El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho balance este lunes de la Semana Santa de la ciudad destacando la “buena planificación” del dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento y que ha concluido “sin incidencias reseñables”.

En una entrevista radiofónica en Canal Sur Radio, ha destacado las “cifras récord” de viajeros de Tussam y ha subrayado la “gran afluencia de público y turistas”. En este sentido, ha puesto en valor los datos ofrecidos por los sensores que median la cantidad de público en tiempo de real en varias vías del centro.

Según estos datos, los días que más afluencia de público se registró, gracias a los sensores, fueron, por este orden: Madrugada, Jueves Santo, Miércoles Santo y Domingo de Resurrección. A las 3:00 de la madrugada del Viernes Santo se registró el récord de público contabilizado con los sensores.

Durante el dispositivo, el Consistorio ha intervenido 300 'sillitas'. Preguntado por ello en una entrevista este lunes en la Cadena Ser, Sanz ha asegurado que “gracias al trabajo de retirar y la tarea pedagógica, se ha ido a mejor”. “Creo que efectivamente las sillitas suponen un auténtico peligro en algunos cruces concretos del casco histórico de la ciudad”, ha afirmado.

Una “discrepancia sin importancia”

Preguntado por el incidente entre la Policía Local y la cofradía del Santo Entierro, el alcalde, que formaba parte del cortejo de la hermandad como otros representantes civiles, ha calificado el asunto como “una discrepancia sin más importancia”.

La Policía denunció a un responsable de la hermandad del Santo Entierro durante el transcurso de la procesión el pasado Sábado Santo por “desobedecer las órdenes de los agentes”. La corporación ha calificado la actitud policial como “desproporcionada”.

Por su parte, Sanz ha defendido la actuación de la Policía Local ante la importante afluencia de público en el cruce de la avenida de la Constitución con la calle Alemanes, que se “agravó por el retraso en la jornada”. “Con buen criterio creo, decide desalojar, darle un poquito de salida a esa acumulación que se estaba produciendo en ese punto concreto”, ha afirmado en Canal Sur Radio.

Por otro lado, Sanz también se ha pronunciado sobre la botellona registrada en el barrio del Heliópolis al paso de la hermandad de La Misión durante el Viernes de Dolores. Preguntado por ello en la Cadena Ser, el alcalde ha indicado que se está investigando “si hubo una quedada en redes” y ha señalado que fue “un fallo de previsión”. “El año que viene le garantizo que la hermandad no tendrá ningún problema a su paso por ese mismo punto”, ha destacado.

La sección sindical de CSIF de la Policía Local de Sevilla ha señalado este domingo que el pasado Sábado Santo fue denunciado por desobediencia el fiscal de paso de la hermandad del Santo Entierro durante el transcurso de la procesión por “desobedecer las órdenes de los agentes”.

En un comunicado remitido por el sindicato, han defendido la actuación policial, a la que han calificado de “no desproporcionada”, tras pedir al fiscal de paso de la corporación que “habilitara un hueco entre el paso del Duelo y la formación militar que transcurre tras el paso” para que el público “pudiese cruzar la avenida de la Constitución”.

“Afortunadamente, el 99% de los diputados de tramo y responsables de las hermandades atienden las peticiones de los policías locales para que cuando lleguen a los cruces habilitados paren la cofradía y, de esta manera, pueda fluir el público de un lado a otro de la Carrera Oficial, pero desgraciadamente nos encontramos con situaciones como las vividas el Sábado Santo donde no se atienden nuestras órdenes”, ha señalado CSIF.

El sindicato ha asegurado que las grabaciones del recinto “ratifican” la actuación policial y “dejan claramente en evidencia lo manifestado por el Fiscal del paso, así como testigos que corroboran que la actuación policial no fue desproporcionada y que el responsable de la Hermandad desobedeció las órdenes de los agentes”.

“La Policía Local realiza su trabajo de forma ejemplar intentando no cortar nunca ningún tramo de nazarenos, pero las Hermandades tienen que entender que los cruces sirven de vías de evacuación y que no pueden quedar cortados si hay parones como los sufridos el pasado Sábado Santo”, ha reseñado la entidad.

