La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha convocado este fin de semana las pruebas selectivas a 88 plazas a diferentes cuerpos de la Administración autonómica por tuno libre, en las que participan casi 4.000 personas.

Según ha señalado el Gobierno canario en una nota, la más numerosa se celebra el domingo y pertenece al Cuerpo de Gestión, escala de gestión general, en la que se han admitido a 2.690 personas para optar a las 23 plazas, de las que cuatro se reservan para el turno de discapacidad de personas con un grado igual o superior al 33% y el resto para el turno general.

Esta prueba se llevará a cabo en el IES Viera y Clavijo y el IES La Laboral, ambos en La Laguna y en los IES José Arencibia y Profesor Juan Pulido Castro, en Telde, de forma simultánea, a las 10 de la mañana.

Por otra parte, mañana sábado se han convocado las correspondientes a los cuerpos superiores facultativos de la Administración tributaria y financiera (14 plazas); Veterinaria (12); Tecnología de la información (9); Inspección médica (19) e Ingeniería de telecomunicaciones (5). Comenzarán a las 10 de la mañana en los IES Viera y Clavijo de La Laguna y el IES José Arencibia de Telde y en total participan 1.121 personas.

En el mismo día y lugar, pero a las 16 horas, están convocados a los aspirantes que optan a las 6 plazas para el cuerpo facultativo de grado medio de Tecnología de la información, que cuenta con 153 admitidos.

El Gobierno regional ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en los 40 procesos selectivos en tramitación de las ofertas de empleo público de los años 2025 y 2026 para la cobertura de 282 plazas, de personal funcionario y laboral. Los exámenes de acceso tendrán lugar a partir del 1 de septiembre.

De esta forma, el Ejecutivo, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, continua con la ejecución de la oferta y se cumple el compromiso de la titular del área, Isabel Urrutia, de convocar estas plazas de “forma inmediata” y cubrir los puestos de mayor necesidad y urgencia para la Administración autonómica, según destaca en una nota.

El anuncio publicado hoy en el BOC recoge los aspirantes de los cuerpos de letrados; técnico superior rama jurídica, facultativo superior en las especialidades de ingeniero agrónomo, arquitecto, geografía, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero industrial, ingeniero de telecomunicaciones, medicina -y familiar, comunitaria, del trabajo y veterinaria-.

También de los cuerpos de gestión, técnico de finanzas, de diplomados y técnicos medios en las especialidades de arquitecto técnico, enfermería, ingeniero técnico forestal, ingeniero técnico industrial, técnico de gestión de sistemas, terapia ocupacional y trabajo social y cuerpo técnico auxiliar en la especialidad de protección civil.

Asimismo, se incluye la relación de la agrupación profesional de subalternos, de las categorías profesionales pertenecientes a los grupos 1, 2 y 3 de la administración de la comunidad autónoma.

Según el Gobierno, se trata de una de las ofertas de empleo “más importantes de la última década en Cantabria”, tanto por su volumen como por su impacto en la modernización de la Administración regional, destaca la Consejería.

Las primeras pruebas se celebran este verano para aquellos cuerpos o categorías donde es más urgente su cobertura (103 plazas en total). Se trata de las 45 de bombero forestal, las 21 de operario de carreteras, 31 de auxiliar de enfermería, junto a las 3 de ingeniero técnico agrícola y otras tantas de técnico de prevención de riesgos laborales.

Junto a ese bloque y el publicado ahora, habrá un tercero que se anunciará en el BOC el 7 de septiembre y el plazo de solicitud finalizará el 28 de ese mes. Las pruebas para acceder a estas 206 plazas se celebrarán en este caso a partir del 1 de noviembre.

Las últimas pruebas en convocarse de ambas ofertas serán el 1 de octubre para acceder a un total de 127 plazas, tanto de personal funcionario como laboral. El plazo de solicitud finalizará el 21 de octubre y las primeras pruebas tendrán lugar a partir del 1 de enero de 2027.

La Región de Murcia acumula un segundo descalabro en su sistema de oposiciones. Después de que hace unas semanas las oposiciones a Maestro dejasen cifras de aprobados por debajo del 25 por ciento, este jueves le ha llegado el turno a las de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Las pruebas selectivas para TCAE convocaban un total de 90 plazas, que no llegarán a cubrirse. De los 3.300 aspirantes que se han presentado este año, solo han aprobado un total de diez, el 0,3 por ciento. Del turno de discapacidad, no han aprobado ni uno solo de los 125 opositores que se han presentado.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) han alertado que, de confirmarse estas cifras, “estaríamos ante un resultado excepcional que obliga a la Administración a detenerse, analizar lo sucedido y valorar si el proceso selectivo ha cumplido realmente la finalidad para la que fue convocado”. Desde el sindicato han urgido a la Dirección General de Función Pública a la paralización cautelar del proceso selectivo y a “analizar las consecuencias de un resultado de estas características”. Tal y como han descrito del sindicato, este organismo regional es el responsable de “garantizar que los procesos selectivos se desarrollen con objetividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y pleno respeto a los principios que rigen el acceso al empleo público”.

“Cuando un proceso selectivo deja fuera, en un único ejercicio, a prácticamente la totalidad de las personas aspirantes, la Administración no puede limitarse a continuar el procedimiento como si nada hubiera ocurrido”, han abundado.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Portavocía, ha defendido que los tribunales de oposición son órganos “autónomos e independientes”: “La Administración regional respeta plenamente esa autonomía y garantiza que sus decisiones se adopten con absoluta independencia, sin intervenir en la elaboración, desarrollo o corrección de las pruebas selectivas”.

Según la consejera, “la Administración regional es la primera interesada en que los procesos selectivos culminen con la cobertura efectiva de las plazas convocadas” y apunta a una justificación alternativa a la alta tasa de suspensos: “Por acuerdo con los sindicatos, en este examen, con el mero hecho de presentarse y al margen de la puntuación obtenida, se entra en la bolsa de empleo”.

“Más de 2.200 aspirantes obtuvieron una puntuación de 0, muchos de ellos respondiendo a la totalidad o prácticamente la totalidad de las preguntas del examen [tipo test]”, ha abundado, descartando que los suspensos se traten de un “hecho aislado: ”Responden a una tendencia que se viene observando en distintos procesos selectivos de todas administraciones de las Comunidades Autónomas. La Administración regional comparte la preocupación que generan estos resultados y analizará, junto con las organizaciones sindicales, las posibles medidas que permitan mejorar la eficacia de futuros procesos selectivos“.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales y Fijos de la Administración Pública (PIR) ha expresado este jueves su “profunda preocupación” por el resultado del proceso selectivo del Cuerpo de Maestros en la especialidad de Audición y Lenguaje en La Rioja. Según los resultados publicados, han superado la fase de oposición exactamente 22 personas, el mismo número que las 22 plazas convocadas. Este hecho hace que, como resalta PIR, “la fase de concurso de méritos quede vacía de contenido”.

Como aducen en un comunicado, “la valoración del concurso deja de tener una incidencia real en la adjudicación de las plazas, desnaturalizando el propio sistema de concurso-oposición previsto por la normativa”. PIR considera “imprescindible” que la Consejería de Educación explique públicamente “cómo se ha llegado a este resultado y qué criterios de evaluación se han aplicado para que el número de aspirantes que superan la oposición coincida exactamente con el número de plazas ofertadas”.

“Cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre la eficacia real de alguna de las fases del procedimiento exige una explicación clara por parte de la Administración, tanto por respeto a las personas aspirantes como por la confianza que debe inspirar cualquier proceso selectivo”, añaden.

PIR asegura que ha recibido la queja de personas participantes en este proceso y solicitará formalmente a la Consejería de Educación información detallada sobre el desarrollo de la oposición y los criterios empleados, con el objetivo de comprobar que todas las garantías legales han sido plenamente respetadas

Asimismo, añade que resulta “especialmente preocupante” que esta situación afecte, precisamente, “a quienes durante años han prestado servicio en la enseñanza pública acumulando experiencia y méritos que el propio sistema reconoce a través de la fase de concurso, si esta fase pierde toda capacidad de influir en el resultado final, son estos profesionales quienes soportan el mayor perjuicio”.

