Los Gobiernos central y vasco han acordado reforzar su colaboración para la localización de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Así, coordinarán censos de víctimas y mapas de fosas para “avanzar en el derecho a la verdad, la memoria y la justicia”. El Consejo de Gobierno vasco, celebrado este jueves en el Palacio Miramar de Donostia, ha aprobado, a propuesta de la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el convenio de colaboración entre el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para “actualizar y compartir información sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.

Según ha explicado el Gobierno vasco, este acuerdo “permitirá coordinar y actualizar los censos de víctimas y los mapas de localización de personas desaparecidas de ambas administraciones, facilitando su integración y consulta conjunta”, recoge Europa Press. Además, la transferencia mutua de datos e información “permitirá la actualización coordinada de los censos de víctimas, así como del mapa de localización de personas desaparecidas”, lo cual “favorecerá la búsqueda e identificación de personas vascas desaparecidas fuera de Euskadi y, de la misma manera, aumentará las posibilidades de identificación de personas procedentes de otras comunidades autónomas fallecidas en nuestro territorio”.

Del mismo modo, el convenio “impulsará la actualización del mapa de fosas de Euskadi y su incorporación al mapa integrado del conjunto del Estado”. Esta actuación está recogida en el Plan de Actuación de Gogora 2025-2028, que apuesta por “reforzar la coordinación entre administraciones en materia de memoria democrática, investigación y reconocimiento de las víctimas”.

Ayudas de Gogora

Por otro lado, Gogora ha convocado dos líneas de subvenciones, aprobadas también en el Consejo de Gobierno de este jueves, para la recuperación de la memoria histórica y democrática en 2026 por un total de 152.500 euros. Estas ayudas financiarán proyectos de asociaciones y fundaciones, así como la publicación de libros sobre la memoria democrática de Euskadi.

La dotación total se distribuirá en dos líneas, 112.500 euros para proyectos de recuperación de la memoria histórica promovidos por asociaciones y fundaciones de Euskadi, y 40.000 euros para la publicación de libros dedicados a la recuperación de la memoria democrática.

Entre las novedades de la convocatoria dirigida a asociaciones y fundaciones, el Gobierno vasco ha destacado “la eliminación del criterio que valoraba la aportación de recursos económicos propios o procedentes de otras ayudas, con el objetivo de facilitar el acceso a las subvenciones”.

Por su parte, la convocatoria para publicaciones mantiene abierta la participación a entidades radicadas tanto en Euskadi, como en Navarra, y amplía igualmente el plazo de justificación hasta el 15 de enero de 2027. Con estas dos convocatorias, el Gobierno vasco ha resaltado que reafirma su compromiso con “la recuperación y divulgación de la memoria histórica y democrática, apoyando el trabajo de entidades memorialistas y fomentando la creación de contenidos que contribuyan al conocimiento y transmisión de nuestra memoria colectiva”.

Acaba el verano y no refresca en Ceuta, cada vez más caliente. Hay violencia en la calle: trabajadores humanitarios de Cruz Roja agredidos y grupos organizados que bloquean los alimentos para los migrantes. Por supuesto no faltan agitadores dispuestos a comprobar en cada dana, incendio o crisis migratoria, dónde está el borde incandescente y cómo llevarnos a él.

Ahora sabemos que ni siquiera una emergencia como la de Ceuta —crisis geopolítica, europea, doméstica y social al mismo tiempo— va a empujar a los dos grandes partidos a alcanzar un acuerdo en algo. O al menos acercarse. O siquiera a hablar, por Dios.

No es el mejor curso para proponer un gran acuerdo. Lo sé. Pero la tensión institucional está al límite. Vivimos en campaña permanente y, con numerosas elecciones por delante, la división crecerá. La cuestión es cuánto margen hay para que aumente, estando ya en el borde incandescente de Ceuta, con las manifestaciones que el PP intentará protagonizar el miércoles próximo. Otro noviembre nacional en septiembre. Otra vez Vox frotándose las manos.

Las primeras elecciones relevantes serán las de medio mandato de EEUU, en noviembre. Trump comenzó su campaña con imágenes de Ceuta: advirtiendo que sucedería lo mismo si ganaban los demócratas en EEUU. Como Pedro Sánchez se ha convertido en la némesis global de Trump, estas elecciones tendrán un eco especial en España. Si los republicanos pierden la mayoría en las dos cámaras, el presidente del Gobierno verá reforzada su tesis de que a los ultras se les gana en las urnas: lo que él hace. Pero los resultados al otro lado del Atlántico influirán también en las elecciones de 2027 en Francia, cruciales para toda Europa, y en Italia.

Aquí tendremos en 2027 comicios municipales y autonómicos, además de generales. Nadie va a tender la mano. Y es un error. Hay un extrañamiento de la ciudadanía con los partidos políticos por distintas razones: una es que parecen importarles más sus guerras de poder que los problemas de la gente. Otra, no menor, es que en nuestra realidad cotidiana, no nos resulta extraño estar de acuerdo en una cosa con vecinos que votan a un partido distinto al nuestro.

La certeza de que siempre hay algo que te une al otro se destruye al encender la televisión. En las narrativas políticas de medios y redes, el matiz ha muerto: no hay posibilidad de aceptar un argumento, una observación del otro. No es que falte sentido común, sino un sentido de lo común: ver lo que nos une. Resulta increíble que con una guerra abierta en Oriente Próximo y otra en Europa Oriental, con el derecho internacional triturado y la UE debilitada, los españoles no veamos ese algo compartido que vale la pena preservar.

¿Existe alguien que pueda hacer algo para mejorar este clima? En los bosques, los árboles más viejos y más grandes tienen raíces inmensas que conectan todo lo demás: unen la copa con las raíces y redistribuyen recursos por todo el subsuelo. Los árboles grandes y viejos de nuestro país son los expresidentes. Y dan ganas de llorar: Aznar decidió que Ceuta era el lugar de su selfie veraniego, Zapatero está embrollado con las joyas, González no es imparcial ni para los socialistas y Rajoy opina que es very difficult todo esto. Usan su capital político para actuar en modo ideológico o lucrativo.

El siguiente árbol grande, en términos simbólicos, es el rey. Redistribuir savia fresca sería tan sencillo para él como convocar una comida y reunir a gente que tiene problemas para levantar el teléfono, hablarles de España, el Estado, el interés común, en fin, esos tópicos tan poco sexies que él encarna. De un rey se espera que haga algo más que su propia fotosíntesis, ya que no sufre ni la presión de las elecciones ni la del CIS. Podría arriesgar una vez, aunque sólo sea para saber qué se siente.

La perspectiva de esta rentrée es que aún se tensará más la cuerda. Antes los partidos se alejaban al acercarse las urnas. Este curso no va a suceder eso; vamos a constatar cómo la campaña permanente ha abolido la idea de que exista un periodo para gobernar distinto del electoral. El tiempo político ha mutado a urgencia y ansiedad. Y quienes están por encima de ese tiempo no ven nada. O lo ven y no hacen nada.

El secretario general del PSOE Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, será el encargado de coordinar dentro del Gobierno la situación provocada por la crisis de Ceuta tras la entrada de miles de personas migrantes de hace unas semanas.

Según ha adelantado El Periódico y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Política Territorial, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha pensado en Ángel Víctor Torres para designarle próximamente como coordinador en esta crisis migratoria de Ceuta.

Y es que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el PP llevaban varios días reclamando un mando único por parte del Gobierno ante la situación provocada por la entrada masiva de migrantes de finales del mes de julio en la ciudad autónoma.

Experiencia en temas migratorios

Desde el Ministerio de Política Territorial defienden que Ángel Víctor Torres cuenta con experiencia en el tema migratorio ya que fue presidente de Canarias y tuvo varias crisis migratoria durante su legislatura.

Además, destacan que dirige un ministerio transversal y que fue el impulsor de la última refoma de la Ley de Extranjería para la reubicación de menores migrantes de Canarias.

Diversos ministros han acudido a Ceuta desde el inicio de esta crisis migratoria y el presidente de la ciudad autónoma ha insistido en crear un mando único para poder centralizar la coordinación entre la administración local y el Gobierno central.

Al respecto, Ángel Víctor Torres acudió a Ceuta el pasado lunes 10 de agosto, cuando se reunió con Vivas. En esta cita, el presidente ceutí pidió al ministro un “plan específico para recuperar la normalidad” en la ciudad.

La Comisión Europea ha desembolsado este martes a España otros 6.230 millones de euros con cargo al fondo europeo de recuperación NextGenerationEU. El pago eleva a 78.000 millones la cantidad recibida hasta ahora por el país, equivalente al 76,5% de los 102.000 millones que tiene asignados, informa Europa Press.

Del importe abonado este martes, 5.970 millones corresponden a la sexta solicitud de pago, que Bruselas aprobó parcialmente el pasado 2 de julio. Otros 265 millones proceden de dos hitos que habían quedado suspendidos en el marco de la quinta solicitud y que el Ejecutivo comunitario ha dado ya por cumplidos, tras evaluar las medidas y documentación aportadas por España.

