Los Veintisiete han respaldado este miércoles por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la verja, lo que allana el camino para que esa entrada en vigor pueda producirse el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres.

El aval político de los países de la Unión se ha producido este miércoles en una reunión de embajadores en Bruselas, tal y como ha confirmado en un comunicado el Consejo (gobiernos). Fuentes europeas confirman a Europa Press que ningún país se ha opuesto al acuerdo.

Sin embargo, se trata de un acuerdo de principio que necesita aún de la adopción formal por parte de la misma institución para que se concrete la firma y su aplicación provisional, lo que requiere de más tiempo, al menos dos meses para que se lleven a cabo las revisiones legal y lingüística de los textos del tratado, que deben ser traducidos a todas las lenguas de la UE.

El Acuerdo UE-Reino Unido relativo a Gibraltar completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y Reino Unido establecido por el Tratado de Comercio y Cooperación que normalizó las relaciones entre europeos y británicos tras la consolidación del Brexit y en cuyo ámbito de aplicación, en vigor desde 2021, no está incluido el Peñón.

Nuevo sistema de control de la UE

Según recuerda en un comunicado el Consejo, con este nuevo acuerdo la UE busca eliminar “todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguardan plenamente el espacio Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera”.

Con la señal de este miércoles, los Veintisiete buscan responder a la urgencia de avanzar en la tramitación de un tratado cuyo acuerdo se anunció en diciembre de 2024, pero cuya falta de adopción formal puede complicar la situación en la verja ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de control de la frontera exterior de la UE el próximo 10 de abril, que obligará a un control reforzado en los pasos fronterizos con terceros países.

El Sistema Europeo de Entrada y Salida de la Unión (EES, por sus siglas en inglés) empezó a aplicarse gradualmente en los países de la Unión el pasado otoño, pero su entrada en vigor plena está prevista para dentro de diez días, cuando deberá estar operativo en todas las entradas a la Unión Europea el nuevo registro digital que sustituirá al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen.

Fuentes del Ministerio de Interior consultadas por Europa Press afirman que las instalaciones y equipamiento técnico necesario para el control en el paso de Gibraltar a suelo comunitario están “operativos y disponibles”, aunque no aclaran el calendario de aplicación.

España, en consulta con la Comisión

En todo caso, y al margen de la preparación técnica, lo cierto es que la falta de aplicación del tratado que enmarca la relación de Gibraltar con respecto a la Unión Europea cuando entre en vigor el sistema EES supone, en la práctica, que este territorio siga siendo considerado a efectos de control fronterizo como país tercero y que los viajeros que quisieran cruzar desde o hacia el Peñón desde suelo español debieran someterse al registro en el nuevo sistema europeo.

Para evitar este vacío, el Gobierno ha presentado una propuesta a la Comisión Europea para flexibilizar la aplicación del sistema EES en ese punto, aunque no han trascendido detalles de la misma ni si Bruselas –que rechaza de manera general revisar el calendario para el sistema fronterizo– ve factible la iniciativa española. “La Comisión ha recibido la carta del Gobierno español relativa al Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y el EES y responderá a la misma en su debido tiempo”, se ha limitado a responder un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La mayoría de los países de la UE ya registran “más del 75% de los cruces fronterizos”, pero algunos de ellos siguen experimentando “dificultades técnicas” a pesar de que el calendario fue acordado y validado por los 27, recuerda el portavoz, que añade que la Comisión mantiene “contacto estrecho” con ellos para asegurar que el sistema funciona correctamente.

Quejas desde Algeciras

Ante esta situación, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a criticar que la comarca del Campo de Gibraltar tenga información sobre el tratado y el fin de la verja a través de los medios de comunicación y no por el Gobierno de España, resaltando “las dudas” que se siguen planteando en esta zona de la provincia de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, Landaluce ha lamentado que como uno de los alcaldes de la comarca campogibraltareña, no se le haya informado sobre cuándo y cómo entrará en vigor el sistema de entrada y salida en la frontera, que debería empezar a funcionar provisionalmente el 10 de abril, una fecha que “llegado este mes, parece imposible”.

“Ya se habla de prórroga pero como es habitual nos hemos enterado por un medio de comunicación”, ha advertido el alcalde de Algeciras, quien ha señalado que “cada vez que un colectivo expone sus dudas o sus preocupaciones, el Gobierno nacional emite información o convoca un seminario”.

“Nos merecemos un trato más digno”

En su opinión, esas “no son las formas adecuadas”, teniendo en cuenta que “las semanas van pasando y seguimos teniendo muchas dudas”, unos interrogantes que no sólo se plantean los políticos sino también “colectivos, transportistas, empresas de aduanas o Policía de frontera”, como ha enumerado.

Con respecto al sistema de entradas y salidas, ha pedido que los agentes conozcan los detalles de cómo van a tener que desarrollar su trabajo y en qué condiciones, recordando que “nos dijeron a bombo y platillo que en abril íbamos a ver la caída de esa histórica frontera”, encadenando eso con “la prosperidad compartida”.

“Pues abril ha llegado y ni una cosa ni la otra”, ha lamentado Landaluce, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno de España “no aparece” por la comarca para informar de “los supuestos benéficos de este acuerdo” y que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos merecemos un trato más digno”.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha sostenido este martes que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno a Gibraltar “desprotege” a Andalucía y, especialmente, al Campo de Gibraltar. Más concretamente, y en relación a los rellenos para ganar terreno en el mar, ha vaticinado que estos “tendrán una influencia directa en las playas andaluzas”.

En el marco del desayuno informativo de Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol, Catalina García ha asegurado que el Gobierno andaluz trasladó al Ejecutivo central en varias ocasiones su “preocupación” sobre la “ocupación del terreno” mediante los citados rellenos. “Pensábamos de verdad que el tratado iba a estar muy bien definido” en lo concerniente a la soberanía de las aguas, qué iba y no iba a estar permitido, ha esgrimido la consejera.

Sin embargo, “no se recoge nada” en relación a los intereses de España y Andalucía en esta materia mientras que lo que recoge de Gibraltar está “todo muy bien tasado, muy clarito y muy bien explicado”. “Tendremos un problema” con un tratado que, en palabras de Catalina García, “desprotege” a la comunidad andaluza y con el que “el Gobierno ha negociado un poco con los intereses de Andalucía”, entendiendo la consejera que esta actitud ha sido “desleal”.

Tan sólo unas horas antes, la consejera había expresado su preocupación acerca de que el acuerdo sobre Gibraltar que está llamado a regir la relación del Peñón con la Unión Europea (UE) tras el Brexit ha dejado “de lado” y al “libre albedrío” de lo que quiera la colonia británica el asunto de los “rellenos”, que tiene “un impacto importantísimo” para Andalucía, porque “va a ir modificando las mareas que llegan a la costa”, además de que “modifica la flora y fauna del océano”.

En esa línea, la consejera ha asegurado que lleva “meses”, incluso “más de un año”, enviando “misivas al Ministerio y al ministro de Exteriores”, José Manuel Albares, “plasmando la preocupación por escrito de que no hay un control, de que Gibraltar, en la parte medioambiental, en esos rellenos, no está cumpliendo con la normativa a nivel internacional”.

Catalina García subraya que a la Junta le preocupa “mucho” la calidad de lo que allí se está haciendo, “la afectación medioambiental, que nadie está midiendo”, y advertía de que es una cuestión en la que la administración autonómica andaluza no puede intervenir, sino que es “una competencia totalmente del Ministerio”.

El mantra que ha rodeado la negociación sobre el Tratado de Gibraltar, desde 2020, ha sido el de la creación de un área de prosperidad compartida, entre los territorios todavía divididos por una Verja, levantada hace un siglo por Gran Bretaña y que desaparecerá si el contenido del acuerdo es finalmente ratificado por la Eurocámara, por el Parlamento de Gibraltar y por el de Reino Unido. Sin embargo, lo que hoy se comparte en el conjunto del área, entre el Peñón y la comarca circunvecina, es la incertidumbre sobre la puesta en práctica de los acuerdos, a partir de su previsible entrada en vigor, de manera provisional, el próximo 10 de abril, ya que presumiblemente habrá tiempo para sustanciarlo completamente antes de esa fecha.

A los empresarios de Gibraltar les preocupan las nuevas tasas impositivas equivalentes al IVA del 17 por ciento, el mínimo de la Unión, que rige en Luxemburgo y el régimen de importaciones de productos británicos que puede restarle competitividad al comercio y a la hostelería local. A los trabajadores transfronterizos, que la igualdad de derechos con los gibraltareños y británicos no acabe con los contratos a cero horas que rigen todavía en el Peñón y que vienen siendo denunciados por la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASTEG).

A los gibraltareños, les inquieta la seguridad ciudadana y ya reclaman cámaras de vigilancia para evitar un hipotético incremento de la delincuencia. Y a los ecologistas, que el Tratado no deje suficientemente clara la protección de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, área protegida por la legislación europea, incluida en la Red Natura 2000, ante las maniobras de bunkering –suministro de combustible de barco a barco, en alta mar—o los rellenos sobre la superficie marina. Al menos, el Tratado deja claro que Gibraltar se sumará a la tasa del mercado de emisiones de Carbono, con el horizonte puesto en el año 2030, lo que aminorará la competencia desleal respecto al puerto de Algeciras.

“Traición”

El contencioso de soberanía sigue quedando fuera de la melé, pero la prensa y la ultraderecha británica de Reform UK ya hablan de “traición” del Gobierno laborista de Keir Starmer, aunque el grueso de la negociación corrió a cargo de varios gobiernos conservadores, antes de su caída. En España, desde el Partido Popular, también se ha reprochado que nuestro país no haya sacado más ventaja para recuperar parte del istmo que se anexionó Gran Bretaña para levantar el aeropuerto, que ahora gestionará una joint venture europea y gibraltareña, con los controles Schengen ejercidos por la Unión Europea –esto es, España--, pero con un filtro local que seguirá correspondiendo a las autoridades gibraltareñas y británicas. 

Juan Franco, alcalde de La Línea, sigue exigiendo un trato singular para su localidad, habida cuenta del impacto que tendrá el volumen de tráfico que supondría una Verja de puertas abiertas. El previsible incremento en el precio de la vivienda es otro de los motivos de preocupación en la localidad vecina a la Roca, así como la supervivencia económica de la ciudad. Sin embargo, de momento, el Ayuntamiento ha optado por el pragmatismo y ha cedido 1.800 metros cuadrados de terreno al Estado sobre los que se edificará un viario que conectará la aduana española con el aeropuerto de Gibraltar, para la futura gestión de la zona aeroportuaria de la Roca.

El alcalde Franco valorado esta iniciativa como “muy importante” en lo que representa la reordenación de este entorno, “además de consolidar la zona y dar viabilidad a proyectos en los que desde el equipo de gobierno viene trabajando desde hace tiempo, como el Centro Tecnológico en terrenos del recinto ferial”. Dicho esto, a caballo entre los acuerdos internacionales y las necesidades localistas, se ha apresurado a aclarar que el real donde se asienta actualmente la Velada y fiestas no sufrirá por todo ello merma alguna, como los agoreros vaticinaban.

A nivel de infraestructuras, el alcalde entiende que es muy positivo poder contar con dicha infraestructura, ya que el uso conjunto del aeropuerto supondrá beneficios para el municipio linense.

“Texto complejo”

Nada más conocerse oficialmente el contenido jurídico del Tratado, el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, el sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix, a la sazón presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara baja, ha valorado el texto definitivo del acuerdo sobre la relación futura con Gibraltar tras el Brexit, calificándolo como un hito diplomático que transformará la realidad socioeconómica de la comarca.

“Estamos ante un texto complejo en el que la diplomacia ha trabajado durante años, siempre bajo la tutela del comisario Maros Sefcovic y con el impulso decidido del presidente Pedro Sánchez”, ha asegurado el dirigente socialista, volviendo a entonar el mismo mantra, el de que este acuerdo es la respuesta a la apuesta por una “zona de prosperidad compartida” que beneficiará a más de 300.000 campogibraltareños y vecinos de la provincia de Cádiz.

El líder de los socialistas gaditanos ha subrayado la “transparencia y participación” que ha guiado todo el proceso, resaltando que el ministro Albares ha mantenido un contacto fluido y permanente con los ocho alcaldes de la comarca, la Junta de Andalucía, la Diputación y los agentes económicos y sociales. “Frente a quienes buscaban la opacidad, este Gobierno ha traído a la comarca al ministro en múltiples ocasiones y ha comparecido tanto en el Pleno como en la comisión de Exteriores para dar cuenta de cada paso”, ha defendido el también presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.

“Después de todo el ruido”

En el plano político, Ruiz Boix ha lanzado un mensaje directo a la oposición: “¿Qué van a hacer ahora el PP y sus socios de ultraderecha? Después de todo el ruido que han armado en torno a unas negociaciones tan vitales, el resultado es un texto que mejora la vida de la gente”. El secretario general ha exigido al Partido Popular que abandone su estrategia de confrontación en Europa y que sus representantes en la Eurocámara respalden un acuerdo que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía a ambos lados de la frontera.

Desde las filas conservadoras, no se tienen las mismas sensaciones. El alcalde de Algeciras y senador por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, que fue presidente de la comisión de Exteriores del Senado hasta que se dio de baja del partido tras una denuncia por abusos que ha quedado archivada, sigue presidiendo la Corporación algecireña y mantiene un escaño, como “no adscrito”. Desde esa responsabilidad, ha vuelto a lamentar que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos tengamos que seguir enterando del contenido del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, con cuentagotas y a través de terceros, mientras que los legítimos representantes de los campogibraltareños carecemos de cualquier tipo de información al respecto”, volvió a protestar poco antes de que se conociera el contenido del Tratado.

“Es absolutamente inconcebible que a menos de 24 horas de que la Comisión Europea dé a conocer el contenido íntegro, los alcaldes de la comarca, aún no hayamos recibido ninguna información oficial por parte del Gobierno de España, sabiendo que lo que está en juego es el presente y el futuro de 300.000 campogibraltareños. Hemos solicitado numerosas reuniones con el Ministerio de Exteriores y con el resto que se está encargando de los detalles del acuerdo, y ni siquiera hemos recibido respuesta, ni nuestro Parlamento va a poder debatir el texto, con lo cual nos vamos a ver inmersos en un proceso en el que todo nos va a venir impuesto y sin consultar”, aseguró este miércoles.

