institucional. De esa gestión se ocupó Félix Bolaños, que quería evitar que esa información confirmase la noticia antes de que la anunciara el presidente. 

El discurso convocando las elecciones lo remató Diego Rubio. Y allí aparecen algunas claves de por dónde quieren llevar la campaña: no solo es la vivienda, es también la privatización de la sanidad, que tan bien simboliza Ayuso. “Nosotros hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que construyeran vivienda e invirtieran en sanidad, y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales”, afirmó Sánchez. 

“La agenda social es un tema muy incómodo para la derecha”, asegura una fuente del Gobierno. 

Pedro Sánchez también espera que la agenda internacional pueda jugar a su favor. La campaña electoral española se va a cruzar con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos: con la probable derrota de los candidatos de Trump al Congreso y el Senado, que se celebran el 3 de noviembre. El Gobierno confía en que ese debate internacional le pueda favorecer. Más aún si Trump –como parece posible– no acepta los resultados.

Por último, hay otro eje que será clave en la campaña: esa idea de las élites frente al interés general de la ciudadanía. Va de tecnoligarcas, pero también de fondos buitre. Junto al debate de la vivienda, son las únicas banderas que están funcionando en todo el mundo para frenar la ola reaccionaria. 

“De momento el primer día tras la convocatoria ha ido bien”, concluye una persona del núcleo duro de Sánchez. “A Feijóo se le ha visto con un lenguaje corporal muy malo en su primer discurso”, asegura otra fuente del Gobierno. Todos ellos están convencidos de que el auge de Vox puede tener un efecto imprevisto: que el PSOE sea el partido más votado. Un escenario que, por ahora, no aparece en ninguna encuesta. 

Fuera de la cancha, la grada y el banquillo rugen. Dentro, la presión es insoportable. Las calles de más de 50 ciudades españolas se llenaron este fin de semana de manifestantes que exigían alquileres accesibles y elevaron la temperatura social hasta niveles críticos. Mientras, los distintos partidos esperaban impacientes la decisión de Pedro Sánchez sobre si apretará el botón electoral, después de que el Congreso —con los votos de PP, Vox y Junts— tumbaran el pasado viernes los decretos de vivienda. Pero, en La Moncloa, pese a la creatividad de algunas crónicas, no hubo gabinete de crisis ni tampoco reuniones de urgencia.

El presidente del Gobierno es más de escuchar que de convocar y lo que sí hizo fueron decenas de llamadas durante todo el fin de semana para pedir opiniones y analizar pros y contras: a sus ministros, a algunos barones del PSOE, a los asesores más cercanos… “Solo cuatro personas, ni una más ni una menos, incluyéndole a él” están al tanto de la decisión final. Ninguna suelta prenda, pero el latido del Gobierno y del PSOE suena a elecciones anticipadas.

Y es que con la crisis de Ceuta abierta en canal, el presidente ya acariciaba la posibilidad de un adelanto técnico para llamar a las urnas en febrero/marzo, después de llevar al Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2027 y que previsiblemente le fueran tumbados por falta de apoyos. Ahora, con la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda tras la “traición” de Junts, “no tiene sentido acumular más desgaste”, aseguran fuentes gubernamentales. “La crisis migratoria de la ciudad autónoma ya ha sido una prórroga que no hemos podido aprovechar por la deslealtad de las autoridades locales y, ahora, ya estamos en el último cuarto del partido y toca jugársela a un triple”.

Gran parte de los dirigentes del PSOE y de los ministros socialistas creen que la mejor opción es ir a las elecciones cuando antes y aprovechar la indignación social por la vivienda, que el Gobierno cree que podrá capitalizar, “después de que hayan sido las derechas las responsables de que no se aprobaran los decretos”.

“La sociedad de hoy se calienta rápido y se enfría igual de rápido. Por eso hay que ir a elecciones ya, porque en ese corto proceso se terminará de calentar el plato y no dará tiempo a que se enfríe”, asegura un ministro del PSOE. No ha sido el único que, aunque con distintas palabras, así se lo ha trasladado a Sánchez para aconsejarle un anticipo cuando les ha consultado por teléfono en los últimos tres días.

Como es habitual, Sánchez escucha, procesa y, luego, decide en soledad que, en su caso, no es ausencia, sino método en un momento en el que las manifestaciones en protesta por los precios de los alquileres y los desahucios se han convertido en un acicate para el adelanto en quien siempre dijo que las legislaturas duran cuatro años y que pensaba agotar el mandato.

