La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la “falta de reconocimiento” y el “continuo cuestionamiento” del trabajo que desempeñan sus profesionales, poniendo el foco especialmente en las dificultades que, según aseguran, están encontrando para desarrollar su labor en la investigación de incendios forestales.

Una denuncia que llega coincidiendo con la grave incendio forestal en La Mierla (Guadalajara) que este domingo había quemado ya 13.000 hectáreas y que mantiene a 20 pueblos desalojados en la Sierra Norte de la provincia.

Por un lado, los agentes medioambientales han mostrado su “profundo malestar” ante el “escaso respaldo institucional” que, a su juicio, reciben por parte de la Junta de Comunidades. Critican las recientes declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez, en CMM Radio, en las que afirmó que la investigación del incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil y que esa labor “le corresponde” a ese cuerpo. Según la asociación, esas manifestaciones “contribuyen a cuestionar el papel que la legislación atribuye a los agentes medioambientales en la investigación de los delitos contra el medio natural”.

“Desde APAM-CLM creemos firmemente en la colaboración entre todas las policías judiciales y todos los cuerpos que trabajan en la protección del medio natural. La investigación de los delitos medioambientales no entiende de protagonismos; requiere sumar capacidades, experiencia y recursos”, afirman.

Por otro, denuncia el colectivo “problemas de coordinación” con otros cuerpos que participan en las labores de extinción. En concreto pone el foco en la Guardia Civil, asegurando que “los problemas de coordinación con determinadas unidades de la Guardia Civil no son nuevos” y afirma que se vienen repitiendo desde hace años, especialmente en el ámbito de la investigación de incendios.

En este sentido, lamenta que se esté intentando apartar a los agentes medioambientales de una fase que consideran “crucial”, como es la práctica de la prueba personal, pese al trabajo técnico y de investigación que desarrollan sobre el terreno.

Un “incidente” con la Guardia Civil

Como ejemplo de esta situación, APAM-CLM cita un reciente incidente ocurrido durante la intervención por el incendio de un vehículo junto a una carretera. Según relatan en un comunicado, ocurrió cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico requirió a los agentes “apagar los rotativos de emergencia” cuando se encontraban en la citada emergencia, con propagación del fuego hacia la vegetación colindante y, por tanto, “con un evidente riesgo de incendio forestal”.

Los agentes piden el respaldo “firme” de la Junta de Comunidades, ya que los hechos -que no son aislados- se produjeron mientras realizaban su intervención y señalizaban la emergencia mediante los dispositivos luminosos prioritarios de su vehículo oficial. El argumento de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico fue que no se trataba de un incendio forestal, sino de un incidente de tráfico, y que los agentes medioambientales no podían hacer uso de dichos dispositivos en esas circunstancias.

Desde APAM-CLM aseguran “desconocer” el fundamento jurídico de semejante interpretación, ya que, recuerdan, los vehículos oficiales de los agentes medioambientales están destinados a intervenir en las emergencias propias de su ámbito competencial, haciendo uso de la señalización prioritaria cuando ello resulta necesario para garantizar la seguridad de la intervención y de los usuarios de la vía.

En este caso concreto, dicen, “resulta todavía más incomprensible, puesto que el origen de la emergencia era precisamente un vehículo ardiendo, cuyo fuego ya se estaba propagando fuera de la calzada, hacia el medio natural”.

APAM-CLM reivindica un modelo de colaboración entre cuerpos como el que, aseguran, existió durante años en la provincia de Cuenca, donde agentes medioambientales y Guardia Civil elaboraban investigaciones y atestados conjuntos que fueron reconocidos por su eficacia.

A su juicio, ese sistema ha ido desapareciendo con el relevo de determinados responsables, lo que ha provocado que el trabajo de los agentes medioambientales quede “prácticamente invisibilizado” en la comunicación pública de los resultados de las investigaciones.

La asociación añade que esta situación no afecta únicamente a los incendios forestales, sino también a investigaciones relacionadas con el uso ilegal de venenos, delitos contra la fauna y otras infracciones medioambientales, en las que consideran que su aportación resulta determinante.

La consejera de Desarrollo Sostenible: “No me consta”

En declaraciones a los medios de comunicación este mediodía la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado: “A mí no me consta absolutamente nada de eso. La colaboración entre el Cuerpo de Agentes Medioambientales y la Guardia Civil es siempre ejemplar. En todos los incendios, el papel fundamental del Cuerpo de Agentes Medioambientales es analizar las causas”.

Gómez ha continuado diciendo que “son especialistas en extinción de incendios y, por lo tanto, hacen sus tomas de muestras, que ya se hicieron in situ cuando se originó el incendio, para saber exactamente qué es lo que había sucedido. Ya hemos dicho que todas las causas apuntan a una cosechadora. Además, la Guardia Civil no solo realiza su propia investigación in situ, sino además también realiza la labor de investigación de los posibles causantes del incendio”.

La consejera recalca que la Guardia Civil “ha tomado declaración” para poder esclarecer los hechos “y elevar la denuncia que corresponda ante el órgano judicial”, apuntando que no le consta “que haya habido ninguna situación de ningún tipo, ni de entorpecimiento, sino de total y absoluta colaboración”.

En las últimas tres semanas los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil —los GREIM— han rescatado a más de 60 personas, que habían sufrido percances diversos en la montaña, con picos de hasta 20 rescates en un día. La temporada estival montañera ha comenzado y, con ella, la masificación de las cumbres, las imprudencias, los excursionistas poco preparados, los instagramers que no miden dónde se meten en busca de una foto y los motivados que sobrevaloran sus capacidades.

“Antes teníamos un mes y medio de temporada alta, de mediados de junio a finales de agosto. Ahora la temporada empieza a primeros de junio y acaba en otoño, por lo menos en el Pirineo Aragonés. Si hay más gente, hay más probabilidades de que sucedan cosas”, cuenta Marta Ferrer, coordinadora de Montaña Segura, una campaña de prevención de accidentes en el medio natural fruto de la colaboración entre el Gobierno de Aragón, Aramón y la Federación Aragonesa de Montañismo.

Un paseo rápido por internet muestra la dimensión del problema año tras año. Llega el verano y los rescates en montaña disparan. Es cuestión de estadística, recalcan los expertos, pero también de gente inexperta que acude a la montaña con poca preparación y acaba extraviándose o, en el peor de los casos, teniendo un accidente, cuentan los profesionales del sector.

Este año ya se han contabilizado 534 rescates de montaña, según datos del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, cuando apenas está empezando la masificación de las cimas que trae el verano. El año pasado el número de rescates en España ascendió a 1.210, con 144 fallecidos, 771 heridos y 977 ilesos, lo que suma un total de 1.892 víctimas. En 2025, las intervenciones aumentaron un 1,17% respecto al año anterior, incrementándose el número total de personas asistidas un 2,49%.

Si se abre el arco una década, en 2015 se registraron 920 rescates y 1.563 personas auxiliadas en total; es una subida que supera el 30% en ambas estadísticas.

Cada año hay más días de calor, lo que se traduce en estaciones cálidas más largas que invitan a hacer actividades al aire libre. Al mismo tiempo, el calentamiento global está haciendo que la nieve se derrita mucho antes de las cimas de las montañas, lo que también aumenta la peligrosidad del medio. En enero del año pasado, la superficie nevada en las montañas era menos de la mitad que en el mismo momento de 2024.

“Se han quedado aquí”

En la montaña llevan notando este aumento de afluencia desde la pandemia. “La gente que no conocía la montaña se lanzó a ella y ya se ha quedado aquí”, cuenta Joan Maria Vendrell, guarda del Refugio de Góriz, situado a 2.200 metros de altitud en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. “Como hay más gente, también más accidentes, es una cuestión estadística”, resalta.

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), también respalda que en los últimos años, y en especial en verano, ha habido un aumento de los accidentes de montaña. “Los datos de los cuerpos de seguridad del Estado nos hablan de que cada vez hay más gente que no está en el mundo de los clubs y federativo, que va por su cuenta a la montaña y tiene más accidentes”, explica. Según la FEDME, alrededor de un 80% de las personas que tienen accidentes en montaña no está federada.

Clarella explica los beneficios de estar federado en un club de montañismo: “Aparte de tener un seguro que te cubre todas las incidencias del rescate y la rehabilitación, te proporciona un valor añadido en cuanto a formación, prevención, y acompañamiento de actividades que tal vez tú solo no puedes realizar”. Esta formación es esencial para hacer de la montaña un lugar más seguro. Sin embargo, federarse no es el “salvoconducto” para evitar accidentes, sino una herramienta de formación y seguridad que garantiza la práctica de la montaña de una manera más segura y más eficiente.

La campaña Montaña Segura se dirige principalmente a aquellos que están comenzando en el montañismo, pero también a gente más experimentada, pues han notado que el perfil experto también está teniendo accidentes, y muchas veces de gravedad, porque son actividades más exigentes. Para garantizar una exitosa y segura salida a la montaña, Ferrer y su equipo ponen el foco en tres partes esenciales: planificar la excursión, equipar la mochila y actuar con prudencia.

Todo comienza en casa, “en el planifica hay que tener claro qué, con quién y cuándo vamos a hacer, y estudiarlo un poco”, explica Ferrer. Es importante saber las características concretas del sitio, su desnivel y duración de la actividad. El segundo paso es preparar la mochila. Cada persona debería llevar como mínimo un litro y medio de agua, por ejemplo, así que compartir mochila si se va en grupo no es la mejor opción. “Ese material personal es del que dependemos para nuestra autonomía. Siempre hay que llevar algo de abrigo, agua y comida”, explica la coordinadora. Además, se recomienda llevar un mapa en papel y un teléfono para orientarse o en caso de emergencia y un botiquín pequeño.

En el Refugio de Góriz han notado que la gente va más preparada en invierno que en verano, pues en la estación estival los accesos son más sencillos y no parece que haga falta tanta preparación. “La gente ya no pasa por un curso de montañismo, por un centro especialista o por una formación, se lanzan porque su referencia es una foto de Instagram y quieren tener esa misma foto”, explica Vendrell.