Frente a la labor de transparencia y pedagogía que ha venido llevando a efecto el Gobierno gibraltareño durante las últimas semanas, a través de un sinfín de reuniones sectoriales, Landaluce recalca que “desde que comenzó este largo proceso, que se ha ido demorando una vez tras otra, siempre se han registrado más sombras que luces en lo que a facilitar información sobre el acuerdo se refiere, y ahora, que estamos en la recta final, se mantiene la misma tesitura. Lo lógico es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España hubiese convocado a los representantes de los ciudadanos del Campo de Gibraltar para informarles, entre otras cuestiones, de la tan deseada zona de prosperidad compartida, y de la que poco o nada se está hablando por el momento. Perdimos muchas oportunidades tras el Brexit y la postura de fortaleza española se convirtió en entreguismo y debilidad por intereses del PSOE”.

“Convidado de piedra”

“Ojalá nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que el Campo de Gibraltar va a ser poco menos que el convidado de piedra en este acuerdo, en el que todo parece indicar que en la colonia británica seguirán untando la tostada por los dos lados cuando a este lado de la frontera necesitamos que unos cuantos no se sigan aprovechando de las bondades de una comarca que requiere de una atención especial tanto por parte del Gobierno español como desde la Unión Europea. La vecindad es buena, pero no la ocupación. El buenismo se está demostrando que es perjudicial para nuestra comarca, para nuestra región y para el conjunto de España”.

Manuel Triano, secretario comarcal de CCOO y miembro del Grupo Transfronterizo, que reúne a sindicalistas y empresarios de ambos lados de la Verja, considera necesario que el Gobierno español adopte “medidas que permitan a personas trabajadoras y empresas afrontar la puesta en marcha del tratado sobre Gibraltar, sin contratiempos y con pleno conocimiento de la nueva realidad y de laa oportunidades que pueda representar”..

“Supone un cambio de suma envergadura para la realidad socio-económica del Campo de Gibraltar y consideramos que el Gobierno de España debe poner en marcha los mecanismos de acompañamiento necesarios para que la sociedad campogibraltareña transite sin mayores contratiempos a la nueva realidad”, sostiene Triano.

Para este sindicato, si bien los agentes económicos y sociales han podido tener varios encuentros con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, “son muchas las incógnitas que persisten respeto al contenido del texto acordado; sobre sus repercusiones en los derechos e intereses de las personas trabajadoras afectadas y sobre los sectores económicos que han venido teniendo relaciones comerciales con Gibraltar”.

En este sentido, desde CCOO consideran que las notas técnicas que ha venido emitiendo el gobierno de la Roca han sido el único foco de información que han tenido en los últimos tiempos, hecho este que, a su criterio, han contrastado con el silencio de las autoridades españolas.

“Todo parece indicar que el periodo de implementación el tratado va a ser muy breve y esto se une la complejidad de los cambios que van a operar, siendo por ello que nuestro sindicato considera imprescindible la puesta en marcha por el Gobierno de España de un dispositivo de asesoramiento y tutela durante el proceso de implementación del Tratado”, ha añadido Triano que, no obstante, ha saludado la bondad del Tratado, sobre todo, si se tiene en cuenta que de fracasar este proceso, un Brexit duro en la Verja sería catastrófico para la economía de la zona y especialmente para los trabajadores.

Carta abierta

En una carta abierta al Ministro Principal, Fabian Picardo, y a la Ministra de Negocios, Gemma Arias-Vásquez, los representantes empresariales del Peñón --entre quienes figuran su histórica Cámara y su Federación de Pequeñas Empresas—han reafirmado su firme apoyo al Tratado y su clara preferencia por un resultado negociado para el Brexit local. En ese contexto, las empresas firmantes del escrito celebran la certeza que ofrece el Tratado «tras una década de incertidumbre respecto a la futura relación de Gibraltar con Europa».

Sin embargo, la carta advierte que el margen de tiempo es reducido y corto el periodo de transición de tres meses, fijado de antemano. Al mismo tiempo, entienden que «la confirmación tardía de la fecha de implementación han incrementado significativamente los riesgos que enfrentan las empresas, especialmente en los sectores minorista, mayorista, logístico, de servicios y de mercancías». Entre los aspectos que más les preocupa, figura el hecho de que «las empresas se enfrentan a un aumento inmediato del arancel de importación debido al impuesto de transacción, que sube al 15% desde tipos anteriores tan bajos como el 0%, junto con impuestos especiales más altos».

Todo ello provocará, a su juicio, interrupciones en la cadena de suministro, existencias invendibles, presión de flujo de caja y pérdidas en contratos existentes. La comunidad empresarial también expresó su creciente frustración por la falta de una guía detallada para saber a lo que van a enfrentarse, a partir de ahora, en el día a día.

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, en una reunión telemática con el comité constitucional de la Cámara de los Lores relativo a los territorios de Ultramar de Estados Unidos, puso en valor que el secreto del éxito del Tratado estribó en que no constituyó “una imposición para nosotros de ninguna manera”, sino que las autoridades gibraltareñas tuvieron un papel protagonista en todo el proceso: “Creo que el factor clave para tener éxito en las negociaciones con la Unión Europea ha sido que estas negociaciones se han llevado a cabo para Gibraltar por Gibraltar, junto y mano a mano con las sucesivas administraciones del Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido”, aseveró Picardo.

Aunque deja claro que la cuestión de la soberanía no forma parte del Tratado, el rotativo británico “The Telegraph” ha calificado el mismo como una “traición” del Gobierno laborista de Keir Starmer, al entregar el control de los accesos al Peñón a la Unión Europea.

A renglón seguido, Suella Braverman, parlamentaria del partido ultraderechista británico Reform UK, insistió, como ya hiciera con el compromiso adquirido en junio respecto a este acuerdo, que se trata de “otra traición total de este vergonzoso gobierno”, en referencia a los laboristas del Reino Unido.

“Equivocada”

“Decía entonces, como lo digo ahora –le replicó Picardo--, que estás tan equivocada ahora como lo estabas en junio. El acuerdo que hemos alcanzado con la UE fue negociado por el Gobierno de Gibraltar junto con los ministros conservadores y laboristas del Reino Unido. Es un acuerdo excelente para los gibraltareños de todas las nacionalidades. Agradezco especialmente a James Cleverly y a Wendy Morton su apoyo durante este período, ya que Wendy visitó Gibraltar para una sesión informativa a principios de esta semana. Informé a la líder conservadora, Kemi Badenoch, durante mi última visita a Londres y espero contar con el apoyo de todos los partidos para este excelente acuerdo, que nos ayuda a evitar los numerosos y graves obstáculos que el Brexit creó para Gibraltar”.

Cabe recordar que cuando David Cameron convocó el referéndum sobre el Brexit, el 93 por ciento de los gibraltareños votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Ahora, saben que si el Tratado se ratifica, seguirán siendo orgullosamente británicos, pero un poco más europeos.

“Todas las barreras físicas relacionadas con la circulación de personas entre la Unión [Europea] y Gibraltar deberán ser eliminadas”. El acuerdo entre la UE y Reino Unido que regirá la relación del Peñón de Gibraltar con los Veintisiete miembros de la Unión Europea, ha visto la luz. Un tratado con 336 artículos y 46 anejos y más de 600 páginas, que termina por tirar la verja que ha separado a la población británica y española que compartían este territorio del sur de Europa. De esta manera, se crea una nueva zona de libre circulación entre el peñón de Gibraltar con el espacio Schengen (25 países de la UE, no están Irlanda ni Chipre, más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Bruselas y Londres anunciaron el pasado 17 de diciembre que se había conseguido cerrar el texto legal del acuerdo político sellado el 11 de junio, a falta de la revisión jurídica para la ratificación por ambas partes.

Otro aspecto relevante es el artículo 2 del tratado que supone mantener la situación sobre la soberanía del peñón tal y como estaba. Este punto señala que el tratado firmado “no constituirá las bases para ninguna aserción o negación de soberanía” por parte de Reino Unido o España sobre Gibraltar. Cuando el tratado entre en vigor, que se espera que sea el 10 de abril, se realizará un acto oficial con el derribo de la verja.

Aunque se ha creado esta nueva área de libre circulación, en el aeropuerto y el puerto del peñón la policía española que trabaja con Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) junto a las autoridades gibraltareñas ejercerán el control fronterizo para terceros países, ya que tanto los gibraltareños como los ciudadanos de la UE accederán o saldrán de Gibraltar por una zona automatizada para evitar las tradicionales colas.

Se ha abierto una polémica porque en el tratado se recoge que las autoridades españolas no podrán controlar a “los miembros no residentes de las Fuerzas Armadas de Reino Unido” y de terceros países invitados o trabajando para Reino Unido y al “personal civil asociado” a las bases militares británicas, ya que están “exentos de las regulaciones y los controles Schengen sobre visado y pasaporte”, según adelantó El Confidencial.

Sin embargo, las autoridades españolas sí que podrán vetar un permiso de residencia en Gibraltar siguiendo las normas del espacio Schengen, que pueden ir desde documentación incompleta, falta de justificación del viaje, insuficiencia de medios económicos o que se considere que puede haber una amenaza a la seguridad.

Hay un capítulo dedicado a los trabajadores transfronterizos (10.000 españoles pasan al peñón y 5.000 llanitos cruzan a España cada día para trabajar) en el que se incluyen medidas para evitar abusos laborales, que haya dignas condiciones de trabajo y colaboración en asuntos de la seguridad social. Se ha aprobado un fondo de cohesión, aunque no hay cantidad asignada, para promover el empleo y la formación tanto en el Peñón como el Campo de Gibraltar.

En cuanto a las mercancías, con la incorporación de Gibraltar a la unión aduanera de la UE se acaban los controles a la libre circulación de bienes y mercancías entre el Peñón y España. Ahora bien, las reglas de entrada y salida de productos son las de la Unión Europea, ya que se pretende blindar el Mercado Único y evitar distorsiones competitivas, además de impulsar la lucha contra el fraude, especialmente en el ámbito del tabaco.

En este sentido, también es relevante que las policías gibraltareña y española realizarán operaciones conjuntas, se permitirá a los agentes de ambos cuerpos que puedan perseguir a delincuentes, según determinados delitos, a ambos lados de la frontera, y se reforzará el trabajo con Europol.

En temas de impuestos no hay muchos avances. Gibraltar tendrá que adoptar alguna disposición de fiscalidad indirecta como una tasa de transacción, equivalente al IVA español, que irá incrementándose del 15% al 17% en tres años y cuyo tipo reducido no podrá ser inferior al 5%.

El tratado tiene que ser ratificado por la Eurocámara, el Parlamento británico y la Cámara gibraltareña, pero no tendrá que ser votado por el Congreso.

Nadie daba un euro ni una libra porque el Tratado sobre Gibraltar, entre la Unión Europea y Gran Bretaña, fuera a salir de la incubadora, después de cinco años de negociaciones: las del Tratado de Utrecht de 1713, que sigue siendo vigente en cuanto al contencioso de soberanía sobre el Peñón se refieren, duraron poco más de un año.

No obstante, ahí está: a punto de la fumata blanca. La Comisión Europea –así lo ha anunciado el ministro español José Manuel Albares—va a publicar en su web esta semana el prolijo contenido del acuerdo, con todos sus perejiles jurídicos de por medio: 250 páginas, con adendas y notas a pie de páginas incluidas que, a excepción de los muy cafeteros, habrá que esperar a que hagan la película de la realidad para comprender su alcance.

Aunque las líneas rojas de las banderas respectivas se encuentren protegidas, a los gritos tradicionales de “Gibraltar, español” o “More british than british”, habrá que sumarle ahora el de “Gibraltar, europeo”. Cuando Gran Bretaña se dio el piro de la Unión, las islas iniciaron un movimiento tan tectónico como político que les alejó del continente, al que sigue anclada la Roca.

A Fabián Picardo sólo le ha faltado reunirse con los monos para explicar qué es lo que está en juego, algo que no ha hecho ni el ejecutivo de Keir Starmer ni el de Pedro Sánchez, que han ido dando titulares genéricos pero sin poner los papeles sobre la mesa, como les exigen sus respectivas oposiciones políticas

A los únicos españoles que parece preocuparles Gibraltar son a los campogibraltareños, al cuerpo diplomático y a los requetés de Vox: ¿qué harán ahora que han deportado del partido de Abascal a Ortega Smith, como si fuera un inmigrante ilegal, con el pedrusco que este último mangó en una de sus épicas incursiones en el Peñón y que conservan todavía en su sede madrileña? Lo mismo le obligan a contratar un camión de mudanzas y llevárselo a algunos de sus solares en Asturias, patria chica de don Pelayo.

La tierra, para quien la trabaja. Y Gibraltar, también. Así debieran ser las cosas, aunque ya nada es lo que fue cuando Groenlandia puede terminar siendo de Arkansas. Gibraltar, transfronterizo: más de 15.000 criaturas que se ganan la vida allí y para las que el simple hecho de acudir a sus trabajos constituiría un infierno, de blindarse un Brexit duro en la Verja, que ahora podrá, simplemente, desaparecer. Gibraltar, gibraltareño: realmente, ¿estamos dispuestos a echar a cosquis del Peñón a sus 30.000 habitantes, con tal de quedarnos con la breve geografía de sus antepasados, porque nuestros antepasados estuvieron antes?

El Gobierno gibraltareño ha sido mucho más transparente que el español o el británico a la hora de dar a conocer el contenido del Tratado. A Fabián Picardo sólo le ha faltado reunirse con los monos para explicar qué es lo que está en juego, algo que no ha hecho ni el ejecutivo de Keir Starmer ni el de Pedro Sánchez, que han ido dando titulares genéricos pero sin poner los papeles sobre la mesa, como les exigen sus respectivas oposiciones políticas. A pesar de ese ejercicio de luz y taquígrafos que se ha llevado a efecto durante las últimas semanas en el Peñón, la incertidumbre sigue acongojando a un sector de la sociedad civil gibraltareña, principalmente, el del comercio o el de la hostelería, a los que no les salen las cuentas. Sólo que sería mucho peor la factura de una Verja convertida en un nuevo muro de Berlín.

