Tras casi siete décadas siendo un cine y teatro de referencia y haber pasado más de cuarenta años sin uso, el Palacio de Bellas Artes de Donostia, de gran valor arquitectónico y patrimonial y considerado como primer cinematógrafo fijo de España, ha iniciado ya su nueva vida como hotel de lujo. Es parte de la Curio Collection de la cadena internacional Hilton y cuenta con 81 cámaras, que intentan preservar la historia del edificio. La propuesta gastronómica corre a cargo del chef local Andoni Aduriz.

elDiario.es/Euskadi ha visitado el reformado espacio. La historia de este nuevo hotel no es como la de otros alojamientos para turistas que florecen en la capital con la vivienda más cara. La reforma llega tras un intenso conflicto suscitado en torno a la conservación del legado cultural de la edificación. Y no es un debate único en Donostia, ya que se ha sucedido con la estación del ferrocarril, con varias villas o recientemente el caso del edificio Pakea.

La propiedad define su nuevo proyecto como un alojamiento “lifestyle”, enfocado en contar la historia del palacio al huésped. Esteban Basterretxea, director de Sade, insiste en que el proyecto busca mantener la vocación original del edificio, bajo la premisa de que el Bellas Artes “nunca dejó de proyectar, solo cambió de pantalla”. Han creado una escena, conjunto a sus interioristas Isabel López Vilalta y Silvia Cabestany, con la intención de llevar a cualquier visitante del hotel a un cine de los años sesenta, indican.

La relevancia histórica del inmueble, construido en 1914 por Ramón Cortázar, reside en su diseño como “Palacio del Cine”, una tipología monumental de la era silente inspirada en el Palacio Gaumont de París; construido en 1900 y demolido en 1972. Según le cuenta a este periódico Basterretxea, el cierre del cine del Bellas Artes en 1982 se debió exclusivamente a un “tema de demanda y oferta”, ya que cada vez más en la ciudad existían más butacas que espectadores.

La transformación del Bellas Artes se inserta en un contexto en Donostia en el que varias salas históricas, como el Astoria –también de Sade–, el Miramar o el Novedades, han sido reconvertidas en hoteles o sucursales bancarias. El viejo casino Kursaal también tuvo una vida anterior, aunque en su formulación moderna también tiene programación cultural.

El proceso de transformación del Bellas Artes comenzó en 2013, cuando la propiedad planteó convertir el palacio en un complejo residencial u hotelero para garantizar su rentabilidad. Ante tal anuncio, nació la asociación Áncora, defensora del patrimonio donostiarra, y fue capaz de recolectar más de 10.000 en contra de su transformación hotelera.

Las críticas de Áncora se basan en presuntas vulneraciones de la normativa en el patrimonio cultural. Durante estos últimos 13 años, ha estado denunciando las anomalías que veía, empezando con la reconstrucción de la emblemática cúpula. Esta fue derribada en 2015 por pretendidas razones de seguridad. La forma en la que estaba construida generó numerosas filtraciones de agua, deteriorando gravemente la pieza, arguye Ignacio Quemada, el arquitecto de la renovación del nuevo hotel. Tanto Basterretxea como Quemada defienden que su restitución fue necesaria: “Lo podías deshacer con las manos”. El Ayuntamiento permitió la operación. Para Áncora, en cambio, la réplica es como un “pastiche” o decorado en falso.

Mientras se tomaban decisiones sobre la cúpula, coincidía con el hecho de que el Gobierno vasco le otorgó la máxima protección como Bien de Interés Cultural (BIC) al palacio. Según Eneko Oronoz, portavoz de Áncora, la asociación estaba contenta porque eso suponía mayor blindaje para la edificación. Sin embargo, dos años más tarde, la Administración le retiró la protección tras una resolución judicial que favorecía a la empresa tras la interposición de un recurso. La decisión fue criticada por Áncora señalando que el plan se diseñó para flexibilizar la protección y ceder ante los intereses comerciales de la propiedad.

El conflicto trascendió las fronteras locales. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), de la Unesco, emitió una alerta internacional en 2019. Se trató de la primera vez que se envió una a España, advirtiendo que la operación en el Bellas Artes ponía en riesgo la autenticidad de uno de los escasos cines monumentales anteriores a la Primera Guerra Mundial. En el centro de esta alarma se encontraba la intención de intervenir en las fachadas externas de conservación obligatorio, según el instrumento urbanístico conocido como PEPPUC.

Ante las dudas sobre la fidelidad de la obra ahora presentada, el arquitecto Quemada explica que la apertura de nuevos vanos en la fachada no fue una invención, sino un retorno a los dibujos originales de Ramón Cortázar. Según Quemada, los planos de 1914 proyectaban más ventanas de las que finalmente se construyeron, por lo que han utilizado “el lenguaje del propio Cortázar” para integrar las necesidades de luz del hotel.

Sin embargo, para Áncora, este proceso ha sido en realidad una “demolición encubierta” bajo la apariencia de una rehabilitación. En octubre de 2024, la asociación denunció ante la Ertzaintza que tramos de la envolvente protegida estaban siendo destruidos “a martillazos”, contraviniendo una licencia que, según su versión, solo permitía agrandar huecos existentes pero descartaba el derribo de muros. Oronoz sostiene que apenas subsiste un 20% del edificio histórico, un dato que el arquitecto Quemada desmiente y asegura que es mayor.

Más allá de las perspectivas contrapuestas de la asociación y de la empresa, está el papel del Ayuntamiento. Áncora indica que la Ertzaintza le ha confirmado una pobre colaboración por parte del Gobierno local para avanzar con la investigación. Asimismo, señalan que un informe del arquitecto municipal corroboró que se habían eliminado tramos enteros de fachada que no se ajustaban a la norma del plan de protección. La asociación lamenta la poca voluntad política que ha habido y sigue a la espera de que se haga justicia por el presunto delito.

La cadena, entretanto, rechaza el término “hotel de lujo” e insiste en definirlo como alojamiento “lifestyle”. Recalcan su idea-fuerza de que el Bellas Artes nunca dejó de proyectar, que solamente es un “cambio de pantalla”. Y confían en que los donostiarras reconozcan el pasado del inmueble al visitarlo. ¿Cuánto cuesta la habitación? Dormir allí en julio y agosto puede suponer entre 300 y 700 euros.

Se escribe PSIR, pero se pronuncia PESIR. Y el último en mencionar la palabra fue el consejero de Urbanismo de Cantabria, Roberto Media (PP) a finales de junio. Recogía así el reciente anuncio de la presidenta del gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), de dos PSIR: uno para una piscina de olas para practicar surf en Villaverde de Pontones y otro para 1.700 viviendas de promoción privada también, de las que solo la mitad serían protegidas, junto a un nuevo hospital, en Castro Urdiales.

Esas siglas, PSIR, responden a una figura urbanística llamada Plan Singular de Interés Regional, porque ese es el primer paso para que arranque: que el gobierno de Cantabria manifieste que es de interés regional. Existente en muchas comunidades autónomas con otras denominaciones, fue creada a nivel autonómico en 2001 y sirve al gobierno autonómico para recalificar cualquier tipo de terrenos -en muchos casos, suelo rústico- para hacerlos urbanizables, construir un proyecto y a veces ampliarlo, sin depender de las normativas municipales donde se localice la obra.

El PSIR cumple ahora 25 años y ha pasado de ser una herramienta de planeación urbanística del gobierno para anunciar el trámite gradual para la instalación de parques empresariales, polígonos, un hospital o la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas, a un mecanismo para impulsar otros proyectos de iniciativa privada como hoteles, centros de datos, piscinas de olas de surf o cientos de viviendas libres con hospital y polígonos en constante ampliación.

Para hacer un PSIR, los terrenos tienen que estar bien entre dos municipios o en uno solo. En este segundo caso, “por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características”, el gobierno considera oportuno hacerlo en ese lugar, sin necesidad de contar expresamente con el Ayuntamiento. La normativa dice que el promotor puede ser público o privado para implantar “instalaciones y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, turísticos, deportivos, culturales, actuaciones de mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia”.

La rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas, por ejemplo, sí incluyo “elementos” patrimoniales tanto de carácter cultural, así como de carácter natural (plátanos que jalonan los caminos, masas de vegetación, y Monte de la Cardosa), pero hasta la fecha, no se ha tramitado ningún PSIR exclusivamente deportivo o cultural.

Durante décadas, la figura no sufrió modificaciones sobre el papel. Básicamente el Gobierno autonómico era el promotor de un proyecto urbanístico público o privado que, en general, implicaba recalificar una amplia superficie de suelo rústico. Durante años, se utilizó más para proyectos entre dos municipios y, en algunos casos, incluyo expropiaciones de terreno a particulares, para edificar sin límitaciones burocraticas. Así sucedió en el caso del polígono de La Pasiega, en Piélagos, cuyo trámite arrancó en 2007, en el que se expropiaron parcelas de muchos vecinos para edificarlo, actualmente en ejecución.

Tras la declaración de interés regional, se sucedían las fases de aprobación del expediente. Y es que alrededor del PSIR había y hay otras cuatro siglas clave: las de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio), que depende de la Consejería de Urbanismo -en la que están representados colegios profesionales y gobierno- que da la aprobación provisional de un PSIR, antes de que que el Consejo de Gobierno de Cantabria dé el aprobado definitivo para hacer le evaluación ambiental e iniciar una obra.

Nuevas reglas del juego

Veinte años después, en 2022, el Gobierno derogó la ley de 2001 con una nueva normativa con la que cambió las reglas del juego: pasó a establecer plazos estrictos para la burocracia de los trámites, incluyó al Parlamento como actor entre las instituciones responsables, e impuso que, si el objeto del proyecto eran las viviendas de protección pública -a diferencia de la anterior ley que marcaba “un mínimo del cuarenta por ciento se destinará a la construcción de viviendas de protección oficial ”, ahora debía de ser el 100%. Pero este último requisito no duró mucho.

En 2023, el Gobierno del PP decidió cambiar los contrapesos de la CROTU: redujo el número de representantes, aumentó la frecuencia de las reuniones y excluyó a algunos colegios profesionales. Esta decisión le acarreó críticas de partidos y ecologistas porque implicaba concentración de poder en direcciones generales de la consejería de Urbanismo. En 2025, modificó un artículo de la ley del suelo de 2022, mediante la llamada ley de simplificación administrativa, para poder construir vivienda libre en los PSIR, con el respaldo parlamentario de Vox.

Hasta la fecha, no existe un registro público actualizado de PSIR con todas las categorías posibles, incluyendo 'interés regional'. El listado histórico de PSIR de la Consejería de Fomento expone actualmente la tramitación de 14 obras, de las que tres siguen en tramitación y 11 están aprobadas -incluyendo ampliaciones o modificaciones-. No incluye el nivel de ejecución, por eso, La Pasiega, que sigue en ejecución, está incluida.

Para entender el nivel de ejecución de los PSIR, hay que mirar el visor de Ordenación del Territorio del gobierno de Cantabria: ahí vienen 17 proyectos, entre 'en tramitación', 'aprobado en ejecución' y 'aprobado y ejecutado'. Hay, por ejemplo, un proyecto de polígono al que se acabó renunciando (Gran Área de Desarrollo Buelna); proyectos en ejecución como la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas; otros en larga tramitación, como un polígono llamado Prado Cervera, en Campoó o ampliaciones como la del Parque de la Naturaleza de Cabarceno, declarado de interés regional en 2010, o la tercera ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Santander y, el más reciente: un hotel de cinco estrellas en el Palacio de Corro, que ha sido un complejo palaciego abandonado durante años, entre Suances y Santillana, cuyo expediente está en tramitación desde 2024.

