Quejas por el estado de la comida, la falta grave de cuidado de los residentes, el deterioro de las instalaciones y acusaciones sin fundamento hacia los usuarios le han valido a Víctor Manuel Fernández, de 58 años, un apercibimiento previo a la expulsión de la residencia Colisee de Vallecas, en la que vive desde el 10 de febrero de 2023. Así lo denuncia este antiguo profesional del gas que sufrió un accidente en 2014 que le afectó gravemente a la médula espinal. Desde entonces ha pasado por seis centros sociosanitarios madrileños. Ahora está en “el peor de todos” los que ha conocido, asegura.

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad le ha advertido de que su comportamiento “puede derivar en la pérdida de la plaza” que “disfruta en la residencia”. Fernández ya ha puesto lo ocurrido en manos de un abogado y denuncia indefensión para poder alegar ante la Comunidad de Madrid. “Conozco mis derechos”, dice.

Se presenta como el presidente de la Junta de Participación de Usuarios, cargo que ha ocupado en tres de los centros por los que ha pasado. “Yo sé que soy bastante reivindicativo y un poco dolor de cabeza para los directores, pero quiero que nos traten con dignidad y conforme a la ley”, introduce. A principios de 2025, se convirtió en el representante de sus compañeros en esta residencia para personas con discapacidad física, gestionada por la sociedad limitada unipersonal La Saleta Care, radicada en València. Fue ahí el inicio de las desavenencias con la directora del centro, siempre según el relato esgrimido por Fernández.

Denuncia de desatención hacia los residentes

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es acredita cómo durante meses el residente ha puesto en conocimiento de la dirección diversas situaciones que no le han pasado desadvertidas. Una de las más graves está relacionada con la desatención que sufrió una residente el pasado 21 de noviembre. Sucedió durante la cena, en una mesa individual. “Nuestra compañera se estaba cayendo al suelo, sujeta prácticamente con la barbilla, mientras pasaban continuamente auxiliares de un lado al otro sin darse cuenta”, escribió en su correo electrónico de queja a la directora en el que adjunta una fotografía que prueba lo que denuncia.

El mensaje continúa: “Cuando traté de pedir ayuda a través de la puerta exterior del comedor, una auxiliar, mientras le rogaba ayuda para mi compañera que se estaba cayendo, tan solo me respondía reiteradamente que cerrara la puerta porque entraba frío”. Aquella noche falleció esta mujer. “Solicito asistencia en la revisión de las cámaras del comedor, en el día y la hora señaladas”, finalizó Fernández.

La directora le aseguró que la usuaria “estuvo en todo momento bajo supervisión y recibió asistencia por parte del personal de la zona, que la recolocó en la silla en un par de ocasiones”. También le rogó que, en adelante, se abstuviera de realizar fotografías sin contar con los permisos correspondientes.

Colisee Vallecas subraya a este medio que la postura a la que se hace referencia era una conducta clínica habitual de esta persona debido al perfil de su patología neurodegenerativa de evolución muy rápida que “requirió un nivel de atención y acompañamiento humano muy superior al estándar”. Según defienden, no existe “ninguna evidencia médica ni técnica” que vincule su fallecimiento con la atención prestada en el centro.

Para el representante de los usuarios, casos así son consecuencia de “la privatización de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, que provoca la proliferación de posibles negocios entre políticos corruptos y empresarios”. Todas sus demandas también obran en poder del Defensor del Pueblo desde septiembre del año pasado.

Quejas sobre la comida y el estado de las infraestructuras

Como en tantos otros centros de este tipo, la comida que los usuarios se ven obligados a ingerir dista mucho de la que desean. Las imágenes facilitadas por Fernández también dan cuenta de ello, incluso nombra como “garbanzos con misterio” un plato de esta legumbre con una sopa en la que se aprecian motas negras. “Y eso que yo casi nunca como aquí, pero ellos cobran como si lo hiciera todos días del año”, recalca.

Ante dicho extremo, desde Colisee Vallecas ha remarcado que disponen de cocina propia “donde se elaboran menús diarios bajo estrictos controles de calidad y están diseñados por profesionales de la nutrición”, y que cuentan con la certificación Healthia Care nivel Gold, “una de las más exigentes del sector”.

El estado del patio es otra de las reivindicaciones que Fernández quiere que la sociedad conozca. Tal y como se aprecia en las fotografías que ha remitido, los pocos toldos que en verano producen sombra están rotos, el pavimento presenta numerosas roturas y los bancos tienen listones levantados.

La residencia, por su parte, ha explicado que en el pavimento exterior “se han hecho reparaciones y estamos evaluando la posibilidad de una reforma integral que, por su envergadura, requiere una mayor planificación”. Del mismo modo, la sustitución de los toldos ya está en fase de gestión con proveedores. “Respecto al mobiliario, como los bancos, cualquier elemento detectado en mal estado es retirado o reparado de inmediato por seguridad”, han agregado.

Conflictos continuos entre Fernández y la dirección

Otra de las quejas versa sobre la expulsión que sufrió una usuaria del centro, quien mantiene una relación con Fernández, de la habitación de él. “Lo hicieron dos veces y la tercera ya no ocurrió porque les pregunté que qué iban a hacer si no se iba”, comenta. En el contrato que firman al entrar se recoge que los residentes no pueden entrar en habitaciones de otros usuarios sin su consentimiento. “Y nosotros teníamos el consentimiento de mi compañero. Ya no eran las normas lo que había que respetar, sino órdenes de arriba. Aquí parece que el reglamento lo tenemos que respetar solo nosotros”, recalca. Colisee Vallecas explica que lo hicieron para “garantizar el derecho a la intimidad y el descanso en las habitaciones”, aunque no hacen referencia al hecho de que Fernández asegura que tenía el permiso de su compañero.

El representante de los usuarios se quejó este mismo febrero de “acusaciones vanas y faltar al respeto”. Fernández y Ruiz se enzarzaron en una discusión por correo electrónico porque la directora del centro afirma que le entregaron una grapadora en buen estado y posteriormente fue devuelta dañada, pero sin pruebas de ello. Tampoco permite que el mismo Fernández pueda demostrar lo sucedido accediendo a la grabación de las cámaras de seguridad, ya que eso infringiría la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sostiene la dirección. La residencia no ha precisado qué pruebas tienen de que entregaron la grapadora en buen estado y fue devuelta dañada.

Primer aviso: apercibimiento

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, ha comunicado a Fernández mediante carta certificada este febrero que ha protagonizado “numerosos episodios disruptivos y alteraciones conductuales”, y le han acusado de “no hacer un uso ni un adecuado aprovechamiento de los servicios del centro”. Por último, le advierten de que reiterados incumplimientos de las normas pueden derivar en la pérdida de la plaza que actualmente disfruta en Vallecas.

Desde el departamento liderado por Ana Dávila han respondido a elDiario.es que no pueden ofrecer información sobre casos concretos. Aun así, han comentado que “los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid tienen que cumplir unas normas mínimas de comportamiento para respetar los derechos de otros usuarios y de los trabajadores que les atienden”.

También confirman el apercibimiento realizado a Fernández y aseguran que “mantendrá próximamente” una reunión con responsables de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad “para tratar su situación”. Sin embargo, la Consejería ha declinado explicar a qué se refieren cuando mencionan “episodios disruptivos y alteraciones conductuales” en el apercibimiento emitido el pasado 19 de febrero y firmado por Noemí Álvarez Bravo, jefa de área de Atención a la Discapacidad.

Colisee Vallecas, por su parte, incide en que en los casos en los que detecta “dificultades significativas en la convivencia y en la adherencia a las normas básicas del centro”, tienen “la obligación técnica e institucional de informar a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid en materia social”. Según añaden, “no se trata de una medida disciplinaria, sino de un procedimiento reglado y escalonado que busca, ante todo, ofrecer una oportunidad para reconducir la situación”.

El afectado aclara que no tiene “ninguna intención” de irse. “Porque esta también es mi casa”, explica. Según añade, ahí es donde tiene a su pareja y donde hace “algo útil por la sociedad”. Por el momento, trata con un abogado los próximos movimientos, que pasan por alegar. En dichas alegaciones explica que la falta de concreción en las acusaciones le provoca indefensión hacia las mismas.

Asimismo, ha planteado que “las manifestaciones vertidas en diversos correos y comunicaciones en relación a mis actividades fuera del centro o con mi pareja son una clara invasión a mi intimidad”. Según Fernández, esto demuestra que el expediente persigue silenciar su presencia en el centro residencial y conseguir su expulsión del mismo.

Un juez de Getafe ha acordado imputar por un delito de prevaricación a Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y al que se investiga en diferentes juzgados por presuntamente participar en la elaboración de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que habrían impedido derivar a ancianos desde las residencias a hospitales de la Comunidad de Madrid en la primera ola del COVID-19.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor Luis Carlos de Isidro entiende que su juzgado sí es competente para admitir la ampliación de denuncia presentada por el PSOE, aunque lo hace parcialmente dado que debe acotar esa investigación “a la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”. Extiende su competencia a la participación que en ese asunto hubiera tenido otro de los ex altos cargos sanitarios de Isabel Díaz Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo.

El juez hace este matiz en su resolución porque entiende que la formación pretendía con su ampliación que se investigaran unas órdenes “que afectan a todo el territorio de la Comunidad de Madrid y que fueron emitidas y confeccionadas en la localidad de Madrid”. Recuerda que las mismas solo tenían “efecto reflejo en la remisión de las mismas a la localidad de Getafe”, única en la que ostenta competencia territorial.  

En este sentido, abunda en que la investigación general del delito de prevaricación que se pretende desde el PSOE “excede claramente” de su competencia y, por tanto, considera “improcedente” parte de la ampliación de la denuncia.

La unificación

Cabe recordar que ya son varios los juzgados madrileños que tienen causas abiertas contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por esos protocolos y, según fuentes jurídicas consultadas, a lo largo del mes de abril habrá un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la posibilidad de que se acaben unificando en una sola causa.

Mur, que ostentó esa Dirección General durante ocho meses, fue el firmante de las distintas versiones de los llamados 'protocolos de la vergüenza'. Estos establecían quién podía o no ser trasladado a un hospital desde las residencias públicas y frenaron la derivación de dependientes, salvo la de aquellos que tenían seguro privado o vivían en su casa. Mur fue destituido de manera fulminante dos meses después de los protocolos, en mitad de la pandemia, y tras empezar a surgir denuncias de familiares. Él ha declarado en otro procedimiento que “coordinó, revisó, firmó y envió” los documentos a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero argumenta que no fue su autor.

Mur fue sustituido en mayo de 2020 por Francisco Javier Martínez Peromingo, que hasta ese momento era geriatra en los hospitales gestionados por Quirón, una de las principales concesionarias en la sanidad madrileña, y, según declaró Mur, autor de otros borradores de los protocolos e interviniente en la redacción de los mismos desde esa posición, pese a que en ese momento estaba fuera de la cadena de mando de la Consejería. Peromingo reconoce su papel, pero apunta a Mur como responsable de los posibles elementos discriminatorios. En julio de 2023, Peromingo salió del gobierno regional de Ayuso para convertirse en jefe de Geriatría del buque insignia de Quirón en Madrid: la Fundación Jiménez Díaz.

En la ampliación de la denuncia, a la que también ha tenido acceso elDiario.es, el PSOE solicita ejercer la acusación popular en esta causa e indica que los hechos además de ser constitutivos del delito de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios también encajan en el tipo penal de la prevaricación administrativa. 

“Se debe investigar adecuadamente si las órdenes por las que se aprobaron los protocolos respecto de la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19 durante la pandemia y que se aplicaron tanto en los hospitales como en las residencias de personas mayores, así como las decisiones de medicalizar las residencias para atenderlos que nunca se llegaron a materializar, pudieran ser constitutivos de otros delitos, en concreto el de prevaricación”, explica. 

