Cuando Maria Branyas era una niña, los yogures eran considerados un medicamento. Se vendían en la farmacia como un remedio intestinal, no como alimento. Esta mujer consumió muchísimos y, hasta que murió, conservó la costumbre que le inculcó su madre de comer tres al día. Y, según ella, fueron la razón por la cual llegó a vivir 117.

Maria, que durante casi un lustro fue la mujer viva más longeva del mundo, era ‘supercentenaria’. Nació en 1907, justo un año antes de que Iliá Méchnikov ganara el premio Nobel por una investigación que relacionaba la longevidad en Bulgaria con el consumo de lácteos fermentados. Fue él quien descubrió el Lactobacillus bulgaricus, que ayuda a mejorar la microbiota y, con ella, el sistema inmunológico y digestivo.

En ese momento, el consumo de yogures en el mundo se disparó. Igual que cuando Maria Branyas dijo en una entrevista poco antes de morir que su secreto para una vida larga era comer muchos lácteos. Sus palabras provocaron un gran revuelo, tanto que La Fageda, la marca que consumía, llegó a aumentar un 5% sus ventas en los meses posteriores. ¿Quién no querría vivir 117 años?.

Al recordar ese episodio, el doctor Manel Esteller, catedrático en Genética y director del Grupo de Epigenética del Hospital Sant Pau, no puede evitar reírse. “Las respuestas nunca son tan sencillas, por mucho que así nos gustaría que fuese”. Él conoce bien los motivos tras la longevidad de Maria, porque estuvo dos años estudiando su genoma junto al investigador Eloy Santos.

Extrajeron muestras, la observaron por dentro y por fuera para intentar desentrañar los secretos, si no de la vida eterna, de una muy larga. Los resultados se publicaron en un estudio en 2025 y ahora han tomado forma de libro. Historia de una supercentenaria (RBA, 2026) es la traducción a un lenguaje accesible de esa investigación, publicada en la revista Cell Reports Medicine.

“Estos conocimientos no se podían quedar sólo en el campo científico”, explica Santos, que destaca este como uno de los trabajos “más personales” que ha hecho jamás. El equipo estuvo más de dos años acompañando a Maria, recogiendo muestras de saliva –y de todos sus demás fluidos–, así como haciéndole entrevistas, observando su entorno y conversando con ella. “Normalmente, analizamos grandes volúmenes de datos, pero no conocemos a la persona. Y eso no sólo es bonito sino necesario, porque nos recuerda para quién trabajamos”, sostiene.

Una centenaria superviviente al Covid

Maria Branyas llegó a formar parte del 0,04% de la población que recibe el título de 'supercentenaria', manera en cómo se conoce a quienes viven más de 110 años. Y a ella no le tocaron unos fáciles: nació en San Francisco (Estados Unidos) aunque al poco tiempo su familia regresó a Olot (Girona). El viaje de vuelta fue una serie de calamidades: su padre murió de tuberculosis, mientras que ella quedó sorda de un oído tras caer por la cubierta del barco.

De vuelta a Catalunya, sobrevivió a la guerra, pero también a la gripe española y, más de un siglo después, al Covid-19, del que llegó a contagiarse cuando ya había superado los 110 años. ¿Cuál fue el secreto de Maria para vivir tanto y tan bien? Porque además, la muerte la halló en paz en su cama, conservando sus capacidades cognitivas y sin ninguna enfermedad grave.

Esteller y Santos la definen como “superúnica”. Murió con 117 años, pero su edad biológica era de 97. Es decir, que su cuerpo el de una persona 20 años más joven. Sus células no habían envejecido como lo hacen las de alguien normal y su función cerebral, cardíaca y su metabolismo se habían mantenido inusualmente en buen estado.

“No es que le tocara el gordo de la lotería, cosa que es muy difícil. A María le tocaron muchos premios menores”, explican los investigadores. La clave de su longevidad se encuentra en una mezcla de buenos genes, un metabolismo más adaptativo y un perfil inmunológico preparado para lo que viniera y para prevenir el desarrollo de enfermedades autoinmunes.

Eso explica que superara la gripe española de niña y la Covid siendo ya muy anciana. De hecho, los investigadores apuntan a que sus células seguramente se enfrentaron a muchas otras enfermedades que no llegaron a presentar síntomas porque las reconocieron y combatieron con mucha premura, otorgándole anticuerpos que la mantuvieron muy protegida.

Cuando se avanza en edad, el sistema inmunológico “se vuelve un poco tonto y empieza a atacarnos aleatoriamente, pero el de Maria, no”, cuenta Santos. El suyo, por contra, tenía “memoria” de otras infecciones previas superadas. Además de eso, contaba con una microbiota “envidiable”. Las bacterias de su estómago eran “privilegiadas”, lo que le llevó a tener un buen sistema antiinflamatorio.

Ahí toman importancia los famosos yogures que consumía. “Comer muchos lácteos no te hacen inmortal, pero es algo que ayuda”, apunta Esteller. Estos alimentos contienen bacterias y sustratos que amplían la flora digestiva. “En el estómago se entrena el sistema inmunológico”, sostiene.

Los investigadores apuntan a que “tener mucha suerte genética es difícil”, por eso lo que haga cada quien con su vida y su cuerpo, cuenta. “Tus hábitos pesan un 50% en esta apuesta”, sostiene Esteller. Maria comía bien, hizo ejercicio y salió a caminar hasta poco antes de morir y, además, mantuvo una vida social activa, siempre rodeada de su familia. “El simple hecho de socializar y tener una actitud positiva es mucho más importante de lo que creemos”.

A esta ruleta, además de las cartas genéticas y las de los hábitos, hay que sumar el contexto ambiental. Por mucho que nos cuidemos y que tengamos un organismo privilegiado, si vivimos en un lugar con temperaturas extremas o muy contaminado, nuestra esperanza de vida se verá reducida. “Son muchísimos factores difíciles de controlar”, sostiene Santos.

Además, a medida que van pasando los años, el riesgo aumenta. Tanto, que la misma Maria, de haber vivido un tiempo más, habría acabado desarrollando enfermedades graves. Así lo muestran los análisis genéticos que se le realizaron: “Tenía una variante genética clásicamente asociada a un mayor riesgo de demencia. Además, seguramente habría tenido leucemia de tipo B”, pronostican los investigadores.

La salud de hierro de Maria no era invencible porque, para desgracia de aquellos que aspiren a ser inmortales, “el cuerpo tiene un límite a nivel cromosómico. Ahora, está alrededor de los 120 años”, apunta Esteller. Son muchos, pero no infinitos y, definitivamente, no están al alcance de cualquiera. Por eso, la industria está estudiando cómo usar la información genética de estos ‘supercentenarios’ para prevenir enfermedades y el deterioro.

“La ciencia del envejecimiento es muy joven en comparación con la que estudia el cáncer o el alzheimer”, lamenta Santos. El motivo es que la legislación actual impide probar fármacos porque la vejez, como tal, no se considera una enfermedad y eso hace que no se puedan realizar ensayos clínicos. “No puedes administrar medicamentos a personas sanas”, resumen los investigadores.

Aun así, se trabaja para inventar terapias que imiten el trabajo que hacen los genes de personas como Maria para ralentizar el avance de ciertas patologías. “En el futuro, seguramente estemos todos secuenciados, sepamos cuántos años biológicos tenemos y a qué enfermedades debemos atenernos”, pronostican. Hasta entonces, la receta que aconsejan los investigadores es sencilla: “Cuidaos todo lo posible”.

UGT y CCOO se han concentrado este 1 de octubre en Valladolid en el Día Internacional de las Personas Mayores con el sentir de que todos son “Maricarmen”, la mujer de 87 años desalojada en Madrid y recordar que hay casos similares en la comunidad, y reclamar una cartera propia de mayores en las administraciones y una mejora de las pensiones, sobre todo las de viudedad.

Con el lema “Por una vejez digna”, Juan Carlos Cardero, secretario de Organización de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Castilla y León, y María Soledad García, secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOOCyL, han recordado que en la comunidad hay un 26 por ciento de mayores de 65 años, un colectivo vulnerable con una pensión media de 1.450 euros y por debajo de los 900 en muchas de las de viudedad.

Cardero ha defendido que todos son “Maricarmen” para recordar que también hay casos de desahucio en la comunidad, que “el gobierno autonómico no quiere abordar”, criticar los fondos buitre que están desplazando a los mayores de sus casas y defender un aumento de las pensiones y que se blinden en la Constitución para que no dependan de cada “gobierno de turno”.

García ha reclamado además que dentro de la atención primaria haya más geriatras y gerontólogos, dado que cada vez son más los mayores y la esperanza de vida es cada vez más alta; y que el dinero aportado por el gobierno para mejorar la dependencia permita que no haya dobles copagos en los cuidados: el dinero de la dependencia y el de los usuarios.

Y ha demandado que las residencias sean de calidad en una comunidad en la que el 86 por ciento son privadas o concertadas, que quieren que tengan cuidados profesionales con unas ratios adecuadas y buen servicio.

También ha planteado García ciudades más amigables de los mayores, más adaptadas a las discapacidades, a las personas vulnerables.

Cardero ha incidido en esa cartera independiente de las personas mayores, “porque los que no podemos estar es cada 1 octubre, Día Internacional de las Personas mayores, estar recordando a los políticos de turno lo que tienen que hacer y que los mayores se sientan abandonados”.

En esa línea ha pedido que se agilicen las consultas médicas de los mayores, que no pueden esperar ocho días para conseguir una cita, o “esperar 200 días” para ver al especialista, o si van al banco no sabe qué hacer y sentirse abandonados; y unas residencias más asequibles, o mejores condiciones para los trabajadores de centros de salud y asistenciales.

A Maricarmen le han echado de su casa. A los 87 años. A través de un desahucio que se había prorrogado y que la perseguía desde 2018. Lo ha efectuado la empresa Urbagestión, cuyas cabezas visibles son Fernando Fuentes Alonso y Ricardo Fernández Alonso. Hacemos un repaso de su caso. La historia de Mari Carmen nos conmueve y nos cabrea porque cuenta muchas cosas: habla del problema estructural de la vivienda en España a lo largo de décadas, que ya no perdona ni a una señora mayor y porque nos demuestra que el sistema nos puede echar a cualquiera de nuestras casas.

¿Qué ha fallado? Lo analizamos, y reflexionamos de qué manera este caso es estructural y cuenta décadas de vivienda en España, con el periodista de elDiario.es que lleva meses siguiendo la historia de Maricarmen, Germán Aranda. 

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Un juzgado de Navalcarnero ha rechazado investigar de forma aislada la muerte de una anciana en una residencia durante la pandemia y ha reclamado la apertura de una macrocausa sobre los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. La jueza considera que las investigaciones no deben abordarse de forma “fragmentada”, ya que todas comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes con menor movilidad o mayor grado de discapacidad en las residencias madrileñas. Asociaciones como Marea de Residencias cuantifican en más de 7.000 las muertes provocadas por esos protocolos en esos centros entre marzo y abril de 2020.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y en el que la jueza responde a otra resolución de un juzgado de Madrid que pretendía separar los procedimientos por tratarse de víctimas, patologías y residencias distintas. La magistrada alega que aunque concurren “múltiples víctimas con diversas patologías”, el núcleo de la investigación en todos los casos es la aplicación de los protocolos en los que se basó su derivación o no a centros hospitalarios.

“No debe partirse de una valoración fragmentada de cada víctima sino que lo que debe es determinarse si objetivamente los protocolos de derivación hospitalaria en residencias incorporaban sesgos discriminatorios que pudieran haber condicionado de manera generalizada la asistencia sanitaria disponible”, recoge el auto.

Desde Marea de Residencias, quien ha llevado a los tribunales alguno de estos casos, considera que la resolución de la jueza de Navalcarnero es “una gran noticia”. “Venimos diciendo desde el minuto uno que los protocolos fueron la causa común que propició la gran tragedia, independientemente de las circunstancias personales, de enfermedad o de residencias concretas de cada residente”, apuntan a elDiario.es fuentes de la asociación.

