En otoño de 2026, en primavera de 2027, un superdomingo en mayo, después de las autonómicas y municipales… Las hipótesis son múltiples; los análisis, libres, pero la realidad rara vez coincide con lo que unas veces se pronostica y otras se anticipa como certeza. El anuncio de Pedro Sánchez esta semana de que el Gobierno ha empezado los trámites para presentar los Presupuestos del próximo año, en medio de la ofensiva judicial y el goteo de informes de la UCO sobre el PSOE, ha vuelto a disparar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral, que no está sobre la mesa de un presidente del Gobierno con mentalidad de jugador de basket. El propósito es, como siempre, llegar al verano del próximo año, con una sentencia favorable de TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la amnistía, un nuevo modelo de financiación autonómica a debate en el Congreso y la última entrega de los fondos europeos.

“Si con esta traca de titulares, sumarios, autos, requerimientos, juicios y registros, la derecha judicial, política y mediática pretendía dar el golpe de gracia al Gobierno y precipitar elecciones, no ha sabido jugar bien la partida. Ni hay tiempo ya para convocar ni lo hubiera habido si esto hubiera saltado hace 15 días. Agosto no es una opción para votar. El timing se les ha ido de las manos”. Es el análisis monclovita sobre la excitación del PP ante la grave situación que vive el Gobierno, acosado por varios sumarios judiciales. Por tanto, opción 1 (elecciones inmediatas), descartada.

Y es que, a diferencia de los que conciben la política como una larga partida de ajedrez, Sánchez está acostumbrado a moverse sobre un espacio de incertidumbre y constante movimiento donde operan muchos jugadores y múltiples tácticas. Pero, sobre todo, a jugar partidos en los que cuando el rival gana ventaja, como es el caso ahora del PP, hay que reaccionar para recuperar la pelota. Y eso es lo que subyace tras su voluntad de llevar en septiembre al Congreso los primeros Presupuestos Generales de la legislatura: transformar la frustración por los casos de corrupción en una intensidad defensiva con la que conquistar la siguiente posesión. En el basket lo llaman mentalidad de remontada en el último cuarto y consiste en no pensar en los 20 puntos de ventaja del rival, sino en los siguientes 10 minutos de juego para recortar distancias. En el marco mental de Sánchez significa una nueva patada hacia delante, poner tiempo de por medio y esperar a que pase el verano, como hizo el año pasado tras la detención de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y la oposición también especuló con un anticipo electoral en 2025.

Ha pasado un año de aquello y aunque el PP interpretó que la entrada en prisión preventiva de Cerdán sería una sangría de votos para el PSOE, la curva de la demoscopia no marcó precisamente eso, sino que en septiembre los socialistas recuperaron posiciones. “Los precedentes animan a la prudencia y a la paciencia”, resumen en el gabinete del presidente del Gobierno. Opción 2 (elecciones en otoño), también descartada.

Así que, tras el portazo del nacionalismo vasco y catalán a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura, el rechazo rotundo a disolver las Cortes de inmediato y el enésimo 'no' del presidente a un superdomingo electoral en el que coincidan generales con municipales y autonómicas el próximo mayo (opción 3), las posibilidades para las legislativas, salvo cataclismo, se reducen a dos: primavera o verano de 2027. El objetivo es más lo segundo que lo primero, ya que si en algo coinciden varios miembros del Gobierno es en que “la presentación de los Presupuestos no es un paripé”, sino una decisión con la que el presidente quiere “hacer del Parlamento el centro de la conversación pública, que además valoran positivamente los socios de investidura y que servirá para que los ciudadanos comprueben que, pese al ruido, no todo es Cerdán, Ábalos o Leire Díez”.

Es la respuesta de La Moncloa a quienes tras el anuncio de Sánchez ven una jugada con la que abrir la campaña electoral de unas elecciones que tendrían lugar en el primer trimestre de 2027, si el Congreso tumbara las cuentas públicas. “Hablar de un plan B es aceptar de antemano que el plan A, que sería la aprobación de los Presupuestos, será un fracaso y no estamos en esa pantalla” añaden. En el entorno del presidente admiten que el PP ha consolidado la idea de que Sánchez es un activo tóxico, pero no creen cree que unas generales en febrero o marzo del próximo año con un mal resultado del PSOE fueran a librar de la hecatombe, dos meses después, a alcaldes y candidatos en las municipales y autonómicas. Opción 4, posible pero poco probable.

En el PSOE saben que la fotografía de Aitor Esteban esta semana junto al secretario general del PSE, Eneko Andueza, es un mensaje en sí misma, después de que el presidente del PNV calificase unos días antes de “irresponsabilidad” que la legislatura llegara a término en unas declaraciones que no entendieron ni los propios jeltzales. Son los peneuvistas quienes más temen un hipotético superdomingo en el que coincidan generales con municipales.

Convencido de que ni al PNV ni a Junts les interesa tampoco echarse en brazos de un PP que ha dinamitado todos los puentes de entendimiento con el nacionalismo y que tiene además como compañero de viaje a Vox, Sánchez intenta ganar tiempo. Su propósito es, como siempre dijo, llegar al verano de 2027, en una nueva partida de resistencia en la que comprende que los socios puedan marcar una distancia prudente con el Gobierno, pero no perseguir el game over que tanto anhela la derecha.

“Ahora —añade un ministro socialista— toca fractura, erosión, distancia y mucho más ruido, pero PNV y Junts están tranquilos, si bien no se les puede pedir un cierre absoluto de filas con la que está cayendo y teniendo en frente a un PP cuyo sueño húmedo es la imputación del presidente del Gobierno”. Por eso el guiño de Sánchez esta semana a los de Puigdemont en el Cercle d’Economia, que fue donde anunció el inicio de los trámites para la presentación de los Presupuestos, llevó de nuevo al centro del debate la financiación autonómica y se mostró dispuesto a reanudar con Junts las negociaciones sobre el “conflicto político” en Catalunya. La expresión no es baladí y persigue tentar al independentismo a culminar la legislatura, una vez que se conozca, previsiblemente en septiembre, la sentencia del TJUE sobre la amnistía que permita el regreso de Puigdemont. Con el de Waterloo de regreso y Junqueras sin inhabilitación, en el Gobierno creen que el marco de discusión será otro a partir de 2027. Por eso Sánchez reclamó un “esfuerzo” a los independentistas para aprobar unas cuentas que, junto con el debate sobre el modelo de financiación autonómica, la quita de la deuda y la última entrega de los Fondos Next Generation, le darían oxígeno en su momento de mayor debilidad. 

Para llegar ahí antes tendrá que pasar por una comparecencia en el Congreso sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y un Comité Federal del PSOE el próximo día 27 en el que sus integrantes se han propuesto no pasar de puntillas por la grave situación que atraviesan y hablar “con honestidad” sobre la debilidad estructural de una organización que no ha dado respuestas a las federaciones ni ha estado a la altura de lo que exigían los acontecimientos. Y esa es otra historia que en los próximos días dará también mucho que hablar.

El 10 de septiembre de 1995 Jordi Pujol se plantó en La Moncloa para expresar a Felipe González la firme convicción de la dirección de su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado y que lo mejor para los intereses generales era que los españoles votaran. Escenificaba así la ruptura formal de su apoyo al Gobierno, tras dos años de alianza política. España vivía una profunda crisis política provocada por múltiples escándalos de corrupción que acorralaban al gobierno. Filesa, el caso Roldán, los GAL… Sin embargo, aún pasarían seis meses hasta que González se decidió a convocar elecciones generales.

Entre 2008 y 2011, Zapatero gobernó en minoría parlamentaria, lo que le obligó a buscar apoyos puntuales y variables para sacar adelante leyes y presupuestos. A diferencia de su primer mandato, en el que contó con socios más estables como ERC e IU, el segundo estuvo marcado por la geometría variable y la presión de una feroz crisis económica, si bien su aliado estratégico más sólido fue el PNV. El drástico decreto del 20 de mayo de 2010 para reducir el déficit público marcaría, no obstante, un punto de inflexión en la relación con los socios, que desde esa fecha presionaron para que el presidente anticipara elecciones. Zapatero no lo hizo hasta noviembre del año siguiente.

En 2018, Mariano Rajoy salió de La Moncloa con una moción de censura. De no haber sido por la sentencia del caso Gürtel y porque el PNV pasó en apenas una semana de apoyar los Presupuestos del gobierno a repudiar la corrupción del PP, el presidente de entonces hubiera seguido con la retahíla de que “todo es mentira menos alguna cosa” y jamás hubiera adelantado las elecciones.