En este sentido, hace mención al informe elaborado en el marco de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid elaborado por profesionales de varios sectores liderados por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Resalta que ese trabajo concluía que “muchas de las personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19 y que se encontraban ingresadas en residencias dependientes de la Comunidad de Madrid fueron víctimas no sólo de la enfermedad que acabó con sus vidas y la situación de pandemia general sino de las decisiones y protocolos que no contribuyeron a su salvación y que pudieron influir en su resultado fatal o incluso haber anticipado el hecho o haber aumentado el daño por falta de cuidados paliativos adecuados en una residencia”.

Y explica, refiriéndose a ese informe, que entre marzo y abril de 2020, murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid. De ellas, 7.291 lo hicieron en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. Y añade que los responsables sanitarios que tuvieron un papel decisivo en la gestión de la crisis del Covid-19 en las residencias de ancianos y centros de discapacitados, “establecieron unos protocolos de los que podrían derivarse responsabilidades penales” pues se aprobaron pese a que existían evidencias de las posibles consecuencias discriminatorias.

Tras realizar un repaso cronológico de qué pasos dio el gobierno de Ayuso hasta implementar esos protocolos incide en que se adoptaron “de manera arbitraria y con conocimiento de su injusticia” y que se trató de una “absoluta ilegalidad” dado que esa discriminación atentó al derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación que recoge la Constitución.

El Equipo Arroba de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de estafa y apropiación indebida, en una residencia de ancianos de la localidad de Burbáguena.

El presunto autor, trabajador del centro, aprovechando la relación de confianza que había establecido con la víctima y aprovechando su situación de vulnerabilidad, realizó 14 extracciones en diferentes días, utilizando la cartilla de ahorro del perjudicado, llegando a extraer alrededor de 12.600€.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron la investigación a raíz de una denuncia interpuesta por un familiar de la víctima, al observar movimientos bancarios extraños en la cuenta corriente, tales como extracciones de dinero sin autorización.

Por lo anterior, el Equipo Arroba procedió a la detención del presunto autor de los hechos. Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha nº1. 

Tener tiempo para asearles, alimentarles, acostarles, incluso para escucharles. Es decir, cuidar al residente, pero también al trabajador. Ese es el objetivo que persigue la propuesta de “ratios reales para vivir y trabajar con dignidad” presentada hoy al público por UGT, CCOO y la Plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias (Pladigmare). Lejos de las ratios que marca la legislación actual, el informe tiene en cuenta todas las categorías profesionales de atención directa e indirecta al usuario evitando conceptos “tramposos”, según han denunciado.

El Espacio Ecooo de Lavapiés (Madrid) ha sido el escenario de la presentación de este informe. Han participado las entidades que lo impulsaron hace dos años y Más Madrid. El trabajo científico, avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, precede a las conclusiones, vertebradas a través del análisis de la información proporcionada por más de 700 personas de todas las categorías profesionales implicadas en el funcionamiento de una residencia, así como de familiares de usuarios.

Minutos antes de comenzar la presentación, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Laura Muñoz, ha explicado que el estudio está focalizado en “determinar qué cantidad de personal se necesita en las residencias de mayores para que tengan una atención de calidad”. Según ha comentado a elDiario.es, la propuesta que realizan entronca de forma directa con las condiciones laborales de las plantillas de estos centros de trabajo. “Aquí no vale solo con decir un número de ratio, hay que ir viendo qué se necesita de cada cosa y cuánto tiempo invertir en los residentes”, ha añadido.

En estos momentos, la Administración marca el número de profesionales que debe haber en función de la cantidad de usuarios. Sin embargo, este número es “muy tramposo”, han catalogado estas organizaciones sociales, ya que en él se mezclan las categorías, cuando cada una de ellas cumple unas funciones determinadas. No es lo mismo aquellas categorías de atención directa, y dentro de estas las de primer y segundo nivel, que las de indirecta. “No podemos hablar de jardineros y gerocultores en el mismo número”, ilustra Muñoz.

Unas ratios basadas en la dignidad

De esta forma, el estudio calcula el tiempo y la cantidad de trabajadores necesarios para dar una atención digna al residente sin que la plantilla acabe exhausta. Han clasificado a los internos en tres clases, dependiendo de su grado de disposición: colaboradores, no colaboradores y conductuales. Estiman que el porcentaje existente de los mismos, en cualquier residencia, es del 20, 30 y 50%, respectivamente.

Asimismo, han desglosado las tareas diarias en cada una de las categorías. También se han establecido unos tiempos mínimos para garantizar unos cuidados que no solo consistan en las tareas profesionales, sino en “un trato centrado en la persona, que permita saber cómo se encuentra en cada momento”, tal y como recoge el documento.

Por ejemplo, los datos que emanan de sus cálculos para la categoría de gerocultora o TCAE son los siguientes. Por la mañana, son necesarias 2,773 horas de una gerocultora o TCAE para atender a un residente. Como su jornada es de 7,5 horas, el personal necesario es de 0,37. Es decir, 37 gerocultoras o TCAES por cada 100 residentes. En el turno de tarde, la cifra baja a 34 profesionales de este tipo, mientras que por la noche se queda en 12 gerocultoras por cada centenar de usuarios.

Puede parecer demasiado, sobre todo para la realidad que se acostumbra a ver en las residencias privadas, que son la inmensa mayoría en la región de Madrid, enfatiza la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid. “Y no podemos olvidar que las personas mayores ahora mismo en las residencias tienen grados de dependencia bastante altos”, apuntilla esta sindicalista.

La dependencia, otro negocio para la privada

El portavoz de Pladigmare, Miguel Vázquez, ha participado en la presentación del informe. Tal y como señala a este medio, el Gobierno central ha puesto unas bases “tímidas” hacia un cambio de modelo en la gestión asistencial de las residencias. “O vamos hacia ese modelo, o las cosas irán cada vez peor”, defiende. Desde su punto de vista, si las ratios no mejoran en la Comunidad de Madrid y las empresas privadas no se ven obligadas a contratar más personal, la calidad en la atención al residente continuará resintiéndose.

“El problema que tenemos aquí es que más del 90% de las residencias están en manos privadas. Ahora diles tú a esos que hacen su negocio por la falta de personal que tienen que incrementar las ratios, por poco que sea”, subraya el representante de los familiares de residentes. Vázquez es conciso ante la cuestión: “Si falta personal, hay falta de cuidados”.

El portavoz de la Plataforma también ha defendido que muchas empresas de la Comunidad de Madrid que prestan servicio en las residencias se limitan a tener las mínimas ratios de personal que les exigen. “Si eso es así, nos están estafando, nos están engañando. Con esas ratios es imposible que presten un servicio digno”, sostiene antes de criticar la política emprendida por el Gobierno regional: “Para ellos todo es una oportunidad de negocio. Esta gente solo piensa en las empresas y en sus intereses, no en los de la gente”.

La privada acapara la gestión de las residencias

La responsable de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO en la Comunidad de Madrid, Francisca Gómez, ha tildado de “preocupante” la situación de las residencias. Esta sindicalista defiende que las ratios son el principal indicador que define la carga de trabajo de un profesional y que determina el tiempo de dedicación efectiva para cada usuario. “Es un término bastante confuso que con este informe queremos explicar bien, de forma científica”, esgrime.

Las organizaciones que han impulsado el estudio, asimismo, han publicado la fórmula empleada para llegar a los resultados que ahora dan a conocer. “Sabemos que nuestras cifras son aspiracionales, muy alejadas de las que hay ahora, pero eso es lo que queremos confrontar”, agrega.

No es lo único que han confrontado esta tarde. Todas las organizaciones participantes han resaltado que en la Comunidad de Madrid existen ahora más de medio millar de residencias. “Hace unos 30 años que no se construye ninguna pública”, ha denunciado Gómez. De todas ellas, tan solo 25 son de gestión autonómica, totalmente públicas, con unas 6.430 plazas. En este sentido, la integrante de CCOO ha recordado que el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso transfirió en enero 61 millones destinados a sufragar las residencias públicas de la región al pago de la deuda con Quirón.

Del mismo modo, unas nueve residencias son públicas gestionadas por ayuntamientos, con unas 416 plazas. Le siguen 18 residencias públicas, pero de gestión privada, con 2.700 plazas. Hay 13 residencias con unas 1.132 plazas de residencias públicas municipales, pero también de gestión privada. Las concertadas se acercan a las 150, mientras que las totalmente privadas rondan las 300.

Un informe que respalda las exigencias de la plantilla

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, ha protagonizado la parte política del encuentro. “A veces, parece que este tema es minoritario y algo que no importa. Quizá una de las razones de ello es que la mayoría de las plantillas están compuestas por mujeres”, ha comentado al inicio del evento. Por otro lado, ha recalcado que este acto tendría que haber tenido lugar en la Cámara autonómica. “En la Asamblea impera la censura para que no hablemos de las cosas que molestan a Ayuso”, ha criticado.

En cuanto al informe, la portavoz lo ha calificado de “importante” porque es una forma de “estar respaldadas” para “seguir reivindicando las mejoras en las condiciones laborales”. Asimismo, ha denunciado la “privatización galopante” que sufre la Comunidad de Madrid: “No es solo insostenible para las arcas públicas en detrimento de los usuarios, sino que supone un recorte en las condiciones laborales de quienes sustentan ese trabajo”, ha finalizado Bergerot.

La mayor estafa inmobiliaria de España se ha cerrado este lunes, por la vía penal, con un pacto. El notario Enrique Peña, el abogado Francisco Comitre y el intermediario David Navarro han admitido que estafaron a más de 100 víctimas, muchas de ellas ancianos, y han visto rebajadas sus penas. Solo Comitre tiene el riesgo de pisar la cárcel al haber sido condenado por delito de estafa a dos años y un mes de prisión.

En un pacto con la Fiscalía y las acusaciones, los miembros de la red se han conformado este lunes con una rebaja sustancial de las penas (inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel). Todavía queda pendiente fijar las indemnizaciones a las víctimas, muchas de las cuales acabaron desahuciadas a raíz del fraude.

El pacto permite a los acusados rebajar sus penas, y a las víctimas acelerar la devolución de sus casas o el cobro de indemnizaciones, toda vez que, de haberse celebrado todo el juicio, la vista se hubiera alargado varios meses, y luego la sentencia se podría recurrir.

El caso se destapó en 2015, aunque en los últimos años familiares de víctimas, asociaciones, abogados y Fiscalía han advertido sobre los abusos económicos a las personas mayores, y del papel de profesionales como abogados y notarios en ellos. Hay un consenso en que faltan recursos para los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y algunos estamentos judiciales.

En conjunto, los catorce integrantes de la trama de macroestafas inmobiliarias liderada por Peña y Comitre han aceptado penas de hasta cuatro años y siete meses de cárcel, tras admitir que entre 2009 y 2015 engañaron a más de un centenar de propietarios para apropiarse de sus viviendas.

La mayor condena es para el principal acusado, el abogado Comitre, quien ha aceptado penas que suman cuatro años y siete meses de cárcel y multa de 7.200 euros por delitos de estafa, blanqueo y organización criminal y será el único de los acusados que deberá ingresar en prisión ya que una de ellas supera los dos años.

Otro de los principales procesados, el notario Peña, se ha conformado con tres años y dos meses de cárcel, aunque podría beneficiarse de una suspensión de ingreso en prisión, además de la prohibición definitiva para ejercer de notario.

Entre los investigados por esta macroestafa inmobiliaria, que engañaba a propietarios con productos financieros como hipotecas inversas, figuraba también Artur Segarra, declarado en rebeldía y que cumple cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado en 2016 a David Bernat, vecino de L'Albi (Lleida).

Acusaciones y defensas del caso han pactado asimismo declarar la nulidad de todas las escrituras firmadas en base a compraventas fraudulentas, lo que abre la puerta a que las víctimas puedan recuperar sus inmuebles, aunque muchas de las propiedades ya han sido adquiridas por terceras personas.

La sala ha acordado que el juicio continúe únicamente para establecer las responsabilidades civiles que corresponden a las víctimas y quién debe hacerse cargo de las indemnizaciones, en un proceso en el que además de la aseguradoras forman parte múltiples sociedades pantalla que los acusados utilizaban para perpetrar los estafas y ocultar los ingresos.