Ahora, con la decisión tomada y no compartida más que con cuatro personas, el presidente también ha pedido informes jurídicos para conocer si se pueden aprobar en Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda, después de haber sido tumbados en el Congreso, y luego ser convalidados en la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno en periodo entre sesiones. Allí, no necesetaría los votos de Junts. El sí (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos) superaría al no (PP, Vox y Junts) por 35 votos a 34. De este modo, el PSOE entraría en la campaña con las medidas en vigor y sin desahucios.

La estrategia pasaría por usar el marco de la vivienda frente a una alianza PP-Vox al que los socialistas dibujan como “una coalición insensible a las necesidades sociales y complaciente con especuladores y rentistas”. La incógnita es si la movilización de estos días aguantará 54 días hasta el 29 de noviembre —primera fecha posible— y servirá para movilizar a la izquierda hasta las elecciones o acabará diluyéndose con el paso de los días. O si la animadversión a Sánchez que ha logrado inocular en gran parte de la sociedad el PP con una campaña de deshumanización como no se recuerda en democracia, pesará más en las urnas que el miedo a un gobierno de coalición con la ultraderecha de Vox, que es el que inexorablemente tendría que conformar Alberto Núñez Feijóo.

En el deporte —y este es un símil al que en estos días recurren mucho los socialistas por la condición de exjugador de basket de Sánchez—, cuando el público aprieta y el rival te arrastra a su ritmo, es fácil perder el balón. Ahora el presidente está en el último cuarto del partido, tiene la bola en su poder y se dispone a marcarse un triple con un anticipo electoral con el que anhela reeditar la jugada de 2023. Pero, tras 8 años de gobierno, varios casos de corrupción, la crisis de Ceuta aún sin resolver y una ultraderecha imparable, la coyuntura no es la misma, salvo porque la oposición y buena parte de su partido le piden igualmente a gritos que lance ya el balón. 

En estas últimas horas agota el tiempo muerto entre los pocos que le sugieren que ejecute una jugada larga que asegure una última prórroga y los que mayoritariamente le piden que se la juegue a un último triple sobre la bocina. Quienes le conocen bien dicen que sabe que los segundos decisivos de un partido se juegan más con la cabeza que con las piernas. Y en este en el que se decide si elecciones ya o en febrero, el balón quema, el clamor de la grada es ensordecedor, quien tiene la bola decide en una absoluta soledad táctica pensando, probablemente, que está en el último cuarto del partido, en los minutos finales y que esta será su última ocasión para marcar un triple o que el balón ni siquiera roce el aro.

Casi 10.000 personas participan ya en la marcha convocada en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar soluciones ante las dificultades de acceso a la vivienda y exigir medidas que garanticen este derecho.

La movilización, que partió del entorno del Monumento de Galdós, en la plaza de la Feria, avanzaba a las 11.30 horas hacia la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, después de varios días de protestas y de la acampada instalada en este espacio en defensa del derecho a la vivienda.

Durante la marcha se están escuchando consignas en defensa del derecho a la vivienda y también a favor de barrios antifascistas. Entre los mensajes coreados destaca “el Gobierno de Canarias es una inmobiliaria”, dirigido contra las políticas de vivienda de las instituciones canarias.

La protesta ha incluido además una sentada simbólica frente a la sede del Gobierno de Canarias, con los manifestantes levantando sus llaves como gesto reivindicativo ante las dificultades de acceso a una vivienda.

La movilización da continuidad a las protestas desarrolladas durante los últimos días, después de que los dos decretos ley sobre vivienda fueran rechazados en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y Junts. Los colectivos y activistas participantes, entre ellos el Sindicato de Inquilinos de Tenerife y Derecho al Techo, ya habían advertido de que las movilizaciones continuarían.

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La política contemporánea se juega en el terreno de los principios y en la disputa constante por el marco discursivo. En este tablero, la actitud proyectada en los medios por García-Page ante los escándalos del entorno de Ayuso (como los presuntos delitos fiscales vinculados al uso de su piso o las sombras en las contrataciones públicas) y ante los recientes decretos de vivienda resulta profundamente reveladora.

A diferencia de la dirección federal de su partido, Page ha optado ante los casos de corrupción de la derecha madrileña por un perfil institucional de calculada cautela y equidistancia discursiva. Bajo el pretexto de no alentar la 'polarización', equipara sospechas de muy diversa índole y apela a un sosiego formal que, en la práctica, lo que hace es diluir las responsabilidades políticas. Esta postura renuncia a librar la batalla ideológica contra el modelo de privilegio y comisionismo que la izquierda denuncia en la Comunidad de Madrid, permitiendo a esa derecha enmarcar la sospecha real como un mero 'ruido partidista'.