El desembolso llega después de que el Comité Económico y Financiero del Consejo emitiera su opinión favorable sobre la evaluación de la Comisión, último paso antes de hacer efectivo el pago, y cuando España ha cumplido ya el 60% del conjunto compromisos incluidos en su Plan de Recuperación.

La sexta solicitud, presentada por el Gobierno el pasado 3 de marzo, está vinculada a reformas e inversiones en ámbitos como la construcción de vivienda, el sistema sanitario, la movilidad sostenible, la digitalización de la red ferroviaria transeuropea de transporte y los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.

Tres objetivos pendientes

La evaluación de otros tres objetivos incluidos en la sexta solicitud de pago continúa pendiente, después de que Bruselas no pudiera certificar en julio su cumplimiento por dudas sobre los mecanismos utilizados para verificar su ejecución.

Se trata de inversiones relacionadas con la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas, tres objetivos para los que España planteó posteriormente modificaciones en la adenda de cierre de su Plan de Recuperación.

La Comisión dio el pasado viernes una evaluación preliminar positiva a esta revisión, que incorpora los ajustes negociados con Bruselas para precisar los elementos de verificación de estos tres objetivos y facilitar así su evaluación definitiva.

La adenda, aprobada previamente por el Consejo de Ministros, modifica además la redacción de 121 hitos y objetivos y 101 medidas del plan español para facilitar su ejecución y evaluación en la recta final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

España afronta ahora la fase final del Plan con la preparación del séptimo y último desembolso, que supondrá la revisión de otros 146 compromisos, después de que el Gobierno haya ajustado también el paquete de préstamos para reducir los recursos que finalmente solicitará ante la menor ventaja financiera que ofrecen actualmente frente a otras vías de financiación.

El calendario europeo obliga a los Estados miembro a completar todos los objetivos pendientes antes de que termine agosto y presentar sus últimas solicitudes de pago antes de finales de septiembre, con vistas al cierre definitivo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a finales de 2026.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha realizado este balance durante una comparecencia en la que ha repasado los ocho años de gestión del Ejecutivo central en la región, un periodo en el que, a su juicio, Extremadura “ha vivido una gran transformación” gracias a las inversiones públicas y a las medidas de carácter económico y social impulsadas por el Gobierno.

Entre los principales proyectos estratégicos, Quintana ha subrayado la participación de Extremadura en iniciativas de ámbito nacional como el PERTE Chip, que prevé una inversión de 2.350 millones de euros para el proyecto de Trujillo, de los que 752 millones corresponden a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. También ha citado los 300 millones de euros contemplados en el PERTE del Vehículo Eléctrico para la futura gigafactoría de Navalmoral de la Mata y los 182,3 millones destinados al PERTE de Energías Renovables.

En materia de infraestructuras, el delegado ha señalado que desde 2018 el Gobierno ha invertido 2.000 millones de euros en transporte, con actuaciones relacionadas con el ferrocarril y la red viaria. Entre ellas, ha mencionado el avance de proyectos como la autovía A-58 entre Cáceres y Badajoz y la variante de Zafra en la carretera N-432.

Quintana también ha destacado inversiones en infraestructuras hidráulicas, como las depuradoras de Don Benito y Cáceres, así como actuaciones culturales, entre ellas la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y la rehabilitación del Museo de Cáceres. Asimismo, ha aludido a las partidas destinadas a la prevención de incendios forestales y a programas dirigidos a combatir la violencia de género.

En el ámbito social, el delegado del Gobierno ha puesto el acento en medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que, según ha indicado, beneficia a más de 70.000 trabajadores extremeños, así como el incremento de las pensiones, las políticas de empleo y las actuaciones en materia de vivienda.

Respecto a la educación, ha asegurado que las inversiones en Formación Profesional se han duplicado durante este periodo, lo que ha permitido crear 8.774 nuevas plazas, mientras que alrededor de 26.000 estudiantes reciben becas. En materia de vivienda, ha señalado que el Ejecutivo mantiene su apuesta por facilitar el acceso al parque residencial.

José Luis Quintana también ha destacado que Extremadura recibirá en 2026 un 56 % más de recursos para financiar los servicios públicos que en 2018. En este sentido, ha señalado que las entregas a cuenta alcanzarán los 4.819 millones de euros, la cifra más elevada registrada hasta la fecha.

El delegado del Gobierno ha defendido que todas estas inversiones “se traducen en oportunidades, derechos, empleo, cohesión territorial y mejora de la vida” de la ciudadanía y ha asegurado que “nunca antes Extremadura había contado con tal nivel de inversión” como el recibido con el actual Gobierno de España.

El colectivo Pasaje Seguro ha cuestionado la tibieza de la Delegación del Gobierno de Cantabria con los señalamientos xenófobos a los centros de menores migrantes y ha pedido que “impulse y lidere” las denuncias a quienes “incumpliendo la ley” señalan la ubicación de los centros de acogida.

En una reunión celebrada con Santiago García, secretario general de la Delegación del Gobierno, han pedido además que “persigan con interés y eficacia cualquier acto de hostigamiento a estos centros, extremando tanto la vigilancia como la reacción y propuestas de sanción de los cuerpos de seguridad del Estado”, después de que se ha constatado que dichos señalamientos de la ubicación de los centros de acogida se han producido -especialmente en redes sociales- pero no constan propuestas de sanción ni denuncias de oficio por los cuerpos de seguridad del Estado de estos graves hechos.

En paralelo, Pasaje Seguro reclama que el delegado del Gobierno, que también es secretario general del PSOE, reaccione “con una mayor contundencia” que la mostrada en Cartes, ante alcaldes u otros responsables políticos “que se muestran titubeantes a la hora de lanzar un mensaje de acogida en sus ayuntamientos”. “La tibieza no es buen arma para frenar el discurso de odio”, estiman desde el colectivo.

En el mismo sentido, se ha solicitado que la Delegación de Gobierno abra cauces de comunicación con otros grupos políticos -en concreto con la portavoz parlamentaria del PRC- para pedir institucional y formalmente la máxima colaboración para frenar el discurso de odio y xenófobo “puesto que no se puede olvidar que dicho partido tomó posición en Castro por la manifestación en contra de la acogida y los Derechos Humanos”, subrayan.

En la reunión, también se ha repasado la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en las concentraciones a favor y en contra de la acogida de los menores y se ha solicitado que se garantice la máxima profesionalidad de la intervención “evitando actitudes de afinidad e incluso compadreo con quienes promueven el discurso de odio”, explican desde el colectivo. Para ello, reclaman la necesaria formación “en antirracismo, antifascismo y Derechos Humanos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

Reproche al delegado

Por último, Pasaje Seguro mostró su malestar por el hecho de que la reunión no haya sido con el delegado, sino con el secretario general de Delegación y además casi 5 meses después de ser solicitada, “lo cual demuestra poco respeto hacia los colectivos sociales que, como Pasaje Seguro o Las Calles Contra el Fascismo, que también había solicitado la reunión, luchan a pie de calle por los valores democráticos que el delegado dice defender”, reprochan.

Alfonso Rueda insiste en su rechazo a la ley que, aprobada en el Congreso con el voto de todos los partidos excepto los de PP y Vox, abre la puerta a una reclamación política de décadas en Galicia: el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico, la AP-9. Según la tesis del presidente de la Xunta, la norma ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, diluye los compromisos económicos del Estado, algo que la izquierda niega. En todo caso, y tras apoyar el voto en contra de su partido, Rueda pide ahora una “comisión bilateral” con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”.

El presidente explicó su solicitud tras acordarla en la última reunión semanal de su gabinete antes del parón de agosto. “Es un paso previo a la reunión de la comisión mixta de transferencias”, aseguró. Es a esta a la que ha remitido el Ejecutivo de Pedro Sánchez para concretar las condiciones del traspaso. Rueda volvió a repetir que el texto legislativo del Congreso hace desaparecer las garantías económicas que sí incluía el acuerdo unánime -PSdeG, BNG y PP- del Parlamento de Galicia.

Su artículo número 2 dice literalmente que “el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia deberá tener en cuenta la transferencia de los medios materiales y presupuestarios necesarios y la suscripción de los instrumentos jurídicos de desarrollo que prevea el citado Acuerdo”. La norma añade que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”, incluidas las derivadas de aplicar la concesión en vigor debido a modificaciones realizadas durante los largos años en los que el Estado mantuvo la titularidad.

La prórroga de la concesión que el gabinete de José María Aznar otorgó hasta 2048 fue declarada ilegal por la Comisión Europea. De confirmarlo el Tribunal de Justicia de la UE, el contrato sería nulo y habría que compensar a Audasa, la concesionaria. Este es uno de los puntos conflictivos del traspaso.

Permisos de trabajo

La Xunta de Galicia también negocia con el Gobierno central la transferencia de los permisos de trabajo. Rueda aseguró este lunes que confía en cerrar un acuerdo en septiembre. De hacerlo, sería la segunda competencia pedida transferida a Galicia desde que, en 2009, el PP de Feijóo asumió el poder autonómico.

La familia Franco ha iniciado la retirada de sus pertenencias del Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñes de Sada. Se trata de más de 400 piezas, entre muebles y distintos elementos decorativos, que no han sido reclamadas por el Estado y tras un proceso judicial para dirimir qué bienes eran propiedad de los herederos del dictador y cuáles de titularidad estatal.

