Un numeroso grupo de aspirantes a las 37 plazas de bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha presentado recurso para exigir su reincorporación al proceso selectivo. Sostienen que la entrevista personal, el tercer ejercicio de la convocatoria tras las pruebas físicas y teóricas, se extralimitó y fue utilizada como “filtro” para excluir a opositores cualificados, con sospechas de beneficiar a los bomberos interinos del Consorcio: 15 de los 17 han superado todas las pruebas.

Media docena de opositores entrevistados por Canarias Ahora denuncian un denominador común en el desarrollo del tercer ejercicio del proceso selectivo, que estuvo dividido en dos partes. La primera fue un test psicotécnico, consistente en un cuestionario escrito para evaluar trece dimensiones de la personalidad, como la sinceridad, el trabajo en equipo o la inteligencia social. Después tuvo lugar una entrevista personal de 15 minutos con un profesional de la psicología.

El test psicotécnico, de unos 40 minutos, se realizó el 28 de junio de este año, mientras que las entrevistas personales tuvieron lugar los días 8, 9, 10 y 11 de julio.

Para superar el ejercicio, los aspirantes no debían presentar más de cinco de las trece dimensiones evaluadas fuera de rango, o sea, declaradas “no apto”. En el listado de calificaciones solo se les informaba si habían superado o no el ejercicio completo, sin detallar la puntuación obtenida en cada una de las partes.

El procedimiento, sin embargo, partía de los resultados del test psicotécnico, que constaba de 160 ítems de opción múltiple con una escala de respuesta del 1 al 4 (desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”). A partir de esas calificaciones, los opositores debían ser entrevistados sobre las dimensiones que se encontraban “por debajo de la puntuación solicitada”, con el fin de “comprobar su posible validación”, según el anuncio oficial de la prueba.

Es decir: los opositores creían que la entrevista personal solo trataría las escalas en las que habían obtenido la calificación de “no apto” en el test psicotécnico, para estudiar si era posible revertir esa valoración. Pero muchos observaron que ocurrió justo lo contrario.

Aspirantes contactados por esta redacción que presentaron reclamaciones formales contra la calificación del tercer ejercicio y tuvieron acceso a los resultados de ambas pruebas comprobaron que, pese a haber obtenido menos de cinco dimensiones calificadas como “no apto” en el test psicotécnico, algunas de las que figuraban como “apto” fueron modificadas después de la entrevista personal y pasaron a constar como “no apto”. De este modo, el cómputo total de dimensiones fuera de rango se elevó a seis, lo que los dejó fuera del proceso selectivo. Ocurrió con opositores que pasaron de tener dos dimensiones “no apto” a seis, de tres a seis o de cuatro a seis.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha respondido a estos aspirantes recordando que el propio anuncio sobre el funcionamiento de la entrevista personal establecía que esta tendría carácter “tanto de contraste como evaluativo”. Sus resultados servirían para “confirmar, matizar o, en su caso, refutar las conclusiones derivadas del test de personalidad”, como un elemento adicional para determinar la adecuación de cada candidatura al perfil requerido.

El mismo anuncio, el número 17 de las oposiciones, señalaba además que las bases del proceso selectivo ya advertían de que “en ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a los resultados en la prueba de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de esta”.

Es precisamente esta aparente contradicción en la documentación del concurso (entre el anuncio oficial de la entrevista que establece que las preguntas debían centrarse en las dimensiones fuera de rango y unas bases que permiten utilizarla para refutar las conclusiones del test) la que vertebra los recursos de alzada presentados por un grupo muy numeroso de opositores, algunos de ellos bomberos profesionales en otros puntos del Archipiélago.

Muchos sospechan, además, que este sistema ha beneficiado a los bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que han solicitado sin éxito acceder a la condición de funcionarios de carrera. Son 17 profesionales que ocupan sus puestos desde 2020.

Todos ellos se presentaron al proceso selectivo después de que la justicia rechazara sus intentos de paralizarlo de manera cautelar e incorporarse automáticamente al cuerpo. De los 17, uno quedó excluido en la prueba teórica y otro, en la física. Los 15 que superaron ambas y llegaron a la prueba psicosocial también la superaron.

Ante esto, bomberos que quedaron excluidos del concurso y que prefieren no dar sus nombres sospechan de favoritismo hacia los interinos. Algunos consideran que este grupo debería haber sido ya estabilizado para poner fin al “abuso de temporalidad” en el que se encuentra. Creen, sin embargo, que pudo producirse una presunta desviación de poder en las oposiciones para excluir en la prueba psicosocial a aspirantes con buenas notas en las pruebas teórica y física, además de experiencia profesional, que habrían puesto en riesgo el futuro de los interinos.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se ha limitado a responder al respecto que “son cuestiones sobre las que el tribunal ya ha dado respuesta o se encuentra en proceso de ello” y que no va a entrar en “valoraciones u opiniones subjetivas” de los aspirantes. Una fuente muy cercana al tribunal del proceso ha señalado también que esas sospechas son “percepciones personales” y que “si están dentro es porque han superado las pruebas”.

Uno de los recursos a los que ha tenido acceso este periódico detalla que, de los 38 aspirantes que se presentaron a la prueba psicosocial y que trabajan como bomberos en otras administraciones públicas, 19 fueron declarados no aptos, frente al 100% de los interinos, que fueron declarados aptos. El escrito denuncia que estas cifras reflejan “una desviación estadística asombrosa y ajena a las reglas de la probabilidad en los procesos”, y sostiene que la entrevista se utilizó entonces “como un filtro para asegurar la estabilización de personal propio”.

Otro de los puntos polémicos radica en que las bases del proceso exigían que los psicólogos encargados de realizar las entrevistas personales estuvieran colegiados en el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. Sin embargo, el principal asesor técnico del ejercicio, el especialista Antonio Pamos de la Hoz, está colegiado en Madrid. Es él quien ha firmado las respuestas a las reclamaciones de los opositores que solicitaron conocer sus valoraciones.

Aspirantes entrevistados sostienen asimismo que Pamos de la Hoz no fue quien realizó sus entrevistas, sino otra persona cuya identidad, aseguran, “no coincide con ninguno de los asesores formalmente nombrados”.

Los opositores denuncian que el Consorcio ha pretendido que admitieran “como incuestionable” una valoración técnica cuya autoría “ni siquiera ha quedado plenamente identificada y sin que exista garantía alguna de que quien emitió el juicio fuera realmente quien practicó la entrevista”. También cuestionan que las entrevistas no fueran grabadas, ni en audio ni en vídeo, y que las dimensiones que pasaron de “apto” a “no apto” fueran modificadas de forma genérica, sin identificar las preguntas concretas que motivaron el cambio ni sus respuestas.

Los recursos de alzada invocan por otra parte una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2024 que señala que la “discrecionalidad técnica” de la que disfrutan los especialistas encargados de valorar las pruebas en los procesos selectivos no es un cheque en blanco, sino que debe cumplir tres condiciones: expresar el material o las fuentes de información sobre las que se va a operar; precisar qué se va a evaluar y, por último, justificar por qué la aplicación de esos criterios ha conducido al resultado que “niega la aptitud de un aspirante o que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás”.

Ahora, dicen los aspirantes contactados, se da la paradoja de que, pese a estar en activo en otros puntos del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Consorcio de Bomberos de Tenerife…) y estar obligados a intervenir como bomberos en situaciones de emergencia en Gran Canaria si fueran requeridos, se les considera “no apto” para ocupar el puesto. Al menos en la isla redonda.

El plazo para presentar los recursos de alzada expiró esta semana. El Consorcio tiene ahora tres meses para responder. Los opositores entrevistados han anunciado que acudirán a los tribunales si sus reclamaciones no prosperan por la vía administrativa.

Un total de 57 plazas de promoción interna convocadas por el Gobierno de La Rioja han quedado sin cubrir en diversos cuerpos y escalas de la Administración autonómica. Tras estos resultados, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha reclamado al Ejecutivo regional una revisión del actual modelo de selección al considerar que el sistema “no está cumpliendo adecuadamente” con la finalidad de incentivar la carrera profesional de los empleados públicos.

Los datos señalan que la mayor cifra de vacantes se registra en el Cuerpo Técnico, con 22 plazas desiertas, seguido del Cuerpo Auxiliar (21 plazas) y el Cuerpo de Gestión (6 plazas). La lista se completa con una plaza de Psicólogo sin cubrir y otras siete correspondientes a las especialidades de Trabajo Social e Ingeniería Técnica Agrícola.

Para el sindicato esta situación resulta “contradictoria” con el Acuerdo firmado el 14 de abril de 2025, cuyo objetivo era precisamente impulsar la promoción interna. Asimismo, argumentan que “no resulta razonable convocar reiteradamente plazas de promoción interna para que finalmente queden desiertas”.

Ante este escenario, STAR ha solicitado al Gobierno de La Rioja que analice las causas de este resultado y adecue las pruebas selectivas a las funciones y conocimientos realmente exigibles en cada puesto, “garantizando en todo momento los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

La Consejería de Seguridad ha publicado este jueves, 3 de septiembre, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el temario común de la primera oposición única de la comunidad para acceder a las plazas de Policía Local de Cantabria (Grupo C, subgrupo C1).