Sin embargo, esa tibieza no es neutra; esta semana ha adquirido una gravedad ética absoluta cuando sus declaraciones contrastan con la realidad social diaria, encarnada en situaciones extremas como los desahucios. Es en esos casos cuando el derecho a la vivienda deja de ser una abstracción y exige posicionamientos tajantes. Ante las medidas del Gobierno central para frenar la emergencia habitacional, Page ha vuelto a situarse mediáticamente en la ortodoxia liberal. Al tildar las intervenciones estatales de 'parches' e 'inseguridad jurídica' para los propietarios, está externalizando la solución al mercado y asumiendo el mantra liberal de que la regulación vulnera el realismo económico.

Este distanciamiento de la postura del Gobierno responde a un estricto cálculo electoral regional para proteger su electorado moderado, pero a la vez se convierte en el responsable de generar un severo coste estratégico para el conjunto de la izquierda.

Al deslegitimar los decretos sociales desde dentro del PSOE, Page fragmenta el mensaje progresista, desmoviliza a la base trabajadora y consolida el marco ideológico de la derecha en uno más de los debates cruciales del Estado del bienestar.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha salido en defensa de los nuevos decretos de vivienda y cree que los dos “deben de salir adelante”. Además, ha asegurado respetar la opinión del presidente regional, Emiliano García-Page, pero le ha respondido que las medidas sobre alquiler no son un “parche”.

Así ha reaccionado Sabrido al ser preguntado por las declaraciones de García-Page este miércoles en las que afirmaba que los decretos son “un torniquete” ante la “hemorragia” causada por el desahucio de Maricarmen.

“Yo respeto mucho al presidente Page, pero tengo que decir en primer lugar que el Gobierno de España ya en el 2024 aprobó la ley de vivienda. Ley de vivienda que por motivos ideológicos o por los motivos que fueran no se están aplicando en las comunidades autónomas”, ha censurado Sabrido.

Según ha argumentado, son las comunidades autónomas --que tienen competencia exclusiva en materia de vivienda--, las que tienen que decir cuántas viviendas y cuánto han ofrecido a cada uno de los ciudadanos de su comunidad autónoma.

Dicho esto, el delegado del Gobierno considera que la sociedad lo que está haciendo en este momento es confiar en el PSOE y en el Gobierno de España “porque saben que cuando hay grandes problemas, este partido es el que tiene la fuerza y la voluntad de solucionar los problemas”.

Es por ello que opina que “los que tienen el problema están entendiendo que estamos dando una solución y cuando se da una solución no es un parche, es una solución”, ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado de que los dos decretos deben salir adelante. “Soy marcadamente optimista y creo que se hacen con la voluntad de que los dos aprueben. Así lo demanda la sociedad y los parlamentarios que son los representantes de esta sociedad, yo creo que no van a defraudar y los van a aprobar”.

Tenían la herramienta más poderosa para evitar la especulación, pero eligieron no usarla. El artículo 47 de la Constitución no solo reconoce el derecho a una vivienda digna. Dice más: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. IMPEDIR LA ESPECULACIÓN. No ignorarla. No fomentarla. No consolidarla. 

El mandato lleva 47 años negro sobre blanco escrito en la Carta Magna y más de 40 transferidos a las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen la competencia para regular el suelo y son ellas las que han decidido no hacerlo. Con la aquiescencia, eso sí, de todos los gobiernos centrales que ha tenido la democracia. Por desidia, por cobardía, por intereses inconfesables, por lo que sea, pero no hicieron nada y ahora estamos pagando el precio.

El caso de Maricarmen no es el único, pero es el que ha puesto rostro al drama que viven millones de españoles, Jóvenes y mayores. Ella, con 87 años y 71 en la misma casa del distrito de Retiro con una renta antigua de 500 euros desde 1954 ha sido víctima de la empresa Urbagestión, que le exigía 2.650 euros mensuales y ha acabado echándola a la calle por no poder pagar un alquiler de más del triple de lo que pagaba hasta ahora y del doble de su pensión. 

Llámenlo especulación, abuso, estafa… Como gusten, pero ahí estaba el artículo 47 sin que nadie lo invocara. Y ahí estaba también el interés general para impedir la especulación que la Comunidad de Madrid no invocó para regular el uso del suelo. Ahora el Gobierno de España negocia a la desesperada el decreto que evite casos como el de Maricarmen, que incluya también prórrogas de los contratos hasta 2028, que suspenda los desahucios si los propietarios son fondos buitre, que aplique una subida del IVA turístico al 21%, que implemente bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler, que apruebe ayudas para los inquilinos y que vete la compra especulativa de viviendas a los fondos buitre. 