Las ratios de paro, el caso singular de La Línea, la economía sumergida, el déficit de comunicaciones terrestres y, en especial, ferroviarias, la pérdida de pujanza del puerto de Algeciras respecto a Tanger-Med pero también respecto a Valencia, el lastre del narcotráfico en una de sus encrucijadas históricas, son algunos de los principales aspectos que sería necesario descolonizar de inmediato

Tampoco será la panacea para el Campo de Gibraltar. Sin embargo, más allá del Tratado, a esa comarca olvidada durante centurias y colonizada por la desidia española, lo que le haría falta es que nuestros Gobiernos pensaran más en ella que en el Peñón: las ratios de paro, el caso singular de La Línea, la economía sumergida, el déficit de comunicaciones terrestres y, en especial, ferroviarias, la pérdida de pujanza del puerto de Algeciras respecto a Tanger-Med pero también respecto a Valencia, el lastre del narcotráfico en una de sus encrucijadas históricas, son algunos de los principales aspectos que sería necesario descolonizar de inmediato.

Eso sí, lo que sigue no va a gustar probablemente a nadie: el Tratado a ratificar ahora por los parlamentos de Gibraltar, del Reino Unido y del Europeo, es la maniobra más inteligente que ha podido afrontar la diplomacia española para que el Peñón no siga varado en el mismo sitio durante otros tres siglos. Desde 1969, en lugar de seducir a los gibraltareños enviándoles flores, les hemos tirado macetas a la cabeza. Ahora, hemos decidido contratar a Interflora. Y aunque la bandera británica siga ondeando en la Focona, hay una bandera invisible, la de la convivencia, que empezará a cobijarnos. No será un camino de rosas, probablemente, como también pecan de optimismo quienes hablan de un área de prosperidad compartida. Pero, al menos, los pobladores de ese territorio se habrán librado de algunas espinas y de la última frontera física del continente europeo. Todo un ejercicio patriótico para todas las partes, creemos los vendepatrias. Que nadie tema: de momento, todo seguirá igual aunque todo sea distinto. Eso sí, la historia es larga y la vida es corta.

Las fronteras pequeñas suelen concentrar tensiones grandes, porque cada gesto administrativo arrastra historia, poder y economía cotidiana. En el sur de Europa, esa fricción ha marcado durante décadas la relación entre España y Gibraltar, un territorio diminuto que importa mucho más de lo que indica su tamaño.

El conflicto nace de una disputa de soberanía que nunca se cerró y que condiciona cada decisión que afecta al paso entre ambos lados. Gibraltar es un enclave británico situado en la Península Ibérica, con autogobierno interno y política exterior ligada al Reino Unido, mientras España reclama su devolución desde hace más de tres siglos. Esa situación convierte la frontera en un punto sensible, donde cualquier ajuste técnico termina teniendo lectura política.

Las nuevas normas europeas cambian la forma de cruzar

Ese marco explica por qué la frontera terrestre entre La Línea de la Concepción y el Peñón se ha convertido en uno de los lugares donde más se notan los cambios normativos europeos. La Unión Europea ha puesto en marcha el Sistema de Entradas y Salidas, conocido como ESS, un registro digital que controla de forma automática a las personas que entran y salen del espacio Schengen.

El sistema comenzó a funcionar el 12 de octubre de 2025 y, según el calendario comunitario, debe estar plenamente operativo en todas las fronteras exteriores antes del 10 de abril de 2026. En el caso español, el Gobierno ha fijado su aplicación completa en el paso con Gibraltar a partir del 30 de marzo, tras varias reuniones entre ministerios para ajustar plazos y medios.

El ESS cambia la forma en que se controla a los viajeros de países no pertenecientes al espacio Schengen que realizan estancias cortas de hasta 90 días. Con este sistema desaparece el sello manual en el pasaporte y toda la información queda registrada de manera digital. El control se apoya en los datos del documento de viaje, una imagen facial y las huellas dactilares, con el objetivo de seguir los movimientos de entrada y salida con mayor precisión. Este mecanismo permite comprobar de forma automática cuánto tiempo permanece cada persona en territorio europeo y reduce los errores asociados a los controles tradicionales.

En Gibraltar, esta implantación tiene una particularidad relevante. El Gobierno del Peñón anunció la exclusión de sus residentes de estos controles biométricos para evitar demoras en un paso que usan a diario miles de personas.

Esa decisión obliga a coordinarse con las autoridades españolas para retirar parte de la infraestructura actual y sustituirla por soluciones provisionales que permitan un tránsito más ágil. La intención es que quienes viven en Gibraltar no tengan que pasar por el ESS y no entreguen datos biométricos cada vez que cruzan la frontera terrestre.

El acuerdo con Londres abre una etapa con menos barreras físicas

El volumen de tráfico explica la necesidad de esos ajustes. Tras el Brexit, cualquier cruce por la Verja implica un control de salida y entrada en el espacio Schengen, y alrededor de 15 millones de personas utilizan ese paso cada año. Muchas cruzan de forma repetida por trabajo, estudios o motivos familiares.

Para reducir la presión en la frontera terrestre, el nuevo planteamiento prevé trasladar los controles a los puntos de entrada en el aeropuerto, el puerto y las marinas del Peñón. Ese cambio reduce el número de movimientos en la Verja y, con ello, la cantidad de inspecciones necesarias en ese punto.

Ese modelo se apoya en una oficina conjunta situada junto al aeropuerto de Gibraltar, en un espacio compartido donde operan agentes de Frontex, fuerzas de seguridad españolas, la policía gibraltareña y la Agencia de Fronteras y Guardia Costera del territorio. Todos trabajan bajo el Sistema de Información Schengen, con intercambio de datos en tiempo real para evitar duplicidades.

Este esquema enlaza con el tratado acordado entre la Unión Europea y el Reino Unido, alcanzado en junio de 2025 y cerrado en diciembre, que entrará en vigor el 10 de abril de 2026 y prevé suprimir los controles en la frontera terrestre. Si ese acuerdo se consolida, la relación entre España y Gibraltar pasará a otra fase, con una frontera menos física y más administrativa, pero siempre marcada por un contencioso que sigue sin resolverse.

El Gobierno de Gibraltar ha aprobado el acuerdo suscrito entre la UE y Reino Unido y que regirá la relación del Peñón con los Veintisiete tras el Brexit, primer paso para su ratificación definitiva por la parte británica, mientras que a nivel europeo deberá ser refrendado por el Consejo y la Eurocámara. Según ha informado en un comunicado, el gabinete ministerial ha examinado “una versión del texto que aún no ha sido sometida a una revisión jurídica definitiva, aunque se considera poco probable que se produzcan cambios de carácter político durante dicho proceso legal”.

Bruselas y Londres anunciaron el pasado 17 de diciembre que se había conseguido cerrar el texto legal del acuerdo político sellado el 11 de junio, a falta de la revisión jurídica del mismo que su ratificación por ambas partes.

Tras ser informado sobre el contenido del tratado y de los documentos asociados al mismo por el fiscal general gibraltareño, Michael Llamas, en seis reuniones en las dos últimas semanas, el Gobierno del Peñón ha aprobado el acuerdo para su ratificación, “siempre que no se introduzcan cambios en el significado del texto aprobado durante la revisión legal”.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha felicitado de que “el gabinete ministerial haya dado luz verde a la ratificación del Tratado”.

Rumbo al Parlamento británico

Así las cosas, una vez que se disponga del texto definitivo, para lo que por el momento no hay fecha, este será presentado al Parlamento de Gibraltar mediante una moción sujeta a enmiendas para su debate. Tras su aprobación parlamentaria en el Peñón, el acuerdo seguirá el procedimiento de ratificación en el Parlamento británico.

Aquí, una vez que el tratado se presente en las cámaras, comienza un periodo de 21 días tras el que, si no hay un rechazo expreso, queda ratificado, conforme a la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010.

En caso de que la Cámara de los Comunes apruebe una resolución en contra de la ratificación, se inicia otro periodo de 21 días, un procedimiento que podría repetirse, lo que da a los Comunes en última instancia poder de veto a la hora de ratificar un tratado internacional.

Por lo que se refiere a la Cámara de los Lores, su opinión no es vinculante, por lo que el Gobierno puede obviarla, argumentado por qué es importante la ratificación, validando así el tratado.

El pasado 14 de noviembre, agentes de la policía armada bloquearon durante unos minutos la carretera que bordea las murallas medievales de Gibraltar para despejarle el camino a una comitiva de vehículos BMW con cristales tintados. Se detuvieron frente al despacho de abogados Hassans. En el listado de clientes de Hassans figuran muchos multimillonarios, pero pocos tan importantes como el visitante de ese día, Donald Trump Jr., responsable del negocio familiar de los Trump mientras su padre ocupa la Casa Blanca.

Tres horas más tarde, el hijo del presidente de EEUU se dirigió a Marbella, donde se alojó varios días en un hotel de cinco estrellas junto a su pareja, Bettina Anderson, socialite de Florida. Pero antes, tenía cosas que hacer.

Durante el primer mandato de Trump, la familia suspendió sus acuerdos empresariales en otros países, pero en esta segunda presidencia no han retomado ese compromiso. Tanto Donald Jr. como su hermano Eric han pasado el último año de campaña por el mundo recabando dinero, desde los Balcanes hasta Vietnam. Los documentos oficiales señalan que al presidente le siguen llegando las ganancias.

Los críticos de Trump sostienen que los negocios de su familia generan un inevitable conflicto de intereses mientras el mandatario ejerce su poder en todos los ámbitos, desde la concesión de indultos hasta la imposición de aranceles. La respuesta oficial de la Casa Blanca es: “Ni el presidente ni su familia se han visto involucrados nunca, ni se verán jamás, en situaciones de conflicto de intereses”.

Pero los límites difusos entre el cargo y los beneficios personales están cambiando la forma en que el mundo percibe el poder de Estados Unidos. Por eso, cuando Donald Jr. aparece en Gibraltar para celebrar reuniones sin una explicación oficial, la pregunta obligada es por qué.

Promocionar el “capitalismo patriótico”

La única conexión obvia de los Trump con Gibraltar tiene su origen en la obra de demolición del ala este de la Casa Blanca que el presidente ha acometido para construir un ostentoso salón de baile por un coste aproximado de 300 millones de dólares [unos 225 millones de euros]. En la lista de donantes del proyecto que se publicó en octubre apareció, junto a tecnológicas y a fabricantes de armas, el nombre del empresario estadounidense de origen ruso Konstantin Sokolov.

Sokolov también tiene intereses en Gibraltar, donde está construyendo un centro de datos para inteligencia artificial por un coste aproximado de 1.800 millones de libras [unos 2.060 millones de euros], la mayor inversión extranjera en el territorio. El representante local de la empresa de Sokolov y Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar, también se personaron en el despacho Hassans durante la visita de Donald Jr.

Los Trump no parecen tener ninguna participación en el proyecto del centro de datos. Según dos personas con conocimiento de las reuniones de Donald Jr., en la sede de Hassans, se habló principalmente de inversiones para sus negocios.

El hijo del presidente de EEUU hizo una presentación a una reducida y adinerada audiencia en la que también había representantes del mundo de las criptomonedas —la nueva industria favorita de los Trump– que han encontrado su hogar en Gibraltar, de acuerdo con el testimonio de una persona informada sobre la visita. Otra fuente señala que Donald Jr. pronunció un “discurso sobre el movimiento 'América, primero' y que habló de fondos de inversión que podrían interesar a los presentes. Entre ellos, uno llamado 1789 Capital que, según una de las fuentes, fue descrito como un fondo de ”capitalismo patriótico“.

El fondo 1789 Capital, nombrado así por el año en que EEUU promulgó su Declaración de derechos y libertades, es el brazo financiero del movimiento MAGA. Donald Jr. entró como socio en el fondo poco después de que en noviembre de 2024 su padre volviera a ganar las elecciones. Se dice que sus activos han crecido desde entonces y ya superan los 1.000 millones de dólares [unos 850 millones de euros].

Las inversiones de 1789 Capital van desde los cigarrillos electrónicos y la inteligencia artificial de uso militar hasta la startup de implantes cerebrales de Elon Musk. El fondo no ha difundido el nombre de sus inversores. Ni 1789 Capital ni Donald Jr. respondieron a las preguntas de The Guardian sobre el motivo del viaje.

No está claro cómo fue la presentación de Donald Jr. en Gibraltar, pero el proyecto global de la familia Trump para ganar dinero parece estar rindiendo frutos. Desde el regreso de Trump a la presidencia sus ingresos se han disparado. De acuerdo con los cálculos de la agencia de noticias Reuters, en la primera mitad de 2025 alcanzaron los 864 millones de dólares, frente a los 51 millones del mismo periodo el año anterior [735 y 43 millones de euros, respectivamente].

Algunos de los negocios familiares de los Trump han suscitado acusaciones de que el Gobierno estadounidense da un trato favorable a las personas que enriquecen al mandatario. En ocasiones, el acceso al presidente se ha vendido de manera explícita, como cuando Trump cenó en su club de golf cercano a Washington con los principales inversores en su criptomoneda.

Aunque sea difícil de cuantificar, las personas que facilitan o hacen avanzar los intereses empresariales de la familia Trump en el extranjero también esperan beneficiarse del manto de protección y poder que otorga ser considerados parte del equipo de Trump.

“Lo que Gibraltar puede hacer”

El despacho Hassans no participó en el encuentro y se limitó a poner las oficinas a disposición de Donald Jr, según representantes de la empresa. No obstante, entre los asistentes a la reunión figuraba el abogado y socio principal del despacho, James Levy. A sus 70 años, Levy es considerado el hombre más influyente de Gibraltar. En Hassans fue mentor de Fabian Picardo, que lidera el gobierno gibraltareño desde 2011.

El veterano abogado y comentarista político gibraltareño Robert Vásquez cree que un vídeo de la televisión local en el que Donald Jr. aparece en Hassans es “obviamente favorable” para el círculo de poder gobernante. Cuando Picardo salía de Hassans, una periodista de la televisión pública gibraltareña le preguntó quién más había estado allí. Todo lo que dijo fue: “Inversores”. “Y personas interesadas en comprender lo que Gibraltar puede hacer”.

La visita de Donald Jr llegó en un momento en el que Gibraltar esperaba los resultados de una investigación pública sobre un escándalo político que ha dejado a Picardo y Levy en una situación de vulnerabilidad poco habitual.

En 2020, la policía de Gibraltar intentó ejecutar una orden de registro contra Levy mientras investigaba un presunto complot para hacerse con un contrato de seguridad del Estado. Las pruebas aportadas en la investigación muestran que Picardo intervino en la investigación penal y trató de presionar al jefe de policía. El líder gibraltareño ha admitido tener una “relación personal estrecha” con Levy.