En este sentido, se refieren a los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han vuelto a poner el foco en la necesidad de que las administraciones adopten medidas efectivas frente al “abuso de la temporalidad y ofrezcan respuestas reales a quienes llevan años encadenando nombramientos temporales”. “Mientras en Europa se insiste en la obligación de corregir estas situaciones, resulta difícil comprender que se desarrollen procesos selectivos que, en la práctica, reducen al mínimo el valor de la experiencia acumulada por quienes han sostenido durante años el sistema educativo público”, dice el sindicato de interinos de La Rioja, que pide una “reflexión inmediata” por parte de la Administración educativa, que, según creen los interino, “debe garantizar que el sistema de concurso-oposición responda verdaderamente a su finalidad y que los méritos de quienes han dedicado años al servicio de la escuela pública sean valorados de manera efectiva”.

“Ignorar reiteradamente el contexto marcado por la jurisprudencia europea y las exigencias derivadas de la normativa comunitaria solo contribuye a aumentar la sensación de inseguridad jurídica y de desprotección de miles de docentes temporales”, finalizan.

El Ayuntamiento de València desistirá de todos los procesos selectivos en marcha para la Policía Local, incluídos los de la cúpula. PP y Vox han aprobado este martes una moción en la comisión de Seguridad para “adoptar los acuerdos correspondientes a fin de desistir de los procesos selectivos” en todas las categorías, salvo en la entrada de nuevos agentes al Cuerpo. Los acuerdos aún deben materializarse en la Junta de Gobierno Local y marcar una fecha, pero todo indica que las nuevas bases ya se aprobarán con la entrada en vigor de los cambios legales que preparan PP y Vox en las Corts Valencianes, que prevén reservas de plaza a militares y una excepción para las grandes ciudades, donde se pueda ascender en la escala de mando por el turno libre.

El proceso afecta a más de un centenar de plazas que llevan convocadas desde hace un lustro. Actualmente, según un informe municipal, hay en marcha procesos selectivos para 3 plazas de Comisario Principal, 3 comisarios, 10 intendentes, 21 inspectores y 69 oficiales. En la cúpula de la Policía Local apenas hay mandos con la plaza en propiedad, salvo el jefe de Policía, Ángel Albendín, y la mitad de los comisarios.

La Agencia Valenciana Antifraude reclamó al ayuntamiento que dirige María José Catalá un informe sobre la lentitud en los procesos selectivos, y el consistorio alegó que se debía a que una sentencia obliga a rehacer un decreto sobre la baremación. El órgano preguntó también por los nombramientos en mejora que se han prorrogado, y el consistorio respondió que se debía a necesidades del Cuerpo mientras finalizaban los procesos. Hay más de 40 mandos intermedios que ya superan el tiempo previsto en el cargo con un nombramiento por mejora.

A esta sentencia se han aferrado desde el consistorio para congelar los procesos desde hace más de dos años. Sin embargo, la Agencia Valenciana de Emergencias trasladó una instrucción a los municipios sobre cómo evaluar los procesos hasta que se actualizara el decreto, algo que han hecho en ciudades como Torrent.

La moción se ha aprobado en respuesta a un texto presentado por el concejal socialista Borja Santamaría, que reclamaba activar los procesos siguiendo la instrucción de Emergencias. En su lugar, los partidos que sustentan el gobierno han decidido iniciar el desestimiento de las convocatorias. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denuncia que se retrasrá nuevamente la ocupación definitiva de las plazas. Aún así “El perjuicio más importante es que decaen todos los nombramientos actuales realizados por mejora de empleo, y no se podrán realizar nuevos nombramientos hasta no haber iniciado los nuevos procesos de selección destinados a cubrir de forma definitiva las plazas vacantes”.

El desestimiento implicará la devolución de las tasas y genera dudas sobre la continuidad de los nombramientos en mejora de empleo, aunque según trasladan fuentes del Cuerpo, no podría sostenerse la estructura si de un plumazo se anularan estas mejoras.

El concejal del PSPV denuncia que “tirarlo todo a la basura y empezar de cero” no es una exigencia del juzgado en la sentencia, que solo anula algunos puntos del decreto, sino que es “es una decisión política del equipo de gobierno”. “Cabe preguntarse a quién beneficia este cambio de rumbo. Desde luego, a los vecinos y vecinas de València no: cuando decaigan estos procesos, decae también la justificación de decenas de nombramientos por mejora de empleo que llevan meses, algunos años, sosteniendo mandos de responsabilidad en la Policía Local. Es la propia gestión de Catalá la que deja en el aire a los mandos que decía proteger”, apunta el edil.

“Es una tomadura de pelo con dos víctimas: la plantilla de la Policía Local, que vuelve a empezar de cero después de meses de espera, y la ciudadanía, que se queda sin saber quién manda realmente en su policía mientras el gobierno municipal decide sobre la marcha”, reitera el edil socialista.

El concejal de Compromís Ferran Puchades insiste en esta línea: la sentencia no ha sido obstáculo para que otros ayuntamientos hayan realizado los cambios necesarios para seguir adelante con los procesos selectivos. “La realidad es que todo es una simple coartada para esperar a que las Cortes Valencianas aprueben los cambios que el gobierno ha puesto en marcha, de la Ley de Coordinación de Policías Locales y que, entre otras cosas, prevé un régimen extraordinario de reclutamiento de mandos para la Policía de Valencia”. El edil considera que PP y Vox “imprimen su mirada más autoritaria e intervencionista sobre la Policía”, y lo califica como “una maniobra sectaria” que sufrirá la ciudadanía, “con unos mandos en situación de interinidad y precariedad, manteniendo a la transitoriedad durante años aquellos lugares que definen y planifiquen el servicio”. “Su actitud de control ideológico puede poner en peligro la prestación cotidiana del servicio público fundamental que prestan los policías”, denuncia.

El PP i Vox continuen les modificacions legislatives que afecten els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana. Després d'obrir la porta a una reserva del 20% de les places per a militars, aprovada d'amagat en un decret per a reduir la burocràcia, el PP vol ara materialitzar una excepció per a triar els caps de policia de grans ciutats com València i regular la cessió d'agents en situacions d'emergència.

Les esmenes a la llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat presentades pel Grup Popular donen compte de les pretensions del partit i de l'Executiu valencià. Una d'elles desenvolupa diversos articles de la Llei de coordinació de les policies locals i regula la col·laboració d'agents de diferents municipis en cas que es vegen desbordats o que es produïsca alguna emergència. Es tracta d'una regulació autonòmica d'una qüestió que ja preveu la Llei de forces i cossos de seguretat de l'Estat, que permet la col·laboració en situacions d'emergència, com va ocórrer durant la dana.

Amb la llei actual i la norma estatal ja es regula l'actuació de les policies locals fora del seu municipi: ja es poden cedir agents si les circumstàncies ho requereixen, com ocorre en esdeveniments com el Gran Premi de Cheste —mitjançant comissions de servei basades en convenis previs— o com es va fer durant la dana, quan els agents es posen a disposició del comandament operatiu de l'emergència.

El text presentat pel PP, que modifica una desena d'articles, assenyala que, si els municipis tenen una “sobrecàrrega de serveis policials”, poden rebre la col·laboració d'altres cossos amb l'autorització prèvia dels alcaldes. També hauran d'informar la direcció general d'Emergències. Així mateix, en cas d'emergència de nivell 1 o 2 autonòmic, el director de l'Emergència podrà “mobilitzar els efectius necessaris dels cossos de policia local de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana”. Les actuacions es realitzaran “a través dels seus comandaments naturals, sota la dependència de l'autoritat requeridora”.

La modificació ha alçat crítiques, no només pel contingut, sinó també perquè esquiva els canals de participació habilitats. El Govern valencià fa mesos que no reuneix la Comissió de Coordinació de la Policia Local, de la qual formen part els sindicats, un òrgan que també vol modificar. Igualment, s'han plantejat canvis en el Gabinet Tècnic, l'òrgan que assessora la Conselleria en matèria de policia local.

Reserva de plaça a militars i sistema especial en grans ciutats

Com ja va informar elDiario.es, el PP i Vox habiliten la possibilitat que els ajuntaments reserven un 20% de places de Policia Local a persones que provinguen de la carrera militar. La norma va ser aprovada en un decret de reducció de la burocràcia, i ara s'adapta a la llei de Coordinació a través de les esmenes parlamentàries de Pressupostos. A aquests funcionaris també se'ls reconeixerà l'antiguitat en el salari en el seu nou destí.

