Hacía yo cola, la otra tarde, en la atestada caja de una cadena de ropa cuando el hombre que me precedía, agitando un par de zapatos, dijo al vendedor: “Podíais dar una caja para guardarlos”. A lo que el dependiente contestó: “Y tener más personal”. Acto seguido añadió: “Puestos a pedir, podrían arreglarnos la Sanidad”. Al ser verdad, como escribí en mi columna anterior, que en Andalucía el PP de Moreno Bonilla nos ha destrozado la Sanidad Pública, animé, en voz alta, a la concurrencia: “Lo de la Sanidad podemos cambiarlo entre todos, con lo que votemos el 17 de mayo”. A lo que el joven dependiente reaccionó: “Ya, la cosa es que no confío yo en ningún partido para arreglarlo”.

Oír y atender a la gente de la calle es clave. Explica bastante de lo que suele parecernos inexplicable. En este caso, cómo pese a las terribles consecuencias de las largas listas de espera y de las negligencias sistémicas en detección y tratamiento de enfermedades como el cáncer, las encuestas siguen sin reflejar un vuelco que proteja de las manos e intereses de Moreno Bonilla y su mujer, la alto cargo de Bidafarma Manuela Villena, nuestra salud y vidas.

Igual que el gato de Schrödinger está, dentro de una caja cerrada, vivo y muerto a la vez, hay una cantidad de ciudadanas y ciudadanos que, al mismo tiempo, sueñan con aprobar una oposición para trabajar en la Administración pero votan al PP y/o Vox quienes, con sus privatizaciones, les dejan sin opciones.

Pero es verdad también que aguzar el oído lleva, a menudo, a dar con paradojas de difícil sentido. Sabéis lo del gato de Schrödinger, ¿no? Un gato, metido en una caja cerrada, que está vivo y muerto a la vez. A ver, se trata de la imagen que usó el físico teórico austriaco Erwin Schrödinger para ilustrar el comportamiento de las partículas subatómicas de la mecánica cuántica que pueden estar, y de hecho están, a la vez, en distintos estados teóricamente incompatibles. Esto quizá os parezca un galimatías y, si pensáis en el gato dentro de la caja, directamente mentira. Y, sin embargo, ocurre, es cierto.

Un tercio de los electores, opositores

De hecho, lo traigo a colación por algo de lo que prácticamente todos tenemos experiencia directa. Me refiero a la enorme cantidad de gente que se está preparando oposiciones, de cualquier nivel de la Administración (local, provincial, autonómico, estatal, europeo) y cualquier sector (Sanidad, Educación, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración General, Instituciones Penitenciarias, Correos…).

Según el informe El peso del opositor en España de 2025, hecho por la plataforma online OpositaTest, más de la mitad de la población española de entre 18 y 55 años ha opositado alguna vez o se plantea hacerlo. Es decir, 12 millones de personas. Teniendo en cuenta que el censo de posibles votantes para las elecciones generales es de unos 37,5 millones, las y los opositores serían un tercio de los llamados a votar.

Cuando se pregunta la razón para opositar, la gente apunta a la estabilidad en el empleo y salario, al horario, las vacaciones, a la necesidad de conciliar y el legítimo deseo de trabajar para vivir en vez de vivir para trabajar, así como a la mayor seguridad de cara a la jubilación. Muchas y muchos vuelven a hincar codos, pasados los 30 años, “tras enfrentarse a un mercado laboral sanguinario”, oteando, en el horizonte, ese empleo público como un oasis de salvación.

No solo eso sino que, según otro estudio de OpositaTest, 7 de cada 10 trabajadores españoles dejaría su puesto en el sector privado por uno en el público. “Hay hornadas de gente que con contrato indefinido están viniendo a la Administración”, testimonia a EL PAÍS un gestor de la Unidad de Patrimonio del Estado en Toledo que opositó, cuando lo echaron de la banca, con 46 años y siendo padre de familia numerosa.

Paradójico voto a partidos privatizadores

El deseo tan extendido entre tanta población española podría concretarse, en buena lógica, en una exigencia a las opciones políticas de que inviertan en mantener y ampliar los servicios públicos. Algo que solo suelen defender los partidos de izquierda. Sin embargo, curiosa paradoja, lo que las encuestas señalan, de cara a las diversas autonómicas y a las elecciones generales, es el apoyo electoral mayoritario que facilitaría gobiernos de PP y Vox, ambos lanzados a las privatizaciones.

Que el PP, por sí solo privatiza, es algo que se ve en su gestión. En un único sector, Universidades, como tuve oportunidad de contrastar esta semana, en el programa de 7TV Acento Andaluz, con el presidente de las Universidades Públicas de Andalucía y rector de la UPO, Francisco Oliva, durante los últimos 20 años, se ha pasado de una proporción de 50 universidades públicas y 14 privadas a 50 públicas y 48 privadas, que pronto serán 51. Las derechas están boicoteando el ascensor social y obligando a las familias a endeudarse con los bancos, como en EEUU, si quieren que sus hijos se puedan titular.

El candidato del PP a repetir como presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, vuelve, tras el escándalo del cribado de cáncer de mama, a pregonar bajadas de impuestos a los ricos, lo que mermará el presupuesto y llevará a recortar servicios y empleos públicos

El candidato andaluz a repetir como presidente de la Junta, Moreno Bonilla, está justo recuperando estos días las promesas de bajadas de impuestos que abanderó en invierno, antes de que saltara el escándalo de los cribados de cáncer de mama, con entre 2.000 y 4.000 mujeres afectadas. Hoy ya no le da pudor reconocer que perdonará el impuesto de Sucesiones a los privilegiados con pisos de sobra para donar a sus hermanos, haciendo un nuevo roto al presupuesto, tan necesario para pagar los servicios y empleos públicos.

¿Hay mucho funcionario o aspirante a serlo votante de la derecha y la ultraderecha? ¿Acaso piensan que justo a ellos, por lo que sea, PP y Vox, les van a mantener la plaza pública o a convocar oposiciones, en vez de recortar y no cubrir las jubilaciones?

Todo mi respeto a la libre elección del voto y a las contradicciones con las que lidia cada cual, pero si me permitís un poco de humor ante el estupor, a mí la paradoja del votante Schrödinger que, a la vez, quiere ser funcionario pero vota a privatizadores, me hace canturrear, con música del bolerazo que Bebo Valdés y el Cigala llevaron a lo más alto:  “No te puedo comprender, corazón loco… ¿Cómo se pueden querer dos contrarios a la vez… y no estar loco?”

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaca a dos personas como presuntas autoras de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en el marco de unas oposiciones para cubrir plazas en el Ayuntamiento. La investigación se inició tras la denuncia presentada por miembros del tribunal de los procesos selectivos, que alertaron de posibles irregularidades en uno de los exámenes. La prueba constaba de 100 preguntas y su contenido solo era accesible para la presidenta y la secretaria del tribunal.

Durante la corrección, los responsables detectaron una calificación inusualmente alta en una de las aspirantes, que logró 97 aciertos, un resultado que contrastaba con el nivel previsto de la prueba y con el obtenido por el resto de participantes.

Las gestiones realizadas por el Grupo Operativo Local permitieron analizar la trazabilidad del fichero que contenía el examen. De este análisis se desprende que un trabajador del Ayuntamiento de Jaca accedió sin autorización a la carpeta donde se encontraba el documento.

Los investigadores también confirmaron la relación sentimental entre este empleado municipal y la aspirante que obtuvo la elevada puntuación, lo que apunta a una posible filtración del contenido del examen. Desde la Comisaría Local de Jaca se realizó una copia de seguridad de los datos informáticos, así como de la trazabilidad y otras evidencias digitales, para su análisis y extracción de contenido.