Levy sostiene que las acciones de la policía contra él fueron “totalmente injustificadas e innecesarias”, y no ha sido formalmente acusado. Aunque su actuación no esté en el foco de la investigación, sí ha prestado declaración en el marco de esta.

Según ha concluido la investigación, el ministro principal de Gibraltar hizo una serie de intervenciones “gravemente impropias” y “siniestras” para interferir en la investigación penal con el fin de proteger a su amigo de las consecuencias de la orden de registro.

El juez jubilado del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales y presidente de la investigación, Sir Peter Openshaw, ha señalado que mientras los agentes de la Policía Real de Gibraltar (RGP) se encontraban en Hassans, Picardo convocó al comisario de policía, Ian McGrail, a su despacho y le “reprendió” con “gran ira” en “un intento totalmente impropio de interferir en una investigación y operación policial legítimas”. McGrail se jubiló un mes después del incidente de mayo de 2020 y la investigación tenía por objeto determinar si se le había obligado a dimitir.

Openshaw dice que existía “un riesgo muy elevado” de que las funciones de Picardo como ministro principal entraran en conflicto con sus intereses como amigo y socio comercial. No obstante, pese a criticar las acciones de Picardo, el juez considera que estas “no interfieron de hecho en la visita de la RGP a Hassans, que se llevó a cabo tal y como estaba previsto. Concluyo que no hubo interferencia real en las acciones de la RGP el 12 de mayo”.

Picardo dice que el gobierno ha sido completamente exonerado: “El informe concluye que no hubo interferencia real en la investigación de la RGP por mi parte, ni por nadie en mi nombre, ni por ningún funcionario del gobierno, ni conspiración para destituirlo [a McGrail] de su cargo”.

Traducción de Francisco de Zarate.

Este artículo ha sido actualizado por la redacción de elDiario.es.

La Unión Europea y Reino Unido cierran un acuerdo para la nueva relación del bloque comunitario con Gibraltar tras el Brexit, seis meses después de que las partes anunciaran el fin de las negociaciones, lo que supone un paso más hacia la ratificación del futuro Tratado, aunque aún no es el definitivo para su entrada en vigor.

“El texto se encuentra actualmente bajo la revisión legal por parte de la Unión Europea y Reino Unido, antes de poder proceder con los respectivos procedimientos internos para la firma y conclusión del futuro acuerdo”, ha indicado un portavoz comunitario a Europa Press, tras confirmar que el texto legal se “completó” el pasado día 12.

El mismo portavoz ha destacado que el objetivo principal del futuro acuerdo es “garantizar la prosperidad” de toda la región y que ello se logrará “eliminando todas las barreras físicas” a la libre circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, “preservando al mismo tiempo el espacio sin fronteras Schengen, el Mercado Único y la Unión Aduanera. ”Esto aportará confianza y seguridad jurídica a la vida y al bienestar de los habitantes de toda la región, al promover la prosperidad compartida“, ha detallado.

Trámites

Con este paso se finalizan las negociaciones iniciadas hace casi cuatro años que dieron lugar a un acuerdo político el pasado 11 de junio. Todo ello, se logró tras una reunión en Bruselas entre el comisario encargado de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, y el ministro de Exteriores británico, David Lammy; en donde también estuvieron el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

Una vez se complete la revisión legal por parte de Bruselas y Londres, para la que no hay un plazo fijado, el Tratado tendrá aún que ser traducido a todas las lenguas oficiales de la UE antes de que sea sometido al Consejo (gobiernos) para su adopción y el Parlamento Europeo vote su consentimiento.

“Falta de información”

Pese al éxito que reflejan los interlocutores, José Ignacio Landaluce (PP), alcalde de Algeciras, ha manifestado su “preocupación” por la falta de información pública sobre el contenido del tratado que regulará la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit, solicitando “transparencia” y la “participación” de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Landaluce ha señalado que, aunque se habla de prosperidad compartida y de eliminación de barreras para el tránsito de personas y mercancías, los municipios del Campo de Gibraltar “siguen sin conocer los detalles concretos del acuerdo ni su impacto real” sobre cuestiones como empleo, actividad portuaria, control aduanero, movilidad diaria de miles de trabajadores y seguridad jurídica de la zona.

“Hablamos de fronteras, de controles, de fiscalidad, de competencia económica y de miles de trabajadores transfronterizos. No se puede pedir confianza sin transparencia”, ha subrayado Landaluce, quien ha reiterado que “cualquier acuerdo debe garantizar igualdad de condiciones, respeto a la legalidad vigente y beneficios reales para el conjunto del Campo de Gibraltar”.

“Optimismo y esperanza”

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, municipio que hace frontera con el Peñón, se ha mostrado “cauto” a la espera de ver en qué va a consistir este acuerdo, aunque viéndolo con “una mezcla de optimismo y esperanza”.

En un audio difundido a los medios que están “con una mezcla de optimismo, esperanza y, sobre todo, cautela”, a la espera de ver “en qué va a consistir este acuerdo, cómo va a afectar al día a día de nuestros vecinos y cuál va a ser el nuevo estatus quo con el que nos vamos a encontrar en relación a nuestros vecinos de Gibraltar”.

“Esperemos que con este acuerdo se acaben acometiendo una serie de problemas que ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones, que afectan fundamentalmente a nuestra ciudad y también al resto de la comarca”, ha manifestado Juan Franco.

Donald Trump Jr. ha visitado Gibraltar este mediodía. El primogénito del magnate y presidente de Estados Unidos, vicepresidente ejecutivo de la Trump Organisation, ha permanecido durante unas tres horas en un centro de negocios en el Midtown, según ha confirmado la radiotelevisión pública gibraltareña, detallando que habría participado en varias reuniones en un conocido despacho de abogados ubicado allí. A su salida, registrada en vídeo, ha declinado hacer declaraciones.

Los desplazamientos del séquito de Trump Jr., que no ostenta cargo alguno en la administración estadounidense, han ocasionado un notable revuelo en territorio gibraltareño. En varios vídeos se observa una comitiva de media decena de vehículos con matrícula roja que ha cortado el tráfico a su paso por las calles más céntricas de la colonia británica.

Se desconoce el motivo de la visita de Trump Jr. a Gibraltar. Hassans es un despacho con amplia clientela internacional y estrechos vínculos con clientes israelíes, según fuentes locales.

El presidente estadounidense ha protagonizado esta semana una agria disputa con la BBC, que ha reconocido haber manipulado un reportaje de Panorama en el que Trump parecía decir una frase que, en realidad, correspondía a dos momentos diferentes del 6 de enero de 2021, el día en que sus seguidores asaltaron el Capitolio. Trump ha amenazado con demandar a la radiotelevisión pública británica por valor de 1.000 millones de dólares si no se disculpa, algo que su presidente, Samir Shah, hizo por carta este jueves.

Además, en Gibraltar se señala la posible relación con la futura construcción de un centro de datos, con una inversión estimada en 1.800 millones de libras (2.040 millones de euros), la mayor que se haya hecho nunca en el territorio colonial.

Gibraltar está considerado un paraíso fiscal por España. Hace apenas dos semanas la vicepresidenta de Hacienda María Jesús Montero condicionó la retirada de esa consideración a la firma definitiva del histórico acuerdo anunciado el pasado mes de junio: “En el momento en que se firme dará lugar a que Gibraltar salga de la lista de paraísos fiscales en donde en este momento está incorporada por parte del Ministerio de Hacienda”, señaló Montero.

Una fuente local señala que los aterrizajes en el aeropuerto de Gibraltar estaban hoy condicionados o impedidos por el mal tiempo provocado por la borrasca Claudia, por lo que Trump debió aterrizar en España. Málaga es el aeropuerto internacional más cercano. En el vídeo publicado por GBC News se observan varios vehículos con matrícula española, algo inhabitual en el Peñón, lo que sugiere que el hijo del mandatario habría cruzado la Verja desde territorio español.

En 2018 Donald Trump Jr. estuvo en Teruel cazando cabras. Él mismo publicó entonces varias fotografías en su cuenta de Instagram.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha comparecido en el Congreso para explicar el “acuerdo histórico” alcanzado en junio con Reino Unido y la Comisión Europea para establecer el nuevo estatus de Gibraltar tras el Brexit entre críticas del PP y Vox, que le han acusado de haber cedido en la reclamación de la soberanía de España sobre el Peñón. El jefe de la diplomacia española ha criticado la “hipocresía” de los populares al recordarles que las negociaciones comenzaron durante el mandato de Mariano Rajoy y el entonces ministro de Exteriores que aseguró que la soberanía no era “el asunto” de esas conversaciones.

El portavoz del PP, Carlos Floriano, ha dedicado el grueso de su intervención a cuestionar la “solidez internacional” de España por los casos de corrupción que afectan al Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de “dar noticias de política exterior que lo tapen todo”. Es más, ha asegurado que el acuerdo sobre Gibraltar, que se cerró en una reunión en Bruselas a la que acudieron Albares, su homólogo británico y el comisario de Seguridad Económica, Maros Sefcovic, se alcanzó el 11 de junio por la publicación de un informe de la UCO.

“Bastó la publicación del informe de la UCO para que ese día se anunciara el acuerdo con Gibraltar. Es su práctica habitual. Para el informe de la UCO, el acuerdo de Gibraltar”, ha dicho el diputado del PP. Las negociaciones se habían intensificado en las semanas anteriores y en Bruselas se daba por hecho el acuerdo antes de que se filtrara el informe de la Guardia Civil que apuntaba a la recepción de mordidas por parte del exministro José Luis Ábalos.

“El señor Albares no podía esperar más y no da ni un paso en el asunto de la soberanía. Su silencio y decir que no renuncia a nada no nos impide más que pensar que algo malo habra detrás. Hubiera sido posible plantear algo en términos de soberanía. Plantear la cosoberanía para resolver el acuerdo”, ha planteado Floriano.

En esa misma línea, el portavoz de Vox, Carlos Flores, ha dicho que el acuerdo supone la “constatación de que España ha perdido una oportunidad histórica para avanzar en la recuperación de nuestra soberanía sobre la roca”. El diputado de la ultraderecha ha dicho que “la calculada ambigüedad del acuerdo sobre la cuestión de la soberanía favorece al Reino Unido” y que la integración de Gibraltar en el espacio Schengen así como en la futura Unión Aduanera de la UE “refrendan” la soberanía en manos de Reino Unido, como se estableció en el Tratado de Utrecht.

El representante de Vox ha dicho que es una “torpeza no incluir siquiera la promesa de seguir negociando sobre el asunto” y que es una “vergonzosa abdicación” de la responsabilidad del ministro de “velar por la recuperación de nuestra integridad territorial, el retorno del Peñón a la soberanía española”. “Esto constituye una felonía y una traición de la que son responsables usted y quien le mantiene”, ha zanjado.

Albares ha respondido al PP recordando que sus representantes en el Campo de Gibraltar y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, han aplaudido el acuerdo. Y ha tirado de hemeroteca para reprochar la “hipocresía” de los conservadores dado que el ministro Alfonso Dastis, con quien se iniciaron esas negociaciones, aseguró que “la recuperación de la soberanía de Gibraltar” no condicionaría “un acuerdo entre la UE y Reino Unido”. “La soberanía no va a ser un problema”, dijo en 2017. “¿Por qué tanta hipocresía cuando está en juego el bienestar de los ciudadanos?”, se ha preguntado el jefe de la diplomacia.

Al diputado de Vox le ha recordado que “rendición” fue la palabra que usaron los tabloides británicos y los diputados de la ultraderecha para calificar el acuerdo. “Los ultras siempre se dan la mano y siempre están de acuerdo”, ha afirmado.

Sobre las críticas más generalizadas que ha recibido por no haber presentado el texto, Albares ha recordado que lo que se firmó fue una base para el acuerdo y que es la Comisión Europea la que tiene que redactarlo y presentarlo ante el Parlamento Europeo. “Está terminando las correcciones jurídicas y las traducciones”, ha dicho el ministro, que se ha mostrado convencido de que el PP español votará a favor en la Eurocámara.

“If you want to hate me, hate me, si quieres yo te pago therapy cuando seas mayor, no pasa nada. I don’t want my children to be el coñazo, hablando malamente. The truth is de que me da mucho coraje”, dice una mujer en City Pulse, un programa de la radiotelevisión pública gibraltareña (GBC). La protagonista está explicando su opinión sobre cómo ha cambiado la educación de los menores en los últimos años, pero ¿por qué habla así?

Esta particular mezcla entre inglés y español se conoce como “llanito”, una variante lingüística que solo se habla en Gibraltar. Algunos se refieren a él como el “espanglish andaluz”, ya que aquellos que lo hablan utilizan palabras y expresiones propias de ambos idiomas pero con un marcado acento británico y de Cádiz.

Se trata de una forma de hablar única, que alterna las dos lenguas dentro de las mismas frases. El llanito no es solo decir palabras sueltas en inglés, sino que supone crear estructuras de oraciones complejas en las que el inglés y el andaluz se mezclan indistintamente.

Además de esta mezcla, el llanito se caracteriza por haber adaptado expresiones de un idioma al otro. Por ejemplo, las personas que hablan llanito suelen decir “llamar para atrás”, una expresión que proviene del inglés “call you back” y que significa devolver una llamada. Existen cientos de ejemplos que siguen esta fórmula.

Otra de las particularidades de este idioma es que, pese a lo que muchos pueden pensar, el llanito no es aleatorio. Aunque las normas no pueden consultarse en ningún sitio, sus hablantes tienen integrado qué palabras y expresiones se dicen en cada lengua a la hora de construir frases. 

La histórica mezcla de Gibraltar

Esta peculiar forma de hablar que tienen algunos habitantes viene de la historia y ubicación geográfica de Gibraltar. Este territorio ubicado en el sur de España, lindando con el pueblo de La Línea de la Concepción (Cádiz), pertenece a Reino Unido desde el tratado de Utrecht de 1713.

La población local, compuesta principalmente por ciudadanos británicos y españoles, ha estado cientos de años utilizando ambos idiomas en su vida cotidiana, desde la escuela al trabajo. Así, de forma natural, las diferentes formas de hablar de los residentes se han ido mezclando hasta dar lugar al llanito, una forma de comunicarse única en el mundo.

Aunque la única lengua oficial del peñón es el inglés, el llanito se sigue empleando actualmente de forma coloquial en todo Gibraltar. Ahora la preocupación de muchos es que las nuevas generaciones no aprendan la variante, lo que podría poner en peligro esta forma de comunicarse única en el mundo.