La importancia de darse la vuelta

Una vez en la montaña, es muy importante estar siempre pendientes de lo que ocurre en los alrededores y actuar con prudencia. Hay muchos rescates por agotamientos y extravíos, incluso algunos esguinces y tropiezos vienen de un cansancio extremo. Para no llegar a estas situaciones, es necesario conocer y planificar bien el recorrido. Datos de la Guardia Civil muestran que el tipo de rescate más frecuente es por caídas, seguido de cerca por los extravíos y situaciones como agotamiento, deshidratación e incluso infartos.

“Nuestra capacidad de valorar nuestra actividad y darnos la vuelta a tiempo es súper importante”, confirma Ferrer. Además, destaca la importancia de tener siempre un plan alternativo, en caso de que surja algún imprevisto o complicación. “Nosotros siempre recordamos que tu seguridad depende de tus decisiones. Uno puede pensar que llamará al 112 cuando tenga un problema, pero a veces no hay cobertura o no pueden venir”, advierte la coordinadora.

También hay casos de gente que llama al 112 con “demasiada facilidad”. Vendrell resalta que probablemente muchos de los rescates se deban a causas menores, sin quitar importancia a aquellos que sí tienen gravedad. “Muchos son porque se han cansado de andar, tienen una uña del pie mal o se han perdido, no han encontrado el camino… Hay un exceso de llamar al helicóptero para que nos venga a buscar porque es muy fácil”, cuenta. Este año, los servicios de rescate de montaña de la Guardia Civil han atendido ya 208 falsas alarmas, frente a las 340 de todo el año pasado.

Desde Montaña Segura explican, con los datos facilitados por la Guardia Civil, que la mayoría de los rescates suceden en senderismo. En 2025, se registraron 668 rescates en esta modalidad, lo que supone un 55,2% del total. No porque sea la actividad más complicada, sino porque es la más practicada. Además, es la actividad que realizan todos aquellos que están comenzando en el montañismo, por lo que es más normal cometer errores.

“Ese volumen de personas normalmente no están federadas en montaña. Hay un porcentaje que sí, pero no significativo”, cuenta Ferrer. En las actividades más técnicas el porcentaje de federados en montaña aumenta, como las actividades en montaña invernal. En ellas hay menos accidentes, pero también el medio es mucho más comprometido y exigente, por lo que el riesgo asumido es mucho mayor.

Redes sociales y “gentrificación” de la montaña

Desde la FEDME, han observado cómo las redes sociales provocan cierto individualismo en la práctica del montañismo. “Cualquier persona puede colgar algo en una red social y parece que sea muy fácil, entonces la gente lo ve, se atreve enseguida y luego es cuando pasan las cosas que pasan”, cuenta Clarella. “Hay gente que sube al Aneto en pantalón corto, con zapatillas de correr, y se piensa que todo el mundo lo puede hacer. Aquí está el error o este individualismo y mala información que provocan las redes sociales”, advierte el presidente.

Subir una foto “aesthetic” a redes sociales en un lugar no tan conocido puede llevar a su “gentrificación” y excesivo tránsito de montañistas, con un consecuente deterioro de los espacios naturales. Algunas zonas, como los ibones de Anayet en Aragón, ya se han blindado contra el turismo de masas: el Gobierno de Aragón ha prohibido este verano acampar y bañarse en el humedal. La medida llega después de que el año pasado hubiera un gran número de montañistas bañándose, acampando e incluso usando drones en este espacio natural.

Vendrell, del Refugio de Góriz, explica que hay “seis o siete” lugares focalizados que es donde acuden todas las masas, por su popularidad en redes sociales y ser los más conocidos. Sin embargo, resalta que el resto del Pirineo sigue siendo “muy salvaje” y de un acceso más complejo. “En sitios cerca de la carretera con accesos fáciles hay mucha más masificación. Ahora la gente no viene tan preparada y hay más rescates, cualquiera tiene un teléfono y desde cualquier sitio se puede llamar para que te rescaten”, concluye.

La Inspección de Trabajo de Toledo ha emitido un informe reconociendo los riesgos que supone para la salud de los agentes medioambientales dedicados a la prevención y extinción de incendios las jornadas “extremas de trabajo y las deficiencias en la organización del mismo”, a raíz de una denuncia de CCOO.

“La Inspección de Trabajo ha constatado, y así lo hace constar, incumplimientos en horas de extinción y descansos entre jornadas, así como deficiencias en la gestión y control del tiempo de trabajo, lo que afecta a la conciliación de la vida personal y laboral por la incertidumbre de la duración de la prestación laboral o desplazamientos, especialmente cuando se activa un caso de gran incendio forestal”, argumento el sindicato.

Advierte igualmente sobre riesgos provocados por “la inseguridad y el miedo” en el trabajo a desarrollar, y de la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones cuando asumen la dirección técnica de la extinción del incendio y de la “fatiga física acumulada”.

“Todos estos incumplimientos y deficiencias en la organización del trabajo por parte del Gobierno Regional suponen poner en grave riesgo a los trabajadores y trabajadoras en los incendios forestales, además de que comprometen la propia eficacia del dispositivo Infocam, y en consecuencia la seguridad de la población afectada”.

Jornadas de hasta 23 horas

Dicho esto, CCOO ha recordado que en 2018 la Administración regional fijó un máximo de 12 horas continuadas de presencia en extinción, incluyendo desplazamiento y un descanso mínimo entre jornadas que debía respetarse como regla general.

“Sin embargo, los nuevos procedimientos publicados por la Consejería de Desarrollo Sostenible en los años 2025 y 2026 regulan jornadas de trabajo de hasta 23 horas continuadas sin descanso. Pero lo más grave, es que el sindicato ha recibido comunicaciones formales por parte de trabajadores y trabajadoras que alertan de casos concretos de más de 30 horas de trabajo sin descanso, y registros oficiales Fidias con jornadas de entre 18 y 22 horas, tras las cuales el agente medioambiental debe conducir su vehículo hasta la base o su domicilio”.

Según el sindicato, estas condiciones han causado accidentes 'in itinere' por falta de descanso y la necesidad de apartarse al arcén para descansar “por el riesgo percibido de accidente”.

“A todo ello se suma un problema que el personal viene trasladando desde hace tiempo, como es que durante las guardias de incendios no siempre se releva al agente de otras funciones ordinarias, lo que multiplica la carga mental, introduce conflictos de prioridades de emergencias y dificulta una dedicación verdaderamente centrada en los incendios forestales en la época de riesgo alto y extremo que nos encontramos”.

Dos cartas a Page, sin respuesta

Dicho esto, ha criticado que pese a sus intentos de llegar a acuerdos con la Administración, habiendo remitido incluso dos cartas dirigidas al presidente Emiliano García Page, hasta la fecha no ha habido respuesta. Por ello, hace hincapié en que los agentes medioambientales no están pidiendo privilegios, sino trabajar “con seguridad, con descansos suficientes, con medios adecuados y con una organización coherente y acorde a la responsabilidad que asumen en cada incendio forestal”.

Frente a esta situación, considera “inaceptable” que la respuesta de la Administración sigue siendo “publicar procedimientos con más exigencias y mantener inercias organizativas obsoletas y peligrosas, mientras los problemas de fondo continúan sobre el terreno”.

“Pedimos directamente al presidente, Emiliano García-Page, que interceda para que tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible como la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda se pongan de acuerdo para la revisión inmediata del sistema de guardias, descansos y compensaciones recibidas en todas las funciones de emergencias”.

CCOO concluye que no va a tolerar que, tras las advertencias efectuadas a la Administración y la constatación inspectora de incumplimientos laborales, y que no se actúe y se siga “poniendo en riesgo” a los trabajadores. Advierte de que si esta situación da pie a un accidente laboral, actuará judicialmente contra los responsables por todas las vías legales, incluida la penal.

Un total de dos centenares de trabajadores del operativo antiincendios se han concentrado este miércoles en Ávila, León, Palencia y Segovia, convocados por CCOO y CGT, para reclamar mejoras en el operativo establecido y criticar su “abandono”.

En Ávila, en torno a cincuenta personas se han movilizado, cuando faltan dos días para que comience el riesgo alto de incendios, y ha criticado que el operativo “empieza a medio gas”, lo que hace pensar en un verano “como poco, como el del año pasado”. Así lo ha vaticinado en declaraciones a los periodistas Rodolfo Boabent, agente medioambiental representantes de CCOO, y Román García, de CGT, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital abulense.

Según García, la situación del operativo de incendios está “en iguales o peores condiciones que el año pasado, después de los incendios devastadores en toda la Comunidad”, incluidos varios en la provincia de Ávila, como el que arrasó más de 2.000 hectáreas en la zona del Barranco de las Cinco Villas.

Falta de cobertura de vacantes

“La disposición de medios, la falta de cobertura de las vacantes, la falta de profesionalización, muchos de los problemas que veníamos arrastrando no se han solventado con respecto al año pasado”, ha argumentado García.

En el mismo sentido, Boabent ha lamentado que “un año más el operativo empiece a medio gas”, debido a la “falta personal en camiones y torretas, faltan otros agentes medioambientales por incorporarse”.

Al respecto, ha indicado que en las próximas dos semanas está prevista la incorporación de 22 agentes en una zona que “no conocen” y realizando labores de dirección de extinción, lo que a su juicio “puede poner en peligro al operativo”, al ser “los responsables de coordinación de los medios y de los incendios”.

En León, medio centenar de delegados sindicales ha acudido a la protesta ante la sede de la Delegación de la Junta por lo que han considerado “abandono absoluto” y escasos avances en el operativo de incendios de esta campaña, que en contra de lo anunciado por el Gobierno autonómico han limitado a “muy pocas mejoras de acuerdos que ya estaban pactados en 2022”.

Bajo mínimos

El coordinador de bomberos forestales de la Federación de Servicios Forestales de CCOO, Diego Fernández, ha denunciado que el personal laboral del operativo está “bajo mínimos, con puestos de vigilancia que se caen a pedazos, con bases de camiones que no cumplen con la normativa mínima”, a lo que ha sumado que los tratamientos selvícolas preventivos de esta campaña han sido “ínfimos”.

