El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha desarrolla una función esencial en la vigilancia, custodia y protección del patrimonio natural.

En la provincia de Cuenca, sus integrantes trabajan sobre un territorio extenso, complejo y exigente, asumiendo responsabilidades que requieren criterio técnico, autonomía profesional y una estructura jerárquica competente y fiable.

Precisamente por la naturaleza de estas funciones, quienes ejercen responsabilidades de coordinación deben hacerlo con un estándar especialmente elevado de imparcialidad, conocimiento, prudencia y respeto.

Hoy, una parte significativa de los agentes considera que ese estándar no se está cumpliendo y que la confianza profesional en la actual Coordinación Provincial se encuentra profundamente deteriorada.

Esta carta no nace de una discrepancia puntual ni de un enfrentamiento personal. Tampoco cuestiona la necesidad de una estructura jerárquica. Reivindica exactamente lo contrario: una jerarquía profesional, sometida a reglas claras, capaz de motivar sus decisiones, de tratar por igual a los trabajadores y de asumir responsabilidad por la forma en que ejerce sus competencias.

Lo que denunciamos es un modelo de dirección marcado, a nuestro juicio, por decisiones discrecionales, desigualdad de trato, falta de transparencia y una forma de ejercer la autoridad que ha generado división, inseguridad y temor entre parte de la plantilla.

Los hechos que sustentan estas afirmaciones pueden ser documentados y, cuando proceda, puestos a disposición de los órganos competentes.

El deber de sigilo y reserva no es una opción

Quien ocupa la Coordinación Provincial tiene acceso, por razón de su cargo, a información profesional y personal de especial sensibilidad. Esa posición exige prudencia, reserva y un respeto escrupuloso al deber de confidencialidad.

Se han producido episodios relacionados con la utilización, comunicación o difusión de información conocida precisamente por razón del puesto que, a nuestro juicio, resultan incompatibles con el deber de sigilo exigible a una responsabilidad de esta naturaleza.

No corresponde a una carta abierta realizar calificaciones penales o disciplinarias, pero sí señalar que el tratamiento de información reservada no puede depender de conveniencias personales ni convertirse en una herramienta dentro de los conflictos laborales.

Quien dirige a otros empleados públicos debe ser el primero en proteger la información que conoce por razón de su cargo

Las actuaciones y expedientes administrativos sancionadores también deben poder explicarse Resultan igualmente preocupantes determinadas actuaciones relacionadas con procedimientos sancionadores derivados de denuncias formuladas por los agentes medioambientales en el ejercicio de sus funciones. Disponemos de información y documentación relativa a expedientes o actuaciones cuya tramitación habría sido paralizada, retrasada u ocultada sin que se conozca una justificación objetiva suficiente. No pretendemos anticipar una calificación jurídica.

Sí exigimos algo elemental: que las actuaciones practicadas por los agentes sigan el procedimiento que corresponda y que cualquier decisión de detenerlas, alterarlas o no continuarlas quede motivada, documentada y sometida a control.

La aplicación de la normativa no puede depender de relaciones personales ni de decisiones opacas.

La disciplina no puede aplicarse de forma selectiva

Especialmente grave resulta la existencia de una doble vara de medir. No puede exigirse de forma rigurosa el cumplimiento de obligaciones a determinados agentes mientras se toleran incumplimientos manifiestos cuando afectan a otros.

Nos consta que la Coordinación Provincial ha tenido conocimiento de situaciones relacionadas con incumplimientos reiterados de la jornada laboral y con la utilización de vehículos oficiales para fines privativos, sin que se haya actuado con la misma diligencia, severidad o exigencia aplicada en otros casos.

El uso particular de un vehículo oficial y el incumplimiento consciente de la jornada laboral no son cuestiones menores: afectan al correcto uso de recursos públicos, a la organización del servicio y a la igualdad entre trabajadores.

Si quien tiene capacidad de dirección conoce estas conductas y las permite o no adopta las medidas que corresponden, la responsabilidad deja de limitarse exclusivamente a quien incurre en ellas. Lo inadmisible no es solo la existencia de un incumplimiento, sino que la tolerancia o la reacción frente a él pueda depender de quién lo comete.

La autoridad pierde legitimidad cuando las reglas son estrictas para unos y flexibles para otros

La formación no puede convertirse en una herramienta de favoritismo

La formación tiene una incidencia directa en la carrera profesional de los agentes medioambientales. Los cursos realizados pueden otorgar méritos y puntuación en procedimientos de provisión de puestos y concursos de traslados.

Por ello, el acceso a la formación debe regirse por criterios objetivos y verificables, con las debidas garantías de igualdad de oportunidades. Sin embargo, se han constatado decisiones de asignación de acciones formativas que consideramos discrecionales y reiteradamente favorables a determinados perfiles próximos a la Coordinación. Cuando el acceso a un curso termina otorgando una ventaja curricular a unos trabajadores frente a otros, la cuestión deja de ser menor: afecta directamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Por ello, reclamamos que cualquier intervención de la Coordinación Provincial en la propuesta, selección o asignación de formación pueda ser revisada y quede sujeta a criterios previos, públicos y trazables.

Un curso de formación no es un premio. Y nunca debe convertirse en una ventaja profesional concedida por afinidad

Más de una década de provisionalidad no puede normalizarse

La actual Coordinación Provincial lleva más de diez años desempeñando puestos de responsabilidad sin haber consolidado mediante los correspondientes procedimientos ordinarios las plazas de responsabilidad a las que ha concurrido.

Las comisiones de servicio y otros mecanismos provisionales son instrumentoslegítimos cuando atienden necesidades temporales; lo problemático aparece cuando la excepcionalidad se prolonga durante años hasta convertirse, de hecho, en la forma estable de ocupar responsabilidades. Una situación provisional prolongada durante más de una década merece ser revisada a la luz de los principios de mérito, capacidad, igualdad, publicidad y adecuada provisión de los puestos públicos. Y resulta aún más difícil de aceptar cuando desde esa misma posición se participa en propuestas o designaciones provisionales de otros puestos de coordinación que terminan configurando la propia estructura jerárquica provincial. No necesitamos atajos ni permanencias de hecho.

Necesitamos procedimientos que permitan acreditar de forma objetiva la idoneidad de quienes aspiran a dirigir el Cuerpo.

Representar a los trabajadores y ejercer poder sobre ellos exige una especial responsabilidad ética

Existe además una circunstancia que no puede ignorarse: el actual coordinador provincial mantiene responsabilidades como representante de los trabajadores mientras ejerce, simultáneamente, funciones jerárquicas y capacidad de decisión o influencia sobre esos mismos empleados.

No cuestionamos el derecho a ejercer funciones representativas ni hacemos referencia a organización sindical alguna.

La cuestión es estrictamente ética y funcional: combinar la representación de los trabajadores con el ejercicio efectivo de poder jerárquico sobre ellos exige un grado extraordinario de transparencia, imparcialidad y separación de funciones. Cuando esa imparcialidad es precisamente una de las cuestiones discutidas, la contradicción resulta todavía más evidente.

Los medios públicos no son premios ni castigos

La distribución de los vehículos entre las distintas comarcas debe responder a necesidades del servicio: extensión territorial, orografía, kilometraje, número de efectivos, intensidad de uso, naturaleza de los trabajos y estado del parque móvil. No puede depender de afinidades personales ni utilizarse como mecanismo de recompensa o penalización.

Las asignaciones realizadas durante estos años permiten cuestionar seriamente que los criterios objetivos hayan sido siempre los determinantes. Si una comarca recibe mejores medios por mantener una relación favorable con la Coordinación y otra resulta perjudicada por mostrar discrepancias, no estamos ante una simple decisión organizativa: estamos ante una utilización inaceptable de recursos públicos.

Un vehículo oficial no es una recompensa ni un castigo. Es un medio público de trabajo

No conocer con claridad quién ejerce el mando genera inseguridad operativa La imposibilidad de acceder adecuadamente a los cuadrantes de trabajo y conocer la estructura efectiva del servicio en cada momento genera una inseguridad organizativa impropia de un cuerpo jerarquizado.

Un agente debe poder saber quién ejerce la responsabilidad superior durante su servicio, especialmente cuando debe adoptar decisiones operativas que pueden requerir autorización, respaldo o coordinación inmediata en situaciones que pueden comprometer la integridad física de los agentes.

Los cuadrantes son una herramienta de organización del servicio público. No pueden gestionarse como información reservada al criterio particular de quien coordina. A esta inseguridad se suma la falta reiterada de respuesta: numerosos correos profesionales dirigidos a la Coordinación Provincial quedan sin contestación, incluso cuando requieren criterio, autorización o decisión.

No es un simple defecto de comunicación: retrasa el servicio, deja a los agentes sin respaldo jerárquico y traslada a subordinados responsabilidades propias de quien coordina. A nuestro juicio, esta reiteración evidencia dejación de funciones de dirección.

Una segunda actividad privada habitual exige comprobar el régimen de incompatibilidades

Nos consta que el actual coordinador provincial desarrolla de forma habitual y reiterada, durante los fines de semana, una segunda actividad en un conocido establecimiento de hostelería y ocio situado en la plaza Mayor de la ciudad. No cuestionamos el derecho de ningún empleado público a realizar una actividad privada cuando la normativa lo permite.

Lo que exigimos es que se compruebe si esa actividad ha sido declarada y cuenta con el previo reconocimiento de compatibilidad exigible. La Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 14 que el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración requiere previo reconocimiento de compatibilidad.

Además, entre los requisitos publicados por la propia Junta de Comunidades para autorizar actividades privadas figura no percibir un complemento específico superior al 30 % de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

De acuerdo con los datos retributivos del puesto que hemos podido consultar, el complemento específico de la Coordinación Provincial supera ese límite. Por ello, entendemos imprescindible comprobar si existe una resolución de compatibilidad y, en su caso, sobre qué presupuestos jurídicos fue concedida.

También debe verificarse el correcto encuadramiento en la Seguridad Social. Cuando la colaboración habitual se presta en la actividad de un cónyuge trabajador autónomo, de forma personal y directa y sin tener la condición de asalariado, la normativa de Seguridad Social contempla su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como familiar colaborador.

Si la actividad se articula de otra forma, deberá existir el alta y la cotización que legalmente correspondan. No corresponde a esta carta declarar una infracción, pero sí exigir que una segunda actividad privada habitual, realizada por quien ocupa un puesto de especial responsabilidad, sea examinada con rigor por los órganos competentes.

La compatibilidad no se presume: debe reconocerse previamente. Y una actividad habitual debe estar correctamente encuadrada en la Seguridad Social

El miedo no es una herramienta de liderazgo

El problema más profundo es el clima profesional generado durante estos años. Se han producido situaciones de trato desigual, enfrentamientos reiterados con determinados agentes, acusaciones que los afectados consideran falsas, advertencias percibidas como amenazas y decisiones desfavorables posteriores a la expresión de discrepancias o críticas profesionales. Cuando formular una opinión técnica, cuestionar una decisión o realizar una crítica constructiva genera temor a posibles consecuencias, existe un problema serio de dirección.

La autoridad de un responsable público no puede descansar en su capacidad para perjudicar a quien discrepa, sino en su conocimiento, su criterio, su imparcialidad y su capacidad para obtener respeto profesional. También se han adoptado decisiones que evidencian, a nuestro juicio, un conocimiento insuficiente de algunas funciones del Cuerpo y de la normativa que las regula.

La situación se agrava cuando la discrepancia técnica no se recibe como una aportación profesional, sino como una afrenta personal que acaba generando desplantes, represalias o enfrentamientos.

Un responsable competente no teme a los profesionales que conocen su trabajo: los escucha

No pedimos privilegios. Pedimos reglas

No queremos elegir a nuestros superiores. No queremos eliminar la jerarquía ni decidir qué órdenes cumplimos. No pedimos trato de favor.

Queremos una estructura profesional en la que las decisiones puedan explicarse; la formación se asigne con criterios objetivos; los medios públicos se distribuyan conforme a necesidades reales; la información reservada sea protegida; los cuadrantes permitan conocer la estructura de mando que se encuentra de servicio en cada momento; las comunicaciones de servicio reciban respuesta; las irregularidades se traten con el mismo criterio con independencia de quién las cometa; las incompatibilidades y las obligaciones de alta y cotización en la Seguridad Social se comprueben con el mismo rigor exigible a cualquier empleado público; y las plazas de responsabilidad se cubran mediante procedimientos que acrediten mérito, capacidad e idoneidad.