A Alex Ellis (Londres, 1967) se le nota que está contento de ser embajador de Reino Unido en España. Y más esta semana, que se produjo uno de los eventos para los que lleva trabajando desde que llegó a Madrid hace justo un año: un encuentro entre Pedro Sánchez y el primer ministro, Keir Starmer, para la firma de un marco bilateral estratégico entre los dos países. Una cita de esas características no se había producido en los últimos siete años, fundamentalmente por el Brexit. Sin duda el gran hito de la diplomacia entre los dos países fue el acuerdo alcanzado en junio sobre el nuevo estatus de Gibraltar, que se resistió cinco años tras el acuerdo de salida de la Unión Europea.

El embajador recibió este viernes a elDiario.es en su despacho, situado en uno de los últimos pisos de una de las cuatro torres que caracterizan ya el skyline de Madrid. Su discurso se centra en la política de “reset” que ha iniciado el líder laborista para impulsar las relaciones con la UE. “Los grandes países europeos tenemos que juntarnos más en un contexto nuevo”, explica sobre una situación diferente que atribuye a la invasión rusa de Ucrania, desafíos internacionales, como la emergencia climática, y la decisión de Donald Trump de desvincularse de la seguridad de Europa.

¿El acuerdo con Gibraltar marca un antes y un después en las relaciones entre España y Reino Unido?

Marca un después, después de nuestra salida de la Unión Europea. El acuerdo se ha hecho para resolver las consecuencias de nuestra salida de la Unión Europea. Me alegro de haber conseguido el acuerdo político entre las cuatro partes y haber abierto el camino para tener el relanzamiento de nuestra relación en la reunión de esta semana entre el presidente Sánchez y el primer ministro, Keir Starmer. Es un acuerdo importante que, al final, debe beneficiar a los seres humanos en esta parte de España y en Gibraltar, para establecer el flujo de personas y de bienes entre los dos, entre Gibraltar y la Línea.

¿Por qué se ha tardado tanto en cerrar el acuerdo?

Es un acuerdo muy técnico, muy complejo, que permite este flujo comercial y humano en una situación en la que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea y, al mismo tiempo, respeta la posición de soberanía de los dos países. Reconciliar esas tres cosas no ha sido fácil. Técnicamente es difícil, políticamente es difícil; pero lo hemos conseguido.

Cerrar el acuerdo de Gibraltar necesitó un empujón político

¿Tienen marcado en rojo un día en la agenda para que se ejecute el acuerdo, para cerrar el texto?

Hay varias etapas. Tenemos que cerrar el texto jurídico porque es un acuerdo legal. Después tenemos que ratificarlo. Luego tenemos que implementarlo. No pongo un día en rojo, pero hay un compromiso claro de todas las partes para llegar a implementar el acuerdo lo más rápidamente posible.

¿Cree que la coexistencia de dos gobiernos progresistas, en Madrid y en Londres, ha facilitado el entendimiento?

Lo más importante ha sido el deseo político para cerrar el acuerdo. Lo que diría es que fue evidente el deseo por parte del ministro Albares y también de nuestro ministro, de la Comisión Europea y de Fabián Picardo [ministro principal de Gibraltar]. Eso fue lo esencial, porque nosotros, los técnicos, los diplomáticos, podemos trabajar hasta un cierto punto, pero al final se necesita un empujón político.

Hace unos meses, el ministro Albares dijo que se necesitaban “dos para bailar tango” y que la pelota estaba en el tejado de Londres. La percepción aquí ha sido que el empujón se ha producido cuando ha llegado Starmer al Gobierno. No sé si es errónea.

Hubo un encuentro entre los dos ministros en mi primera semana [como embajador en Madrid], en septiembre del año pasado en Londres. Creo que entendieron el deseo político para hacer eso y que había necesidad de tomar las decisiones políticas.

¿Cómo diría que son las relaciones entre España y Reino Unido?

Fenomenal, una palabra especial española [bromea]. Lo importante es lo que ha pasado esta semana: la primera reunión bilateral en siete años. Es impresionante. Es terrible que hayamos tardado tanto tiempo en hacerlo. Me alegro de que hemos conseguido finalmente relanzar una vieja amistad. Somos aliados y amigos en un nuevo contexto internacional que ha cambiado mucho. Primero, un elemento esencial fue cerrar el acuerdo sobre Gibraltar, pero después mirar adelante para un abanico muy largo de cuestiones.

¿Y por qué no se habían producido en siete años este tipo de encuentros? ¿Era solo por Gibraltar?

También en parte por el Brexit. Hubo una reunión corta entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro Starmer en la Comunidad Política Europea, en julio del año pasado, que marcó el deseo para rehacer la relación en un contexto nuevo. Mi trabajo desde que llegué aquí ha sido eso, básicamente la preparación, resolver las cuestiones y mirar para adelante, porque el mundo en que estamos es un mundo en que dos grandes gobiernos europeos tenemos que trabajar más en conjunto.

¿Diría que el Brexit les ha paralizado un poco desde el punto de vista de la política internacional?

No, pero el Brexit requirió una negociación con la Unión Europea para la salida, después la negociación del futuro y lo que Starmer ha hecho cuando llegó es un reset, restablecer relaciones más cercanas con la UE, que hemos conseguido en mayo de este año y después eso tenemos que implementarlo y ha dado una energía nueva para la relación con la Unión Europea y con los principales Estados miembros. Por eso hemos hecho un reset con Francia, con Alemania en julio, y ahora con España en septiembre.

Lo esencial es que todos los socios de la OTAN van a aumentar el gasto. La cuestión no es sólo el número, sino también cómo hacerlo.

Respecto al acuerdo que se firmó el miércoles, ¿en qué tipo de inversiones se está trabajando?

La cantidad de inversiones ya es enorme. Reino Unido es el mayor receptor de inversiones españolas en Europa; el segundo en el mundo, después de los Estados Unidos. Iberdrola está en el camino de ser el mayor distribuidor de electricidad en Reino Unido. Santander es uno de los principales bancos en el Reino Unido, acaba de comprar TSB, de Sabadell. Telefónica invierte muchísimo. Y viceversa. Reino Unido es uno de los cinco principales inversores.

Sectores que yo destacaría son la transición energética, con empresas como Octopus, que es nuevo, antiguas empresas como BP; la tecnología, y la defensa, donde tenemos ahora Navantia como vector inversor en Reino Unido en la construcción de buques para la Armada británica. Queremos más flujo de defensa porque es un sector que va a crecer mucho en la próxima década por la situación que tenemos en Europa.

¿Qué le parece a Reino Unido la posición que ha tenido España en el seno de la OTAN de negarse a llegar al 5% del PIB en gasto militar?

Lo esencial es que todos los socios de la OTAN van a aumentar el gasto. Eso es evidente. La cuestión no es solamente el número, sino también cómo hacerlo. Uno de los elementos del marco estratégico que los dos líderes han firmado es la defensa de la industria de defensa. Gastar más, muy bien; pero gastar de forma más eficiente, con objetivos compartidos, es lo esencial.

Ha hablado de las inversiones de Reino Unido en la industria militar española, ¿al revés hay algún tipo de plan?

Es lo que queremos. Ya hay una relación bastante buena entre Navantia y varias empresas británicas y una de las áreas que queremos explorar es cómo podemos establecer un flujo de inversión, de ideas y de tecnología entre los dos países, en los dos sentidos.

En el Gobierno español estaban muy contentos con la reunión con Starmer y una de las cosas que decían es que antes en la relación bilateral probablemente solo se hablaba del independentismo en España, de la crisis con Catalunya y que ahora no; y viceversa, que antes solo se hablaba del Brexit, de la ruptura y que ahora la relación era diferente. ¿Cómo se percibe a España políticamente en el Reino Unido?

La reunión de esta semana ha pasado página de casi una década sin tener una relación estratégica. Eso es lo que estamos estableciendo ahora, y menos por razones de política interna, sino más por el mundo en que estamos actualmente. Primero con la invasión de territorio europeo por Rusia. Segundo, por la continuidad de los temas internacionales, que son problemas transversales, como el clima. Y tercero, el mundo en que los Estados Unidos ha dicho que van a reducir su presidencia militar en Europa. Los grandes países europeos tenemos que juntarnos más en un contexto nuevo, en que nosotros somos parte de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Tenemos que rehacer esas alianzas en este contexto nuevo y eso es básicamente lo que hemos hecho con el Marco Estratégico esta semana.

Usted ha hablado de la estabilidad del Gobierno de Starmer, de la mayoría parlamentaria que tiene. No es la mayoría que tiene Sánchez aquí, le está costando sacar los presupuestos. Entiendo que usted escribe informes para Londres sobre la situación política en España, aunque diga que no es un comentarista de la política. ¿Qué es lo que traslada esos informes?

[Ríe] Es evidente que los dos gobiernos tienen un deseo compartido, que en este mundo, queremos trabajar más en común. Y eso fue evidente desde mi llegada aquí: el compromiso político para llegar a un acuerdo sobre Gibraltar, el compromiso político para hacer más en común en defensa, el compromiso político para aumentar la relación económica ya es grande. La política interna de España la dejo para los excelentes periodistas españoles y para los electores españoles, que no soy uno de ellos.

A lo que me refiero es a si traslada una cierta preocupación por la inestabilidad que puede tener el Gobierno.

Eso lo dejo para los periódicos. Yo tengo siempre que mantener el ojo en el horizonte del mundo en que estamos y en la Europa que estamos actualmente. España y Reino Unido son dos grandes países europeos que tienen una visión internacional también. Mi primer predecesor llegó aquí hace más de 500 años y ya en 1509 había una relación bilateral con visión para el resto del mundo, y eso tenemos que mantenerlo, porque el mundo es totalmente distinto del mundo que conocí cuando empecé en la diplomacia hace 35 años. Hay claro los altos y bajos de gobiernos y de sociedades y economías, es normal. Pero lo esencial es mantener los ojos en el horizonte, en la realidad geopolítica y geoeconómica que tenemos actualmente.

Cuanta mayor presión consistente sobre Israel, mejor.

Uno de los puntos de acuerdo que destacaron tanto Sánchez como Starmer en la reunión del miércoles en materia de política internacional, más allá de Ucrania, fue la respuesta a la masacre en Gaza. España espera a sus socios europeos para ir tomando decisiones y está paralizado. ¿Se está negociando algo en conjunto de respuesta de España y Reino Unido a Israel o también con la Unión Europea?

Hay un alineamiento en las políticas de España y Reino Unido en la situación actual en Gaza. Nosotros estamos apoyando con ayuda monetaria y estamos ayudando para la evacuación de niños de los hospitales en Gaza. Estamos haciendo varias formas de presión sobre el Gobierno israelí para un alto al fuego que permita que la ayuda humanitaria llegue a las personas que necesitan. Hemos suspendido las negociaciones para el acuerdo de libre comercio con Israel. Hemos suspendido varias licencias de exportación de armas a Israel. Estamos haciendo lo que podemos hacer. Yo creo que España también.

También ponemos eso siempre en la perspectiva de una paz duradera. La situación es de ultraje en Gaza y la hambruna, que no es inevitable, es la consecuencia de decisiones humanas. Más allá de la situación inmediata en Gaza y Cisjordania, tenemos que poner eso en un contexto que necesita una paz duradera con la solución de los dos estados y, por eso, vamos probablemente a reconocer el Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas al final de este mes. Depende un poco de las acciones del Gobierno israelí, pero no han hecho las cosas que queremos.

¿Cree que una mayor presión por parte de la Unión Europea en línea con lo que está haciendo Reino Unido podría hacer cambiar al Gobierno de Israel?

Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos, los elementos para presionar al Gobierno israelí para que haya un alto el fuego que permita que la ayuda llegue a Gaza. También estamos hablando con el Gobierno de Estados Unidos sobre eso. Cuanta mayor presión consistente, mejor. Pero al final tiene que haber una solución de dos Estados y Hamás tiene que liberar incondicionalmente los rehenes que todavía queden en Gaza. Es importante recordar que a quien no le gusta nada la solución de los Estados es a Hamás. Entonces hay siempre varios elementos, pero estamos haciendo lo que podemos hacer. Sobre la Unión Europea, eso lo dejo para los Estados miembros de la Unión Europea.

Volviendo al acuerdo, uno de los puntos por los que se pasa de puntillas es la migración. La respuesta que dan los dos países es distinta. ¿Saca Reino Unido alguna lección de la posición de España respecto a la migración, que aquí está siendo uno de los motores del crecimiento económico?

Los dos gobiernos tienen interés compartido en entender mutuamente cómo podemos gestionar la inmigración ilegal en los países de origen y tránsito. Estuvo aquí nuestra ministra de Interior en junio hablando con su homólogo español sobre eso. Muchos países europeos tenemos ahora un reto, que es que la migración legal se dé de una forma sostenible, y una respuesta a la lucha contra la inmigración ilegal. En Reino Unido tenemos una lucha bastante fuerte contra la inmigración ilegal. Por eso el Gobierno ha tomado varias medidas.

Es una preocupación popular, en las encuestas la inmigración y la inmigración ilegal sigue siendo el número uno de preocupación de la gente. Cualquier gobierno en esa situación tiene que enfrentar la cuestión. Tenemos una gran historia de ser un país abierto, desde Arturo Barea –que voy a seguir leyendo sus memorias– hasta Mikel Arteta, gran entrenador del mejor club de fútbol del mundo. Reino Unido es un país atractivo, pero al mismo tiempo tenemos que luchar contra el abuso del sistema. En parte es una lucha contra las bandas criminales que se aprovechan.

¿Cree que tiene razón la población a la hora de estar preocupada por la migración? Hay otros problemas, como la deuda, la situación económica...

Un embajador representa a su país, no comenta si la población tiene razón o no.

En su labor como embajador, ¿le ocupa espacio la preocupación por el auge de la extrema derecha?

Mi trabajo es representar los intereses británicos en este país. No soy comentarista político. Y yo trabajo como representación del Gobierno elegido en Reino Unido, que es un gobierno de la izquierda con mandato para cinco años y con una mayoría amplia. Ese es mi trabajo, entrar en la parte de política doméstica lo dejo para los políticos y para los periodistas, que son mucho mejores que yo.

Ha hablado de la migración ilegal, pero también se están tomando medidas con respecto a la migración legal. Hay una cosa que preocupa en Bruselas y es el acuerdo para la movilidad de jóvenes que está bloqueado o paralizado. ¿Está buscando Londres acuerdos bilaterales con países como España, que a lo mejor le preocupan menos, para no tener que llegar a un acuerdo con la UE?