Ambos investigados fueron citados en dependencias policiales, donde se procedió a su detención. Posteriormente quedaron en libertad a la espera de la evolución del caso, cuyas diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha firmado una resolución por la que se establece la repetición del examen para cubrir tres plazas de auxiliares administrativos vacantes en la plantilla de personal funcionario del Consistorio.

La Conselleria de Educación ha presentado la oferta de empleo público docente correspondiente a 2026, que asciende a un total de 2.067 plazas distribuidas entre los distintos cuerpos docentes.

Esta oferta se ha calculado conforme a la tasa de reposición de efectivos establecida en las leyes de presupuestos estatal y autonómica, que en el ámbito educativo puede alcanzar hasta el 120 %. A partir de este cálculo, que ha dado como resultado 1.398 plazas, la Conselleria ha decidido incrementar la oferta en un 20 % adicional, sumando 280 plazas más, con el objetivo de seguir reduciendo la temporalidad en el sistema educativo.

A estas plazas se incorporan también las vacantes que quedaron desiertas en procesos selectivos anteriores, lo que permite optimizar los recursos disponibles y avanzar en la consolidación del empleo estable. Se trata de un total de 389 plazas.

La distribución de la oferta de empleo público contempla especialmente el refuerzo del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que concentra la mayor parte de la oferta, junto con plazas en Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas artísticas e Inspección educativa. Además, se reserva un cupo no inferior al 10 % para personas con discapacidad.

El desglose por cuerpos es el siguiente:

-   Profesores de Enseñanza Secundaria: 1.855 plazas

-   Profesores especialistas en Sectores Singulares de la FP: 95 plazas

-   Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 22 plazas

-   Profesores de Música y Artes Escénicas: 21 plazas

-   Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 49 plazas

-   Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 10 plazas

-   Inspección educativa: 15 plazas

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha subrayado que “esta oferta responde a una planificación rigurosa y a una voluntad clara de dar estabilidad a los centros y al profesorado. Estamos hablando de oportunidades reales de acceso a la función pública docente y de una mejora estructural del sistema educativo valenciano”.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Cantabria (STEC) ha denunciado este martes que la Consejería de Educación solo ha encontrado siete voluntarios para conformar los tribunales de las oposiciones de maestros, por lo que ha opinado que “su sistema ha fracasado”.

En un comunicado, STEC ha recordado que la Consejería “se empeñó” en cambiar el sistema de selección de vocales en los tribunales, que hasta ahora se producía por sorteo entre todos los funcionarios de carrera, pasando a un método de voluntarios designados.

En este sentido, ha señalado que ese sistema fue rechazado por los sindicatos, ya que, a su juicio, “pone en riesgo la diversidad e independencia que debe caracterizar la composición de los tribunales de un proceso público”.

“Apenas siete docentes han secundado la convocatoria de vocales voluntarios, de los 52 necesarios para constituir los 13 tribunales”, ha insistido STEC. También ha afirmado que el nuevo sistema retrasará un curso la conformación de listas para nuevos trabajadores y pospondrá también un año el nombramiento y concurso de los funcionarios de carrera que obtengan plaza en Cantabria.

El STEC ha pedido al consejero, Sergio Silva (PP), que corrija esta situación “de inmediato”, ya que, en su opinión, empeora las garantías de los opositores y “hace la vida más difícil a las personas aspirantes”.

“Una medida que ya funciona en otras comunidades autónomas y que favorecería por igual tanto la preparación de los opositores como la corrección de los tribunales es la publicación de criterios de calificación y rúbricas desde la propia convocatoria. Desde STEC, más allá de proponerlo, entregamos a la Consejería todo un modelo desarrollado. Sin embargo, no ha sido tenido en cuenta”, han recalcado en un comunicado de prensa.

En este sentido, desde STEC han denunciado que el departamento que dirige Sergio Silva puso en marcha esta“modificación unilateral”, por lo que fue rechazada por todas las organizaciones sindicales en mesa de negociación, y por 9 de cada 10 docentes en la consulta que llevó a cabo la Junta de Personal el pasado mes de marzo.

“Pese a que serán liberados durante el curso, apenas siete docentes han secundado la convocatoria de vocales voluntarios, de los 52 necesarios para constituir los 13 tribunales: solo hay una persona voluntaria para los cuatro tribunales de Educación Infantil, otra para los cuatro de Primaria, tres para el tribunal único de Pedagogía Terapéutica, una para Audición y Lenguaje, y una para Educación Física. No ha habido ningún voluntario en la especialidad de Inglés ni en la de Música, por lo que todos sus vocales serán elegidos por sorteo”, han puntualizado.

Las pruebas de la OPE de Magisterio, Artes Plásticas y Diseño y Música y Artes Escénicas comenzarán el próximo 19 de junio, centrándose “el núcleo principal de pruebas masivas” el día 20 y 21 de ese mismo mes. Aunque, según las previsiones de Educación, el proceso podría alargarse hasta el día 22 de junio en las especialidades integradas en Artes Plásticas y Diseño, y Música y Artes escénicas.

Desde el pasado 10 de abril está publicado en la web el “baremo definitivo” del proceso de selección de maestros y maestras a vista de que se desarolle “el próximo verano”. De esta forma, los 5.653 aspirantes ya tienen disponible “la puntuación que les corresponde por su experiencia, titulaciones, conocimiento de idiomas, etc” para optar a las 2990 plazas de maestros y maestras. Esta calificación supondrá una tercera parte de la nota final, que se completará con la fase de la oposición (que puntuará los otros dos tercios).

En el caso del profesorado que aspire a incorporarse a “los cuerpos docentes de Artes Plásticas y Diseño y Música y Artes Escénicas”, en los que se han convocado 66 plazas, disponen de “plazo hasta el próximo 17 abril para presentar alegaciones al baremo provisional de méritos que se publicó el pasado 31 de marzo”. Una vez que se analizcen las reclamaciones, se publicará el baremo definitivo de estas especialidades, al igual que con el resto de maestros.

Además, ya están publicados “los criterios de valoración de los ejercicios correspondientes a la presentación y defensa de la programación didáctica y a la de la unidad didáctica” para las especialidades convocadas. Según Gobierno de Navarra, “fruto del intenso trabajo que están desarrollando las comisiones de selección y tribunales únicos desde el día de su constitución” hace dos meses. La resolución “que determina que la entrega de la programación didáctica se realice entre los días 27 de abril y 4 de mayo, ambos inclusive” ya está publicada en la página web del gobierno foral. Así pues, la entrega se realizará de forma online.

El sindicato Comisiones Obreras ha tildado de “despropósito” que solo 18 opositores a peón de carretera de la Administración autonómica aragonesa, para un total de 38 plazas y más de 300 aspirantes, hayan aprobado el primer ejercicio.

En una nota de prensa, la central sindical ha criticado “la falta de coherencia” de las preguntas formuladas por el tribunal de oposiciones de unas pruebas a las que se presentaron cientos de personas. “No es un caso aislado, es el resultado de una política de selección de personal nefasta que favorece la temporalidad y las plazas vacantes”, han manifestado.

Para el sindicato, el nivel de las preguntas formuladas quedaba totalmente fuera de lugar, “siendo más propias de una prueba de acceso a Ingeniería que a una plaza del Grupo E”, teniendo además en cuenta que muchos de los aspirantes son trabajadores interinos con experiencia en el sector y que llevan mucho tiempo preparando la oposición, por lo que no se puede aducir por parte del tribunal “falta de preparación de los opositores”.