Ante esta situación, CSIF ha pedido a la hermandad del Santo Entierro “que se retracte” y destituya al fiscal de paso “ya que les ha mentido”. Asimismo, ha pedido al alcalde de Sevilla que “salga en defensa de la actuación policial y respalde el trabajo de los policías locales que se han visto envueltos en esta polémica”.

“Una actitud policial desproporcionada”

Anteriormente, la hermandad del Santo Entierro publicó este domingo en sus redes sociales un comunicado en el que ha calificado la actitud policial como “desproporcionada” hacia el fiscal de paso.

La corporación ha indicado que esta persona “fue objeto de un airado agarre físico por su túnica y una injustificada solicitud de identificación para ser sancionado mientras intentaba, de forma educada y colaborativa, velar por el orden y la seguridad del piquete militar y la banda que cerraban el cortejo sobre los que el agente abrió paso sin contemplar a estos”.

La hermandad ha señalado que los accesos y paso de la Carrera Oficial “fueron regulados, y en ocasiones, restringidos” debido a la presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas en el cortejo, “con el fin de garantizar la integridad de dichas autoridades”.

“Estas decisiones, que pueden ocasionar comprensibles molestias al público, son en todo caso ajenas a esta Hermandad, que no interviene ni dispone los dispositivos de seguridad establecidos, siendo meramente colaboradora con las fuerzas de orden público, como es norma en todas las corporaciones de la ciudad”, ha afirmado.

A esta situación, la corporación ha añadido que durante su transcurso por la Carrera Oficial se “vio gravemente condicionado por un retraso acumulado totalmente ajeno a nuestra organización”. Una situación que “provocó un bloqueo prolongado en la avenida de la Constitución”.

“Esta Real Hermandad mantiene desde tiempo inmemorial una vinculación ejemplar con las instituciones del Estado y la ciudad, no puede tolerar la falta de respeto hacia sus oficiales y hermanos”, añadía el comunicado.

“Si bien lamentamos las molestias que el público pudo sufrir por el bloqueo de los pasos, estas se debieron a una conjunción de factores externos y decisiones policiales en los que esta Hermandad no tuvo capacidad de obrar e instamos a los órganos de seguridad a comunicar y divulgar esta especial circunstancia en los cruces para que el público las conozca previamente evitando así las molestias que ocasiona”, concluyó la corporación.

Óscar Gómez (Santander, 1977) lleva 25 años como agente de la Policía Local, los últimos siete en el Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local de Santander, que es el área que recibe las alertas ciudadanas y gestiona a quien mandan o a que departamento se traslada el aviso. Portavoz del Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) en Cantabria, acudió recientemente a una comisión del Parlamento autonómico para hablar de la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Gómez pidió un programa de gestión de datos actualizado y unificado para la Policía Local de todos los ayuntamientos de la comunidad.

La necesidad de un nuevo programa de gestión ha saltado al debate público después de que el Ayuntamiento de Santander abriese un expediente y limitase la responsabilidad a la policía investigada que no tramitó un aviso el día antes del hundimiento mortal de la pasarela de El Bocal, en la costa norte de Santander, caso actualmente judicializado. La investigación de la fase de instrucción ha dejado al descubierto un programa de atención de llamadas que es “arcaico” para los sindicatos y que el Ayuntamiento califica como “software” específico. Pero Gómez —que no aborda la situación de la compañera policía, de común acuerdo entre los sindicatos de la Junta de Personal del Consistorio— advierte de que el programa es “imprescindible” ante “unos riesgos muy concretos” para la seguridad ciudadana.

¿Por qué defiende que el Gobierno de Cantabria debe unificar el software policial en toda la comunidad en lugar de que cada municipio elija el suyo?

