A las 14.49 horas, el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018 ha quedado visto para sentencia. Una terna de magistrados de la Audiencia Provincial de Álava, encabezados por Beatriz Eva Román Gobernado, se ha retirado ahora a deliberar y emitirá en breve una sentencia. Finalmente, solamente se ha revisado lo ocurrido en el examen de Cirugía Plástica y no se ha permitido hablar de la otra docena de especialidades donde, en su momento, se vieron igualmente indicios de irregularidades.

En la segunda y última sesión, los dos acusados, el doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, han tomado la palabra. Las acusaciones —la Fiscalía y los sindicatos ESK y LAB— sostienen que el primero, autor de la mitad de las preguntas del examen teórico, le dio las cuestiones a la segunda, que obtuvo la mejor nota. Eran suegro y nuera, y trabajaban juntos en el hospital Donostia. La prueba fundamental que se esgrime contra ellos es que ella acertó casi todas las que redactó su familiar, mientras que tuvo un resultado mucho peor en el resto.

Un elemento muy llamativo es que Salas fue 'interceptada' al poco de terminar el examen teórico —en el descanso hasta el práctico— por dos altos cargos del Gobierno vasco que, al ver la nota alta, le invitaron a que no continuara. Ella siguió, pero a los pocos días esos mismos altos cargos se reunieron con Martínez Flórez para recalcar que dejarían el asunto en nada si ella se retiraba. Y, finalmente, accedió y presentó por escrito su renuncia, mostrando que ambos operaban de modo coordinado. En paralelo, en aquellos días de la primavera de 2018 florecían denuncias de filtraciones en los otros exámenes que ahora se han dado por buenos. Se inició una investigación penal, primero en la Fiscalía y luego ya en el Tribunal de Instancia de Vitoria. Pero Osakidetza nunca informó del problema en Cirugía Plástica. Si se incorporó al sumario es por la denuncia de otra opositora, Penélope Calzacorta, y mucho más adelante.

¿Quiénes eran esos altos cargos? Uno, el director de Recursos Humanos de Osakidetza en aquella época, Juan Carlos Soto. Y, dos, el secretario general del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Fulgencio Aledo. El IVAP es otro organismo autonómico que entró a colaborar precisamente porque los sindicatos exigieron más garantías contra las filtraciones estructurales que habían denunciado en ocasiones anteriores. Osakidetza externalizó la confección de las pruebas teóricas, pero al no tener el IVAP expertos en especialidades médicas de elite acabó pidiéndole al Servicio Vasco de Salud un listado de profesionales. Así terminó el doctor Martínez Flórez haciendo las preguntas aunque, formalmente, se había abstenido como miembro del tribunal de la OPE por tener una familiar entre los examinandos.

“Joder, esto me extraña mucho”

El primero en declarar ha sido Martínez Flórez. Su señoría le ha recordado que podía no contestar y hasta mentir. Él se ha avenido a responder a todas las preguntas. Ha explicado que siendo Salas la novia de su hijo pidió retirarse del tribunal, pero que le llamaron más tarde de Osakidetza para pedirle el “favor” de hacer en un corto espacio de tiempo las preguntas. “Acostumbrados a decirles siempre que sí, no les dije que no”, ha razonado.

El abogado del sindicato LAB, Iñigo Santxo, ha dudado de que ese fuera el orden real de los hechos, asegurando que hay documentos que acreditan que fue justo al revés:

—Confucio decía que más vale el papel más pequeño que la cabeza más grande...

—Me da igual. Ya le digo que primero renuncié al tribunal. Se lo puedo garantizar.

—El folio 97 del PDF...

—Absolutamente convencido de que fue al revés.

—El orden de los factores...

—...no altera ningún producto. Les doy mi palabra de honor. Joder, esto me extraña mucho.

El “joder” lo ha repetido el doctor varias veces. También ha querido despejar la idea de era un examen difícil pensado para premiar a su nuera y tumbar al resto. Ella es excelente, “la mejor residente” que ha tenido nunca y una cirujana “muy competente”. “Estudió la carrera sin libros porque no tenía dinero para comprarlos”, ha señalado, asimismo. Iba en “transporte público” a Leioa desde Vitoria. Y ha ironizado: “Y, sí, además era la novia de mi hijo, pero de eso no tengo yo la culpa”. Aprobó por su talento, no por ninguna filtración, ha repetido. ¿Y los suspensos generalizados del resto? Por no haber estudiado. “Mire, los del tribunal no aprobarían una oposición ni hartos de grifa. Se lo garantizo”, ha rematado sobre sus colegas, médicos en ejercicio en la Sanidad pública.

“Hicieron la manera de deshacerse de mí”

Después ha tomado la palabra Salas. Ella tampoco ha renunciado a contestar a ninguna pregunta, aunque ha habido un momento en que se ha echado a llorar por el daño que, según ha manifestado, este asunto ha causado en su carrera. La juez le ha ofrecido un receso, pero ha ella ha optado por proseguir. “No estoy por novia, estoy por cirujana”, ha dejado claro sobre su posición en el mundo relativamente reducido de la Cirugía Plástica en Euskadi, donde casi todos se conocen.

Salas ha titubeado algo con datos básicos que le han pedido, como su edad en 2018. También se ha vendido como una profesional con gran currículum, incluido el “más alto” nivel de euskera. Pero LAB ha querido interrogarla en ese idioma y ha dicho que la “mintza” la tenía olvidada.

Ya en castellano, ha repetido con firmeza que no sabía que su suegro ponía las preguntas. Ambos han negado, asimismo, que hablar de la bibliografía fuese una forma sutil de dirigirla o beneficiarla. Salas es la única opositora imputada por lo sucedido en 2018 siendo, a la vez, la única de todas las personas que han sido investigadas por ser presuntas beneficiarias de filtraciones que renunció antes de lograr la plaza. En otros casos hasta han tenido promoción a altos cargos de Osakidetza. Y ella ha usado un discurso de mano negra muy similar al que han empleado denunciantes de irregularidades.

Ha sido muy gráfica. Ha contado que salió “contenta” del teórico y que la recogieron para llevarla a una salita donde le esperaban Soto y Aledo, “dos señores a los que no conocía”. Su suegro ha llegado a calificar el espacio de “cuarto oscuro”. Dice que le dijeron que había una “denuncia previa” de posible favoritismo y que su nota descollante alimentaba las sospechas. Ha añadido que la situación “les podía dar problemas” y le “invitaron” a “no continuar”. “Salí no temblando, lo siguiente. Agobiadísima. Acojonada. Yo tenía que terminar el examen. Me jugaba mucho”, ha contado. Ha repetido varias veces lo de “acojonada”.

El asunto no quedó ahí, porque luego Soto y Aledo se reunieron con su suegro por el mismo motivo. Ahí es cuando se cocinó su retirada. “Entendían que les hacía un favor y [nos dijeron] que lo iban a tener en cuenta”, ha señalado, en una grave acusación. Preguntada si ha querido decir que Osakidetza le garantizó estabilidad laboral a pesar de no tener la plaza a cambio de sepultar el episodio, ha dicho claramente que sí. “Pensé que renunciando se acababa todo. Es lo que me habían dicho. Ellos son los que mandan. Es el director de Recursos Humanos y yo quería trabajar en Osakidetza”, ha añadido.

Pero Osakidetza, al parecer, no cumplió su parte. “Si quieren hacerte la vida imposible, te la hacen. Esto me ha jodido mucho. A toro pasado no hubiese renunciado, pero me dio miedo. Me dio pánico. La que se estaba liando con el santo examen. Joder, la directora de Osakidetza y todo...”, ha señalado sobre María Jesús Múgica, que también estaba al tanto del episodio de las notas anómalas. Y ha seguido: “He intentado olvidarme de todo este tema estos años. Lo tengo aplastado en el cerebro. Me han hecho la vida imposible en Osakideza. Ahora no trabajo en Osakidetza. Recursos Humanos, Contratación, Dirección, todos. No querían que siguiese en el hospital [Donostia]. Hicieron la manera de deshacerse de mí. Osakidetza tiene sus métodos para que se quede quien quieran y salga quien no quieran”. Su abogado, Eduardo Peche, ha lamentado que Múgica, por ejemplo, no haya comparecido en el juicio. Ella y Soto, al igual que el consejero Jon Darpón, del PNV, dimitieron en su día por este caso.

No es sólo un examen, dice la Fiscalía

Después, tras un descanso, ha llegado la parte de las conclusiones. La Fiscalía pide dos años de cárcel para el doctor y uno para la opositora, además de otras penas accesorias. La fiscal Cristina Vicente Briansó ha dicho que es cierto que no hay una “grabación” o pistola humeante con el momento de la filtración, pero la da por hecha. Los indicios son muy consistentes, ha manifestado.

Y ha avisado de la trampa de Osakidetza en la OPE de 2018 al externalizar al IVAP la confección de exámenes ante los rumores de filtraciones permanentes en estas convocatorias cuando en realidad seguían siendo sus jefes de servicio los autores de las preguntas. El “cortafuegos” no era tal, ha asegurado la fiscal. Ha agregado que este caso no trata únicamente de “un examen” aislado de una pequeña especialidad médica sino de la “confianza” que la ciudadanía puede tener en un sistema de empleo público limpio.

ESK pide dos años para ambos procesados. Es la acusación que menos protagonismo ha tenido en el juicio. Su letrado, Julio Sánchez, ha sido claro en la última intervención: “El delito está consumado por mucho que la opositora haya renunciado”. Y ha añadido: “Aquí no estamos analizando si Osakidetza actuó de una manera o de otra. Pero son llamativas esas conductas”.

LAB pide tres años de cárcel para cada uno de los imputados. Su abogado, en el alegato final, ha citado a Juan Alberto Belloch y Manuel Marchena, la corrupción del 'caso De Miguel' y hasta que coincidió en tertulias de televisión con el doctor Martínez Flórez. Pero también ha recordado todo el recorrido del caso poniendo en valor a tres anestesistas que denunciaron filtraciones en su examen y que eran de ESK, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, a la vocal de Cardiología Izaskun Obieta que vio lo propio en la suya y que contó que la exconsejera Nekane Murga una vez le dijo “qué bien has hecho el examen y eso que no lo tenías” y hasta las sospechas esgrimidas por el Sindicato Médico, al que ahora mismo LAB está enfrentado laboralmente.

En la otra parte, el letrado Rubén Múgica, defensor del facultativo, ha pedido escapar de “runrunes” y “chismes” y ha buscado sembrar la duda razonable en el convencimiento de que puede suponer la absolución de sus clientes. ¿Alguien ha podido acreditar qué preguntas del examen puso realmente Martínez Flórez para concluir que en esas su nuera fue la mejor? Él cree que no y así lo ha repetido machaconamente en un vehemente alegato final.

Peche, el último en tomar la palabra, ha empezado diciendo que el asunto se planteó en 2018 como una “investigación prospectiva” y terminado lamentando que no hayan declarado gentes como Múgica. Y ha seguido glosando el excelso currículum de su patrocinada para, después, decir que su nota real en el examen bajo sospecha no fue para tanto, 72 de 100. “Un siete es un aprobado bajo”, es lo último que han escuchado sus señorías antes de retirarse a deliberar y redactar la sentencia.

En la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava, este martes, había un elefante. Sí, junto con los dos acusados, sus abogados defensores y procuradores, la fiscal, los letrados de las acusaciones, la terna de magistrados, la funcionaria de apoyo, los familiares y los periodistas, había un elefante en la habitación.

Ha arrancado ocho años y cinco meses después el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de la primavera de 2018. Sin embargo, solamente se revisa ya lo sucedido en la especialidad de Cirugía Plástica, en el que se busca determinar si la opositora Thais Salas recibió ayuda de su suegro y autor de la mitad de las preguntas de la parte teórica Alfredo Martínez Flórez, lo que le catapultó a tener la mejor nota.