La red, destapada en 2015 por los Mossos d'Esquadra, se dedicaba presuntamente a estafar a personas mayores, sin conocimientos económicos, para quedarse con sus propiedades inmobiliarias, sin abonarles contraprestación económica alguna o, en ciertos casos, pagándoles un importe muy inferior al valor del mercado.

Se trataba de productos financieros de efectos similares al préstamo personal con garantía inmobiliaria, a la hipoteca inversa o al contrato de renta vitalicia con reserva de usufructo vitalicio. De esa forma, contactaron con numerosas personas a las que garantizaron que obtendrían dinero mediante los productos financieros ofertados o a través de préstamos, para que así pudieran hacer frente a sus deudas.

Para elevar esas compraventas fraudulentas a escritura pública, la trama contaba con la colaboración de dos notarios, uno de ellos Peña, además de dos oficiales de notaría de Barcelona y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).

Asimismo, los acusados utilizaron “toda una serie de sociedades instrumentales” para ocultar la identidad de las personas que compraban los inmuebles y dificultar que los estafados pudieran recuperar su propiedad en caso de llegar a descubrir el fraude que habían padecido.

Siempre me ha gustado la ciencia ficción, especialmente cuando aventura distopías. Durante el Renacimiento se puso de moda la literatura utópica. Tomás Moro, Tommaso Campanella y Francis Bacon imaginaron sociedades ideales donde imperaban la justicia, el bien y la belleza. Después de Auschwitz, Hiroshima y el Gulag, la literatura utópica se convirtió en un género casi ofensivo. Ningún autor se atrevía a fantasear con un porvenir feliz y luminoso. Por el contrario, surgieron ficciones apocalípticas que anticipaban un futuro terrorífico. En vísperas del ascenso de Hitler al poder, Aldous Huxley publicó Un mundo feliz, una novela que prefiguraba una sociedad donde la tecnología, la manipulación y las drogas dividían a la humanidad en castas para destruir cualquier vestigio de libertad, dignidad o autonomía. En 1949, George Orwell publicó 1984, una novela que describía cómo sería la vida bajo un régimen totalitario capaz de controlar el pensamiento, el lenguaje y los afectos. Ya en 1953, cuando el senador Joseph McCarthy aún gozaba de un poder casi ilimitado para acosar, cancelar y encarcelar a los supuestos comunistas infiltrados en la cultura, la política y la investigación científica de Estados Unidos, Ray Bradbury publicó Fahrenheit 451, una novela donde los libros estaban prohibidos y las grandes pantallas de televisión, omnipresentes en todos los hogares, se utilizaban para enajenar a las masas. Lejos de apagar fuegos, los bomberos se dedicaban a buscar bibliotecas clandestinas para reducirlas a cenizas.

Algunas de las predicciones de Huxley, Orwell y Bradbury se han cumplido: la tecnología se ha convertido en una poderosa arma de manipulación, las grandes pantallas de plasma han desplazado al libro y el consumo de drogas ha desactivado la conciencia crítica de miles de ciudadanos. Como en Un mundo feliz, el sexo se ha banalizado e instrumentalizado. La pornografía ha asumido la educación sexual de las nuevas generaciones, degradando la imagen de la mujer a simple objeto de consumo. En la esfera de la política internacional, tres potencias que no respetan los derechos humanos (Estados Unidos, Rusia y China) luchan por el control del planeta. La tensión permanente que desata este conflicto erosiona la convivencia, normalizando el miedo, la crueldad y la inseguridad. Los analistas ya no descartan posibilidades como una guerra civil en Estados Unidos o una peligrosa escalada de confrontación entre Pekín, Moscú y Washington. De hecho, ya luchan en países como Venezuela, donde se disputan los minerales, el petróleo, las rutas comerciales y las posiciones geoestratégicas. De todas formas, no hace falta situarse en zonas tan calientes para afirmar que vivimos en una época distópica. En 1969, Adolfo Bioy Casares publicó Diario de la guerra del cerdo, una novela donde grupos de jóvenes atacan y matan a los ancianos porque no soportan contemplar lo que les espera a ellos. Matar a un anciano es una forma de suicidarse, pues nadie escapa de la vejez, pero eso no importa. Lo esencial es acabar con la imagen que proyectan las personas mayores. La vida es salud, insolencia, frescura. O, al menos, eso parece. Sin embargo, la vejez muestra que la vida también es enfermedad, decadencia y desamparo. 

Ya sabía que algunos ancianos japoneses cometían pequeños delitos para ser encarcelados y poder huir de la soledad. Hace unos días, circuló la noticia de que el porcentaje de personas de la tercera edad que actuaban de ese modo en Japón ascendía al 13% de la población reclusa. Con pensiones miserables e hijos que consagran todo su tiempo al trabajo y el ocio, la opción de estar entre rejas resulta mucho más sugestiva que pasar los días aislado en un apartamento minúsculo y con la nevera semivacía. Las cárceles japonesas se han visto obligadas a adaptarse a este fenómeno, convirtiéndose en residencias. Los funcionarios de prisiones están perplejos y desorientados, pues su trabajo ya no consiste solo en vigilar, sino también en cuidar. Muchos no están preparados para esa responsabilidad y los directores de prisiones han tenido que ampliar sus plantillas con personal sanitario y trabajadores sociales. 

La balada del Narayama, una novela de 1956 de Shichirō Fukazawa adaptada al cine en dos ocasiones, popularizó la idea de que en Japón se abandonaba a los ancianos en bosques y montañas cuando se convertían en una carga para la comunidad. No es falso, pero eso solo sucedió en remotas épocas de escasez, cuando el hambre diezmaba a la población. Como se puede apreciar en El crisantemo y la espada, el famoso ensayo escrito en 1946 por la antropóloga Ruth Benedict para ayudar a las tropas estadounidenses a comprender la mentalidad de los japoneses, los ancianos del Japón de la posguerra gozaban de un enorme respeto y una gran autoridad en la sociedad, algo que comenzó a cambiar por la influencia de la cultura occidental, como reflejó magistralmente Yasujirō Ozu en Cuentos de Tokio, una obra maestra de 1953. En 1949, Ozu estrenó Primavera tardía, una conmovedora película sobre una joven que se resiste a contraer matrimonio para no dejar solo a su padre viudo. Cuatro años después, los lazos familiares ya se habían relajado por culpa de un individualismo autodestructivo, fruto del contacto con el modelo cultural estadounidense.

En 2021, Japón creó el Ministerio de la Soledad y el Aislamiento por el incremento de suicidios de jóvenes y ancianos. La soledad no deseada se ensaña con los ancianos, pero también golpea con dureza a los más jóvenes. Muchos adolescentes se encierran en sus habitaciones y cortan los lazos con el exterior. A los que se comportan de ese modo se les conoce con el nombre de “hikikomori”. ¿Estamos mejor en España? Otro día hablaré de los jóvenes. Hoy me limitaré a comentar la situación de las personas de la tercera edad. Dos millones de mayores de 65 años viven solos. Son un 23% de esa franja de población. De esos dos millones, 850.000 han superado los 80. Es una de las consecuencias de la desintegración de la familia tradicional. Evidentemente, no sería deseable retroceder en el tiempo, pues ese modelo de familia arrojaba sobre las espaldas de las mujeres la tarea de cuidar a niños y ancianos. Sin embargo, no se puede desmontar una estructura sin crear otra. Hay algo peor que una tiranía: un país o una región sin ley. Ahora el modelo familiar se ha diversificado. Se han normalizado, como era de justicia, las relaciones homosexuales mediante el matrimonio igualitario y muchos hombres comparten con las mujeres las tareas del hogar, pero los núcleos familiares se han vuelto sumamente inestables y frágiles. España tiene una de las tasas más altas de rupturas sentimentales: alrededor del 60%. Este porcentaje de fracasos quizás es una de las explicaciones de fenómenos como el cohousing o covivienda, comunidades de casas privadas con espacios comunes donde se realiza una intensa vida social y se comparte toda clase de experiencias.

No quiero parecer apocalíptico, pero creo que el drama de la soledad no deseada no es un problema menor, sino el signo de un fracaso colectivo. El ser humano es un animal social, como señaló Aristóteles. Se puede morir de soledad. Según la OMS, el aislamiento es un factor de riesgo tan grave que puede elevar hasta en un 39% las probabilidades de morir. El sufrimiento que produce la soledad no deseada incrementa el riesgo de depresión, suicidio, ansiedad, alcoholismo, tabaquismo, infarto, ictus, deterioro cognitivo, Alzheimer, cáncer y otras patologías asociadas al debilitamiento del sistema inmunitario. El azar quiso que yo empezara a colaborar con este diario a raíz de un tuit sobre lo que representaba cumplir sesenta años sin hijos y con problemas de salud. Al parecer, ya se habían planteado pedirme que escribiera columnas, pero ese breve texto propinó el empujón definitivo. El tuit traspasó fronteras y varios países de América Latina me entrevistaron para hablar sobre el tema. El impacto de mi reflexión fue tan alto según parece porque muchas, muchas personas sufren un problema similar y se sintieron identificadas con mis palabras. No me agrada constatar ese hecho.

No me resigno a vivir en un mundo distópico. Hablar de utopías parece ingenuo, pero yo creo que es muy necesario. El principio de esperanza, como advirtió Ernst Bloch, es el motor de la historia. Por eso, espero que la distopía de un mundo en el que los ancianos prefieren la cárcel a la soledad sea algún día reemplazada por la utopía de un mundo más fraterno y compasivo, donde todos asumamos que el cuidado de los otros y la solidaridad entre las distintas generaciones no es una pesada obligación, sino el pilar de una convivencia verdaderamente humana.

Un cuarto juzgado de Madrid ha llamado a declarar a varios ex altos cargos de Isabel Díaz Ayuso para responder por la muerte de ancianos en residencias de la región durante lo peor de la pandemia de coronavirus. En este caso tanto Carlos Mur como Javier Peromingo, entonces directores de atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, tendrán que comparecer como investigados el próximo 10 de febrero junto con Pablo Busca, máximo responsable en ese momento del SUMMA 112. Ese juzgado investiga la muerte de una anciana en una residencia de Manoteras.

Distintos juzgados de la región investigan por lo penal si los protocolos que puso en marcha la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de marzo de 2020 supusieron una discriminación para los ancianos de las residencias al impedir su hospitalización mientras los geriátricos permanecían sin medicalizar. En un primer momento varios juzgados archivaron las causas que mantenían abiertas por entender que estos 'protocolos de la vergüenza' podían ser una decisión cuestionable pero no delictiva, pero recientemente otros juzgados han reabierto diligencias y llamando a declarar a estos responsables sanitarios como imputados y no como testigos, como había sucedido hasta ahora.

La nueva citación será el próximo 10 de febrero en el juzgado 37 de la Plaza de Castilla de Madrid y las principales comparecencias son las de Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo. Ante otros juzgados diferentes, los dos han renegado de la parte más polémica de estos protocolos que, según los familiares, impidieron de facto que sus padres y abuelos fueran llevados a hospitales donde las posibilidades de supervivencia eran mayores.

Martínez Peromingo apuntó a Mur como el responsable de estos protocolos mientras que el propio Mur se distanció de estos criterios. Junto con ellos también están llamados a declarar el entonces responsable del Servicio de Urgencia Médica de Madrid y la geriatra de enlace del hospital Ramón y Cajal. Esta investigación se solapa con otras abiertas en un juzgado de Collado Villalba y en otros dos de la misma Plaza de Castilla. Otro juzgado de Leganés se inhibió tras intentar tomarles declaración.

Las investigaciones penales sobre las muertes de ancianos en residencias de Madrid durante la pandemia avanzan en los juzgados de la capital mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recrudece sus insultos contra las familias que impulsan las denuncias. Los antiguos altos cargos sanitarios de su gobierno se culpan mutuamente de la parte de los protocolos que bloqueó la derivación de miles de internos a hospitales mientras las acusaciones sopesan pedir más diligencias y procurar que las causas lleguen a juicio. El gobierno madrileño encaja las novedades judiciales calificando a los denunciantes de “plataforma de frustrados” y recordando que otras muchas causas similares ya fueron archivadas.