Este traslado se produce, además, después de que la Justicia haya ordenado registrar a nombre del Estado dicha finca tras dejar de ser propiedad de los Franco. Toma esta decisión en base a las actuaciones practicadas por la Abogacía del Estado una vez que el Tribunal Supremo confirmase que el inmueble era estatal y no de la familia del dictador. Esta decisión también deriva de la confirmación del Tribunal Supremo de que el Pazo de Meirás pertenece al Estado al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco.

Así lo comunicó la Sala de lo Civil del TS en una sentencia en la que señaló -- por unanimidad -- que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración, no habiendo transcurrido el plazo legal de 30 años para poder adquirir la propiedad.

Un expolio degún los colectivos memorialistas

Por su parte, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha tildado esta iniciativa de “expolio” por parte de la familia Franco y de haberlo hecho con la “complicidad” del Estado y la “total pasividad” de la Xunta. En un comunicado, la asociación ha criticado la “pésima gestión” del Gobierno central en la defensa de la titularidad pública de los bienes muebles del Pazo, haciendo que los Franco “saqueen” todo tipo de piezas “que van mucho más allá de elementos de carácter personal o bienes que tienen una vinculación con el Pazo posterior a la muerte del dictador Franco, dentro del listado de más de 400 elementos que no fueron demandados por el Estado”.

En concreto, la CRMH insiste en que los Franco están sacando de Meirás bienes ligados con la etapa del dictador “como resultado de un proceso en el que estos bienes no fueron defendidos apropiadamente por el Estado”. “El Estado suspende de forma unilateral y una vez más las visitas programadas para este viernes en el Pazo de Meirás, para que la empresa contratada por los Franco pueda seguir con los trabajos de desmontaje y extracción de los bienes. Todo ello con la pasividad de la Xunta”, han lamentado. Por todo ello, pide al Ministerio de Memoria Democrática que dé las explicaciones “oportunas” y que asuma las responsabilidades políticas que le corresponden.

También se pregunta si la Xunta ha cumplido con sus obligaciones de control, supervisión y previa autorización de estos trabajos que supusieron incluso la instalación de andamios para el desmontaje de elementos.

El Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior han celebrado este jueves la Junta de Seguridad, un encuentro que supone la primera reunión de este órgano bilateral desde 2011 y en el que se ha acordado, entre otras materias, el incremento del techo de la plantilla de la Policía Foral en 400 agentes, hasta alcanzar los 1.600. También la actualización de distintos mecanismos para “fortalecer” la coordinación entre cuerpos policiales y la constitución de una comisión específica entre ambos Ejecutivos en materia de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor.

La presidenta de Navarra ha destacado un acuerdo que “es clave para el autogobierno, para la mejora del servicio esencial que es la seguridad pública y para el futuro de la Policía Foral”, que había alcanzado el techo de 1.200 agentes pactado en la Junta de Seguridad de 2009. Por su parte, la consejera Inmaculada Jurío ha indicado que, con este aumento de efectivos, “se avanza en la modernización, posicionamiento y reconocimiento de la Policía Foral”, informa Europa Press. El encuentro, que se ha celebrado de forma telemática, ha estado presidido por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así, el incremento de efectivos en 400 agentes, que se distribuirá entre labores de Seguridad Ciudadana (250) y Tráfico (150), va servir para “atender a la realidad delincuencial y demográfica de Navarra y las nuevas demandas en materia de seguridad, así como para completar la asunción en exclusiva de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial”.

El acuerdo recoge un mecanismo para fortalecer la coordinación entre cuerpos policiales a través del teléfono 112, que va a permitir que las emergencias en seguridad se atiendan de forma “más eficiente”, ha expuesto Jurío. Para ello, se va a implantar la Plataforma Única de Emergencias en el teléfono 112, una herramienta desarrollada conjuntamente por ambas administraciones que recogerá también las llamadas recibidas en los números 091 y 062.

En concreto, este sistema va a permitir, ha explicado el Gobierno foral, que las emergencias policiales se asignen de forma automática en función del geoposicionamiento y disponibilidad para el servicio de las patrullas respectivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes tanto del Gobierno de Navarra como del Ministerio del Interior. “Esto supone mejorar en coordinación y ganar en tiempos de respuesta y eficacia, mejorando el servicio”, ha dicho Chivite.

La consejera ha señalado, a preguntas de los periodistas, que “es evidente” que “algunos” de los socios del PSN “son reacios a ese concepto de coordinación policial”. “Lo que tenemos que ver siempre cuando se alcanza un acuerdo es el vaso medio lleno; lo importante de todo este acuerdo es que vamos a conseguir ese techo de 1.600 efectivos de Policía Foral y tenemos que tener en cuenta en materia de coordinación que la seguridad pública es una política que principalmente va dirigida a otorgar seguridad precisamente y confianza a la ciudadanía”, ha dicho, para afirmar: “A través de esa plataforma única de emergencias lo que hacemos es dar una respuesta satisfactoria, eficiente y rápida ante una situación de emergencia a los ciudadanos”.

Comisión específica y condiciones de pasarela

La Junta de Seguridad ha acordado la constitución de una comisión específica con el fin de “garantizar la adecuada coordinación y colaboración en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor”, ha comentado la consejera. Además, ha tomado en consideración el documento de Condiciones Reguladoras para la integración en el Cuerpo de la Policía Foral de Navarra de personal funcionario de la Administración General del Estado perteneciente a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinado en el sector de Tráfico de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra.El documento de condiciones se remitirá al personal de Guardia Civil destinado en el sector de Tráfico de Navarra y a la Mesa Sectorial de Policía Foral y, ya posteriormente, se iniciará la tramitación administrativa.

La Junta de Seguridad, con la finalidad de aumentar las capacidades policiales en la investigación de delitos en los que existan registros videográficos o fotográficos, así como para mejorar la asistencia y auxilio a la Administración de la Justicia, ha acordado el acceso de la Policía Foral al Sistema Automático de Identificación Biométrico (ABIS) implementado en la Secretaría de Estado de Seguridad.

En la misma línea, se han pactado la participación de la Policía Foral en la actividad y cometidos de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH) de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano encargado de velar por el cumplimiento por los cuerpos policiales de las normas nacionales e internacionales contra la tortura, en garantía del respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Asimismo, se ha acordado la creación de un Grupo de Trabajo en el que las partes definan los criterios de reparto para la efectiva integración de la Policía Foral en la Plataforma de Intercambio del Ministerio de Justicia con el de Interior (PIMIR), adoptando y automatizando el envío de manera electrónica de requisitorias, medidas cautelares y sentencias no firmes desde los Juzgados y Tribunales a todos los cuerpos policiales, ha explicado Jurío.

La presidenta ha considerado que, con este acuerdo con el Estado, “estamos ante un hito importante, que es un paso más en el desarrollo, crecimiento y capacidades para nuestra Policía Foral; un hito que además marca un camino porque una policía tiene futuro si tiene las dotaciones en recursos humanos suficientes, también en dotaciones tecnológicas y también si tiene competencias”. “Por supuesto, vamos a seguir avanzando en lo que tiene que mejorar en prestación de servicios, desde la cercanía, desde la confianza ciudadana”, ha expuesto.

El Congreso echa el cierre hasta septiembre y, pese a los profetas del Apocalipsis, a la vuelta del verano la legislatura seguirá adelante. Con más ruido, seguro que con nuevos autos judiciales y con un Gobierno en minoría, pero dispuesto a llegar hasta final de mandato, salvo inesperado cambio de tercio en un Pedro Sánchez que si de algo sabe es de resistencia. Sin Presupuestos, con escasas certezas y con los tribunales marcando el paso, el presidente del Gobierno está decidido a seguir y hacer caso omiso de quienes desde la oposición ven en el verano solo la prórroga de una agonía que acabará en un abrupto final más pronto que tarde.

Sea como fuere, Sánchez encara los últimos meses de una legislatura en la que, con una aritmética parlamentaria que nunca le dio una mayoría cómoda, ha tenido que sudar hasta la última coma de cada iniciativa. Pese a ello, ha sostenido el Estado del Bienestar a golpe de decreto, negociado voto a voto cada convalidación frente a un bloque de derechas –PP, Vox, Junts– dispuesto a tumbar por sistema cualquier proyecto aunque tuviera como propósito aligerar los problemas de los ciudadanos, como ha ocurrido con la prórroga de los contratos de alquiler.

¿Recuerdan? El Gobierno la aprobó por decreto en marzo para proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios y la vio caer un mes después por el rechazo conjunto de PP, Vox y Junts, que antepusieron sus intereses partidistas, y los de los grandes propietarios, a la protección de cientos de miles de familias. Lejos de rendirse, el Ejecutivo trabaja ya en una versión ampliada, con nuevas garantías para el alquiler de temporada y de habitaciones, y negocia otra vez con los grupos parlamentarios en busca de apoyos antes de someterla de nuevo a votación.

El mismo patrón explica la caída de otros decretos, como el que buscaba topar los precios de bienes básicos ante situaciones de emergencia como la dana de Valencia o la tragedia de Adamuz. También el de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social, que incluía la prórroga de medidas contra la vulnerabilidad social y las ayudas al transporte de viajeros que decayó en enero de 2025, igual que el impuesto temporal a las energéticas.

