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El Gobierno de Mañueco reconoce que no ha tramitado o que ha dejado caducar cuatro de cada diez denuncias ambientales

Agentes medioambientales de Castilla y León.

Alba Camazón

Valladolid —
29 de abril de 2026 22:10 h

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El Procurador del Común –el Defensor del Pueblo de Castilla y León– abronca a la Consejería de Medio Ambiente por la insuficiencia de medios y expedientes tramitados en los servicios territoriales, de los que ya advirtió hace unos meses elDiario.es. Cuatro de cada diez denuncias ambientales han prescrito, han caducado o ni siquiera se han comenzado a tramitar. ¿Las principales áreas afectadas? Las denuncias administrativas por caza, pesca, vías pecuarias y espacios naturales.

Esta situación “compromete” el principio de eficacia de las sanciones y “puede generar desconfianza en los agentes de la autoridad” al impedir que se impongan las sanciones. A la queja del Procurador del Común se suman las reclamaciones de las asociaciones profesionales de agentes medioambientales, sindicatos y asociaciones ecologistas, que lamentan el elevado número de infracciones que quedarán sin resolver.

Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, los agentes medioambientales de Castilla y León han entregado 14.898 denuncias al Ejecutivo autonómico. Sin embargo, no se ha iniciado el procedimiento de 4.318 expedientes y se ha dejado que otros 1.440 han prescrito o caducado, según los datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente a la institución propia.

El Procurador del Común defiende el “derecho a la buena administración”. “La falta de respuesta a los ciudadanos y la inacción administrativa son incompatibles con la buena administración, máxime en relación con la protección del patrimonio natural, al tratarse de un valor esencial para la identidad de Castilla y León”, señala en su resolución, emitida la semana pasada.

Un celador de la Junta de Castilla y León lamentó hace meses a elDiario.es que algunos trabajadores habían decidido no tramitar las infracciones más leves por la mayor incapacidad que tendrían los instructores jurídicos que afrontar todas ellas.

Puestos vacantes en la RPT

La parálisis de los servicios de Medio Ambiente se explica, en parte, por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los instructores jurídicos. Uno de cada cuatro puestos de trabajo está vacante y alguno de ellos lleva sin ocuparse desde agosto de 2023 o mediados de 2024. Para el Procurador del Común, la situación es “especialmente apremiante y urgente” en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, donde solo hay un trabajador público que se encargue de estas cuestiones, lo que ha provocado un atasco importante: en dos años solo se han tramitado el 38% de las denuncias y solo se han resuelto 38 relativos a la gestión de residuos. Los 869 restantes, que afectaban a la caza, pesca, montes, vías pecuarias y espacios naturales, han prescrito.

El Procurador del Común también afea que en Salamanca se contemplen solo dos puestos jurídicos a pesar de “la extensión de su superficie y su importancia medioambiental” mientras en el resto de provincias está previsto que trabajen tres instructores jurídicos. “Se deben adoptar las medidas pertinentes para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el fin de dotar de un puesto jurídico más, igualando su número al resto de Servicios Territoriales”.

El defensor del pueblo autonómico pide a la Consejería de Medio Ambiente que haga lo posible por cubrir los puestos jurídicos vacantes, especialmente en Burgos y que valore adoptar “las medidas pertinentes” para modificar la RPT e incorpore un puesto jurídico más en Salamanca.

elDiario.es pidió a principios de año a la Consejería de Medio Ambiente la información detallada sobre el número de estos expedientes que no se habían incoado o que habían caducado a través de una petición de Transparencia. Medio Ambiente ha tramitado la petición tres meses más tarde y ha requerido el pago de una tasa de 36,60 euros a pesar de que los medios de comunicación están exentos de abonar cualquier tipo de tarifa, por lo que ha remitido el caso al Comisionado de Transparencia para que este emita su resolución, de obligado cumplimiento.

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