Cinco PSIR ejecutados

El hotel propuesto para el Palacio de Corro ha recibido en 2026 cuestionamientos, dentro de la CROTU, por parte del colegio de arquitectos y de geógrafos, por estar ubicado en suelo rústico de especial protección. Después del hotel, los anuncios de la presidenta de nuevos PSIR han incluido un centro de datos, la piscina de olas y 1.700 viviendas con hospital, en Castro, todo de promoción privada. Pero, de todos los proyectos, en la categoría de 'aprobado y ejecutado', en el visor, solo hay cinco PSIR: cuatro son polígonos.

De los cinco ejecutados, por un lado, está el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), a las afueras de Santander. En éste, que ha tenido dos ampliaciones -y la tercera pendiente-, queda libre una parcela de las 39 totales, en las que hay instaladas dos universidades, 34 empresas y sedes del gobierno de Cantabria. Y, por otro, está el polígono industrial Tanos-Viérnoles, en Torrelavega, que ha tenido dos ampliaciones y está plenamente ocupado por 103 empresas a la fecha.

El Hospital Tres Mares, en Reinosa, recibió su aprobación en 2006 y hasta 2010, no empezó a funcionar y el Parque Empresarial Besaya ha tenido tres ampliaciones, las dos últimas promovidas por un privado (ASPLA), y también está ocupado. El último PSIR ejecutado es un polígono industrial, entre Orejo, Solares y Heras. En este caso, un 7% de la superficie la ocupa una fábrica de paneles de fibroyeso llamada Suyesa. El polígono, según datos del gobierno, en la actualidad tiene vacías la mitad de sus 30 parcelas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una turista extranjera como presunta autora de un delito de estafa después de presuntamente abandonar un establecimiento hotelero de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) sin abonar una estancia, que estaba valorada en 2.483 euros. La investigación se inició después de que los responsables del hotel denunciaran que una familia, integrada por dos adultos y un menor, había abandonado las instalaciones del hotel tras permanecer 11 noches en régimen de todo incluido sin formalizar el pago de la factura, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En concreto, según la denuncia, la reserva se realizó a través de la página web del establecimiento, facilitando una tarjeta bancaria como garantía, si bien al intentar efectuar el cargo correspondiente una vez finalizada la estancia, el medio de pago no permitió completar la operación.

Ante ello, el personal del hotel intentó contactar en varias ocasiones con la persona que había realizado la reserva para regularizar la situación y, aunque inicialmente manifestó su intención de efectuar el pago alegando problemas para acceder a su tarjeta bancaria al encontrarse ya en el aeropuerto, finalmente cesó toda comunicación sin llegar a realizar el abono pendiente.

Por ello, y tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de localización que permitió identificar a la presunta autora en las dependencias del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria, donde fue detenida antes de abandonar la isla.

Una vez practicada la detención y realizadas las gestiones judiciales oportunas, la arrestada fue trasladada a la Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas para la instrucción de las correspondientes diligencias, siendo puesta posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

De una gastrogalería de lujo a un complejo de spas y centro de bienestar. La selecta Galería Canalejas, un antiguo Food Hall en pleno centro de Madrid, cerró hace dos años después de su principal adjudicataria, Mad Gourmets, acumulara pérdidas y entrara a un concurso de acreedores. Como la empresa ocupaba hasta 19 locales del salón gastronómico y suponía el princpal atractivo de este complejo situado en los sótanos del Four Seasons, la galería cayó en desgracia y ahora intenta reflotar con la llegada de otro inversos, la empresa Aire Ancient Baths.

El proyecto ocupará unos 2.200 metros cuadrados en el sótano del edificio, en la calle Alcalá, y contará con un acceso independiente desde la calle Alcalá, después de una inversión de 21,5 millones de euros, adelanta El País. Aún se desconoce la fecha de apertura, pues el proceso sigue en marcha y ha de pasar primero un período de obras, algo que s prevé complejo dadas las características estructurales del inmueble, de estilos neorrenacentista y neobarroco. Sin embargo, este cambio responde a un giro estratégico para mantenerse en el negocio de la exclusividad, pero cambiando platos gourmets por una cadena millonaria de masajes y baños relajantes.

La compañía que ha cerrado este trato, Aire, tiene otros centros de bienestar inspirado en baños de estilo griego, romano u otomano en ciudades como Barcelona o Sevilla. Los precios de cada experiencia pueden variar, pero las más asequibles parten de 76 euros por 90 minutos entre baños de distinta temperatura y otras llegan a superar los 300 euros por persona, con spas privados para remojarse en vino y disfrutar de masajes, exfoliaciones corporales o degustaciones de queso. Un modelo de negocio que mantiene el lujo en el seno de Canalejas, pero cambia el enfoque después del fiasco del Food Hall.

Además de en España, Aire Ancient Baths opera en otras ciudades como Londres, Copenhague, Nueva York o Toronto, casi siempre en edificios históricos de estilo clasicista que han sido reabilitados. Madrid era una de las ciudades donde llevaba años buscando ubicación. En su día, el complejo de Galería Canalejas abrió como uno de los mayores proyectos inmobiliarios del centro de Madrid, combinando el hotel Four Seasons con una galería comercial de marcas internacionales de lujo, viviendas de alto nivel y una gran oferta gastronómica. Esta última pata nunca terminó de funcionar.

Las dificultades del espacio de restauración ya habían quedado reflejadas en la evolución económica del complejo. El cierre de la gastrogalería evidenció que la concentración de restaurantes no había conseguido atraer un flujo suficiente de clientes, pese a encontrarse en una de las zonas con mayor tránsito peatonal de la capital. La actividad comercial del edificio convivía con un hotel de lujo que seguía registrando pérdidas mientras la zona gastronómica acumulaba problemas financieros. A finales del año pasado, la reorganización del complejo continuó con un acuerdo entre OHLA y el exdueño de Poker Stars, Isai Scheinberg, con su fondo Mohari.

Aquella operación dejó en manos de OHLA la gestión de la galería comercial, mientras Mohari asumió el hotel Four Seasons y otros activos vinculados a la actividad hotelera. Ese reparto abrió la puerta a redefinir los usos de algunos espacios y adaptarse a nuevas tendencias en el mercado del lujo. Frente a un modelo basado en la concentración de restaurantes en un sótano, Galería Canalejas apuesta ahora por experiencias privadas o de bienestar, con la vista aún puesta en la clientela internacional y de alto poder adquisitivo.

De momento no se han anunciado tarifas para Madrid ni tampoco una fecha clara de inauguración, pero el ejemplo de Barcelona permite hacerse una idea. En el Aire Ancient Baths de la ciudad condal, la experiencia termal básica parte de unos 90 euros por persona, mientras que los recorridos combinados con masajes y tratamientos superan habitualmente los 150 euros e incluso algunos programas premium rebasan los 300 euros, dependiendo de la duración o los servicios incluidos.

Un total de 84 entidades y colectivos sociales han emitido un comunicado conjunto contra la “extrema violencia” vivida el pasado 7 de junio en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, a la que se añade la presión y los meses de acoso que han sufrido los artesanos que aún quedan en la instalación. “Lo ocurrido es un ataque directo al derecho a la vivienda y a la vida en nuestros barrios”, han trasladado después del allanamiento de morada que causó la detención de tres individuos de la empresa de seguridad contratada por la propiedad.

Después de lo ocurrido, EFE ha informado que se ha interpuesto una orden de alejamiento contra los individuos que fueron detenidos en la tarde del pasado martes. No se podrán acercar a menos de 300 menos del edificio ni de la inquilina a la que echaron a la calle y que luego provocaría una serie de altercados en la vía pública.

“Denunciamos la impunidad con la que operan estas empresas, al servicio de la especulación inmobiliaria, así como la pasividad de quienes tienen la obligación de proteger a las vecinas”, critican en el manifiesto conjunto. La artesana y gestora cultural Estefi Yeah denunció el miércoles 8 de julio en los juzgados sevillanos a varios miembros de la propiedad Garajes Santa Inés S.L. y, también, de los miembros de la compañía de desokupación por un delito de allanamiento, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas. En el escrito se recogen las vejaciones e insultos contra la artista, a la que han amenazado de muerte y con la quema del edificio.

Ante la gravedad de los hechos, los 84 colectivos exigen cumplir con “la garantía efectiva de la integridad física y los derechos de las vecinas”, además del “cese de cualquier forma de acoso inmobiliario” y, por último, “la paralización de esta operación especulativa”. Por ello, llaman “a la solidaridad del conjunto de la ciudad”, porque, advierten, “defender los corralones es defender el derecho a la vivienda, el patrimonio común y la vida digna de nuestros barrios”.

“Normalización de la violencia”

Todo esto sucede en un clima tenso entre las partes a causa de la oferta de compraventa de los corralones de Castellar que comprenden los números 48, 50 y 52 a la promotora onubense Arenas de la Bellida S.L. por 12 millones de euros para la construcción de un hotel de cuatro estrellas y 29 viviendas libres, tal y como adelantó esta cabecera.

Una operación que de contar con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Sevilla borraría del mapa el pasaje histórico junto al colegio Calderón de la Barca, como ya ha sucedido con dos de los cinco corralones que hay registrados en la ciudad desde el siglo XIX en el pasaje Mallol número 8 y Bustos Tavera número 26. Al hilo de lo sucedido, los partidos políticos de la oposición y el propio gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) se han pronunciado, por una parte, reclamando soluciones, y por otro, anunciando que se estudiaría la expropiación mientras se señalaba a la ocupación como el origen de los problemas de este corralón.

Al respecto, los colectivos sociales piden una solución “urgente” para que la propiedad se expropie y pase a titularidad pública. “No es aceptable que se tarde en intervenir ante las reiteradas agresiones”, declaran los colectivos sobre la pasividad de la administración, ya que las presiones contra los artesanos se viven desde hace tiempo con numerosas denuncias ante los juzgados, donde se relatan los daños causados o la clausura de los locales sin previo aviso.

“Señalamos también el trasfondo de esta violencia extrema: una operación especulativa millonaria que pretende expulsar a las vecinas, talleres y espacios comunitarios para imponer un modelo de ciudad excluyente”, mantienen, “resulta inaceptable que la violencia y el negocio prevalezcan sobre la vida y los derechos de quienes habitan y construyen el barrio”. Reclaman: “Frente al acoso inmobiliario, organización y respuesta colectiva”.

Entre las entidades firmantes, se encuentra el Sindicato de Inquilinas, la Oficina de Okupación, APDHA Sevilla, Asamblea por la Vivienda de Sevilla, Comunidad Palestina, Entrepueblos, PAH Sevilla Este, Barrios Hartos, así como CGT, Asociación Trans de Andalucía, CNT, Facua, Oxfam Intermón, Federación Liberación, Fundación Triángulo, la CNT y Macarena Solidaria, entre otras. Una larga lista, hasta llegar a las 84 entidades, que muestran su rechazo a la “normalización de la violencia contra quienes defienden su hogar”.

Una ídilica imagen de la playa de La Tejita de fondo y Nathy Peluso como coprotagonista de un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie tras la cancelación del Tenerife Music Festival el pasado mes de junio.

La cantante mostró en sus redes sociales una estampa paradisíaca del entorno de Montaña Roja. Sin embargo, la publicación deja fuera una de las zonas más controvertidas del sur de Tenerife. En uno de los momentos del recorrido, la artista evita mostrar el horizonte y dirige la cámara hacia el suelo mientras camina por la orilla, justo antes de llegar al área afectada por las obras del futuro Hotel La Tejita.