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave en relación con el fallecimiento de un usuario de un centro de día. Ambas personas formaban parte del personal geriátrico.

A raíz de estos hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe inició una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, informa en un comunicado.

El episodio tuvo lugar el pasado viernes, cuando un conductor de un minibús destinado al traslado de usuarios del centro, tras recoger a varias personas en diferentes puntos, llegó a las instalaciones, donde los usuarios descendieron del vehículo.

Posteriormente, un varón de 84 años, persona usuaria de silla de ruedas, habría permanecido en la zona trasera del minibús, habilitada para este tipo de transporte, sin que se advirtiera su presencia según aporta la investigación.

Tras permanecer el vehículo estacionado durante varias horas, trabajadores del centro localizaron al hombre en su interior y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento del varón, con lo que se activó el correspondiente protocolo judicial.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.

La mujer más longeva de Catalunya, Carme Noguera, ha cumplido 112 años este sábado. Nació en 1914 en Olot, durante los primeros compases de la Primera Guerra Mundial y, más de un siglo después, aún recuerda que, cuando era pequeña, “solo había un señor en coche” en la capital de la comarca de la Garrotxa.

El medio de transporte más habitual entonces, según cuenta la mujer centenaria, era la tartana, un pequeño carro de dos ruedas. Tras la infancia con su familia en Olot, formó parte de la primera promoción de la Escuela de Enfermería de la Generalitat republicana con 19 años y fue enfermera durante la Guerra Civil.

Carme Noguera solo tiene unas setenta personas por delante de ella en el ranking mundial de longevidad, según el portal especializado LongeviQuest.

En abril de 1914 se establecía la Mancomunitat de Catalunya, el primer embrión de autogobierno catalán moderno desde 1714. En junio de ese año, el archiduque de Austria, Francisco Fernando, moría asesinado en Sarajevo. Es en ese contexto catalán y mundial que, el mismo verano, el 22 de agosto, nació Carme Noguera en Olot, la catalana de mayor edad desde la muerte de Angelina Torres el año pasado.

Un siglo más tarde, en una entrevista en la Agència Catalana de Notícies (ACN), pide que se la tutee. “Así no me haces sentir vieja”, ironiza, quitando hierro a que haya llegado a tan avanzada edad. “He ido haciendo, he comido, dormido y trabajado como todo el mundo”, justifica para explicar la propia longevidad.

Además, aplaude los 117 años a los que llegó Maria Branyas, que no solo fue la catalana de mayor edad, sino la persona más vieja del mundo durante el año y medio antes de su muerte, en el 2024. Noguera, originaria de Olot, quiso conocer a Branyas cuando ya era centenaria y vivía en una residencia del mismo municipio.

Desde su residencia actual en Taradell, donde vive con su hija, Noguera aún recuerda los primeros años de su vida que por las calles de la capital de la Garrotxa circulaban mayoritariamente carros “Nosotros íbamos desde Olot a Santa Pau en tartana”, concreta. El teléfono aún no había llegado a las casas y, al mismo tiempo, dice que “nadie tenía radio” hasta que, como todavía rememora, el primer vecino adquirió la primera.

En 1933, con 19 años, se mudó a Barcelona para formar parte de la primera promoción de la Escuela de Enfermería de la Generalitat, unos estudios que desarrolló en el Hospital Clínic. El 19 de julio de 1936, tenía previsto desplazarse al centro médico para continuar con la actividad académica, pero la Guerra Civil acababa de estallar y no pudo hacerlo.

Al día siguiente sí acudió, y relata que ya curaron “muchos heridos” de los primeros compases del conflicto en la ciudad. Un hombre, dice, acudió al centro herido de una bala que “atravesó un colchón” que debía protegerle, pero que no lo hizo.

Durante el conflicto, ejerció de enfermera en el Clínic, y recuerda que cada día un soldado acompañaba a las profesionales desde la residencia donde vivían hasta el hospital, lo que “duró mucho tiempo”. De hecho, dice que sólo iban del centro médico a la residencia, así que no se enteraban “de nada” sobre cómo evolucionaba el conflicto. Además, “no estaba permitido” salir a la calle a pasear.

Pese a que expresa que nunca le faltó comer durante aquellos años porque la Generalitat las mantenía. Noguera, sin embargo, todavía rememora que en un momento del conflicto “llevo una maleta llena de patatas” desde Barcelona a Olot, a sus padres, que sí habían pasado penurias de alimentación.

Durante la guerra, estuvo en las urgencias del Clínic y también en el sanatorio del palacio del conde de Fígols con enfermos de tuberculosis. Tras la contienda, siguió ejerciendo como enfermera hasta que se casó en 1951. La mujer mayor de Catalunya tuvo tres hijos, y ahora también tiene dos nietas y un bisnieto.

Su longevidad llevaba años siendo notoria, porque, según explica, para celebrar su centenario pidió un ordenador de regalo. Además, hasta los 105 años se hacía el almuerzo, se valía por sí misma y estudiaba inglés y francés, y hasta hace unos meses cantaba en una coral. Hace un par de años, la operaron en el Hospital Vall d'Hebron del fémur, y el año pasado de una infección en el muslo, y se recuperó satisfactoriamente.

Según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), 3.139 personas tenían 100 años o más en el país en el primer semestre de este año, una cifra récord que no para de subir. La serie histórica comienza en 1981, cuando sólo había 140. Carme Noguera es la mayor de todos ellos, y entre los 534 hombres que forman parte de este grupo, Joan Escudé, con 110 años, es el más viejo.

Las personas que viven más allá de los 110 años, conocidas como supercentenarios, tienen un escudo inmunitario que les protege del cáncer en sus primeras etapas. El investigador japonés Kosuke Hashimoto, que ya había descubierto en 2019 que este grupo presenta un número mayor de linfocitos T con capacidad citotóxica frente al cáncer, acaba de descifrar el funcionamiento de este aparente blindaje biológico.

Hashimoto y su equipo han demostrado que este tipo de células inmunitarias se multiplican de forma masiva a partir de los 100 años sin dar muestras de agotamiento y que sus receptores coinciden de manera exacta con los que atacan activamente tumores como el cáncer de pulmón o de mama en pacientes enfermos. Los resultados se publican este miércoles en la revista Cell Reports.

Los investigadores analizaron muestras de sangre de 28 adultos divididos en tres grupos de edad: de 70 a 99 años, de 100 a 109 años y de 110 años o más. En los supercentenarios —o supercentenarias, pues en su mayoría son mujeres—, los linfocitos T citotóxicos CD4 (CD4 CTL) representaban casi una quinta parte de todas las células T en la sangre, mientras que en los participantes más jóvenes del estudio solo constituyen aproximadamente el 4% del total de células. Y la proporción de linfocitos T citotóxicos CD4 aumentó con la edad, con porcentajes medianos del 4%, 9,6% y 17,6%, respectivamente.

Las llamadas células T se dividen tradicionalmente en dos grupos: células auxiliares que coordinan las respuestas inmunitarias y células asesinas que destruyen las células infectadas o cancerosas. Los linfocitos T citotóxicos CD4 que acumulan los supercentenarios son un tipo particular de estas células que tienen un doble poder: conservan memoria para reconocer las amenazas y son capaces de destruir las células peligrosas. Por eso se clonan cuando el sistema inmunitario está bajo ataque.

El marcado aumento de estos linfocitos T en los supercentenarios podría proporcionar pistas importantes sobre cómo se mantiene el sistema inmunitario en la vejez extrema

Kosuke Hashimoto — Autor principal del artículo

Para comprobar qué tipo de linfocitos estaban generando, los autores analizaron sus receptores y vieron que estas células de defensa no solo se habían multiplicado para patrullar el organismo. Al rastrear la secuencia molecular de estos “sensores” o receptores (TCR) en bases de datos globales, los investigadores se llevaron una sorpresa: los mapas de estas células coincidían a la perfección con los de pacientes que sufrían tumores malignos activos. Las secuencias, detallan los autores, “coincidieron con las de las células T expandidas en tumores, particularmente cáncer de pulmón”, lo que sugiere la existencia de un escudo natural capaz de extinguir silenciosamente este tipo de tumores malignos.

“Los linfocitos T citotóxicos CD4 son una población de linfocitos T atípica y relativamente rara”, afirma Hashimoto. “Por lo tanto, su marcado aumento en los supercentenarios podría proporcionar pistas importantes sobre cómo se mantiene el sistema inmunitario en la vejez extrema”. Los investigadores advierten que su estudio no demuestra que los linfocitos T citotóxicos CD4 causen directamente la longevidad, pero creen que su capacidad para frenar el cáncer en etapas tempranas podría ser clave.

Una vida sin tumores

Manel Esteller, jefe de grupo de epigenética del Hospital Sant Pau, estudió recientemente los marcadores biológicos y moleculares de Maria Branyas, una supercentenaria catalana fallecida en 2024, y vio algo parecido. “Maria también presentaba aumento de estas células y otras similares, indicando el hecho de que sí pueden ser células protectoras de cáncer”, explica a elDiario.es, aunque advierte de que el aumento de estos linfocitos también puede ser debido a infecciones crónicas.

Estos linfocitos T citotóxicos son los típicos que aparecen para defendernos de tumores como los de pulmón y quizá esto sea el motivo por el que no tienen esos cánceres

Manel Esteller — Jefe de grupo de epigenética del Hospital Sant Pau

“Este artículo describe que esto puede estar asociado a una defensa contra tumores, y sabemos que los supercentenarios tienen menos tumores cuando mueren”, añade Esteller. “Analizando estos linfocitos T citotóxicos se ve que son los típicos que aparecen para defendernos de tumores como los de pulmón y quizá esto sea el motivo por el que esta gente no tiene esos cánceres”.

A Sofía Ferreira, especialista en longevidad de la Universidad de Edimburgo, le parece fascinante la idea de que los linfocitos T citotóxicos CD4 surjan y se expandan clonalmente en la vejez extrema. “Lo que resulta particularmente novedoso es la combinación de hallazgos y la dimensión adaptativa inesperada del envejecimiento inmunitario” comenta. “Los linfocitos T citotóxicos CD4 no solo se acumulan con la edad, sino que también se diversifican clonalmente en respuesta a antígenos persistentes. Quizás esto contribuya a la notable resistencia a las enfermedades de los supercentenarios”.

Las posibles limitaciones

Ana O’Loghen, especialista del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CSIC), considera que mirar esta población de linfocitos T citotóxicos (CTL) CD4 que surgen en etapas avanzadas del envejecimiento y superenvejecimiento es muy interesante, pero advierte de las posibles limitaciones, dado que “el número de individuos que analizan en cada grupo es bajo y muchos experimentos que hacen no son in vivo”.

Muchos de los que pasan de 100 años tienen en común ciertas peculiaridades inmunes que seguramente ayudan a que envejezcan de una manera más saludable, con menos enfermedades

Salvador Macip — Catedrático de medicina molecular en la Universidad de Leicester

Salvador Macip, catedrático de medicina molecular en la Universidad de Leicester, recuerda que últimamente se han publicado varios estudios que sugieren que uno de los secretos de los centenarios es un sistema inmune más potente. “Parece que muchos de los que pasan de 100 años tienen en común ciertas peculiaridades inmunes que seguramente ayudan a que envejezcan de una manera más saludable, con menos enfermedades”, asegura.

“Este artículo ahonda en estas diferencias en los linfocitos de una población de centenarios y su posible efecto protector, pero no sabemos cómo conseguir esta proporción de linfocitos y, de momento, no hay fármacos que aumenten está población”, subraya Macip. “Seguramente los centenarios lo consiguen gracias a su genética, que juega un papel importante en estas personas especialmente longevas”.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per tractar d'esclarir les circumstàncies de la mort d'un ancià de 85 anys el cos sense vida del qual ha aparegut flotant a la costa de la localitat de sa Ràpita (Campos) a Mallorca.

Ha estat al voltant de les 11.45 hores, segons han informat a Europa Press fonts properes a les indagacions, quan una persona que era a la platja ha trucat als serveis d'emergències alertant de la troballa d'un cadàver.

L'home, d'uns 85 anys, ha arribat fins a la costa arrossegat per les onades. Quan els testimonis han anat a auxiliar-lo s'han adonat que estava mort.

