El Gobierno ha confirmado a los sindicatos que aprobará la subida salarial comprometida para los empleados públicos, del 4,5% para 2027, explican en CCOO, UGT y CSIF tras una reunión mantenida esta tarde con el Ministerio de Función Pública. Fuentes del departamento de Óscar López recuerdan que el incremento salarial “ya estaba acordado” y que el ministro había afirmado que el Gobierno cumpliría con el pacto.

Las centrales sindicales sostienen que el Ejecutivo no se ha comprometido con una fecha concreta sobre su aprobación. Es decir, sobre si será antes de las elecciones del 29 de noviembre o después de estas, estando ya en funciones, pero indican que el Ministerio de Óscar López les ha garantizado que esta medida saldrá adelante.

A comienzos de mes, López afirmó en un acto que “este Gobierno ha cumplido y va a cumplir con sus compromisos”. “Hicimos un acuerdo con las principales centrales sindicales de este país para mejorar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Estamos hablando de 3,5 millones de personas y cumpliremos con ello. Ya daremos más detalle concreto de fechas y procedimientos, pero cumpliremos con ese compromiso”, apuntó.

Los sindicatos piden su aprobación antes de las elecciones

Los tres sindicatos explican que han pedido a Función Pública que el Gobierno apruebe el aumento salarial de los trabajadores públicos antes de entrar en funciones. Es decir, antes de los comicios generales del 29N.

Los representantes del personal público argumentan que, dado que la subida salarial ya está pactada, la aprobación daría más seguridad a los trabajadores, sostienen en CCOO y UGT. Mientras, en CSIF también se decantan por esta opción “para evitar retrasos”, sostienen.

Además, CCOO, UGT y CSIF exigen al Ejecutivo que apruebe otros compromisos del Acuerdo Marco de 2025 que están pendientes. Entre ellas, “avanzar en la eliminación y/o modificación del actual modelo de tasa de reposición, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior y la modificación de la normativa reguladora del Observatorio del Empleo Público”, cita CCOO.

No hay que obviar que el compromiso de aumento salarial se ha adquirido con el actual Gobierno de coalición y que, aunque está suscrito con los tres principales sindicatos del personal público del país, hay quien teme que un eventual cambio de signo en La Moncloa pudiera dar al traste con el pacto.

En las reuniones mantenidas esta tarde, también se ha abordado la negociación que mantiene el Gobierno con las Comunidades Autónomas para reducir la excesiva temporalidad de las administraciones públicas, concentrada sobre todo en las administraciones locales y regionales. El Ejecutivo estudia varios cambios legales ante el procedimiento sancionador abierto por Bruselas a España, que puede acarrear una multa para el país.

Una subida salarial pactada el año pasado

Este aumento salarial, del 4,5% para 2027, se pactó en noviembre del año pasado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con un acuerdo para varios años, desde 2025 a 2028, con más materias además del incremento de las remuneraciones.

Dado que en los últimos años los Presupuestos Generales del Estado están siendo prorrogados, el aumento salarial de los empleados públicos requiere una norma legal. El año pasado se aprobó vía real decreto-ley el 2 de diciembre y fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados unos días después, con el respaldo del PP.

Además, los sindicatos recuerdan que hay otro compromiso de aumento salarial para los empleados públicos que el próximo Gobierno tendrá que autorizar: un 0,5% de subida adicional para 2026 debido a la inflación de este ejercicio. En este caso, los sindicatos explican que es un incremento ya aprobado, en el real decreto-ley de la subida de 2025 y 2026 del pasado diciembre.

Este recogió que “con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025” si la variación del IPC en el año 2026 “es igual o superior al 1,5%, que se abonará en el primer trimestre de 2027”.

La negociación para la equiparación retributiva de los empleados públicos extremeños ha echado a andar aunque la Junta ya ha aprobado los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027.

La Junta de Extremadura ha puesto sobre la mesa un compromiso financiero que supera los 110 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades, hasta el año 2030. Sin embargo, el arranque de las mesas sectoriales de negociación ha situado a las organizaciones sindicales en el centro del debate, ya que serán las encargadas de fiscalizar el reparto interno de unos fondos que consideran ajustados respecto a las necesidades reales de las distintas plantillas.

La propuesta articulada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública contempla una inyección global de cerca de 55 millones de euros para el personal de la Administración General. Este montante se ejecutará a un ritmo de 13,15 millones de euros al año durante los próximos cuatro ejercicios. La cifra abarca tanto las retribuciones directas como el coste derivado de la Seguridad Social y responderá, entre sus prioridades, a la ansiada homologación entre las categorías del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y las del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Por su parte, en la mesa sectorial de Sanidad, la Dirección Gerencia del SES ha presentado una partida plurianual que supera los 58 millones de euros hasta 2030, a razón de más de 14 millones de euros anuales para los aproximadamente 20.000 profesionales del ámbito sanitario. Según el Ejecutivo autonómico, este volumen inversor busca situar los salarios del colectivo en la media nacional de la sanidad pública, e incluso situar a determinadas categorías por encima de ese promedio.

La posición de los sindicatos

Los representantes de los trabajadores han recibido las propuestas con cautela y han recordado que el margen negociador ofrecido por la administración resulta acotado frente a la acumulación de pérdida de poder adquisitivo y las demandas pendientes en diversos subsectores.

En la mesa de Administración General, los agentes sociales deberán abordar una compleja tarea de priorización para decidir cómo se distribuyen las partidas entre las diferentes escalas y cuerpos. Desde la Dirección General de Función Pública se ha admitido que el margen financiero viene marcado por la disponibilidad presupuestaria global del ejercicio, en el que la Junta deberá afrontar cerca de 200 millones de euros en el capítulo de personal, de los cuales 164 millones responden a incrementos salariales generales y 8 millones al pago de la deuda pendiente del 2% del año 2020.

Sin embargo, las cifras ofrecidas por la administración han encontrado un rápido rechazo en el sector sanitario. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha calificado la propuesta del SES de “claramente insuficiente” tras detallar que el planteamiento de la Junta se traduce en un incremento retributivo lineal de apenas 40 euros mensuales por año hasta 2030. Aunque la organización considera un “avance” el inicio del diálogo tras meses de presión sindical, advierte de que el montante planteado queda muy lejos de lograr una equiparación real para los profesionales que sostienen la sanidad extremeña.

Asimismo, desde la central sindical se critica el carácter homogéneo del reparto diseñado por el Ejecutivo autonómico. La secretaria general de SATSE Extremadura, Elena Martín, ha defendido que cualquier proceso de equiparación salarial debe aplicar incrementos proporcionales a la cualificación, responsabilidad y competencias de cada categoría profesional. A la espera de recibir el documento formal por escrito, la organización avanzó que mantendrá la exigencia de mejoras sustanciales para las enfermeras, especialistas y fisioterapeutas del Servicio Extremeño de Salud.

Los sindicatos están moviendo ficha para tratar de atar la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos pactada con el Ejecutivo dado el contexto de elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre. CCOO y CSIF exigen al Gobierno que apruebe ya un real decreto-ley, que convalide la Diputación Permanente, y por parte de UGT sostienen que no debe haber “ningún problema” para aprobar el alza incluso con un Ejecutivo en funciones, pasados los comicios.

El sindicato CCOO ha informado este jueves de que ha enviado un escrito al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, “en el que solicita al Gobierno que articule una norma legal que garantice la subida salarial pactada para los más de tres millones de empleadas y empleados públicos”.

Este aumento salarial, del 4,5% para 2027, se pactó en noviembre del año pasado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con un acuerdo para varios años, desde 2025 a 2028, con más materias además del incremento de las remuneraciones.

Dado que en los últimos años los Presupuestos Generales del Estado están siendo prorrogados, el aumento salarial de los empleados públicos requiere una norma legal. El año pasado se aprobó vía real decreto-ley el 2 de diciembre y fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados unos días después, con el respaldo del PP.