Se trata de 40 temas sobre Derecho Constitucional y organización del Estado, Derecho Administrativo, normativa policial y seguridad ciudadana, Derecho Penal y Procesal, tráfico y seguridad vial, legislación sobre protección civil, igualdad y espectáculos públicos, entre otros.

De este modo, el Ejecutivo avanza en los trámites para conseguir la oposición única y facilita la labor de los aspirantes al publicar con antelación la relación de temas del proceso selectivo común para el acceso a los cuerpos de Policía Local de Cantabria, un temario que formará parte de las bases definitivas, ha destacado el Gobierno.

La consejera del ramo, Isabel Urrutia, ha declarado que el Ejecutivo publicará este mismo año las bases y la convocatoria de la primera oposición única que se desarrollará conforme al decreto autonómico aprobado en 2025 para continuar con el desarrollo del proceso selectivo que estará finalizado en el primer semestre de 2027.

Urrutia ha destacado el cumplimiento del compromiso del Gobierno de Cantabria de ejecutar la oposición única “y la publicación del temario es una clara muestra de ello, además de servir para garantizar que los opositores puedan conocer los temas sobre los que serán valorados”.

La consejero ha recordado que la convocatoria única de oposiciones a los cuerpos de policía local regulada por el decreto autonómico se compone de la fase de oposición, el curso básico de formación y el período de prácticas. La oposición y el curso básico se gestionarán por la comunidad autónoma y las prácticas se realizarán en cada ayuntamiento.

Para la ejecución del proceso selectivo unificado para el ingreso a los cuerpos de Policía Local, el Gobierno firmó un procedimiento institucional de colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional con el objetivo de ofrecer la mejor formación y preparación técnica a los nuevos agentes de policía local. A este respecto, la consejera ha valorado el apoyo técnico recibido de la Policía Nacional para la elaboración del temario, las bases y las pruebas, en virtud del citado procedimiento.

UGT Servicios Públicos La Rioja reclama al Gobierno de La Rioja una reducción considerable de los temarios de las oposiciones para conseguir procesos selectivos más ágiles, facilitar la incorporación de nuevos empleados públicos y hacer más atractivas las convocatorias para las personas que quieran acceder a la Administración, centradas en el verdadero desempeño que realizará el trabajador público.

Además, UGT Servicios Públicos denuncia la práctica inexistencia de temarios oficiales en los que los opositores puedan basarse para preparar las pruebas, así como la obsolescencia de muchos de los temas incluidos en los programas.

UGT considera que ampliar los programas de las oposiciones no garantiza que las personas seleccionadas sean las más capacitadas para desempeñar el puesto. Para UGT, unos temarios excesivamente extensos pueden hacer que el resultado dependa en mayor medida de la capacidad de memorizar grandes cantidades de información y del tiempo disponible para preparar la oposición, sin tener en cuenta las habilidades prácticas del aspirante.

Por ello, UGT Servicios Públicos ya ha trasladado esta posición a la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y defiende que los contenidos de las convocatorias deben estar relacionados con las funciones y responsabilidades del puesto. UGT considera que una oposición debe mantener el nivel de exigencia necesario, pero debe centrarse en evaluar los conocimientos y capacidades que realmente necesita la Administración. La acumulación de temas también dificulta el acceso a las oposiciones. Preparar programas cada vez más amplios exige dedicar más tiempo y recursos, lo que puede dejar fuera a personas con una buena formación y capacidad profesional que no pueden afrontar durante años una preparación basada principalmente en la memorización.

UGT apunta además que el tamaño de los programas tiene consecuencias sobre la propia duración de los procesos selectivos. Un mayor volumen de contenidos puede obligar a diseñar pruebas más complejas y aumentar el trabajo de los tribunales encargados de evaluar a los aspirantes.

Esta situación puede contribuir a retrasar la resolución de las convocatorias y la incorporación del personal seleccionado. Estos retrasos resultan especialmente perjudiciales cuando existen vacantes que necesitan ser cubiertas.

La demora en la incorporación de nuevos empleados públicos dificulta la planificación de las plantillas y puede prolongar durante meses la cobertura de puestos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Por ello, UGT Servicios Públicos reclama al Gobierno de La Rioja que revise los programas de las próximas convocatorias y reduzca aquellos temarios cuya extensión no esté justificada por las funciones del puesto.

El sindicato considera que los contenidos deben ser suficientes para garantizar una selección rigurosa, pero no deben convertirse en una carrera de resistencia basada fundamentalmente en la memorización y que puede dejar fuera a personas con talento que no disponen del tiempo necesario para estudiar porque están trabajando.

UGT también apuesta por avanzar en la profesionalización progresiva de los tribunales de selección para mejorar la agilidad y eficiencia de los procesos, siempre con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores seguirá defendiendo la simplificación de los procesos selectivos y la reducción de los temarios como medidas necesarias para mejorar la selección de personal, atraer a nuevos aspirantes y conseguir que la Administración pueda cubrir sus necesidades de personal en el menor tiempo posible.

La Central Sindical e Independiente y de Funcionarios (CSIF) en La Rioja ha denunciado públicamente la “grave e injustificada” falta de resolución del proceso selectivo de promoción interna para acceder a plazas fijas en la categoría de Administrativo del Servicio Riojano de Salud (SERIS), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2023 y 2024.

A pesar de que la convocatoria de las pruebas selectivas se publicó el 25 de junio de 2025, el procedimiento ha sufrido continuas dilaciones. Tras una paralización temporal por un proceso judicial, la fase de aportación de méritos —adaptada a la sentencia correspondiente— quedó completamente finalizada a principios del pasado mes de abril. Sin embargo, la Administración aún no ha resuelto el procedimiento ni ha publicado los listados definitivos, lo que, a juicio del sindicato, “vuelve a mostrar la dejadez y la desidia de los gestores del SERIS, que no tienen ningún respeto a los trabajadores ni a sus condiciones laborales”

Según advierte la central sindical, esta inacción administrativa acarrea “graves consecuencias para los profesionales”. Entre ellas, CSIF señala un “perjuicio económico directo» al no poder percibir las retribuciones de la nueva categoría a la que han accedido «por mérito y capacidad”. Asimismo, denuncian que “la demora en la toma de posesión computa negativamente en la antigüedad para futuros concursos de traslados e impide el cómputo de plazos» para acceder a los grados de desarrollo profesional en el SERIS”.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Administración riojana la resolución inmediata del proceso selectivo y la publicación urgente del calendario de toma de posesión, advirtiendo de que mantendrá la presión para defender los derechos laborales y económicos del personal afectado.

El Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a denunciar la política de personal de la Administración autonómica tras acusar a los responsables de Función Pública de“«faltar una vez más al compromiso adquirido” para mejorar la gestión de las bolsas de trabajo temporales en La Rioja.

Según expone la central sindical, la falta de personal y el rápido agotamiento de las listas de empleo en diversas categorías profesionales —especialmente en el grupo A1 de Técnicos de Administración General— es un problema recurrente desde hace años. Para cubrir estas vacantes urgentes, el Ejecutivo regional recurre directamente a las Oficinas de Empleo en busca de aspirantes, un método que, según el sindicato, genera un profundo malestar entre la plantilla y los opositores.

CSIF defiende que, antes de acudir al Servicio Riojano de Empleo, la Administración debería ofrecer estas oportunidades a los empleados públicos que ocupan plazas de menor categoría pero cuentan con la titulación exigida, o bien a los opositores que quedaron fuera tras haberse preparado el examen y haber realizado las pruebas. A juicio de la central, este criterio permitiría atender las necesidades de personal “de una manera más justa, transparente y objetiva”, respetando “los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Desde la organización señalan que tanto el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, como el director general de Función Pública, Ángel Sáinz Yangüela, han mostrado reiteradamente su disposición a aplicar este sistema. Sin embargo, lamentan que sus palabras no se hayan traducido en hechos: “Muchos parabienes y compromisos para no confrontarse, pero al final nada cumplido”, denuncian, acusando al Ejecutivo de “ningunear y tratar con falta de empatía y respeto a los empleados públicos”.

Imagina pasar años estudiando para conseguir una plaza, sacrificando tiempo, trabajo y familia, y llegar al final sin saber si todo ha merecido la pena. 66 opositores a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife llevan más de dos meses atrapados en ese limbo. No saben si han conseguido una plaza ni cuándo lo sabrán. Ante esta situación, han decidido hacer público su malestar a través de una carta en la que denuncian “graves irregularidades” y un silencio administrativo que mantiene su futuro en suspense.

Pero ese mutismo es tan solo la punta del iceberg. A esa querella pública se suma “una absoluta inseguridad jurídica”, donde acusan directamente al Tribunal Calificador de “saltarse la ley de la oposición”.