Una patrulla de la Guàrdia Civil s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha confirmat la defunció. El cadàver serà sotmès a la corresponent autòpsia per determinar les causes de la mort.

Encara que els investigadors estan a l'espera dels resultats de les proves forenses, existeix la possibilitat que l'ancià hagués patit un ofegament o algun tipus de problema mèdic mentre es trobava a l'aigua.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte de un anciano de 85 años cuyo cuerpo sin vida ha aparecido flotando en la costa de localidad de sa Ràpita (Campos) en Mallorca.

Ha sido sobre las 11.45 horas, según han informado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, cuando una persona que estaba en la playa ha llamado a los servicios de emergencias alertando del hallazgo de un cadáver.

El hombre, de unos 85 años, ha llegado hasta la costa arrastrado por las olas. Cuando los testigos han ido a auxiliarle se han dado cuenta de que estaba muerto.

Una patrulla de la Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha confirmado el fallecimiento. El cadáver será sometido a la correspondiente autopsia para determinar las causas de la muerte.

Aunque los investigadores están a la espera de los resultados de las pruebas forenses, existe la posibilidad de que el anciano hubiese sufrido un ahogamiento o algún tipo de problema médico mientras se encontraba en el agua.

És mig matí i el sol cau a plom sobre el barri palmesà de Son Cladera. Amb prou feines hi ha moviment als carrers, només el murmuri que arriba des d'una petita plaça on, assegudes a la terrassa d'un bar de tota la vida, conversen diverses dones. Des de fa dues setmanes, aquest és el seu punt de trobada habitual. L'anterior el van perdre el passat 2 de juliol, quan una comissió judicial, acompanyada per agents de la Policia Nacional, va executar el desallotjament de La Cala, el local on, durant més de tres dècades, van ballar, jugar al bingo, celebrar dinars populars i, sobretot, van trobar companyia. Allà on, fins fa dues setmanes, els veïns entraven i sortien constantment, avui només hi queda una persiana abaixada. “Han llevat la diversió a molta gent”, lamenta Fidela, una de les antigues usuàries.

A Son Cladera, un barri de 7.500 habitants sorgit a mitjan anys seixanta arran de l'expansió urbana de Palma, la ferida del desallotjament continua ben oberta. El que va començar com un litigi entre l'associació de gent gran i la propietat de l'immoble ha acabat convertint-se en el reflex d'un malestar més profund: el d'un veïnat que veu desaparèixer progressivament els espais que articulaven la vida comunitària i altres serveis bàsics, com les sucursals bancàries. “A més del casal, ens han llevat els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure doblers”, explica Fidela.

Fidela Pedregal feia dècades que estava vinculada al casal, que comptava amb més de 300 usuaris. Hi anava dues vegades per setmana “per això del cap” -en referència als tallers de memòria- i compartia les tardes amb altres veïns entre activitats, festes i partides de bingo. Asseguda a la terrassa del bar Màlaga, on cada matí es reuneix amb Josefa, Leonor i altres veïnes que també freqüentaven La Cala, lamenta que el tancament ha deixat moltes persones grans del barri “sense cap lloc on anar-hi”. Considera que, d'un dia per l'altre, ha desaparegut un espai que durant anys havia servit per combatre la soledat i mantenir activa la gent gran. “Ens han abandonat”, conclou.

A més del casal, ens han pres els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure diners

Fidela — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

El passat 2 de juliol, mentre desenes d'usuaris participaven en un taller de memòria, la comitiva judicial i els efectius policials van irrompre a l'edifici per executar el llançament. En qüestió de minuts, les activitats van quedar interrompudes i els assistents van haver d'abandonar el local entre el desconcert i la incertesa. Els cartells de balls, excursions i tallers que encara pengen a les finestres són l'únic vestigi de la intensa activitat que durant dècades va acollir el casal, avui convertit en el símbol d'una realitat que va més enllà d'aquest cas i que planteja interrogants sobre el futur dels espais comunitaris per a la gent gran i la vulnerabilitat de nombroses associacions que desenvolupen la seva tasca social en immobles de titularitat privada.

L'origen del conflicte es remunta al deute acumulat per l'anterior junta directiva amb la Fundació Sa Nostra, propietària de l'immoble des del 2020. Després de diversos impagaments del lloguer, la Fundació va iniciar un procediment judicial per recuperar la possessió del local. El 2024, ambdues parts van assolir un acord que va permetre suspendre un primer llançament i va donar marge a la nova junta gestora per intentar regularitzar la situació econòmica. A canvi, l'associació assumia una sèrie d'obligacions, entre les quals el pagament d'un lloguer de 2.200 euros mensuals, una quantitat destinada a cobrir tant la renda ordinària com l'amortització progressiva del deute acumulat, que rondava els 30.000 euros. El pacte va ser avalat per l'assemblea de socis, tot i que una part dels associats s'hi va oposar en considerar que deixava l'entitat en una situació de vulnerabilitat davant la propietat. Finalment, però, el desnonament es va acabar executant.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Fundació Sa Nostra per conèixer, entre altres qüestions, quines comunicacions va mantenir amb l'associació gestora en relació amb la data del desallotjament, quins incompliments concrets van motivar finalment l'execució del llançament, si es van plantejar alternatives per evitar-lo un cop iniciat el procediment judicial i quin ús preveu donar a l'immoble a partir d'ara. Tanmateix, no ha obtingut resposta fins al moment de la publicació d'aquest reportatge.

“Només queden els metges i tres farmàcies”

Al costat de Fidela seu Josefa, que confessa que troba a faltar la rutina que durant anys va marcar les seves tardes. Anava al casal per jugar al bingo, comprar loteria i compartir unes hores amb els seus veïns, tot i que reconeix que evitava tornar sola a casa quan es feia fosc perquè el trajecte li feia por. No va presenciar el desallotjament, ja que es va produir al matí, però ha reconstruït el que va passar a partir dels relats dels seus antics companys i dels vídeos que van circular ràpidament pel barri.

“Hi havia persones que van haver de sortir de pressa amb el tacataca i els cotxets. Va ser una falta de respecte. Diuen que arreglaran la situació, però no ho sé. M'han dit que ja han comprat el local per fer-hi pisos”, afirma. Per a ella, el tancament del casal és un episodi més del progressiu abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. “L'únic que ens queda són els metges i tres farmàcies”, lamenta, convençuda que les persones grans són les principals perjudicades.

“M'han mort”, afirma en la mateixa línia Isabel, a punt de fer 90 anys. Al portal de casa seva, a pocs metres del casal, descriu el tancament com un dur cop a la seva rutina. Recorda les tardes de bingo, els tallers de memòria i les converses que, fins fa tot just unes setmanes, omplien el local. Hi participava en les activitats de memòria i hi passava les tardes jugant al bingo abans de tornar a casa.

Asseguda al costat de Fidela i Josefa, Leonor explica que estava vinculada al casal des de pràcticament els seus inicis. Recorda que l'associació va començar en un local més petit abans de traslladar-se a l'edifici del qual ara ha estat desallotjada. “Era molt gran: tenia un menjador enorme, una cuina enorme i un pati molt gran”, rememora. Cada diumenge s'hi organitzaven dinars, s'hi celebraven festes i actes com la darrera missa rociera. “Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida”, recorda amb nostàlgia, resumint en una sola frase la intensa activitat social que durant dècades va acollir el casal.

Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida

Leonor — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

L'Ana també troba a faltar la rutina que havia construït al voltant de La Cala. Hi jugava al bingo, llegia la premsa i, sobretot, hi trobava un espai on conversar amb les seves amigues. Ara confia que l'associació aconsegueixi un nou local on reprendre les activitats. “Tant de bo en trobin un altre. És una pena el que ha passat”, lamenta. Al seu parer, el tancament del casal se suma a la desaparició d'altres serveis essencials a Son Cladera, com les oficines bancàries, una circumstància que, assegura, ha incrementat la dependència de moltes persones grans. “Ara depenen d'algú que els dugui a algun lloc o que els faci les gestions”, resumeix.

Tant de bo trobin un altre local. És una pena el que ha passat

Ana — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

“Els barris no interessen”

En un banc de la mateixa plaça, en José i en Salvador xerren amb altres veïns. En José lamenta que el tancament ha perjudicat persones grans com un dels seus familiars, que assistia amb freqüència als tallers de memòria i que, després del desnonament, ara depèn que les seves filles l'acompanyin a un altre centre. “Tot sol no hi pot anar”, explica, convençut que el desnonament ha complicat la vida quotidiana de molts usuaris que trobaven a La Cala un espai proper i accessible.

En Salvador, per la seva banda, sosté que el problema reflecteix l'abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. Lamenta la desaparició de serveis al barri, critica la manca de presència policial i retreu a les administracions que no hagin trobat una solució abans del desnonament. “Els barris no interessen”, afirma. També defensa que l'associació havia aconseguit sanejar la seva situació econòmica i considera que les persones grans han acabat pagant les conseqüències d'un conflicte que, segons ell, s'hauria pogut resoldre d'una altra manera.

La junta gestora: “Seguirem lluitant”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, assegura que l'associació no dona la batalla per perduda. “Continuarem lluitant”, afirma en declaracions a elDiario.es, convençuda que encara hi ha opcions per recuperar el casal. Sosté, fins i tot, que el cas podria establir un precedent per a altres entitats. Coronado confia que el tancament no sigui definitiu, ja que, després del llançament, van rebre una comunicació del jutjat en què se'ls informava que revisaria la documentació del procediment i que els havia concedit un termini d'entre quatre i deu dies hàbils per fer-ho.

Tot i això, lamenta que la resolució s'estigui endarrerint a causa del període de vacances. “Ens ho prendrem com unes vacances i esperarem, perquè continuarem lluitant”, assenyala, tot i que reconeix que l'espera “es fa eterna” per a uns usuaris que fa setmanes que no poden accedir al local.

En aquest sentit, lamenta que qui més està patint les conseqüències del tancament són les persones grans. “Ara no saben on anar”, afirma. Explica que moltes hi acudien cada tarda per refugiar-se de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques. “Els han pres això”, lamenta. Al seu parer, el tancament del local s'afegeix a la desaparició d'altres serveis bàsics del barri, com les sucursals bancàries, una situació que, assegura, deixa molts veïns d'edat avançada en una posició de més dependència. “Els han deixat abandonats”, conclou.

En els darrers anys s'han succeït les protestes, les concentracions i les crides per evitar el desnonament de La Cala. Després de conèixer la demanda de desnonament, l'Associació de Veïns de Son Cladera es va bolcar en la defensa del casal i va començar a organitzar mobilitzacions i campanyes de suport per intentar aturar-ne el tancament. “Avui són ells els qui fan fora; però demà tots serem grans i ens agradaria mantenir els nostres espais de convivència amb seguretat jurídica i una política social humanitària, sabent que es respecten els drets i les obligacions de tothom”, expressava l'entitat en un missatge difós a Facebook l'abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que els qui més estan patint les conseqüències del tancament són els més grans: "Ara no saben on anar". Explica que molts acudien cada tarda al casal per escapar de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques

Després del desallotjament del casal, diversos socis i veïns de Son Cladera han fet públiques cartes obertes en què qüestionen tant l'actuació de la Fundació Sa Nostra com la gestió de l'advocat de l'associació. Un dels socis, Juan Sánchez, retreu a la Fundació que trenqués amb el model de cessió gratuïta del local, vigent durant tres dècades, després d'assumir-ne la gestió el 2020 i d'imposar un contracte de lloguer a l'associació. Segons explica, el deute es va generar durant el mandat de l'anterior junta directiva, que va deixar de pagar les rendes, i va ser la posterior junta gestora la que va assumir el compromís de sanejar la situació econòmica i garantir la continuïtat de l'activitat del casal.