El primer problema, para la organización sindical, está en que en el tribunal de selección no hay ningún trabajador de la categoría que se selecciona y está formado por jefes del Departamento, “que no entienden la diferencia entre un trabajador del Grupo C y uno del Grupo E, que no saben medir el nivel de dificultad exigible a unos y otros”.

Y para CCOO esta situación no es un hecho aislado ya que se ha repetido en otros procesos como los de Medicina del Trabajo, Informática o Técnicos de Enfermería (TCAE), donde ni siquiera se cubren el 50% de las plazas convocadas.

“Es el resultado de una política de selección nefasta”, han aseverado desde la sección sindical. El Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) “se inhibe de su responsabilidad y permite que los tribunales actúen sin control, favoreciendo la temporalidad y las plazas vacantes”.

Ante este escenario, CCOO ha exigido a Función Pública su intervención “cuando los tribunales no realicen correctamente sus funciones” y se retire de la selección de personal a “quienes no saben ajustar el nivel de dificultad de las preguntas al trabajo que se va a desarrollar”.

Además, en el caso concreto de la oposición a peón especializado de carreteras ha solicitado que se convoque una oposición con las 20 plazas que no van a ser ocupadas, con un tribunal de selección diferente al actual, tal y como permite el Decreto de funcionamiento del IAAP. La organización sindical ha concluido exigiendo “el máximo respeto hacia quienes dedican su tiempo a prepararse para obtener un puesto fijo en el empleo público”.

En el verano de 2018 ESK consiguió la cuadratura del círculo y, a pesar de la dificultad de demostrar lo evidente, destapamos el fraude en las OPE de Osakidetza. Algo que era evidente para todo el personal que trabajaba en Osakidetza, la adjudicación a dedo de las plazas de especialidades médicas por parte de las jefaturas, fue destapado por este sindicato gracias a la valentía de tres profesionales de Anestesia que se atrevieron a dar el paso y poner voz a lo que todo el mundo conocía.

Fue el inicio de un camino arduo en el que, gracias a la colaboración de muchas personas, conseguimos poner encima de la mesa uno de los grandes problemas de la Sanidad pública vasca; y no lo decimos por decir, conseguimos demostrar que no nos enfrentábamos a una situación puntual, ya que se pusieron una docena de especialidades médicas bajo la lupa y fueron una veintena de personas, miembros de los tribunales conformados por las y los jefes de servicio de las diferentes especialidades, las investigadas.

Desde el inicio, en ESK fuimos muy claros, nos enfrentábamos a un sistema clientelar en la adjudicación de plazas en determinadas especialidades médicas, instaurado de manera estructural con el conocimiento y el aval de las diferentes direcciones, un sistema fuertemente arraigado en Osakidetza, normalizado y de sobra conocido por los diferentes gestores de nuestra Sanidad pública; y nuestro objetivo también era muy claro: acabar con este sistema, cumplir con la legislación en cuanto a igualdad, mérito, capacidad y transparencia y depurar responsabilidades políticas, que de las penales ya se encargaría la justicia, o eso esperábamos.

El camino no ha sido fácil; desde el inicio tanto nuestras compañeras anestesistas que dieron la cara, como ESK, nos enfrentamos a una campaña de acoso tanto desde Osakidetza como del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, arropado por la plana mayor del PNV; llegando este último, en comparecencia parlamentaria junto con María Jesús Múgica, la entonces directora general de Osakidetza, en una especie de mundo al revés, a amenazar a los denunciantes con denunciarlos, buscando minimizar los daños y amedrentar al personal que se atrevió a denunciar la corrupción existente en un intento de echar tierra sobre el asunto y evitar olores de corrupción.

Pero la realidad es tozuda y la Fiscalía dio curso a la investigación de las mencionadas especialidades; este hecho, junto con la presión social y parlamentaria, forzó la dimisión de la plana mayor de Osakidetza y del propio consejero de Salud, algo inédito en los anales de la “democracia” y de la historia del PNV.

Tras un proceso investigador extremadamente dilatado en el tiempo, con sucesivas prórrogas y solicitudes de ampliación, con diversos intentos fallidos por parte de Osakidetza de personarse en la causa para intentar manipular y condicionar la investigación, con un cierre en falso recurrido por, entre otros, ESK, nos encontramos con el inicio del juicio centrado únicamente en una especialidad y dos personas. Es un final que no nos esperábamos y que demuestra que demasiadas veces la realidad jurídica está muy alejada de la realidad social.

Sin embargo, y tal como hemos comentado más arriba, desde el inicio de este proceso ESK ha mostrado que su intención era y es acabar con este sistema clientelar, depurar responsabilidades e impulsar un cambio de modelo de OPE que garantice no solo los derechos de las personas aspirantes sino también que favorezca una Osakidetza cercana a la ciudadanía, euskaldun y que se centre en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, actuando sobre los determinantes sociales de salud.

Y entendemos que ahora es el momento de hacer una valoración crítica de lo conseguido y del camino que nos queda por recorrer para conseguir nuestros objetivos.

Tras la caída de la cúpula de Osakidetza, ésta se vio obligada a iniciar un proceso de cambio en el modelo OPE. Es un proceso que, desde el punto de vista de ESK, tiene más de lavado de cara que de transformación real. Hasta el momento de nuestra denuncia, eran las personas que conformaban los tribunales, léase jefes de servicio, los que elaboraban los exámenes y, por tanto, los que podían filtrarlos con total impunidad. Ahora, su elaboración, si así lo deciden las personas que los conforman, se encarga a personas o entidades ajenas. Llegando a la OPE actualmente en curso, en la que Osakidetza ha optado por un sistema de batería de preguntas previamente publicadas en su web.

Cambios para que todo siga igual, ya que no mejoran los sistemas de contratación actualmente vigentes, sistemas que condenan a la precariedad a miles de personas que ven como Osakidetza sigue abusando de la eventualidad a pesar de las sentencias europeas; cambios que no garantizan la euskaldunización de las plantillas, vulnerando el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su idioma; cambios que siguen discriminando a la población migrante por impedirles el acceso al empleo público.

La dimisión del consejero Darpón y de la cúpula de Osakidetza no ha servido para traer aires nuevos en las diferentes direcciones de nuestras OSI; siguen con sus actitudes dictatoriales, negándose al diálogo y al acuerdo con la representación de las y los trabajadores e imponiendo sus decisiones a sus plantillas.

Las jefaturas de servicio siguen funcionando como reinos de taifas, donde son las jefas y los jefes los que distribuyen prebendas a su antojo. Ellas y ellos deciden quién hace guardias o quién peonadas en función del amiguismo que muestres; al menos ahora no dan las plazas a placer.

ESK inició este camino para descubrir la cara oculta de Osakidetza y mostrar el lodazal que ocultaba el oasis vasco, y el PNV ha conseguido volver del lado oscuro sin apenas notar los daños; el escándalo que se llevó a un consejero nos ha dejado otro que formaba parte de los tribunales que adjudicaban las plazas.

Elisa Carbonell es una de las cientos de personas en España que en los últimos años ha apostado por opositar como forma de encontrar un trabajo estable. Sabía que no sería un camino fácil. El primer escollo que encontró fue tener que pagar para acceder al temario del que se terminaría examinando. La recién creada biblioteca digital de temarios de la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), una iniciativa altruista que ayuda a más de 6.500 opositores de todo el país, supuso un pequeño salvavidas para evitar un desembolso que, en su caso, ascendía a más de 400 euros. Atrás quedan los negocios con antiguos opositores que venden sus apuntes y la casi necesidad ineludible de apuntarse a una academia privada para conseguir estos contenidos.

