El Tribunal Supremo ya ha difundido su sentencia en la que reconoce como fija a una interina tras el fallo de la justicia europea del pasado 14 de abril y establece varias vías posibles de sanción para las Administraciones Públicas que abusen de la temporalidad. Los magistrados no reconocen la fijeza para todos los temporales en fraude, sino solo para aquellos que superaron un proceso selectivo, pero no lograron la plaza. Además, establece las condiciones para reconocer indemnizaciones a los afectados, que serían la vía para resarcir a quienes no hubieran superado una oposición y hubieran encadenado contratos temporales de manera abusiva.

Esta nueva sentencia del Supremo, del 11 de mayo, llega después del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de abril que consideró que España no sancionaba adecuadamente la temporalidad abusiva con las herramientas actuales. En concreto, con: la transformación de esos contratos en una relación laboral de “indefinidos no fijos”; el pago de indemnizaciones tasadas en el momento de extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas que tachó de “ambiguo, abstracto e imprevisible”; y también con los procesos selectivos de estabilización, que reconocen la experiencia previa y el tiempo de servicio de las víctimas del abuso en la temporalidad.

Así, el Supremo resuelve en esta nueva sentencia varias vías de sanción para las administraciones y de compensación para los empleados temporales en fraude, de la que destacamos algunas claves más relevantes.

1) Solo a laborales de la Administración

Una de las primeras cuestiones más relevantes es acotar el alcance de esta nueva doctrina del Supremo, que ha dictado la Sala de lo Social del alto tribunal y que alcanza solo a los trabajadores laborales en abuso de temporalidad, pero no a quienes padezcan este mismo fraude en el régimen de Función Pública.

En España hay 3,1 millones de empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, del pasado julio. De ellos, la mayoría se rigen por el régimen de Función Pública, mientras que algo menos de 640.000 empleados son trabajadores “laborales”, algo más del 20%.

La mayor parte de los laborales trabajan para la Administración Local (300.000) y de las Comunidades Autónomas (250.000), con una minoría en el Sector Público del Estado. De este personal laboral, la sentencia solo afectaría a los empleados temporales que han encadenado varios contratos temporales y con una duración inusualmente larga, el abuso de temporalidad que combate la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Su número exacto es difícil de determinar, según los sindicatos de empleados públicos.

2) Declaración de fijeza y no de “indefinidos no fijos”

En el caso concreto que analiza el Supremo, de una interina del Ayuntamiento de Madrid, el Supremo reconoce su condición de “fija” en lugar de la situación de “indefinida no fija” que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La categoría de “indefinidos no fijos” es por la que se había inclinado generalmente el Tribunal Supremo hasta la fecha –salvo una excepción en 2021, de una trabajadora de Aena–. Esta categoría creada en los tribunales de lo Social mantiene a los empleados temporales laborales en sus puestos hasta que la plaza es cubierta formalmente en un proceso de oposición, al que tienen que concurrir y tras el que pueden perder el puesto.

“La recepción de la STJUE Obadal”, la sentencia del pasado 14 de abril, “conlleva que establezcamos la siguiente doctrina”, indica la nueva sentencia del Supremo:

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad” (...) “no resulta contra legem la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión”, contempla la resolución judicial.

Establece así un criterio más amplio para la fijeza en el ámbito laboral, destaca el sindicato UGT y explica el catedrático de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán en el análisis de la sentencia en su blog. “Habrá que ver si la jurisdicción Contencioso-administrativa asume el mismo criterio o, por el contrario, se producirá una fragmentación del ordenamiento jurídico”, afirma Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Adrián Todolí, profesor en la Universidad de Valencia, recuerda que el Contencioso-administrativo “ya ha descartado” la fijeza en múltiples ocasiones en este régimen, por lo que considera poco probable que cambie su postura.

3) Cuándo no procede la fijeza

Los magistrados precisan que no procede la fijeza si no se ha superado este tipo de proceso selectivo. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público de carácter fijo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la CE [Constitución Española] y el TREBEP [Estatuto Básico del Empleado Público]”. Además, considera que “se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, entre otros motivos.

“La conversión automática de todos los contratos de duración determinada con abuso en la temporalidad en contratos fijos de las Administraciones Públicas en modo alguno disuadiría a estas de efectuar en el futuro más contrataciones temporales al margen de esos principios”, consideran los jueces y, por el contrario, advierten de que “se consagraría para el futuro como una vía de acceso al empleo público vulnerando la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Si el trabajador o trabajadora interinos superaron “una convocatoria de acceso a empleo temporal”, tampoco procede la declaración de fijo, añaden los magistrados.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, del magistrado Rafael Antonio López Parada, que apuesta por la fijeza en más situaciones que las que apoya el resto del Pleno de la Sala de lo Social.

4) Indemnización por daños a los afectados

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos para la fijeza en sus puestos, porque no superaron estos procesos selectivos, pueden acceder a indemnizaciones por los daños ocasionados por este abuso, además de las reconocidas hasta ahora al término del contrato. En concreto, “el abono de una indemnización reparadora y disuasoria”.

Los magistrados sientan los criterios para cuantificar estas indemnizaciones por el abuso en la temporalidad pública. Siguiendo la sentencia europea del 14 de abril, la indemnización debe ser una “compensación íntegra del perjuicio y principio de proporcionalidad”, es decir, “no cabe una indemnización meramente simbólica”, ni tampoco debe sobrepasar “el perjuicio sufrido” por el trabajador.

Además, debe “tener en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión, las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso y el perjuicio sufrido como consecuencia de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado”.

Esta indemnización compensatoria “tiene que diferenciar entre los daños materiales”, como las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso, y “los daños morales”, más difíciles de cuantificar.

5) Indemnización mínima de hasta 10.000 euros por daños morales

Para facilitar el cálculo de la indemnización, el Supremo fija “una indemnización presuntiva mínima de los daños morales sin perjuicio de que, si el trabajador acredita unos daños superiores, se indemnicen en su integridad”.

Para ello, utiliza como referencia la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que considera una infracción grave la vulneración de la normativa sobre contratos temporales. Así, en función de las multas en vigor –que se reformaron en 2021– establece una indemnización de:

–“En su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros”, antes del 31 de diciembre de 2021.

–“En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros”, después de esa fecha.

Los magistrados recuerdan además que la LISOS regula un aumento de la sanción en caso de reincidencia.

Eso sí, “cuando el trabajador acredite que, como consecuencia del abuso en la temporalidad, ha sufrido unos daños superiores, se deberán indemnizar en su integridad”, apuntan los jueces. Eso requerirá que “el trabajador acredite el concreto perjuicio sufrido”.

El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo considera que este nuevo pronunciamiento del Supremo aumentará la litigiosidad de los temporales laborales (aunque destaca que el número de procedimientos judiciales en esta materia ya es muy elevado). Tanto de aquellas personas que tengan derecho a ser reconocidas como fijas, como también de quienes tienen derecho a esta nueva indemnización por daños.

6) Instar a que la Inspección de Trabajo sancione a la Administración

Los magistrados recuerdan que la legislación “regula la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios y la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas”, pero la justicia europea consideró que “no se ha acreditado que ese régimen de responsabilidad haya tenido operatividad real”.

Aunque destacan que “corresponde al legislador aprobar las reformas necesarias para la efectividad de esta responsabilidad”, el Supremo considera que “una medida eficaz podría consistir en que, cuando se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad, se remita testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social” para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador contra la Administración pública.

“La imposición de las correspondientes sanciones administrativas a las Administraciones públicas incumplidoras constituye una medida que, junto con la indemnización de daños y perjuicios, sanciona la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Su impacto económico tendrá un efecto disuasorio”, consideran los magistrados.

El Tribunal Supremo ha reconocido a una interina laboral como fija debido al abuso en la temporalidad en su puesto, en un importante fallo que llega tras la sentencia de la justicia europea del pasado 14 de abril que consideró que España no sanciona adecuadamente el abuso de contratos temporales en la Administración Pública. No obstante, los magistrados precisan que la fijeza no será la sanción propicia para todos los casos de abuso de temporales, sino solo para aquellos en los que las personas afectadas hayan superado un determinado proceso selectivo.

El alto tribunal ha adelantado en una nota el sentido del fallo del Pleno de la Sala de lo Social, de ayer 11 de mayo, pero el contenido íntegro de la sentencia “se conocerá próximamente”, apunta. Es importante destacar que su criterio se refiere al empleo público laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, no a los temporales interinos que se rigen por la regulación de Función Pública.

A falta de conocer el detalle de la sentencia, la nota traslada que los magistrados optan por articular varias posibles vías de sanción a la Administración Pública por el abuso de la temporalidad, dado que el TJUE consideró que los actuales son insuficientes.

Fuentes del Ministerio de Función Pública destacan que, con esta sentencia “el Supremo vuelve a aplicar la doctrina ya consolidada por el propio Tribunal”, sobre la imposibilidad de hacer fijos a aquellos trabajadores públicos que encadenen contratos temporales sin haber aprobado una oposición.

“Los principios de igualdad, mérito y capacidad son pilares constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en España basándose en la competencia profesional”, recuerdan en el Ministerio que dirige Óscar López.

Cuándo procede reconocer a la persona interina como “fija”

La nota del Supremo explica brevemente cuándo se puede sancionar el abuso en la temporalidad con la declaración de “fija” del trabajador y trabajadora temporal.

“Solamente cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta contra legem (contra ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija”.

En ese caso, “esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad” que exige la Constitución Española, recuerdan los magistrados. Dada la vulneración posterior de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada, “evidencia una necesidad estructural de trabajadores”, que “obliga a dicha conversión”, explica la nota.

En este caso concreto, el Supremo analiza el abuso en la temporalidad de una interina laboral del Ayuntamiento de Madrid, que aprobó un consurso oposición –consistente en un solo examen– para “Operario/a de instalaciones deportivas municipales”, y que no sacó la plaza, tras lo que encadenó varios contratos temporales con el consistorio de la capital.

“La aplicación de la citada doctrina al caso concreto, en el que la actora había superado dicho proceso selectivo y posteriormente se había producido un abuso en la temporalidad, conlleva que se declare que su relación laboral es fija”, indica la nota del Supremo.

Cuando no procede la fijeza: otras vías de sanción

Sin embargo, los magistrados precisan que esta declaración como persona trabajadora fija no procede en todos los casos. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, argumenta el Supremo.

En estos casos, “las medidas adecuadas para prevenir y reparar el abuso en la temporalidad” y garantizar la eficacia de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada son “el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados en la citada sentencia del TJUE y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador”, recoge la nota.

Así, estos dos mecanismos de sanción alternativos podrían acordarse para resarcir para aquellas personas que hayan sufrido un abuso en la contratación temporal, pero que no accedieran a su puesto tras superar un proceso selectivo, como una oposición. Una sentencia reciente reconoció precisamente una indemnización de 52.000 euros a una empleada pública por los años de abuso de temporalidad cuando era interina.

Fuentes de Función Pública subrayan que “el problema del exceso de trabajadores temporales afecta en especial a Comunidades Autónomas, con una tasa del 40% de empleados eventuales” y recuerdan que la Administración General del Estado solo tiene el 4,7% de sus trabajadores con un contrato temporal, por lo que “cumple los requisitos de temporalidad”.

Tras la sentencia europea del 14 de abril y el avance del procedimiento de sanción abierto por Bruselas contra España solo unos días después, el Ministerio de Óscar López constituyó un grupo de trabajo con las comunidades autónomas “para atajar el abuso de la figura de la temporalidad”, añaden en el Ministerio.

__

RECTIFICACIÓN: En una versión anterior de este artículo se informaba de forma incorrecta del caso particular que había estudiado el Supremo( el de una interina de la Comunidad de Madrid), que es el que analizó la justicia europea, pero no el que analiza en esta sentencia el alto tribunal.

El Ministerio de Función Pública ha convocado este jueves a las comunidades autónomas para abordar el problema de la elevada temporalidad en la Administración Pública, concentrada sobre todo en las administraciones regionales y locales y que puede suponer a España una multa de la Comisión Europea. El departamento de Óscar López ha planteado al resto de Administraciones la urgencia de tomar medidas, según fuentes de la reunión, que ha concluido con un acuerdo para formar dos grupos de trabajo que aborden este tema y en las que se evaluarán “posibles cambios normativos”.

La reunión de este jueves tiene lugar tras la sentencia del pasado 14 de abril de la justicia europea, que volvió a considerar que España no sanciona adecuadamente la temporalidad abusiva de los empleados públicos, así como del nuevo apremio de la Comisión Europea a España a que cumpla con la reducción de temporales en la Administración Pública y con una protección adecuada de estos trabajadores ante los abusos en la temporalidad, dentro de los expedientes sancionadores iniciados contra nuestro país en 2014 y 2015.