Així mateix, com ja va avançar aquest diari, els populars presenten una redacció perquè a les ciutats de més de 500.000 habitants es puguen habilitar mecanismes especials per als comissaris i comissaris principals. La Direcció de València va demanar a la conselleria que es permetera cobrir places de comandament amb torn lliure, que possibilita als agents saltar en escales de comandament i obri la porta a l'entrada de militars, Guàrdia Civil i Policia Nacional a la part alta de l'escalafó. En el torn lliure qualsevol que complisca els requisits pot presentar-se. La ciutat té parades les oposicions des de fa anys i ho atribueix a la reforma d'un decret per part de la conselleria, encara que uns altres municipis ja han tirat endavant les seues oposicions per a la cúpula.

El text registrat pel PP diu que les grans ciutats poden optar per realitzar l'accés per torn lliure a través del sistema concurs oposició, “garantint en tot cas que almenys un 70% de les places de cada categoria són convocades pel torn de promoció interna i un 15% de les places de cada categoria són convocades pel torn de mobilitat”. I prossegueix: “En els casos previstos en l'apartat 1, els accessos pels torns de promoció interadministrativa amb mobilitat i torn lliure seran potestatius per a la corporació convocant”. Per als oficials, preveu que es realitzen “per concurs oposició, exclusivament pels torns de promoció interna i de mobilitat”.

El PP y Vox continúan las modificaciones legislativas que afectan a los Cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana. Tras abrir la puerta a una reserva del 20% de plazas a militares, aprobada de tapadillo en un decreto para reducir la burocracia, el PP quiere ahora materializar una excepción para elegir a los jefes de Policía en grandes ciudades como València y regular la cesión de agentes en situaciones de emergencia.

Las enmiendas a la ley de Acompañamiento a los presupuestos presentadas por el Grupo Popular dan cuenta de las pretensiones del partido y del Ejecutivo valenciano. Una de ellas desarrolla algunos artículos de la ley de Coordinación de Policías Locales y regula la colaboración de agentes de diferentes municipios en caso de verse sobrepasados o de que exista alguna emergencia. Se trata de una regulación autonómica de una cuestión que ya existe en la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que permite la colaboración en casos de emergencia, como en la dana.

Con la ley actual y la norma estatal ya se regula la acción de policías fuera de su municipio: ya pueden cederse agentes si la ocasión lo requiere, como sucede en eventos como el Gran Premio de Cheste, —son comisiones de servicio en base a convenios previos— o como se hizo durante la dana, si los agentes se ponen a disposición del mando operativo de la emergencia.

El texto presentado por el PP, que modifica una decena de artículos, apunta que si los municipios tienen “sobrecarga de servicios policiales” pueden recibir colaboración de otros cuerpos previa autorización de los alcaldes. Deberán informar también a la dirección general de Emergencias. Asimismo, en caso de emergencia nivel 1 o 2 autonómico, el director de la Emergencia podrá “movilizar a los efectivos necesarios de los cuerpos de policía local de cualquier municipio de la Comunitat Valenciana”. Las actuaciones se realizarán “a través de sus mandos naturales, bajo la dependencia de la autoridad requiriente”.

La modificación ha levantado críticas, no solo por el contenido, sino porque se salta los canales de participación habilitados. El sindicato CCOO denuncia que se ha modificado la norma “por la puerta de atrás” y que la Agencia de Emergencias queda como “mero espectador” con la nueva redacción. El Gobierno valenciano lleva meses sin reunir a la Comisión de Coordinación de Policía Local, donde participan los sindicatos, un órgano que también quiere modificar. De igual modo, se han planteado cambios en el Gabinete Técnico, el órgano que asesora a la Conselleria en materias de Policía Local.

Reserva de plaza a militares y sistema especial en grandes ciudades

Como ya informó elDiario.es, el PP y Vox habilitan la posibilidad de que los ayuntamientos reserven un 20% de plazas de Policía Local a personas que provengan de la carrera militar. La norma fue aprobada en un decreto de reducción de la burocracia, y ahora se adapta a la ley de Coordinación a través de las enmiendas parlamentarias de Presupuestos. A estos funcionarios también se les reconocerá la antigüedad en el salario en su nuevo destino.

Asimismo, como ya adelantó este diario, los populares presentan una redacción para que en las ciudades de más de 500.000 habitantes se puedan habilitar mecanismos especiales para los comisarios y comisarios principales. La Jefatura de València pidió a la conselleria que se permitiera cubrir plazas de mando con turno libre, que posibilita a los agentes saltar en escalas de mando y abre la puerta a la entrada de militares, Guardia Civil y Policía Nacional en lo alto del escalafón. En el turno libre cualquiera que cumpla los requisitos puede presentarse. La ciudad tiene paradas las oposiciones desde hace años y lo achaca a la reforma de un decreto por parte de la conselleria, aunque otros municipos ya han sacado adelante sus oposiciones para la cúpula.

El texto registrado por el PP dice que las grandes ciudades pueden optar por realizar el acceso por turno libre a través del sistema concurso oposición, “garantizando en todo caso que al menos un 70% de las plazas de cada categoría son convocadas por el turno de promoción interna y un 15% de las plazas de cada categoría son convocadas por el turno de movilidad”. Y prosigue: “En los casos previstos en el apartado 1, los accesos por los turnos de promoción interadministrativa con movilidad y turno libre serán potestativos para la corporación convocante”. Para los oficiales, prevé que se realicen “por concurso oposición, exclusivamente por los turnos de promoción interna y de movilidad”.

La parálisis de las oposiciones a operador comercial de Renfe, por las denuncias de la difusión previa de parte del examen psicotécnico, ha sumido en la incertidumbre a cientos de personas de las 5.000 que han participado en el proceso. Las 600 personas que han resultado adjudicatarias provisionales de la plaza ahora temen que este empleo fijo esté en peligro. “Estoy en el paro, que se me acaba en dos meses, y me he dedicado a tope para sacarlo”, lamenta Carlos (nombre ficticio). Por otro lado, algunos aspirantes piden más transparencia en el proceso selectivo y explicaciones ante lo sucedido.

“Nos han paralizado la vida a 700 personas, sin pruebas de nada, fuera de plazo, y causando unos daños económicos y psicológicos incalculables”, dice Patricia –que habla con nombre ficticio, como el resto de testimonios que figuran en este artículo–. Es otra de las opositoras que ha logrado la plaza de manera provisional y suma entre los “afectados” a las 600 personas con la plaza provisional y a “entre unas 70 y 100 personas”, que están o en bolsa o en la lista con opciones de tener plaza si hay algún aspirante renuncia.

Roberto, ahora con un contrato temporal que le finaliza en unos meses, afirma que está dispuesto “a llegar donde haga falta” para defender su plaza. “Lo peor que nos puede pasar a todos los aspirantes es que se anule la oposición entera. Necesitamos una solución que sea lo más justa y lo más rápida posible”, reclama.

Por su parte, Pedro está en un colectivo de “108 personas” que concurrieron a la oposición, no pasaron este examen psicotécnico ahora bajo lupa y que tienen dudas sobre la nota que han tenido, que consideraban que sería mayor.

Pedro explica que el problema es que no pueden consultar la plantilla de respuestas correctas oficial, porque Renfe no las publica en el caso de los psicotécnicos (sí en el examen de conocimiento), algo que consideran opaco y también injusto, porque les impide en la práctica impugnaar preguntas, sostiene el candidato. Por ello, reclama “transparencia” a Renfe, para que los aspirantes puedan al menos verificar sus respuestas.

Un contenido en internet “desde hace años”

La paralización del proceso selectivo responde a que varios aspirantes denunciaron “una posible coincidencia entre parte del contenido de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora, celebrada el día 6 de junio de 2026, y determinados materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por terceros”, explican fuentes de Renfe.

La realización de esa prueba está externalizada, en la empresa People Experts, y parte del contenido de uno de los exámenes había sido difundido previamente en exámenes de la academia Eticop, indican fuentes de CCOO. elDiario.es ha tratado de consultar a ambas compañías, pero no ha obtenido respuestas de ninguna.