La ECAP nació con el espíritu de democratizar el acceso a la función pública. Esta idea primigenia pasa por politizar este derecho para toda la ciudadanía que, sin embargo, no su totalidad tiene la posibilidad de disfrutar debido a barreras económicas y geográficas. Carbonell tiene 39 años y reside en Madrid, su ciudad natal. A día de hoy, se prepara para conseguir una plaza en la Administración General del Estado, en una categoría C1: “La Administración debería posibilitar la entrada de personas de todos los estratos sociales y orígenes, con formas distintas de entender y ver la vida. Es la única forma de conseguir una apertura muy necesaria”.

Procede del sector del desarrollo rural y sostenible, una parcela del medio ambiente cuya precariedad resquebrajaba por completo sus anhelos de una vida estable y segura para su futuro. Gracias a la ECAP, en la que se forma desde noviembre de 2025 y que a día de hoy oferta clases para 17 oposiciones diferentes, se presentará en mayo al examen. “Me animé al ver la filosofía que tienen, cómo se organizan. Si no hubiera encontrado esta academia, no hubiera tomado la decisión”, enfatiza con agradecimiento hacia sus impulsores.

Pagar antes de saber si quieres opositar

Rubén Tobajas, integrante de la junta directiva de la Escuela y preparador del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en la ECAP, explica que más allá de las barreras territoriales y económicas también intentan sortear la frontera sociocultural: “La ves cuando preguntas a una persona si piensa opositar. Hay gente con una idea muy concreta de lo que es, que sabe lo que conlleva, pero hay otra que ni siquiera se imagina la posibilidad”. Por eso, añade, es tan importante conocer el contenido del temario antes de tomar la decisión de enfrentar tamaña empresa.

El temario que proporcionan las academias puede alcanzar los 250 euros, aunque hay casos como el de Carbonell que la cifra aumenta varios cientos de euros. Además, algunas academias privadas lo facilitan con la matriculación. “Simplemente, tener que pagar para saber los contenidos de los que te examinarán es algo que puede echar para atrás a mucha gente”, subraya.

En este sentido, en la ECAP trabajan con el mantra de que el conocimiento para opositar no debería ser un privilegio. “Queremos que el temario sea un bien común para el opositor”, abunda Tobajas. Este ingeniero de caminos de 36 años, natural de Toledo pero vecino de Madrid, es administrador civil desde 2024. La preparación de su temario propio bebió del Boletín Oficial del Estado y la consulta y síntesis de numerosas fuentes públicas. Según una encuesta que respondieron 900 alumnos de la ECAP el pasado noviembre, un 80% de ellos afirmó sufrir una gran carencia en la publicación de temarios oficiales. “Es curioso porque la Administración está habilitando unos títulos cuyo contenido es muy abierto y sin dejar claro qué conocimiento exigen”, critica.

Un ejercicio colectivo de solidaridad

Tobajas es una de las decenas de personas que trabajan de forma desinteresada en la ECAP y que opinan que “no es razonable que el sistema haya normalizado tener que pagar por algo que debería ser público”, en sus palabras, y que “la igualdad real en una oposición empieza por garantizar el acceso a los contenidos”. Por eso, desde hace unos días, en su web hay habilitada una pestaña que redirige a los temarios confeccionados por los preparadores de la academia, ya funcionarios y especialistas en su terreno, que se pueden descargar de forma gratuita.

Por el momento, hay seis para su libre descarga, entre los que se encuentran los contenidos para el Cuerpo General Administrativo de la Seguridad Social (C1), el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (A1) y el Cuerpo de Administrativos de universidades (C1). En preparación están otros cinco temarios, como el del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2), Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (C1) y Cuerpo de Auxilio Judicial (C2).

El ingeniero de caminos ha coordinado el temario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al que pertenece, con 114 temas. Ese tan solo es un ejemplo de este ejercicio colectivo en el que han participado medio centenar de preparadores y colaboradores de diferentes perfiles y especialidades. “Nos ha llevado más de un año tenerlo todo listo porque hemos querido asegurarnos de que cada tema escrito pasara por varios ojos que lo revisaran”, detalla. De todas formas, los temarios irán ampliándose a medida que nuevos colaboradores de la ECAP aporten su experiencia.

Más de 6.500 alumnos en la ECAP

Tobajas nunca pensó que algo así podría existir mientras se preparaba su oposición. “Es una iniciativa muy bonita y estamos muy ilusionados. Son procesos duros, que necesitan mucho esfuerzo para superarlos, y es muy gratificante entrar en la Administración y ver gente remando por una idea común”, remarca. El buen hacer ha tenido su recompensa. De los 1.500 alumnos que formaban la ECAP en septiembre de 2025, este marzo de 2026 han alcanzado los 6.600.

Una de estas nuevas alumnas es Teresa Moreno, quien a sus 30 años se prepara para opositar como técnica especializada de los Organismos Públicos de Investigación, un A2, justo ahora que está a punto de culminar su tesis doctoral. A pesar de que no se beneficia directamente de la liberación de temario que ha realizado la ECAP debido a la especialización de sus estudios, sí acude a sus clases desde el pasado diciembre, cuando se quedó en paro. “Tampoco sabía si podría invertir tantísimo tiempo en una oposición, y menos pagar una academia y el temario, así que encontrar la ECAP ha sido lo que necesitaba para animarme a intentarlo”, relata.

Este 18 de abril se enfrentará al examen. Moreno esgrime que está disfrutando del estudio, “aunque suene como una marcianada”, apuntilla con gracejo. Ha tenido la suerte de conseguir el temario por una conocida que ya se superó esta oposición. Como un hilo forjado en la solidaridad más desinteresada, ella es una de tantas que se planteará colaborar con la ECAP una vez consiga la plaza.

Contra toda barrera a la hora de opositar

La malagueña Elena Pinazo estudió Derecho y Empresariales en Sevilla. Ahora tiene 33 años, reside en la capital, integra el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es una de las preparadoras de la ECAP: “La liberación de temario, dar la oportunidad a nuestro alumnado pero también a cualquier persona interesada en opositar para ver qué se va a encontrar, ha sido un hito para nosotros”.

Esta administradora civil recalca que la ECAP también lucha contra la barrera territorial, ya que Madrid concentra la gran mayoría de plazas ofertadas por la AGE. “Hacemos las clases virtuales por ese motivo, para que cualquier persona pueda acceder a ellas, aunque también tenemos sesiones presenciales”, apunta.

En este sentido, Carbonell agradece la flexibilidad que otorga el ser alumno de la ECAP. “Yo suelo ver las clases por la mañana, aunque las impartan por la tarde. Hay muchos profesores y en general son muy buenos, dan muchas claves”, abunda. Desde su punto de vista, otro de los puntos fuertes de esta academia tan peculiar son sus preparadores: “Suele ser gente más o menos joven, diversa, con pasión, y eso hace mucho a la hora de aprender cualquier cosa nueva. Se creen lo que hacen, que es lo importante”.

Por otro lado, la creación de esta biblioteca digital gratuita de temarios de oposiciones puede levantar las suspicacias de las academias habituales, que encuentran un negocio en la preparación al acceso a la función pública. La misma Carbonell defiende la gratuidad de los contenidos, “sobre todo por los precios por los que los venden”, aunque asegura que una academia seguirá siendo de gran ayuda a la hora de entenderlos e interiorizarlos.

En cuanto a la barrera sociocultural, desde la ECAP imparten charlas en institutos y universidades para intentar acrecentar la vocación del servicio público en la Administración como una salida laboral más. “La ciudadanía no conoce cómo funciona la Administración, que por otro lado debería estar a su servicio. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para cambiar eso”, agrega Pinazo, quien reconoce que su propósito es que el empleo público se parezca más a la sociedad a la que sirve. Tobajas concluye: “La ECAP no solo es una academia, sino una herramienta de justicia social para que el acceso a la función pública sea un derecho real y universal”.

