El Pacto 'estrella' del PP para transformar Balears se desinfla entre el hermetismo y más de 230.000 euros públicos en gastos
El Pacto Social y Político por la Sostenibilitat Económica, Social y Ambiental de Balears nació el 22 de mayo de 2024 con una puesta en escena a la altura de la transformación que prometía. Aquel gran acuerdo destinado, según el Govern, a cambiar el rumbo de las islas reunió en su presentación a representantes de más de 140 entidades políticas, sociales y económicas que, bajo el mismo techo, se conjuraban para convertir en realidad una hoja de ruta llamada a conducir el archipiélago hacia la sostenibilidad y el bienestar como nunca antes se había hecho. “Aquello parecía una boda”, recuerda con ironía uno de los participantes que aún continúa dentro del proceso. La imagen no era menor: la ceremonia escenificaba un compromiso colectivo que aspiraba, al menos sobre el papel, a marcar un antes y un después en la historia de las islas.
Dos años después, y a pesar de los grandes anuncios y de la solemnidad con la que se presentó aquella alianza, la fotografía ha cambiado radicalmente: partidos, organizaciones sociales y entidades que participaron en su lanzamiento han abandonado el proceso y miles de personas se han echado a las calles en multitudinarias e históricas movilizaciones para protestar contra la turistificación y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población residente. Pese a ello, el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) continúa defendiendo la vigencia de aquel acuerdo y reivindica un proceso que nació como un gran espacio de consenso. La lista de quienes se han descolgado y el rastro de lo que ha quedado por hacer, sin embargo, cuentan otra historia.
En una comunidad autónoma donde la escalada de precios que está expulsando a cientos de residentes, hacinando a otros en infraviviendas y caravanas y transformando barrios enteros, y donde la creciente presión turística tensiona infraestructuras, playas, recursos hídricos y espacios naturales, el Pacto por la Sostenibilidad afronta el reproche de haber quedado en un ejercicio de diagnóstico y participación sin traducción en políticas clave dirigidas a avanzar hacia el decrecimiento. No en vano, unas 70.000 personas -según cifras de los organizadores- salieron a la calle el pasado 26 de julio para denunciar un modelo económico que consideran cada vez más incompatible con el derecho a una vivienda hogar, la conservación del territorio y el bienestar de quienes viven en las islas.
El hermetismo que rodea el estado actual del Pacto por la Sostenibilidad es otra de las críticas que planean sobre el proceso. Ante la ausencia de un balance público que permita evaluar su recorrido y sus efectos, la oposición quiso poner negro sobre blanco en qué punto se encuentra el proceso y reclamó la comparecencia del director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, para que diera explicaciones en el Parlament. El pasado mes de septiembre, PP y Vox votaron en contra de la solicitud de cursada por el Grupo Socialista, bloqueando así la posibilidad de que el Govern rindiera cuentas ante la Cámara.
La factura del Pacto
El Pacto por la Sostenibilidad no solo ha dejado tras de sí anuncios, reuniones y documentos estratégicos. También ha generado una factura con cargo a las arcas públicas. Aunque no existe un balance público que permita conocer cuánto ha costado en conjunto el proceso, la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es permite reconstruir el gasto de al menos 230.729 euros en publicidad y contratos directamente vinculados al proceso, a los que se añaden otros 55.000 euros en subvenciones.
La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es permite reconstruir el gasto de al menos 230.729 euros en publicidad y contratos directamente vinculados al proceso, a los que se añaden otros 55.000 euros en subvenciones
La primera factura llegó antes de que existiera una hoja de ruta definitiva. El Govern adjudicó a Wireless DNA SL el desarrollo de la plataforma digital para recoger las aportaciones ciudadanas por 14.700 euros sin IVA, 17.787 euros en total. El portal estuvo operativo entre julio y octubre de 2024 y canalizó cerca de 500 aportaciones de la ciudadanía hacia los grupos de trabajo. Fue una de las herramientas centrales de participación de la primera fase y uno de los gastos que pueden atribuirse directamente a la puesta en marcha del Pacto.