La empresa pública se puso a investigar lo sucedido y el tribunal de la oposición –compuesto por Renfe y los sindicatos– decidió paralizar el proceso selectivo y remitir el caso a la Abogacía del Estado para decidir cómo proceder.

Los tres afectados contactados con la plaza provisional destacan que el contenido ahora analizado estaba colgado en internet “desde hace años”, según la información de que disponen. “Es rotundamente falso que haya sido Eticop quien ha filtrado estas preguntas, puesto que llevaban circulando desde 2009 en Internet. Así lo tenemos acreditado. El archivo de Eticop data de septiembre del año pasado, no es, por tanto, prueba alguna de que hayan realizado ninguna filtración”, sostiene Roberto.

Este afectado afirma que “no es ilegal que se reutilicen psicotécnicos, puesto que sucede en multitud de oposiciones”. En la misma línea se expresa Patricia, que sostiene que “en la Oferta de Empleo Público de 2023 cayó la misma prueba verbal que en 2021. Eso no es ilegal en ningún caso”, indica.

Por otro lado, Pedro pide que se aclare “si es legal” que una oposición utilice contenido “calcado” de un examen ya disponible en una academia, como se analiza en este caso. “Tenemos serias dudas de que lo sea, hay juristas que nos dicen que el contenido de las pruebas debe ser inédito y original”, sostiene el opositor, que reconoce que esta situación está perjudicando a muchas personas, también a los compañeros que han sacado provisionalmente la plaza, para sufrimiento “de todos”. “Esto no tiene que volver a pasar”, reclama a Renfe de cara al futuro.

“En juego” el futuro de cientos de personas

En CCOO reconocen el “sindiós” de esta situación, con muchos perjudicados, porque está en juego “el futuro de mucha gente, no es ninguna tontería”. Por un lado, hay personas que no pasaron la primera fase de la oposición que “se sienten en desventaja” respecto a quienes pudieron estar en contacto con este material previamente, mientras que quienes han obtenido la plaza de manera provisional –no todos conocedores de este contenido previamente– hacen valer sus méritos y piden que no les hagan “pagar el pato” de esta situación.

Carlos destaca que esta primera fase fue superada por “1.500 personas”, entre las que se ha asignado plaza a las 600 que tienen la nota más elevada. Si se tomara alguna medida, considera que debería acotarse a estos 1.500 aprobados. Ante quienes piden repetir esa parte del examen, Carlos considera que sería una medida “bastante injusta, sobre todo para la gente que están en los últimos puestos, pues podría pasar por delante gente que fue considera no apta en esta prueba selectiva”.

Los tres opositores contactados sostienen que se reservan la opción de acudir a los tribunales si se anula el proceso selectivo. Carlos denuncia también que algunos afectados se sienten “un poco en medio de una pelea política”, de medios que buscan criticar al Gobierno y a Renfe.

“En lugar de buscar a los culpables, en el caso de que hubiera, porque tampoco saben a ciencia cierta que los haya, espero que no paguemos todos el pato”, denuncia el opositor.

Un proveedor externo contratado este año

Ahora mismo, la resolución de estas oposiciones a puestos comerciales de Renfe está en el aire. Para saber cómo se resuelven habrá que esperar al dictamen de la Abogacía del Estado, a la que el tribunal de este proceso ha consultado esta misma semana para saber cómo proceder. 

La operadora pública argumenta que será la decisión de la Abogacía del Estado la que guíe los próximos pasos y la que permita “adoptar una resolución con todas las garantías” para las personas que se presentaron a la prueba. “Esta decisión será comunicada a todos los participantes”, añade. “Todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público”. “Por este motivo, la compañía adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”, adelanta.

Renfe también explica que People Experts es el proveedor al que se adjudicó la ejecución de los procesos de selección, por licitación pública, y que, en este contrato, comenzó a prestar servicio este mismo año, tanto en las contrataciones para los puestos comerciales, como de maquinistas o de ingeniería y mantenimiento, que siguen adelante. También fue contratado en oposiciones anteriores.

En el caso de los puestos comerciales, en esta fase de la oposición, había un examen de conocimientos y dos exámenes psicotécnicos. Fuentes de Renfe explican que, en el caso de estos últimos, la empresa contratada fue responsable de la elaboración, aplicación y corrección de las pruebas. Mientras, en la parte de la prueba teórica, de conocimientos, People Experts se ha encargado de la aplicación y corrección de las pruebas; y Renfe, de la elaboración de los contenidos.

Una parte esencial de sus planes de contratación 

A la espera de saber cómo se resuelve el proceso, estas oposiciones a operadores comerciales son una de las patas esenciales del plan de contratación de Renfe para 2026. No es un acuerdo de renovación de plantilla similar al de años anteriores, porque la operadora se comprometió a ampliar y reforzar su plantilla en cerca de 2.000 personas tras los paros convocados por los representantes sindicales después de los trágicos accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en los que fallecieron 47 personas, incluidos tres maquinistas.

Este acuerdo con los representantes de la plantilla se calificó como histórico y buscó garantizar el relevo generacional y cubrir necesidades operativas y logísticas del operador. En concreto, explicó que esas 2.000 plazas correspondían a la tasa de reposición ordinaria, a una adicional y al citado acuerdo que permitió desconvocar los paros de principios de febrero. 

Ahora, tras la paralización de las oposiciones para la contratación de 600 operadores comerciales, uno de sus pilares para la ampliación de la plantilla queda suspendido en el tiempo. Además de estos puestos de trabajo, la operadora ha puesto en marcha la contratación de 500 maquinistas, 360 plazas para sus talleres de mantenimiento y reparaciones; además de contemplar el refuerzo de Logiral, la filial de servicios logísticos en tierra, con más de 200 personas.

Las oposiciones de Renfe a operador comercial, a las que se presentaron unas 5.000 personas para unas 600 plazas, ha quedado paralizada temporalmente ante las numerosas denuncias recibidas por aspirantes de que parte del examen psicotécnico estaba colgado previamente en una academia. La elaboración de esta prueba estaba externalizada a una empresa, por lo que el tribunal –en el que está presente Renfe y los sindicatos– ha paralizado el proceso y elevado una consulta a la Abogacía del Estado para ver cómo proceder.

“Es un sindiós”, reconocen fuentes de CCOO, que lamentan que “aquí se juega con el futuro de mucha gente, con un puesto de trabajo. No es ninguna tontería”.

El sindicato explica que la elaboración de esta prueba estaba externalizada a la empresa People Experts, con la que elDiario.es ha tratado de contactar, sin éxito hasta la publicación de esta noticia. Tras el examen, empezaron a surgir las denuncias de que “la prueba de comprensión lectora utilizada coincide con un material disponible desde el año 2020 en una plataforma especializada accesible en Internet, donde figuran los mismos textos, las mismas opciones de respuesta y una plantilla de corrección asociada”, indica una candidata a este medio.

Esa plataforma es la academia Eticop, sostienen en CCOO, academia especializada en exámenes psicotécnicos de varias compañías públicas de transportes. “Estamos muy cerca de los exámenes de los cursos psicotécnicos de EMT, RENFE y ADIF. Pide información para prepararte con nosotros”, indican en su página web.

elDiario.es ha contactado con Eticop, pero por el momento no ha respondido a este medio, a la espera de que envíe “un comunicado” sobre la postura de la compañía ante lo sucedido.

Oposición paralizada a la espera de la Abogacía del Estado

Renfe explica que “tras recibir diversas reclamaciones y comunicaciones en las que se ponía de manifiesto una posible coincidencia entre parte del contenido de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora, celebrada el día 6 de junio de 2026, y determinados materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por terceros” decidió iniciar “de inmediato las actuaciones de verificación correspondientes”. 

En concreto, esas actuaciones se traducen en la solicitud de dos informes. Por un lado, uno técnico reclamado al “proveedor responsable del suministro, aplicación y corrección de la prueba al considerar necesario realizar una comprobación técnica adicional”, apuntan fuentes de Renfe. Otro, añaden, al área jurídico-laboral del operador ferroviario estatal.