No, porque una parte del acuerdo alcanzado en mayo de este año entre Reino Unido y la Unión Europea fue un acuerdo para investigar y seguir un mecanismo para jóvenes. Ahora hay un mandato a los dos lados para la negociación. La Unión Europea tiene sus intereses y nosotros, también. Creo que eso seguirá adelante. No diría que hay un bloqueo. Yo diría que lo que hay es el típico proceso de negociación.

Pedro Sánchez retoma la agenda internacional en el arranque de un nuevo curso complicado en la política interna con un viaje a Londres, donde se reunirá este miércoles con el primer ministro británico, Keir Starmer. La foto en el número 10 de Downing Street tiene, más allá de la importancia simbólica de dos de los pocos líderes progresistas que quedan en Europa, relevancia diplomática tras el acuerdo sobre Gibraltar que los dos gobiernos –y Bruselas– alcanzaron el pasado mes de junio. Ese es uno de los hitos que ha facilitado la cita, organizada al milímetro por los británicos, y que culminará con un foro empresarial del que ambos países esperan sacar tajada, especialmente en sectores como el de la defensa, la ciberseguridad o las telecomunicaciones.

Compartir frontera, que a partir de 2026 dejará de tener un muro físico con la eliminación de la verja, y las desavenencias que ha supuesto tras el Brexit, con la prolongación de las negociaciones sobre Gibraltar durante cinco años, no han impedido que las relaciones económicas y comerciales hayan sido fructíferas. Reino Unido es el quinto destino de las exportaciones españolas de bienes y el noveno proveedor de importaciones. El año pasado, España exportó bienes por valor de 23.800 millones de euros y las importaciones fueron de 10.000 millones. España es el segundo proveedor de servicios en Reino Unido, sólo por detrás de Estados Unidos.

El acuerdo que rubricarán los líderes pretende “estructurar” la relación entre los dos países tras el Brexit: el desacuerdo sobre Gibraltar era un escollo hasta ahora para dar ese paso. Esa nueva “alianza estratégica” formalizará los lazos de manera que los ministros de Exteriores tendrán que reunirse al menos una vez al año para analizar las relaciones. Entre los asuntos que se abordarán está el turismo, que es uno de los principales atractivos de la relación (el 20% del turismo que recibe España es británico).

Viaje con empresarios

Además, Sánchez y Starmer participarán, junto con los ministros de Economía, en un foro empresarial con presencia de los directivos de las principales multinacionales de los dos países (como Aena, Navantia, Indra, Iberdrola, Telefónica o Banco Santander, por la parte española; y AstraZeneca, BP, Octopus Energy o Barclays, entre otras, por la británica) con el objetivo de afianzar los lazos e incluso establecer el “germen” de un futuro comité asesor empresarial. En algunos sectores, como el de la banca, la energía o las telecomunicaciones, ya existen sinergias tradicionales entre las compañías de los dos países y la pretensión del Ejecutivo español es ampliarlas a nuevos ámbitos.

Y ahí entra en juego la carrera armamentística a la que se han lanzado los países europeos y la OTAN con compromisos de disparar el gasto en defensa. España ha llegado ya al 2% del PIB en gasto militar, según las últimas estimaciones de la organización trasatlántica, y Reino Unido ha superado el 2,4%.

En el marco de la conversación entre los gobiernos de España y Reino Unido está la creación de consorcios defensivos en un momento en el que el plan de rearme de la UE contempla préstamos para los proyectos en los que participen varios países europeos. “Cuando el presidente del Gobierno habla de preferencia nacional o europea [para los nuevos proyectos de defensa], Reino Unido está incluido”, afirman fuentes gubernamentales, que apuntan a que la Comisión Europea está trabajando en el desarrollo de su propuesta para dar cabida a los socios que no forman parte del club comunitario.

Gasto británico en defensa

El presupuesto británico, muy ajustado por el agujero fiscal que arrastra el país desde el anterior Gobierno conservador, prevé llegar al 2,5% de gasto en defensa del PIB en 2027, pero la nueva manera de clasificar como defensa otros gastos de seguridad, infraestructuras y protección civil, por ejemplo, en energía, transporte y control de fronteras, hace que el Ejecutivo estime que el gasto en ese nuevo concepto más genérico de seguridad llegue hasta del 4,1% para ese año.

En junio, Starmer firmó el compromiso político que suscribieron todos los aliados de la OTAN –a excepción de Sánchez, que logró una suerte de cláusula de excepción– de llegar al 5% del PIB en ese nuevo concepto más amplio de seguridad para 2035, es decir, al final de la siguiente legislatura y con el Gobierno que salga de las elecciones generales previstas para 2029. Starmer, que cumplió este martes 63 años, dice que se volverá a presentar, aunque ahora es difícil vislumbrar qué tipo de Gobierno tendrá entonces Reino Unido mientras sigue ascendiendo la extrema derecha de Nigel Farage, cuyo partido, Reform, va el primero en intención de voto en las encuestas.

En todo caso, una de las prioridades del Gobierno laborista para intentar relanzar la anémica economía británica es aumentar el gasto público también con proyectos de seguridad y defensa. Starmer asegura que el gasto en defensa “se notará directamente en los bolsillos de la clase trabajadora” y pone a menudo ejemplos de puestos de trabajo “estables” en plantas locales, como la de la multinacional aeroespacial británica BAE, pero parte de los nuevos contratos también irán a empresas europeas.

De hecho, según los datos recién publicados por la oficina encargada de contratos públicos del Ministerio de Defensa británico, los contratos otorgados a empresas no británicas suelen ser más cuantiosos que los de compañías locales. Entre julio de 2024 y julio de este año, los contratos de ese Ministerio para empresas de fuera del país fueron un 23% más elevados de media que los concedidos a empresas británicas, aunque éstas sigan siendo las principales receptoras (consiguieron 1.244 contratos frente a los 174 de empresas no británicas).

En algunos casos, la experiencia española en el ferrocarril o la construcción escasea en Reino Unido. Una de las inversiones españolas más relevantes para el país ha sido este año la de Navantia, la empresa pública española de construcción naval civil y militar que ha comprado los astilleros Harland & Wolff de Belfast, en Irlanda del Norte, donde se construyó el Titanic, y que ahora estaban al borde de la quiebra. La empresa española ha comprado la británica por unos 112 millones de euros, pero el acuerdo también incluye contratos de la Armada británica.

Vuelta a empezar

También la defensa es uno de los ámbitos en los que Bruselas ha centrado sus esfuerzos en el marco del “reseteo” de las relaciones con Reino Unido que sigue intentando Starmer cinco años después de la salida oficial de su país de la Unión Europea. Desde entonces, su Gobierno ha firmado con la UE compromisos políticos para aligerar los controles en las fronteras para algunos bienes, pero todavía, por ejemplo, no ha acordado más facilidades para los viajes de estudios o trabajo de los jóvenes o los tours de los músicos, que estaban entre las promesas de mínimos. El principal avance ha sido en cooperación ante las crisis internacionales dado el peso militar y diplomático que sigue teniendo Reino Unido, la única potencia nuclear junto a Francia en Europa.

Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, también focalizó las relaciones en la migración, un asunto en el que ha virado, como los gobiernos europeos, hacia las posiciones más duras arrastrada por el auge de la extrema derecha. También el Gobierno británico ha endurecido sus políticas, con restricciones para los refugiados, mientras el debate público está cada vez más dominado por la agenda xenófoba de Farage, como presume él mismo.

Sin embargo, ese es un asunto en el que Sánchez no entrará, a pesar de que su posición es opuesta al rumbo que está tomando Londres y que se asemeja más al endurecimiento que ha ganado terreno en la UE. Ni en Madrid ni en Londres quieren que nada empañe una cita que empezó a fraguarse en julio de 2024. Entonces se produjo el primer encuentro formal entre ambos líderes, durante la reunión de la Comunidad Política Europea que se celebró en el Palacio de Blenheim, en la aldea de Woodstock, con Starmer como anfitrión a los pocos días de su victoria electoral. Unos días antes, Sánchez también estuvo con Starmer en la final de la Eurocopa celebrada en Berlín y que ganó España contra Inglaterra.

Tras la cumbre de Blenheim, el Gobierno español aseguró que el acuerdo sobre Gibraltar estaba más cerca y dio por hecho que la llegada de un laborista al poder lo facilitaría. Once meses después, el pacto se hizo realidad, aunque la letra pequeña aún está por escribir y el Gobierno tampoco pretende poner ese asunto sobre la mesa en la primera visita de Sánchez a Downing Street desde que llegó a Moncloa.

En las próximas semanas, el Gobierno español podría sacar a Gibraltar de su lista particular de paraísos fiscales, una decisión que fue acordada años atrás pero que no se ha puesto en práctica. Ya lo hizo el Parlamento Europeo, tras los pasos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), vinculado a la OCDE, que sacó al Peñón de su “lista gris”, en 2024, a partir de un largo escrutinio por parte de la asesora oficial MoneyVal.

Dicha decisión, que presumiblemente volverá a contar con la oposición cerrada del Partido Popular y de Vox, se adoptará según todos los indicios antes de la presentación en octubre de la redacción final del Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea, que posteriormente tendrá que ser sancionado por la Eurocámara, por el Parlamento británico y el de Gibraltar.

“España se comprometió a quitar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y estamos a punto de ver qué ocurre –ha asegurado Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar--. No podemos llegar a un nuevo Tratado si no se cumple el último”.

El comisario europeo, Maroš Šefčovič, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, junto con el ministro principal del Peñón, sellaron el acuerdo político, que ahora tendrá su traducción técnica, para volcarse en el Tratado final, que se espera para octubre.

Una de las medidas estrella del mismo es la desaparición física de la Verja que separa históricamente al Peñón del resto de la Península: a partir de entonces, los trabajadores transfronterizos –15.000, de los que más de 10.000 son españoles--, los residentes en Gibraltar, los turistas y los visitantes de la zona, podrán entrar y salir sin el largo laberinto burocrático al que obligaría un Brexit duro, o un Gibrexit, como también se le ha llamado. Se tratará, sin duda, del mayor logro para ambas partes. Sin embargo, a este lado de la frontera, se temen las consecuencias indeseadas del pacto: que suba el precio de la vivienda y el arrendamiento, o que se produzca un “dumping” fiscal.

La cumbre bilateral prevista entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, prevista en Londres para este miércoles, puede que arroje alguna luz sobre cómo van a equilibrarse dos modelos fiscales y dos legislaciones distintas separadas hasta ahora por la Verja.

La reconversión de la zona aduanera

A Juan Franco, de La Línea 100x100, el municipio limítrofe con la Roca, le agrada la idea de que la Verja sea demolida, e incluso, de la mano de una empresa local, WiseKey, está dispuesto a presentar una alternativa para que allí se levante un centro tecnológico de última generación.

No obstante, como otros responsables municipales de la comarca campogibraltareña y como la Junta de Andalucía, también ha manifestado su preocupación por la falta de información oficial: “Nos parece una muy buena noticia, pero me gustaría recordar que hasta el momento, más allá de las reuniones que se mantuvieron en el mes de junio, no hemos vuelto a tener noticias”, asegura Franco, que ha solicitado una reunión con el ministerio español de Asuntos Exteriores, para intentar salir de la incertidumbre.

Su Ayuntamiento finaliza, en la actualidad, la versión definitiva del ‘Memorándum acerca del posible impacto del acuerdo post-Brexit sobre Gibraltar en La Línea de la Concepción’. Este documento, elaborado en junio, ha incorporado aportaciones de diversos colectivos y la ciudadanía en general, a través de una encuesta digital, y será remitido la semana entrante al ministerio que titula José Manuel Albares.

Su contenido incide en diversas cuestiones como el impacto del tráfico y de los precios de la vivienda en el municipio, pero también se ofrecen alternativas a algunas cuestiones, como que los funcionarios que prestan servicios en el recinto aduanero que dejará de operar cuando la Verja desaparezca puedan ser destinados a una futura delegación de la Agencia Tributaria en el municipio, hipótesis defendida, por ejemplo, desde la Asociación Socio Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar, que elabora una propuesta en tal sentido dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía y virtual candidata a la presidencia de la Junta.

Más de un siglo de Verja

En 1909, el Reino Unido construyó un muro y una cancela para separar a Gibraltar de La Línea de la Concepción. El imperio británico se aseguraba así, de paso, la anexión del istmo y de una formidable parcela que no había sido cedida oficialmente por el Tratado de Utrecht de 1713. Más de un siglo después, la Verja –como así se le llama actualmente a la valla de hierro y alambre que rodea al perímetro fronterizo—desaparecerá en los próximos meses, de prosperar ese nuevo Tratado, esta vez de índole comercial que excluye a la cuestión de la soberanía todavía en litigio entre Londres y Madrid, que la Unión Europea y el Reino Unido redactan para otoño.

No se trata tan sólo de establecer un régimen fiscal equilibrado, sino de la convivencia entre dos poderes adquisitivos muy distintos: “En España se van a cumplir los peores presagios y la colonización por parte de los gibraltareños, con mayor poder adquisitivo, conseguirá un incremento del precio de la vivienda y los alquileres, por poner un ejemplo”, ha denunciado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del Partido Popular y también presidente de la comisión de Exteriores del Senado español.

“Lo único que sabemos es que en Gibraltar están muy contentos porque tendrán todo lo que significa la Unión Europea sin estar en ella, mientras que nuestra comarca no ha conseguido nada”, protesta.

Landaluce se viene preguntando, por ejemplo, por la situación de los puertos de Algeciras y Gibraltar en el nuevo marco normativo, no en balde, su hermano Gerardo preside la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. También cuestiona cómo se beneficiarían los buques que operen desde el Peñón frente al puerto español debido a la diferencia de tasas por su pertenencia a la UE: «Yo no quiero su perjuicio, pero no quiero nuestro perjuicio. No tengo ninguna aversión contra Gibraltar, sino contra decisiones que perjudiquen a los intereses del Campo de Gibraltar, que perjudiquen a los intereses de los españoles», intentó aliviar su mensaje.