El concurso oposición para profesorado de Formación Profesional, en concreto para la especialidad de soldadura, organizado por la Xunta de Galicia entre junio y julio de 2024 en el CIFP Someso de A Coruña estuvo plagado de irregularidades: comentarios machistas, interpretaciones sesgadas del reglamento, favoritismo hacia algunos aspirantes. Al menos eso es lo que denunció la única mujer miembro de su tribunal -formado por un presidente y cuatro vocales-, una profesora de la materia, en un escrito remitido a la Consellería de Educación. Nunca recibió respuesta. El Gobierno gallego asegura ahora a elDiario.es que en su día hizo “las averiguaciones necesarias” y concluyó “que no hubo trato de favor”. También argumenta que nadie recurrió el procedimiento, pero dos aspirantes suspendidos afirman que sí lo han hecho. El ejecutivo autonómico deja sin responder varias cuestiones específicas remitidas por este periódico. El BNG llevará el caso al Parlamento de Galicia.

La denuncia de la profesora, remitida a la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de la consellería y al presidente del tribunal y a la que ha tenido acceso este diario, incluía un relato de “hechos graves” que la denunciante esperaba “no se volvieran a repetir”. Los expone por orden cronológica y comienza con la discriminación que, a su juicio, sufrieron dos de las candidatas a los puestos de profesora. Sucedió durante la prueba denominada 135-GMAW de soldadura MAG. A dos de las aspirantes les falló la máquina -la denunciante fue testigo directo de una, de la otra no- y la profesora, tras intentar arreglar el aparato y comprobar que no podía, solicitó cambiarlo “pues había otros libres”. El compañero de tribunal que supervisaba la prueba junto a ella se negó. Más tarde, la denunciante se enteró de que otros dos aspirantes también habían tenido problemas con el dispositivo y los miembros del tribunal que los examinaban -uno era el mismo que antes se había negado- habían accedido a sustituir la maquinaria.

“¡Cuántas tías en la lista!”

“Durante el procedimiento se produjeron algunos comentarios que, por mi condición de única mujer en el tribunal, me resultaron incómodos e incluso ofensivos”, asegura el escrito. “¡Cuántas tías en la lista!”, fue el comentario de uno de sus colegas. Durante las reuniones finales de evaluación, continuaron las presuntas gracietas machistas: “Nosotros en Vigo tenemos a las tías quemadas”. “Hay mucho patriarcado en este mundo”, declara a elDiario.es la autora del escrito, “no acaban de entender que lleguen las mujeres a estos lugares tan masculinizados”.

La Xunta de Galicia niega, en un escrito remitido a este periódico, “indicios de que hubiese trato de favor hacia los hombres en el proceso”. Aporta, como prueba, que hubo 41 hombres y seis mujeres admitidos en el concurso oposición y aprobaron seis personas, tres hombres y tres mujeres. “Además, las tres mejores calificaciones de las personas fueron las tres mujeres”, añade. No se pronuncia sobre los reiterados comentarios machistas.

La Consellería de Educación también asegura que “no hubo ninguna reclamación al respecto por parte de ninguna persona opositora ni tampoco de ninguna organización sindical”. Una de las mujeres a las que falló la máquina afirma que sí lo ha hecho, además de presentar un recurso de alzada. Otro de los candidatos que quedó fuera indica a elDiario.es que también ha registrado un recurso de alzada y está a punto de hacer lo propio con una demanda judicial. Su motivo, las irregularidades que, considera, observó en la oposición. Este hombre, que ya trabaja como profesor, se centra en la fase de defensa de la programación, también cuestionada en el escrito remitido a la Xunta por la denunciante. El documento expone como la misma mujer a la que no accedieron a cambiarle la máquina que fallaba en la prueba de soldadura fue acusada de “copiar su exposición” de la programación y de “dudar” al defenderla“. ”No hizo uso de ningún folio“, aduce la denuncia, como tampoco leyó literalmente la persona que presentó el recurso de alzada.

Lo contrario, leer toda la programación y la unidad didáctica en presencia del tribunal, fue lo que hizo uno de los hombres aprobados “por otros miembros del tribunal”. Esto contradice, avisa la denuncia, la orden oficial de la convocatoria: “Para la exposición, el personal aspirante podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, siempre que sea aprobado por el tribunal, así como un guion que no excederá una página y que se entregará al final al tribunal”.

Notas sin presencia de todo el tribunal

La profesora miembro del tribunal avisa también de que los otros miembros del tribunal acabaron por poner las notas de defensa de la programación sin estar ella presente, lo que, dice, vulnera de nuevo la orden de la convocatoria: “Debemos estar presentes todos los miembros del tribunal para la calificación de cada fase de la oposición”. Según ella, el presidente del tribunal se negó además a que constase en acta que un aspirante había leído toda la programación y la unidad didáctica“. La Xunta asegura que ”cada miembro del tribunal pone las notas que individualmente le parecen oportunas y se hace una media de esas notas individuales para alcanzar la puntuación final de cada opositor en cada ejercicio“. En las bases de la convocatoria figura sin embargo una excepción: ”Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima y la puntuación media se calculara entre las cualificaciones restantes“.

El BNG, a través de su diputada Cristina Fernández Davila, ya ha registrado iniciativas parlamentarias para esclarecer lo sucedido y exigir explicaciones al Gobierno gallego.

La gota fue un reconocimiento médico rutinario. Y ahora el vaso se derrama sobre la Comunidad de Madrid. Los contratiempos para formar a 267 nuevos bomberos en septiembre después de dos años esperando a incorporarse han desesperado a la plantilla, que se reconoce agotada por un modelo “basado en el esfuerzo extraordinario” de sus profesionales. Ahora, una alianza entre sindicatos llama manifestarse el próximo 15 de abril frente a la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, contra lo que consideran un problema de gestión que llena de “incertidumbre” a sus aprendices y aumenta la sensación de “sobrecarga” entre sus miembros.

El enredo emana de unos chequeos obligatorios que han de pasar los aspirantes una vez superadas las pruebas físicas, entre los que se incluyen ergometrías y revisiones del ritmo cardíaco. Hasta ahora los gestionaba su propia unidad médica, la del Cuerpo de Bomberos de Madrid, pero esta vez se optó por externalizar el servicio y abrir un proceso selectivo. El contrato, de dos meses de duración, se ofertó por 115.354 euros. Tal y como adelantó El País, este ha quedado desierto después del 30 de marzo, cuando concluyó el plazo habilitado.

“Nada de esto ocurriría si no hubieran descuidado nuestros recursos médicos”, opina Juan Carlos Martínez, responsable de los bomberos en CSIF. El sindicato de funcionarios es uno de los tres firmantes, junto con CSIT Unión Profesional y UGT, del manifiesto que invita a unirse a la protesta de la semana que viene. Este representante sindical asegura que, en su unidad propia, en los últimos años los sanitarios de su unidad han pasado “de ser cinco a dos” para atender a los más de 1.600 efectivos que actualmente componen el cuerpo.

Hace unos años, el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Pedro Antonio Ruiz, estimó que la Comunidad ampliaría la plantilla con nuevas incorporaciones hasta alcanzar los 1.800 miembros en 2027. Ahora, los representantes de los bomberos en los sindicatos espetan que la externalización fallida del reconocimiento médico “pone en riesgo una planificación compleja y necesaria” para su trabajo, a lo que suman un “impacto directo sobre el servicio operativo”, pues parte de ese personal en práctica iba a destinarse a abastecer los parques de la región mientras los equipos se redistribuían para la apertura de nuevos cuarteles.