Fernández ha advertido de que se enfrentan a una “campaña muy difícil”, a la vez que ha criticado las condiciones laborales que sufren los trabajadores que integran el operativo, que ha sido denunciada ante la Inspección de Trabajo y que les “ha dado la razón”, ya que muchos puestos de trabajo no cumplen las condiciones laborales.

Por ello, CCOO ha interpuesto una querella criminal contra la Junta “con hombres y apellidos para que solucionen esta situación”. También ha denunciado que la carencia de personal en agentes medioambientales se extiende al resto de operativos compuesto por empresas privadas, trabajadores públicos y semipúblicos a través de la empresa Tragsa, lo que complica “muchísimo la coordinación” ya que “no es solo un operativo, sino uno diferente por cada provincia que se multiplica” por los distintos actores que participan en el mismo.

Una situación que provoca que cada provincia se gestione de una forma diferente, “lo cual aboca a problemas de comunicación, ya que no hay un sistema real de trabajo en conjunto porque no somos un operativo, somos 27”. Asimismo, ha exigido que se aplique la ley de bomberos forestales para todo los personal que forma parte de del operativo de extinción de incendios, que no solo son peones, conductores y vigilantes, ya que también son celadores, agentes y técnicos medioambientales.

Personal sin experiencia

Por su parte el agente medioambiental y delegado de CCOO José Ramón Casado, ha denunciado el déficit de agentes medioambientales existentes, que en la provincia de León es de un 15% de vacantes sin cubrir, a lo que ha sumado la perdida de experiencia progresiva debido a la edad y jubilación prevista de muchos de los profesionales de la Junta que se dedican a la extinción de incendios y que se suple con “personal sin experiencia”.

En Palencia, unos 40 efectivos de los operativos de prevención y extinción de incendios han participado en la asamblea informativa y la posterior concentración ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital palentina, para alertar de las precarias condiciones en las que afrontan la inminente campaña de verano.

Han recordado que a pocos días del inicio de la campaña, apenas la mitad de retenes están en condiciones de iniciar su labor y les preocupa que el resto se completará con improvisación. Por ello, han puesto el foco en la necesidad de “pasar de un operativo de parcheo a un operativo serio, formal y con profesionales bien formados”.

En este sentido también han denunciado la escasa formación con la que llegan algunos efectivos, así como la temporalidad de muchos empleos, que provoca que constantemente el operativo se forme con efectivos sin experiencia.

La concentración en Segovia se ha desarrollado con la presencia también de medio centenar de asistentes, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, convocados por CCOO, Comisiones Obreras, en defensa de un operativo de incendios forestales sin privatizaciones. La concentración se ha desarrollado sin incidentes y los participantes han reclamado soluciones a la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales, la situación de los Agentes Medioambientales, la adaptación del convenio colectivo, la jubilación anticipada, la prevención de riesgos laborales y el estado actual del operativo en la provincia de Segovia.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Veolia Región de Murcia pone el foco en un aspecto que pasa desapercibido: qué ocurre con el agua después de utilizarla en nuestro día a día. En la EDAR de Cabezo Beaza, en Cartagena, ese recurso inicia un nuevo camino gracias a los procesos de depuración y regeneración que permiten darle una segunda vida. El agua tratada en esta planta se destina a usos agrícolas, pero además el trabajo de la compañía ha convertido este entorno en un espacio de gran valor para la biodiversidad.

En colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma y la asociación ecologista ANSE, Veolia impulsa desde hace años actuaciones para favorecer la presencia de aves acuáticas, mejorar la diversidad vegetal y controlar especies invasoras. Este vídeo muestra cómo la gestión sostenible del agua puede transformar una infraestructura ambiental en un refugio de vida y en un ejemplo de colaboración público-privada al servicio del territorio. “En Veolia no tenemos ninguna duda de que regenerar el agua es la mejor manera proteger el medio ambiente”, apuntan.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia solo ha tramitado una denuncia sobre incendios en el último año, según una información remitida por la Junta de Castilla y León a Ecologistas en Acción Palencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El expediente revela que, según datos de mediados de abril, aún había 578 denuncias que se habían registrado entre 2023 y 2025 y que seguían pendientes de iniciarse. Además, Palencia tiene pendiente iniciar más denuncias medioambientales de las que ha resuelto en tres años y tiene especialmente paralizadas las denuncias en materia de incendios y Patrimonio Natural.

El Procurador del Común –el Defensor del Pueblo de Castilla y León– ya ha señalado a la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez Quiñones, que no tiene suficiente personal jurídico para tramitar todas las denuncias que interponen agentes medioambientales, vecinos o asociaciones ecologistas y conservacionistas, un asunto del que ya advirtió hace unos meses elDiario.es. Cuatro de cada diez denuncias ambientales han prescrito, han caducado o ni siquiera se han comenzado a tramitar.

La Consejería de Medio Ambiente explica que hay “una alta tasa de vacancia” en ese tipo de puestos de los servicios territoriales, y lo atribuyen a “un problema endémico” de la Administración española y a que los departamentos responsables de los procedimientos sancionadores no están muy demandados en los concursos y promociones internas. En cualquier caso, se ha comprometido a poner en práctica las recomendaciones del Procurador del Común.

La Junta de Castilla y León ha proporcionado datos más detallados sobre estas denuncias que no han sido tramitadas, que permiten ver que la Administración está sobrepasada especialmente en dos áreas: la de Incendios y la de Patrimonio Natural. El 82% de las denuncias interpuestas en Palencia sobre fuegos están pendiente de iniciar el procedimiento sancionador, al igual que el 71% de las denuncias de Patrimonio Natural.

En el último año solo se ha tramitado una denuncia de cada tipo: la de incendios se ha dado por finalizada, mientras que aún se está trabajando en un caso de Patrimonio Natural. La situación es un poco mejor en otras áreas, pero todavía tienen una cifra considerable de denuncias pendientes: el 50,9% de los expedientes sobre Pesca, el 42% en Vías Pecuarias y en Montes y el 39% en las denuncias relativas a infracciones de la normativa cinegética. Las infracciones relacionadas con Montes y Caza son las que derivan en más denuncias: 211 y 173 en los últimos tres años. Se han resuelto 118 y 98 expedientes, respectivamente.

Normalmente se dan prioridad a las infracciones más graves, lo que deja las más leves en la cola, según confirman varios agentes medioambientales de varias provincias. Tampoco se han resuelto ninguna de las denuncias incoadas en materia de prevención ambiental, y solo se han resuelto el 23% de los expedientes incoados sobre residuos (ambos enmarcados dentro de Calidad Ambiental). En Palencia existe una plaza de instructor jurídico vacante, y hay dos que están trabajando, aunque no es la que tiene una situación más complicada: en Burgos solo trabaja un instructor y en Salamanca la RPT solo contempla dos plazas y no tres como en el resto de provincias. De hecho, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha pedido que se valore la intervención de la Inspección de Trabajo dada la “sobrecarga” que suponen estas vacantes para el servicio.

Ecologistas en Acción Palencia también había pedido conocer qué autoridad había firmado las denuncias (Seprona o agentes medioambientales) y si estas sanciones eran leves o graves, pero la Junta asegura que no tiene esos datos sistematizados no exportables.

Seis meses para incoar el expediente

Este medio ha tenido acceso a algunos de estos expedientes, como una infracción relacionada con la caza ilegal de un corzo en el Cerrato palentino. En mayo de 2023, agentes del Seprona de la Guardia Civil observaron a un furtivo disparando a un corzo desde la ventanilla trasera del todoterreno en Hornillos de Cerrato. El Juzgado de Instrucción archivó la causa penal en enero de 2025, pero la Junta de Castilla y León no incoó el procedimiento sancionador hasta junio de ese año. La Delegación Territorial ha dictado resolución definitiva del caso en abril de este año y ha impuesto una multa de 4.000 euros, la retirada de la licencia de caza durante un año y el pago de una indemnización de 10.000 euros por dos infracciones graves (cazar sin autorización y con un arma sin licencia) y una leve por disparar desde el todoterreno.

Protestas de los agentes medioambientales

Los agentes medioambientales de Castilla y León llevan años movilizándose para reivindicar mejores condiciones laborales y un operativo más completo, ante la paralización política que denuncian. La pasada legislatura concluyó sin que se tramitaran las leyes pendientes: la Ley de Agentes Medioambientales, que UPL y Soria Y se comprometieron a retomar esta legislatura, y la Ley de servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento impulsada por los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCyL). Hace unos meses, la Justicia anuló parte de una Orden de Medio Ambiente que los celadores de Medio Ambiente de Castilla y León sean jefes de extinción de incendios. Además, la Consejería mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos pese a su promesa de ir incorporando el personal al sector público a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl.

El Procurador del Común –el Defensor del Pueblo de Castilla y León– abronca a la Consejería de Medio Ambiente por la insuficiencia de medios y expedientes tramitados en los servicios territoriales, de los que ya advirtió hace unos meses elDiario.es. Cuatro de cada diez denuncias ambientales han prescrito, han caducado o ni siquiera se han comenzado a tramitar. ¿Las principales áreas afectadas? Las denuncias administrativas por caza, pesca, vías pecuarias y espacios naturales.

Esta situación “compromete” el principio de eficacia de las sanciones y “puede generar desconfianza en los agentes de la autoridad” al impedir que se impongan las sanciones. A la queja del Procurador del Común se suman las reclamaciones de las asociaciones profesionales de agentes medioambientales, sindicatos y asociaciones ecologistas, que lamentan el elevado número de infracciones que quedarán sin resolver.

Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, los agentes medioambientales de Castilla y León han entregado 14.898 denuncias al Ejecutivo autonómico. Sin embargo, no se ha iniciado el procedimiento de 4.318 expedientes y se ha dejado que otros 1.440 han prescrito o caducado, según los datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente a la institución propia.

El Procurador del Común defiende el “derecho a la buena administración”. “La falta de respuesta a los ciudadanos y la inacción administrativa son incompatibles con la buena administración, máxime en relación con la protección del patrimonio natural, al tratarse de un valor esencial para la identidad de Castilla y León”, señala en su resolución, emitida la semana pasada.