En el contexto preelectoral, el Gobierno ha abierto la puerta a aprobar, tras las elecciones y en funciones, la subida de las pensiones. Además, el Ministerio de Yolanda Díaz pretende aprobar el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de los comicios del 29N, indicaron fuentes de su departamento a este medio.

Aprobar el alza antes del 29N “para dar seguridad”

Dado que ya está pactado, los sindicatos CCOO y CSIF están reclamando al Gobierno que apruebe de inmediato el aumento salarial. “Esperamos que mande un real decreto a la Diputación Permanente para que todos los empleados públicos de este país veamos que se cumple lo que hemos firmado con este Gobierno y tenemos esa subida de 4,5 puntos”, afirmó hace unos días Miguel Borra, líder de CSIF.

“Se puede aprobar tanto antes de las elecciones como después, estando el Gobierno en funciones, pero pedimos que se apruebe antes par dar más seguridad a los empleados públicos, que sepan que la subida está garantizada”, explica por su parte Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO.

Por su parte, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, señaló este miércoles que a 1 de enero es “complejo, casi inviable”, que pueda estar constituido el nuevo Gobierno salido de las urnas el 29 de noviembre, pero mostró su tranquilidad con que la subida salarial pactada saldrá adelante en cualquier escenario.

“Nosotros entendemos que no existe ningún tipo de problema ni para el Gobierno actual, aunque esté en funciones, ni para el próximo, a la hora de aprobar una medida legislativa que haga cumplir lo que ya está acordado y pactado, el 4,5% para el año 2027”, afirmó.

Subida pendiente del 0,5% de 2026 por la inflación

Además, los sindicatos recuerdan que hay otro compromiso de aumento salarial para los empleados públicos que el próximo Gobierno tendrá que autorizar: un 0,5% de subida adicional para 2026 debido a la inflación de este ejercicio.

En este caso, los sindicatos recuerdan que es un incremento ya aprobado, en el real decreto-ley de la subida de 2025 y 2026 del pasado diciembre. Este recogió que “con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025” si la variación del IPC en el año 2026 “es igual o superior al 1,5%, que se abonará en el primer trimestre de 2027”.

Esta alza se da por hecha, dado el nivel de inflación actual (que roza el 5%), aunque habrá que esperar al dato de febrero para que se confirme, indican en UGT y CCOO.

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha denunciado este martes que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha retirado por segunda vez una pancarta reivindicativa del nuevo convenio colectivo del personal laboral que, en este caso, estaba ubicada en el exterior del Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de La Albericia.

“El viernes 9 de octubre, día de reunión del Consejo de Gobierno de Cantabria, se dio la orden a una persona para acudir al centro y retirar la pancarta, que estaba en una verja exterior que en nada impedía el normal funcionamiento del centro”, han explicado los sindicatos, que consideran este hecho “un ejemplo más de que el Gobierno no acaba de sintonizarse con la negociación”. Y es que el día 7 de octubre ya denunciaron que el ICASS había retirado del CAD de Sierrallana una pancarta reivindicativa del nuevo convenio colectivo.

El órgano sindical, que representa a 2.300 trabajadores del personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria, considera que “una prueba más de esa falta de sintonía negociadora” es que en el Consejo de Gobierno del pasado viernes se anunció la ampliación de la financiación del convenio en un 1,5 millones pero también dos medidas para el personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) “que se han rechazado categóricamente en la negociación de nuestro convenio” como son el pago de festivos y noches en procesos de incapacidad temporal y del abono de sábados como domingos y festivos.

En un comunicado, el comité de empresa del Gobierno ha reprobado que “lo que a nosotros nos niegan, a otro personal de la Administración autonómica se lo dan y esas son las diferencias de trato entre empleados públicos que este comité viene denunciando desde el inicio de la legislatura”.

En relación a la retirada de la pancarta reivindicativa del nuevo convenio del personal laboral, los sindicatos han considerado que “lo positivo de este atropello es que, de nuevo, una delegación del comité de empresa se acercó esta mañana al CAPI de La Albericia para saludar a las compañeras y compañeros, para recoger la pancarta, hacernos una foto con el personal que pudo acercarse un momento y pudimos conocer las carencias diarias del centro como la falta de material infantil y hablamos de algo tan básico como baberos o la avería de la única secadora desde hace semanas”.

El órgano sindical ha reiterado en que “estamos acudiendo a la negociación pero seguimos sin la propuesta económica alternativa que por fin llegará este jueves 15 y hay que debatir artículos que se deben traducir en derechos laborales avanzados”.

Y es que para los sindicatos, la negociación del nuevo convenio colectivo “no está teniendo el ritmo necesario y seguimos solicitando por lo menos dos reuniones semanales”.

“La parte social de la comisión negociadora estamos reuniéndonos varias veces a la semana para dar agilidad a una negociación que lleva mucho retraso y haciendo un esfuerzo por consensuar propuestas únicas a la Administración en un ejemplo constante de diálogo y concesiones de todas las organizaciones sindicales”, concluye el comunicado.

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han decidido aplazar la mediación previa a la huelga por la equiparación salarial de los empleados públicos de la Junta de Extremadura (fijada inicialmente para el 11 de noviembre), así como la jornada de protestas que estaba programada para este próximo 15 de octubre.

La decisión conjunta llega tras la convocatoria formal realizada por la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, quien ha citado a las tres organizaciones para este mismo jueves, 15 de octubre, en las mesas sectoriales de Administración General y del Servicio Extremeño de Salud (SES).

En un comunicado unitario, las centrales sindicales han calificado este aplazamiento como un “gesto de buena voluntad” acordado “a la espera de comprobar cómo se desarrolla la negociación”. No obstante, la representación de los trabajadores ha advertido de que la paralización de las protestas no implica en ningún caso una renuncia a sus reivindicaciones, por lo que volverán a convocar las movilizaciones si la vía del diálogo no ofrece resultados satisfactorios.

Unidad de acción en la Administración General y el SES

CSIF, UGT y CCOO han vuelto a ratificar su compromiso firme con “una equiparación salarial real” que dé respuesta a las necesidades del personal al servicio de la administración autonómica. En este sentido, han puesto en valor la unidad de acción que mantienen, la cual consideran “clave” para forzar la apertura de las negociaciones en los dos ámbitos que aún continúan pendientes: la Administración General y el ámbito sanitario del SES.

Las tres organizaciones señalan que ha sido precisamente esa alianza, sumada al respaldo de los propios empleados públicos, la que ha permitido sentar a la Junta de Extremadura a negociar. De cara a las reuniones de la próxima semana, el objetivo de las tres centrales es “reforzar una posición común que permita alcanzar el mejor acuerdo posible”. Para ello, buscarán también el apoyo del resto de organizaciones sindicales presentes en ambas mesas sectoriales con el fin de consolidar un frente común en la negociación retributiva.

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han advertido este jueves de que mantienen “intacto” el calendario de movilizaciones y la convocatoria de huelga de empleados públicos prevista para el próximo 11 de noviembre en Extremadura. Las centrales sindicales condicionan cualquier avance a que la Junta de Extremadura presente cantidades económicas suficientes y plazos concretos en las mesas sectoriales del 15 de octubre, orientadas a la homologación salarial en la Administración General y en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Durante una concentración de protesta celebrada en el Hospital Universitario de Badajoz bajo el lema 'Mismo trabajo, mismo salario. Equiparación salarial ya' —a la que se ha sumado el Sindicato de Enfermería (SATSE)—, los representantes sindicales han recalcado que la simple convocatoria de los órganos de negociación resulta insuficiente si no se acompaña de partidas presupuestarias.

El responsable de Acción Sindical de CSIF Extremadura, Jesús Solana, ha señalado que la negociación debe tomar como referencia el ámbito educativo: “Deben incluirse propuestas económicas concretas y acordes a las necesidades de los dos sectores, en la línea del suelo establecido en Educación, donde se parte de 65 millones de euros, pues con menos será imposible que se inicie una negociación”.