El acuerdo es complicado, aunque no inalcanzable. Es cierto que hay que conciliar posiciones políticas tan dispares como las de Junts y Podemos, si bien aquel que defienda posiciones de máximos e impida la aprobación de la norma quedará retratado a tan solo unos meses de las elecciones generales. Disfrute entonces cada cual de lo votado. Pero, más allá de esto, ahí seguirá el artículo 47 de la Constitución sin que nadie se decida, por ejemplo, a intervenir decididamente el suelo, a expropiar las parcelas urbanizables que llevan más de 5 años paralizadas y sin construcción. Las autonomías tienen la competencia y jamás la han usado, pese a que hay toda una generación de jóvenes con trabajo -precarios casi siempre-, con dos diplomaturas, tres másteres y cuatro idiomas que, pasados los 30, siguen en casa de los padres o compartiendo vivienda porque no alcanzan a pagar solos un alquiler que les permita tener un proyecto de vida. 

Y todo porque la derecha nos vendió que el mercado se autorregula solo y que con la liberalización del suelo la oferta bajaría los precios. Falso. Madrid, pero también otras grandes ciudades españolas, es hoy una ciudad tomada por los pisos turísticos, por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi) que compran edificios enteros y por fondos buitre que han convertido el derecho a vivir en un producto financiero mientras gobiernos autonómicos y locales miran para otro lado y, además, se permiten no aplicar la primera Ley de Vivienda aprobada en democracia, que no era la panacea, pero en algo ayudaba.

Construir vivienda pública no da votos a cuatro años vista y tampoco enfrentarse al lobby inmobiliario, por eso para quienes mandan es mucho más cómodo subvencionar el alquiler con 200 euros que no sirven para nada, que ponerse a levantar barrios enteros con vivienda social. El resultado es una España que tiene el parque de vivienda pública más pírrico de Europa, con menos del 2,5% del total del parque inmobiliario, mientras Francia tiene el 17% o Austria, el 23%.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este lunes ser “realistas” con el problema de la vivienda y ha advertido de que “a problemas complejos” no le van a venir nunca bien “soluciones improvisadas y sobre todo soluciones simples”.

Page ha hecho alusión este lunes al Real Decreto de vivienda que previsiblemente se aprobará este martes en el Consejo de Ministros tras el desahucio de Maricarmen en Madrid, y que ha provocado protestas en toda España.

“Hay que ponerse manos a la obra” para solucionar el problema de la vivienda, ha espetado el presidente regional, quien ha tendido la mano al Gobierno y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. “Van a contar con todo nuestro apoyo”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo regional.

“Antes que de izquierdas o de derechas hay que preguntarse si uno es eficaz o ineficaz porque se puede ser ineficaz en la izquierda y en la derecha. Y para poder ser eficaz y resolver los problemas, antes que ser de izquierdas o de derechas, hay que ser realistas. No es incompatible ser realistas con soñar ni con tener utopías”.

Al hilo, Page ha manifestado que “el terreno de los sueños, sueños son”, considerando que hay que “tener los pies en el suelo”.

Ha recordado al respecto que la Constitución española recoge como derecho constitucional el derecho a la vivienda, pero también con rango constitucional considera que la vivienda es una propiedad y está protegida. “Es más, no solo es una propiedad a la que se tiene derecho, sino que también es un activo económico”, ha advertido.

“Hay padres que se pasan la vida ahorrando y ahorrando para comprar un piso y que se lo quede el hijo” y esas personas -ha aclarado- no pueden ser consideradas “rentistas”, por lo que ha abogado por hablar “con propiedad” y ser “realistas”.

“Poder sacar adelante las cosas o poder abordar problemas complejos requieren estrategias de medio y largo plazo”, ha remachado Page, quien pide no estigmatizar todo. “Si todo alojamiento turístico lo estigmatizamos como un problema, terminaremos por no poder acoger a 100 millones de turistas que requiere España porque no caben en los hoteles”.

Rechazo a los especuladores

Dicho esto, sí que ha mostrado todo su rechazo “a quien especula o a quien literalmente controla el suelo para que crezca el precio de la vivienda”, pero también ha querido poner sobre la mesa que no hay ley del suelo porque se ha tumbado en el Parlamento o que no se han podido hacer cambios en la legislación de vivienda porque no ha habido posibilidad de sacarlo adelante en el Congreso.

“La realidad de la vivienda es muy compleja”, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, quien ha hecho hincapié en que España es un país que al mismo tiempo está intentando frenar la mano de obra, “porque tiene que ser de fuera” porque “aquí muchos ya no quieren trabajar, al menos en todas las cosas que se necesitan”.