Un celador de la Junta de Castilla y León lamentó hace meses a elDiario.es que algunos trabajadores habían decidido no tramitar las infracciones más leves por la mayor incapacidad que tendrían los instructores jurídicos que afrontar todas ellas.

Puestos vacantes en la RPT

La parálisis de los servicios de Medio Ambiente se explica, en parte, por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los instructores jurídicos. Uno de cada cuatro puestos de trabajo está vacante y alguno de ellos lleva sin ocuparse desde agosto de 2023 o mediados de 2024. Para el Procurador del Común, la situación es “especialmente apremiante y urgente” en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, donde solo hay un trabajador público que se encargue de estas cuestiones, lo que ha provocado un atasco importante: en dos años solo se han tramitado el 38% de las denuncias y solo se han resuelto 38 relativos a la gestión de residuos. Los 869 restantes, que afectaban a la caza, pesca, montes, vías pecuarias y espacios naturales, han prescrito.

El Procurador del Común también afea que en Salamanca se contemplen solo dos puestos jurídicos a pesar de “la extensión de su superficie y su importancia medioambiental” mientras en el resto de provincias está previsto que trabajen tres instructores jurídicos. “Se deben adoptar las medidas pertinentes para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el fin de dotar de un puesto jurídico más, igualando su número al resto de Servicios Territoriales”.

El defensor del pueblo autonómico pide a la Consejería de Medio Ambiente que haga lo posible por cubrir los puestos jurídicos vacantes, especialmente en Burgos y que valore adoptar “las medidas pertinentes” para modificar la RPT e incorpore un puesto jurídico más en Salamanca.

elDiario.es pidió a principios de año a la Consejería de Medio Ambiente la información detallada sobre el número de estos expedientes que no se habían incoado o que habían caducado a través de una petición de Transparencia. Medio Ambiente ha tramitado la petición tres meses más tarde y ha requerido el pago de una tasa de 36,60 euros a pesar de que los medios de comunicación están exentos de abonar cualquier tipo de tarifa, por lo que ha remitido el caso al Comisionado de Transparencia para que este emita su resolución, de obligado cumplimiento.

Este martes el centro científico y tecnológico especializado en el medio marino y la alimentación AZTI ha hecho pública una grabación de vídeo del pasado 31 de julio de 2023 en la que se documenta por primera vez un intento de apareamiento de tiburón azul en aguas del golfo de Bizkaia. “Se trata de un comportamiento que rara vez se observa directamente en el medio natural”, confirman desde AZTI, quienes detallan que la imagen fue captada por el equipo de MakoPako, especializado en snorkel y avistamiento de tiburones pelágicos.

“El registro visual muestra una secuencia de comportamientos compatibles con el cortejo en tiburones: nado en paralelo entre macho y hembra, seguimiento, una mordida en la aleta pectoral y la inversión de ambos ejemplares en el agua. La interacción duró algo más de cuatro minutos y no culminó en cópula, ya que la hembra logró zafarse y abandonar la zona”, informan desde el centro.

De forma complementaria, estos datos han sido analizados en un estudio científico publicado en la revista Web Ecology, desarrollado por un equipo internacional integrado por Ocean Wildlife Project, la empresa vasca MAKO PAKO y el centro tecnológico AZTI.

Se trata de un trabajo que integra información recopilada entre 2021 y 2024 en campañas científicas y salidas de ecoturismo. En ese periodo se documentaron 17 ejemplares con marcas asociadas al apareamiento. “Los resultados muestran que la mayoría de los individuos con cicatrices eran hembras y que estas marcas se localizaban principalmente en los flancos, aunque también aparecían en branquias y aletas pectorales. Las observaciones se registraron entre junio y octubre, con mayor frecuencia en verano”, explican.

Según el estudio, la combinación de la observación directa y la presencia recurrente de cicatrices sugiere que el talud continental frente a la costa vasca podría estar relacionado con la actividad reproductiva de la especie en el Atlántico noreste, aunque será necesario ampliar el seguimiento para confirmarlo.

En la misma zona también se han observado comportamientos similares en otras especies pelágicas, como la raya pelágica (Pteroplatytrygon violacea). Este conjunto de evidencias apunta a que esta franja marina podría tener un papel relevante en distintas fases del ciclo vital de varias especies. “Se trata de observaciones puntuales, pero aportan información valiosa sobre procesos que son difíciles de estudiar en mar abierto”, detalla Maite Erauskin-Extramiana, investigadora de AZTI.

Desde el punto de vista científico, este hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre migraciones, estructura poblacional y comportamiento reproductivo del tiburón azul. Además, pone en valor el papel del ecoturismo responsable como fuente complementaria de datos científicos. “Este tipo de actividades, cuando se realizan de forma controlada, pueden aportar información única sobre especies difíciles de estudiar en mar abierto”, añade Erauskin-Extramiana.

El descubrimiento subraya también la necesidad de intensificar el seguimiento científico en la zona para evaluar su importancia real en la conservación de una especie considerada vulnerable en diferentes contextos internacionales.

Esta primavera los parques de Bilbao contarán con varios 'oasis' de mariposas para impulsar la biodiversidad incluso dentro de la ciudad. Se trata de un proyecto de Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, y bajo la iniciativa de la Asociación Zerynthia que busca proteger y fomentar la presencia de mariposas y otros polinizadores clave para el ecosistema. Para ello, los Jardines Salesianos del barrio de Sarriko, el parque de Ibaieder en La Peña y el parque Eskurtze en Irala contarán con espacios para estos insectos en zonas soleadas y resguardadas del viento, condiciones que favorecen su reproducción y refugio. En ellos se han plantado especies autóctonas adaptadas al clima de Bilbao, como romero, tomillo, ruda o hinojo, que sirven tanto de alimento para las mariposas adultas como para sus orugas.

“Las mariposas son unos insectos capaces de medir la biodiversidad de un espacio. Son bioindicadores de la calidad ambiental de nuestro entorno. De todos los insectos que polinizan las plantas, el 40% son mariposas”, detalla Yolanda Martín, bióloga y voluntaria de Cruz Roja en Bizkaia. Según detallan desde Cruz Roja, cada 15 días voluntarios irán valorando la evolución de estos pequeños 'oasis'. “A lo mejor una mariposa pone huevos, a los 4-10 días aparecen las orugas y estas sirven de alimento a otros invertebrados, pájaros, etc. Tampoco hay que olvidar otro punto importante del proyecto, ya que las mariposas van a convertirse en el alimento de otros animales, algo que también aumentará la biodiversidad en los parques urbanos. Estos 'oasis' de mariposas ayudan a mejorar la biodiversidad de los parques, acercan la ciencia a la ciudadanía, y es un proyecto que permite hacer un seguimiento a futuro porque tendremos que ver las plantas que vamos introduciendo, qué tipo de polinizadores atraen y qué especies de mariposas aparecen”, sostiene la bióloga que indica que en los parques donde ya están ubicados estos espacios han colocado paneles informativos, para que la ciudadanía conozca la realidad y el ecosistema de las mariposas.

Desde la Asociación Zerynthia explican que en España existen “5.000 especies de lepidópteros, entre los de vuelo diurno y nocturno”. “Cada especie ocupa un papel específico y fundamental en el medio, polinizando plantas con flor, proporcionando alimento a otras especies animales, etc. Las mariposas, junto con el resto de insectos, son uno de los primeros organismos en verse afectados por las alteraciones en el medio. De este modo, a través de la sensibilización por la conservación de estos animales, no solo introducimos la necesidad de conservar territorios emblemáticos, sino que podemos transmitir de manera muy visual cómo las acciones humanas en el medio afectan dramáticamente a seres tan bellos y bien considerados socialmente como las mariposas”, reconocen.

Estas especies cuentan con amenazas, la principal de ellas, la destrucción o alteración de sus hábitats. “Especialmente en torno a los medios urbanos existe una gran problemática relacionada con el uso de pesticidas y el deterioro del medio debido a procesos humanos como el urbanismo o la construcción de infraestructuras. Sin embargo, es posible trabajar para paliar esta situación. Para ello proponemos este proyecto”, explican desde la asociación, que trabaja en todo el país en la divulgación, investigación y conservación de estos insectos.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, señala que “este tipo de iniciativas contribuyen a acercar la naturaleza a los barrios y a reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los espacios verdes de la ciudad”. “La presencia de mariposas y otros polinizadores es también un indicador de la calidad ambiental de los parques urbanos”, aclara. Según reconocen desde el área de Movilidad y Sostenibilidad, las mariposas, al igual que otros insectos polinizadores, son especialmente sensibles a las alteraciones del medio y la pérdida o degradación de sus hábitats, el uso de pesticidas y el impacto de los procesos urbanísticos constituyen algunas de las principales amenazas para estas especies en los entornos urbanos.

Durante los primeros meses se garantizará un riego adecuado para facilitar el crecimiento de las plantas y, posteriormente, al tratarse de especies autóctonas, podrán desarrollarse de forma natural. El mantenimiento y seguimiento de estos espacios correrá a cargo del voluntariado de Cruz Roja, que realizará revisiones periódicas para supervisar el crecimiento de la vegetación y el estado del oasis. Además, se han instalado cercos de madera para proteger las plantaciones y evitar posibles daños. “Con pequeñas intervenciones como estas plantaciones podemos transformar los parques urbanos en espacios más ricos en vida y más valiosos para el equilibrio de los ecosistemas”, concluye Javier Garaizar, voluntario y director del área de Medio Ambiente de Cruz Roja en Bizkaia.

Diversas plataformas en defensa del territorio, medioambientales y sindicatos agrarios han entregado un total de 7.200 nuevas alegaciones contra la implantación de 19 macrocentrales fotovoltaicas por parte de la multinacional Solaria. Durante la concentración que han llevado a cabo este jueves ante la sede central del Gobierno vasco en Vitoria, los colectivos han explicado que el rechazo administrativo a estos proyectos se divide en dos ejes de actuación: la respuesta técnica inmediata a los proyectos actuales y la denuncia social de un modelo de desarrollo que se considera “especulativo”.