Bruselas ha dado dos meses a España para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción, que puede desembocar en una multa económica para España.

Tras el pronunciamiento de Bruselas, el 29 de abril, el Ministerio de Óscar López subrayó que el problema de la temporalidad pública está concentrado principalmente en las CCAA, “con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”. Especialmente, en los sectores de Educación y Sanidad, con tasas de temporalidad del 40% y 43%, respectivamente.

Posibles “cambios normativos”

Por ello, Función Pública convocó a las comunidades a una reunión, que ha tenido lugar este jueves por la mañana, presidida por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez.

El encuentro –en un clima “constructuvo”– ha tenido lugar en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, un órgano de carácter técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Este aborda problemas comunes en materia de Función Pública entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la reunión, el Ministerio ha acordado con las comunidades autónomas dos grupos de trabajo. Por un lado, convocar nuevamente el Grupo Técnico de Selección, que ya ha existido con anterioridad para reducir la temporalidad pública, y, por otro, crear un nuevo grupo que estudie “posibles cambios de normativa”, explican fuentes de la negociación.

419.000 plazas estabilizadas

Función Pública ha facilitado los últimos datos de los procesos de estabilización, que superan las “419.000 plazas” y ha pedido a las comunidades que actualicen y hagan llegar al Ministerio sus cifras para tener una fotografía completa de los puestos temporales que se han convertido en fijos.

En todo caso, en el Gobierno consideran que España ha cumplido con el objetivo comprometido con la Comisión Europea, de cubrir al menos con trabajadores fijos 300.000 plazas en los tres niveles de la Administración que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales.

En 2021, España aprobó una ley para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas, pactada con Bruselas, que el Ejecutivo considera que está funcionando ante la reducción de la tasa de temporales públicos de los últimos años.

Esta tasa –que mide los empleados temporales sobre el total– se ha reducido en los últimos años del 32,7% en 2022 al 26,8%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

No obstante, hay muchas diferencias según el tipo de Administración. El peso de los temproales es muy inferior en la Administración Central, del 5%, mientras que en las comunidades escala al 34% y en la adminsitración local al 36%, según los datos del INE analizados por El País.

Principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos laborales, que quedó imposibilitada tras la última reforma de pensiones. El Ministerio que dirige Elma Saiz está ultimando un decreto ley con la medida, pero quiere incorporar más elementos en la norma, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas, pero que aún no están del todo cerrados y algunos sobre los que aún no hay consenso, explican fuentes sindicales.

Junto a acabar con el recorte “de golpe” en la jubilación anticipada de las pensiones máximas, resuelto hace unas semanas, los sindicatos mayoritarios exigieron al departamento de Saiz desbloquear por fin la jubilación parcial de los empleados públicos laborales para seguir negociando cualquier otra cuestión con la Seguridad Social.

Hace dos años, la jubilación parcial de los laborales de la Administración Pública se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para mejorar las condiciones laborales en la incorporación de los relevistas. Esta obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la Administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad.

Se permitirá que los relevistas sean interinos

Este lunes, y tras muchos meses de conversaciones para tratar de alcanzar una solución, CCOO y UGT han anunciado que la medida está a punto de cerrarse, posibilitando que el puesto de relevista se cubra con trabajadores temporales interinos vinculados a una próxima convocatoria de empleo público, una opción que reclamaban los sindicatos desde el inicio.

“Se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo”, explica Comisiones Obreras en un comunicado.

CCOO ha reclamado que la medida sea aprobada “sin demora” en un real decreto ley, en el que considera que también debería quedar solventada la misma situación para los trabajadores funcionarios y estatutarios de la Administración Pública. El sindicato plantea una reforma “ya” del artículo “67 del Estatuto Básico del Empleado Público”, de manera que no se espere a la reforma integral del TREBEP que está tramitándose enel Parlamento.

Viudedad de parejas de hecho sin registrar y otras medidas

Los sindicatos explican que el Ministerio de la Seguridad Social está preparando un real decreto ley con la jubilación parcial de los laborales públicos, pero en el que quiere incluir más medidas pendientes en materia de pensiones y algunas otras referentes a la incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad).

Entre las primeras destaca el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas formalmente que tengan hijos en común o que acrediten una larga convivencia. Aunque los detalles de la medida están por cerrar, en los sindicatos consideran que se podría culminar en breve y que se incluyera la medida en el real decreto ley.

Sin embargo, hay otras cuestiones menos avanzadas e, incluso, aún controvertidas que también se está debatiendo si formarán parte de la norma, lo que podría retrasarla un poco todavía. Principalmente, propuestas sobre incapacidad temporal, que el Ministerio de la Seguridad Social querría incluir para tratar abordar el gran aumento de las bajas laborales por enfermedad.

Desde los sindicatos explican que hay algunas medidas que sí podrían salir adelante, relativas a la agilización de procedimientos, como “la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado”, pero hay otras que creen que requieren más debate y que deberían abordarse con más calma para otra futura ley.

En UGT han insistido por su parte en que se modifique también de manera urgente el reglamento que da acceso a la jubilación anticipada por penosidad en el sector aéreo y que excluye ahora a las azafatas (tripulantes de cabina). Una “situación absurda” y “discriminatoria” que afecta al colectivo, muy feminizado, frente a otros más masculinizados, como el de los pilotos, ha denunciado el sindicato.

La batalla de los empleados públicos por la jornada laboral de 35 horas a la semana ha saltado de pantalla. El acuerdo para la reducción horaria de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), que se prevé que se apruebe este mes de abril, ha desatado una campaña de los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF para tratar de trasladar este horario también a todos los ayuntamientos del país. Aunque algunos ya tienen implantada las 35 horas semanales, como Madrid y Zaragoza, “otros muchos no”, precisan los representantes de los trabajadores.

La reclamación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración local no es nueva. Hay ayuntamientos que la tienen implantada desde hace muchos años, como la capital, y otros que la han ido pactando más recientemente, como hizo hace pocos meses Barcelona. Durante la pasada crisis financiera se interrumpieron muchas de estas reclamaciones e incluso se revirtió la medida en algunas administraciones, como ocurrió durante algunos años en Madrid.

Ahora, con su implantación para los funcionarios del Estado, los sindicatos han visto una nueva oportunidad para tratar de llevar las 35 horas a los empleados públicos municipales.

¿Una vía legal para la implantación?

CCOO, UGT y CSIF consideran que la aprobación de este horario en el Estado abre una vía legal para trasladarla a los ayuntamientos, algo que rechaza tajantemente el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, donde insisten en que las 35 horas afectan exclusivamente a los empleados públicos de la Administración General del Estado, sin ninguna traslación de lo pactado a las entidades locales.

Es cierto que el texto del acuerdo para reducir la jornada a un promedio de 35 horas a la semana (1.533 horas al año) suscrito el pasado marzo menciona exclusivamente a los empleados públicos de la Administración central. Sin embargo, CSIF, CCOO y UGT consideran que “hay base legal” para reclamarla en los ayuntamientos.

Los sindicatos señalan para ello a la Ley de Bases de Régimen Local, que en su artículo 94 establece que “la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada”.

Sin embargo, en Función Pública indican que este artículo “no es de aplicación”, ya que por una disposición adicional en los Presupuestos de 2018 se estableció que la jornada en el sector público sería de 37 horas y media, con la posibilidad de que cada Administración pactara una jornada diferente, si así se negociaba en su mesa de negociación colectiva y se cumplía el objetivo del 8% de temporalidad.

La disposición incluyó expresamente para los ayuntamientos: “De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva”.

La interpretación de este párrafo enfrenta al Ministerio con los sindicatos. CCOO, UGT y CSIF consideran que esa mención a “la normativa aplicable a entidades locales” mantiene la vigencia del artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local y que permite que los ayuntamientos insten a la traslación de las 35 horas de jornada.

Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia, considera que esa mención al carácter “supletorio” de la regulación estatal implica que en los consistorios “donde haya negociación colectiva regulando jornada esto no es directamente aplicable. Ahora bien, en ayuntamientos sin acuerdo de negociación colectiva sí”, valora.

Otras fuentes jurídicas consultadas tienen más dudas. Coinciden en que esta interpretación puede ser válida, pero también la del Ministerio de Función Pública, que sostiene que prevalecen las 37 horas y media aprobadas en 2018, salvo pacto expreso de cada administración en su negociación colectiva.

“Medio millón” de trabajadores afectados

Con esta batalla interpretativa de leyes de fondo, los sindicatos están dando ya los primeros pasos para tratar de alcanzar las 35 horas de jornada en cada consistorio.

CSIF ha instado a todos los ayuntamientos a negociar la implantación de esta reducción de jornada (ya que hay que ajustar calendarios y en ocasiones plantillas) y CCOO también ha informado de que “está coordinando a todos sus delegados y delegadas sindicales” en cada consistorio del país para emplazar a la negociación de las 35 horas. En UGT también están apoyando esta medida, indican a elDiario.es en la organización sindical.

CCOO estima que la reducción horaria está por aplicar para la gran mayoría de los trabajadores públicos de entidades locales, que alcanzan a un total de 632.000 personas según el último Boletín estadístico de del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. “Más de 500.000 empleados y empleadas públicas se van a beneficiar por esta reducción de jornada, que de momento solo estaba implantada en algunas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, entre otras”, sostiene el sindicato. 

Este medio millón de trabajadores “incluye a personal funcionario y personal laboral”, precisa Juan José Regatos, secretario general del Sector de Administración Local de FSC-CCOO, que considera que “no hay ya ninguna duda legal” para volcar las 35 horas a los funcionarios locales y, de manera paralela, a los laborales de los consistorios.

Regatos explica que lo idóneo es que la reducción horaria sea dialogada y pactada en el seno de las mesas de negociación de cada ayuntamiento, pero no descarta que pueda haber algún conflicto que requiera de movilización y que, en algunos casos, acabe judicializado.

Un acuerdo “histórico” en el que los empleados y empleadas públicas del Estado conquistan por primera vez una reducción de su horario laboral a las 35 horas semanales. El Gobierno ha firmado este viernes con la mayoría sindical la medida, comprometida en 2022, y que por fin se llevará a la práctica a partir del mes de abril, como ha anunciado el ministro de Función Pública, Óscar López, en una entrevista en el VI Foro económico de elDiario.es.

Tras terminar de atar los últimos flecos durante varias reuniones esta semana, el acuerdo sobre la jornada de 35 horas semanales se ha suscrito este viernes por la mañana en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado, entre el Ministerio de Función Pública y la mayoría de sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). Por su parte, ELA y CIG no lo han firmado, por considerar que el texto no tiene “las garantías suficientes”, indica el sindicato gallego.

A continuación, recogemos algunas de las cuestiones clave del acuerdo, que los sindicatos mayoritarios han celebrado como un avance para mejorar la conciliación y la productividad de la plantilla de empleados públicos del Estado.

¿A quién afecta?

La jornada de las 35 horas semanales alcanza a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), celebran los sindicatos firmantes, que cifran alrededor de las 246.000 personas. Aunque se suele mencionar la afectación de los funcionarios, la medida también alcanza al personal estatutario y laboral de la Administración General del Estado.

El alcance de la medida ha sido precisamente uno de los escollos durante la negociación, porque en un principio se planteó que la medida excluyera a algunos colectivos con más dificultades para implantarla, como a Instituciones Penitenciarias, que trabaja a turnos, y al personal con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), así como al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, explican en CCOO.

Finalmente, el acuerdo incluye a “toda la Administración” General del Estado, celebran CCOO, UGT y CSIF, para los que este punto era clave para suscribir el pacto con el Gobierno.

¿Cuál es la jornada anual?

Aunque en los debates públicos sobre la jornada laboral se suelen abordar en términos semanales, la realidad es que la jornada tiene un enfoque anual.

Así, el acuerdo recoge el compromiso de implantar “una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales”.

¿Qué pasa con las jornadas con “especial dedicación”?

El pacto para implantar las 35 horas semanales en promedio anual conllevará la adaptación de la jornada del personal con “régimen de especial dedicación”. Esta pasará de las 40 horas actuales a las 37 horas y media semanales de trabajo efectivo, “sin perjuicio de las prolongaciones de jornada que, con carácter excepcional, puedan resultar necesarias por razones del servicio, de conformidad con la normativa aplicable”, recoge el acuerdo.

“Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo serán objeto de adaptación, previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada general de 35 horas semanales y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”, recoge el texto.