“A la vista de ambos informes”, explica la compañía, el tribunal de la convocatoria —donde están tanto Renfe como los sindicatos con representación mayoritaria en la empresa— ha mantenido varias reuniones, la última de ellas, este martes. Fue tras esas reuniones cuando se acordó remitir la documentación del proceso de selección a la Abogacía del Estado, “con el fin de conocer su opinión e incorporar su criterio jurídico antes de adoptar una decisión definitiva”, argumentan las citadas fuentes.

Fuentes de CCOO indican que ya se había completado la primera fase de este proceso selectivo, el examen de contenido y las pruebas psicotécnicas, que superaron unas “2.000 personas”, resultando adjudicatarios provisionales de plaza 600 de ellas. Tras ello, el sindicato explica que la oposición se compone por un proceso de entrevistas y después de reconocimientos médicos, y que precisamente ya se estaban realizando estos últimos exámenes médicos a estas 600 personas cuando se ha paralizado el proceso, a la espera de la respuesta de Abogacía del Estado.

Hay muchos perjudicados por esta situación, advierte el sindicato. Tanto entre las personas que no pasaron la primera fase del examen y que “se sienten en desventaja” respecto a quienes pudieran haber estado en contacto con este material, así como las personas que ya habían pasado esta primera etapa del proceso selectivo y que ahora no saben qué pasará con el proceso selectivo, habiendo ya dado los primeros pasos en sus vidas personales (como dejar trabajos para ser demandantes de empleo en el inicio de la formación prevista para agosto, avisar en sus viviendas para rescindir contratos, etc.).

Incertidumbre sobre qué pasará ahora

A partir de ahora, la propia Renfe asume que se abre un periodo de incertidumbre, donde no está claro qué va a pasar con la convocatoria que afecta a 5.000 candidatos.

“Teniendo en cuenta la situación, la empresa, como entidad convocante y responsable última del proceso, ha tomado la decisión de dejar en suspenso el proceso selectivo temporalmente hasta la emisión del correspondiente informe por parte de la Abogacía del Estado, que permitirá adoptar una resolución con todas las garantías. Esta decisión será comunicada a todos los participantes”, sostiene Renfe. También recuerda que esta situación no afecta a otras convocatorias de empleo público en marcha, como la de maquinistas.

“Todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público”, añade el operador público. “Por este motivo, la compañía adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”.

Desde CCOO piden que “el informe de la Abogacía del Estado sea lo más rápido posible, para que la gente no esté con esta incertidumbre mucho tiempo”, aunque reconocen que no hay un plazo establecido de respuesta.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha convocado 50 becas para la preparación, por el turno libre, de las oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (20 becas) y al Cuerpo de Subinspectores Laborales, en sus dos escalas: Empleo y Seguridad Social (15 becas) y Seguridad y Salud Laboral (15 becas).

Las becas, dotadas con un importe individual de “12.000 euros brutos anuales”, podrán solicitarse del 1 al 14 de julio, ambos inclusive, ha informado este martes el Ministerio de Trabajo.

“Su finalidad es facilitar el acceso a estos cuerpos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los opositores que necesiten apoyo económico, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad”, explica el departamento liderado por Yolanda Díaz.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En ella podrán optar a una beca para uno de los tres cuerpos convocados.

Asimismo, deberán cumplir los requisitos establecidos en la última convocatoria de acceso por turno libre al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social o al Cuerpo de Subinspectores Laborales, en cualquiera de sus dos escalas especializadas, según la beca solicitada.

Criterios para la concesión

Entre los criterios de valoración para la concesión de las becas tendrá “un peso prioritario la menor renta familiar”. “Además, se valorarán el expediente académico y la superación de ejercicios de la convocatoria de oposiciones de 2024 en los Cuerpos de Inspectores de Trabajo o Subinspectores Laborales, en cualquiera de sus dos escalas”, añade el comunicado.

“Este trabajo es de las profesiones más importantes que existen. Permite que la gente trabajadora cobre lo que le corresponde, que los contratos se cumplan, que nadie trabaje en condiciones inseguras. En definitiva, que no haya explotación”, ha subrayado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en unas declaraciones remitidas a la prensa recogidas por Europa Press.

Díaz ha indicado que preparar una oposición de este calibre es “misión imposible” para “muchísimas personas” que, por motivos económicos, no pueden permitirse pagar una academia. “Por eso, estas becas son claves. Priorizan a aquellas personas, aquellas familias que tienen menos recursos”, ha resaltado la ministra.

Este mes de junio, miles de docentes se han vuelto a examinar en colegios, institutos, pabellones y universidades de toda España para acceder a una plaza pública de educación. El ambiente, como ocurre cada año, reflejaba una enorme tensión acumulada a través de rostros cansados por la falta de sueño, apuntes repasados de forma compulsiva en los pasillos y una densa sensación de presión flotando en el aire.

La paradoja, sin embargo, no reside en los nervios lógicos de jugarse un puesto de trabajo, sino en la contradicción pedagógica de un sistema que exige a gritos innovar en las aulas mientras evalúa a su futuro profesorado con las herramientas de selección del siglo pasado.

La actual ley educativa, la LOMLOE, ha transformado el diseño curricular de nuestros colegios introduciendo unos principios teóricos que resultan indiscutibles. Su enfoque busca desterrar la memorización pura y dura para priorizar la evaluación por competencias, fomentar la inclusión, potenciar el pensamiento crítico y convertir la curiosidad del alumnado en el verdadero motor del aprendizaje dentro de las aulas.

Desde las instituciones y los centros se insiste constantemente en que el aprendizaje basado en proyectos y las situaciones de aprendizaje sostienen el futuro del modelo, asumiendo que buscamos profesionales de la docencia capaces de ser creativos y despertar vocaciones, en lugar de perfiles que se limiten a repetir contenidos de forma mecánica.

La fase inicial del concurso-oposición reduce la evaluación a una prueba de resistencia y memorización abstracta. En unas pocas horas, cada aspirante debe reproducir de forma idéntica un tema extraído al azar de un temario desfasado, resolver un supuesto práctico bajo la rigidez de los tiempos marcados y, posteriormente, defender una programación didáctica ante un tribunal que arrastra el agotamiento de evaluar a decenas de personas en tiempo récord.

La indignación ha rozado el absurdo en algunas sedes donde se ha llegado a restringir el uso de abanicos bajo el argumento de evitar ruidos o posibles marcas identificativas en los ejercicios

En este proceso no se mide la madurez pedagógica ni la capacidad para conectar con el aula; tampoco se evalúan esas habilidades humanas esenciales que definen la buena docencia, como la gestión del conflicto y el entusiasmo por enseñar.

Para colmo, las elevadas temperaturas y las carencias en la ventilación inciden directamente en el desarrollo de estas pruebas, afectando tanto al colectivo aspirante como a los tribunales en instalaciones que no están preparadas para el periodo estival. La indignación ha rozado el absurdo en algunas sedes donde se ha llegado a restringir el uso de abanicos bajo el argumento de evitar ruidos o posibles marcas identificativas en los ejercicios. Esta situación de desamparo en los centros coincide, además, con un clima de profunda desafección y protestas generalizadas en el sector, donde el profesorado exige mejoras en las ratios, la adecuación de las plantillas e inversiones reales en unas infraestructuras expuestas año tras año a temperaturas extremas. Resulta contradictorio exigir la creación de entornos de aprendizaje saludables y libres de estrés cuando el propio sistema de acceso a la docencia ignora por completo el bienestar físico y emocional de los profesionales.

De este modo, el sistema perpetúa una dinámica de alta presión desde el inicio de la carrera pública, transmitiendo a la comunidad docente el contradictorio mensaje de que para implantar nuevos modelos educativos es necesario superar antes un filtro estrictamente tradicional y memorístico. Quienes consiguen plaza no son necesariamente los mejores perfiles pedagógicos, sino quienes mejor sobreviven a un embudo de selección desfasado.

Si el objetivo real es aplicar con éxito los nuevos enfoques educativos y evitar que las leyes se conviertan en papel mojado, el primer paso debe ser reestructurar la forma en que se evalúa y selecciona al profesorado. Necesitamos pruebas que valoren la práctica real, periodos de prácticas tutorizados con un enfoque formativo y dinámicas capaces de medir las habilidades sociales indispensables en un aula moderna.