El vídeo evita la zona donde avanzan las obras del Hotel La Tejita

Ese cambio de plano no es casual, ya que justo en esa zona se encuentra un espacio degradado, junto al entorno donde avanzan las obras de varios proyectos hoteleros, una imagen muy alejada del paisaje virgen que transmite el resto de la publicación. Y es que precisamente este enclave de entorno volcánico concentra desde hace años uno de los mayores conflictos urbanísticos y medioambientales de Tenerife.

La construcción del Hotel La Tejita ha generado una intensa oposición por parte de colectivos ecologistas, que consideran que el desarrollo urbanístico amenaza un espacio de alto valor natural situado junto a la Reserva Natural Especial de Montaña Roja.

Mientras el vídeo de Nathy Peluso ofrece una imagen prácticamente virgen del paisaje, la realidad en esa parte del litoral es muy distinta.

En el otro lado de la historia, la cuenta de Instagram Sawabona, dedicada a la promoción de ropa y artesanía canaria, publicó un vídeo grabado en la misma zona en el que sí puede apreciarse el estado actual del entorno.

Las imágenes muestran el área alterada por las obras del futuro complejo hotelero, una panorámica muy diferente a la difundida por la artista argentina.

Pero la controversia no acaba aquí. A ello se suma la actuación de la Asociación Ecologista Salvar La Tejita, que el pasado 14 de junio solicitó al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que aclarara si se ha modificado la licencia urbanística después del relleno del socavón excavado por la promotora Viqueira en dominio público.

Según la entidad, si la licencia hubiera sido modificada, el proyecto debería ajustarse al límite máximo del 30% de ocupación previsto en el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

En marcha está también la construcción del Centro de Interpretación Magallanes en el Parque Urbano de Sotavento, que se está desarrollando en el espacio situado entre las calles El Cano y Hernán Cortés.

La situación ambiental del sur de Tenerife vuelve al foco

Esta panorámica también conecta con el cierre temporal de la playa Leocadio Machado, en El Médano, por bacterias fecales en el agua. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España por incumplir sus obligaciones en el tratamiento de aguas residuales urbanas, la mayoría en Tenerife. En concreto, los doce enclaves a los que hace referencia el TJUE en su sentencia son Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul y Valle de la Orotava.

Mentre els residents i els agents socials debaten sobre com fer front a la saturació i al consum de recursos que provoca el turisme massiu a l’arxipèlag balear, la indústria turística, gràcies a diverses lleis aprovades per governs de diferents colors polítics, ha fet una aposta clara per un turisme de qualitat i d’alt poder adquisitiu, que desplaça la classe mitjana, però que permet contenir l’arribada de més visitants. Una alternativa que no convenç les entitats ecologistes ni les del tercer sector, que aposten per un “decreixement” progressiu, així com per una economia menys dependent del turisme, però que ja és una realitat.

Eivissa i Formentera són dos exemples clars de com les Illes han orientat el seu model turístic cap al luxe. En el cas de la més gran de les Pitiüses, el sector hoteler s’ha orientat majoritàriament cap a l’augment de categoria dels establiments, que ja sumen vint-i-quatre hotels de cinc estrelles i vuit més de cinc estrelles gran luxe, segons dades del Consell d’Eivissa. L’any 2024, segons l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), 46 dels 129 hotels de l’illa eren de quatre estrelles o de quatre estrelles superior, gairebé un 38% de la planta hotelera. Formentera, per la seva banda, ha triplicat el nombre d’hotels entre el 2004 i el 2024, i un terç són de quatre estrelles, segons l’IBESTAT.

Després de la crisi econòmica del 2008, tant governs autonòmics progressistes com conservadors van aprovar decrets o modificacions legislatives que van promoure l’augment de categoria dels establiments, que es van anar orientant cap al luxe. El tret de sortida el van donar l’Aguas de Ibiza i l’Ibiza Gran Hotel l’any 2008. Més endavant, el 2011, va arribar l’Ushuaïa, la joia de la corona de l’imperi dels Matutes.

Sota el Govern progressista de Francesc Antich (2003-2011), es va aprovar el Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per impulsar la inversió a les Illes Balears. El conseller de Turisme era el conservador Miquel Nadal, de l’extinta Unió Mallorquina. A la legislatura següent, amb el Govern conservador de José Ramón Bauzá (2011-2015), es va modificar la Llei turística balear, amb Carlos Delgado al capdavant de la conselleria. La sortida escollida a la recessió econòmica a les Balears va ser una aposta per l’augment de categoria dels hotels, així com pel luxe. En paraules de Macià Blázquez, catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), hi va haver “una reconversió”. “Una millora de la qualitat de l’oferta que tendeix a l’elitització”, amb l’objectiu d’“atreure capitals i oferir taxes de benefici més elevades als inversors”.

“El que està passant és que Eivissa s’està equiparant a altres destinacions turístiques d’Espanya”, valora Maria Costa, presidenta de la Federació Hotelera d’Eivissa i Formentera (FEHIF). Costa reconeix que abans hi havia més hotels de dues i tres estrelles i que ara el sector s’ha orientat cap a la qualitat i cap als establiments de quatre i cinc estrelles. Aquesta transformació ha comportat un canvi en zones turístiques tradicionalment orientades al turisme familiar, amb preus assequibles.

Es Canar, exemple paradigmàtic

És el cas, per exemple, d’Es Canar (un antic disseminat reconvertit en nucli turístic), que també està virant cap al luxe. “Era una zona força normaleta, amb botigues de records, bars, restaurants, serveis de platja, hotels, hostals i apartaments”, explica Maurici Cuesta, geògraf i expert en turisme de les Pitiüses. “Ara ha canviat d’escala, amb molts establiments reconvertits o amb nous noms per adaptar-se a altres tipus de turisme”, afegeix. La presidenta de la patronal hotelera de les Pitiüses, en canvi, considera que “continua havent-hi espai per a les famílies a Eivissa”. “Tot i que sí que és cert que s’ha reduït perquè ha crescut l’altra part del sector, la dels hotels de quatre i cinc estrelles”, afegeix.

En aquesta primera fase de la temporada turística, la valoració que fa la patronal és “positiva”. Situa l’ocupació mitjana a les Pitiüses durant el mes de juny en el 85,5%, amb una millora de poc més de mig punt percentual respecte del mateix mes de l’any passat. A més, les previsions per a la resta del mes de juliol, així com per a l’agost, el setembre i l’octubre, també són “positives”. La presidenta de la FEHIF, tanmateix, prefereix ser prudent a causa dels “possibles canvis en els mercats emissors i del context econòmic general”. L’últim hotel de cinc estrelles es va inaugurar el mes de juny d’enguany, davant de Platja d’en Bossa. Es tracta del Bless The Site Ibiza, també impulsat pel Palladium Hotel Group, propietat dels Matutes. Platja d’en Bossa és també un dels epicentres de l’oci de l’illa, on es troben algunes de les discoteques més importants.

El Bless The Site Ibiza, de la família Matutes, és l’últim hotel de cinc estrelles, inaugurat el juny d’aquest any

En la mateixa línia, la CAEB (Confederació d'Associacions Empresarials de les Balears) coincideix que la temporada ha començat “francament bé”. José Antonio Roselló, vicepresident de la patronal a Eivissa i Formentera, reconeix que al principi hi va haver “una situació desigual com a conseqüència de la data de la Setmana Santa”. “Però, al marge d’això, les sensacions han estat bones”, puntualitza. Preguntat sobre l’evolució turística de les Pitiüses en relació amb l’augment de la categoria dels hotels, argumenta que “es correspon amb la política que ja es va iniciar fa anys al conjunt de les Balears, l’objectiu de la qual era i continua essent augmentar la qualitat”. El vicepresident de la CAEB considera que es tracta d’un fenomen “que es correspon amb el canvi de la demanda i de la societat”.

“A mesura que les noves generacions s’han anat incorporant al mercat com a demandants, l’exigència d’uns estàndards de qualitat més elevats ha estat habitual”, insisteix. Roselló creu que també hi té a veure el fenomen –estem immersos en l’era d’Instagram i TikTok– de la imatge, cada vegada “més present a les nostres societats”. En definitiva, segons el vicepresident de la patronal balear, l’augment de la qualitat “ha anat en consonància amb les exigències de la demanda”.

“Els hotelers són els beneficiats”

Altres veus, en canvi, són més crítiques amb aquest model, com és el cas de les entitats ecologistes. “Els legisladors sabien què feien i crec que va ser una estratègia dissenyada per canviar el model que teníem abans”, explica Hazel Morgan, presidenta d’Amics de la Terra a Eivissa. La portaveu dels ecologistes considera que la transformació cap a un model més orientat al luxe beneficia “directament els hotelers”. A parer seu, aquest canvi es va fer sense que hi hagués un debat social al voltant del nou model.

Morgan creu que l’elitització del sector hoteler també ha afectat altres empreses turístiques, com ara bars i restaurants, que en alguns casos s’han adaptat a aquesta transformació. “Si era una aposta per rebre menys turisme de masses i de borratxera, podia semblar positiva, però no vam preveure els impactes col·laterals”, valora. Així, els ecologistes aposten per un model “respectuós, independentment de la seva aportació econòmica a l’illa”. A parer seu, l’actual és “totalment insostenible”, ja que posa en perill la capacitat de càrrega del territori i les infraestructures públiques, a més de generar una forta pressió sobre els espais naturals, tant terrestres com marins, i sobre els recursos naturals. “Afecta el cost de la vida, els nostres hàbits, els nostres costums i les nostres comunitats”, assenyala.

Si [augmentar la categoria dels hotels] era una aposta per rebre menys turisme de masses i de borratxera, podia semblar positiva, però no vam preveure els impactes col·laterals

Hazel Morgan — Presidenta d'Amics de la Terra a Eivissa

Roselló, vicepresident de la CAEB a les Pitiüses, considera que les classes mitjanes i treballadores continuen veient les illes com una destinació atractiva. Dos terços de la planta hotelera d’Eivissa són d’hotels de tres i quatre estrelles, tot i que les diferències entre aquestes categories, assenyala, poden ser “més una qüestió de grau que no pas de fons”. “Els hotels de tres estrelles també ofereixen qualitat i també han evolucionat i millorat molt”, assegura. El vicepresident de la patronal balear considera que hi ha prou oferta per a tothom i que no tenen constància que “ningú es quedi sense vacances per no disposar d’una oferta determinada”. “Aquesta reducció del nombre d’establiments de tres estrelles forma part de l’evolució natural de les coses”, argumenta.

La Confederació d'Associacions Empresarials de les Balears considera que les classes mitjanes i treballadores continuen tenint cabuda a l'illa: ‘Ningú no es queda sense vacances per no disposar d'una oferta determinada’

En la mateixa línia, Costa afirma que la manera de viatjar de les famílies “ha canviat perquè els models també ho han fet en aquests darrers vint anys”. Per això, la patronal hotelera valora “molt positivament l’aposta per la qualitat i l’excel·lència” que ha guiat la inversió en molts projectes hotelers d’Eivissa i Formentera, perquè “contribueix a reforçar la competitivitat de la destinació i a millorar l’experiència dels nostres visitants”.