En la España de 2026, los socios parlamentarios hace meses que han abandonado a Pedro Sánchez, pero ninguno está dispuesto a apoyar una moción de censura impulsada por Feijóo. Y no porque les una el amor al presidente del Gobierno, sino por el espanto de aparecer en la fotografía junto a la extrema derecha de Vox. Tampoco es que Feijóo les inspire confianza alguna, si bien todos, como Pujol en 1995 y el PNV en 2010, defienden que lo mejor ante la cascada de sumarios judiciales que afectan al PSOE sería llamar a las urnas.

El histórico nos ha enseñado que ningún presidente convoca elecciones en medio de una tormenta. Y mucho menos porque se lo pidan socios u opositores. Sánchez no está en ello. Al menos, de momento. La impresión en el PSOE es que el presidente anhela que llegue cuanto antes el verano, que Zapatero declare ante la Audiencia Nacional, que pase su comparecencia ante el Congreso para hablar de los sumarios judiciales y que el Comité Federal del PSOE la última semana de junio se salde con un cierre de filas y que en julio media España esté de vacaciones y la otra media, pensando en ellas. 

Lo que no podrá evitar es el aroma de fin de ciclo que desprende la conversación pública, ni la sentencia del caso Ábalos/Cerdán, ni la presión de alcaldes y cargos intermedios para que la legislatura acabe cuanto antes. En el fondo sabe que ya no hay momento bueno para llamar a las urnas, que las investigaciones judiciales depararán nuevos sobresaltos, que la ofensiva política, judicial, mediática y policial no cejará y que el mensaje que emiten ya, sin disimulo, las derechas es que el siguiente peldaño a escalar será sentarle en el banquillo. A ser posible, como imputado. La amenaza corre como la pólvora en todos los mentideros: “O se marcha o acabará sentado en el banquillo”. 

Y como a Feijóo y a su Brunete mediática les ha salido rana la propuesta de la moción de censura, ahora la cantinela es la “dimisión inmediata por decencia”. González no lo hizo, pese a que un vicepresidente y un ministro, Narcís Serra y Julián García Vargas, tuvieron que dimitir tras ser imputados en el escándalo por las escuchas ilegales del CESID. Aznar da lecciones de ética política 24/7, pese a que tres cuartas partes de sus ministros fueron acusados, imputados, condenados o llamados a declarar en relación con alguna trama corrupta. Rajoy, ya saben, es Rajoy y padece amnesia, pero ahí tiene a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el banquillo por la Kitchen, un caso de corrupción de Estado de libro. Eso sí, Sánchez, a quien sin duda interpelan los casos Ábalos, Cerdán e incluso Leire Díaz, tiene que hacer lo que ninguno de sus antecesores hizo antes por casos igual o más escandalosos que los que ahora la UCO describe. Por decencia, dicen los mismos que por “orden de la superioridad” bucearon en los negocios del suegro del secretario general del PSOE ya en 2014 por si algún día llegase a la Presidencia del Gobierno. Por decoro, replican los que han chapoteado en el lodazal de todo tipo de cloacas. Por dignidad, añaden los que aparecen en grabaciones bochornosas. Por lo que sea, pero que se vaya, dicen. Y que se vaya, ya.

Entre el Palacio de la Moncloa y el número 70 de la calle de Ferraz de Madrid hay apenas dos kilómetros de distancia, pero Pedro Sánchez intenta aumentar el trecho que separa lo ocurrido en la sede del PSOE de la acción del Gobierno. Con poco éxito. Los éxitos económicos, la creación de empleo, el 'no' a las guerras o el antitrumpismo no serán eximente en ninguna de las causas judiciales que investigan los tribunales. Y mucho menos serán tenidas en cuenta por una derecha política y mediática ávida de acabar con la carrera política del secretario general del PSOE. Feijóo ha prometido hacer “todo lo posible” por cambiar al Gobierno. “Y cuando digo todo, es todo”, advierte. 

En La Moncloa saben que no solo anda en ello, sino que ese “todo” incluye llevar a Pedro Sánchez al banquillo. El cómo, el cuándo, en qué calidad y por qué lo desconocen, pero que “el objetivo último es que un juez llame como testigo o como investigado al presidente del Gobierno está claro”. Lo ha escrito Miguel Ángel Rodríguez con sus célebres “p'alante” con los que suele anticipar las resoluciones de algunos jueces. Lo ha deslizado Miguel Tellado en sede parlamentaria. Lo cacarea el PP por todos los cenáculos madrileños. Lo susurran los antisanchistas de primera generación. Y hasta lo han escrito ya algunos periodistas parapetados en fuentes judiciales.

Nada que no haya ocurrido antes en democracia: llegar al límite, subir el listón de la crítica, desestabilizar las instituciones, polarizar —antes, crispar—, buscar un mundo de irregularidades y quebrar al presidente del Gobierno. Ocurrió en 1996, aunque Felipe González lo haya olvidado, y el periodista Luis María Ansón lo confesara, años después, en una entrevista con Santiago Belloch. 

Lo que hoy vive España se parece mucho a lo de entonces, cuando los tribunales marcaban el ritmo de la política y de la agenda mediática en un clima de confrontación permanente. ¿Quiere eso decir, como diría Rajoy, que todo lo que investiga la justicia y afecta al PSOE es mentira menos alguna cosa? “Quiere decir que el caso Leire Díez o el de Zapatero no se pueden comparar con la instrucción de Peinado, que es un lawfare de manual. Y tampoco con el del hermano del presidente, pero que existe una sincronía escandalosa entre el PP jueces, fiscales y medios de derechas para dibujar un país putrefacto sin que responda a la realidad y con el claro objetivo de tumbar a Sánchez es un hecho indiscutible”, responde un ministro socialista.

La Moncloa delegó esta semana en Óscar Puente la más feroz de las respuestas a la decisión del juez Pedraz de entrar en la sede central del PSOE en busca de información sobre una supuesta trama financiada por el partido que habría tenido como objetivo desestabilizar las causas judiciales que afectan a los socialistas. Y, sin paños calientes, el titular de Transportes habló claramente de una operación “con métodos nada democráticos” para derribar al Ejecutivo y de la coincidencia en el tiempo de algunos autos con la celebración del juicio de la Kitchen sobre la mal llamada policía patriótica del PP.

Puente es de entre los pocos ministros de Sánchez de perfil político el que más conecta con las bases y el electorado progresista. Pero aunque lo que dice les sale al resto de miembros del Gobierno de las entrañas, ni Sánchez ni el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se manifestarán en esos términos, lo que no quiere decir que desaprueben las palabras de Puente aunque circule por carril propio. Todo lo contrario.

En el Gobierno y en el PSOE están preparados para que la ofensiva judicial escale hasta Pedro Sánchez porque ven en el auto de Pedraz sobre el caso Leyre “claros e innecesarios” señalamientos al presidente. Hasta 15 han contabilizado. Y en conversación privada con algunos de sus ministros, según ha podido saber elDiario.es, el presidente ha negado que conociera los tejemanejes de Santos Cerdán con Leire Díez, y mucho menos que mantuviera con ella más de una veintena de encuentros. En la misma línea se expresa otro miembro del Gobierno que defiende que el ex secretario de Organización “manejaba esa trama para defenderse a sí mismo, a Ábalos y a Koldo”.

Page vuelve a quedarse solo

Pero si en algo coinciden todos los interlocutores es en que la próxima pieza a batir es Pedro Sánchez. “Por supuesto que le llevarán a declarar ante la Audiencia Nacional”, afirma un socialista que coincide con la versión monclovita de que “cuanto más duro le aticen, más aguantará”, en alusión a que en la cabeza del presidente no están ni el escenario de unas elecciones anticipadas ni la moción de confianza que ha sugerido Emiliano García-Page. El castellano-manchego ha vuelto a quedarse solo en la crítica ante los micrófonos. En privado, son muchos quienes coinciden, aunque con matices, en su análisis de que una huida hacia delante no puede más que desangrar al partido, llevarse por delante el poder municipal de los alcaldes y destrozar la marca durante años.

En el fondo, unos y otros convergen en que tener el Gobierno no significa tener el poder y que este está en manos de las derechas. Tienen el poder económico, el judicial, mediático y hasta el legislativo con la mayoría absoluta del Senado. “Solo les queda el ejecutivo y es el que, con votos o con autos, pretenden con su ofensiva actual”, defiende otro miembro del Gobierno. 

