El sindicato ANPE ha denunciado que los docentes designados para participar en los tribunales de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Cantabria, que se celebrarán el 20 y 21 de junio, “se verán obligados a encadenar al menos 12 días consecutivos de trabajo sin descanso, incluyendo jornadas dobles durante los días previos a las pruebas y trabajo durante el fin de semana de celebración de los exámenes” sin que la Consejería de Educación “haya previsto ningún tipo de compensación horaria”, por lo que ha reclamado que se abra una negociación al respecto.

En un comunicado, el sindicato ha considerado “especialmente grave” que esta carga extraordinaria se produzca en pleno final de curso, “uno de los periodos de mayor intensidad de trabajo para el profesorado”, ya que muchos de estos docentes “deberán desplazarse a localidades alejadas de sus domicilios para cumplir con las tareas derivadas de las oposiciones” una vez finalizada su actividad ordinaria en los centros educativos.

ANPE ha detallado que la sobrecarga comienza incluso antes de la celebración de las pruebas, puesto que el 18 de junio “además de cumplir con su jornada laboral ordinaria en los centros educativos, estas personas deberán asistir a reuniones de coordinación”, y al día siguiente “deberán incorporarse a los centros de examen para preparar aulas, organizar materiales y realizar todas las tareas necesarias para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, prolongando su jornada hasta que dichos trabajos queden completados”.

Durante el fin de semana de las pruebas, la carga se incrementa aún más, según ha explicado el sindicato, ya que el 20 y 21 de junio miembros de tribunales y colaboradores deberán incorporarse a las 7.00 horas para iniciar la jornada de examen y continuar trabajando hasta que todas las dependencias queden nuevamente preparadas o hasta que toda la documentación y los exámenes queden correctamente organizados y custodiados.

El sindicato ha señalado que solicitó “expresamente” en la Mesa Sectorial de Educación el establecimiento de una compensación horaria para el personal docente que participa en los tribunales y en las tareas de colaboración, pero ha lamentado que la Administración educativa “rechazó esta propuesta y confirmó que no contempla ninguna medida compensatoria para quienes asumirán esta carga extraordinaria de trabajo”, por lo que ha exigido que “abra de manera inmediata una negociación para regular esta cuestión y establezca un marco estable que evite que vuelvan a producirse situaciones como la actual”.

Las recientes convocatorias de ofertas de empleo público abren un abanico de oportunidades para quienes quieren trabajar en la administración riojana. Sin embargo, también se acumulan las dudas y la incertidumbre ante estos procesos que a veces pueden resultar complejos y desmotivadores. Son muchos los aspirantes que no saben a qué plazas pueden acceder, qué requisitos tienen que cumplir o que temario tienen que estudiar. Por ello, STAR cuenta con un Servicio de Orientación para el Empleo Público como espacio integral, que incluye orientación personalizada, el acompañamiento durante todo el proceso y la formación especializada.

El sindicato señala que sigue siendo un buen momento para acceder al empleo público, con varias OPE con muchas plazas en marcha, pues la edad media del funcionariado sigue siendo alta y hay relevo. Sin embargo, hay muchas personas que se acercan a consultar al sindicato y no saben que podían trabajar en la administración pública o qué estudios o requisitos necesitan. “Queremos dar las herramientas a las personas que quieren acceder a la Administración, que implica enfrentarse a un sistema muy complejo, hay que saber los procesos, las modalidades, cómo es la oposición, si es una oposición libre, si es un concurso oposición, las bolsas de empleo”, señala Lourdes Montes, secretaria de Servicios a la Afiliación. 

Un itinerario en dos fases: del perfil al examen

En este escenario, STAR ha puesto en marcha el Servicio de Orientación para el Empleo Público “para poder encaminar a la gente que quiere ser funcionario o trabajar en la Administración Pública para que tengan las posibilidades de éxito en ese acceso”, según presenta Montes. El servicio comienza con una orientación personalizada, que incluye una orientación según su perfil académico, experiencia y preferencias, optimizando así sus posibilidades de éxito. De esta forma, STAR guía a cada aspirante al proceso selectivo más oportuno con un acompañamiento constante, desde la convocatoria hasta el estudio. 

“Los procesos pueden ser desmotivadores a la hora de los plazos, cuando ven las listas de admitidos y excluidos y a veces hay mil aspirantes para diez plazas”, apunta la responsable de STAR, que señala que se ofrece herramientas de gestión, estudio y estrategias de afrontamiento a través de profesionales especializados “. Pero sí que es verdad que el proceso es complejo y a veces la desmotivación de ver que no salen los plazos, que han pasado dos meses y aún no es el examen”

Apoyo continuo

El apoyo que se brinda a los opositores no es genérico, sino que se divide en un itinerario de dos fases bien diferenciadas. La formación ofrecida por STAR está acreditada y cuenta con docentes altamente especializados en cada materia y en cada ámbito para, como resalta Lourdes Montes, “que la preparación sea lo más rigurosa, actualizada y ajustada a esas a esas plazas a las que van a presentarse”. Los planes de formación de STAR cuentan con una parte general referida a la legislación común y una parte especifica según cada plazas. 

“Impulsamos que los opositores conozcan bien lo que es una oposición y así poder preparar bien el temario y el método y seguimiento a las exigencias reales de cada convocatoria”, destaca Montes. También en STAR hacen un simulacro de examen para que los opositores se enfrenten a lo que es un llamamiento a la hora de entrar a preparar la oposición y hacer como un tipo de examen controlándoles el tiempo y valorando la velocidad. “Intentamos hacerles ese acompañamiento hasta el final lo más parecido a lo que puede ser la oposición”, explica.

El Servicio de Orientación de STAR también sirve para los funcionarios de carrera, para quienes es fundamental actualizar de forma constante sus conocimientos en la administración. Para ellos, ofrenden cursos online y charlas orientativas. En definitiva, el Servicio de Orientación para el Empleo Público de STAR se consolida como una herramienta fundamental para los opositores de La Rioja. Al transformar un laberinto normativo en un itinerario accesible, riguroso y con un fuerte respaldo humano y formativo, el sindicato no solo prepara opositores para aprobar un examen; les dota de las herramientas necesarias para construir con seguridad su futuro profesional en la Administración riojana. 

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 2, del calendario completo de oposiciones aprobado por la Dirección General de Función Pública para convocar antes de fin de año las 505 plazas de todas las Ofertas de Empleo Público (OPE) de Servicios Generales de 2023 a 2026, cuyos procesos selectivos quedaban pendientes, con el objetivo de avanzar en la reducción de la temporalidad y en la ejecución anual de las ofertas. La primera tanda se ha publicado este martes e incluye 49 plazas para siete procesos selectivos de los cuerpos de Ingeniero de Caminos, Farmacéutico, Subinspector de Tributos, Inspector de Consumo y Ordenanza.

Este calendario completo de convocatorias de oposiciones representa un ejercicio de planificación integral que permitirá que todas las plazas pendientes queden convocadas antes del próximo 31 de diciembre, con dos únicas excepciones: la plaza de Letrado, cuya convocatoria está prevista para 2027, y 50 plazas de promoción interna de Auxiliar Administrativo General a Administrativo, que se publicarán en enero de 2027.

Este esfuerzo de planificación supone un avance decisivo en la reducción de la temporalidad en la Administración Autonómica y permitirá, por primera vez, ejecutar las ofertas en el mismo año de su aprobación, garantizando mayor agilidad, seguridad jurídica y eficiencia en la gestión del empleo público. Asimismo, el calendario ofrece previsibilidad y certidumbre a un colectivo muy amplio de opositores, academias de preparación y organizaciones sindicales, y refuerza la transparencia y la colaboración del Gobierno regional en materia de empleo público.

De las 505 plazas previstas, 301 son para personal de nuevo ingreso, de las que 41 se reservan para personas con discapacidad: 33 de discapacidad general (RDG) y 8 de discapacidad intelectual (RDI). Además, hay previstas 161 plazas de promoción interna vertical (PIV) y 43 de promoción interna horizontal (PH).