Les grans obertures d'hotels

A partir de l’any 2015, l’illa avança en el procés d’elitització hotelera. Si anys abans s’havien inaugurat l’Ushuaïa, així com dos hotels Grand Palladium el 2014, els Matutes obren un altre Grand Palladium Hotel el 2015. L’any següent s’inauguren el One Ibiza Suites i el Gran Hotel Montesol; el 2017, l’Insotel Tarida; el 2018, el Nobu Hotel i el 7Pines Resort, i el 2019, el Bless. A Formentera, el primer hotel cinc estrelles es va inaugurar en 2019 sota el nom de Five Flowers Hotel. Des de 2025, està integrat en el grup Meliá. Aquesta reorientació del sector cap al segment del luxe continuarà els anys següents, i el 2020 serà un any clau, especialment delicat per al sector a causa de la pandèmia del coronavirus.

En aquest context, el segon Govern progressista de Francina Armengol va aprovar la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per impulsar l’activitat econòmica i simplificar els tràmits administratius. La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors era Rosario Sánchez. En l’article 7, dedicat als incentius per a la millora dels establiments turístics, la llei promovia que els establiments poguessin presentar projectes per augmentar-ne la qualitat i la categoria.

Aquests projectes quedaven excepcionalment exclosos del compliment dels paràmetres de planejament territorial i urbanístic que, en condicions normals, n’haurien impedit l’execució. A més, l’article preveia expressament que les obres de modernització tinguessin com a objectiu l’augment de categoria de l’establiment. Per aconseguir-ho, només s’exigia la presentació d’una autoavaluació que acredités que l’hotel resultant assoliria la nova categoria superior. Per tant, la llei va proporcionar un marc legal excepcional que va permetre als hotelers elevar la categoria dels seus establiments superant les restriccions urbanístiques prèvies i amb uns tràmits administratius molt més àgils.

Amb el Govern de Francina Armengol, la llei va proporcionar un marc legal excepcional que va permetre als hotelers elevar la categoria dels seus establiments superant les restriccions urbanístiques prèvies i amb uns tràmits administratius molt més àgils

Durant aquests anys es van dur a terme diversos projectes de reforma i noves obertures d’hotels de cinc estrelles o de cinc estrelles gran luxe. El Mongibello, el 2020; l’OKU Ibiza, l’OKU Ibiza (II), el Six Senses, el The Standard (I) i el The Standard (II), el 2021, i el TRS Hotel Ibiza (I) i el TRS Hotel Ibiza (II), el 2022. En els darrers tres anys, el procés ha continuat amb deu establiments hotelers de luxe més a Eivissa.

Finalment, es va aprovar la Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme, amb l’objectiu d’implantar l’economia circular, impulsada per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. El conseller era Iago Negueruela. Entre les mesures positives, la norma inclou l’obligació que els hotels instal·lin llits elevables per facilitar la feina de les cambreres de pis; estableix que els establiments turístics consumeixin un percentatge mínim —entre el 3% i el 5%, segons la categoria— de producte local, i fomenta la descarbonització exigint la substitució de les instal·lacions de calefacció de fueloil o gasoil per alternatives més netes. A més, introdueix plans de circularitat per reduir el malbaratament d’aliments i el consum de recursos naturals. Des d’una perspectiva més crítica, Blázquez observa que, després de l’aplicació d’aquesta normativa, no hi ha hagut un decreixement real.

El repte de les institucions de les Illes en els pròxims anys és, precisament, definir quina serà la seva política turística tenint en compte la capacitat de càrrega real de cada territori –en funció de la seva dimensió i de la pressió sobre els recursos naturals i hídrics–; la relació entre la gentrificació turística i l’especulació immobiliària, i la manera d’equilibrar l’economia turística –principal suport econòmic de la ciutadania balear– amb l’impacte social i territorial, en unes illes on cada dia és més difícil viure perquè el preu de l’habitatge –i el cost de la vida– no para d’augmentar.

Mientras los residentes y los agentes sociales debaten sobre cómo hacer frente a la saturación y al consumo de recursos que provoca el turismo masivo en el archipiélago balear, la industria turística, gracias a diferentes leyes aprobadas por gobiernos de distintos colores políticos, ha hecho una apuesta clara por el turismo de calidad y de alto nivel adquisitivo, que desplaza a la clase media, pero que permite contener la llegada de más visitantes. Una alternativa que no convence a las entidades ecologistas y del tercer sector, que apuestan por un progresivo “decrecimiento”, así como por una economía menos dependiente del turismo, pero que es toda una realidad.

Eivissa y Formentera son dos ejemplos claros de cómo las Islas han orientado su modelo turístico hacia el lujo. En el caso de la mayor de las Pitiüses, el sector hotelero se ha orientado mayoritariamente hacia la subida de categoría de los establecimientos, que ya suma veinticuatro de cinco estrellas y otros ocho de cinco estrellas gran lujo, según datos del Consell d'Eivissa. En el año 2024, según el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT), 46 de los 129 hoteles de la isla eran de cuatro estrellas o cuatro estrellas superior, casi un 38% de la planta hotelera. Formentera, por su parte, ha triplicado el número de hoteles desde 2004 a 2024 y un tercio de ellos son de cuatro estrellas, según el IBESTAT.

Tras la crisis económica de 2008, tanto gobiernos autonómicos progresistas como conservadores aprobaron decretos o modificaciones legislativas que promovieron la subida de categoría de los establecimientos, que se fueron orientando hacia el lujo. El pistoletazo de salida lo dieron el Aguas de Ibiza e Ibiza Gran Hotel en 2008. Más tarde, en 2011, Ushuaïa, la joya de la corona del imperio de los Matutes.

Bajo el Govern progresista de Francesc Antich (2003-2011), se aprobó el Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears. El conseller de Turismo era el conservador Miquel Nadal, de la extinta Unió Mallorquina. En la siguiente legislatura, con el Govern conservador de José Ramón Bauzá (2011-2015), se hizo una modificación de la ley turística balear siendo Carlos Delgado el conseller del ramo. La salida escogida a la recesión económica en Balears fue una apuesta por la subida de categoría de los hoteles, así como por el lujo. En palabras de Macià Blázquez, catedrático en Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), hubo una “una reconversión”. “Una mejora de la calidad de la oferta que tiende a la elitización” con el objetivo de “atraer capitales y dar mayores tasas de beneficio a los inversores”.

“Lo que está pasando es que Eivissa se está equiparando a otras zonas turísticas de España”, valora Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera d’Eivissa i Formentera (FEHIF). Costa reconoce que antes había más hoteles de dos y tres estrellas y que ahora el sector se ha orientado hacia la calidad y los establecimientos de cuatro y cinco. Esta transformación ha conllevado un cambio en zonas turísticas tradicionalmente orientadas al turismo familiar, con precios asequibles.

Es Canar, ejemplo paradigmático

Es el caso, por ejemplo, de Es Canar (un antiguo diseminado reconvertido en núcleo turístico), que también está virando hacia el lujo. “Era una zona bastante normalita, con souvenirs, bares, restaurantes, servicios de playa, hoteles, hostales y apartamentos”, explica Maurici Cuesta, geógrafo y experto en turismo de las Pitiüses. “Ahora ha cambiado de escala, con muchos establecimientos reconvertidos o con nuevos nombres para adaptarse a otros tipos de turismo”, añade. La presidenta de la patronal hotelera de las Pitiüses, en cambio, considera que “sigue habiendo espacio para las familias en Eivissa”. “Aunque sí es verdad que se ha reducido porque ha crecido la otra parte del sector, de cuatro y cinco estrellas”, añade.

En esta primera fase de la temporada turística, la valoración que hace la patronal es “positiva”. Sitúa la ocupación media en las Pitiüses en el mes de junio en el 85,5%, con una mejora de algo más de medio punto porcentual respecto al mismo mes del año pasado. Además, las previsiones para el resto del mes de julio, así como agosto, septiembre y octubre son también “positivas”. La presidenta de FEHIF, no obstante, prefiere ser prudente debido a los “posibles cambios en los mercados emisores y al contexto económico general”. El último hotel de cinco estrellas se inauguró en junio de este año, frente a Platja d’en Bossa. Es el Bless The Site Ibiza, también creado por Palladium Hotel Group, de los Matutes. Platja d’en Bossa es también uno de los epicentros del ocio de la isla, donde se ubican varias de las discotecas más importantes.

El Bless The Site Ibiza, de la familia Matutes, es el último hotel de cinco estrellas, inaugurado en junio de este año

En la misma línea, la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares) coincide en que la temporada ha empezado “francamente bien”. José Antonio Roselló, vicepresidente de la patronal en Eivissa y Formentera, reconoce que al principio hubo “una situación dispar como consecuencia de la fecha de la Semana Santa”. “Pero, aparte de esto, las sensaciones han sido buenas”, aclara. Consultado sobre la evolución turística de las Pitiüses, en relación al aumento de la categoría de los hoteles, argumenta que “se corresponde con la política que ya se inició años atrás en el conjunto de Baleares, cuyo objetivo era y es aumentar la calidad”. El vicepresidente de la CAEB analiza que se trata de un fenómeno “que se corresponde con el cambio de la demanda y la sociedad”.

“Conforme las nuevas generaciones han ido entrando en el mercado como demandantes, la exigencia de mayores estándares de calidad ha sido frecuente”, insiste. Roselló cree que también tiene que ver con el fenómeno –estamos inmersos en la era de Instagram y TikTok– de la imagen, cada vez “más presente en nuestras sociedades”. En definitiva, según el vicepresidente de la patronal balear, el aumento de la calidad “ha ido en consonancia con las exigencias de la demanda”.

“Los hoteleros son los beneficiados”

Otras voces, en cambio, son más críticas con este modelo, como es el caso de las entidades ecologistas. “Los legisladores sabían lo que estaba haciendo y creo que fue una estrategia diseñada para cambiar el modelo que tuvimos antes”, explica Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra en Eivissa. La portavoz de los ecologistas cree que la conversión hacia un modelo más orientado hacia el lujo beneficia “directamente a los hoteleros”. En su opinión, esta transformación se hizo sin que hubiera un debate social en torno al cambio de modelo.

Morgan cree que la elitización del sector hotelero ha afectado también a otras empresas turísticas, como los bares y restaurantes, que en algunos casos se han adaptado a la conversión. “Si fue una apuesta para recibir menos turismo de masas y borrachera, puede haber parecido positivo, pero los impactos colaterales no los vimos venir”, valora. Así, los ecologistas apuestan por un modelo “respetuoso, independientemente de su aportación económica a la isla”. A su juicio, el actual es “totalmente insostenible” debido a que se pondría en peligro la capacidad de carga y las infraestructuras públicas, además de que hay mucha presión sobre los espacios naturales terrestres y marinos, así como sobre los recursos naturales. “Afecta a los costes de vida, a nuestros hábitos, costumbres y comunidades”, apunta.

Si [subir la categoría de los hoteles] fue una apuesta para recibir menos turismo de masas y borrachera, puede haber parecido positivo, pero los impactos colaterales no los vimos venir

Hazel Morgan — Presidenta de Amics de la Terra en Eivissa

Roselló, vicepresidente de CAEB en las Pitiüses, cree que las clases medias y trabajadoras siguen considerando las islas un destino atractivo. Dos tercios de la planta hotelera son de tres y cuatro estrellas en Eivissa, aunque las diferencias entre estas categorías, señala, pueden ser “una cuestión de grado más que de fondo”. “Las tres estrellas también se mueven dentro de la calidad y también han evolucionado y mejorado mucho”, asegura. El vicepresidente de la patronal balear considera que hay suficiente oferta para todos y que no hay constancia de que “nadie se quede sin vacaciones por no tener una oferta determinada”. “Esta caída del número de los establecimientos de tres estrellas está en la evolución natural de las cosas”, argumenta.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares considera que las clases medias y trabajadoras siguen teniendo cabida en la isla: 'Nadie se queda sin vacaciones por no tener una oferta determinada'

En la misma línea, Costa afirma que la forma de viajar de las familias “ha cambiado porque los modelos también lo han hecho en estos 20 años”. Por ello, la patronal hotelera valora “muy positivamente la apuesta por la calidad y la excelencia” que ha guiado la inversión en muchos proyectos hoteleros de Eivissa y Formentera porque “contribuye a reforzar la competitividad del destino y a mejorar la experiencia de nuestros visitantes”.