La otra cara de la moneda es que, pese al bloqueo constante, el Gobierno sí ha logrado convalidar decenas de decretos anticrisis que llegaron a buen puerto, como la revalorización de las pensiones, las medidas para amortiguar el golpe energético de la guerra en Oriente Medio o la de Movilidad Sostenible, la de agentes forestales y bomberos o la de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. También han sido aprobadas las leyes para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la que regula los servicios de atención a la clientela, la de la economía social, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la que prohíbe las terapias de conversión, una demanda histórica del movimiento LGTBI que ninguna mayoría de derechas habría sacado adelante.

Pese a la estrategia de obstrucción y crispación del PP, en cumplimiento estricto de un programa que tiene como capítulo único el 'antisanchismo', el Ejecutivo ha aprobado desde que arrancó la legislatura, dos modificaciones constitucionales (del artículo 49 y el apartado 3 del 69), 32 leyes y convalidado 40 decretos ley. Todo en un contexto en el que cada votación parlamentaria se celebra como una victoria de la negociación frente al ruido.

La economía como motor del mandato

Pero si algo desmiente el relato de parálisis que intenta imponer la oposición son los datos económicos, después de que el Gobierno haya revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2026 hasta el 2,6% -muy por encima de la media europea. El mercado laboral es, probablemente, el mayor éxito de esta legislatura, con una afiliación que se mantiene en máximos históricos y un paro registrado que ha bajado de los 2,3 millones de personas, la prueba más evidente de que la reforma laboral de 2022 sigue dando resultados años después de su aprobación, a pesar de los agoreros.

“El hecho de que España lidere el crecimiento entre las grandes economías europeas, en plena inestabilidad parlamentaria, es la mejor demostración de que la gestión económica y la fragmentación política pueden convivir sin que la primera se resienta”, se vanagloria un miembro del equipo económico de Sánchez.

Desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz defienden que en estos últimos tres años “se ha gobernado para quien más lo necesita y dejado un balance concreto, que se puede contar norma por norma: se ha vuelto a subir el salario mínimo, se han ampliado los permisos de crianza para que criar no sea un lujo ni un castigo y ha salido adelante el Estatuto del Artista, la primera gran reforma laboral de la cultura en toda la democracia”. Es más, “cuando la DANA partió el corazón del país en 2024, se legislaron permisos climáticos para que nadie tuviera que elegir entre ir a trabajar o ponerse a salvo”, aseguran desde el gabinete de la vicepresidenta segunda.

Hay además 2 reformas ya aprobadas en Consejo de Ministros que ahora deben recorrer su trámite en el Congreso, que son la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que actualiza treinta años después una norma de 1995 para incorporar la salud mental y los riesgos psicosociales, y el Estatuto del Becario, que ha superado ya su segunda vuelta y busca terminar con la figura del falso becario. Todo mientras las derechas han dejado constancia, añaden los mismos interlocutores, “que están dispuestas a bloquear lo que sea con tal de que nada cambie. Se bloqueó en el Congreso la reducción de jornada, una medida que comparten dos de cada tres españoles, que afecta a 12 millones de trabajadores y que era el avance más importante en la jornada laboral desde los años ochenta”. Lejos de tirar la toalla, Yolanda Díaz redoblará esfuerzos para en septiembre volver a la carga con el registro horario para acabar con las 2,5 millones de horas extras no retribuidos que se trabajan y no se cobran cada semana en nuestro país.

La voz europea más clara contra el genocidio

En el plano exterior, España ha demostrado que se puede ser un socio fiable de la OTAN sin ceder a la lógica del rearme desbocado que reclamaba Donald Trump. Frente al objetivo del 5% del PIB en gasto militar, Sánchez negoció una excepción que “salvaguarda la soberanía española”, en sus propias palabras, cumpliendo con los compromisos reales de capacidades militares —en torno al 2%— y sin embarcarse en una carrera armamentística que hubiera detraído recursos del Estado del Bienestar del entorno de los 5.000 millones de euros.

Pero si hay un terreno en el que el Gobierno de Sánchez ha marcado la diferencia en Europa y ha sido aclamado en el mundo fue por su posición en Gaza. Mientras buena parte de los gobiernos europeos se limitaban a declaraciones tibias, España fue el primer país en consolidar por ley un embargo total de armas a Israel, prohibir el tránsito de buques y aviones con material militar o combustible para sus fuerzas armadas, vetar la importación de productos de los asentamientos ilegales y triplicar la ayuda humanitaria a la población palestina hasta los 150 millones de euros. Algo que, en palabras de sus colaboradores, le ha convertido en “la voz europea más clara y consecuente frente al genocidio, además de en líder moral que la historia probablemente le reconocerá mejor que la política doméstica del día a día”.

El desafío de los Presupuestos

No todo, claro, es motivo de celebración porque, a punto de entrar en el tercer trimestre de 2026, Sánchez llega al final del actual curso político con las cuentas de 2023 prorrogadas por tercera vez, y no por falta de voluntad, sino porque carece de apoyos para sacarlas adelante. Los intereses partidistas de los socios y la cercanía de las elecciones han convertido en un imposible la aprobación de los Presupuestos para 2027, aunque ya hayan empezado los trámites para tramitarlos en Consejo de Ministros y, después, enviarlos al Congreso. Un último intento, con más voluntad que posibilidad de aprobación, y que Sánchez presentará sin duda como reclamo de su apuesta por la política social, la vivienda como prioridad y su compromiso de seguir la senda de reducción del déficit y la deuda pública.

Aunque con el presidente del Gobierno, cualquier escenario es posible, si la negociación de las cuentas públicas fracasara, el propio calendario político podría precipitar unas elecciones, algo que no se descarta siquiera en los despachos de La Moncloa, donde hay quien baraja incluso finales de febrero o principio de marzo como posible fecha para las generales. Con Sánchez, todo es posible y también todo pronóstico es susceptible de yerro.

Mientras Sánchez deshoja la margarita sobre cuándo llamar a las urnas, en paralelo avanza la reforma de la financiación autonómica, un empeño del Gobierno progresista, que busca cumplir con el compromiso adquirido con sus socios de investidura, acabar con un modelo que caducó hace una década e incrementar los recursos de las comunidades con más de 20.000 millones de euros adicionales. Una lluvia de millones que se traduciría en más sanidad, más educación y más dependencia, pero que las comunidades gobernadas por el PP han decidido rechazar por puro cálculo electoral y porque el sistema fue fruto de un acuerdo previo y bilateral con ERC, como lo fueron por cierto todos los modelos anteriores. Que la reforma llegue a buen puerto en lo que resta de legislatura es otro imposible al que se enfrenta Sánchez porque, como dicen los socialistas, “la derecha no parece dispuesta tampoco en esto a anteponer el interés general al puro desgaste del Gobierno”. Tampoco el independentismo.

De hecho, el horizonte judicial de la amnistía volverá a marcar el pulso de la deteriorada relación con Junts, donde están a la espera de que el Tribunal de Cuentas y el Supremo apliquen la norma después de que esta haya pasado el filtro del Tribunal de Luxemburgo, pese haber sido denostada como un supuesto ataque al Estado de Derecho y a la Constitución por el PP y Vox.

La ley ha sido avalada por la Justicia europea tras confirmar que la malversación puede quedar cubierta por el perdón, ya que no afectó a fondos comunitarios. Ahora, el Tribunal Constitucional estudiará a partir de septiembre el recurso de Jordi Turull, primer paso de un proceso que previsiblemente despejará también la situación de Puigdemont, en un ejercicio de aplicación efectiva de lo que Europa ya ha dictado. Hasta que eso no ocurra, los junteros, que ya dieron por rota la colaboración con el Gobierno y por agotada la legislatura, no tienen intención de apoyar nada que venga del Gobierno, si bien hay ministros que confían en que la situación pueda revertirse en los próximos meses y antes de que los Presupuestos se sometan a votación.

El pronóstico de los más optimistas se sostiene en la negativa de Junts a apoyar una moción de censura junto a PP y Vox –“no estamos aquí para poner y sacar gobiernos”, ha llegado a decir la portavoz parlamentaria, Myriam Nogueras–, lo que confirma que, pese a la ruptura formal con el PSOE, ni el independentismo más beligerante con Sánchez está dispuesto a entregar el Gobierno de España a la derecha y la ultraderecha. Una prueba, asegura un ministro socialista, de que el bloque de la investidura, “con todas sus tensiones, sigue funcionando como cordón sanitario frente a una coalición PP-Vox que la mayoría social sigue sin querer”. Eso sí, los intereses electorales de Junts en Catalunya, el trasvase de votos de su formación a Aliança Catalana y la normalidad institucional que se vive con Salvador Illa en la Generalitat, tampoco son un aliciente para que los de Puigdemont vuelvan a colaborar con el Gobierno de Sánchez. Todo lo contrario.

La judicatura, un actor político

El relato de la actual legislatura y el horizonte que Sánchez tiene por delante no estaría completo sin recordar hasta qué punto una parte de la judicatura se ha convertido en un actor político más con investigaciones que, alimentadas por denuncias de plataformas ultras, se prolongan durante años sin que aparezcan pruebas concluyentes.