El documento recoge la fecha prevista para cada uno de los 65 procesos selectivos y la previsión para su primer examen. Entre las convocatorias más numerosas destacan:

El calendario incluye también convocatorias de perfiles técnicos, sanitarios, sociales y de ingeniería, con fechas de primer examen distribuidas entre el 4º trimestre de 2026 y el 2º trimestre de 2027, según el cuerpo y la especialidad.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia “las condiciones extremas” de calor sufridas por las personas que se presentaron a la OPE de Matrona del SERIS, celebrada en el IES Cosme García, debido a las altas temperaturas registradas el sábado.

Desde SATSE, consideran que se podían haber tomado medidas para garantizar el buen desarrollo de la prueba, así como la salud de las y los opositores. “Las matronas han denunciado que no se podía hacer un examen en esas condiciones, que con más de 30 grados en el aula no se podía ni pensar. Lo raro es que no haya habido mareos o desmayos”, explica Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE La Rioja. 

Sin duda, “era una situación previsible y la Administración no ha hecho nada para evitarlo”, comenta Mogena. Y es que, recuerdan desde el sindicato, la prueba podría haberse trasladado al CIBIR, por ejemplo, que cuenta con la climatización adecuada y que ya ha acogido oposiciones de esta categoría en anteriores ocasiones. 

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la Oferta de Empleo Público referente al año 2026. Está formada por 53 plazas que, según destacado la concejala responsable del área de Personal, Celia Sanz, permiten “avanzar en la consolidación del empleo público” y “adecuar la estructura laboral municipal a las necesidades organizativas de esta Administración, para en aras de ofrecer la mayor eficacia y eficiencia en el servicio que se presta a la ciudadanía de Logroño”.

De las plazas que integran la Oferta de Empleo Público, 38 corresponden a personal de nuevo ingreso. Destacan entre ellas 9 plazas de Policía Local, 7 de Administrativo y 5 de Técnico de Administración General. También se incluyen 3 plazas de Operario, 2 de Arquitecto Técnico, 1 de Arquitecto, 2 de Delineante y 1 de Técnico de Educación Infantil, entre otros perfiles muy demandados.

La oferta para personal de nuevo ingreso se completa con 1 plaza de Animador de Espacios Juveniles, 1 de Jefe de Relaciones Públicas del CMRE. 1 de Trabajador Social, 1 de TGM (Administración Especial), 2 de Técnico de Administración Especial, 1 de Ingeniero Técnico y 1 de Técnico Responsable de Prevención. De las 38 plazas de nuevo ingreso, se han reservado 3 para el acceso de personas con discapacidad: 1 de Operario, 1 de Administrativo y 1 de Técnico de Administración General.

El resto de la Oferta de Empleo Público 2026 se desglosa del siguiente modo: 12 plazas destinadas a la promoción interna del personal municipal, y 3 plazas de consolidación de empleo interino.

Celia Sanz ha insistido en el “esfuerzo continuado” para impulsar los procesos selectivos de personal, agradeciendo la “gran profesionalidad” de la Dirección General de Personal para ejecutar los distintos procesos. Así, ha recordado que durante el año 2026 se han aprobado las bases y convocatoria de 2 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 5 plazas de plantilla y la creación de 2 listas de espera. Durante el año 2025 se aprobaron las bases y convocatoria de 23 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 62 plazas de plantilla y la creación de 4 listas de espera.La concejala ha destacado el impulso dado a procesos como la convocatoria para cubrir 35 plazas de Administrativo, la de 6 plazas de Trabajador Social, la de 5 plazas de oficial inspector, la de 5 plazas de Delineante o la de 11 plazas de Bombero conductor.

La Oferta de Empleo Público completa se encuentra ya publicada en la página web del Ayuntamiento de Logroño www.logrono.es . 

PROMOCIÓN INTERNA

Nº de plazas

Técnico educación infantil

2

Cabo de salvamento

2

Sargento de salvamento

1

Oficial Policía Local

2

Técnico de Juventud

1

Oficial inspector

1

Subalterno

1

Oficial mecánico conductor

1

Oficial aguas

1

TOTAL

12

38 plazas de plantilla para personal de nuevo ingreso:

PLAZA DE PLANTILLA

Nº de plazas

Técnico de Administración General

5

Policía Local

9

Arquitecto Técnico

2

Técnico de Administración Especial

2

TGM (Administración Especial)

1

Animador espacios juveniles

1

Jefe Relaciones Públicas CMRE

1

Trabajador social

1

Administrativo

7

Operario

3

Ingeniero técnico

1

Arquitecto

1

Delineante

2

Técnico de Educación Infantil

1

Técnico Resp. Prevención

1

TOTAL

38

De las cuales, se han reservado las siguientes plazas de plantilla para el acceso a personas con discapacidad:

Plaza

número

Administrativo

1

Operario

1

Técnico de Administración General

1

Y 3 plazas de consolidación de empleo interino

Plaza

número

Diplomado Ad. Financiera

1

Oficial de aguas

1

Técnico especialista FP II

1

Las polémicas oposiciones para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria entran en la vía penal. Después de seis meses de investigación preprocesal, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha decidido este miércoles enviar el expediente a los juzgados de la capital grancanaria por considerar que se pueden haber cometido los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa por parte del presidente del tribunal calificador y del director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias. 

Los opositores afectados, a su vez denunciantes, han solicitado de inmediato la paralización urgente del procedimiento selectivo y, por consiguiente, la cancelación de la incorporación de los aspirantes, prevista por el Gobierno para el próximo 1 de junio.

Según recoge el Decreto de Fiscalía, existirían indicios de posibles delitos previstos en los artículos 390, 405 y 406 del Código Penal, relacionados con la actuación del entonces presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta Hernández, así como del director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso. 

La investigación parte de las denuncias formuladas por opositores afectados, quienes pusieron en conocimiento de la Fiscalía que el presidente del tribunal habría impartido formación específica a aspirantes en una academia privada en el barrio de Tamaraceite, que figura a nombre de su mujer, dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria oficial, circunstancia expresamente prohibida por las bases reguladoras del proceso selectivo. 

Para demostrarlo, los denunciantes aportaron una grabación de Acosta presuntamente impartiendo las clases y de pagos del importe de las mismas mediante Bizum a su número de teléfono.

El Ministerio Fiscal señala además que la firma de la declaración responsable que presentó para formar parte del tribunal podría constituir un presunto delito de falsedad documental si se acreditara que dicha actividad docente existió efectivamente.

La prevaricación administrativa que señala la Fiscalía en su decreto responsabilizaría al director general de Estudios y Formación por “nombramiento ilegal y aceptación de nombramiento” del presidente del tribunal.

Pese a la gravedad de los hechos investigados y la existencia de actuaciones judiciales y medidas cautelares promovidas por los afectados, la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno canario acordó recientemente la incorporación de 141 aspirantes como funcionarios en prácticas, fijando su toma de posesión para el próximo 1 de junio. 

Ante esta novedad judicial, los afectados solicitaron este miércoles la paralización cautelar inmediata del proceso selectivo, la suspensión de la toma de posesión prevista de los 141 aspirantes, la depuración de todas las responsabilidades administrativas y políticas derivadas de los hechos investigados y la garantía de un procedimiento plenamente transparente, imparcial y ajustado a Derecho. 

En un comunicado remitido a este periódico, consideran que “la continuación del proceso podría provocar consecuencias irreversibles y un grave perjuicio tanto para los opositores perjudicados como para la propia credibilidad institucional de la Policía Canaria”. 

Además, anuncian que continuarán ejerciendo “todas las acciones legales necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos”. Porque “lo que está ocurriendo trasciende unas simples oposiciones. Está en juego la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en la limpieza del acceso a la función pública y en la credibilidad del sistema”, concluye el comunicado.

La Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja exige a la Consejería de Educación y Empleo medidas inmediatas, planificadas y con presupuesto suficiente para garantizar condiciones seguras en los centros educativos ante el aumento de las temperaturas que se van a dar en este final de curso y en las oposiciones docentes, que se inician el sábado 20 de junio de 2026.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que es de aplicación y de obligado cumplimiento en todos los centros de trabajo sin excepción, dice en su ANEXO III (Condiciones ambientales de los lugares de trabajo), que “la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares (centros educativos) estará comprendida entre 17 y 27 ºC”.