Las grandes aperturas de hoteles

A partir del año 2015 la isla avanza en el proceso de elitización hotelera. Si años atrás se había inaugurado Ushuaïa, así como dos Grand Palladium en 2014, los Matutes abren otro Grand Hotel Palladium en 2015. Al siguiente lo hacen el One Ibiza Suites y el Gran Hotel Montesol; en 2017, el Insotel Tarida y Nobu Hotel en 2018, el 7Pines Resort en 2018 y el Bless en 2019. En Formentera, el primer hotel cinco estrellas se inauguró en 2019 bajo el nombre de Five Flowers Hotel. Desde 2025, está integrado en el grupo Meliá. Esta reorientación del sector hacia el segmento del lujo seguirá en los años siguientes, siendo clave el 2020, año especialmente sensible para el sector debido a la pandemia de coronavirus.

El segundo Ejecutivo progresista de Francina Armengol aprobó en ese contexto la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa. La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores era Rosario Sánchez. En su artículo 7, de incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos, la ley impulsaba que los establecimientos pudieran presentar proyectos para subir su calidad y categoría.

Estos proyectos quedaban excepcionalmente excluidos del cumplimiento de parámetros de planeamiento territorial y urbanístico que normalmente impedirían su ejecución. Además, el artículo preveía expresamente que las obras de modernización tuvieran por objeto el aumento de categoría del establecimiento. Para ello, solo se exigía presentar una autoevaluación acreditativa de que el hotel resultante alcanzaría la nueva categoría superior. Por tanto, la ley proporcionó un marco legal excepcional que permitió a los hoteleros elevar la categoría de sus establecimientos superando restricciones urbanísticas previas y con trámites administrativos mucho más ágiles.

Con el Ejecutivo de Francina Armengol, la ley proporcionó un marco legal excepcional que permitió a los hoteleros elevar la categoría de sus establecimientos superando restricciones urbanísticas previas y con trámites administrativos mucho más ágiles

En estos años hubo varios proyectos de reforma y nuevas aperturas de hoteles cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo. Mongibello, en 2020; OKU Ibiza, OKU Ibiza (II), Six Senses, The Standard (I) y The Standard (II), en 2021, y TRS Hotel Ibiza (I) y TRS Hotel Ibiza (II), en 2022. En los últimos tres años el proceso ha continuado con otros diez establecimientos hoteleros de lujo en Eivissa.

Por último, se aprobó la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, para implementar la economía circular, impulsada por la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo. El conseller era Iago Negueruela. Entre las medidas positivas, incluye la obligación de los hoteles de instalar camas elevables para facilitar el trabajo de las camareras de piso; establece la obligación de que los establecimientos turísticos consuman un porcentaje mínimo –entre el 3 y el 5%, según la categoría– de producto local y fomenta la descarbonización al exigir la sustitución de instalaciones de calefacción de fueloil o gasóleo por alternativas más limpias. Además, introduce planes de circularidad para reducir el desperdicio de alimentos y el consumo de recursos naturales. Desde una perspectiva más crítica, Blázquez observa que no hay un decrecimiento real tras la implementación de esta normativa.

El reto de las instituciones de las Islas en los próximos años está, precisamente, en fijar cuál será su política turística teniendo en cuenta la capacidad de carga real de cada territorio –en función de su tamaño y de la presión sobre sus recursos naturales e hídricos–; la relación entre la gentrificación turística y la especulación inmobiliaria, y en cómo equilibrar la economía turística –sustento principal y mayoritario de la ciudadanía balear– con el impacto social y territorial, en unas islas en las que cada día es más difícil vivir debido a que los precios de la vivienda –y de la vida– son cada vez más caros.

La Guardia Municipal de Donostia ha detenido a una trabajadora de un hotel como presunta autora de un robo en una habitación del establecimiento. Entre los efectos sustraídos se encontraban un reloj Rolex, unos pendientes de oro, una pulsera de diamantes y 600 dólares estadounidenses. El montante total del botín está valorado en unos 63.000 euros.

Según informan desde la Guardia Municipal, tras tener conocimiento de los hechos, agentes de policía se desplazaron al hotel y procedieron a custodiar la habitación donde se había producido el robo. Asimismo, efectivos de la Unidad de Investigación y de la Unidad de Inspecciones Técnico-Policiales se personaron en el establecimiento, mientras las víctimas eran trasladadas para prestar declaración.

Como resultado de las primeras investigaciones, agentes de la Unidad de Investigación detuvieron a una trabajadora del hotel. En un primer momento, se le intervino una de las piezas sustraídas, concretamente una pulsera.

Posteriormente, una vez trasladada a dependencias policiales, durante el cacheo realizado por los agentes de custodia antes de su ingreso en los calabozos, los agentes localizaron en su poder los pendientes y el reloj Rolex sustraídos. De este modo, la Guardia Municipal logró recuperar los efectos sustraídos.

La investigación continúa para el total esclarecimiento de los hechos.

La Policia Local d'Eivissa ha comprovat que un immoble funcionava com a establiment hoteler al municipi, per la qual cosa tramita una denúncia per un presumpte cas de lloguer turístic il·legal.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, durant la inspecció els agents van verificar que l'edifici compta amb quatre apartaments ocupats mitjançant contractes gestionats a través d'una plataforma digital.

Aquesta actuació se suma a nou denúncies tramitades pel mateix motiu per part del Consistori. En un dels casos, l'Ajuntament ha recordat que va imposar una sanció de 793.000 euros en haver-se acreditat el canvi d'ús d'un habitatge residencial a un amb ús turístic sense disposar del títol habilitant.

“El lloguer turístic il·legal perjudica l'accés a l'habitatge, altera la convivència i genera una competència deslleial respecte a aquells que operen dins la legalitat. Aquesta sanció és una nova mostra del nostre compromís amb el compliment de la normativa”, ha afirmat l'Ajuntament.

La Policía Local de Eivissa ha comprobado que un inmueble funcionaba como establecimiento hotelero en el municipio, por lo que tramita una denuncia por un presunto caso de alquiler turístico ilegal.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, durante la inspección los agentes verificaron que el edificio cuenta con cuatro apartamentos ocupados mediante contratos gestionados a través de una plataforma digital.

Esta actuación se suma a nueve denuncias tramitadas por el mismo motivo por parte del Consistorio. En uno de los casos, el Ayuntamiento ha recordado que impuso una sanción de 793.000 euros al haberse acreditado el cambio de uso de una vivienda residencial a una con uso turístico sin disponer del título habilitante.

“El alquiler turístico ilegal perjudica el acceso a la vivienda, altera la convivencia y genera una competencia desleal respecto a aquellos que operan dentro de la legalidad. Esta sanción es una nueva muestra de nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa”, ha afirmado el Ayuntamiento.

La artesana y artista Estefi Yeah interpuso en la tarde de este miércoles una denuncia por allanamiento de morada, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas contra los dueños de los corralones de Castellar, Garaje Santa Inés S.L., tras los hechos ocurridos en el casco histórico. En un escrito presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, la inquilina ha relatado los pormenores de lo vivido el martes cuando varios miembros de la empresa de seguridad y desokupación García Seguridad Integral entraron en su domicilio para echarla junto a las personas que había en él. Igualmente, ha presentado pruebas de las intimidaciones que ha vivido en los días anteriores al incidente, donde se le llegó a decir “te voy a descuartizar” y “le voy a meter fuego al edificio”.

El altercado se saldó con la detención de tres personas de la empresa de seguridad, mientras que otros tres miembros del colectivo que se arremolinó en las calles en apoyo a la inquilina tuvieron que recibir atención sanitaria después de haber sido agredidos “con palos” y, también, “gas pimienta”. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, la afectada indica que el principal objetivo de la empresa de desokupación es “coaccionar y amenazar, hasta el punto de sufrir varias agresiones por parte de M. G. G. y varios de sus supuestos trabajadores”, como quedó reflejado en la denuncia por un ataque físico que recibió a las puertas de su casa en agosto del año pasado.

En cuanto al día de los hechos, Estefi Yeah describe en la denuncia, presentada en compañía del abogado Javier García, que seis personas asaltaron su casa a la una de la tarde cuando había tres conocidos suyos dentro. “Entraron por la fuerza trepando por un patio interior” y, una vez lograron entrar en el piso, “golpearon” a las personas que se encontraban, al mismo tiempo que les “robaron sus DNI y dispositivos móviles”. Después, soldaron una de las puertas para evitar la entrada y salida de cualquier persona, dejando en el interior a una mujer y a una niña con la intención de crear una estrategia que confundiera a los agentes policiales una vez y acudieran al lugar de los hechos.

Gas pimienta

Después de echar a empellones a los habitantes del inmueble, se produjeron varios altercados en la calle Castellar que llegaron a cortar el tráfico debido a la concentración de gente. Entre ellos, la agresión con gas pimienta a un periodista del ABC y a otras personas que protestaban en contra del desalojo ilegal. Con la presencia de la Policía Nacional se logró apaciguar el conflicto que ha terminado en una denuncia formal ante los juzgados. Además, los supuestos agresores sustrajeron varios objetos de valor y documentación personal de la inquilina, como el carnet de conducir o las tarjetas bancarias, al igual que dinero en metálico, según consta en el documento.

A tenor de lo sucedido, la propiedad declinó hacer valoraciones sobre el asunto este mismo martes. En todo caso, comentaron que la situación “no es digna”: “Imagínese que se metan en su casa”, atribuyendo la debacle a la ocupación ilegal del inmueble.

Estefi Yeah reside desde hace más de una década en los corralones y su contrato de alquiler continúa vigente, requiriéndosele en el 2015 que cambiara de inmueble dentro del espacio con las mismas condiciones contractuales. Tras el episodio vivido en las últimas jornadas, junto al corte de suministros de agua y luz y al presunto incendio provocado del contador eléctrico, la afectada ha estado abierta al diálogo. Sin embargo, defiende que la propiedad no le ha ofrecido ninguna opción viable y que, en todo caso, se le ha amenazado con llevar la causa a los juzgados, una cuestión que acepta. En este sentido, la inquilina advierte que el intento de desahucio que se produjo este martes es ilegal y que, en ningún momento, asegura que le haya llegado una orden judicial para abandonar su casa.

“Te tengo que matar, perra. Te voy a quemar, por mi padre”

Antes de que se produjera el conato de desalojo de este martes, la gestora cultural ha presentado en los juzgados varios testimonios, vídeos e imágenes sobre lo ocurrido en días anteriores. Entre ellos, el pasado 21 de junio hubo un trabajador de la empresa que se dirigó hacia ella impidiéndole la entrada en el edificio, mantiene, y diciéndole textualmemte “tengo ganas de gresca”. Al día siguiente, los representantes de Garaje Santa Inés S.L. comenzaron a “amenazarla” en el portal del edificio mientras que uno de los trabajadores de la empresa de seguridad “sujetó y chocó” a la víctima “contra la puerta de entrada”, dándole “varias patadas en la espalda”.

Al cabo de dos días, el 24 de junio, hay otro vídeo en el que se recoge cómo M.A.G., parte de la propiedad, se acerca a la afectada y le dice, literalmente, “droga la que te voy a meter a ti en la boca después de matarte, perra”, motivo por el que se mantiene la acusación por un delito de amenazas.