Preguntas fuera de temario

El primer impedimento llegó cuando se presentaron al último examen, efectuado en la Sala Polivalente de la Sede Administrativa del Servicio de Atención Social (antiguo IMAS) el pasado 9 de junio, y comprobaron que una de las preguntas no figuraba en el temario oficial. La prueba les exigía resolver un caso relacionado con un delito de daños. Todo parecía usual hasta que se percataron de que ese delito, aparentemente inexistente, pertenece a un artículo que no formaba parte de las propias bases de la convocatoria.

Los afectados sostienen a Canarias Ahora que el pliego de condiciones delimitaba de forma concreta los contenidos que podían ser objeto de evaluación. En el caso del tema 10, se incluían los delitos contra el patrimonio: hurtos, robos, robo y hurto de uso de vehículos, usurpación y determinadas modalidades de defraudación, como las estafas y la apropiación indebida. El delito de daños, regulado en los artículos 263 y siguientes del Código Penal, no aparecía entre los tipos penales incluidos en el programa.

La cuestión no es menor. Los opositores consideran que el Tribunal Calificador no puede exigir conocimientos que no aparecen en las bases que rigen la convocatoria y que, precisamente por ello, la pregunta genera una situación de inseguridad jurídica que puede afectar a la igualdad entre los aspirantes.

A esta primera controversia se suma la planteada en el segundo supuesto práctico. Una de las preguntas estaba valorada en 2,5 puntos, una puntuación especialmente relevante en una oposición en la que una diferencia de unas pocas décimas puede determinar quién consigue una de las 26 plazas.

En este caso, los aspirantes debían detallar las infracciones cometidas en relación con una Ordenanza Municipal y citar concretamente sus artículos 22 y 24, una normativa que no figuraba expresamente en el temario específico de la convocatoria.

Pero la polémica no terminó en el contenido de la pregunta. El caos organizativo de la prueba fue lo que agravó todavía más la situación. El examen se entregó boca abajo y cubierto por una hoja separata en la que debía consignarse el nombre antes de ser recortada, tal como indica el Tribunal Calificador. Al realizar el corte de la plica, lo primero que quedaba al descubierto antes siquiera de comenzar oficialmente la prueba era precisamente la pregunta de 2,5 puntos sobre la ordenanza, lo que desató angustia y nerviosismo.

El problema, según explican los opositores a este periódico, es que el Ayuntamiento de Santa Cruz no había indicado claramente qué textos legales podían llevarse al examen.

Por eso, cuando apareció una pregunta sobre una ordenanza que no estaba incluida en el temario específico, muchos aspirantes empezaron a buscarla entre los documentos que habían preparado.

Esto provocó un bloqueo al principio del examen y les hizo perder minutos importantes buscando una normativa que finalmente no tenían, ya que no aparecía en el programa que habían estudiado.

Una ordenanza que ya estaba bajo lupa

El episodio cobra todavía mayor relevancia porque la misma Ordenanza Municipal ya había aparecido en la anterior prueba tipo test. En aquella ocasión, los opositores ya habían impugnado una pregunta relacionada con esta normativa. Sin embargo, el Tribunal rechazó sus alegaciones al considerar que el temario incluía, dentro de la Policía Administrativa Especial, un apartado sobre Humos, Ruidos y Vibraciones y que, por tanto, los aspirantes debían conocer la normativa relacionada con esa materia, incluida la ordenanza municipal.

Esa explicación, sin embargo, no ha convencido a los afectados, que consideran que esta interpretación amplía de facto el contenido de las bases y que “una referencia genérica a una materia no puede convertir automáticamente toda la normativa municipal relacionada con ella en contenido evaluable”.

Para defender su postura, los opositores también citan el artículo 21.3 de la Ley 6/1997, de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Esta norma permite que cada Ayuntamiento añada al temario general contenidos relacionados específicamente con su propio municipio.

Por eso, los opositores consideran que, si una ordenanza municipal podía entrar en el examen, debería haber aparecido claramente en el temario específico y no incluirse de forma indirecta mediante una pregunta del examen.

Un hecho que, según denuncian, podría haber generado una situación de ventaja para quienes conocían previamente el criterio empleado por el Tribunal para resolver la impugnación del test, frente a aquellos aspirantes que se limitaron a preparar las materias que figuraban expresamente en las bases de la convocatoria.

Más de dos meses sin conocer las notas

A todas estas dudas sobre el contenido de los exámenes se suma ahora la espera. Más de dos meses desde el supuesto práctico, la última prueba obligatoria del proceso selectivo, y los 66 aspirantes continúan sin conocer sus calificaciones.

La prueba de inglés que queda por realizar tiene carácter voluntario y únicamente sirve para mejorar la puntuación, por lo que los opositores ni siquiera saben si deben continuar preparándola. La incertidumbre se traduce en una decisión difícil, en la que no saben si seguir invirtiendo tiempo y dinero en clases y preparación para intentar conseguir algún punto adicional o bien centrar los esfuerzos en otras oposiciones de Policía Local.

“¿Seguimos preparando inglés o damos un paso al lado?”, se preguntan. Una decisión que, en cualquier caso, depende de unas notas que el Consistorio todavía no ha publicado.

Detrás de los 66 aspirantes hay también 66 situaciones personales diferentes. Personas que compaginan turnos de trabajo con jornadas de estudio, responsabilidades familiares y una preparación física que requiere constancia diaria. Todas ellas se ven obligadas a mantener ese nivel de exigencia sin saber siquiera si continúan dentro del proceso.

Este periódico ha preguntado por ello al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha remitido las cuestiones planteadas por los opositores al Tribunal Calificador, al que corresponde la valoración de los ejercicios y la resolución de las reclamaciones. La Concejalía de Recursos Humanos, responsable de la gestión administrativa de la convocatoria y de la designación del Tribunal, ha señalado que, por el momento, “no realizará ninguna valoración sobre las denuncias”.

A la espera de una respuesta del Ayuntamiento

“No reclamamos ni trato de favor ni una modificación de las reglas”, lo que los opositores exigen es que se respeten las bases de la convocatoria y se garantice que todos los aspirantes sean evaluados exactamente bajo las mismas condiciones.

Entre sus reivindicaciones está que el primer supuesto sea corregido atendiendo únicamente a las materias incluidas en el temario; que se anule la pregunta de 2,5 puntos relativa a la Ordenanza Municipal y, sobre todo, la publicación inmediata de las calificaciones.

En su escrito, los opositores argumentan que los principios de seguridad jurídica e igualdad en el acceso al empleo público impiden que durante una oposición se incorporen contenidos que no estaban previamente delimitados para los candidatos.

Una carta pública que puede terminar en los tribunales

Lo que comenzó como una espera cargada de incertidumbre puede acabar ahora en los tribunales. Varios aspirantes ya han buscado asesoramiento jurídico y aguardan a la publicación oficial de las notas para decidir si dan el siguiente paso.

Por ello, reclaman a las instituciones que si no corrigen las irregularidades que denuncian, están preparados para llevar el proceso a la vía contencioso-administrativa. La batalla por una plaza de Policía Local podría, así, continuar en los juzgados, emulando a los opositores al Cuerpo General de la Policía Canaria, quienes han denunciado este mismo año “la existencia de graves irregularidades detectadas”, que comprometían los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. Un proceso que se encuentra en plena parálisis institucional y judicial, marcado por la apertura de nuevos procesos selectivos en paralelo.

Un proceso por oposición libre

El procedimiento de selección fue convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y se desarrolló mediante acceso libre y oposición. A lo largo del año, los participantes tuvieron que superar exigentes pruebas físicas, que incluyeron salto horizontal, flexiones de brazo, resistencia aeróbica y adaptación al medio acuático, además de exámenes de conocimientos y las pruebas psicotécnicas, diseñadas para evaluar distintas aptitudes y características psicológicas relacionadas con el desempeño de las funciones policiales..

Una convocatoria que pone en juego 26 plazas de funcionario de carrera para la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

El Ayuntamiento de Santander ha convocado los primeros ejercicios de los procesos selectivos para la cobertura de una plaza de Técnico Superior Especialista en Higiene Industrial y otra de Técnico Auxiliar de Oficina de Turismo, que se celebrarán en el Centro Municipal de Formación y Empleo (CEFEM), ubicado en la calle Marqués de la Ensenada, y en las que se han admitido a un total de 26 candidatos.

A la plaza de Técnico Superior Especialista en Higiene Industrial aspiran un total de ocho admitidos, que realizarán el primer ejercicio el día 3 de septiembre, a las 16.00 horas.

Por su parte, la primera cita del proceso selectivo para la cobertura de la plaza de Técnico Auxiliar de Oficina de Turismo se celebrará el 27 de agosto, a las 16.00 horas. A esta convocatoria concurren 18 aspirantes admitidos.

Los aspirantes deberán acudir provistos de su Documento Nacional de Identidad y bolígrafo azul para la realización de las pruebas.

El concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, ha destacado que estos procesos selectivos forman parte del compromiso del Ayuntamiento con el refuerzo de la plantilla municipal y la incorporación de perfiles técnicos que contribuyan a seguir mejorando la calidad y la eficiencia de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado este viernes, 31 de julio, los primeros exámenes correspondientes a la convocatoria de 61 plazas de funcionariado, con las que el Consistorio pretende reforzar y mejorar su plantilla y ocupar las plazas vacantes a través de promoción interna y concursos de oposición pública. Esta primera prueba eliminatoria, en la que se han inscrito más de 6.500 personas, afrontará su siguiente fase tras el verano cuando se lleven a cabo las sesiones prácticas.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, aprovechó esta ocasión histórica “para desear suerte a todas las personas que aspiran a formar parte de esta Corporación local, en los grupos C1 y C2 y A1 y A2, y avanzó que el objetivo es que todo este procedimiento culmine a finales de este año y que las incorporaciones se hagan efectivas a comienzos del 2027”.

Gutiérrez destacó “el gran despliegue de medidas de seguridad que se han aplicado durante esta jornada de oposiciones, bajo la supervisión y control de los presidentes del Tribunal. La impresión de los exámenes se ha desarrollado por medio de un contracto estricto de confidencialidad, con cajas precintadas y firmadas por supervisores, y las versiones digitales originales se han depositado en una caja fuerte custodiada”.

Desde las 6:00 de la mañana, se procedió al traslado de todo este material, escoltado por patrullas de la Policía Local de La Laguna hasta el Recinto Ferial. Además, durante el desarrollo de esta prueba, se han instalado inhibidores de señales en esta instalación para evitar cualquier incidencia durante la jornada.

Por su parte, la concejala de Presidencia y Planificación, Carla Cabrera, detalló que “el Ayuntamiento llevaba más de 20 años sin realizar una convocatoria de esta entidad para funcionarios de carrera, lo cual nos va a permitir no sólo ocupar las plazas vacantes y asegurar un relevo generacional, sino contar con una amplia lista de reservas para cualquier incorporación que necesitemos en el futuro por alguna baja o necesidad puntual”.

Asimismo, la edil incidió en que “estos procesos selectivos han contado con la colaboración de una trabajadora municipal del Área de Bienestar Social, especialista en materia de discapacidad, encargada de prestar asesoramiento y apoyo permanente a las personas aspirantes que precisaban adaptaciones específicas”.

Para ello, se habilitó un espacio específico destinado a las personas con discapacidad y a quienes tenían reconocidas adaptaciones especiales, garantizando en todo momento una atención personalizada.

Asimismo, se implementaron diversas medidas de accesibilidad y apoyo, entre las que destacan la entrega de instrucciones en formato de letra ampliada, la disponibilidad de protectores auditivos para aquellas personas que requerían un entorno más tranquilo y libre de distracciones, la utilización de sillas adaptadas, las ampliaciones de tiempo autorizadas para la realización de las pruebas y cuantas otras adaptaciones individualizadas resultaron necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades durante el desarrollo de los ejercicios.

Características de las plazas ofertadas

En lo que se refiere a estas 61 plazas convocadas, trece corresponden a un sistema de promoción interna para cubrir puestos del Grupo C (subgrupo C1) como administrativos o administrativas de la Corporación local.

En el apartado de funcionarios de carrera, se habilitarán ocho plazas de técnico o técnica a la administración general (subgrupo A1), cinco plazas de técnico/a de gestión (subgrupo A2), seis plazas para personal administrativo (subgrupo C1) y 29 plazas para auxiliares administrativos/as (subgrupo C2).

María José Hernández Mora, directora adjunta d’Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), organisme dependent de la Conselleria d’Educació i Cultura, participa en unes oposicions per a accedir a una plaça de tècnica cultural en la mateixa entitat que codirigeix. La també ballarina i gestora cultural està immersa en el procés per a obtindre una plaça de personal laboral fix a l’IVC, malgrat que és la direcció de l’organisme l’encarregada de vetlar per la netedat i la imparcialitat del procediment.

Fonts de la Conselleria d’Educació i Cultura han assegurat que el procés ofereix “totes les garanties d’objectivitat i imparcialitat” i que es regeix pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i transparència. A més, afegeixen que “l’òrgan de selecció és independent i els seus integrants estan obligats a abstindre’s si concorre alguna de les causes previstes en l’article 23 de la Llei 40/2015”. És a dir, si hi ha algun tipus de vincle o circumstància que puga comprometre la seua imparcialitat, una possibilitat que no resulta difícil de plantejar tenint en compte que l’aspirant dirigeix una de les àrees de l’organisme.

Al procés per a l’ingrés com a personal laboral fix a l’IVC per als llocs número 268 i 276, corresponents a tècnic mitjà de gestió cultural, s’han presentat més de 200 aspirants. Fins a la seua dimissió el passat mes de juny, l’exdirector general de l’IVC i superior jeràrquic directe d’Hernández Mora, Alberto López-Jamar, era el responsable últim de garantir el desenvolupament correcte del procediment selectiu.

Hernández Mora té el sector de les arts escèniques en peu de guerra des de la seua arribada al càrrec el 2024, quan l’aleshores vicepresident del Consell i conseller de Cultura, Vicente Barrera, la va nomenar per al lloc. Segons denuncien onze associacions professionals, el pressupost destinat al sector s’ha reduït un 11%. Aquestes entitats sostenen que s’han desmantellat polítiques estructurals sense oferir alternatives i denuncien retards insostenibles en les convocatòries d’ajudes.

A més, critiquen un sistema de justificació de subvencions que qualifiquen d’“assetjament” per l’exigència d’una documentació sobredimensionada en uns terminis que consideren inassumibles. A parer seu, aquesta dinàmica busca desincentivar la participació dels professionals en les convocatòries públiques.

La situació s’agreuja amb el que el sector defineix com un model “fallit” del Circuit Cultural Valencià (CCV). Segons les associacions, aquest sistema impedeix una programació continuada als municipis i limita l’accés de la ciutadania a la cultura a l’últim quadrimestre de l’any. Recentment, el CCV va deixar fora de la seua programació Pot de Plom, la companyia de l’humorista Xavi Castillo, coneguda pels seus muntatges crítics amb el poder polític i per les seues obres sobre la corrupció o la gestió de la dana. Una decisió que fonts del sector consideren una “censura” encoberta.

A això se suma el col·lapse administratiu que, segons denuncien els professionals, pateix l’Institut Valencià de Cultura per la falta de personal. Les crítiques s’han intensificat després que la direcció destinara més de 200.000 euros a l’empresa pública Tragsa per a la gestió de subvencions mentre reduïa un 30% la partida destinada al personal propi. Les associacions també lamenten la disminució de la producció valenciana i en valencià, el tancament per falta de personal del Centre de Documentació Escènica i les retallades pressupostàries aplicades a cites històriques com la Mostra d’Alcoi.

Finalment, les organitzacions signants —entre les quals figuren sindicats d’actors i actrius, associacions de dansa, circ, empreses i gestors culturals— denuncien la supressió dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes previstos per al 2025.

María José Hernández Mora, directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), organismo dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura, participa en unas oposiciones para acceder a una plaza de técnico cultural en la misma entidad que codirige. La también bailarina y gestora cultural está inmersa en el proceso para obtener una plaza de personal laboral fijo en el IVC, pese a que es la dirección del organismo la encargada de velar por la limpieza y la imparcialidad del procedimiento.

Fuentes de la Conselleria de Educación y Cultura han asegurado que el proceso ofrece “todas las garantías de objetividad e imparcialidad” y que se rige por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia. Además, añaden que “el órgano de selección es independiente y sus integrantes están obligados a abstenerse si concurre alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015”. Es decir, si existe algún tipo de vínculo o circunstancia que pueda comprometer su imparcialidad, algo que no resulta difícil de plantear teniendo en cuenta que la aspirante dirige una de las áreas del organismo.

Al proceso para el ingreso como personal laboral fijo en el IVC para los puestos números 268 y 276, correspondientes a técnico medio de gestión cultural, se han presentado más de 200 aspirantes. Hasta su dimisión el pasado mes de junio, el exdirector general del IVC y superior jerárquico directo de Hernández Mora, Alberto López-Jamar, era el responsable último de garantizar el correcto desarrollo del procedimiento selectivo.

Hernández Mora tiene al sector de las artes escénicas en pie de guerra desde su llegada al cargo en 2024, cuando el entonces vicepresidente del Consell y conseller de Cultura, Vicente Barrera, la nombró para el puesto. Según vienen denunciando once asociaciones profesionales, el presupuesto destinado al sector se ha reducido un 11%. Estas entidades sostienen que se han desmantelado políticas estructurales sin ofrecer alternativas y denuncian retrasos insostenibles en las convocatorias de ayudas.

Además, critican un sistema de justificación de subvenciones que califican de “acoso” por la exigencia de una documentación sobredimensionada en plazos que consideran inasumibles. A su juicio, esta dinámica busca desincentivar la participación de los profesionales en las convocatorias públicas.

La situación se agrava con lo que el sector define como un modelo “fallido” del Circuit Cultural Valencià (CCV). Según las asociaciones, este sistema impide una programación continuada en los municipios y limita el acceso de la ciudadanía a la cultura al último cuatrimestre del año. Recientemente, el CCV dejó fuera de su programación a Pot de Plom, la compañía del humorista Xavi Castillo, conocida por sus montajes críticos con el poder político y por sus obras sobre la corrupción o la gestión de la dana. Una decisión que fuentes del sector consideran una “censura” encubierta.