Solana ha lamentado que la comunidad autónoma se encuentre “a la cola” en la equiparación salarial del personal público respecto a otras regiones, calculando que en Extremadura sería necesario elevar las retribuciones un 20% para alcanzar la media estatal.

Sin cambios en el calendario tras la coincidencia con la huelga de vivienda

En relación con la coincidencia de la jornada de paro del 11 de noviembre con la huelga general nacional por el derecho a la vivienda, las organizaciones sindicales han precisado que se trata de protestas e itinerarios diferenciados. El coordinador del Área Pública de CCOO Extremadura, Manuel María Nicolás, ha precisado que “son dos huelgas y motivaciones distintas”, reclamando al Ejecutivo regional una negociación “seria” con plazos y categorías concretas para que la brecha retributiva quede revertida en 2027.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT Extremadura, Érica Gutiérrez, ha insistido en que la convocatoria de huelga no se retira por el mero llamamiento a la mesa: “No se plantea un cambio y el calendario de movilizaciones se mantiene intacto, pues solo se posee una convocatoria de mesas, sin aún certezas”.

Las reuniones sectoriales han quedado fijadas para el martes 15 de octubre: la de Administración General se celebrará a las 10:00 horas y la del SES a las 12:00 horas, encuentros en los que las centrales decidirán los siguientes pasos a dar en función de las propuestas presupuestarias formuladas por la administración autonómica.

La Junta de Extremadura ha emplazado a las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO a la reunión de la Mesa Sectorial de la Administración General para el próximo 15 de octubre. En este encuentro se abordará la negociación de las condiciones laborales de los empleados públicos del sector, que incluye la propuesta del Ejecutivo regional para la equiparación salarial.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano, ha recordado que la Junta traslada una oferta con cifras “concretas” desde una primera toma de contacto celebrada el pasado 21 de septiembre. Manzano ha rehusado detallar los importes económicos argumentando “respeto a la negociación”, aunque ha precisado que los agentes sociales cuentan con dicha propuesta desde hace dos semanas y confía en “seguir advancing” en la reunión fijada.

Petición de mediación laboral y convocatoria de huelga

El anuncio de la convocatoria se produce un día después de que CSIF, UGT y CCOO informasen de la solicitud de mediación ante la Fundación de Relaciones Laborales. Las tres centrales sindicales justificaron esta medida tras acumular 14 días “sin que la consejera llame, reúna o convoque a los representantes legítimos de los trabajadores”.

Las organizaciones sindicales situaron este trámite de mediación como un paso previo a la huelga general convocada para el 11 de noviembre. La equiparación salarial reclamada por los sindicatos afecta a unos 35.000 empleados públicos pertenecientes a la Administración General de la Junta y al Servicio Extremeño de Salud (SES), un área que, según advirtieron las centrales sindicales, no dispone todavía de fecha asignada para iniciar el proceso negociador.

El Gobierno está negociando una mejora de la jubilación de policías nacionales y guardias civiles a través de un aumento de las pensiones de los funcionarios que pertenecen al régimen de Clases Pasivas. Se está abordando en una mesa del Ministerio del Interior con los sindicatos profesionales de estos agentes, al margen del grupo de trabajo específico sobre Clases Pasivas que existe en el Ministerio de Función Pública, algo que CCOO ha denunciado como “inadmisible” y ha exigido al Gobierno que extienda esta negociación al conjunto de este colectivo.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y civil de la Administración General del Estado (AGE), de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Es un régimen en vías de extinción, que comprende a funcionarios que ingresaron al sistema antes del 1 de enero de 2011. Si lo hicieron después de esa fecha, ya quedaron adscritos al Régimen General de la Seguridad Social.

Mejora en las pensiones compartida por todos los sindicatos

La mejora de las pensiones de los funcionarios de Clases Pasivas es una reivindicación compartida por todos los sindicatos de empleados públicos, que señalan que sus “haberes reguladores” –como se califica a la parte del salario que se tiene en cuenta para calcular la pensión– se ha actualizado a menor ritmo de lo que han subido sus remuneraciones, con una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores cuando pasan a la jubilación.

“Desde CCOO queremos dejar absolutamente claro que no cuestionamos que policías nacionales y guardias civiles puedan reivindicar y obtener mejoras en sus pensiones, algo que obviamente podemos compartir”, precisa el sindicato.

“Lo que consideramos absolutamente inadmisible es que el Gobierno aborde de manera bilateral y sectorial esta cuestión con un solo colectivo, ya que afecta a todo el personal sujeto al régimen de clases pasivas”, añaden. Entre otros, los cuerpos de la Administración de Justicia, de la Administración General del Estado, del sector docente o del sector postal, mencionan.

En un comunicado conjunto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informaron hace unos días de que Interior les ha planteado “una propuesta que mejora notoriamente la jubilación para el grupo C1, llegando aproximadamente a los 39.000 euros, y el grupo A2 alcanzaría la pensión máxima”. También, extender a guardias civiles y policías nacionales integrados en el régimen general de la Seguridad Social la jubilación anticipada por penosidad sin penalizaciones que ya disfrutan los policías locales.

Los sindicatos profesionales apuntan que la negociación avanza “a buen ritmo”, con una próxima reunión el 11 de noviembre, en la que “el proceso entra en su recta final”.

Fuentes del Ministerio del Interior confirman la negociación con los sindicatos profesionales, de la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque no se pronuncian sobre su contenido, ya que indican que se está llevando a cabo con “máxima discreción” hasta “que se cierre un acuerdo que satisfaga a todas las partes”.

CCOO pide a Función Pública abrir la negociación al resto

Comisiones Obreras ha enviado un escrito al Ministerio de Función Pública para que “cualquier modificación que afecte a los elementos estructurales del Régimen de Clases Pasivas sea negociada con carácter general” a través del grupo de trabajo específico sobre este colectivo creado el pasado 3 de julio.

El sindicato apunta que el Ministerio liderado por Óscar López entonces se comprometió a que el grupo de trabajo se reuniera “a mitad del presente mes de septiembre, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido”.

“El sindicato considera urgente que se celebre esa reunión y que las negociaciones se puedan cerrar antes de final de año, en la línea preacordada por el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil”, sostiene CCOO.

“Llevamos muchos años pidiendo esta mejora en los haberes reguladores. No lo queremos paralizar para policías nacionales y guardias civiles, faltaría más. Pero pedimos que se haga en paralelo a todos los trabajadores de Clases Pasivas. Que no nos encontremos con la sorpresa de un decreto-ley solo para ellos y que el resto se quede fuera”, afirma Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO. 

Preguntado por esta negociación diferenciada y por una posible reunión del grupo de trabajo, el Ministerio de Función Pública no responde a este medio, aunque destaca que “este Gobierno cumple sus compromisos como se ha ido demostrando con la subida salarial a los empleados públicos, la recuperación del empleo público de calidad con la aprobación de las mayores Ofertas de Empleo Público, la ampliación de derechos laborales con la reducción de la jornada a 35 horas, la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral, la subida del complemento de insularidad en Islas Baleares, o la estabilización de plazas temporales en el empleo público, entre otros”.

Además, en el departamento de Óscar López añaden que en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público, firmado con los sindicatos y con vigencia de cuatro años, se incluye el siguiente compromiso: “Se analizará y evaluará el régimen de clases pasivas respecto de los estándares vigentes en el régimen de seguridad social en aspectos relativos, entre otros a la determinación de derechos o la atención a situaciones de brecha de género”.

La tensión sube de intensidad entre los empelados públicos de Extremadura. Representantes sindicales de CCOO, CSIF y UGT, junto a numerosos trabajadores, se han concentrado frente a las consejerías ubicadas en el complejo administrativo del III Milenio en Mérida para exigir a la Junta de Extremadura que deje de “embarrar” y se siente a negociar de inmediato la equiparación salarial.