La presidenta de la sala, Beatriz Eva Román Gobernado, se ha esforzado en que nadie cruzara la línea de preguntar por algo que no fuera eso, de modo que se ha hurtado a los presentes la constatación de que, al mismo tiempo que sucedió lo que sucedió en ese examen, hubo denuncias en Cardiología, en Anestesia, en Microbiología, en Angiología, en Traumatología y otras muchas categorías de aquella OPE, como publicó en su momento este periódico. Y todas, sin excepción, tenían el mismo patrón: las mejores notas eran las de personas próximas a los autores de las preguntas.

Así, ha sido imposible que compareza en el juicio, siquiera como testigo, quien fuera directora general de Osakidetza en aquel momento, María Jesús Múgica. Y eso que incluso mientras se celebraba el examen bajo sospecha, el de Cirugía Plástica, se mostró “alterada”, según se ha contado en la vista, porque vio que la opositora Salas tenía una nota descollante. Por eso, ordenó a sus colaboradores que se reunieran con ella, entre la prueba teórica y práctica, para sugerirle que lo mejor era que se retirara.

El juicio ha empezado con unos pocos minutos de retraso respecto de la hora convenida, las 10.00 horas. Al frente del tribunal, la magistrada Román Gobernado, cabeza de una terna suplente porque la anterior se abstuvo. Acusan la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, que venía con una batería de preguntas muy estudiadas y documentos que ha querido mostrar a los comparecientes, y los sindicatos LAB y ESK. Eso sí, ha tenido que disculparse en un par de ocasiones por confundir a la acusada con la periodista “Thais Villas”.

El abogado de LAB, Iñigo Santxo, ha sido el que más ha puesto a prueba la paciencia de la juez al intentar mencionar el elefante. “¡Impertinente!”, le ha llegado a espetar su señoría, refiriéndose a una pregunta, no a la persona. Ironías de la tecnología, quien ha querido denunciar el enchufismo en Osakidetza sin nada de éxito ha terminado por implorar un enchufe porque su ordenador se quedaba sin batería y le quedaban aún decenas de preguntas para los testigos. Por el contrario, Julio Sánchez, el letrado de ESK, ha optado por hacer muy pocas preguntas o directamente ninguna en la mayoría de interrogatorios. Entre los que no ha considerado relevantes para intervenir estaba el del exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto.

Los acusados, Salas y Martínez Flórez, se han sentado juntos en un banquillo que ahora ya son sillas más cómodas. Ella bebía agua de un pequeño botellín de plástico y jugaba con un bolígrafo; él ha permanecido casi en la misma postura durante las prácticamente cinco horas que ha durado la sesión matinal de la primera de las vistas de un juicio que, en pura teoría, quedará ya visto para sentencia este miércoles. A veces, comentaban alguna cosa entre ellos. Un allegado, justo detrás, entre el público, tomaba notas a mano en un cuaderno.

Ellos comparecerán los últimos. Primero han depuesto una docena de testigos. Una de ellas lo ha hecho “desde el extranjero” por videoconferencia muy de andar por casa, con un móvil en posición vertical y claros problemas para entender cuando uno de los dos defensores de los procesados, el conocido penalista donostiarra Rubén Múgica, le preguntaba por las notas de un examen del MIR de Salas.

La sesión ha arrancado con la exdirectora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Iruretagoyena, otro organismo público no vinculado con Osakidetza pero que tuvo un papel muy relevante en las oposiciones. La propia aludida lo ha explicado. Múgica, la directora general de Jon Darpón en aquel momento, la llamó “nerviosa” porque, en una reunión con sindicatos, le pidieron garantías de una convocatoria limpia —lo de la sospecha de filtraciones viene de largo, según recalcan voces internas de la Sanidad vasca— y ella planteó externalizar lo que su pudiera al IVAP, que se encarga de organizar procesos y tiene una imprenta con seguridad “24 horas” y hasta un “búnker” para custodiar cuestionarios.

Según Iruretagoyena, consultó con su jefe, el entonces consejero Josu Erkoreka, y decidieron meterse de lleno en ello. La cuestión es que el IVAP no tenía especialistas para hacer preguntas de exámenes médicos muy técnicos que evalúan no a estudiantes sin a facultativos especialistas en ejercicio. De modo que la pelota volvió a Osakidetza, que le dio al IVAP un listado de nombres para que hicieran los cuestionarios. Una de las testigos, la de la videollamada, ha admitido que cuando se planteó la solución del IVAP todos pensaban que era para contratar expertos “del resto de España, de Madrid o Barcelona”. Pero no.

Y ahí, en esos nombres que sugirió Osakidetza, apareció Martínez Flórez para hacer las de Cirugía Plástica. El doctor se abstuvo de participar en el tribunal evaluador por el “parentesco” que le unía con la examinanda Salas, la pareja de su hijo, pero no de hacer las preguntas. Él hizo la mitad de la prueba teórica, y un “doctor Beltrán”, aunque no el famoso médico de la televisión, la otra parte. Salas sacó 48 de 50 en las de su suegro y 24 de 50 en el resto.

Esto se conoció muy rápido. Un sistema de “lectura óptica” al poco de terminado el examen teórico —que se celebró en el aulario de Las Nieves de Vitoria en mayo de 2018— ya mostró que una opositora destacaba por encima del resto, la misma por la que un vocal del tribunal había renunciado. Sin que haya quedado claro cómo, la mismísima directora general Osakidetza se volvió a sentir “bastante alterada” al conocer la nota y el “revuelo” que ya se había montado entre el resto de aspirantes. Y llamó al 'número dos' del IVAP, Fulgencio Aledo, para cerciorarse de quién era el autor de las preguntas.

Iruretagoyena y Aledo, bajo promesa o juramento de contar la verdad, han relatado que mandaron identificar en la sala de examen a Salas y llevarla a una estancia separada del aulario. Se encargó de ello la letrada que hacía las veces de secretaria del tribunal, que ha confirmado los hechos. Allí, Salas se reunió con Aledo y con Soto, el jefe de Recursos Humanos. Y comentaron su nota. Al parecer, hubo un intento de que no hiciera ya la prueba práctica, pero no lo lograron.

La secretaria ha dicho que la escena pudo ser “violenta” para la joven, con dos altos cargos de un Gobierno comentando su proceder. En ningún momento se recogió en acta lo sucedido, aunque la testigo del encuentro ha señalado que, en 34 años de carrera en Osakidetza, no ha visto nada semejante.

Como no se podía hablar de ello, Soto y Aledo no han explicado que también estaban haciendo movimientos ante sospechas en otras especialidades en esas mismas fechas. Desde abril de ese año, por ejemplo, el vocal del tribunal de Cardiología, Ángel Loma-Osorio, había avisado de lo siguiente: “Lamento decir que tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva”. Aquí se ofertaban 22 plazas y hubo 22 exámenes perfectos, de 100 puntos. Finalmente, todo estalló en junio y, de hecho, Soto fue uno de los dimitidos por esta crisis, como Múgica y como el propio consejero Darpón.

En el primer día laborable después del examen, que fue en fin de semana, Aledo pidió al jefe de Informática del IVAP una comprobación sobre Sala. Quiso saber el desglose de la nota en función del autor de las preguntas. Y ahí se vio la gran diferencia: 96% en las primeras 50. Y se organizó una nueva reunión. Esta vez fue citado por Soto y Aledo el doctor Martínez Flórez. Los excargos han asumido que era una “irregularidad” el asunto de la relación familiar y le señalaron que si la opositora desistía y renunciaba a seguir en la oposición todo quedaría arreglado. Le dieron al facultativo el correo electrónico no de Osakidetza sino del IVAP para que resolviera el asunto y evitara un expediente.

Así, a través de una cuenta de Hotmail y no de un mensaje corporativo, la opositora explicitó su renuncia. Aledo la reenvió a Osakidetza y Salas fue borrada de los listados. Después, cuando se encargó un análisis externo de las notas a la Universidad de Oviedo, no se contó la mejor y los parámetros dieron dentro de la normalidad. La “irregularidad” en Cirugía Plástica no formó parte de la información que entregó Osakidetza a la Fiscalía cuando se inició la investigación y solamente se incorporó al sumario por la denuncia de otra opositora, Penélope Calzacorta, que ha comparecido también como testigo en la vista.

A las acusaciones —al menos a la Fiscalía y a LAB— les ha llamado la atención la forma de resolver el problema arbitrada por el IVAP y Osakidetza. “Estamos a tiempo de solucionarlo. Si abandona el proceso selectivo, aquí se acaba todo”, ha admitido Aledo que le dijo a Martínez Flórez. No ha negado el ex 'número dos' del IVAP que tenían muchos problemas encima y que les convenía dejar resuelta una carpeta. Como era entrar a hablar del elefante, nada más se ha comentado a este respecto.

Soto, de su lado, ha contado que le preguntaron a Martínez Flórez directamente si había filtrado las preguntas y ha destacado cómo el doctor “empeñó su palabra de honor” a que no lo había hecho. Todo lo más, admitió que había expuesto a su nuera qué bibliografía iba a usar para hacer las preguntas y que era importante repasarla “incluso los pies de página”. En suma, han negado cualquier indicio de filtración, pero sí han admitido sin pretenderlo que el autor desveló su identidad al menos para sugerir los libros en los que poner más interés a la hora del estudio El IVAP, que pagó 1.250 euros por el examen al ahora acusado, les obliga a firmar varias cláusulas, incluida la confidencialidad.

La defensa de los acusados, en todo caso, ha querido presentar a Salas como una estudiante excelente, con las mejores notas del MIR en Euskadi y también con experiencia en el hospital Miguel Servet de Zaragoza antes de trabajar en el Donostia, donde su suegro era el jefe del servicio y otra familiar compañera. Cuando en esta investigación se analizaban otros exámenes, eso era lo que siempre se remarcaba, que se trataba de opositores brillantes.

Múgica, la jefa de Soto, no participará en el juicio. Sí estuvo citada como testigo en la fase de instrucción y dejó uno de los momentos más curiosos de este procedimiento, lleno de avatares. Contó con el apoyo de agentes de la Ertzaintza para poder huir de la prensa y no ser fotografiada en los juzgados. Aquí se puede leer lo que sucedió en aquellos días de 2019.

A falta de posibles modificaciones de última hora a la luz de lo acontecido en el juicio, la Fiscalía solicita dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez y un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para Salas. LAB demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados y ESK dos para cada uno. Las defensas, que hasta ahora han renunciado a acuerdos para modular la pena a cambio de una admisión de los hechos, siempre han defendido que no hay base alguna para una condena. Este miércoles, segunda y última vista.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes las bases para cubrir, como personal funcionario de carrera, tres plazas de técnico de gestión mediante oposición libre en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Las plazas pertenecen a la escala de Administración General, subescala de Gestión, subgrupo A2, y corresponden a las ofertas de empleo público de 2023 (una plaza) y de 2025 (dos plazas).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En nota de prensa, el alcalde, Javier López Estrada, ha valorado este paso para reforzar la plantilla municipal y mejorar la capacidad de gestión del Consistorio, “avanzando en la cobertura de puestos necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos”.

Requisitos y sistema de selección

Los aspirantes deberán disponer de la titulación exigida en las bases: Grado universitario, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Formación Profesional de tercer grado o titulación equivalente, además de cumplir el resto de los requisitos establecidos.

El proceso selectivo constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios: un cuestionario tipo test de un máximo de 50 preguntas; el desarrollo por escrito de tres temas extraídos al azar; y la resolución de uno o varios supuestos prácticos.

Cada ejercicio se calificará sobre diez puntos y será necesario obtener al menos cinco para superarlo.

Las solicitudes, que deberán acompañarse del documento de identidad vigente y del título académico requerido, podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la calle Juan José Ruano, 9, bajo, o por los demás medios previstos en las bases. Las mismas pueden consultarse en la página web www.torrelavega.es, así como el modelo de solicitud y la información del proceso, dentro del apartado de oferta de empleo público de la sede electrónica. También se publicarán en los anuncios y resoluciones en el tablón electrónico municipal y en los boletines oficiales cuando corresponda.