Nuevos parques anunciados y un 'planning' comprometido

Recientemente, el Gobierno autonómico anunció cinco parques de bomberos proyectados que se sumarán a la veintena de espacios ya existentes, distribuidos por todo el territorio. Plantean añadir bases en los municipios de Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés, Torrejón de Ardoz, Cobeña y Loeches, con una inversión estimada que ronda los 27 millones de euros. Las dotaciones se promocionaron bajo el eslogan de que cada vecino tendría un parque a 10 minutos de casa. Pero ahora CSIF, CSIT y UGT temen que la “falta de personal” impida o ralentice su apertura.

“No estamos ante un hecho aislado, sino una forma de gestionar que pone en peligro este servicio público y nuestras condiciones de trabajo”, estiman en un comunicado los sindicatos aliados. De momento han puesto fecha a su manifestación y, próximamente, se concretará la hora de inicio. El traspié con el reconocimiento médico, que la Dirección General de Función Pública decidió externalizar de forma “puntual” –afirmaron fuentes del organismo dependiente de la Consejería de Economía en declaraciones a Europa Press–, ha sido la puntilla que desata esta protesta.

Los promotores de la cita consideran que esto “vuelve a evidenciar una gestión deficiente que acumula retrasos, incertidumbre y perjuicios tanto para los aspirantes como para el propio servicio”. El responsable autonómico de los bomberos en UGT, Víctor Monedero, explica que en un encuentro reciente entre los sindicatos y representantes de la Comunidad de Madrid para abordar el retraso en los chequeos médicos, desde la administración les aseguraron que agilizarían todo lo posible la adjudicación del servicio, esta vez mediante contratos de urgencia.

La última licitación fue mediante un proceso ordinario, tal y como consta en el Portal de Contratación Pública del Gobierno regional. Los 267 aspirantes a bomberos, que ahora aguardan hasta saber si iniciarán su formación en septiembre, permanecen en sus casas desde que pasaron las otras pruebas a la espera superar los filtros definitivos. Con su incorporación inminente en entredicho, los representantes de los bomberos ven tambalearse planes y promesas y temen que esto pueda trastocar su planificación actual, “compleja y necesaria” para hacer funcionar el cuerpo. Mientras tanto, el departamento responsable explora posibles soluciones para acortar la espera y empezar su período de prácticas cuanto antes.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho y al preparador de una academia de oposiciones, en el marco de la supuesta filtración de preguntas de una prueba de acceso en 2021, al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar la revelación de secretos.

Emilio Cortés, que ha ejercido de abogado de Cacho durante el proceso, ha valorado este lunes que la sentencia “es muy generosa a la hora de poner de manifiesto que la construcción acusatoria se ha basado únicamente en sospechas y en prospecciones”, según ha declarado a Efe el letrado.

En el juicio, que se celebró este mes de marzo en la Audiencia Provincial, la defensa solicitó expresamente la absolución de ambos acusados al argumentar que las acusaciones carecían de fundamento.

Por su parte, Manuel Beato, abogado del profesor de la academia, se ha mostrado satisfecho de que el tribunal “haya hecho su trabajo y haya destacado que estábamos ante meras sospechas y suposiciones en este caso”.

Así, los abogados han recalcado que no hubo filtración efectiva y han resaltado la importancia de la sentencia absolutoria, lo que, a juicio de ambos, pone de relieve que “la justicia ha hecho su trabajo” al dejar sin efecto las acusaciones.

Se trató de una prueba para cubrir ocho plazas de la Policía Local de Cáceres mediante sistema de oposición libre, que se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente.

Al respecto, Cortés ha indicado que “no ha habido ninguna reclamación administrativa por parte de ninguno de los concursantes respecto a la inidoneidad de ese procedimiento”, lo que ya implicaba que “ninguna resolución administrativa podía justificar una presunta ilegalidad en el ámbito administrativo de ese concurso”.

Para Beato, “resulta sorprendente que no haya acusación particular”, ya que nadie impugnó la prueba; es decir, “todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las correcciones, no vieron ningún vicio de nulidad”.

La Fiscalía Provincial había solicitado dos años y seis meses de prisión para Cacho y cinco años para el profesor, alegando que ambos compartieron el contenido del examen con varios alumnos, lo que habría afectado a la “igualdad y transparencia del proceso selectivo”.

El procedimiento judicial comenzó el 3 de marzo, pero la primera sesión se aplazó parcialmente debido al gran volumen de documentación administrativa, que incluía cerca de 70 gigas de información, algo que dificultó la preparación de las declaraciones de los testigos.

Durante las sesiones declararon opositores, miembros del tribunal y el actual jefe de la Policía Local, Marcos Urbano, quien detalló el desarrollo del examen y los protocolos internos de la oposición. En la última sesión se proyectaron los audios enviados por el profesor que, según la defensa, no alteraron significativamente los resultados.

Todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación del Gobierno de La Rioja han rechazado la propuesta de la Oferta de Empleo Público (OPE) que ha hecho la Consejería. Así lo ha informado UGT Servicios Públicos, que ha justificado su voto en contra porque, según han considerado, “no se ha planteado como una oferta global que incluya todas las plazas necesarias para reducir la elevada temporalidad entre el profesorado riojano”. Por su parte, de la Consejería responden que la OPE continúa con su tramitación, por lo que señalan que no van a informar de su detalle hasta que no tengan su planteamiento definitivo.

Según ha señalado este sindicato en referencia a las explicaciones de la Consejería, la OPE se articulará en dos fases: una primera, que se ha llevado hoy a Mesa, en la que se recogen básicamente las plazas correspondientes a la tasa de reposición más un 20%, añadiendo las plazas desiertas de la pasada oposición; y una segunda en una OPE extraordinaria que no ha sido detallada. Por ello, para UGT, “este planteamiento no aborda la OPE de manera global” y reclaman “una oferta más amplia, que permita dar una respuesta real a las necesidades de los centros”.

En concreto, UGT reclama que las bases de esa OPE se concreten y desarrollen con mayor detalle, “de forma que aporte certidumbre a los docentes interinos y al conjunto del sistema educativo”. “Contar con una planificación global y clara ayudaría a evitar posibles efectos no deseados, como el efecto llamada o situaciones de desprotección para los docentes interinos de La Rioja”, añaden desde el sindicato.

“Esa segunda fase no ofrece información concreta sobre el número de plazas, calendario ni criterios de ejecución”, ha criticado UGT, por lo que ven que la propuesta sea “insuficiente y no comprometa a la Administración, al dejar sin definir cómo se van a incorporar esas plazas”. En este sentido, “creemos que la Consejería de Educación ha ofertado plazas para la convocatoria de oposiciones de 2027 de los cuerpos docentes diferentes a maestros, pero no ha presentado una previsión total que recoja las necesidades reales del sistema educativo riojano”.

“No actuar con una planificación adecuada supone, a nuestro juicio, prolongar la precariedad y dificultar la consolidación de plantillas estables en los centros educativos para avanzar hacia un modelo educativo más estable y sólido”, han fianalizado.

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado una convocatoria para cubrir 42 puestos de bombero (nivel C). La mitad de las plazas, 21, son para “el turno libre” y el resto de “promoción”. Los aspirantes se pondrán inscribir online a partir de mañana, miercoles 25 de marzo, hasta el 13 de abril (ambas fechas incluidas).

Entre los requisitos básicos necesarios para aspirar a la plaza figura poseer la nacionalidad española, tener entre 16 y 65 años, contar con el título de bachillerato y poseer el carnet de camiones (permiso de conducir de la categoría C).