La protesta forma parte del calendario de movilizaciones convocado para denunciar que los trabajadores públicos de la región cobran hasta un 20% menos que en otros territorios por el mismo trabajo. Las acciones de presión en los centros de trabajo tienen marcada una fecha límite en el horizonte: la huelga general en la administración convocada para el próximo 11 de noviembre, si antes no se alcanza un acuerdo satisfactorio.

Críticas directas a Manzano por “dividir” a los trabajadores

Durante la concentración, el foco de las críticas se ha dirigido hacia la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. Los representantes sindicales han arremetido duramente contra el último movimiento de la titular de Hacienda, que planteó públicamente ofertas de 50 euros por trabajador que distan de lo abordado en las mesas sectoriales.

Manuel María Nicolás Molina, coordinador del área pública de CCOO, ha tildado este anuncio de “error o desliz intencionado”, afirmando que busca “dividir a los trabajadores” y provocar un enfrentamiento artificial entre el personal de la Administración General y el del Servicio Extremeño de Salud (SES). Asimismo, ha reprochado que las ofertas se lancen a los medios de comunicación en lugar de negociarse donde corresponde, recordando que a día de hoy sigue sin haber ninguna reunión formal prevista.

“Cansados de que mareen la perdiz”

En la misma línea se ha pronunciado Erika Gutiérrez, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, quien ha asegurado que los empleados públicos “están cansados de que la consejera siga mareando la perdiz” y exigen una convocatoria formal urgente. Gutiérrez ha apuntado además que los recursos económicos existen, ironizando con que si se destinaran a este fin los 150 millones “que se han perdonado a las eléctricas”, se acabaría de golpe con la brecha salarial.

Por su parte, Miguel Lázaro, delegado de CSIF, ha ratificado que la lucha seguirá adelante hasta lograr una equiparación salarial justa, aunque ha querido dejar una puerta abierta a la negociación al señalar que, de cara al 11 de noviembre, “queda partido”.

Castilla-La Mancha ofertará 401 nuevas plazas de empleo público este año 2026, después de que los sindicatos hayan dado su visto bueno a la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de personal laboral de la Administración General, correspondiente al ejercicio 2026, impulsada por el Ejecutivo regional.

Tal y como se ha acordado, con el voto a favor de todas las organizaciones sindicales, la OEP para personal laboral de este año asciende a 401 plazas, que se reparten en: 329 de turno libre, 72 de promoción interna, 8 de discapacidad intelectual y 20 de discapacidad general.

Estas plazas se aprobarán en el contexto de este ejercicio junto con las de personal funcionario, que conforman el sector de Administración General, cuya Mesa Sectorial se celebrará este jueves. Siendo el siguiente paso, la celebración de la Mesa General del Personal Empleado Público, como paso previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de toda la OEP de 2026, que engloba al sector de Administración General (personal funcionario y laboral), más el sanitario y el educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2026 forma parte de la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Emiliano García-Page, con el que se prevé aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante este periodo.

La lucha por la equiparación salarial ha proseguido este martes con la concentración en Mérida de varios cientos de trabajadores de la Administración General de la Junta de Extremadura, los más perjudicados de esta institución, ya que sufren una brecha salarial superior al 25% respecto a la media de otras comunidades autónomos.

La protesta, que se ha desarrollado en la Plaza del Rastro, ha sido convocada por la plataforma independiente de Cuerpos Técnicos y Superiores de la Administración General de la Junta de Extremadura (CTSAGEX) y ha sido secundada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, SGTEX, USO y SIP.

También han asistido diputados autonómicos del PSOE y Unidas por Extremadura.

Los manifestantes, con banderolas de todos los sindicatos y provistos de silbatos, han coreado consignas como 'María Guardiola, estamos en la cola', La solución, equiparación', 'Basta ya de brecha salarial' o 'Diputados extremeños, qué injusto es nuestro sueldo', frente a la sede de la Presidencia de la Junta.

Asimismo, se podían leer pancartas como 'Mismo trabajo 5.000 euros menos, ¿en serio?', 'Mi salario viaja en un vagón de cola' o 'Complemento de comunidad, ya'.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la plataforma, Francisco Méndez, ha advertido de que los trabajadores de la Administración General soportan una diferencial salarial que se sitúa entre el 25 y el 30 %, lo que les “coloca en una situación injusta, insoportable y de auténtica emergencia”.

Méndez ha destacado que la convocatoria haya partido de los trabajadores y la respuesta de la gente, ya que “es un sector que históricamente se ha movido muy poco”.

“Y quizás por eso -ha añadido- esperamos que también la respuesta del Gobierno sea diferente y se supere una situación que dura ya demasiados años”.

A pregunta de los periodistas, ha señalado que el objetivo es estar lo más cerca posible de la media en unos plazos similares a los que se está haciendo con otros sectores como el docente, es decir, “más o menos 3 años”.

Méndez, que ha leído un manifiesto con sus reivindicaciones durante la concentración, ha anunciado que van a pedir una reunión al Gobierno de Extremadura para trasladarle sus demandas.

En un comunicado entregado a los medios, la plataforma considera que los incrementos salariales aplicados a todos los sectores de la Junta no solucionan el problema, ya que la “brecha estructural” de Administración General requiere una “respuesta específica”.

En su opinión, se trata de una reivindicación justa que no pide “privilegios”. 

La plataforma 0-3 Extremadura, que representa a los técnicos de Educación Infantil (TEIs), ha trasladado este martes sus reivindicaciones a la Comisión de Educación de la Asamblea, donde han puesto de manifiesto que no quieren “más palabras ni promesas, sino compromisos sobre la mesa” y han explicado su día a día, “que no es fácil y tiene poca visibilidad”.

Su portavoz, Laura Gordón González, además de sus reivindicaciones, ha dibujado cómo es un día de trabajo, con centros en los que un solo profesional atiende a niños de 0 a 2 años, a los que hay que “priorizar muchas veces” en su atención cuando lloran a la vez o, por ejemplo, a la hora de dormirlos o darles de comer.

El error de no considerar esta etapa como educación

A su juicio, “el error es no considerar esta parte como educación”, cuyo reconocimiento es una de sus reivindicaciones, dejando claro que “no son guarderías” ni tampoco “ludotecas”, y que no quieren una equiparación profesional como los maestros, pero sin una categoría intermedia.

Ha recordado cómo en la última Ley de Educación se bajaron las ratios a todas las etapas educativas, incluida el segundo ciclo de Infantil, pero se ha excluido al de 0 a 3. Ha precisado que también hay niños con necesidades educativas especiales, que antiguamente contaban como dos plazas y ahora como una, y ha acusado a la Consejería de Educación de que “les importa la cantidad, no la calidad, cuanto más niños haya por metro cuadrado mejor”.

Reclamaciones sobre calendario, convenio y funciones

También ha incidido en la necesidad de igualar el calendario escolar con el resto de centros educativos, y se ha lamentado de que, en cuanto a la negociación del quinto convenio colectivo, que lleva desfasado desde 2018 y necesita reclasificar categorías, desde Educación se les derivó a Función Pública, de la que no tienen respuesta.

Además, ha denunciado que, pese a que no se les considera personal docente, se les reclaman funciones como a este colectivo, tales como evaluaciones de proyectos, programaciones o consejos escolares.

Por último, ha instado a la Junta a que se replantee en qué municipios pone en marcha las aulas experimentales para 2 a 3 años, ya que hay algunos en los que se ponen en marcha con cuatro alumnos y dos TEIs.

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han anunciado que mantienen intacto el calendario de movilizaciones para exigir la equiparación salarial de los empleados públicos de la Junta de Extremadura y del Servicio Extremeño de Salud (SES) con respecto al resto de comunidades autónomas. Las centrales sindicales han considerado “insuficiente” la postura trasmitida por la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, durante la reunión mantenida este lunes en la Mesa General de Negociación.