Seguidamente, un acompañante (D.) se une a la conversación y , en varios vídeos continuados, se destaca una amenaza de muerte: “Tú vas a salir hoy de aquí, porque te voy a coger de los pelos. Violencia, vas a ver la violencia, tú no sabes nada todavía de la violencia”. A lo que sigue: “Te voy a tortear, perra. (...). Nada más que te vea aquí abajo te torteo la cara. (...). Te voy a rajar. (...). Ahora no me voy a mover de aquí, ni hoy ni todos los días. No vas a poder ni sacar a los perros. (...). Te voy a fusilar hoy la cabeza. Baja pa bajo, ven, puta. (...). Nada más que te vea aquí abajo te rompo. Me da igual que seas una mujer, te rompo”. (...). “Te tengo que matar, perra. Te voy a quemar, por mi padre”.

Junto a este hombre, se unen M.A.G., A.V., T.P. y D., que continúan con los improperios verbales: “Ya tienes la guerra declarada”. (...). “Te voy a meter una patada en la boca del estómago que te voy a encharcar los pulmones de sangre. Te voy a dejar como una perra mal parida tirada ahí, perra”. (...). “Te vas a tener que ir de aquí, que lo sepas, y te vas a ir hoy porque me sale de la punta de mi polla a mí, te vas a ir hoy. Porque voy a subir para arriba y te voy a partir la puerta en dos”. (...). “Que venga, que venga la policía que me cago en los muertos de toa la policía también”.

“Te voy a descuartizar” y “le voy a meter fuego al edificio”

En este momento, D. advierte de lo que ocurriría unos diez días después: “(...). Voy a coger una escalera y voy a subir para arriba y te voy a sacar de los pelos yo, a ti y a todo el que haya ahí que venga. Ya verás y no voy a subir yo solo, tú no te preocupes que te acabas de buscar la mayor ruina ahora mismo”. A continuación, hay más amedrentamiento: “Te voy a ahorcar. Te voy a ahorcar. Que lo sepas que te voy a ahorcar, puta. Te voy a coger y te voy a descuartizar, perra. A cachitos. Graba, graba que te voy a coger y vas a ver lo que te va a pasar, prima”.

En este punto, D. también amenaza con agredirla sexualmente: “(...). Te voy a clavá toa mi polla, te la voy a meter ahí en la boca apestosa esa que tienes”; terminando con la idea de incendiar el edificio: “(...). Que le voy a meter fuego a tu edificio, perra. Tú te acabas de buscar la mayor ruina que hay aquí hoy”.

Tras este intercambio, la denunciante describe que el 25 de junio se produjo un incendio en el contador de los suministros eléctricos. Doce días más tarde, se produciría el allanamiento de morada por el que fueron detenidas tres personas por la Policía Nacional y por el que se ha interpuesto la denuncia. En declaraciones dadas a los medios, Estefi Yeah detalló que en el corralón quedan varias personas viviendo, cuyas circunstancias son similares a la suya: contratos vigentes que continúa pagando mensualmente, pese a la decadencia de las infraestructuras o las clausuras de los locales. Sin una orden judicial de por medio, el ataque de la compañía contratada por la propiedad a la inquilina ha sumado un episodio de extrema violencia en los corralones de Castellar.

Una situación que viene a dar de bruces con la oferta de compra por parte de la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L., que desea adquirir las fincas de los números 48, 50 y 52 por 12 millones de euros, siempre y cuando sea viable el proyecto económico que presentaron en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla para la edificación de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones y 29 viviendas libres, eliminando de la ecuación los corralones industriales y el colegio Calderón de la Barca. Una oferta que expira este verano, según las condiciones estipuladas en el contrato, y para lo que los activistas culturales y los partidos políticos exigen una solución, como la expropiación del terreno para que pase a manos públicas.

La estatua de un caballo coronaba hace 70 años una de los construcciones con un significado más infame en Madrid: el Arco de Moncloa, que la dictadura franquista bautizó como Arco de la Victoria. Una exposición actualmente visitable en el complejo El Águila recuerda el momento de su colocación, allá por 1956. Este miércoles, una imagen similar se ha repetido en la capital.

Esta vez no hay ningún régimen totalitario de por medio y la instalación no ha sido tan aparatosa, pero la escultura de un caballo vuelve a generar contestación social y habla del sino de los tiempos. Se trata de El rumor de la discordia, obra de seis metros de altura con un llamativo caballo de bronce que parece flotar en el aire. La obra corona ahora la plaza del Carmen, junto a Gran Vía. Es una iniciativa del hotel de lujo Thompson, cuya empresa propietaria diseñó la reforma de la plaza pese al carácter público del entorno.

Obra del mexicano Gonzalo Lebrija, llega como una cesión temporal por un mínimo de 15 años, en un ejemplo de la “apuesta por la colaboración público-privada” que defiende el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Así lo describía la concejala delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, en un artículo sobre la pieza publicado en El País hace un año.

El reportaje adelantaba más datos sobre la figura que ya pueden contemplar los viandantes en el centro de Madrid: el pedestal de hormigón (todavía no instalado) tiene 4,4 metros de alto, mientras que las medidas del caballo son de 1,90 por 2,50 metros.

“Los caballos en el arte siempre han tenido connotaciones políticas y sociales que tienen que ver con triunfos bélicos, pero este no conmemora una victoria. Actualmente, el mundo no está pasando un momento que permita conmemorar, sino que, al revés, entramos en una etapa de reflexión y cuestionamiento”, exponía Lebrija en El País para alejarse edificaciones como la de Moncloa.

La controversia en la plaza del Carmen es anterior a esta animalada artística. Hace cuatro años, el área de Movilidad aceptó como “donación” el proyecto de reforma del aparcamiento de plaza del Carmen que había redactado el propio hotel de lujo que ahora dona la escultura. Lo hizo incluyendo varias ventajas sobre el espacio público para este negocio privado, entre ellas la de incluir un acceso directo desde el parking al propio garaje del hotel Thompson, de cinco estrellas. Además, colocaba la entrada y salida del parking lo más lejos posible de su edificio, al otro extremo.

Desde Cibeles no concretaron el importe de lo que se había ahorrado con la donación del proyecto, pero sí detallaron en los pliegos de la construcción que horadar el túnel adicional (situado en la planta -1 y con cinco metros de anchura) añadiría 136.000 euros al coste final de la obra. Cuando Somos Madrid adelantó esta noticia, en el año 2022, los propietarios del hotel (la familia Díaz Estrada) prefirieron no hacer declaraciones. Tres años después, sin embargo, el CEO de Exacorp One sí que habló para el artículo de El País sobre la polémica en la plaza.

Una reforma rodeada de controversias y maniobras

“Buscábamos que con esto ganáramos todos: el hotel y los turistas, por supuesto, pero también los vecinos. No todo el mundo consiguió todo lo que quería, incluyendo al hotel, que por supuesto no es el dueño de la plaza. Pero creemos que el resultado es bueno para todos”, defendió, después de asegurar que trabajó el proyecto con la Asociación de Amigos de la Plaza del Carmen.

Esta asociación, sin embargo, está formada por miembros de la propia Exarcorp One, como consta en el registro municipal al que accedió este periódico. El propio Alonso Díaz Etienne aparece como vicepresidente de la entidad y se reunió en su nombre con el Ayuntamiento en octubre de 2019, encuentro presidido por el delegado de Movilidad Borja Carabante en el que también estuvo Carlos Llansó y Graciela Roselló, arquitectos ambos empleados por Exarcorp One y que figuran asimismo como miembros de esta “asociación de amigos”.

Respecto a las ventajas privadas que se derivaron de la adjudicación del proyecto sobre el espacio público, el túnel subterráneo citado no es la única para el hotel en el diseño del proyecto: la escultura de Gonzalo Lebrija se colocará sobre una rotonda innecesaria y que se incluyó para asegurar el acceso en coche hasta la puerta del hotel a todos sus clientes. Y también se ha dejado un espacio libre de parterres y árboles junto al alojamiento de cinco estrellas, donde ahora este negocio despliega una gran terraza.

La familia Díaz Estrada construyó el hotel Thompson uniendo varios inmuebles de la calle Montera, entre los que se encontraba el que alojó los cines Acteón, cerrados por sorpresa en el año 2017 para iniciar la operación que levantó finalmente una instalación con 173 habitaciones en pleno centro de Madrid. El proyecto del edificio fue tramitado durante la alcaldía de Manuela Carmena y el de la plaza del Carmen con Almeida ya como regidor.

Además de las talas o la distribución del espacio público, se le unieron las criticas al precio de los abonos para residentes en el aparcamiento. Hacerse con una plaza mensual cuesta como mínimo 160 euros al mes, si se elige la reserva por cinco años, después de que el equipo de Almeida escogiera la oferta más cara para los vecinos de entre todas las presentadas al concurso. Por comparar, el parking municipal de la cercana plaza Luna, cuesta 70 euros al mes para residentes con el mismo régimen de concesión. El de la plaza de las Cortes apenas un euro. En Thompson, por contran, pensarán que si ladran ellos cabalgan.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas este martes en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, por un delito de allanamiento de un piso alquilado con contrato vigente, según ha podido confirmar este medio. Los individuos pertenecen a la empresa de seguridad y desokupación García Seguridad Integral, contratada por los dueños de la propiedad, que actuaron al mediodía, cuando los gritos y forcejeos en el número 48 hicieron que corriera la voz y se concentraran varias personas en apoyo a los afectados. Una disputa que acabó con otras tres personas recibiendo atención médica. Esto es un episodio clave dentro del contexto consulvo que atraviesan los que quedan en el edificio, ya que la fecha límite para la compraventa por 12 millones de la totalidad de la finca es este verano, tal y como adelantó este periódico.

Cerca de la una y media de la tarde, Estefi Yeah, la artista que denunció el pasado 26 de agosto un ataque físico a las puertas de su casa con el fin de amedrentarla y ha alzado la voz en multitud de ocasiones junto al colectivo Defiende Los Corralones y otros artesanos, pidió apoyo a través de sus contactos y redes sociales, aparte de llamar a la Policía Nacional a causa del delito. Entre empujones y amenazas, los presuntos agresores echaron a la calle a la inquilina junto a otras personas, provocando una pelea en la calle. En este sentido, desde Subdelegación del Gobierno han confirmado a este medio que quedan pendientes la entrega de los partes médicos de las personas supuestamente agredidas y, también, de la interposición de las denuncias.

El hostigamiento ha alcanzado su punto álgido este martes con el asalto a la casa por parte de “seis miembros” de la empresa de desokupación que, a partir de lo relatado por las personas que había en la concentración a las puertas del corralón, “han echado a palos a todo el mundo” y han utilizado “gas pimienta” para herir a los inquilinos y a periodistas del ABC, como se muestra en los vídeos. Las imágenes recopiladas serán presentados este mismo miércoles ante los juzgados, asegura el abogado del colectivo, por un presunto delito de allanamiento de morada y otro de robo con fuerza.

“Hay denuncias puestas con anterioridad y la semana que viene hay otro juicio por coacciones por un local habiendo un contrato legal, aparte de otro juicio por agresiones y hay otro caso en fase de investigación”, detallaron las fuentes conocedoras de las decenas de demandas contra la propiedad. “Esto es la película de nunca acabar”, lamentaron. En esta línea, los afectados denunciaron que llevaban días sufriendo cortes de luz y, también, les afectó el presunto incendio provocado del contador eléctrico, acusaron, lo cual redobla la presión sobre las condiciones precarias en las que viven dentro del espacio.