Queremos poder discrepar técnicamente sin miedo a represalias. Queremos que las críticas constructivas sean respondidas con argumentos y no con castigos. Queremos que la dirección del Cuerpo sea una garantía para el servicio y no una fuente permanente de conflicto.

La confianza profesional necesaria para dirigir el Cuerpo se ha perdido Después de años acumulando situaciones como las descritas, consideramos que ya no estamos ante simples problemas de comunicación, diferencias de criterio o conflictos personales.

Existe un problema de confianza en la Coordinación Provincial y, en un cuerpo jerarquizado, esa confianza es imprescindible.

Por todo ello, consideramos que el actual Coordinador Provincial no debe continuar al frente de la Coordinación de los Agentes Medioambientales de Cuenca. Esta conclusión no nace de una descalificación personal, sino de nuestra valoración sobre la forma en que se han ejercido durante años responsabilidades que afectan directamente a la organización del servicio, a la igualdad entre trabajadores y al funcionamiento cotidiano del Cuerpo.

El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Cuenca, heredero de una profesión de casi 150 años de servicio público, no se merece una Coordinación Provincial ejercida de esta manera

Pedimos que los hechos sean examinados, que las decisiones puedan ser auditadas, que se compruebe expresamente la situación de compatibilidad y encuadramiento en la Seguridad Social descrita y que cualquier proceso de provisión de la Coordinación Provincial se resuelva con plenas garantías, sin convertir años de provisionalidad en un mérito de permanencia por sí mismo.

El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Cuenca, heredero de una profesión de casi 150 años de servicio público, no se merece una Coordinación Provincial ejercida de esta manera. Cuenca necesita una dirección profesional, imparcial, transparente y digna de la responsabilidad que representa.

Buenas noticias para la biodiversidad en Castilla-La Mancha. Los agentes medioambientales han logrado recuperar, en Albacete, a dos pollos de milano real (Milvus milvus), una especie catalogada en peligro de extinción, después de que ambos ejemplares cayeran de su nido mientras intentaban alzar el vuelo en una urbanización privada de la provincia.

Tras su localización y rescate por parte de los agentes medioambientales las aves fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Castilla-La Mancha donde recibieron los cuidados veterinarios necesarios y donde se ha seguido muy de cerca su evolución antes de ser devueltos al medio natural.

Los ejemplares, que ya han sido liberados, se encuentran en proceso de aprendizaje de las habilidades necesarias para desenvolverse de manera autónoma en el medio natural. Entre ellas se encuentra la capacidad de carroñear y localizar alimento por sí mismos, un comportamiento esencial para su supervivencia una vez devueltos a su hábitat.

Hay tres nidos de la especie en Albacete

La provincia de Albacete cuenta con tres nidos de esta especie en peligro de extinción, lo que pone de manifiesto la relevancia de los trabajos de seguimiento y conservación que se desarrollan sobre esta especie y sobre sus áreas de reproducción.

La presencia de estos ejemplares contribuye, además, a preservar la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas de la provincia, según ha destacado la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, durante la suelta de estos ejemplares.

La Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León ha denunciado retrasos en el abono por parte de la Junta de Castilla y León de las guardias de incendios forestales realizadas por los agentes medioambientales en los meses de junio y julio.

El sindicato sostiene que los retrasos afectan al conjunto de la Comunidad, aunque señala una situación especialmente desfavorable en la provincia de Segovia, donde los agentes todavía no han percibido las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante el verano.

Según APAMCYL-USCAL, en otras provincias se han producido retrasos en el pago de las guardias de junio, aunque ya se habrían pagado con la nómina de agosto; sin embargo, las guardias de julio continúan pendientes de abono en el conjunto de la Comunidad, según el sindicato.

Además, considera especialmente grave la situación de Segovia porque, según denuncia, se trata del segundo año consecutivo en el que se producen retrasos en el pago de estas retribuciones, ya que en 2025 las demoras fueron superiores a las registradas en otras provincias.

El sindicato ha denunciado de una “gestión administrativa ineficiente” y una “discriminación territorial continuada”, al considerar que los agentes destinados en Segovia se encuentran en peor situación de cobro que sus compañeros de otras provincias.

La organización ha vuelto a trasladar su reclamación a la Delegación Territorial de la Junta en Segovia y ha reclamado a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Energía que adopte las medidas necesarias para que las guardias sean tramitadas y abonadas mensualmente y en tiempo y forma en toda Castilla y León.

Las guardias de incendios implican una disponibilidad de 24 horas, adicional a la jornada laboral habitual, para poder intervenir de forma inmediata ante una emergencia.

Los agentes medioambientales desempeñan, entre otras funciones, la dirección inicial de la extinción, la coordinación de medios, la vigilancia y los trabajos de campo, hasta que la dirección puede pasar a un técnico en función de la evolución y gravedad del incendio.

APAMCYL-USCAL considera que los retrasos resultan especialmente “incomprensibles” en una campaña que está siendo especialmente exigente para los agentes medioambientales de Segovia, por la cantidad y gravedad de los incendios registrados este verano, como los de Navas de San Antonio, Revenga y Brieva.

La organización ha recordado que ya presentó reclamaciones por este mismo motivo el pasado año y sostiene que “no puede normalizarse” que los agentes tengan que esperar varios meses para cobrar servicios de emergencia que ya han prestado.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la situación que sufren efectivos de la provincia de Toledo que continúan sin percibir las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante los meses de junio y julio.

En nota de prensa, APAM-CLM confirma que la propia Administración ha reconocido el problema y que este “se debe a incidencias en el programa utilizado por Función Pública para la gestión de las nóminas”.

Sin embargo, resulta “difícilmente aceptable” para unos profesionales que “han cumplido con su trabajo, estando disponibles las 24 horas del día, cuando se les ha requerido y que, meses después de prestar el servicio, siguen esperando cobrar por él.

Además, denuncia APAM, se está produciendo un agravio comparativo entre los agentes del cuerpo, ya que algunos han recibido el pago de las guardias del mes de junio, mientras que otros continúan sin percibir ni junio, ni julio.

“Hay profesionales que, habiendo realizado exactamente el mismo trabajo, se encuentran en situaciones económicas distintas, por un error administrativo ajeno a ellos”, denuncia la asociación.

Larga lista de problemas

Lo más preocupante, según APAM, es que este problema no constituye un hecho aislado. Ya, durante el pasado año se produjeron incidencias similares en la provincia de Toledo. “Lejos de corregirse, la situación se ha repetido y agravado en 2026, poniendo de manifiesto que no estamos ante un incidente puntual, sino ante una deficiente gestión que vuelve a recaer sobre los mismos trabajadores”.

Apuntan que esta situación se produce, tras una campaña de incendios “especialmente intensa”, pues durante este verano, los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han participado en la extinción, investigación y gestión de incendios forestales tanto dentro como fuera de la región.

“Han trabajado en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y en cualquier otro territorio donde su presencia ha sido requerida, desempeñando funciones esenciales para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio natural. Mientras los ciudadanos veían las imágenes de grandes incendios forestales en los medios de comunicación, muchos de los profesionales que se encontraban sobre el terreno jugándose la vida, coordinando operaciones, garantizando la seguridad de los intervinientes, investigando causas y causantes y protegiendo nuestros montes, siguen sin haber cobrado parte de su trabajo.

Por ello, desde APAM-CLM consideran “inaceptable” que quienes “asumen riesgos evidentes para proteger a la sociedad tengan que esperar meses para percibir unas cantidades que deberían haberse abonado con normalidad. Más aún cuando estos retrasos generan perjuicios económicos personales y familiares que nadie parece dispuesto a compensar”.

Todo apunta a que, “una vez más, los trabajadores asumirán las consecuencias del error mientras la Administración no contempla compensación, interés o resarcimiento alguno por el retraso sufrido”, lamentan.

Según APAM, este nuevo episodio se suma a una larga lista de problemas que el colectivo viene denunciando desde hace años. “La falta de medios personales y materiales, la insuficiencia de efectivos, el escaso reconocimiento institucional, el ninguneo mediático de nuestras funciones y las dificultades que en numerosas ocasiones encuentran los agentes para desarrollar con normalidad investigaciones y actuaciones propias de sus competencias conforman un escenario de abandono que resulta incompatible con la importancia estratégica de nuestro trabajo”.

Horas extras y nocturnidad que no se pagan

Por otro lado, la asociación denuncia también que los agentes medioambientales no perciben retribución alguna por las horas extraordinarias ni por el trabajo nocturno que realizan. Estas horas son compensadas mediante días de descanso, generando bolsas de horas que posteriormente deben disfrutarse con importantes limitaciones organizativas y restricciones en determinadas épocas del año.

“Este sistema no solo perjudica a los agentes, sino también al propio servicio público. La acumulación de cientos de horas de compensación provoca que una plantilla ya insuficiente tenga que ausentarse posteriormente para recuperar ese tiempo trabajado. Como consecuencia, durante buena parte del año, el cuerpo dispone de menos efectivos para desempeñar funciones esenciales de vigilancia ambiental, prevención de incendios, control de aprovechamientos, inspección, investigación y protección del medio natural”.

Reivindicaciones históricas pendientes

Por todo ello, APAM-CLM vuelve a reclamar soluciones estructurales que eviten que estos problemas se repitan año tras año. Entre ellas, exige que las guardias sean integradas en el complemento específico de los puestos de trabajo, eliminando la dependencia de liquidaciones mensuales extraordinarias y garantizando que los profesionales perciban sus retribuciones de forma estable y puntual.

De igual modo, reclaman que se materialice de una vez el reconocimiento profesional y retributivo que corresponde al colectivo. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla desde 2007 la existencia del Grupo B para aquellos cuerpos cuyo acceso exige la titulación de Técnico Superior, una previsión legal que casi veinte años después continúa sin desarrollarse plenamente en numerosas administraciones.

“Los Agentes Medioambientales han demostrado sobradamente su profesionalidad, su compromiso con el servicio público y su disposición permanente para acudir allí donde son necesarios. Lo mínimo que pueden esperar a cambio es respeto institucional, condiciones dignas y cobrar en plazo por el trabajo que realizan. Porque proteger nuestros montes, nuestros pueblos, la seguridad ciudadana y la seguridad medioambiental no puede depender de la buena voluntad de quienes llevan meses esperando una nómina que ya deberían haber percibido” concluyen desde APAM.

Este verano, con incendios como el de La Mierla, en Guadalajara, el más grave de la historia de la región con más de 32.000 hectáreas arrasadas y 33 pueblos evacuados, o los de Almorox en Toledo, en la Sierra Oeste de Madrid o en Burgohondo (Ávila), que obligaron a confinar municipios enteros y ha dejado decenas de viviendas destruidas, la ciudadanía ha vuelto a vivir el drama de los incendios forestales. Detrás de cada operativo, en cada una de las fases de la emergencia, hay un colectivo que trabaja sin descanso y que rara vez recibe el reconocimiento que merece.

Los agentes medioambientales participan en la detección, prevención, extinción e investigación de los incendios forestales. Son quienes mejor conocen el territorio, vigilando antes de que se declare. Son el primer recurso de intervención para certificar la existencia de un incendio o comunicar una falsa alarma. Proponen y controlan los trabajos que se hacen en invierno para reducir el combustible forestal y evitar que los incendios sean incontrolables en verano. Cuando el fuego se declara, ejercen como directores de extinción en alguna de sus fases, tomando las decisiones junto con el personal técnico de la Consejería. Y una vez superada la emergencia, realizan las investigaciones de causas y causantes de los incendios, que luego se ponen a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Fiscalía.

A pesar de ser pieza fundamental en todas estas fases, los agentes medioambientales llevan años denunciando un abandono institucional que pone en riesgo tanto su trabajo como la seguridad de sus actuaciones y de la ciudadanía. El cuerpo cuenta con un 30% menos del personal necesario, trabaja con vehículos obsoletos y lleva tres legislaturas consecutivas sin poder avanzar en la negociación de sus condiciones laborales. Un bloqueo que la Administración no ha sabido o no ha querido resolver.

Y, sin embargo, cuando llega la emergencia, el cuerpo responde con creces. Lo hicieron durante las danas, lo hicieron con la borrasca Filomena, lo hicieron durante la pandemia, y lo están haciendo ahora, con temperaturas extremas y fuegos que parecen no tener fin.