Aunque las organizaciones sindicales han valorado como “positiva” la intención expresada por el Ejecutivo regional para trabajar en la homologación retributiva de la Administración General, a la espera de concretar cuantías en próximas reuniones, han mostrado un rechazo “rotundo” a la falta de voluntad para negociar la situación del personal estatutario del SES “al menos por el momento”.

Desde la representación social han recordado que las retribuciones del personal de la administración autonómica han estado durante años por debajo del 20% de media en comparación con otras regiones. Por ello, si bien admiten la disposición al diálogo, consideran que la propuesta está “lejos del reconocimiento y la justicia” que merecen los trabajadores públicos extremeños.

Calendario de protestas y huelga general en noviembre

Ante la falta de compromisos firmes para la totalidad del colectivo, los tres sindicatos arrancan sus protestas este jueves a partir de las 9:00 horas con una concentración a las puertas de la Asamblea de Extremadura.

Si no se producen avances significativos en las próximas fechas, el calendario continuará con concentraciones en todos los centros de trabajo dependientes de la Junta los días 1, 8, 15 y 22 de octubre. Posteriormente, el 29 de octubre, se llevará a cabo una protesta ante la sede de la Presidencia de la Junta, como paso previo a la convocatoria de huelga general en todas las administraciones públicas extremeñas fijada para el 11 de noviembre.

La Junta defiende su gestión y apela al problema de la financiación

Por su parte, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha enmarcado el encuentro de este lunes como una primera toma de contacto en la que se han puesto cifras sobre la mesa en función de la capacidad presupuestaria regional, reiterando la voluntad del Gobierno autonómico de seguir negociando en las mesas sectoriales.

Manzano ha defendido que durante los últimos tres años se han alcanzado acuerdos que han supuesto “400 millones de euros en mejoras salariales”, citando el abono de la subida del 2% pendiente desde 2020, la actualización del decreto de indemnizaciones por kilometraje (que pasó de 0,22 a 0,26 euros por kilómetro) y las mejoras en el decreto de teletrabajo. Asimismo, ha avanzado que de cara a 2027 hay proyectada una subida salarial del 5%, con un impacto superior a los 164 millones de euros.

La responsable de Hacienda ha achacado la brecha salarial existente a la “desidia de gobiernos socialistas anteriores” y ha instado a los sindicatos a unirse a la Junta para reclamar una financiación autonómica justa al Gobierno central, al señalar que Extremadura no recibe fondos en los últimos repartos estatales para garantizar servicios públicos de calidad.

Varios sindicatos profesionales de empleados públicos han presentado este lunes una campaña conjunta que llevarán a cabo durante los próximos meses para reclamar la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas en 2010 al personal funcionario y estatutario, como medida de austeridad en plena crisis financiera, pero que se ha mantenido hasta la fecha.

En concreto, las acciones han sido acometidas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), el Sindicato Independiente de educación ANPE y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El sindicato CSIF recordó hace unas semanas que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie “en breve” sobre su recurso presentado en 2024 contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

Según CSIF, “actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial”.

“2,9 millones” de trabajadores afectados

Las organizaciones sindicales congregadas este lunes en rueda de prensa han calculado que el recorte afecta a “unos 2,9 millones” de empleados públicos.

Los sindicatos han señalado que la medida, adoptada en 2010 como un recorte temporal y excepcional para afrontar una crisis económica, se ha mantenido desde entonces, 16 años después, generando una pérdida de poder adquisitivo para el personal funcionario superior a la inicialmente prevista.

En este sentido, han explicado que a la pérdida del importe inicial se suma la revalorización anual que se ha dejado de percibir, mientras que las posteriores subidas salariales han sido lineales.

Además, los sindicatos han señalado la “contradicción” que supone que se haya dado por superado el momento de crisis económica y, sin embargo, se haya mantenido el recorte aplicado en ese contexto, una decisión que, a su juicio, sigue discriminando al personal funcionario y estatutario respecto a otros colectivos profesionales.

Campaña para los próximos Presupuestos

Ante esta situación, y tras conocerse la intención del Ejecutivo de elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 en los próximos meses, las organizaciones han decidido poner en marcha una serie de acciones para reclamar el fin del recorte.

Así, han solicitado reuniones con los responsables de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y el Senado para pedir una postura común durante el proceso de tramitación de la ley, así como con los ministerios implicados. Además, están cerrando fechas para realizar movilizaciones conjuntas frente a las instituciones encargadas de revertir esta medida.

En el acto de este lunes han participado Miguel Lázaro, presidente de CESM; Pilar Ortega, vocal de Fedeca; Ana Alarcón, secretaria de Comunicación y portavoz del SUP; María Cristina del Villar Rodríguez, de la Ejecutiva Nacional de Tampm; Francisco Venzalá, presidente de ANPE; Pilar González, secretaria nacional de USIE, y Néstor Morchón, vicepresidente del SME.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha detallado las reivindicaciones de la organización sindical para el curso político 2026-2027, advirtiendo de la previsión de un “otoño caliente” en cuanto a movilizaciones.

Durante su comparecencia, Sánchez ha exigido tanto a la Junta de Extremadura como al Gobierno central el cumplimiento de sus compromisos en materia de empleo de calidad, salarios suficientes y acceso a la vivienda, al tiempo que ha instado a la patronal a negociar y contribuir a “repartir la riqueza”. “No basta con que se anuncien inversiones o que se celebren cifras récord. El progreso también se mide en la estabilidad de un contrato, en el tiempo de espera para una operación y en las posibilidades de nuestra juventud para construir su futuro”, ha subrayado.

En el ámbito del mercado de trabajo, el sindicato ha señalado que, a pesar de alcanzarse cifras históricas de afiliación a la Seguridad Social derivadas de la reforma laboral, la región continúa registrando la tasa de paro más alta del país (13,22%) y una tasa de temporalidad del 23,9%, que se eleva al 36,8% en el sector público. Para abordar esta situación en la negociación del Plan de Empleo de la Junta 2026-2027, UGT propone focalizar las medidas en las mujeres, los parados de larga duración, los mayores de 52 años, actuaciones contra el edadismo y capacitación digital para desempleados mayores de 55 años.

Respecto al modelo productivo, la central sindical ha remarcado que en 2025 Extremadura generó más de seis veces la energía eléctrica que demandó. Por ello, UGT se ha ofrecido a la Consejería de Industria para acudir de forma conjunta ante el Ministerio a reclamar la potencia y capacidad de conexión necesarias para que no se ralenticen o impidan nuevas inversiones empresariales.

En materia retributiva, el sindicato advierte de la pérdida de poder adquisitivo de las familias, con una inflación en la región situándose en el 4,2% frente a una subida salarial pactada en convenio de solo el 3,05% hasta agosto. Ante este desfase, reclaman cláusulas de garantía salarial, la apertura del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AANC), la revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), impidiendo que los complementos absorban sus incrementos, y reformas como el registro horario digital, el control de las horas extraordinarias no pagadas y el combate al fraude en los periodos de prueba.

La siniestralidad laboral se sitúa como otra de las prioridades del sindicato. Entre enero y julio se registraron 6.800 accidentes con baja y 18 personas perdieron la vida en sus puestos de trabajo en Extremadura, lo que supone un incremento del 63,6% respecto al mismo periodo del año anterior. UGT exige la aprobación urgente de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y urge a la patronal a volcar en la prevención el mismo esfuerzo que dedica a hablar de absentismo. Asimismo, reclama regulación y formación en Inteligencia Artificial dentro de la jornada laboral para evitar que genere nuevas brechas de desigualdad.