El caso de Begoña Gómez es el más paradigmático: dos años de instrucción del juez Juan Carlos Peinado, con decisiones —registros anulados o sobreseimiento de otras piezas— que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que corregir en repetidas ocasiones, y que llega ahora a su recta final justo cuando el instructor se jubila forzosamente el 27 de septiembre, después de dictar el auto de juicio oral y decidir que sea un jurado popular quien dicte el veredicto, quizá en plena campaña electoral.

Y, luego, está el llamado caso Leire, la investigación en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE y la ofensiva que la derecha ya ha hecho de ambos antes de que exista un solo hecho probado en sentencia firme mientras no ha dicho una palabra sobre el juicio del caso Kitchen —el espionaje parapolicial ordenado desde el Ministerio del Interior del PP para destruir pruebas de su corrupción y construir otras falsas sobre sus adversarios políticos, que sigue pendiente de sentencia diez años después de haberse producido.

También la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por nueve delitos, ha hecho mella en el Gobierno y en el PSOE. El expresidente no era cualquiera para la familia socialista, sino un activo político y electoral al que Sánchez recurrió en 2023 para levantar la campaña electoral y que difícilmente volverá a hacerle de telonero en sus mítines por más que el presidente no tenga intención de soltarle de la mano mientras no se demuestre su culpabilidad. Y eso que el Gobierno se divide hoy entre quienes siguen sin motivos para desconfiar en quien gobernó España entre 2004 y 2011 y quienes consideran que en algún momento habrá que marcar distancias si las dudas persisten. Sus explicaciones ante el juez y en una entrevista con RTVE no fueron suficientes ni siquiera para los convencidos de que la justicia no actúa igual para todos y de que hoy es un sector de la judicatura en quien el PP ha delegado la labor de oposición.

Víctimas o no de una ofensiva en la que denuncian una doble vara de medir de algunos togados y algunas instrucciones con motivaciones políticas, el Gobierno ha impulsado la reforma más ambiciosa de la Justicia en más de un siglo con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, aunque el Gobierno de Rajoy impulsó con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia una propuesta casi idéntica para trasladar la instrucción penal a los fiscales, blindar el mandato del fiscal general frente a los ciclos electorales y limitar el uso partidista de las acusaciones populares, la norma tiene escasos visos de ser aprobada. El proyecto salió ya del Consejo de Ministros y fue remitido a las Cortes, pero la resistencia corporativa del sector judicial conservador en sincronía con el PP lo convertirá seguramente en otra ocasión perdida para acabar con una Justicia que se rige por una norma de 1882.

Y otro gran reto pendiente es la renovación efectiva de la cultura que rige en el Consejo General del Poder Judicial porque aunque fue renovado en esta legislatura, tras años de bloqueo del PP, el Gobierno admite que aún es necesario avanzar en su despolitización y en su capacidad para depurar responsabilidades frente a actuaciones judiciales cuestionables.

El indulto a García Ortiz

El caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz es, para buena parte de la carrera judicial y de la izquierda, un ejemplo de cómo un sector de la judicatura ha ido mucho más allá de lo razonable después de condenar sin pruebas a alguien por un delito de revelación de secretos. De ahí que varios particulares hayan pedido el indulto parcial tras alegar que la condena por revelar datos del novio de Ayuso ya eran de dominio público y que le ha acarreado unas consecuencias personales y profesionales desproporcionadas.

“Que la oposición y ciertos medios quieran presentar cualquier gesto de clemencia como un ataque al Supremo dice más de su estrategia de permanente escándalo que del fondo del asunto”, aseguran fuentes gubernamentales. Y es que el indulto es una figura jurídica plenamente constitucional, prevista desde 1870, y su eventual concesión no cuestiona la sentencia, sino que atiende a las circunstancias personales del condenado, como ocurre en tantos otros procedimientos muchos menos mediáticos.

La decisión del indulto llegará también previsiblemente a la vuelta del verano, como tantas otras porque la legislatura continúa. ¿Hasta cuando? Hagan sus apuestas.

La Xunta de Galicia insiste en quitar importancia al informe de Icomos, el organismo asesor de la Unesco, que criticaba con dureza aspectos fundamentales de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. “Sus resoluciones no tienen valor decisivo”, sostuvo este lunes el conselleiro de Cultura, José López Campos, “y en los últimos años han crecido las diferencias entre sus documentos de evaluación y las conclusiones de la Unesco”. El Comité de Patrimonio Mundial se reúne esta semana en Corea del Sur para decidir a cuáles de los 33 expedientes aspirantes otorga su reconocimiento.

“Los informes de Icomos no son vinculantes”, añadía López Campos el término del Consello semanal del Gobierno galego. Presentaba un informe sobre el estado de la propuesta de la administración sobre la Ribeira Sacra. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) la había cuestionado: no quedaba justificado su “valor universal” ni cumplía las condiciones de “integridad y autenticidad”, además señalaba la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats, las consecuencias en el lugar del cambio climático, las inundaciones de terrenos por la construcción de embalses o los incendios forestales.

Pero el Gobierno gallego prefiere ver la parte positiva. Según el titular de Cultura, la de la Ribeira Sacra es una candidatura “seria, rigurosa y novedosa”, que ha obtenido el respaldo de todas las administraciones. “El Gobierno de España tiene cierta reputación en la Unesco”, aseguró López Campos en un gesto inusual en cargos del PP gallego, “y ha decidido presentar y defender la propuesta después de ver el texto de Icomos”.

La candidatura de la Ribeira Sacra abarca un territorio de 180 kilómetros cuadrados y 26 ayuntamientos en los entornos de los ríos Sil y Miño. La ocupación humana en un paisaje con impresionantes cañones y valles fluviales, marcado por “su patrimonio hidráulico”, llevaron a sus promotores a centrar la propuesta en lo que denominan “cultura del agua”. La decisión de la Unesco será pública, previó el conselleiro, entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio, tras el análisis del expediente por los embajadores de 21 Estados miembros de la Unesco.

Alfonso Rueda lleva semanas intentando justificar el voto en contra del Partido Popular en el Congreso al traspaso a Galicia de la autopista AP-9, que va de Ferrol a Tui, en la frontera portuguesa. Este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, el presidente de la Xunta ha insistido en que no aceptará la competencia sino es a “coste cero” y ha cargado contra el ministro de Hacienda, Arcadi España, por decir que el Gobierno gallego debe usar “su presupuesto, sus recursos y sus políticas” para gestionar la infraestructura. Rueda ha asegurado que incluso si Feijóo llega al Ejecutivo central, él mantendrá su posición al respecto.

PSOE, Sumar y BNG pactaron la ley de transferencia de la AP-9, que salió adelante en el Parlamento español con la oposición de PP y Vox. Se trata de una demanda histórica de la comunidad, cuya Cámara lo había reclamado por unanimidad en varias ocasiones. Alfonso Rueda sostiene, sin embargo, que el texto pactado no respecta esos acuerdos. La izquierda y los nacionalistas defienden que sí. “El ministro deja quedar en mal lugar a los partidos de la oposición, que dicen que viene con lafinanciaciónn asegurada”, dijo Rueda.

Socialistas y BNG remiten en realidad a la Comisión Mixta de Transferencias entre administraciones para acabar de concretar la operación. Es en ese órgano en el que se estudian las condiciones económicas del traspaso. La ley, en todo caso, fija una división de responsabilidades económicas: el Estado asumiría las derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia y la Xunta, las derivadas de decisiones adoptadas tras la asunción de las competencias.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que aprobó una prórroga de la concesión a Audasa de la autopista, que Europa ha declarado ilegal. Las consecuencias de esa ilegalidad todavía no se han hecho públicas. Rueda se comprometió este viernes a seguir demandando el “coste cero” aunque presida el Gobierno central Alberto Núñez Feijóo. “De lo contrario, yo no puedo aceptarla [la competencia]”, concluyó.

Hay una frase que circula por los despachos de la Moncloa como un mantra de vestuario: “Hay partido y no dejaremos de correr tras el balón hasta el minuto 90”. El símil describe con precisión el estado de ánimo de un Gobierno que, en palabras de un colaborador de Pedro Sánchez, “ha ganado ya dos mundiales, está en la final del tercero, pierde por dos goles de diferencia y aun así cree que puede hacerse otra vez con el triunfo”. El PSOE, de hecho, es el único partido de la socialdemocracia europea que mantiene punto arriba o punto abajo la misma intención de voto que en 2018 y es también el único partido de gobierno que sigue en el Ejecutivo desde la misma fecha.

Lo que pase en 2027 hoy es una incógnita y en el ámbito gubernamental saben que depende sobre todo de la “cooperación virtuosa a la izquierda del PSOE”, pero en la Moncloa ya tienen preparada toda una coreografía para arrancar septiembre con una estrategia renovada con la que aspiran activar al electorado progresista. ¿Cambio de gobierno? “Puede ser una idea para dar un nuevo impulso, pero en la práctica no está nada claro”, responde alguien con quien Sánchez suele consultar estos movimientos y que tirando de analogía deportiva entiende perfectamente que “el entrenador, con el marcador en contra, decida no arriesgar con cambios ofensivos, confiar en el plan original y esperar a que el rival se desgaste antes que uno mismo”, algo que si hablamos de Alberto Núñez Feijóo es bastante frecuente.