Mientras, en la dirección socialista saben que en el próximo Comité Federal del PSOE del 27 de junio habrá voces que plantearán que las generales se celebren antes de municipales y autonómicas para que alcaldes y presidentes autonómicos no paguen en las urnas el desgaste del Gobierno. Pero ese es un escenario que, aunque podría estudiarse, no será antes de septiembre. Diciembre, febrero o marzo… “Hay posibilidades, si bien Sánchez no está en ninguna de ellas, sino en la de aguantar. Es como un toro bravo que se crece ante las dificultades”, defienden en su núcleo duro. Y quien esté haciendo cábalas sobre una posible dimisión, que renuncie a la candidatura de las generales y ceda el paso a otro o que tire la toalla, se equivocará. 

Este lunes será la primera vez que intervenga ante la dirección federal, después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y tras la entrada de la Guardia Civil en Ferraz. Y, aunque hay miembros de la Ejecutiva que en privado emiten señales de agotamiento y declaran que “esto tiene que acabar ya”, no levantarán la voz, tras testar el pulso de algunas federaciones, comprobar que nadie está por la labor de transitar por dirección distinta a la que marque el secretario general y colegir que nadie quiere abrir en canal el partido.

Manual de Resistencia, enésima entrega.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado convencido de que legislatura “ha llegado a su fin” y se ha dirigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para asegurar que “el interés general demanda elecciones este año”. Además, ha reiterado que su partido no contempla una moción de censura y ha pedido una reflexión al jefe del Ejecutivo porque “esta semana han pasado muchas cosas”, pero “van a pasar más”.

Esteban ha realizado estas declaraciones antes de participar, en la sede de la Fundación Sabino Arana de Bilbao, en el seminario 'Made in Europe: autonomía estratégica y competitividad industrial para Euskadi', con la participación también de Oihane Agirregoitia, europarlamentaria. El líder jeltzale ha considerado, según recoge Europa Press, que el foco sobre la continuidad de la legislatura no se debe poner en los partidos que apoyaron la investidura, como se está haciendo últimamente, sino que hay que ponerlo “sobre el presidente y sobre la responsabilidad que este tiene a la hora de asegurar la adecuada gobernabilidad de las instituciones”.

A su juicio, “lo cierto” es que se vive “una situación que no es nada adecuada para la gobernabilidad, ni para el interés general” porque no hay presupuestos “ni posibilidades de que estos salgan adelante, con una legislatura absolutamente bloqueada, porque no hay realmente una actividad efectiva en la Cámara, no hay posibilidades de mayoría, con un ambiente político” como el que se vive y con cada vez más casos judiciales“.

Tras aludir a la entrada este pasado miércoles de la UCO en la sede del PSOE en Madrid, ha considerado que esto va a ser continuo, “porque la propia mecánica de los casos judiciales lleva a que estos se mantengan durante un tiempo”. Además, se ha referido a las declaraciones realizadas ayer desde Roma por Pedro Sánchez sobre que no puede disolver las cámaras y convocar elecciones “por un interés partidista, que tiene que actuar en nombre del interés general”.

Antes, el domingo, Esteban ya había señalado que sería “irresponsable” que el presidente del Gobierno se mantuviera en el cargo “más allá de 2026” tras el estallido del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En ese momento advirtió ya de que se requieren “muchas explicaciones”.

Elecciones en 2026

“En opinión del PNV, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, porque quizá él también tendría que preguntarse, si al negarse una y otra vez a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista y particular”, ha añadido. “Por todas las circunstancias que se dan”, Aitor Esteban cree que “la legislatura ha llegado a su fin, así debería ser”. “Pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones, dadas estas circunstancias, es el propio presidente. No sirve que se diga que la Constitución dice que cuatro años es lo que dura una legislatura”, ha señalado en alusión a las palabras de Sánchez para justificar la prolongación de su mandato.

En este sentido, ha recordado que el artículo 115 de la Carta Magna “también dice que el presidente del Gobierno tiene la facultad, la potestad de disolver las cámaras, y no será la primera vez que se hace”. “Creo que hay que reflexionar sobre cuál es la situación y a él le corresponde dar este paso”, ha manifestado. Esteban ha advertido que no se puede pensar “que va a llegar el verano, tenemos un Mundial, las circunstancias van a cambiar a partir de septiembre, etc”. “No, esto no lleva a ninguna parte. Me parece que de un examen objetivo general, desapasionado de la situación, lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el PNV, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo”, ha insistido.

El presidente del EBB ha reiterado que no está encima de la mesa del PNV una moción de censura y no la contempla. “Creemos que lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todos, y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional en el Estado, que es el presidente”, ha indicado. Tal como ha recordado, esto no lo dice solo su partido, sino que hay “más voces” que lo reclaman. “Creo que lo estamos diciendo gente que siempre estamos apostando por la gobernabilidad y por intentar ayudar a la estabilidad de las instituciones, pero hacer como el avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable”, ha avisado. El PP ya ha descartado que el PNV se sume a una moción. “Va a seguir apoyando a Sánchez esta legislatura y cuando se vuelva a presentar. Está vendido”, ha manifestado el lider de los 'populares' vascos, Javier de Andrés.

En caso de no adelantarse elecciones, ha subrayado que “día a día están pasando cosas en el ambiente político y parlamentario”. “Vamos a ver qué es lo que va sucediendo, y cómo el lenguaje político y las posiciones de cada partido irán evolucionando. Luego, tampoco sabemos cómo va a evolucionar todo ese plano judicial”, ha apuntado. El líder del PNV ha dicho que en la última semana “han pasado muchas cosas”, pero “van a pasar más”. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Lo que sí nosotros hemos pretendido hacer es una foto realista de qué es lo que ocurre y qué sería lo responsable en términos institucionales. Pero, a partir de ahí, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto“, ha remarcado.

Preguntado por qué le parecería si llega a confirmarse que el PSOE haya creado 'una cloaca' para ir contra jueces, fiscales y contra la Guardia Civil, ha respondido que, no solo él, sino todo el mundo consideraría que “no es aceptable”. “Es una pregunta de respuesta sencilla, si es que todo eso se confirmara”, ha concluido.

El Gobierno respeta pero no comparte la opinión del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que sería “irresponsable” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable” y con “una agenda descontrolada y judicializada”.

“Tranquilidad”, han señalado a EFE fuentes de Moncloa al ser preguntadas por las palabras de Esteban este domingo en su intervención en el acto que el PNV ha celebrado en Durango (Bizkaia) cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027.

Las mismas fuentes han insistido en trasladar la idea de Sánchez de agotar la legislatura hasta el verano de 2027. “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”, han señalado respecto a Esteban.

Sobre los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aportados al juzgado que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se han conocido en las últimas horas, las fuentes han mantenido su apoyo de esta semana de esta semana al exlíder socialista.

Y lo hacen al considerar que esos informes constatan el hecho de que no existe ninguna prueba o indicio de delito cometido por el Zapatero.

Después de que este miércoles se conociera el auto del juez José Luis Calama que cita a declarar a Zapatero el 2 de junio, se está a la espera de conocer en las próximas horas el sumario, y, ante ello, fuentes del Gobierno han reiterado que no hay pruebas documentales de los delitos de los que se acusa al expresidente.

Uno de esos informes policiales mantiene que Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno durante la pandemia de coronavirus, cuando la aerolínea recibió 53 millones del Gobierno.

Además, la Policía pone de relieve varios archivos de Excel que Zapatero envió a su amigo Julio Martínez con un listado de destinatarios de informes de asesoría de la empresa, clave de la causa, lo que evidenciaría su “posición directiva”.

El PNV eleva el tono con Pedro Sánchez. El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha considerado este domingo que sería “irresponsable” que el presidente del Gobierno se mantuviera en el cargo “más allá de 2026” tras el estallido del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y le ha advertido de que “son necesarias muchas explicaciones”.

“Es ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”, ha señalado Esteban en un acto político celebrado en Durango en el que el PNV ha lanzado la carrera electoral de las elecciones forales y municipales del 2027.

El presidente del PNV ha aludido a “todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español” y que son “absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental”.

“Aquí no vale todo”, ha advertido Aitor Esteban, que ha recordado que “ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero”, al que el presidente, Pedro Sánchez, ha mostrado apoyo “absoluto”. Aunque se está “en una fase indiciaria de la instrucción” del caso, Esteban ha alertado de que el contenido del auto de imputación al expresidente del Gobierno “es muy grave y muy preocupante”.

Por ello, cree que el Ejecutivo de Sánchez “no puede pretender ventilar el asunto apelando al 'lawfare' y listo” porque “esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones”. Según ha indicado, el Partido Nacionalista Vasco va a “seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales”.

Esteban también ha criticado durante su intervención al otro socio del Gobierno de coalición. Así, le ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haya puesto “patas arriba” Osakidetza por la huelga de médicos. “Mucho hablar de la sanidad pública, pero a la hora de la verdad pura palabrería. Les da igual que la huelga esté afectando a aquellas comunidades cuya sanidad es rotundamente pública, como Euskadi” y le ha reclamado “que se siente a negociar con los médicos”. “Y qué si no lo haga Sánchez porque él es tan responsable como la ministra”, ha apostillado.

