El Gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional la medida fiscal de La Rioja de apoyo al mundo rural por considerar que “está incurriendo en competencias de otra administración”, ha explicado hoy la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz. El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, en concreto, en referencia al medio rural.

En concreto, se trata de una deducción de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural. De esta forma, los contribuyentes con residencia habitual en algún municipio de La Rioja que inicien una actividad agraria como trabajador por cuenta propia podrán aplicarse una deducción de mil euros en la declaración correspondiente al ejercicio de inicio, siempre y cuando se mantengan los requisitos de residencia y actividad durante los doce meses siguientes al alta.

La fundamentación del recurso se basa en que se considera una deducción incompatible con las competencias de que disponen las Comunidades Autónomas, ya que se trata de una deducción vinculada al ejercicio de actividades económicas. Arraiz, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre otro asunto, ha explicado que el Estado mantiene que, pese a que el impuesto esté cedido, “la normativa básica” la establece el Gobierno de España.

Ha relatado que el Gobierno central considera que La Rioja “está incurriendo en competencias de otra administración” y se inicia el procedimiento tras no haber alcanzado un acuerdo en una comisión bilateral. “Es más habitual de lo que parece este tipo de situación en todas las comunidades autónomas, lo que ha ocurrido aquí es que el Estado ha considerado que la comunidad autónoma de La Rioja está incurriendo en competencias al establecer bonificaciones en una materia que a ella no le compete”, ha indicado.

Ni Koldos, ni Ábalos, ni Peinados…. Barcelona ha apartado durante 48 horas al presidente del Gobierno de la toxicidad que desprende la conversación pública nacional y le ha permitido elevarse por encima de la política doméstica. Uno diría que, a falta de debates de altos vuelos, Pedro Sánchez busca trascender fronteras y proyectar a toda costa su innegable influencia global del “no a la guerra” para remontar el vuelo. Lo haga en busca de un legado, de la redefinición de su liderazgo más allá de las restricciones internas o de la paz mundial, su adversario no parece que sea ya Alberto Núñez Feijóo, sino el mismísimo Donald Trump y la ola ultraderechista que recorre el mundo. 

Durante un par de días, en Barcelona, se ha erigido en azote de la ola autoritaria que recorre el mundo, un papel que ha visto reforzado y reconocido en Europa y en América sin duda por su tensión con Trump y su firme oposición a las veleidades bélicas de la Administración norteamericana. Y así se ha dado un baño de progresismo global, no en una, ni dos, sino en tres cumbres internacionales que han situado la mirada única y exclusivamente sobre el turbulento escenario mundial. Una bilateral España-Brasil en la que Sánchez y Lula da Silva se han conjurado para hacer frente al autoritarismo y espantar la sombra del fascismo. La IV Reunión en Defensa de la Democracia con la participación de los presidentes de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica, Uruguay y Lituania. Y la Global Progressive Mobilisation, en la que un centenar de líderes de la izquierda de todos los continentes se han conjurado en defensa de las instituciones y el multilateralismo, contra la desinformación y el extremismo y la desigualdad.

Y es que mientras en España, las derechas dibujan al presidente como un líder aislado y en decadencia “rodeado de corrupción”, fuera de ella se le aplaude, se le admira y suma aliados para su cruzada contra la ola autoritaria que proyecta la sombra del fascismo, como se ha podido comprobar este fin de semana. Políticos de todos los continentes, así como académicos, activistas, sindicalistas, influencers y varios presidentes de gobiernos, principalmente de América Latina, han compartido una misma visión del mundo y hecho una encendida defensa del Derecho Internacional, el multilateralismo y la paz. 

Sánchez, por tanto, no está solo en su propósito de liderar un espacio progresista, renovar el orden internacional y poner freno a la industria de la mentira, el odio y la violencia verbal. En la ciudad condal, con Salvador Illa y Jaume Collboni de anfitriones, le acompañaron los presidentes de Brasil (Lula Da Silva), México (Claudia Sheinbaum), Colombia (Gustavo Petro), Sudáfrica (Cyril Ramaphosa) y Uruguay (Yamandú Orsi). Pero también la primera ministra de Barbados (Mia Amor Mottley), el presidente de Cabo Verde (José María Neves), el vicepresidente de Botsuana (Ndaba Gaolathe) y la vicepresidenta de Ghana (Jane Naana), así como el gobernador de Minnesota, del Partido Demócrata, Tim Waltz, que puso en pie al auditorio con un sonoro “No es América, primero; es la humanidad, primero. Adelante, España”.

A todos ellos se sumó una buena representación de integrantes de otros gobiernos europeos como Edi Rama, primer ministro de Albania; Catherine Connolly, presidenta de Irlanda; Inga Ruginiené, primera ministra de Lituania; Lars Klingbeil, vicecanciller de Alemania y colíder del SPD; Andreas Babler, vicecanciller de Austria y líder del SPÖ o David Lammy, viceprimer ministro de Reino Unido, entre otros. Hillary Clinton, Michelle Bachelet, Bernie Sanders o el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani mandaron videos de salutación y apoyo a Sánchez y alentaron a la movilización progresista en el mundo.

Fue Lula quien cargó contra los ultrarricos y afirmó que “los multimillonarios alimentan la meritocracia, pero derriban las escaleras para que los de abajo no puedan subir” y coligió que “la desigualdad no es un hecho, es una elección política y nosotros debemos elegir la igualdad”, ha defendido“. El brasileño elogió el coraje de Sánchez y cargó contra Trump sin mencionarlo expresamente da idea de hasta qué punto comparte la agenda exterior del líder de los socialistas españoles y su negativa a que los aviones de EEUU utilicen las bases españolas para sus ataques contra Irán. 

Y es que al presidente del Gobierno se le ha quedado pequeño el tablero nacional y “está haciendo crecer el rebaño progresista” (Lula Da Silva, dixit). Lo que Isabel Díaz Ayuso llama despectivamente “gestores de la pobreza y narcoestados” y, en realidad, es una extensa representación contra el “no a la guerra” y a favor de la política exterior del Gobierno de España que también busca respuestas sobre los riesgos de la democracia y el declive de la socialdemocracia, como explicitó Lula cuando en su intervención durante la bilateral Brasil-España invitó a los asistentes a preguntarse qué ha pasado para que “la imbecilidad gane adeptos”.

Sánchez habla de una comunidad política en construcción y de un grupo de países dispuestos a hacer lo necesario para proteger y fortalecer la democracia ante un contexto en el que “vemos ataques al sistema multilateral, la impugnación de las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”. Sabe que el horizonte está cargado de incertidumbres y que la internacional ultraderechista y lo que llamó “las derechas lacayas de esta”, en clara alusión al PP, hacen mucho ruido, pero “tienen pocas ideas”.

“No gritan porque estén ganando”

“Pero que no os engañen -jaleó a los más de 6.500 asistentes a la Global Progress Mobilisation-: los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba y porque saben que su ortodoxia neoliberal ineficiente y cruel murió en 2008 con la gran crisis financiera”.

En una optimista y encendida intervención con la que pretende espantar el mantra sobre su languidez política, se mostró convencido de que no es su tiempo, sino el de la internacional ultraderechista y el de una “derecha rendida a los postulados reaccionarios” el que ha llegado a su fin. Y que así será con la utilización de tres instrumentos: la unidad entre fuerzas progresistas, países y generaciones; el orgullo de identidad de la socialdemocracia y la fe en el progreso.

Consciente de que durante años, en España y fuera de ella, las derechas han denostado la identidad progresista con insultos como ¡zurdos!, ¡progres!, ¡charos! o ¡rojos! para que se avergüencen de sus ideas y su pasado, se ha propuesto que sean ellas las que, en adelante, se abochornen. “Por callar ante la injusticia, por explotar trabajadores, por criminalizar al diferente, por convertir los derechos en mercancías y por apoyar la guerra y la violencia. En Gaza. En Ucrania. En Líbano y en Oriente Medio poniéndose de perfil como unos cobardes”, arengó ante un entregado auditorio en la Fira de la Ciudad Condal, donde aventuró también que la rendición de la derecha “al negacionismo climático, a la xenofobia y al machismo de la internacional ultraderechista ha sido un error del que no podrán dar marcha atrás”.

La reserva moral de la izquierda

Ante esta especie de guadiana emocional en la que acostumbra a vivir el PSOE, ministros, dirigentes de todas las federaciones socialistas y cargos intermedios reunidos en Barcelona en esta especie de chute moral ven una oportunidad en que el liderato de Sánchez traspase fronteras y haya reunido durante dos días a la reserva moral del progresismo mundial. Eso sí, también se preguntan si todo ello servirá para dar la vuelta a la tozuda realidad demoscópica, que arroja una inequívoca mayoría del bloque de las derechas en España.

“El partido no existe. Su latido es inaudible. Muchos cargos están convencidos de que viene un fin de ciclo y aquí cada uno está buscándose ya las habichuelas, si bien todo el mundo reconoce que Sánchez tiene arrojo y que en 2027 puede volver a dar la sorpresa como ya pasó en 2023”, analiza un socialista madrileño. Luego está el análisis en profundidad de los datos, tras los que asoman que “todo es complicado porque además nuestro líder se ha convertido en una apisonadora de la izquierda alternativa a la que se está comiendo y ni hay trasvase entre bloques”, añade un eurodiputado de la delegación española. “Nada es imposible”, tercia en la conversación un veterano socialista balear. “Hay claros síntomas de que la ola ultraderechista ha tocado, si no techo, sí pared”, defiende el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en conversación con los informadores antes de que concluyera la cumbre progresista y mientras suena Imagine, de John Lennon, en un plenario entregado.

Próxima edición, en México

Lo que cada día parece más claro es que el presidente del Gobierno ya no compite con Alberto Núñez Feijóo, sino con Trump y que piensa explotar su liderazgo internacional lo que haga falta para sacar a la socialdemocracia española de la depresión antes de enfrentarse a las urnas. Una estrategia que no parece baladí y que en la Global Progressive Mobilisation, cuya siguiente edición se celebrará en México, hubo quien la comparó con la que en su día desplegó Ayuso para salir de la refriega madrileña y elevarse a la escena nacional para confrontar solo con el jefe de Gobierno. “Sánchez ha visto en Trump lo que la condesa de Quirón vio en su día en el líder nacional de los socialistas y que tan buenos resultados le dio entre su electorado”, ironiza otro de los asistentes. De hecho, en La Moncloa saben que cada vez que el presidente de los EEUU desprecia al gobierno español o a su presidente con la palabra, en el parqué internacional sube la cotización de Sánchez.

El presidente sabe que la respuesta a la ola ultra debe ser ofensiva, nunca defensiva, y que como prioridad hay que afrontar una renovación “urgente y en profundidad” del orden multilateral para el que como primera medida dijo ha llegado el momento de que sea una mujer quien dirija las Naciones Unidas “por justicia y por credibilidad”.

Y así fue como acabó este sábado bien entrada la tarde ya el festival de los sueños progresistas, que solo el tiempo y las urnas dirán si es posible convertirlos en realidad. Hasta entonces, como en Imagine, nothing to kill or die for (nada por lo que matar o morir), living life in peace (viviendo la vida en paz).

La Generalitat Valenciana ha anunciado este martes su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno para la regularización de inmigrantes, al entender que “llega sin ningún tipo de previsión ni recursos y que va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana”.

En un comunicado remitido esta noche, el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca advierte de que una medida de estas características, “adoptada sin una memoria económica clara ni coordinación con las comunidades autónomas, puede provocar un incremento notable en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial”.

Desde el Consell se asegura que están comprometidos “con una política migratoria ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida, así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana”.