“Las altas temperaturas en las aulas ya no pueden tratarse como un episodio puntual ni como una simple incomodidad pasajera. Son una realidad cada vez más frecuente, vinculada al cambio climático, que afecta directamente a la salud del alumnado, del profesorado y del resto de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos”, subraya CCOO.

Por ello, el sindicato reclama a la Administración riojana que “deje de improvisar y actúe con responsabilidad, previsión y recursos”. “La Consejería debe garantizar que los centros educativos sean espacios seguros también en los meses de mayor calor, especialmente en junio y septiembre, cuando las temperaturas pueden comprometer el normal desarrollo de la actividad lectiva”, reclaman.

Desde CCOO exigen que se permita a los centros, en el ejercicio de su autonomía organizativa y atendiendo a sus características concretas, adoptar medidas urgentes cuando las condiciones térmicas así lo requieran. Entre ellas, la flexibilización horaria, la adaptación de la jornada lectiva, la reorganización de espacios, los agrupamientos necesarios o cualquier otra medida que permita proteger la salud de la comunidad educativa.

Plan regional de adaptación bioclimática de los centros educativos

Pero estas actuaciones puntuales no son suficientes para el sindicato, que pide que la Consejería de Educación ponga en marcha de forma inmediata un plan regional de adaptación bioclimática de los centros educativos, dotado económicamente y con un calendario real de ejecución. Este plan debe partir de un estudio riguroso de las condiciones de cada centro: orientación, antigüedad de los edificios, exposición solar, ventilación, aislamiento, patios, zonas de sombra y situación de las aulas más vulnerables.

CCOO reclama inversiones concretas en aislamiento térmico, cerramientos adecuados, ventilación, climatización cuando sea necesaria, toldos, arbolado, elementos de sombra en los patios y mejora energética de los edificios. “No se puede seguir trasladando la responsabilidad a los equipos directivos, al profesorado o a las familias cuando el problema es estructural y exige una respuesta pública”.

Reclamaciones para las oposiciones docentes

Además, las pruebas de las oposiciones docentes de 2026 comenzarán el sábado 20 de junio, con alrededor de 2500 personas aspirantes, más los tribunales, en unas fechas en las que ya pueden producirse episodios de calor intenso. Por ello, CCOO exige que todos los espacios donde se desarrollen los procesos selectivos cuenten con condiciones adecuadas de ventilación, abastecimiento de agua fría, control de temperatura, zonas de descanso y una organización horaria que evite, siempre que sea posible, las horas de mayor calor.

Las personas aspirantes y los miembros de los tribunales no pueden enfrentarse a pruebas de alta exigencia física y mental en aulas sobrecalentadas. La igualdad de oportunidades también pasa por garantizar unas condiciones materiales dignas y seguras durante todo el proceso selectivo.

CCOO recuerda que la prevención de riesgos laborales obliga a proteger la salud de las personas trabajadoras frente a condiciones ambientales inadecuadas. Por tanto, la Administración educativa no puede mirar hacia otro lado ni limitarse a recomendaciones genéricas. Debe evaluar, prevenir y actuar.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja exigen una actuación urgente antes del verano de 2026 y una planificación a medio y largo plazo que prepare los centros educativos para la nueva realidad climática. Y concluyen: “Adaptar las aulas al calor no es un lujo: es una necesidad inmediata, una obligación preventiva y una inversión imprescindible para el futuro de la educación pública riojana”.

Un total de 152.149 personas -1.633 en Cantabria- han sido admitidas en los procesos selectivos que se celebrarán este sábado, día 23, para las 17.986 plazas de empleo público ofertadas por la Administración General del Estado, según ha informado este viernes el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Las pruebas se realizarán a las 10.00 horas en todo el territorio nacional (a las 9.00 en Canarias) tanto para ingreso libre como promoción interna de los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

A la anterior convocatoria, celebrada en diciembre de 2024, se presentaron 164.000 opositores (7,3% más), mientras que las plazas ofertadas eran 31.689, un 43,2% más que en la convocatoria de este año.

Del total de admitidos a participar en estos procesos selectivos, un 65% son mujeres y la mayor parte se encuentran en una franja de edad de 36 a 45 años.

Además, se han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios para los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%. Entre las adaptaciones se encuentran lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas o asistentes de lectura, entre otros.

La encargada de la realización de las prueba será la Comisión Permanente de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Esta está compuesta por 47 miembros, una presidenta, un secretario y 45 vocales distribuidos en cinco unidades que han elaborado los ejercicios y determinado los criterios de valoración de los mismos.

Ellos son también los encargados de salvaguardar la confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso, asegurando una corrección totalmente anónima de los exámenes.

En cuanto a los centros donde se realizan las pruebas, en esta convocatoria se han alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 facultades.

El dispositivo organizativo incorpora también un refuerzo de las medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude. El INAP ha previsto medios técnicos y humanos especializados para la supervisión de los ejercicios, la detección de dispositivos no autorizados, la ordenación de accesos y permanencia en las aulas y la verificación de las condiciones de realización de las pruebas.

Estas medidas necesitan de la cooperación interadministrativa, que permite ampliar las capacidades disponibles, reforzar la coordinación territorial y asegurar criterios homogéneos de actuación en las distintas sedes.

En 26 provincias

Las pruebas tendrán lugar en 26 provincias españolas de manera simultánea. Madrid será, con diferencia, la provincia donde más opositores realicen el examen, con 44.464. Le siguen Sevilla (10.602), Valladolid (8.859) y Valencia (8.030).

El resto de provincias donde se han convocado las pruebas son La Coruña, Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Córdoba, Granada, Baleares, La Rioja, Las Palmas, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Zaragoza y la ciudad autónoma de Ceuta.

“¿Qué pasará con las oposiciones, con las ayudas a los agricultores, los créditos...? ¿Qué hacemos con un gobierno paralizado? No podemos permitirnos una parálisis”. Durante toda la campaña electoral, el candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, estuvo apelando al voto útil para reeditar una mayoría absoluta que garantizara “estabilidad” y evitara el “lío” en el que –según él– ya están inmersas comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León. Territorios donde el PP mantiene su hegemonía, pero necesita pactar con Vox para gobernar: un escenario muy similar al que se enfrentan ahora los populares en Andalucía.

Para impedirlo, el hoy presidente en funciones trató de asociar la ausencia de mayoría absoluta con un escenario de bloqueo institucional: “No sabremos si habrá gobierno en julio, septiembre, noviembre o diciembre. No sabemos si habrá presupuestos, si podremos convocar unas oposiciones…”, deslizó Moreno también en el minuto final del primer debate electoral entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. En un foro posterior, el jueves 7 de mayo, dijo textualmente: “Si el Gobierno no sale adelante, pues por ejemplo yo no puedo convocar las oposiciones que están previstas y hay alumnos que llevan un año preparándose en el ámbito de la docencia”.

Días después, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, abrió el segundo debate afeando al candidato del PP que “chantajeara a miles de opositores andaluces diciendo: o me votan a mí o lo mismo se suspenden las oposiciones”. Moreno, lejos de rectificar como le instó García, insistió: “Si no hay Gobierno, no se pueden convocar las oposiciones”. Al mostrarse ambiguo y no concretar a qué pruebas se estaba refiriendo, sembró incertidumbre entre los opositores. Dos días antes de las elecciones, el candidato popular fue más claro en una entrevista en COPE y especificó que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos previstas para junio no peligraban por estar ya convocadas.

A ojos de los sindicatos y expertos en Función Pública, no cabe confusión al margen de los pactos y de cuánto se alargue el Gobierno en funciones, las oposiciones “se van a celebrar sin ningún problema”. También lo afirman fuentes de la propia Consejería de Desarrollo Educativo, que indican que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos se celebrarán el 20 de junio, como anunció la Junta el pasado mes de marzo, tal y como figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 25 de febrero. La propia portavoz de la Junta, Carolina España, dijo el martes que las oposiciones que están en marcha “pueden continuar”.