Pero la partida más abultada no fue la de participación, sino la de publicidad. Los registros de contratación permiten identificar 206.517 euros destinados a anuncios y acciones publicitarias en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. La inversión en difusión supera ampliamente el coste de la plataforma ciudadana y constituye el principal desembolso identificado hasta ahora. La cifra permite dimensionar el esfuerzo económico dedicado a dar visibilidad al proceso, aunque no acredita por sí sola su alcance ni sus resultados.
Otra de las partidas documentadas corresponde a la impresión de las 'Bases de la Agenda de la Transición', el documento de más de 350 páginas presentado en febrero de 2025 como resultado del trabajo desarrollado durante la primera fase del Pacto. El contrato para imprimir 300 ejemplares se adjudicó a la fundación Amadip Esment por 6.425,10 euros, IVA incluido. El documento recogía los objetivos estratégicos y de desarrollo que el Ejecutivo presentó como hoja de ruta para avanzar hacia la transformación del modelo económico balear.
El Govern ha concedido, además, 55.000 euros en subvenciones a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para las dos convocatorias de los Premios Agenda de Transición: 30.000 euros en 2025 y otros 25.000 en 2026. Si se incorporan a la cifra anterior, el dinero público directamente identificable relacionado con el proceso y sus actuaciones derivadas asciende a 285.729 euros.
A finales de 2024, cuando la oposición preguntó al Govern por las contrataciones realizadas para poner en marcha el Pacto, el Ejecutivo aseguró que el trabajo de las mesas con las entidades se había desarrollado con “recursos internos” y que la única contratación efectuada hasta entonces era la asistencia informática para la plataforma de participación. Sin embargo, el uso de personal propio no significa que esa parte del proceso careciera de coste: la Administración no ha publicado una estimación de las horas de trabajo dedicadas ni de su importe económico.
El Ejecutivo ha gastado 17.787 euros para el desarrollo de una plataforma digital activa durante varios meses, 206.517 euros en acciones publicitarias en medios de comunicación, 6.425,10 euros en imprimir las 'Bases de la Agenda de la Transición' y 55.000 euros para la UIB para dos convocatorias de los Premios Agenda de Transición
La factura publicitaria, además, deja una incógnita. En su respuesta al Parlament, el Ejecutivo explicó que los criterios para seleccionar los medios -audiencia, coste económico y alcance territorial- habían sido definidos por la agencia de comunicación contratada por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB). Esta disponía de un contrato general de imagen y comunicación para 2024, con un presupuesto base de 1,67 millones de euros, que incluía servicios como la compra de espacios publicitarios y la gestión de medios.
El propio sistema de contratación pública introduce una dificultad para reconstruir el coste global del Pacto. Los registros no permiten conocer necesariamente todos los gastos inferiores a 5.000 euros que pueden tramitarse como gastos menores y quedar fuera de la publicación ordinaria, lo que impide determinar si hubo desembolsos específicos para trabajos de diseño, producción audiovisual, fotografía, maquetación, organización de actos, alquiler de espacios u otros servicios puntuales relacionados con el proceso.
elDiario.es se ha puesto en contacto con el Govern para conocer qué medidas concretas se han aprobado o puesto en marcha como consecuencia directa del Pacto y qué resultados tangibles pueden atribuirse exclusivamente a este proceso, pero no ha obtenido respuesta en el momento de publicación de este reportaje. Entre otras cuestiones, este periódico preguntaba al Ejecutivo solicitaba información sobre la composición actual del Pacto, sobre el coste global del proceso y posibles gastos adicionales, y si considera necesario que el responsable político directo del Pacto dé cuenta públicamente de su desarrollo y resultados después de que PP y Vox bloquearan su comparecencia.
Los registros no permiten conocer necesariamente todos los gastos inferiores a 5.000 euros que pueden tramitarse como gastos menores y quedar fuera de la publicación ordinaria
El proceso se desinfla
El contraste entre el lanzamiento y la situación actual es especialmente significativo. En mayo de 2024, el Govern hablaba de la participación de más de 140 entidades. Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada de la UIB y director técnico de la Fundació Impulsa, fue presentado como coordinador técnico del proceso. Un mes después, Prohens presentó las líneas de trabajo de las mesas con la voluntad de convertir el proceso en una estructura estable.