Es por ello que pide no analizar la situación de “forma lineal”. “Si en muchos cascos históricos no se utilizaran viviendas para alojamiento turístico, esas casas no se utilizarían porque nadie habría invertido para rehabilitarlas si no tuviera negocio”. “Lo que no podemos hacer es, para vestir un santo, desvestir a otro”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha confiado en que el Consejo de Ministros sea capaz de sacar adelante el decreto de vivienda, un escenario que no ve como “un imposible”. Asimismo, ha empatizado con la protesta de la Puerta del Sol, señalando que representa “la voz de mucha gente”.

La Comunitat Valenciana acollia, a 31 d'agost de 2026, un total de 1.152 xiquets, xiquetes i adolescents migrants no acompanyats, segons els registres de dades oficials. Aquesta xifra representa una proporció d'un menor per cada 5.000 habitants al territori valencià. D'acord amb la capacitat ordinària aprovada pel Consell de Ministres el passat 29 de juny, davall les directrius del Reial decret llei 2/2025 per a la garantia de l'interés superior de la infància davant de contingències migratòries extraordinàries, la xarxa pública valenciana hauria de comptar amb 1.903 places estructurals. D'aquesta manera, l'ocupació actual del sistema se situa en el 60% de la seua capacitat ordinària, una xifra allunyada dels relats de sobresaturació del 180% argumentats pel Consell de Pérez Llorca.

L'evolució del sistema reflecteix un creixement moderat en els últims mesos. A començaments de 2025, abans de l'entrada en vigor del Reial decret llei 2/2025, la Comunitat Valenciana acollia 1.017 menors migrants no acompanyats. En el transcurs d'un any i mig, el nombre de xiquets i xiquetes davall la tutela autonòmica s'ha incrementat únicament en 135 persones.

Segons fonts de l'Executiu central, aquestes xifres demostren que l'aplicació del mecanisme d'acollida vinculant i solidària aprovat l'any passat a penes ha tingut incidència sobre la capacitat del sistema valencià. I afigen que, per al finançament d'aquestes places, el Govern d'Espanya va entregar l'any passat a la Generalitat fons extraordinaris per un import de 7.414.575 euros, als quals se suma una assignació addicional de 2.601.726 euros en aquest exercici.

Des del Ministeri de Joventut i Infància defensen que la solidaritat amb la ciutat autònoma de Ceuta exigeix el compromís actiu de les comunitats autònomes, competents en exclusiva en la protecció de menors. Fonts del departament ministerial sostenen que la via per a articular el trasllat és la firma de convenis bilaterals per a la derivació de xiquets i xiquetes de les instal·lacions ceutines. “El cas de Navarra ha demostrat que, amb voluntat política, és molt senzill”, assenyalen des del Ministeri, i recorden l'obligació de dotar correctament els sistemes públics per a disposar de les places fixades en la capacitat ordinària, evitar “informacions falses” a l'opinió pública i dimensionar els recursos en lloc d'aplicar reduccions fiscals a les rendes més altes.

Aquesta discrepància en el ball de xifres es produeix en un escenari de creixent tensió política entre les dos administracions. El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmat aquest mateix divendres que no existeix “cap comunicació oficial” per part del Govern central i ha insistit que les instal·lacions públiques estan “al 180 %” de la seua capacitat, per la qual cosa descarta la recepció de més menors. Consultada per elDiario.es, la Conselleria de Serveis Socials, responsable de l'acollida de menors migrants, s'ha remés a les paraules de Barrachina d'aquest mateix divendres: “Res a afegir”.

En els mateixos termes es va expressar fa uns dies el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, qui va reiterar el seu rebuig frontal al trasllat des de Ceuta després de qualificar l'entrada de migrants a finals de juliol com una “invasió” i defensar el retorn immediat dels xiquets als seus països d'origen davall la premissa que “els xiquets on millor estan és amb els seus pares”.

La Comunitat Valenciana acogía a 31 de agosto de 2026 a un total de 1.152 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los registros de datos oficiales. Esta cifra representa una proporción de un menor por cada 5.000 habitantes en el territorio valenciano. De acuerdo con la capacidad ordinaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, bajo las directrices del Real Decreto-ley 2/2025 para la garantía del interés superior de la infancia ante contingencias migratorias extraordinarias, la red pública valenciana debería contar con 1.903 plazas estructurales. De este modo, la ocupación actual del sistema se sitúa en el 60% de su capacidad ordinaria, una cifra alejada de los relatos de sobresaturación del 180% argumentados por el Consell de Pérez Llorca.

La evolución del sistema refleja un crecimiento moderado en los últimos meses. A comienzos de 2025, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, la Comunitat Valenciana albergaba a 1.017 menores migrantes no acompañados. En el transcurso de un año y medio, el número de niños y niñas bajo tutela autonómica se ha incrementado únicamente en 135 personas.