¿Cuándo se aprobará la medida?

El compromiso del Gobierno con los sindicatos es aprobar formalmente una resolución con la reducción horaria en 15 días. El ministro Óscar López lo ha confirmado en el Foro económico de elDiario.es con un marco temporal concreto: “La primera quincena de abril”.

“La nueva regulación establecerá la duración de la jornada general, su distribución y las adaptaciones organizativas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos”, recoge el pacto.

¿Y cuándo se aplicará?

A partir de su aprobación formal, cada Ministerio, organismo y entidad de la Administración General del Estado (AGE) deberá negociar la medida y adaptarla a los calendarios laborales de su servicio público específico.

En algunos casos, la medida podrá ser inmediata prácticamente, sostienen en los sindicatos mayoritarios, mientras que en otras plantillas requerirá de más negociación porque es más compleja su implantación. Es el caso de los trabajos a turnos, como en Instituciones Penitenciarias, entre otras.

El acuerdo recoge una condición para la implantación de la medida, que “se llevará a cabo garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”. Así, fuentes sindicales reconocen que en algunos casos, la reducción horaria puede requerir de refuerzos de personal o de reorganización de equipos, procesos que pueden llevar algo de tiempo, pero que son necesarios para garantizar también los servicios prestados.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Servicio Riojano de Salud está realizando contrataciones “irregulares” de administrativos en los contratos programa, “incumpliéndose la normativa que rige este tipo de contrataciones”, según han advertido.

Ha relatado que existen dos listas de empleo temporal (LET) de la categoría de Administrativo en el SERIS, elaboradas conforme a unas bases y a partir de la realización de un proceso selectivo público (concurso - oposición) y que se encuentran publicadas en la página web de Rioja Salud para garantizar la transparencia del proceso.

La primera LET, ha dicho CSIF, está formada por personas que aprobaron el examen de oposición pero no superaron la fase de méritos y por lo tanto no obtuvieron plaza fija. La segunda, por las personas que se presentaron al examen de oposición pero no la superaron.

CSIF ha asegurado tener conocimiento de que en los contratos que se han ofertado a los profesionales que se encuentran en estas LET, “no se ha respetado el orden de puntuación”. De este modo, tal y como ha relatado CSIF, “se ha creado enfado entre los trabajadores del Hospital San Pedro que se sienten estafados por una Administración que no respeta ni las propias normas que ella misma pone, ni el esfuerzo y los méritos de los trabajadores que tienen mejores puntuaciones”.

CSIF ha informado de que ha solicitado por escrito al SERIS que dé una explicación a esta “irresponsable” gestión del personal y “el silencio administrativo ha sido su respuesta”. Por ello, ha añadido, también se ha preguntado en Mesa Sectorial el pasado 5 de marzo, donde “faltó a la verdad la Administración al insistir que ellos siguen el orden de la lista temporal”.

CSIF exige al SERIS que respete el orden de las LET en todas las categorías profesionales y que éstas se actualicen en función de los procesos selectivos. También, que se reanuden las reuniones de trabajo entre la Administración y las organizaciones sindicales para una correcta gestión de las LET ya que la Administración por sí sola no actúa con la debida transparencia que se le presupone y debería tener.

Los funcionarios de la Administración General del Estado verán cubierta en el próximo mes una de las reivindicaciones que los sindicatos del sector han puesto sobre la mesa una y otra vez en los últimos años. La jornada laboral de 35 horas, pactada en el penúltimo acuerdo marco, firmado en 2022, entrará en vigor previsiblemente en marzo, después de que el Gobierno iniciase los trámites a finales de enero. En la práctica, será una reducción de jornada para cerca de medio millón de empleados públicos.

En los últimos meses, los funcionarios han ido viendo resueltas algunas de las tensiones con el Ejecutivo, que elevaron la conflictividad en 2025. Ese año comenzó con la crisis de Muface abierta, una negociación salarial pendiente que afectaba a más de tres millones de empleados públicos y el objetivo de rejuvenecer las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) ante el reto de una cascada de jubilaciones, que culminarán con el retiro de la mitad del personal en la próxima década.

Ahora la lista de tareas pendientes tiene que ver, sobre todo, con lo relativo al cumplimiento del acuerdo marco rubricado con los sindicatos a finales de noviembre, pero con los grandes temas que mantuvieron en vilo a miles de funcionarios resueltos, al menos de momento: la mutualidad garantizada y una subida de sueldo del 11% hasta 2028.

Uno de los grandes retos que afronta el Estado es la edad de las plantillas que trabajan para él. El Ejecutivo ha logrado revertir la tendencia de envejecimiento de su personal. La edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado en el Gobierno Central ha descendido en los últimos seis años y se sitúa ya en los 49,9 años, frente a los 51,6 que registró en 2019 y 2020, según los datos del último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado en diciembre.

Este descenso en la edad media de las plantillas de los empleados públicos del Estado viene acompañada de varias ofertas públicas de empleo cuantiosas en cuanto a incorporación de efectivos, después de los años de austeridad y recortes tras la crisis financiera. En total, desde 2023 se han convocado más de 100.000 plazas de nuevo ingreso, con un llamamiento récord en 2024, con 40.000 posiciones.

Estas ofertas de empleo no se traducen en incorporaciones inmediatas, que tienen cierto decalaje, en función de las administraciones y la organización y desarrollo de las oposiciones. De hecho, uno de los compromisos que el Ministerio adquirió con los sindicatos durante las negociaciones para el acuerdo fue la “agilización y mejora de los procesos selectivos”, que las organizaciones sindicales quieren limitar a un año de duración.

Con todo, como muestra el siguiente gráfico, el número de trabajadores públicos en España en el conjunto de las administraciones —Estado central, comunidades autónomas y entidades locales— ha aumentado notablemente en los últimos años. Según los últimos datos disponibles, hay 3,1 millones de empleados públicos, 136.632 más que en 2023, el año más antiguo con el que se pueden comparar. Entonces, el Ministerio realizó modificaciones metodológicas, con la inclusión de todos los contratos temporales, y no solo los que tengan una duración superior a seis meses; personal en formación o prácticas; se simplifican fuentes administrativas en lo relativo al personal de las universidades públicas; y se deja de publicar información desagregada del personal del Poder Judicial.

Pese a ese salto en el gráfico, por el cambio metodológico, la curva permite apreciar un cambio de tendencia claro, tras la caída en el número de trabajadores públicos desde la primera década de los 2000 y la estabilización entre 2013 y 2020, cuando se eliminó la tasa de reposición. El Gobierno se comprometió hace un par de años a eliminar para 2025 este mecanismo, que limita el lanzamiento de plazas en las ofertas de empleo público en función del número de bajas que se van a producir y que se actualiza en cada ley de Presupuestos Generales del Estado, pero que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo ha dejado en pausa.

La eliminación de la tasa de reposición es una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y una de las anotaciones en la lista de 'pendientes' del Ministerio de Función Pública, que hace unas semanas se comprometió a crear un mecanismo alternativo que sustituya de manera progresiva a esta herramienta.

Un análisis exhaustivo del Boletín Estadístico permite desgranar dónde trabajan los funcionarios. Al margen del detalle de los centros, instituciones, ministerios, provincias o administraciones, la mayor parte del personal que se dedica al sector público trabaja para las comunidades autónomas. No es casualidad que estas tengan transferidas las competencias en sanidad y en educación, dos partidas que agrupan a casi uno de cada dos trabajadores, con más de 1,4 millones de efectivos, según los últimos datos estadísticos del ministerio, de julio de 2025. De hecho, hace unos días, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destacaba la contratación de 19.400 personas más para reforzar la sanidad en diciembre.

Los ayuntamientos contratan al 18% de los empleados públicos del Estado, más de medio millón, y las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil al 9%, unos 280.000 efectivos, a los que habría que sumar los 28.700 miembros de las policías autonómicas.

Al margen del personal funcionario de las corporaciones y entidades locales y las comunidades autónomas, la Administración General del Estado —a grandes rasgos, los trabajadores públicos que dependen de los ministerios— ha conseguido frenar la sangría de personal, que venía produciéndose desde hacía años, en una tendencia que se revirtió a partir de 2021, cuando el número de altas superó al de bajas. Si aquel año esta diferencia fue de apenas unos cientos, en 2024, los últimos datos disponibles, se incorporaron más de 18.000 nuevos empleados, frente a los 9.800 que se jubilaron o causaron baja.

Entre 2021 y 2024 hubo un total 36.423 salidas y 48.304 entradas, con un saldo positivo de 11.881 trabajadores en la Administración General del Estado. Unos datos que no incluyen al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia, las entidades públicas empresariales y las universidades públicas no transferidas.

Según el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2025 y proyección futura a 2035, en la próxima década se jubilarán la mitad de los funcionarios de carrera, un 49,53%. Son 67.488 efectivos, a los que habría que sumar otros 22.242 de personal laboral fijo. En total, 89.730. “Los colectivos que se verán más influenciados, con una estimación de que más del 50% de su plantilla actual estará jubilada en 10 años, son los subgrupos E, C2, B y C1. El más significativo por porcentaje y número de bajas el subgrupo C2, con un 74,92% y 15.979 bajas. Para los subgrupos superiores se estiman porcentajes de baja inferiores al 50%: el A2, con 12.439 bajas y un 36,51%; y el A1, con 9.574 que corresponden a un 33,57%”, indica el trabajo.

El proyecto de ley de Función Pública, que se cursa en el Congreso, contempla dos medidas relativas a la jubilación. Por un lado, recuperar la parcial anticipada que Rajoy eliminó en 2012 y, por otro, alargar la forzosa, que permite a los funcionarios que lo deseen seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, hasta los 72 años. La primera, tras un pacto con los sindicatos y la segunda sin el apoyo de estos, pero ambas atascadas en el trámite parlamentario.

A julio de 2025, el porcentaje de trabajadores de la AGE que llegarán a la edad de jubilación en cinco años o menos había descendido. Fueron tan solo cuatro décimas, hasta el 18,6%, pero rompe una racha ascendente. Crecen, no obstante, quienes deciden alargar su vida laboral, hasta el 4,2%. Al otro lado de la tabla, aumentan los trabajadores jóvenes. Actualmente, el 21,7% tienen menos de 40 años, frente al 11,6% de hace cinco años.

Pese a la reducción de la edad media y la entrada de personal joven, en una comparativa con otros sectores o grupos de trabajadores, el personal de la AGE continúa siendo el más envejecido, con el 57% de las plantillas por encima de los 50 años. La mayor diferencia se da con los asalariados del sector privado, donde solo el 30,8% superan esa edad, seguido del 35,1% de la población activa en España o el 45% de los asalariados del sector público.

La CSIF ha denunciado “la falta de voluntad del Gobierno de La Rioja para mejorar las condiciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma”. En las mesas de negociación la Administración riojana se escuda en que le Ley Estatal solo permite recuperar lo que se quitó y “se niega reiteradamente a actualizar las cantidades para carrera profesional y ayudas sociales”, pero según advierte CSIF, “la realidad es que en el año 2024, 7,95 millones de euros destinados a personal se quedaron sin ejecutar”.

Para CSIF, “este hecho desmonta el mantra de que no hay dinero que la Administración utiliza como excusa para mantener congeladas las ayudas sociales y paralizada la carrera profesional. ¿A qué se han destinado los 7,95 millones que faltan?”, se pregunta el sindicado.

El Gobierno regional se “excusa”, tal y como asegura CSIF, en la falta de presupuestos generales del Estado para justificar “su inacción” pero tanto la carrera profesional como las ayudas sociales son competencia exclusivamente autonómica, por lo que es “el propio Gobierno de La Rioja el que además de no invertir en la mejora de los sus trabajadores, insulta su inteligencia intentando engañarlos contando que ”el malo“ de la película es el Gobierno Central y no ellos”.

La carrera profesional, que reconoce el desempeño, la experiencia y la formación continua “es un derecho de los empleados públicos riojanos que ha sido bloqueado por decisión política, al igual que ocurre con las ayudas sociales que están congeladas mientras sube el coste de la vida”, denuncia CSIF. “Este concepto depende exclusivamente de la voluntad política del Gobierno de La Rioja, no hay ninguna prohibición que impida su mejora y negarse a hacerlo, mientras no se ejecuta el presupuesto destinado a personal, revela con claridad que el ejecutivo desprecia, una vez mas al personal público”.