Porque mientras la puerta de entrada a la docencia siga basándose en la acumulación de datos y el contenido retenido a última hora, el modelo educativo continuará arrastrando su peor defecto, ya que no podemos pedirle al profesorado que enseñe a pensar, a razonar y a cuestionar el mundo si para llegar al aula primero se le exige superar un filtro puramente mecánico.

El Ayuntamiento de València ha aprobado las bases para la convocatoria de 100 plazas de Policía Local, como prometió la alcaldesa hace dos meses. María José Catalá aseguró en un acto en la central del Cuerpo, junto a los principales mandos, que el consistorio incorporaría de inmediato a 60 agentes —personas que habían superado las pruebas anteriores pero habían quedado sin plaza— y se reforzaría el servicio con un centenar de nuevas plazas en la convocatoria de empleo público de 2026.

Dos meses después de la promesa, ni se incorporarán los 60 agentes ni las nuevas plazas serán realmente un refuerzo en términos absolutos. Serán, más bien, una compensación por la cascada de jubilaciones de los próximos años. El consistorio prevé que en el año 2027 se jubilen al menos 150 policías —sin contar posibles jubilaciones anticipadas—, un volumen considerable que se suma a los que ya están en segunda actividad.

El propio Ayuntamiento reconoce en una nota interna que se han de acelerar los procesos selectivos con el fin de que los agentes estén en la calle cuanto antes para “mantener la capacidad operativa” de la Policía Local. Además de las cuestiones burocráticas, han de celebrarse las pruebas, que son eliminatorias (físicas, psicotécnico, examen); luego han de pasar por unos meses de formación en el IVASPE y finalmente unas semanas de prácticas en el municipio de destino. Serán 30 plazas por movilidad por el sistema de concurso y 70 plazas por turno libre por el sistema de oposición, con un 30% reservadas para mujeres. En paralelo, PP y Vox han aprobado en las Corts una reserva de plazas para militares, que aún ha de materializarse.

“Siendo que en el plazo de un año está prevista la jubilación de aproximadamente 150 agentes, siendo un volumen elevado y concentrado, conviene planificar con antelación para mantener la capacidad operativa del cuerpo de policía local de Valencia, se propone el inicio de la convocatoria arriba indicada con antelación suficiente que permita que el relevo se solape con las jubilaciones, evitando huecos de plantilla y manteniendo el servicio a la ciudadanía en condiciones óptimas”, dice la comunicación de la concejala responsable de personal, Julia Climent. Ello implica, sostiene, “el impulso y la ágil tramitación de la convocatoria del proceso selectivo de acceso a la categoría de Agente de la Policía Local de Valencia, de modo que las nuevas incorporaciones compensen, con el menor desfase posible, las jubilaciones previstas hasta 2027”. Así, este refuerzo anunciado a bombo y platillo será un parche.

El concejal de Compromis Ferran Puchades considera que la alcaldesa comete un “fraude a la ciudadanía”, porque “ni pone de manera inmediata más policías en la calle, ni cumple su promesa de incorporar a aquellos que superaron el último proceso selectivo”.

El edil valencianista apunta que el anuncio de la alcaldesa “generó una expectativa que la misma alcaldesa ha defraudado porque prefirió hacer un anuncio para ganar titulares antes que consultar sobre su legalidad”. El edil recuerda que el PP y Vox han aprobado en las Corts —donde la alcaldesa es diputada— una reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales que permite a los ayuntamientos reservar hasta el 20% de las plazas convocadas militares, y el reconocimiento de su antigüedad a efectos salariales, algo que “restringirá todavía más la posibilidad de acceder a la Policía Local a jóvenes que llevan años formándose y preparando la oposición”.

El próximo sábado 20 de junio, a las 9:00 horas, iniciarán el proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Maestros, en el que se ofertan 120 plazas distribuidas entre siete especialidades. Cada especialidad desarrollará su proceso en una sede diferente, habiendo las siguientes sedes de examen: Educación Primaria en IES Comercio, Educación Infantil, en el IES Inventor Cosme García, Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas Fuero de Logroño, Educación Física en IES Batalla de Clavijo, Música en el Conservatorio de Música de Logroño e IES Duques de Nájera, Pedagogía Terapéutica en el IES Hermanos D’Elhuyar, y Audición y Lenguaje en IES Duques de Nájera.

Ante la convocatoria, STAR ha mostrado su prepocupación especialmente por la previsión de altas temperaturas durante la jornada de examen el sábado y el resto de días hasta la finalización del proceso. “El confort térmico no es una cuestión menor, sino un elemento determinante para que los aspirantes puedan rendir al nivel que exige una prueba para la que han invertido tanto tiempo, esfuerzo e ilusión”, asegura el sindicato STAR.

En este sentido, esperan que la Consejería de Educación haya previsto y ponga en marcha todas las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas en las sedes de examen. “En STAR seguiremos atentos al desarrollo del proceso para velar por que se respeten los derechos de todos los participantes”, aseguran, antes de desear suerte a los opositores. “Que el esfuerzo realizado durante estos meses se vea recompensado y que el proceso se desarrolle con la justicia, la objetividad y la igualdad que merece el acceso a la función pública docente”.

UGT Servicios Públicos reclama al Gobierno de La Rioja que adopte medidas eficaces ante el episodio de calor extremo previsto para este sábado, coincidiendo con las oposiciones de maestros que reunirán a 2.523 aspirantes en distintos centros educativos de Logroño. 

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas podrían alcanzar los 39 grados durante la tarde en la capital riojana, y aunque serán más moderadas por la mañana, se prevé una jornada muy calurosa para los miles de opositores y docentes que forman parte de los tribunales.

Las pruebas comenzarán a las 9:00 horas y contarán con 757 aspirantes en Educación Infantil, 742 en Educación Primaria, 459 Pedagogía Terapéutica, 173 en Educación Física, 172 en Audición y Lenguaje, 165 en Inglés y 55 en Música.

UGT Servicios Públicos La Rioja quiere reconocer también el trabajo de los tribunales: “Son docentes que asumen una responsabilidad fundamental para garantizar el desarrollo de este proceso selectivo y que tendrán que afrontar una jornada especialmente exigente por las altas temperaturas previstas”.

UGT recuerda que trasladó con antelación en mesa sectorial la necesidad de prever medidas eficaces frente a episodios de calor extremo como el anunciado para este fin de semana. “Repartir agua o instalar ventiladores puede ayudar de forma puntual, pero no sustituye a las soluciones estructurales que requieren muchos centros educativos”, advierte UGT, que consideramos que la Administración debe actuar “con planificación y anticipación ante fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y extremos”.

“La celebración de estas oposiciones también vuelve a poner sobre la mesa otra realidad que afecta de lleno al sistema educativo, y es que cada vez cuesta más sacar una oposición”, señala UGT. Además, el sindicato alude a “la precariedad de una parte importante de quienes sostienen la educación pública continúa siendo una asignatura pendiente”. “Miles de docentes interinos siguen encadenando años de incertidumbre, temporalidad e inestabilidad laboral. Vivir pendiente de una llamada para conocer el próximo destino, asumir desplazamientos de muchos kilómetros, afrontar gastos que recaen sobre el propio docente o volver a preparar procesos selectivos una y otra vez forman parte de una realidad que se repite curso tras curso”. Y añaden: “Mantener plantillas precarias no solo castiga a los profesionales. También tiene consecuencias directas sobre la calidad del sistema educativo, la continuidad de los proyectos en los centros y la estabilidad que merece el alumnado”.

UGT mantiene que “no se puede defender una educación pública de calidad sobre plantillas sometidas a la precariedad”. Por ello exige ofertas públicas de empleo “amplias y suficientes” que permitan reducir la temporalidad por debajo del 8%, garantizar plazas estables y reforzar los proyectos educativos de los centros.

El Colegio Oficial de Biólogos de Castilla-La Mancha (COB-CLM) ha enviado un escrito al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page exigiendo acabar con lo que califican de “discriminación sistemática” hacia este colectivo profesional que se produce por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

También reclaman “un cambio en la política de personal” que, según sostiene el colegio profesional, “excluye a los biólogos de la mayor parte de los puestos de funcionarios en la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad”, con competencias en flora y fauna, hábitats, caza y pesca, entre otras.