El catálogo de exigencias sindicales incluye también la promoción de vivienda pública y asequible frente a la especulación, la reducción de listas de espera y el refuerzo de personal en la sanidad y educación públicas (rechazando proyectos universitarios privados que no acrediten la solidez necesaria) y la oposición a las “rebajas fiscales selectivas que benefician a quienes más tienen”.

Por último, UGT demanda planes de conciliación y protocolos contra el acoso sexual para atajar el desempleo femenino (que representa el 64% del total regional), la defensa de la memoria democrática de las víctimas del franquismo y el fin de la criminalización de las personas migrantes, recordando que el proceso de regularización ha permitido aflorar 2.800 nuevos afiliados a la Seguridad Social hasta agosto.

En España trabajan más de 3,6 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora semestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Son uno de cada 10 asalariados —el 11%—, que sostienen los pilares del Estado del Bienestar. Hay más de 780.000 profesionales en el sistema sanitario público; cerca de 600.000 profesores y profesoras en centros públicos; 40.000 funcionarios de universidad; o más de 5.000 jueces y cerca de 3.000 fiscales; entre muchos otros.

En los últimos años, se han realizado en España grandes procesos de oposiciones, con el objetivo de estabilizar unas plantillas que, en muchos casos, sufrían altas tasas de temporalidad —Europa impuso rebajarla, como máximo, al 8%— y rejuvenecer los equipos —solo la administración central afronta la jubilación de 95.000 funcionarios en la próxima década—. Y, en noviembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO acordaron una subida de sueldo del 11%, entre 2026, 2027 y 2028.

Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y otros de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad...

A partir de aquí encontrarás las retribuciones brutas anuales de los empleados públicos españoles en su nivel de entrada —es decir, sin antigüedad—. Todos ellos han sido obtenidos de fuentes oficiales de cada comunidad, pero cada una utiliza formatos distintos que desde elDiario.es hemos homogeneizado para poder hacer una comparación. Puedes consultar la metodología completa aquí.

Así se distribuyen los salarios de los funcionarios en España

En el siguiente gráfico, cada círculo representa un puesto específico en cada comunidad. Su posición en el eje horizontal (o vertical si lees esto desde un móvil) muestra su salario bruto —sin antigüedad— y su color, el sector al que pertenece. El sueldo más bajo es el de un ordenanza en Castilla y León —14.600 euros al año—, mientras los más altos son los de magistrados y fiscales, por encima de los 88.000 euros al año, sin complementos.

También puede verse que el grueso de los salarios se concentra entre los 30.000 y los 50.000 euros —donde se acumulan más círculos, principalmente de docentes—. O el gran salto que se produce entre los médicos: los residentes (MIR), empiezan por debajo de los 20.000 euros brutos anuales —sin guardias— y los jefes de servicio o de sección, alcanzan los 70.000. También los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los militares se distribuyen por toda la gráfica. En otras palabras, en estos sectores las retribuciones pueden variar mucho dependiendo del puesto concreto.

Los puntos del siguiente gráfico muestras el tamaño de cada grupo y su sueldo mediano —colocadas todas las cuantías (y no el número de trabajadores) de menor a mayor, es la que se sitúa en la posición central—. Los sueldos más altos, los de jueces y fiscales, son también los menos habituales. Los más repetidos son los profesores no universitarios, 577.000, que suponen el 41,7% del personal analizado.

Precisamente, los profesores de Primaria y Secundaria comienzan el curso con protestas en varias partes del país y una convocatoria de huelga en Madrid, Catalunya y Andalucía. Aunque la reivindicación salarial late de fondo, estos profesionales reclaman principalmente mejores condiciones en las que ejercer su trabajo, como plantillas reforzadas, menos horas lectivas o reducción de ratios. De hecho, en Catalunya llegaron a rechazar un incremento salarial de 600 euros al mes, porque no iba acompañado de otras medidas.

Jueces y fiscales, los que más cobran

Los funcionarios que más cobran son los jueces y fiscales. Sin complementos ni antigüedad, su primer año ya cobran unos 60.300 euros brutos, que pueden llegar hasta los 88.800 si trabajan en localidades grandes, como Madrid o Barcelona. Con antigüedades, complementos y en puestos específicos, esta cantidad puede dispararse fácilmente por encima de los 100.000 euros al año. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, percibe anualmente 162.795 euros; sus vocales, más de 140.000; y el secretario general, 137.000. Todos ellos, sin antigüedad.

Son cifras bastante alejadas de las que perciben, por ejemplo, los ministros. La mayoría cobra entre 84.000 y 90.000 euros al año, aunque algunas, como la de Defensa, Margarita Robles, superan los 100.000. Su secretaria de Estado, María Amparo Valcarce, está en 149.000. De hecho, las secretarías y subsecretarías de Estado llevan aparejadas mayores retribuciones que los titulares de los departamentos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibió en 2025 cerca de 96.000 euros, 40.000 euros menos que su director de Gabinete, Diego Rubio.

La nómina de un juez o un fiscal no depende tanto de la comunidad, sino del tamaño de la localidad donde ejerce. En Madrid o Barcelona, cobran unos 88.000 euros, un 47% más que en un partido judicial pequeño (60.300 euros).

El salario mediano de jueces y fiscales fue de 75.000 euros en 2026. Ningún otro colectivo superó los 60.000 brutos ese ejercicio. El más cercano fue el de los médicos, con 57.000 euros —sin tener en cuenta guardias, considerando que tienen dedicación exclusiva y no trabajan en la privada y teniendo en cuenta a los MIR—.

El siguiente gráfico muestra el salario mediano de cada grupo en España. Utilizamos este cálculo para evitar las distorsiones de los valores poco habituales, pero inusualmente altos o bajos, aunque también se puede consultar la media en cada desplegable. La línea de puntos indica el salario mediano nacional de los casi 32 millones de asalariados españoles: 24.497 euros. Solo tres grupos de funcionarios están por debajo de este umbral: auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería — TCAE — y subalternos.

Diferencias por comunidades

Las grandes diferencias salariales entre profesionales del mismo rango se encuentran entre comunidades. El grueso del empleo público —profesores, sanitarios y administración— depende de los gobiernos autonómicos, que pueden definir sus propios sueldos y complementos. En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre la comunidad que menos paga de base a sus trabajadores y la que más. Se incluyen también policías y guardias civiles, porque cuentan con un complemento de destino importante, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en áreas como la sanidad, dependen del Ministerio.

Según los datos extraídos de fuentes oficiales por elDiario.es, un técnico superior puede cobrar hasta 21.000 euros más de Balears a Euskadi; un médico especialista gana 18.000 más al año en Ceuta que en Navarra; y un maestro de primaria, 8.000 más en Castilla-La Mancha que en Murcia.

Cuánto se puede progresar salarialmente

Los datos mostrados hasta ahora tienen en cuenta el salario de entrada, pero ¿cuánto puede progresar salarialmente un empleado público que llega al nivel más alto? La mayor diferencia se da entre los médicos. Hay más de 50.000 euros entre los 19.700 que cobra un residente de primer año y los 71.100 de un jefe de servicio.

Los médicos son los que más escalan, pero no son los únicos. Del militar de más bajo rango, al más alto hay más de 40.000 euros al año; en la Guardia Civil, 28.600; y en la carrera judicial, 28.500. Al otro lado están los maestros, que ganan apenas 7.400 euros más si llegan a directores; 9.800 más en el caso de secundaria; y 3.200 euros más para un administrativo que salta a jefe de negociado.

La longitud de ese salto entre el sueldo de entrada y la jefatura, también depende de la las comunidades. En medicina, por ejemplo, el sueldo de entrada es bastante similar en todo el territorio —entre el MIR que más cobra y el que menos hay 3.700 euros de diferencia—, pero en el nivel máximo, la diferencia puede multiplicarse por seis —hasta los 23.500—. De hecho, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —por la indemnización por residencia—, Murcia es la que mejor paga de base a sus médicos y Asturias, la que menos.