Sánchez defensa que, durant els dos últims anys, l'associació ha abonat pràcticament tot el deute acumulat després de duplicar la quota mensual que pagava a la Fundació. Per això, considera que el desallotjament no respon a un impagament, sinó a la voluntat de recuperar l'immoble. A la carta també acusa la Fundació Sa Nostra d'haver aprofitat el contracte signat amb la junta gestora per recuperar el local i deixar “al carrer” més de 250 persones grans, una actuació que considera incompatible amb els fins socials que proclama l'entitat i que, al seu parer, contradiu l'esperit dels seus propis estatuts.

D'altra banda, assegura que la voluntat majoritària de l'assemblea era esgotar totes les vies per continuar al local, inclosa la possibilitat de resistir-se al llançament si calia. En referència a l'advocat de la junta gestora, li retreu no haver informat els socis de la data prevista per a l'execució del desnonament. “Si hagués avisat del que faria el jutge, quan el jutge es va presentar al local l'hauria trobat ple de gent negant-se a sortir”, escriu.

Coronado, tanmateix, rebutja aquestes crítiques i assegura que el desallotjament va agafar per sorpresa fins i tot la mateixa entitat, ja que la comunicació judicial va arribar amb molt poc marge. Segons explica, el lletrat va rebre la notificació la tarda anterior i, quan van voler reaccionar, la comissió judicial ja s'havia presentat al casal a primera hora del matí. “No va donar temps a res. No entenem que actuïn d'aquesta manera”, lamenta. La presidenta de la junta gestora insisteix que la prioritat de l'entitat sempre ha estat defensar els interessos dels usuaris i assegura que continuaran lluitant per recuperar el local.

Possible cessió municipal

Per la seva banda, consultades per aquest diari, fonts de l'Ajuntament de Palma expliquen que el Consistori va posar, en el seu moment, el Casal de Barri de Son Cladera a disposició dels responsables de La Cala, però que l'entitat va rebutjar la proposta. L'Ajuntament recorda que el seu paper consisteix a cedir espais municipals perquè s'hi puguin desenvolupar activitats.

Coronado, tanmateix, retreu que el que es va posar sobre la taula va ser únicament una sala insuficient per desenvolupar l'activitat habitual de La Cala. “No era adequada per al que nosaltres fem”, sosté. Assegura que tècnics municipals van arribar a estudiar la possibilitat d'ampliar aquest espai, però van concloure que no era viable. La presidenta de la junta gestora recorda que el casal acollia activitats diàries i reunia un nombre d'usuaris molt superior al que podia assumir aquell equipament.

Desallotjament “inhumà” i “antidemocràtic”

La Unió d'Associacions de Mallorca (UAM) també s'ha sumat a les crítiques pel desallotjament del casal de La Cala. En un comunicat públic signat pel seu president, Pere Felip Buades, l'entitat assegura que no pot quedar-se “amb els braços plegats” davant el “tancament inadequat i infame” del local, “màxim tenint en compte que La Cala és l'associació de persones grans que més activitats duu a terme” i que aplega el nombre més gran de socis i sòcies de les Illes Balears. Tot i assegurar que respecta la resolució judicial que ha permès executar el llançament, afirma que no la comparteix i la qualifica d'“inhumana”, “anticristiana”, “antidemocràtica”, “immoral”, “caciquil” i “il·legal”.

Així mateix, l'organització ha reptat públicament la Fundació Sa Nostra a mantenir un debat públic “quan vulgui i on vulgui, amb la finalitat d'exposar lliurement i democràticament els respectius punts de vista”. En la mateixa nota, adverteix que, si l'entitat declina participar-hi, interpretarà aquesta decisió com una manca de voluntat d'oferir explicacions públiques sobre el cas.

La UAM assenyala, a més, que aquest assumpte serà abordat en el ple municipal d'aquest mes de juliol i sosté que tots els grups polítics tenen el deure de posicionar-se en defensa de l'associació. “Aquí no valdran les abstencions”, afirma en un altre comunicat, en què considera que no donar suport a La Cala equivaldria a girar l'esquena a una entitat que defineix com a “modèlica” i un “referent” del moviment associatiu de les Illes Balears.

Manca de mobilització social

Mentrestant, Stop Desnonaments Mallorca ha carregat durament contra el desallotjament del casal de persones grans de Son Cladera, que qualifica de “brutal”, i responsabilitza la propietària de l'immoble del que ha passat. La plataforma recorda que durant els darrers anys ha donat suport a les reivindicacions de l'associació per conservar el local, difonent les convocatòries i participant, en la mesura de les seves possibilitats, en les mobilitzacions organitzades en defensa del casal. Tot i això, el col·lectiu també marca distàncies amb la gestió de l'actual direcció de l'associació. Al seu parer, tant la majoria de la junta directiva com l'assemblea de socis que va donar suport a l'acord subscrit el 2024 amb la Fundació Sa Nostra “es van equivocar”.

L'organització lamenta que, en la reunió en què es va aprovar aquell acord, prevalgués el criteri de l'advocat per damunt del d'altres socis que, tot i no ser juristes, comptaven, segons sosté el col·lectiu, amb assessorament jurídic i amb l'experiència acumulada després d'anys de lluita veïnal. Al seu entendre, la direcció també es va equivocar en no tornar a convocar els socis per valorar l'evolució del conflicte i en optar per transmetre un missatge de tranquil·litat mentre el procediment judicial continuava avançant. Així mateix, sosté que la manca d'informació prèvia sobre la data del llançament va impedir organitzar una mobilització veïnal que, segons defensa, hauria pogut intentar evitar el desallotjament.

En aquest context, el col·lectiu defensa que l'estratègia per recuperar el casal s'ha de basar en la mobilització social i en la col·laboració entre entitats, i aposta per obrir una nova etapa sustentada en la unitat del barri. Amb aquest objectiu, ha demanat la convocatòria d'una reunió pública entre la junta de l'associació de persones grans, Stop Desnonaments SONKLA, l'Associació de Veïns de Son Cladera i qualsevol altre col·lectiu o veí que vulgui sumar-se a la defensa del casal.

“Esperem que, pel bé de l'associació, del casal i de les persones grans, la junta rectifiqui i passi a confiar en la mobilització del barri i en les aliances amb altres col·lectius que volem donar suport a la recuperació del local i a la defensa d'un barri digne”, subratlla. La plataforma reivindica la necessitat que les decisions puguin ser debatudes i qüestionades dins els moviments veïnals i socials i reitera la seva disposició a continuar donant suport a la recuperació d'un espai que considera fonamental per a la vida comunitària de Son Cladera.

Més enllà de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor i la resta d'usuaris del casal comparteixen una mateixa reivindicació: recuperar un espai que consideren imprescindible per mantenir viva la convivència a Son Cladera. Per a ells, La Cala no era només un casal de persones grans; era el lloc on omplien les tardes, feien amistats i continuaven sentint-se part d'un barri que avui, diuen, és una mica més pobre que fa dues setmanes. “Jo ja vaig cap als noranta anys i això era l'únic que tenia per sortir de casa”, conclou Isabel.

Es media mañana y el sol cae a plomo sobre la barriada palmesana de Son Cladera. Apenas hay movimiento en las calles, solo el murmullo que llega desde una pequeña plaza donde, sentadas en la terraza de un bar de toda la vida, conversan varias mujeres. Desde hace dos semanas es su punto de encuentro habitual. El anterior lo perdieron el pasado 2 de julio, cuando una comisión judicial y varios agentes de la Policía Nacional ejecutaron el desalojo de La Cala, el local en el que, durante más de tres décadas, bailaron, jugaron al bingo, celebraron comidas populares y, sobre todo, encontraron compañía. Allí donde, hasta hace dos semanas, los vecinos entraban y salían, hoy solo queda una persiana bajada. “Han quitado la diversión de mucha gente”, lamenta Fidela, una de las antiguas usuarias.

En Son Cladera, un barrio de 7.500 habitantes surgido a mediados de los sesenta al calor de la expansión urbana de Palma, la herida del desalojo aún continúa abierta. Y es que lo que comenzó como un litigio entre la asociación de mayores y la propiedad del inmueble ha acabado convirtiéndose en la máxima expresión de un malestar más profundo: el de un vecindario que llora la desaparición progresiva de los espacios que articulaban su vida comunitaria y la pérdida de otros servicios básicos como las sucursales bancarias. “Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero”, prosigue Fidela.

Fidela Pedregal llevaba décadas vinculada al casal, que contaba con más de 300 usuarios. Allí acudía dos veces por semana “para lo de la cabeza” -en alusión a los talleres de memoria- y compartía las tardes con otros vecinos entre actividades, fiestas y partidas de bingo. Sentada en la terraza del bar Málaga, donde cada mañana se reúne con Josefa, Leonor y otras vecinas que también frecuentaban La Cala, lamenta que el cierre ha dejado a muchas personas mayores del barrio “sin sitio a donde ir”, recriminando que un espacio que durante años sirvió para combatir la soledad y mantener activa a la gente mayor haya desaparecido de un día para otro. “Nos han abandonado”, abunda.

Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero

Fidela — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

El pasado 2 de julio, mientras decenas de usuarios participaban en un taller de memoria, la comitiva judicial y los efectivos policiales irrumpieron en el edificio para ejecutar el lanzamiento. En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre. Los carteles de bailes, excursiones y talleres que aún cuelgan de las ventanas son el único vestigio de la intensa actividad que durante décadas acogió el casal, reconvertido en el símbolo de una realidad que va más allá del caso y que plantea interrogantes en torno al futuro de los espacios comunitarios para las personas mayores y sobre la vulnerabilidad de numerosas asociaciones que desarrollan su labor social en inmuebles de titularidad privada.

En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre

El origen del conflicto se remonta a la deuda acumulada por la anterior junta directiva con la Fundació Sa Nostra, propietaria del inmueble desde 2020. Tras varios impagos del alquiler, la Fundació inició un procedimiento judicial para recuperar el local. En 2024, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió suspender un primer intento de desalojo y dio margen a la nueva junta gestora para intentar regularizar la situación económica. A cambio, la asociación asumía una serie de obligaciones, entre ellas el pago de un arrendamiento de 2.200 euros al mes, una cantidad destinada a cubrir tanto la renta corriente como la amortización progresiva de la deuda acumulada, que rondaba los 30.000. El pacto fue respaldado por la asamblea de socios, pero una parte de los asociados se opuso al considerar que dejaba a la entidad en una posición de vulnerabilidad frente a la propiedad. El desahucio, finalmente, acabó por llegar.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Fundació Sa Nostra para conocer, entre otras cuestiones, qué comunicaciones mantuvo con la asociación gestora respecto a la fecha del desalojo, qué incumplimientos concretos motivaron finalmente la ejecución del mismo, si existieron propuestas o alternativas para evitarlo una vez iniciado el procedimiento judicial y qué uso tiene previsto dar al inmueble a partir de ahora, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Solo quedan los médicos y tres farmacias”

Al lado de Fidela está sentada Josefa, quien confiesa que echa de menos la rutina que durante años marcó sus tardes. Acudía al casal para jugar al bingo, comprar la lotería y compartir unas horas con sus vecinos, aunque reconoce que evitaba volver sola de noche porque el camino hasta su casa le daba miedo. No presenció el desalojo, ya que se produjo por la mañana, pero ha escuchado a sus antiguos compañeros narrar lo sucedido, plasmado además en varios vídeos que corrieron como la pólvora.

“Había personas que tuvieron que salir deprisa con el tacataca y los carritos. Fue una falta de respeto. Dicen que recompondrán la situación, pero no lo sé. Me han dicho que ya han comprado el local para hacer pisos”, prosigue. Para ella, el cierre del casal es un capítulo más del progresivo abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. “Lo único que nos queda son los médicos y tres farmacias”, denuncia, convencida de que las personas mayores son las principales perjudicadas.

“A mí me han matado”, afirma en la misma línea Isabel, a punto de cumplir 90 años. En el portal de su casa, próximo al casal, describe el cierre como un duro golpe a su día a día mientras recuerda las tardes de bingo, los talleres de memoria y las conversaciones que hasta hace apenas unas semanas llenaban el local. Allí participaba en las actividades de memoria y pasaba ratos jugando al bingo antes de regresar a casa.