Los convocantes han calificado la entrega de estas 7.200 alegaciones como “un nuevo hito en la defensa del suelo alavés”, sumándose a un histórico de más de 58.000 alegaciones presentadas anteriormente contra otros macroproyectos de diversa naturaleza, tales como centrales eólicas y fotovoltaicas, el Tren de Alta Velocidad (TAV) y el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, entre otros. Los grupos impulsores han denunciado que los 19 proyectos actuales incurren en una “fragmentación ilegal”, presentándose de forma artificial como múltiples instalaciones menores de 50 MW, para “eludir la competencia estatal y reducir las exigencias medioambientales”.

Además, han destacado el “impacto irreversible” que estas infraestructuras y sus líneas de evacuación, proyectadas hasta Zierbena (Bizkaia), tendrían sobre la biodiversidad, la salud y la viabilidad del sector primario, según recoge Europa Press.

Más allá de las alegaciones técnicas, el movimiento popular ha querido manifestar su “oposición frontal al actual modelo de implantación masiva de infraestructuras industriales en zonas rurales”. Según el comunicado conjunto, este despliegue de macrocentrales, centros de datos y plataformas logísticas está encaminado al “lucro privado y la especulación en lugar de a una descarbonización real”. En este sentido, han hecho hincapié en que la lucha actual es un compromiso con las futuras generaciones para “preservar un territorio habitable frente a la amenaza de convertir el entorno rural en un polígono industrial”.

Manifestación el 23 de mayo

Por otra parte, las plataformas y grupos en defensa de la tierra, y los sindicatos agrarios han realizado un llamamiento general a la ciudadanía para participar en una “manifestación masiva”, el próximo 23 de mayo. Según han informado, la marcha partirá a las 18.00 horas desde la Plaza Bilbao en Vitoria, bajo el lema 'Makroproiekturik Ez', con el objetivo de “defender la tierra frente a todos los macroproyectos que amenazan el modo de vida y el patrimonio natural de Araba”.

El acto que han realizado este jueves y la convocatoria de la movilización de mayo cuentan con el respaldo de cerca de una treintena de colectivos, sindicatos agrarios y plataformas vecinales que abarcan la totalidad del territorio alavés.

La ausencia de instructores jurídicos deja sin tramitar cientos de denuncias medioambientales en Castilla y León. Los servicios de Medio Ambiente de Castilla y León están colapsados por la falta de personal y un número indeterminado de denuncias medioambientales están a la espera de ser tramitadas o con unos procedimientos que han caducado por la sobrecarga. “Los servicios jurídicos que tramitan esto están bajo mínimos”, aseguran los sindicatos. La mitad de los puestos de instructor jurídico están vacantes o autorizados (pero no ocupados por un profesional), según ha confirmado la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones. Poco importa qué tipo de agente ponga la denuncia: un celador, un guardia civil, un agente medioambiental (hay más de 700 en Castilla y León) o un guardia de campo.

“Lo de los servicios jurídicos es un desastre. Llegan las denuncias y dicen: 'que prescriben las que sean'”, denuncian los ecologistas. “Las infracciones leves ya ni las tramitamos porque el volumen ya sería brutal, pero es que las denuncias más graves no se van a tramitar y los infractores se ríen de ti”, lamenta un celador medioambiental, que prefiere mantener el anonimato. Aún se desconoce el impacto que tendrá esta situación en el número de infracciones no tramitadas, aunque elDiario.es ha pedido esa información a través del servicio de Transparencia de la Junta de Castilla y León. Cada instructor jurídico tramita un tipo (o varios) de casos: caza y pesca, montes e incendios, residuos y calidad ambiental, etc.. La ausencia de uno (o más) de estos instructores jurídicos provoca un 'vacío' en esas áreas, cuyas infracciones dejan de tramitarse. “Puede ser que haya provincias que tramiten denuncias en montes, pero no en residuos”, explican desde CCOO. Por eso es tan difícil cuantificar la gravedad del problema.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fija 26 puestos de instructor jurídico en el área de Medio Ambiente, tres en todas las provincias salvo en Salamanca, donde hay dos puestos. Sin embargo, hay 7 puestos vacantes: 2 en Burgos y uno en León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Además, se ha solicitado en 2025 la cobertura de dos plazas en Ávila, Burgos y Valladolid y una en León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. De estas, ya se han autorizado 6 plazas, que se espera que se cubran próximamente: dos en Ávila y uno en Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. La Consejería de Medio Ambiente no ha querido explicar ni valorar qué supone esta situación que viven las Delegaciones Territoriales, pero hay asociaciones como Ecologistas en Acción que llevan meses alertando de la situación: “las denuncias no se tramitan, amontonándose expedientes que ni tan siquiera se inician, con riesgo serio de que en muchos casos caduquen sin resolver sobre el fondo de la cuestión”. El delegado nacional de Medio Ambiente de CSIF, Marcelino Arribas, lamenta que este puesto es “poco goloso económicamente” porque hay otros puestos similares con mejor retribución que el de instructor jurídico de Medio Ambiente.

El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), Esaú Escolar, considera que se está “jugando con la seguridad de los agentes medioambientales”. “Todas esas denuncias se tienen que instruir y sancionar por parte de la Junta, que las deja caducar o prescribir y al final la gente se ríe de ti”, lamenta Escolar. Además de la inseguridad, CSIF agrega que la Junta de Castilla y León está perdiendo su capacidad recaudadora y reduce los ingresos económicos. CCOO agrega que una sola persona es insuficiente para tramitar los expedientes en todas las materias: “No da tiempo y las denuncias prescriben porque no se inicia el procedimiento”.

“Nosotros sabemos que casi todas las denuncias relacionadas con caza y vías pecuarias no llegan a tramitarse porque el interino se marchó y ahora es un desastre”, aseguran desde Ecologistas en Acción Palencia, que no tiene noticias del Servicio Territorial desde mediados de 2025. “Sabemos que algunos expedientes no se han abierto, tenemos un trámite pendiente de resolver desde 2023, por ejemplo, y hay otros cuatro o cinco en los que estamos personados y de los que no sabemos nada”, explica a elDiario.es el presidente de Ecologistas en Acción de Palencia, Alberto Fuentes.

Puestos vacantes desde hace años

En Palencia recuerdan que hasta 2023 no se resolvió una denuncia interpuesta en 2018: “El mismo agricultor ha vuelto a roturar en una zona de hábitat de la alondra ricotí en 2024, pero la especie ya no estaba catalogada como vulnerable, sino como especie en peligro de extinción. Y la Junta de Castilla y León mantuvo sus fundamentos de Derecho como si siguiera siendo una especie vulnerable. Hicieron copia y pega”, denuncia el representante de Ecologistas en Acción Palencia.

En Valladolid hay una plaza vacante desde agosto de 2023 y otra vacante desde septiembre de 2025. El año pasado se solicitó la cobertura de ambas plazas, pero solo una de ellas ha sido autorizada recientemente. Este jueves se notificó la adjudicación de la plaza a una funcionaria interina que tomará posesión “en los próximos días”. Según fuentes internas, en Valladolid falta un instructor que aborde las denuncias de Medio Natural, por ejemplo. “Es una vergüenza”, reprocha un trabajador público consultado por este medio.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos en su sección de Régimen Jurídico, tiene establecidos tres puestos de jurídicos que se reparten diferentes campos. Un jurídico se encarga de los expedientes relacionados con “montes”, otro de los expedientes de “caza y pesca” y el tercero de los expedientes de “protección ambiental”.

Fuentes internas aseguran que en Burgos la persona que se encargaba de tramitar los expedientes de Protección Ambiental dejó su puesto en octubre de 2024, al igual que la persona que tramitaba los expedientes de Caza y Pesca, que también se marchó en marzo de 2025. Ambos empleados públicos causaron baja porque llevaban tres años como interinos en ese puesto. Estas plazas siguen sin cubrirse. Fuentes internas calculan que solo en Burgos podría haber cerca de doscientas infracciones denunciadas cuyo futuro es incierto.

El jefe de Burgos pide que intervenga la Inspección

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha pedido que se valore la intervención de la Inspección de Trabajo dada la “sobrecarga” que suponen estas vacantes para el servicio. En julio del año pasado Ecologistas en Acción escribió un escrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos solicitando poner fin a dicha situación, aunque no se ha planteado ninguna solución. “A lo largo de estos tres años de contratación interina no se haya desatollado actuación alguna encaminada a cubrir las plazas de modo definitivo”, alertó hace seis meses, según un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes sindicales también critican que el Ejecutivo no haya convocado estas plazas en los procesos de estabilización de funcionarios.

Ecologistas en Acción advirtió entonces de “la impunidad absoluta” de los incumplidores medioambientales que deberían ser objeto de sanción. Poco después, respondió el jefe del Servicio Territorial que se había requerido la ocupación de esta plaza desde febrero de 2025. Además, desde octubre de 2024 hasta julio de 2025, uno de los funcionarios recibió 106 denuncias; y desde marzo hasta julio de 2025, el otro trabajador público recibió 67 denuncias. Ninguno de esos expedientes habían sido instruidos en julio del año pasado, según ha podido confirmar este periódico. Hace tan solo unas semanas, a finales de diciembre de 2025, la Junta de Personal de Funcionarios de Burgos envió un escrito a la Delegación Territorial de Burgos pidiendo que se cubrieran las dos plazas vacantes.

El nuevo jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente descarga la responsabilidad sobre la Secretaría General de la Consejería, dado que ha pedido que se hicieran las gestiones convenientes en ocho ocasiones entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. “Esas plazas siguen vacantes no por desidia del Servicio Territorial, sino porque desde Secretaría General no consiguen que Función Pública autorice la cobertura de las mismas, ya que al haber estado ocupadas durante tres años por interinos, solo pueden ser cubiertas por personal funcionario o en un proceso selectivo”, señaló en un documento del 30 de diciembre, al que ha tenido acceso este diario.

El jefe de Servicio Territorial ha instado a la Junta de Personal a que haga “las gestiones oportunas” para cubrir las plazas, dado que está entre sus funciones “la defensa de los funcionarios”. Los trabajadores públicos temen que, cuando se cubran las plazas vacantes, dé carpetazo a todos los expedientes antiguos porque lo considerarán un trabajo “excesivo”, algo que ya ha sucedido en circunstancias similares.