La razón principal es que el Gobierno de Cantabria es el encargado de elaborar la Ley de Coordinación de Policías Locales. Actualmente, la administración local a menudo deja a la Policía abandonada en términos de presupuesto para potenciar otras partidas. Un sistema operativo de gestión común permitiría que todos los datos se gestionen de forma centralizada, lo cual es vital porque hoy en día la información está dispersa. Si alguien delinque en un municipio por la mañana y en otro por la tarde, con el sistema actual, los agentes del segundo municipio, no tendrían constancia inmediata de lo ocurrido horas antes. Con un sistema unificado, basta con introducir el DNI para que aparezcan todos los antecedentes, citaciones y actuaciones previas, algo esencial para la seguridad. Al final son unos riesgos muy concretos para la seguridad ciudadana, porque el Gobierno de Cantabria tiene que ser el que se encargue de hacer esta norma que, como su propio nombre indica, se encarga de la coordinación de los policías locales de Cantabria. Y luego porque la administración local, en muchas ocasiones, deja mucho que desear. Es importantísimo tener todos los datos de todo el mundo. Yo lo veo esencial, imprescindible, diría.

Además de la seguridad, usted menciona que esto mejoraría la eficiencia administrativa. ¿Cómo se traduce esto en el día a día?

Es una cuestión de ahorro de costes y tiempo. Cantabria es pequeña: una persona puede pasar por cuatro municipios en un día y, si comete infracciones en todos, se generan gastos administrativos cuadruplicados. Actualmente, el agente en la calle, el centro coordinador y la Policía Nacional o la Guardia Civil pierden tiempo comprobando datos manualmente en cada ocasión. Lo lógico en la era actual sería que el policía tuviera toda esa información al instante en una tablet o PDA.

Mientras que los vehículos o armas pueden ser competencia municipal, el sistema informático de la policía debe ser común

La razón principal que se ha dado para no implementar hasta ahora la gestión unificada es económica. La Consejería de Presidencia ha anunciado un aumento presupuestario en formación. ¿Es esta también una prioridad para usted?

Yo sería partidario de aumentar los medios técnicos. Al final, el policía se forma, pero se forma durante un tiempo, para conseguir el baremo de méritos que le permita ascender. Si no tienes una carrera profesional que te siga incentivando el formarte, acabas dejando de formarte, que es lo que ocurre en el 99% de los casos. Entre un compañero que no va a ningún curso y uno que va a todos no existe diferencia. Aunque la formación es necesaria, yo priorizaría la inversión en medios técnicos, específicamente en el programa unificado de gestión policial. El problema de la formación actual es que no está ligada a una carrera profesional; muchos agentes se forman intensamente al principio para ganar méritos y ascender, pero una vez que alcanzan el máximo nivel, dejan de hacerlo porque no hay incentivos adicionales. El Gobierno de Cantabria debería proporcionar el software a través de licencias individuales para cada ayuntamiento. Mientras que los vehículos o armas pueden ser competencia municipal, el sistema informático de la policía debe ser común. Yo el medio técnico que le pido al Gobierno de Cantabria es el del programa informático.

Usted trabaja en el centro coordinador de la Policía Local de Santander y ha descrito en el Parlamento el sistema actual como “arcaico”. ¿Cómo es el proceso de gestionar una emergencia hoy en día?

En la Policía Local de Santander hay cinco teléfonos (antes grababan cuatro, ahora ya graban cinco). Por la noche, solo hay uno o dos operarios cogiendo el teléfono, los otros teléfonos pueden estar sonando y el ciudadano se piensa que es que el policía no le quiere coger. No, es que están atendiendo otras llamadas y no han podido. A veces no tenemos equipos suficientes y tienes que hacer un parte amistoso por teléfono. Yo pedí una centralita, pero no la ponen, no me digas por qué, porque a mí no me entra en la cabeza. Es frustrante. Recibimos las llamadas en una centralita, apuntamos los datos a mano en un papel con bolígrafo y luego los transmitimos por emisora. Finalmente, debemos transcribir todo en una base de datos. Trabajamos con Oracle, que es básicamente una base de datos nivel usuario similar a un Word o un Excel. El propio jefe de informática del Ayuntamiento de Santander emitió un informe en 2023 confirmando que no usamos programas de administración electrónica avanzados, sino herramientas de escritorio básicas, tipo Word.

¿Qué problemas específicos genera este sistema?

Es un auténtico desastre, falla casi todos los días y da errores constantes que obligan a reiniciarlo. A veces, abres una ficha de actuación y desaparece de repente. Además, la búsqueda de datos es inconsistente: yo puedo meter un DNI y que no me salga nada, mientras que a mi compañero, en el ordenador de al lado, le aparecen 20 actuaciones con esa misma persona. Es el mismo programa que había cuando yo entré en la policía hace 25 años.