Asimismo, la Generalitat solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso para “evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico”.

El Consell, según el comunicado, pide al Gobierno de España que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas “que permita abordar la cuestión migratoria desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado la declaración ambiental al macreólico Satrebares, proyectado en media docena de municipios de las provincias de A Coruña y Lugo con casi una treintena de aerogeneradores y 125 megavatios de potencia. Así figura en los datos del proyecto que publica Transición Ecológica en su sede electrónica, en donde se indica que el 31 de marzo de 2026 se emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Ahora, falta por publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta resolución completa para conocer la argumentación del Ministerio sobre la negativa.

Este parque eólico y su infraestructura de evacuación, promovido por Maracaibo Solar, abarcaba los municipios de Guitiriz (Lugo), así como los coruñeses de Monfero, Abegondo, Aranga, Curtis y Oza-Cesuras. Tenía previsto instalar 29 aerogeneradores.

Al respecto, el BNG de Guitiriz ha mostrado su “satisfacción” por esta decisión del Ministerio, lo que supondrá la “paralización definitiva” del proyecto. Agrega que “ponía en grave riesgo el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el modo de vida del rural”. “Hoy demostramos que cuando el pueblo se organiza y cuenta con herramientas políticas firmes, los gigantes eléctricos no son invencibles”, ha afirmado el portavoz local del Bloque de Guitiriz, Alfonso Losada, en relación con las más de 1.500 alegaciones presentadas por la movilización vecinal.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo venía rumiando desde el año pasado, en el mes de enero avisó de que se está preparando y en el último día de marzo de 2026 se ha confirmado: habrá una demanda contra el Gobierno de España por incumplir el compromiso- regulado en el Plan Hidrológico del Tajo- de cambiar las normas para explotar el trasvase Tajo-Segura, que envía agua desde el complejo Entrepeñas-Buendía, en la cabecera del Tajo, hacia las provincias de Alicante, Murcia o Almería a través de un acueducto que conecta con el río Segura.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la autorización para que se interponga una demanda en el ámbito contencioso-administrativo para obligar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a cumplir su propia normativa estatal.

Lo detallaba la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez en una comparecencia en el Palacio de Fuensalida y minutos después, desde Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a la cuestión reconociendo -tras meses de dilatar la decisión- lo “duro” de tener que denunciar en los tribunales “con importantes consecuencias” a un Gobierno “del mismo partido político”, el que preside Pedro Sánchez.

García-Page visitaba hoy el Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral en Talavera de al Reina y ha insistido en la “falta de cumplimiento” de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo. Algo que considera que podría entenderse por muchos servicios jurídicos como un “delito ecológico”. Hay que recordar que el propio ministerio pidió hace unas semanas esperar a las resoluciones del Tribunal Supremo que todavía debe dirimir dos recursos pendientes.

“Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un gobierno que es de su mismo partido político”, comentaba.

“Un año de margen” para el cambio que no llega

El presidente castellanomanchego ha recordado que han dado “más de un año de margen” para la ejecución de las sentencias pero, finalmente, han tenido que tomar una decisión “práctica y clara”.

En todo caso, ha confiado en que haya “solución” para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a “retirar el pleito” contra el Gobierno de España.

Cinco barcos de la flota de altura de Ondarroa (Bizkaia) han decidido paralizar su actividad por la repercusión de la subida del precio del gasoil, que se ha sumado al cierre de la campaña del verdel, cuya cuota se ha reducido este año un 70%. Por ello, los armadores han pedido a los Gobiernos vasco y central que ayuden a conseguir más cuota de verdel para compensar el incremento del precio del combustible.

Según ha declarado a Radio Euskadi el gerente de la Asociación de Armadores de Pesca de Altura de Ondarroa, Mikel Ortiz, en función del precio del gasoil, la parada, iniciada el pasado domingo, podría afectar a otras embarcaciones. “Depende de cada arte de pesca, no es lo mismo pescar aquí cerca que más lejos, en aguas más profundas y aguas menos profundas”, ha explicado. Ortiz ha asegurado que las embarcaciones han “hecho ya números negativos” debido a que el precio del pescado no se eleva “desde hace 15 años” y el coste del combustible “no para de subir”. “Si hay que pagar costes de tripulación, seguros sociales y todo, y te sale la marea negativa, hay que tomar la decisión de no poder seguir, porque salir al mar supone perder dinero”, ha manifestado, según recoge Europa Press.

Ha precisado que el incremento del precio del gasoil supone para los buques de altura un aumento de 4.000 euros diarios, por lo que la ayuda anunciada por el Gobierno central, alrededor de 500 euros por día, “es muy insuficiente para cubrir el agujero” actual. “Son unas ayudas que son muy insuficientes”, ha dicho. El gerente de la Asociación de Armadores de Pesca de Altura ha asegurado que a estos inconvenientes hay que añadir el cierre de la campaña del verdel, con la cuota ya agotada para la flota de altura que faena en Francia, como la de Ondarroa. “Este año ha habido un recorte del 70% de esta especie”, ha recordado.

Mayor cuota de verdel

Por ello, este pasado lunes, el sector ha pedido a los Gobierno vasco y español que ayuden a conseguir mayor cuota de verdel, ya que esto “podría ser un parche para compensar de alguna manera el incremento de gasoil”. Para Mikel Ortiz, la reducción del pescado para comercializar “sin duda alguna lo acabará pagando el consumidor final”. Sin embargo, a su juicio, “lo más grave es la cadena de abastecimiento del pescado, que no se vio afectada en la pandemia o en la guerra de Ucrania, y en este caso sí se va a ver afectada”.

“Con cinco barcos menos, se va a ver reducido casi a la mitad del pescado que van a poder comercializar y vender y sacar a los mercados, a las pescaderías, a los Mercabilbao o Mercamadrid”, ha explicado. Tal y como ha señaldo, los mayoristas están “lógicamente muy preocupados, pues su actividad se ve también en riesgo”.

Por otra parte, ha asegurado que la patronal Cepesca ha remitido este pasado lunes una carta al Ministerio de Pesca para exponer las preocupaciones y peticiones del sector. Además, el secretario general de Cepesca se reunirá este jueves con el comisario europeo Kostas Kavis para pedirle “medidas adicionales” para el sector pesquero para que “pueda seguir realizando su trabajo” y el 15 de abril, la Eurocámara abordará la afección del precio del gasoil en el sector. “Hay que recordar que en la pandemia fuimos un sector estratégico imprescindible porque aportamos alimentos a los hogares de este país y ahora mismo lo que pedimos es que se tenga eso en consideración”, ha concluido.

Coherencia, continuidad y futuro. Son los tres mensajes que el presidente del Gobierno pretende enviar con la elección de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno en sustitución de María Jesús Montero en un contexto de clara incertidumbre geopolítica. Y lo mismo con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, al frente de Hacienda, ya que era persona de absoluta confianza de su antecesora. Ambos coincidieron como consejeros de Hacienda en Andalucía y Valencia, respectivamente. La primera, con el gobierno de Susana Díaz. El segundo, con el de Ximo Puig.

Tras la jugada subyace, además de una apuesta que va más allá de 2027, la planificación estratégica con la que Pedro Sánchez pretende cambiar el marco de discusión en la recta final de su mandato. La economía, en el centro del debate.

El presidente, que en ocasiones ha destacado de Cuerpo su solvencia, su honestidad y sus convicciones europeístas, sabe que en los próximos meses buena parte de la conversación pública girará en torno al devenir de las finanzas. En España, en Europa y en el mundo. Y también que nuestro país ha sido en estos años la envidia de los socios europeos por sus datos macro, pese a la sucesión de crisis que el Gobierno ha tenido que afrontar desde que llegó a La Moncloa. Así que desde ahora, la derecha tendrá a un economista de marcado perfil técnico y acreditada solvencia de número dos del Gobierno, lo que le obligará a plantear a Carlos Cuerpo el rebote de las preguntas de la sesión de control que suceden habitualmente a las que la oposición plantea cada miércoles al presidente en el Congreso. 

El objetivo no es otro que llevar la economía y una década de crecimiento sostenido al marco de discusión hasta el final de la legislatura. Frente al dibujo de un país en decadencia en el que nada funciona que habitualmente proyecta la derecha, Sánchez asciende a la vicepresidencia primera al responsable de la mejor fotografía económica que ha tenido España en lustros, como reconoce la prensa internacional especializada. Y lo hace además en un contexto geopolítico de alta volatilidad que es, a su juicio, el principal reto al que se enfrenta el país.

Cuerpo representa, además, la cara de una nueva generación política que ni ha militado ni ha echado los dientes en las turbulentas aguas de la organización socialista, sino entre manuales académicos mientras se formaba, primero, en la Universidad de Extremadura como economista y, después, en la London School of Economics, hasta que ingresó, en 2008, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Luego, trabajó en la Comisión Europea (2011-2014) y en la AIReF (2014-2020) hasta que más tarde fue nombrado Director General de Análisis Macroeconómico (2020) y Secretario General del Tesoro (2021).

Su enfoque técnico y su experiencia internacional no han impedido que, desde que sustituyó a Nadia Calviño en 2023 como ministro de Economía, fuera poco a poco construyéndose un perfil más político para navegar con algo de soltura entre las aguas movedizas de la actual política. Igual que Sánchez, Cuerpo se ha aficionado a TikTok, donde se le puede ver en un registro más informal con el que pretende llegar a las nuevas generaciones, algo a lo que el presidente últimamente concede un valor añadido.

Hasta ahora, el PP evitaba el contraste con Carlos Cuerpo en el Parlamento al entender que la buena marcha de la economía no era un terreno favorable para sus intereses partidistas. Y, aunque la guerra en Irán empieza a reducir las expectativas de crecimiento y puede elevar el dato de la inflación, Sánchez entiende que de la crisis que está por venir, España saldrá “mucho mejor que los países de nuestro entorno, como ya hizo tras la pandemia o tras la crisis inflacionaria de la guerra en Ucrania” gracias a instrumentos como la excepción ibérica o los Fondos Next Generation que el Gobierno de España peleó con uñas y dientes en Bruselas. Así que nada mejor que otorgar rango de vicepresidente al responsable económico para trasladar confianza y tranquilidad, además de la certeza de que, ante esta nueva embestida provocada por el furor belicista de EEUU e Israel, “el Gobierno actuará con la misma determinación y similares instrumentos para proteger a la ciudadanía”, aseguran fuentes del equipo del presidente.

A pesar de las especulaciones y las quinielas fallidas, Cuerpo no sumará la cartera de Hacienda, a la que tampoco asciende ninguno de los nombres que han circulado por los medios. De hecho, la opción de fusionar ambos ministerios no estuvo nunca en la cabeza del presidente. Entre otros motivos, por la recomendación expresa que le hizo quien abandona ahora la responsabilidad de las finanzas del Estado para ser la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo.

A Montero la sustituye quien hasta ahora era secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Otro economista de perfil técnico con experiencia en gestión pública que también refuerza la apuesta por la continuidad. Es, además, un gran conocedor de las debilidades del actual modelo de financiación autonómica y su nombre fue sugerido por la propia Montero.

Los nuevos nombramientos han provocado, no obstante, una reacción menos entusiasta que la emitida por La Moncloa en el seno del PSOE, e incluso en algunos ministerios. Y es que por primera vez no habrá una mujer al frente de la vicepresidencia primera del Gobierno de Sánchez. Las críticas sobre todo vienen por el hecho de que un presidente que siempre llevó a gala la bandera del feminismo renuncie a sustituir a Montero por otra mujer, en un momento en el que la fidelidad del voto femenino al PSOE ha caído como consecuencia de las denuncias por acoso sexual que costaron el cargo a Francisco Salazar, exasesor de Sánchez. 