A ello se suma el colapso administrativo que, según denuncian los profesionales, sufre el Institut Valencià de Cultura por la falta de personal. Las críticas se han intensificado después de que la dirección destinara más de 200.000 euros a la empresa pública Tragsa para la gestión de subvenciones mientras reducía en un 30% la partida destinada al personal propio. Las asociaciones también lamentan la disminución de la producción valenciana y en valenciano, el cierre por falta de personal del Centro de Documentación Escénica y los recortes presupuestarios aplicados a citas históricas como la Mostra d'Alcoi.

Finalmente, las organizaciones firmantes —entre las que figuran sindicatos de actores y actrices, asociaciones de danza, circo, empresas y gestores culturales— denuncian la supresión de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas previstos para 2025.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha convocado este fin de semana las pruebas selectivas a 88 plazas a diferentes cuerpos de la Administración autonómica por tuno libre, en las que participan casi 4.000 personas.

Según ha señalado el Gobierno canario en una nota, la más numerosa se celebra el domingo y pertenece al Cuerpo de Gestión, escala de gestión general, en la que se han admitido a 2.690 personas para optar a las 23 plazas, de las que cuatro se reservan para el turno de discapacidad de personas con un grado igual o superior al 33% y el resto para el turno general.

Esta prueba se llevará a cabo en el IES Viera y Clavijo y el IES La Laboral, ambos en La Laguna y en los IES José Arencibia y Profesor Juan Pulido Castro, en Telde, de forma simultánea, a las 10 de la mañana.

Por otra parte, mañana sábado se han convocado las correspondientes a los cuerpos superiores facultativos de la Administración tributaria y financiera (14 plazas); Veterinaria (12); Tecnología de la información (9); Inspección médica (19) e Ingeniería de telecomunicaciones (5). Comenzarán a las 10 de la mañana en los IES Viera y Clavijo de La Laguna y el IES José Arencibia de Telde y en total participan 1.121 personas.

En el mismo día y lugar, pero a las 16 horas, están convocados a los aspirantes que optan a las 6 plazas para el cuerpo facultativo de grado medio de Tecnología de la información, que cuenta con 153 admitidos.

El Gobierno regional ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en los 40 procesos selectivos en tramitación de las ofertas de empleo público de los años 2025 y 2026 para la cobertura de 282 plazas, de personal funcionario y laboral. Los exámenes de acceso tendrán lugar a partir del 1 de septiembre.

De esta forma, el Ejecutivo, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, continua con la ejecución de la oferta y se cumple el compromiso de la titular del área, Isabel Urrutia, de convocar estas plazas de “forma inmediata” y cubrir los puestos de mayor necesidad y urgencia para la Administración autonómica, según destaca en una nota.

El anuncio publicado hoy en el BOC recoge los aspirantes de los cuerpos de letrados; técnico superior rama jurídica, facultativo superior en las especialidades de ingeniero agrónomo, arquitecto, geografía, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero industrial, ingeniero de telecomunicaciones, medicina -y familiar, comunitaria, del trabajo y veterinaria-.

También de los cuerpos de gestión, técnico de finanzas, de diplomados y técnicos medios en las especialidades de arquitecto técnico, enfermería, ingeniero técnico forestal, ingeniero técnico industrial, técnico de gestión de sistemas, terapia ocupacional y trabajo social y cuerpo técnico auxiliar en la especialidad de protección civil.

Asimismo, se incluye la relación de la agrupación profesional de subalternos, de las categorías profesionales pertenecientes a los grupos 1, 2 y 3 de la administración de la comunidad autónoma.

Según el Gobierno, se trata de una de las ofertas de empleo “más importantes de la última década en Cantabria”, tanto por su volumen como por su impacto en la modernización de la Administración regional, destaca la Consejería.

Las primeras pruebas se celebran este verano para aquellos cuerpos o categorías donde es más urgente su cobertura (103 plazas en total). Se trata de las 45 de bombero forestal, las 21 de operario de carreteras, 31 de auxiliar de enfermería, junto a las 3 de ingeniero técnico agrícola y otras tantas de técnico de prevención de riesgos laborales.

Junto a ese bloque y el publicado ahora, habrá un tercero que se anunciará en el BOC el 7 de septiembre y el plazo de solicitud finalizará el 28 de ese mes. Las pruebas para acceder a estas 206 plazas se celebrarán en este caso a partir del 1 de noviembre.

Las últimas pruebas en convocarse de ambas ofertas serán el 1 de octubre para acceder a un total de 127 plazas, tanto de personal funcionario como laboral. El plazo de solicitud finalizará el 21 de octubre y las primeras pruebas tendrán lugar a partir del 1 de enero de 2027.

La Región de Murcia acumula un segundo descalabro en su sistema de oposiciones. Después de que hace unas semanas las oposiciones a Maestro dejasen cifras de aprobados por debajo del 25 por ciento, este jueves le ha llegado el turno a las de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Las pruebas selectivas para TCAE convocaban un total de 90 plazas, que no llegarán a cubrirse. De los 3.300 aspirantes que se han presentado este año, solo han aprobado un total de diez, el 0,3 por ciento. Del turno de discapacidad, no han aprobado ni uno solo de los 125 opositores que se han presentado.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) han alertado que, de confirmarse estas cifras, “estaríamos ante un resultado excepcional que obliga a la Administración a detenerse, analizar lo sucedido y valorar si el proceso selectivo ha cumplido realmente la finalidad para la que fue convocado”. Desde el sindicato han urgido a la Dirección General de Función Pública a la paralización cautelar del proceso selectivo y a “analizar las consecuencias de un resultado de estas características”. Tal y como han descrito del sindicato, este organismo regional es el responsable de “garantizar que los procesos selectivos se desarrollen con objetividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y pleno respeto a los principios que rigen el acceso al empleo público”.

“Cuando un proceso selectivo deja fuera, en un único ejercicio, a prácticamente la totalidad de las personas aspirantes, la Administración no puede limitarse a continuar el procedimiento como si nada hubiera ocurrido”, han abundado.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Portavocía, ha defendido que los tribunales de oposición son órganos “autónomos e independientes”: “La Administración regional respeta plenamente esa autonomía y garantiza que sus decisiones se adopten con absoluta independencia, sin intervenir en la elaboración, desarrollo o corrección de las pruebas selectivas”.

Según la consejera, “la Administración regional es la primera interesada en que los procesos selectivos culminen con la cobertura efectiva de las plazas convocadas” y apunta a una justificación alternativa a la alta tasa de suspensos: “Por acuerdo con los sindicatos, en este examen, con el mero hecho de presentarse y al margen de la puntuación obtenida, se entra en la bolsa de empleo”.

“Más de 2.200 aspirantes obtuvieron una puntuación de 0, muchos de ellos respondiendo a la totalidad o prácticamente la totalidad de las preguntas del examen [tipo test]”, ha abundado, descartando que los suspensos se traten de un “hecho aislado: ”Responden a una tendencia que se viene observando en distintos procesos selectivos de todas administraciones de las Comunidades Autónomas. La Administración regional comparte la preocupación que generan estos resultados y analizará, junto con las organizaciones sindicales, las posibles medidas que permitan mejorar la eficacia de futuros procesos selectivos“.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales y Fijos de la Administración Pública (PIR) ha expresado este jueves su “profunda preocupación” por el resultado del proceso selectivo del Cuerpo de Maestros en la especialidad de Audición y Lenguaje en La Rioja. Según los resultados publicados, han superado la fase de oposición exactamente 22 personas, el mismo número que las 22 plazas convocadas. Este hecho hace que, como resalta PIR, “la fase de concurso de méritos quede vacía de contenido”.

Como aducen en un comunicado, “la valoración del concurso deja de tener una incidencia real en la adjudicación de las plazas, desnaturalizando el propio sistema de concurso-oposición previsto por la normativa”. PIR considera “imprescindible” que la Consejería de Educación explique públicamente “cómo se ha llegado a este resultado y qué criterios de evaluación se han aplicado para que el número de aspirantes que superan la oposición coincida exactamente con el número de plazas ofertadas”.

“Cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre la eficacia real de alguna de las fases del procedimiento exige una explicación clara por parte de la Administración, tanto por respeto a las personas aspirantes como por la confianza que debe inspirar cualquier proceso selectivo”, añaden.

PIR asegura que ha recibido la queja de personas participantes en este proceso y solicitará formalmente a la Consejería de Educación información detallada sobre el desarrollo de la oposición y los criterios empleados, con el objetivo de comprobar que todas las garantías legales han sido plenamente respetadas

Asimismo, añade que resulta “especialmente preocupante” que esta situación afecte, precisamente, “a quienes durante años han prestado servicio en la enseñanza pública acumulando experiencia y méritos que el propio sistema reconoce a través de la fase de concurso, si esta fase pierde toda capacidad de influir en el resultado final, son estos profesionales quienes soportan el mayor perjuicio”.