En profesores y administrativos pasa lo contrario: el recorrido es pequeño y similar en todas las comunidades. Llegar a director de instituto vale 12.300 euros más en Catalunya pero solo 8.400 en Extremadura. Pasar a jefe de negociado como administrativo vale 8.000 euros en Murcia y apenas 1.200 en Aragón.

En el siguiente gráfico pueden consultarse esos saltos, pero también cuanto cobran otros profesionales del mismo rango. Y comparar cuáles son los trabajadores mejor pagados en cada comunidad. Por ejemplo, Navarra es una de las comunidades que peor paga de base a sus sanitarios —aunque tiene complementos forales, infraestimados en la metodología—, pero de las que más retribuye a sus docentes en la pública.

Euskadi tiene la administración general mejor pagada del país, a todos los niveles. Un ordenanza vasco cobra casi el doble que uno de Castilla y León.

Y en los policías, la geografía marca la diferencia más notable, incluso más que el rango. Un policía de base en Melilla (37.365 euros) cobra prácticamente lo mismo que un inspector en la península (37.631 euros): el plus de residencia e insularidad de Ceuta, Melilla, Canarias o Euskadi, por el antiguo complemento por peligrosidad, vale casi lo mismo que dos ascensos.

Las guardias médicas, en el punto de mira

Las guardias que realizan los médicos han estado en los últimos meses en el punto de mira de los profesionales. El nuevo Estatuto Marco, pactado entre Sanidad y los sindicatos UGT, CFIS, CCOO y Satse, ha soliviantado a las organizaciones sindicales del ramo, que no están presentes en la mesa de negociación. El texto, que enfila su trámite parlamentario, reduce las horas de guardia máximas obligatorias de 24 a 17 horas —incluyendo la jornada ordinaria— e incluye la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Sin embargo, al margen de otras demandadas —como un estatuto propio—, los sindicatos médicos reclaman una jornada semanal de 35 horas, como ocurre con el resto de empleados públicos, y que las horas de guardia se paguen por encima —y no más baratas, como ocurre ahora— de la hora ordinaria.

Estas jornadas extra permiten compensar sueldos exiguos en el caso de los médicos residentes y complementar salarios más elevados para los facultativos. Las comunidades autónomas son las que determinan cómo se organiza la jornada y a cuánto pagan cada guardia médica. Por ejemplo, en Balears, Castilla-La Mancha y Murcia, cuatro guardias al mes inflan la nómina anual en unos 38.000 euros. En Andalucía, son 27.000 euros más y en Madrid, casi 29.000.

Un especialista en Murcia con esas guardias llega a 100.158 euros —el único que supera los seis dígitos—; en Madrid, con el mismo esfuerzo, se queda en 81.225. Pesan más donde el salario base es más bajo: en Asturias y Navarra las guardias suman un +71%, es decir, casi igualan el sueldo.

En enfermería la historia es distinta: siete noches al mes suman de media 3.900 euros (un 12%). La comunidad que mejor paga las noches es Andalucía con una diferencia de 5.376 euros más si una enfermera realizase siete noches cada mes durante un año. Muy lejos de los 27.348 euros extra de un médico con las guardias, aunque Andalucía sea la comunidad que mejor paga las noches de enfermería y la que peor paga las guardias de los médicos.

De nuevo, estas cifras no tienen en cuenta la antigüedad. Según datos en poder de la OCDE, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la retribución media anual de un médico en España —con guardias, antigüedad y complementos, sin contar a los MIR— oscila entre los 88.000 anuales de un especialista en medicina familiar y comunitaria, hasta los 107.000 de un radiólogo; los 108.000 de un cirujano general y de aparato digestivo; o los 109.000 de un anestesista. Un pediatra cobraría, de media, 93.000 euros al año y un obstetra, 95.000. Los psiquiatras públicos percibirían 86.000 euros al año.

En cuanto al resto de profesionales sanitarios, una enfermera de atención primaria tiene un salario medio de 53.000 euros y en especializada, 48.000. Las auxiliares de enfermería reciben, de media, 31.000, según estás fuentes.

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han anunciado este jueves un calendario unificado de movilizaciones que arrancará el próximo 14 de septiembre en Extremadura para exigir la equiparación salarial de los 35.000 empleados públicos de la Administración General y la Sanidad autonómica. Las centrales sindicales han advertido de que, si la Junta no desbloquea la negociación de forma inmediata, la escalada de protestas culminará en una jornada de huelga general en toda la administración autonómica el 11 de noviembre.

Las tres organizaciones han acusado a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, de mostrar una “falta de voluntad” absoluta para atajar la discriminación retributiva que sufre el personal extremeño, cuyos salarios se sitúan de media un 20 % por debajo de la media autonómica del resto del Estado. Ante este escenario, los responsables sindicales han exigido a la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, que “se ponga al frente” del diálogo, recordando que la pelota “está en su tejado” tras la ruptura de los contactos el pasado mes de julio. Asimismo, han desmentido la existencia de cualquier reunión con la presidenta fijada para el próximo lunes, aclarando que la cita prevista corresponde a la Mesa de Concertación Social y no aborda este conflicto específico.

Los representantes de CSIF, UGT y CCOO, Benito Román, Manuel Fernández Colomo y Manuel Nicolás Molina, han criticado el agravio comparativo que la Junta genera dentro del propio sector público, al haber acordado recientemente la homologación salarial para el personal docente en Educación mientras mantiene “enquistada” la situación de los trabajadores de la Sanidad y los servicios generales. Los tres sindicatos, que han hecho un llamamiento al resto de centrales sin representación en la Mesa General para sumarse a la protesta, coinciden en que se han agotado las vías institucionales y que la respuesta debe trasladarse ahora a la calle.

El plan de acción arrancará el 14 de septiembre con una ronda de contactos con los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura para forzar su posicionamiento. Diez días después, el 24 de septiembre, las centrales sindicales llevarán la primera movilización a las puertas del Parlamento autonómico. Durante el mes de octubre, la protesta se trasladará de forma semanal a los propios centros de trabajo con concentraciones fijadas para los días 1, 8, 15 y 22, como paso previo a una gran marcha convocada ante la Sede de la Presidencia de la Junta el 29 de octubre. Si para entonces no se produce un acercamiento en la negociación, el sector público autonómico irá a la huelga general el 11 de noviembre.

UGT Servicios Públicos ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el “deficiente” funcionamiento del sistema de climatización del centro de trabajo de la Administración General del Estado de la Carretera de Porzuna, en Ciudad Real.

Lo paradójico del caso es que allí están emplazadas la Subdelegación del Gobierno y la propia Inspección de Trabajo.

“La situación que está obligando a las trabajadoras y trabajadores a desempeñar sus funciones soportando temperaturas excesivamente elevadas, en muchas ocasiones por encima de los 27 grados”, relata el sindicato.

Este edificio también alberga otros organismos dependientes de la Administración del Estado como son la Abogacía del Estado, el Fogasa y la Demarcación de Carreteras del Estado, cuyos empleados y empleadas igualmente han trasladado al sindicato “el deficiente e irregular funcionamiento del aire acondicionado”. En total, son alrededor de 100 las personas que trabajan en estas dependencias.

UGT considera inaceptable que, en pleno verano y ante sucesivos episodios de altas temperaturas, la Administración mantenga a su plantilla en unas condiciones ambientales inadecuadas, con el consiguiente perjuicio para su bienestar, salud y seguridad. Sostiene que la temperatura registrada supera los límites legalmente establecidos como seguros y que estas deficiencias también se producen en invierno.

El sindicato ha trasladado esta circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de que se comprueben las condiciones existentes en el centro de trabajo y se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y seguras. Advierte de que la exposición continuada a temperaturas elevadas durante la jornada laboral no puede considerarse una simple molestia o una cuestión de confort, sino que puede constituir un riesgo para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Sostiene que es un problema que viene de lejos. Durante la primavera y verano del pasado año 2025, los delegados y delegadas de UGT ya detectaron esta irregularidad en las visitas que realizan periódicamente a estos centros de trabajo. Lo trataron por los cauces reglamentarios en la Junta de Personal y en el Comité de Seguridad y Salud Laboral pero aun así no se ha adoptado una solución eficaz y definitiva por parte de la Administración.