Además, la convocatoria contempla la posibilidad de ampliar el número de plazas si se incorporan nuevas plazas de técnico de gestión a las ofertas de empleo público municipales antes del inicio del primer ejercicio.

La Junta de Extremadura convocará próximamente un concurso-oposición masivo para los cuerpos de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño, y especialidades en sectores singulares de Formación Profesional. Las pruebas selectivas contarán con un total de 805 plazas y sus exámenes se celebrarán previsiblemente en junio de 2027.

Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Sandra Valencia, al término de la reunión de la Mesa Sectorial celebrada este lunes en Mérida. Valencia ha subrayado el carácter extraordinario de la convocatoria al calificarla como una “oferta histórica”, destacando que la comunidad autónoma no alcanzaba un volumen de plazas tan elevado en este ámbito desde hace dos décadas.

Desglose por especialidades: dónde se concentran las plazas

El grueso de la convocatoria se concentra en el cuerpo de Profesores de Secundaria, con especialidades de alta demanda y un volumen de vacantes especialmente elevado en materias troncales y técnicas. Destacan Matemáticas (58 plazas), Inglés (54), Lengua Castellana y Literatura (40), Geografía e Historia (41) o Educación Física (37).

La consejera ha hecho un hincapié especial en la especialidad de Orientación Educativa, que ofertará 60 plazas con el objetivo prioritario de consolidar una atención a la diversidad cada vez más personalizada e individualizada en las aulas extremeñas. La oferta se completa en Secundaria con áreas como Biología y Geología (26), Filosofía (26), Dibujo (24), Física y Química (23), Administración de Empresas (20), Tecnología (31) o Formación y Orientación Laboral (51).

Por su parte, las Escuelas Oficiales de Idiomas ofertarán 30 plazas para la especialidad de Inglés, mientras que en las especialidades de sectores singulares de Formación Profesional destacan Mantenimiento de Vehículos (19), Cocina y Pastelería (13) o Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (8). Las enseñanzas artísticas y de diseño incluirán también vacantes en disciplinas como Piano, Clarinete, Danza Clásica o Diseño Gráfico.

Encuadrado en el Plan Horizonte+ y calendario de examen

Esta amplia oferta de empleo público responde, según ha argumentado la Consejería, a las líneas maestras del Plan Horizonte+, orientadas a la estabilización de las plantillas docentes, la mejora de la atención a la diversidad y el cumplimiento de reivindicaciones del sector como el abono de tutorías, el reconocimiento del sexto sexenio y la eliminación de permanencias en exclusivas.

En cuanto al calendario oficial, la consejera ha señalado que la fecha concreta de las pruebas se fijará en las próximas reuniones de la Mesa Sectorial buscando el mayor beneficio para los opositores de la región, si bien ha recordado que el horizonte habitual sitúa el arranque de los exámenes en la tercera semana de junio.

Aclaración sobre el colegio de Aljucén

Durante la comparecencia, la consejera ha desmentido rotundamente que el Colegio de Educación Infantil y Primaria 'Pedro Prieto Gonzálvez' de Aljucén haya cerrado sus puertas de forma definitiva, saliendo al paso de las críticas vertidas por el PSOE.

Valencia ha aclarado que el centro ha paralizado su actividad de manera estrictamente temporal debido a que los tres únicos alumnos matriculados este curso —pertenecientes a la misma unidad familiar— se han trasladado de municipio. Asimismo, la titular de Educación ha garantizado que la escuela reabrirá sus aulas en cuanto vuelva a registrarse demanda de escolarización en la localidad.

Decenas de aspirantes han recusado a la psicóloga que dirige el equipo asesor de la prueba psicotécnica que eliminó a casi el 70% de los opositores evaluados en la convocatoria unificada para el ingreso en la escala básica de la Policía Local en Canarias. 

Según las fuentes consultadas, hasta la mañana de este jueves un total de 78 candidatos excluidos han pedido apartar de forma cautelar a la directora técnica de asesoramiento psicotécnico al entender que podría incurrir en una de las causas de abstención previstas en las bases del proceso selectivo. Esa cifra representa aproximadamente el 10% de los 783 aspirantes declarados “no apto” en esa prueba, a la que se presentaron 1.135 personas. 

Los excluidos han presentado una serie de pruebas que, a su juicio, constituyen indicios que debe investigar la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria). 

Qué alegan los recusantes

Las bases contemplan la posibilidad de recusar no solo a los miembros del tribunal, sino también a las personas asesoras especialistas. En el caso de la prueba psicotécnica, se trata de tres profesionales que actúan colegiadamente y elevan al tribunal sus propuestas. 

Entre las causas de abstención previstas para el tribunal figura haber realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria o mantener una amistad íntima con algún interesado en el proceso selectivo. Los recusantes consideran que esta causa es aplicable también a los asesores. 

Los afectados han aportado capturas de la página web profesional de la psicóloga y de otros perfiles públicos para tratar de acreditar que ofrecía servicios a opositores de distintos cuerpos en los cinco años anteriores a la convocatoria de las oposiciones, que fue publicada el 30 de octubre de 2025. 

En concreto, esos escritos de recusación aportan una certificación de eGarante de la web de la psicóloga correspondiente a una captura del 1 de enero de 2022, dentro por tanto de ese plazo de cinco años. En esta página se hacía constar que la profesional contaba “con más de diez años de experiencia en el trabajo del opositor (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…)” y se incluía el testimonio de un cliente sobre la preparación y corrección de errores en tests y entrevistas. 

Según los afectados, tanto esas menciones como el comentario del cliente ya no figuran en la página actual, donde la profesional se presenta como “experta en procesos de selección de personal en oposiciones”. 

Por otra parte, en su perfil público en la plataforma Doctoralia ofrece servicios de pago como “entrevista psicológica” (entre 60 y 70 euros); “informe psicológico” (60 euros) o “gestión de la ansiedad ante los exámenes” (desde 60 euros). Los recusantes destacan la semejanza de denominación entre algunos de estos servicios privados y las labores de la psicóloga en el proceso selectivo y solicitan que aclare si ha atendido a aspirantes de esta convocatoria. 

Las recusaciones también incorporan la captura del perfil profesional de la psicóloga en LinkedIn, donde aparece como “experta en selección de FF.CC.SS.” (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) desde 2009 hasta la actualidad y describe su labor en la selección de policías en diversas escalas y mandos. “Test psicotécnicos, test de personalidad, entrevistas personales y competenciales”, se puede leer en la descripción en esta red. 

Los opositores excluidos aportan además capturas de un seguimiento recíproco en redes sociales entre el perfil profesional de la psicóloga y una cuenta que vinculan, por indicios, con una aspirante declarada apta en el test psicotécnico y convocada a la entrevista con ella. Los escritos aclaran que no se atribuye ninguna irregularidad ni mala conducta a esta candidata y que se menciona con el único objetivo de que la directora técnica aclare formalmente “si mantiene o ha mantenido una relación personal, familiar, laboral o profesional” con ella. 

Los recusantes reclaman una copia de la declaración responsable de la asesora, en la que debió manifestar que no incurría en ninguna causa de abstención. 

Los afectados solicitan que se aparte de forma cautelar a la directora técnica de toda actuación relativa al psicotécnico mientras se tramita y resuelve el incidente y que no intervenga en los informes individualizados, ni en la calificación provisional ni en la resolución de alegaciones y reclamaciones. También piden que se conserve el expediente de la prueba y las grabaciones audiovisuales de las entrevistas.

Este periódico trasladó por escrito sus preguntas a la psicóloga recusada y a la presidenta del tribunal la mañana de este miércoles. Ninguna ha respondido hasta la fecha. 

El origen del malestar

El malestar que ha desembocado en esta oleada de recusaciones se gestó a finales de septiembre, después de que se publicaran las calificaciones del examen psicotécnico celebrado el 19 de agosto en cinco sedes (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma). De los 1.135 aspirantes presentados, el tribunal calificó “no aptos” a 783 y “aptos” a 352, lo que deja una ratio de apenas dos candidatos por plaza ofertada cuando aún restan pruebas de alta exigencia, como la teórica, los supuestos prácticos o los idiomas. 

El examen constaba de dos bloques. El primer test medía las habilidades cognitivas. El segundo cuestionario evaluaba variables de personalidad y rasgos clínicos. 

La mecha que encendió a los excluidos fue la opacidad de los resultados. El tribunal difundió al principio un listado anonimizado en el que solo figuraba la calificación de “apto” o “no apto”, sin puntuaciones ni explicaciones individualizadas. Una resolución dictada por el tribunal el 30 de septiembre precisó que los motivos de exclusión constaban en el expediente y que los aspirantes podían solicitar un informe individualizado. 

Estos hechos empujaron a más de 200 opositores a unirse para exigir explicaciones, revisar los expedientes y fiscalizar los antecedentes del equipo encargado de la prueba, lo que ha derivado en la recusación. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá a los sindicatos convocar el próximo año un total de 949 plazas de docentes para Educación Secundaria. Lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, en el marco del 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación que organiza, durante toda esta jornada, la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) en el Palacio de Congresos 'El Greco'.

“Yo creo en lo público, pero no como contraposición de lo privado”, ha remarcado Page, quien ha indicado que también se ha propuesto a los sindicatos sanitarias otras 1.820 plazas.

De otro lado, ha resaltado “la agilidad que aporta el sector privado” en la necesaria “adaptación permanente” que exigen los procesos de formación, al tiempo que ha insistido en que resulta “enormemente importante que quien pueda formar, pueda ir adaptándose a los cambios permanentes”.

Una adaptación “permanente”

“España es un país que, desde el comienzo de su historia, ha estado permanentemente adaptándose, una cualidad que nos da ventaja posicional de cara al mundo”, ha argumentado, por lo que ha indicado que “el mundo que viene va a echar mano de una capacidad genuina que tenemos de siempre, que es la capacidad de repentizar, por no decir improvisar”.

En este 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación, el presidente castellanomanchego ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de Cecap, Félix Marín; y la presidenta de esta entidad a nivel autonómico, María Eva Martínez, entre otros.

La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy por unanimidad la Oferta Pública de Empleo del SESCAM correspondiente al año 2026, que incluye un total de 1.818 plazas, de las que 1.596 son de acceso libre y 222 de promoción interna.

Así lo ha adelantado hoy, la consejera Portavoz en la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno. Esther Padilla ha informado que esta nueva oferta se desarrollará conjuntamente con la correspondiente al año 2025, que contemplaba 1.591 plazas, de manera que ambas permitirán convocar procesos selectivos para un total de 3.409 plazas. Está previsto que la convocatoria de los exámenes correspondientes a estos procesos se publique durante el segundo trimestre de 2027.

La portavoz del Ejecutivo ha adelantado que la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2026 incorpora, además, por primera vez plazas de tres categorías profesionales de reciente creación en el SESCAM: dietista-nutricionista, técnico medio sanitario de Farmacia y técnico superior especialista en Documentación Sanitaria.

Oferta Pública de Empleo 2026

De las 1.818 plazas incluidas en esta nueva oferta, 400 son de personal facultativo, de las que 237 corresponden a facultativos especialistas de área, 100 a médicos de familia, 14 a pediatras de Atención Primaria y 29 a médicos de Urgencias Hospitalarias.

En las 20 restantes están incluidas seis de inspector médico de Servicios Sanitarios y Prestaciones, cinco de médico de Emergencias, cuatro de médico de Admisión, Archivos y Documentación Clínica, cuatro de odontoestomatólogo y una de técnico de Salud Pública.

Por otra parte, la oferta incluye un total de 496 plazas para personal sanitario diplomado/de grado, de las que 395 corresponden a Enfermería; 23 a enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria; 27 a enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica; 12 a enfermera especialista en Enfermería de Salud Mental; cuatro a enfermera especialista en Enfermería Pediátrica; dos a enfermera especialista en Enfermería del Trabajo; y cuatro a enfermera inspectora de Servicios Sanitarios y Prestaciones.