CCOO quiere dar un paso adelante para visibilizar, reconocer y apoyar públicamente a los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha. No es solo una cuestión de justicia laboral, es una cuestión de seguridad pública y de protección del medio ambiente. Un cuerpo con menos efectivos de los necesarios, con material inadecuado y sin un marco laboral claro es un cuerpo que no puede garantizar el nivel de protección que la ciudadanía necesita y merece. Desde CCOO seguiremos luchando por el desbloqueo de la negociación colectiva, la ampliación de la plantilla hasta cubrir las necesidades reales, la renovación del parque móvil y el equipamiento necesario, y el reconocimiento institucional y social que merecen por su labor.

A las personas que han sufrido los incendios, que han tenido que evacuar sus casas o que simplemente sienten impotencia ante lo que ocurre en nuestros montes, queremos recordarles que los agentes medioambientales están a su entera disposición como funcionarios de proximidad. Antes de realizar cualquier actividad en el medio natural, o dar pábulo a rumores, lo mejor es consultarles. Son quienes mejor pueden orientar sobre qué trabajos se pueden realizar, cómo y cuándo hacerlos. De este modo el medio ambiente se gestiona de forma sostenible mientras la vida y la actividad en nuestros pueblos se desarrolla con normalidad y seguridad.

Y a la administración, insistirle en que resulta inaceptable que el único cuerpo presente en todas y cada una de las fases de la emergencia siga sufriendo un déficit de plantilla del 30%, se juegue el tipo en vehículos obsoletos y acumule tres legislaturas con la negociación colectiva bloqueada.

Los grandes incendios no son solo causa de las altas temperaturas del verano, sino el resultado directo de años de abandono, de falta de políticas reales de prevención y de una escasez crónica de recursos. Es hora de que el Gobierno escuche, deje de mirar hacia otro lado y dote a los agentes medioambientales de los efectivos suficientes y los medios adecuados que merecen para poder hacer su trabajo con dignidad.

“El debate ahora sobre los incendios va de saber qué es lo que quiere la sociedad. Hay que preguntarnos si solo nos vamos a acordar de los bosques cuando se queman o si exigimos a los gobiernos planes de largo plazo”.

Así de contundente se muestra Alfredo Poveda. Trabaja en Cuenca y es el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM). Lo dice sin paliativos. O se cambian las cosas o los voraces incendios de este y del anterior verano de 2025 se repetirán una y otra y otra vez.

“Los expertos nos dicen que en 15 años nos podemos quedar sin ningún bosque natural en la península ibérica si esto sigue así. Todos tenemos responsabilidades en eso”, apunta durante una entrevista, cuando todavía humean los megaincendios forestales de este verano que ya están entre los peores de la historia del país, y apenas ha comenzado el mes de agosto.

En España hay 26 millones de hectáreas forestales y 11 de ellas están desarboladas. “La propiedad forestal en España es eminentemente privada”, subraya.

“Lo que tenemos es una cantidad de hectáreas forestales que no pueden ser gestionadas por la administración pública. Eso es inviable, así que hay que apelar a la concienciación del propietario particular”. Conseguirlo pasa, en su opinión, por que cada propietario “tenga su finca o parcela en buenas condiciones, sin que acumule combustible forestal”.

La propiedad forestal en España es eminentemente privada. Lo que tenemos es una cantidad de hectáreas forestales que no pueden ser gestionadas por la administración pública. Eso es inviable, así que hay que apelar a la concienciación del propietario particular

El problema, reconoce, “es el coste que le supondrá si no hay beneficios de gestión a cambio”. En España hay un mundo rural que, dice, “vive por respiración asistida, y muy dependiente del medio urbano” y además “no hay recetas fáciles ni mágicas para revertirlo”.

“Ahora es el incendio el que maneja el paisaje sin respetar nada”

Aquel 'paisaje mosaico' en el medio rural al que estaban acostumbrados nuestros abuelos ya no existe. “El manejo del paisaje que propiciaba el ser humano con su actividad ya no es tal. Ahora el incendio es el que te lo maneja en tres horas, sin respetar nada”, lamenta.

En opinión de este profesional habituado a lidiar con los incendios, desde el puesto de mando avanzado que toque cada vez, cree que “la economía basada en el paisaje se ha transformado en la economía de la extinción que es infinitamente más cara”.

Habla de Castilla-La Mancha y no niega que haya prevención. De hecho afirma que la hay “durante todo el año” y que se hace bien, pero con mucho margen de mejora.

La economía basada en el paisaje se ha transformado en la economía de la extinción que es infinitamente más cara. Tenemos que definir mejor qué es la prevención

“Tenemos que definir mejor qué es la prevención. Sabemos que son trabajos de manejo de vegetación encaminados a reducir la oportunidad de incendio y que, si se producen, que podamos tener ventanas de oportunidad a través de la Red de Áreas de Defensa (RAD) contra los incendios para acometer la extinción con más seguridad”.

Y no solo eso. Durante las últimas olas de grandes fuegos se han producido detenciones por malas prácticas en situaciones de riesgo extremo de incendio. Irresponsabilidades a las que cree que también hay que ponerle coto.

“En Castilla-La Mancha el plan de prevención, vigilancia y extinción 2026 viene a regular con más decisión las actividades que pueden realizarse en función del nivel del Índice Potencial de Propagación (IPP)”, asegura. Y, sin embargo, cree que, a la vista de lo que está ocurriendo, hay que endurecer todavía más las medidas.

“Nos parece, y el ejemplo está en La Mierla, que hay cuestiones que deben pulirse. Con cierto nivel de riesgo hay actividades que deben restringirse al 100%. Esta es una decisión política compleja, pero es que aun aplicando medidas valientes en ciertos niveles de riesgo hace falta más contundencia”, reclama.

Con cierto nivel de riesgo hay actividades que deben restringirse al 100%. Esta es una decisión política compleja, pero es que aun aplicando medidas valientes hace falta más contundencia. La sociedad no está preparada para responsabilizarse

El fuego de La Mierla se produjo, según los primeros indicios, durante labores agrarias, pero todavía su origen está en fase de investigación. Otros como el de Almorox, en Toledo, tuvo origen en trabajos ilegales de soldadura. Sea como sea, Alfredo Poveda cree que hay que “dar una vuelta” a las medidas porque “delegar en el ciudadano responsabilidades que pueden provocar incendios no parece lo más aconsejable”.

Este agente medioambiental cree que “falta concienciación en la sociedad” y que la normativa delega “mucho” (demasiado quizá) en las personas. “Lo vemos a menudo cuando investigamos incendios: la sociedad no está preparada para responsabilizarse”, insiste.

Planes municipales y de autoprotección que no se cumplen

Alfredo Poveda no habla solo de los montes o de los bosques, sino de las zonas de interfaz urbano-forestal, como en Almorox (Toledo), en Burgohondo (Ávila) o en la Sierra Oeste de Madrid. Son lugares con un denominador común: “Infinidad de casas embutidas en zonas forestales”.

En este punto se detiene en la normativa vigente que obliga a ejecutar planes de autoprotección en municipios y en sus urbanizaciones. En este aspecto, lamenta, “nos falta mucho por hacer a nivel legislativo”.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) considera que uno de los grandes puntos débiles en la prevención de incendios forestales se encuentra en las parcelas privadas y en las viviendas situadas en la interfaz urbano-forestal, donde el monte y las edificaciones conviven a escasos metros.

“Tenemos un grave problema”, asegura, al hablar de las fincas privadas que lindan con terrenos forestales, ya que la normativa atribuye a los propietarios la responsabilidad de mantener las medidas de prevención y autoprotección. Sin embargo, sostiene que esas obligaciones “muchas veces no están ejecutadas”.

A su juicio, la herramienta más eficaz para reducir el riesgo son los planes de autoprotección, cuya implantación es obligatoria por ley, aunque en la práctica su desarrollo sigue siendo insuficiente.

La asociación también reclama una mayor implicación de los ayuntamientos. Poveda recuerda que “existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) pero los ayuntamientos no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo”.

El Plan INFOCAM tiene definidas las llamadas Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZAR) en Castilla-La Mancha. Son áreas declaradas oficialmente dentro del Plan de Protección Ciudadana debido a la alta frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores naturales amenazados.

Existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) pero los ayuntamientos no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo

“No es algo costoso teniendo en cuenta lo que están salvando. Es una medida de protección civil”, defiende el presidente de APAM, quien considera que reforzar estos planes resulta imprescindible para minimizar el impacto de los grandes incendios y mejorar la seguridad tanto de la población como de los equipos de extinción.

Y es que, en el ámbito rural pero también en el urbano dice que “el paisaje es ahora una sucesión de bosques que tienden al máximo crecimiento”, ayudados por la falta de gestión y por abundantes lluvias que provocan crecimientos rápidos junto a olas de calor que lo convierten en polvorín.

“No quepa la menor duda: es a esto a lo que nos vamos a seguir enfrentando si no hay soluciones”, comenta lacónico durante la entrevista.

Me parece preocupante el uso que se hace del lenguaje y cómo se utiliza el cambio climático de forma ideológica o mediática, pero sin que el ciudadano lo entienda

Alfredo Poveda también enfrenta el negacionismo de forma tajante. “El cambio climático está aquí, pero hay que tener cuidado con el manejo del término”, advierte. “Me parece preocupante el uso que se hace del lenguaje y cómo se utiliza el cambio climático de forma ideológica o mediática, pero sin que el ciudadano lo entienda”.

Este agente medioambiental alude a las causas que provocan los incendios forestales. “Con los incendios no todo se debe a la despoblación, ni al cambio climático, ni a los incendiarios ni a las personas irresponsables. Es algo multifactorial”, en el que, dice, “lo que hay de fondo es un escenario muy desfavorable por la cantidad de combustible forestal que tenemos unido a una concatenación de olas de calor”, cada vez más largas y frecuentes.

Con los incendios no todo se debe a la despoblación, ni al cambio climático, ni a los incendiarios ni a las personas irresponsables. Es algo multifactorial y hay que hacer pedagogía

“Es importante hacer pedagogía para entender cómo se relacionan los distintos factores. Honestamente, a nivel de Estado tenemos muy poca posibilidad de incidir en el cambio climático global, pero sí podemos adaptarnos manejando las masas forestales”. Y en esta cuestión incide en lo mismo: “Tenemos que saber si la sociedad quiere o no adaptarse porque a ver si va a ser que solo nos acordamos de los montes para las tertulias televisivas”.

La Sierra Norte de Guadalajara: la urgencia de estabilizar el suelo

En la Sierra Norte de Guadalajara, uno de esos voraces incendios cuyo origen sigue todavía sin confirmarse (se encuentra bajo investigación de la Guardia Civil y de los propios agentes medioambientales), ha calcinado 33.000 hectáreas según el último balance del viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha José Almodóvar.

¿Qué hacemos ahora?, preguntamos. “Es un desastre para uno de los espacios naturales de montaña más característicos de Castilla-La Mancha”. Los agentes medioambientales no han entrado todavía de lleno sobre el terreno, junto a técnicos expertos. El incendio está controlado, pero sigue activo.

“Lo importante será estudiar la zona en profundidad porque no todo se quema por igual. Habrá que hacerlo hectárea a hectárea para averiguar la severidad de la afección”. Lo principal será detectar aquellas zonas donde el fuego ha arrasado la materia orgánica del suelo. Y los lugares en peligro de erosión o de sufrir escorrentías cuando vengan las lluvias. “Es allí habrá que hacer obras de emergencia post-incendio. Serán muy importantes”.

Alfredo Poveda recuerda que el tiempo corre en contra. “No sabemos qué puede pasar en otoño con un mar Mediterráneo muy caliente que puede provocar una o varias dana”. Por eso pone el foco en las obras de estabilización del suelo. “Hay que actuar de forma inmediata de acuerdo a las características orográficas del terreno para evitar la escorrentía y la pérdida de suelo”.

En este aspecto explica que “aunque lo desolador sea ver los árboles quemados -y no todos habrán sufrido por igual- los vecinos deben saber que la vegetación es renovable, pero el suelo no”. De ahí la prioridad en la actuación para evitar la desertificación.

“Soy consciente de la depresión social que ha causado este incendio”, comenta el agente medioambiental que pese a todo lanza un mensaje de optimismo. “¿El monte se va a regenerar? Sí, aunque a algunas zonas les lleve más trabajo”.