Sentada junto a Fidela y Josefa, Leonor explica que llevaba vinculada al casal desde prácticamente sus orígenes. Recuerda que el club comenzó en un local más pequeño hasta trasladarse al edificio del que ahora ha sido desalojado. “Era muy grande: tenía un comedor muy grande, una cocina muy grande, un patio grande”, rememora. Allí se celebraban comidas dominicales, fiestas y actos como la última misa rociera. “Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida”, recuerda, resumiendo con nostalgia la intensa actividad social que albergabael edificio.

Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida

Leonor — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

Ana también echa de menos la rutina que había construido alrededor de La Cala. Allí jugaba al bingo, leía la prensa y, sobre todo, encontraba un lugar donde conversar con sus amigas. Ahora confía en que la asociación consiga un nuevo espacio para retomar las actividades. “Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado”, lamenta. A su juicio, el cierre del casal se suma a la desaparición de otros servicios esenciales en Son Cladera, como las oficinas bancarias, una circunstancia que, advierte, ha aumentado la dependencia de muchas personas mayores. “Ahora dependen ya de alguien que les lleve a algún sitio o que les haga las gestiones”, resume.

Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado

Ana — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

“Los barrios no interesan”

En un banco de la misma plaza, José y Domingo charlan con otros vecinos. José lamenta que el cierre ha perjudicado a personas mayores como uno de sus familiares, que asistía con frecuencia a los talleres de memoria y que, tras el desalojo, depende ahora de que sus hijas lo lleven a otro centro. “Solo no puede ir”, explica, convencido de que el desalojo ha complicado la vida cotidiana de muchos usuarios que encontraban en La Cala un espacio cercano y accesible.

Salvador, por su parte, sostiene que el problema refleja el abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. Lamenta la desaparición de servicios en el barrio, critica la falta de presencia policial y reprocha a las administraciones no haber encontrado una solución antes del desalojo. “Los barrios no interesan”, afirma Salvador, quien también defiende que la asociación había conseguido sanear su situación económica y considera que las personas mayores han terminado pagando las consecuencias de un conflicto que, entiende, podría haberse resuelto de otra manera.

La junta gestora: “Seguiremos luchando”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, asegura que la asociación no da la batalla por perdida. “Seguiremos luchando”, afirma en declaraciones a elDiario.es, convencida de que todavía existen opciones para recuperar el casal. Sostiene, incluso, que el caso puede sentar un precedente para otras entidades. Coronado confía en que el cierre no sea definitivo dado que, tras el lanzamiento, recibieron la comunicación de que el Juzgado revisaría la documentación del procedimiento y que éste les ha otorgado un plazo de entre cuatro y diez días hábiles para hacerlo.

Sin embargo, lamenta que la resolución se esté demorando por el periodo vacacional. “Lo tomaremos como unas vacaciones y a esperar, porque seguiremos luchando”, señala, aunque reconoce que la espera “se hace una eternidad” para unos usuarios que llevan semanas sin poder acceder al local.

En este sentido, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son las personas mayores. “Ahora no saben dónde ir”, afirma. Explica que muchas acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas. “Les han cortado esto”, lamenta. A su juicio, el cierre del local se suma a la desaparición de otros servicios básicos del barrio, como las comentadas sucursales bancarias, una situación que, asegura, deja a muchos vecinos de edad avanzada en una posición de mayor dependencia. “Los han dejado abandonados”, concluye.

En los últimos años se han sucedido las protestas, las concentraciones y los llamamientos contra el desalojo de La Cala. Tras conocer la demanda de desahucio, la Asciación de Vecinos de Son Cladera se volcó en la defensa del casal y comenzó a organizar movilizaciones y campañas de apoyo para tratar de frenar el cierre. “Hoy son ellos a quienes echan a la calle; pero mañana todos seremos mayores y nos gustaría mantener nuestros espacios de convivencia con seguridad jurídica y política social humanitaria, sabiendo que se respetan los derechos y obligaciones de todos”, expresaba en un mensaje difundido en Facebook en abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son los mayores: "Ahora no saben dónde ir". Explica que muchos acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas

Tras el desalojo del casal, varios socios y vecinos de Son Cladera han hecho públicas cartas abiertas en las que cuestionan tanto la actuación de la Fundació Sa Nostra como la gestión del abogado de la asociación. Uno de los socios, Juan Sánchez, critica que la Fundació rompiese con el modelo de cesión gratuita del local que había estado vigente durante tres décadas tras asumir la gestión del inmueble en 2020 e imponer un alquiler a la asociación. Como relata, la deuda se originó durante la etapa de la anterior junta directiva, que dejó de abonar las rentas, y fue la posterior junta gestora la que asumió el compromiso de sanear la situación económica y mantener la actividad del casal.

Sánchez defiende que, durante los dos últimos años, la asociación ha abonado prácticamente toda la deuda acumulada al duplicar la cuota mensual que pagaba a la Fundación, por lo que considera que el desalojo no responde a un impago, sino al interés de recuperar el inmueble. En la carta acusa además a la Fundació Sa Nostra de haber aprovechado el contrato firmado con la junta gestora para hacerse con el local y dejar “en la calle” a más de 250 personas mayores, una actuación que considera incompatible con los fines sociales que proclama la entidad y que, a su juicio, contradice el espíritu de sus propios estatutos.

Por otro lado, asegura que la voluntad mayoritaria de la asamblea era agotar todas las vías para permanecer en el local, incluida la posibilidad de resistir al lanzamiento si fuera necesario. Dirigiéndose al abogado de la gestora, le reprocha no haber informado a los socios de la fecha prevista para la ejecución del desahucio. “Si hubiera avisado de lo que haría el juez, cuando el juez se presentó en el local se lo habría encontrado lleno de gente negándose a salir”, escribe.

Coronado, sin embargo, rechaza las críticas y asegura que el desalojo cogió por sorpresa incluso a la propia entidad, alegando que la comunicación judicial llegó con muy escaso margen. Según afirma, el letrado recibió la notificación la tarde anterior y, para cuando quisieron reaccionar, la comisión judicial ya se había presentado en el casal a primera hora de la mañana. “No dio tiempo a nada. No entendemos que actúen de esa manera”, lamenta. La máxima responsable de la gestora incide en que la prioridad de ésta siempre ha sido defender los intereses de los usuarios, por lo que, asevera, continuarán luchando para recuperar el local.

Posible cesión municipal

Por su parte, consultadas por este diario, fuentes del Ayuntamiento de Palma explican que el Consistorio, en su momento, puso a disposición de los responsables de La Cala el Casal de Barri de Son Cladera, pero que la propuesta fue rechazada por la entidad. El Ayuntamiento recuerda que su papel consiste en ceder espacios municipales para el desarrollo de actividades.

Coronado recrimina, sin embargo, que lo que se puso sobre la mesa fue únicamente una sala insuficiente para desarrollar la actividad habitual de La Cala. “No era adecuada para lo que nosotros hacemos”, sostiene. Asegura que técnicos municipales llegaron a estudiar la posibilidad de ampliar ese espacio, pero concluyeron que no era viable. La presidenta de la gestora recuerda que el casal acogía actividades diarias y reunía a un número de usuarios muy superior al que permitiría ese emplazamiento.

Desalojo “inhumano” y “antidemocrático”

La Unión de Asociaciones de Mallorca (UAM) también se ha sumado a las críticas por el desalojo del casal de La Cala. En un comunicado público firmado por su presidente, Pere Felip Buades, la entidad asegura que no puede quedarse “con los brazos cruzados” ante el “inadecuado e infame” cierre del local, “máxime teniendo en cuenta que La Cala es la asociación de gent gran [personas mayores en catalán] que más actividades viene realizando” y que aglutina al mayor número de socios y socias de Balears. Aunque asegura respetar la resolución judicial que ha permitido ejecutar el lanzamiento, señala que no la comparte y la califica de “inhumana”, “anticristiana”, “antidemocrática”, “inmoral”, “caciquil” e “ilegal”.

Asimismo, la organización ha retado públicamente a la Fundació Sa Nostra a mantener un debate público “cuando quiera y donde quiera, con el fin de exponer libre y democráticamente los consiguientes puntos de vista por ambas partes”. En la misma nota, advierte de que, si la entidad declina participar en ese debate, interpretará esa decisión como una falta de voluntad para dar explicaciones públicas sobre el caso.

La UAM señala además que este asunto será abordado en el pleno municipal de este mes de julio y sostiene que todos los grupos políticos tienen la obligación de posicionarse en defensa de la asociación. “Aquí no valdrán las abstenciones”, afirma en otro comunicado, en el que considera que no apoyar a La Cala equivaldría a dar la espalda a una entidad que define como “modélica” y un “referente” para el movimiento asociativo de Balears.

Falta de movilización social

Mientras tanto, Stop Desahucios ha cargado duramente contra el desalojo del casal de personas mayores de Son Cladera, que califica de “brutal”, y responsabiliza a la entidad propietaria del inmueble. La plataforma recuerda que durante los últimos años ha respaldado las reivindicaciones de la asociación para conservar el local, difundiendo convocatorias y participando, en la medida de sus posibilidades, en las movilizaciones convocadas en defensa del casal. No obstante, el colectivo también marca distancias con la gestión de la actual dirección de la asociación. En su opinión, tanto la mayoría de la junta directiva como la asamblea de socios que respaldó el acuerdo suscrito en 2024 con la Fundació Sa Nostra “se equivocaron”.

La organización lamenta que, en la reunión en la que se aprobó aquel el acuerdo, prevaleciera el criterio del abogado frente al de otros socios que, pese a no ser juristas, contaban -asevera- con asesoramiento legal y con la experiencia acumulada de años de lucha vecinal. A su juicio, la dirección también erró al no volver a convocar a los socios para valorar la evolución del conflicto y al optar por transmitir un mensaje de tranquilidad mientras avanzaba el procedimiento judicial. Asimismo, sostiene que la falta de información previa sobre la fecha del lanzamiento impidió organizar una movilización vecinal que, en su opinión, podría haber tratado de evitar el desalojo.

En este contexto, el colectivo defiende que la estrategia para recuperar el casal debe basarse en la movilización social y en la colaboración entre entidades, por lo que propone abrir una nueva etapa basada en la unidad del barrio. Para ello, ha solicitado la celebración de una reunión pública entre la junta de la asociación de personas mayores, Stop Desahucios SONKLA (su rama en Son Cladera), la asociación de vecinos y cualquier otro colectivo o vecino que quiera sumarse a la defensa del casal.

“Esperemos que por el bien de la asociación, del casal, de los mayores, la junta rectifique y pase a confiar en la movilización del barrio y alianzas con otros colectivos que queremos apoyar la recuperación del local y la defensa de un barrio digno”, subraya. La plataforma reivindica la necesidad de que las decisiones puedan ser debatidas y cuestionadas dentro de los movimientos vecinales y sociales y reitera su disposición a seguir apoyando la preservación un espacio que considera fundamental para la vida comunitaria de Son Cladera.

Más allá de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor y el resto de usuarios del casal comparten una misma reivindicación: recuperar un lugar que consideran imprescindible para mantener viva la convivencia en Son Cladera. Para ellos, La Cala no era solo un casal de personas mayores: era el espacio donde llenaban las tardes, hacían amistades y seguían sintiéndose parte de un barrio que hoy, dicen, es un poco más pobre que hace dos semanas. “Yo ya voy para noventa años y esto era lo único que tenía para salir de casa”, concluye Isabel.

Un incendio forestal declarado a las 15.55 horas en la localidad toledana de Urda ha obligado a confinar, como medida preventiva, la residencia de personas mayores Veracruz en este municipio.

La situación operativa ha escalado a nivel 1 en este fuego detectado por un vigilante fijo, aunque pasadas las seis de la tarde la peligrosidad del incendio descendía a nivel cero y la situación quedó normalizada. El centro dejó de estar confinado. A las 19:37 horas el fuego ya había sido extinguido.

En el lugar han trabajado un total de siete medios, dos de ellos aéreos y 25 personas en las labores de extinción.