La primera fase se articuló en 12 grupos de trabajo y culminó en febrero de 2025 con la presentación de las 'Bases de la Agenda de Transición', un documento de más de 350 páginas que identificaba 247 factores determinantes y fijaba 59 objetivos estratégicos y 65 objetivos de desarrollo para avanzar, en palabras de la presidenta del Govern, hacia la “sostenibilidad económica, social y ambiental” de Balears.
Prohens convirtió el documento en la principal carta de presentación del Pacto y llegó a entregárselo al rey durante su visita a Palma. En declaraciones a los medios tras el encuentro con el monarca, reivindicó “esta manera pionera que tenemos de trabajar y de pensar más allá de una legislatura” y calificó el proceso de transformación de “único en toda España y pionero en el resto de regiones europeas”.
No hizo mención en ningún momento del diagnóstico integral que el archipiélago ya tenía trazado en 2019, avalado por más de 60 científicos (biólogos, físicos, economistas, juristas, ingenieros, especialistas en inteligencia artificial y geógrafos, entre otros) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que, con el visto bueno de reconocidos asesores externos, pusieron sobre la mesa los retos a los que se enfrentaban las islas a nivel económico, laboral, social y medioambiental y sentaron las bases para afrontarlos. Aquel documento, que contó con la participación de más de 400 personas, fue, además, refrendado por el Consejo Económico y Social (CES) en Bruselas.
Desbandada de organizaciones sociales y civiles
Para cuando Prohens presentó las 'Bases de la Agenda de Transición', el Pacto ya había perdido gran parte de la pluralidad política y social con la que había arrancado. El Fòrum de la Societat Civil suspendió su participación, el GOB -una de las principales entidades ecologistas de Balears- abandonó el proceso y, posteriormente, hicieron lo propio los principales partidos de la oposición de izquierdas. El PSIB-PSOE justificó su salida por la falta de ambición, diálogo y transparencia, Més per Mallorca cuestionó la metodología y Més per Menorca se desvinculó justo antes de la presentación de las conclusiones.
La desbandada dejó el acuerdo huérfano de las organizaciones sociales, ecologistas y políticas que debían dar contenido a su vocación de consenso, y abrió interrogantes sobre su capacidad para representar una visión verdaderamente compartida del futuro de las islas. El gran pacto de país que Prohens había presentado como una apuesta transversal para transformar el modelo económico llegaba así a su primera gran culminación con una fractura cada vez más evidente entre la ambición proclamada y la participación real.
La segunda fase, concebida para convertir los objetivos del diagnóstico en medidas concretas, arrancó el 24 de marzo de 2025 y reorganizó los 12 grupos iniciales en cinco grupos más reducidos. El Govern anunció, además, que dotaría al proceso de una estructura permanente. Desde entonces, parte de las actuaciones difundidas por el Govern bajo el paraguas del Pacto son medidas o iniciativas sectoriales propias, en palabras de la oposición, de la actividad ordinaria de una Administración.
Entre ellas aparecen programas de empleo, ayudas, proyectos de formación, actuaciones en playas, políticas de economía circular, iniciativas empresariales o la gestión de fondos turísticos que contrastan con la ambición con la que nació el proceso. El Pacto debía servir para acordar cómo cambiar el modelo económico, social y ambiental de las islas; dos años después, su rastro comunicativo aparece más ligado a decisiones fragmentadas que a grandes decisiones nacidas de este espacio.
El Pacto debía servir para acordar cómo cambiar el modelo económico, social y ambiental de las islas; dos años después, su rastro comunicativo aparece más ligado a decisiones fragmentadas que a grandes decisiones nacidas de este espacio
“Mucho papel, pero pocas soluciones para los trabajadores”
Uno de los representantes que continúa dentro del Pacto es José García-Relucio, secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Balears, quien, en declaraciones a elDiario.es, lamenta que la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad está paralizada desde hace meses. “Desde antes del verano no ha habido ninguna reunión, ninguna noticia ni ningún avance”, señala el responsable sindical, quien expresa su “decepción” por el desinflamiento de un proceso llamado a transformar la economía de las islas.