En el reciente pleno extraordinario para hablar del suceso de El Bocal, la portavoz del equipo de gobierno, Margarita Rojo (PP), afirmó que había un software específico y rechazó que fuese un Excel, ante las preguntas de los concejales de la oposición. ¿Qué le diría sobre ese software?

Pues que su propio jefe de Informática dice que ese software es equiparable a Word y que si le parece eso moderno como para una policía de una smart city.

La Policía Local del Ayuntamiento de Santander probó un sistema llamado Infopol. ¿Por qué no se llegó a implantar definitivamente?

Los jefes no lo han rechazado, que se ha dicho mucho por ahí. El Ayuntamiento firmó un contrato menor para probarlo: debería de haberse probado en 2025 pero no se llegó a probar por completo. Ese programa duró un año y la propia empresa nos permitió unos meses más de prórroga, porque no había dado tiempo a implementarlo, porque el Servicio de Informática de Santander es un poco complicado y no permitió implantarlo. Aunque los jefes hubieran dicho que ese programa era maravilloso, legalmente no se podía quedar. El Servicio de Informática del Ayuntamiento puso muchas trabas y no permitió su integración total, por lo que nunca llegó a funcionar en el centro coordinador. La ley de contratos obliga a sacar un pliego público para una instalación definitiva y por eso insisto en que ese pliego debería ser a nivel provincial para que todos los municipios usen la misma herramienta y no muchos programas diferentes que no se hablen entre sí.

Este programa de informática que pide, ¿qué características debería de tener?

Hoy en día hay muchísimas empresas que se dedican a ello. Y yo tampoco voy a hablar de una en concreto. Digamos que es un programa completo y luego va por licencias individuales. Cada ayuntamiento tendría el número de licencias según el número de agentes que tenga que permiten el acceso a ese programa. En ese programa se gestionan todo tipo de cuestiones, desde la entrada de llamadas, los datos personales de cada uno, los datos incluso de los agentes para la petición de días. Por ponerte un ejemplo, en Santander yo voy a pedir un día libre, relleno un papel, voy al registro de la comisaría, me lo registran, la persona de registro lo pasa a la oficina, la oficina lo manda a Recursos Humanos y Recursos Humanos me contesta. Sería un ahorro administrativo tremendo. Hay programas de gestión que permiten, desde el móvil, hacer todo tipo de gestiones administrativas y de seguridad que, conforme más datos metes, mejor funciona. Hoy, si ocurre alguna desgracia, hay veces que nos volvemos locos para encontrar a un familiar.

¿Decía que nunca llegó a funcionar en el centro coordinador?

No, nunca.

Usted también ha denunciado problemas con la atención telefónica y las emisoras de la Policía Local de Santander. ¿En qué situación se encuentran actualmente?

No tenemos una centralita moderna. Si los agentes están ocupados atendiendo una llamada, el ciudadano escucha un tono de llamada normal y piensa que no queremos coger el teléfono, cuando en realidad estamos saturados. He pedido un sistema con locuciones, similar al del 061, pero dicen que es “imposible” de instalar. En cuanto a las emisoras, tras años sin que funcionaran bien, han comprado un sistema que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya están retirando por antiguo: siempre vamos por detrás.

Ha dicho que nunca se aplicó Infopol en el centro coordinador. Mientras, siguen trabajando con Oracle, un programa que SIEP cuestiona. ¿Cómo repercute todo esto en los agentes?

La moral está muy afectada porque el trabajo se multiplica al tener que anotar todo doblemente y no tener acceso inmediato a los datos en la calle. A veces tenemos que usar nuestro Facebook personal en el móvil para buscar información porque los ordenadores del trabajo están “capados”. En cuanto a la seguridad, es preocupante. Para eventos extraordinarios como manifestaciones o partidos de fútbol se utiliza la plantilla ordinaria, lo que deja al resto de la ciudad desprotegida. Si ocurre una emergencia en la periferia durante un evento en el centro, el tiempo de respuesta será excesivo. Se está dejando la seguridad de Santander a la suerte, esperando que no pase nada grave mientras la plantilla está centrada en un solo punto. Incluso se está intentando que los nuevos compañeros en prácticas firmen ya como funcionarios de carrera para usarlos en estos servicios de Semana Santa, mandándolos a la calle casi sin experiencia.