En el debate electoral, Moreno no aclaró que estaba poniendo en duda la futura convocatoria de oposiciones al cuerpo de Maestros, prevista para 2027, y el candidato de Adelante Andalucía (y muchos espectadores) entendieron que se refería a las oposiciones de Secundaria, ya convocadas para el 20 de junio.

Con todo, el mensaje de alerta del dirigente popular contemplaría un escenario inédito: las oposiciones del mes que viene se convocaron el pasado 25 de febrero (publicación en BOJA). De modo que las oposiciones de junio de 2027, se convocarían en febrero de ese año. Con este calendario, Moreno habría advertido en campaña de un hipotético bloqueo institucional de nueve meses, algo que no tiene antecedentes en ninguna comunidad autónoma.

Las elecciones en Extremadura fueron el 21 de diciembre, la Asamblea legislativa se constituyó el 20 de enero, el primer debate (fallido) de investidura fue el 4 de marzo (abriendo la cuenta atrás para la repetición electoral), María Guardiola fue investida presidenta el 22 de abril, y formó gobierno la semana siguiente.

¿Qué ocurre cuando un Gobierno está en funciones?

Desde el día siguiente a los comicios, el Ejecutivo saliente permanece en funciones hasta la formación del nuevo Gobierno. Durante ese periodo mantiene limitadas sus capacidades políticas, pero sigue ejecutando la actividad ordinaria de la administración. “Los gobiernos en funciones tienen el cometido de tramitar lo que está en marcha y evitar que se paralice la administración mientras hay una transición de un gobierno a otro”, resume Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

El artículo 37 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece qué no puede hacer un Gobierno en funciones: aprobar presupuestos o presentar proyectos de ley. Pero no prohíbe convocar oposiciones, como manifestó el presidente andaluz durante el debate. “Se pueden convocar plazas aunque el gobierno esté en funciones, lo único que no se puede aprobar son los presupuestos”, concluye Esperanza Morales, Secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Andalucía.

La representante sindical recuerda, además, que las convocatorias ya aprobadas tienen consignación presupuestaria y unos plazos legales de ejecución que deben cumplirse, tras ser negociadas en distintas mesas con los sindicatos. Es el caso de las pruebas de acceso a los cuerpos de profesores de Secundaria, Música y Artes Escénicas y Formación Profesional, para las que se han convocado un total de 5047 plazas de 66 especialidades. Estas oposiciones empezarán en junio, con independencia de que para entonces esté o no constituido ya el nuevo Gobierno autonómico.

La administración no se paraliza

La clave radica en que una convocatoria de oposiciones constituye “un acto de índole administrativa” al margen de la dirección política, como explica Esperanza Morales. “La Administración es la garante de los servicios públicos y los servicios públicos tienen que continuar funcionando”, añade la experta en Función Pública.

La explicación jurídica pasa por diferenciar entre el poder legislativo y la actividad administrativa. “La administración pública es el instrumento que gestiona y ejecuta las directrices políticas”, explica la responsable de UGT Andalucía. En otras palabras, una vez que el Parlamento queda disuelto tras la convocatoria electoral, no se pueden aprobar leyes hasta la constitución de la nueva Cámara, pero el Ejecutivo continúa operando en funciones para garantizar que la Administración siga funcionando y ejecutando los procedimientos ya iniciados.

Dentro de esa función, “las oposiciones son tarea diaria y cotidiana de la administración”, señalan los expertos. De modo que cuando una oferta de empleo público (OEP) ya está aprobada “lo único que queda es ejecutarla”, en palabras del portavoz del SAF.

Desde la Consejería de Justicia y Función Pública también indican que esas OPE ya aprobadas van a seguir su curso con normalidad. En cambio, señalan que no se pueden aprobar nuevas plazas, es decir, nuevas ofertas de empleo público mientras esté el Gobierno en funciones porque comprometan créditos futuros.

El precedente de Extremadura

El “lío” al que aludía Moreno tiene uno de sus precedentes recientes en Extremadura. Allí, la falta de acuerdo entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre dejó durante cuatro meses al anterior Ejecutivo presidido por María Guardiola en funciones.

La comunidad vecina también tenía unas oposiciones en ciernes y, para tranquilizar a los opositores que llevan años preparándose, la propia Junta extremeña aclaró públicamente que las oposiciones docentes previstas no corrían peligro. En una nota de prensa, recordó que se trataba de “un proceso dentro de la actividad ordinaria de la Consejería de Educación”, aclarando que la ausencia de un nuevo gobierno no afectaba a su celebración.

Tenía razón el líder de Adelante –que conoce bien el proceso porque fue opositor hasta que sacó plaza de profesor de Secundaria en 2021– cuando le dijo a Moreno que “las oposiciones no dependen de usted; puede ganar, perder o empatar que las oposiciones se van a celebrar”. Tal vez el presidente es el que ha terminado enredándose o que “algunos políticos estudian más para sacar votos que para no confundir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país”, como concluye uno de los expertos consultados para aclarar este lío.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes la Oferta Pública de Empleo (OPE) para personal docente correspondiente al ejercicio 2026, la cual incluye 1.111 plazas y deberá ejecutarse en el plazo de tres años.

Todo ello, conforme el artículo 70.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), según ha informado la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez.

De esta manera, la mayoría de las plazas, 514 y 452, respectivamente, corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Grupo A, Subgrupo A1) y al de Maestros (Grupo A, Subgrupo A2).

El resto se reparte básicamente entre el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria (Grupo A, Subgrupo A1), con 94 plazas; el de Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (Grupo A, Subgrupo A2), con 14, y el de Inspectores de Educación (Grupo A, Subgrupo A1), con otras 11, al igual que las previstas para el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A, Subgrupo A1).

La OPE también contempla siete plazas del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A1) y cuatro del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Grupo A, Subgrupo A1) así como dos del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A2) y una tanto para el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A, Subgrupo A1) como para el de Catedráticos de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A1).

La Xunta de Galicia ha vuelto a negar las acusaciones de irregularidades y machismo en un tribunal de oposición a profesorado de FP que había denunciado la única mujer miembro del mismo y después dos de los aspirantes. “Hubo un desarrollo neutral y transparente, acorde con la legislación vigente”, se limitó a razonar el director general de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, en respuesta a las preguntas parlamentarias del BNG. La diputada de esta formación Cristina Fernández Davila le afeó que el departamento no hubiera abierto una investigación y que ni siquiera contestase al escrito de denuncia de la profesora.

El mencionado concurso oposición para la especialidad de soldadura lo organizó el Gobierno gallego entre junio y julio de 2024 en el CIFP Someso de A Coruña. Según la reclamación de la única mujer que formó parte de su tribunal de cinco docentes, estuvo plagado de irregularidades: comentarios machistas, interpretaciones sesgadas del reglamento, favoritismo hacia algunos aspirantes. Álvarez Bértolo lo rechazó todo en su comparecencia ante la comisión de Educación del Parlamento de Galicia. Eso sí, se cuidó de entrar en ningún detalle. “Los procedimientos selectivos se caracterizan por la calidad, la transparencia y la seguridad jurídica”, se limitó a leer ante Fernández Dávila.

Esta había comenzado su intervención destacando lo inusual de que fuese precisamente una miembro del tribunal de oposición la que denunciase, y no alguno de los concursantes, lo que resulta habitual. “Da cuenta de la gravedad de lo sucedido”, aseguró, “ni siquiera la escucharon. Si hubo averiguaciones, como afirman, lo normal sería contactar con la persona denunciante. No lo hicieron. Es un silencio muy elocuente”. Álvarez Bértolo dijo que “no existía obligación legal de responder al escrito de denuncia” y adujo que su dirección general “hizo las pesquisas correspondientes” con el tribunal. No con la única mujer que formaba parte de él

La diputada nacionalista criticó que, en todo caso, no exista un expediente sobre lo sucedido. A su juicio, la consellería es consciente de las irregularidades porque en 2025 no convocó plazas de profesorado en esa especialidad “a pesar de que hacen falta” y en 2026 “retiró del sorteo” para el tribunal al presidente del año 2024. El alto cargo de la Xunta también lo negó, aunque con matices. “No se retira a nadie de un sorteo, a no ser que lo pida”, dijo.