Aunque se ha intentado solucionar esta situación, con la adopción de medidas organizativas, como cambiar de ubicación algunos puestos de trabajo y la instalación de aparatos portátiles auxiliares de aire acondicionado, considera que son del todo insuficientes, y así lo han manifestado los compañeros y compañeras que desarrollan su trabajo diario en este edificio.

“No es admisible que las trabajadoras y trabajadores tengan que soportar temperaturas elevadas durante su jornada laboral por el mal funcionamiento o la insuficiencia del sistema de climatización. La Administración debe actuar con responsabilidad y no esperar a que el problema se agrave o termine provocando consecuencias para la salud de su personal”.

UGT Servicios Públicos exige a la Administración que adopte de manera inmediata las medidas correctoras necesarias, garantizando el correcto funcionamiento de los sistemas de climatización y unas condiciones ambientales adecuadas en todos los puestos de trabajo, independientemente de la época del año en que nos encontremos.

Mientras persista la situación, el sindicato pide que se adopten medidas preventivas urgentes para reducir la exposición al calor, especialmente en los momentos de mayor temperatura, y que se informe a la representación legal de las personas trabajadoras sobre las actuaciones previstas.

El sindicato permanecerá vigilante y no descarta emprender nuevas actuaciones sindicales y administrativas si la Administración no adopta con carácter inmediato las medidas necesarias.

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, integrantes de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura, han anunciado este viernes la convocatoria de un calendario de movilizaciones a partir del próximo mes de septiembre. Las protestas de los empleados públicos se trasladarán a las calles y no se descarta la convocatoria de una huelga autonómica ante lo que consideran un “ninguneo” por parte del Ejecutivo regional en la negociación para corregir la brecha salarial respecto a otras comunidades autónomas.

Las tres organizaciones han recordado en rueda de prensa conjunta en Mérida que en abril del año pasado se acordó la creación de una comisión negociadora y cinco grupos de trabajo para redactar un nuevo acuerdo marco. Sin embargo, denuncian que tras un año de espera no se ha producido ningún avance. Según los representantes sindicales, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha ido “dando largas” y aplazando las reuniones escudándose en coyunturas como el adelanto electoral o la tramitación de los presupuestos.

“Ha llegado el momento de que los empleados públicos se expresen en las calles. La brecha salarial es insostenible”, han advertido Manuel Fernández Colo (UGT), Jesús Solaa (CSIF) y Sonia García (CCOO), quienes han reclamado un compromiso presupuestario real para poder sentarse a negociar.

Una diferencia salarial superior al 20%

Según los cálculos del frente sindical, la diferencia retributiva de los empleados públicos de la Junta frente a la media nacional supera el 20% en términos generales. Esta brecha resulta especialmente acusada en la Administración General, un colectivo que abarca a profesionales como bomberos forestales, agentes del medio natural, personal de residencias de mayores, centros de menores y escuelas infantiles, así como gestores de ayudas y servicios esenciales.

Para frenar este desfase, CCOO, CSIF y UGT plantean la necesidad de firmar un acuerdo plurianual —de tres o cuatro años— que permita recortar distancias de forma progresiva tanto en la Administración General como en los sectores de Educación y Sanidad. Los sindicatos han matizado que los incrementos derivados de los acuerdos de ámbito estatal no sirven para subsanar este problema, ya que se aplican de forma homogénea en toda España, por lo que resulta imprescindible una partida presupuestaria autonómica específica.

Las centrales sindicales han criticado además que la última reunión con la Consejería de Hacienda concluyera “de forma unilateral” y lamentan no haber recibido respuesta a una carta remitida directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola. “Extremadura no puede presumir de tener los presupuestos más expansivos de su historia mientras no destina recursos a mejorar las condiciones de quienes sostienen los servicios públicos”, argumentan.

La Junta remite la negociación al Presupuesto de 2027

Por su parte, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha respondido al anuncio de las centrales asegurando que el diálogo social “es una prioridad” para el actual Ejecutivo regional. La responsable de las cuentas autonómicas ha afirmado que la Junta se sentará a abordar la equiparación salarial cuando se determine con exactitud la disponibilidad financiera de la región, en el marco de la elaboración de los Presupuestos de 2027.

Manzano ha defendido la gestión del Gobierno autonómico al señalar que se han saldado compromisos heredados de la anterior administración socialista y aprobado subidas salariales por un valor acumulado de 400 millones de euros, a los que se sumará el incremento previsiones del 5% previsto para el próximo ejercicio.

“Partíamos de una situación de abandono total por parte del gobierno anterior”, ha sostenido la consejera, reiterando que la voluntad de la Junta pasa por corregir estas desigualdades de forma progresiva conforme se despeje el marco de recursos disponibles.

El Ayuntamiento de Santander ha recibido un nuevo revés judicial al ser condenado al abono de las jornadas extraordinarias que el personal de escolta de la alcaldía ha venido realizando desde enero de 2023. La sentencia obliga al consistorio no solo al pago de las retribuciones adeudadas, sino también a abonar los intereses devengados y las costas judiciales del proceso.

Según detalla el delegado de personal del sindicato SIEP, Óscar Gómez, el montante de las horas impagadas asciende a unos 26.000 euros. Según el sindicato, el servicio de escolta ha sufrido una drástica reducción de efectivos, pasando de contar con seis agentes a solo tres. Esta situación se ha visto agravada por la existencia de vacantes en los puestos de conductor, lo que ha obligado a los escoltas a asumir estas tareas adicionales además de sus funciones propias de seguridad.

Esta falta de personal ha derivado en una carga de trabajo que supera la jornada ordinaria, con una media de 30 horas de servicio extraordinario al mes por trabajador. El sindicato ha subrayado que, aunque estas horas se retribuyeron hasta diciembre de 2022, el equipo de gobierno dejó de abonarlas a partir de esa fecha, a pesar de mantener las mismas exigencias de disponibilidad.

Tres años de “silencio administrativo”

El conflicto se remonta a febrero de 2023, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó una propuesta de abono de productividad para compensar estos excesos de jornada. Sin embargo, dicho acuerdo nunca se cumplió. Tras tres años de reclamaciones ante el Consistorio sin obtener respuesta, los profesionales se vieron obligados a recurrir a la vía judicial ante lo que consideran un “atropello” y una muestra de “incompetencia en la gestión de recursos humanos”.

Desde SIEP califican la situación de “kafkiana” y han instado al equipo de gobierno a que no recurra la sentencia “si queda algo de respeto a los profesionales”.

Un conflicto que se extiende a la seguridad ciudadana

Este nuevo revés judicial se une a las suesivas críticas de la Junta de Personal municipal, que ha denunciado una “campaña de desprestigio” contra los empleados públicos y ha señalado que más de una cuarta parte de la plantilla municipal sigue sin cubrirse, afectando gravemente a servicios básicos de la ciudad.

Recientemente, los sindicatos de la Policía Local han calificado de “caos absoluto” el dispositivo del “chupinazo” de la Semana Grande, denunciando que la escasez de efectivos obligó a desplegar apenas siete agentes para un evento que congrega cada año a más miles de personas.

Además, las organizaciones sindicales han puesto el acento en que esta situación de “precariedad material” es insostenible, señalando que la plantilla acumula dos años sin reposición de uniformidad básica, cascos actualizados ni chalecos antibalas operativos. Ante lo que consideran un “fracaso absoluto” de planificación que pone en riesgo la integridad de los trabajadores, los representantes ya han exigido dimisiones políticas y han anunciado que emprenderán medidas legales adicionales.