CSIF denuncia que el malestar en los centros de trabajo es creciente ya que no es solo una cuestión de cifras sino de “dignidad profesional”. “Las Mesas de Negociación se convocan sin contenido, sin propuestas reales y el Director General de la Función Pública alarga los plazas de manera premeditada. No se puede afirmar que no hay dinero cuando los propios presupuestos demuestran lo contrario”, critican

CSIF insta al Gobierno de La Riojaa rectificar y “bastaría con utilizar los recursos ya presupuestados para su finalidad original”, consideran. “Debe presentar propuestas concretas que desbloqueen la carrera profesional y actualizar las ayudas sociales a cifras dignas”.

La nit cau sobre Son Banya: carrers de terra, portals mig oberts, cotxes que entren i surten sense fer massa soroll i mirades que es creuen amb la rapidesa de qui no vol deixar rastre. En aquest poblat xabolista situat als afores de Palma, on la compravenda de droga forma part del paisatge quotidià i la presència policial és tan habitual com la desconfiança, un vehicle crida l'atenció dels agents de la Policia Nacional a la sortida del considerat major 'supermercat' de la droga a Mallorca. En inspeccionar-lo, troben diversos grams de cocaïna i, al maleter, uniformes de la Policia Local de Capdepera. Al turisme viatja un policia que, pel que sembla, acaba d'abastir-se de substàncies estupefaents, una circumstància que, malgrat estar fora de servei, li passarà factura.

Els fets van tenir lloc el passat mes de novembre. Després de tenir coneixement del succeït, l'Ajuntament d'aquest municipi va decidir suspendre d'ocupació i sou durant 102 dies l'agent a l'empara de la Llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears. En el seu article 69 q., aquesta norma considera una falta greu -com la que s'ha aplicat en aquest cas- “emborratxar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb caràcter habitual o afectin a la imatge del cos”. El precepte afegeix que “s'entén que hi ha habitualitat quan s'acrediten tres o més episodis d'embriaguesa o consum d'aquestes substàncies en un període d'un any”.

La resolució dictada pel Consistori, avançada per Última Hora i a la qual ha tingut accés elDiario.es, s'acull, així mateix, a l'article 69 y., que apunta a la “infracció de deures o obligacions legals inherents al càrrec o a la funció policial, quan es produeixin de forma greu i manifesta”. El document municipal inclou com a sanció accessòria la imposició d'un canvi de destinació de l'agent -integrant de la unitat nocturna- a una unitat sense accés a armes de foc si no s'acredita que ha deixat el consum. Una clàusula que no és habitual en tots els cossos, però sol aplicar-se en el cas d'agents amb accés operatiu a armes, com succeeix en aquest cas.

L'Ajuntament de Capdepera ha suspès d'ocupació i sou l'agent durant 102 dies a l'empara de la Llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, que considera una falta greu 'emborratxar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb caràcter habitual o afectin a la imatge del cos'

Un debat incòmode per a les institucions

El cas reobre un debat incòmode per a les institucions: fins a quin punt l'exigència d'exemplaritat recau sobre els membres dels cossos policials fins i tot quan estan fora de torn i com es gestiona la confusa frontera entre la vida privada i la credibilitat pública dels qui porten una arma i representen l'Estat. Una circumstància, a més a més, que esdevé un desafiament en regions com Balears, que combinen un flux constant de turisme internacional amb rutes afavorides per la logística marítima, i on el transport, la distribució i el consum de drogues s'entrellacen amb la vida quotidiana de zones com Son Banya, un dels principals focus de venda d'estupefaents i escenari d'operacions policials com la que, a l'agost de l'any passat, va desarticular una de les xarxes de narcotràfic més grans que han operat a Mallorca.

De fet, el cas del policia local de Capdepera no és aïllat. A l'octubre de 2022, el Tribunal Suprem va confirmar la sanció imposada a dos guàrdies civils que, al gener de 2019, van ser interceptats per la Policia Municipal de Madrid a la sortida d'una barraca “sospitosa” de la Cañada Real per “ésser-hi emprada per al tràfic de drogues, consum i menudeig”. Els dos agents, que es trobaven fora de servei, van donar positiu en drogues i alcohol, per la qual cosa se'ls va obrir un expedient com a autors d'una falta “molt greu” d'“abús i atribucions que causi greu dany als ciutadans o a l'Administració”. La sanció va ser confirmada pel Tribunal Militar Central. Els funcionaris van recórrer davant el TS en considerar que s'havia vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva, la seva presumpció d'innocència i el seu dret a un procés amb totes les garanties. Els magistrats van avalar la mesura disciplinària.

A l'octubre de 2022, el Tribunal Suprem va confirmar la sanció imposada a dos guàrdies civils que van ser interceptats a la sortida d'una barraca "sospitosa" de la Cañada Real (Madrid) per "ser-hi emprada per al tràfic de drogues, consum i menudeig". Els dos agents, que es trobaven fora de servei, van donar positiu en drogues i alcohol, per la qual cosa se'ls va obrir un expedient com a autors d'una falta "molt greu"

Al desembre de 2022, un guàrdia civil va ser identificat al barri de La Tafalera d'Elda (Alacant): portant una xeringa, es va identificar com a agent de l'Institut Armat i “toxicomaníac” i va manifestar als policies que es trobava sota la síndrome d'abstinència i que anava a comprar droga. El funcionari va ser sancionat per falta greu per haver protagonitzat “conductes greument contràries a la dignitat de la Guàrdia Civil”, mesura que va ser confirmada pel Tribunal Militar Central. La sentència assenyalava que “els membres de la Guàrdia Civil han de mostrar un comportament irreproxable en tot moment, no només en acte de servei, també en relació amb tercers”.

Per contra, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va anul·lar el 2017 una ordre de suspensió d'ocupació imposada a un agent de la Policia Nacional que va donar positiu en drogues en una prova capil·lar: l'anàlisi va determinar que havia consumit substàncies psicotròpiques després d'assistir a un macrofestival a Arganda. La sentència, consultada per elDiario.es, no posa en dubte els fets -que considerava “incontestables”-, ni les proves -es van dur a terme i fins i tot l'agent va prestar el seu consentiment exprés per a les mateixes-. La sanció va quedar sense efecte, tanmateix, per un motiu que els magistrats consideraven clau: l'Administració no havia acreditat l'element que exigeix el tipus disciplinari aplicat, és a dir, que el consum fos habitual -definit habitualitat com a tres o més episodis en un any- o que hagués afectat la imatge del cos, tal com exigeix la llei que regula el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia.

En el cas dels policies nacionals, la normativa que regula el seu règim disciplinari exigeix que l'Administració acrediti que el consum és habitual -tres o més episodis en un any- o que afecti la imatge del cos

El límit entre el públic i el privat

La lògica que sol sostenir les resolucions judicials que sí han confirmat sancions d'aquest tipus rau en el fet que la via disciplinària no sanciona únicament el fet de consumir, sinó el que aquest comportament projecta sobre la institució: la idea que un agent pot estar vulnerant, encara que sigui en la seva esfera privada, allò mateix que té el deure de prevenir i combatre, erosionant amb això la confiança pública i l'autoritat del cos. Fonts sindicals consultades per aquest periódic asseveren que aquesta confluència de factors no només situa el consum de drogues com a preocupació de salut i seguretat, sinó que intensifica la sensibilitat pública sobre la conducta dels agents encarregats de fer complir la llei.

La lògica que sol sostenir les resolucions judicials que han confirmat sancions d'aquest tipus rau en el fet que la via disciplinària no castiga únicament el fet de consumir, sinó el que aquest comportament projecta sobre la institució: la idea que un agent pot estar vulnerant, encara que sigui en la seva esfera privada, allò mateix que té el deure de prevenir i combatre, erosionant amb això la confiança pública i l'autoritat del cos

Les Policies Locals, a més de regir-se per les lleis generals, se sotmeten a reglaments disciplinaris propis de cada comunitat autònoma o municipi. En el cas de Balears, la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals regula de forma exhaustiva les faltes i sancions que poden imposar els ajuntaments als seus agents, des de les lleus fins a les molt greus. Els cossos policials a Espanya compten, a més, amb estatuts de conducta que, a més de sancionar actes delictius, regulen conductes que poden afectar la imatge institucional. Encara que consumir drogues fora de servei no és necessàriament un delicte -en molts casos pot constituir únicament una infracció administrativa- sí que pot ser considerat una falta disciplinària, especialment quan es tracta de personal la feina del qual és fer complir la llei.

Els informes oficials sobre consum de substàncies estupefaents, com l'enquesta ESTUDES del Pla Nacional sobre Drogues, mostren a més que l'ús de substàncies és una realitat estesa en la societat, cosa que no equival automàticament a una activitat delictiva organitzada. No obstant això, en el cas dels cossos policials, el focus no es limita a l'eventual responsabilitat penal, sinó que es desplaça al terreny administratiu i disciplinari: a més de la Llei de coordinació de policies locals en el cas de Balears, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) empara que les administracions imposin mesures disciplinàries als seus funcionaris per accions incompatibles amb els deures del càrrec, fins i tot si es produeixen fora de servei, precisament per l'impacte que poden tenir en la confiança pública i en la credibilitat de la institució.

Aquest mateix criteri de responsabilitat reforçada es reprodueix també en els cossos policials d'àmbit estatal. La Llei Orgànica 4/2010, de règim disciplinari del Cos Nacional de Policia permet sancionar conductes que no necessàriament constitueixen un delicte o que es produeixen fora de l'horari de servei quan es considera que comprometen la dignitat del càrrec, el prestigi de la institució o la correcta prestació del servei. En la pràctica, aquest marc disciplinari parteix d'una idea comú a la funció pública, però especialment exigent en cossos armats: la conducta privada d'un agent pot tenir conseqüències professionals si afecta la confiança ciutadana o planteja dubtes sobre la seva idoneïtat per exercir funcions policials.

Un problema laboral -fins i tot fora de torn-

Encara que a Espanya consumir drogues no sempre condueix a una condemna penal, el marge de tolerància s'estreny quan qui ho fa porta una placa. En els cossos policials, el consum pot convertir-se en un problema laboral i disciplinari fins i tot fora de torn, perquè entra en joc la seguretat -pròpia i de tercers- i la credibilitat d'una institució armada. Per això, en determinats contextos i sota protocols interns, un agent pot ser sotmès a controls toxicològics si hi ha indicis, sempre amb garanties i límits lligats a drets com la intimitat.

Mentre el Codi Penal reserva els seus càstigs per al tràfic i altres conductes més greus, la resposta més habitual davant el consum en espais públics es mou en el terreny administratiu: la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana -més coneguda com la llei mordassa-, sanciona la tinença o el consum a la via pública amb multes que poden anar de 601 a 30.000 euros, fins i tot quan es tracta de quantitats per a ús propi.

En aquest marc, una instrucció del Ministeri de l'Interior de 2025 va establir que no s'han de denunciar ni sancionar la tinença i consum de drogues en vehicles privats estacionats si no hi ha indicis de tràfic, en asseverar, a l'empara de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, que l'interior d'un vehicle és “un espai dotat de certs caràcters de privacitat”. Aquesta mesura ha generat controvèrsia, especialment entre els sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil, que obvien la finalitat garantista de la mateixa i creuen que aboca a una “normalització” implícita del consum.

Una instrucció del Ministeri de l'Interior de 2025 va establir que no s'han de denunciar ni sancionar la tinença i consum de drogues en vehicles privats estacionats si no hi ha indicis de tràfic, en asseverar, a l'empara de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, que l'interior d'un vehicle és "un espai dotat de certs caràcters de privacitat"

Per altra banda, l'European Code of Police Ethics del Consell d'Europa assenyala que la legitimitat d'un cos policial no només depèn de la seva capacitat per mantenir l'ordre, sinó també que la seva conducta -i la percepció d'aquesta conducta- respecti la dignitat humana i els drets fonamentals. Aquest codi, que no és vinculant com a tal a Espanya però serveix de marc ètic per a les policies en societats democràtiques, sosté que la confiança pública està íntimament lligada al comportament dels agents, tant en servei com en la seva imatge davant la ciutadania.

Així mateix, l'últim European Drug Report 2025, l'informe anual més complet sobre la situació de les drogues a Europa elaborat per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues (EUDA), descriu un mercat il·lícit amb alts nivells d'oferta de substàncies com cànnabis i cocaïna i un creixent nombre de noves drogues sintètiques, cosa que representa una pressió persistent sobre les polítiques de seguretat i salut pública a tot el continent.

En el cas de Capdepera, l'escena no s'atura al maleter, on van aflorar els uniformes municipals al costat d'una presumpta compra de droga al lloc més vigilat de Mallorca. L'expedient disciplinari obert busca, com en altres casos similars registrats, delimitar fins a on arriba la responsabilitat d'un policia quan apaga l'emissora, es treu el propi i torna a ser un ciutadà més. La sanció imposada per l'Ajuntament no és únicament una resposta punitiva: és també un missatge cap a dins i cap a fora, un recordatori que la credibilitat del cos pot, en qüestió de minuts, quedar en entredit.