“Esto es un Estado ilegal paralelo”

Además, quienes contemplaban la escena mantienen que la empresa de desokupación, con ayuda de la propiedad, metió “a una mujer con una menor en la casa para así llamar a la policía y hacer creer que la casa era suya”. Una “estrategia” con la que pretendían confundir a los agentes y provocar la detención instantánea de todos los presentes. Sin embargo, la Policía Nacional tardó hasta tres horas en acudir al lugar de los hechos, según el relato de los presentes, momento en el que la madre y la hija salieron del piso sin mayor repercusión.

A causa de la aglomeración de gente en el casco histórico, se interrumpió el tráfico de la calle Castellar y, seguidamente, los agentes acordonaron la zona para impedir el tránsito. Una vez calmadas las aguas, la artista y el resto de afectados pudieron acceder de nuevo a su casa. En cambio, los individuos allí reunidos frente al número 48 en señal de apoyo fueron identificados por la Policía Nacional, advirtiéndoles que serían multados en caso de no dispersarse —al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza—. “Nos dijeron que nos iban a acusar de concentración ilegal”, agregó un miembro del grupo.

“Soy vecina del barrio y todos los días paso al lado de los corralones: tienen a unos nazis en la puerta”, criticó otra de las personas, que prefiere no ser identificada como el resto de los que acudieron a protestar. “Esto es un Estado ilegal paralelo”, aseveró otro joven, “y la policía hoy ha actuado porque esto se ha pasado de castaño a marrón oscuro”, en referencia a la actuación de García Seguridad Integral, la empresa contratada por la propiedad Garajes Santa Inés S.L. para la protección del inmueble.

En un momento dado, dos miembros en representación de la propiedad hablaron con la Policía Nacional y, de forma acalorada, con la inquilina afectada. Preguntados por este medio, la pareja declinó hacer valoraciones sobre lo ocurrido y comentaron que la situación en la que se encuentran “no es digna”: “Imagínese que se metan en su casa”. Esta es la premisa que han utilizado los dueños a lo largo de estos años de dejadez en las instalaciones y conflictos con los artesanos, aunque muchos de ellos, tal y como ha podido comprobar este medio, mantenían en vigor sus alquileres de renta antigua tanto para en las viviendas como en los locales industriales.

Hotel de cuatro estrellas o que pase a manos públicas

Los corralones de Castellar están en el punto de mira de los propietarios debido a la posible compra por valor de 12 millones de euros que ha ofrecido la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L. El acuerdo de compraventa fue firmado en junio del año 2023 y está en vigencia hasta este 2026. Todo ello, a expensas de que se apruebe el Plan de Reforma Interior (PRI) presentado a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, en donde se planea la construcción de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones y 29 viviendas libres, con el consecuente derrumbe del colegio Calderón de la Barca.

El revuelo que ha levantado la operación urbanística, que se saldaría con una nueva promoción de viviendas a precios desorbitados como ocurrió en Pasaje Mallol 8 y Bustos Tavera 26, ha posicionado a los partidos políticos. Por una parte, las izquierdas han pedido que el corralón quede en manos públicas, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por el PP, ha avanzado que estudia la expropiación, sobre todo para proteger el centro educativo. Una medida que casaría con el reclamo de los artesanos, ya que, como pidieron hace dos décadas, el espacio centenario podría catalogarse como Bien de Interés Cultural (BIC) y quedar bajo el amparo de la administración pública. Un acuerdo que todavía no está encima de la mesa mientras el expediente urbanístico avanza.

En la tarde de ayer, Susana Hornillo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, acudió a la calle Castellar y tildó de “pelotazo urbanístico” el planeamiento que hay en los corralones, donde “el único inconveniente que tiene la empresa es que siguen viviendo algunas artesanas y les están haciendo la vida imposible”. A su vez, acusa al PP de ser “conocedor” de todo el entramado, al igual que manifestó el PSOE en un comunicado. El portavoz municipal de los socialistas, Antonio Muñoz, pidió “garantizar la salud” de los afectados ante una situación “límite”, aparte de describir como “acoso inmobiliario” este tipo de acciones que “nunca debería permitirse en una ciudad como Sevilla”.

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha avalat l'acomiadament d'un cambrer d'un hotel d'Eivissa que va publicar un vídeo a TikTok en què criticava el marge de beneficis de l'empresa -assegurava que un cafè amb un cost de 20 cèntims es venia per cinc euros- i denunciava que els treballadors estaven “mal pagats”.

La resolució, que confirma íntegrament la sentència que en primera instància va declarar procedent l'acomiadament disciplinari, assevera que les manifestacions de l'extreballador suposen un “important dany reputacional” per a l'empresa, Fiesta Hotels & Resorts SL, propietat dels Matutes i un dels conglomerats turístics més grans de les Balears.

La mateixa empresa ja va protagonitzar un altre episodi rellevant el 2023, quan va haver d'abonar 38,9 milions d'euros a Hisenda després d'una inspecció de l'Agència Tributària relativa a l'Impost sobre Societats corresponent als exercicis 2016 a 2019.

En el cas del cambrer acomiadat, els magistrats consideren acreditat que el llavors empleat va gravar el vídeo des del seu lloc de treball i durant el seu horari laboral utilitzant el seu telèfon mòbil personal. A les imatges apareixia el sistema intern de gestió i cobrament (TPV Room Service) de l'empresa, cosa que, a parer del tribunal, permetia identificar l'establiment, un extrem que negava l'extreballador. El cambrer denunciava que el cost d'un cafè era d'amb prou feines 20 cèntims mentre es venia per cinc euros, mentre que els empleats cobraven únicament 1.400 euros.

El demandant al·legava que l'acomiadament era desproporcionat i improcedent, ja que al vídeo no s'identificava l'empresa ni es va causar un dany real a la mateixa. Sostenia a més que, fins i tot d'existir una conducta reprovable, la mercantil va obviar la graduació de les faltes en imposar la sanció més gravosa sense atendre les circumstàncies. Per la seva banda, la companyia va assenyalar que, encara que no hi hagués un dany econòmic directe quantificat, la difusió de tals missatges suposava un important dany a la seva reputació, prestigi i credibilitat exterior.

Un dels aspectes més rellevants de la sentència és que la Sala considera que no és necessari demostrar un dany econòmic efectiu per justificar un acomiadament disciplinari quan la conducta del treballador compromet la confiança i la reputació de l'empresa.

Segons el tribunal, la difusió a TikTok d'informació sobre el funcionament intern de l'empresa i les crítiques públiques a la seva política de preus i salaris constitueixen “un atac directe a la reputació i crèdit professional” de la mercantil. Els magistrats afegeixen que n'hi ha prou que la conducta sigui objectivament apta per trencar la bona fe contractual i la lleialtat deguda a l'empleador.

La resolució també rebutja que la sanció fos desproporcionada malgrat que el treballador va al·legar mancar d'antecedents disciplinaris i portar gairebé cinc anys a l'empresa. Per a la Sala, el fet de difondre a les xarxes socials, durant la jornada laboral, un vídeo que exhibia sistemes interns de la companyia i contenia manifestacions despectives constitueix una infracció prou greu com per justificar la màxima sanció prevista per la normativa laboral.

Així mateix, el TSJIB descarta les al·legacions de l'empleat sobre suposats defectes formals en la comunicació del comiat. La sentència conclou que l'empresa va lliurar correctament la carta de comiat i que aquesta circumstància va quedar acreditada durant el procediment, per la qual cosa no aprecia vulneració de les garanties legals. Contra la resolució cap interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Sostenia, a més, que, fins i tot si existís una conducta reprotxable, la mercantil havia omès la graduació de les faltes en imposar la sanció més greu sense tenir en compte les circumstàncies.

Per la seva banda, la companyia va assenyalar que, encara que no existís un perjudici econòmic directe quantificat, la difusió d'aquests missatges suposava un important perjudici per a la seva reputació, prestigi i credibilitat exterior.

Un dels aspectes més rellevants de la resolució és que la Sala considera que no és necessari demostrar un perjudici econòmic efectiu per justificar un acomiadament disciplinari quan la conducta del treballador compromet la confiança i la reputació de l'empresa.

Segons el tribunal, la difusió a TikTok d'informació sobre el funcionament intern de l'empresa i les crítiques públiques a la seva política de preus i salaris constitueixen “un atac directe a la reputació i al crèdit professional” de la mercantil. Els magistrats afegeixen que n'hi ha prou que la conducta sigui objectivament idònia per trencar la bona fe contractual i la lleialtat deguda a l'ocupador.

La resolució també rebutja que la sanció fos desproporcionada malgrat que el treballador al·legava no tenir antecedents disciplinaris i portar gairebé cinc anys a l'empresa. Per a la Sala, el fet de difondre a les xarxes socials, durant la jornada laboral, un vídeo que mostrava sistemes interns de la companyia i contenia manifestacions despectives constitueix una infracció prou greu per justificar la sanció màxima prevista per la normativa laboral.

Així mateix, el TSJIB descarta les al·legacions de l'empleat sobre suposats defectes formals en la comunicació de l'acomiadament. La sentència conclou que l'empresa va lliurar correctament la carta d'acomiadament i que aquesta circumstància va quedar acreditada durant el procediment, de manera que no aprecia cap vulneració de les garanties legals. Contra la resolució es pot interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha avalado el despido de un camarero de un hotel de Eivissa que publicó un vídeo en TikTok en el que criticaba el margen de beneficios de la empresa -aseguraba que un café cuyo coste era de 20 céntimos se vendía por cinco euros- y denunciaba que los trabajadores estaban “mal pagados”.

La resolución, que confirma íntegramente la sentencia que en primera instancia declaró procedente el despido disciplinario, asevera que las manifestaciones del extrabajador suponen un “importante daño reputacional” para la empresa, Fiesta Hotels & Resorts SL, propiedad de los Matutes y uno de los mayores conglomerados turísticos de Balears.

La misma empresa ya protagonizó otro episodio relevante en 2023, cuando tuvo que abonar 38,9 millones de euros a Hacienda tras una inspección de la Agencia Tributaria relativa al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2016 a 2019.

En el caso del camarero despedido, los magistrados consideran acreditado que el entonces empleado grabó el vídeo desde su puesto de trabajo y durante su horario laboral utilizando su teléfono móvil personal. En las imágenes aparecía el sistema interno de gestión y cobro (TPV Room Service) de la empresa, lo que, a juicio del tribunal, permitía identificar al establecimiento, un extremo que negaba el extrabajador. El camarero denunciaba que el coste de un café era de apenas 20 céntimos mientras se vendía por cinco euros, mientras que los empleados cobraban únicamente 1.400 euros.

El demandante alegaba que el despido era desproporcionado e improcedente, ya que en el video no se identificaba a la empresa ni se causó un daño real a la empresa. Sostenía además que, aun de existir una conducta reprochable, la mercantil obvió la graduación de las faltas al imponer la sanción más gravosa sin atender a las circunstancias. Por su parte, la compañía señaló que, aunque no hubiera un daño económico directo cuantificado, la difusión de tales mensajes suponía un importante daño a su reputación, prestigio y credibilidad exterior.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que la Sala considera que no es necesario demostrar un daño económico efectivo para justificar un despido disciplinario cuando la conducta del trabajador compromete la confianza y la reputación de la empresa.

Según el tribunal, la difusión en TikTok de información sobre el funcionamiento interno de la empresa y las críticas públicas a su política de precios y salarios constituyen “un ataque directo a la reputación y crédito profesional” de la mercantil. Los magistrados añaden que basta con que la conducta sea objetivamente apta para quebrar la buena fe contractual y la lealtad debida al empleador.