El escritor, intelectual y pionero ecologista Pedro Costa Morata jamás pudo sospechar, ya en su jubilación, que se presentase una solicitud para la retirada de su título de Hijo Predilecto del municipio murciano de Águilas. Tras combatir el programa nuclear del tardofranquismo, ser uno de los protagonistas en la lucha para que la llanura costera de Marina de Cope no tenga una central nuclear y después de su trayectoria como profesor de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid, los solicitantes han presentado un escrito argumentando que “los méritos y la conducta que justificaron la concesión de tal distinción han dejado de concurrir; y mantener este reconocimiento no se ajusta al interés general”.

“Me enteré [de la presentación del escrito] por la prensa y por rumores del pueblo”, ha lamentado Costa Morata a este diario. Ahora, el ayuntamiento de Águilas ha iniciado un expediente de revocación del título, concedido en 2017 tras una iniciativa popular apoyada por PSOE, IU y Águilas Puede y rechazada por el PP. El ingeniero ha recibido una notificación por parte del consistorio aguileño, que ha abierto un proceso de información pública para un periodo de alegaciones.

De acuerdo con Izquierda Unida, los firmantes que han presentado la solicitud son “un colectivo difuso de ultraderechistas reaccionarios y de insumisos de las leyes ambientales”.

“Además de carecer de fundamento racional y legal, [la solicitud para retirar el título] viene auspiciada por unos personajes que se mueven en una órbita reaccionaria, con tentáculos claros en el poder económico aguileño vinculado a la agroindustria más agresiva que siempre se ha opuesto al parque natural de Cabo Cope-Calnegre”, ha explicado Costa Morata.

El ingeniero ha denunciado que sufre una campaña de acoso por su labor ecologista y le han incendiado la puerta de su vivienda: “La quemaron, le echaron gasolina y le pegaron fuego. Estaba yo durmiendo”, ha detallado.

En repulsa por la solicitud para retirar el título de Costa Morata, se han concentrado en Lorca representantes de IU, Podemos, CCCO, además de portavoces de asociaciones como AMACOPE, Ecologistas en Acción, Yayoflautas de Lorca, vecinos de Tercia agrupados frente a las obras del AVE, Amigos del Pueblo Saharauí o colectivos ambientalistas y senderistas de Lorca.

El Portavoz de la Asociación AMACOPE, Sebastián Ramírez, ha leído las palabras de la anterior alcaldesa de Águilas en el día en el que Costa Morata se convirtió en hijo predilecto de esa localidad: “Con independencia del color político hay una realidad y es que Pedro Costa luchó y evitó la construcción de una central nuclear en el paraje de la Marina de Cope; un hecho que de haberse producido habría cambiado y mucho la realidad que hoy vivimos. Por eso creemos que Águilas estaba en deuda con Costa y por eso consideramos que es merecedor de este reconocimiento”, afirmaba en aquel pleno la primera edil aguileña, Mari Carmen Moreno.

La Coordinadora Regional de IU, Penélope Luna, ha agradecido a Costa su papel de pionero en la defensa del medio ambiente en España, y el haberse convertido en “una referencia imprescindible en estos tiempos de auge de organizaciones que niegan el cambio climático y combaten las políticas públicas ambientales”.

El 17% de los incendios registrados en Castilla-La Mancha hasta este mes de noviembre de 2025 fueron intencionados. En total lo fueron 278 de los 1.580 incendios que se produjeron en el medio natural. Todavía hay 12 de los que se desconoce la causa y hasta 336 continúan en fase de investigación (21%).

En otros casos se ha podido identificar hasta 155 por causas accidentales y 116 causados por un rayo. Un 2% se debieron al uso de maquinaria cosechadora y otro 2% a quemas agrícolas.

Pero, ¿cómo funciona la investigación? Es una cuestión que ha evolucionado mucho en los últimos 30 años. Hoy en día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también las comunidades autónomas cuentan con unidades propias de investigación de incendios forestales.

La criminalística forestal es desde hace décadas una ciencia -catalogada y codificada con parámetros estándar- que se aplica a la investigación de incendios forestales que permite recoger indicios para determinar la causa y autoría.

“Actualmente los laboratorios forenses disponen de instrumentación analítica de última generación, perfectamente homologada y acreditada a nivel europeo y mundial para la detección e identificación de acelerantes de la combustión en restos de incendios”, asegura Pedro García Álvarez, investigador de incendios y facultativo químico que ha trabajado en el Cuerpo Nacional de Policía Científica y en la Red Europea de Laboratorios Forenses (ENFSI).

“La metodología ‘standard’ para la investigación de incendios forestales tiene su origen en América y toma carta de naturaleza en Europa, en los países de la cuenca mediterránea, con el nombre de Método de las Evidencias Físicas”.

La llegada al escenario del incendio supone en primer lugar la toma de datos ‘in situ’ relacionados con la Meteorología y la humedad relativa del combustible fino muerto. El tamaño de la superficie quemada y su forma determinará la recogida de pruebas físicas. En los grandes incendios se vienen utilizando GPS o drones para determinar su geometría. “Existen ocho modelos de propagación del fuego sobre los que se trabajará para determinar el lugar de origen y su evolución”, explica el experto.

Después, se trabaja en buscar la fuente del fuego, según su lugar de inicio: se estudian las posibles actividades que pudieron dar lugar al incendio, desde la caza, la pirotecnia, maquinaria en el lugar o quema de pastos… “Hablamos de incendios accidentales, originados por la labor humana”. Este cuadro de actividades, típico de cada zona, es de gran utilidad para determinar la causa de un incendio forestal.

Hay que resaltar, explica, que todas las causas de un incendio forestal están registradas y codificadas a nivel europeo.

Pedro García detalla que buena parte de los incendios forestales tienen un origen antropológico, con causas accidentales como las imprudencias, incendios provocados, naturales etc. La investigación se ve favorecida con una buena testifical y en un gran número de incendios se puede determinar la causa con bastante precisión. El problema, dice, “no está en identificar la causa, sino al autor”.

Los investigadores de los incendios son parte fundamental en los juicios por este tipo de delitos, pero reconoce que las condenas son pocas. “A veces eso da sensación de impunidad”. En ocasiones hay intereses económicos detrás del delito.

En los casos de intencionalidad suele analizarse también el modus operandi. Los investigadores buscan patrones en cada incendio. “Tenemos bases de datos que nos ofrecen pistas o al menos un perfil”.

Pero, ¿hay un perfil de incendiario o pirómano?, preguntamos. “No, no hay un perfil único y depende de los intereses de cada zona geográfica, aunque haya cuestiones comunes”, comenta Pedro García.

En este aspecto, Gemma Montalvo, catedrática de Química Física es coordinadora del Grupo CINQUIFOR junto a Carmen García Ruiz, además coordinar el curso de verano de ‘Incendios: investigación y análisis’ con María Gloria Quintanilla en la Universidad de Alcalá (UAH), matiza que “los pirómanos sienten fascinación intensa por el fuego y a veces están relacionados, profesionalmente, con el fuego por la oportunidad que les ofrece para satisfacer su compulsión. Los incendiarios provocan incendios con fines delictivos, como lucro, venganza o encubrimiento de otro crimen”.

Hay que invertir más en extinción y en investigación de los incendios, pero lo primero es la buena gestión medioambiental

Pedro García Álvarez — Álvarez, investigador de incendios y facultativo químico que ha trabajado en el Cuerpo Nacional de Policía Científica y en la Red Europea de Laboratorios Forenses (ENFSI)

Los incendios actuales se engloban en lo que se denominan ‘incendios de sexta generación’. El impacto climático, con olas de calor cada vez más frecuentes y largas, determina que los incendios se comporten de manera muy virulenta. “Ahora son más explosivos o eruptivos, aunque no sea un término correcto”, señala Pedro García, y son también más extensos y muy difíciles de apagar, además de estar condicionados por el cambio climático.

En principio parece que la problemática de los incendios forestales podría resolverse fácilmente actuando sobre dos frentes concretos: aumentando la eficacia de los medios de extinción y optimizando la eficacia policial en la detención de los autores de los incendios.

Estas acciones que, a priori, parecen ser la clave para prevenir los incendios forestales tiene sus limitaciones. La extinción de todos los conatos de incendio, por si sola, puede dar lugar al fenómeno de la ‘paradoja de la extinción’. Aumentaríamos la carga de fuego o masa forestal enormemente con el tiempo, y cualquier incendio que surgiese seria cada vez más peligroso, explica el experto. En lo que respecta a la detención de los autores tropezamos con que son escenarios con poca densidad poblacional y escasos testigos como es el ámbito forestal.

Por tanto, el enfoque primordial es la prevención de los incendios, actuando sobre la gestión de la masa forestal

“Mucha gente ya no vive en el campo, no hay ganadería que coma pasto, no hay desbroce y entonces cada vez tendremos más masa forestal”, añade Pedro García.

La clave de futuro, señalan los entrevistados, pasa por “la concienciación ciudadana” y por una mejor gestión forestal. Es el gran debate sobre la mesa, sobre todo tras los incendios forestales del pasado verano. Las llamas se han extinguido y se recuerda que los incendios también hay que ‘apagarlos’ en invierno. “Hay que invertir más en extinción y en investigación de los incendios, pero lo primero es la buena gestión medioambiental”, comenta Pedro García.

De hecho, en Castilla-La Mancha ya pasada la época estival, el Plan INFOCAM sigue publicando boletines semanales de riesgo por incendio forestal donde se analizan los escenarios meteorológicos y del propio incendio teniendo en cuenta la situación del combustible (desde la humedad de la masa forestal, a las ‘manchas’ de sequía extrema en el territorio) o la capacidad de propagación.

La simulación computacional es un buen sistema predictivo, pero no te va a decir dónde empezó el incendio: la topografía más o menos siempre estará ahí, pero el viento es impredecible

Pedro García Álvarez

El experto reconoce que actualmente los investigadores de incendios cuentan con herramientas que le pueden servir de apoyo en la investigación como es la simulación computacional de incendios y sus modelos predictivos, que en muy pocos años ha adquirido un impacto extraordinario e irá mejorando sus algoritmos.