Sin embargo, desde las filas del PSOE, se entiende que los negociadores españoles han sido especialmente estrictos a la hora de tratar este asunto y se ha llegado a fijar un porcentaje impositivo de transacciones –superior al 15 por ciento se dice, por debajo, eso sí, del 17 por ciento que es el de Luxemburgo, el menor de la Unión Europea--, equivalente al IVA, aunque no se le llame así ni tenga sus estrictas características comunitarias.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, a la sazón alcalde de San Roque y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, cree que la caída de la Verja es una “noticia histórica”, dado que “traerá más prosperidad a la comarca del Campo de Gibraltar”, al eliminar todos los controles de personas y mercancías.

“Espero que esta negociación tenga el apoyo de todos los grupos políticos en la Eurocámara, pero queda todavía por saber esa incógnita de qué hará el Partido Popular Europeo, que tendrá la influencia del Partido Popular de Feijóo, que todavía sigue oculto en su respuesta ante este gran acuerdo”, ha declarado, convencido de que, con respecto a la soberanía, “se mantienen las posiciones firmes que siempre ha mantenido nuestro país”.

En España, se cree que la frontera física, que será sustituida por discretos controles Schengen en el aeropuerto gibraltareño, podrá desaparecer en enero, pero en Gran Bretaña y en el Peñón, se piensa que podría retrasarse: si bien en octubre quedará lista la redacción del Tratado, quedarán la tramitación parlamentaria y la de Gibraltar puede ser compleja, porque será necesario cambiar diversas leyes locales para poder aplicar el Tratado.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, se ha mostrado más propicio al derribo de la verja de Gibraltar que su compañero de filas Landaluce: “El hecho físico de que no exista va a contribuir a que haya un desarrollo económico más compartido”.

A su juicio, “los acuerdos siempre son mejores que un mal pleito”, pero también instó a José Manuel Albares a convocar lo antes posible a los representantes de la comarca y de la Junta de Andalucía para obtener detalles sobre “todos y cada uno de los plazos que se van a seguir en esa fase para de una vez por todas derrumbar la Verja”.

“Queremos igualdad en términos fiscales, a ambos lados, igualdad de inversiones, de oportunidades y en definitiva que pueda haber un desarrollo compartido entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar”, subrayó.

Y concretó su postura en este sentido: “Echamos de menos una información detallada de exactamente cuál va a ser el procedimiento y sobre todo y fundamental y más importante, cuál va a ser el tratamiento fiscal que van a tener a ambos lados de la Verja”.

“No puede tener una fiscalidad especial Gibraltar y otra fiscalidad en el Campo de Gibraltar, porque eso perjudica claramente los intereses de todos los ciudadanos que viven en el Campo de Gibraltar”, discurrió Moreno Bonilla.

Impuestos indirectos al consumo

En junio, tras la firma en Bruselas del acuerdo previo al Tratado, ya trascendió que se fijará una equiparación fiscal progresiva entre Gibraltar y España, en un plazo no superior a los tres años, mediante la aplicación de impuestos indirectos que gravarán los productos de consumo, así como a los hidrocarburos, el alcohol y el tabaco, “con el objetivo de evitar distorsiones y asegurar un libre mercado beneficioso para ambas partes”.

En ese momento, mientras la mayor parte de la prensa británica, sobre todo la conservadora, hablaba de rendición del Reino Unido, por permitir que los controles Schengen los realizaran policías españoles en los accesos exteriores del Peñón, The Times subrayaba, en cambio, el hecho de que Gibraltar pondrá fin al régimen libre de IVA tras el acuerdo que recoge lo que dicho rotativo calificó como una demanda clave de la diplomacia española, que venía denunciando que los bajos impuestos del territorio británico distorsionaban la economía española.

No se llamará IVA, pero lo parecerá. Según la hoja de ruta prevista y a falta de la letra pequeña del Tratado definitivo, Gibraltar tendría que incrementar el impuesto sobre transacciones, de manera paulatina, desde el 15 por ciento en un principio hasta, de manera paulatina, a lo largo del primer trienio de aplicación del Tratado, hasta un tipo impositivo acorde con el que rija en algún país de la Unión, lo que en este caso sería el luxemburgués. Esta ha sido una de las asignaturas más difíciles de aprobar por parte de los negociadores, porque se establece en siete puntos por encima de su oferta de partida, que era del 10 por ciento: en el Peñón se aplica actualmente un régimen de aranceles, que se modula en función de los bienes que deban pagarlo y de cada presupuesto anual.

Esta nueva carga impositiva no supondrá una cuestión menor para el comercio minorista de Gibraltar, pero les resultará preferible a una disminución exponencial de sus clientes con una frontera dura. Y, por otra parte, el impuesto de sociedades ha aumentado en el Peñón, desde el 12,5 al 15 % para la mayoría de las empresas.

El acuerdo de junio, según ha trascendido, recogía la unión aduanera entre la UE y Gibraltar, por la que las mercancías extracomunitarias tendrán que pasar los controles, tanto aduaneros como fitosanitarios, en un puerto español –lo más lógico es que sea el de Algeciras--, antes de entrar al Peñón sin restricciones. Eso sí, la libre circulación prevista se limitará a personas y bienes, pero no a servicios o capitales: la Unión Europea ha sido taxativa en ese sentido. Tampoco las empresas españolas podrán operar en el Peñón, sin autorización previa de las autoridades locales. Y viceversa.

El otro acuerdo fiscal

Otros aspectos importantes del futuro Acuerdo UE-Reino Unido incluyen, según el comunicado conjunto que siguió a la reunión del 11 de junio, “compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, medio ambiente, comercio y desarrollo sostenible, lucha contra el blanqueo de capitales y transporte – incluyendo el aeropuerto; los derechos de los trabajadores transfronterizos y la coordinación en materia de seguridad social. También se incluirá una cooperación específica en materia de medio ambiente. También se ha acordado la creación de un mecanismo financiero adecuado para promover la cohesión y apoyar la formación y el empleo en la región”.

En la actualidad, ya existe un acuerdo fiscal entre España y el Reino Unido para Gibraltar, adoptado en 2021 y vigente desde 2022, que, al menos sobre el papel, “establece criterios para determinar la residencia fiscal de personas físicas y jurídicas, y refuerza la cooperación para combatir el fraude”.

En cuanto a la finalidad del futuro Tratado tiene como objetivo la mitigación o supresión del fraude fiscal y los efectos negativos derivados a la hacienda pública española como consecuencia de los beneficios fiscales característicos de Gibraltar que se venían dando hasta ahora. Asimismo, se establecen unas reglas para solventar cualquier conflicto en relación a la residencia fiscal de las personas físicas y, evitar a su vez, que sociedades con residencia fiscal en Gibraltar realicen actividades económicas en España. Se trataba de una solución temporal para un problema complejo. Ahora, decaerá si el Tratado se aprueba finalmente. Y si no se aprueba, será la menor de las preocupaciones.

España y Reino Unido planean eliminar la verja que separa el peñón de Gibraltar de La Línea de la Concepción con la próxima aprobación del acuerdo entre los dos países sobre el nuevo estatuto de la Roca, que Madrid y Londres pretenden tener listo en octubre, según El País. El acuerdo se podría ratificar en diciembre y la verja que separa los territorios retirarse ya el próximo enero, aunque Bruselas reconoce plantea que puede haber retrasos.

Las negociaciones para el nuevo estatuto del Peñón derivan de la salida de Reino Unido de la UE. La estrategia del Gobierno español en los últimos meses ha sido, en buena medida, ceder la iniciativa a Downing Street aprovechando la voluntad del nuevo primer ministro, Keir Starmer, de “resetear” las relaciones con la UE tras el Brexit, después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, protestase en octubre de 2024 por la renuencia británica a llegar a un entendimiento definitivo.

La táctica surtió efecto y el acuerdo político se anunció el pasado junio, si bien sujeto a la redacción de un texto vinculante como el que ahora está cerca de ver la luz.

La negociación ha requerido el entendimiento entre cuatro actores —Madrid y Londres, pero también las autoridades de Bruselas y del propio Peñón— y ha tenido que superar las diferencias sobre cuestiones como la fiscalidad indirecta —el IVA— y los controles Schengen sobre circulación de personas, mercancías y servicios.

La colonia británica, cuya soberanía reclama España desde 1713, quedó fuera de los acuerdos sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2020. Quedó en manos de los gobiernos llegar a un entendimiento sobre las relaciones en la nueva etapa con el objetivo de eliminar los controles de personas y bienes en la frontera física, donde la movilidad es constante, y a la vez asegurar la seguridad del mercado y la zona de libre circulación de personas de la UE.

Los principales enquistamientos han tenido que ver con el aeropuerto del Peñón, para el que España reclamaba un convenio de uso conjunto así como el papel de los agentes de Frontex y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles en esa frontera aeroportuaria para los viajeros procedentes de terceros países, y la igualdad de trato de los trabajadores transfronterizos en la jubilación, extendiendo los beneficios del Community Care británico (que suponen unos 465 euros más) a ese colectivo. También las cuestiones relativas a la verja, que en la práctica supone una frontera exterior de la UE.

El acuerdo definitivo establece, según El País, que en el futuro se aplique una unión aduanera entre la UE y Gibraltar y pone fin a los controles de mercancías. También anticipa la creación de un impuesto similar al IVA —que no existe actualmente en Gibraltar— que se aplique también al tabaco para no perjudicar al Campo de Gibraltar, cuya economía está muy vinculada a la del Peñón.

El deportista toledano Raúl del Cerro ha vuelto a lograr “una de las grandes hazañas del deporte de resistencia”: cruzar por tercera vez el Estrecho de Gibraltar a nado, completando los 15,1 kilómetros que separan Europa de África en un tiempo de 3 horas y 53 minutos, con la ayuda de un traje de neopreno.

El punto de llegada fue Punta Cires, en la costa marroquí, tras una travesía en la que la temperatura media del agua fue de 20,6 ºC. Condiciones “exigentes” que no impidieron al toledano completar con éxito el cruce. A sus 50 años, del Cerro “continúa desafiando los límites de la resistencia física y mental”.

A lo largo de su trayectoria ha completado 26 maratones, incluyendo algunas de las más prestigiosas del mundo, como los Maratones de París, Roma o el Maratón de Nueva York, prueba en la que ya se prepara para volver a participar en la próxima edición.

En natación, ha sido protagonista en desafíos extremos como la Batalla de Rande, nadando 27 kilómetros entre las Islas Cíes y la costa gallega, considerada una de las pruebas más duras del continente europeo.

Del Cerro también ha brillado en el mundo del triatlón, compitiendo en pruebas de corta, media y larga distancia en todo el país, como el Triatlón de Pálmaces o el Triatlón Villa de Madrid, demostrando una versatilidad poco común.

Comprometido no solo con el deporte, sino también con causas solidarias, ha participado en iniciativas como el 'Mediterranean Challenge', donde contribuyó a recaudar más de 200.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación Juegaterapia.

Su palmarés incluye también cuatro títulos como campeón de España por equipos en aguas abiertas con el Club Natación Torrijos, y es un habitual en eventos populares como la San Silvestre Toledana, donde año tras año demuestra su cercanía y espíritu deportivo.

“Raúl del Cerro encarna los valores del esfuerzo, la constancia y la pasión por el deporte. Un verdadero referente toledano que sigue acumulando retos… y superándolos”, concluyen desde Soliss.

En principio se trataba de un grupo de WhatsApp en el que unas 200 personas que consumen Mounjaro, un fármaco utilizado para adelgazar, compartían experiencias con el tratamiento y datos sobre cómo conseguirlo a mejor precio. Pero se convirtió en una vía para cometer estafas o comprar de forma irregular en China inyectables no permitidos para el uso humano. Esto es lo que ha denunciado la Asociación Nacional de Apoyo para Tratamiento de Obesidad (Anato) ante la Policía Nacional y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

Mounjaro es una medicación “muy cara, ya que no tiene financiación pública, y que se puede encontrar en las farmacias”, explica el presidente de Anato, Manuel Martín. La dosis media necesaria para un mes de tratamiento, unos 15 miligramos, puede superar en España los 400 euros. “Se trata de un tratamiento de larga duración, incluso crónico”, detalla Fernando Vidal-Ostos de Lara, miembro del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Su principio activo es la tirzepatida, que actúa regulando el apetito, retrasando el vaciamiento gástrico y mejorando la sensibilidad a la insulina. “De esta forma se optimiza la regulación energética”, apunta Vidal-Ostos de Lara. El tratamiento consiste en una inyección semanal a través de una pluma que viene cargada con cuatro dosis.

“Tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad crónica”, incide Martín para destacar que se trata de un desembolso de dinero importante –y constante– que muchos no pueden permitirse. De ahí que aparezcan 'oportunidades' como la de comprar el medicamento en Gibraltar, donde su precio ronda los 230 euros.

Las normas del grupo inciden en que está destinado “a personas que viven o se mueven entre Gibraltar, Reino Unido y España para compartir experiencias, resolver dudas y ayudarse mutuamente en el camino con Mounjaro”, tal y como ha podido comprobar este medio. En ese contexto, una usuaria que se sumó al grupo “se ganó la confianza de una persona mayor y le ofreció recoger la medicación en Gibraltar”, explica el presidente de Anato.

En la colonia británica, además, los productos sanitarios se pagan al encargarlos, no al recogerlos. De esta manera, la persona ahora denunciada por estafa acudió a recoger el encargo ya abonado a una farmacia de Gibraltar. “En cuanto eso sucedió, empezó a dar largas a la paciente, a la que dio un código de seguimiento que pronto se perdió, porque ese envío iba dirigido a un tercero. Suponemos que habrá revendido la medicación”, relata Martín. La mujer había pagado 510 euros a la farmacia gibraltareña por dos plumas de Mounjaro y 100 por bizum a la intermediaria que la engañó. Anato ha denunciado estos hechos ante la Policía Nacional, desde donde investigan lo sucedido.

El Ministerio de Sanidad recalca que la venta del Mounjaro “solo se puede hacer con prescripción médica y en oficinas de farmacia”. Desde la cartera liderada por Mónica García añaden a elDiario.es que “cualquier venta que se lleve a cabo de manera distinta es ilegal y entraña un riesgo para la ciudadanía porque no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia”.

Atentado contra la salud pública

La misma persona involucrada en la compra irregular en Gibraltar ha creado nuevas comunidades en WhatsApp en las que también se ofrecen compras de fármacos en China. “Estamos viendo que la gente se está inyectando algo que ni siquiera sabemos qué es. Y tenemos constancia que al menos tres administradores de esa comunidad tienen relación con la presunta estafadora”, denuncia Martín.