La noche cae sobre Son Banya: calles de tierra, portales a medio abrir, coches que entran y salen sin hacer demasiado ruido y miradas que se cruzan con la rapidez de quien no quiere dejar rastro. En este poblado chabolista situado a las afueras de Palma, donde la compraventa de droga forma parte del paisaje cotidiano y la presencia policial es tan habitual como la desconfianza, un vehículo llama la atención de los agentes de la Policía Nacional a la salida del considerado mayor 'supermercado' de la droga en Mallorca. Al inspeccionarlo, encuentran varios gramos de cocaína y, en el maletero, uniformes de la Policía Local de Capdepera. En el turismo viaja un policía que, al parecer, acaba de abastecerse de sustancias estupefacientes, una circunstancia que, pese a estar fuera de servicio, no le saldrá barata.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. Tras tener conocimiento de lo sucedido, el Ayuntamiento de este municipio de 13.200 habitantes situado en el extremo oriental de la isla decidió suspender de empleo y sueldo durante 102 días al agente al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears. En su artículo 69 q., esta norma considera una falta grave -como la que se ha aplicado en este caso- “embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo”. El precepto añade que “se entiende que hay habitualidad cuando se acrediten tres o más episodios de embriaguez o consumo de dichas sustancias en un periodo de un año”.

La resolución dictada por el Consistorio, adelantada por el diario Última Hora y a la que ha tenido acceso elDiario.es, se acoge, asimismo, al artículo 69 y., que apunta a la “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. El documento municipal incluye como sanción accesoria la imposición de un cambio de destino del agente -integrante de la unidad nocturna- a una unidad sin acceso a armas de fuego si no se acredita que el agente ha dejado el consumo. Una cláusula que no es habitual en todos los cuerpos, pero suele aplicarse en el caso de agentes con acceso operativo a armas, como sucede en este caso.

El Ayuntamiento de Capdepera ha suspendido de empleo y sueldo al agente durante 102 días al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears, que considera una falta grave 'embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo'

Un debate incómodo para las instituciones

El caso reabre un debate incómodo para las instituciones: hasta qué punto la exigencia de ejemplaridad recae sobre los miembros de los cuerpos policiales incluso cuando están fuera de turno y cómo se gestiona la confusa frontera entre la vida privada y la credibilidad pública de quienes portan un arma y representan al Estado. Una circunstancia, además, que se torna un desafío en regiones como Balears, que combinan un flujo constante de turismo internacional con rutas favorecidas por la logística marítima, y donde el transporte, la distribución y el consumo de drogas se entrelazan con la vida cotidiana de zonas como Son Banya, uno de los principales focos de venta de estupefacientes y escenario de operaciones policiales como la que, en agosto del pasado año, desarticuló una de las mayores redes de narcotráfico que han operado en Mallorca.

El caso del policía local de Capdepera no es aislado. En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que, en enero de 2019, fueron interceptados por la Policía Municipal de Madrid a su salida de una chabola “sospechosa” de la Cañada Real por “ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo”. Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta “muy grave” de “abuso y atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración”. La sanción fue confirmada por el Tribunal Militar Central. Los funcionarios recurrieron ante el TS al considerar que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, su presunción de inocencia y su derecho a un proceso con todas las garantías. Los magistrados avalaron la medida disciplinaria.

En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que fueron interceptados a su salida de una chabola "sospechosa" de la Cañada Real (Madrid) por "ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo". Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta "muy grave"

En diciembre de 2022, un guardia civil fue identificado en el barrio de La Tafalera de Elda (Alicante): portando consigo una jeringuilla, se identificó como agente del Instituto Armado y “toxicómano” y manifestó a los policías que se encontraba bajo el síndrome de la abstinencia y que iba a comprar droga. El funcionario fue sancionado por falta grave al haber protagonizado “conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”, medida que fue confirmada por el Tribunal Militar Central. La sentencia señalaba que “los miembros de la Guardia Civil deben mostrar un comportamiento intachable en todo momento, no solo en acto de servicio, también en relación con terceros”.

Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en 2017 una orden de suspensión de empleo impuesta a un agente de la Policía Nacional que dio positivo en drogas en una prueba capilar: el análisis determinó que había consumido sustancias psicotrópicas tras asistir a un macrofestival en Arganda. La sentencia, consultada por elDiario.es, no pone en duda los hechos -que consideraba “incontestables”-, ni las pruebas -se llevaron a cabo e incluso el agente prestó su consentimiento expreso para ello-. La sanción quedó sin efecto, sin embargo, por un motivo que los magistrados consideraban clave: la Administración no había acreditado el elemento que exige el tipo disciplinario aplicado, es decir, que el consumo fuese habitual -definiendo habitualidad como tres o más episodios en un año- o que hubiera afectado a la imagen del cuerpo, tal como exige la ley que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

En el caso de los policías nacionales, la normativa que regula su régimen disciplinario exige que la Administración acredite que el consumo es habitual -tres o más episodios en un año- o que afecte a la imagen del cuerpo

El límite entre lo público y lo privado

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que sí han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no sanciona únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo. Fuentes sindicales consultadas por este periódico aseveran que esta confluencia de factores no solo sitúa el consumo de drogas como preocupación de salud y seguridad, sino que intensifica la sensibilidad pública sobre la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no castiga únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo

Las Policías Locales, además de regirse por las leyes generales, se someten a reglamentos disciplinarios propios de cada comunidad autónoma o municipio. En el caso de Balears, la Ley 4/2013 de Coordinación de las Policías Locales regula de forma exhaustiva las faltas y sanciones que pueden imponer los ayuntamientos a sus agentes, desde las leves hasta las muy graves. Los cuerpos policiales en España cuentan, además, con estatutos de conducta que, además de sancionar actos delictivos, regulan conductas que pueden afectar a la imagen institucional. Aunque consumir drogas fuera de servicio no es necesariamente un delito -en muchos casos puede constituir únicamente una infracción administrativa- sí puede ser considerado una falta disciplinaria, especialmente cuando se trata de personal cuyo trabajo es hacer cumplir la ley.

Los informes oficiales sobre consumo de sustancias estupefacientes, como la encuesta ESTUDES del Plan Nacional sobre Drogas, muestran además que el uso de sustancias es una realidad extendida en la sociedad, lo que no equivale automáticamente a una actividad delictiva organizada. Sin embargo, en el caso de los cuerpos policiales, el foco no se limita a la eventual responsabilidad penal, sino que se desplaza al terreno administrativo y disciplinario: además de la Ley de coordinación de policías locales en el caso de Balears, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ampara que las administraciones impongan medidas disciplinarias a sus funcionarios por acciones incompatibles con los deberes del cargo, incluso si se producen fuera de servicio, precisamente por el impacto que pueden tener en la confianza pública y en la credibilidad de la institución.

Ese mismo criterio de responsabilidad reforzada se reproduce también en los cuerpos policiales de ámbito estatal. La Ley Orgánica 4/2010, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía permite sancionar conductas que no necesariamente constituyen un delito o que se producen fuera del horario de servicio cuando se considera que comprometen la dignidad del cargo, el prestigio de la institución o la correcta prestación del servicio. En la práctica, este marco disciplinario parte de una idea común a la función pública, pero especialmente exigente en cuerpos armados: la conducta privada de un agente puede tener consecuencias profesionales si afecta a la confianza ciudadana o plantea dudas sobre su idoneidad para ejercer funciones policiales.

Un problema laboral -incluso fuera del turno-

Aunque en España consumir drogas no siempre conduce a una condena penal, el margen de tolerancia se estrecha cuando quien lo hace lleva una placa. En los cuerpos policiales, el consumo puede convertirse en un problema laboral y disciplinario incluso fuera del turno, porque entra en juego la seguridad -propia y de terceros- y la credibilidad de una institución armada. Por eso, en determinados contextos y bajo protocolos internos, un agente puede ser sometido a controles toxicológicos si existen indicios, siempre con garantías y límites ligados a derechos como la intimidad.

Mientras el Código Penal reserva sus castigos para el tráfico y otras conductas más graves, la respuesta más habitual ante el consumo en espacios públicos se mueve en el terreno administrativo: la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -más conocida como ley mordaza-, sanciona la tenencia o el consumo en la vía pública con multas que pueden ir de 601 a 30.000 euros, incluso cuando se trata de cantidades para uso propio.

En este marco, una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es “un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad”. Esta medida ha generado controversia, especialmente entre los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que obvian la finalidad garantista de la misma y creen que aboca a una “normalización” implícita del consumo.

Una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es "un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad"

Por otro lado, el European Code of Police Ethics del Consejo de Europa señala que la legitimidad de un cuerpo policial no solo depende de su capacidad para mantener el orden, sino también de que su conducta -y la percepción de esa conducta- respete la dignidad humana y los derechos fundamentales. Este código, que no es una vinculante como tal en España pero sirve de marco ético para las policías en sociedades democráticas, sostiene que la confianza pública está íntimamente ligada al comportamiento de los agentes, tanto en servicio como en su imagen ante la ciudadanía.

Asimismo, el último European Drug Report 2025, el informe anual más completo sobre la situación de las drogas en Europa elaborado por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), describe un mercado ilícito con altos niveles de oferta de sustancias como cannabis y cocaína y un creciente número de nuevas drogas sintéticas, lo que representa una presión persistente sobre las políticas de seguridad y salud pública en todo el continente.

En el caso de Capdepera, la escena no se detiene en el maletero, donde afloraron los uniformes municipales junto a una presunta compra de droga en el lugar más vigilado de Mallorca. El expediente disciplinario abierto busca, como en otros casos similares registrados, delimitar hasta dónde llega la responsabilidad de un policía cuando apaga la emisora, se quita el chaleco y vuelve a ser un ciudadano más. La sanción impuesta por el Ayuntamiento no es únicamente una respuesta punitiva: es también un mensaje hacia dentro y hacia fuera, un recordatorio de que la credibilidad del cuerpo puede, en cuestión de minutos, quedar en entredicho.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han salido, este miércoles, “muy decepcionados” de una reunión con el Ministerio de Función Pública. Desde el departamento que dirige Óscar López han planteado a las organizaciones sindicales que “lo idóneo para ellos es esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2026 e implantar así la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado con rango de ley”, según han explicado estas en un comunicado.

En la práctica, esta posibilidad retrasaría la reducción de jornada, comprometida por el Ejecutivo en la reunión de mediados de diciembre para el próximo mes de marzo. Y lo haría, además, sine die, porque la aritmética parlamentaria y la negativa de Junts a apoyar cualquier iniciativa del PSOE hacen inviables, por el momento, unas nuevas cuentas. Pero, en el mejor escenario para el Gobierno, la aprobación de unos hipotéticos presupuestos para el año en curso se atrasaría, como mínimo, hasta junio.

Pese a la “decepción” de los sindicatos, tras unas semanas de buena sintonía con Función Pública, con la aprobación del nuevo acuerdo marco y una subida salarial del 11% acumulada hasta 2028, estos esperan más “certezas y avances” en el encuentro que mantendrán el próximo miércoles. De lo contrario, nos reservamos la posibilidad de emprender las acciones que consideremos oportunas para llevar a buen término estas materias del todo imprescindibles“, advierten.

La implantación de la semana de 35 horas en la Administración General del Estado era ya un compromiso del anterior acuerdo marco, que quedó pendiente y que ha sobrepasado, incluso, la firma del nuevo acuerdo plurianual. Como lo es también la jubilación parcial del personal funcionario y estatuario y la clasificación profesional. “Son compromisos incumplidos del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, cuya vigencia expiró en diciembre de 2024, y que resulta igualmente perentorio cerrar”, aclaran.

Otra de las tareas pendientes del Gobierno es recuperar la jubilación parcial del personal laboral, “un asunto prioritario” para las organizaciones, que la consideran “vital para poder continuar con la buena línea de negociación que se ha abierto con el nuevo equipo de Función Pública”. La entrada en vigor de la reforma de las pensiones, en abril de 2025, dejó en el limbo al personal laboral de las administraciones públicas, que podía acogerse a esta modalidad pero que con la nueva normativa debe esperar a que se convoquen y resuelvan procesos de oposición para los relevistas, con el decalaje temporal que implica.

El Juzgado de lo Social 1 de Cáceres ha dictado una sentencia pionera en Extremadura que reconoce el derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado a un empleado público de la Junta de Extremadura con la condición de indefinido no fijo, tras el cese derivado de la cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba y al margen de su posterior estabilización en otro puesto.