Hasta entonces y, a pesar de los reveses judiciales de esta semana al hermano y la esposa del presidente Sánchez, celebran que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de Luxemburgo haya sepultado el catálogo de profecías apocalípticas de la “máquina del fango”, una sucia táctica que tiene como objetivo destruir la reputación del rival con rumores, exageraciones y mentiras hasta que la ciudadanía pierda por completo la confianza en él.

Y es en este contexto en el que desde el círculo de confianza de Sánchez defienden que hay sentencias que van más allá de lo procesal y “que pueden funcionar como un espejo”. Es el caso de la que dictó la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado jueves y no solo porque resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, sino también porque obliga a repasar, uno a uno, los pronósticos catastrofistas que durante meses se lanzaron sincronizadamente desde la derecha política y mediática a modo de certezas absolutas: que si era el fin de la separación de poderes, que si era un golpe a la democracia, que si era la transacción que hizo posible un gobierno ilegítimo, que si rompía la igualdad de derechos… Otra vez España se rompe y otra vez la traición a la patria.

Repasemos todo lo que salió por boca del aspirante del PP a presidente de Gobierno:

O lo que también defendió con vehemencia Isabel Díaz Ayuso:

Durante los últimos dos años la amnistía ha sido también territorio de titulares apocalípticos como el de que Bruselas tumbaría la ley, que Europa certificaría el “fraude constitucional” o que el precedente abriría la puerta a la impunidad general. Todo era siempre el principio del fin de la democracia, pero cuando ha llegado el momento de la verdad judicial –y no el de los exabruptos, los titulares inflamados o los platós de televisión–, el resultado no ha sido ese.

Es aquí donde para los socialistas cobra sentido hablar de una maquinaria de desgaste que funciona con lógica propia, casi independiente del desenlace: se lanza el proyectil, se invade el ciclo informativo, se instala la sospecha, y cuando los hechos llegan, el daño reputacional ya está hecho.

Bombas sin pólvora

“Todo eso se ha quedado en la nada y la oposición ahora no sabe qué decir sobre la retahíla de bulos, exageraciones e insultos que descargó sobre Pedro Sánchez”, describe un ministro socialista. Su lectura coincide con la de un miembro del equipo del presidente, para quien la sentencia es la demostración de que “la oposición crea vacíos y ruidos infundados que el tiempo y, ahora, la justicia europea se ha encargado de que desaparezcan. Son especialistas en lanzar bombas sin pólvora”.

No en vano, el TJUE avaló la compatibilidad de la amnistía con el derecho de la Unión y descartó que vulnerase la normativa comunitaria sobre protección de intereses financieros europeos o lucha contra el terrorismo, pero además le reconoció una finalidad política legítima al entender que respondía al objetivo de “reducir tensiones” y “facilitar un escenario de reconciliación”.

Y aunque en las filas del PSOE reconocen que cuando se impulsó la ley la decisión no gustó incluso a una parte de los votantes socialistas, están seguros de que poco a poco “se ha ido viendo y valorando los resultados que ha tenido en la normalización política, institucional y social en Catalunya. Hoy el presidente de la Generalitat es un socialista y el independentismo no suma la mayoría que ostentó durante años en el Parlament”.

La relación con un Junts “impredecible”

Sin embargo, mientras en la Moncloa han recibido la sentencia como una bofetada a las apocalípticas profecías de PP y Vox y un espaldarazo al Gobierno, lo cierto es que no son capaces de anticipar cómo afectará todo ello a la relación con sus socios parlamentarios, especialmente con Junts, a quien califican de partido “impredecible”. De momento, tanto ERC como los de Puigdemont han negado que la sentencia de Europa sea el fin del conflicto.

“Los junteros esperarán a que Puigdemont regrese a Catalunya para tomar decisiones estratégicas, pese a que la tendencia natural en su partido es decrecer a costa de Aliança Catalana”, subrayan desde el equipo del presidente del Gobierno. Claro que también hay quien cree que el regreso del de Waterloo llegará no antes de que resuelva en otoño el Constitucional y que ese momento coincidirá con los presupuestos para 2027 “ya muy negociados”. Una coincidencia que más que favorecer puede complicar más que Junts se avenga al acuerdo para aprobar las cuentas públicas. “En algún momento tendrán que decidir cuál es la mejor manera de cortar esa fuga de votos hacia la ultraderecha catalana y cuál será la excusa para hacerlo si no quieren ser sepultados electoralmente”, tercia otro estratega monclovita.

Hasta entonces, Sánchez trata de capitalizar el fallo y urge a aplicar la ley “lo antes posible” mientras la oposición del PP se limita a respetar la sentencia. Siempre con la excepción, claro, de Aznar que se revolvió contra ella o la de Vox, que garantiza que derogará la norma en cuanto llegue a la Moncloa. De momento, el partido continúa.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este viernes que Canarias debe ser “la mejor imagen” de España y se comprometió a dotar al archipiélago de una mayor financiación acorde con su condición de Región Ultraperiférica (RUP), aunque no concretó qué medidas impulsaría ni el alcance de esa financiación. Además, defendió una política migratoria “firme, ordenada y europea” y reclamó que el Gobierno central asuma la gestión de la inmigración irregular cuando no sea capaz de controlar los flujos.

Durante un acto de presentación de Carmen Pérez como candidata del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Feijóo afirmó que Canarias no puede “estar condenada al abandono del sanchismo” ni convertirse en noticia por “personajes oscuros”, sino por su “talento y prosperidad”.

El líder popular sostuvo que el archipiélago necesita una financiación adaptada a sus singularidades y señaló que las prioridades pasan por impulsar la construcción de vivienda, mejorar los servicios públicos, favorecer el empleo y generar nuevas oportunidades económicas.

Feijóo al Gobierno que asuma la crisis migratoria

Buena parte de su intervención estuvo centrada en la crisis migratoria en Canarias. Feijóo defendió una política migratoria “firme, ordenada y europea” y aseguró que, si el Ejecutivo central no logra frenar la llegada de inmigrantes en situación irregular, debe asumir la responsabilidad de gestionar la situación.

“No voy a dejar sola a Canarias ante una crisis”, afirmó.

En este sentido, señaló que durante los gobiernos de Pedro Sánchez han llegado a Canarias alrededor de 173.000 migrantes, frente a los 2.800 que, según indicó, arribaron al archipiélago durante la etapa de Mariano Rajoy. Feijóo utilizó estas cifras para defender un cambio en la política migratoria del Estado.

Respaldo al PP de Canarias y a Carmen Pérez

El presidente del PP también expresó su respaldo al trabajo del Partido Popular de Canarias, al que definió como un equipo con “talento, trabajo y determinación” por su labor en el Gobierno autonómico.

Sobre la candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, aseguró que Carmen Pérez es una “gran candidata” y destacó que está “enamorada de Santa Cruz”, además de afirmar que “no tiene techo” en su trayectoria política.

Asimismo, reconoció el trabajo de Carlos Tarife, primer teniente de alcalde de la capital tinerfeña y anterior candidato del PP, de quien dijo que sigue siendo “un activo” para el partido. Para ilustrar su papel dentro del equipo, recurrió a un símil con el futbolista Pedri, al señalar que un jugador puede estar en el banquillo y seguir siendo fundamental para que el equipo alcance el éxito.

Llevo demasiado tiempo leyendo resoluciones de la derecha judicial aplicando estrictamente las garantías constitucionales cuando se trata de investigar o juzgar a personajes del PP y diluyéndolas y pisoteándolas cuando investigan o juzgan a políticos de la izquierda; o a las personas con las que tienen “la sola relación de parentesco”, como se ha atrevido a subrayar la Audiencia de Madrid que ha acabado respaldando la asquerosa “instrucción” del juez Peinado. Demasiado tiempo contemplando cómo manejan los tiempos procesales para acomodarlos al calendario de La Contra política y empresarial, luego mediática.

Demasiado tiempo contemplando cómo abusan del margen de apreciación de las declaraciones de testigos de cargo, si juzgan a la izquierda, y desprecian todas las declaraciones de quienes las contradicen. ¿Recuerdan los periodistas que declararon ante notario y en el juicio conocer el “secreto” del novio de Ayuso antes que el Fiscal General del Estado? Luego ya no era un secreto. ¿Les han pasado inadvertidos las declaraciones testificales desmontando las acusaciones contra David Sánchez? ¿Y cómo los jueces tomaron en cuenta exclusivamente las apreciaciones del teniente coronel Balas?

Tanto tiempo que ya casi no merece la pena detenerse en argumentos jurídicos frente a ese puñado de jueces, eso sí mágicamente ubicados en los tribunales, los procedimientos y los momentos precisos. Ni frente a los de la inmarchesible Sala II del Tribunal Supremo, que ha llegado a condenar por co… al Fiscal General del Estado. Y, para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía, a desdecirse obscenamente de su propia Sentencia sobre el Procés, a cuyos responsables condenó por sedición, que es un delito contra el orden público, y no por rebelión, que es un delito contra la Constitución. La propia Sala II que sentenció que no se les podía condenar por rebelión, porque tratar de culminar la intentona independentista era una “ensoñación”, les ha llamado después “golpistas” para aplicar una excepción a la aplicación de la amnistía. Pura obscenidad y sensación absoluta de impunidad.