Según fuentes del Ejecutivo central, estas cifras demuestran que la aplicación del mecanismo de acogida vinculante y solidaria aprobado el pasado año apenas ha tenido incidencia sobre la capacidad del sistema valenciano. Y añaden que para la financiación de estas plazas, el Gobierno de España entregó el pasado año a la Generalitat fondos extraordinarios por un importe de 7.414.575 euros, a los que se suma una asignación adicional de 2.601.726 euros en el presente ejercicio.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia defienden que la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta exige el compromiso activo de las comunidades autónomas, competentes en exclusiva en la protección de menores. Fuentes del departamento ministerial sostienen que la vía para articular el traslado es la firma de convenios bilaterales para la derivación de niños y niñas de las instalaciones ceutíes. “El caso de Navarra ha demostrado que, con voluntad política, es muy sencillo”, señalan desde el Ministerio, y recuerdan la obligación de dotar de manera correcta los sistemas públicos para disponer de las plazas fijadas en la capacidad ordinaria, evitar “informaciones falsas” a la opinión pública y dimensionar los recursos en lugar de aplicar reducciones fiscales a las rentas más altas.

Esta discrepancia en el baile de cifras se produce en un escenario de creciente tensión política entre ambas administraciones. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado este mismo viernes que no existe “ninguna comunicación oficial” por parte del Gobierno central y ha insistido en que las instalaciones públicas están “al 180 por ciento” de su capacidad, por lo que descarta la recepción de más menores. Consultada por elDiario.es la Conselleria de Servicios Sociales, responsable de la acogida de menores migrantes, se ha remitido a las palabras de Barrachina de este mismo viernes: “Nada que añadir”.

En los mismos términos se expresó hace unos días el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien reiteró su rechazo frontal al traslado desde Ceuta tras calificar la entrada de migrantes a finales de julio como una “invasión” y defender el retorno inmediato de los niños a sus países de origen bajo la premisa de que “los niños donde mejor están es con sus padres”.

Los seis guardias civiles del grupo que atribuyó falsamente al Gobierno la propagación de la Covid-19 han dado un paso más hacia el banquillo de los acusados por otra actuación irregular: la colocación de dispositivos de seguimiento sin autorización judicial en un caso de presunto narcotráfico. Las autoridades francesas han remitido al juzgado de Madrid que investiga a los agentes la información recabada a la empresa fabricante de una de las balizas empleadas por los guardias civiles y, con ello, la confirmación de que el dispositivo ilegal estuvo en la Comandancia del instituto armado en Tres Cantos (Madrid) y en el domicilio de uno de los imputados.

elDiario.es ha accedido a la respuesta de Francia a la Orden Europea de Investigación (OEI). En la misma, la Policía Judicial francesa remite la información recabada de la compañía Invoxia. Según los datos facilitados, un cliente apodado “Paulaner” activó el dispositivo el 4 de febrero de 2023 a las 21.21.56. La información contiene todo el uso de la baliza, colocada en “una motocicleta” y cuya señal de ubicación se actualizaba “cada 5 minutos”.

Los datos aportados por Francia incluyen el momento y lugar de la activación de la baliza, coincidente con el domicilio del guardia civil que actuó como secretario de las actuaciones en el caso de narcotráfico investigado. Con posterioridad, el dispositivo se geolocaliza en la Comandancia de la Guardia Civil, sede del Grupo de Delitos Económicos al que pertenecen los imputados, según ha constatado la defensa del denunciante. En esta sede de la Guardia Civil, la baliza tuvo 54 posicionamientos, 43 de ellas dentro de las parcelas de la propia Comandancia. Todo ello en 14 fechas que van del 6 de febrero al 28 de marzo de 2023, coincidente con el periodo de los hechos investigados.

En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados estamparon su firma y su número de carnet profesional en los dos atestados de otro caso, el que sirvió para imputar al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y también para apuntar a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón, que actuó como portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que todo el Equipo de Delitos Económicos participó en aquella investigación, bautizada como Operación Sanitario.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel había escogido a este grupo de la Guardia Civil de Madrid para que actuara como policía judicial. Antes, la magistrada había admitido a trámite la querella de un abogado abonado a las tesis conspiranoicas y que dos años después ingresaría en prisión por estafar a clientes.

Los guardias civiles trufaron sus atestados de bulos, opiniones sesgadas y mantras de la extrema derecha para atribuir al Gobierno la responsabilidad de la expansión del Covid por autorizar la manifestación feminista del 8M. El contenido de aquellos informes policiales supuso un terremoto político sobre la gestión de la tragedia. Su escasa fiabilidad provocó a la postre que la causa fuera archivada por la jueza. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó cesar al coronel jefe de la Comandancia, Diego Pérez de los Cobos, por no haber informado a la cadena de mando de los avances de la investigación del caso 8M. Pérez de los Cobos siempre defendió que sus agentes solo reportaban a la jueza por orden expresa de esta. La justicia terminó por restituirle en su puesto.