¿Cómo funciona el centro de coordinación de la Policía Local de Santander?

Es un poco arcaico, en mi opinión. Demasiado arcaico para la época que vivimos, tan informática y con la inteligencia artificial en todas partes. Hay varios teléfonos, recibes una llamada, recoges la llamada, lo apuntas en un papel con un bolígrafo y luego por la emisora mandas a un equipo. Luego tienes que meterlo en una base de datos que es como un tipo Excel.

¿Tipo Excel o es un Excel?

Oracle, así se llama, es como un Excel avanzado, digamos. He visto que el concejal de Protección Ciudadana ha salido diciendo que es un programa muy avanzado: es una base de datos sin más, que la mayoría de los días falla. La mayoría de los días da error, tienes que apagarla y volverla a encender y es un auténtico desastre, pero total y absoluto. Se pierden datos, hay fichas que tú abres con un número de actuación y de repente tal cual desaparece. Se pierden todo tipo de datos y al final no funciona como debería de funcionar. Hay cosas que tú pones un nombre a buscar, no te lo encuentra y al compañero de al lado se lo encuentra. Yo pongo un DNI y a mí me dice que nunca hemos actuado con esa persona y cuando lo pone el compañero le sale que tenemos 20 actuaciones con esta misma persona. O sea, falla mucho y es un programa muy antiguo. Apostaría a que en otras comunidades autónomas está defenestrado y ya no lo utiliza nadie.

La consejera de Presidencia anuncio recientemente, en un acto en el que usted estuvo, una oposición policial unificada después de verano. ¿Esta medida resuelve los problemas estructurales de las plantillas?

No ha sido una petición de mi sindicato particular, pero entiendo que es un ahorro administrativo para muchos ayuntamientos.

La Consejería también anunció que los agentes en prácticas podrían portar armas de fuego.

Una oposición de policía es bastante más complicada que una oposición de un funcionario normal: después de superar el curso, tiene que hacer una fase de prácticas; si, en esa fase de prácticas, el policía ni es ni agente de la autoridad, ni puede portar arma, ni nada, la gente no lo va a distinguir. Un ciudadano ve a un policía en el momento en el que ve un uniforme. Entonces, lo lógico es que porte un arma y que sea agente de la autoridad desde el primer momento.

Un informe oficial del jefe del Servicio de Informática del Ayuntamiento de Santander, entregado el 15 de abril de 2023 en un juzgado, calificó a Oracle, el programa de gestión de avisos ciudadanos que utilizan los agentes del Centro de Coordinación de Servicios (CCS) de la Policía Local y que ahora está en cuestión tras el accidente mortal en la pasarela de El Bocal que no fue atendido pese al aviso de un vecino, como “aplicación de escritorio”.

En ese momento, durante un pleito judicial, el jefe del Servicio de Informática describió a Oracle como “análoga” a programas como “Word, Acrobat Reader, Outlook u otras aplicaciones de escritorio que se vienen utilizando desde hace muchos años” en el CCS, aplicaciones “de propósito específico, que no se integran dentro de lo que constituye el sistema de administración electrónica del Ayuntamiento de Santander”.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, el jefe del Servicio de Informática considera que Oracle y otros programas utilizados en el Centro de Coordinación de la Policía Local de Santander “permiten digitalizar la documentación”, pero a criterio del técnico que suscribe el documento utilizado como prueba judicial, “su uso no implica trabajar en el sistema de administración electrónica”, según refleja el funcionario público.

El aviso un día antes del accidente que dio un vecino de Santander al servicio de emergencias 112 Cantabria sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal, que finalmente colapsó el 3 de marzo, ha puesto el protocolo de la Policía Local de Santander en el punto de mira.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), anunció rápido que había habido “un fallo en la cadena de respuesta” después de que la agente de la Policía Local que recibió la comunicación del servicio de emergencias 112 no trasladase la información a ninguna patrulla ni iniciara siquiera la incidencia. El Ayuntamiento expedientó a la policía, que está siendo investigada por la jueza instructora, y limitó a la agente la responsabilidad del suceso en el que murieron seis jóvenes y una séptima víctima fue gravemente herida.