“¡Cuántas tías en la lista!”

El escrito remitido en su día a la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de la consellería y al presidente del tribunal y a la que ha tenido acceso este diario, incluía un relato de “hechos graves” que la denunciante esperaba “no se volvieran a repetir”. Los expone por orden cronológica y comienza con la discriminación que, a su juicio, sufrieron dos de las candidatas a los puestos de profesora. Sucedió durante la prueba denominada 135-GMAW de soldadura MAG. A dos de las aspirantes les falló la máquina -la denunciante fue testigo directo de una, de la otra no- y la profesora, tras intentar arreglar el aparato y comprobar que no podía, solicitó cambiarlo “pues había otros libres”. El compañero de tribunal que supervisaba la prueba junto a ella se negó. Más tarde, la denunciante se enteró de que otros dos aspirantes también habían tenido problemas con el dispositivo y los miembros del tribunal que los examinaban -uno era el mismo que antes se había negado- habían accedido a sustituir la maquinaria.

“Durante el procedimiento se produjeron algunos comentarios que, por mi condición de única mujer en el tribunal, me resultaron incómodos e incluso ofensivos”, asegura el escrito. “¡Cuántas tías en la lista!”, fue el comentario de uno de sus colegas. Durante las reuniones finales de evaluación, continuaron las presuntas gracietas machistas: “Nosotros en Vigo tenemos a las tías quemadas”.

Recursos y demandas

Álvarez Bértolo volvió a insistir en la respuesta que ya había dado su consellería a elDiario.es y aseguró en sede parlamentaria que “no hubo ninguna reclamación al respecto por parte de ninguna persona opositora ni tampoco de ninguna organización sindical”. Una de las mujeres a las que falló la máquina afirma que sí lo ha hecho, además de presentar un recurso de alzada. Otro de los candidatos que quedó fuera indicó a este periódico que también ha registrado un recurso de alzada y que iba a hacer lo propio con una demanda judicial por las irregularidades que, considera, observó en la oposición.

Un total de 10.361 personas han sido admitidas para los procesos selectivos que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias celebrará en el mes de junio para adjudicar 944 plazas.

En un comunicado, la Consejería ha detallado que las plazas pertenecen a la Enseñanza Secundaria (192); Escuelas Oficiales de Idiomas (siete); Escuelas de Artes Plásticas y Diseño (quince) y Especialistas de Sectores Singulares de FP (21) y Música y Artes Escénicas (14), así como para los Cuerpos de Catedráticos de Música y Artes Escénicas (9) y de Maestros (686). 

De ellas, la mayoría (7.912) aspiran a distintas especialidades del Cuerpo de Maestros: Infantil (2.797), Primaria (1.961), Pedagogía Terapéutica (1.258), Educación Física (822), Inglés (540), Música (232), Audición y Lenguaje (201) y Francés (101).  

En cuanto a Secundaria, se presentan 1.366 aspirantes, repartidos entre Procesos de Gestión Administrativa (451), Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (154), Procesos de Producción Agraria (154), Oficina de Proyectos de Construcción (129), Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (93), Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (91), Análisis y Química Industrial (80), Instalación y Mantenimiento de Equipos térmicos y de Fluidos (75), Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (74) y Equipos Electrónicos (65).

Para el Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, se presentan 321 personas a las especialidades de Volumen (102), Diseño de Interior (101), Medios Audiovisuales (86) y Medios Informáticos (32), mientras que al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas optan 275 personas. En concreto, para las especialidades de Piano (73), Violín (51), Flauta Travesera (40), Saxofón (30), Violoncello (26), Viola y Canto (21 aspirantes cada una), así como para las especialidades de Clave y Coro (seis por especialidad) y Arpa (1).

La única especialidad convocada del Cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas, Español para Extranjeros, cuenta con 255 aspirantes, y 134 personas aspiran a ingresar al Cuerpo de Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional, entre Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble (56), Soldadura (46), Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (32).

Por último, para el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas concurren 98 personas entre las que aspiran a Música de Cámara (43), Composición (17), Pedagogía (16), Piano (14) e Improvisación y Acompañamiento (5). 

Las pruebas se iniciarán el día 20 de junio para todos los cuerpos y especialidades, salvo las del Cuerpo de Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional, que comenzarán el 13, debido a que, por sus peculiaridades, tienen una prueba práctica adicional, y las de acceso (no ingreso) de Español para Extranjeros y Volumen, que lo harán el 14 de junio. 

Por su parte, el acto de presentación, obligatorio para realizar las pruebas y en el que las personas aspirantes deberán entregar la programación didáctica, será el día 13 de junio, salvo para el Cuerpo Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional y el Cuerpo de Maestros, que lo celebrarán los días 6 de junio y 29 de mayo, respectivamente.

En cuanto al número de tribunales, la mayoría de especialidades contarán con uno, salvo Infantil (25), Primaria (19), Pedagogía Terapeutica (13), Educación Física del Cuerpo de Maestros (7), Maestros de Inglés (5), Música (4), Procesos de Gestión Administrativa (4), Audición y Lenguaje (2), Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (2), Procesos de Producción Agraria (2) y Español para Extranjeros (2).

Para ello, la Consejería que dirige Poli Suárez ha previsto 28 sedes en siete islas: doce en Tenerife, once en Gran Canaria y una en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, aunque las últimas dos solo se emplearán para el acto de presentación, informa la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, quien subraya “la importancia de este gran dispositivo necesario para celebrar unas pruebas de esta envergadura”.

El PSPV recurre la decisión de la Mesa de las Corts Valencianes, presidida por Vox, que bloquea la tramitación de preguntas parlamentarias sobre la mano derecha de Carlos Mazón en Emergencias durante la dana, el ya exdirector general Alberto Martín Moratilla.

Las diputadas socialistas Alicia Andújar y Marisa Navarro han registrado un recurso de reposición contra el acuerdo del órgano, que vetó tres preguntas por considerar que se identifica a “diversas personas que no tienen trascendencia pública”. La Mesa rechazó tramitar las preguntas, que ahondan en el proceso de oposición que superó el alto cargo, y pidió al PSPV que las reformulara. Tanto los socialistas como el sindicato Comisiones Obreras ven incongruencias en el proceso mediante el que ascendió a la escala de mandos de bomberos.

Las diputadas registraron las peticiones referidas al entonces director general de Emergencias, que aprobó un proceso interno para acceder a la escala de mando en el cuerpo de bomberos de Alicante, de donde procede, e incluyeron en el enunciado a un inspector jefe del citado cuerpo. El mando de bomberos solo se cita en un escrito, mientras que al exdirector general se refieren en tres ocasiones. De este plural, las socialistas deducen que Vox considera que Martín Moratilla, no es un cargo de trascendencia pública, pese a que fue el número 3 de Emergencias durante la dana y ha sido dos veces director general en la citada conselleria. “Es un insulto a la inteligencia”, denuncia la diputada Marisa Navarro, que señala que las preguntas “solo buscan transparencia” y considera que Vox y el PP “están ocultando la información deliberadamente”.

En su escrito, las parlamentarias justifican que Martín Moratilla es una persona con trascendencia pública en la Comunitat Valenciana, “ya que, como cargo público participó en la gestión de emergencias de la Conselleria de Emergencias e Interior mientras fue Director General de Emergencia y Extinción de Incendios, en primer momento y hasta el 14-5-25, y Director General de Coordinación de SPEIS, en segunda ocasión, habiendo compaginado la realización del Curso con el desempeño de ambos cargos”. Señalan además que adquirió también relevancia pública “por su participación en la obtención de la conversación entre las técnicas del 112 y de AEMET, posteriormente manipulada y descontextualizada”. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, señaló en el juzgado que fue Martín Moratilla el que le pidió localizar la llamada sobre la que se había basado un informe de la Generalitat, y el subdirector de Emergencias, Ricardo García, le dijo que era “una petición de Presidencia”.