Un juzgado de la localidad de Arganda del Rey ha decidido aplazar la declaración como imputada este martes de la jefa de geriatría del hospital Gregorio Marañón después de ser señalada como la supuesta autora de los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. Fue Carlos Mur, entonces alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó ante la jueza que él se limitó a firmar los conocidos como 'protolos de la vergüenza' pero que habían sido “presentados inicialmente” por esta geriatra. La citación fue señalada en abril pero el juzgado ha decidido dejarla para más adelante para que la facultativa pueda conocer a fondo el procedimiento.

Este juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey es uno de los múltiples juzgados de la Comunidad de Madrid que investigan las muertes concretas de ancianos en residencias durante la pandemia por la aplicación de los protocolos que, según denuncian las víctimas y familiares de fallecidos, impidieron la derivación a hospitales de ancianos que habían enfermado en residencias. Altos cargos como Carlos Mur comparecieron como testigos en varias causas pero varios juzgados han reabierto estas causas y han sido citados como imputados.

Mur, que entonces era director de Coordinación Sociosanitaria de Isabel Díaz Ayuso, ha señalado a varias personas en sus últimas declaraciones y la última fue esta geriatra, responsable del servicio en el hospital Gregorio Marañón. “Yo firmé el protocolo como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales (...) era un protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta”, dijo en una de sus comparecencias.

Ahora el juzgado de Arganda ha decidido tomar declaración a esta facultativa en calidad de investigada, aunque su comparecencia ha sido retrasada. Se suma a la lista de imputados junto con Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los dos primeros responsables de coordinación sociosanitaria y el último responsable del servicio de urgencias médicas SUMMA 112. Antonio Burgueño, asesor de Ayuso en ese momento, también está imputado en una de la causas abiertas.

Desde Marea de Residencias, que impulsa varios de estos procedimientos en representación de familiares de ancianos fallecidos, anuncian que han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región, añadido a la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria que ya investigaban diversos jueces.

Los “protocolos de la vergüeza”

Las familias de ancianos fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia impulsaron acciones judiciales penales ya en 2020 para solicitar una investigación penal sobre las 7.291 muertes que, denuncian, se produjeron por la negativa de la administración sanitaria madrileña a derivar a hospitales a ancianos que enfermaron mientras estaba ingresados en los geriátricos.

Las primeras causas abiertas en juzgados de toda la región también vieron declarar a Carlos Mur, aunque como testigo y no como imputado. Unas causas que, en su mayoría, terminaron archivadas. Tal y como reveló elDiario.es, uno de los juzgados llegó a cuestionar los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' pero rechazó que los altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluso la propia Ayuso, tuviera que responder penalmente por ellos.

Los recursos y nuevas denuncias y querellas de los familiares, muchas impulsadas por Marea de Residencias, derivaron en la reapertura o el impulso de decenas de causas en juzgados de toda la región. Varios de ellos mantienen imputado a Mur y otros antiguos altos cargos de Ayuso durante la pandemia mientras analizan el origen y la aplicación de estos protocolos.

Uno de los últimos movimientos de los tribunales ha sido avalar una de estas investigaciones e, incluso, ampliar el número de delitos investigados. La Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que supervisa estos procesos penales, avaló que los altos cargos pudieran ser acusados también de prevaricación.

Un hombre de 68 años ha fallecido este martes en Almería a consecuencia de un golpe de calor tras ser trasladado al Hospital Torrecárdenas. De esta forma, se trata además de la primera muerte por esta causa registrada durante la presente temporada estival.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, había informado horas antes de la existencia de tres casos confirmados de golpe de calor en las provincias de Cádiz, Córdoba y Almería, donde finalmente ha fallecido el afectado. Las tres personas fueron atendidas en hospitales y centros de Atención Primaria. En el caso de Córdoba, el consejero detalló que el paciente es un hombre de 57 años que fue ingresado en el Hospital Infanta Margarita de Cabra.

Córdoba y Jaén, las más afectadas

En términos generales, Sanz señaló que, entre el 11 de mayo y el 14 de junio, Andalucía ha contabilizado 427 urgencias relacionadas con patologías derivadas de las altas temperaturas. De ellas, 297 fueron atendidas en Atención Primaria y 130 en el ámbito hospitalario.

Asimismo, indicó que las comarcas con mayor incidencia del calor son actualmente la Campiña cordobesa, donde se prevén temperaturas de hasta 44,2 grados; Sierra Morena y El Condado, en Jaén, con máximas cercanas a los 43,5 grados; y la Subbética cordobesa, con registros de hasta 41,3 grados. Ante esta situación, el consejero hizo un llamamiento a la “prudencia” y a extremar las precauciones frente a las altas temperaturas.

La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo de la causa penal abierta a los responsables de la residencia de Tremp que en el otoño de 2020 registró uno de los brotes más graves de coronavirus en Catalunya, con 61 ancianos fallecidos.

La resolución cierra definitivamente la vía penal para los familiares de las víctimas, y confirma de nuevo que la mayoría de tribunales españoles no aprecian que las muertes en residencias alcanzaran la gravedad para investigarse por los delitos de homicidios por imprudencia o contra los derechos de los trabajadores.

En un auto, adelantado por Pallars Digital y que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Lleida considera “evidente” que los responsables de la residencia de Tremp investigados tuvieron “numerosas dificultades” para actuar “con la celeridad que exigía la gravedad de la situación”, esto es, con los contagios disparados y sin control entre ancianos y plantilla.

Sin embargo, concluye el tribunal, las “dificultades no son atribuibles a ninguna acción u omisión dolosa o imprudente” de la directora de la residencia en el momento de los hechos y su responsable sanitaria (una monja aquejada en la actualidad de demencia senil que la convierte en inimputable) “por no haber facilitado a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral”.

En pocas semanas, la residencia de la Fundación Fiella-Sant Hospital de Tremp, un municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde han fallecido más de medio centenar de personas. 

En conjunto, se produjeron 61 defunciones por COVID-19 de los 150 residentes, lo que supuso más del 40% del total de ancianos que acogía el centro. La investigación también reveló déficits organizativos en la gestión de los protocolos del centro, que terminó con 42 trabajadores de un total de 65 contagiados.

La Audiencia de Lleida constata que falló el plan de contingencia de la residencia (que implicaba la organización del centro por plantas, zonas de aislamiento y un control por parte de médico, una enfermera y una supervisora) y que fue por la conselleria de Salud, si bien no implica que ello conlleve una responsabilidad penal.

El “contexto excepcional de pandemia que se estaba viviendo” (pese a que los hechos ocurrieron en la segunda ola del COVID, no la primera), argumenta el tribunal, implicó que el plan de contingencia no pudiera aplicarse “dada la excepcionalidad del momento debido al elevado número de contagios”.

“Las posibles deficiencias en la difusión del plan [entre la plantilla] tampoco hubieran evitado el gran número de contagios”, zanja el tribunal. Ni la Generalitat ni la Inspección de Trabajo tampoco sancionaron a la residencia por vía administrativa.

El calor afecta por igual a personas jóvenes, en los centros educativos, y también en residencias de mayores. Hasta un mes llevan sin aire acondicionado en la residencia de mayores Virgen de la Antigua de Mora (Toledo) con temperaturas que, entre los meses de mayo y junio, están superando con mucho los 30 grados. Esa es la situación a la que se enfrentan los residentes en este centro que acoge a más de un centenar de personas, que posee plazas públicas pero su gestión es privada.

Mientras visitamos la residencia para conversar con algunas de las personas mayores que se han puesto en contacto con nosotros para “demandar una solución”, sentimos el calor del que nos hablan, a pesar de que el termómetro de un reloj que se encuentra sobre la recepción marque 27 grados, la sensación térmica es mucho más sofocante. “Nos asamos”, comentan los residentes y familiares.

Los ancianos están muy bien atendidos y las chicas [auxiliares] se merecen un 14 de 10, pero ruego que se muevan hilos para solucionar este problema, porque es una vergüenza

El ruido de los abanicos en la sala de visitas es incesante. Se escuchan resoplidos. Frú, frú, frú, suenan los abanicos de madera y de plástico se despliegan cada pocos segundos. Unos a otros se miran, entre risas. Comentan que para el cumpleaños de una residente con la que tienen amistad van a traer aperitivos y bebidas. Uno de los familiares de una residente se marcha antes y dice, sarcástico: “Me voy madre, te dejo aquí al fresco”, haciendo especial énfasis en esa última palabra.

En este centro de Mora llevan varias semanas sin aire acondicionado. A pesar de que todas las personas con las que hemos hablado coinciden en que la gerencia de la residencia, así como las recepcionistas y las auxiliares “se han mostrado siempre transparentes, diciendo que es un problema técnico, que falta una pieza que han tenido que pedir desde Alemania y que no llega”, se ve el cansancio en sus rostros. O quizá es fruto del calor.

Elogian a las auxiliares, pero critican la gestión

J.E., que prefiere no revelar su identidad, es una residente que lleva tiempo en este centro. Asegura que padecen esta situación de calor “horrible y sofocante” desde hace un mes. “Fue en mayo, cuando empezó ya a hacer calor. Mi hija me trajo un ventilador, igual que a otras personas se los han traído y yo lo dejo encendido hasta las cuatro de la mañana, luego me levanto a abrir la ventana cuando por la noche me dan ganas de hacer pis y así estoy”, explica. Comenta que “a lo mejor de 150 residentes, solo 50 estamos en condiciones y podemos quejarnos, pero poco podemos hacer”.

Paula, visita la residencia todos los días y es la esposa de un residente que vive en el “módulo gris”, el espacio de la residencia para aquellas personas que sufren de pérdida cognitiva y, por tanto, necesitan más asistencia. Ellos “no se quejan porque no pueden”, pero señala que su “marido está achicharrado”

“Es una residencia extraordinaria, pero lo agrava el problema de no tener climatización ahora con el calor. Pienso que es poco humano tenerles así, pasando tanto calor cuando en las altas esferas tienen aire acondicionado”. Paula asegura que en este mes han ido varias personas a Urgencias por deshidratación, a pesar de que “los ancianos están muy bien atendidos y las chicas [auxiliares] se merecen un 14 de 10, pero ruego que se muevan hilos para solucionar este problema, porque es una vergüenza”.

B.S. decide no revelar su identidad, pero es hija de una residente que también sufre pérdida cognitiva. Nos cuenta que el principal problema llega porque, además de este problema técnico, la residencia “tiene muchas cristaleras, por lo que es difícil que con tanta luz por todas partes no haga calor. Mi madre tiene una patología cognitiva y ella no sabe decir si tiene calor o tiene frío, pero no se puede tener a los abuelos con estas temperaturas sin aire acondicionado”.

Asegura que los problemas de climatización “empezaron a dar fallos en invierno”, pero la situación se ha hecho más patente con la llegada del calor. Ella ha pedido varias hojas de reclamación y le han comunicado el próximo lunes -15 de junio- “a lo mejor vienen las piezas”. B.S. también señala que “han sido muy transparentes y se están moviendo, pero las soluciones no llegan”. Por el momento, apunta, “dan gelatinas y zumos para mantener a los ancianos hidratados y las auxiliares se preocupan mucho por ellos”.

En el caso de T.M., aunque es de un pueblo cercano a Mora, visita habitualmente a su madre. Ella nos cuenta que por el momento no le ha traído un ventilador a su madre “porque ella no lo ha pedido, pero sí que se queja del calor en la zona común en la que están porque tiene una cristalera muy grande, entra mucha luz y hace mucho calor”. Considera que les están dando largas con el tema de la reparación “y que no lo arreglan por ahorro y que hay dejadez”.

Medidas provisionales que consideran “insuficientes”

Para paliar el calor como medida provisional se han dispuesto pingüinos -aires acondicionados portátiles y verticales- dispuestos en las zonas comunes, aunque los residentes recalcan que “no son suficientes para enfriar salas tan grandes, solo te da el fresco si te acercas al cacharro”.

En la propia sala de visitas comprobamos que este pingüino, único para una sala de unos 40 metros cuadrados y en la que se encuentran de media 15 o 20 personas, despide aire frío a una temperatura de 16 grados, aunque como puede verse está en 'low', a la potencia más baja. El aire se dirige al techo, moviendo las pequeñas guirnaldas de manualidades que realizan los propios residentes en sus actividades matutinas. El frescor se nota al acercar la mano, pero separándote un metro apenas es perceptible.