La oposición, que comenzará este junio, estará compuesta de dos fases. La primera, “pruebas de conocimientos, físicas y psicotécnicas”; y, posteriormente, “la superación de un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN)”.

El examen de conocimiento consistirá en un “cuestionario de un máximo de 150 preguntas tipo test” sobre los temas correspondientes a Legislación e Instituciones de Navarra, Conocimiento del Territorio de Navarra y Conocimientos Específicos, con una respuesta válida de cuatro opciones. Por respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de un acierto, de forma que cada tres fallos restará, en total, una respuesta correcta. No superarán esta prueba las personas que “no obtengan, al menos, 60 puntos en total (de una puntuación máxima de 120), y las que tampoco alcancen la mitad de la puntuación asignada a cada uno de los bloques temáticos”.

Las pruebas físicas consistirán en ralizar ocho ejercicios con su respectiva puntuación y calificación: nadar 100 metros “en estilo crol o libre”; Test de Barrow (agilidad); Press de Banca; test de saltos laterales “para comprobar la fuerza, resistencia y coordinación”; una prueba de equilibrio; el Test de Cooper (resistencia aeróbica); una prueba de capacidad de “trabajo en altura” y, por último, un ejercicio de trabajo en “espacios confinados”. Para superar las pruebas físicas será necesario obetener la “puntuación mínima exigida” en todos los ejercicios.

Finalmente, la primera fase se cerrará con los “cuestinarios de personalidad general, de competencias laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de trabajo grupal”, que evaluarán el “grado de adecuacuión” de los aspirantes al puesto de trabajo. La puntuación máxima será de 25 puntos, siendo necesario obtener la mitad para superar la prueba.

Una vez se haya aprobado la primera fase, se impartirá a los aspirantes un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, que calificará como “apto” o “no apto”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha anunciado la convocatoria de una oferta de empleo público (OPE) con 5.425 plazas para este 2026. De esas plazas, 2.160 son de nueva creación. El llamamiento, según ha informado el Departamento de Salud en una nota, es para auxiliar administrativo, administrativo, enfermería, auxiliar de enfermería, operario de servicio, celador, fisioterapeuta, técnico de laboratorio y técnico superior de administración y gestión.

Las pruebas se celebrarán entre el 19 y el 21 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, con un nuevo modelo que incluye un examen único con preguntas de tipo test. “Como novedad, las y los aspirantes podrán conservar la nota obtenida en esta prueba para la convocatoria inmediatamente posterior, y además habrá una única prueba tipo test, que aglutinará tanto la parte teórica como la práctica en el caso de aquellas categorías que la tengan”, se explica.

Estos son los detalles que se conocen de algunas de las categorías:

Enfermería

En el turno libre, son 1.056 plazas de acceso general y 81 para personas con discapacidad. Además, de promoción interna, hay 10 de acceso general y 2 para personas con discapacidad.

La prueba se celebrará el 21 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo.

Fisioterapia

En el turno libre, son 56 plazas de acceso general y 4 para personas con discapacidad.

La prueba se celebrará el 19 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo.

Plazos

Las solicitudes se pueden presentar entre este lunes, 23 de marzo, y el 22 de abril.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha publicado el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, una convocatoria que incluye 686 plazas distribuidas en ocho especialidades docentes.

El plazo de solicitudes, según ha informado este viernes la Consejería en un comunicado, será de veinte días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las plazas corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2023 y 2024 y se reparten entre Educación Infantil (110), Educación Primaria (215), Pedagogía Terapéutica (120), Inglés (91), Educación Física (65), Música (37), Audición y Lenguaje (25) y Francés (23). Del total, un 10 % se reserva para personas con discapacidad.

Como novedad, el acto de presentación se celebrará en todas las islas, con el objetivo de evitar desplazamientos de los aspirantes, y tendrá carácter obligatorio, incluyendo la entrega de la programación didáctica y las instrucciones para el desarrollo de las pruebas.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, ha señalado que se han introducido mejoras organizativas para facilitar la participación, entre ellas una nueva estructura de la prueba escrita, que se realizará en una sola jornada dividida en dos partes.

De este modo, por la mañana se desarrollará el tema y por la tarde el supuesto práctico, que será leído posteriormente ante el tribunal en llamamiento individual.

Además, los aspirantes podrán concurrir a una especialidad y solicitar su incorporación a listas de empleo en otra distinta.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO) de La Rioja ha alzado la voz ante lo que califican como un “colapso administrativo” en el Servicio Riojano de Salud (SERIS). Según denuncia la central sindical, procesos selectivos fundamentales para categorías como celadores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), auxiliares administrativos y enfermeros permanecen bloqueados desde hace más de medio año, afectando a la planificación vital de cientos de familias riojanas.

Desde el sindicato subrayan que esta parálisis no es responsabilidad del personal administrativo de base, sino que responde a una “incapacidad” manifiesta de la Dirección de Recursos Humanos para agilizar los trámites. CCOO exige que se haga uso de la normativa vigente para reforzar las plantillas de gestión y servicios mediante la contratación estatutaria temporal, argumentando que la resolución de estas oposiciones constituye una “razón de necesidad incuestionable” para el correcto funcionamiento del sistema público de salud.

La denuncia también pone el foco en el deterioro de la interlocución institucional. La formación sindical lamenta el “silencio administrativo” sistemático del SERIS ante las instancias registradas legalmente. Describen esta actitud como un “muro” de indiferencia que falta al respeto a los representantes de los trabajadores y dinamita la posibilidad de una cooperación positiva entre la Administración y los agentes sociales.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia se refiere al reciente anuncio del Gobierno de La Rioja sobre una Oferta Pública de Empleo (OPE) de 1.182 plazas. Para CCOO, este anuncio es un ejercicio de “maquillaje publicitario”, ya que no supone la creación de nuevos puestos de trabajo. Explican que se trata meramente de un proceso de estabilización para reducir la temporalidad, una medida impuesta por imperativo de la Unión Europea para combatir la precariedad laboral en el sector público.

Asimismo, el sindicato ha manifestado su rotundo rechazo a la creación masiva de plazas de auxiliar administrativo cuando, según aseguran, en la práctica estos profesionales terminarán realizando funciones de categoría superior (administrativo). CCOO exige que la Administración riojana justifique por qué se niega a crear plazas que se correspondan con la realidad de las funciones que se van a desempeñar, evitando así un “engaño” en la clasificación profesional.

Finalmente, la FSS-CCOO de La Rioja ha exigido una rectificación inmediata y la asunción de responsabilidades políticas. Consideran que la falta de celeridad y la opacidad administrativa suponen un menosprecio a los opositores y a los trabajadores actuales. El sindicato concluye instando al SERIS a tratar a sus profesionales con la “dignidad y el respeto” que merece un pilar esencial del bienestar social como es la sanidad pública.

El Gobierno de La Rioja y todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Servicios Generales (CSIF, STAR, UGT y CCOO) han aprobado por unanimidad hoy, día 17, la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, que alcanzará las 241 plazas, 116 de ellas de turno libre. Junto a la OPE de este año, y con el apoyo unánime del Comité de Empresa, la Mesa Sectorial también ha desbloqueado la jubilación parcial del personal laboral. 

El director general de Función Pública, Ángel Sáinz Yangüela, tras subrayar ante los representantes de los trabajadores que el Ejecutivo regional mantiene un diálogo permanente a lo largo de la presente legislatura, ha presentado la propuesta de OPE para el presente ejercicio, que ha concitado el máximo consenso. En total, comprende 241 plazas, de las que 213 corresponden a funcionarios y 28 a personal laboral. Del global, 116 corresponden a turno libre, 107 a promoción interna y 18 se reservan a personas con discapacidad.