En tercer lugar, solicitan el “cese inmediato” del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, por la que consideran una “actuación arbitraria y falta de imparcialidad” en su gestión, en la que también dicen que “incumple” su obligación de velar por el servicio público y el interés general. Subrayan en este aspecto que “beneficia de forma sistemática al colectivo de ingenieros forestales, al que pertenece”.

En su opinión, su gestión “está perjudicando a otras profesiones de ámbito ambiental, entre las que los biólogos desempeñamos un papel fundamental, máxime cuando se refiere a temas de conservación de la biodiversidad”.

“Escasos puestos para biólogos” en el ámbito público

Respecto a la política de personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible hablan de “escasos puestos para biólogos” que se reducen “cada vez más” porque la titulación ha sido “excluida” en la mayor parte de los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT“ de este departamento del Gobierno regional.

Afean que apenas se convoquen plazas de Biología en convocatorias publicas e insisten en que “la la gran mayoría de los puestos de medio natural vacantes y/o en interinidades son cubiertos por ingenieros de montes o forestales”.

De hecho, apuntan, “en la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad y sus servicios provinciales, el 90% de los puestos de funcionario y el 100% de los puestos de jefaturas de Área y de Servicio (de libre designación) están actualmente ocupados por ingenieros de montes o forestales”.

En la misma misiva dirigida a Page, que enviaron hace una semana y de la que todavía no tienen respuesta, sugieren que “esta situación discriminatoria” se ha vuelto a poner de manifiesto en el nuevo borrador del Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, sometido a información pública tras la judicial del anterior decreto 15/2022 de este Reglamento.

En concreto, el anulado artículo 4 establecía que únicamente son competentes para realizar trabajos en materia cinegética los ingenieros de montes y forestales, excluyendo “por decreto” a los biólogos y otras profesiones ambientales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General de Colegios de Biólogos de España y el Colegio Oficial de Biólogos de Castilla La Mancha y consideró nulo el citado artículo. Posteriormente, el Tribunal Supremo en otra sentencia declaró la nulidad del Decreto en su conjunto.

“Sorprendentemente, el nuevo borrador de decreto de Reglamento de Caza mantiene idéntico el texto del artículo 4 que ha sido expresamente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”, advierten.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible han declinado hacer valoraciones sobre las peticiones del colegio profesional a preguntas de este medio.

El próximo sábado son las oposiciones del Cuerpo de Maestros. Y a menos de una semana de las pruebas, el sindicato CSIF en La Rioja ha denunciado públicamente una serie “incidencias” que exige se subsanen. Así, desde la formación sindical hablan de incidencias y “desajustes organizativos que están afectando a los aspirantes” por lo que exigen una actuación “inmediata” de la administración para “reducir la incertidumbre y el estrés”.

Y entre esos “desajustes” aseguran que se han producido “llamativas modificaciones en Pedagogía Terapéutica (PT) porque se ha alterado el orden habitual de las pruebas y el supuesto práctico en el primer ejercicio se realizará por delante del tema escrito al revés que en el resto de especialidades”.

También piden una aclaración “urgente” en relación a los horarios publicados para las citaciones de la especialidad de Audición y Lenguaje (AL): “la publicación actual resulta confusa y está generando inseguridad entre las personas inscritas”. Y además denuncian la falta de previsión porque el baremo definitivo de méritos se ha publicado junto antes de las fiestas por el Día de La Rioja y San Bernabé. “Al coincidir con días no lectivos y de cierre administrativo, los interinos no han podido contactar con la Consejería y resolver las dudas o incidencias”. Incidencias entre las que se señalan que “la Administración está desestimando méritos ya validados como correctos en convocatorias anteriores” por lo que piden “una revisión detallada para evitar perjuicios los profesionales”.

Por otro lado, la publicación de la habilitación para las listas de interinos acumula un retraso de casi dos meses sobre el calendario previsto. Demora que “mantiene en vilo a un gran número de maestros que, a pocos días del examen, todavía desconocen cuál será su situación y disponibilidad de cara a las contrataciones del próximo curso escolar”.

Por todo ello, CSIF exige de manera inmediata a la Consejería de Educación que “deje de generar más nerviosismo e incertidumbre en los opositores y que soluciones estos asuntos de manera prioritaria en los días que restan hasta el sábado 20 de junio”. Y advierten de que se mantendrán vigilantes durante este proceso selectivo para garantizar los derechos de todos los opositores riojanos.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la oferta pública de empleo (OPE) de 2026 con 85 plazas destinadas a reforzar la estructura municipal, favorecer la cobertura de vacantes y mejorar la prestación de los servicios públicos.

Según ha informado la corporación, la oferta incluye 48 plazas de turno libre derivadas de jubilaciones y otras bajas producidas en la organización municipal, así como 37 plazas de promoción interna orientadas a favorecer la carrera profesional del personal del Ayuntamiento.

Entre las plazas de acceso libre figuran puestos de técnico de administración general, de gestión, administrativos, arquitectos, economistas, ingenieros industriales, de caminos, letrados, psicólogos, técnicos de seguridad y emergencias, así como técnicos superiores de gestión jurídica y personal sanitario, además de otras categorías profesionales.

La promoción interna contempla plazas en la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y la Administración General, contribuyendo a la progresión profesional de la plantilla municipal y al fortalecimiento de la organización interna de los distintos servicios, indica la nota.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, ha señalado, según relata, que esta oferta pública de empleo “permite seguir avanzando en la planificación de los recursos humanos municipales para garantizar una administración más eficiente, moderna y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía”.

Martín ha destacado también que “combina la incorporación de nuevo personal para cubrir vacantes con la promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras municipales, favoreciendo tanto el relevo generacional como el desarrollo de la carrera administrativa”.

La oferta se ajusta a la tasa de reposición de efectivos establecida por la normativa estatal y constituye el paso previo a la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos, que se desarrollarán conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, señala la nota, que añade que también reserva plazas para personas con discapacidad.

Quienes decidimos opositar lo hacemos, a menudo, no movidos por una gran llamada profesional, sino buscando una salida a la precariedad. Elegimos la seguridad por encima de la vocación; la garantía de poder pagar el alquiler prima sobre la romantización del trabajo soñado. Es un camino que tomamos por voluntad propia para intentar conquistar algo que hoy parece un lujo inalcanzable: la estabilidad. Pero la realidad es que, a algunas, el proceso nos quita mucho más de lo previsto. Sabemos que habrá sacrificios, pero jamás imaginamos que el precio va a ser tan alto. Creemos que solo estamos poniendo nuestra vida en pausa por un tiempo, pero nadie nos prepara para el peaje emocional que conllevan el miedo, la incertidumbre y el aislamiento absoluto.

No es una regla inquebrantable, y por supuesto hay quien logra transitar este camino manteniendo cierto equilibrio, pero para una gran parte de nosotras este proceso implica renunciar al ocio, a los fines de semana y a la presencia. En medio de ese encierro necesario, nuestras relaciones de pareja se resienten o, directamente, se rompen. Para algunas, nuestro mundo se encoge tanto que hasta nuestro pasado cambia de lugar. Durante esos años, vivimos con la mirada tan fija en el temario que apenas nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y es justo al acabar, cuando la inercia se detiene y la adrenalina desaparece, cuando nos asaltan de golpe todos esos duelos pendientes que no pudimos atender. La vida de los demás, como es lógico y sano, ha seguido su curso, pero para algunas de nosotras el regreso a la “vida real” suele ser un aterrizaje en un lugar que ya no existe.

Muchas personas se desvanecen por el camino, y ahí reside una de las realidades más duras y silenciosas para quienes caemos en este aislamiento. Cuando por fin conseguimos la ansiada plaza y cruzamos la meta, miramos a nuestro alrededor y nos golpea la certeza de que ya no podemos celebrarlo con algunas personas que nos apoyaron al principio. El tiempo y la ausencia han hecho su trabajo, y algunos de los que estaban en la casilla de salida, dándonos aliento, ya no forman parte de nuestra vida. Es entonces cuando nos enfrentamos a una paradoja que nos bloquea: nos aterra el tiempo libre. No sabemos gestionarlo. Tras años de nerviosismo y encierro, el simple hecho de tener que buscar planes para llenar ese vacío agota profundamente. Nos produce un vértigo inmenso porque, al levantar por fin la vista de los apuntes, nos damos cuenta de que nos toca empezar de cero; tenemos que salir ahí fuera y volver a aprender a conocer gente para reconstruir una vida que el proceso dejó vacía.