Sus compañeros de profesión y otros especialistas entrarán ahora al terreno, en cuanto sea posible, para ver dónde actuar, “incluso con pastoreo acotado”, señala. En algunas zonas se apostará por la siembra de herbáceos, en otras, aventura, quizá por “el acolchamiento con paja y otros restos vegetales o mulching”.

Todo está por ver, aunque descarta una repoblación masiva en la Sierra Norte de Guadalajara. “Ahora se usan menos, aunque pueden ser recomendables para mejorar la porosidad del terreno. La tendencia es realizar labores para que el monte regenere solo”.

“Entiendo la desolación, pero ahora la ilusión que deben tener es ver crecer el monte desde cero. Se necesitarán muchos años, sí, pero cada día será un retoño, un brote…”, zanja, dejando un mensaje de optimismo.

Los representantes de UPL y Soria Ya en las Cortes de Castilla y León han registrado nuevamente este viernes su proposición de ley para crear un Cuerpo de Agentes Medioambientales, que han pactado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Los portavoces parlamentarios de ambas formaciones, Alicia Gallego (UPL) y Ángel Ceña (UPL), han acudido al Registro del Parlamento autonómico para reivindicar nuevamente la necesidad de contar con este cuerpo de agentes medioambientales de la Comunidad, en un contexto creciente de incendios forestales como el actual.

En este sentido, han recordado que son los agentes medioambientales quienes dirigen la inmensa mayoría de las labores de extinción, sin contar con un marco regulador específico.

La iniciativa legislativa que Soria ¡YA! y UPL presentaron en mayo de 2025 para regular el cuerpo de Agentes Medioambientales decayó con el final de la pasada legislatura, pese a haber superado el debate de toma en consideración.

Para ambos partidos, según explican en un comunicado, los hechos con los incendios demuestran que esta normativa es necesaria, porque respaldaría el trabajo realizado por quienes conocen el terreno y detectan los riesgos de forma anticipada, participan en la extinción e investigan lo ocurrido.

“Son una pieza esencial del operativo de emergencias y uno de los servicios públicos más importantes para la protección de nuestro patrimonio natural”, han resumido.

Han recordado que esta proposición de ley ya recibió el respaldo de la mayoría de las Cortes en la pasada legislatura para su toma en consideración, en cuyo debate contó con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, que optó por la abstención, pero el final de la legislatura hizo que decayera.

Por este motivo, ambos partidos confían en que todos los grupos parlamentarios “estén a la altura y permitan que esta ley salga adelante”: “La mejor forma de combatir los incendios no empieza cuando aparecen las llamas, empieza reconociendo, reforzando y dotando de herramientas a quienes trabajan todos los días del año para evitar que esos incendios lleguen a producirse”, han resumido.

El Gobierno vasco ha convocado para la próxima semana una “mesa de forrajes”, con el objetivo de coordinar las necesidades de alimentación animal y analizar posibles fórmulas de compra conjunta y suministro para las explotaciones más afectadas y, de cara a septiembre, una “mesa del agua” específica para el sector agrario, en la que se abordarán cuestiones relacionadas con la gestión yla eficiencia hídrica, la modernización de regadíos y las necesidades de abastecimiento de las explotaciones. Se trata de dos medidas tomadas este jueves tras la reunión de la Mesa del Cambio Climático y la Agricultura en la sede del Gobierno vasco en Vitoria, en la que han participado representantes del sindicato Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA), la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) y del Gobierno vasco con el objetivo de analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector tras las olas de calor que ha habido últimamente en Euskadi.

En el encuentro, en el que también han participado las diputaciones forales, organizaciones agrarias, cooperativas y entidades técnicas, se ha realizado un diagnóstico compartido de la situación y se han acordado nuevas actuaciones para responder a las necesidades más inmediatas del sector y avanzar en medidas de adaptación a medio y largo plazo. “El diagnóstico confirma el carácter excepcional de la situación meteorológica. Julio se ha convertido en el mes más seco del siglo en Gipuzkoa y la temperatura media registrada hasta el 27 de julio se sitúa 2,2 °C por encima del promedio del periodo 1991-2020, un récord histórico. Además, el indicador mantiene a buena parte de Euskadi en situación de advertencia y sitúa Llanada Alavesa como una de las zonas más afectadas”, han confirmado desde el Ejecutivo vasco.

Según han informado, los efectos del cambio climático comienzan a apreciarse en buena parte de las producciones tardías. “Mientras que los cereales y las patatas de siembra temprana han registrado un comportamiento normalizado, las siembras tardías presentan pérdidas tanto de rendimiento como de calidad. En parte de la horticultura se han detectado mermas de hasta el 50% en la floración y el cuajado del tomate, mientras que en algunos casos el maíz ha llegado a sufrir pérdidas de hasta el 90%. También se están registrando problemas de nacencia en girasol, reducciones de producción en remolacha y afecciones en frutales como el manzano o el kiwi. En viticultura, la vendimia se prevé adelantada y con buenas perspectivas sanitarias, aunque la evolución definitiva de la cosecha dependerá de las precipitaciones que puedan registrarse durante el mes de agosto”, han detallado.

En este sentido, los sindicatos agrarios han exigido durante la reunión ayudas directas para los ganaderos. “Exigimos ayudas directas ya para los ganaderos y ganaderas que tienen animales en el monte y que lo van a tener que bajar porque no hay comida. No podemos esperar a septiembre, hay que dar de comer y dar agua porque se nos está acabando el agua que hay en la sierra y en los montes de pasto, hay que bajar mínimo dos meses antes a las cuadras y eso es empezar a dar de comer comida que tenemos preparada para el invierno. Arriba ya está todo seco”, ha lamentado a la entrada de la reunión Edurne Basterra, presidenta de UAGA.

Por su parte, Xabier Iraola, coordinador del sindicato agrario ENBA, ha exigido que “al igual que ocurrió hace tres años, en 2023, se abra un operativo para compras conjuntas de hierba, forraje y paja”. “En estos momentos nos encontramos con que el principal perjuicio que tienen los baserritarras es la falta de hierba. El precio de la carne está bajando al ganadero, el precio de la leche ha bajado y si tengo menos hierva y tengo que gastar más en alimentación una consecuencia sería que algunos manden más vacas y más animales al matadero”, ha explicado Iraola.

En cuanto a las huertas, Iraola ha insistido en que “hay producciones como la vaina y otros productos que han quedado arrasados en el mes de junio y julio”. “En el tomate se ha caído toda la flor, por lo que no va a haber más tomate, en la manzana va a haber un 50% de producción de manzana para sidra, porque la manzana se ha caído y lo que hay son manzanas pequeñas. Además de todo eso nos preocupa el abastecimiento de agua”, ha señalado.

“La prioridad es acompañar al sector en un momento especialmente complejo, dando respuesta a las necesidades más urgentes sin perder de vista que el cambio climático obliga a reforzar la resiliencia de nuestras explotaciones mediante actuaciones estructurales y una mejor planificación”, ha subrayado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, quien ha destacado que “el estrés térmico está reduciendo la productividad y la capacidad reproductiva de distintas especies, mientras que la falta de agua y de pastos está obligando a muchas explotaciones extensivas a consumir ya el forraje reservado para el invierno”. “En las explotaciones de vacuno de leche, las olas de calor están provocando pérdidas medias de entre cinco y siete litros de leche por vaca y día, además de una disminución de la eficiencia reproductiva de entre el 30% y el 50%. En el ovino también se observan descensos de producción y dificultades reproductivas asociadas al incremento de las temperaturas”, ha destacado el Ejecutivo vasco, quien paralelamente continuará realizando las gestiones necesarias para adelantar al 15 de octubre el anticipo de las ayudas de la PAC, una medida destinada a reforzar la liquidez del sector en un momento especialmente delicado.

La “mesa de la sequía” en Euskadi, oficialmente denominada Mesa de Agricultura y Cambio Climático, se reunió por primera vez en el año 2023 en un intento de buscar soluciones al problema de la escasez de precipitaciones y del cambio climático, la mayoría de ellas con efecto a largo plazo. Tras aquella reunión se optó por arbitrar ayudas por parte del Gobierno vasco para la compra de forraje para alimentar al ganado, promover el cultivo local de ese forraje para no depender tanto del exterior como ocurre ahora, y en cuanto a la falta de agua optimizar el riego para evitar pérdidas.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la “falta de reconocimiento” y el “continuo cuestionamiento” del trabajo que desempeñan sus profesionales, poniendo el foco especialmente en las dificultades que, según aseguran, están encontrando para desarrollar su labor en la investigación de incendios forestales.

Una denuncia que llega coincidiendo con la grave incendio forestal en La Mierla (Guadalajara) que este domingo había quemado ya 13.000 hectáreas y que mantiene a 20 pueblos desalojados en la Sierra Norte de la provincia.

Por un lado, los agentes medioambientales han mostrado su “profundo malestar” ante el “escaso respaldo institucional” que, a su juicio, reciben por parte de la Junta de Comunidades. Critican las recientes declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez, en CMM Radio, en las que afirmó que la investigación del incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil y que esa labor “le corresponde” a ese cuerpo. Según la asociación, esas manifestaciones “contribuyen a cuestionar el papel que la legislación atribuye a los agentes medioambientales en la investigación de los delitos contra el medio natural”.

“Desde APAM-CLM creemos firmemente en la colaboración entre todas las policías judiciales y todos los cuerpos que trabajan en la protección del medio natural. La investigación de los delitos medioambientales no entiende de protagonismos; requiere sumar capacidades, experiencia y recursos”, afirman.

Por otro, denuncia el colectivo “problemas de coordinación” con otros cuerpos que participan en las labores de extinción. En concreto pone el foco en la Guardia Civil, asegurando que “los problemas de coordinación con determinadas unidades de la Guardia Civil no son nuevos” y afirma que se vienen repitiendo desde hace años, especialmente en el ámbito de la investigación de incendios.

En este sentido, lamenta que se esté intentando apartar a los agentes medioambientales de una fase que consideran “crucial”, como es la práctica de la prueba personal, pese al trabajo técnico y de investigación que desarrollan sobre el terreno.

Un “incidente” con la Guardia Civil

Como ejemplo de esta situación, APAM-CLM cita un reciente incidente ocurrido durante la intervención por el incendio de un vehículo junto a una carretera. Según relatan en un comunicado, ocurrió cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico requirió a los agentes “apagar los rotativos de emergencia” cuando se encontraban en la citada emergencia, con propagación del fuego hacia la vegetación colindante y, por tanto, “con un evidente riesgo de incendio forestal”.

Los agentes piden el respaldo “firme” de la Junta de Comunidades, ya que los hechos -que no son aislados- se produjeron mientras realizaban su intervención y señalizaban la emergencia mediante los dispositivos luminosos prioritarios de su vehículo oficial. El argumento de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico fue que no se trataba de un incendio forestal, sino de un incidente de tráfico, y que los agentes medioambientales no podían hacer uso de dichos dispositivos en esas circunstancias.

Desde APAM-CLM aseguran “desconocer” el fundamento jurídico de semejante interpretación, ya que, recuerdan, los vehículos oficiales de los agentes medioambientales están destinados a intervenir en las emergencias propias de su ámbito competencial, haciendo uso de la señalización prioritaria cuando ello resulta necesario para garantizar la seguridad de la intervención y de los usuarios de la vía.

En este caso concreto, dicen, “resulta todavía más incomprensible, puesto que el origen de la emergencia era precisamente un vehículo ardiendo, cuyo fuego ya se estaba propagando fuera de la calzada, hacia el medio natural”.

APAM-CLM reivindica un modelo de colaboración entre cuerpos como el que, aseguran, existió durante años en la provincia de Cuenca, donde agentes medioambientales y Guardia Civil elaboraban investigaciones y atestados conjuntos que fueron reconocidos por su eficacia.

A su juicio, ese sistema ha ido desapareciendo con el relevo de determinados responsables, lo que ha provocado que el trabajo de los agentes medioambientales quede “prácticamente invisibilizado” en la comunicación pública de los resultados de las investigaciones.

La asociación añade que esta situación no afecta únicamente a los incendios forestales, sino también a investigaciones relacionadas con el uso ilegal de venenos, delitos contra la fauna y otras infracciones medioambientales, en las que consideran que su aportación resulta determinante.