Esta OPE destaca por haber incluido 50 plazas de Administrativo para la promoción interna desde el Cuerpo de Auxiliar Administrativo, facilitando de esta manera la promoción del personal funcionario de la Administración. Esta promoción conllevará la permanencia del trabajador en su puesto de origen, de manera que se trata de una reclasificación de plazas, convirtiendo 50 plazas de Auxiliar en Administrativo.

Las categorías con mayor número de plazas son: Cuerpo Administrativo de Administración General (63); Cuerpo Auxiliar de A.G. (25); Cuerpo de Gestión de A.G. (22); Cuerpo Subalterno de A.G. (14); Cuerpo de Auxiliar de Enfermería (13); Cuerpo de Operario, personal laboral (12); Cuerpo de Ayudante Técnico en Educación Infantil (9); Cuerpo de Grado Medio de Trabajador/a Social (9); Enfermero/a (9) y Cuerpo Técnico de A.G. (7).

Este acuerdo se someterá al visto bueno de la Mesa General de Negociación, junto a las Ofertas de Empleo Público del SERIS (1.182 plazas, aprobada hace una semana) y de Educación, y posteriormente se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Asimismo, otro punto que se ha acordado en la Mesa Sectorial, y que ha contado con el respaldo unánime del Comité de Empresa, es el que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral, dado que el año pasado el Gobierno de España aprobó una modificación legislativa de la jubilación parcial incompatible con los principios constitucionales que regulan el acceso al empleo público: igualdad, mérito y capacidad. 

En concreto, y con el objetivo de garantizar y devolver a los empleados públicos de carácter laboral (no funcionarios) el derecho que tenían a disfrutar de una jubilación parcial, se ha consensuado que todas las plazas ofertadas para el personal laboral queden vinculadas a la jubilación parcial, de manera que se realicen procesos selectivos rápidos que posibiliten que el sustituto del jubilado (el relevista) pueda ser contratado de manera inmediata tras superar el proceso. Este relevista entrará a formar parte de la Administración riojana en el momento en el que sustituya de manera efectiva al jubilado. 

El Área Pública de CCOO CLM ha denunciado “la arbitrariedad” de la Junta de Castilla-La Mancha en cada oferta de empleo público, ya que asegura que no está sacando todas las plazas vacantes, sino que se limita a sacar tantas plazas como personas han superado la fase de oposición.

Una situación que supone “en la práctica una restricción injustificada” de las posibilidades de elección de destino de las personas aspirantes que han superado el proceso, “suponiendo para ellas un perjuicio bastante grave y malestar”.

En rueda de prensa celebrada este lunes en Toledo, CCOO ha asegurado que, en la anterior oferta de empleo público la Junta sacó todas las plazas vacantes, mientras que en la oferta de 2023/24 solo se han sacado las plazas en cumplimiento de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Para el sindicato, esto supone una “vulneración del derecho a la movilidad” de los trabajadores y trabajadoras, que si aprueban y no sale vacante la plaza a la que quieren acceder, puede darse el caso que tengan que irse a otra provincia con lo que esto puede suponer para sus circunstancias personales.

“Restricción injustificada” de las posibilidades de elección de destino

Para el sindicato el cumplimiento de la citada ley no es incompatible con sacar todas las plazas vacantes. CCOO no está de acuerdo con que se oferte “solo el número justo de plazas” para reducir la interinidad. “Esta reducción no debe perjudicar al personal de nuevo ingreso obligándole a coger plazas que no desea cuando existen vacantes que sí les interesa. La intención de la Junta es ofertar únicamente un número de plazas equivalente al de personas que han superado la fase de oposición, dejando fuera el resto de plazas vacantes existentes en la región. Esta decisión supone en la práctica una restricción injustificada de las posibilidades de elección de destino de las personas aspirantes que han superado el proceso, suponiendo para ellas un perjuicio bastante grave y malestar”, afirman desde CCOO.

Por ello, el sindicato pide a la Junta que rectifique el criterio aplicado en la adjudicación de destinos y ponga a disposición de las personas que han superado los procesos selectivos la totalidad de las plazas vacantes existentes en la Administración, así como que esos criterios se negocien con la parte social.

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de Extremadura ha convocado este lunes los procesos selectivos para cubrir 304 plazas del cuerpo de maestros. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la resolución por la que se convoca los procedimientos selectivos para el ingreso, adquisición de nuevas especialidades, integración en listas de espera ordinarias y supletorias, y valoración de méritos de integrantes de listas ordinarias para el cuerpo de maestros.

Por especialidades, de las 304 plazas convocadas, 139 corresponden a educación infantil, 10 a inglés, 10 a educación física, 25 a música, 41 a pedagogía terapéutica, 39 a audición y lenguaje y 40 a educación primaria.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados desde el 19 de marzo, finalizando el 1 de abril.

El pasado jueves, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, aseguró que las oposiciones para maestros se mantenían para el próximo mes de junio, a pesar de que el Gobierno regional esté en funciones. Según explicó, la continuidad del proceso está amparada por el artículo 2 del título preliminar de la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura.

Aquí se establece que se debe continuar con todos aquellos asuntos que sean de interés general, como en su opinión es este proceso selectivo, que es, además, según precisó, una actividad ordinaria, en la que se estaba trabajando antes de las convocatoria de las elecciones autonómicas.

Recordó que esta oferta pública de empleo fue aprobada el 27 de diciembre del 2023, en el que se estableció un número de plazas que se tenían que ejecutar como máximo en tres años. 

Solicitud telemática

Según ha informado la Junta, la participación en cualquiera de los procesos convocados se realizará a través de una solicitud de participación que deberá rellenarse de forma telemática, con carácter obligatorio, y que se encontrará disponible en el portal https://profex.educarex.es, ya que la novedad de esta convocatoria es la digitalización total de las solicitudes. Por tanto, “no se admitirá ninguna solicitud que no se haya cumplimentado a través de esta aplicación”.

El proceso selectivo de ingreso y acceso se iniciará el próximo junio y consistirá en un concurso-oposición, al que seguirá una fase de prácticas. La fase de oposición constará de una primera prueba dividida en dos partes de carácter obligatorio, esto es, un ejercicio práctico y el desarrollo por escrito de un tema elegido por la persona aspirante de entre un número de temas extraídos al azar.

La segunda prueba de la fase oposición consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad (situación de aprendizaje/intervención).

Por su parte, el proceso selectivo de adquisición de nuevas especialidades constará de una prueba, que evaluará tanto los conocimientos sobre la materia como los recursos didácticos y pedagógicos de la persona candidata.

Una vez superada la fase de oposición se procederá a la valoración de méritos, conforme a los criterios establecidos en la resolución. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha, convoca a los aspirantes al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir las 31 plazas disponibles en fase de oposición. De estas, 29 plazas quedan reservadas para el sistema general de acceso libre, mientras que 2 plazas estarán destinadas a personas con discapacidad.

Tal y como se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el acto de presentación de la resolución de la convocatoria tendrá lugar el próximo 11 de abril a las 9:00 horas en el salón de actos del IES Universidad Laboral de Toledo -Avenida Europa, número 28-. La asistencia es obligatoria y personal para todos los aspirantes, quedando convocados tanto los del acceso libre como los del acceso de personas con discapacidad. La no comparecencia significará la exclusión del proceso selectivo, salvo causa de fuerza mayor apreciada libremente por el Tribunal.

Seguidamente, a las 10:30 horas tendrá lugar la parte primera de la prueba de la fase de oposición, que consistirá en el desarrollo por escrito de un tema referido a la parte A del temario, elegido por el o la aspirante de entre dos extraídos por sorteo por el Tribunal.