En este sentido, se refieren a los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han vuelto a poner el foco en la necesidad de que las administraciones adopten medidas efectivas frente al “abuso de la temporalidad y ofrezcan respuestas reales a quienes llevan años encadenando nombramientos temporales”. “Mientras en Europa se insiste en la obligación de corregir estas situaciones, resulta difícil comprender que se desarrollen procesos selectivos que, en la práctica, reducen al mínimo el valor de la experiencia acumulada por quienes han sostenido durante años el sistema educativo público”, dice el sindicato de interinos de La Rioja, que pide una “reflexión inmediata” por parte de la Administración educativa, que, según creen los interino, “debe garantizar que el sistema de concurso-oposición responda verdaderamente a su finalidad y que los méritos de quienes han dedicado años al servicio de la escuela pública sean valorados de manera efectiva”.

“Ignorar reiteradamente el contexto marcado por la jurisprudencia europea y las exigencias derivadas de la normativa comunitaria solo contribuye a aumentar la sensación de inseguridad jurídica y de desprotección de miles de docentes temporales”, finalizan.

El Ayuntamiento de València desistirá de todos los procesos selectivos en marcha para la Policía Local, incluídos los de la cúpula. PP y Vox han aprobado este martes una moción en la comisión de Seguridad para “adoptar los acuerdos correspondientes a fin de desistir de los procesos selectivos” en todas las categorías, salvo en la entrada de nuevos agentes al Cuerpo. Los acuerdos aún deben materializarse en la Junta de Gobierno Local y marcar una fecha, pero todo indica que las nuevas bases ya se aprobarán con la entrada en vigor de los cambios legales que preparan PP y Vox en las Corts Valencianes, que prevén reservas de plaza a militares y una excepción para las grandes ciudades, donde se pueda ascender en la escala de mando por el turno libre.

El proceso afecta a más de un centenar de plazas que llevan convocadas desde hace un lustro. Actualmente, según un informe municipal, hay en marcha procesos selectivos para 3 plazas de Comisario Principal, 3 comisarios, 10 intendentes, 21 inspectores y 69 oficiales. En la cúpula de la Policía Local apenas hay mandos con la plaza en propiedad, salvo el jefe de Policía, Ángel Albendín, y la mitad de los comisarios.

La Agencia Valenciana Antifraude reclamó al ayuntamiento que dirige María José Catalá un informe sobre la lentitud en los procesos selectivos, y el consistorio alegó que se debía a que una sentencia obliga a rehacer un decreto sobre la baremación. El órgano preguntó también por los nombramientos en mejora que se han prorrogado, y el consistorio respondió que se debía a necesidades del Cuerpo mientras finalizaban los procesos. Hay más de 40 mandos intermedios que ya superan el tiempo previsto en el cargo con un nombramiento por mejora.

A esta sentencia se han aferrado desde el consistorio para congelar los procesos desde hace más de dos años. Sin embargo, la Agencia Valenciana de Emergencias trasladó una instrucción a los municipios sobre cómo evaluar los procesos hasta que se actualizara el decreto, algo que han hecho en ciudades como Torrent.

La moción se ha aprobado en respuesta a un texto presentado por el concejal socialista Borja Santamaría, que reclamaba activar los procesos siguiendo la instrucción de Emergencias. En su lugar, los partidos que sustentan el gobierno han decidido iniciar el desestimiento de las convocatorias. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denuncia que se retrasrá nuevamente la ocupación definitiva de las plazas. Aún así “El perjuicio más importante es que decaen todos los nombramientos actuales realizados por mejora de empleo, y no se podrán realizar nuevos nombramientos hasta no haber iniciado los nuevos procesos de selección destinados a cubrir de forma definitiva las plazas vacantes”.

El desestimiento implicará la devolución de las tasas y genera dudas sobre la continuidad de los nombramientos en mejora de empleo, aunque según trasladan fuentes del Cuerpo, no podría sostenerse la estructura si de un plumazo se anularan estas mejoras.

El concejal del PSPV denuncia que “tirarlo todo a la basura y empezar de cero” no es una exigencia del juzgado en la sentencia, que solo anula algunos puntos del decreto, sino que es “es una decisión política del equipo de gobierno”. “Cabe preguntarse a quién beneficia este cambio de rumbo. Desde luego, a los vecinos y vecinas de València no: cuando decaigan estos procesos, decae también la justificación de decenas de nombramientos por mejora de empleo que llevan meses, algunos años, sosteniendo mandos de responsabilidad en la Policía Local. Es la propia gestión de Catalá la que deja en el aire a los mandos que decía proteger”, apunta el edil.

“Es una tomadura de pelo con dos víctimas: la plantilla de la Policía Local, que vuelve a empezar de cero después de meses de espera, y la ciudadanía, que se queda sin saber quién manda realmente en su policía mientras el gobierno municipal decide sobre la marcha”, reitera el edil socialista.

El concejal de Compromís Ferran Puchades insiste en esta línea: la sentencia no ha sido obstáculo para que otros ayuntamientos hayan realizado los cambios necesarios para seguir adelante con los procesos selectivos. “La realidad es que todo es una simple coartada para esperar a que las Cortes Valencianas aprueben los cambios que el gobierno ha puesto en marcha, de la Ley de Coordinación de Policías Locales y que, entre otras cosas, prevé un régimen extraordinario de reclutamiento de mandos para la Policía de Valencia”. El edil considera que PP y Vox “imprimen su mirada más autoritaria e intervencionista sobre la Policía”, y lo califica como “una maniobra sectaria” que sufrirá la ciudadanía, “con unos mandos en situación de interinidad y precariedad, manteniendo a la transitoriedad durante años aquellos lugares que definen y planifiquen el servicio”. “Su actitud de control ideológico puede poner en peligro la prestación cotidiana del servicio público fundamental que prestan los policías”, denuncia.

El PP i Vox continuen les modificacions legislatives que afecten els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana. Després d'obrir la porta a una reserva del 20% de les places per a militars, aprovada d'amagat en un decret per a reduir la burocràcia, el PP vol ara materialitzar una excepció per a triar els caps de policia de grans ciutats com València i regular la cessió d'agents en situacions d'emergència.

Les esmenes a la llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat presentades pel Grup Popular donen compte de les pretensions del partit i de l'Executiu valencià. Una d'elles desenvolupa diversos articles de la Llei de coordinació de les policies locals i regula la col·laboració d'agents de diferents municipis en cas que es vegen desbordats o que es produïsca alguna emergència. Es tracta d'una regulació autonòmica d'una qüestió que ja preveu la Llei de forces i cossos de seguretat de l'Estat, que permet la col·laboració en situacions d'emergència, com va ocórrer durant la dana.

Amb la llei actual i la norma estatal ja es regula l'actuació de les policies locals fora del seu municipi: ja es poden cedir agents si les circumstàncies ho requereixen, com ocorre en esdeveniments com el Gran Premi de Cheste —mitjançant comissions de servei basades en convenis previs— o com es va fer durant la dana, quan els agents es posen a disposició del comandament operatiu de l'emergència.

El text presentat pel PP, que modifica una desena d'articles, assenyala que, si els municipis tenen una “sobrecàrrega de serveis policials”, poden rebre la col·laboració d'altres cossos amb l'autorització prèvia dels alcaldes. També hauran d'informar la direcció general d'Emergències. Així mateix, en cas d'emergència de nivell 1 o 2 autonòmic, el director de l'Emergència podrà “mobilitzar els efectius necessaris dels cossos de policia local de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana”. Les actuacions es realitzaran “a través dels seus comandaments naturals, sota la dependència de l'autoritat requeridora”.

La modificació ha alçat crítiques, no només pel contingut, sinó també perquè esquiva els canals de participació habilitats. El Govern valencià fa mesos que no reuneix la Comissió de Coordinació de la Policia Local, de la qual formen part els sindicats, un òrgan que també vol modificar. Igualment, s'han plantejat canvis en el Gabinet Tècnic, l'òrgan que assessora la Conselleria en matèria de policia local.

Reserva de plaça a militars i sistema especial en grans ciutats

Com ja va informar elDiario.es, el PP i Vox habiliten la possibilitat que els ajuntaments reserven un 20% de places de Policia Local a persones que provinguen de la carrera militar. La norma va ser aprovada en un decret de reducció de la burocràcia, i ara s'adapta a la llei de Coordinació a través de les esmenes parlamentàries de Pressupostos. A aquests funcionaris també se'ls reconeixerà l'antiguitat en el salari en el seu nou destí.

Així mateix, com ja va avançar aquest diari, els populars presenten una redacció perquè a les ciutats de més de 500.000 habitants es puguen habilitar mecanismes especials per als comissaris i comissaris principals. La Direcció de València va demanar a la conselleria que es permetera cobrir places de comandament amb torn lliure, que possibilita als agents saltar en escales de comandament i obri la porta a l'entrada de militars, Guàrdia Civil i Policia Nacional a la part alta de l'escalafó. En el torn lliure qualsevol que complisca els requisits pot presentar-se. La ciutat té parades les oposicions des de fa anys i ho atribueix a la reforma d'un decret per part de la conselleria, encara que uns altres municipis ja han tirat endavant les seues oposicions per a la cúpula.