Pero las advertencias al Gobierno de Sánchez no han ido acompañadas de guiños al PP, un partido que ha considerado que sigue “fuera de lugar”. “PP, el partido perdido. No entienden el país, quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestro modelo de ser y de hacer”, ha asegurado Aitor Esteban.

La última frase del discurso con el que José Luis Rodríguez Zapatero ganó, contra todo pronóstico, el XXXIV Congreso Federal del PSOE fue “no os fallaré”. El sintagma se convirtió en un lema personal que repetiría años después, la noche de su victoria en las elecciones generales de 2004, para extender el compromiso a toda la ciudadanía. Hoy, aquellas palabras son para una inmensa mayoría de socialistas un quebranto inesperado y doloroso de quien ha sido el faro moral del partido durante lustros.  

Entre los que andan como Santo Tomás, incrédulos, pero a punto de meter el dedo en la llaga, y los que prefieren creer que están ante una “superproducción de realidad aumentada” hay un sentimiento de desolación que recorre esta semana todas las federaciones del PSOE. Diga lo que diga el sumario de la causa que investiga el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero ha roto el corazón del partido. Y quién sabe si algo más. 

El alcance de lo leído en el auto de su imputación por tráfico de influencias tiene una significación tan notable porque el expresidente era, en palabras de un veterano dirigente, “el santón laico de la organización” y “un modelo ético” al que Pedro Sánchez ha sacado en procesión cuando ha necesitado para recordar todo lo bueno que hizo durante sus gobiernos, que no fue poco.  

Como el de La incredulidad de Santo Tomás que pintó Caravaggio, hay un marcado contraste entre las luces y las sombras que, unido a la crudeza con que ese auto describe redes societarias, comisiones, empresas pantalla y transferencias de cientos de miles de euros, llena la escena de un tenebrismo incompatible con la vida y la personalidad hasta ahora conocidas de Zapatero.

“No hay explicación para que hiciera presuntamente de forma opaca e ilícita lo que Felipe González o José María Aznar han hecho, mediante el lobbismo, desde que dejaron la presidencia del Gobierno. Si por alguna razón personal decidió dedicar su vida a ganar dinero de esa forma, lo que debió hacer es dejar de predicar desde los púlpitos del socialismo y desaparecer de la esfera pública”. Quien así habla es un socialista que, el martes por la mañana, era escéptico con todo lo que leía, pero el viernes admitía ya que “no vamos a tener más remedio que creer”.  

¿Fin de ciclo?

La resolución del juez Calama ha extendido una sombra de sospecha sobre el presidente y su entorno más cercano, además de señalar a sus hijas por el cobro de un millón de euros de la trama que se investiga a través de la empresa Whathefav de la que son administradoras y socias. Algo que, para la inmensa mayoría de los socialistas, resulta más incomprensible aún: “Si la motivación inicial era solucionarles la vida a las chicas, lo que ha hecho es complicar su existencia hasta el resto de sus días”. El dolor es más intenso entre los correligionarios de Zapatero cuando se proyecta el efecto que todo esto ha podido provocar en la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, una mujer prudente y discreta, que siempre huyó de todo foco. 

Hoy ya nadie en el PSOE habla de la baraka o la buena estrella que durante años se dijo que velaba por un Zapatero que se definía a sí mismo como un optimista antropológico, sino de lo que todo este asunto puede suponer para Pedro Sánchez: si la legislatura ha entrado definitivamente en barrena; si el presidente podrá aguantar el calvario judicial que el PSOE y su propia familia tienen por delante; si los socios aguantarán la presión de la derecha; si se anticiparán las elecciones o si el fin de este ciclo político será más estruendoso aún de lo ya previsto. 

Al latido de decepción que palpita en toda la organización se une además un sentimiento de fin de ciclo que muy pocos disimulan, pero con el que el presidente del Gobierno ha decidido marcar distancias. 

La respuesta de la oficialidad es un no rotundo a posibles consecuencias políticas tras lo que destape la investigación sobre Zapatero: “Nada de lo que llena las portadas de los diarios estos días precipitará unas elecciones; el presidente está mucho más tranquilo que cuando se conocieron los casos Ábalos o Cerdán y no vamos a aceptar un relato fraccionado por la derecha de que la continuidad del presidente Sánchez es insostenible”.

“Ni esto es Latinoamérica, ni un Estado criminal corrupto, ni Sánchez y su gobierno están aquí para robar a los españoles, que es una narrativa construida por Feijóo y por Ayuso de escaso recorrido. Nos enfrentamos a la superproducción de una realidad aumentada por la caverna”, aseguran fuentes de La Moncloa. 

¿Cómo afecta entonces al Gobierno esta bomba de neutrones? “No hay que avanzar pantallas, sino esperar al sumario y hasta el momento no hay prueba incriminatoria contra Zapatero. Si todo lo que se destapa es que el expresidente o Javier de Paz usaban sus contactos para hacer llamadas e interesarse por expedientes, el PP debería ser consciente de que se ha abierto un melón muy peligroso que se le puede volver en contra”, advierten desde el equipo del presidente.

Un ministro del PSOE llama la atención sobre “la delgada línea que separa el lobbismo del tráfico de influencias, que es el elefante en la habitación de este caso y del que el PP no saldrá tampoco indemne, aunque cuente en ocasiones con la connivencia de algunos jueces”. En la sede de algunos ministerios de hecho se han empezado a rastrear llamadas y visitas de exministros de Rajoy, más recientes que remotas, a funcionarios y altos cargos para interesarse por algunos proyectos y expedientes, según confirman fuentes gubernamentales.

En la misma dirección del relato sobre un caso poco estético, pero no ilegal, transita otra voz del Ejecutivo que duda además del “origen de una investigación casi parapolicial”. Palabras mayores que transmiten que en el ámbito socialista permanece el convencimiento de que todo lo que rodea a Sánchez es resultado de una ofensiva coral de la derecha política, policial, judicial y mediática. “Motivo más que justificado —añade el mismo interlocutor— para mantener el apoyo a Zapatero y, en ningún caso, convocar elecciones”. Y por el que Sánchez ha decidido defender hasta las últimas consecuencias la inocencia de Zapatero, aunque en La Moncloa no puedan negar que hayan pasado del shock de las primeras horas a la ansiedad por conocer el alcance de la investigación cuando se haga público el sumario, que todo indica que será mañana lunes.

Córdoba y Málaga han presentado cada una su candidatura para acoger la sede de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, cuya creación está recogida en el artículo 32.1 de la Ley 2/2024, de 1 de agosto. Los órganos, de nueva creación, que van a ocupar la sede central son el consejo de la autoridad, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar, oscilando entre 30 y 60 empleados como personal destinado en la misma.

Así lo ha adelantado la Cadena SER y confirmado Europa Press por fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía. El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo con el que inició un procedimiento de urgencia para establecer la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya explicó en una rueda de prensa que este organismo estaba a la espera de elegir sede, en el marco de la política del Gobierno de evitar la concentración de organismos públicos en Madrid, con el fin de dinamizar otras capitales de provincia. El Consejo de Ministros dio la orden el pasado 10 de marzo de iniciar esa búsqueda.

Lo antes posible

La consideración de 'urgente' respondía a la necesidad de que este nuevo organismo comience a funcionar lo antes posible. Una vez aprobado su Estatuto orgánico y articulado su marco jurídico, la determinación de la sede será una pieza indispensable para realizar las actuaciones que permitan su funcionamiento efectivo, como el nombramiento de personal que integrará el consejo, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar.

Frente a la estructura existente actualmente, compuesta de tres comisiones de investigación, distribuidas según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil), se crea un organismo único multimodal que asume las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El organismo, con naturaleza jurídica de Autoridad Administrativa Independiente, tiene como propósito reforzar la independencia para el desarrollo de las obligaciones en materia de investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transportes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir futuros accidentes a través de la realización de investigaciones técnicas que permitan determinar las causas de los accidentes e incidentes y establecer las medidas correctivas que resulten pertinentes.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha informado este martes de su disposición a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para la participación de la Comunidad Autónoma en los aeropuertos que tienen calificación de interés general, que podría cerrarse en una comisión bilateral en junio.

En un comunicado, el departamento que dirige Ángel Víctor Torres ha recalcado su propósito de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo canario “en los mismos términos que los establecidos con el Gobierno del País Vasco”, ha señalado el Ministerio.