Sin embargo, los guardias civiles que firmaban los atestados y su jefe no tuvieron que asumir ninguna responsabilidad. La investigación abierta por la propia Guardia Civil por la filtración de los informes a un medio sensacionalista de la derecha acabó sin ningún sancionado.

Los mismos guardias civiles del 8M actuaron después a las órdenes del juez Santiago Pedraz en el caso denominado 'Águila-Frozen' contra una red de narcotraficantes. En el transcurso de la causa, la defensa de uno de los investigados presentó el testimonio de una mujer que había grabado a uno de los guardias civiles confesando los métodos ilegales que utilizaba el grupo. Pedraz abrió una pieza separada e imputó al brigada. El magistrado también ordenó un informe a la Policía Nacional, que motivó que la investigación se ampliara a otros cinco guardias civiles en el juzgado de Madrid, que pasó a ser el competente para investigar.

Los policías nacionales pusieron en marcha la Operación Bali 23. En poco tiempo identificaron el locutorio donde se habían comprado, con un DNI perdido por su dueño, dos tarjetas telefónicas utilizadas en los seguimientos ilegales. El presunto narcotraficante encontró esas balizas en su Audi A3 y una moto Kawasaki Ninja.

Los policías detallaban en su atestado el contacto de los guardias civiles con la baliza hallada en el coche, a través del posicionamiento de los móviles de los agentes. A la investigación le faltaba la información de la otra baliza, que solo podía entregar Francia. En la motocicleta había oculto un pequeño dispositivo perteneciente a la marca Invoxia, con sede en Francia, la misma que ha facilitado los datos al Juzgado de Madrid que investiga a los agentes.

Investigados desde hace dos años, los agentes prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número 54 asistidos de un letrado particular, después de que la Abogacía del Estado, siguiendo la recomendación de la Dirección General de la Guardia Civil, renunciara a ejercer la defensa, como los guardias civiles pretendían. Fuentes del caso sitúan la investigación en su tramo final antes de que la magistrada dicte el auto del fin de la instrucción y proponga juzgar a los agentes por un delito contra la intimidad.

Los más tempraneros se han acercado a la plaza de Cibeles cuando los relojes se acercaban a las 10.00 horas. En torno a las 13.30 horas, ya eran miles de personas las que se agolpaban en el Arco de la Victoria erigido por Franco en Moncloa. Todos ellos han acudido a la convocatoria de Sociedad Civil Española, una movilización “en defensa de España y por Ceuta y Melilla”, en la que han reivindicado la convocatoria de unas elecciones generales “limpias” y un juicio contra Pedro Sánchez por traición, así como la militarización de Ceuta.

Secundada por partidos políticos como el PP y Vox, a lo largo de esta segunda “Marcha por la dignidad” se han escuchado en repetidas ocasiones soflamas como “Pedro Sánchez hijo de puta”, “esas lecheras, para la frontera”, “Marlaska traidor, defiende la nación” y “basta ya, queremos votar”. Antes de su inicio, con una media hora de retraso, un hombre repartía billetes falsos de 100, 200 y 500 euros con la cara de Sánchez. “Para ir a las saunas”, decía. Delegación del Gobierno ha cifrado en 20.000 las personas que han secundado esta protesta hasta las 12.00 horas, mientras que Sociedad Civil Española sostiene que han conseguido congregar a 180.000 manifestantes.

En su convocatoria, Sociedad Civil Española afirmaba que estaban invitados ciudadanos de cualquier opción política, “y cada cual con las banderas y carteles identificativos que desee utilizar”. “Es un acto transversal”, añadían. En los 3,5 kilómetros que han separado el inicio del final de la manifestación tan solo se han visto banderas con la cruz de Borgoña, de Ceuta y hasta un hombre disfrazado de templario reivindicando su retorno. Lo que más ha sobresalido han sido las banderas de España. Gorras, calcetines, camisetas, colgantes, pañuelos, gorros, pegatinas, paraguas, camisas, calcetines, tirantes y hasta calzoncillos estaban decorados con la rojigualda.

La idea era unir al “pueblo español soberano, unido y en paz, para plantarnos con firmeza ante una coalición de Gobierno que ha dejado de representarnos y defendernos”, tal y como rezaba la convocatoria. Asimismo, han reclamado que se le devuelva “la dignidad y la palabra” a la ciudadanía mediante la convocatoria de elecciones generales con un “censo electoral real”, y han puesto de fecha límite el 15 de noviembre, “dada la insostenible situación actual”.