La consejera de Desarrollo Sostenible: “No me consta”

En declaraciones a los medios de comunicación este mediodía la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado: “A mí no me consta absolutamente nada de eso. La colaboración entre el Cuerpo de Agentes Medioambientales y la Guardia Civil es siempre ejemplar. En todos los incendios, el papel fundamental del Cuerpo de Agentes Medioambientales es analizar las causas”.

Gómez ha continuado diciendo que “son especialistas en extinción de incendios y, por lo tanto, hacen sus tomas de muestras, que ya se hicieron in situ cuando se originó el incendio, para saber exactamente qué es lo que había sucedido. Ya hemos dicho que todas las causas apuntan a una cosechadora. Además, la Guardia Civil no solo realiza su propia investigación in situ, sino además también realiza la labor de investigación de los posibles causantes del incendio”.

La consejera recalca que la Guardia Civil “ha tomado declaración” para poder esclarecer los hechos “y elevar la denuncia que corresponda ante el órgano judicial”, apuntando que no le consta “que haya habido ninguna situación de ningún tipo, ni de entorpecimiento, sino de total y absoluta colaboración”.

En las últimas tres semanas los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil —los GREIM— han rescatado a más de 60 personas, que habían sufrido percances diversos en la montaña, con picos de hasta 20 rescates en un día. La temporada estival montañera ha comenzado y, con ella, la masificación de las cumbres, las imprudencias, los excursionistas poco preparados, los instagramers que no miden dónde se meten en busca de una foto y los motivados que sobrevaloran sus capacidades.

“Antes teníamos un mes y medio de temporada alta, de mediados de junio a finales de agosto. Ahora la temporada empieza a primeros de junio y acaba en otoño, por lo menos en el Pirineo Aragonés. Si hay más gente, hay más probabilidades de que sucedan cosas”, cuenta Marta Ferrer, coordinadora de Montaña Segura, una campaña de prevención de accidentes en el medio natural fruto de la colaboración entre el Gobierno de Aragón, Aramón y la Federación Aragonesa de Montañismo.

Un paseo rápido por internet muestra la dimensión del problema año tras año. Llega el verano y los rescates en montaña disparan. Es cuestión de estadística, recalcan los expertos, pero también de gente inexperta que acude a la montaña con poca preparación y acaba extraviándose o, en el peor de los casos, teniendo un accidente, cuentan los profesionales del sector.

Este año ya se han contabilizado 534 rescates de montaña, según datos del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, cuando apenas está empezando la masificación de las cimas que trae el verano. El año pasado el número de rescates en España ascendió a 1.210, con 144 fallecidos, 771 heridos y 977 ilesos, lo que suma un total de 1.892 víctimas. En 2025, las intervenciones aumentaron un 1,17% respecto al año anterior, incrementándose el número total de personas asistidas un 2,49%.

Si se abre el arco una década, en 2015 se registraron 920 rescates y 1.563 personas auxiliadas en total; es una subida que supera el 30% en ambas estadísticas.

Cada año hay más días de calor, lo que se traduce en estaciones cálidas más largas que invitan a hacer actividades al aire libre. Al mismo tiempo, el calentamiento global está haciendo que la nieve se derrita mucho antes de las cimas de las montañas, lo que también aumenta la peligrosidad del medio. En enero del año pasado, la superficie nevada en las montañas era menos de la mitad que en el mismo momento de 2024.

“Se han quedado aquí”

En la montaña llevan notando este aumento de afluencia desde la pandemia. “La gente que no conocía la montaña se lanzó a ella y ya se ha quedado aquí”, cuenta Joan Maria Vendrell, guarda del Refugio de Góriz, situado a 2.200 metros de altitud en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. “Como hay más gente, también más accidentes, es una cuestión estadística”, resalta.

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), también respalda que en los últimos años, y en especial en verano, ha habido un aumento de los accidentes de montaña. “Los datos de los cuerpos de seguridad del Estado nos hablan de que cada vez hay más gente que no está en el mundo de los clubs y federativo, que va por su cuenta a la montaña y tiene más accidentes”, explica. Según la FEDME, alrededor de un 80% de las personas que tienen accidentes en montaña no está federada.

Clarella explica los beneficios de estar federado en un club de montañismo: “Aparte de tener un seguro que te cubre todas las incidencias del rescate y la rehabilitación, te proporciona un valor añadido en cuanto a formación, prevención, y acompañamiento de actividades que tal vez tú solo no puedes realizar”. Esta formación es esencial para hacer de la montaña un lugar más seguro. Sin embargo, federarse no es el “salvoconducto” para evitar accidentes, sino una herramienta de formación y seguridad que garantiza la práctica de la montaña de una manera más segura y más eficiente.

La campaña Montaña Segura se dirige principalmente a aquellos que están comenzando en el montañismo, pero también a gente más experimentada, pues han notado que el perfil experto también está teniendo accidentes, y muchas veces de gravedad, porque son actividades más exigentes. Para garantizar una exitosa y segura salida a la montaña, Ferrer y su equipo ponen el foco en tres partes esenciales: planificar la excursión, equipar la mochila y actuar con prudencia.

Todo comienza en casa, “en el planifica hay que tener claro qué, con quién y cuándo vamos a hacer, y estudiarlo un poco”, explica Ferrer. Es importante saber las características concretas del sitio, su desnivel y duración de la actividad. El segundo paso es preparar la mochila. Cada persona debería llevar como mínimo un litro y medio de agua, por ejemplo, así que compartir mochila si se va en grupo no es la mejor opción. “Ese material personal es del que dependemos para nuestra autonomía. Siempre hay que llevar algo de abrigo, agua y comida”, explica la coordinadora. Además, se recomienda llevar un mapa en papel y un teléfono para orientarse o en caso de emergencia y un botiquín pequeño.

En el Refugio de Góriz han notado que la gente va más preparada en invierno que en verano, pues en la estación estival los accesos son más sencillos y no parece que haga falta tanta preparación. “La gente ya no pasa por un curso de montañismo, por un centro especialista o por una formación, se lanzan porque su referencia es una foto de Instagram y quieren tener esa misma foto”, explica Vendrell.

La importancia de darse la vuelta

Una vez en la montaña, es muy importante estar siempre pendientes de lo que ocurre en los alrededores y actuar con prudencia. Hay muchos rescates por agotamientos y extravíos, incluso algunos esguinces y tropiezos vienen de un cansancio extremo. Para no llegar a estas situaciones, es necesario conocer y planificar bien el recorrido. Datos de la Guardia Civil muestran que el tipo de rescate más frecuente es por caídas, seguido de cerca por los extravíos y situaciones como agotamiento, deshidratación e incluso infartos.

“Nuestra capacidad de valorar nuestra actividad y darnos la vuelta a tiempo es súper importante”, confirma Ferrer. Además, destaca la importancia de tener siempre un plan alternativo, en caso de que surja algún imprevisto o complicación. “Nosotros siempre recordamos que tu seguridad depende de tus decisiones. Uno puede pensar que llamará al 112 cuando tenga un problema, pero a veces no hay cobertura o no pueden venir”, advierte la coordinadora.

También hay casos de gente que llama al 112 con “demasiada facilidad”. Vendrell resalta que probablemente muchos de los rescates se deban a causas menores, sin quitar importancia a aquellos que sí tienen gravedad. “Muchos son porque se han cansado de andar, tienen una uña del pie mal o se han perdido, no han encontrado el camino… Hay un exceso de llamar al helicóptero para que nos venga a buscar porque es muy fácil”, cuenta. Este año, los servicios de rescate de montaña de la Guardia Civil han atendido ya 208 falsas alarmas, frente a las 340 de todo el año pasado.

Desde Montaña Segura explican, con los datos facilitados por la Guardia Civil, que la mayoría de los rescates suceden en senderismo. En 2025, se registraron 668 rescates en esta modalidad, lo que supone un 55,2% del total. No porque sea la actividad más complicada, sino porque es la más practicada. Además, es la actividad que realizan todos aquellos que están comenzando en el montañismo, por lo que es más normal cometer errores.

“Ese volumen de personas normalmente no están federadas en montaña. Hay un porcentaje que sí, pero no significativo”, cuenta Ferrer. En las actividades más técnicas el porcentaje de federados en montaña aumenta, como las actividades en montaña invernal. En ellas hay menos accidentes, pero también el medio es mucho más comprometido y exigente, por lo que el riesgo asumido es mucho mayor.

Redes sociales y “gentrificación” de la montaña

Desde la FEDME, han observado cómo las redes sociales provocan cierto individualismo en la práctica del montañismo. “Cualquier persona puede colgar algo en una red social y parece que sea muy fácil, entonces la gente lo ve, se atreve enseguida y luego es cuando pasan las cosas que pasan”, cuenta Clarella. “Hay gente que sube al Aneto en pantalón corto, con zapatillas de correr, y se piensa que todo el mundo lo puede hacer. Aquí está el error o este individualismo y mala información que provocan las redes sociales”, advierte el presidente.

Subir una foto “aesthetic” a redes sociales en un lugar no tan conocido puede llevar a su “gentrificación” y excesivo tránsito de montañistas, con un consecuente deterioro de los espacios naturales. Algunas zonas, como los ibones de Anayet en Aragón, ya se han blindado contra el turismo de masas: el Gobierno de Aragón ha prohibido este verano acampar y bañarse en el humedal. La medida llega después de que el año pasado hubiera un gran número de montañistas bañándose, acampando e incluso usando drones en este espacio natural.

Vendrell, del Refugio de Góriz, explica que hay “seis o siete” lugares focalizados que es donde acuden todas las masas, por su popularidad en redes sociales y ser los más conocidos. Sin embargo, resalta que el resto del Pirineo sigue siendo “muy salvaje” y de un acceso más complejo. “En sitios cerca de la carretera con accesos fáciles hay mucha más masificación. Ahora la gente no viene tan preparada y hay más rescates, cualquiera tiene un teléfono y desde cualquier sitio se puede llamar para que te rescaten”, concluye.

La Inspección de Trabajo de Toledo ha emitido un informe reconociendo los riesgos que supone para la salud de los agentes medioambientales dedicados a la prevención y extinción de incendios las jornadas “extremas de trabajo y las deficiencias en la organización del mismo”, a raíz de una denuncia de CCOO.

“La Inspección de Trabajo ha constatado, y así lo hace constar, incumplimientos en horas de extinción y descansos entre jornadas, así como deficiencias en la gestión y control del tiempo de trabajo, lo que afecta a la conciliación de la vida personal y laboral por la incertidumbre de la duración de la prestación laboral o desplazamientos, especialmente cuando se activa un caso de gran incendio forestal”, argumento el sindicato.

Advierte igualmente sobre riesgos provocados por “la inseguridad y el miedo” en el trabajo a desarrollar, y de la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones cuando asumen la dirección técnica de la extinción del incendio y de la “fatiga física acumulada”.

“Todos estos incumplimientos y deficiencias en la organización del trabajo por parte del Gobierno Regional suponen poner en grave riesgo a los trabajadores y trabajadoras en los incendios forestales, además de que comprometen la propia eficacia del dispositivo Infocam, y en consecuencia la seguridad de la población afectada”.

Jornadas de hasta 23 horas

Dicho esto, CCOO ha recordado que en 2018 la Administración regional fijó un máximo de 12 horas continuadas de presencia en extinción, incluyendo desplazamiento y un descanso mínimo entre jornadas que debía respetarse como regla general.

“Sin embargo, los nuevos procedimientos publicados por la Consejería de Desarrollo Sostenible en los años 2025 y 2026 regulan jornadas de trabajo de hasta 23 horas continuadas sin descanso. Pero lo más grave, es que el sindicato ha recibido comunicaciones formales por parte de trabajadores y trabajadoras que alertan de casos concretos de más de 30 horas de trabajo sin descanso, y registros oficiales Fidias con jornadas de entre 18 y 22 horas, tras las cuales el agente medioambiental debe conducir su vehículo hasta la base o su domicilio”.

Según el sindicato, estas condiciones han causado accidentes 'in itinere' por falta de descanso y la necesidad de apartarse al arcén para descansar “por el riesgo percibido de accidente”.

“A todo ello se suma un problema que el personal viene trasladando desde hace tiempo, como es que durante las guardias de incendios no siempre se releva al agente de otras funciones ordinarias, lo que multiplica la carga mental, introduce conflictos de prioridades de emergencias y dificulta una dedicación verdaderamente centrada en los incendios forestales en la época de riesgo alto y extremo que nos encontramos”.