El Ejecutivo autonómico reclamó en enero pasado la convocatoria de una Comisión Bilateral para concretar la participación de Canarias en la toma de decisiones de Aena o crear fórmulas específicas de gestión compartida, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

En marzo, el Gobierno alcanzó un acuerdo con Euskadi, que el Ministerio pone como ejemplo para Canarias, y que implica la participación de esa comunidad autónoma en los tres aeropuertos de interés general situados en su territorio.

El acuerdo contempla la creación de un órgano bilateral no vinculante que permitirá al Gobierno Vasco influir en las inversiones y en los planes de estas infraestructuras, mejorar la conectividad y el servicio, y tener un papel en tarifas y tasas.

Ese mecanismo no altera el régimen legal ni la autonomía de gestión de Aena, que no forma parte del órgano, además de que la gestión de los aeropuertos sigue en manos del Estado y del gestor aeroportuario.

Cabe destacar que este anuncio se hace público un día después de que el consejero de Transportes del Ejecutivo regional reclamase participar en la gestión de aeropuertos y puertos de interés general, “en política de tasas y, en definitiva, en planificación”, apelando al Estatuto de Autonomía.

Pablo Rodríguez reaccionó así en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, junto al portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, por el anuncio del Gobierno central de iniciar un proceso para traspasar a Canarias la competencia exclusiva sobre aeródromos y otras infraestructuras que no sean de interés general. Una noticia que el consejero calificó como “fake”, pese a ser una reivindicación del Gobierno canario.

Y es que Pablo Rodríguez insistió en que “lo se lleva hablando a lo largo de toda esta legislatura es de que nos transfieran los medios materiales para ejercer esa competencia” y por otro lado, pidió “participar, tal y como dice el Estatuto de Autonomía, en la gestión de los aeropuertos de interés general”.

Sin embargo, Torres tuvo que aclarar que son dos cosas diferentes, y que el anuncio de Ministerio no se trataba del mismo tema al de los aeropuertos de interés general, con el que ya pretende avanzar en negociaciones con canarias.

Por lo tanto, el Ministerio ha aclarado este martes que su interés es “seguir avanzando entre los equipos de ambos gobiernos en lo referido a las infraestructuras de transporte que tienen la calificación de interés general”, así como en iniciar “una ronda de contactos e intercambios de documentos sobre esta materia, con el objetivo de alcanzar un acuerdo, en los mismos términos que los establecidos con el Gobierno del País Vasco”.

El Gobierno muestra su orgullo por la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, pero evita relacionar su imputación con un 'lawfare' que sí insinúan abiertamente desde el Partido Socialista. “Desde esta mesa, máximo respeto a la justicia. Creo que la justicia hará justicia. Y, por nuestra parte, máxima colaboración”, ha dicho la ministra portavoz, Elma Saiz, que ha pedido respetar “la presunción de inocencia” de Zapatero.

“Le tengo tanto afecto personal a Zapatero como inquina le tiene la derecha, a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha expresado su “orgullo” por el legado político del expresidente. “Sus dos legislaturas supusieron la mayor transformación social del país por los avances en derechos. La sociedad en su conjunto bajo su presidencia derrotó a ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero”, ha remarcado la portavoz.

La respuesta templada del Ejecutivo ante una noticia de tanto impacto en el Partido Socialista y en el propio presidente del Gobierno contrasta con la reacción de Ferraz, donde se habla abiertamente de una campaña orquestada. “Trasladamos un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia”, han asegurado en fuentes remitidas a los medios, donde han añadido que “la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado los avances” que hizo durante las dos legislaturas en que fue jefe del Ejecutivo. “'El que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión”, ha criticado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en su perfil de X.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con su rescate durante la pandemia, según confirman fuentes jurídicas a elDiario.es.

La decisión de investigar al expresidente socialista ha sido acordada por el instructor del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le cita a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Zapatero ha recibido la citación a primera hora de este martes.

El Gobierno de España va a tener que volver a nombrar a Carlos García Buendía como subdelegado en Bizkaia. Una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que no se había hecho pública y cuyo contenido íntegro tampoco está disponible por el momento, anuló la primera desginación, de septiembre de 2024, al estimar que no se había motivado por qué se le había escogido a él y no a otra persona. Según informa Europa Press de fuentes judiciales, el fallo se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes que el Superior vasco ha emitido un fallo, el 000127/2026 y que, por consiguiente, la delegada en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia, deja “sin efecto” el nombramiento de García como subdelegado en Bizkaia. Fuentes del Ejecutivo central consultadas indican que se trata de una cuestión estrictamente procedimental, que “ha ocurrido en otras subdelegaciones” y que ahora se volverá a proceder nuevamente a la designación de la misma persona cumpliendo los requisitos marcados en la sentencia. “Es un formalismo, un automatismo”, indican.

García Buendía accedió al cargo en 2024. La pasada semana, aunque la resolución de “cese” aparecida en el BOE lleva de fecha el “7 de mayo”, operó como “subdelegado” en actos oficiales. Es el caso de los desfiles por el aniversario de la Guardia Civil, del 13 de mayo. La cuenta oficial de X del cuerpo así lo mencionaba. El 16 de mayo también ofreció una entrevista a Europa Press.

El Gobierno de España ha activado el procedimiento para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley universitaria andaluza, tras advertir posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española, según consta en un informe jurídico del Ministerio de Política Territorial, previo al recurso, al que ha tenido acceso este periódico.

El Ejecutivo central aprecia “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la norma andaluza, aprobada el pasado mes de febrero con el voto en solitario del PP de Juan Manuel Moreno y el rechazo en bloque de toda la oposición.

Los rectores ya advirtieron de que la ley rozaba lo inconstitucional y pusieron “en entredicho su legalidad”, aunque no recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional por carecer de competencias para ello, según explica el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva. Ha sido ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha tomado la iniciativa, al iniciar el proceso previo a la formalización del recurso de inconstitucionalidad.

La normativa establece que, antes de elevar el recurso al Constitucional, el Ejecutivo central y la comunidad autónoma afectada deben abrir una vía de diálogo para tratar de resolver el conflicto planteado. Para ello, el procedimiento exige que la Administración General del Estado convoque la Comisión Bilateral de Cooperación —el órgano de negociación entre el Estado y la comunidad autónoma— como paso previo a la impugnación de la ley.

Es precisamente en este punto donde se encuentra actualmente el proceso. Según ha podido saber este medio, el Ministerio de Política Territorial ya ha notificado a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía su intención de convocar la Comisión Bilateral con el objetivo de “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias” detectadas en la norma andaluza. Fuentes de la citada Consejería confirman a este periódico que han contestado aceptando la negociación.

Negociar para evitar la vía judicial

A partir de ahora, añaden las mismas fuentes, corresponde al Gobierno central remitir el acuerdo formalizado para iniciar los trámites de convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación. De esas conversaciones dependerá que finalmente se formalice o no el recurso de inconstitucionalidad. Si la administración autonómica acepta introducir ajustes en el texto normativo, se podría evitar la vía judicial.

No es la primera vez que el Gobierno central y la Junta de Andalucía abren una negociación en el marco de la Comisión Bilateral para frenar recurrir al Tribunal Constitucional. Hace justo un mes, ambas administraciones acordaron iniciar conversaciones para tratar de resolver las discrepancias existentes sobre la Ley de Vivienda andaluza. Además, mantienen abiertos otros frentes de negociación en torno a distintas normas autonómicas, entre ellas, la Ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía.

Existen además precedentes de acuerdos que evitaron finalmente la vía judicial. En 2022, el Estado y el Gobierno andaluz alcanzaron un pacto sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), después de que la Junta aceptara modificar varios aspectos que el Ejecutivo central consideraba invasivos de competencias estatales.

Una ley cuestionada por los rectores y sindicatos

Estos movimientos se producen apenas tres meses después de la aprobación de la norma y en plena recta final de la campaña electoral andaluza, donde la universidad se ha convertido en uno de los ejes principales del debate político. Los partidos de izquierda, que aspiran a arrebatar la mayoría absoluta a Moreno, han criticado duramente la gestión universitaria del Ejecutivo andaluz y su apuesta por la privatización del sistema académico.

La Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) ha sido una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Juan Manuel Moreno, aunque desde su tramitación ha recibido fuertes críticas tanto de los sindicatos como de las diez universidades públicas andaluzas. De hecho, este miércoles, CCOO ha solicitado al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma andaluza.

La organización sindical sostienen que la norma podría vulnerar el derecho a la autonomía universitaria en aspectos relacionados con la capacidad de autogobierno, autorregulación y autonomía económica y financiera de las universidades públicas. Y advierte de una posible invasión de competencias reservadas al Estado, especialmente en materia de figuras docentes e investigadoras.