El text registrat pel PP diu que les grans ciutats poden optar per realitzar l'accés per torn lliure a través del sistema concurs oposició, “garantint en tot cas que almenys un 70% de les places de cada categoria són convocades pel torn de promoció interna i un 15% de les places de cada categoria són convocades pel torn de mobilitat”. I prossegueix: “En els casos previstos en l'apartat 1, els accessos pels torns de promoció interadministrativa amb mobilitat i torn lliure seran potestatius per a la corporació convocant”. Per als oficials, preveu que es realitzen “per concurs oposició, exclusivament pels torns de promoció interna i de mobilitat”.

El PP y Vox continúan las modificaciones legislativas que afectan a los Cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana. Tras abrir la puerta a una reserva del 20% de plazas a militares, aprobada de tapadillo en un decreto para reducir la burocracia, el PP quiere ahora materializar una excepción para elegir a los jefes de Policía en grandes ciudades como València y regular la cesión de agentes en situaciones de emergencia.

Las enmiendas a la ley de Acompañamiento a los presupuestos presentadas por el Grupo Popular dan cuenta de las pretensiones del partido y del Ejecutivo valenciano. Una de ellas desarrolla algunos artículos de la ley de Coordinación de Policías Locales y regula la colaboración de agentes de diferentes municipios en caso de verse sobrepasados o de que exista alguna emergencia. Se trata de una regulación autonómica de una cuestión que ya existe en la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que permite la colaboración en casos de emergencia, como en la dana.

Con la ley actual y la norma estatal ya se regula la acción de policías fuera de su municipio: ya pueden cederse agentes si la ocasión lo requiere, como sucede en eventos como el Gran Premio de Cheste, —son comisiones de servicio en base a convenios previos— o como se hizo durante la dana, si los agentes se ponen a disposición del mando operativo de la emergencia.

El texto presentado por el PP, que modifica una decena de artículos, apunta que si los municipios tienen “sobrecarga de servicios policiales” pueden recibir colaboración de otros cuerpos previa autorización de los alcaldes. Deberán informar también a la dirección general de Emergencias. Asimismo, en caso de emergencia nivel 1 o 2 autonómico, el director de la Emergencia podrá “movilizar a los efectivos necesarios de los cuerpos de policía local de cualquier municipio de la Comunitat Valenciana”. Las actuaciones se realizarán “a través de sus mandos naturales, bajo la dependencia de la autoridad requiriente”.

La modificación ha levantado críticas, no solo por el contenido, sino porque se salta los canales de participación habilitados. El sindicato CCOO denuncia que se ha modificado la norma “por la puerta de atrás” y que la Agencia de Emergencias queda como “mero espectador” con la nueva redacción. El Gobierno valenciano lleva meses sin reunir a la Comisión de Coordinación de Policía Local, donde participan los sindicatos, un órgano que también quiere modificar. De igual modo, se han planteado cambios en el Gabinete Técnico, el órgano que asesora a la Conselleria en materias de Policía Local.

Reserva de plaza a militares y sistema especial en grandes ciudades

Como ya informó elDiario.es, el PP y Vox habilitan la posibilidad de que los ayuntamientos reserven un 20% de plazas de Policía Local a personas que provengan de la carrera militar. La norma fue aprobada en un decreto de reducción de la burocracia, y ahora se adapta a la ley de Coordinación a través de las enmiendas parlamentarias de Presupuestos. A estos funcionarios también se les reconocerá la antigüedad en el salario en su nuevo destino.

Asimismo, como ya adelantó este diario, los populares presentan una redacción para que en las ciudades de más de 500.000 habitantes se puedan habilitar mecanismos especiales para los comisarios y comisarios principales. La Jefatura de València pidió a la conselleria que se permitiera cubrir plazas de mando con turno libre, que posibilita a los agentes saltar en escalas de mando y abre la puerta a la entrada de militares, Guardia Civil y Policía Nacional en lo alto del escalafón. En el turno libre cualquiera que cumpla los requisitos puede presentarse. La ciudad tiene paradas las oposiciones desde hace años y lo achaca a la reforma de un decreto por parte de la conselleria, aunque otros municipos ya han sacado adelante sus oposiciones para la cúpula.

El texto registrado por el PP dice que las grandes ciudades pueden optar por realizar el acceso por turno libre a través del sistema concurso oposición, “garantizando en todo caso que al menos un 70% de las plazas de cada categoría son convocadas por el turno de promoción interna y un 15% de las plazas de cada categoría son convocadas por el turno de movilidad”. Y prosigue: “En los casos previstos en el apartado 1, los accesos por los turnos de promoción interadministrativa con movilidad y turno libre serán potestativos para la corporación convocante”. Para los oficiales, prevé que se realicen “por concurso oposición, exclusivamente por los turnos de promoción interna y de movilidad”.

La parálisis de las oposiciones a operador comercial de Renfe, por las denuncias de la difusión previa de parte del examen psicotécnico, ha sumido en la incertidumbre a cientos de personas de las 5.000 que han participado en el proceso. Las 600 personas que han resultado adjudicatarias provisionales de la plaza ahora temen que este empleo fijo esté en peligro. “Estoy en el paro, que se me acaba en dos meses, y me he dedicado a tope para sacarlo”, lamenta Carlos (nombre ficticio). Por otro lado, algunos aspirantes piden más transparencia en el proceso selectivo y explicaciones ante lo sucedido.

“Nos han paralizado la vida a 700 personas, sin pruebas de nada, fuera de plazo, y causando unos daños económicos y psicológicos incalculables”, dice Patricia –que habla con nombre ficticio, como el resto de testimonios que figuran en este artículo–. Es otra de las opositoras que ha logrado la plaza de manera provisional y suma entre los “afectados” a las 600 personas con la plaza provisional y a “entre unas 70 y 100 personas”, que están o en bolsa o en la lista con opciones de tener plaza si hay algún aspirante renuncia.

Roberto, ahora con un contrato temporal que le finaliza en unos meses, afirma que está dispuesto “a llegar donde haga falta” para defender su plaza. “Lo peor que nos puede pasar a todos los aspirantes es que se anule la oposición entera. Necesitamos una solución que sea lo más justa y lo más rápida posible”, reclama.

Por su parte, Pedro está en un colectivo de “108 personas” que concurrieron a la oposición, no pasaron este examen psicotécnico ahora bajo lupa y que tienen dudas sobre la nota que han tenido, que consideraban que sería mayor.

Pedro explica que el problema es que no pueden consultar la plantilla de respuestas correctas oficial, porque Renfe no las publica en el caso de los psicotécnicos (sí en el examen de conocimiento), algo que consideran opaco y también injusto, porque les impide en la práctica impugnaar preguntas, sostiene el candidato. Por ello, reclama “transparencia” a Renfe, para que los aspirantes puedan al menos verificar sus respuestas.

Un contenido en internet “desde hace años”

La paralización del proceso selectivo responde a que varios aspirantes denunciaron “una posible coincidencia entre parte del contenido de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora, celebrada el día 6 de junio de 2026, y determinados materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por terceros”, explican fuentes de Renfe.

La realización de esa prueba está externalizada, en la empresa People Experts, y parte del contenido de uno de los exámenes había sido difundido previamente en exámenes de la academia Eticop, indican fuentes de CCOO. elDiario.es ha tratado de consultar a ambas compañías, pero no ha obtenido respuestas de ninguna.

La empresa pública se puso a investigar lo sucedido y el tribunal de la oposición –compuesto por Renfe y los sindicatos– decidió paralizar el proceso selectivo y remitir el caso a la Abogacía del Estado para decidir cómo proceder.

Los tres afectados contactados con la plaza provisional destacan que el contenido ahora analizado estaba colgado en internet “desde hace años”, según la información de que disponen. “Es rotundamente falso que haya sido Eticop quien ha filtrado estas preguntas, puesto que llevaban circulando desde 2009 en Internet. Así lo tenemos acreditado. El archivo de Eticop data de septiembre del año pasado, no es, por tanto, prueba alguna de que hayan realizado ninguna filtración”, sostiene Roberto.

Este afectado afirma que “no es ilegal que se reutilicen psicotécnicos, puesto que sucede en multitud de oposiciones”. En la misma línea se expresa Patricia, que sostiene que “en la Oferta de Empleo Público de 2023 cayó la misma prueba verbal que en 2021. Eso no es ilegal en ningún caso”, indica.

Por otro lado, Pedro pide que se aclare “si es legal” que una oposición utilice contenido “calcado” de un examen ya disponible en una academia, como se analiza en este caso. “Tenemos serias dudas de que lo sea, hay juristas que nos dicen que el contenido de las pruebas debe ser inédito y original”, sostiene el opositor, que reconoce que esta situación está perjudicando a muchas personas, también a los compañeros que han sacado provisionalmente la plaza, para sufrimiento “de todos”. “Esto no tiene que volver a pasar”, reclama a Renfe de cara al futuro.