En tiempos de guerra y de inestabilidad económica, en palabras del círculo de Sánchez, “el presidente ha entendido que no era tan determinante la elección de una mujer para sustituir a Montero como trasladar un mensaje sobre la importancia de la gestión económica”. En todo caso, añaden los mismos interlocutores, “Cuerpo representa la nueva masculinidad, está igualmente comprometido con el feminismo y habla un lenguaje que entiende todo el mundo, incluso siendo un técnico”. 

Bolaños no fue una opción

Precisamente ese perfil más académico que político es también motivo de crítica entre algunos socialistas, empeñados en que en la recta final de la legislatura y con una oposición echada al monte “se precisa de nombres más entrenados en la brega partidista”. Sin embargo, el presidente está convencido de que ese papel está cubierto con los titulares de Transportes y Transformación Digital, Óscar Puente y Óscar López, además de con el de Presidencia, Félix Bolaños, quien desde hace años compartía con Montero la coordinación política de los ministerios y la relación con los socios de legislatura.

Que Bolaños sume —además de Presidencia— el Ministerio de Justicia y las Relaciones con las Cortes hacía inviable su nombramiento como vicepresidente por un exceso de acumulación de cargos. De hecho, esa opción nunca estuvo sobre la mesa de Sánchez, a pesar de lo publicado y de que el ministro atesorara sobrados méritos y capacidad para ello. Bolaños era una apuesta segura, pero con la que el presidente no ganaba nada porque, de facto, ya ejerce las funciones de vicepresidente sin tenerlas. Con Carlos Cuerpo se garantiza que, a partir de ahora, se hablará de gestión económica, una materia en la que el Gobierno acredita una buena hoja de servicios reconocida por toda la prensa internacional especializada.

El nuevo vicepresidente primero se estrenó en el Gobierno como sustituto de Nadia Calviño en diciembre de 2023 para dar continuidad a la línea marcada por su antecesora cuando dejó el gabinete para dirigir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Tenía entonces un perfil técnico que con el tiempo ha ido silueteando con algunos trazos políticos, pese a que no milita en el PSOE y tampoco es santo de la devoción de algunos de sus compañeros del Consejo de Ministros, que le consideran un inequívoco faro de la ortodoxia de Bruselas y el estricto cumplimiento de las reglas fiscales. 

Dos vicepresidentes, a la gresca

No son pocos los enfrentamientos que ha tenido dentro del Ejecutivo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien llegó a acusarle de ser “casi mala persona” por ponerse del lado de la patronal ante la reducción de la jornada laboral. El último ha sido a consecuencia del control horario y los informes contrarios emitidos desde Economía al empeño de la también ministra de Trabajo de sacar adelante la medida, que también ha sido informada negativamente por el Consejo de Estado. La pugna entre ambos está asegurada ahora mucho más que Cuerpo está jerárquicamente por encima de Díaz, que dicho sea de paso tampoco tiene una buena relación con Bolaños, como no la tenía con Montero. En realidad, la cohabitación con Díaz no es algo que fluya con normalidad con ningún ministro socialista. Pero esa ya es otra historia que algún día también será contada.

Carlos Cuerpo, ahora vicepresidente del Gobierno, esquivó este martes las preguntas que lo situaban al frente de la cartera de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere decir que, en el ámbito de la política económica, se está haciendo un buen trabajo”, respondió el titular de Economía.

Todas las apuestas apuntaban a un ‘superministro’ Cuerpo (Badajoz, 1980), desde que se supo que María Jesús Montero abandonaría el Ejecutivo para concurrir a las elecciones andaluzas. Calmado, didáctico y alejado de la polémica partidista, el extremeño ha conseguido convertirse en sus poco más de dos años al frente de Economía en una pieza fundamental del Ejecutivo. Los buenos datos de crecimiento económico, la respuesta a los aranceles de Donald Trump y, ahora, a la guerra en Oriente Medio han hecho despegar al miembro mejor valorado del Ejecutivo hasta convertirse en la mano derecha de Pedro Sánchez.

Cuerpo, licenciado en la pública Universidad de Extremadura y técnico economista y comercial del Estado (lo que en la jerga se conoce como ‘teco’), llegó a lo más alto del Ministerio de Economía tras desempeñarse como secretario general del Tesoro Público. El ‘número tres’ de la cartera fue el nombre que la entonces vicepresidenta Nadia Calviño recomendó a Sánchez para sustituirla tras ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones en diciembre de 2023. 

El jefe del Ejecutivo siguió su consejo pero situó a Montero al frente de la vicepresidencia primera, un puesto clave para dirigir los Consejos de Ministros en su ausencia y, además, sirve de contrapeso político a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En una decisión casi salomónica, puso a Cuerpo –que, al igual que Calviño, no milita en el PSOE– al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el ‘consejillo’ donde se mascan las grandes decisiones de política económica, lo que lo convirtió, in pectore, en el cargo que ahora desempeñará oficialmente.

Choques frecuentes con Trabajo

Quienes lo acompañan en el día a día destacan su capacidad de trabajo, de estudio y el buen trato en el cuerpo a cuerpo. Algo que se confirma en su relación con la prensa, a pesar de su estudiada lengua de madera para evitar responder con titulares a las preguntas más incisivas y polémicas sobre su cartera.

Sobre todo, aquellas sobre su relación con la vicepresidenta Díaz. En el Ministerio de Trabajo pasaron de verlo como uno de los suyos (formó parte del primer comité de expertos para subir el salario mínimo) a la personificación del neoliberalismo. A raíz de las negociaciones para sacar adelante la reducción de la jornada laboral, Díaz acusó a Cuerpo de frenar su tramitación interna. Llegó a decir que era “casi de mala persona” negarse a reducir media hora el tiempo de trabajo. Los dos socios llegaron a un acuerdo y finalmente se aprobó en el Consejo de Ministros tal y como Díaz acordó con los sindicatos. Pero en el Congreso no llegó a superar el trámite de totalidad por el rechazo de Junts.

El segundo capítulo de esta polémica ha llegado esta semana, cuando desde la vicepresidencia segunda acusaron a Economía de boicotear la puesta en marcha del registro horario con dos informes negativos. “Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extra”, dijo Díaz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. E insistió en que lo sacaría adelante “aunque sea lo último que haga”.

De Madrid a Bruselas, pasando por Washington 

El ministro se ha convertido en una figura clave no solo a la interna, sino también en la esfera internacional. Habla perfecto inglés y hasta se atreve con el japonés. Los grandes foros ya cuentan con él como uno de los invitados estrella: sucedió a principios de año en Davos, cuando intervino en un panel sobre la economía española mano a mano con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

“Es un buen ejemplo de transgredir con su iniciativa”, loó la francesa, hablando de la propuesta española de poner en marcha una “coalición de voluntarios” entre los gobiernos de la Eurozona para avanzar en la integración económica sin que los Estados miembros más reticentes puedan ponerle freno.

Cuerpo se curtió en Bruselas en su etapa al frente del Tesoro Público durante las eternas negociaciones europeas para reformar las reglas fiscales. También aspiró a presidir el Eurogrupo, una apuesta que no salió adelante. Y ha sido un apaciguador clave en las relaciones con Estados Unidos tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Fue el encargado de viajar a Washington para reunirse con su homólogo, el secretario de Comercio, Scott Bessent, en pleno tira y afloja por los aranceles y por el enfado en la Casa Blanca —que sigue— por la inversión española en Defensa.

En el escenario de policrisis constante que vivimos desde 2020, Cuerpo ha sido también el rostro clave a la hora de diseñar –y comunicar– el embargo al comercio de armas con Israel, la intervención en la fallida opa hostil del BBVA al Banco Sabadell y, ahora, las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, que este mismo jueves defendió en el Congreso.

Hasta ahora, el vicepresidente se ha beneficiado de los buenos datos económicos, que han colocado a España como líder de las economías avanzadas durante dos años consecutivos. El PP opta por no preguntarle en las sesiones de control, centrados en las vicepresidentas y sabedores de que no sacan rentabilidad a la economía. Pero con los nubarrones de la guerra en Oriente Medio y su nuevo cargo, el ‘teco’ tranquilo tendrá que sacar el colmillo. Cuerpo sabe que se han hecho los deberes y un “buen trabajo” en lo económico, como dijo este martes en rueda de prensa. Esa noche, El Gran Wyoming bromeaba en El Intermedio, de laSexta: “Alguien está a punto de pedir que le llamen ministro Cuerpazo”. Vicepresidente, nada menos.

El Día da Clase Obreira Galega conmemora cada 10 de marzo el asesinato de los obreros comunistas Amador Rey y Daniel Niebla a manos de la policía franquista en Ferrol. Hubo además un centenar de heridos Sucedió en 1972 en medio de un intensísimo conflicto laboral en el astillero Bazán y fue uno de los episodios clave del antifranquismo gallego y estatal, impulsado por un formidable movimiento obrero. El pasado 10 de marzo, el Gobierno central emitió una declaración insitucional a iniciativa de su vicepresidenta Yolanda Díaz -su padre, Suso Díaz, sindicalista de Comisións Obreiras y militante del PC, había sufrido prisión tras los sucesos del 72- en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial. Este miércoles el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, anunció en el Pleno del Congreso que ya ha aceptado 15 peticiones de indemnización, entre ellas la de los familiares de Amador Rey, que dejó viuda y tres hijos.

El Gobierno está estudiando medio centenar de solicitudes para que se repare e indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978 y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, según ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo ha dicho durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Manuel José García Caparrós, asesinado cuando tenía 18 años el 4 de diciembre en 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.

Otras víctimas

Pero también se va a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, que tenía 23 años cuando fue asesinado en Portugalete (Vizcaya) al recibir dos disparos por la espalda “por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga”. Asimismo, se ha aceptado la petición de la familia de Ángel Almazán que murió en el hospital en 1976 tras varios días de ingreso por los “culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, y lo mismo se ha hecho con la de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.

El ministro ha mencionado también el caso de Francisco Javier Nuñez Fernández que, al “volver de misa con su hija de tres años”, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. “Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital”, ha rememorado el ministro ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo.

En la respuesta europea a los efectos económicos de la crisis en Oriente Medio, desatada por los ataques unilaterales de Estados Unidos e Israel contra Irán, hay más de “todos a una” que de “uno para todos”. Los Veintisiete estados miembros fueron incapaces de cerrar, este jueves, una solución urgente a los precios disparados que ya están mordiendo los bolsillos de los ciudadanos desde Lisboa a Varsovia. Pero prácticamente todos, por su cuenta, han dado luz verde a medidas que ponen el foco en el precio de los carburantes y en las gasolineras.

Y España no ha sido la excepción. El Consejo de Ministros aprobó este viernes, en una reunión extraordinaria, lo que La Moncloa ha llamado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, un compendio de 80 medidas por valor de 5.000 millones de euros, que se equilibra entre medidas coyunturales para dar respuesta a la subida de los precios y otras estructurales (que recuperan el grueso de aquellas que decayeron en respuesta al apagón) para reforzar la autonomía estratégica de la red energética española.

“Cuando el plan que hemos aprobado hoy entre en vigor el día de mañana, España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos”, dijo el presidente Pedro Sánchez con solemnidad en su comparecencia tras la reunión extraordinaria. Un paquete que acabó dividido en dos normas, tras una cita del gabinete que arrancó con mucho retraso por la negativa de los ministros de Sumar a sentarse a la mesa a menos que se adoptaran medidas en materia de vivienda.