“Los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos”. Isabel Díaz Ayuso eligió San Sebastián de los Reyes para celebrar su Consejo de Gobierno esta semana y subió un escalón la intensidad de sus insultos a las familias que impulsan estas diligencias judiciales. Una “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña”, dijo para referirse a asociaciones como Marea de Residencias. Un año antes ya había usado expresiones como “marea de rebotados” pero en este Consejo de Gobierno tempranero de 2026 la situación judicial es diferente.

Aunque la cifra de 143 causas archivadas es de difícil confirmación, lo cierto es que diversos juzgados y tribunales de la región han archivado en los últimos años numerosas causas penales que investigaban tanto los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' como su aplicación concreta en casos de ancianos que nunca fueron trasladados de las residencias a los hospitales y fallecieron. Algunos jueces archivaron las diligencias criticando los protocolos –uno los calificó de “discutibles”– y otros incluso negaron que la propia Ayuso pudiera ser acusada.

En esas causas no había altos cargos sanitarios imputados. Geriatras, responsables de enlace entre residencias y hospitales y médicos fueron los que desfilaron como investigados por estos juzgados mientras los responsables de los protocolos lo hacían como testigos. Carlos Mur, director sociosanitario durante lo peor de la pandemia, compareció varias veces a salvo del banquillo para defender su papel y el de los protocolos. Llegó a decir que no eran “de obligado cumplimiento” y que los suscribió para que los facultativos tuvieran un criterio al que agarrarse. Pero las últimas decisiones judiciales han cambiado el escenario: tanto él como algunos de sus compañeros y sucesores ahora están imputados y las declaraciones han tomado un cariz distinto.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que en estos días se ha reproducido en los juzgados la situación que ya se dejó entrever en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid de 2021: los exaltos cargos sanitarios de la Comunidad se señalan entre ellos cuando llega el momento de explicar al juez los puntos más polémicos de los protocolos. Los que, según la acusación, dispensaron un trato discriminatorio a los ancianos y bloquearon su traslado a hospitales desde unas residencias sin medicalizar donde el coronavirus arrasaba con todo.

Francisco Javier Martínez Peromingo apuntó a Mur y a sus superiores mientras afirmaba que él mostró su disconformidad con esa parte de los protocolos, aunque por ahora no ha aportado las pruebas por escrito que le pidió el juez sobre cómo expresó su desacuerdo. Y hace unos días fue Mur el que contestó con una estrategia parecida: él no redactó los protocolos y mencionó expresamente a dos cargos políticos de Isabel Díaz Ayuso, la entonces viceconsejera y hoy consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, y el entonces consejero y hoy senador del PP, Enrique Ruiz Escudero. E intentó hacer hincapié en su falta de intervención en los casos concretos que se investigan.

De la frustración a los insultos

Las primeras causas judiciales que analizaron los protocolos buscaban trazar una línea entre su aplicación y los fallecimientos concretos de ancianos en residencias públicas y privadas de toda la región. Delitos como homicidio imprudente o lesiones que, tal y como ha dicho muchas veces el Tribunal Supremo al rechazar querellas contra el Gobierno central por la gestión de la crisis sanitaria, necesitan de una conexión entre los protocolos y cada muerte concreta que es muy difícil probar. En estas nuevas causas los fallecimientos se investigan desde otro punto de vista: si los ancianos recibieron un trato discriminatorio.

Ha sido entonces cuando los altos cargos imputados han empezado a renegar de los protocolos y las consecuencias que tuvieron a la hora de no derivar a miles de ancianos a los saturados hospitales de la región. Carlos Mur reconoció, por ejemplo, que las residencias no habían sido medicalizadas, y los correos desvelados por El País demuestran que esa información estaba en poder de los cargos políticos de la Consejería que dirigía entonces Ruiz Escudero una semana después de que anunciaran que las residencias se iban a medicalizar. Algo que hasta ahora solo se había sabido gracias al testimonio de Alberto Reyero, entonces consejero de Asuntos Sociales que siempre ha explicado cómo se opuso de forma rotunda a estos protocolos, precisamente, por su componente discriminatorio.

El PSOE pidió este viernes que la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Dávila y el exconsejero Enrique Ruiz Escudero testifiquen en una de las causas, dado que ambos fueron receptores del email en el que se advertía de la situación de los centros.

Las primeras causas judiciales que buscaban delitos como el homicidio imprudente quedaron archivadas y los familiares, según informan fuentes conocedoras de esos casos, quedaron exhaustas y renunciaron a seguir recurriendo o a solicitar una indemnización por otras vías ajenas a la jurisdicción penal. En estas nuevas diligencias, con las víctimas representadas por Alejandra Jacinto, Carlos Castillo y Eduardo Ranz, las acusaciones están a la espera de poder examinar todo el material de la causa, comparar declaraciones y decidir si piden más pruebas para impulsar que las causas lleguen a juicio con antiguos altos cargos sanitarios de Ayuso en el banquillo.

La escalada verbal de la presidenta madrileña contra las familias coincide con el avance de estas investigaciones penales en las que los responsables de los protocolos apuntan hacia arriba –antiguos miembros de su gobierno durante la pandemia– cuando los jueces ponen la lupa sobre el posible trato discriminatorio que dispensaron a miles de ancianos. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió Mur a sus superiores de la Consejería el 20 de marzo de 2020, ocho días después de que la Comunidad de Madrid anunciase una medicalización de las residencias que, según ha reconocido en sede judicial, no llegó a tiempo.

El último insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, ni siquiera sorprende a las asociaciones, a las que se refirió el pasado miércoles como “plataforma de frustrados”. María Jesús Valero, presidenta de '7291. Verdad y Justicia', cuenta que su reacción fue más bien la “risa”: “Lleva seis años menospreciándonos, insultándonos. No es de extrañar”.

Además, estos familiares responden a Ayuso recordándole a la presidenta sus “mentiras”. “Cuando decía que no existían protocolos, que no eran discriminatorios…”, recuerda Valero. O incluso la más reciente, desmentida este jueves en El País. Según este diario, el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia, y aún así “mintió”, reprochan desde la asociación.

Las plataformas consultas interpretan los últimos insultos de Ayuso –que se producen cuando comparece en los juzgados como imputado Carlos Mur, el alto cargo que firmó los 'protocolos de la vergüenza'– como un “desvío” de la atención, que debería dirigirse a “los malos tratos” que se siguen dando a los ancianos y a las trabajadoras en las residencias de la Comunidad de Madrid o a “los casos que ella misma tiene judicializados”.

Desde Marea de Residencias, su portavoz, Carmen López, entiende que el insulto de Ayuso responde a su “nerviosismo”. “Mur tira de la manta diciendo quiénes fueron los responsables”, y “su nombre puede aparecer”, añade.

Valero asegura que las descalificaciones no les afectan. De hecho, no es la primera ocasión en la que Ayuso carga contra estas entidades que llevan años inmersas en una ofensiva judicial para depurar responsabilidades políticas del Ejecutivo madrileño. Las ha calificado a como “chiringuito con políticos venidos a menos” o “resentidas”, unas declaraciones que se produjeron en un Pleno de la Asamblea celebrado en febrero de 2025, cuando la presidenta reprochó a Más Madrid que le atacaran “con las mismas mierdas”, aludiendo a los 7.291 fallecimientos en residencias durante la pandemia.

Más allá de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, los colectivos apuntan a sus acciones que, para ellos, brillan por su ausencia. “Más que frustrados, estamos indignados porque no hace nada por evitar que esto pueda volver a pasar en una nueva pandemia. Es triste tener a una presidenta que no esté a la altura”, denuncia López, de Marea de Residencias. Valero le exige “que se ocupe”, y le recuerda que “en el 2020 no se acabó el maltrato en la residencias”.

Na Rosa agafa amb el braç dret la cuixa de la cama esquerra. L’aixeca. “Veus fins on sóc capaç de pujar el genoll i el peu?”, diu amb un to dolç, les eles ben catalanes. “Es nota com estàs millorant: fa unes setmanes no la podies moure tan bé”, respon una veu masculina –madura, amb accent castellà–, la de l’home que seu devora.

Malgrat que es tracten amb la proximitat que concedeix la tendresa –i tot i que, per edat, podria ser-ho–, l’home que seu devora na Rosa en un sofà de tons rogencs no és el germà petit, ni el cosí, ni el nebot, ni el fillol, ni tampoc un vell amic d’aquesta dona que fa sis mesos que és ingressada a Sant Joan de Déu. Ella –acaba de fer 73 anys– es recupera d’un accident cerebrovascular i ell –dos anys després d’haver tancat un negoci que li ha permès retirar-se abans de la jubilació– és un dels voluntaris que regalen temps –un parell d’estones de mitja hora cada setmana– als pacients d’aquest hospital de Palma –propietat d’una fundació catòlica, però integrat a la xarxa pública de les Illes Balears– que no esperen visites.

–Juanjo –diu na Rosa, mirant el seu company de seient, que somriu–, els voluntaris d’aquest hospital sou els nostres àngels de la guarda.

–Per què ho diu, Rosa?

–Perquè ens treuen a passejar, a un bar que hi ha aquí darrere, ens baixen a missa els diumenges, ens escolten. Tot això és preciós; és una cosa molt bonica. Jo m’havia cuidat tota la vida. Vicis, cap. Ni beure, ni fumar, res. Però, sense avisar, un dia vaig tenir aquest problema de salut. I tot ha canviat. Personalment, no tinc família. Sóc de Girona, d’un poble molt petit de l’Empordà que es diu Rupià, i vaig venir a Mallorca amb 28 anys. A treballar. Amb la meva mare i el meu company. Tots dos ja són morts. Hi ha familiars que viuen a Catalunya i a Madrid… però és com si no tingués ningú. Només aquesta gent: els metges, les infermeres, tot el personal de l’hospital, els voluntaris. Són els que em pregunten què em fa mal, què necessito, com he passat el dia… amb qui parlo de coses importants.

–Fins i tot de metafísica –intervé en Juanjo–, i si no tenim la resposta, ens la inventam.

–Més o menys.

Respon la Rosa. Un intent de rialla il·lumina les arrugues de la seva cara.

Hi ha familiars que viuen a Catalunya i a Madrid… però és com si no tingués ningú. Només aquesta gent: els metges, les infermeres, tot el personal de l’hospital, els voluntaris. Són els que em pregunten què em fa mal, què necessito, com he passat el dia… amb qui parlo de coses importants

Rosa — Pacient de l'hospital Sant Joan de Déu (Palma)

Un problema creixent amb poques estadístiques

–A Sant Joan de Déu esteim fent una feina de conscienciació –per exemple, a les escoles i instituts– a llarg termini amb aquest tema, perquè no deixi de tractar-se ni continuï sent un tabú. Per als qui som boomers, la soledat no desitjada és una realitat que tenim al damunt: entre 1955 i 1975 van néixer catorze milions de persones a Espanya. No hi ha ni residències ni cures per a tota aquesta gent, i molts de noltros no hem tengut fills. I no cal viure-ho com un drama, la vida t’hi ha portat, però sí que cal afrontar-ho a nivell sociosanitari.