En este apartado destaca la convocatoria por primera vez de plazas de dietista-nutricionista, con la inclusión en esta Oferta Pública de Empleo de 14 plazas. La oferta se completa en este grupo con ocho plazas de terapeuta ocupacional y siete de fisioterapeuta.

Asimismo, contempla un total de 434 plazas de personal sanitario técnico, de las que 335 son de técnico en cuidados auxiliares de Enfermería, 38 de técnico superior sanitario de laboratorio y 23 de técnico superior sanitario en radiodiagnóstico.

En este grupo destaca igualmente la convocatoria por primera vez de plazas de técnico medio sanitario de Farmacia y de técnico superior especialista en Documentación Sanitaria, con 12 y 10 plazas, respectivamente. La oferta incluye además siete plazas de técnico superior sanitario de Radioterapia, cinco de técnico superior sanitario de Medicina Nuclear y cuatro de higienista dental.

Finalmente, dentro del grupo de personal de gestión y servicios se incluyen un total de 488 plazas, de las que 200 corresponden a celadores, 170 al grupo auxiliar de la función administrativa, 39 a pinches y 16 al grupo administrativo de la función administrativa, como categorías con mayor número de plazas incluidas en la oferta.

Nuevas categorías de Ingeniero Biomédico y Genetista de Laboratorio

Además, Padilla ha informado de la creación de dos nuevas categorías de personal estatutario del SESCAM, Ingeniero/a Biomédico/a y Genetista de Laboratorio, con el objetivo de adaptar los perfiles profesionales a la evolución tecnológica y científica que se está produciendo en el ámbito sanitario.

La categoría de Ingeniero/a Biomédico/a, que ha sido aprobada por unanimidad, permitirá incorporar al SESCAM profesionales con formación específica para la gestión de una tecnología sanitaria cada vez más compleja y para abordar la creciente integración de los dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la inteligencia artificial y la telemedicina.

Entre las funciones atribuidas a esta nueva categoría se encuentran la planificación tecnológica y de renovación del equipamiento biomédico, la gestión de su ciclo de vida, la tecnovigilancia, la integración de dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la evaluación de tecnologías sanitarias, la gestión de riesgos tecnológicos y la ciberseguridad de los dispositivos médicos conectados, así como la participación en proyectos de investigación e innovación.

Por su parte, la creación de la categoría de Genetista de Laboratorio permitirá facilitar la incorporación ordenada al SESCAM de profesionales con competencias específicas en genética, en un contexto marcado por el creciente peso de la genómica en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades y por el desarrollo de la medicina de precisión.

Estos profesionales podrán desarrollar su actividad en laboratorios de diagnóstico genético, unidades de asesoramiento genético, servicios de medicina reproductiva y unidades de oncología molecular, entre otras estructuras asistenciales. Sus funciones incluyen el diseño, análisis, validación e interpretación de pruebas genéticas de alta complejidad, la aplicación de tecnologías avanzadas de análisis genético y genómico y la colaboración con los equipos clínicos en el diagnóstico, pronóstico, seguimiento y orientación terapéutica de enfermedades de base genética.

Ambas categorías se encuadrarán en el grupo A, subgrupo A1, y las respectivas órdenes regulan asimismo la situación y los procedimientos de reclasificación de aquellos profesionales que actualmente estén desempeñando funciones propias de las nuevas categorías y reúnan los requisitos establecidos.

Finalmente, la Mesa Sectorial ha abordado la actualización de las titulaciones exigidas para el acceso a once categorías de personal estatutario de gestión y servicios del SESCAM: albañil, calefactor, carpintero, cocinero, conductor, costurero, electricista, fontanero, mecánico, peluquero y pintor.

La modificación responde a la necesidad de adaptar los requisitos de acceso a la actual estructura del sistema de Formación Profesional y al nuevo catálogo de titulaciones, manteniendo al mismo tiempo las equivalencias previstas para titulaciones de sistemas educativos anteriores.

La dirección de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha puesto en marcha una investigación interna para esclarecer el origen de la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur antes de su publicación oficial, revelada por elDiario.es Andalucía.

Así lo ha afirmado este martes el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, durante su comparecencia en la comisión de control de RTVA en el Parlamento andaluz. Tras ser preguntado por la oposición, ha explicado que la dirección ya ha iniciado el procedimiento para nombrar a un juez instructor que investigue de dónde salió la documentación que comenzó a circular, al menos, tres semanas antes de que la convocatoria fuese publicada oficialmente, y “quién o quiénes” pudo haberla filtrado.

“Lo tenían muy pocas personas”, ha avanzado el director general, quien ha apuntado a que el foco de sospecha está “más acotado de lo que la gente se piensa”. A los documentos filtrados solo tenían acceso los miembros del Consejo de Administración de RTVA y los sindicatos que participan en la mesa de contratación. Las organizaciones sindicales ya reclamaron a la dirección que iniciara una investigación en la última reunión de la mesa celebrada el pasado 23 de septiembre.

Los servicios jurídicos no ven motivos para anular las oposiciones

Pese a calificar los hechos de “muy graves”, Mellado ha señalado que, según el análisis realizado por los servicios jurídicos de la RTVA, la filtración del temario no supone por sí misma la invalidez ni la nulidad del procedimiento selectivo. “Desde el punto de vista jurídico, no se aprecia que la difusión anticipatoria determine por sí mismo la nulidad del proceso”, ha explicado el director general, quien se ha mostrado confiado en que las oposiciones seguirán adelante y se celebrarán como estaba previsto.

La dirección considera que tampoco se ha producido, con la información de la que dispone actualmente, una vulneración de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que, por normativa, rigen el acceso al empleo público en Andalucía. “No consta que se hayan filtrado las preguntas del examen ni el contenido de la futura prueba”, ha señalado Mellado, concluyendo que la difusión anticipada del temario no genera “una ventaja competitiva” para los aspirantes que tuvieron acceso a la documentación semanas antes de que la convocatoria se publicara finalmente en el BOJA el pasado 24 de septiembre.

Mellado ha afirmado que no ha existido “merma en la competitividad de las personas porque la habían conocido un día antes”, en referencia a la decisión de RTVA de difundir las bases de la convocatoria entre la plantilla a través de la intranet 24 horas después de que elDiario.es revelara la filtración. Sin embargo, esa explicación no aborda el periodo anterior a esa difusión: el documento interno al que tuvo acceso este periódico llevaba en posesión de trabajadores, al menos, desde comienzos de septiembre, varias semanas antes de que la dirección hiciera públicas las bases y de que estas fueran publicadas oficialmente en el BOJA, dos días después.

Además, el director general de RTVA ha señalado que el temario que deberán prepararse los aspirantes es “común” al de otras oposiciones del sector audiovisual y presenta pocas diferencias respecto al de otras televisiones públicas.

A la espera de los resultados de la investigación

Con todo, Mellado ha insistido en que la filtración constituye un hecho “muy grave” y ha defendido la necesidad de esclarecer su origen. “Las personas que lo hayan filtrado no son conscientes del daño que pueden hacer a las personas que están esperando”, ha señalado. Las oposiciones de Canal Sur contemplan 228 plazas de personal laboral fijo y constituyen la primera gran convocatoria de este tipo en la RTVA desde 2008. La expectación entre la plantilla y los profesionales del sector audiovisual andaluz ha sido especialmente elevada después de casi dos décadas sin una convocatoria de estas características.

La dirección de RTVA sostiene ahora que la filtración no compromete la celebración de las pruebas, pero considera necesario esclarecer cómo una documentación que estaba en manos de “muy pocas personas” terminó circulando dentro y fuera de la empresa semanas antes de su publicación oficial. “Lo que sí sabemos es que los documentos que se filtraron los tenían muy pocas personas, porque aparecían sin la fecha y sin la firma de la Dirección General”, ha avanzado Mellado.

Para terminar, el director general ha concluido que “lo importante es que se van a celebrar las oposiciones, que es un hito desde el año 2008” y ha confiado en que “todos los que intervienen en ese proceso piensen en el futuro de Canal Sur y no en otros intereses”. La investigación interna deberá determinar ahora el origen de la filtración y los posibles responsables de difundir una documentación a la que tuvieron acceso durante la tramitación de las bases.

El colectivo de afectados por las oposiciones para el ingreso de 141 agentes a la Policía Canaria lleva sus reivindicaciones al Parlamento regional. La abogada Ángeles Padilla, representante legal de esta plataforma, mantuvo este viernes un encuentro institucional con la diputada socialista Nayra Alemán. 

Según explica el colectivo en una nota de prensa, durante esa reunión los afectados expusieron las irregularidades por las que, a su juicio, en ese proceso selectivo convocado en 2023 se habrían vulnerado los principios fundamentales de acceso al empleo público: igualdad, mérito, capacidad y transparencia. 

El colectivo solicitó al Grupo Socialista que analice la documentación aportada y apoye las iniciativas parlamentarias orientadas a esclarecer si existieron actuaciones contrarias a la legalidad. 

Como ha venido informando Canarias Ahora, esas oposiciones se encuentran judicializadas en un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria. De momento, ya han sido citados a declarar como investigados el presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta, y el alto cargo que lo nombró, José Manuel González Afonso, director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno canario, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y nombramiento ilegal. 

La causa penal se originó a partir de las denuncias de la plataforma de opositores afectados, que aportó audios y registros de pagos por Bizum para acreditar que el presidente del tribunal ejercía como preparador en una academia privada dentro del periodo legal de incompatibilidad de cinco años.

El colectivo reclama la actuación inmediata de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ambos de CC, con el objetivo de “abordar la problemática y activar los mecanismos políticos y administrativos pertinentes”. 

“No estamos solicitando ningún privilegio ni un trato de favor. Estamos reclamando que un proceso de acceso a la función pública se desarrolle y sea revisado con todas las garantías que exige la ley y que cualquier irregularidad que pudiera haberse producido sea esclarecida”, señalan en el comunicado. 

La plataforma subraya que sus acciones no pretenden interferir en las competencias de los tribunales ni prejuzgar responsabilidades individuales, sino “exigir respuestas e impedir que la administración mantenga el silencio sobre el procedimiento”.

“Después de todo lo ocurrido, los afectados no podemos conformarnos con el silencio. Queremos respuestas, transparencia y garantías. Y vamos a continuar utilizando todas las vías legales e institucionales disponibles hasta que los hechos sean debidamente esclarecidos”, apuntan. 

La plataforma concluye agradeciendo el respaldo de los grupos parlamentarios e incidiendo en que las menciones a presuntas irregularidades se formulan respetando el curso de las investigaciones judiciales y administrativas. 

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que interpuso Ayuntamiento de Salamanca contra una sentencia que daba la razón a un trabajador que se presentó a un concurso-oposición de promoción interna de la Policía Local, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a través de un comunicado. Las salas de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado de Salamanca y del Tribunal Superior de Justicia detectaron (en 2024) y confirmaron (en 2025) irregularidades en el proceso y ordenaron retrotraer el procedimiento.

El concurso-oposición pretendía cubrir seis plazas de inspector de Policía Local. La sentencia del Juzgado de Salamanca defendió la necesidad de revisar las garantías del proceso selectivo después de que el Ayuntamiento hubiera desestimado las reclamaciones.

También concluyó que se produjo una situación “incompatible con los principios de publicidad, transparencia y motivación” en lo que respecta a la evaluación del desempeño, según ha informado CSIF. Durante el proceso, uno de los concursantes cuestionó la valoración de las titulaciones aportadas y la puntuación otorgada en el apartado relativo al trabajo desarrollado. En su comunicado, el sindicado lamenta y denuncia “la actitud difícilmente justificable” del Ayuntamiento de Salamanca, “que ha alargado incomprensiblemente y sin necesidad” un procedimiento judicial que daba la razón a un trabajador.

“El Ayuntamiento debería haber actuado con mayor transparencia desde el principio y no obligar a llegar a los tribunales para aclarar cuestiones esenciales de un proceso selectivo, y menos perseverar en su actitud a costa del dinero de todos los ciudadanos”, suscribe CSIF, que ha asesorado legalmente al trabajador. 