Dos cartas a Page, sin respuesta

Dicho esto, ha criticado que pese a sus intentos de llegar a acuerdos con la Administración, habiendo remitido incluso dos cartas dirigidas al presidente Emiliano García Page, hasta la fecha no ha habido respuesta. Por ello, hace hincapié en que los agentes medioambientales no están pidiendo privilegios, sino trabajar “con seguridad, con descansos suficientes, con medios adecuados y con una organización coherente y acorde a la responsabilidad que asumen en cada incendio forestal”.

Frente a esta situación, considera “inaceptable” que la respuesta de la Administración sigue siendo “publicar procedimientos con más exigencias y mantener inercias organizativas obsoletas y peligrosas, mientras los problemas de fondo continúan sobre el terreno”.

“Pedimos directamente al presidente, Emiliano García-Page, que interceda para que tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible como la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda se pongan de acuerdo para la revisión inmediata del sistema de guardias, descansos y compensaciones recibidas en todas las funciones de emergencias”.

CCOO concluye que no va a tolerar que, tras las advertencias efectuadas a la Administración y la constatación inspectora de incumplimientos laborales, y que no se actúe y se siga “poniendo en riesgo” a los trabajadores. Advierte de que si esta situación da pie a un accidente laboral, actuará judicialmente contra los responsables por todas las vías legales, incluida la penal.

Un total de dos centenares de trabajadores del operativo antiincendios se han concentrado este miércoles en Ávila, León, Palencia y Segovia, convocados por CCOO y CGT, para reclamar mejoras en el operativo establecido y criticar su “abandono”.

En Ávila, en torno a cincuenta personas se han movilizado, cuando faltan dos días para que comience el riesgo alto de incendios, y ha criticado que el operativo “empieza a medio gas”, lo que hace pensar en un verano “como poco, como el del año pasado”. Así lo ha vaticinado en declaraciones a los periodistas Rodolfo Boabent, agente medioambiental representantes de CCOO, y Román García, de CGT, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital abulense.

Según García, la situación del operativo de incendios está “en iguales o peores condiciones que el año pasado, después de los incendios devastadores en toda la Comunidad”, incluidos varios en la provincia de Ávila, como el que arrasó más de 2.000 hectáreas en la zona del Barranco de las Cinco Villas.

Falta de cobertura de vacantes

“La disposición de medios, la falta de cobertura de las vacantes, la falta de profesionalización, muchos de los problemas que veníamos arrastrando no se han solventado con respecto al año pasado”, ha argumentado García.

En el mismo sentido, Boabent ha lamentado que “un año más el operativo empiece a medio gas”, debido a la “falta personal en camiones y torretas, faltan otros agentes medioambientales por incorporarse”.

Al respecto, ha indicado que en las próximas dos semanas está prevista la incorporación de 22 agentes en una zona que “no conocen” y realizando labores de dirección de extinción, lo que a su juicio “puede poner en peligro al operativo”, al ser “los responsables de coordinación de los medios y de los incendios”.

En León, medio centenar de delegados sindicales ha acudido a la protesta ante la sede de la Delegación de la Junta por lo que han considerado “abandono absoluto” y escasos avances en el operativo de incendios de esta campaña, que en contra de lo anunciado por el Gobierno autonómico han limitado a “muy pocas mejoras de acuerdos que ya estaban pactados en 2022”.

Bajo mínimos

El coordinador de bomberos forestales de la Federación de Servicios Forestales de CCOO, Diego Fernández, ha denunciado que el personal laboral del operativo está “bajo mínimos, con puestos de vigilancia que se caen a pedazos, con bases de camiones que no cumplen con la normativa mínima”, a lo que ha sumado que los tratamientos selvícolas preventivos de esta campaña han sido “ínfimos”.

Fernández ha advertido de que se enfrentan a una “campaña muy difícil”, a la vez que ha criticado las condiciones laborales que sufren los trabajadores que integran el operativo, que ha sido denunciada ante la Inspección de Trabajo y que les “ha dado la razón”, ya que muchos puestos de trabajo no cumplen las condiciones laborales.

Por ello, CCOO ha interpuesto una querella criminal contra la Junta “con hombres y apellidos para que solucionen esta situación”. También ha denunciado que la carencia de personal en agentes medioambientales se extiende al resto de operativos compuesto por empresas privadas, trabajadores públicos y semipúblicos a través de la empresa Tragsa, lo que complica “muchísimo la coordinación” ya que “no es solo un operativo, sino uno diferente por cada provincia que se multiplica” por los distintos actores que participan en el mismo.

Una situación que provoca que cada provincia se gestione de una forma diferente, “lo cual aboca a problemas de comunicación, ya que no hay un sistema real de trabajo en conjunto porque no somos un operativo, somos 27”. Asimismo, ha exigido que se aplique la ley de bomberos forestales para todo los personal que forma parte de del operativo de extinción de incendios, que no solo son peones, conductores y vigilantes, ya que también son celadores, agentes y técnicos medioambientales.

Personal sin experiencia

Por su parte el agente medioambiental y delegado de CCOO José Ramón Casado, ha denunciado el déficit de agentes medioambientales existentes, que en la provincia de León es de un 15% de vacantes sin cubrir, a lo que ha sumado la perdida de experiencia progresiva debido a la edad y jubilación prevista de muchos de los profesionales de la Junta que se dedican a la extinción de incendios y que se suple con “personal sin experiencia”.

En Palencia, unos 40 efectivos de los operativos de prevención y extinción de incendios han participado en la asamblea informativa y la posterior concentración ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital palentina, para alertar de las precarias condiciones en las que afrontan la inminente campaña de verano.

Han recordado que a pocos días del inicio de la campaña, apenas la mitad de retenes están en condiciones de iniciar su labor y les preocupa que el resto se completará con improvisación. Por ello, han puesto el foco en la necesidad de “pasar de un operativo de parcheo a un operativo serio, formal y con profesionales bien formados”.

En este sentido también han denunciado la escasa formación con la que llegan algunos efectivos, así como la temporalidad de muchos empleos, que provoca que constantemente el operativo se forme con efectivos sin experiencia.

La concentración en Segovia se ha desarrollado con la presencia también de medio centenar de asistentes, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, convocados por CCOO, Comisiones Obreras, en defensa de un operativo de incendios forestales sin privatizaciones. La concentración se ha desarrollado sin incidentes y los participantes han reclamado soluciones a la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales, la situación de los Agentes Medioambientales, la adaptación del convenio colectivo, la jubilación anticipada, la prevención de riesgos laborales y el estado actual del operativo en la provincia de Segovia.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Veolia Región de Murcia pone el foco en un aspecto que pasa desapercibido: qué ocurre con el agua después de utilizarla en nuestro día a día. En la EDAR de Cabezo Beaza, en Cartagena, ese recurso inicia un nuevo camino gracias a los procesos de depuración y regeneración que permiten darle una segunda vida. El agua tratada en esta planta se destina a usos agrícolas, pero además el trabajo de la compañía ha convertido este entorno en un espacio de gran valor para la biodiversidad.

En colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma y la asociación ecologista ANSE, Veolia impulsa desde hace años actuaciones para favorecer la presencia de aves acuáticas, mejorar la diversidad vegetal y controlar especies invasoras. Este vídeo muestra cómo la gestión sostenible del agua puede transformar una infraestructura ambiental en un refugio de vida y en un ejemplo de colaboración público-privada al servicio del territorio. “En Veolia no tenemos ninguna duda de que regenerar el agua es la mejor manera proteger el medio ambiente”, apuntan.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia solo ha tramitado una denuncia sobre incendios en el último año, según una información remitida por la Junta de Castilla y León a Ecologistas en Acción Palencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El expediente revela que, según datos de mediados de abril, aún había 578 denuncias que se habían registrado entre 2023 y 2025 y que seguían pendientes de iniciarse. Además, Palencia tiene pendiente iniciar más denuncias medioambientales de las que ha resuelto en tres años y tiene especialmente paralizadas las denuncias en materia de incendios y Patrimonio Natural.

El Procurador del Común –el Defensor del Pueblo de Castilla y León– ya ha señalado a la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez Quiñones, que no tiene suficiente personal jurídico para tramitar todas las denuncias que interponen agentes medioambientales, vecinos o asociaciones ecologistas y conservacionistas, un asunto del que ya advirtió hace unos meses elDiario.es. Cuatro de cada diez denuncias ambientales han prescrito, han caducado o ni siquiera se han comenzado a tramitar.

La Consejería de Medio Ambiente explica que hay “una alta tasa de vacancia” en ese tipo de puestos de los servicios territoriales, y lo atribuyen a “un problema endémico” de la Administración española y a que los departamentos responsables de los procedimientos sancionadores no están muy demandados en los concursos y promociones internas. En cualquier caso, se ha comprometido a poner en práctica las recomendaciones del Procurador del Común.

La Junta de Castilla y León ha proporcionado datos más detallados sobre estas denuncias que no han sido tramitadas, que permiten ver que la Administración está sobrepasada especialmente en dos áreas: la de Incendios y la de Patrimonio Natural. El 82% de las denuncias interpuestas en Palencia sobre fuegos están pendiente de iniciar el procedimiento sancionador, al igual que el 71% de las denuncias de Patrimonio Natural.

En el último año solo se ha tramitado una denuncia de cada tipo: la de incendios se ha dado por finalizada, mientras que aún se está trabajando en un caso de Patrimonio Natural. La situación es un poco mejor en otras áreas, pero todavía tienen una cifra considerable de denuncias pendientes: el 50,9% de los expedientes sobre Pesca, el 42% en Vías Pecuarias y en Montes y el 39% en las denuncias relativas a infracciones de la normativa cinegética. Las infracciones relacionadas con Montes y Caza son las que derivan en más denuncias: 211 y 173 en los últimos tres años. Se han resuelto 118 y 98 expedientes, respectivamente.

Normalmente se dan prioridad a las infracciones más graves, lo que deja las más leves en la cola, según confirman varios agentes medioambientales de varias provincias. Tampoco se han resuelto ninguna de las denuncias incoadas en materia de prevención ambiental, y solo se han resuelto el 23% de los expedientes incoados sobre residuos (ambos enmarcados dentro de Calidad Ambiental). En Palencia existe una plaza de instructor jurídico vacante, y hay dos que están trabajando, aunque no es la que tiene una situación más complicada: en Burgos solo trabaja un instructor y en Salamanca la RPT solo contempla dos plazas y no tres como en el resto de provincias. De hecho, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha pedido que se valore la intervención de la Inspección de Trabajo dada la “sobrecarga” que suponen estas vacantes para el servicio.

Ecologistas en Acción Palencia también había pedido conocer qué autoridad había firmado las denuncias (Seprona o agentes medioambientales) y si estas sanciones eran leves o graves, pero la Junta asegura que no tiene esos datos sistematizados no exportables.

Seis meses para incoar el expediente

Este medio ha tenido acceso a algunos de estos expedientes, como una infracción relacionada con la caza ilegal de un corzo en el Cerrato palentino. En mayo de 2023, agentes del Seprona de la Guardia Civil observaron a un furtivo disparando a un corzo desde la ventanilla trasera del todoterreno en Hornillos de Cerrato. El Juzgado de Instrucción archivó la causa penal en enero de 2025, pero la Junta de Castilla y León no incoó el procedimiento sancionador hasta junio de ese año. La Delegación Territorial ha dictado resolución definitiva del caso en abril de este año y ha impuesto una multa de 4.000 euros, la retirada de la licencia de caza durante un año y el pago de una indemnización de 10.000 euros por dos infracciones graves (cazar sin autorización y con un arma sin licencia) y una leve por disparar desde el todoterreno.

Protestas de los agentes medioambientales

Los agentes medioambientales de Castilla y León llevan años movilizándose para reivindicar mejores condiciones laborales y un operativo más completo, ante la paralización política que denuncian. La pasada legislatura concluyó sin que se tramitaran las leyes pendientes: la Ley de Agentes Medioambientales, que UPL y Soria Y se comprometieron a retomar esta legislatura, y la Ley de servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento impulsada por los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCyL). Hace unos meses, la Justicia anuló parte de una Orden de Medio Ambiente que los celadores de Medio Ambiente de Castilla y León sean jefes de extinción de incendios. Además, la Consejería mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos pese a su promesa de ir incorporando el personal al sector público a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl.