Los rectores ya habían alertado durante la tramitación parlamentaria de que la norma se situaba “en el límite de la inconstitucionalidad” por cuanto “invade la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española” y “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Las universidades públicas también denunciaron en el texto “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria”.

En esa misma línea, el informe jurídico del Ministerio de Política Territorial analiza la LUPA y argumenta posibles incompatibilidades con la normativa estatal y con la Constitución Española. El documento concluye que existen fundamentos suficientes para activar el procedimiento de resolución de controversias ante el Tribunal Constitucional, al considerar que varios preceptos podrían vulnerar tanto la autonomía universitaria como las competencias exclusivas del Estado.

El informe sostiene que la ley andaluza introduce una regulación excesivamente intervencionista, que limita la capacidad de autoorganización de las universidades públicas andaluzas. “Con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad”, el Gobierno central propone reformar la norma, ya sea mediante una solución negociada o, en su defecto, impugnando judicialmente los artículos que puedan vulnerar el orden constitucional.

La última sentencia del Tribunal Supremo, conocida el pasado mes de marzo, ratificó que los nietos de Franco debían devolver al Estado el Pazo de Meirás. La propiedad será, así, pública, pero los descendientes del dictador tienen derecho a una indemnización por haber pasado años como ocupantes del lugar. El caso es que el Concello de Sada, la localidad costera próxima a A Coruña donde se ubica el inmueble, ha reclamado una reunión a las administraciones implicadas para iniciar por fin la definición de sus usos y su gestión.

El alcalde Benito Portela, de la lista de izquierdas y nacionalista Sada Maioría, entiende que el proceso “debe asentarse en los principios de memoria democrática, participación institucional y vinculación con el territorio”. La Xunta de Galicia, otra de las instituciones implicadas, ha reclamado el traspaso de Meirás, aunque suele defender un modelo en el que la memoria democrática no es el elemento principal y sí su condición de residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán. El expresidente Alberto Núñez Feijóo se empeñó especialmente en esta vía.

Además del ayuntamiento y del Gobierno autonómico, la comisión interadministrativa está formada también por la Deputación y el Concello da Coruña y por el Ejecutivo central. Este último, señala Portela en un comunicado, confirmó en respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG que la citada comisión “se encargará de decidir sobre las cuestiones relacionadas con el destino definitivo del inmueble, con su modelo de gestión y su posible cesión a la Xunta”. En la actualidad es el Concello de Sada el que se encarga de organizar las visitas al pazo, declarado Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno español.

La tostada siempre cae al suelo del lado de la mantequilla. La información más importante de cualquier mapa está en el doblez o en el borde. Los pares de calcetines siempre van de dos en dos antes de entrar a la lavadora y de uno en uno al salir de ella. La otra cola siempre es más rápida. Llevar un paraguas cuando hay previsión de lluvia hace menos probable que llueva. No importa cuántas veces se demuestre una mentira, siempre quedará un porcentaje de personas que creerá que es verdad. Las cosas que buscas siempre están en el último sitio en el que miraste. Y si algo puede salir mal, saldrá mal. Son las ocho leyes de Murphy, que tienen algo más de fundamento de lo que puede parecer. A veces incluso cuentan con investigaciones y pruebas que las respaldan. 

Bien sabe Pedro Sánchez que todo, en la vida y en política, es susceptible de empeorar. En su caso, desde luego. Es el presidente que más desgracias ha tenido que afrontar desde que habita en La Moncloa: una pandemia, una nevada histórica, la erupción de un volcán, dos guerras, una dana, un apagón, la entrada en prisión de dos secretarios de Organización del PSOE, la imputación de su esposa, la de su hermano… Y una implacable ofensiva judicial y mediática como no se recordaba desde los tiempos de Felipe González y el llamado “sindicato del crimen” que rozó la estabilidad del propio Estado, según la confesión años más tarde de Luis María Anson.

¿Algo más? Un crucero afectado por un brote de hantavirus. Cuando esta semana acababa el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo y el PSOE se debatía entre el alivio por las declaraciones de Ábalos y Koldo y la indignación por las acusaciones sin pruebas del empresario corrupto Víctor de Aldama, de repente estalla una nueva crisis sanitaria. Y, aunque ya está decidido que ninguna persona baje del crucero MV Hondius cuando llegue este domingo a Canarias hasta que no haya un avión medicalizado preparado para recogerlos para que no tengan contacto alguno con la población local, el recuerdo reciente de las muertes por coronavirus ha desatado cierta alarma entre una parte de la población después de saber que en el barco han fallecido tres personas por hantavirus y otras cinco han presentado síntomas. 

La oposición, de nuevo, a la carga. Y horas y horas de televisión, con el último minuto. Ni un día de respiro. Las embestidas contra el Gobierno por la falta de transparencia y las dudas sobre la profesionalidad de los técnicos que han tomado las decisiones no se han hecho esperar. Un déjà vu de lo ya vivido durante la pandemia al que ha contribuido, dicho sea de paso, la confusión entre los mensajes emitidos por los ministerios de Defensa y Sanidad con versiones contradictorias sobre la obligatoriedad de hacer cuarentena a los españoles que desembarquen en Granadilla.

A Feijóo no le basta con que desde el Gobierno se llame a la tranquilidad entre tanta confusión y exige decisiones basadas con criterios científicos. De hecho, ya ha pedido documentación que avale las decisiones tomadas sobre el hantavirus y los expertos contactados por el Ejecutivo. El PP ya habla, sin tener información y sin escuchar a la OMS, de “caos absoluto” y critica la falta de contactos con Feijóo, como líder de la oposición, y con los gobiernos autonómicos afectados. Esto último, algo incierto, ya que Sánchez dio instrucciones a sus ministros la mañana del miércoles para que hablaran con cada uno de ellos. Aun así, el canario Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha acusado al Gobierno de trasladar a Tenerife “un grave problema de salud pública que estaba a más de 1.500 kilómetros de distancia”. En realidad, el crucero —con virus o sin él— hubiera acabado su travesía en Canarias porque era su itinerario.

“Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis, mucho más con lo que hemos vivido en el COVID, cuando necesitamos certezas y cuando lamentablemente el gobierno no las ofrece”, afirmó Feijóo en un mitin poco después de que el Gabinete de crisis del Gobierno se hubiera reunido por primera vez y coordinado las primeras decisiones. Los ministerios de Sanidad, Exteriores, Interior, Transportes y Política Territorial integran está célula que preside el propio Sánchez, que en estos días, según fuentes de su entorno más cercano, “vive una nueva catarsis” tras “el hostigamiento judicial” a Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado acaba de rechazar esta semana el archivo de la investigación contra la esposa del presidente y ha insistido en enviarla a un juicio por jurado popular, tras su procesamiento por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

“Vamos a esperar a lo que digan la OMS y la UE”, recomendó Sánchez a su equipo ante las primeras noticias sobre el virus que viajaba en el barco. Quienes asistieron a las primeras conversaciones sobre el asunto con el presidente aseguran que recibió con “absoluta tranquilidad el asunto, dada la experiencia que acumula en la gestión de sucesivas crisis”, y pese a la seguridad de que la oposición convertiría de nuevo un problema sanitario en político.

“El manual anticrisis lo tenemos más que ensayado y, por experiencia, sabemos que esta vez tampoco podemos contar con la colaboración del PP. Nunca la hemos tenido”, se escucha en las dependencias “monclovitas”. Lo cierto es que las demandas de Feijóo para afrontar esta crisis que enumeró en medio de un mitin electoral “están más que satisfechas por el Gobierno, y aun así sigue enredando”, añaden los mismos interlocutores.

Feijóo emplazaba al Gobierno a transmitir tranquilidad, a guiarse por las decisiones de la ciencia, a tener lealtad institucional y no generar alarma. Lo único que ha satisfecho Sánchez es, como le pedía el líder de la oposición, apartar de las candidaturas a las elecciones autonómicas a sus ministros. Pero eso es algo sobre lo que la oposición tiene escaso margen de maniobra y el secretario general del PSOE, manga ancha.

En La Moncloa llevan días siguiendo las instrucciones de la OMS y haciendo pedagogía para explicar que “no estamos ante un covid porque este virus es altamente controlable”, pero las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, por la llegada del barco a las islas, las dudas del PP sobre la eficacia del Gobierno y las teorías de la conspiración alentadas por Vox han subido aún más los decibelios de la atronadora conversación pública. Pero entre el ruido y la astracanada, el Ejecutivo ha celebrado siete reuniones en un mismo día, mantenido contacto por videollamada con el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, con la Comisión Europea y conversado telefónicamente con los presidentes regionales que tienen ciudadanos de sus territorios en el barco. Y apagó también, dicho sea de paso, un incendio provocado por la disparidad de mensajes emitidos desde Sanidad y Defensa por el confinamiento de los españoles que iban dentro del barco. El “bombero” Bolaños otra vez tuvo que sofocar las llamas con los informes jurídicos pertinentes y tres leyes, una de ellas procesal, sobre la mesa para aclarar el entuerto. 