El sindicato considera “especialmente grave” que un empleado municipal tenga que acudir a todas las instancias judiciales para defender sus derechos en un proceso de promoción interna, cuando ya existían resoluciones judiciales favorables. “La defensa de los derechos de los trabajadores no puede quedar condicionada a su capacidad para afrontar años de litigios frente a su propia administración, en este caso el Ayuntamiento de Salamanca, que está para darle servicio y no para judicializar sus derechos”, remarca el sindicato independiente. 

La dirección de la RTVA se ha comprometido este martes a abrir un expediente para investigar el origen de la filtración de las bases y el temario de las oposiciones de Canal Sur, según han trasladado a este periódico representantes sindicales presentes en la reunión de la mesa de contratación celebrada entre los miembros del Consejo de Administración de RTVA y los sindicatos.

La investigación era precisamente la principal reivindicación con las que los sindicatos acudieron a la reunión de este martes, después de que elDiario.es Andalucía revelara que la documentación de la convocatoria había circulado dentro y fuera de la empresa desde, al menos, comienzos de septiembre, semanas antes de su publicación oficial.

Según las fuentes sindicales consultadas, la dirección compartía esa misma propuesta y también la ha puesto sobre la mesa para tratar de esclarecer de dónde partió la filtración y cómo pudo salir de los ámbitos que tenían acceso a la documentación durante la tramitación de las bases. La empresa, sin embargo, no ha informado públicamente por el momento de la apertura del expediente ni de los términos en los que se desarrollará la investigación.

Los sindicatos reclamaban esclarecer el origen de la filtración

La petición de investigar el origen de la filtración ya había sido planteada por las organizaciones sindicales antes de la reunión de este martes. Los representantes de los trabajadores habían reclamado explicaciones a la dirección después de conocer que las bases y los anexos relativos al temario y los requisitos llevaban semanas en posesión de los trabajadores que se van a presentar a las oposiciones.

La preocupación de los sindicatos se centra en las condiciones de confidencialidad con las que se negociaron las bases. La documentación había sido manejada durante su tramitación por los miembros del Consejo de Administración y por las organizaciones sindicales que participaban en la negociación, según había trasladado previamente la Consejería de Presidencia.

Las organizaciones sindicales han defendido durante los últimos días que la investigación debe permitir determinar quién tuvo acceso a la documentación, en qué momento salió de los ámbitos de negociación y cómo llegó a trabajadores y personas ajenas a la empresa antes de que la convocatoria fuera publicada oficialmente.

La apertura de esta investigación se produce después de que la dirección de RTVA difundiera este lunes las bases ya firmadas a través de la intranet de la empresa y del Portal de Transparencia, adelantándose a la publicación prescriptiva en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El documento coincide sustancialmente con el que llevaba semanas circulando y solo incorpora, respecto a la versión a la que tuvo acceso este periódico, la fecha de la resolución y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

Las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años contemplan 228 plazas y han generado una gran expectación entre los trabajadores y profesionales del sector audiovisual andaluz. La filtración de las bases y el temario antes de su publicación oficial ha provocado dudas y malestar entre la plantilla y las organizaciones sindicales, que lo han calificado de “escándalo”.

Ahora, con el compromiso de abrir una investigación, los sindicatos esperan que la dirección determine el origen de la filtración y aclare si se produjo una difusión de documentación desde alguno de los ámbitos que tuvieron acceso a las bases durante su elaboración y aprobación.

Criba en las oposiciones a Policía Local en Canarias. Siete de cada diez aspirantes han quedado eliminados en el examen psicotécnico y de personalidad, la segunda fase del proceso selectivo tras las pruebas físicas. Esta convocatoria unificada se convocó en octubre del año pasado y oferta 180 plazas para treinta ayuntamientos de las Islas, entre los que destaca el de Las Palmas de Gran Canaria, con 57 puestos a cubrir. 

La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha publicado este lunes los resultados. De los 1.135 aspirantes evaluados, 783 han sido declarados no aptos. Sólo continúan 352 candidatos, poco más del 30% del total. 

La eliminación de más de dos tercios de los opositores en el psicotécnico deja una ratio de menos de dos candidatos por plaza ofertada (352 aptos por 180 vacantes) cuando aún deben celebrarse fases eliminatorias de alta exigencia, como la prueba de conocimientos teóricos y supuestos prácticos, el examen de idiomas y los reconocimientos médicos. 

Los excluidos se organizan

Los aspirantes han empezado a organizarse. En apenas 24 horas ya son más de 200 los opositores que se han unido a un grupo para presentar reclamaciones.  

Además de advertir del riesgo de que no se puedan cubrir en su totalidad las plazas convocadas, este colectivo pone el foco de la denuncia en la falta de motivación y de puntuación desglosada en la resolución. Aún no saben por qué han suspendido. 

El tribunal calificador ha difundido un listado anonimizado de aspirantes -identificados con un código numérico- con el resultado de “apto o no apto”. Será este jueves a partir de las 9.00 horas cuando se celebre la sesión pública de apertura de los sobres de identificación para desvelar los nombres asociados a cada código (aunque cada uno de los aspirantes ya sabe su número y, por tanto, si ha aprobado o suspendido). 

Lo relevante, señalan los opositores, es que esa resolución no aporta ni las puntuaciones ni la motivación, pese a que las bases exigen que el resultado individualizado de la prueba psicotécnica esté fundado y exprese por qué la aplicación de los criterios lleva a admitir o negar la aptitud. También obligan a reflejar las puntuaciones en actas -no basta que figure simplemente con la calificación de apto o no apto- y a publicarlas en una resolución. 

La prueba, de carácter eliminatorio, se celebró el 19 de agosto en varias sedes (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma). Las bases preveían una duración máxima de cuatro horas. El examen mide las habilidades cognitivas de los aspirantes (sus capacidades intelectuales y de razonamiento); variables de personalidad (estabilidad emocional, extraversión, conciencia, integridad, orientación a la seguridad…) y detecta riesgos clínicos de personalidad (narcisista, compulsiva, histriónica, antisocial…) La evaluación recae en un equipo de psicólogos designados como asesores técnicos por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública.

Así era la prueba

El test que calibraba las habilidades cognitivas de los aspirantes contenía 75 preguntas y había que obtener al menos un 5 de manera obligatoria. Era eliminatorio. El segundo test medía a la vez las variables de personalidad y los rasgos clínicos y sumaba 129 preguntas.

Las bases contemplan además la posibilidad de realizar una entrevista personal con los candidatos declarados aptos en esos test previos “cuando se valore que es preciso contrastar y aclarar cuantas cuestiones hayan surgido” en relación con su personalidad. Esas entrevistas quedan grabadas en vídeo. 

Con los resultados publicados, los aspirantes no aptos desconocen si su exclusión tiene que ver con la capacidad cognitiva, con el perfil de personalidad, con algún riesgo clínico o con la denominada escala de validez (que verifica si el cuestionario es fiable). 

El colectivo dice haber recabado testimonios de candidatos que contestaron 50 preguntas en el test de habilidades cognitivas (la primera parte) y figuran como “no aptos”, mientras que otros que respondieron entre 20 y 30 aparecen como “aptos”. 

A juicio de estos aspirantes, “la confidencialidad que invocan las bases no puede impedir que cada persona conozca su propia puntuación”.

Este colectivo sostiene que, al desconocer a qué responde su exclusión, los afectados no pueden ejercer con garantías sus derechos. Tras la apertura de sobres de este jueves, los opositores dispondrán de un plazo para poder presentar alegaciones. 

El colectivo exige que se publiquen las puntuaciones desglosadas de cada aspirante (habilidad mental general, dimensiones de personalidad y escalas de validez); informes psicotécnicos “motivados e individualizados” para todos los no aptos, con acceso a sus hojas de respuesta, y que ningún plazo de alegaciones o recurso corra en perjuicio de los aspirantes mientras dispongan del desglose solicitado. 

Nos escribió la semana pasada un suscriptor para reprocharnos, amablemente, que en nuestro análisis de Pisa no habíamos abordado lo que él considera uno de los mayores problema de la educación, la selección del profesorado. Estábamos en ello, Joaquín, te adelantaste en tu email, pero aquí está lo que pedías.

El asunto, complejo, no sale de la nada. Teníamos pendiente hablar de esto desde que en verano el Gobierno anunció que constituía una mesa para negociar el cambio con los sindicatos. Ya os comentamos hace una semana que es una de las reformas educativas que se ha autoimpuesto de alguna manera el Ministerio de Educación para este último curso de la legislatura.

El grueso del sistema de oposiciones docentes no se ha tocado en 30 años y hay bastante unanimidad en el sector con que es necesario un cambio. Son muchos los problemas que plantea el actual método (ya sabéis, primero una fase eliminatoria teórica, luego una práctica, finalmente el concurso de méritos para quien supere las primeras pruebas y por últimos las prácticas de centro, que son un trámite y nunca nadie ha suspendido).

Sin orden de importancia, la falta de equidad en el acceso, qué se le pide a los aspirantes y cómo relaciona eso con lo que se van a encontrar en el aula e incluso los temarios, obsoletos al punto de que para Informática se estudian los disquetes, aparecen entre las principales necesidades.

La falta de equidad se presenta por partida doble. Primero, según nos comenta un experto, porque para presentarse a la oposición de Secundaria hay que tener el máster del profesorado, y como no hay plazas públicas para todos, ni de lejos, a un porcentaje importante de los futuros aspirantes no les queda otra que gastarse unos buenos miles de euros en un centro privado. La otra pata de la inequidad es que cada comunidad autónoma aborda los procesos, ofrece plazas y corrige las pruebas con sus propios criterios, lo que puede generar gran sensación de “arbitrariedad” entre candidatos.

Otro de los problemas que ha detectado la investigación de este asunto es qué valoran las oposiciones y qué le pedimos después a un profesor en el aula. Y en este momento son dos elementos muy alejados. Varios estudios recientes han alertado de este desequilibrio entre las competencias formalmente exigidas en las convocatorias —fundamentalmente pedagógicas, didácticas y de conocimiento disciplinar— y las que se consideran hoy esenciales para el desempeño docente, como las competencias socioemocionales, la capacidad de liderazgo en el aula o la gestión inclusiva de la diversidad.

Decía que nadie duda de la necesidad, urgente casi, de que se reforme el sistema. Pero muchos en el sector sí creen que es una bomba de humo del Gobierno y que no lo van a hacer. Sus motivos tienen: no es ni la primera ni la segunda vez que se anuncia un cambio en las oposiciones que luego queda en nada. Saldremos de dudas en poco tiempo.

 No me extiendo más, si te interesa el tema desarrollamos todo esto, y alguna cosa más, en la pieza que publicamos el fin de semana y que encuentras aquí.

Esta semana hemos hablado de...

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Un día después de que elDiario.es revelara la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur, la dirección de la RTVA ha difundido a primera hora de este lunes la convocatoria ya firmada a través de la intranet de la empresa. Horas después, la ha subido también al Portal de Transparencia. El documento, al que ya tienen acceso todos los trabajadores del ente público, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

RTVA se ha adelantado así a la publicación de las bases en el BOJA, que constituye la apertura oficial del procedimiento, según explican expertos en Derecho Administrativo. La dirección ha eludido responder, a preguntas de este periódico, cuál es el motivo por el que se ha optado por difundir la convocatoria este lunes, sin esperar a que estas sean accesibles a través del boletín oficial.

La versión ahora difundida coincide sustancialmente con el documento interno al que tuvo acceso este periódico y que llevaba en posesión de trabajadores desde, al menos, comienzos de septiembre. La principal diferencia es que el definitivo incorpora la fecha de la resolución –15 de septiembre– y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La decisión de hacer pública la convocatoria antes de su publicación en el BOJA ha generado dudas entre los representantes sindicales, que siguen reclamando explicaciones a la dirección después de que trascendiera que las bases y el temario de las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años llevaban semanas circulando dentro y fuera del ente público. Desde el Comité Intercentros cuestionan la gestión de la empresa dada la “incertidumbre” que ha suscitado.