Per als qui som boomers, la soledat no desitjada és una realitat que tenim al damunt: entre 1955 i 1975 van néixer 14 milions de persones a Espanya. No hi ha ni residències ni cures per a tota aquesta gent, i molts de nosaltres no hem tingut fills. No cal viure-ho com un drama — la vida t’hi ha portat —, però sí que cal afrontar-ho a escala sociosanitària

Carmen Terrafeta — Responsable d’Obra Social i Voluntariat de Sant Joan de Déu a Mallorca

Aquesta reflexió, articulada per Carmen Terrafeta –responsable d’Obra Social i Voluntariat dels tres centres sanitaris que aquesta ordre hospitalària, present en més de mig centenar de països, gestiona a Mallorca–, es reflecteix en diversos textos publicats en revistes acadèmiques i també en les estimacions d’organismes independents. No hi ha dades oficials, però viure sense una xarxa de suport –on pesen tant els aspectes econòmics com els afectius– comença a ser un problema a Espanya. Greu i difícil d’abordar. A les Illes Balears, la Conselleria de Benestar Social trasllada la responsabilitat als programes d’acompanyament que ofereixen els municipis. Al Regne Unit, en canvi, ja existeix un departament governamental que s’ocupa específicament d’aquesta qüestió. Un factor cultural: en anglès –com passa en altres llengües, però no en castellà ni en català– es distingeix entre solitude (la soledat volguda, buscada, anhelada) i loneliness (la soledat no desitjada, imposada, feridora).

Segons l’estudi anual que elabora l’Observatorio de la Soledad No Deseada –un dels tentacles de la Fundació ONCE–, el 20% dels habitants del nostre país encaixarien en un gran grup social tan invisible com anònim. Un percentatge que s’enfila fins al 50% en el cas de les persones amb discapacitat i –demostrant que sentir-se sol no és, ni de bon tros, un problema exclusiu de la gent gran– fins al 25% dels jóvens menors de trenta anys. 14.141 milions d’euros –l’1,17% del PIB anual– és el que li costaria la soledat no desitjada –segons afirma aquest observatori– a les arques de l’Estat.

Segons l’estudi anual que elabora l’Observatori de la Soledat No Desitjada, el 20% dels espanyols encaixarien en un gran grup social tan invisible com anònim. Un percentatge que s’enfila fins al 50% en el cas de les persones amb discapacitat i –demostrant que sentir-se sol no és, ni de bon tros, un problema exclusiu de la gent gran– fins al 25% dels joves menors de trenta anys

‘Avis en venda’

Quan escolta aquestes xifres a l’altra banda del telèfon és difícil imaginar-se en Juan Malagón aixecant una cella. Els percentatges no li són aliens. Aquest malagueny comparteix diversos detalls biogràfics amb na Rosa. Comparteixen generació –van néixer a principis dels cinquanta– i origen peninsular –ell és de l’interior de Màlaga; va emigrar a Mallorca també a la recerca de feina, durant la dècada dels noranta– i ha vist com “quan s’atracava Nadal, la quantitat d’ingressos de gent gran augmentava una barbaritat”: durant una etapa de la seva vida, Juan va ser tècnic de manteniment d’un hospital públic de l’Ib-Salut. “I te n’adonaves”, diu, “perquè a mi sempre m’ha agradat parlar amb tothom i acabaves tenint una relació propera amb molts pacients, que més d’un padrí hi era no perquè estigués molt malament de salut, sinó perquè la família tenia altres plans –un viatge, per exemple– per a les vacances on la persona gran no hi encaixava”.

Ara que ja està jubilat, quan l’Ariadna –la seva néta gran– li va proposar aparèixer en un projecte que havia fet amb altres companyes per a una assignatura del grau universitari –estudia Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Autònoma de Barcelona–, en Juan no ho va dubtar. La Puri, la seva dona, tampoc. Van prestar la seua imatge per protagonitzar una campanya que –utilitzant tècniques de màrqueting que cavalquen sobre l’algoritme de les xarxes socials i les plataformes de comerç en línia– traspassava –de franc– membres de la tercera edat en època nadalenca. El títol escollit era un fibló: Avis en venda.

Juan Malagón, jubilat i ex treballador hospitalari, va veure durant anys “com molts majors ingressaven per Nadal no per malaltia, sinó per abandonament familiar”. Avui posa rostre, juntament amb la seva dona, a Avis en venda, una campanya ideada per la seva néta Ariadna per denunciar la soledat no desitjada

–És curiós —confessa en Juan–, perquè és veritat que la meva dona i jo hem estat per a n’Ariadna, i per a la resta de néts, una mena de cangurs i hem passat molt temps amb ells quan eren petits, però jo mai no li havia explicat a la meua néta el que vaig veure a l’hospital on vaig treballar. Que s’hagi preocupat per aquest tema em fa sentir molt orgullós d’ella.

–Creus, Juan, que els jóvens d’avui dia, que viuen dins d’internet i de les xarxes socials des que eren nens, són més conscients d’aquest problema?

–No ho crec. Si li dónes un llibre a un nin seria capaç de passar les pàgines de paper com si toqués una pantalla. Hi ha una generació que està creixent sola i aïllada: abans es jugava al carrer i ara pràcticament està prohibit. No sé si la soledat, la seva i la dels seus grans, és una cosa que els preocupi; no hi veig gaire èmfasi. Crec que la societat en què vivim s’ha tornat molt individualista. Primer em divertesc i després, si queda temps, la família.

Hi ha una generació que està creixent sola i aïllada: abans es jugava al carrer i ara pràcticament està prohibit. No sé si la soledat — la seva i la dels seus majors — els preocupa gaire; no hi veig gaire èmfasi. Crec que la societat en què vivim s’ha tornat molt individualista. Primer em divertesc i, després, si queda temps, la família

Juan Malagón — Avis en venda

–Al·lotes com l’Ariadna serien una excepció?

–Diria que sí. Al final, cadascú repeteix el que veu a casa. Noltros hem passat molt de temps amb els nostres tres fills i ells han repetit el mateix amb les seves filles. Som membres d’una església evangèlica, va amb els nostres valors. El que ha estat estrany ha estat, per exemple, passar separats aquest Nadal: la meva dona i jo hem tornat a Màlaga fa uns mesos, i no vam poder venir a Mallorca fins just després de les festes. Però hi ha molt contacte. Això sí: que no patim soledat no desitjada no vol dir que no hi pensem. Forma part del nostre dia a dia.

Sota el pijama blanc de voluntari, en Juanjo vesteix roba grisa, ampla, còmoda, esportiva. A joc amb unes vambes amb cambra d’aire. El cabell i la barba –canosos–, molt ben retallats, i protegint la mirada, un model d’ulleres –pont doble, vidres enfosquits– d’aquells que sempre tornen a posar-se de moda. L’outfit contrasta amb la rebeca grana i el jersei verd llima que porta la Rosa. És la targeta de presentació d’algú que ja no és jove però que se sent com a tal. Fins a cert punt. “Sempre he intentat cuidar-me molt, evitant els excessos, fent esport”, explica en Juanjo, “però he d’admetre que acompanyar aquestes persones ha canviat la relació que tenia tant amb la malaltia com amb la soledat. Abans no les veia de cara i ara les toc cada setmana; jo mai no havia pensat que envelliria, però en aquest camí hi som tots. Persones com la Rosa m’ho estan ensenyant”.

Va passar així: fa dos hiverns, en Juanjo pedalava amb la seva bicicleta per la costa sud de Palma —hotels i discoteques tancats, barriades on viu la mà d’obra turística, parcs, algunes pinedes que resisteixen entre el ciment del quilomètric passeig marítim– quan passà per davant de Sant Joan de Déu. Es va fixar en les instal·lacions, imponents –18.000 metres quadrats, dues-centes llits, un geriàtric amb capacitat per a cinquanta persones grans–, va entrar a tafanejar i li van parlar dels programes de voluntariat que impulsava aquest hospital. Ell –diu– també estava –a la seua manera– sol. Sense fills ni parella, acabava de tornar a Mallorca –d’on se sent, tot i haver-se criat a Guadalajara, on va néixer– després d’una etapa a Madrid, on havia gestionat una perruqueria. Va tancar el negoci, va arreglar “alguns assumptes”, va fer “números” i va veure “que podia viure més o menys bé sense fer feina” fins que li arribàs el moment de cobrar la pensió. Llavors va tornar a l’illa. A Sant Agustí, el barri de Palma on viu, va començar a fixar-se en tota la gent que baixa “sola” al bar, que puja “sola” a casa amb les bosses de la compra quan ve del supermercat. Algunes de les persones que observava en Juanjo eren molt grans. Altres, no tant.

–M’imagín que tot suma. Ara tenc més cura de les relacions, com si fossin un tresor. També em cuid el triple a nivell de salut. No amb la idea de no emmalaltir, sinó que, quan emmalalteixi, estigui el millor possible. He envellit una mica mentalment. Sense jutjar-ho –no sé si és bo o dolent–, però crec que el cop que m’hauria enduit abans amb la meva manera de pensar no és el que em donaré ara. Sé cap on vaig i sé que estem en un món molt diferent del que hi havia fa només trenta o quaranta anys: els pares de la majoria de la gent de la meva generació no han mort en residències, se’ls cuidava a casa quan eren molt grans. El tracte amb persones que no coneixies, amb aquesta confiança i aquest afecte, et fa sentir força empoderat. Si tenc un do és saber donar la volta als estats d’ànim dels altres.

Na Rosa i en Juanjo s’aixequen del sofà. Ell l’agafa pel braç, ella s’ajuda amb un caminador on s’han incrustat dues pilotes de tennis perquè les potes del darrere llisquin amb facilitat per les rajoles d’un passadís pel qual avancen lentament. Pas a pas, en direcció a un quadre on està pintat João Cidade Duarte. El soldat hispanolusità –canonitzat al Vaticà per haver creat, a mitjan segle XVI, una ordre mendicant que, des de Granada, es dedicà a atendre malalts sense recursos– observa la parella sortint a una terrassa àmplia on bufa el vent. Avui no és dia de prendre-hi un bany de sol d’hivern. El mar està embravit. El vent sacseja les capçades dels arbres. La Rosa i en Juanjo accepten sortir-hi “un minut” per deixar-se fotografiar. Serà un record de l’amistat que han teixit a l’hospital. Si ella acaba de recuperar-se i obté l’alta, el programa de voluntariat de Sant Joan de Déu potser els tornarà a posar en contacte per telèfon. Mentrestant, continuaran parlant de la reencarnació quan es trobin cara a cara. Tots dos hi creuen.

Rosa agarra con su brazo derecho el muslo de su pierna izquierda. La levanta. “¿Ves hasta dónde soy capaz de subir la rodilla y el pie?”, dice con un tono dulce, las eles bien catalanas. “Se nota cómo estás mejorando: hace unas semanas no la podías mover tan bien”, contesta una voz masculina –madura, acento castellano–, la del hombre que está a su lado. 

Aunque se tratan con la cercanía que concede la ternura –y aunque por edad podría serlo–, el hombre que se sienta junto a Rosa en un sofá de tonos rojizos no es el hermano pequeño, ni el primo, ni el sobrino, ni el ahijado, ni, tampoco, un viejo amigo de esta mujer que lleva seis meses ingresada en Sant Joan de Déu. Ella –73 años acabados de cumplir– se recupera de un accidente cerebrovascular y él –dos años después de haber cerrado un negocio que le ha permitido retirarse antes de la jubilación– es uno de los voluntarios que regalan tiempo –un par de ratos de media hora cada semana– a los pacientes de este hospital de Palma –propiedad de una fundación católica, pero integrado en la red pública de las Illes Balears– que no esperan visitas.

–Juanjo –suelta Rosa, mirando a su compañero de asiento, que sonríe–, los voluntarios de este hospital sois nuestros ángeles custodios.

– ¿Por qué lo dice, Rosa?

– Porque nos llevan a paseo, a un bar que está aquí detrás, nos bajan a misa los domingos, nos escuchan. Es precioso todo esto; una cosa bonita. Yo me había cuidado toda la vida. Vicios, ninguno. Ni beber, ni fumar, nada. Pero, sin avisar, un día tuve este problema de salud. Y todo ha cambiado. Personalmente, no tengo familia. Soy de Girona, de un pueblo muy pequeño de l’Empordà que se llama Rupià y vine a Mallorca con 28 años. A trabajar. Con mi madre y mi compañero. Los dos ya se murieron. Hay familiares que viven en Catalunya y en Madrid… pero como si no tuviera a nadie. Sólo a esta gente: los médicos, las enfermeras, todo el personal del hospital, los voluntarios. Ellos son los que me preguntan qué me duele, qué necesito, cómo he pasado el día… con los que hablo de cosas importantes.