Este exfuncionario, jubilado, facultativo de la Policía Nacional conoció este tipo de tecnología allá por los años 90 del siglo XX en una reunión de ámbito europeo. “No había nada en España entonces, pero hoy en día es una explosión mundial. Eso sí, aunque es un buen sistema predictivo, no te va a decir dónde empezó el incendio: la topografía, más o menos, siempre estará ahí, pero el viento es impredecible”.

El uso de perros detectores de acelerantes de la combustión, perros DAF, del que el Cuerpo Nacional de Policía es pionero en España es una herramienta imprescindible para la investigación de incendios provocados por vertidos de líquidos inflamables, señala.

Otra herramienta emergente, con gran potencial, y que va a mejorar enormemente la eficacia de la investigación de incendios es la realidad virtual. Su uso se va a imponer en muy pocos años.

Por último, cree no hay que descartar el impacto que pueda tener en la investigación de incendios la Inteligencia Artificial. “Aunque desconocemos a día de hoy su posible contribución a la investigación de incendios es indudable que es cuestión de tiempo, y significará un salto cualitativo”.

La Universidad de Alcalá acaba de terminar un proyecto europeo (FirEUrisk) para desarrollar una estrategia científica e integral para la evaluación y gestión del riesgo de incendios forestales extremos en Europa. “Se han cartografiado las áreas quemadas para ver cómo han sido afectadas en sus distintos parámetros. La IA necesita nutrirse de información de este tipo”, apunta Gemma Montalvo. Se ha estudiado a través del Grupo de Investigación de Teledetección Ambiental (GITA) y bajo la dirección del catedrático del área de Análisis Geográfico Regional y director de la Cátedra de Ética Ambiental de la UAH, Emilio Chuvieco. 

La Universidad de Alcalá acaba de terminar un proyecto europeo para crear mapas de riesgo, se han cartografiado las áreas quemadas para ver cómo han sido afectadas en sus distintos parámetros

Gemma Montalvo — Catedrática de Química Física, co-coordina el Grupo de Investigación CINQUIFOR y el curso de verano de ‘Incendios: investigación y análisis’

Pedro García recuerda como anécdota relacionada con los incendios forestales, que la primera vez que se usaron drones en España para investigar un incendio fue en la provincia de Toledo, en el paraje conocido como Cerro Negro, cerca de Talavera de la Reina. “También en Toledo usamos perros por primera en España en un incendio cuando ardió el comercio de todo a cien ‘El Pavo’. Descubrimos que había sido provocado con gasolina. Los perros son una herramienta extraordinaria, junto al laboratorio”.

Un verano azotado por el fuego

El verano de 2025 será recordado entre los peores de la historia si hablamos de incendios en España. Sus consecuencias todavía son patentes y la investigación continúa.  

A Pedro García no le sorprende lo ocurrido y vuelve a relacionarlo con el incremento de la masa forestal y el cambio climático. “Irá a más. Este años hemos tenido dos olas de calor de veinte días, y si la masa forestal no se gestiona bien es un problema añadido, aunque detengamos a todos los pirómanos”. Y es que, añade Gemma Montalvo, “hay muchos incendios por accidentes o negligencias también”. 

Según la información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hasta el 31 de octubre se produjeron en España 7.808 incendios forestales, de los que 2.452 quemaron más de una hectárea y el resto fueron conatos (ardió menos de una hectárea). 63 de ellos fueron grandes incendios porque quemaron más de 500 hectáreas.

En total este año se han quemado casi 350.000 hectáreas de superficie forestal, el 1,2% del total que hay en nuestro país.

La ciencia forense como “bien social de primera línea”

En la actualidad, tanto Guardia Civil como los agentes medioambientales participan en la investigación de los incendios forestales, mientras que la Policía Nacional se involucra en menor grado, debido a sus competencias más limitadas en el medio rural.

En general, hay una estrecha colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Ministerio del Interior en cuanto a formación e investigación que va más allá de lo delictivo a través del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales.

Gemma Montalvo apunta que desde el ámbito científico se trabaja también para garantizar la seguridad de quienes deben prevenir o apagar incendios. “Los trajes de los bomberos pueden acumular muchos residuos de la combustión que analizamos. Nos preguntamos si el ozono era capaz de degradarlas y hemos confirmado que no elimina los residuos de la combustión en los trajes de los bomberos, aunque existen numerosas cámaras de desinfección con este sistema en el mercado”.

Se está desarrollando una sustancia interesante para los entornos forestales que podría funcionar como cortafuegos si se aplica al terreno en el que trabajan los bomberos y acotar el incendio

Gemma Montalvo

Además, la Universidad de Alcalá acaba de iniciar una colaboración con Brasil. “Se está desarrollando una sustancia interesante para los entornos forestales que podría funcionar como cortafuegos si se aplica al terreno en el que trabajan los bomberos y acotar el incendio”.

De hecho, apunta la científica, la universidad alcalaína “es única en España porque aporta todos los niveles formativos relacionados con la ciencia forense: desde el Grado en Criminalística al máster en Ciencias Policiales y el doctorado en Ciencias Forenses.

Además, hay numerosos seminarios dirigidos por y para profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el marco del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. La ciencia forense es un bien social de primera línea porque llega a toda la sociedad, no solo a individuos particulares. Hablamos de seguridad y de salud pública y medioambiental“.

La XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha arrancado hoy en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, organizada junto a Gijón Impulsa, entidad gestora del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón (PCTG), que celebra su 25.º aniversario como espacio pionero en innovación y emprendimiento tecnológico.

En la jornada interna de hoy, más de 50 profesionales de parques científicos y tecnológicos de todo el país han compartido experiencias, proyectos y buenas prácticas. La vicealcaldesa de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega, dio la bienvenida institucional destacando “el orgullo de acoger esta cita nacional”. Subrayó además que “el PCTG fue el primer parque empresarial de titularidad municipal de España, un proyecto visionario que sigue siendo motor de empleo, innovación y atracción de talento”.

Pumariega incidió en el carácter acogedor de la ciudad: “Nos gusta abrir nuestras puertas y mostrar las bondades de una ciudad viva, innovadora y comprometida con el futuro”.

Visita técnica y jornada de trabajo

El día comenzó con una visita guiada por la Milla del Conocimiento Margarita Salas, con parada en la Escuela Politécnica de Ingeniería, la Escuela Superior de Marina Civil, Laboral Ciudad de la Cultura y el Jardín Botánico Atlántico.

Tras la bienvenida, la mesa “Infraestructuras de I+D+i en los PCTs” reunió a responsables de distintos parques tecnológicos para analizar retos en la gestión de espacios de innovación. La jornada continuó con la reunión de la Red de Técnicos/as de APTE, un almuerzo-networking y la Asamblea General de la asociación.

Mañana: jornada abierta sobre economía azul

El jueves 6 de noviembre tendrá lugar la jornada abierta, con cerca de 100 representantes institucionales, empresariales y del ecosistema innovador y azul del Principado.

La sesión comenzará a las 9:15h en LABoral con la apertura institucional a cargo de Carmen Moriyón Entrialgo, alcaldesa de Gijón/Xixón; Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria, Innovación y Universidad del Principado; y Juan Antonio Tébar, director de Políticas de Innovación del CDTI.

La ponencia inaugural será impartida por Susana Pinheiro, Head of Business Development de UPTEC (Universidade do Porto), titulada Innovación y economía azul: el modelo UPTEC y su impacto regional.

Economía azul

Habrá dos mesas redondas: una sobre ecosistemas tecnológicos para una economía azul inteligente, y otra sobre empleo azul, talento STEM y nuevos perfiles profesionales. La mañana cerrará con una reflexión sobre los 25 años del PCTG y su estrategia azul.

El evento concluirá con la entrega de los Premios APTE 2025 (Mejor Práctica, Parques más Activos y Divulgación) y el traspaso de bandera al parque anfitrión de la próxima edición.

Un foro que consolida liderazgo

La XXIII Conferencia Internacional de APTE reafirma el papel de los parques científicos y tecnológicos como motores de desarrollo económico y social, situando a Gijón/Xixón como referente nacional en gestión pública de la innovación.

Con más de 140 participantes entre ambas jornadas, el encuentro se consolida como cita imprescindible para el intercambio de conocimiento, la cooperación interterritorial y el impulso a nuevos proyectos en el ámbito de la economía azul y la sostenibilidad.

Estimado presidente:

Los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STAS y la APAM-CLM, nos dirigimos a usted en nombre del colectivo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (AAMM) para trasladarle la grave situación en la que seguimos desarrollando nuestras funciones, pese a los reiterados compromisos incumplidos a lo largo de las tres últimas legislaturas y a la ausencia de avances reales en nuestras condiciones laborales y materiales.

Durante estos años, diferentes consejeros/as y responsables de la Administración regional han prometido mejoras normativas, retributivas y organizativas que nunca se han materializado (Ley del Cuerpo de Agentes, acceso al grupo B, mejoras salariales, etc).

Hoy aún seguimos sujetos a normas obsoletas -como la orden de horarios de 2008 o la de servicios de incendios de 2013 “de Cospedal”- que no responden a la realidad de nuestro trabajo, mucho más complejo, arriesgado y esencial de lo que en ellas se recoge.

A esta situación se suman carencias graves que ponen en riesgo tanto nuestra seguridad como la eficacia del servicio público que prestamos:

La reciente Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales, obliga a adaptar normativa, funciones, medios y condiciones del colectivo antes de noviembre de 2025. Sin embargo, el borrador presentado por la Viceconsejería de Medio Ambiente no supone un avance, sino un retroceso, ignorando las aportaciones transmitidas reiteradamente desde la parte social.

El Cuerpo Profesional de Agentes Medioambientales es el único colectivo presente en todas las fases del incendio: prevención, extinción e investigación, y ejercen la Dirección Técnica de Extinción de los incendios forestales.

En otras emergencias ha demostrado sobradamente el compromiso y profesionalidad: fue declarado personal esencial en la pandemia, ha intervenido en emergencias como Filomena o las DANA, participa activamente en rescates en el medio natural, además de ser pieza clave en la protección de la biodiversidad de nuestra región con funciones transversales en diferentes Consejerías.