La resolución, fechada el 17 de diciembre de 2025 y sobre la que aún cabe recurso, estima parcialmente la demanda interpuesta por la Asesoría Jurídica de la Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO) y condena a la Junta a abonar 20.038,49 euros al trabajador afectado, según informa el sindicato.

El fallo adquiere especial relevancia al reconocer el derecho a la indemnización incluso en aquellos casos en los que la persona trabajadora ha superado posteriormente un proceso de estabilización y ha accedido a una plaza fija distinta. De este modo, el juzgado despeja una de las principales controversias jurídicas que venían siendo utilizadas para negar este derecho a quienes habían logrado estabilizar su empleo.

En su argumentación, el órgano judicial aplica de forma directa la doctrina consolidada del Tribunal Supremo (TS), que establece que la extinción de una relación laboral indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza no constituye un despido, pero sí genera el derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio, con independencia de que exista una posterior contratación o estabilización en otro puesto.

Desde USO Extremadura se subraya que esta sentencia es “el resultado de un trabajo jurídico sostenido para defender los derechos del personal afectado por los ceses derivados de los procesos de estabilización”.

El sindicato recuerda que mantiene activas más de 250 demandas en defensa de trabajadores y trabajadoras en situaciones similares, confiando en que este primer pronunciamiento favorable marque el camino de futuras resoluciones.

USO insiste en que la estabilización del empleo público “no puede servir para vaciar de contenido derechos indemnizatorios consolidados ni para corregir, sin consecuencias, años de abuso de la temporalidad en las administraciones públicas, y reafirma su compromiso con la defensa de un empleo público digno y con plenas garantías laborales”.

El Consejo General de Muface ha acordado con los sindicatos la creación de un grupo de trabajo propio para retomar las negociaciones con las comunidades autónomas para que los mutualistas puedan recurrir sin coste al teléfono 112. Una antigua reivindicación con la que las organizaciones sindicales quieren que se “clarifiquen situaciones de indefensión” en la que quedan los empleados públicos vinculados a seguros privados que recurren a este servicio de atención a emergencias público, según ha avanzado CSIF.

Los funcionarios de Muface pueden optar cada año por uno de los seguros privados concertados, actualmente Adeslas y Asisa, o recibir asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social, en la sanidad pública. Según se puede consultar en la página web de la mutualidad, “si una persona mutualista elige recibir la asistencia sanitaria a través de las entidades concertadas debe utilizar los recursos que, a tal efecto, ponen dichas entidades a su disposición, incluidos los teléfonos de emergencia”. Estos son “gratuitos y disponibles las 24 horas” y están “claramente recogidos en las tarjetas sanitarias que asignan las entidades”.

De esta forma, los funcionarios que optan por un seguro privado no pueden recurrir de forma gratuita al teléfono 112, que “implica la asunción de su coste por la persona mutualista”. Hay excepciones, como urgencias de carácter vital, con riesgo inminente para la vida o un daño irreparable; cuando la persona se encuentra en la calle y es una persona desconocida la que activa la emergencia; cuando se produce un accidente en acto de servicio; o si la persona reside en un centro de mayores o de crónicos.

Sin embargo, según indican desde CSIF, “por regla, si un mutualista llama al 112, después le pasan la factura” e, incluso en esos casos excepcionales, “siempre hay problemas burocráticos” y deben “demostrar que realmente había una urgencia vital”. Esto lleva, explican estas fuentes, a que “de entrada te lo cobran para que después te arregles con Muface”. “Es problemático y se crean situaciones de indefensión, que pesamos que se deberían solventar con un acuerdo con las comunidades autónomas”.

Desde Comisiones Obreras han indicado que la creación de este grupo de trabajo ha sido una reivindicación de las tres organizaciones presentes en el Consejo General de la mutualidad —UGT, CCOO y CSIF— y que servirá también para “ahondar en los problemas de salud y la canalización de las quejas” de los mutualistas que optan por la sanidad privada frente a la pública. Además, fuentes presentes en la reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, y la directora general de Muface, Myriam Pallarés, han percibido un “compromiso firme” por su parte.

El acuerdo plurianual firmado por el ministro Óscar López con UGT, CSIF y CCOO para la subida de sueldo de los funcionarios incluía otras líneas maestras de actuación hasta 2028, al margen de los incrementos retributivos, entre las que se encontraba “la mejora del mutualismo administrativo con el objetivo de reforzar la equidad, la calidad asistencial y la protección de las empleadas y empleados públicos, asegurando que no se produzcan mermas en las prestaciones en la asistencia sanitaria, incluidas las urgencias”.

Además, en la reunión de este martes, Muface se ha comprometido a abordar la revisión del copago farmacéutico y ha presentado sus planes operativos y estratégicos, que desde CSIF han valorado como “muy ambiciosos” y que “atienden a las demandas realizadas” por esta organización, en línea con el “seguimiento de la calidad y del concierto o culminar la implantación de la receta electrónica”.

En concreto, la mutualidad ha presentado un plan “ambicioso” de 50 proyectos, con los que pretenden “poner el foco en la persona mutualista”, para que disfrute de “la mejor atención, una cartera de servicios mejorada y con plena garantía de sus derechos”, según ha informado Muface en un comunicado, en el que ha hecho hincapié en la voluntad de “transformar y dinamizar la organización” y “avanzar en la digitalización de los procesos, impulsar la innovación, la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas”.

El teléfono del secretario de UGT en Cantabria suena con mucha frecuencia y Mariano Carmona (Aes, Puente Viesgo, 1967) escucha, aconseja con paciencia a sus interlocutores. Trae de serie fuerza, convición, una voz enérgica y un carácter decidido, prestaciones muy útiles para lidiar con los conflictos sindicales y mantener viva la reivindicación ahora que corren tiempos difíciles y que “no está de moda decir que la gente tiene derecho a emigrar a otro país, sino que hay que echar a los inmigrantes”. A la tercera va la vencida. Carmona, que empezó a trabajar con 18 años, afronta su tercer y último mandato al frente del sindicato que revalidó el pasado febrero en un congreso sin rivales. Sigue reivindicando con firmeza lo público frente a las privatizaciones sanitarias y las colaboraciones público privadas. “No puede ser que un líder político se presente a unas elecciones con ánimo de privatizar lo público, que trabaje donde quiera, pero si ejerce un cargo público tiene que defender lo público”, expresa. El líder ugetista reacciona a las polémicas del absentismo laboral tras las quejas de la patronal -“lo primero es definir qué es”- y a la opinión favorable del sindicato a los presupuestos de Cantabria que rechazaron todos los grupos parlamentarios de la oposición. “Lo que tienen que hacer los partidos políticos es ponerse de acuerdo en qué presupuestos quieren porque yo tampoco he escuchado tantas propuestas”, replica.

¿Tiene vigencia la lucha sindical? ¿los trabajadores de hoy tienen menos conciencia sindical?

Las cosas han cambiado. Antes las empresas tenían mil personas, tres mil personas, y la representación sindical que había en esas empresas hacía de tractor de las empresas pequeñas. Siempre que había un problema la referencia era la sección sindical que había en tal empresa. Hoy ha cambiado. Las empresas cada vez son más pequeñas y están más atomizadas, por eso cuesta más. A eso se une el desgaste que sufrieron los sindicatos sobre todo en la época después de la crisis. El desgaste permanente que se empezó a hacer a los sindicatos porque éramos el último dique de contención. Fuimos los únicos que estuvimos permanentemente protestando contra los recortes de la crisis, contra la reforma laboral que se hizo sin consenso de nadie, contra la reforma de las pensiones, contra la retirada de las ayudas, reducciones en las prestaciones sociales... contra todas las medidas que se aprobaron en ese momento. Fuimos los únicos que aguantamos el tirón. A eso le unimos, en el contexto actual, la subida de los partidos de extrema derecha -no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo- que no son casualidades. Es decir, al final la gente que tiene mucho dinero no lo quiere repartir con el resto de la sociedad. Es otra época, otra etapa que está perfectamente dirigida. Sobre todo con estos contenidos rápidos de las redes sociales, videos que duran veinte segundos. A la gente joven, por ejemplo, le gusta más lo radical. Y en este momento eso es lo más radcial. Ahora mismo no está de moda decir que la gente tiene derecho a emigrar a otro país, sino que hay que echar a los inmigrantes. Ahora están de moda cosas que son radicales. No quiere decir que sean justas, ni sociales ni que vayan a perdurar en el tiempo porque esa no es la forma de actuar. La sociedad tiene que ser justa y estar al servicio de las personas, no solamente al servicio de algunas personas.

Últimamente la patronal y el propio Gobierno de Cantabria hablan de absentismo laboral. Reprochan que las cifras son cada vez más elevadas. Pero hablar en estos términos puede inducir a pensar que los trabajadores no van a trabajan porque no quieren, que son faltas injustificadas.

Es un tema que tenemos bastante claro. En este sentido, tengo que reconocer que las declaraciones que hizo el consejero de Salud -que poco tiene que ver su forma de pensar con la mía- cuando le interpelaron sobre el tema del absentismo en el Parlamento lo primero que dijo fue que hay que definir lo que es absentismo. Efectivamente. Una persona que está de baja no es un absentista, pero las empresas dentro del absentismo lo meten absolutamente todo: los derechos, las libranzas por hospitalizaciones, los permisos sindicales, de matrimonio. Ellos consideran absentismo todo lo que no sea estar trabajando, y eso no es el absentismo.

Las empresas consideran absentismo todo lo que no sea estar trabajando

En cualquier caso, la parte que nos preocupa del absentismo no son los números sino la pérdida de salud de los trabajadores y las trabajadoras como consecuencia del desempeño del puesto de trabajo en unas condiciones que no sean aceptables. Para nosotros sería importante que se abriera un foro de debate en el que estuviesen representados todos los organismos que tienen que ver con ésto: representantes de los trabajadores, del Gobierno, Servicio Cántabro de Empleo, ICCAS, INSS, CEOE, las mutuas... Un foro para aliviar la situación pero no desde el punto de vista de cómo se está tratando ahora. A nosotros nos preocupa la parte de las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo. Sin duda podríamos mejorar todo esto ejerciendo una mejor labor en la prevención y agilizando los trámites para que a las personas se las pueda diagnosticar, tratar, en los tiempos adecuados. Estamos viendo que en muchos casos la falta de atención médica hace que se cronifiquen las lesiones y después es mucho más difícil la recuperación. Pero -insisto- hay que definir lo que es absentismo.

El presidente de la CEOE Enrique Conde si ha aludido a esta cuestión del absentismo ¿cómo es la relación con la patronal?

Algunas declaraciones -no de la CEOE, sino de Enrique Conde- me sorprenden pero soy respetuoso con ellas. La relación es normal, como la que intentamos tener con todos los partidos políticos, unas cosas me gustan más y otras menos pero estamos obligados a respetarnos y a trabajar juntos. Incluso quizá a intentar convencernos unos a otros de que la otra parte está equivocada. Yo tengo una buena relación con la mayoría de las personas que trabajan en la CEOE pero hay declaraciones concretas que se podrían tachar de cierta falta de respeto.

También se alude a un excesivo absentismo de los trabajadores jóvenes, ¿eso es una realidad?

La situación ha cambiado. No tiene las mismas necesidades una persona de 22 años de hoy -ahora que más o menos las coberturas sociales son relativamente buenas- que las que tenía mi abuelo o mi padre. Mi abuelo tuvo que tragar con todo, mi padre tuvo que tragar con mucho, yo con un poco menos y mis hijos tragan con bastante menos de lo que tragué yo. ¿Esto quiere decir que trabajen peor? No. El entorno es diferente, la sociedad ha cambiado. Ahora mismo quizá hay jóvenes que no están dispuestos a asumir algunas cosas que se asumían primero. Tengo algún recuerdo de mis primeras laborales en las que estaba yo solo montando tres cuerpos de andamio, colocando canaletas un sábado por la tarde en un polígono. Si te caes allí te encuentra alguien el lunes en el mejor de los casos. Hoy un chaval dice: mira, esto lo va a hacer quien yo te diga. No son menos trabajadores y tampoco pasa lo mismo en todas las empresas. Las hay que tienen plantillas estables, que hacen imán con los trabajadores. Si vas a trabajar a un sitio que te dicen que tu jornada va a ser de 25 horas semanales y vas a trabajar los sábados por la tarde y los domingos entonces el trabajador dice: no me interesa. Hay empresas que no tienen problemas para mantener sus plantillas estables, pero hay otras que sí. Igual que hay sectores que no tienen problemas para encontrar gente y otros que si.