La respuesta española, en la que el grueso de ayudas (2.500 millones, según fuentes del Gobierno) corresponden a rebajas fiscales, no dista demasiado de la que está dando el resto de Europa. En nuestro caso, con rebajas fiscales focalizadas en el combustible (la del IVA al 10% para las gasolinas, por ejemplo) y con ayudas específicas para los sectores más afectados, como el campo, el transporte o las industrias electrointensivas.

Pero sigue la estela de Alemania, que ha decretado que las gasolineras solo podrán subir los precios una vez al día y ha establecido un refuerzo de la vigilancia de las prácticas abusivas. Incluso se plantea un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas, como el que estuvo en vigor en nuestro país hasta 2024. O Francia, que ha impuesto mayores controles administrativos en cuanto a los precios de las estaciones de servicio. Italia ha introducido un mecanismo sancionador contra la especulación.

Son solo algunos ejemplos de estas medidas independientes que cada uno de los estados miembros están adoptando para hacer frente a una crisis que, según el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, se ha convertido en “la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética”. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya hay alteraciones significativas a escala mundial que anticipan un frenazo en la economía. En el caso de España, la institución ha recortado sus previsiones de crecimiento en dos décimas para 2026 (hasta el 2,1%) y al 1,8% en 2027 (una décima menos) solo por los efectos de tres semanas de guerra en Oriente Medio. Y el Banco Central Europeo ya anticipa que se dispare la inflación y ha elevado el tono en relación con los tipos de interés, aunque sin un escenario de cambios en la política monetaria a la vista.

Las medidas comunitarias tendrán que esperar

Una respuesta unitaria por parte de la Unión Europea es otro cantar. Había muchas expectativas sobre el Consejo Europeo de este jueves, ya que se preveía la aprobación de medidas para luchar contra el alza de precios energéticos causados por la guerra de Irán. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llegó a la reunión con el discurso de que “los elevados precios de la energía son uno de los mayores desafíos para la competitividad de la Unión Europea. Debemos ser más autónomos utilizando nuestras fuentes de energía limpias y propias. Necesitamos tomar medidas inmediatas para proteger a nuestros ciudadanos”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya había mandado una carta previa a los líderes de los 27 países de la UE marcando las líneas por las que ibas a discurrir las posibles medidas. Von der Leyen apuntaba que se “debía aprender de las lecciones del pasado. Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”, de manera que propone que “cualquier medida a corto plazo: no retrase la descarbonización del sistema energético, no aumente la demanda de petróleo y gas, sea temporal, dirigida y minimice los costes fiscales”.

Tras 12 horas de reunión, una vez más, la UE consiguió hacer otro bonito comunicado sin decir nada porque no había medidas que anunciar. En las conclusiones de la cumbre se especifica que “dado que el conflicto en Oriente Medio tiene un impacto inmediato en los precios de la energía para los ciudadanos y empresas europeas” se insta a la Comisión “a presentar sin demora un conjunto de medidas temporales específicas para hacer frente a los recientes aumentos de los precios de los combustibles fósiles importados derivados de la crisis en Oriente Medio”.

Es decir, se propone una reunión para aprobar medidas para solventar con urgencia un problema, pero en dicha cumbre solo se aprueba una petición para diseñar medidas para las que será necesario otra reunión para su aprobación. En teoría, la UE está siguiendo un proceso de simplificación de normas y procesos para agilizar trámites como impulso de la competitividad. De momento, parece que está fracasando.

Sí se volvieron a marcar las líneas (que ya estaban en la carta de Von der Leyen) con palabras grandilocuentes sobre los objetivos para reducir precios energéticos que van desde “la intención de aumentar la reserva de estabilidad del mercado” a “abordar la volatilidad excesiva a corto plazo, incluso para los sectores intensivos en energía, teniendo en cuenta las diferentes situaciones entre los Estados miembros” pasando por “trabajar estrechamente con los Estados miembros para diseñar medidas nacionales temporales y específicas destinadas a mitigar los impactos significativos de los combustibles” y siempre preservando “las señales de inversión a largo plazo, apoyando la aceleración de la producción de energía renovable y de baja emisión de carbono, y garantizando la igualdad de condiciones en el mercado interior”. 

Impulso a las renovables, la receta española

Como nota positiva, se propone la misma estrategia que España ha mantenido en los últimos años de impulso de las energías renovables para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Los 27 países de la UE convergieron en que “los recientes picos en los precios de los combustibles fósiles importados demuestran que la transición energética sigue siendo la estrategia más eficaz para lograr la autonomía estratégica de Europa” y “reducir estructuralmente los precios de la energía”, de manera que “acelerar el despliegue e integración de fuentes de energía renovables y de baja emisión de carbono, así como del almacenamiento energético, es esencial para reducir la dependencia de los volátiles mercados de combustibles fósiles y mejorar la seguridad del suministro”. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso en la cumbre a España como modelo a la vanguardia energética en Europa gracias a la apuesta del Gobierno por el despliegue de las energías renovables que “está haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, y nuestros hogares sufran un menor impacto en el precio del gas”.

Uno de los motivos de esta parálisis en el seno de la UE se debió a que buena parte de la discusión sobre medidas energéticas estuvo copada por el grupo de países, liderado por Italia y Austria, que pretenden la suspensión temporal del mecanismo de imposición sobre los derechos de emisión de carbono, conocido como ETS. Esta herramienta, que España junto a otro grupo de Estados miembros defiende porque reduce las emisiones contaminantes e incrementa ingresos, está siendo cuestionado porque países consideran que los precios al CO2 perjudican la competitividad de sus industrias.

En esta discusión entre lo urgente y lo importante, no se hizo ni una cosa ni la otra. Von der Leyen propuso incrementar las inversiones en el ETS con 30.000 millones de euros, financiado con 400 millones de permisos mediante un esquema de asignación por orden de llegada donde tendrán prevalencia los países europeos con menos ingresos. También se hará una actualización de los parámetros que determinan cuántos permisos gratuitos recibe cada sector industrial y una propuesta para la oferta de permisos. El sistema se va a revisar, pero en ningún caso se va a suspender. En las conclusiones de la cumbre, los líderes pidieron a la Comisión que realizara la revisión del ETS “a más tardar en julio de 2026, para reducir la volatilidad del precio del carbono y mitigar su impacto en los precios de la electricidad… al mismo tiempo que se preserva su papel esencial”.

La Cumbre europea empezó con una clara declaración: “Se necesitan soluciones específicas a corto plazo para garantizar una energía asequible, teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica y las situaciones particulares de los Estados miembros, la exposición especial de ciertos sectores industriales al riesgo de deslocalización y la necesidad de mejorar las condiciones para los sectores innovadores intensivos en energía, sin socavar la previsibilidad ni la igualdad de condiciones”. Sin medidas aún que todavía se tienen que concretar a nivel europeo, sí se acordó que “el Consejo Europeo volverá a tratar estos asuntos en junio de 2026 para revisar los avances”. Mientras, Estados Unidos e Israel bombardean yacimientos de gas iraníes e Irán responde con ataques a infraestructuras petrolíferas del Golfo incrementando la espiral de precios. El corto plazo de la UE.

¿Cisma? ¿Teatro? ¿Salseo? Versiones para todos los gustos. Lo que ocurrió el viernes en el Consejo de Ministros extraordinario que aprobó los decretos anticrisis por la guerra en Irán es, para la derecha, un síntoma del “fallo multiorgánico” que padece el Gobierno. Para la izquierda, una característica de la política europea del siglo XXI. Esto es negociación, diálogo y acuerdo hasta cerrar un paquete de 80 medidas con los que paliar los efectos económicos de la aventura belicista de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Oriente Medio. 5.000 millones de euros destinados al “mayor escudo social de toda Europa”, según palabras del presidente del Gobierno. 

Una protección cuya aprobación estuvo precedida de una negociación al límite entre los ministros a los que representa Yolanda Díaz y los del PSOE para que estos últimos aceptasen incluir en el mismo decreto la congelación del precio de los alquileres. “No entraremos si no hay acuerdo en esta materia”, espetaron en el café previo a la reunión del Consejo de Ministros. “Pues esa medida no entrará en el decreto principal”, respondieron desde la parte socialista, conscientes de que aceptar el envite, que no órdago, de sus socios daría al traste con la convalidación del texto en el Congreso de los Diputados al que ya habían dado su OK tanto Junts como el PNV. El jueves por la noche el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había telefoneado desde Roma –donde se encontraba de viaje con los reyes para una visita al Vaticano– a todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, para hacerles llegar las medidas del texto que iba a ser aprobado. Y ya entonces, la parte socialista del Gobierno supo que acudiría al Consejo sin el acuerdo de sus socios de coalición.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones en las que ha habido disenso, el viernes los ministros de Sumar no acudieron al recinto de la Moncloa ni a las 8.00 ni a las 8.30 de la mañana para presionar en la negociación, sino a las 9.00, con la media hora de rigor con la que los miembros del Gobierno acostumbran a reunirse en torno a un café informal previo al Consejo. “Ni tensión, ni plante”, aseguran desde Presidencia. Todo transcurrió desde la más absoluta normalidad y el desacuerdo lo comunicó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Comuns) a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. 

Una escena de sofá sin tiranteces

A partir de ese momento, en una escena de sofá que no emitía señal alguna de tirantez, se sumaron a la conversación Pedro Sánchez, los titulares de Economía (Carlos Cuerpo) y Transición Ecológica (Sara Aagesen) y el resto de ministros del espacio que lidera Yolanda Díaz. En ningún momento, según testigos presenciales de ese café previo, el presidente y la vicepresidenta segunda se reunieron de forma bilateral, como en otras ocasiones. Una particularidad que, a juicio de los socialistas, “denota de un lado la desconfianza que existe entre los partidos que integran la marca Sumar y de otro, que a Díaz ya no se le permite liderar nada dentro de ese espacio”. 

De todos los momentos de tensión que ha habido entre los socios desde que Sánchez es presidente del Gobierno, todas las fuentes consultadas tanto del PSOE como de Sumar coinciden en que este último no ha sido, en absoluto, de los más hostiles o complicados, como pudo ser el Consejo de Ministros del 14 de marzo de 2020 en el que se aprobó el Plan de Choque COVID-19 y el primer estado de alarma. Las discrepancias entre el bloque económico del PSOE y los ministros de Podemos sobre las medidas de protección social y económica paralizaron la reunión durante toda la jornada. Algo parecido ocurrió con las diferencias por la Ley de Vivienda en 2021 o el aumento del gasto en Defensa en 2025.

Sumar se tuvo que conformar esta vez con que el PSOE accediera a aprobar un segundo decreto con la congelación del precio de los alquileres, que no contará con la mayoría del Parlamento para ser convalidado. Así que tras más de dos horas de retraso en la reunión del Consejo pudo vender que había logrado una medida que nunca se aplicará, pero conquistó los titulares de todos los digitales durante un par de horas. Más ruido que nueces una vez más para atraer el foco e intentar marcar perfil propio después de las sucesivas derrotas electorales en Aragón y Castilla y León.

La zigzagueante posición del PP

Sánchez, por su parte, salvaba el enésimo cisma con sus socios a la vez que, en un nuevo giro de guion, trata de meter presión a la derecha de Feijóo por su zigzagueante posición ante la guerra en Irán y arrastrarle a una posición imposible con un decreto anticrisis que incluye varias medidas demandadas por el PP desde hace semanas. En la Moncloa sostienen que ante un clima de máxima gravedad en Europa, los de Génova tendrán que retratarse ante los españoles y decidir “si anteponen el interés partidista o el general”. O mejor: si apoyarán o no las medidas que ellos mismos pusieron sobre la mesa para rebajar los impuestos y que ahora ha aprobado el Gobierno.