Desde antes del verano no ha habido ninguna reunión, ninguna noticia ni ningún avance
García-Relucio asevera que el proceso ha acumulado “mucho papel e intercambio de información”, pero no ha servido para avanzar en cuestiones fundamentales para los trabajadores, entre las que la emergencia habitacional, especialmente grave en el sector turístico, donde los empleados que llegan a las islas para incorporarse a sus puestos de trabajo, incluidos trabajadores temporales, se encuentran con enormes dificultades para acceder a una vivienda. “Se les acaba dando una cama en una habitación compartida, sin unas condiciones mínimas que les permitan tener privacidad”, denuncia. El sindicato plantea que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se destine prioritariamente a paliar esta situación y financiar vivienda para los trabajadores, pero el Govern no ha atendido a su propuesta.
Aunque reconoce algunas iniciativas, como los 600.000 euros con cargo al ITS destinados a fomentar la contratación de personas con discapacidad en el sector turístico, recuerda que se trata de una obligación que ya contempla la legislación. “No se está haciendo lo que se debería hacer para atender la realidad actual de los trabajadores”, lamenta. García Relucio se muestra especialmente crítico con las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y apunta que, en algunos casos, las alternativas pasan por pagar 600 euros o renunciar a días libres. “Estamos muy decepcionados”, resume.
La patronal: “Necesitamos acuerdos globales”
Desde la patronal, la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) respaldó el Pacto desde el principio porque, a juicio de su presidente, Toni Fuster, afrontar el cambio de modelo y los retos turísticos, ambientales y climáticos exige un acuerdo amplio, tanto político como social. En declaraciones a elDiario.es, explica que participó en las distintas mesas y considera que el proceso permitió alcanzar “un diagnóstico más o menos consensuado”. Pero ahí, sostiene Fuster, terminó lo que debía ser el principio de la transformación: “A partir de este diagnóstico no ha servido para lo más importante, para tomar decisiones”. En su opinión, el Pacto ha quedado atrapado entre el diagnóstico y la acción, cuando precisamente su razón de ser era convertir ese consenso en medidas concretas.
A partir de este diagnóstico no ha servido para lo más importante, para tomar decisiones. Este último año, prácticamente no se han tomado decisiones, seguramente también por falta de consenso político
Fuster atribuye el estancamiento del último año también a la falta de acuerdo político y reclama un esfuerzo tanto al Govern como a la oposición: “Este último año, prácticamente no se han tomado decisiones, seguramente también por falta de consenso político”. Pese al desgaste del proceso, Pimem no plantea darlo por zanjado: “El origen, el germen de este Pacto por la Sostenibilidad, ha de seguir adelante”, ya sea con la misma estructura o con otra. Pero el mensaje de Fuster es de urgencia: “Necesitamos acuerdos globales para tomar decisiones. Las tenemos que tomar ya y las tenemos que hacer de manera consensuada”.
elDiario.es se ha puesto en contacto con la otra patronal presente en el proceso, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), pero prefieren mostrarse cautelosos a la espera de la próxima reunión del Pacto.
Antoni Riera reivindica el trabajo de diagnóstico
Preguntado sobre el desarrollo del proceso, Antoni Riera, quien coordinó la primera fase del Pacto, reivindica el trabajo de diagnóstico y planificación recogido en las 'Bases de la Agenda de Transición'. Su argumentación se apoya en los factores identificados, los objetivos formulados y las posibles líneas de actuación, pero no entra a valorar qué medidas se han puesto efectivamente en marcha, cuáles han quedado en el papel ni hasta qué punto han condicionado las decisiones del Govern. El economista defiende que el trabajo desarrollado debe valorarse a partir de aquel documento y no únicamente por la existencia de mesas sectoriales o por las decisiones políticas adoptadas posteriormente.
Riera sostiene que las Bases se diseñaron desde una perspectiva sistémica, en lugar de dividir las políticas públicas en ámbitos estancos, para abordar las interdependencias entre turismo, economía, sociedad y medio ambiente. “Las Bases abandonan la planificación y gestión desde compartimentos estancos y, con esta finalidad, integran las 12 áreas de reflexión-acción bajo un enfoque sistémico que alinea objetivos y prioridades, evita la fragmentación y fomenta la complementariedad de estrategias y planes de acción”, señala, citando el documento. A su juicio, por tanto, la ausencia de una mesa específica sobre una determinada materia no significa necesariamente que esta quedara fuera del análisis.
