La Justicia reactiva la investigación de las muertes en residencias con la declaración de tres ex altos cargos de Ayuso

Tres antiguos altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso declararán este martes y este miércoles como imputados en dos juzgados que investigan las muertes de ancianos en residencias de Valdebernardo y Torrelodones durante la pandemia. Serán Carlos Mur, director general de Coordinación Sociosanitaria y quien firmó las distintas versiones de los llamados por los afectados “protocolos de la vergüenza”; su sucesor en el puesto, Francisco Javier Martínez Peromingo; y el entonces responsable del Summa 112 en la región, Pablo Busca.

Los tres ex altos cargos están citados a declarar el martes 9 de diciembre como investigados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas, donde se analiza la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo. Un día después y a la misma hora harán lo propio ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba por una querella de una familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. Son declaraciones que ya fueron convocadas hace varios meses pero que han sufrido retrasos por la distribución de las causas entre distintos juzgados de la región.

Mur fue el alto cargo que firmó las distintas versiones de los protocolos que establecieron quién podía o no ser trasladado a un hospital y que frenaron la derivación de dependientes, salvo la de aquellos que tenían seguro privado o vivían en su casa. Fue destituido en mayo de 2020 y reemplazado por Francisco Javier Martínez Peromingo, que hasta ese momento era geriatra en los hospitales gestionados por Quirón. Según declaró Mur, Peromingo fue autor de otros borradores de los protocolos e interviniente en la redacción de los mismos desde esa posición pese a que en ese momento estaba fuera de la cadena de mando de la Consejería. Actualmente tampoco forma parte del ejecutivo regional: regresó al grupo Quirón.

Ambos han dado ya su versión sobre lo ocurrido y se han contradecido el uno al otro. Mur señaló en su comparecencia en la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid al propio Peromingo como la persona que coordinó con 18 geriatras el texto que él posteriormente firmó. Peromingo aseguró que no estaba de acuerdo con los criterios de exclusión “más restrictivos” —en referencia al texto que hablaba del índice de Barthel, utilizado para determinar si una persona por sí misma puede realizar ciertas tareas cotidianas— que quedaron por escrito: “Le manifestamos que no estábamos de acuerdo”, dijo. Tanto Mur como Peromingo argumentaron que los protocolos “eran recomendaciones o líneas generales que no obligaban a aplicación”.

En los últimos años, el tono de Ayuso contra quien le menciona la tragedia de las residencias se ha ido elevando. En un pleno en febrero de 2024 insinuó que los mayores enfermos de la COVID-19 al inicio de la pandemia se iban a morir igual bien fuesen trasladados a hospitales o se quedasen aislados en las residencias de mayores. “Había muertos en todas partes: en las casas, en los hospitales, en las residencias”, se justificó. La presidenta se ha referido a las asociaciones que trabajan por la memoria de los fallecidos como “plataformas políticas” y en febrero de este año acusó a la oposición de estar “siempre con las mismas mierdas” cuando le preguntan por lo ocurrido en los centros de mayores.