La percepción de algunos ministros del Gobierno es que con la aprobación de un decreto que sitúa a España otra vez a la cabeza de Europa en cuanto a protección social frente a una guerra ilegal que rechaza mayoritariamente la sociedad Feijóo “ha quedado descolocado y fuera de órbita” en España y en Europa. Y, como muestra, desde el PSOE llaman la atención sobre el hecho de que, tras la comparecencia de Sánchez del pasado viernes, no saliera Feijóo a dar la respuesta al Gobierno y que el líder del PP delegase en un Tellado “entregado a los lugares comunes, los chistes y las frases hechas, que se negó a desvelar si apoyarán o no el decreto”. 

Pedro Sánchez intenta, por su parte, situar en el centro del debate público, al margen de ideologías, el enorme coste que tendrá para los ciudadanos esta guerra y poner en un brete a quienes, como el PP, se ponen de perfil ante las decisiones de la ultraderecha de Trump. “Las guerras cuestan vidas humanas, y refugiados, hay ya cuatro millones de personas desplazadas, pero además esta guerra nos va a costar a los españoles 5.000 millones de nuestros impuestos. Un dinero que podríamos dedicar a becas, a sanidad, a dependencia, lo vamos a dedicar a proteger a autónomos, al campo, a las pymes, a los trabajadores”, subrayó en la comparecencia del viernes, cuando confesó también estar “muy enfadado” por las consecuencias de las veleidades de Trump, a quien sigue sin mencionar de forma explícita.

Tras más de diez días en los que el PP había conseguido que la conversación pública girase en torno a la tardanza del Gobierno en adoptar medidas frente a la crisis derivada de la guerra, el presidente del Gobierno logra ahora imponer el marco de la gestión y la escena internacional, en la que se mueve con soltura, como se pudo comprobar una vez más en el último Consejo Europeo celebrado en Bruselas. La Moncloa sostiene haber arrastrado al resto de estados miembros de la UE al “no a la guerra” que lideró Sánchez desde los primeros bombardeos coordinados por los EEUU e Israel.

De hecho, el acuerdo de los 27 incluyó, a propuesta de España, un llamamiento al respeto al Derecho Internacional, a la Autoridad Palestina y al Líbano y sus instituciones, además de un apoyo explícito al multilateralismo en un momento en el que está en cuestión. Desde el Consejo Europeo de la “excepción ibérica” en 2022, en la delegación española no recuerdan una cumbre en la que España haya logrado arrastrar a sus posiciones tan claramente a los socios comunitarios. Y esto es algo que no está en la opinión pública o publicada de nuestro país, pero sí reconoce prolijamente la prensa internacional.

La Junta de Andalucía está “estudiando” de la mano de su Gabinete Jurídico emprender acciones judiciales para reclamar al Gobierno central “responsabilidad patrimonial” por la suspensión de la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Madrid y Málaga, que está causando “un daño incuantificable a la 'marca Andalucía', la 'marca Málaga' y 'Costa del Sol', y alguien tiene de alguna forma que asumir esa responsabilidad”.

Así lo ha manifestado este jueves la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha confirmado que, si el Gabinete Jurídico le da su visto bueno, la Junta va a “emprender” esa vía, porque entiende que no puede quedarse “de brazos cruzados” ante esta situación, según ha remachado.

La consejera portavoz ha incidido en señalar que desde la Junta están “preocupados por lo que está ocurriendo con Andalucía en general y con Málaga y la Costa del Sol en particular”, porque la suspensión de la alta velocidad en dicha conexión está ocasionando “pérdidas millonarias” que “afectan directamente al bolsillo de las familias, de los autónomos, del que tiene un pequeño comercio, de los trabajadores que no van a ser contratados como consecuencia de esa caída” del turismo derivada de esa suspensión.

Semana Santa

Carolina España ha criticado que desde el Gobierno central “han dado hasta tres fechas” para la reanudación de la conexión por alta velocidad suspendida tras los temporales de este invierno, y la última ha sido la de finales del próximo mes de abril, si bien ha avisado de que desde la Junta no tienen “certidumbre de que el AVE esté abierto a finales de abril” tampoco.

La consejera ha lamentado que el Gobierno haya incluso pospuesto la reanudación del servicio a después de la Semana Santa, cuando “era impensable” que Málaga estuviera “sin AVE” en dicha fecha. “Era una línea roja que han cruzado porque, al final, lo que estamos viendo es que los servicios públicos, las inversiones ferroviarias, están colapsados”, ha agregado la representante de la Junta.

“No ha habido ningún responsable político, ningún ministro” del Ejecutivo “que haya venido a Málaga ni a Andalucía a dar la cara”, y lo que han hecho desde la administración central es mandar “al presidente de Adif -el pasado lunes- a hacer una visita de obra”, ha apostillado.

La consejera ha defendido que el Gobierno debería aprovechar el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes para aprobar medidas que compensaran esta suspensión de la alta velocidad. Además, ha sugerido que se podrían plantear iniciativas en este contexto como las de impulsar “una campaña promocional de Málaga y la Costa del Sol de cara al verano, bonificar los billetes de avión a Málaga, o el peaje de la Costa del Sol”.

Comparativa con Rodalies

Tras subrayar que Málaga recibe a “uno de cada tres turistas que vienen a Andalucía”, la consejera ha considerado que ante esta situación se tendrían que “asumir responsabilidades políticas” en el ámbito del Gobierno central “sobre todo por aquello del agravio” en comparación con lo sucedido en Cataluña, donde “ha habido dos ceses”, y “al secretario de Estado de Transportes le hayan obligado a instalarse allí hasta que se solucionara el problema”.

“La Semana Santa ya está perdida” en materia turística, ha indicado, y las vacaciones de verano están ya “a la vuelta de la esquina, y la gente empieza a hacer las reservas ahora”, por lo que hay que tener “mucho cuidado, porque estamos jugando con algo muy importante que da de comer a muchas familias en la provincia” malagueña, según ha remarcado la consejera de Economía para finalizar.

La retórica confusa y contradictoria de Donald Trump se ha convertido en un problema añadido para la toma de decisiones de los gobiernos europeos frente a la guerra. A golpe de improvisación, el presidente de los EEUU es capaz de dar por terminados los ataques sobre Irán y, el mismo día, sostener lo contrario. Tan pronto defiende que la invasión coordinada con Israel será una “breve incursión”, como escribe en sus redes sociales que intensificará los ataques si el régimen de los ayatolás cierra el estrecho de Ormuz, lo que supondrá que una cuarta parte del petróleo mundial y el suministro de gas dejará de llegar al mercado. Un día defiende que los objetivos de la operación militar están “casi completados”, y al siguiente que “la operación no ha hecho más que comenzar” y que los bombardeos pueden durar hasta ocho semanas.

La imprevisión del inquilino de la Casa Blanca es el principal motivo que la Moncloa arguye para no haber aprobado aún el paquete de medidas con el que afrontar la nueva crisis, según versión de varios ministros socialistas. Todos, por cierto, en perfecta sincronía para criticar la precipitación con la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró el pasado jueves que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobaría el decreto con las medidas anticrisis. Los titulares de Presidencia y Economía, Félix Bolaños y Carlos Cuerpo, tuvieron que salir de inmediato a rectificar las palabras de la también ministra de Trabajo y enfriar los plazos que ella había fijado. 

“Salvo que la ministra [Díaz] se empeñe en precipitar alguna medida de su Departamento para que vaya al próximo Consejo, lo que incluya el decreto que tendrá que convalidar después el Congreso no parece que vaya a estar listo para entonces”, aseguran desde la Presidencia del Gobierno. El empeño de la vicepresidenta en anunciar decisiones que le trascienden es algo, además de habitual, que ha motivado no pocos enfrentamientos de los socialistas con la ya exlíder de Sumar. El de esta semana tenía especial relevancia porque en la parte socialista del Gobierno la consigna era aguardar a valorar el alcance de la crisis y, después, proceder a la activación de distintos planes de contingencia con los que paliar sus efectos en los colectivos más afectados. 

La única certeza en este momento es que Trump se ha embarcado en la guerra sin una hoja de ruta definida y arrastrado por Benjamín Netanyahu a una ofensiva que puede desestabilizar aún más Oriente Medio en un momento de profunda división en Europa. A la ya habitual cacofonía entre los diferentes estados miembros en materia de Defensa y Seguridad se han sumado esta semana unas declaraciones de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con las que animaba a no derramar una lágrima por el régimen iraní y expedía el certificado de defunción del viejo orden internacional sin una sola una mención a los Derechos Humanos ni a la vulneración del Derecho Internacional. Palabras que se vio, más tarde, obligada a rectificar ante las críticas que desató en el seno de la UE.

De alargarse en el tiempo, la guerra puede provocar una crisis energética global y afectar gravemente al suministro de petróleo y gas, si bien lo único que puede frenar al presidente de los EEUU es que empiece a acusar problemas internos como consecuencia de una subida del tipo de interés del dólar y de la inflación. Esto además de que crezca la contestación del partido republicano, temeroso de que la ofensiva militar afecte a sus resultados en las elecciones de mitad de mandato el próximo noviembre. 

En este contexto, el Gobierno achaca a la incertidumbre del factor Trump las dificultades para cerrar el paquete de medidas frente a la guerra. Y Pedro Sánchez se agarra a la imposibilidad de calcular la dimensión de la crisis para justificar el retraso en la aprobación de un decreto que la oposición ha exigido prácticamente desde el primer día de los bombardeos. El presidente, aseguran en su entorno más cercano, prefiere escuchar a sus homólogos europeos antes de detallar el paquete fiscal y no descarta incluso aprobarlo tras la cumbre europea del día 19, en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea abordarán la respuesta a la escalada militar en Oriente Medio, así como la agenda comunitaria de competitividad, cuya aplicación se ha vuelto más urgente ante el impacto económico del conflicto.

En el gabinete presidencial lo explican en los siguientes términos: “Los canales diplomáticos con EEUU ya no sirven para tener información precisa sobre los planes de Trump y Netanyahu, por lo que el presidente quiere escuchar, el próximo jueves en la cumbre de Bruselas, la opinión del resto de líderes europeos y explorar posibilidades de articular posiciones comunes. Hasta entonces, lo lógico es contener la impaciencia y no precipitarse en la toma de decisiones”.

Los ministros del PSOE sostienen, sin embargo, que trabajan con el objetivo de aprobar las medidas cuanto antes, aunque reconocen la dificultad para hacerlo el próximo martes, como anticipó Yolanda Díaz. Lo que no descarta ninguno es que las ayudas se aprueben de forma gradual en función de la evolución de la crisis y que Trabajo precipite para esta semana medidas de protección a los trabajadores.

Los 25.000 millones de ahorro fiscal por Ucrania

“Tenemos el plan sobre la mesa y lo estamos acabando de perfilar”, asegura el ministro Cuerpo, en referencia a los contactos con los sectores afectados, los agentes sociales y los grupos parlamentarios para que el paquete de medidas tenga el mayor consenso posible. Economía ya ha tenido contactos con las distribuidoras de comercio minorista, que de momento no han detectado afectación a los precios en la alimentación. En la Moncloa defienden que la situación no es tan grave como cuando se produjo la guerra en Ucrania, algo que se refleja en el hecho de que la Comisión Europea no permite saltarse las reglas fiscales, tal y como ocurrió también con la pandemia.