¿Qué salud tiene el mercado de trabajo en Cantabria?

La primera legislatura, cuando entramos en el sindicato, prácticamente doblábamos los parados que hay ahora mismo y era una situación compleja. Ahora la economía crece y como consecuencia de ello hay trabajo. Lo que pasa es que aunque ha subido muchísimo el salario mínimo y se han mejorado en muchísimas cosas sigue habiendo trabajos o sectores muy malos que están muy precarizados y en los que cuesta mucho encontrar mano de obra estable. Si lo trasladas a otras comunidades no es diferente y donde tienen muy desarrollado el sector primario, por ejemplo, también tienen que traer mano de obra extranjera. No tiene tanto que ver con la actividad del trabajo sino con las condiciones, los salarios, las coberturas. Normalmente tienen que más que ver con el 'por qué' y el 'por cuánto'. Considero que Cantabria ahora mismo tiene unas cifras de paro asumibles aunque la situación ideal es que no hubiese ningún parado. Todo el mundo habla permanentemente de la industria pero creo que una solución para la región sería el desarrollo pleno del sector primario porque nos haría una comunidad más sostenible más equilibrada, más estable ante los vaivenes económicos, fijaría población en el medio rural, facilitaría y colaboraría con el mantenimiento del entorno... ayudaría a la estabilidad económica de Cantabria porque no depende tanto de la coyuntura mundial. En situaciones complejas como la pandemia proporcionaría producto y comercio cercano.

Una de las quejas del Gobierno es que faltan médicos en Cantabria ¿Hay dificultades para encontrar trabajadores en otros sectores?

En la hostelería, por ejemplo, se gana 1.300 o 1.200 euros. Con el registro horario las condiciones son un poco más aceptabless. Pero la hostelería tiene la mala fama de lo que ha estado haciendo hasta ahora. Con la construcción pasa lo mismo. ¿Tiene un mal convenio? no. Es aceptable. Pero la construcción viene de los años dos mil cuando un encofrador ganaba cinco mil euros y ahora mil quinientos. Primero trabajaba por horas, a destajo. Pero ahora una persona que estaba ganando eso igual ya no está dipuesta a hacerlo por mucho menos dinero. Eso no quiere decir que no haya otras personas dispuestas a hacerlo. Insisto, no creo que las profesiones o los sectores sean buenos o malos. Los empleos son buenos y malos por las condiciones y el salario.

Las malas condiciones y los salarios bajos quedan para la mano de obra extranjera.

Son personas que normalmente vienen de situaciones peores o más desregularizadas y esas condiciones no les parecen tan malas. Si esas circunstancias las unimos al tema de la vivienda... es terrible cómo están, viviendo en habitaciones.

Quien ejerce un cargo público tiene que defender lo público

Situación de la industria. Los ERES de fábricas como Bridgestone o Teka ¿cómo repercuten en el sector industrial de Cantabria? ¿Cuántos empleos se han perdido en los últimos años en las fábricas?

Se han perdido muchos. Si hacemos memoria de lo que eran las fábricas de la zona de Buelna, del Besaya, Campoo, Camargo... estaremos hablando de que se han perdido más de la mitad de los puestos de trabajo industriales. Sí que es verdad que han surgido otros grupos, como lo que empezó siendo el grupo Bravo en Ampuero, o empresas como Maflow en Guarnizo. Siempre se debilitan las matrices y van surgiendo otras industrias más pequeñas que normalmente llevan aparejados salarios más pequeños y condiciones más precarias. Nada tiene que ver lo que era la antigua Standard con lo que es ahora. Es la evolución, la deslocalización. En algunos casos se apuesta por países del este. Primero fue la globalización y ahora es la 'desglobalización' pero aunque sea dentro del propio continente siempre buscando países de bajo coste, mano de obra barata. Pero también sin regulaciones medioambientales, de salud laboral, sin regulaciones en seguridad e higiene, sin prestaciones sociales. Intentando no repartir la riqueza que se genera en las empresas. Porque, al final, detrás de todo esto siempre subyace lo mismo: el intentar no repartir el dinero que se genera. Es lo que está pasando en la sociedad en general.

Ayer escuchaba a unas empresas que contaban las dificultades que tenían para vender en Navidad frente a las grandes cadenas nacionales o la compra por internet. No nos damos cuenta de que un comercio de Santander pagará el 20, 25 ó 30 por ciento de impuestos y una cadena internacional pagará el 1% de impuestos en España y el resto, en caso de que pague algo más, lo pagará en Bruselas o en cualquier otro sitio.

También surgen muchos conflictos laborales y quejas por los servicios privatizados desde lo público: las basuras en Santander, por ejemplo, o las ambulancias. ¿Debería exigirse que la gestión de lo público también siempre fuese pública?

Yo, sin duda, preferiría que fuera público. Detrás de todos estos contratos hay trabajadores desempeñando su trabajo en condiciones precarias. Los ciudadanos que tienen que soportar que una ciudad está sucia o los pacientes esperar hasta las dos de la madrugada para tener una ambulancia. Entonces, en estas colaboraciones público-privadas, ¿quién se beneficia de ésto? ¿Dónde se queda el beneficio de estas empresas? En la prestación del servicio, no. En los trabajadores, tampoco. Se convierten en negocios. Ahora lo hemos visto en la Comunidad de Madrid [caso hospital de Torrejón] o en Andalucía con el cribado de cáncer de mama. Todos los servicios públicos cuando pasan a ser colaboraciones público-privadas se convierten en negocios, el carácter de lo público desaparece. Además, hay un mantra que está calando en la sociedad como que es más barato -no es verdad- o que la gestión es más eficiente, que tampoco es verdad. Ni es más barato ni más eficiente.

Hace unas semanas en Cantabria se desvelaba la privatización de servicios sanitarios, cribado de cáncer de mama y colon, dentro de un nuevo convenio singular con el Hospital Santa Clotilde: 216 millones que luego han resultado ser 40 más: 256 que se pueden extender hasta 20 años. ¿Está UGT de acuerdo con esta medida? ¿está amenazada la sanidad pública por los propios gestores públicos?

No tengo absolutamente nada en contra de ningún hospital privado. Pero me parece un error. La sanidad tiene que ser pública, gratuita y solo eso va a garatizar una buena atención a las personas y unos medios adecuados. Lo otro se acaba convirtiendo en negocios. Hemos visto los últimos ejemplos pero es que van a salir más. Las declaraciones que ha hecho el CEO del hospital público de gestión privada de la comunidad de Madrid son absolutamente indecentes. No puede ser que se tomen la sanidad pública como si fuese un negocio privado. Para ser un servidor público hay que tener unos valores. La sanidad en España es una maravilla, otra cosa es que hay dotar de más recursos a los centros de atención primaria, a los consultorios, que haya que cubrir las vacantes y plazas. No se pueden hacer discursos para cagársela como se intentó en su día con las pensiones. ¿Cómo que no es sostenible? Lo será siempre que queramos que lo sea. Los dirigentes políticos que son servidores públicos -me da igual del partido que sean- lo primero que tienen que tener es la voluntad de creer en lo público. Y sino que se monten sus propias empresas de gestión de servicios. Lo que no puede ser es que se presenten a unas elecciones con ánimo de privatizar lo público, que trabaje donde quiera, pero si ejerce un cargo público tiene que defender lo público.

Algunas declaraciones del consejero de Educación no considero que sean el caldo de cultivo adecuado para llegar a un acuerdo

Privatizaciones sanitarias, un conflicto salarial enquistado en educación, ¿Cómo valora el sindicato la acción del Gobierno de Buruaga en cuanto a la gestión de servicios públicos?

Me parece que no se debe dividir a la gente entre lo público y lo privado. Algunas declaraciones del consejero de Educación no considero que sean el caldo de cultivo adecuado para llegar a un acuerdo. La experiencia que yo tengo es que en las negociaciones hay que mostrar muchísimo respeto a la otra parte. Con la falta de respecto no se consigue nada. Cuando he tenido que negociar temas difíciles en mi empresa y en otros sitios intento mostrar un respeto terrible a la otra parte de la mesa, intento convencerles de lo que yo creo que es justo, escucho sus razonamientos, intento buscar soluciones, propongo cosas diferentes. Lo que nunca hago es faltar al respeto a la otra parte o intentar dividir. Eso no es creer en la negociación colectiva. La negociación y el diálogo social son otra cosa. El Gobierno -en este caso, el consejero- tendría que haber asumido esta negociación mostrando respeto a la otra parte y pidiendo respeto cuando no se lo mostrasen a él. Al final aquí hay una parte que tiene más responsabilidad que la otra, y en este caso es la Consejería la que tiene que imponer el sentido común. Y si no le hay, pedirle. En cualquier caso, las subidas salariales que tienen pactadas en ningún caso pueden estar sujetas a la cláusula Silva. Eso, que quede claro porque son amenazas veladas y las amenazas no caben en las mesas de negociación, no son buenas para nadie.

El Parlamento de Cantabria ha rechazado el Presupuesto propuesto por el Gobierno del PP con los votos en contra de toda la oposición, izquierda y derecha. Cuando paradójicamente, este gobierno que privatiza la sanidad pública, entre otras cuestiones, contaba con el visto bueno de los sindicatos y la patronal ¿Por qué consideran que era bueno?

UGT no se presenta a las elecciones. Participamos en el diálogo social y yo tengo que reconocer que el Partido Popular que gobierna ahora en Cantabria se ha presentado con un programa y lo que está haciendo es llevarlo a cabo. ¿A mi me gusta? No, pero tengo que respetarlo. ¿Los presupuestos son buenos? Tienen más de doscientos millones de euros más. Si hay 221 días de trabajo hay casi para gastar un millón más al día el próximo año en Cantabria. Los números son buenos. La cláusula Silva, no. La privatización de Santa Clotilde tampoco. Pero es que eso lo tiene que dilucidar los partidos políticos en el Parlamento, no la UGT ni Comisiones Obreras. Que se pongan de acuerdo en dónde hay que poner estas candidades de dinero, eso es lo que yo he dicho en el Parlamento. ¿Parecería normal que los profesores, los médicos o cualquier trabajador tuviesen a la comunidad de rehén solo por aprobar su subida salarial? Algunos empresarios dicen: que me ayude el Gobierno. Y algunos trabajadores ya empiezan a decir que la diferencia entre lo que pedimos nosotros y lo que nos da la empresa que lo ponga el Gobierno. Vamos a centrarnos un poco. Los números generales de los presupuestos son buenos. Que se pongan de acuerdo dónde lo tienen que gastar que es su obligación. De todos modos, nosotros hemos presentado 60 ó 70 alegaciones y más o menos nos han aceptado la mitad. El año pasado prácticamente lo mismo. Eso no quiere decir que nos gusten los presupuestos al cien por cien. Lo hemos dicho públicamente, que no estamos de acuerdo con las privatizaciones ni con algunas colaboraciones público privadas y que yo quiero que se defiendan los pilares fundamentales del estado del bienestar. De esto estamos hablando todos los días. ¿Es mejor estar sin presupuestos? No. Lo que tienen que hacer los partidos políticos es ponerse de acuerdo en qué presupuestos quieren porque yo tampoco he escuchado tantas propuestas, ni a unos ni a otros.

¿Los grupos parlamentarios se han dirigido a ustedes, al sindicato UGT, para recabar su opinión sobre el presupuesto?

No, no nos han llamado para nada. Normalmente tengo la sensación de que solo me llaman cuando les interesa.

UGT se ha considerado el sindicato hermano del Partido socialista ¿se mantiene esta sintonía político-sindical? ¿qué relación tiene con la cúpula del PSOE en Cantabria?

Yo no estoy afiliado al partido socialista. La trayectoria del PSOE y la UGT hasta hace unos cuantos años ha ido de la mano, de hecho había dirigentes políticos y sindicales que prácticamente compartían la militancia. He tenido una excelente relación con las diferentes directivas del PSOE, con los anteriores a Zuloaga, tuve una buena relación con Zuloaga e intento tener una buena relación con los que están ahora, pero me pasa lo mismo con cualquier otro partido político. Con el PSOE compartimos muchas ideas: somos un sindicato progresista, feminista. En otras cosas no estamos de acuerdo, pero hay que respetarse. Mi obligación es trabajar con todos los partidos. Estoy muy lejos de la situación social actual de odiar al que piensa diferente y de estar todo el día en esa crispación.

El Congreso ha aprobado este jueves la subida de sueldo de los funcionarios para los años 2025 y 2026, que el Ministerio de Función Pública pactó con los sindicatos UGT, CSIF y CCOO. La cámara ha convalidado el real decreto ley de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de diciembre. Lo ha hecho por 309 votos a favor, entre ellos los del Partido Popular, 32 de Vox en contra y las siete abstenciones de Junts.