El director de la Fundación Impulsa subraya que cuestiones como la saturación turística y el acceso a la vivienda sí aparecen recogidas en la hoja de ruta. Entre los cinco grandes objetivos de transición, las Bases incluyen “establecer mecanismos para controlar la capacidad de carga y evitar la saturación de recursos básicos”. También incorporan como objetivo estratégico “garantizar un acceso equitativo a la vivienda” y plantean medidas transversales como “la limitación de la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, la regulación del crecimiento de la oferta hotelera y mecanismos de redistribución”. Riera defiende que estas referencias permiten identificar el alcance del diagnóstico elaborado, aunque insiste en que la formulación de objetivos no debe confundirse con su aplicación efectiva: una cosa es que las medidas figuren en el documento y otra, distinta, que se traduzcan en decisiones políticas.
Como resultado concreto de la primera fase, Riera destaca la identificación de 247 factores determinantes en las 12 áreas de trabajo, el análisis de sus interrelaciones y la formulación de 59 objetivos estratégicos y 65 objetivos de desarrollo. “La combinación de participación multiactor, análisis basado en evidencia y evaluación de interdependencias permitió construir una propuesta integrada que trasciende los planteamientos sectoriales habituales”, sostiene.
El propio documento, recuerda, dejaba para etapas posteriores la definición de líneas de acción concretas y el desarrollo de mecanismos de seguimiento y revisión. Por ello, considera que la valoración de las decisiones adoptadas después, el grado de ejecución de los objetivos y la evolución de la participación corresponde a un análisis distinto del trabajo técnico que coordinó.
Desde el Govern responden a las críticas reivindicando que el Pacte sigue “vivo” y “abierto a todo el mundo”. Lo manifestó la semana pasada la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, quien, a preguntas del diputado socialista Llorenç Pou, manifestó que “decenas de entidades” siguen trabajando “semana tras semana” en un proceso que, según sostuvo, ha permitido realizar un análisis “con rigor”. Cabrer situó entre sus resultados la tramitación de la ley de protección del litoral y el proyecto de ley agraria, además de debates sobre ayudas para prevenir la siniestralidad laboral, contratar a personas con discapacidad o impulsar la desestacionalización.
“Crecimiento cero” mientras se libera suelo
El Govern reivindicó también como uno de los frutos del Pacte el decreto de contención turística, al que Cabrer atribuyó una “importancia fundamental” por plantear un “crecimiento cero” de las plazas turísticas y combatir la oferta ilegal. La consellera sostuvo además que Balears debe “poner límites” porque “no puede crecer en volumen”, pero “sí en valor”.
Las explicaciones del Ejecutivo contrastan, sin embargo, con las medidas a las que PP y Vox han dado luz verde a lo largo de la legislatura, como la ley de liberalización del suelo, que permite transformar determinadas áreas de transición -hasta ahora rústicas- en urbanizables y facilita nuevas edificaciones en determinados municipios. La misma norma abrió además la puerta a legalizar construcciones irregulares prescritas en suelo rústico de la Serra de Tramuntana, incluso en áreas de máxima protección.
En cuanto al decreto de contención, el texto prohíbe nuevas plazas en viviendas plurifamiliares y endurece la persecución de la oferta ilegal, pero blinda un enorme parque de plazas existentes, cuyo auge, a juicio de las entidades sociales, ha disparado -junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre- los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios.
En paralelo, el PP llegó a plantear subir el ITS entre un 66% y un 200% en verano, pero la presión de los hoteleros y Vox tumbó la medida. A cambio de su apoyo al decreto, los populares ampliaron hasta 500 las plazas turísticas permitidas en edificios catalogados situados en suelo urbano o rústico común.
El PSIB-PSOE acusa al Govern de convertir el Pacto de Sostenibilidad en su “proyecto estrella” sin ofrecer explicaciones sobre su funcionamiento y resumió su balance con una expresión especialmente contundente: “se cogió la bandera del decrecimiento para después abandonarla”.
Por su parte, Més per Mallorca y Més per Menorca han terminado situándose fuera de un proceso que consideran incapaz de traducir el diagnóstico en medidas concretas. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclama un “cambio económico sostenible que deje de favorecer a unos pocos”, políticas de vivienda y avanzar hacia el decrecimiento “en un territorio en que los recursos naturales no bastan”.
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