Los sindicatos no se explican por qué, si la empresa podía difundir por adelantado la convocatoria en el Portal de Transparencia, la dirección ha esperado hasta ahora para hacer pública una documentación que ya estaba firmada desde hace una semana. Fuentes sindicales atribuyen la decisión a un intento de “acallar” el revuelo interno provocado por la filtración del temario antes de su publicación oficial, y esperan poder aclarar las incógnitas en la reunión de la mesa de contratación prevista para este martes 22 de septiembre.

Cronología: un anuncio que coincidió con la filtración

El Consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció la convocatoria para cubrir 228 plazas en la cadena pública el 7 de septiembre en una entrevista en Canal Sur. El anuncio, que despertó gran espectación en el sector audiovisual andaluz, coincidió con que las bases habían sido remitidas al Consejo de Administración de RTVA para su aprobación.

Al día siguiente, el director general de la RTVA informó que, esa misma semana, el Consejo de Administración aprobaría los documentos que se habían acordado con los sindicatos en la última reunión de la mesa de contratación, celebrada el pasado 30 de julio. A dicha documentación solo podían acceder los miembros del Consejo y las organizaciones sindicales que participan en la negociación. Pero por esas fechas de principios de septiembre, las bases –junto con los anexos relativos al temario y los requisitos– ya estaban circulando dentro y fuera de la empresa.

Una semana después, el 16 de septiembre, Juan de Dios Mellado firmó el documento para su publicación oficial en el BOJA. El documento, ya fechado y firmado por el director general, se ha incorporado a la intranet de la empresa y al Portal de Transparencia la mañana de este lunes, 24 horas después de la información destapada por elDiario.es Andalucía.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Presidencia si la filtración de las bases conlleva alguna consecuencia que pueda perjudicar el procedimiento; si la Consejería o la RTVA han pausado la convocatoria cuando supieron que los temarios se habían filtrado a principios de septiembre; si se han tenido que rehacer algunos documentos tras hacerse públicos y si temen que la convocatoria pueda ser impugnada. Desde el departamento que dirige Antonio Sanz han contestado: “Pregunta a quien lo haya filtrado”.

Dudas en torno a la impugnación

Las consecuencias que puede tener la difusión de unos documentos internos que todavía no se han publicado oficialmente genera dudas entre sindicatos y trabajadores. Algunos representantes sindicales temen que pueda ser motivo de impugnación, mientras que otros van a exigir que se paralice la publicación hasta que se investigue y esclarezca el episodio de la filtración.

En cuanto al hecho de que la RTVA se haya anticipado a la publicación, expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico explican que el organismo público puede adelantar la publicación en su correspondiente Portal de Transparencia sin que ello “vicie de nulidad el procedimiento”, siempre que vaya seguido de la publicación en el boletín oficial.

Otra experta en Función Pública consultada indica que la convocatoria solo adquiere validez con su publicación en el boletín oficial y que es entonces cuando puede ser objeto de impugnación. Respecto a la difusión anticipada de RTVA, considera que “no es lo habitual” y que éticamente es cuestionable, aunque no necesariamente incumpla la legalidad si ha pasado el procedimiento negociador con las organizaciones sindicales.

La filtración del temario plantea, sin embargo, una cuestión diferente. Según los expertos consultados, el acceso anticipado a los contenidos podría tener relevancia si quienes conocieron las bases con semanas de antelación disponen de más tiempo para preparar los ejercicios que el resto de aspirantes. En ese caso, si el plazo entre la publicación oficial y la celebración de los exámenes fuera reducido, podría plantearse si se han garantizado las mismas condiciones de igualdad para todos los participantes.

La dirección de la RTVA publicó los documentos oficiales en la intranet a primera hora de la mañana del lunes —sobre las 8:30, según fuentes de la plantilla—. Unas horas después, pasado el mediodía, los trabajadores se percataron de que también figuraban ya en el Portal de Transparencia de la RTVA.

Este movimiento ha vuelto a plantear dudas sobre las garantías en el procedimiento y en el acceso a la información entre los trabajadores de Canal Sur y el resto de aspirantes a las 228 plazas convocadas. Dudas que los sindicatos van a poner sobre la mesa en la reunión de este martes.

El PSPV llevará a la Fiscalía Anticorrupción la oposición a conductor y mecánico de la Diputación de València, un proceso que quedó paralizado ante las sospechas de una filtración del examen. El grupo que dirige carlos Fernández Bielsa pedirá que se investigue la posible existencia de irregularidades en el proceso selectivo para seis plazas, después de que el propio gobierno provincial haya señalado que existen “indicios” de una posible filtración.

Fuentes provinciales consultadas por elDiario.es confirmaron que “la institución ha requerido al tribunal calificador que aclare las circunstancias del proceso y, en particular, los indicios relacionados con una posible filtración del contenido del examen antes de la celebración de la prueba”, como informó esta redacción el pasado 18 de septiembre.

Al respecto, el portavoz de los socialistas en la Corporación provincial, pide una aclaración: “Lo que nos preguntamos es a qué indicios se refieren exactamente. ¿Qué sabe el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, qué sabe la vicepresidenta Mazzolari o qué sabe el área de Personal que pueda hacer sospechar que se produjo una filtración?”, plantea Fernández Bielsa.

Los socialistas insisten en que aún no se han hecho públicas las notas ni las actas del tribunal calificador, por lo que plantean al equipo de gobierno una aclaración. La Diputación apuntó que “no publicará las calificaciones hasta disponer de la información necesaria para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes”. Al proceso, que agrupaba ofertas de años anteriores para seis plazas, se presentaron 138 personas y el primer examen de tipo test se celebró el pasado 1 de septiembre. Por el momento, sigue sin haber más información sobre el proceso.

Este silencio sirve a los socialistas para apretar con la petición del expediente. El grupo de Fernández Bielsa considera que, si el gobierno provincial dispone de información que apunta a una posible filtración del examen, debería ser la propia Diputación quien acudiera a la Fiscalía Anticorrupción. “Si Mompó y [la vicepresidenta de la Diputación, Reme] Mazzolari hablan de indicios, deben explicar cuáles son y actuar en consecuencia. Si ellos no lo hacen, será el PSPV quien los ponga en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen”, señala Bielsa.

La Diputada del Común, Lola Padrón, se ha reunido este lunes con la abogada Ángeles Padilla, representante del Colectivo de Aspirantes Afectados por la oposición al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), para conocer las preocupaciones de las personas afectadas por el anterior proceso selectivo y la inquietud con la que afrontan las nuevas convocatorias de acceso al cuerpo. 

Durante el encuentro, Padilla trasladó a la Diputada la “pérdida de confianza” de opositores que consideran que las dudas surgidas durante el procedimiento anterior han afectado a su percepción sobre “las garantías de igualdad, mérito, capacidad y objetividad que deben regir el acceso al empleo público”. 

Las dudas tienen su origen en el anterior proceso selectivo para la Escala Básica de la Policía Canaria, de 141 plazas, actualmente judicializado tras las reclamaciones planteadas por alrededor de 200 aspirantes en relación con las pruebas y la actuación del tribunal calificador. Esta inquietud cobra especial relevancia ante la nueva convocatoria de 150 plazas, a la que han concurrido más de 2.500 aspirantes. 

Para quienes participaron en el procedimiento anterior y vuelven a afrontar un proceso selectivo, las controversias vividas han generado dudas y una pérdida de confianza que el colectivo considera necesario abordar. 

Al encontrarse judicializadas las reclamaciones relativas al proceso anterior, la Diputación del Común precisa que “no puede entrar a valorar su fondo”. 

Su intervención se centra, por tanto, en “atender la preocupación trasladada por los opositores y en contribuir a que puedan afrontar los nuevos procesos con seguridad y confianza”. 

“Las administraciones tenemos que generar seguridad. No basta con que los procedimientos garanticen sobre el papel la igualdad de oportunidades; quienes dedican meses o años de su vida a opositar tienen que poder confiar plenamente en que esa igualdad, el mérito y la capacidad van a ser respetados durante todo el proceso”, afirmó Lola Padrón. 

Por este motivo, la Diputada del Común plantea al Gobierno de Canarias la apertura de una vía de diálogo directo con las personas afectadas, que permita “escuchar sus preocupaciones, facilitarles información y ofrecerles certidumbre” ante los nuevos procesos de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria.

“Nuestro planteamiento al Gobierno de Canarias es sencillo: escuchar, informar y dialogar para que nadie tenga que presentarse a unas nuevas pruebas condicionado por la desconfianza. El talento de nuestra tierra debe poder ser valorado con absoluta objetividad”, concluyó la Diputada del Común. 

“Desde la plataforma valoramos muy positivamente este encuentro y, sobre todo, que se haya entendido nuestra principal preocupación: poder afrontar los próximos procesos selectivos con confianza, transparencia y la certeza de que todas las personas aspirantes competirán en igualdad de condiciones”, señala la representante del colectivo. 

El temario para las próximas oposiciones de Canal Sur —las primeras que se convocan en 18 años— se ha filtrado antes de que la convocatoria aparezca publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según denuncian organizaciones sindicales y trabajadores de la cadena pública que optan a una de las 228 plazas ofertadas.

elDiario.es/Andalucía ha tenido acceso a dicha documentación, que lleva al menos dos semanas en posesión de trabajadores del ente público que se presentarán a las oposiciones. Además, este periódico ha podido comprobar que las bases de la convocatoria, junto con los anexos relativos al temario y a los requisitos, están circulando dentro y fuera de la empresa desde, al menos, el 7 de septiembre.

Se trata de documentación interna que, según fuentes de la Consejería de Presidencia, solo manejan los miembros del Consejo de Administración de RTVA y las organizaciones sindicales que participan en la mesa de contratación. Las mismas fuentes insisten en que estos documentos carecen de carácter oficial hasta que la convocatoria se publique en el BOJA.

La directiva de la RTVA ha eludido confirmar o desmentir que se trate de los documentos oficiales. A preguntas de este medio, fuentes de la dirección niegan tener constancia de que estos documentos hayan llegado a manos externas. Sin embargo, desde el Comité Intercentros de RTVA y Canal Sur indican que el pasado martes pusieron en conocimiento de la dirección de la empresa que, “desde comienzos de septiembre”, había documentación interna circulando “para que pusiera medidas”.

Desde el máximo órgano unitario de representación de la plantilla explican que la última reunión en la que se aprobaron las bases tuvo lugar el 30 de julio. El Consejo de Administración dio su visto bueno hace “un par de semanas”, como lo anunció el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado. Desde entonces, están a la espera de la publicación de la convocatoria en el BOJA. “Nos preocupa la gestión de los tiempos y la confidencialidad que está haciendo la RTVA”, trasladan desde el comité.

Fuentes sindicales califican la filtración de “escándalo” y denuncian que hay academias y preparadores que ya están trabajando con estos mismos temarios, aunque no está confirmado que la documentación difundida se corresponda con la versión definitiva de las bases, que han sufrido varias modificaciones durante su tramitación, hasta que se aprobaron definitivamente el 30 de julio.

Ante la “gravedad” de los hechos, sindicatos como la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur (AT) avanzan que en la próxima reunión de la mesa, prevista para este martes 22, van a pedir a la dirección que inicie una investigación para que se esclarezca “de dónde ha partido la filtración y si los temarios que están circulando por ahí se corresponden con el contenido exacto de la convocatoria”.

Las oposiciones, en juego

A juicio de los sindicatos lo “grave” de la situación es que las personas que participan en la negociación de las bases están sometidas a medidas de sigilo y han firmado documentos de confidencialidad sobre la información que se aborda en esas reuniones. Varios representantes sindicales trasladan su estupor e indignación y advierten de las consecuencias que podría tener este episodio para el proceso: “Nos jugamos que se impugnen las oposiciones”.