Dos semanas después del hundimiento mortal, la alcaldesa de Santander dijo en rueda de prensa que “el programa informático es muy intuitivo”. A continuación, la portavoz del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo (PP) defendió, en el pleno extraordinario por El Bocal, que “por supuesto” existía “un soporte de software para la Policía Local”, pese a las críticas de los sindicatos y de los partidos de la oposición, que cuestionaban la existencia de un programa y un protocolo específico. Tres años antes, el informe del jefe del Servicio de Informática del Ayuntamiento rebajó a categoría de “aplicación de escritorio” el sistema utilizado por la Policía Local.

El plus de informática

El informe consultado por elDiario.es fue entregado en un juicio celebrado en abril de 2023, en el Tribunal Contencioso Administrativo número 1 de Santander, como prueba como parte de la defensa del Ayuntamiento de Santander para justificar que no tenía que pagar un extra por realizar servicios informáticos, tal como demandaba un funcionario municipal que, como consecuencia, perdió el juicio, cuya sentencia fue comunicada en abril de 2023.

El extra económico había sido aprobado en Junta de Gobierno Local en mayo de 2021 y se denominó 'plus de adaptación a la Administración Electrónica'. Pero cuando en noviembre de 2022 este empleado del Centro Coordinador de la Policía Local demandó el cobro del comúnmente llamado plus de informática “por estar utilizando los ordenadores y programas”, el Consistorio presentó el aludido informe del jefe del Servicio de Informática y ganó el pleito laboral.

“El propio jefe de Informática del Ayuntamiento de Santander emitió un informe confirmando que no usamos programas de administración electrónica avanzados, sino herramientas de escritorio básicas”, cuestiona Óscar Gómez, el trabajador del Centro Coordinador de la Policía Local afectado.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho y al preparador de una academia de oposiciones, en el marco de la supuesta filtración de preguntas de una prueba de acceso en 2021, al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar la revelación de secretos.

Emilio Cortés, que ha ejercido de abogado de Cacho durante el proceso, ha valorado este lunes que la sentencia “es muy generosa a la hora de poner de manifiesto que la construcción acusatoria se ha basado únicamente en sospechas y en prospecciones”, según ha declarado a Efe el letrado.

En el juicio, que se celebró este mes de marzo en la Audiencia Provincial, la defensa solicitó expresamente la absolución de ambos acusados al argumentar que las acusaciones carecían de fundamento.

Por su parte, Manuel Beato, abogado del profesor de la academia, se ha mostrado satisfecho de que el tribunal “haya hecho su trabajo y haya destacado que estábamos ante meras sospechas y suposiciones en este caso”.

Así, los abogados han recalcado que no hubo filtración efectiva y han resaltado la importancia de la sentencia absolutoria, lo que, a juicio de ambos, pone de relieve que “la justicia ha hecho su trabajo” al dejar sin efecto las acusaciones.

Se trató de una prueba para cubrir ocho plazas de la Policía Local de Cáceres mediante sistema de oposición libre, que se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente.

Al respecto, Cortés ha indicado que “no ha habido ninguna reclamación administrativa por parte de ninguno de los concursantes respecto a la inidoneidad de ese procedimiento”, lo que ya implicaba que “ninguna resolución administrativa podía justificar una presunta ilegalidad en el ámbito administrativo de ese concurso”.

Para Beato, “resulta sorprendente que no haya acusación particular”, ya que nadie impugnó la prueba; es decir, “todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las correcciones, no vieron ningún vicio de nulidad”.

La Fiscalía Provincial había solicitado dos años y seis meses de prisión para Cacho y cinco años para el profesor, alegando que ambos compartieron el contenido del examen con varios alumnos, lo que habría afectado a la “igualdad y transparencia del proceso selectivo”.

El procedimiento judicial comenzó el 3 de marzo, pero la primera sesión se aplazó parcialmente debido al gran volumen de documentación administrativa, que incluía cerca de 70 gigas de información, algo que dificultó la preparación de las declaraciones de los testigos.