El Procurador del Común –el Defensor del Pueblo de Castilla y León– abronca a la Consejería de Medio Ambiente por la insuficiencia de medios y expedientes tramitados en los servicios territoriales, de los que ya advirtió hace unos meses elDiario.es. Cuatro de cada diez denuncias ambientales han prescrito, han caducado o ni siquiera se han comenzado a tramitar. ¿Las principales áreas afectadas? Las denuncias administrativas por caza, pesca, vías pecuarias y espacios naturales.

Esta situación “compromete” el principio de eficacia de las sanciones y “puede generar desconfianza en los agentes de la autoridad” al impedir que se impongan las sanciones. A la queja del Procurador del Común se suman las reclamaciones de las asociaciones profesionales de agentes medioambientales, sindicatos y asociaciones ecologistas, que lamentan el elevado número de infracciones que quedarán sin resolver.

Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, los agentes medioambientales de Castilla y León han entregado 14.898 denuncias al Ejecutivo autonómico. Sin embargo, no se ha iniciado el procedimiento de 4.318 expedientes y se ha dejado que otros 1.440 han prescrito o caducado, según los datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente a la institución propia.

El Procurador del Común defiende el “derecho a la buena administración”. “La falta de respuesta a los ciudadanos y la inacción administrativa son incompatibles con la buena administración, máxime en relación con la protección del patrimonio natural, al tratarse de un valor esencial para la identidad de Castilla y León”, señala en su resolución, emitida la semana pasada.

Un celador de la Junta de Castilla y León lamentó hace meses a elDiario.es que algunos trabajadores habían decidido no tramitar las infracciones más leves por la mayor incapacidad que tendrían los instructores jurídicos que afrontar todas ellas.

Puestos vacantes en la RPT

La parálisis de los servicios de Medio Ambiente se explica, en parte, por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los instructores jurídicos. Uno de cada cuatro puestos de trabajo está vacante y alguno de ellos lleva sin ocuparse desde agosto de 2023 o mediados de 2024. Para el Procurador del Común, la situación es “especialmente apremiante y urgente” en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, donde solo hay un trabajador público que se encargue de estas cuestiones, lo que ha provocado un atasco importante: en dos años solo se han tramitado el 38% de las denuncias y solo se han resuelto 38 relativos a la gestión de residuos. Los 869 restantes, que afectaban a la caza, pesca, montes, vías pecuarias y espacios naturales, han prescrito.

El Procurador del Común también afea que en Salamanca se contemplen solo dos puestos jurídicos a pesar de “la extensión de su superficie y su importancia medioambiental” mientras en el resto de provincias está previsto que trabajen tres instructores jurídicos. “Se deben adoptar las medidas pertinentes para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el fin de dotar de un puesto jurídico más, igualando su número al resto de Servicios Territoriales”.

El defensor del pueblo autonómico pide a la Consejería de Medio Ambiente que haga lo posible por cubrir los puestos jurídicos vacantes, especialmente en Burgos y que valore adoptar “las medidas pertinentes” para modificar la RPT e incorpore un puesto jurídico más en Salamanca.

elDiario.es pidió a principios de año a la Consejería de Medio Ambiente la información detallada sobre el número de estos expedientes que no se habían incoado o que habían caducado a través de una petición de Transparencia. Medio Ambiente ha tramitado la petición tres meses más tarde y ha requerido el pago de una tasa de 36,60 euros a pesar de que los medios de comunicación están exentos de abonar cualquier tipo de tarifa, por lo que ha remitido el caso al Comisionado de Transparencia para que este emita su resolución, de obligado cumplimiento.

Este martes el centro científico y tecnológico especializado en el medio marino y la alimentación AZTI ha hecho pública una grabación de vídeo del pasado 31 de julio de 2023 en la que se documenta por primera vez un intento de apareamiento de tiburón azul en aguas del golfo de Bizkaia. “Se trata de un comportamiento que rara vez se observa directamente en el medio natural”, confirman desde AZTI, quienes detallan que la imagen fue captada por el equipo de MakoPako, especializado en snorkel y avistamiento de tiburones pelágicos.

“El registro visual muestra una secuencia de comportamientos compatibles con el cortejo en tiburones: nado en paralelo entre macho y hembra, seguimiento, una mordida en la aleta pectoral y la inversión de ambos ejemplares en el agua. La interacción duró algo más de cuatro minutos y no culminó en cópula, ya que la hembra logró zafarse y abandonar la zona”, informan desde el centro.

De forma complementaria, estos datos han sido analizados en un estudio científico publicado en la revista Web Ecology, desarrollado por un equipo internacional integrado por Ocean Wildlife Project, la empresa vasca MAKO PAKO y el centro tecnológico AZTI.

Se trata de un trabajo que integra información recopilada entre 2021 y 2024 en campañas científicas y salidas de ecoturismo. En ese periodo se documentaron 17 ejemplares con marcas asociadas al apareamiento. “Los resultados muestran que la mayoría de los individuos con cicatrices eran hembras y que estas marcas se localizaban principalmente en los flancos, aunque también aparecían en branquias y aletas pectorales. Las observaciones se registraron entre junio y octubre, con mayor frecuencia en verano”, explican.

Según el estudio, la combinación de la observación directa y la presencia recurrente de cicatrices sugiere que el talud continental frente a la costa vasca podría estar relacionado con la actividad reproductiva de la especie en el Atlántico noreste, aunque será necesario ampliar el seguimiento para confirmarlo.

En la misma zona también se han observado comportamientos similares en otras especies pelágicas, como la raya pelágica (Pteroplatytrygon violacea). Este conjunto de evidencias apunta a que esta franja marina podría tener un papel relevante en distintas fases del ciclo vital de varias especies. “Se trata de observaciones puntuales, pero aportan información valiosa sobre procesos que son difíciles de estudiar en mar abierto”, detalla Maite Erauskin-Extramiana, investigadora de AZTI.

Desde el punto de vista científico, este hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre migraciones, estructura poblacional y comportamiento reproductivo del tiburón azul. Además, pone en valor el papel del ecoturismo responsable como fuente complementaria de datos científicos. “Este tipo de actividades, cuando se realizan de forma controlada, pueden aportar información única sobre especies difíciles de estudiar en mar abierto”, añade Erauskin-Extramiana.

El descubrimiento subraya también la necesidad de intensificar el seguimiento científico en la zona para evaluar su importancia real en la conservación de una especie considerada vulnerable en diferentes contextos internacionales.

Esta primavera los parques de Bilbao contarán con varios 'oasis' de mariposas para impulsar la biodiversidad incluso dentro de la ciudad. Se trata de un proyecto de Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, y bajo la iniciativa de la Asociación Zerynthia que busca proteger y fomentar la presencia de mariposas y otros polinizadores clave para el ecosistema. Para ello, los Jardines Salesianos del barrio de Sarriko, el parque de Ibaieder en La Peña y el parque Eskurtze en Irala contarán con espacios para estos insectos en zonas soleadas y resguardadas del viento, condiciones que favorecen su reproducción y refugio. En ellos se han plantado especies autóctonas adaptadas al clima de Bilbao, como romero, tomillo, ruda o hinojo, que sirven tanto de alimento para las mariposas adultas como para sus orugas.

“Las mariposas son unos insectos capaces de medir la biodiversidad de un espacio. Son bioindicadores de la calidad ambiental de nuestro entorno. De todos los insectos que polinizan las plantas, el 40% son mariposas”, detalla Yolanda Martín, bióloga y voluntaria de Cruz Roja en Bizkaia. Según detallan desde Cruz Roja, cada 15 días voluntarios irán valorando la evolución de estos pequeños 'oasis'. “A lo mejor una mariposa pone huevos, a los 4-10 días aparecen las orugas y estas sirven de alimento a otros invertebrados, pájaros, etc. Tampoco hay que olvidar otro punto importante del proyecto, ya que las mariposas van a convertirse en el alimento de otros animales, algo que también aumentará la biodiversidad en los parques urbanos. Estos 'oasis' de mariposas ayudan a mejorar la biodiversidad de los parques, acercan la ciencia a la ciudadanía, y es un proyecto que permite hacer un seguimiento a futuro porque tendremos que ver las plantas que vamos introduciendo, qué tipo de polinizadores atraen y qué especies de mariposas aparecen”, sostiene la bióloga que indica que en los parques donde ya están ubicados estos espacios han colocado paneles informativos, para que la ciudadanía conozca la realidad y el ecosistema de las mariposas.

Desde la Asociación Zerynthia explican que en España existen “5.000 especies de lepidópteros, entre los de vuelo diurno y nocturno”. “Cada especie ocupa un papel específico y fundamental en el medio, polinizando plantas con flor, proporcionando alimento a otras especies animales, etc. Las mariposas, junto con el resto de insectos, son uno de los primeros organismos en verse afectados por las alteraciones en el medio. De este modo, a través de la sensibilización por la conservación de estos animales, no solo introducimos la necesidad de conservar territorios emblemáticos, sino que podemos transmitir de manera muy visual cómo las acciones humanas en el medio afectan dramáticamente a seres tan bellos y bien considerados socialmente como las mariposas”, reconocen.

Estas especies cuentan con amenazas, la principal de ellas, la destrucción o alteración de sus hábitats. “Especialmente en torno a los medios urbanos existe una gran problemática relacionada con el uso de pesticidas y el deterioro del medio debido a procesos humanos como el urbanismo o la construcción de infraestructuras. Sin embargo, es posible trabajar para paliar esta situación. Para ello proponemos este proyecto”, explican desde la asociación, que trabaja en todo el país en la divulgación, investigación y conservación de estos insectos.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, señala que “este tipo de iniciativas contribuyen a acercar la naturaleza a los barrios y a reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los espacios verdes de la ciudad”. “La presencia de mariposas y otros polinizadores es también un indicador de la calidad ambiental de los parques urbanos”, aclara. Según reconocen desde el área de Movilidad y Sostenibilidad, las mariposas, al igual que otros insectos polinizadores, son especialmente sensibles a las alteraciones del medio y la pérdida o degradación de sus hábitats, el uso de pesticidas y el impacto de los procesos urbanísticos constituyen algunas de las principales amenazas para estas especies en los entornos urbanos.

Durante los primeros meses se garantizará un riego adecuado para facilitar el crecimiento de las plantas y, posteriormente, al tratarse de especies autóctonas, podrán desarrollarse de forma natural. El mantenimiento y seguimiento de estos espacios correrá a cargo del voluntariado de Cruz Roja, que realizará revisiones periódicas para supervisar el crecimiento de la vegetación y el estado del oasis. Además, se han instalado cercos de madera para proteger las plantaciones y evitar posibles daños. “Con pequeñas intervenciones como estas plantaciones podemos transformar los parques urbanos en espacios más ricos en vida y más valiosos para el equilibrio de los ecosistemas”, concluye Javier Garaizar, voluntario y director del área de Medio Ambiente de Cruz Roja en Bizkaia.

Diversas plataformas en defensa del territorio, medioambientales y sindicatos agrarios han entregado un total de 7.200 nuevas alegaciones contra la implantación de 19 macrocentrales fotovoltaicas por parte de la multinacional Solaria. Durante la concentración que han llevado a cabo este jueves ante la sede central del Gobierno vasco en Vitoria, los colectivos han explicado que el rechazo administrativo a estos proyectos se divide en dos ejes de actuación: la respuesta técnica inmediata a los proyectos actuales y la denuncia social de un modelo de desarrollo que se considera “especulativo”.

Los convocantes han calificado la entrega de estas 7.200 alegaciones como “un nuevo hito en la defensa del suelo alavés”, sumándose a un histórico de más de 58.000 alegaciones presentadas anteriormente contra otros macroproyectos de diversa naturaleza, tales como centrales eólicas y fotovoltaicas, el Tren de Alta Velocidad (TAV) y el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, entre otros. Los grupos impulsores han denunciado que los 19 proyectos actuales incurren en una “fragmentación ilegal”, presentándose de forma artificial como múltiples instalaciones menores de 50 MW, para “eludir la competencia estatal y reducir las exigencias medioambientales”.

Además, han destacado el “impacto irreversible” que estas infraestructuras y sus líneas de evacuación, proyectadas hasta Zierbena (Bizkaia), tendrían sobre la biodiversidad, la salud y la viabilidad del sector primario, según recoge Europa Press.