Por el camino quedan demasiados atropellos jurídicos con la única finalidad de tumbarse al Gobierno legítimo de España.

Demasiados años tiene uno ya y demasiadas horas dedicadas -en cumplimiento de mis deberes ejerciendo funciones de oposición al “régimen” de ATI/Coalición Canaria- a estudiar casos, teoría y jurisprudencia sobre prevaricación, tráfico de influencias o malversación de dinero público para no quedarme espantado con la manipulación de estos conceptos por parte de los magistrados que han juzgado a David Sánchez; o expandiendo el concepto y el tipo delictivo de malversación para sentar a Begoña Gómez ante un Jurado; o ante el contorsionismo de Marchena (no se han enriquecido con los gastos del Procés pero han evitado tenerlos que pagar con su propio patrimonio, luego han malversado) para inaplicar la Amnistía.

Lo de la malversación de dinero público por la colaboración de la asistenta de Begoña es casi insuperable en cinismo y manipulación. Pero es esa acusación el “fundamento” de la entrada en escena del Jurado. Por eso la mantienen contra viento y marea. ¡Ah, malversación!

Quiero decirles que me he convertido en decidido partidario de que los casos de prevaricación judicial y otros delitos que puedan haber cometido miembros del poder judicial, “delitos en los que la acción típica carezca de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial”, como dice la Ley Orgánica del Jurado, sean juzgados por un Jurado. Al menos así, uno de los factores que les hacen sentirse impunes, el acendrado espíritu corporativo del estamento judicial, quedaría atenuado.¿Quién vería a Peinado ante el riesgo de acabar sentado ante un Jurado, o al Hurtado que instruyó salvajemente la causa contra el Fiscal General?

No me puedo resistir a comentar las afirmaciones de la Audiencia Provincial de Madrid por su flagrante inconstitucionalidad. Y tan campantes: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. O sea que la sola relación de parentesco… puede comportar presión moral eficiente y, por tanto, ¡es un indicio delictivo!. Sólo les faltaba decir si el parentesco corresponde a una mujer, que lo que debe hacer es quedarse con la pata quebrada y en casa. Mayor degradación de las garantías constitucionales y, permítanme, mayor machismo son inimaginables.

“La Contra”, también la judicial, está dispuesta a todo con tal de tumbar al Gobierno progresista, que con la Constitución en la mano es el Gobierno legítimo de España.

Y en un país con una historia tan turbulenta como la de España sólo hay dos opciones: o plantarles cara o echarse a temblar.

Por eso estoy convencido de que desde el lado de la defensa de la democracia, de la soberanía popular, de las libertades y garantías constitucionales “todo el que pueda hacer, que haga”. Pues hagamos.

La nueva financiación para la dependencia permitirá crear en La Rioja 846 nuevos empleos y podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminando la lista de espera. En concreto, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la comunidad, la región recibirá 25 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia.

Este martes se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la AGE (Administración General del Estado) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes, se convalidó en la Cámara Baja el real decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las CCAA para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Esto es, las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Cuantías que han comenzado a transferirse este mes de julio y que, de media, han subido un 82%. El incremento beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó también este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las CCAA por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las CCAA para que puedan seguir reduciendo las listas de espera (Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027).

Igualmente, servirá para atender a más gente (se calcula que en 2027 habrá 417.000 nuevas personas beneficiarias), al mismo tiempo que pondrán mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Por otra parte, este incremento histórico tendrá un importante impacto también a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos poder contratar a más personal para sus sistemas de cuidados. Según estimaciones de Derechos Sociales, esta aportación económica ampliada del Gobierno va a suponer la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Respecto a las trabajadoras del sector (la mayoría son mujeres), además de los puestos laborales de nueva creación, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un objetivo prioritario debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las CCAA en materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

En paralelo, y aunque este Ministerio no tiene la potestad de negociar los convenios colectivos de las trabajadoras del sector, Derechos Sociales ha querido impulsar la mejora de sus condiciones laborales iniciando una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

Concretado en nuestra región, La Rioja recibirá 25 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (8,2 millones de euros adicionales en 2026 y 16,5 millones de euros adicionales en 2027). El sistema podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminar la lista de espera, y crear 846 empleos.

La ampliación de la financiación estatal al sistema de dependencia en Asturias en 79 millones de euros entre 2026 y 2027 podrían traducirse en 9.370 nuevos beneficiarios, 2.167 personas menos en lista de espera y 2.374 nuevos empleos, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales.

En el conjunto del país, la ampliación de la financiación en 6.200 millones para su distribución a las comunidades autónomas permitirá reducir las listas de espera en 71.000 personas el próximo año y crear 115.000 empleos dentro del sector, además de atender a más beneficiarios y ampliar servicios.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes el decreto ley que incrementará las cuantías que el Estado transfiere cada mes a las autonomías por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan, que han comenzado a abonarse en julio y han subido de media un 82 %.

Junto a la aprobación de este aumento de la financiación estatal, el Congreso aprobó para su remisión al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, además de contemplar una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia, blinda que el Estado tenga que aportar el 50 % de la inversión.

Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación estatal que tiene el sistema de la dependencia, que también será incrementado en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones más para 2027.

Con estos incrementos de la financiación, el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las autonomías para que reduzcan las listas de espera, que Derechos Sociales estima que pueden descender en 71.000 personas en 2027.

Según el ministerio, este incremento de la aportación estatal que califican de “histórico” tendrá un gran impacto a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos que puedan contratar a más personal para sus sistemas de cuidados, y supondrá la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Además, calculan que el próximo año se podrá atender a 417.000 nuevos beneficiarios, permitirá mejorar las condiciones laborales de los cuidadores (en su gran mayoría mujeres) y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Un objetivo prioritario de este aumento de la aportación que recibirán las comunidades autónomas en materia de dependencia, ha destacado Derechos Sociales, es que se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

Para ello, se ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

“Si Feijóo no existiera habría que inventarlo” es la frase que más se escuchaba esta semana entre ministros y dirigentes del PSOE. No en vano, el líder del PP ha encadenado una polémica sobre la llamada ley de nietos, otra sobre el absentismo laboral, un tropiezo parlamentario en materia de dependencia y la sombra de una ley autonómica —la del concebido no nacido— en Madrid que el Gobierno ha utilizado como munición para presentar a una derecha regresiva en derechos sociales y de la mujer.

El propio Pedro Sánchez resumió la escena con el siguiente tuit en X:

La habilidad con la que el líder del PP se pega tiros en el pie cuanto mayor es el desgaste del Gobierno empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinadores habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos. Si hay o no una estrategia coordinada para horadar de nuevo un liderato que no termina de cuajar es una incógnita aun sin despejar, pero que corre por los mentideros de Madrid como la pólvora.

Lo cierto es que los patinazos de Feijóo no cesan y el regodeo de los socialistas es indisimulable, lo que no significa que entre sus filas no exista preocupación por lo propio. Esto es un tórrido julio judicial que deje al Gobierno en situación crítica antes del periodo vacacional. De hecho, Pedro Sánchez regresa a La Moncloa tras la cumbre de la OTAN en Ankara y un breve paréntesis familiar en Londres para encontrarse con un tablero judicial más complicado que el que dejó a comienzos de la semana, después de la imputación del que fuera su primer jefe de gabinete en el PSOE y expresidente de Correos, Juanma Serrano, en el marco de la investigación sobre Leire Díez. El juez Pedraz ha dado vía libre a la UCO para que clone y examine su móvil en busca de indicios de su participación en la trama investigada y cita como testigos a dos trabajadoras del PSOE.

Durante la próxima semana se concentran, casi sin margen para respirar, media docena de citas judiciales que afectan directamente al entorno familiar de Sánchez y al llamado caso Leire que la derecha pretende sin éxito convertir en la Kitchen del PSOE. Todo cuando el Congreso se dispone a certificar su rechazo al techo de gasto, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Con todo, la sensación en La Moncloa es que los ciudadanos saben distinguir perfectamente “entre lo que es un caso de corrupción y lo que esconde una ofensiva implacable de un sector del poder judicial contra el Gobierno”.

La sensación responde a los datos cualitativos que manejan en el PSOE, pero también a las últimas encuestas publicadas por varios medios que cuestionan la imparcialidad de los jueces e identifican una clara persecución al Gobierno en algunos autos judiciales.

El lunes 13, el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración a José Aníbal Álvarez García, ex abogado de José Luis Ábalos para esclarecer el origen del pago de los honorarios de la defensa del exministro y saber si se costearon para monitorizar la causa judicial y comprar el silencio de quien fuera número dos del PSOE.

El martes 14 declarará Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, en calidad de imputada, ante el mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Leire. La citación responde a la sospecha de que pudiera actuar para desactivar las causas que afectan al PSOE, después de que la empresaria Carmen Pano la acusara de un presunto soborno al ofrecerle dinero a cambio de silencio, algo que la letrada no solo niega, sino que sostiene que fue justo al revés. Es decir, que Pano le pidió ese dinero a cambio de no perjudicar a los socialistas.