La resolución también rechaza que la sanción fuera desproporcionada pese a que el trabajador alegó carecer de antecedentes disciplinarios y llevar casi cinco años en la empresa. Para la Sala, el hecho de difundir en redes sociales, durante la jornada laboral, un vídeo que exhibía sistemas internos de la compañía y contenía manifestaciones despectivas constituye una infracción suficientemente grave como para justificar la máxima sanción prevista por la normativa laboral.

Asimismo, el TSJIB descarta las alegaciones del empleado sobre supuestos defectos formales en la comunicación del despido. La sentencia concluye que la empresa entregó correctamente la carta de despido y que esa circunstancia quedó acreditada durante el procedimiento, por lo que no aprecia vulneración alguna de las garantías legales. Contra la resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los principales grupos hoteleros españoles incluyen referencias a la diversidad afectivo-sexual en sus códigos éticos y documentos institucionales, pero la excluyen de su comunicación comercial y de sus redes sociales, incluso durante el Mes del Orgullo. Esta es la principal conclusión de una investigación que la Cátedra Tornare ha presentado coincidiendo con la celebración del Orgullo y que analiza cómo las grandes cadenas hoteleras incorporan -o silencian- la diversidad LGTBI+ en sus narrativas de marca.

El estudio ha examinado diez grupos hoteleros seleccionados a partir del Ranking Hosteltur de Cadenas Hoteleras 2025, representativos del sector por su perfil vacacional y urbano, tamaño e internacionalización. Para ello, ha analizado 1.165 publicaciones de Instagram, 825 de LinkedIn, 115 piezas visuales difundidas en torno a San Valentín y la documentación institucional pública de cada compañía.

La investigación, llevada a cabo por Francisco José Pradana Pérez, Laura Gómez Cuesta y Sergio Baltasar Lallave, concluye que siete de las diez cadenas analizadas mencionan de forma expresa la orientación sexual o la identidad de género en sus códigos éticos, declaraciones de igualdad o políticas de derechos humanos. Sin embargo, durante los doce meses analizados no se detectó ninguna referencia explícita al colectivo LGTBI+ en sus perfiles de Instagram o LinkedIn, tampoco durante el Mes del Orgullo.

Las menciones a la diversidad afectivo-sexual aparecen fundamentalmente vinculadas a cláusulas de no discriminación, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos, orientadas al ámbito interno de las organizaciones y a las relaciones laborales, sin trasladarse a la comunicación dirigida al público.

Igualdad de género e inclusión de las personas con discapacidad

Por el contrario, otras dimensiones de la diversidad, como la igualdad de género o la inclusión de personas con discapacidad, sí forman parte de la comunicación externa de los grupos hoteleros, especialmente en campañas de responsabilidad social corporativa o con motivo de fechas conmemorativas como el 8 de marzo.

Frente a ello, la diversidad afectivo-sexual recibe un tratamiento diferente. Mientras que otras dimensiones de la diversidad forman parte de las narrativas comercial y corporativa, las referencias explícitas a la orientación sexual o la identidad de género permanecen circunscritas al ámbito institucional.

La investigación ha incorporado además un análisis visual centrado en las publicaciones asociadas a San Valentín, uno de los periodos de mayor activación comercial para el sector hotelero en torno a experiencias románticas, escapadas en pareja y servicios complementarios.

El análisis de las publicaciones identificadas ha mostrado una ausencia total de representaciones explícitas del colectivo LGTBI+. La práctica totalidad de las piezas reproducen modelos heteronormativos de relación, con presencia predominante de parejas heterosexuales. Únicamente se detectó un caso de diversidad estética asociado a diversidad racial, sin referencias explícitas a la diversidad afectivo-sexual.

Un comportamiento compartido por grupos urbanos y vacacionales

La comparación entre grupos vacacionales y urbanos tampoco revela diferencias significativas. La ausencia de referencias explícitas a la diversidad afectivo-sexual se reproduce de forma consistente en las dimensiones comercial, corporativa y visual, independientemente del tamaño de la compañía, su grado de internacionalización o su posicionamiento estratégico.

Según los resultados obtenidos, el perfil de la cadena hotelera no actúa como un factor explicativo del comportamiento comunicativo observado.

Como resultado de la investigación, se diseñó un indicador agregado basado en cuatro dimensiones: narrativa comercial, narrativa corporativa, representación visual y dimensión institucional. Los resultados muestran que las referencias explícitas a la diversidad afectivo-sexual se concentran exclusivamente en la dimensión institucional. No se identificaron menciones explícitas en las dimensiones comercial, corporativa o visual analizadas.

La investigación constituye la primera fase del Índice de Gobernanza de la Diversidad en Turismo (IGDT), una herramienta actualmente en desarrollo que permitirá avanzar en la medición de la relación entre compromiso institucional, propósito organizativo y narrativa de marca.

En concreto, la Cátedra Tornare | MarSenses (primera cadena hotelera en adherirse, en enero de 2025, a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) - Septeo - Fundación Directivos Hoteleros de la Universidad Europea de Madrid es una iniciativa académica orientada a impulsar la investigación aplicada en el ámbito del turismo, la tecnología y el desarrollo del sector. A través de proyectos de investigación, informes sectoriales, publicaciones y encuentros con profesionales, la Cátedra tiene como objetivo generar conocimiento riguroso que contribuya a comprender mejor las transformaciones que está experimentando la industria turística y a identificar oportunidades para su evolución futura.

Los vecinos del Botànic están de luto por la pérdida de identidad del barrio. Cerca de un centenar de personas se concentró el jueves en los números 49 y 51 de la Calle Túria, donde una empresa ha comenzado los trabajos para construir un nuevo hotel en la ciudad. El vecindario ya protestó hace años cuando se desalojó a las familias que quedaban en sendas fincas, que fueron compradas por un fondo de inversión que ya posee decenas de inmuebles en la ciudad.

Los residentes en la Calle Túria y aledañas lamentan el vaciado del barrio, un proceso que se ha acelerado en el último lustro. La tala de las palmeras emblemáticas del patio interior, que alojaba también una guardería y un restaurante vegetariano popular, ha vuelto a activar las protestas: “Solo les gustan las palmeras si están en paraísos fiscales”, recoge una pancarta colgada en el portal.

Arropadas por concejales de Compromís y el PSPV, decenas de personas reivindican que su barrio “no está en venta”. Claman contra la empresa, Hovre Turia SL, y contra quien figura como administrador, Denis Pierre Loubignac, también a cargo del fondo Richelieu Promoción que trató de desalojar a la vecina de la Calle Sogueros con una empresa de 'desocupación': “Especulador, fora d'este barri” o “Fora hotel, volem vivendes per a la gent”, señalan.

Tras varios años bregando con el Ayuntamiento, la empresa consiguió la licencia de hotel en enero de 2026, como informó Levante-EMV. Solo seis meses después, han comenzado los trabajos de tala de las palmeras, que requieren un permiso especial. Es el primer paso para poner punto y final a las viviendas y transformarlas en el enésimo hotel de la ciudad: 82 nuevas habitaciones solo para visitantes.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha condenado al Gobierno de Navarra a indemnizar con 18 millones de euros a los promotores del proyecto Aroztegia, que tenía planificada la construcción de 200 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en unos terrenos situados en la localidad navarra de Lekaroz, en el Valle del Baztán. Los magistrados estiman así parcialmente la demanda de los impulsores del proyecto y consideran que la “inactividad” de la Policía Foral durante las protestas de miembros de una plataforma contraria al proyecto y que paralizaron las obras supuso un perjuicio para los promotores.

Las tres sentencias reconocen el derecho al cobro por responsabilidad patrimonial de 18 millones de euros, el 75% de la cantidad total (26 millones) que reclamaban los promotores. La Sala considera que ellos son responsables del 25% restante por no haber adoptado las medidas de seguridad oportunas. El Gobierno de Navarra recurrirá las sentencias ante el Tribunal Supremo, según ha informado el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez.

Los hechos denunciados se remontan al inicio de las obras, a comienzos del mes de abril del 2021. El proyecto de lujo contó desde su inicio con una importante oposición de los vecinos de la zona, que rechazaban la construcción del complejo por la “turistificación” que iba a provocar del Valle del Baztán. En septiembre de 2025 el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona condenó a penas de multa a siete miembros de la plataforma contraria al proyecto, entre las que estaba la exalcaldesa de Baztán Garbiñe Elizegi (EH Bildu), por impedir el trabajo de los operarios y paralizar las obras.

El Gobierno navarro ha mostrado su “sorpresa” y disconformidad con la sentencia porque considera que es contraria a una sentencia reciente de la Audiencia Nacional en la que se desestimó la reclamación de los promotores del proyecto Aroztegia a cobrar una indemnización al entender que la actuación de los agentes de la Guardia Civil, también presentes durante las protestas, fue “conforme con los estándares normales exigibles de actuación” y porque las obras eran “ilegales” por haber sido anuladas desde el punto de vista administrativo y judicial.

“Llama la atención que el TSJN vaya en contra de la tesis argumental de las dos administraciones públicas implicadas, del Consejo de Navarra, del Consejo del Estado y de la Audiencia Nacional. Todos ellos han entendido que las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad fueron correctas”, ha señalado Javier Remírez.

En las sentencias de la Sala de lo Contencioso, según ha añadido el vicepresidente, hay un voto particular, el de una magistrada que sostiene que las reclamaciones deben de ser “desestimadas” porque las obras se ejecutaron “sabiendo que eran ilegales” y porque no se ha acreditado que “el daño provocado que sea real y no meramente hipotético”.

La Audiencia Provincial ha absuelto a un hombre que inicialmente fue condenado por un delito de desobediencia tras negarse a identificarse legalmente en un hotel de Almería durante la pasada temporada veraniega alegando ser nacional de la ficticia 'República Errante Menda Lerenda'.

La sentencia, consultada por Europa Press, revoca el fallo dictado por la titular de la Plaza 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería al considerar que los hechos no revisten la gravedad suficiente para ser considerados delito, aunque deja la puerta abierta a que la Policía Nacional pueda abrir un expendiente por infracción administrativa.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de agosto del pasado año, cuando el acusado se encontraba en uno de los hoteles de la zona de El Toyo, en la capital almeriense, donde intentaba identificarse en la recepción como nacional de la 'República Errante Menda Lerenda' mediante un “burdo” pasaporte.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento hotelero comisionados al respecto y se entrevistaron con el hombre, quien comenzó a mostrar una “actitud desafiante a los agentes”, a quienes negó su identificación.

El hombre comenzó a vociferar y a realizar aspavientos sin hacer caso los agentes, quienes le pedían que depusiera su actitud porque estaba molestando a otras personas en el hotel. Finalmente, tuvieron que sacarlo a la fuerza del edificio ya que “no obedecía a los agentes” ni mostraba “colaboración alguna”.

La mera negativa a identificarse ya no es delito

Aunque la Audiencia considera probados estos hechos, estima el recurso de apelación impulsado por la defensa y considera que lo ocurrido, pese a ser un acto de “rebeldía”, no fue lo suficientemente grave para ser considerado delito conforme al artículo 556.1 del Código Penal.

En esta línea, la Sección Segunda incide en que tras las reformas legislativas recientes, la mera negativa a identificarse a requerimiento de los agentes del orden ha sido expulsada de la órbita penal.

De este modo, recalca que conductas basadas en la mera negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad policial están contempladas como una infracción administrativa en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Con ello, revoca el fallo original que le imponía seis meses de multa a razón de seis euros diarios así como las costas.