Prueba de que todo está controlado, dicen, es que de momento no ha hecho falta convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Por crisis ya gestionadas, no será.

“Se me ocurren cosas mejores que podría hacer el Gobienro de España que impugnar constantemente todas las iniciativas de La Rioja”. Así lo ha dicho el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en el Parlamento regional en su defensa de la Ley de Simplificación Administrativa y refiriéndose al hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja y la decisión del Consejo de Ministros de recurrir la medida fiscal de La Rioja de apoyo al mundo rural. Ambas cuestiones por considerar que invaden competencias.

El presidente riojano, tras relatar como un buen gobierno tiene que buscar todas las maneras de favorecer al ciudadano en el marco de la ley “y reforzarla si es preciso”, se ha dirigido directamente al líder socialista, Javier García: “Ustedes pueden opinar lo que quiera”, le ha dicho a García, al que ha acusado de que “parece que le hace ilusión cuando se producen cosas negativas para La Rioja”.

“Pero le puedo decir que a los riojanos, que el Gobierno de España impugne iniciativas que salen de esta cámara (...) no les hace gracia”, ha añadido mientras consideraba que el Gobierno de España podría hacer “cosas mejores” como “presentar presupuestos, una actividad mucho más constitucional”. “En eso sí tendría que poner esfuerzo”, ha dicho.

En este sentido, ha señado que el hecho de que no haya presupuestos generales le costó el año pasado al Gobierno de La Rioja un millón de euros en créditos por no contar con las entregas a cuenta, y este año le costará dos millones de euros. Y ha criticado, sobre todo, que se hayan recurrido ante el Tribunal Constitucional las ayudas fiscales al mundo rural (al considerar que no es competencia autonómica), algo que “a ningún riojano que viva en el mundo rural le hará gracia”. En definitiva, ha dicho, “es poner obstáculos a que los riojanos se desarrollen con beneficios fiscales”, considerando que esto sí es “defenderlos” y el Gobierno central tiene “otras cosas que hacer que oposición al Gobierno de La Rioja y pleitear”.

El Gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional la medida fiscal de La Rioja de apoyo al mundo rural por considerar que “está incurriendo en competencias de otra administración”, ha explicado hoy la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz. El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, en concreto, en referencia al medio rural.

En concreto, se trata de una deducción de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural. De esta forma, los contribuyentes con residencia habitual en algún municipio de La Rioja que inicien una actividad agraria como trabajador por cuenta propia podrán aplicarse una deducción de mil euros en la declaración correspondiente al ejercicio de inicio, siempre y cuando se mantengan los requisitos de residencia y actividad durante los doce meses siguientes al alta.

La fundamentación del recurso se basa en que se considera una deducción incompatible con las competencias de que disponen las Comunidades Autónomas, ya que se trata de una deducción vinculada al ejercicio de actividades económicas. Arraiz, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre otro asunto, ha explicado que el Estado mantiene que, pese a que el impuesto esté cedido, “la normativa básica” la establece el Gobierno de España.

Ha relatado que el Gobierno central considera que La Rioja “está incurriendo en competencias de otra administración” y se inicia el procedimiento tras no haber alcanzado un acuerdo en una comisión bilateral. “Es más habitual de lo que parece este tipo de situación en todas las comunidades autónomas, lo que ha ocurrido aquí es que el Estado ha considerado que la comunidad autónoma de La Rioja está incurriendo en competencias al establecer bonificaciones en una materia que a ella no le compete”, ha indicado.

Ni Koldos, ni Ábalos, ni Peinados…. Barcelona ha apartado durante 48 horas al presidente del Gobierno de la toxicidad que desprende la conversación pública nacional y le ha permitido elevarse por encima de la política doméstica. Uno diría que, a falta de debates de altos vuelos, Pedro Sánchez busca trascender fronteras y proyectar a toda costa su innegable influencia global del “no a la guerra” para remontar el vuelo. Lo haga en busca de un legado, de la redefinición de su liderazgo más allá de las restricciones internas o de la paz mundial, su adversario no parece que sea ya Alberto Núñez Feijóo, sino el mismísimo Donald Trump y la ola ultraderechista que recorre el mundo. 

Durante un par de días, en Barcelona, se ha erigido en azote de la ola autoritaria que recorre el mundo, un papel que ha visto reforzado y reconocido en Europa y en América sin duda por su tensión con Trump y su firme oposición a las veleidades bélicas de la Administración norteamericana. Y así se ha dado un baño de progresismo global, no en una, ni dos, sino en tres cumbres internacionales que han situado la mirada única y exclusivamente sobre el turbulento escenario mundial. Una bilateral España-Brasil en la que Sánchez y Lula da Silva se han conjurado para hacer frente al autoritarismo y espantar la sombra del fascismo. La IV Reunión en Defensa de la Democracia con la participación de los presidentes de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica, Uruguay y Lituania. Y la Global Progressive Mobilisation, en la que un centenar de líderes de la izquierda de todos los continentes se han conjurado en defensa de las instituciones y el multilateralismo, contra la desinformación y el extremismo y la desigualdad.

Y es que mientras en España, las derechas dibujan al presidente como un líder aislado y en decadencia “rodeado de corrupción”, fuera de ella se le aplaude, se le admira y suma aliados para su cruzada contra la ola autoritaria que proyecta la sombra del fascismo, como se ha podido comprobar este fin de semana. Políticos de todos los continentes, así como académicos, activistas, sindicalistas, influencers y varios presidentes de gobiernos, principalmente de América Latina, han compartido una misma visión del mundo y hecho una encendida defensa del Derecho Internacional, el multilateralismo y la paz. 

Sánchez, por tanto, no está solo en su propósito de liderar un espacio progresista, renovar el orden internacional y poner freno a la industria de la mentira, el odio y la violencia verbal. En la ciudad condal, con Salvador Illa y Jaume Collboni de anfitriones, le acompañaron los presidentes de Brasil (Lula Da Silva), México (Claudia Sheinbaum), Colombia (Gustavo Petro), Sudáfrica (Cyril Ramaphosa) y Uruguay (Yamandú Orsi). Pero también la primera ministra de Barbados (Mia Amor Mottley), el presidente de Cabo Verde (José María Neves), el vicepresidente de Botsuana (Ndaba Gaolathe) y la vicepresidenta de Ghana (Jane Naana), así como el gobernador de Minnesota, del Partido Demócrata, Tim Waltz, que puso en pie al auditorio con un sonoro “No es América, primero; es la humanidad, primero. Adelante, España”.

A todos ellos se sumó una buena representación de integrantes de otros gobiernos europeos como Edi Rama, primer ministro de Albania; Catherine Connolly, presidenta de Irlanda; Inga Ruginiené, primera ministra de Lituania; Lars Klingbeil, vicecanciller de Alemania y colíder del SPD; Andreas Babler, vicecanciller de Austria y líder del SPÖ o David Lammy, viceprimer ministro de Reino Unido, entre otros. Hillary Clinton, Michelle Bachelet, Bernie Sanders o el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani mandaron videos de salutación y apoyo a Sánchez y alentaron a la movilización progresista en el mundo.

Fue Lula quien cargó contra los ultrarricos y afirmó que “los multimillonarios alimentan la meritocracia, pero derriban las escaleras para que los de abajo no puedan subir” y coligió que “la desigualdad no es un hecho, es una elección política y nosotros debemos elegir la igualdad”, ha defendido“. El brasileño elogió el coraje de Sánchez y cargó contra Trump sin mencionarlo expresamente da idea de hasta qué punto comparte la agenda exterior del líder de los socialistas españoles y su negativa a que los aviones de EEUU utilicen las bases españolas para sus ataques contra Irán. 

Y es que al presidente del Gobierno se le ha quedado pequeño el tablero nacional y “está haciendo crecer el rebaño progresista” (Lula Da Silva, dixit). Lo que Isabel Díaz Ayuso llama despectivamente “gestores de la pobreza y narcoestados” y, en realidad, es una extensa representación contra el “no a la guerra” y a favor de la política exterior del Gobierno de España que también busca respuestas sobre los riesgos de la democracia y el declive de la socialdemocracia, como explicitó Lula cuando en su intervención durante la bilateral Brasil-España invitó a los asistentes a preguntarse qué ha pasado para que “la imbecilidad gane adeptos”.