–Hasta de metafísica –tercia Juanjo–, y si no tenemos la respuesta, nos la inventamos.

–Más o menos.

Responde Rosa. Un amago de risa ilumina las arrugas de su cara.

Hay familiares que viven en Catalunya y en Madrid… pero como si no tuviera a nadie. Sólo a esta gente: los médicos, las enfermeras, todo el personal del hospital, los voluntarios. Ellos son los que me preguntan qué me duele, qué necesito, cómo he pasado el día… con los que hablo de cosas importantes

Rosa — Paciente del hospital Sant Joan de Déu (Palma)

Un problema creciente sin apenas estadísticas

– En Sant Joan de Déu estamos haciendo un trabajo de concienciación –por ejemplo, en las escuelas e institutos– a la larga con este tema, para que no deje de tratarse ni siga siendo un tabú. Para los que somos boomers, la soledad no deseada es una realidad que tenemos encima: entre 1955 y 1975 nacimos catorce millones de personas en España. No hay ni residencias ni cuidados para toda esta gente, y muchos de nosotros no hemos tenido hijos. Y no hay que vivirlo como un drama, te ha llevado la vida ahí, pero sí se debe afrontar a nivel sociosanitario.

Para los que somos 'boomers', la soledad no deseada es una realidad que tenemos encima: entre 1955 y 1975 nacimos 14 millones de personas en España. No hay ni residencias ni cuidados para toda esta gente, y muchos de nosotros no hemos tenido hijos. Y no hay que vivirlo como un drama, te ha llevado la vida ahí, pero sí se debe afrontar a nivel sociosanitario

Carmen Terrafeta — Responsable de Obra Social y Voluntariado de Sant Joan de Déu en Mallorca

Esta reflexión, hilada por Carmen Terrafeta –responsable de Obra Social y Voluntariado de los tres centros sanitarios que gestiona en Mallorca esta orden hospitalaria presente en más de medio centenar de países–, la reflejan varios textos publicados en revistas académicas y, también, las estimaciones de organismos independientes. No hay datos oficiales, pero vivir sin una red de apoyo –donde prima tanto lo económico como lo afectivo– empieza a ser un problema en España. Serio y difícil de abordar. En las Illes Balears, la Conselleria de Benestar Social descarga la responsabilidad a los programas de acompañamiento que ofrecen los municipios. En el Reino Unido, en cambio, ya existe un departamento gubernamental que se ocupa en específico de esta cuestión. Un factor cultural: en inglés –como ocurre en otras lenguas, pero no en castellano ni en catalán– se distingue entre solitude (la soledad querida, buscada, anhelada) y loneliness (la soledad indeseada, impuesta, hiriente).

Según el estudio anual que elabora el Observatorio de la Soledad No Deseada –uno de los tentáculos de la Fundación ONCE–, el 20% de los habitantes de nuestro país encajarían en un gran grupo social tan invisible como anónimo. Un porcentaje que sube al 50% en el caso de las personas con discapacidad y –demostrando que sentirse solo no es ni mucho menos un problema exclusivo de los ancianos– al 25% de los jóvenes menores de treinta años. 14.141 millones de euros –el 1,17% del PIB anual– es lo que le costaría la soledad no deseada –eso afirma este observatorio– a las arcas del Estado.

Según el estudio anual que elabora el Observatorio de la Soledad No Deseada, el 20% de los españoles encajarían en un gran grupo social tan invisible como anónimo. Un porcentaje que sube al 50% en el caso de las personas con discapacidad y –demostrando que sentirse solo no es ni mucho menos un problema exclusivo de los ancianos– al 25% de los jóvenes menores de treinta años

'Abuelos en venta'

Cuando escucha estas cifras al otro lado del teléfono es difícil imaginarse a Juan Malagón levantando una ceja. Los porcentajes no le son ajenos. Este malagueño comparte varios detalles biográficos con Rosa. Comparten generación –nacieron a principios de los cincuenta– y origen peninsular –del interior de Málaga–, emigró a Mallorca –también en busca de trabajo, durante la década de los noventa– y ha visto como “cuando se acercaba la Navidad, la cantidad de ingresos de mayores aumentaba una barbaridad”: Juan fue durante una etapa de su vida técnico de mantenimiento de un hospital público del Ib-Salut. “Y te dabas cuenta”, dice, “porque a mí me ha gustado siempre hablar con todo el mundo y acababas teniendo relación cercana con muchos pacientes, que más de un abuelo estaba allí no porque se encontrara muy mal de salud sino porque la familia tenía otros planes –un viaje, por ejemplo– para las vacaciones donde la persona mayor no encajaba”. 

Ahora que ya anda jubilado, cuando Ariadna –su nieta mayor– le propuso aparecer en un proyecto que ha realizado con otras compañeras para una asignatura del grado universitario –estudia Publicidad y Relaciones Públicas en la Universitat Autònoma de Barcelona–, Juan no dudó. Puri, su mujer, tampoco. Prestaron su imagen para protagonizar una campaña que –utilizando las técnicas de marketing que cabalgan sobre el algoritmo en las redes sociales y en plataformas de comercio online– traspasaba –gratis– a miembros de la tercera edad en época navideña. El título elegido era un aguijonazo: Abuelos en venta.

Juan Malagón, jubilado y ex trabajador hospitalario, vio durante años cómo muchos mayores ingresaban en Navidad no por enfermedad, sino por abandono familiar; hoy pone rostro, junto a su mujer, a 'Abuelos en venta', una campaña ideada por su nieta Ariadna para denunciar la soledad no deseada

– Es curioso –confiesa Juan– porque es verdad que mi mujer y yo hemos sido para Ariadna, y el resto de los nietos, una especie de canguros y hemos pasado mucho tiempo con ellos cuando eran pequeños, pero yo nunca le había contado a mi nieta lo que vi en aquel hospital que trabajé. Que se haya preocupado por este tema me hace sentirme muy orgulloso de ella.

– ¿Crees, Juan, que los veinteañeros de hoy en día, que viven dentro de internet y las redes sociales desde que eran niños, son más conscientes de este problema?

– No lo creo. Si le das un libro a un chaval sería capaz de pasar las páginas de papel como si tocara una pantalla. Hay una generación que está creciendo sola y aislada: antes se jugaba en la calle y ahora está prohibido prácticamente. No sé si la soledad, la suya y la de sus mayores, sea algo que les preocupe, yo no les veo mucho énfasis, creo que la sociedad en la que vivimos se ha vuelto muy individualista. Primero me divierto y, después, si queda algo de tiempo, para la familia.

Hay una generación que está creciendo sola y aislada: antes se jugaba en la calle y ahora está prohibido prácticamente. No sé si la soledad, la suya y la de sus mayores, sea algo que les preocupe, yo no les veo mucho énfasis, creo que la sociedad en la que vivimos se ha vuelto muy individualista. Primero me divierto y, después, si queda algo de tiempo, para la familia

Juan Malagón — 'Abuelos en venta'

– ¿Chicas como Ariadna serían una excepción?

– Diría que sí. Al final, cada uno repite lo que ve en su casa. Nosotros hemos pasado mucho tiempo con nuestros tres hijos y ellos han repetido lo mismo con sus hijas. Somos miembros de una iglesia evangélica, va con nuestros valores. Lo raro ha sido, por ejemplo, pasar separados esta Navidad: mi mujer y yo nos hemos vuelto a Málaga hace unos meses, y no pudimos venir a Mallorca hasta justo después de las fiestas. Pero hay mucho contacto. Eso sí: que no suframos soledad no deseada no significa que no pensemos en ella. Está en nuestro día a día.

Bajo el pijama blanco de voluntario, Juanjo viste ropa gris, ancha, cómoda, deportiva. A juego con unas bambas con cámara de aire. El pelo y la barba –canosos–, muy bien recortados y, protegiendo la mirada, un modelo de gafas –doble puente, cristales ahumados– de los que siempre vuelven a ponerse de moda. El outfit contrasta con la rebeca granate y el jersey lima-limón que lleva puestos Rosa. Es la tarjeta de presentación de alguien que ya no es joven pero que se siente como tal. Hasta cierto punto. “Yo he tratado siempre de cuidarme mucho, evitando los excesos, haciendo deporte”, explica Juanjo, “pero tengo que admitir que ser acompañar a estas personas ha cambiado la relación que tenía tanto con la enfermedad como con la soledad. Antes no las veía de frente y ahora las toco cada semana; yo nunca pensé que iba a envejecer, pero en ese camino estamos todos. Personas como Rosa me lo están enseñando”.

Ocurrió así: hace dos inviernos, Juanjo pedaleaba sobre su bici por la costa sur de Palma –hoteles y discotecas cerrados, barriadas donde vive la mano de obra turística, parques, algunos pinares que resisten entre el cemento del kilométrico paseo marítimo– cuando cruzó por delante de Sant Joan de Déu. Se fijó en las instalaciones, magnas –18.000 metros cuadrados, doscientas camas, un geriátrico con capacidad para cincuenta mayores–, entró a curiosear y le hablaron de los programas de voluntariado que impulsaba este hospital. Él –dice– también estaba –a su manera– solo. Sin hijos ni pareja, acababa de regresar a Mallorca –de donde se siente, pese a haberse criado en Guadalajara, allí nació– tras una etapa en Madrid, donde había gestionado una peluquería. Cerró el negocio, arregló “unos asuntos”, hizo “números” y vio “que podía vivir más o menos bien sin trabajar” hasta que me llegara el momento de cobrar la pensión. Entonces volvió a la isla. En Sant Agustí, el barrio de Palma donde vive, empezó a fijarse en toda la gente que baja “sola” al bar, que sube “sola” a casa con las bolsas de la compra cuando viene del supermercado. Algunas de las personas que observaba Juanjo eran muy mayores. Otras, no tanto.

– ¿Te viste reflejado en tus vecinos, Juanjo?

– Me imagino que todo suma. Ahora cuido más las relaciones que tengo, como si fueran un tesoro. También me cuido el triple a nivel de salud. No con la idea de no caer enfermo sino de que, cuando caiga, esté lo mejor posible. He envejecido un poquito mentalmente. Sin juzgarlo –no sé si es bueno o no es malo–, pero creo que el batacazo que me habría dado antes con mi forma de pensar no es el que me voy a dar ahora. Sé adónde voy y sé que estamos en un mundo muy diferente al que había hace apenas treinta o cuarenta años: los padres de la gente de la mayoría de la gente de mi generación no se han muerto en residencias, se les cuidaba en casa cuando estaban muy mayores. Te hace sentirte bastante empoderado el trato con personas que no conocías con esta confianza y cariño. Si tengo un don es saberle dar la tortilla a los estados anímicos de los demás.

Rosa y Juanjo se levantan del sofá. Él la toma del brazo, ella se apoya en un andador donde se han incrustado dos pelotas de tenis para que las patas traseras se deslicen con facilidad por las baldosas de un pasillo por el que avanzan lento. Pasito a pasito, en dirección a un cuadro donde está pintado João Cidade Duarte. El soldado hispanoportugués –al que canonizaron en el Vaticano por crear, a mediados del siglo XVI, una orden mendicante que, desde Granada, se dedicó a atender enfermos sin recursos– observa a la pareja saliendo a una terraza amplia a la que azota el viento. Hoy no es día de tomar allí un baño de sol de invierno. El mar está embravecido. El viento azota las copas de los árboles. Rosa y Juanjo aceptan salir “un minuto” para dejarse retratar. Será un recuerdo de la amistad que han tejido en el hospital. Si ella termina de recuperarse y consigue el alta, el programa de voluntariado de Sant Joan de Déu quizás los conecte de nuevo por teléfono. Mientras tanto, seguirán hablando de la reencarnación cuando se encuentren cara a cara. Ambos creen en ella.

El exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha negado durante su declaración como investigado ser el autor de los protocolos de derivación de residencias durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, han informado fuentes jurídicas. La comparecencia se encuadra en una de las causas en las que se indaga la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a mayores en residencias en aquella época.