Según sus sospechas, en esa comunidad online hay cientos de personas que podrían ser víctimas de un atentado contra la salud pública. Aunque a priori las normas recalcan que no se trata de un canal de compra-venta, sí se estaría facilitando la adquisición de péptidos inyectables como sustitutorios del Mounjaro.

Los péptidos son el principio activo de un medicamento únicamente orientado a la investigación científica y sin autorización para uso humano en España ni en la Unión Europea, explica Anato en la comunicación que envió sobre estos hechos a la AEMPS. De hecho, en las propias etiquetas de estos péptidos aparece esa advertencia, a la que muchas personas de la comunidad ahora denunciada hacen caso omiso. “Tenemos identificado un pedido de más de 3.000 euros a proveedores chinos”, detalla Martín.

Un viaje “enrevesado” para evitar aduanas

Los mensajes son bastante claros y las personas parecen saber a lo que se arriesgan. “Si dejo de escribir en el grupo es que me han envenenado”, llega a decir una de ellas.

Otros miembros de la comunidad recomiendan el consumo de estos péptidos, que “comprados a fuentes seguras en China salen muy baratos” aun cuando todavía no los han probado. “Tengo dos fuentes que venden bastantes y todas las cosas que les han hecho han salido buenas; yo cuando lo pruebe si queréis os cuento mi experiencia”, dice otro usuario. Este mismo integrante publica una fotografía de los viales y explica: “Son 30 dosis de 10 miligramos y me ha salido por 180 euros. Echad cuenta vosotros”. Otra persona pregunta si todavía no han llegado los productos, a lo que le responden que “hacen un viaje muy enrevesado para saltarse las aduanas”.

La AEMPS investiga estos hechos. El Ministerio de Sanidad señala que esta Agencia trabaja continuamente “con medios online, webs y páginas de compra venta para identificar estos anuncios y retirarlos”. Además, colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los responsables de llevar a cabo las operaciones de incautación y detención de tráfico de medicamentos ilegales, “para tomar las medidas necesarias”.

Un peligro para la salud

Fernando Vidal-Ostos de Lara, el miembro del Área de Obesidad de la SEEN, alerta de que la utilización de productos no regulados para la pérdida de peso puede implicar riesgos significativos para la salud. “Estos productos pueden contener sustancias no declaradas, dosis inadecuadas, lo que incrementa la probabilidad de efectos adversos graves, como toxicidad, reacciones alérgicas o infecciones”, subraya. Además, su eficacia clínica no está garantizada, lo que compromete la seguridad del paciente y los resultados del tratamiento. Por ello, es fundamental optar por intervenciones basadas en la evidencia científica y supervisión médica, asegura.

Este especialista recuerda que el tratamiento de la obesidad se integra dentro de un enfoque multidisciplinar e individualizado. “Una intervención nutricional, acompañada de actividad física programada debe ser el pilar fundamental del tratamiento del exceso de peso, acompañado de apoyo psicológico si fuera necesario”, añade. Solo cuando estas medidas son ineficaces se plantearía el tratamiento farmacológico o la cirugía bariátrica. “La coordinación entre profesionales de distintas áreas es esencial para una atención eficaz y sostenida a largo plazo. Establecer hábitos de vida saludables y sostenibles es un factor clave para el mantenimiento del peso perdido de los pacientes”, finalizan desde la SEEN.

La llamaban Queen of hearts o La reina de corazones, pero su verdadero nombre era Larissa Swirski. Descendía de aristócratas rusos, llegó a España huyendo de la revolución bolchevique y se convirtió en espía en los convulsos años de la II Guerra Mundial para cambiar el rumbo de la Historia. Ahora su hija, Liana Romero, en estrecha colaboración con el escritor Wayne Jamison, ha recreado sus peripecias en clave de novela en Reina de corazones, recién publicado por Edhasa.

Jamison recuerda que empezó a interesarse por esta figura hacia 2005, cuando un libro que había escrito sobre el programa televisivo Operación Triunfo fue secuestrado judicialmente. “Me puse a escribir una novela titulada La sombra del Führer, ambientada en la Playa de los Alemanes, la terminé y me la autopubliqué. Llegó a oídos de Liana Romero y quiso ponerse en contacto conmigo. Yo había oído hablar de la historia de su madre, pero cuando nos conocimos empezó a contarme un montón de aspectos que yo no conocía. Para un friki de la II Guerra Mundial imagínate lo que es eso, flipas. Tiene en casa una cámara para tomar microdiapositivas, una pistola que le regaló a su padre Ramón Franco… Es pura Historia”.

Poco tiempo después, Jamison buceó en los expedientes del MI-5 del Archivo Nacional británico, y se llevó no pocas sorpresas. “Todo lo que me había contado Liana coincide con lo que encuentro allí sobre Queen of hearts. Incluso descubrí que ella acompañaba a su madre como tapadera en algunas misiones menores. Al principio era reacia a que la historia se diera a conocer, pero yo estaba convencido de que valía la pena, y que ella debía escribirla conmigo, aunque a sus 92 años era difícil marcarse un ritmo de producción”.

Una guerra sibilina

Una de las cosas que pone de manifiesto esta figura es, como Jamison ha defendido en otros títulos anteriores, el cuestionamiento de la neutralidad de España en la II Guerra Mundial. “El acceso al Peñón de Gibraltar y al Estrecho se vuelve un asunto de suma importancia en un momento en que los alemanes habían sometido a toda Europa y solo les faltaba derrotar a los británicos”, comenta el escritor. “Se produce aquí una guerra silenciosa, sibilina, donde no todo es la fuerza militar, sino también la información; por ejemplo, sobre las entradas y salidas de buques y submarinos. Quien tenía esos datos, tenía mucho ganado, y en ese contexto Larissa fue una figura clave”.

Pero las aventuras de La reina de corazones empiezan mucho antes, cuando su familia, una rama bastarda de los Romanov, huyó de Odesa tras la revolución de 1917. Sus padres murieron, pero ella logró llegar al occidente europeo con sus abuelos. Se casó con un oficial de la Marina que, tras la Guerra Civil, fue destinado primero a Ceuta y luego a Puente Mayorga, en el Campo de Gibraltar, entonces epicentro del espionaje de la época. “Era idónea para este trabajo, se manejaba en seis idiomas y tenía un perfil discreto, además de estar casada con un militar de Franco. Así es como empieza trabajando para los alemanes, que le prometen restituirle todo lo que le habían arrebatado en Rusia”.

Pero ahí no terminan las intrigas de Larissa Swirski, que muy pronto se ofrece a los británicos para brindarles, también a ellos, información. Y por último, lo que la convertiría en la única triple agente de su tiempo: los españoles le pidieron que suministrara información falsa a los británicos. Todo ello en un tiempo en el que espías tan reconocidos como Ian Fleming, Kim Philby, Lionel Crabb, Junio Valerio Borghese o Eleuterio Sánchez-Rubio acabarían sabiendo muy bien de la existencia de Queen of hearts. “Así planteamos el dilema moral al que se enfrenta, las motivaciones que la animan a meterse en esto y las razones para acabar dejándolo”.

Espías por dinero

A la hora de dar forma de novela a esta alucinante historia, Wayne Jamison ha optado por el rigor histórico por encima de todo: “Podríamos decir que entre el 85 y el 90% de lo que contamos es totalmente cierto. Hemos recurrido a la ficción como herramienta para que la trama tenga continuidad y no quede en una mera sucesión de sketches y escenas. Por ejemplo, sabiendo que tuvo relación con Ian Fleming, hemos tenido que ficcionalizarla. ¿Cómo? Fleming frecuentaba el casino de Estoril, y nos pareció un lugar plausible para que se encontraran y tuvieran una conversación que recreamos”.

Para Jamison, la figura de Swirski viene a recordarnos que “una de las grandes batallas de la II Guerra Mundial fue la que se libró en un país neutral como España, cuyo papel no se ha destacado lo suficiente, en parte porque al principio no interesaba. Por eso la información se ha desclasificado con cuentagotas, y al final queda demostrado que esa batalla se libró en lo que yo llamo el sur del sur. Y si Hitler se hubiera hecho con el Peñón, todo habría sido diferente”.

Por otro lado, los autores de Reina de corazones reconocen que, junto a figuras más o menos intrépidas, “hubo un poco de todo, también espías a lo Mortadelo y Filemón. Fueron agentes de siete países diferentes operando a la vez en un territorio muy reducido, incluidos los japoneses”, subraya. “En cuanto a sus motivaciones, también eran muy diversas, pero a menudo se limitaban a lo económico: meter una bomba lapa en un depósito de combustible podía llegar a pagarse con 100.000 pesetas de la época, que no era poco”.

Inspiración para la literatura

El arquetipo de James Bond no era, de hecho, lo que más se llevaba. Sí había numerosos saboteadores, la mayoría españoles corrientes encantados de sacar un dinero extra poniéndose al servicio de quien pagara. Abundaban asimismo los informantes de todo pelaje y no pocos pescadores dispuestos a llevar a cualquiera a África en sus barcos de faena. Pero La reina de corazones pertenecía a una estirpe más sofisticada, hasta el punto de que el propio Ian Fleming se inspiró en ella para diseñar personajes femeninos de su novela Casino royale.

¿Seguirán existiendo figuras así en la actualidad, en Rusia, Israel o Irán? Para Jamison, “seguramente sí, pero es muy probable que hoy los agentes estén más centrados en otros elementos, como la propaganda. La Alemania nazi de los años 30 me recuerda a muchas cosas que vemos hoy. El monstruo está empezando a aparecer con otras caras, pero todo está inventado y se adapta a los tiempos”.

En pleno Armagedón del PSOE o del Gobierno, o de ambos a la vez, no ha merecido suficiente atención uno de sus grandes logros, el acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea sobre Gibraltar. Tan largo como el parto de los montes, sin duda, pero suficientemente equilibrado, a la vista de sus derrotistas, como para que despierte dudas e incluso ira en la derecha extrema y la extrema derecha del Reino Unido y de España, a partes igual y por el mismo motivo: la soberanía, un extremo que sabiamente no figuraba de entrada en las negociaciones, porque no habrían llevado a parte alguna. Esto es, ni Downing Street habría aceptado cruzar esas líneas rojas ni la Moncloa habría delegado en Bruselas tamaña reivindicación histórica.

Se trataba –y se trata, a falta de que quede redactado en otoño el Tratado definitivo, con todos sus perejiles--, de un armisticio a favor de las personas, las que transitan a diario por la Verja que está ahora llamada a desaparecer. Las que curran, las que compran a uno o a otro lado, las que se enamoran, las que saben qué son los meblis, las que llaman patrás, desayunan churros y meriendan capotí. Claro que dirán los cuñados de turno que también les servirán a los yanitos muy ricos para desplazarse a su casa de Sotogrande: a estos, les da igual que haya colas en la Focona, porque en la Marina les aguarda un yate cojonudo para pasar el weekend con sus españolísimos compañeros de paddle o de polo.

Los patriotas y muy patriotas británicos hubieran querido que ningún policía español pusiera sus botas en el puerto o en el aeropuerto del Peñón, aunque sólo sea, como está llamado a ser, para supervisar desde la Unión Europea lo que sus colegas calpenses inspeccionarán a la luz de Schengen; al igual que agentes ingleses y franceses conviven, por semejante motivo, en la estación londinense de St. Pancras, para aliviar la burocracia del Eurotunel. Como la policía marroquí que sella los pasaportes en mitad del Estrecho para ahorrarnos a todas las nacionalidades que lo cruzan un par de horas de muermo a nuestra llegada a Tánger.

Y los españoles y muy españoles ambicionan que en el pack de este acuerdo fieramente humano se hubiera incluido, al menos, la reivindicación del istmo que la Pérfida Albión nos fue mangando de extranjis, incluso en época del glorioso Caudillo –de hecho, el aeropuerto civil fue inaugurado en 1949, aunque el militar ya tuviera más trienios--. Sólo que no se trata de un acuerdo político sino comercial, porque también incumbe a las mercancías, a la nivelación fiscal, al IVA y a otras importantes zarandajas económicas. No es como el Acuerdo de Bruselas de 1984, ni como el del aeropuerto de 1988, que dejaron de cumplirse porque eran tan políticos que a los políticos dejó de interesarles. Es más un arreglo de andar por casa, un alivio de luto del Brexit, una oportunidad para que Micaela pueda besar a Tom sin tener que superar dos horas de filtros, una ocasión para que el próximo 16 de junio de 2026, los frikis de James Joyce podamos celebrar el Bloomsday entre Gibraltar y La Línea, como manda el “Ulises”.

Todo ello no impedirá que el partido de Santiago Abascal siga sumergiéndose en aguas de la Bahía de Algeciras o de Gibraltar, según la toponimia respectiva, para trincar pelotes de cemento y colocarlos en la sede madrileña de Vox. Ni al Reform UK de Nigel Farage, para pregonar que Keir Starmer es un vendepatrias

La oposición a los laboristas británicos y a los progresistas españoles hubiera querido participar en las conversaciones que llevan hasta este consenso. ¿Desde cuándo las oposiciones respectivas han participado en negociar los Tratados internacionales, máxime cuando éste incumbe a la Unión Europea, en su conjunto, y no estrictamente a España? ¿Discutió el Parlamento español la salida de Gran Bretaña del bloque comunitario?

Todo ello no impedirá que el partido de Santiago Abascal siga sumergiéndose en aguas de la Bahía de Algeciras o de Gibraltar, según la toponimia respectiva, para trincar pelotes de cemento y colocarlos en la sede madrileña de Vox. Ni al Reform UK de Nigel Farage, para pregonar que Keir Starmer es un vendepatrias. Ni a los tories para dudar de su contenido, a pesar de que fueron ellos quienes llevaron el peso de las discusiones con el bloque comunitario, durante su largo mandato gubernamental. Ni a los de Núñez Feijoo, o sea quien sea quien lidere el PP, para poner chinchetas en las ruedas de la Eurocámara, a pesar de que este proceso se inició cuando Alfonso Dastis, en la época del recordado Mariano Rajoy, ocupaba la cartera española de Exteriores.

En cualquier caso y ante la duda, cabría mejor recurrir a los clásicos. Como dijo Miguel de Cervantes, en “El juez de los divorcios”: Entre casados de honor/ cuando hay pleito descubierto,/ más vale el peor concierto/ que no el divorcio mejor.“. O William Shakespeare: ”Procurando lo mejor estropeamos a menudo lo que está bien“.