“En juego” el futuro de cientos de personas

En CCOO reconocen el “sindiós” de esta situación, con muchos perjudicados, porque está en juego “el futuro de mucha gente, no es ninguna tontería”. Por un lado, hay personas que no pasaron la primera fase de la oposición que “se sienten en desventaja” respecto a quienes pudieron estar en contacto con este material previamente, mientras que quienes han obtenido la plaza de manera provisional –no todos conocedores de este contenido previamente– hacen valer sus méritos y piden que no les hagan “pagar el pato” de esta situación.

Carlos destaca que esta primera fase fue superada por “1.500 personas”, entre las que se ha asignado plaza a las 600 que tienen la nota más elevada. Si se tomara alguna medida, considera que debería acotarse a estos 1.500 aprobados. Ante quienes piden repetir esa parte del examen, Carlos considera que sería una medida “bastante injusta, sobre todo para la gente que están en los últimos puestos, pues podría pasar por delante gente que fue considera no apta en esta prueba selectiva”.

Los tres opositores contactados sostienen que se reservan la opción de acudir a los tribunales si se anula el proceso selectivo. Carlos denuncia también que algunos afectados se sienten “un poco en medio de una pelea política”, de medios que buscan criticar al Gobierno y a Renfe.

“En lugar de buscar a los culpables, en el caso de que hubiera, porque tampoco saben a ciencia cierta que los haya, espero que no paguemos todos el pato”, denuncia el opositor.

Un proveedor externo contratado este año

Ahora mismo, la resolución de estas oposiciones a puestos comerciales de Renfe está en el aire. Para saber cómo se resuelven habrá que esperar al dictamen de la Abogacía del Estado, a la que el tribunal de este proceso ha consultado esta misma semana para saber cómo proceder. 

La operadora pública argumenta que será la decisión de la Abogacía del Estado la que guíe los próximos pasos y la que permita “adoptar una resolución con todas las garantías” para las personas que se presentaron a la prueba. “Esta decisión será comunicada a todos los participantes”, añade. “Todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público”. “Por este motivo, la compañía adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”, adelanta.

Renfe también explica que People Experts es el proveedor al que se adjudicó la ejecución de los procesos de selección, por licitación pública, y que, en este contrato, comenzó a prestar servicio este mismo año, tanto en las contrataciones para los puestos comerciales, como de maquinistas o de ingeniería y mantenimiento, que siguen adelante. También fue contratado en oposiciones anteriores.

En el caso de los puestos comerciales, en esta fase de la oposición, había un examen de conocimientos y dos exámenes psicotécnicos. Fuentes de Renfe explican que, en el caso de estos últimos, la empresa contratada fue responsable de la elaboración, aplicación y corrección de las pruebas. Mientras, en la parte de la prueba teórica, de conocimientos, People Experts se ha encargado de la aplicación y corrección de las pruebas; y Renfe, de la elaboración de los contenidos.

Una parte esencial de sus planes de contratación 

A la espera de saber cómo se resuelve el proceso, estas oposiciones a operadores comerciales son una de las patas esenciales del plan de contratación de Renfe para 2026. No es un acuerdo de renovación de plantilla similar al de años anteriores, porque la operadora se comprometió a ampliar y reforzar su plantilla en cerca de 2.000 personas tras los paros convocados por los representantes sindicales después de los trágicos accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en los que fallecieron 47 personas, incluidos tres maquinistas.

Este acuerdo con los representantes de la plantilla se calificó como histórico y buscó garantizar el relevo generacional y cubrir necesidades operativas y logísticas del operador. En concreto, explicó que esas 2.000 plazas correspondían a la tasa de reposición ordinaria, a una adicional y al citado acuerdo que permitió desconvocar los paros de principios de febrero. 

Ahora, tras la paralización de las oposiciones para la contratación de 600 operadores comerciales, uno de sus pilares para la ampliación de la plantilla queda suspendido en el tiempo. Además de estos puestos de trabajo, la operadora ha puesto en marcha la contratación de 500 maquinistas, 360 plazas para sus talleres de mantenimiento y reparaciones; además de contemplar el refuerzo de Logiral, la filial de servicios logísticos en tierra, con más de 200 personas.

Las oposiciones de Renfe a operador comercial, a las que se presentaron unas 5.000 personas para unas 600 plazas, ha quedado paralizada temporalmente ante las numerosas denuncias recibidas por aspirantes de que parte del examen psicotécnico estaba colgado previamente en una academia. La elaboración de esta prueba estaba externalizada a una empresa, por lo que el tribunal –en el que está presente Renfe y los sindicatos– ha paralizado el proceso y elevado una consulta a la Abogacía del Estado para ver cómo proceder.

“Es un sindiós”, reconocen fuentes de CCOO, que lamentan que “aquí se juega con el futuro de mucha gente, con un puesto de trabajo. No es ninguna tontería”.

El sindicato explica que la elaboración de esta prueba estaba externalizada a la empresa People Experts, con la que elDiario.es ha tratado de contactar, sin éxito hasta la publicación de esta noticia. Tras el examen, empezaron a surgir las denuncias de que “la prueba de comprensión lectora utilizada coincide con un material disponible desde el año 2020 en una plataforma especializada accesible en Internet, donde figuran los mismos textos, las mismas opciones de respuesta y una plantilla de corrección asociada”, indica una candidata a este medio.

Esa plataforma es la academia Eticop, sostienen en CCOO, academia especializada en exámenes psicotécnicos de varias compañías públicas de transportes. “Estamos muy cerca de los exámenes de los cursos psicotécnicos de EMT, RENFE y ADIF. Pide información para prepararte con nosotros”, indican en su página web.

elDiario.es ha contactado con Eticop, pero por el momento no ha respondido a este medio, a la espera de que envíe “un comunicado” sobre la postura de la compañía ante lo sucedido.

Oposición paralizada a la espera de la Abogacía del Estado

Renfe explica que “tras recibir diversas reclamaciones y comunicaciones en las que se ponía de manifiesto una posible coincidencia entre parte del contenido de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora, celebrada el día 6 de junio de 2026, y determinados materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por terceros” decidió iniciar “de inmediato las actuaciones de verificación correspondientes”. 

En concreto, esas actuaciones se traducen en la solicitud de dos informes. Por un lado, uno técnico reclamado al “proveedor responsable del suministro, aplicación y corrección de la prueba al considerar necesario realizar una comprobación técnica adicional”, apuntan fuentes de Renfe. Otro, añaden, al área jurídico-laboral del operador ferroviario estatal.

“A la vista de ambos informes”, explica la compañía, el tribunal de la convocatoria —donde están tanto Renfe como los sindicatos con representación mayoritaria en la empresa— ha mantenido varias reuniones, la última de ellas, este martes. Fue tras esas reuniones cuando se acordó remitir la documentación del proceso de selección a la Abogacía del Estado, “con el fin de conocer su opinión e incorporar su criterio jurídico antes de adoptar una decisión definitiva”, argumentan las citadas fuentes.

Fuentes de CCOO indican que ya se había completado la primera fase de este proceso selectivo, el examen de contenido y las pruebas psicotécnicas, que superaron unas “2.000 personas”, resultando adjudicatarios provisionales de plaza 600 de ellas. Tras ello, el sindicato explica que la oposición se compone por un proceso de entrevistas y después de reconocimientos médicos, y que precisamente ya se estaban realizando estos últimos exámenes médicos a estas 600 personas cuando se ha paralizado el proceso, a la espera de la respuesta de Abogacía del Estado.

Hay muchos perjudicados por esta situación, advierte el sindicato. Tanto entre las personas que no pasaron la primera fase del examen y que “se sienten en desventaja” respecto a quienes pudieran haber estado en contacto con este material, así como las personas que ya habían pasado esta primera etapa del proceso selectivo y que ahora no saben qué pasará con el proceso selectivo, habiendo ya dado los primeros pasos en sus vidas personales (como dejar trabajos para ser demandantes de empleo en el inicio de la formación prevista para agosto, avisar en sus viviendas para rescindir contratos, etc.).

Incertidumbre sobre qué pasará ahora

A partir de ahora, la propia Renfe asume que se abre un periodo de incertidumbre, donde no está claro qué va a pasar con la convocatoria que afecta a 5.000 candidatos.

“Teniendo en cuenta la situación, la empresa, como entidad convocante y responsable última del proceso, ha tomado la decisión de dejar en suspenso el proceso selectivo temporalmente hasta la emisión del correspondiente informe por parte de la Abogacía del Estado, que permitirá adoptar una resolución con todas las garantías. Esta decisión será comunicada a todos los participantes”, sostiene Renfe. También recuerda que esta situación no afecta a otras convocatorias de empleo público en marcha, como la de maquinistas.

“Todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público”, añade el operador público. “Por este motivo, la compañía adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”.

Desde CCOO piden que “el informe de la Abogacía del Estado sea lo más rápido posible, para que la gente no esté con esta incertidumbre mucho tiempo”, aunque reconocen que no hay un plazo establecido de respuesta.