La reparación está programada para el 15 de junio

La dirección de la Residencia de mayores Virgen de la Antigua nos remite directamente a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios S.A, empresa que se encarga de gestionar “este asunto”, sin ofrecer más declaraciones.

Aralia explica a elDiario.es Castilla-La Mancha que la falta de climatización se debe a un problema técnico “detectado al inicio de la temporada que requiere de la revisión del sistema”. Aralia expone que desde el momento que se detectó esta avería, procedieron “a la formalización del pedido para la inmediata reparación”, en este caso fechado del 23 de abril según ha tenido acceso este medio al presupuesto en cuestión.

Esta incidencia se repetía de nuevo el 7 de mayo y de nuevo formalizaron un nuevo pedido para reparar el problema. “Hemos trasladado nuestras quejas por el retraso en la reparación [a la empresa correspondiente], que supone una cifra importante [más de 23.000 euros] que Aralia ha asumido con la diligencia que el cuidado de nuestros residentes requiere”, teniendo en cuenta que la empresa encargada de la instalación acudirá “para la reparación el próximo lunes 15 de junio”.

Además, Aralia señala que aparte de la instalación de los pingüinos, también “promovemos y velamos por una mayor hidratación de nuestros residentes y mantenemos una hidratación continua”. Afirman que estos hechos han sido informados “puntualmente” a la Delegación de la Consejería de Bienestar Social en Toledo.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social confirman a este medio que se les indicó que había una avería: “Al realizar la reparación del arreglo el 7 de mayo vieron que había otra avería, que consistía en la comunicación de dos circuitos”. Explican que también están informados tras “numerosas llamadas” a la empresa responsable de la reparación “nos han comunicado que acudirán al centro el lunes 15 de junio”. De igual forma, aseguran que “para paliar el calor que puedan tomar los residentes, hemos tomado medidas como pueden ser la instalación de pingüinos en las zonas comunes, mayor hidratación y supervisión continua de los residentes”.

A sus 92 años, Nieves Claramonte nunca ha sentido la necesidad de acudir a un psicólogo, ni siquiera cuando su hija se lo propuso ante la muerte de su marido. “Y eso que la vida no ha sido nada fácil”, dice esta vecina de Castellón. No es algo extraño a su edad. Ver a personas de avanzada edad en las salas de espera de los terapeutas continúa siendo algo inusual. Los expertos señalan que todavía persisten barreras y creencias socioculturales para que este segmento de la población considere la posibilidad de pedir ayuda profesional para sobrellevar de la mejor forma posible unos vaivenes vitales que también golpean duramente en la vejez.

Claramonte, sin embargo, sí participó en unos talleres que el Ayuntamiento de su ciudad realizó para combatir la soledad no deseada, algo habitual en los programas municipales. “Quizá me haga falta ir al psicólogo, pero creo que puedo con esto yo sola, de momento”, asegura pegada al teléfono fijo. Tampoco tendría problema en hacerlo, añade. “En esta etapa cambian muchas cosas. Los hijos hacen su vida, pierdes a personas muy cercanas, pero a mí la soledad no me ha golpeado fuerte aún”.

Piensa que una misma debe afrontar los golpes de la vida: “Tienes que ser fuerte, y los malos tragos quedan en el recuerdo”. Si a algo le tiene miedo, es a la guerra que ve continuamente por la televisión. “Está muy mal la cosa. Eso sí que me preocupa”, admite.

María del Mar Aguilar, secretaria del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha (COPCLM), señala que es habitual que los adultos mayores padezcan cambios en su salud. Esta experta que pasa consulta en Albacete y coordina programas de envejecimiento activo ubica en el “estigma generacional” la baja prevalencia de personas mayores en las consultas psicológicas. Se refiere a la nula socialización en torno a la salud mental que han experimentado estas personas, en la que el tabú prevalecía por encima de su verbalización. Prueba de ello ha sido la dificultad para encontrar testimonios en primera persona para este artículo.

Siguiendo con la forma de enfrentar el día a día de Claramonte, la terapeuta enfatiza que las personas mayores “pueden haber aprendido a ocultar su sufrimiento ante los demás para dar una imagen de dureza, como que ellos pueden con todo”. Aguilar también apunta que en las personas mayores se da cierta normalización del malestar. “Quizá piensen que el ánimo bajo o determinada sintomatología son cosas asociadas al envejecimiento y frente a las que están indefensas”, explica. En este sentido, Esther Camacho, psicogerontóloga y coordinadora del grupo de Buen Trato del Colegio de la Psicología de Madrid (COP Madrid), enfatiza que se da cierto “edadismo” al respecto.

Personas conscientes de lo que les ocurre

La presunción de la baja presencia de los adultos mayores en las consultas psicológicas está avalada por los datos. Según la última Encuesta Europea disponible, que data de 2020 y se basa en los datos del INE, solo el 3,94% de las personas de entre 65 y 74 años había visitado a un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en el último año, el segundo dato más bajo de los recabados. La cifra aumenta hasta el 5,17% en el caso de las personas de 75 a 84 años, mientras que de 85 años en adelante tan solo el 2,03 respondió afirmativamente, el dato más bajo.

Aguilar afirma que estas personas suelen relatar en consulta cierto malestar, una tristeza sostenida en el tiempo y síntomas de ansiedad. “Aunque pudiéramos pensar lo contrario, son perfectamente capaces de describir lo que sienten, qué tipo de pensamientos les invalidan y qué emociones les hacen sentir bien o qué comportamientos pueden realizar para que funcionen de forma adecuada”, agrega la secretaria general del COPCLM.

Lo colectivo antes que lo individual

Camacho incide en que muchas de estas personas sufren problemas de salud mental que desencadenan ciertos hitos en la vida. Argumenta esta posición en los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2025, que señalan que aproximadamente el 14% de los adultos de 70 años o más tienen un trastorno mental. La propia Organización lo advierte: “Las afecciones de salud mental en las personas mayores suelen infravalorarse y tratarse insuficientemente y la estigmatización que rodea a dichas afecciones puede hacer que las personas sean reacias a buscar ayuda”.

A pesar de que poco a poco su presencia es más habitual en las consultas, la psicóloga madrileña aclara que muchas de estas personas participan en los programas comunitarios y colectivos orientados a mejorar su bienestar. “Tienen más reparos para pedir ayuda a nivel individual, pero todo es más fácil si lo hacen desde otro acogimiento”, agrega.

El estrés que pueden sentir los adultos mayores tampoco es algo que se tenga demasiado en cuenta por las demás capas de la sociedad. Un dolor crónico o problemas de salud física, verse invalidados a la hora de realizar trámites del día a día complejos o hacerse cargo de los nietos en ocasiones de forma exigente son factores que pasan factura a quien los sufre. “Yo opino que un apoyo psicológico que pudiera disfrutar todo el mundo cuando llegara a la jubilación sería muy importante”, propone Camacho. De esta forma se podrían reducir las cifras del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, que en 2024 atestiguaba que el 35,6% de la población padece algún problema de salud mental, afección que supera el 40% en la población de 50 y más años y el 50% en los de 80 y más.

Contra la deriva farmacológica

Teresa Moratalla, psicóloga clínica y miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), está de acuerdo en la falta de cultura ligada a la salud mental que suelen padecer las personas mayores, pero recalca otro factor más que hace que no se vean impulsados a ir a terapia: “Entre los profesionales a veces tenemos cierta tendencia a pensar que no merece la pena que los mayores vayan al psicólogo porque es muy difícil que cambien sus costumbres y estilo de vida”.

En su caso, la mayor parte de los pacientes de este tipo que atiende llegan preocupados por el miedo a perder sus capacidades, sobre todo psíquicas. “A veces perder la movilidad no crea tanto temor como perder la lucidez, Otros acuden con malestar generado por pérdidas concretas, de hermanos o de su compañero de vida”, ejemplifica.

Esta especialista, por otra parte, critica que se intente aplacar el malestar de una persona mayor mediante fármacos antes que con psicoterapia. Le sigue Aguilar, quien menciona que “muchas personas pueden decantarse por tratamientos farmacológicos porque de alguna manera son más inmediatos”. Por su parte, la psicóloga catalana exclama que “la intervención en centros residenciales es altamente productiva. Así podríamos ver que mucha gente que parece que está de mal humor, lo que ocurre es que están deprimidas”.

A eso se dedica Marc Montoliú, instructor durante el curso contra la soledad no deseada que disfrutó Claramonte hace un tiempo. Este psicólogo experto en envejecimiento trabaja en una residencia para personas mayores en la que enseña herramientas y recursos para mejorar el bienestar psicológico de los usuarios. “Todavía pesa mucho el estigma. Piensan que ir a terapia es estar mal, loco, pero eso también se puede cambiar a edades elevadas”, sostiene.

Mientras realizaban los talleres junto al Ayuntamiento de Castellón, una de las frases que más repetían los participantes era “ojalá haber aprendido muchos años antes” todo esto que ahora descubrían ligado al confort mental. Las sesiones de Montoliú en la residencia difieren algo de las demás. En su caso, lo que más expresan los residentes es el miedo a ser una carga para sus allegados.

Del sufrimiento invisible a la barrera económica

La psicogerontóloga del COP Madrid subraya que otro aspecto del que no se suele hablar es de las posibles situaciones de maltrato que los adultos mayores afrontan por parte de hijos o parejas, un sufrimiento que se alarga hasta el último de sus días y que no se llega a objetivar como tal. A ello se suman los suicidios. Según la OMS, las estimaciones mundiales de salud 2021 muestran que, a escala mundial, alrededor de una sexta parte de las muertes por suicidio (16,6%) se producen en personas de 70 años o más.

La psicóloga del COPCLM, Aguilar, destaca que otra frontera que deben sortear las personas mayores es la falta de recursos y accesibilidad a la ayuda, incluso por la presencia de barreras físicas. Camacho añade desde Madrid que el precio de las consultas puede ser prohibitivo, una realidad que sufre cualquier persona con ingresos humildes. “Ronda entre los 60 y 90 euros la sesión. Aunque muchos puedan ser conscientes de que un psicólogo quizá les vendría bien, no consideran que sea oportuno pagar tanto dinero para que una persona los escuche una hora”, ilustra, por lo que en muchas ocasiones acuden a entidades sociales antes que a terapeutas privados.

Quejas por el estado de la comida, la falta grave de cuidado de los residentes, el deterioro de las instalaciones y acusaciones sin fundamento hacia los usuarios le han valido a Víctor Manuel Fernández, de 58 años, un apercibimiento previo a la expulsión de la residencia Colisee de Vallecas, en la que vive desde el 10 de febrero de 2023. Así lo denuncia este antiguo profesional del gas que sufrió un accidente en 2014 que le afectó gravemente a la médula espinal. Desde entonces ha pasado por seis centros sociosanitarios madrileños. Ahora está en “el peor de todos” los que ha conocido, asegura.

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad le ha advertido de que su comportamiento “puede derivar en la pérdida de la plaza” que “disfruta en la residencia”. Fernández ya ha puesto lo ocurrido en manos de un abogado y denuncia indefensión para poder alegar ante la Comunidad de Madrid. “Conozco mis derechos”, dice.

Se presenta como el presidente de la Junta de Participación de Usuarios, cargo que ha ocupado en tres de los centros por los que ha pasado. “Yo sé que soy bastante reivindicativo y un poco dolor de cabeza para los directores, pero quiero que nos traten con dignidad y conforme a la ley”, introduce. A principios de 2025, se convirtió en el representante de sus compañeros en esta residencia para personas con discapacidad física, gestionada por la sociedad limitada unipersonal La Saleta Care, radicada en València. Fue ahí el inicio de las desavenencias con la directora del centro, siempre según el relato esgrimido por Fernández.

Denuncia de desatención hacia los residentes

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es acredita cómo durante meses el residente ha puesto en conocimiento de la dirección diversas situaciones que no le han pasado desadvertidas. Una de las más graves está relacionada con la desatención que sufrió una residente el pasado 21 de noviembre. Sucedió durante la cena, en una mesa individual. “Nuestra compañera se estaba cayendo al suelo, sujeta prácticamente con la barbilla, mientras pasaban continuamente auxiliares de un lado al otro sin darse cuenta”, escribió en su correo electrónico de queja a la directora en el que adjunta una fotografía que prueba lo que denuncia.