La Fiscalía de Valencia aprecia un posible delito en la filtración de la conversación del pasado 29 de octubre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la técnico del 112 de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

El Tribunal Supremo ya ha difundido su sentencia en la que reconoce como fija a una interina tras el fallo de la justicia europea del pasado 14 de abril y establece varias vías posibles de sanción para las Administraciones Públicas que abusen de la temporalidad. Los magistrados no reconocen la fijeza para todos los temporales en fraude, sino solo para aquellos que superaron un proceso selectivo, pero no lograron la plaza. Además, establece las condiciones para reconocer indemnizaciones a los afectados, que serían la vía para resarcir a quienes no hubieran superado una oposición y hubieran encadenado contratos temporales de manera abusiva.

Esta nueva sentencia del Supremo, del 11 de mayo, llega después del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de abril que consideró que España no sancionaba adecuadamente la temporalidad abusiva con las herramientas actuales. En concreto, con: la transformación de esos contratos en una relación laboral de “indefinidos no fijos”; el pago de indemnizaciones tasadas en el momento de extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas que tachó de “ambiguo, abstracto e imprevisible”; y también con los procesos selectivos de estabilización, que reconocen la experiencia previa y el tiempo de servicio de las víctimas del abuso en la temporalidad.

Así, el Supremo resuelve en esta nueva sentencia varias vías de sanción para las administraciones y de compensación para los empleados temporales en fraude, de la que destacamos algunas claves más relevantes.

1) Solo a laborales de la Administración

Una de las primeras cuestiones más relevantes es acotar el alcance de esta nueva doctrina del Supremo, que ha dictado la Sala de lo Social del alto tribunal y que alcanza solo a los trabajadores laborales en abuso de temporalidad, pero no a quienes padezcan este mismo fraude en el régimen de Función Pública.

En España hay 3,1 millones de empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, del pasado julio. De ellos, la mayoría se rigen por el régimen de Función Pública, mientras que algo menos de 640.000 empleados son trabajadores “laborales”, algo más del 20%.

La mayor parte de los laborales trabajan para la Administración Local (300.000) y de las Comunidades Autónomas (250.000), con una minoría en el Sector Público del Estado. De este personal laboral, la sentencia solo afectaría a los empleados temporales que han encadenado varios contratos temporales y con una duración inusualmente larga, el abuso de temporalidad que combate la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Su número exacto es difícil de determinar, según los sindicatos de empleados públicos.

2) Declaración de fijeza y no de “indefinidos no fijos”

En el caso concreto que analiza el Supremo, de una interina del Ayuntamiento de Madrid, el Supremo reconoce su condición de “fija” en lugar de la situación de “indefinida no fija” que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La categoría de “indefinidos no fijos” es por la que se había inclinado generalmente el Tribunal Supremo hasta la fecha –salvo una excepción en 2021, de una trabajadora de Aena–. Esta categoría creada en los tribunales de lo Social mantiene a los empleados temporales laborales en sus puestos hasta que la plaza es cubierta formalmente en un proceso de oposición, al que tienen que concurrir y tras el que pueden perder el puesto.

“La recepción de la STJUE Obadal”, la sentencia del pasado 14 de abril, “conlleva que establezcamos la siguiente doctrina”, indica la nueva sentencia del Supremo:

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad” (...) “no resulta contra legem la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión”, contempla la resolución judicial.

Establece así un criterio más amplio para la fijeza en el ámbito laboral, destaca el sindicato UGT y explica el catedrático de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán en el análisis de la sentencia en su blog. “Habrá que ver si la jurisdicción Contencioso-administrativa asume el mismo criterio o, por el contrario, se producirá una fragmentación del ordenamiento jurídico”, afirma Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Adrián Todolí, profesor en la Universidad de Valencia, recuerda que el Contencioso-administrativo “ya ha descartado” la fijeza en múltiples ocasiones en este régimen, por lo que considera poco probable que cambie su postura.

3) Cuándo no procede la fijeza

Los magistrados precisan que no procede la fijeza si no se ha superado este tipo de proceso selectivo. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público de carácter fijo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la CE [Constitución Española] y el TREBEP [Estatuto Básico del Empleado Público]”. Además, considera que “se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, entre otros motivos.

“La conversión automática de todos los contratos de duración determinada con abuso en la temporalidad en contratos fijos de las Administraciones Públicas en modo alguno disuadiría a estas de efectuar en el futuro más contrataciones temporales al margen de esos principios”, consideran los jueces y, por el contrario, advierten de que “se consagraría para el futuro como una vía de acceso al empleo público vulnerando la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Si el trabajador o trabajadora interinos superaron “una convocatoria de acceso a empleo temporal”, tampoco procede la declaración de fijo, añaden los magistrados.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, del magistrado Rafael Antonio López Parada, que apuesta por la fijeza en más situaciones que las que apoya el resto del Pleno de la Sala de lo Social.

4) Indemnización por daños a los afectados

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos para la fijeza en sus puestos, porque no superaron estos procesos selectivos, pueden acceder a indemnizaciones por los daños ocasionados por este abuso, además de las reconocidas hasta ahora al término del contrato. En concreto, “el abono de una indemnización reparadora y disuasoria”.

Los magistrados sientan los criterios para cuantificar estas indemnizaciones por el abuso en la temporalidad pública. Siguiendo la sentencia europea del 14 de abril, la indemnización debe ser una “compensación íntegra del perjuicio y principio de proporcionalidad”, es decir, “no cabe una indemnización meramente simbólica”, ni tampoco debe sobrepasar “el perjuicio sufrido” por el trabajador.

Además, debe “tener en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión, las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso y el perjuicio sufrido como consecuencia de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado”.

Esta indemnización compensatoria “tiene que diferenciar entre los daños materiales”, como las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso, y “los daños morales”, más difíciles de cuantificar.

5) Indemnización mínima de hasta 10.000 euros por daños morales

Para facilitar el cálculo de la indemnización, el Supremo fija “una indemnización presuntiva mínima de los daños morales sin perjuicio de que, si el trabajador acredita unos daños superiores, se indemnicen en su integridad”.

Para ello, utiliza como referencia la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que considera una infracción grave la vulneración de la normativa sobre contratos temporales. Así, en función de las multas en vigor –que se reformaron en 2021– establece una indemnización de:

–“En su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros”, antes del 31 de diciembre de 2021.

–“En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros”, después de esa fecha.

Los magistrados recuerdan además que la LISOS regula un aumento de la sanción en caso de reincidencia.

Eso sí, “cuando el trabajador acredite que, como consecuencia del abuso en la temporalidad, ha sufrido unos daños superiores, se deberán indemnizar en su integridad”, apuntan los jueces. Eso requerirá que “el trabajador acredite el concreto perjuicio sufrido”.

El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo considera que este nuevo pronunciamiento del Supremo aumentará la litigiosidad de los temporales laborales (aunque destaca que el número de procedimientos judiciales en esta materia ya es muy elevado). Tanto de aquellas personas que tengan derecho a ser reconocidas como fijas, como también de quienes tienen derecho a esta nueva indemnización por daños.

6) Instar a que la Inspección de Trabajo sancione a la Administración

Los magistrados recuerdan que la legislación “regula la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios y la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas”, pero la justicia europea consideró que “no se ha acreditado que ese régimen de responsabilidad haya tenido operatividad real”.

Aunque destacan que “corresponde al legislador aprobar las reformas necesarias para la efectividad de esta responsabilidad”, el Supremo considera que “una medida eficaz podría consistir en que, cuando se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad, se remita testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social” para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador contra la Administración pública.

“La imposición de las correspondientes sanciones administrativas a las Administraciones públicas incumplidoras constituye una medida que, junto con la indemnización de daños y perjuicios, sanciona la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Su impacto económico tendrá un efecto disuasorio”, consideran los magistrados.