Sin embargo, el reconocimiento público, homenajes y medallas recibidas no sustituyen las debidas retribuciones salariales, condiciones dignas y seguras para realizar unas funciones y riesgos que han aumentado exponencialmente.

Por todo ello, solicitamos su intervención y reunión para abordar de manera directa las soluciones necesarias que pongan fin al abandono institucional que sufre este colectivo y que ponga en valor al Cuerpo Profesional de Agentes Medioambientales, esencial para la sociedad y para la protección del patrimonio natural de nuestra tierra.

Agradeciendo de antemano su atención y a la espera de una pronta respuesta, reciba un cordial saludo. Atentamente,

En representación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha:

Gustavo Beltrán (CCOO)

J. Daniel Cánovas (CSIF)

José Azcoitia (UGT)

Gustavo Fabra (STAS)

Alfredo Poveda (APAM-CLM)

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Albacete, agentes medioambientales, personal del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Albacete y socios del club de pesca de Almansa han participado en la captura de un caimán yacaré en el pantano de Almansa.

Así lo han confirmado en su cuenta en la red social X la propia Guardia Civil de Albacete. Los agentes des destacan que esta especie exótica, que fue avistada este jueves en el pantano almanseño, estaba “fuera de su hábitat”.

El caimán yacaré (Caiman yacare) es un reptil que pertenece al orden de los cocodrilos y se encuentra en Sudamérica, específicamente en regiones subtropicales y tropicales, según datos de WWF.

Dos agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y sus familias han recibido amenazas de muerte en Tomelloso (Ciudad Real), según ha dado a conocer el organismo de cuenca que ha condenado “enérgicamente” lo ocurrido.

No se desvelan las circunstancias de los hechos, aunque la confederación apunta que “la situación de emergencia en la que se encuentran sus acuíferos debido a la sobreexplotación de los mismos exige seguir trabajando con firmeza en la localización y sanción de todas las extracciones ilegales de agua con el fin de lograr su recuperación”.

Es un “hecho inaceptable”, asegura la confederación hidrográfica, “que atenta contra quienes trabajan por la protección del dominio público hidráulico”. Ha trasladado su apoyo a los afectados y ha dado a conocer además que adoptará las “medidas legales necesarias ante cualquier acto de violencia o intimidación contra su personal”, sin detallar si se presentará o no una denuncia ante instancias judiciales. Este medio sí ha podido confirmar que la Guardia Civil investiga lo ocurrido.

El trabajo de los agentes medioambientales, resalta el organismo público, permite “garantizar la sostenibilidad de un bien común que nos pertenece a todos” y además ha reafirmado “su compromiso con la defensa del agua en el Alto Guadiana, un recurso esencial para el desarrollo social, económico y ambiental de esta zona.

Cuatro aves rapaces que fueron halladas en muy mal estado, en algunos casos con fracturas y en otros con traumatismos, han logrado sobrevivir gracias a las labores del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre del concejo asturiano de Sobrescobio.

La buena noticia ha sido confirmada por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado que ha sido la encargada de su liberación este viernes. Se trata de un gavilán común, un milano negro, un ratonero común y un alimoche que se han soltado en los concejos de Mieres, Gijón, Langreo y Sobrescobio.

Los cuatro ejemplares fueron rescatados en los últimos meses y habían sido trasladados al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Sobrescobio, que ha logrado sacarlos adelante.

Los ejemplares rescatados

Según los datos facilitados por el Principado, el pollo de alimoche fue rescatado el pasado mes de septiembre por agentes de la Guardia Civil en Rioseco/Rusecu, en Sobrescobio, con apenas 1,5 kilogramos de peso y falta de musculación.

Al tratarse de una especie reconocida como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, al ejemplar liberado hoy se le ha instalado un dispositivo GPS, lo que permitirá realizar un seguimiento de su adaptación al medio.

Este dispositivo también permite actuar a la Red Centinela para la Lucha Contra el Furtivismo del Principado.

El ratonero común se recogió el 15 de noviembre en La Felguera con una fractura abierta en el ala.

El gavilán fue rescatado por agentes del Medio Natural el pasado mes de febrero en Mieres y sufría un traumatismo.

El milano negro fue hallado a principios de mayo en una finca del Gorgollo, en la parroquia gijonesa de L’Abadía Cenero.

Más de 4.000 metros cuadrados de terreno

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Principado, ubicado en Sobrescobio, acogió en noviembre de 2021 los primeros ejemplares: un urogallo, un águila culebrera, dos busardos ratoneros, dos erizos, un cernícalo, un mochuelo y un halcón peregrino.

Sus instalaciones se encuentran en el monte de utilidad pública Isorno y cuentan con más de 4.000 metros cuadrados de terreno.

El centro acoge a todos los animales silvestres con problemas que recojan los agentes del Medio Natural, especialmente ejemplares de especies protegidas o en peligro de extinción. Allí se evalúa su estado y condiciones físicas, se les cura y se les rehabilita, con el fin último de reintroducirlos posteriormente en su hábitat natural, como ha ocurrido ahora en el caso de las cuatro aves rapaces.

Salas de vuelo de aves rapaces

Las instalaciones cuentan con salas de vuelo de aves rapaces, para que estos animales ejerciten sus músculos antes de su proceso de liberación.

También tienen quirófanos y laboratorios que permiten desarrollar una labor investigadora través de las necropsias que se realizan a los ejemplares hallados muertos y a aquellos que no logran recuperarse. Esto permite reforzar la colaboración con personal científico del Serida y de la Universidad de Oviedo, que se mantiene desde hace años, en relación con especies como el urogallo, el oso pardo o las aves carroñeras.

Programa de vigilancia sanitaria de fauna silvestre

El equipamiento es el centro de referencia del Programa de Vigilancia Sanitaria de Fauna Silvestre, implantado en Asturias desde 2003. Esta iniciativa permite detectar y evaluar diferentes procesos patógenos en la fauna silvestre que pueden representar un riesgo no solo para sus poblaciones, sino también para el ganado doméstico o para las personas.

La Dirección General del Medio Natural coordina el programa en colaboración con la de Ganadería y Sanidad Animal. Fruto de su trabajo conjunto se han intensificado las recogidas de muestras que posteriormente se analizan en el laboratorio de Sanidad Animal de Jove.

Aula de interpretación

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre cuenta con un aula de interpretación que permite desarrollar un plan de educación ambiental para dar a conocer las labores que se llevan a cabo y sus implicaciones en la conservación de la naturaleza, al tiempo que permite divulgar la importancia de conservar la biodiversidad.

El aula tiene una zona expositiva, donde se muestra cómo se realizan los trabajos de rescate y recuperación de los animales, y un conjunto de videocámaras que monitorizan en tiempo real los ejemplares acogidos en el centro y las salas de vuelo de rapaces. Todo ello se complementa con un área que permite observarlos en directo. 

El Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya y el sindicato CSIF han registrado este miércoles una proposición de ley para la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad de Castilla y León, una de las pocas autonomías que carece de una legislación específica.

Así lo han transmitido la agente medioambiental y delegada de Medio Ambiente de CSIF, Sara Mateos; y los portavoces de Soria Ya, Ángel Ceña, y de la UPL, Luis Mariano Santos, en una atención a medios que ha tenido lugar este miércoles en la entrada de las Cortes de Castilla y León.

El portavoz parlamentario de Soria Ya, José Ángel Ceña, ha subrayado que este es “un paso adecuado para esta protección del medio ambiente y también dignificar las condiciones de los agentes medioambientales y luchar contra la despoblación en el medio rural de Castilla y León”.

Ceña, además, ha recordado que la provincia soriana acoge “una de las masas forestales continuas más grandes del sur de Europa” y que una normativa como esta resulta fundamental para “la pervivencia del medio ambiente y del mundo rural”.

Por su parte, su homólogo en UPL, Luis Mariano Santos, ha incidido en el impacto “de los continuos incendios” que tiene en las tres provincias de la llamada 'Región Leonesa', sobre todo en Zamora, y ha criticado “la inacción de la Consejería de Medio Ambiente durante los últimos diez años”,

“No ha sido capaz de plantear una ley de este tipo, creo que es el momento de hacerlo y nosotros, como instrumento, sobre todo vertebrador y como instrumento del propio sindicato”, ha valorado Santos.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente de CSIF, Sara Mateos, ha lamentado que, a pesar de que los agentes medioambientales son los responsables “de la custodia y defensa del medio natural” y que asumen la dirección de los operativos de incendios forestales en el 90% de los casos, las dana o incluso una pandemia como la covid-19, a día de hoy carecen de “una normativa autonómica específica que los regule”.

“Eso nos genera una sensación de incertidumbre, dificulta muchísimo la coordinación y tiene la consecuencia de una carencia absoluta de medios humanos y materiales”, ha afirmado. 

Esta proposición de ley, la segunda que se debate en esta legislatura después de que PP y Vox tumbaran la toma en consideración de una iniciativa del PSOE en septiembre de 2024, busca reforzar la figura del agente medioambiental, entre ellas la consideración de agentes de autoridad o la creación de unidades especializadas y de una Escuela Autonómica de estos agentes, entre otras.

El texto también recoge que esta plazas se consideren de difícil cobertura para obtener compensaciones en el acceso, regula la segunda actividad y refleja el régimen disciplinario que seguirán estos profesionales de aprobarse.

Empezamos esta semana de episodios que recuperamos de esta temporada con uno que tuvo mucho calado político después de la catástrofe de la DANA. Hacemos un repaso a distintas declaraciones de políticos de la derecha española en las que han cuestionado el consenso científico en torno al cambio climático. Un recorrido por la guerra cultural contra lo que ellos llaman el activismo climático y que termina evidenciándose con las decisiones políticas que tomaron antes de la DANA en la Comunitat Valenciana. 

Escuchamos a Juan Bordera, que es periodista, activista por el cambio climático, ahora diputado de Compromís y que lo que lleva tiempo diciendo en torno al cambio climático suena a profecía.

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 27 de noviembre de 2024 ***

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