Sánchez habla de una comunidad política en construcción y de un grupo de países dispuestos a hacer lo necesario para proteger y fortalecer la democracia ante un contexto en el que “vemos ataques al sistema multilateral, la impugnación de las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”. Sabe que el horizonte está cargado de incertidumbres y que la internacional ultraderechista y lo que llamó “las derechas lacayas de esta”, en clara alusión al PP, hacen mucho ruido, pero “tienen pocas ideas”.

“No gritan porque estén ganando”

“Pero que no os engañen -jaleó a los más de 6.500 asistentes a la Global Progress Mobilisation-: los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba y porque saben que su ortodoxia neoliberal ineficiente y cruel murió en 2008 con la gran crisis financiera”.

En una optimista y encendida intervención con la que pretende espantar el mantra sobre su languidez política, se mostró convencido de que no es su tiempo, sino el de la internacional ultraderechista y el de una “derecha rendida a los postulados reaccionarios” el que ha llegado a su fin. Y que así será con la utilización de tres instrumentos: la unidad entre fuerzas progresistas, países y generaciones; el orgullo de identidad de la socialdemocracia y la fe en el progreso.

Consciente de que durante años, en España y fuera de ella, las derechas han denostado la identidad progresista con insultos como ¡zurdos!, ¡progres!, ¡charos! o ¡rojos! para que se avergüencen de sus ideas y su pasado, se ha propuesto que sean ellas las que, en adelante, se abochornen. “Por callar ante la injusticia, por explotar trabajadores, por criminalizar al diferente, por convertir los derechos en mercancías y por apoyar la guerra y la violencia. En Gaza. En Ucrania. En Líbano y en Oriente Medio poniéndose de perfil como unos cobardes”, arengó ante un entregado auditorio en la Fira de la Ciudad Condal, donde aventuró también que la rendición de la derecha “al negacionismo climático, a la xenofobia y al machismo de la internacional ultraderechista ha sido un error del que no podrán dar marcha atrás”.

La reserva moral de la izquierda

Ante esta especie de guadiana emocional en la que acostumbra a vivir el PSOE, ministros, dirigentes de todas las federaciones socialistas y cargos intermedios reunidos en Barcelona en esta especie de chute moral ven una oportunidad en que el liderato de Sánchez traspase fronteras y haya reunido durante dos días a la reserva moral del progresismo mundial. Eso sí, también se preguntan si todo ello servirá para dar la vuelta a la tozuda realidad demoscópica, que arroja una inequívoca mayoría del bloque de las derechas en España.

“El partido no existe. Su latido es inaudible. Muchos cargos están convencidos de que viene un fin de ciclo y aquí cada uno está buscándose ya las habichuelas, si bien todo el mundo reconoce que Sánchez tiene arrojo y que en 2027 puede volver a dar la sorpresa como ya pasó en 2023”, analiza un socialista madrileño. Luego está el análisis en profundidad de los datos, tras los que asoman que “todo es complicado porque además nuestro líder se ha convertido en una apisonadora de la izquierda alternativa a la que se está comiendo y ni hay trasvase entre bloques”, añade un eurodiputado de la delegación española. “Nada es imposible”, tercia en la conversación un veterano socialista balear. “Hay claros síntomas de que la ola ultraderechista ha tocado, si no techo, sí pared”, defiende el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en conversación con los informadores antes de que concluyera la cumbre progresista y mientras suena Imagine, de John Lennon, en un plenario entregado.

Próxima edición, en México

Lo que cada día parece más claro es que el presidente del Gobierno ya no compite con Alberto Núñez Feijóo, sino con Trump y que piensa explotar su liderazgo internacional lo que haga falta para sacar a la socialdemocracia española de la depresión antes de enfrentarse a las urnas. Una estrategia que no parece baladí y que en la Global Progressive Mobilisation, cuya siguiente edición se celebrará en México, hubo quien la comparó con la que en su día desplegó Ayuso para salir de la refriega madrileña y elevarse a la escena nacional para confrontar solo con el jefe de Gobierno. “Sánchez ha visto en Trump lo que la condesa de Quirón vio en su día en el líder nacional de los socialistas y que tan buenos resultados le dio entre su electorado”, ironiza otro de los asistentes. De hecho, en La Moncloa saben que cada vez que el presidente de los EEUU desprecia al gobierno español o a su presidente con la palabra, en el parqué internacional sube la cotización de Sánchez.

El presidente sabe que la respuesta a la ola ultra debe ser ofensiva, nunca defensiva, y que como prioridad hay que afrontar una renovación “urgente y en profundidad” del orden multilateral para el que como primera medida dijo ha llegado el momento de que sea una mujer quien dirija las Naciones Unidas “por justicia y por credibilidad”.

Y así fue como acabó este sábado bien entrada la tarde ya el festival de los sueños progresistas, que solo el tiempo y las urnas dirán si es posible convertirlos en realidad. Hasta entonces, como en Imagine, nothing to kill or die for (nada por lo que matar o morir), living life in peace (viviendo la vida en paz).

La Generalitat Valenciana ha anunciado este martes su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno para la regularización de inmigrantes, al entender que “llega sin ningún tipo de previsión ni recursos y que va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana”.

En un comunicado remitido esta noche, el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca advierte de que una medida de estas características, “adoptada sin una memoria económica clara ni coordinación con las comunidades autónomas, puede provocar un incremento notable en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial”.

Desde el Consell se asegura que están comprometidos “con una política migratoria ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida, así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana”.

Asimismo, la Generalitat solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso para “evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico”.

El Consell, según el comunicado, pide al Gobierno de España que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas “que permita abordar la cuestión migratoria desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado la declaración ambiental al macreólico Satrebares, proyectado en media docena de municipios de las provincias de A Coruña y Lugo con casi una treintena de aerogeneradores y 125 megavatios de potencia. Así figura en los datos del proyecto que publica Transición Ecológica en su sede electrónica, en donde se indica que el 31 de marzo de 2026 se emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Ahora, falta por publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta resolución completa para conocer la argumentación del Ministerio sobre la negativa.

Este parque eólico y su infraestructura de evacuación, promovido por Maracaibo Solar, abarcaba los municipios de Guitiriz (Lugo), así como los coruñeses de Monfero, Abegondo, Aranga, Curtis y Oza-Cesuras. Tenía previsto instalar 29 aerogeneradores.

Al respecto, el BNG de Guitiriz ha mostrado su “satisfacción” por esta decisión del Ministerio, lo que supondrá la “paralización definitiva” del proyecto. Agrega que “ponía en grave riesgo el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el modo de vida del rural”. “Hoy demostramos que cuando el pueblo se organiza y cuenta con herramientas políticas firmes, los gigantes eléctricos no son invencibles”, ha afirmado el portavoz local del Bloque de Guitiriz, Alfonso Losada, en relación con las más de 1.500 alegaciones presentadas por la movilización vecinal.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo venía rumiando desde el año pasado, en el mes de enero avisó de que se está preparando y en el último día de marzo de 2026 se ha confirmado: habrá una demanda contra el Gobierno de España por incumplir el compromiso- regulado en el Plan Hidrológico del Tajo- de cambiar las normas para explotar el trasvase Tajo-Segura, que envía agua desde el complejo Entrepeñas-Buendía, en la cabecera del Tajo, hacia las provincias de Alicante, Murcia o Almería a través de un acueducto que conecta con el río Segura.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la autorización para que se interponga una demanda en el ámbito contencioso-administrativo para obligar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a cumplir su propia normativa estatal.

Lo detallaba la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez en una comparecencia en el Palacio de Fuensalida y minutos después, desde Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a la cuestión reconociendo -tras meses de dilatar la decisión- lo “duro” de tener que denunciar en los tribunales “con importantes consecuencias” a un Gobierno “del mismo partido político”, el que preside Pedro Sánchez.

García-Page visitaba hoy el Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral en Talavera de al Reina y ha insistido en la “falta de cumplimiento” de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo. Algo que considera que podría entenderse por muchos servicios jurídicos como un “delito ecológico”. Hay que recordar que el propio ministerio pidió hace unas semanas esperar a las resoluciones del Tribunal Supremo que todavía debe dirimir dos recursos pendientes.

“Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un gobierno que es de su mismo partido político”, comentaba.

“Un año de margen” para el cambio que no llega

El presidente castellanomanchego ha recordado que han dado “más de un año de margen” para la ejecución de las sentencias pero, finalmente, han tenido que tomar una decisión “práctica y clara”.

En todo caso, ha confiado en que haya “solución” para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a “retirar el pleito” contra el Gobierno de España.