Durante las sesiones declararon opositores, miembros del tribunal y el actual jefe de la Policía Local, Marcos Urbano, quien detalló el desarrollo del examen y los protocolos internos de la oposición. En la última sesión se proyectaron los audios enviados por el profesor que, según la defensa, no alteraron significativamente los resultados.

Los sindicatos han denunciado este lunes que el Ayuntamiento de Santander sigue sin dar respuesta a las reivindicaciones de la Policía Local y han advertido de que en Semana Santa no habrá refuerzos en este servicio.

Las organizaciones sindicales APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT señalan en una nota de prensa conjunta que desde la primera asamblea celebrada el 18 de noviembre de 2025, la plantilla mantiene las mismas medidas adoptadas ante “la ausencia de avances reales y de respuestas concretas” por parte del Consistorio.

A día de hoy, han señalado los sindicatos, la situación permanece “completamente bloqueada, sin avances en la negociación y sin que se hayan abordado las cuestiones fundamentales que afectan al funcionamiento del servicio y a las condiciones laborales de los agentes”.

En este contexto, han asegurado que el servicio prestará exclusivamente servicios ordinarios durante la Semana Santa porque “no se están realizando horas extraordinarias ni prolongaciones de jornada”.

“Esta situación supondrá nuevamente una merma de efectivos respecto a los dispositivos habituales, ya de por sí condicionados por la falta estructural de personal, con aproximadamente 79 vacantes en la plantilla”, han añadido.

Y han criticado que el Ayuntamiento, “lejos de atajar el problema”, ha comunicado a la parte social su intención de convocar una reunión el próximo 8 de abril, comunicación realizada hace ya dos semanas, “sin que hasta la fecha se haya producido ningún avance efectivo ni propuesta concreta que permita desbloquear el conflicto”.

Asimismo, las organizaciones sindicales continúan a la espera del informe de la Administración General del Estado y, según afirman, desconocen la valoración emitida en relación con el Complemento de Destino acordado con fecha 9 de abril de 2024.

“Todas estas circunstancias se enmarcan en una situación estructural ampliamente denunciada: una plantilla con una merma de efectivos significativa, ausencia de promociones desde hace más de 16 años y carencias en medios técnicos y organizativos que dificultan el desarrollo normal del servicio”, han incidido.

Los sindicatos han reiterado que la Policía Local “no está solicitando medidas excepcionales, sino soluciones reales que permitan garantizar tanto unas condiciones laborales dignas como un servicio público acorde a las necesidades de la ciudad”.

Por ello, han reiterado al Ayuntamiento de Santander que asuma su responsabilidad, retome “una negociación real y efectiva” y adopte medidas urgentes que eviten que la seguridad ciudadana “quede sin planificación y continúe dependiendo exclusivamente del sobreesfuerzo de los agentes”.

El barrio de El Cerezo, ubicado en el Distrito Macarena de Sevilla, ha amanecido este miércoles con pintadas en rechazo al nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local, más conocido como GAR. “Mejor gorrillas que boinas rojas”, “Más vecinos solidarios y menos policías” o “Mejor gorrillas que racistas” son algunos de los mensajes que pueden leerse en estos emplazamientos, entre los que también se encuentran algunos pasos de cebra.

Así lo ha manifestado el sindicato de la Policía Local de Sevilla a través de su cuenta oficial en X, al tiempo que ha asegurado que, a su juicio, el acto no se corresponde con una exaltación de la “libertad de expresión”, sino con un “blanqueamiento de la delincuencia”. “Todo esto ocurre en un barrio en el que el déficit de policías es brutal y la dejadez institucional es evidente”, han asegurado.

Entre las vías afectadas se encuentran la calle León XIII, Granate y Diamante, entre otras, todas ellas en el referido barrio. No obstante, tal y como ha podido conocer esta agencia, en la mediodía de la presente jornada se están llevando a cabo labores de limpieza por parte del servicio municipal.