Función Pública llegó con los sindicatos a un acuerdo plurianual, que incluía el incremento pendiente para 2025 y los de los años 2026, 2027 y 2028. En total, las partes pactoron una subida acumulada de hasta el 11% en todo el periodo, pero lo aprobado en este jueves en el Congreso afecta solamente a los años 2025 y 2026. En ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el resto tendrán que aprobarse de nuevo ejercicio a ejercicio vía real decreto.

Para el año 2025, el real decreto convalidado contempla una subida salarial del 2,5%, con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. El Gobierno se comprometió con las organizaciones sindicales a que los empleados públicos que dependen de la Administración General del Estado, en torno al medio millón, cobrarían este incremento, que se consolida en la nómina, durante este mes de diciembre.

Para 2026, el Congreso ha dado el visto bueno a una subida de un 1,5% fijo, además de “otro incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 si la varición del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%”. Precisamente, durante la negociaciones entre Gobierno y sindicatos, la subida de este próximo año fue uno de los principales escollos para alcanzar un acuerdo, ante el límite del Ejecutivo a que la subida acumulada para estos dos primeros años no superara el 4%, justificando esta cifra en el techo de gasto. Finalmente, esa barrera se salvó con ese extra, que se abonaría durante el primer trimestre de 2027.

De esta forma, los cerca de tres millones y medio de funcionarios y empleados públicos verán incrementada su nómina este mes de enero en un 4%, al que se sumaría es medio punto extra para 2026 en los primeros meses de 2027, cuando está compretido otro incremento del 4,5% y un 2% más en 2028.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha señalado en el Congreso que “los empleados públicos merecen estabilidad, calidad y buenas condiciones” y ha defendido que el acuerdo salarial alcanzado con los sindicatos contribuye a “una administración pública más robusta, eficaz, igualitaria y digitalizada”.

El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha urgido al equipo de Gobierno (PP) a “desbloquear” y cumplir los acuerdos firmados con los empleados públicos el pasado 10 de abril para los servicios de bomberos, policía local, talleres, ordenanzas y vigilantes y servicios sociales.

El portavoz municipal del PRC, Felipe Piña, ha destacado en una nota de prensa que hace ocho meses el Ayuntamiento y la Junta de Personal firmaron un documento que recogía varias mejoras laborales y salariales, pero a día de hoy el Consistorio “sigue sin cumplir su palabra”, lo que ha llevado a los trabajadores desde hace varias semanas a promover una serie de concentraciones.

Tras reunirse con los representantes de los empleados públicos, el regionalista ha calificado como “inadmisible” que el equipo de Gobierno encabezado por la alcaldesa, Gema Igual, mantenga “bloqueadas” las medidas pactadas y le ha instado a “desatascar” un conflicto generado por su “incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados”.

En su opinión, esta situación genera un gran “malestar y desconfianza” entre la plantilla municipal que “repercute directamente en la calidad del servicio público que se presta a los vecinos”.

Piña ha subrayado que este “no es el único conflicto abierto” que el Ayuntamiento de Santander mantiene con el personal, ya que la Policía Local también lleva “meses” reclamando una actualización en la aplicación de los complementos salariales, la compensación de horas extraordinarias y las limitaciones para realizar ciertos servicios, además de la mejora de los medios de protección para el desempeño de sus funciones.

De esta manera, el portavoz del PRC ha instado a la alcaldesa a “actuar con responsabilidad” y resolver esta situación “a la mayor brevedad posible”.

Los cerca de 600 trabajadores municipales de Mérida -funcionarios y laborales fijos- percibirán una nómina adicional este mes de diciembre con la subida del 2,5% aprobado por el Gobierno y que supondrá un desembolso de 581.000 euros.

El consistorio asegura que dispone de solvencia económica para afrontar esta subida, acordada después de haber mantenido una reunión con las centrales sindicales. La mesa negociadora con UGT, CC.OO y CSIF y Ayuntamiento se reunió el 2 de diciembre y se acordó este abono antes de final de año, así como otras cuestiones retributivas, enmarcadas en otros compromisos del Gobierno local.

De esta manera, en el mes de diciembre, los empleados y empleadas municipales recibirán dos nóminas, una ordinaria con mensualidad de diciembre y la paga extra, y otra extraordinaria con el 2,5% de atrasos desde enero 2025, los derechos laborales pendientes de aquellos puestos con nuevas funciones, la diferencia con respecto a los Complementos Específicos del grupo profesional AP y las 12 horas policía local adicionales por servicios extraordinarios. Para el año 2026, el presupuesto ya prevé una subida del 4% (2.5% 2025 y 1.5% del 2026).

Además, destaca que desde la entrada en vigor de los presupuestos 2026, se abonará el 50% de los conceptos de peligrosidad, jornada partida y conducción con carácter retroactivo desde enero del 2026. También se negociará y materializará en la anualidad del 2026, el compromiso del 40% de peligrosidad, jornada partida y conducción, correspondiente al acuerdo del 2025.

En la anualidad 2027, desde el mes de enero, se abonará el 100% de los complementos de peligrosidad, jornada partida y conducción desde enero del 2027. 

El acuerdo de subida salarial para los empleados públicos firmado entre el Gobierno de España, UGT y CSIF tendrá un impacto en las cuentas extremeñas de 68 millones de euros, 16 millones más de los inicialmente previsto, según ha señalado este viernes la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que no ha concretado cuando se abonará.

Elena Manzano ha mostrado su satisfacción porque “por fin” se hayan sentado a negociar el Gobierno con los agentes sociales “después de muchos meses de inacción de olvidarlos y no valorar lo que hacen”. Ha recordado que en Extremadura estaba prevista una subida del 2% para 2025 y finalmente este acuerdo recoge que será del 2,5% , por lo que tendrá un impacto económicos de 16 millones de euros más.

Este acuerdo beneficiará a unos 50.000 empleados públicos de la administración regional, según Manzano, que ha precisado, no obstante que, aún quedan trámites por llevar a cabo, como que el acuerdo sea aprobado en Consejo de Ministros y después por el Consejo de Gobierno en Extremadura para proceder se procederá a la pago.

En cuanto a la fecha del abono, ha incidido en que será “tan pronto como sea posible”, pero no ha podido concretar cuando, y ha recordado lo que ocurrió cuando se anunció la subida del 0,5%, que Extremadura tenía preparado y como el Gobierno tardó varios meses no se pudo pagar. “En cuanto se acometa por parte del Estado y se pasen los trámites, se abonará, que estén los empleados públicos tranquilos porque hemos dado sobrada cuenta de que si pagamos nuestras deudas”, ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que la Junta de Extremadura ya ha pagado 200 millones de euros en subidas salariales, reconociendo todas, incluso la del 2% que no abonó el anterior gobierno socialista.

En cuanto al rechazo a la senda de estabilidad y déficit del Gobierno en el Congreso de los Diputados, que, según señala, supone que Extremadura “perderá 91,3 millones, Manzano señala que es ”esencial“ contarle la verdad a los ciudadanos ”y no hablar de perder dinero, porque en ningún momento se pierde dinero“. Si le ha pedido al Gobierno que ”sean responsable“ y ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diga quee se hace un reparto equilibrado de la de senda de déficit, ya que mientras que el Estado se queda con un 2%de esa posibilidad de déficit, a las comunidades se les deja un 0,1%, que son unos 25 millones, y se ha preguntado si eso es justo.

Por ello, le ha pedido que tenga en cuenta quienes son los que prestan los servicios y asumen ese coste, por los que exigimos un reparto equilibrado del déficit “pero se niegan a escuchar y lo que van a encontrar es oposición”. 

El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF han firmado este jueves el nuevo acuerdo, que afecta a unos tres millones y medios de empleados públicos. En el acto, al que ha asistido el presidente Pedro Sánchez, se ha puesto en valor el diálogo social y se han destacado avances en materia de empleo, condiciones laborales y, también, salariales. La parte retributiva es la que ha ocupado a los equipos negociadores durante la última semana, después de que el Ministerio de Función Pública pusiera el pasado 19 de noviembre la primera oferta económica sobre la mesa.

Finalmente, UGT y CSIF —CCOO se ha descolgado del pacto— han acordado con el Gobierno una subida salarial acumulada del 11%, con un 0,5% variable en función de la inflación del próximo año, hasta 2028, y que incluye el incremento pendiente para 2025. Estas son algunas claves para entender cuándo se harán efectivas las subidas y por qué importe.

Cuánto subirá el sueldo de los funcionarios, año a año

El acuerdo es plurianual y abarca desde el próximo año, hasta los incrementos correspondientes a 2028. El principal escollo en la negociación había sido el tope del 4% acumulado que el Ejecutivo había puesto para los años 2025 y 2026, a cuenta del techo de gasto. Finalmente, los negociadores desatascaron las conversaciones con un 0,5% variable, que se sustrae del 5% previsto para 2027, si la inflación del próximo ejercicio es igual o superior al 1,5%.

De esta forma, las subidas quedarían como se muestra en el siguiente gráfico: un 2,5% para 2025; un 1,5% más ese 0,5% adicional en 2026; el 4,5% en 2027; y un 2% más en 2028. En total, si las estimaciones de inflación del 1,7% para el próximo ejercicio se cumplen, será un acumulado del 11%. En caso contrario, el incremento se quedaría en el 10,5%, un escenario que nadie contempla actualmente y que, en cualquier caso, no supondría pérdida de poder adquisitivo.

Cuándo se harán efectivas las subidas

Los ministerios de Función Pública y Hacienda se comprometieron a impulsar un Real Decreto-Ley para que el abono del 2,5% pendiente de 2025 se cobrase íntegramente este mes de diciembre, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Este compromiso afecta a los empleados públicos de la Administración General del Estado, los que dependen del ministerio, pero no a otros que, aunque se verán beneficiados por el acuerdo, dependen de las comunidades autónomas o las corporaciones locales, que deberán gestionar los incrementos.

A partir de ahí, el próximo 1 de enero, el personal funcionario verá incrementada su nómina en un 4%: el 2,5% correspondiente a 2025 y el 1,5% de 2026. Si a final del próximo año la inflación es igual o superior al 1,5%, como indican todas las previsiones, los salarios subirán un 0,5% extra, con carácter retroactivo, también desde el 1 de enero de 2026. En ese caso, la parte pendiente de ese año se cobraría durante el primer trimestre de 2027, sorteando el límite del techo de gasto de 2026.

A partir del 1 de enero de 2027, dentro de 13 meses, los funcionarios verán incrementada su nómina un 4,5% más. En total, supone un 9% más que en 2024, un logro que celebran los sindicatos que han firmado el acuerdo. Y el 1 de enero de 2028, se sumaría un 2% más, hasta ese 11% total.

Cuánto sube el sueldo de los funcionarios, en euros

El sueldo de un funcionario se compone de un salario base, que depende de cada categoría, además de un complemento de destino, otro específico y los trienios. La subida se aplica sobre todos ellos. Solo quedan fuera del incremento los pluses de productividad.

Teniendo en cuenta que hay una treintena de complementos de destino —que en 2024 iban de los 1.537 a los 16.227 euros al año— y más de un centenar de los específicos —entre los 3.729 y los 34.388 anuales—, dibujar un sueldo único es una tarea muy compleja. Desde UGT han elaborado una estimación de los incrementos en euros, año a año y con 2024 como referencia, teniendo en cuenta el salario base y los complementos de destino. Es la que se desglosa en la siguiente tabla, que no incluye complementos específicos, de carrera allá donde esté implementado, ni trienios.

Como se aprecia en la tabla, los funcionarios recibirán en el mes de diciembre entre 333 y 767 euros, correspondientes al 2,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Para el año siguiente, los incrementos serán desde los 614 euros para el grupo de retribución más bajo a los 1.416 anuales para el más alto. Para 2028, los incrementos anuales respecto a 2024 superarán los 1.500 euros para los que menos cobran y los 3.500 para las categorías más altas.

El grueso de los empleados de la Administración General del Estado están enmarcados en el Grupo C1 y ocupan puestos administrativos. Estos verán incrementado su sueldo anual, en 2028, en 2.187 euros.

¿Se recupera poder adquisitivo?

UGT y CSIF indican que este acuerdo permite recuperar 2,8 puntos de poder adquisitivo. Además, con los deslizamientos salariales el aumento real durante el periodo de vigencia será superior al 11,4% respecto a 2024, porque el incremento de cada año se realiza sobre una cantidad mayor que el anterior.