Más allá de las alegaciones técnicas, el movimiento popular ha querido manifestar su “oposición frontal al actual modelo de implantación masiva de infraestructuras industriales en zonas rurales”. Según el comunicado conjunto, este despliegue de macrocentrales, centros de datos y plataformas logísticas está encaminado al “lucro privado y la especulación en lugar de a una descarbonización real”. En este sentido, han hecho hincapié en que la lucha actual es un compromiso con las futuras generaciones para “preservar un territorio habitable frente a la amenaza de convertir el entorno rural en un polígono industrial”.

Manifestación el 23 de mayo

Por otra parte, las plataformas y grupos en defensa de la tierra, y los sindicatos agrarios han realizado un llamamiento general a la ciudadanía para participar en una “manifestación masiva”, el próximo 23 de mayo. Según han informado, la marcha partirá a las 18.00 horas desde la Plaza Bilbao en Vitoria, bajo el lema 'Makroproiekturik Ez', con el objetivo de “defender la tierra frente a todos los macroproyectos que amenazan el modo de vida y el patrimonio natural de Araba”.

El acto que han realizado este jueves y la convocatoria de la movilización de mayo cuentan con el respaldo de cerca de una treintena de colectivos, sindicatos agrarios y plataformas vecinales que abarcan la totalidad del territorio alavés.

La ausencia de instructores jurídicos deja sin tramitar cientos de denuncias medioambientales en Castilla y León. Los servicios de Medio Ambiente de Castilla y León están colapsados por la falta de personal y un número indeterminado de denuncias medioambientales están a la espera de ser tramitadas o con unos procedimientos que han caducado por la sobrecarga. “Los servicios jurídicos que tramitan esto están bajo mínimos”, aseguran los sindicatos. La mitad de los puestos de instructor jurídico están vacantes o autorizados (pero no ocupados por un profesional), según ha confirmado la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones. Poco importa qué tipo de agente ponga la denuncia: un celador, un guardia civil, un agente medioambiental (hay más de 700 en Castilla y León) o un guardia de campo.

“Lo de los servicios jurídicos es un desastre. Llegan las denuncias y dicen: 'que prescriben las que sean'”, denuncian los ecologistas. “Las infracciones leves ya ni las tramitamos porque el volumen ya sería brutal, pero es que las denuncias más graves no se van a tramitar y los infractores se ríen de ti”, lamenta un celador medioambiental, que prefiere mantener el anonimato. Aún se desconoce el impacto que tendrá esta situación en el número de infracciones no tramitadas, aunque elDiario.es ha pedido esa información a través del servicio de Transparencia de la Junta de Castilla y León. Cada instructor jurídico tramita un tipo (o varios) de casos: caza y pesca, montes e incendios, residuos y calidad ambiental, etc.. La ausencia de uno (o más) de estos instructores jurídicos provoca un 'vacío' en esas áreas, cuyas infracciones dejan de tramitarse. “Puede ser que haya provincias que tramiten denuncias en montes, pero no en residuos”, explican desde CCOO. Por eso es tan difícil cuantificar la gravedad del problema.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fija 26 puestos de instructor jurídico en el área de Medio Ambiente, tres en todas las provincias salvo en Salamanca, donde hay dos puestos. Sin embargo, hay 7 puestos vacantes: 2 en Burgos y uno en León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Además, se ha solicitado en 2025 la cobertura de dos plazas en Ávila, Burgos y Valladolid y una en León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. De estas, ya se han autorizado 6 plazas, que se espera que se cubran próximamente: dos en Ávila y uno en Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. La Consejería de Medio Ambiente no ha querido explicar ni valorar qué supone esta situación que viven las Delegaciones Territoriales, pero hay asociaciones como Ecologistas en Acción que llevan meses alertando de la situación: “las denuncias no se tramitan, amontonándose expedientes que ni tan siquiera se inician, con riesgo serio de que en muchos casos caduquen sin resolver sobre el fondo de la cuestión”. El delegado nacional de Medio Ambiente de CSIF, Marcelino Arribas, lamenta que este puesto es “poco goloso económicamente” porque hay otros puestos similares con mejor retribución que el de instructor jurídico de Medio Ambiente.

El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), Esaú Escolar, considera que se está “jugando con la seguridad de los agentes medioambientales”. “Todas esas denuncias se tienen que instruir y sancionar por parte de la Junta, que las deja caducar o prescribir y al final la gente se ríe de ti”, lamenta Escolar. Además de la inseguridad, CSIF agrega que la Junta de Castilla y León está perdiendo su capacidad recaudadora y reduce los ingresos económicos. CCOO agrega que una sola persona es insuficiente para tramitar los expedientes en todas las materias: “No da tiempo y las denuncias prescriben porque no se inicia el procedimiento”.

“Nosotros sabemos que casi todas las denuncias relacionadas con caza y vías pecuarias no llegan a tramitarse porque el interino se marchó y ahora es un desastre”, aseguran desde Ecologistas en Acción Palencia, que no tiene noticias del Servicio Territorial desde mediados de 2025. “Sabemos que algunos expedientes no se han abierto, tenemos un trámite pendiente de resolver desde 2023, por ejemplo, y hay otros cuatro o cinco en los que estamos personados y de los que no sabemos nada”, explica a elDiario.es el presidente de Ecologistas en Acción de Palencia, Alberto Fuentes.

Puestos vacantes desde hace años

En Palencia recuerdan que hasta 2023 no se resolvió una denuncia interpuesta en 2018: “El mismo agricultor ha vuelto a roturar en una zona de hábitat de la alondra ricotí en 2024, pero la especie ya no estaba catalogada como vulnerable, sino como especie en peligro de extinción. Y la Junta de Castilla y León mantuvo sus fundamentos de Derecho como si siguiera siendo una especie vulnerable. Hicieron copia y pega”, denuncia el representante de Ecologistas en Acción Palencia.

En Valladolid hay una plaza vacante desde agosto de 2023 y otra vacante desde septiembre de 2025. El año pasado se solicitó la cobertura de ambas plazas, pero solo una de ellas ha sido autorizada recientemente. Este jueves se notificó la adjudicación de la plaza a una funcionaria interina que tomará posesión “en los próximos días”. Según fuentes internas, en Valladolid falta un instructor que aborde las denuncias de Medio Natural, por ejemplo. “Es una vergüenza”, reprocha un trabajador público consultado por este medio.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos en su sección de Régimen Jurídico, tiene establecidos tres puestos de jurídicos que se reparten diferentes campos. Un jurídico se encarga de los expedientes relacionados con “montes”, otro de los expedientes de “caza y pesca” y el tercero de los expedientes de “protección ambiental”.

Fuentes internas aseguran que en Burgos la persona que se encargaba de tramitar los expedientes de Protección Ambiental dejó su puesto en octubre de 2024, al igual que la persona que tramitaba los expedientes de Caza y Pesca, que también se marchó en marzo de 2025. Ambos empleados públicos causaron baja porque llevaban tres años como interinos en ese puesto. Estas plazas siguen sin cubrirse. Fuentes internas calculan que solo en Burgos podría haber cerca de doscientas infracciones denunciadas cuyo futuro es incierto.

El jefe de Burgos pide que intervenga la Inspección

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha pedido que se valore la intervención de la Inspección de Trabajo dada la “sobrecarga” que suponen estas vacantes para el servicio. En julio del año pasado Ecologistas en Acción escribió un escrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos solicitando poner fin a dicha situación, aunque no se ha planteado ninguna solución. “A lo largo de estos tres años de contratación interina no se haya desatollado actuación alguna encaminada a cubrir las plazas de modo definitivo”, alertó hace seis meses, según un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes sindicales también critican que el Ejecutivo no haya convocado estas plazas en los procesos de estabilización de funcionarios.

Ecologistas en Acción advirtió entonces de “la impunidad absoluta” de los incumplidores medioambientales que deberían ser objeto de sanción. Poco después, respondió el jefe del Servicio Territorial que se había requerido la ocupación de esta plaza desde febrero de 2025. Además, desde octubre de 2024 hasta julio de 2025, uno de los funcionarios recibió 106 denuncias; y desde marzo hasta julio de 2025, el otro trabajador público recibió 67 denuncias. Ninguno de esos expedientes habían sido instruidos en julio del año pasado, según ha podido confirmar este periódico. Hace tan solo unas semanas, a finales de diciembre de 2025, la Junta de Personal de Funcionarios de Burgos envió un escrito a la Delegación Territorial de Burgos pidiendo que se cubrieran las dos plazas vacantes.

El nuevo jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente descarga la responsabilidad sobre la Secretaría General de la Consejería, dado que ha pedido que se hicieran las gestiones convenientes en ocho ocasiones entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. “Esas plazas siguen vacantes no por desidia del Servicio Territorial, sino porque desde Secretaría General no consiguen que Función Pública autorice la cobertura de las mismas, ya que al haber estado ocupadas durante tres años por interinos, solo pueden ser cubiertas por personal funcionario o en un proceso selectivo”, señaló en un documento del 30 de diciembre, al que ha tenido acceso este diario.

El jefe de Servicio Territorial ha instado a la Junta de Personal a que haga “las gestiones oportunas” para cubrir las plazas, dado que está entre sus funciones “la defensa de los funcionarios”. Los trabajadores públicos temen que, cuando se cubran las plazas vacantes, dé carpetazo a todos los expedientes antiguos porque lo considerarán un trabajo “excesivo”, algo que ya ha sucedido en circunstancias similares.

El escritor, intelectual y pionero ecologista Pedro Costa Morata jamás pudo sospechar, ya en su jubilación, que se presentase una solicitud para la retirada de su título de Hijo Predilecto del municipio murciano de Águilas. Tras combatir el programa nuclear del tardofranquismo, ser uno de los protagonistas en la lucha para que la llanura costera de Marina de Cope no tenga una central nuclear y después de su trayectoria como profesor de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid, los solicitantes han presentado un escrito argumentando que “los méritos y la conducta que justificaron la concesión de tal distinción han dejado de concurrir; y mantener este reconocimiento no se ajusta al interés general”.

“Me enteré [de la presentación del escrito] por la prensa y por rumores del pueblo”, ha lamentado Costa Morata a este diario. Ahora, el ayuntamiento de Águilas ha iniciado un expediente de revocación del título, concedido en 2017 tras una iniciativa popular apoyada por PSOE, IU y Águilas Puede y rechazada por el PP. El ingeniero ha recibido una notificación por parte del consistorio aguileño, que ha abierto un proceso de información pública para un periodo de alegaciones.

De acuerdo con Izquierda Unida, los firmantes que han presentado la solicitud son “un colectivo difuso de ultraderechistas reaccionarios y de insumisos de las leyes ambientales”.

“Además de carecer de fundamento racional y legal, [la solicitud para retirar el título] viene auspiciada por unos personajes que se mueven en una órbita reaccionaria, con tentáculos claros en el poder económico aguileño vinculado a la agroindustria más agresiva que siempre se ha opuesto al parque natural de Cabo Cope-Calnegre”, ha explicado Costa Morata.

El ingeniero ha denunciado que sufre una campaña de acoso por su labor ecologista y le han incendiado la puerta de su vivienda: “La quemaron, le echaron gasolina y le pegaron fuego. Estaba yo durmiendo”, ha detallado.

En repulsa por la solicitud para retirar el título de Costa Morata, se han concentrado en Lorca representantes de IU, Podemos, CCCO, además de portavoces de asociaciones como AMACOPE, Ecologistas en Acción, Yayoflautas de Lorca, vecinos de Tercia agrupados frente a las obras del AVE, Amigos del Pueblo Saharauí o colectivos ambientalistas y senderistas de Lorca.

El Portavoz de la Asociación AMACOPE, Sebastián Ramírez, ha leído las palabras de la anterior alcaldesa de Águilas en el día en el que Costa Morata se convirtió en hijo predilecto de esa localidad: “Con independencia del color político hay una realidad y es que Pedro Costa luchó y evitó la construcción de una central nuclear en el paraje de la Marina de Cope; un hecho que de haberse producido habría cambiado y mucho la realidad que hoy vivimos. Por eso creemos que Águilas estaba en deuda con Costa y por eso consideramos que es merecedor de este reconocimiento”, afirmaba en aquel pleno la primera edil aguileña, Mari Carmen Moreno.

La Coordinadora Regional de IU, Penélope Luna, ha agradecido a Costa su papel de pionero en la defensa del medio ambiente en España, y el haberse convertido en “una referencia imprescindible en estos tiempos de auge de organizaciones que niegan el cambio climático y combaten las políticas públicas ambientales”.