ANPE Cantabria ha exigido a la Consejería de Educación que publique cuanto antes el calendario de oposiciones del cuerpo de maestros y actúe “con la transparencia y previsión que merecen miles de aspirantes que llevan meses (e incluso años) preparando este proceso selectivo”.

Tras años reclamando una mayor previsión y una información transparente sobre el proceso selectivo, y después de pedir de manera reiterada que este curso se publicaran con suficiente antelación criterios y rúbricas claros y objetivos, a estas alturas los aspirantes continúan sin disponer de las fechas de celebración de las pruebas, ha lamentado el sindicato en un comunicado.

Para ANPE, resulta “incomprensible que quienes se juegan su futuro profesional y personal continúen afrontando esta situación de incertidumbre”, y ha insistido en que la Administración “tiene la obligación de garantizar unas condiciones mínimamente claras, transparentes y previsibles”.

“La sensación vuelve a ser la de llegar al examen teniendo que interpretar expectativas cambiantes en lugar de poder prepararse con seguridad, objetividad y criterios conocidos de antemano”, ha lamentado.

'Modelo Silva'

Además, ha indicado que la Consejería ha decidido modificar el calendario habitual de oposiciones apostando por el denominado “modelo Silva”, un sistema que, en su opinión, “lejos de mejorar las condiciones de los opositores, añade más incertidumbre a un proceso que debería caracterizarse precisamente por la claridad y la igualdad de oportunidades”.

“Desde ANPE Cantabria reiteramos nuestra exigencia de transparencia, planificación y respeto hacia todas las personas que participan en el proceso. Publicar de inmediato el calendario y los criterios claros de evaluación no es una concesión: es una responsabilidad de la Administración educativa”, ha concluido.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el desglose completo de la nueva Oferta de Empleo Público para la Administración General del Estado, aprobada el martes por el Consejo de Ministros. En total son 37.017 plazas, contando a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, pero la oferta específica de la AGE alcanza las 27.232 plazas, que es las que distribuye esta mañana el BOE.

En el siguiente buscador se pueden encontrar todas las plazas ofertadas, por puesto y grupo, así como las plazas reservadas para personas con discapacidad.

De las 27.232 plazas ofertadas, 20.541 corresponden al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

Entre ellas, además de los puestos en la Administración General del Estado (AGE) propiamente dicha, están las plazas de personal de la Administración de Justicia, los cuerpos de personal funcionario docente no universitario en el ámbito de las competencias de la AGE, las escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; el personal estatutario (tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), así como las plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.

La siguiente tabla desglosa las plazas previstas en la OEP 2026, exclusivamente en la Administración General del Estado (AGE), tanto en el turno libre como en los procesos de promoción interna, según el subgrupo: desde el personal laboral a los funcionarios C2 a A1.

Con esta Oferta, el Gobierno prevé los puestos de empleados públicos del Estado que se cubrirán por el año 2026, en cada uno de sus cuerpos. No es la convocatoria oficial de estas plazas, un procedimiento posterior por el que cada organismo abre los procesos selectivos para acceder a esos puestos y que suele llevar un tiempo de demora. Este plazo no puede exceder los tres años, cuando se amortizan las plazas que no se han cubierto.

El Gobierno destaca que esta oferta crea de nuevo “empleo neto”, tras la sangría de la AGE desde las políticas de austeridad fruto de la pasada crisis financiera. En concreto, este 2026 se aprueban “6.000 plazas de turno libre más que las bajas producidas en el ejercicio anterior”.

Empleos tecnológicos

Como novedad, la OEP 2026, como se denomina en los ámbitos de empleados públicos, pone el acento sobre todo en los empleos tecnológicos y en puestos para responder a emergencias climáticas, explicó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. 

El ministro explicó que se convocarán 1.700 plazas en cuerpos TIC, “un 42% más que en la anterior oferta”, y que incluirán por primera vez pruebas selectivas por especialidades en “ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia del dato”. Además, López ha explicado que se va a incorporar la formación obligatoria en digitalización e inteligencia artificial (IA) en todos los procesos selectivos de la Administración del Estado.

El BOE especifica que “se refuerza la captación de talento especializado en materia de tecnologías, con un incremento del 40% de las plazas de los cuerpos de tecnologías de la información y la comunicación, para continuar la transformación digital de la Administración y las competencias en inteligencia artificial”.

Puestos para la emergencia climática

En cuanto a los puestos para afrontar las consecuencias del cambio climático, con episodios vividos como la Dana de Valencia y los temporales de este año en Andalucía y Extremadura, “la oferta supone un refuerzo inédito en materia de lucha contra las emergencias climáticas, en particular en lo referido a las infraestructuras hidráulicas, la protección de la costa y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos”.

El decreto recoge que “no sólo se incrementa la asignación a los cuerpos y escalas de esos ámbitos funcionales, sino que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria de 346 plazas”, de conformidad con el decreto ley con medidas urgentes aprobado por los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Además, “se refuerza la asignación de recursos al Sistema Nacional de Protección Civil, encargado de la gestión de la Red de Alerta Nacional y la participación en todas las fases de la política de seguridad pública que constituyen la protección civil: la anticipación y preparación, la planificación y gestión de emergencias y la resiliencia y recuperación, que incluye la gestión de las subvenciones y ayudas estatales en el ámbito de la protección civil”, contempla el decreto.

Otras áreas “prioritarias”

El Gobierno destaca en el real decreto las plazas ofertadas en varias áreas específicas, como por ejemplo el refuerzo de “los cuerpos especializados en la seguridad ferroviaria”, en un año en el que se han producido dos graves accidentes ferroviarios (en Adamuz y Gelida) y en el que los sindicatos ferroviarios exigieron un refuerzo de sus plantillas. “Y se aumentan en más de un 20% las plazas de los cuerpos y personal laboral que prestan servicios en las funciones de obras públicas y el mantenimiento y vigilancia de la red de infraestructuras de transportes”, recoge la norma.

En un contexto de incertidumbre geoeconómica, la OEP también “pone el acento en la política de diagnóstico de la situación económica y diseño de las políticas económica y comercial, con un aumento del 20% de las plazas de los cuerpos especializados en las áreas funcionales de economía y comercio”.

También hay un refuerzo del personal de Defensa: “Se incrementan los recursos asignados a las políticas públicas de mejora de las capacidades militares, ciberdefensa e industria militar, así como a la seguridad ciudadana y la política penitenciaria de reinserción, con un incremento superior al 15% de plazas en dichos ámbitos funcionales”.

Atención a la ciudadanía

Además de lo que el Gobierno denomina “políticas públicas prioritarias”, el Ejecutivo añade que la oferta de empleo público de 2026 busca también “reforzar los servicios públicos esenciales que presta el Estado”.

Una de ellas es la “atención a la ciudadanía”, un ámbito que fue más central para el Gobierno en la pasada OEP, la de 2025 y que este año los sindicatos pedían seguir reforzando. Los representantes de los empleados públicos no han avalado la oferta de empleo, ya que el Gobierno no la ha negociado con la plantilla.

“Se continúa el esfuerzo realizado en la oferta de empleo público de 2025”, recoge el decreto, “para incrementar las plazas destinadas a dicha área funcional”, el contacto más directo de la Administración con la ciudadanía a través de las más de 3.200 oficinas.

“Para ello se consolida la creación de empleo neto en cuerpos y escalas vinculados directamente con los servicios de atención a la ciudadanía, como el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado o el Cuerpo de Administrativos de la Administración de la Seguridad Social, con el objetivo de conseguir la eliminación progresiva de la cita previa obligatoria”, contempla el real decreto.

Plazas de reservistas para desbloquear la jubilación parcial

También se incluye como novedad la previsión de plazas específicas de personal laboral relevista fijo para permitir la jubilación parcial de este personal en la Administración General del Estado. Esta quedó bloqueada tras la última reforma de pensiones de esta modalidad de jubilación, por las condiciones que se exigen a los trabajadores relevistas (que sean indefinidos), pensadas para el sector privado, pero de difícil encaje en el público.