La citación llega después de que Mur no compareciera el pasado 9 de diciembre, lo que llevó a la acusación particular, ejercida por la abogada Alejandra Jacinto, a solicitar una orden de busca y captura.

A través de una videconferencia desde Andorra, el exalto cargo del Gobierno regional ha señalado a su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo, junto a una veintena de geriatras de enlace, como los responsables de la elaboración de dichos protocolos.

Sobre estas directrices, ha subrayado que él “coordinó, revisó, firmó y envió” los documentos a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero ha recalcado que no fue el autor de los mismos, en contradicción con otros investigados en la causa.

Conflicto de competencia

La declaración reactiva la instrucción, que había estado paralizada durante meses por conflictos competenciales entre varios juzgados madrileños. Varios jueces se inhibieron a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid para unir los casos en una macrocausa, pero el magistrado encargado rechazó la solicitud; ahora la decisión corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid.

La investigación se centra en el fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los casos relacionados con el llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria.

En el mismo procedimiento, Martínez Peromingo declaró el 9 de diciembre, reconociéndose como ideólogo de los protocolos y señalando a Mur como responsable de los posibles elementos discriminatorios de los mismos. Ambos ocuparon la dirección de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia.

No hace falta una excusa para poner una canción, pero si existe, mejor tenerla a mano. Escuchar música de forma habitual podría reducir de manera significativa el riesgo de desarrollar demencia y ayudar a mantener la memoria en la vejez. No es una intuición romántica ni un eslogan de bienestar: es la conclusión de un estudio con más de 10.000 personas mayores, liderado por la Universidad de Monash, en Australia.

La música, más allá del ocio y la cultura, empieza a consolidarse como un factor relevante en la salud cerebral.

Un estudio con más de 10.800 personas mayores de 70 años

La investigación, publicada en la revista científica International Journal of Geriatric Psychiatry, analizó durante años los hábitos musicales y el estado cognitivo de 10.867 personas mayores de 70 años.

El trabajo estuvo dirigido por la investigadora Emma Jaffa y la profesora Joanne Ryan, y forma parte del ASPREE study, uno de los mayores proyectos internacionales sobre envejecimiento saludable.

Darle al play también cuenta

Los resultados son claros:

No se trata solo de prevenir una enfermedad futura. Los participantes que escuchaban música con frecuencia obtenían mejores puntuaciones en memoria episódica, la que usamos para recordar hechos cotidianos: conversaciones, citas o lo que hicimos ayer.

Por qué la música podría ayudar al cerebro

La ciencia lleva tiempo señalando que la música activa múltiples áreas cerebrales al mismo tiempo: memoria, emoción, atención y coordinación. Además, tocar un instrumento implica aprendizaje continuo, disciplina y estimulación sensorial.

Estudios previos han demostrado que la actividad musical puede favorecer la plasticidad cerebral, incluso en edades avanzadas.

Un hábito sencillo en un problema complejo

La demencia es uno de los grandes retos sanitarios del siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 55 millones de personas viven actualmente con demencia en el mundo, y no existe una cura. En este contexto, retrasar su aparición o reducir el riesgo es una prioridad. Y ahí entran los hábitos cotidianos: accesibles, baratos y sostenibles.

Como resume la profesora Joanne Ryan, el envejecimiento cerebral no depende solo de la genética o la edad, sino también del entorno y del estilo de vida. Escuchar música (y mejor aún, hacerla) no garantiza una mente inmune, pero sí puede convertirse en una aliada inesperada para cuidar la memoria. Porque a veces, proteger el cerebro empieza con algo tan simple como darle al play.

En el Acuario de Nueva Inglaterra, en Boston, hay una isla donde nadie corre para comer, no hay empujones y el descanso está garantizado. Allí viven seis pingüinos africanos mayores, trasladados a un espacio especial pensado para algo muy concreto: envejecer mejor, ya que son una especie en peligro de extinción.

En la naturaleza, esta especie rara vez supera los 15 años. En el acuario, algunos de sus residentes rondan los 30 y hasta los 35 años, una longevidad comparable a la de muchas mascotas domésticas bien cuidadas. Por eso, el equipo decidió crear una especie de hogar para pingüinos senior, en un grupo separado del bullicio de la colonia principal.

Uno de los principales problemas de los pingüinos mayores es competir con los jóvenes durante la comida. En esta nueva “residencia”, los cuidadores reparten el pescado sin prisas y sin que nadie se lo quite al de al lado.

“Todos tienen su momento y pueden comer a su ritmo”, explica Kristen McMahon, responsable de pingüinos del acuario. El resultado es inmediato: menos estrés, más descanso y comportamientos mucho más relajados, algo clave cuando hablamos de animales geriátricos.

Gotas, fisio… y hasta acupuntura

Como ocurre con perros o gatos ancianos, los pingüinos también desarrollan artrosis, problemas de visión o dificultades de movilidad. Para tratarlos, el acuario aplica cuidados veterinarios avanzados: fisioterapia, dietas adaptadas, colirios… e incluso acupuntura. Algunos pingüinos con artritis reciben sesiones similares a las humanas. Según el equipo veterinario, muchos se relajan tanto que se quedan dormidos durante el tratamiento.

Mascotas exóticas… pero que también envejecen con dignidad

Aunque no sean animales de compañía, los cuidadores destacan que los pingüinos mayores buscan calma, rutinas predecibles y vínculos estables, algo muy parecido a lo que ocurre con las mascotas cuando envejecen.

Casos como el de Lambert, un pingüino de 32 años que recuperó actividad tras una cirugía ocular, o Isis, que por fin encontró un espacio propio lejos de los más dominantes, muestran cómo el entorno influye directamente en el bienestar emocional.

Este hogar de pingüinos jubilados no es solo una curiosidad. Es un recordatorio de que el envejecimiento animal requiere atención específica, igual que ocurre con nuestras mascotas. Mientras los pingüinos africanos siguen luchando por sobrevivir en libertad, en Boston algunos de ellos disfrutan de algo poco común en la naturaleza: una vejez tranquila, cuidada y sin prisas.

Será que se achega a fin do ano e é o momento que escollemos para facer balance, ordenar, comezar de novo e todas esas intencións que duran o que tardamos en pasar o empacho das festas, pero ultimamente o algoritmo porfía en recomendarme rituais de limpeza e orde. Hai unhas semanas chegou ao meu scroll habitual de redes sociais un artigo que me chamou a atención polo título, algo así como “A arte sueca de limpar para a morte”, facendo referencia a un costume de prepararse antes de morrer ordenando a casa e desfacéndose das cousas superfluas para non lle deixar traballo aos fillos. Teño que aclarar que non profundei nas raíces suecas de dito costume, e non sei até que punto o artigo que lin eu, dunha autora estadounidense, reflectía fielmente unha práctica tradicional.

A autora en cuestión facía moito fincapé en facilitarlle a tarefa á familia cando tivesen que baleirar a casa tras o falecemento dun familiar. Calquera que tivese que pasar por ese transo, e coido que no noso país é algo ben habitual desde que deixaron de convivir varias xeracións nunha mesma casa, sabe que adoita ser un traballo moi ingrato, solitario por veces, e que se acomete nun momento de fraxilidade emocional tras unha perda.

Cando tivemos que baleirar a casa da miña avoa tras a súa morte vímonos decote abafadas pola cantidade de decisións insignificantes que había que tomar, que se tira, que se deixa, quen quere que recordos e quen vai coidar das plantas. Tamén recordo atopar cousas que me fixeron sorrir, como algún xoguete que non vía desde que era nena, o vello Trivial Pursuit que usabamos nas sobremesas, mentres a avoa durmiñaba na butaca co oído posto no xogo para poder berrar “As Termópilas” ou “Benito Pérez Galdós” cando era necesario, ou a botelliña do perfume que adoitaba usar os días de festa, e que aínda conservo no meu tocador, para ulir de cando en vez e invocar o seu recordo. Eses malos momentos que pasamos como familia tendo que desfacernos de todas as cousas que tiña a miña avoa gardadas nun piso cheo de armarios volvería pasalos gustosa a cambio de volver a ese intre no que a miña irmá descubriu nun deles unha caixa con medio cento de fibelas de cinto perfectamente ordenadas e clasificadas.

Unha das cousas nas que insistía a autora do artigo é en que tires calquera cousa comprometedora que teñas, e que o fagas xa, sen esperar a vella, non vaia ser o demo que despois non teñas a cabeza no sitio. Pon o exemplo dunha amiga dela que gardaba as cartas de amor que intercambiara cun amante había anos porque lle facían sentir ben, pero decidiu queimalas por se a súa familia se sentía mal ao atopalas tras a súa morte. É inevitábel pensar que As Pontes de Madison sería unha curtametraxe de 5 minutos se a Francesca Johnson lle dese por facer iso coas cartas do fotógrafo, pero alén da referencia cinematográfica obrigada, coido que hai algo moi moralista no de se preocupar polo que pensarán os outros cando unha xa non estea.

O artigo dicía que o que deixas atrás debería contar a historia que ti queres contar, como se na morte tamén precisásemos asesores que nos axudasen a “controlar o relato”. As historias das persoas non deberían estar editadas. Son confusas, por veces épicas, as máis das veces aburridas, e non deixan de ser importantes cando chegamos a vellas, pero moitas veces asumimos que cando unha persoa é vella a súa historia deixa de ser súa, que unha vella é automaticamente fráxil, ou está desvalida ou non entende o mundo que a rodea. Unha das trampas máis consistentes que nos coou o capitalismo foi facernos pensar que quen deixou de producir para o sistema xa non ten valor nin vontade. Se aceptamos ese axioma, é doado deixarse convencer de que os problemas da xente moza os causan os vellos e as súas pensións e que a clase non ten nada que ver.

Unha das cousas que vou facer neste final de ano é facerlle caso ao algoritmo e poñerme a ordenar os armarios. O que non vou facer é desfacerme dese vestido que hai 15 anos que non me sirve pero porfío en volver poñer algún día, nin da pota sen unha asa que me ocupa media lacena pero penso que inda podo usar para un cocido. Se nós non queremos sentar a agardar nunha casa baleira, como lle podemos pedir iso a ninguén, por moito tempo que leve sendo pensionista. Como dicía a miña avoa cando discutiamos cousas diante dela pero sen incluíla, pensando que os seus coñecementos se limitaban ao Trivial Pursuit, “vós pensades que son parva”. Pois iso.

Uno de los jueces que investigan las muertes de ancianos en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia ha interrogado este miércoles a un antiguo alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso y ha hecho una petición al imputado: que aporte pruebas, ya sean mensajes o correos, que prueben que él se opuso a los 'protocolos de la vergüenza' que provocaron la no derivación de miles de ancianos de residencias a hospitales. Este investigado, que ya declaró ayer ante otro juez que investiga el fallecimiento de otro anciano en otra residencia de la región, ha reiterado que él participó en la elaboración de los protocolos pero se opuso a incluir criterios de no derivación.

Francisco Javier Martínez Peromingo era coordinador de atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia. Y es uno de los antiguos altos cargos sanitarios de la administración de Isabel Díaz Ayuso que han sido imputados en varios juzgados que investigan si esos protocolos de no derivación provocaron la muerte de miles de ancianos internos en residencias que enfermaron y fueron privados de una mejor atención hospitalarias. Un total de 7.291 muertos según las víctimas.

Peromingo ya compareció ayer ante un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid, que analiza la muerte de un anciano en una residencia Amavir de Valdebernardo, y este miércoles ha repetido su declaración ante un juez de Collado Villalba, que investiga el fallecimiento de otro en Torrelodones. Según fuentes conocedoras de su declaración, ha vuelto a decir, tal y como hizo ayer, que él suscribió esos protocolos pero que protestó enérgicamente contra la inclusión de unos criterios de no derivación que consideraba discriminatorios.

En este caso, el magistrado de Collado Villalba ha pedido al imputado, a través de su letrado, pruebas concluyentes de lo que ha afirmado estos últimos días en dos declaraciones judiciales sucesivas: mensajes o correos donde Martínez Peromingo dejara por escrito, en esos días de 2020, sus objeciones a uno de los puntos centrales de las indicaciones que las familias de afectados han bautizado como 'protocolos de la vergüenza'.