El miércoles 15 será el turno de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará como testigo ante Pedraz después de que la UCO descubriera una conversación de WhatsApp fechada el 24 de abril de 2024 entre Narbona y la exmilitante socialista Leire Díez coincidiendo con el día en el que Sánchez publicó su 'Carta a la ciudadanía' tras la imputación de su esposa.

El jueves 16 están citados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, en calidad de investigados, después de que Pedraz respaldase las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia también dentro del 'caso Leire Díez'. La investigación defiende que ambos cedieron a las presiones de la exmilitante del PSOE Leire Díez para abrir expedientes disciplinarios o informaciones reservadas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) con el fin de frenar y torpedear las causas de corrupción que afectan a los socialistas. Procedimientos todos ellos que siguen abiertos.

Y todo esto en la misma semana en la que el Gobierno espera otras dos decisiones judiciales de impacto. La primera, que la Audiencia Provincial de Badajoz dicte sentencia sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno por haber ocupado una plaza de libre designación en la Diputación como director de conservatorio con un currículum más que acreditado para el cargo y sin que nadie hubiera presentado alegación en siete años. Y, la segunda, que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez por el procedimiento del tribunal del jurado, algo que marcará inevitablemente el futuro judicial de la esposa del presidente. Durante los más de dos años que ya dura la investigación, tres de los cinco jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Y por si fuera poco la derecha mediática ya ha empezado a circular la idea de una pronta citación del presidente del Gobierno como testigo para declarar en el caso Leire, algo que los servicios jurídicos del partido no esperan ni en el corto ni en el medio plazo.

Llegar de una pieza a agosto

Pedro Sánchez mantiene, en todo caso, una agenda al margen de la judicial con la que las derechas buscan situar al Gobierno contra las cuerdas, presionar a los socios parlamentarios para que apoyen una moción de censura y lograr que el presidente no llegue al otoño. Ni PNV ni Junts están por la labor, de momento, mientras en la Moncloa se recrean con la semana horribilis de un Feijóo “que no tiene más proyecto que el antisanchismo” y de quien “ya es muy difícil ocultar tanto su inconsistencia como su disposición a recortar derechos”.

Son palabras de un miembro del Gabinete de Sánchez que percibe “hartazgo” entre la ciudadanía “porque sean los jueces quienes marquen la agenda pública”. Comparte con él la reflexión otra persona del equipo del presidente convencida de que “la agenda judicial empieza a no afectar al Gobierno, a pesar del ruido mediático”. En parte, añade un ministro, por “la falta de imparcialidad de algunos jueces” que, en su opinión, si siguen tomando decisiones “arbitrarias e ideologizadas” acabarán dando la victoria a la izquierda en las elecciones de 2027. “La realidad [aventuran desde La Moncloa] acabará imponiéndose y nos dará la razón, aunque sabemos que la derecha en coordinación con su batería mediática no nos darán tregua”. Esto último es la única certeza junto a la fragilidad de la mayoría de investidura y un calendario judicial que marca de facto el ritmo informativo y el desgaste de la legislatura.

Con julio llegando a su ecuador, en Ferraz y en La Moncloa ya solo aspiran a llegar de una pieza a las vacaciones judiciales de agosto, conscientes de que septiembre, con la vuelta de los tribunales y una votación presupuestaria en el horizonte, promete no ser mucho más tranquilo.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar las negociaciones para intentar evitar que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) acabe en el Tribunal Constitucional. El acuerdo, publicado este lunes en el BOJA y en el BOE, abre formalmente la vía de diálogo prevista en la legislación para resolver las discrepancias detectadas por el Ejecutivo central antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Este paso da continuidad al procedimiento activado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de mayo, cuando inició los trámites para impugnar la norma impulsada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, como adelantó entonces elDiario.es. En un informe jurídico previo al recurso, el Ministerio de Política Territorial apreciaba posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y advertía de “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza.

La publicación del acuerdo se ha producido al día siguiente de la toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta tras su pacto de gobierno con Vox. No obstante, fuentes de la Consejería de Presidencia consultadas por este periódico señalan que el Ejecutivo andaluz continúa en funciones y sitúan la puesta en marcha de las conversaciones una vez se constituya el nuevo Gobierno, previsiblemente el próximo jueves o viernes.

La vía para evitar el recurso

El acuerdo publicado este lunes es el paso previo a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Antes de impugnar la ley en cuestión, el Estado y la comunidad autónoma afectada deben abrir un proceso de negociación para tratar de “resolver las discrepancias” detectadas. Para ello, el procedimiento contempla la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación, el órgano de negociación entre ambas administraciones.

En este caso, las conversaciones se centrarán en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza, aprobada el pasado mes de febrero con el voto en solitario del PP y el rechazo de toda la oposición. Se trata de los mismos preceptos recogidos en el informe jurídico elaborado por el Ministerio de Política Territorial previo al recurso, en el que advertía de que la norma podría incurrir en “injerencias” sobre la autonomía universitaria e invadir competencias exclusivas del Estado.

El acuerdo prevé ahora la constitución de un grupo de trabajo encargado de proponer “la solución que proceda” a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación. La negociación tiene de plazo hasta finales de diciembre, según fuentes de la Consejería de Presidencia. Hasta entonces, el Estado y la Junta tratarán de alcanzar un acuerdo que permita evitar la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional.

No sería la primera vez que ambas administraciones evitan la vía judicial mediante un acuerdo. En 2022, el Estado y la Junta alcanzaron un pacto sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), después de que el Gobierno andaluz aceptara modificar varios aspectos que el Ejecutivo central consideraba invasivos de competencias estatales.

Ley cuestionada también por los rectores

La LUPA ha sido una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Moreno, aunque desde su tramitación ha recibido fuertes críticas tanto de los sindicatos como de las diez universidades públicas andaluzas. Los rectores ya alertaron de que la ley rozaba lo inconstitucional y pusieron “en entredicho su legalidad”, aunque no recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional por carecer de competencias para ello, según el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva.

Con todo, los rectores denunciaron durante la tramitación parlamentaria que la norma incurría en “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria” y advirtieron de que “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En esa misma línea, el informe jurídico del Ministerio de Política Territorial analiza la LUPA y argumenta posibles incompatibilidades con la normativa estatal y con la Constitución Española.

Entre los preceptos cuestionados figuran algunas de las principales novedades de la ley impulsada por Moreno, como es el caso del requisito obligatorio de graduarse con un nivel B2 en inglés (artículo 13 de la LUPA) o los requisitos generales para la creación y reconocimiento de universidades (artículo 116). Cabe recordar que la ley andaluza otorga por primera vez capacidad de voto a las universidades privadas en el diseño del sistema académico andaluz a través de la nueva composición del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria –antiguo Consejo Andaluz de Universidades (CAU)–.

“Discrepancias” detectadas en la norma andaluza

El Ministerio también negociará el artículo que recoge la creación de una figura contractual (profesor ayudante no doctor) “no prevista en el catálogo tasado de la LOSU con posible invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia laboral”, así como la figura del interventor, al considerar que “restringe el acceso al puesto al cuerpo de interventores de cualquiera de las administraciones públicas, condicionado la autonomía organizativa y económica financiera universitaria sin cobertura en la LOSU, que no impone tal restricción”.

Hay discrepancia igualmente con el hecho de que la LUPA “obligue a las universidades y centros adscritos privados” a destinar “al menos” el 3 % de su presupuesto a becas y ayudas, “afectando a la autonomía económica y financiera y potencialmente alterando el esquema de la LOSU, que prevé el establecimiento del sistema de becas como facultad de cada universidad”, según sostiene la cartera que dirige Ángel Víctor Torres.

Las disposiciones adicionales sobre las que el Ejecutivo central muestra recelos son la segunda (referida a la Universidad Internacional de Andalucía, sobre la que tampoco ve claro su papel como coordinadora de las políticas de internacionalización), la undécima (conciertos entre universidades e instituciones sanitarias y docentes no universitarias) y la duodécima (convenios para la cotización del personal de las universidades).

El informe del Ministerio sostiene, en resumen, que la LUPA introduce una regulación excesivamente intervencionista, que limita la capacidad de autoorganización de las universidades públicas andaluzas. Por eso, “con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad”, propone reformar la norma, ya sea mediante una solución negociada o, en su defecto, impugnando judicialmente los artículos que puedan vulnerar el orden constitucional.

Ante este escenario, las universidades públicas andaluzas han optado por ser “lo más prudente” posible en la adaptación de sus estatutos a la nueva ley universitaria autonómica. El secretario general de la Universidad de Sevilla explicó al Consejo de Gobierno que el recurso del Ministerio coloca al sistema universitario público andaluz en una situación “inédita”, al tener la “obligación” de adaptarse en el plazo de un año a una ley “cuya constitucionalidad está cuestionada”. El proceso de negociación abierto entre el Gobierno central y la Junta conduce a las universidades, según el cargo de la US, a una situación de “incertidumbre jurídica”.