Exigen juzgar a Sánchez por traición

Carlos de Palma, miembro de la coordinadora de la Sociedad Civil Española, ha señalado a elDiario.es que “el Gobierno ha tomado una serie de decisiones que van en contra del pueblo español”, y ha aludido a las causas judiciales en contra de antiguos integrantes del PSOE y allegados de Sánchez. Por otra parte, ha asegurado que el Ejecutivo “quiere manipular el voto de los españoles” con la denominada Ley de Nietos. “Hemos pedido transparencia a la junta electoral central, pero se niegan a facilitarla. Es una caja negra”, ha declarado entre vivas a España de los presentes.

El también presidente de Iniciativa 2028, una de las 200 asociaciones afines que forman parte de Sociedad Civil Española, ha exigido “investigar a Pedro Sánchez” por cometer un posible delito de traición y atentado contra la seguridad del Estado. “Es un hecho notorio que España debería haber sabido lo que iba a pasar en Ceuta. Aquí no puede pasar ni uno, porque no sabemos si huye de una guerra, es alguien al que hay que atender humanitariamente o si es un terrorista”, ha sostenido De Palma, quien ha tildado de “invasores” a los migrantes que consiguieron superar hace unos meses la frontera española.

Varios han sido los cánticos durante la manifestación que han recordado a la ciudad autónoma. “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” y “Ceuta aguanta, España se levanta”, han sido algunos de ellos. “En Ceuta están aterrorizados. El Gobierno debería haber blindado la frontera”, ha incidido el integrante de Sociedad Civil Española. Del mismo modo, la organización ha reclamado la “aplicación inmediata del instrumento legal procedente para la militarización de la plaza y la expulsión a Marruecos de la totalidad de los invasores”.

Ante dicho extremo, De Palma ha explicado que “no se sabe cuántas personas entraron, cuántas salieron ni cuántas siguen escondidas”. Desde su punto de vista, no se pueden hacer salvedades en cuanto a la devolución: “Si hacemos excepciones damos pie al efecto llamado. Vendrá aquí cualquier persona con una mínima esperanza buscando seguridad y atenciones médicas. Eso se evita con una serie de elementos materiales, obstáculos físicos que no permitan la entrada, no esas boyas que han puesto que ya están sueltas y rotas”, se ha explayado.

Contra los “enemigos exteriores e interiores”

Desde Sociedad Civil Española han reiterado que es necesario salir a la calle por la “defensa de la unidad e integridad territorial de España y de las fronteras europeas”, así como “contra la invasión de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla”. Del mismo modo, han reivindicado la “integridad y neutralidad de nuestras instituciones” y la “transparencia y la limpieza en el uso de los recursos públicos”.

Asimismo, han recalcado su defensa de la nación, “porque no queremos que la destruyan ni enemigos exteriores ni interiores que atacan nuestra unidad, nuestra historia, nuestra libertad, la propiedad privada, el imperio de la ley, la igualdad, la solidaridad y nuestro modo de vida basado en los valores de la civilización occidental”, han explicado. A esta suerte de programa se han adherido el PP, Vox y Se Acabó la Fiesta, además de decenas de entidades sociales, asociaciones, foros y plataformas, como Revuelta, en sindicato ligado a Vox Solidaridad y Manos Limpias.

De Palma ha precisado que “el futuro de Sánchez está acabado a partir de Ceuta”. “Hemos despertado y nos tienen que escuchar en las urnas. Es como una bola de nieve, cada vez somos más, y cuanto antes nos escuchen los partidos políticos, mejor será para ellos y para España”, ha añadido el presidente de Iniciativa 2028.

La marcha, en la que se han escuchado cánticos como “es una mafia, no un Gobierno” y “no es inmigración, es una invasión”, ha arribado al Arco de Moncloa en torno a las 12.15 horas, más de una hora antes de lo previsto. En ese momento, se ha dejado ver una pancarta en defensa del Valle de los Caídos mientras no arreciaban los gritos contra la prensa, a la que los manifestantes han culpado de “cómplices”.

A unos 150 metros del Arco de la Victoria ha finalizado esta protesta sin la lectura del comunicado realizado por la organización debido a la falta de megafonía adecuada. “Adquiramos en esta luminosa mañana madrileña el compromiso inalterable de permanecer movilizados para que no haya insidia, ni felonía ni cobardía que nos pueda derrotar. Acabemos en las urnas con Pedro Sánchez y enviemos a su régimen podrido al basurero del olvido del que nunca vuelva a salir. Nos va en ello nuestra Nación y nuestro futuro”, finalizaba el texto.