En concreto, se contemplan: 650 plazas en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado, 63 plazas en el Convenio Colectivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dos plazas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 5 plazas en el Museo Nacional del Prado, 6 plazas en el Instituto Cervantes, 120 plazas en Puerto del Estado y 8 plazas para otro personal fuera de convenio.

El detalle de todas las plazas ofertadas puede consultarse en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (XAV), ha destituido a la teniente de alcalde Sonsoles Prieto (XAV) por una “pérdida de confianza” debido a la concurrencia de la edil a los exámenes de oposición para una de las siete plazas de administrativo convocada por la corporación municipal.

El alcalde, según ha explicado en una rueda de prensa este miércoles, ha encargado a la secretaría general del consistorio que estudie la posibilidad de anular esta convocatoria y de aprobar otra nueva con diferentes bases para garantizar la igualdad e imparcialidad a todos los aspirantes.

Considera que la edil ha incurrido en un “conflicto de intereses”, razón por la cual ha decidido la destitución de Sonsoles Prieto, responsable de Empleo, Comercio e Industria, entre otras áreas, y situar en su puesto a Carlos López, hasta ahora concejal de Turismo, Deporte y Fiestas.

Conflicto de intereses

Tras admitir la “decepción personal” que ha sufrido, Sánchez Cabrera ha elogiado el trabajo desempeñado por la teniente de alcalde durante los siete años en que ha formado parte del equipo de gobierno de Por Ávila (XAV), que durante esta legislatura (2023-2027) gobierna en minoría con once ediles frente al PP (7), PSOE (4) y Vox (3).

Además de definir su trabajo como el de una “servidora pública ejemplar”, el alcalde ha comentado que el cese se produce tras conocer que Sonsoles Prieto concurría a una de las plazas de la oposición convocada el pasado 26 de febrero por la Junta de Gobierno Local de la que ella misma formó parte y que aprobó las bases que regirían.

Teniendo en cuenta esta circunstancia y que la convocatoria del proceso no apareció publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) hasta el pasado 4 de marzo, considera que se produjo un “conflicto de intereses”, ya que la destituida teniente de alcalde “ha tenido acceso a la información de manera previa al resto de opositores”.

Según el alcalde, que ha reconocido el derecho de la edil a concurrir a ese proceso, Prieto debería haberse abstenido en esa Junta de Gobierno Local que aprobó las bases de la oposición. Sin embargo, al no hacerlo, ha incumplido el Código de Buen Gobierno, al que el Ayuntamiento se sumó en mayo de 2017.

El alcalde le pidió que no se presentara

El regidor ha explicado que cuando tuvo conocimiento de esta situación “hace una semana” se reunió con Sonsoles Prieto para pedirle que “desistiera de presentarse”, aunque ella optó por continuar adelante en una “decisión personal” que Sánchez Cabrera ha aclarado que respeta.

“Jurídicamente tiene derecho a presentarse, pero éticamente el Código de Buen Gobierno se lo impide porque entra en conflicto de intereses”, ha argumentado. Todo ello, ha añadido, para velar por el cumplimiento de la normativa legal, el Código de Buen Gobierno y la “imparcialidad” del consistorio, de manera que quienes concurran a la nueva convocatoria lo hagan “en condiciones de igualdad, mérito y capacidad”, ha subrayado.

A la espera de conocer si Prieto continúa como concejala o renuncia a su acta, el alcalde ha pedido disculpas a quienes se han registrado en el proceso de oposiciones, al tiempo que ha dicho haber actuado bajo el criterio de “ejemplaridad” que se exige a los servidores públicos.

Por ello, considera que la ciudadanía realizará una valoración positiva de esta decisión, frente a “la tibieza de otros ante conflictos de intereses”, ya que asegura haber “antepuesto el interés general y común, al interés político”.

El colectivo de opositores afectados por el último proceso selectivo correspondiente a la convocatoria 2023 de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra esas oposiciones. Al mismo tiempo, el colectivo ha solicitado a la justicia la adopción de medidas cautelares urgentes, “consistentes en la suspensión inmediata del procedimiento selectivo actualmente en curso”, según un comunicado hecho público este martes. 

Los opositores basan esta petición y el correspondiente recurso en “la existencia de graves irregularidades detectadas a lo largo de todo el proceso, que comprometen los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público”. 

El colectivo de afectados ha criticado duramente unas recientes declaraciones públicas del director General de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino Franquet, a varios medios de comunicación en las que ha llegado ha dado por hecha la incorporación de 143 nuevos agentes al Cuerpo General de la Policía Canaria, las plazas que precisamente están en litigio. Por eso, los opositores hacen un llamamiento a los medios de comunicación para que “se esfuerzan por trabajar con información contrastada y veraz, a todos los estamentos políticos y a la sociedad canaria para que aúnan esfuerzos por hacer justicia y de una vez acabar con todas las irregularidades que se están cometiendo de forma reiterada y dolosa en los procesos selectivos de toda Canarias”. 

Los opositores afectados manifiestan su “firme compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los derechos de todos los aspirantes”, y subrayan la necesidad de que “se esclarezcan los hechos denunciados y se depuren las responsabilidades que correspondan”. 

CSIF ha denunciado lo que considera un “grave problema de colapso” en el SERIS. Se refieren en esta ocasión al concurso de méritos en las oposiciones de cuerpos como enfermería, TCAE o celador, que sigue sin resolverse, en su opinión, “por la pasividad y la falta de previsión de los gestores del SERIS”.

Las oposiciones a estos cuerpos se componen de dos fases. La primera es la prueba de oposición, exámenes que tuvieron lugar en 2025; y la segunda fase es el concurso de méritos. Los opositores que superaron la prueba de oposición, presentaron sus méritos, en el caso de los procesos selectivos más voluminosos como son enfermería o TCAE que suman más de 2656 personas o celador con 1403, el pasado 5 de agosto de 2025.

Asegura el sindicato que a día de hoy, la Administración no ha resuelto nada “dejando pasar meses cruciales de trabajo y demostrado una falta de interés y empatía por el tiempo y las expectativas de los opositores”.

CSIF ha solicitado en todas las mesas sectoriales de negociación que se agilice este proceso, pero aseguran que no fue hasta la mesa del pasado 11 de febrero cuando el SERIS respondió que acababan de contratar a trabajadores para realizar la baremación de los méritos presentados por los opositores que han superado la primera fase del proceso.

CSIF considera una “absoluta dejadez” que mas de seis meses después de la finalización de los procesos selectivos más numerosos, la Administración contemple ponerse manos a la obra para baremar los méritos. “Esta es la política que siguen, en este caso los gestores del SERIS, se les llena la boca diciendo todo lo que se preocupan por sus trabajadores y porque tengan unas condiciones dignas y no son capaces de agilizar los procesos selectivos para dar estabilidad a la plantilla”, denuncian. “Cuando salten las alarmas de la falta de profesionales en la sanidad riojana, habrá que repasar este tipo de cosas y así se comprenderá porque los profesionales se van a aquellas comunidades en las que se les respete y ofrezcan condiciones seguras y dignas”, concluyen.

En este podcast hemos hablado otras veces de querer ser funcionario. Hemos hablado del duro camino de renuncias que supone estudiar una oposición. Hemos hablado de los motivos que te pueden llevar a tomar la decisión de querer ser funcionario: tener mejores condiciones laborales, no estar dispuesto a asumir ciertos sacrificios que pide la empresa privada. Hemos hablado de lo que supone la llegada al sector público. La motivación, al menos del primer día de trabajo. Hay algo en ese camino que damos por hecho y que no es tan obvio: tener el tiempo y las condiciones materiales para poder opositar. Porque opositar cuesta dinero. Directa e indirectamente.

Ha surgido por ejemplo la Escuela Ciudadana de Administración Pública, un proyecto organizado por funcionarios y funcionarias de manera voluntaria, que quieren ayudar gratis a otros opositores. Ana, Paloma y Enrique forman parte de ECAP. Lo abordamos con el periodista que ha escrito sobre esto en elDiario.es, Guillermo Martínez.

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Publicar gratis los temas de las oposiciones para democratizar el acceso: “Es una herramienta de justicia social”

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