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El Gobierno de Page recaba “de oficio” datos de la VPO que alquiló la ministra Tolón para analizar sus “circunstancias”

La ministra de Educación y candidata al Congreso por Toledo, Milagros Tolón

Alicia Avilés Pozo

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado una actuación “de oficio” tras hacerse público que Milagros Tolón, ministra de Educación y número uno por Toledo al Congreso en las elecciones generales, tiene alquilada una Vivienda de Protección Oficial (VPO). Carlos Velázquez, alcalde de la capital castellanomanchega y cabeza de lista del PP, ha pedido a la que también fue su predecesora en el Ayuntamiento, que aclare si ese arrendamiento fue “ilegal”, algo que Tolón negó alegando que dispone de un informe jurídico que le permite alquilar ese inmueble. No obstante, el candidato del PP ha pedido igualmente su dimisión.

A este respecto, fuentes de la Consejería de Fomento han indicado a este periódico que actualmente no consta en los registros de la Administración autonómica el “visado” (autorización o luz verde) de ningún contrato de arrendamiento relativo a dicha vivienda.

Se refieren con ello al hecho de que algunas viviendas que disponen de protección pueden recibir permiso especial para su alquiler al margen de los plazos determinados por ley, y en virtud de diferentes particularidades. Por el momento, las citadas fuentes afirman que esa autorización no les consta.

No obstante, este departamento informa de que se ha solicitado el expediente completo para realizar un “análisis exhaustivo” del caso y determinar “todos los hechos y circunstancias concurrentes”. Añaden que en caso de ser necesarias aclaraciones adicionales, se efectuarán los “requerimientos que correspondan” a la ministra.

Respecto a posibles sanciones, la Consejería de Fomento precisa que cualquier pronunciamiento sería “prematuro” mientras no concluya el análisis del citado expediente.

La normativa autonómica contempla un régimen sancionador para los incumplimientos en materia de vivienda protegida, cuya aplicación dependerá de los hechos “que finalmente queden acreditados” y del procedimiento administrativo que, en su caso, proceda iniciar.

A día de hoy, no hay “infracción alguna”

“A día de hoy no puede confirmarse la existencia de infracción alguna ni la apertura de un expediente sancionador, ya que la actuación se encuentra en fase de análisis previo. En consecuencia, tampoco se ha producido ninguna notificación de carácter sancionador a la persona afectada”, concluye.

La información sobre el alquiler de esta vivienda la dio a conocer Carlos Velázquez durante su intervención en un debate electoral organizado por la Cadena SER Castilla-La Mancha, calificando esta información como “una noticia de impacto y de alcance” y advirtió de que, “en caso de confirmarse esta noticia y que no tenga ninguna explicación, las consecuencias evidentemente tienen que ser graves”. La ministra, presente en el mismo debate, lo desmintió. “No manipule usted porque aquí no hay ocultación y tengo el informe jurídico”, se defendía, respondiendo al candidato del PP.

Según la información publicada en ‘Artículo 14’, la vivienda fue adquirida en enero de 1998, con protección oficial y categoría especial, su calificación se resolvió el 27 de noviembre de 1997 y el periodo de protección de 30 años -sin posibilidad de venta o alquiler- no finalizará hasta el 27 de noviembre de 2027.

El inmueble, situado en Toledo, cuenta con 101 metros cuadrados construidos, 84 útiles, garaje y trastero. La controversia, según resalta el PP, se centra en las condiciones de uso de la vivienda, cuya documentación establece su destino como residencia habitual y permanente, y en la existencia de la autorización administrativa necesaria - por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha- para su arrendamiento durante el periodo de protección.

“No era necesaria una autorización”

Horas después, fuentes del entorno de Milagros Tolón negaron la veracidad de la información publicada. Confirmaron que la vivienda fue adquirida en 1998 y sostienen que, tras la entrada en vigor del Decreto regional 173/2009, la vivienda “podría ser alquilada a partir del día 27 de enero de 2008”. También explicaron que “no era necesaria una autorización por parte de la Administración autonómica”, limitada a un período de 10 años a contar desde la compraventa.

Fue en mayo de 2015, justo antes de acceder a la Alcaldía de Toledo, cuando solicitó un informe jurídico que confirmó que se había superado el plazo y podía hacer uso de su vivienda para alquiler desde 2008. “En el documento de la compra, en su calificación definitiva, ya se establecía que ese régimen era compatible con una posible venta o alquiler”, señalan.

En el documento de la compra, en su calificación definitiva, ya se establecía que ese régimen era compatible con una posible venta o alquiler

“No se ha especulado con la vivienda en ningún momento”, aseguran las mismas fuentes, que además precisan que “el precio de la vivienda en alquiler ha estado por debajo del módulo máximo permitido por la calificación definitiva de protección pública y muy por debajo del precio de mercado, en concreto un 30%”.

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