Lo que se pretende evitar en todo caso es una lluvia de millones en ayudas y beneficios fiscales como se hizo con motivo de la crisis inflacionaria que desató la guerra de Ucrania. Entonces, la reducción, aprobada por el Gobierno, del IVA de la electricidad y los alimentos supuso un ahorro de más de 25.000 millones de euros. Solo el primer paquete de medidas aprobadas en marzo de 2022 supuso 6.000 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas más otros 3.600, en junio de 2022, con la rebaja al 5% del IVA de la luz y el gas natural. Todo frente a una oposición que repite sin cesar el mantra de una necesaria rebaja de impuestos, como si el gobierno de España no hubiera hecho nada al respecto. 

Ahora, Economía está dispuesta también a aprobar rebajas en la fiscalidad de la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra de Irán, pero no a que la medida se extienda a los alimentos de primera necesidad como se aprobó en enero de 2023. Tampoco está prevista una rebaja al precio de la gasolina y el diésel, salvo para el transporte profesional, la pesca y la agricultura.

Navarra y el Estado han alcanzado un acuerdo en las últimas horas por el que la comunidad foral podrá destinar el superávit que genere en sus cuentas a otras cuestiones que no sean exclusivamente la amortización de la deuda. El acuerdo ha sido suscrito este jueves en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico que han celebrado ambas administraciones de forma telemática.

En la actualidad, la ley obliga a que, si una administración arroja un resultado de superávit en sus cuentas, ese excedente debe ser destinado a la reducción de su deuda. Sin embargo, este acuerdo permitirá a Navarra tener “capacidad total de decisión a la hora de emplear los remanentes económicos que genere”, ha celebrado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti.

Además, el consejero ha adelantado la intención del Gobierno de Navarra de solicitar al Gobierno central “que contemple que el superávit que se genere pueda ser destinado, por ejemplo, a la concesión de ayudas a sectores que puedan necesitarlas por las consecuencias de la inestabilidad internacional que se está viviendo”.

Arasti ha señalado que el Gobierno de Navarra puso en marcha un plan de inversiones por valor de 125 millones de euros, que “procedían del superávit generado” y que “permiten acometer proyectos de interés para Navarra”. “Pero esa cifra de 125 millones se ha quedado corta porque el superávit de 2024 alcanzó los 271 millones y esa es la cifra de la que podríamos disponer para ampliar ese plan de inversiones”, ha comentado, para afirmar que “en próximas semanas” se podrá “hablar de la incorporación del resto, unos 146 millones”.

“Podremos plantear qué inversiones podrán realizarse con ese incremento del plan de inversiones por este acuerdo de hoy”, ha insistido el consejero, quien ha indicado que el acuerdo abre la posibilidad de que los superávit de los años 2025 y siguientes “puedan ser utilizados para plan de inversiones siempre y cuando nuestro nivel de endeudamiento no supere el 13%”.

Así, ha explicado que el acuerdo “permite a Navarra tener capacidad de decisión a la hora de emplear los remanentes económicos que generemos y el Gobierno de Navarra va a proponer al central que contemple que los superávit que podamos generar puedan ser destinados por ejemplo a la concesión de ayudas a sectores que puedan necesitarlas por las consecuencias de la inestabilidad internacional”.

Según ha detallado, “lo firmado confirma la adecuación de los compromisos de colaboración y de coordinación en materia de estabilidad presupuestaria al nuevo marco europeo”. “El 13% es el porcentaje máximo de deuda permitida a cada comunidad autónoma en el marco de la legislación nacional de estabilidad”, ha expuesto, para subrayar que “Navarra y el Estado acabamos de sellar el compromiso de que siempre que nuestra Comunidad no supere ese porcentaje podamos destinar nuestro superávit a otros objetivos que no sean exclusivamente la amortización de la deuda”.

Arasti ha añadido que “las cifras de Navarra en este terreno de deuda pública son destacadas en el conjunto de comunidades y cerramos 2024 con una deuda de 2.745 millones de euros, lo que representa el 10,3% de nuestro PIB, alejado del 13% máximo que permite la ley”. “Somos la comunidad con menos deuda de España y esta cifra supone una reducción significativa respecto al 11,8% de 2023, alcanzando niveles de deuda que no habíamos visto desde 2011”, ha expuesto.

Según ha continuado, con el acuerdo se “abre la posibilidad de impulsar nuevos planes de inversiones”. “El diálogo tan fluido entre Administraciones nos ha permitido llegar a este acuerdo de la Comisión de Coordinadora tras varios meses de trabajo”, ha expuesto.

Sobre el destino de ese superávit, el consejero ha indicado que “el acuerdo ha sido hoy y estamos trabajando, analizando cuáles son las inversiones que puedan estar en los cajones de los departamentos y podamos impulsarlas este año y el que viene”.

A las 8 de la mañana del 10 de marzo de 1972, la Policía Armada disparó contra los más de 4.000 trabajadores del astillero Bazán que cruzaban el puente de As Pías en dirección al barrio de Caranza, en Ferrol. Reclamaban un convenio local y buscaban la solidaridad de sus compañeros de Astano, en Fene, y del sector de la construcción. En el asfalto quedaron los cadáveres de Amador Rey y Daniel Niebla. Hubo más de cien heridos. Y la represión se abatió sobre el potente movimiento obrero de la ciudad, cuya dirigencia sindical comandaban las clandestinas Comisiones Obreras. Cincuenta y cuatro años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido una declaración institucional en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha impulsado el texto. Ferrol es su ciudad natal y su padre, Suso Díaz, sindicalista y comunista, muerto el pasado julio, sufrió prisión tras los sucesos del 72. “El Gobierno reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática”, dice una declaración que también firma Ángel Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Fueron las Comisiones Obreras a las que pertenecían los comunistas Rey y Niebla las que, ya en 1978 y desaparecida la dictadura, propusieron conmemorar cada 10 de marzo el Día da Clase Obreira Galega. Lo hacían, desde casi el mismo 1972, poetas y cantantes. En 1997, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una declaración institucional sobre la efeméride. En 2006, la Xunta -gobernada entonces por Partido Socialista y BNG- se sumó por primera vez a los actos de las organizaciones sindicales.

Los hechos que desembocaron en los asesinatos del 72 tenían su origen en la discusión del convenio colectivo de Bazán, empresa estatal. Los operarios de la factoría ferrolana defendían un convenio de ámbito local, lo que rechazó la parte empresarial. A la negativa la siguieron prohibición de asambleas, sanciones y amenazas de despido. Los trabajadores acordaron ir a un paro general, a lo que Bazán respondió con el despido de las cabezas visibles del sindicato. El desalojo violento del astillero fue el preludio de la manifestación del 10 de marzo donde mataron a Amador y Daniel. Solo diez días después, Bazán intentó aparentar normalidad y reanudó el trabajo, pero sin las personas heridas y tras echar a más de cien personas. Otras 50 en Astano y otras compañías de la comarca padecieron idéntico destino. El Tribunal de Orden Público, antecesor de la Audiencia Nacional, condenó a 10 de los conocidos como 23 de Ferrol. Otros fueron condenados en consejo de guerra. La declaración institucional aprobada este martes en el Consejo de Ministros recoge un repaso sucinto por esta historia.

Más allá de los motivos concretos, los historiadores sitúan lo acontecido como uno de los episodios clave en la lucha contra el régimen franquista. Aquel convulso 1972 -en septiembre Vigo sería el epicentro de una huelga histórica- supuso la emergencia del movimiento obrero gallego como vanguardia democratizadora y uno de los núcleos principales de la agitación social contra la dictadura. “El Gobierno considera que la memoria de las víctimas forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Ferrol y del conjunto de la sociedad”, remata el texto oficial, “y constituye un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social, el diálogo y la paz”.

La desinformación a toda mecha. Un clásico en las guerras. Trump ha reciclado la propaganda de George W. Bush sobre las armas de destrucción masiva y el PP de Feijóo, las mentiras de Aznar para justificar una invasión ilegal construida sobre la base del arsenal nuclear. La última: el bulo sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y su falso apoyo a Donald Trump, pero ha habido otros.  

Hace 23 años que millones de españoles se manifestaron contra la guerra de Irak y el entonces presidente del Gobierno hizo caso omiso del clamor de la ciudadanía. Un mes después acudía a la Cumbre de las Azores para plantar la bandera española junto a la de las tropas invasoras. Aznar sabía que el 90% de los españoles rechazaba aquella guerra ilegal. Y Tony Blair –lo desveló su asesor Alastair Campbell en su libro The Blair Years– le dijo después que le apoyaba “menos gente de la que aún cree que Elvis Presley sigue vivo”. Las encuestas sostenían entonces que solamente un 4% de los españoles apoyaba esa guerra mientras un 14% de los estadounidenses creían que el rey del rock & roll paseaba aún por las calles de Misisipi.

El primer ministro británico minimizaba así la dura batalla a la que se enfrentaba el entonces presidente del Gobierno español, que llegó a afirmar en una entrevista en televisión: “Le estoy diciendo la verdad: el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva”. Nadie le creyó. Los españoles estaban en lo cierto, como demostró Sir John Chilcot, el funcionario que presidió una extensa investigación sobre la guerra de Irak y emitió un veredicto condenatorio sobre Tony Blair. Junto a Aznar y Bush, el primer ministro británico había mentido a sus ciudadanos.

El PP, que durante años ha intentado echar tierra sobre aquel negro episodio de su historia, se ha encontrado estos días con que los españoles han tenido con la invasión coordinada de EEUU e Israel sobre Irán una dosis de recuerdo de lo que fueron sus mentiras y las consecuencias del apoyo a una guerra ilegal e injusta. Y el latido de la sociedad española, 23 años después, no es muy distinto al de entonces. 

El ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero cuenta con la frontal oposición de los españoles. Según un sondeo elaborado por 40dB, el 68,2% de los ciudadanos está en contra de esta intervención militar. Solamente el 23,2% está bastante o muy de acuerdo con ella, siendo los votantes de Vox los únicos que respaldan esta guerra, con un 53%. Es más, la mitad de los encuestados (57%) está de acuerdo con la posición adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez ante este conflicto de no apoyar militarmente a Trump y Netanyahu. Datos que para la Moncloa confirman que el Gobierno está en el lado correcto de la historia: a favor del derecho internacional y en contra de la solución armada de los conflictos.

El presidente del Gobierno considera que la intervención no solo es ilegal sino “un extraordinario error” del que “ya se están pagando las consecuencias” con el alza del precio del petróleo y el gas. Y, aunque evita la confrontación directa con Trump por sus duras críticas a España en los últimos días, reivindica el derecho entre aliados a “señalar los errores de los socios cuando están equivocados”. 

En el entorno de Pedro Sánchez, donde en la última semana se ha dormido poco y trabajado 20 de las 24 horas que tiene el día durante las siete últimas jornadas, recuerdan palabra por palabra lo que salió por boca del presidente la madrugada del sábado cuando su jefe de gabinete, Diego Rubio, le telefoneó y le dijo “ya ha empezado”. “¡Es increíble! 20 años después, el mismo error. Ahora nos toca a nosotros marcar la diferencia”, espetó el presidente.

La madrugada del 20 de marzo de 2003, cuando comenzaron los primeros bombardeos de la guerra de Irak que marcaron el inicio de la invasión por parte de la coalición liderada por Estados Unidos, el PSOE estaba en la oposición y ahora, las riendas de la política exterior están en sus manos. “Lo que flota en el ambiente de La Moncloa es todo el rato la sensación de responsabilidad y, sobre todo, la determinación de hacer las cosas de forma radicalmente diferente a como se hicieron entonces”.