Cabe mencionar que en torno a esta convocatoria existe mucha expectación dentro del sector audiovisual, pues no se publican oposiciones en la radiotelevisión pública andaluza desde 2008. Cuando el propio consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció las oposiciones para cubrir 228 plazas en la cadena pública, calificó la convocatoria de “histórica y muy importante para los grandes profesionales de la RTVA”. Lo dijo el 7 de septiembre. Al menos desde ese día ya estaban circulando los documentos, según ha podido comprobar este periódico.

Los sindicatos lamentan que el episodio de la filtración pueda empañar un proceso en el que, aseguran, llevan invirtiendo “mucho esfuerzo” y siendo “pulcros para que sea transparente y justo”. En ese sentido, se muestran confiados en que la filtración no ha partido de las organizaciones sindicales y recuerdan que la documentación también está al alcance del Consejo de Administración.

Ni la Consejería ni la dirección aclaran cuáles pueden ser las consecuencias de la difusión de unos documentos que todavía no se han publicado oficialmente. Los sindicatos consideran que la filtración de contenido confidencial en torno a un proceso de oposiciones compromete los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que, por normativa, rigen el acceso al empleo público en Andalucía.

“Algunos compañeros dicen que puede ser material de impugnación”, apuntan fuentes sindicales. La preocupación se extiende también a la posibilidad de que una filtración pueda afectar a otras fases del proceso. En este punto, distinguen entre la difusión de las bases y una eventual filtración de las preguntas del examen, como sucedió con las oposiciones de RTVE en septiembre de 2024, cuando la prueba quedó suspendida por la filtración del examen, afectando a unas 5.000 personas convocadas. 

Preocupación entre los trabajadores

La filtración también ha generado indignación entre los trabajadores que optan a una de las plazas y que se muestran preocupados por el impacto que pueda tener en el desarrollo del procedimiento. Profesionales de Canal Sur lamentan que las oposiciones estén “viciadas antes de nacer” y sostienen que la circulación de las bases previa a su publicación oficial “mina la credibilidad y confianza” en la empresa y genera dudas sobre las garantías de igualdad y transparencia de la convocatoria.

Los representantes sindicales consultados coinciden en que difundir el temario antes de la convocatoria oficial es un hecho “muy grave”, por cuanto supone incumplir el compromiso de discrecionalidad, secreto y confidencialidad con el que se desarrollan las reuniones en las que se negocian las bases. La cuestión, aseguran, se ha convertido en “un clamor” dentro del ente público, de ahí que vayan a abordar el asunto en la reunión de esta semana, sin descartar emprender otras medidas.

Con las bases todavía pendientes de publicación en el BOJA y sin confirmación sobre si la documentación que circula se corresponde con la versión definitiva, sindicatos y representantes de los trabajadores exigen ahora esclarecer el origen de la filtración y reforzar las garantías de confidencialidad de una convocatoria ampliamente esperada por los profesionales del sector.

Unes oposicions convocades a la Diputació de València per a la selecció de sis places de mecànic i conductor dels cotxes oficials han alçat sospites i malestar en el si de la corporació provincial fins al punt que el procés ha quedat oficialment paralitzat.

Fonts provincials consultades per elDiario.es han confirmat que “la institució ha requerit al Tribunal Qualificador que aclarisca les circumstàncies del procés i, en particular, els indicis relacionats amb una possible filtració del contingut de l’examen abans de la celebració de la prova”.

Les mateixes fonts han informat que “la Diputació no publicarà les qualificacions fins que dispose de la informació necessària per a garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats de tots els aspirants” i han destacat que la corporació governada pel PP i per Ens Uneix, amb Vicent Mompó en la presidència, “no s’ha quedat de braços plegats davant dels indicis d’una possible anomalia detectada en la convocatòria per a la provisió de sis places de mecànic conductor”, si bé és cert que l’anunci es produeix després que el PSPV llançara una bateria de preguntes davant de les sospites d’irregularitats.

Des de la Diputació han insistit que “davant de l’existència d’indicis que apunten a una possible filtració del contingut de l’examen amb caràcter previ a la celebració de la prova, la institució ha decidit no publicar, de moment, les qualificacions obtingudes pels aspirants”. La primera prova de tipus test es va celebrar el passat 1 de setembre i des d’aleshores no s’havien publicat els resultats.

La Diputació ha informat que ha traslladat “una sèrie de requeriments al Tribunal Qualificador perquè informe i aclarisca les circumstàncies que envolten el procés selectiu” i ha afirmat que considera necessari “actuar amb prudència i rigor per a protegir els drets de totes les persones que han participat en el procés”. Per això, “no es prejutja cap responsabilitat ni s’atribueix cap conducta a cap persona mentre els fets no hagen sigut aclarits degudament”.

La publicació de les qualificacions “romandrà suspesa fins que el Tribunal aporte les explicacions i la documentació necessàries i puguen valorar-se les circumstàncies amb totes les garanties” i des de la corporació han reiterat que la seua prioritat “és preservar la transparència, la igualtat d’oportunitats i la plena regularitat dels processos selectius, garantint que totes les persones aspirants concórreguen en les mateixes condicions”.

Segons la informació recaptada per elDiario.es, per Decret de Presidència de data 4 d’agost de 2026, es va convocar un procés d’oposició lliure per a les esmentades places corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2024, 2025 i 2026. L’anunci de les bases d’aquesta convocatòria es va publicar prèviament en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) del passat 7 de maig i en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 19 de maig.

A aquest procés es van presentar un total de 138 persones, encara que posteriorment es va ampliar en una persona més en l’anunci d’elevació a definitiva. El primer examen de tipus test es va celebrar el passat 1 de setembre, dimarts, en la Fundació Universitat-Empresa (ADEIT) de la Universitat de València.

L’òrgan tècnic de selecció per a aquesta oposició va ser designat en data 11 de juny de 2026 i va haver de ser modificat després de l’aprovació de la relació definitiva d’aspirants en excusar la seua participació dos dels membres designats.

Segons les bases de la convocatòria, el primer exercici de l’oposició consistia en un qüestionari de tipus test, la correcció del qual se sol realitzar mitjançant procediments automatitzats, cosa que permet que el resultat es puga donar a conéixer en un termini breu després de la realització de l’examen. No obstant això, malgrat haver-se realitzat l’exercici el passat dia 1 de setembre, hui no s’ha publicat en la web de la Diputació de València ni la plantilla correctora d’aquest examen, ni el resultat dels diferents aspirants ni la resolució de l’òrgan tècnic de selecció per la qual s’estableix la puntuació mínima per a considerar aprovat aquest exercici i continuar amb el desenvolupament de l’oposició.

Bateria de preguntes del PSPV

Totes aquestes qüestions han portat el portaveu del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, a sol·licitar l’expedient complet de la convocatòria i plantejar una sèrie de preguntes.

En concret, en relació amb el primer exercici realitzat el dia 1 de setembre ha sol·licitat: “Còpia del qüestionari corresponent al primer exercici de l’oposició; còpia de les preguntes que van aportar els diferents membres de l’òrgan tècnic de selecció per a l’elaboració del qüestionari, segons el que descriu la base huitena de la convocatòria, com també acta en la qual es reflectisca la realització del preceptiu sorteig i el seu resultat; còpia dels criteris de correcció o valoració determinats per l’òrgan tècnic de selecció en cas que n’hi haguera; plantilla de correcció del qüestionari del primer exercici; relació de persones presentades a examen del total dels aspirants; informe de l’òrgan tècnic de selecció sobre el lloc, dia i hora en què es van fer les còpies dels qüestionaris, la forma en què es va dur a terme el trasllat d’aquests fins al centre d’examen el dia 1 de setembre, si van participar persones alienes a l’òrgan tècnic de selecció en aquest procés de còpia o trasllat i la cadena de custòdia que es va seguir”.

A més, en relació amb l’actuació de l’òrgan tècnic de selecció, i en cas que no figure en l’expedient, ha sol·licitat també “relació de les reunions celebrades per l’òrgan tècnic de selecció amb indicació de la convocatòria de la reunió, el dia de celebració, l’hora d’inici i finalització, les persones participants, els assumptes a tractar i, si és el cas, si la reunió es va celebrar de manera presencial o per mitjans telemàtics”, com també “qualsevol mena d’informe, comunicació o nota interna realitzada per qualsevol dels membres de l’òrgan tècnic de selecció en la qual es faça referència directa o indirecta a aquesta convocatòria”.

Sobre aquest assumpte, fonts socialistes han comentat que “la demora excessiva i sense justificació que pateix el procés selectiu en aquesta fase comença a generar seriosos dubtes sobre la correcta execució del procés que considerem que és necessari aclarir com més prompte millor”.

Més de dues setmanes després de l’examen, “els aspirants continuen sense conéixer els resultats, mentre roman pendent una convocatòria anterior per a places de la mateixa categoria”, per la qual cosa han exigit al Govern de Vicent Mompó “celeritat, transparència i explicacions clares sobre tot el procés, per a garantir la igualtat d’oportunitats i dissipar qualsevol dubte sobre el seu correcte desenvolupament”.

Unas oposiciones convocadas en la Diputación de Valencia para la selección de seis plazas de mecánico y conductor de los coches oficiales ha levantado suspicacias y malestar en el seno de la corporación provincial hasta el punto de que el proceso ha quedado oficialmente paralizado.

Fuentes provinciales consultadas por elDiario.es han confirmado que “la institución ha requerido al Tribunal Calificador que aclare las circunstancias del proceso y, en particular, los indicios relacionados con una posible filtración del contenido del examen antes de la celebración de la prueba”.

Las mismas fuentes han informado de que “la Diputación no publicará las calificaciones hasta disponer de la información necesaria para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes” y han destacado que la corporación gobernada por el PP y por Ens Uneix, con Vicent Mompó en la presidencia, “no se ha quedado de brazos cruzados ante los indicios de una posible anomalía detectada en la convocatoria para la provisión de seis plazas de mecánico conductor”, si bien es cierto que el anuncio se produce tras lanzar el PSPV una batería de preguntas ante las sospechas de irregularidades.

Desde la Diputación han insistido en que “ante la existencia de indicios que apuntan a una posible filtración del contenido del examen con carácter previo a la celebración de la prueba, la institución ha decidido no publicar, por el momento, las calificaciones obtenidas por los aspirantes”. La primera prueba tipo test se celebró el pasado 1 de septiembre y desde entonces no se habían publicado los resultados.

La Diputación ha informado de que ha trasladado “una serie de requerimientos al Tribunal Calificador para que informe y aclare las circunstancias que rodean el proceso selectivo” y ha afirmado que considera necesario “actuar con prudencia y rigor para proteger los derechos de todas las personas que han participado en el proceso”. Por ello, “no se prejuzga ninguna responsabilidad ni se atribuye conducta alguna a ninguna persona mientras los hechos no hayan sido debidamente esclarecidos”.

La publicación de las calificaciones “permanecerá suspendida hasta que el Tribunal aporte las explicaciones y la documentación necesarias y puedan valorarse las circunstancias con todas las garantías” y desde la corporación han reiterado que su prioridad “es preservar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la plena regularidad de los procesos selectivos, garantizando que todas las personas aspirantes concurran en las mismas condiciones”.

Según la información recabada por elDiario.es, por Decreto de Presidencia de fecha 4 de agosto de 2026, se convocó proceso de oposición libre para las mencionadas plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2024, 2025 y 2026. El anuncio de las bases de dicha convocatoria se anunció previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP) del pasado 7 de mayo y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de mayo.

A dicho proceso se presentaron un total de 138 personas aunque posteriormente se amplió en una persona más en el anuncio de elevación a definitiva. El primer examen de tipo test se celebró el pasado 1 de septiembre, martes, en la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT) de la Universitat de València.

El órgano técnico de selección para dicha oposición fue designado en fecha 11 de junio de 2026, debiendo ser modificado tras la aprobación de la relación definitiva de aspirantes al excusar su participación dos de los miembros designados.