Asumimos la responsabilidad de nuestras renuncias, pero este encierro, aunque adopte la forma de una decisión individual, es en realidad el síntoma de una fractura mucho más profunda y colectiva. Creemos vivir en la era de la hiperconexión, pero cuando las exigencias productivas cesan, una realidad cruda y silenciosa se abre paso: la soledad no deseada se ha consolidado como la gran epidemia contemporánea.

El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural

Para entender la magnitud de este vacío, hay que mirar de frente las cifras y dejar de tratar la soledad como un tabú o un simple déficit de habilidades sociales. Los datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada en España arrojan una radiografía alarmante. Hoy, una de cada cinco personas en nuestro país (un 20% de la población) sufre soledad no deseada. Y no, no es una dolencia exclusiva de la tercera edad, como dicta el imaginario colectivo. Cerca del 35% de los jóvenes de entre 18 y 24 años afirma sentirse solo.

¿Qué nos está pasando? La respuesta reside en las estructuras materiales que rigen nuestro día a día. El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural. Aislarnos durante años compitiendo por una plaza no deja de ser una estrategia de supervivencia frente a un sistema laboral hostil que no ofrece ninguna red de seguridad digna fuera del funcionariado.

En primer lugar, sufrimos la expropiación del tiempo. El modelo actual exige una hiperproductividad constante que resulta incompatible con los cuidados y la creación de vínculos. Las jornadas extenuantes, el pluriempleo, o el aislamiento extremo que requiere alcanzar la ansiada estabilidad profesional, no dejan margen para la vida. Construir redes de apoyo requiere tiempo libre de calidad, un recurso que el sistema nos roba sistemáticamente. Estamos demasiado cansados —o demasiado asustados por el futuro— para cuidarnos mutuamente.

En segundo lugar, la precariedad económica opera como un muro que aísla. Según los estudios, tener dificultades para llegar a fin de mes eleva la probabilidad de sentir soledad en casi un 40%. No poder permitirse participar en la vida social empuja al ostracismo. El sistema penaliza la falta de recursos, y el miedo a no tenerlos, con el aislamiento más cruel.

Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos

A esto se suma el desmantelamiento físico de la comunidad. Se nos vende el mito del individuo “hecho a sí mismo” (el que aprueba solo, el que triunfa solo, el que compite contra el resto) como el mayor de los éxitos y lo he podido sentir con la oposición. En realidad, ese discurso nos despoja de la interdependencia natural que nos define como seres humanos. El sistema nos genera un malestar profundo a través de la autoexigencia y luego nos ofrece soluciones puramente individuales, ignorando que el origen de nuestra angustia es estrictamente colectivo.

Combatir la soledad no deseada exige mucho más que pedirnos “voluntad” para salir de casa cuando nos toca empezar desde cero y ya no tenemos ni siquiera un refugio familiar cercano al que volver. Requiere una enmienda a la totalidad de cómo organizamos nuestra sociedad. Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos.

Tenemos la plaza y no nos arrepentimos de haber peleado por ella. Somos conscientes de que ahora nos toca la tarea, nada fácil, de reconstruir nuestro entorno. El silencio en algunas de nuestras casas es ensordecedor, pero sabemos que no somos las únicas que lo escuchamos. Romper la soledad hoy es, ante todo, un acto de resistencia política. Por eso, frente al individualismo voraz que nos rodea, la respuesta no pasa únicamente por forzar planes de fin de semana, sino por recuperar los espacios compartidos y volver al activismo como forma de vida. En mi caso, retomar la militancia, encontrarme de nuevo en los movimientos sociales y tejer redes de apoyo mutuo es, ahora mismo, el faro que ilumina mi camino de vuelta. Reconstruir los lazos, apostar por lo colectivo, reclamar el derecho al tiempo vivo y politizar nuestros afectos es la única manera de derribar los muros de un sistema que nos quiere aislados, estresados y compitiendo, pero nunca acompañados.

El Gobierno de Cantabria ha lanzado la segunda convocatoria de plazas de turno libre de las ofertas de empleo público 2025 y 2026 de la Administración General, formada por 282 plazas de personal funcionario y laboral.

Tras la publicación de la orden de convocatoria de estas plazas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este miércoles, se ha abierto el plazo de solicitud para poder participar en las pruebas selectivas, que serán por el sistema de oposición libre.

El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 30 de junio, con el objetivo de celebrar las primeras pruebas a partir del 1 de septiembre.

A partir del mes de julio se celebrarán las pruebas de las primeras plazas convocadas de la OEP 2025-2026 para acceder, en este caso, a 103 plazas para cubrir los puestos de mayor necesidad y urgencia para la Administración autonómica, entre las que se encuentran las de bomberos forestal, operario de carreteras y auxiliar de enfermería, entre otras.

Igualmente, se están ejecutando ahora las pruebas para la cobertura de 25 plazas de bombero para los parques de emergencia autonómicos, con las que se garantizará las guardias mínimas de cuatro efectivos.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado que la actual oferta de empleo público en la Administración General es “una de las mayores de la última década”, con un total de 899 plazas, de las que 718 son de turno libre y otras 181 de promoción interna.

Se trata de una convocatoria “estratégica” para mejorar y modernizar los servicios públicos y es importante que estas plazas se convoquen por oposición para “retener talento, atraer nuevos perfiles profesionales y garantizar el relevo generacional en la Administración autonómica”, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Distribución de plazas

El segundo bloque de convocatorias publicado este miércoles por la Consejería de Presidencia está formado por 282 plazas de las que 130 son de personal funcionario y 152 de laborales.

Respecto al personal funcionario, se convocan plazas del Cuerpo de Letrados (2 plazas), Cuerpo Técnico Superior en la rama Jurídica (13), Ingeniero Agrónomo (2) Arquitecto (1), Geografía (2), Ingeniero de Caminos (5), Ingeniero Industrial (4) e Ingeniero de Telecomunicaciones (2).

Además, se convocan plazas de Medicina (8), Medicina Familiar y Comunitaria (2), Medicina del Trabajo (3), Veterinaria (14), Cuerpo de Gestión (16), Cuerpo Técnico de Finanzas (9), Arquitecto Técnico (4), Enfermería (15), Ingeniero Técnico Forestal (2), Ingeniero Técnico Industrial (3) y Técnico de Gestión de Sistemas (4).

Igualmente, se ha abierto el plazo de solicitud para acceder a las plazas de funcionarios de Terapia Ocupacional (2), Trabajo Social (12), Técnico Auxiliar de Protección Civil (3) y de la Agrupación Profesional de Subalternos (2).

Respecto al personal laboral, se convocan las plazas de Encargado de Obras Públicas (3), Encargado de Planes Hidrológicos (2), Técnico Superior Analista de Laboratorio (2), Técnico Superior de Educación Infantil (10 plazas), Técnico Superior de Explotación Portuaria (4), Técnico Superior en Integración Social (7), Técnico de Cocina (4) y Auxiliar de Laboratorio (2).

Por último, se convocan las plazas de las categorías de personal laboral de Oficial de Oficios-Pintor (1), Operario de Maquinaria Pesada (4), Técnico de Conservación del Patrimonio Natural (2), Técnico de Explotaciones Agropecuarias (2), Técnico de Planta Hidrológica (16), Técnico Sociosanitario (79), Conductor de consejero (4), Operario de Cocina (8) y Peón Especializado (2).

La Diputación de Sevilla ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026, que contempla un total de 109 plazas destinadas a distintas áreas funcionales y categorías profesionales de la Corporación, con el objetivo de atender las necesidades de dotación de personal derivadas de la organización administrativa y de reforzar la calidad en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, del total de plazas ofertadas, 82 corresponden al turno libre y 27 al turno de promoción interna, en el marco de la reducción de la temporalidad y carrera profesional del personal al servicio de la Administración.

Asimismo, la oferta incorpora la reserva legal de plazas para personas con discapacidad, con un total de diez plazas, de las cuales ocho corresponden al turno libre y dos al turno de promoción interna, en cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, inclusión y accesibilidad en el acceso al empleo público.