Habla así Diego Rubio, quien asegura que el Gobierno lleva meses preparándose para esta eventualidad. De hecho, a finales de 2025, Sánchez ya contaba con informes solventes que alertaban de un inminente ataque conjunto de EEUU e Israel sobre Irán. En enero de 2026, las señales se multiplicaron y el Gobierno ya empezó a trabajar para determinar cuándo se produciría la operación exactamente y cómo y cuál debía ser la reacción de España. Se dibujaron así distintos escenarios multisectoriales con el objetivo de calibrar las consecuencias económicas, geopolíticas, diplomáticas y sociales de cada uno de ellos. Pero, todos apuntaban a la misma conclusión: “La guerra sería un desastre”.

La célula de crisis de Exteriores

Y el Gobierno de Sánchez, cuentan quienes participaron en el diseño de la estrategia, “estaba determinado a hacer lo que estuviese en su mano para evitar una escalada”. La operación fue dirigida desde la Moncloa, en estrecha coordinación con los ministerios de Exteriores, Defensa y Economía, y en conversación con varios países europeos. Cuando comenzaron los bombardeos, en la mañana del 28 de febrero, el presidente ya tenía claro cuáles serían sus primeros pasos. Se denegó a EEUU el uso de las bases de Rota y Morón para cualquier operación que estuviese directamente relacionada con el bombardeo en Irán, incluyendo las maniobras de repostaje en vuelo de los aviones cisterna. Se activó de inmediato la célula de crisis de Exteriores, y se empezaron a preparar las evacuaciones de los españoles que habían quedado atrapados en varios puntos de Oriente Medio.

Desde el gabinete del presidente se activó también una ronda frenética de reuniones y llamadas dentro y fuera del Ejecutivo. Entre el lunes y viernes, Sánchez habló con varios líderes de Europa, América Latina y el mundo árabe. Y los ministros de Exteriores y Defensa, José Manuel Albares y Margarita Robles, hicieron lo propio con sus homólogos y las redes diplomáticas y militares. 

En el Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario que se celebró el 1 de marzo, España fue el primer y único país que propuso que la UE condenase la acción como una violación del derecho internacional. Mientras tanto, los titulares de Economía y para la Transición Ecológica, Carlos Cuerpo y Sara Aagesen, además de otros ministros, fueron ultimando planes de contingencia para lidiar con posibles impactos.

El primer país en sacar a sus ciudadanos de Irán

España ha sido el primer país europeo en sacar a sus ciudadanos de Irán y ha logrado evacuar ya a más de 2.000 personas del Golfo con un dispositivo del que en La Moncloa se sienten especialmente satisfechos. Pero si de algo están convencidos en el entorno del presidente es de que Sánchez es “hoy un referente mundial a favor de la paz” y de que, cuando condenó la intervención militar de EEUU y pidió contención en la noche del domingo 1 de marzo, “parecía un solitario clamando en el desierto mientras que hoy ha arrastrado a su posición a otros socios europeos”. De hecho, a lo largo de la semana, a la posición de España se han sumado Bélgica, Eslovenia, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal y numerosos países de América Latina y el mundo árabe. 

Todo, mientras la derecha sigue empeñada en dibujar un falso retrato de Sánchez aislado del mundo y que actúa contra la seguridad de España por intereses electorales con su respuesta a Trump. Y Feijóo, con ayuda de su sincronizada habitual, desdeña el “no a la guerra”, trata de buscar contradicciones entre el rechazo al uso de las bases americanas y el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre para labores estrictamente defensivas y exige la comparecencia de Sánchez en el Parlamento para un duelo del que, previsiblemente, el líder de la oposición puede no salir bien parado dado los antecedentes. Aznar, por recordar, tardó 10 meses en acudir al Congreso en 2003.

Sánchez, más allá de lo que su estrategia pueda o no movilizar a una izquierda adormecida, está seguro de que el tiempo acabará dándole la razón, que ha encontrado un marco ganador que incomoda sobremanera al PP y que cuenta con el apoyo mayoritario de una opinión pública para la que las consecuencias de la guerra de Irak siguen hoy en el recuerdo colectivo por los atentados del 11M.

Otro liderazgo efervescente. Otra estrella fugaz que se apaga. Otro adiós que habla de la volatilidad del panorama político español de la última década, de la efímera trayectoria de los nuevos partidos y del desgaste rápido de sus líderes. Albert Rivera, Inés Arrimadas, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y, ahora, Yolanda Díaz. Ciudadanos, Podemos, Sumar… De momento, la excepción es Vox con Santiago Abascal porque hoy cabalga a lomos de una tendencia global a favor de la ultraderecha y porque aglutina el mismo voto de impugnación al bipartidismo que en 2014 sumaron los herederos del 15M. Lo que dure, de momento, es un misterio.

El caso es que Yolanda Díaz, la enésima esperanza blanca de la izquierda a la izquierda del PSOE, a quien algún gurú vendedor de estrategias fallidas, llegó a pronosticar que sería la primera mujer presidenta del Gobierno de España, se marcha tras cinco años en el candelero. Una salida meditada y decidida hace meses, según versión oficial. O forzada por los partidos que integran el espacio que lideraba, según opinión de sus hasta ahora coaligados. Sea como fuere, la vicepresidenta segunda del Gobierno llevaba meses dedicada a una intensa agenda internacional que desde el pasado septiembre le ha llevado por México (para asistir a la feria de libro de Guadalajara), Bruselas, Ginebra y Nueva York, lejos del zumbido de la izquierda para que diera un paso al lado.

Tanto proceso de escucha y la todavía vicepresidenta del Gobierno era la única a la que no le llegaba el eco de quienes en su propio espacio la consideraban un problema, y no la solución para la tantas veces perseguida y frustrada unidad de la izquierda. Repudiada por sus compañeros de aventura, anuncia ahora que no volverá a presentarse como candidata, pero en realidad se marcha antes de que los suyos la desalojen del cartel electoral para abrir una nueva etapa, después de acusarla de defender más que un proyecto político el suyo personal. Todos, eso sí, le han despedido con grandes halagos, no a su liderazgo orgánico sino a su labor al frente del Ministerio de Trabajo.

Su retirada de hecho era una condición necesaria para que arrancase el proceso de reconfiguración de esa izquierda que aspira a reeditar el 12% del voto que obtuvo en las últimas generales con una única papeleta y a la que aún le faltan muchas incógnitas por despejar para convertirse en una propuesta sólida y, sobre todo, capaz de movilizar a un electorado desorientado. La primera es si Podemos está dispuesto a reintegrarse en el espacio: “Sin Díaz se quedan sin excusa”, asegura Gabriel Rufián, para quien Irene Montero es “un indiscutible activo electoral”. Precisamente Rufián ha sido el primero en agitar el avispero de la izquierda para insistir en un frente más allá del PSOE que frene el avance de la extrema derecha, una hipótesis que desde la coalición Sumar y las direcciones de los partidos independentistas en principio despreciaron y, ahora, están dispuestas a escuchar.

La segunda X a despejar es quién asumirá el liderato, tras el paso al lado de Díaz. El baile de nombres ya ha empezado (Unai Sordo, Ada Colau, Pablo Bustinduy, Mónica García, Maíllo). Y una tercera es si el elegido lo será en un proceso abierto de primarias o se acordará en torno a una mesa camilla entre las direcciones de los partidos. 

Y mientras está todo por hacer y decidir, si hay una derivada dentro del Gobierno de coalición es que la renuncia de Yolanda Díaz blinda a los ministros de Sumar ante posibles cambios en el gabinete de Pedro Sánchez. Los cuatro (Sira Rigo, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Mónica García) lo fueron por un reparto de equilibrios entre los partidos que forman parte de un espacio cuyo liderato queda ahora descabezado. Y, aunque la vicepresidenta esté empeñada en seguir como interlocutora de Sánchez, a nadie se le escapa que poco o nada tiene, ya que decir o coordinar sobre el resto de miembros del gobierno adscritos a una ficción orgánica que desde hace meses solo existía en su cabeza.

Esta misma semana, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, fue preguntado sobre si habría que cambiar los nombres de los ministros cuando se produzca el relevo de Yolanda Díaz al frente de Sumar y la respuesta fue categórica: “Es un error utilizar de manera postiza el Gobierno para proyectos políticos particulares”. Las distintas fuerzas del espacio se han conjurado para desvincular su presencia del gabinete del futuro de la coalición, han acordado mantener a todos los ministros de Sumar y no hacer ningún cambio de nombres en posibles crisis de Gobierno.

Lo cierto es que cada vez que Sánchez ha afrontado remodelaciones en su gabinete, solo han afectado a la parte socialista del Gobierno, en buena medida por la imposibilidad de conciliar los intereses de la sopa de siglas que integra Sumar. En sucesivas ocasiones nos será distinto porque el presidente siempre se ha mantenido al margen de los contubernios de sus socios y respetará la decisión que hayan acordado.

Otra segunda consecuencia de la marcha de Díaz es que cortocircuita también cualquier amago de que Sumar abandone el gabinete, como suele ser habitual en los gobiernos de coalición a medida que se acercan las elecciones. IU lo ha llegado a insinuar en alguna ocasión, si bien en la Moncloa aseguran que ni en los momentos más críticos de la relación entre los socios de coalición, como fue la decisión de aumentar el gasto militar, se les trasladó semejante escenario.

La convocatoria de las elecciones andaluzas, que supondrá la automática salida de María Jesús Montero para ser candidata a la Junta, pero no su renuncia al acta de diputada en el Congreso, obligará, eso sí, a Sánchez a un nuevo reajuste en la estructura del gabinete. Fuentes del gabinete del presidente aseguran que el relevo de la vicepresidenta primera no será fácil, no solamente por el peso político de la también ministra de Hacienda sino también por la confianza que el presidente tiene en su número dos. A falta de apenas un mes para que Juanma Moreno convoque formalmente las autonómicas en Andalucía, el presidente ya trabaja en la nueva estructura del Consejo de Ministros aunque los nombres no están en absoluto definidos. Uno de los escenarios barajados es hacer un macro ministerio para unir Economía y Hacienda, pero no es el único. 

De las pocas certezas que hoy están sobre la mesa es que quien releve a Montero al frente de la vicepresidencia primera será también mujer por expreso deseo del presidente, en lo que su equipo entiende como un nuevo guiño a las votantes socialistas decepcionadas con la marca PSOE tras los escándalos Koldo/Ábalos y Salazar. Lo que también se da por seguro es que la ministra de Hacienda mantendrá el escaño del Congreso hasta el momento que tenga que recoger el acta de parlamentaria autonómica, si es que decide quedarse en Andalucía como jefa de la oposición, ya que las encuestas no atisban ni remotamente un posible cambio de signo político en la Junta.

El litigio entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central ha posicionado rápidamente a la patronal de los pisos turísticos, desde donde se exige parar la “criminalización” de los que “sostienen parte de la economía” y, a su vez, se requieren medidas que eviten que haya inmuebles “legales” que queden fuera de la oferta. Con esta declaración de intenciones, la asociación, que representa el 15% de las viviendas de uso turístico en la comunidad, puntualizó que la entrada en vigor del registro único ha disminuído la oferta un 14%, con un total de 21.862 viviendas menos.

En estos ocho meses, la rebaja también se ha experimentado en Sevilla, donde la cifra se sitúa en el 27% con 2.659 pisos. El podium lo completaría Marbella, donde ha habido una disminución del 19% con la baja de 2.993 inmuebles. En Granada, hay un 16% menos de pisos turísticos, que supondrían unos 620; en Málaga cayó un 14%, con 1.845 propiedades, y en la Costa del Sol se estima en torno al 15%.