Según las bases de la convocatoria, el primer ejercicio de la oposición consistía en un cuestionario tipo test, cuya corrección se suele realizar mediante procedimientos automatizados, lo que permite que el resultado se pueda dar a conocer en un breve plazo de tiempo tras la realización del examen. Sin embargo, pese a haberse realizado el ejercicio el pasado día 1 de septiembre, a día de hoy no se ha publicado en la web de la Diputación de Valencia ni la plantilla correctora de dicho examen, ni el resultado de los distintos aspirantes ni la resolución del órgano técnico de selección por la cual se establece la puntuación mínima para considerar aprobado dicho ejercicio y continuar con el desarrollo de la oposición.

Batería de preguntas del PSPV

Todas estas cuestiones llevaron al portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, a solicitar el expediente completo de la convocatoria y plantear una serie de preguntas.

En concreto, en relación con el primer ejercicio realizado el día 1 de septiembre ha solicitado: “Copia del cuestionario correspondiente al primer ejercicio de la oposición; copia de las preguntas que aportaron los distintos miembros del órgano técnico de selección para la elaboración del cuestionario, según lo descrito en la base octava de la convocatoria, así acta en la que se refleje la realización del preceptivo sorteo y su resultado; copia de los criterios de corrección y/o valoración determinados por el órgano técnico de selección en el caso de que los hubiere; plantilla de corrección del cuestionario del primer ejercicio; relación de personas presentadas a examen del total de los aspirantes; informe del órgano técnico de selección sobre el lugar, día y hora en que se realizaron las copias de los cuestionarios, la forma en que se llevó a cabo el traslado de los mismos hasta el centro de examen el día 1 de septiembre, si participaron personas ajenas al órgano técnico de selección en dicho proceso de copiado y/o traslado y la cadena de custodia que se siguió”

Además, en relación con la actuación del órgano técnico de selección, y para el caso de que no figure en el expediente, ha solicitado también “relación de las reuniones celebradas por el órgano técnico de selección con indicación de la convocatoria de la reunión, el día de celebración, la hora de inicio y finalización, las personas participantes, los asuntos a tratar y, en su caso, si la reunión se celebró de forma presencial por medios telemáticos” así como “cualquier tipo de informe, comunicación o nota interna realizada por cualquiera de los miembros del órgano técnico de selección en la que se haga referencia directa o indirecta a la presente convocatoria”.

Al respecto, fuentes socialistas han comentado que “la demora excesiva y sin justificación que está sufriendo el proceso selectivo en esta fase está empezando a generar serias dudas sobre la correcta ejecución del proceso que consideramos que es necesario aclarar cuanto antes”.

Más de dos semanas después del examen, “los aspirantes siguen sin conocer los resultados, mientras permanece pendiente una convocatoria anterior para plazas de la misma categoría” por lo que han exigido al Gobierno de Vicent Mompó “celeridad, transparencia y explicaciones claras sobre todo el proceso, para garantizar la igualdad de oportunidades y despejar cualquier duda sobre su correcto desarrollo”.

En el temario de las oposiciones a docente de Informática todavía aparece el disquete. Lo que no está es la Inteligencia Artificial (IA), el desarrollo de aplicaciones móviles o el análisis de datos. Lo raro sería que estuvieran, dado que los contenidos se aprobaron en 1996. El sector es unánime: hace ya tiempo que urge renovar los procesos selectivos del profesorado. No tanto solo por los contenidos, que también aunque no dejan de ser una cuestión secundaria, como por el modelo en sí mismo.

En mitad del verano el Ministerio de Educación anunció que había creado un grupo de trabajo con los sindicatos para afrontar la tarea y que arrancaría en septiembre, aunque de momento no tiene propuestas concretas. Pero hay mucho escéptico con el departamento que dirige Milagros Tolón: profesorado, opositores y preparadores han visto en los últimos años muchos anuncios de reforma de las oposiciones que han acabado en nada, como recuerda el inspector de Educación Francisco Nortes, y ya no se fían. Los múltiples frentes que tiene abiertos el ministerio y debe cerrar antes de las elecciones solo ahondan en esa idea.

Mucha más unanimidad hay respecto a la idea de que es imprescindible cambiar el procedimiento. “El sistema de acceso a la docencia necesita una reforma profunda”, sostiene José Sande, preparador de opositores con años de experiencia a sus espaldas. “Pero quizá no tan complicada como a veces se plantea”, matiza.

Los expertos consultados y la literatura científica sobre la cuestión, que existe, apuntan a toda clase de problemas con las oposiciones, desde la inequidad en el acceso hasta el efecto que produce una prueba de este tipo de manera natural –el aspirante maximiza su esfuerzo en hacer lo que le piden para aprobar, más que en adquirir las habilidades que demanda la escuela–, pasando por unos temarios desfasados o el propio diseño de la prueba, entre otras cuestiones.

El concurso-oposición de acceso a la profesión docente consta actualmente de tres partes. La primera es la oposición, que a su vez consta de dos pruebas y es donde se produce la gran criba. Las personas candidatas empiezan con una prueba de conocimientos específicos de su especialidad, con un supuesto o caso práctico y después el desarrollo de un tema al azar. Quienes la superen pasan a la segunda prueba, de aptitud pedagógica, también con dos partes. Primero se hace una presentación y defensa de una programación didáctica ante el tribunal y luego una preparación y exposición oral de una unidad didáctica extraída de esa misma programación.

Para algunos, el carácter eliminatorio de estas pruebas “no tiene sentido y menos si ni siquiera tienen que ver con la práctica docente”, según explica Héctor Adsuar, responsable de Escuela Pública de CCOO. Aun así, las personas que superen esas primeras pruebas pasan a la segunda fase, el concurso. Aquí se valora la experiencia y los méritos de los candidatos (formación, premios, etc.) para otorgar las plazas que se ofrecen (aprobar todo el proceso no garantiza una plaza si lo hacen más candidatos de las que hay). Finalmente, quienes han obtenido su plaza empiezan la fase de prácticas en los centros, que también se evalúa (aunque es prácticamente imposible suspender).

¿Un sistema regresivo?

“El primer problema es de equidad”, dispara Sande. “El actual sistema se ha convertido, en cierta medida, en regresivo y está dificultando el ascensor social”. Sande explica que para poder presentarse a las oposiciones de Secundaria y Formación Profesional hay que disponer previamente del Máster de Formación del Profesorado, una formación obligatoria para ser profesor de instituto. “Eso supone, para empezar, dedicar aproximadamente un curso académico antes incluso de poder competir por una plaza. Pero el mayor problema es económico. Cuando yo realicé el antiguo CAP, en 1998, era una formación relativamente breve y barata. Hoy las plazas de las universidades públicas son limitadas y muchos aspirantes terminan recurriendo a universidades privadas, donde el coste puede alcanzar varios miles de euros”.

En concreto, el 25% de los aspirantes a docente cada año salen de cuatro centros privados: Unir, Internacional Valenciana, Internacional Isabel de Castilla y Católica San Antonio. “Estamos exigiendo una inversión económica considerable simplemente para tener derecho a presentarse a una oposición, y eso convierte el acceso a una profesión pública en algo parcialmente condicionado por la capacidad económica previa”, lamenta el formador. Y eso sin entrar en la calidad del máster, que no es un problema propio de las oposiciones pero sí del sistema en su conjunto.

Por eso Sande propone invertir el modelo: eliminar el máster como requisito previo y poner esa formación después de superar el proceso selectivo. “En lugar de formar de manera relativamente superficial a cien aspirantes, podríamos formar extraordinariamente bien a los cinco o diez que realmente van a entrar en las aulas. Ese periodo posterior podría incluir legislación educativa, programación, evaluación, atención a la diversidad, gestión del aula, convivencia, herramientas digitales y, sobre todo, prácticas reales tutorizadas”, pone sobre la mesa otro de los elementos que más se cuestionan del actual sistema: las prácticas son básicamente un trámite. “La lógica sería parecida, salvando las diferencias evidentes, a la del MIR: primero existe una selección y después comienza una formación profesional específica”, cierra Sande.

En el apartado de la equidad, aparecen también las diferencias entre los procesos entre comunidades autónomas. “Una misma especialidad puede tener un examen relativamente accesible en una comunidad y extraordinariamente difícil en otra. Puede convocarse en un territorio y no en el vecino. Para un opositor que lleva dos o tres años estudiando, esa situación genera una enorme inseguridad”, expone el preparador. “Esta heterogeneidad pone en cuestión la coherencia del sistema y alimenta la sensación de arbitrariedad”, coinciden los profesores de la Universidad de Murcia en su estudio. Esas diferencias de criterio aparecen también entre los tribunales de una misma comunidad, añadiendo otra capa de arbitrariedad al sistema.

Qué se busca y qué se pide

Otro de los problemas que presenta el sistema es qué mide, qué les pide a los aspirantes. Qué piensa el Estado que debe ser un buen profesor. Y la docencia ha cambiado mucho en las últimas décadas. “Lo que diariamente se encuentran los docentes en las aulas dista mucho de la realidad de las aulas de hace 25 o 30 años”, sostiene José Francisco Venzalá, presidente del sindicato Anpe. “Si nos ajustamos a la ley, el tipo de modelo de enseñanza que tenemos ahora, basado en las competencias, requiere, quizá, otro tipo de planteamiento”.

El estudio El acceso a la profesión docente al cuerpo de maestros de primaria en España. Un análisis comparado, de la Universidad Villanueva, elabora esta observación de Venzelá. El texto llama la atención sobre el desequilibrio existente entre las competencias formalmente exigidas en las convocatorias —fundamentalmente pedagógicas, didácticas y de conocimiento disciplinar— y aquellas que, desde la investigación educativa y la política internacional, se consideran esenciales para el desempeño docente, como las competencias socioemocionales, la capacidad de liderazgo en el aula o la gestión inclusiva de la diversidad. Esta complejización de las aulas, sin recursos para atenderla, es uno de los principales combustibles de los conflictos docentes que atraviesan el país estos meses.

Y, está estudiado, cuando se pone una prueba para medir algo los aspirantes pondrán toda su dedicación en aquello que se les pide, no necesariamente es lo que necesitarán o le conviene a la profesión, como mostró el estudio El acceso a la función pública docente en la Enseñanza Secundaria: un estudio sobre las estrategias utilizadas por los candidatos/as de la provincia de Gipuzkoa. Esta investigación explica que los aspirantes a docentes priorizaron en su aproximación a la prueba el temario, el supuesto práctico, los criterios de evaluación utilizados en años anteriores, las competencias que podían ser evaluadas y la preparación específica de la exposición oral.

“Este desajuste entre lo que se evalúa y lo que se demanda en la práctica real del aula constituye una de las críticas más recurrentes al actual modelo de oposición”, sostienen José María Rabal Alonso y María González Romero, de la Universidad de Murcia, en Equidad, variables influyentes y competencias evaluadas en las oposiciones docentes en España: una revisión bibliográfica. “En efecto, mientras que la programación didáctica, la unidad didáctica o la exposición oral son pruebas que permiten valorar la competencia técnica del opositor, quedan en un segundo plano aspectos como la empatía, la comunicación interpersonal o la capacidad de generar climas inclusivos y participativos. Tal y como señala la literatura sobre formación docente, estas competencias blandas son determinantes para la eficacia educativa, pero su presencia en los criterios de evaluación es aún marginal”, reflexionan.

Temarios con 30 años

También están los temarios, algunos elaborados hace 30 años, con el epítome del desfase en la especialidad de Informática. Un análisis realizado para este periódico por Ezequiel Jerez Calero, tesorero de la Asociación Andaluza de Profesores de Informática, muestra lo obsoleto del contenido que deben estudiar los opositores a docente de Informática, quizá el ejemplo más evidente del desfase curricular de las pruebas de acceso.

De los 74 temas que contempla el temario oficial, 53 que hablan de hardware, sistemas operativos, programación, bases de datos, ingeniería de software y redes están “desfasados”, mientras falta incluir la Inteligencia artificial y el machine learning, la ciberseguridad como un bloque completo, desarrollo web, cloud computing, desarrollo de aplicaciones móviles, análisis de datos y ética, protección de datos (RGPD) y aspectos legales (de la informática), según desgrana este docente.