El mensaje continúa: “Cuando traté de pedir ayuda a través de la puerta exterior del comedor, una auxiliar, mientras le rogaba ayuda para mi compañera que se estaba cayendo, tan solo me respondía reiteradamente que cerrara la puerta porque entraba frío”. Aquella noche falleció esta mujer. “Solicito asistencia en la revisión de las cámaras del comedor, en el día y la hora señaladas”, finalizó Fernández.

La directora le aseguró que la usuaria “estuvo en todo momento bajo supervisión y recibió asistencia por parte del personal de la zona, que la recolocó en la silla en un par de ocasiones”. También le rogó que, en adelante, se abstuviera de realizar fotografías sin contar con los permisos correspondientes.

Colisee Vallecas subraya a este medio que la postura a la que se hace referencia era una conducta clínica habitual de esta persona debido al perfil de su patología neurodegenerativa de evolución muy rápida que “requirió un nivel de atención y acompañamiento humano muy superior al estándar”. Según defienden, no existe “ninguna evidencia médica ni técnica” que vincule su fallecimiento con la atención prestada en el centro.

Para el representante de los usuarios, casos así son consecuencia de “la privatización de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, que provoca la proliferación de posibles negocios entre políticos corruptos y empresarios”. Todas sus demandas también obran en poder del Defensor del Pueblo desde septiembre del año pasado.

Quejas sobre la comida y el estado de las infraestructuras

Como en tantos otros centros de este tipo, la comida que los usuarios se ven obligados a ingerir dista mucho de la que desean. Las imágenes facilitadas por Fernández también dan cuenta de ello, incluso nombra como “garbanzos con misterio” un plato de esta legumbre con una sopa en la que se aprecian motas negras. “Y eso que yo casi nunca como aquí, pero ellos cobran como si lo hiciera todos días del año”, recalca.

Ante dicho extremo, desde Colisee Vallecas ha remarcado que disponen de cocina propia “donde se elaboran menús diarios bajo estrictos controles de calidad y están diseñados por profesionales de la nutrición”, y que cuentan con la certificación Healthia Care nivel Gold, “una de las más exigentes del sector”.

El estado del patio es otra de las reivindicaciones que Fernández quiere que la sociedad conozca. Tal y como se aprecia en las fotografías que ha remitido, los pocos toldos que en verano producen sombra están rotos, el pavimento presenta numerosas roturas y los bancos tienen listones levantados.

La residencia, por su parte, ha explicado que en el pavimento exterior “se han hecho reparaciones y estamos evaluando la posibilidad de una reforma integral que, por su envergadura, requiere una mayor planificación”. Del mismo modo, la sustitución de los toldos ya está en fase de gestión con proveedores. “Respecto al mobiliario, como los bancos, cualquier elemento detectado en mal estado es retirado o reparado de inmediato por seguridad”, han agregado.

Conflictos continuos entre Fernández y la dirección

Otra de las quejas versa sobre la expulsión que sufrió una usuaria del centro, quien mantiene una relación con Fernández, de la habitación de él. “Lo hicieron dos veces y la tercera ya no ocurrió porque les pregunté que qué iban a hacer si no se iba”, comenta. En el contrato que firman al entrar se recoge que los residentes no pueden entrar en habitaciones de otros usuarios sin su consentimiento. “Y nosotros teníamos el consentimiento de mi compañero. Ya no eran las normas lo que había que respetar, sino órdenes de arriba. Aquí parece que el reglamento lo tenemos que respetar solo nosotros”, recalca. Colisee Vallecas explica que lo hicieron para “garantizar el derecho a la intimidad y el descanso en las habitaciones”, aunque no hacen referencia al hecho de que Fernández asegura que tenía el permiso de su compañero.

El representante de los usuarios se quejó este mismo febrero de “acusaciones vanas y faltar al respeto”. Fernández y Ruiz se enzarzaron en una discusión por correo electrónico porque la directora del centro afirma que le entregaron una grapadora en buen estado y posteriormente fue devuelta dañada, pero sin pruebas de ello. Tampoco permite que el mismo Fernández pueda demostrar lo sucedido accediendo a la grabación de las cámaras de seguridad, ya que eso infringiría la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sostiene la dirección. La residencia no ha precisado qué pruebas tienen de que entregaron la grapadora en buen estado y fue devuelta dañada.

Primer aviso: apercibimiento

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, ha comunicado a Fernández mediante carta certificada este febrero que ha protagonizado “numerosos episodios disruptivos y alteraciones conductuales”, y le han acusado de “no hacer un uso ni un adecuado aprovechamiento de los servicios del centro”. Por último, le advierten de que reiterados incumplimientos de las normas pueden derivar en la pérdida de la plaza que actualmente disfruta en Vallecas.

Desde el departamento liderado por Ana Dávila han respondido a elDiario.es que no pueden ofrecer información sobre casos concretos. Aun así, han comentado que “los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid tienen que cumplir unas normas mínimas de comportamiento para respetar los derechos de otros usuarios y de los trabajadores que les atienden”.

También confirman el apercibimiento realizado a Fernández y aseguran que “mantendrá próximamente” una reunión con responsables de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad “para tratar su situación”. Sin embargo, la Consejería ha declinado explicar a qué se refieren cuando mencionan “episodios disruptivos y alteraciones conductuales” en el apercibimiento emitido el pasado 19 de febrero y firmado por Noemí Álvarez Bravo, jefa de área de Atención a la Discapacidad.

Colisee Vallecas, por su parte, incide en que en los casos en los que detecta “dificultades significativas en la convivencia y en la adherencia a las normas básicas del centro”, tienen “la obligación técnica e institucional de informar a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid en materia social”. Según añaden, “no se trata de una medida disciplinaria, sino de un procedimiento reglado y escalonado que busca, ante todo, ofrecer una oportunidad para reconducir la situación”.

El afectado aclara que no tiene “ninguna intención” de irse. “Porque esta también es mi casa”, explica. Según añade, ahí es donde tiene a su pareja y donde hace “algo útil por la sociedad”. Por el momento, trata con un abogado los próximos movimientos, que pasan por alegar. En dichas alegaciones explica que la falta de concreción en las acusaciones le provoca indefensión hacia las mismas.

Asimismo, ha planteado que “las manifestaciones vertidas en diversos correos y comunicaciones en relación a mis actividades fuera del centro o con mi pareja son una clara invasión a mi intimidad”. Según Fernández, esto demuestra que el expediente persigue silenciar su presencia en el centro residencial y conseguir su expulsión del mismo.

Un juez de Getafe ha acordado imputar por un delito de prevaricación a Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y al que se investiga en diferentes juzgados por presuntamente participar en la elaboración de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que habrían impedido derivar a ancianos desde las residencias a hospitales de la Comunidad de Madrid en la primera ola del COVID-19.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor Luis Carlos de Isidro entiende que su juzgado sí es competente para admitir la ampliación de denuncia presentada por el PSOE, aunque lo hace parcialmente dado que debe acotar esa investigación “a la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”. Extiende su competencia a la participación que en ese asunto hubiera tenido otro de los ex altos cargos sanitarios de Isabel Díaz Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo.

El juez hace este matiz en su resolución porque entiende que la formación pretendía con su ampliación que se investigaran unas órdenes “que afectan a todo el territorio de la Comunidad de Madrid y que fueron emitidas y confeccionadas en la localidad de Madrid”. Recuerda que las mismas solo tenían “efecto reflejo en la remisión de las mismas a la localidad de Getafe”, única en la que ostenta competencia territorial.  

En este sentido, abunda en que la investigación general del delito de prevaricación que se pretende desde el PSOE “excede claramente” de su competencia y, por tanto, considera “improcedente” parte de la ampliación de la denuncia.

La unificación

Cabe recordar que ya son varios los juzgados madrileños que tienen causas abiertas contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por esos protocolos y, según fuentes jurídicas consultadas, a lo largo del mes de abril habrá un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la posibilidad de que se acaben unificando en una sola causa.

Mur, que ostentó esa Dirección General durante ocho meses, fue el firmante de las distintas versiones de los llamados 'protocolos de la vergüenza'. Estos establecían quién podía o no ser trasladado a un hospital desde las residencias públicas y frenaron la derivación de dependientes, salvo la de aquellos que tenían seguro privado o vivían en su casa. Mur fue destituido de manera fulminante dos meses después de los protocolos, en mitad de la pandemia, y tras empezar a surgir denuncias de familiares. Él ha declarado en otro procedimiento que “coordinó, revisó, firmó y envió” los documentos a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero argumenta que no fue su autor.

Mur fue sustituido en mayo de 2020 por Francisco Javier Martínez Peromingo, que hasta ese momento era geriatra en los hospitales gestionados por Quirón, una de las principales concesionarias en la sanidad madrileña, y, según declaró Mur, autor de otros borradores de los protocolos e interviniente en la redacción de los mismos desde esa posición, pese a que en ese momento estaba fuera de la cadena de mando de la Consejería. Peromingo reconoce su papel, pero apunta a Mur como responsable de los posibles elementos discriminatorios. En julio de 2023, Peromingo salió del gobierno regional de Ayuso para convertirse en jefe de Geriatría del buque insignia de Quirón en Madrid: la Fundación Jiménez Díaz.

En la ampliación de la denuncia, a la que también ha tenido acceso elDiario.es, el PSOE solicita ejercer la acusación popular en esta causa e indica que los hechos además de ser constitutivos del delito de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios también encajan en el tipo penal de la prevaricación administrativa. 

“Se debe investigar adecuadamente si las órdenes por las que se aprobaron los protocolos respecto de la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19 durante la pandemia y que se aplicaron tanto en los hospitales como en las residencias de personas mayores, así como las decisiones de medicalizar las residencias para atenderlos que nunca se llegaron a materializar, pudieran ser constitutivos de otros delitos, en concreto el de prevaricación”, explica. 

En este sentido, hace mención al informe elaborado en el marco de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid elaborado por profesionales de varios sectores liderados por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Resalta que ese trabajo concluía que “muchas de las personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19 y que se encontraban ingresadas en residencias dependientes de la Comunidad de Madrid fueron víctimas no sólo de la enfermedad que acabó con sus vidas y la situación de pandemia general sino de las decisiones y protocolos que no contribuyeron a su salvación y que pudieron influir en su resultado fatal o incluso haber anticipado el hecho o haber aumentado el daño por falta de cuidados paliativos adecuados en una residencia”.

Y explica, refiriéndose a ese informe, que entre marzo y abril de 2020, murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid. De ellas, 7.291 lo hicieron en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. Y añade que los responsables sanitarios que tuvieron un papel decisivo en la gestión de la crisis del Covid-19 en las residencias de ancianos y centros de discapacitados, “establecieron unos protocolos de los que podrían derivarse responsabilidades penales” pues se aprobaron pese a que existían evidencias de las posibles consecuencias discriminatorias.

Tras realizar un repaso cronológico de qué pasos dio el gobierno de Ayuso hasta implementar esos protocolos incide en que se adoptaron “de manera arbitraria y con conocimiento de su injusticia” y que se trató de una “absoluta ilegalidad” dado que esa discriminación atentó al derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación que recoge la Constitución.

El Equipo Arroba de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de estafa y apropiación indebida, en una residencia de ancianos de la localidad de Burbáguena.

El presunto autor, trabajador del centro, aprovechando la relación de confianza que había establecido con la víctima y aprovechando su situación de vulnerabilidad, realizó 14 extracciones en diferentes días, utilizando la cartilla de ahorro del perjudicado, llegando a extraer alrededor de 12.600€.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron la investigación a raíz de una denuncia interpuesta por un familiar de la víctima, al observar movimientos bancarios extraños en la cuenta corriente, tales como extracciones de dinero sin autorización.

Por lo anterior, el Equipo Arroba procedió a la detención del presunto autor de los hechos. Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha nº1.