Unos datos que traslada la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), desde donde se muestra “preocupación”: “Hay un conflicto de intereses entre las exigencias de la Junta y el Gobierno”. El debate se generó a raíz de la entrada en vigor en junio de 2025 del registro único del Ejecutivo español, que tiene competencia en Vivienda. Sin embargo, se atribuía unas medidas similares que ya contemplaba el Registro de Turismo de Andalucía. Ante los requerimientos de la Comisión Europea, el Tribunal Supremo dirime a quién corresponde la responsabilidad antes de que el 20 de mayo entre en vigor la disposición europea del Reglamento sobre alquileres de corta duración.

“Reclamamos que haya una rectificación profunda del sistema que se ha realizado, porque es confuso operar entre distintas administraciones, y se está expulsando del sector a viviendas que son legales”, expresó Juan Ignacio Chaves, vicepresidente de AVVAPro y delegado en Sevilla. “Hay un muro burocrático que impide que desaparezca la oferta ilegal, porque este registro es solo obligatorio para la vivienda de uso turístico, que no para los apartamentos turísticos”, criticó, “decir que hay 23.000 viviendas ilegales porque no tienen un número de registro no es veraz”.

“Arbitrio del Colegio de Registradores”

Al respecto, justificó que para obtener el código hay varias dificultades, entre ellas, la duplicidad de la documentación entre administraciones que podría provocar más conflictos judiciales, así como el requerimiento de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad —una medida voluntaria que, a su juicio, entienden que se disponga para que haya menos opacidad en el parque inmobiliario—. Además, subrayaron que hay negocios que no solicitan este código dado que, aunque se están explotando, no desean publicitarse en Airbnb o Booking. Si bien tacharon la cifra de irreal, la plataforma desconoce en la actualidad cuál sería el número de viviendas ilegales.

“Estamos contentos de que se vigilen las publicaciones en las plataformas, pero lo deja al arbitrio del Colegio de Registradores, que funcionan como policías y dejan dudas de interpretación”, rechazó Chaves. Desde la asociación, manifestaron que el funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía era suficiente, ya que funciona desde el año 2010 como garantía para el sector, aunque solicitaron modificaciones en la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía que prepara el Gobierno de Juanma Moreno, como que se adecúe el número de plazas turísticas por área geográfica, “no es lo mismo tener 16 personas en una vivienda en el centro de Sevilla a que sea en una casa rural”.

Otro dardo que lanzan a la Junta de Andalucía es el relativo a las multas de 600.000 euros que contempla la nueva normativa. “Estamos de acuerdo en que haya una persecución de la clandestinidad, pero tiene que haber una proporcionalidad: no es lo mismo multar con esa cantidad un macrocomplejo que a una casa”, zanjó el responsable de AVVAPro. En plena crisis habitacional, la plataforma se mostró como un actor dialogante, definiéndose como un activo importante y cada vez más profesionalizado del sector turístico, “complementamos a la oferta hotelera, y se resuelve una demanda de los visitantes, sobre todo las familias, dando actividad a los barrios”.

Sevilla, la presión turística en la periferia

La capital hispalense, en manos del gobierno del PP con la colaboración de Vox, legisló en octubre de 2024 para limitar la tramitación de nuevas licencias para pisos turísticos. El tope por cada barrio es del 10%, un escenario que venía a intentar frenar la presión inmobiliaria en el casco histórico, donde ya se consideran saturados al estar por encima del porcentaje Santa Cruz, Arenal, Afalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, así como San Lorenzo, San Vicente y el centro de Triana. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay 9.650 disponibles, de los que alrededor de 6.000 están operativos, adelantó la asociación, quedaría margen para dar permisos a otros 22.750.

“Hay zonas donde la vivienda turística ha ejercido presión, motivo por el que se han establecido reglas más estrictas. En un momento dado, era oportuno para dar respuesta a la vorágine de creación de pisos turísticos, pero en otros barrios de la ciudad mantiene vivo el comercio y, además, la vivienda de uso turístico reparte dinero entre los propios sevillanos, y no se va a grandes empresas ni fondos”, apostilló Juan del Toro, vocal de AVVAPro en Sevilla. “Sentimos responsabilidad por lo que pasa en la ciudad”, indicó, aunque creen que se “destruye vivienda” ante las exigencias urbanísticas del Ayuntamiento de Sevilla.

La presión se está trasladadno hacia los barrios periféricos, por ejemplo, hacia los exteriores de la calle Ronda se detecta más actividad, “pero no en la misma proporción como en el centro antes de la regulación”. Aunque la actividad turística transforme el callejero sevillano, estiman que no se alcanzará el máximo permitido de pisos turísticos debido a que la demanda de los visitantes se sitúa en el casco histórico. “No tiene sentido llegar al máximo del 10% en Pino Montano, donde ya hay 48 viviendas de uso turístico, y aunque la normativa lo permitirá, creemos que no será así”, zanjó.

“Bajar los precios” por el impacto de Adamuz

Un mes después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, las condolencias se transforman en estimaciones por el impacto económico en el sector turístico. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el vocal de AVVAPro mostró su “preocupación” por el hecho de que las reservas han caído entre un 20 y 30% en los pisos turísticos: “Hemos tenido que bajar precios para evitar las cancelaciones”.

El parón en la circulación en el eje Madrid-Sevilla ha afectado a la ganancia de estos negocios, para lo que piden que “se restituya la confianza y la seguridad en el turista”. El reajuste de precios también ha estado apuntalado por el número de cancelaciones que, estimó, varían entre un 8 y 10%. El año pasado, la capital hispalense recibió 1,02 millones de visitantes y tan solo en ocupación hotelera llegó al 84%. En las principales plataformas, quedan anuncios que oscilan con costos entre los 1.000 y 1.5000 euros.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reconocido recientemente a nueve víctimas de los Sanfermines de 1978, los conocidos como los Sanfermines rotos, que dejaron en Pamplona a un muerto y centenares de heridos, once de ellos de bala, tras las cargas de la Policía Armada en la plaza de toros de la capital navarra.

El ministro Ángel Víctor Torres ha enviado una carta a las nueve familias que solicitaron el reconocimiento, entre las que se encuentra la de Germán Rodríguez, el joven de 23 años que falleció tras recibir un disparo en la frente de un agente de la Policía. En la misiva se les reconoce su condición de víctima con base en la ley estatal de memoria democrática de 2022 y el Gobierno central asume que sufrieron una “violencia injusta” en la actuación policial, si bien no reconoce la “responsabilidad” del Estado en los crímenes.

Además de Germán Rodríguez, también ha sido reconocido Joseba Barandiarán, que falleció tras ser disparado por la Policía en una protesta convocada en Donostia el 11 de julio de 1978 por los sucesos de los Sanfermines. De igual manera, el Gobierno de España ha reconocido a otras siete personas heridas en los Sanfermines de aquel año, algunas de ellas de bala. El reconocimiento por parte del Estado es únicamente administrativo y no incluye el derecho a indemnizaciones, como sí lo hace la ley navarra de reconocimiento a víctimas de la violencia policial.

Desde la plataforma SF78 Gogoan consideran el reconocimiento una actuación “positiva” aunque “parcial”. Sostienen que el Estado todavía no se ha responsabilizado de esos sucesos y que no ha ha aportado datos sobre los victimarios. Denuncian que a las víctimas se les ha negado el acceso a documentos oficiales para esclarecer los hechos y que la familia de Germán Rodríguez todavía desconoce quién le disparó de muerte.

Los Sanfermines rotos es como se conoce a los sucesos del 8 de julio de 1978. Ese día en la plaza de toros de Pamplona 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos con material antidisturbios: pelotas de goma y gases lacrimógenos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas después, cuando las calles del centro de la capital navarra se llenaron deprotestas, un mando policial emitió por la radio interna la orden de cargar contra los manifestantes. “No os importe matar”, fue el mensaje al que siguieron las cargas que acabaron con la vida del joven activista navarro de 23 años de un disparo en la cabeza.

La democracia española no colapsará porque los españoles conozcamos al detalle lo que pasó la noche del 23F de 1981. Tampoco porque se abra el candado bajo el que han permanecido ocultos los informes de inteligencia de los meses anteriores o se conozca el verdadero papel que jugaron las élites políticas, económicas y militares en la trama. Mucho menos por discutir sobre el anacronismo de una ley franquista promulgada en 1968 y desarrollada con posterioridad por el decreto 242/1969

La decisión, por tanto, del Gobierno de desclasificar los papeles secretos al cumplirse los 45 años del golpe es, sin duda, un acierto porque un país democrático no puede permitirse la protección de sus instituciones mediante el oscurantismo y tampoco que la industria del bulo sirva de caldo de cultivo para la conspiración. Hace falta ahora saber qué parte de ese material se hará público, sobre la base de qué criterio se ha adoptado ahora la decisión o por qué este loable ejercicio de transparencia y memoria con el 23F no afecta a otros episodios oscuros de nuestra democracia, ocurridos incluso antes de 1981.

La decisión, que coincide con el 45 aniversario de la entrada de los militares en el Congreso de los Diputados, la anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasadas las 8.30 de la mañana a través de sus redes sociales y será efectiva  el próximo miércoles cuando se publique en el BOE y los textos puedan consultarse en la web oficial de La Moncloa.

“La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino”, escribió en un mensaje de X en el que agradeció también al escritor Javier Cercas, autor del libro Anatomía de un instante, que haya abierto ese camino al solicitar la desclasificación.

Consultados los abogados del Estado, el Gobierno dice tener la seguridad de que, salvo en el caso de Juan Carlos I, quienes se podían ver señalados tras la desclasificación están ya fallecidos y que nada hay, en todo caso, en los documentos que afecte ya a la seguridad del Estado. Ese será uno de los argumentos que utilicen en La Moncloa para justificar que no se abra la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo siete llaves, como fueron las negociaciones de diferentes gobiernos con ETA; los sucesos de Vitoria, también conocidos como matanza del 3 de marzo y de los que se van a cumplir ahora 50 años; la represión en los sanfermines de 1978; el caso Zabalza o los GAL.

La desclasificación del 23F llega sí con retraso, con más de una veintena de libros publicados al respecto y, seguramente, no dejará satisfechos a muchos, pero al menos aportará una verdad basada en pruebas y no en elucubraciones o intuiciones. Cuestión distinta es que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no es cualquier ministro, se haya felicitado en su cuenta de X por cumplir con la ley antes de que se apruebe, en referencia a la de Secretos Oficiales que entró para su tramitación en el Congreso hace un año y aún duerme el sueño de los justos.

El mensaje de Bolaños pone de manifiesto, por un lado, que para acabar con la protección estatal de los documentos sobre el 23F no hacía falta modificar ninguna norma, sino que bastaba, como se ha demostrado, con un acuerdo del Consejo de Ministros, por lo que el retraso en adoptar esta decisión carecía, hace 5 años igual que hoy, de una base sólida. Y por otro, que el Gobierno carece de la mayoría necesaria para derogar una ley franquista, lo que invita a lecturas inquietantes sobre la vigencia de una norma preconstitucional. 

La decisión, en todo caso, destila un intento del Gobierno, no por remover el pasado o reabrir heridas más que superadas, pero sí por cambiar el marco de la actual conversación pública. De lo contrario, la desclasificación de los papeles sobre el 23F se podría haber adoptado en el 40 aniversario del golpe, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez, y se reclamaba igualmente la apertura de los documentos por parte de historiadores y diferentes grupos parlamentarios.

En efecto, la memoria no puede estar bajo llave, pero tampoco al albur de lo que decida en función de sus intereses el Gobierno. ¿O acaso no es necesario en este momento en el que la ultraderecha parece imparable desclasificar también todos los documentos clasificados sobre la dictadura franquista? ¿Y los de la Transición?