Los tribunales han reactivado varias de estas causas judiciales después de varios archivos y sobreseimientos y después también de que los conflictos de competencia entre distintos juzgados hayan retrasado varias declaraciones. Las causas abiertas recientemente difieren de las anteriores ya archivadas de que ahora los antiguos altos cargos sanitarios de Isabel Díaz Ayuso comparecen como investigados y no solo como testigos.

Carlos Mur es considerado el ideólogo de estos protocolos y ya compareció como testigo en varias causas, aunque por ahora los jueces no han podido tomarle declaración como imputado. El exdirector de atención sociosanitaria de la Comunidad de Madrid no acudió ayer a su cita con el juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid que sí interrogó a Martínez Peromingo y la acusación que representa a las familias de los afectados y fallecidos ha pedido que sea puesto en búsqueda y captura.

Javier Martínez Peromingo, director de atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha declarado esta mañana como imputado para renegar de los protocolos que él mismo elaboró y que la administración de Isabel Díaz Ayuso aplicó en las residencias. En su comparecencia, este antiguo alto cargo sanitario ha reconocido que la indicación de no derivar a ancianos de residencias a hospitales fue discriminatoria y ha revelado que él se opuso de forma contundente a esa parte de los protocolos, aunque ha apuntado a su predecesor en el cargo: Carlos Mur. Un imputado que no ha acudido a declarar hoy porque el juzgado no es capaz de encontrarle, algo que las víctimas han pedido solucionar con una orden de búsqueda y captura.

Dos juzgados de la región han decidido reactivar esta semana las causas penales que mantienen abiertas contra Mur, Peromingo y otros antiguos altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid por los protocolos de no derivación que, según las víctimas, desembocaron en la muerte de 7.291 ancianos que no fueron sacados de las residencias para ser hospitalizados. Estas declaraciones se habían retrasado ya en varias ocasiones por conflictos de competencia entre distintos juzgados de la región que investigan los mismos protocolos.

Francisco Javier Martínez Peromingo ha comparecido para reconocer su papel en la elaboración de esos protocolos durante lo peor de la pandemia pero para descargar en Carlos Mur, también director de atención sociosanitaria, la responsabilidad de la parte que él considera discriminatoria: la indicación de no hospitalizar a los ancianos que enfermaron en residencias sin medicalizar.

“La declaración ha sido relevante, ha señalado directamente la responsabilidad de Mur”, ha destacado Alejandra Jacinto, letrada que ejerce la acusación en esta causa en nombre de las familias de afectados. “Según él se trataba de mejorar borradores y documentos, pero en ningún momento incluía ninguna cuestión de discriminación, eso siempre era Carlos Mur”, ha explicado. Según esta letrada, este impuesto ha asgurado que “puso el grito en el cielo, manifestó que era discriminatorio y nunca participó”.

El principal señalado en esta declaración, Carlos Mur, no ha comparecido a pesar de estar llamado. El juzgado, ha explicado Jacinto, alega que no ha sido capaz de dar con él, aunque sí ha comparecido en otras causas. “Ha sido un absoluto chasco, una vergüenza, de nuevo ha conseguido eludir la acción de la Justicia. El juzgado alega que no ha podido ser citado, no lo encuentran, lo han intentado de todas las maneras y lo cierto es que parece estar desaparecido”. “Ya van muchas veces, son muchas las suspensiones”, ha lamentado la letrada antes de anunciar que pedirá al juzgado su búsqueda y captura.

Jacinto ha abandonado los juzgados mientras unos 40 familiares de personas fallecidas en residencias gritaban contra Isabel Díaz Ayuso en la Plaza de Castilla. “Esta persona no puede seguir eludiendo la acción de la Justicia y burlando el dolor de las víctimas, que tienen todo el derecho del mundo a una investigación en condiciones”. Sobre la declaración de Martínez Peromingo, Alejandra Jacinto mantiene que él sí tuvo un papel protagonista en esos protocolos aunque este martes haya renegado de ellos: “Mantenemos como acusación que él tuvo una participación necesaria e imprescindible para la elaboración de esos protocolos”.

Tres antiguos altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid declararán la semana que viene como imputados en dos juzgados que investigan las muertes de ancianos en residencias de Valdebernardo y Torrelodones, respectivamente, durante la pandemia. Comparecerán ante los jueces en dos días consecutivos tanto Carlos Mur, entonces director de coordinación sociosanitaria de Isabel Díaz Ayuso, su sucesor Francisco Javier Martínez y el entonces responsable del Summa 112 en la región.

Diversos juzgados de Madrid han abierto, en los últimos años, más de una decena de causas penales para investigar si la aplicación de los protocolos de no derivación en la región –bautizados como “protocolos de la vergüenza” por los afectados– se tradujeron en una peor atención a los ancianos que vivían en residencias y, en la práctica, empeoraron su situación sanitaria. Las familias denuncian que hasta 7.291 ancianos fallecieron por la aplicación de estos protocolos de no derivación a hospitales.

Algunas de estas causas han sido archivadas, con varios jueces calificando de “discutible” este protocolo, pero otras han seguido adelante y en el último año, de forma inédita, han llamado a declarar a los responsables de los “protocolos de la vergüenza”. Carlos Mur, por ejemplo, ya ha testificado en varias causas y ha defendido que esos protocolos estaban destinados a dar un criterio a los sanitarios, pero sin que fueran una imposición.

Un primer juzgado de la Plaza de Castilla les tomará declaración en martes en una causa que analiza la muerte de un anciano en una residencia Amavir de Valdebernardo. Un día después están llamados a comparecer también como investigados en Collado Villalba por la muerte de una persona en una residencia Sanitas de Torrelodones. Son declaraciones que ya fueron convocadas hace varios meses pero que han sufrido retrasos por la distribución de las causas entre distintos juzgados de la región.

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella de Isabel Díaz Ayuso contra Ione Belarra por las críticas de la líder de Podemos a la “gestión homicida” de las residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia. Los jueces entienden que las palabras de Belarra forman parte de la “crítica política” y no pueden llevar a su imputación por asegurar que la presidenta madrileña “debería estar en la cárcel” por su “gestión homicida” de los centros geriátricos donde fallecieron más de 7.000 ancianos.

El ejecutivo regional de Ayuso anunció varias querellas contra políticos que en los últimos meses han criticado con dureza la situación de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Una de esas querellas se dirigió contra Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que recientemente tuvo que ir a declarar en el juzgado para aclarar que nunca quiso atribuir un delito de asesinato a Ayuso. Otra fue presentada en el Tribunal Supremo contra Belarra.

“Ayuso debería estar en la cárcel por la gestión homicida que ha hecho de la pandemia y por todas las personas que fallecieron de manera absolutamente evitable, aunque ella dijera que iban a morir igual. No iban a morir igual, esas muertes eran evitables y esta es la gestión homicida que hace la derecha cuando gobierna”, dijo Belarra. Unas declaraciones que, añade ahora la Sala de lo Penal del Supremo, estaban amparadas por la libertad de expresión y la crítica política.

En su querella, la presidenta de la Comunidad de Madrid pedía la imputación de Belarra por un delito de calumnias con publicidad, la versión más grave del tipo que acarrea condenas de hasta dos años de cárcel y multas. Los jueces, tal y como defendía la Fiscalía, rechazan la querella entender que las declaraciones de la líder de Podemos “constituyen una crítica política asentada en la convicción, percepción o interés político de quien las hizo, para, desde su discurso disidente, censurar la gestión de un Gobierno Autonómico presidido por la querellante”.

“La crítica puede resultar, a veces, extremadamente dura o incluso injusta, pero que en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esta crítica es parte inseparable de todo cargo de relevancia”, zanja el Supremo para rechazar la petición de Isabel Díaz Ayuso de imputar a Ione Belarra.

Las 7.291 muertes en residencias de Madrid

Los fallecimientos de miles de ancianos en residencias públicas y privadas de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus se ha convertido en el punto más cuestionado de la gestión que Isabel Díaz Ayuso hizo en esa crisis sanitaria, hasta el punto de que varios juzgados investigan si algunos de sus altos cargos de entonces deben asumir responsabilidades por la vía penal. Las familias afectadas cifran en 7.291 las personas ancianas que fallecieron en residencias de toda la región sin que fueran derivadas a hospitales por la aplicación de los protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid, bautizados por las víctimas como “protocolos de la vergüenza”.

La Fiscalía y los juzgados de Madrid han analizado decenas de denuncias y querellas de familiares, muchas de las cuales han terminado en archivo. El protocolo que aplicó entonces la Comunidad de Madrid, han dicho algunas de estas resoluciones, era “discutible” y sus consecuencias “no fueron valoradas por la autoridad política”, pero no existe materia penal. Otros juzgados de la región, sin embargo, mantienen a día de hoy causas abiertas con antiguos altos cargos imputados.

El pasado mes de mayo, y después de varias causas en las que habían ido a declarar como testigos, un juzgado abrió una causa e imputó a un alto cargo sanitario de Ayuso: Carlos Mur, entonces director de coordinación sociosanitaria durante la pandemia, así como a su sustituto en el cargo.

Una mujer ha sido detenida, en el concejo asturiano de Langreo, por el hurto de joyas a personas de avanzada edad y con dependencia a las que atendía por su trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio y empleada de hogar. Una profesión que facilitaba que las sustracciones pasaran más desapercibidas, ya que muchas de las víctimas no se habían enterado de que les faltaban sus objetos de valor.

La Policía Nacional calcula que, entre los meses de julio y octubre de 2024, llegó a acumular, entre otros objetos, cadenas, anillos, pendientes y esclavas de sus víctimas que, sin tener en cuenta el valor sentimental, alcanzaban un valor que se ha estimado inicialmente en 22.000 euros.

Un total de 11 hurtos en domicilios se han esclarecido plenamente y se investiga su relación con al menos una treintena más.

El detalle que la delató

La investigación policial comenzó a principios del pasado mes de septiembre, cuando agentes de la Brigada Local de Policía Judicial detectaron que una mujer realizaba numerosas ventas de joyas.

Uno de los detalles que la delató fue que muchas de esas joyas presentaban inscripciones y tenían estilos muy diversos, sin ningún elemento común que justificara su posesión, lo que generó las primeras sospechas sobre su origen ilícito.

La investigación

En la comisaría langreana se inició una investigación para determinar su posible implicación en delitos contra el patrimonio. Aunque carecía de antecedentes, los indicios señalaban que la mujer podía dedicarse a la receptación o incluso estar sustrayendo los objetos directamente.

De forma paralela, se examinó su situación laboral, comprobando que desde julio trabajaba para una empresa dedicada a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La detención

Los investigadores contactaron con los usuarios del servicio y varios de ellos reconocieron como propias algunas de las joyas vendidas, manifestando su sorpresa al no haber advertido la sustracción.

El pasado 7 de noviembre, la Policía Nacional procedió a la detención de la sospechosa cuando se disponía a acceder a uno de los domicilios donde prestaba servicio.

Libertad provisional

Una vez que estaba en Comisaría, reconoció los hechos y señaló al menos seis domicilios más en los que había sustraído joyas, entregando además diversos artículos que mantenía ocultos en su vivienda.

Ante su reconocimiento explícito de los hechos y la entrega de los efectos sustraídos, la detenida quedó en libertad a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo.

Víctimas vulnerables

“La gravedad de los hechos se ve incrementada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que requerían atención domiciliaria y habían depositado su confianza en la autora, quien se aprovechaba de esa relación para cometer los hurtos”, han señalado desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de los vecinos de La Felguera y Sama de Langreo que reciban servicios de asistencia domiciliaria y sospechen haber sufrido hurtos para que puedan identificar las joyas recuperadas.

Actualmente están expuestas en la Comisaría de la Policía Nacional de Langreo–San Martín del Rey Aurelio, ubicada en la calle Conde Sizzo, 1 de La Felguera, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.