36 agentes

Las pintadas suceden en el marco de una jornada marcada por la convocatoria de una manifestación por parte de la asociación vecinal 'SOS Barrio El Cerezo de Sevilla', con salida en la avenida Sánchez Pizjuán y término en el Parlamento andaluz. En un comunicado a través de las redes sociales, han trasladado que es una marcha “pacífica, reivindicativa, constructiva, respetuosa y buscando soluciones”. Por ello, han añadido que “no hay cabida al rédito partidista, ni para los grupos violentos extremistas”, sino que se trata de un movimiento vecinal de afectados “por la inseguridad, la insalubridad y la dejadez institucional de un barrio obrero”.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, el Ayuntamiento presentaba este nuevo grupo antidisturbios, un conjunto “de élite” que cuenta con 36 agentes, entre los que se encuentran 30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un Intendente Principal. Así, nace con el objetivo de llevar a cabo un servicio “versátil y especializado” y responder a una “demanda histórica”, así como “servicios especializados”, para lo que contarán con una dotación diferente a la del resto de la plantilla, por ejemplo, a través del uso de escudos o casos.

El detonante técnico, según denuncian más de 50 entidades sociales de Sevilla y reflejan los presupuestos de 2025, ha sido el recorte de plazas en los albergues municipales. Esta decisión ha provocado un aumento crítico de personas pernoctando en las aceras de El Cerezo y Doctor Fedriani. Para muchos vecinos, la acción ciudadana es la única salida ante lo que consideran un vacío de poder.

CSIF La Rioja denuncia el pésimo estado de los vestuarios femeninos de la sede de Policía Local de Logroño. La formación sindical habla de “discriminación a la que están sometidas las policías locales de Logroño que porque sus vestuarios no cumplen las condiciones de higiene, seguridad y capacidad teniendo en cuenta además que el número de agentes aumente tras la nueva oposición”.

Al parecer, los responsables municipales con conocedores del estado de estas instalaciones en la comisaría de la calle Rúa Vieja. “No funcionan los vestuarios y los que están operativos están a medias. De las dos duchas que hay, solo funciona una y el único inodoro que hay tampoco funciona bien”. Asimismo desde la formación sindical aseguran que la “falta de espacio es absoluta, la plantilla femenina ha aumentado considerablemente y lo seguirá haciendo tras la nueva oposición y solo queda una taquilla libre”. Y todo esto ocurre, añaden, “mientras que los vestuarios masculinos se han reformado, dejando en un estado lamentable los femeninos”.

La formación sindical asegura que los responsables municipales del Ayuntamiento de Logroño son conocedores de estas quejas. “A finales de 2025 planteamos estas cuestiones a la concejala de Personal, Celia Sanz, a finales de 2025, pero todavía no hemos obtenido respuesta ni soluciones”.

Por todo ello, CSIF exige al Consistorio logroñés, una reforma integral de los vestuarios femeninos de la sede de la Policía Local en la Calle Rúa Vieja porque todos los trabajadores tienen derecho a tener unas instalaciones adecuadas según la normativa de Prevención de Riesgos Laborales“. Y concluyen, ”al igual que se reformaron los dos vestuarios masculinos, ya es hora de que se solucionen los problemas de espacio y salubridad de los femeninos“.

El Tribunal de Instancia de Zaragoza ha condenado a J. M. M. A., un técnico auxiliar del Ayuntamiento, por un delito de coacciones en su modalidad de acoso hacia una agente de la Policía Local con la que coincidía en el edificio del Seminario. El fallo judicial considera probado que el acusado sometió a la víctima a un patrón de “conducta insistente y reiterado” que alteró “gravemente el desarrollo de su vida cotidiana”. La resolución judicial destaca que, pese a que la mujer comunicó el hostigamiento a través de mensajes donde pedía que “no se acerque” y afirmaba sentirse “acosada e intimidada” , el procedimiento planteado por las jefaturas “no ha resultado eficaz porque no contempla a la denunciante como víctima”.

La sentencia subraya que esta situación se mantuvo debido a una “inacción para evitar el asunto desde su raíz”, llegando a considerar a que el acoso “se permite y se incita por parte de algunas personas del equipo de trabajo y por el oficial al mando” –el máximo responsable policial en el edificio del Seminario–. Así lo señala al hacerse eco de las “contundentes consideraciones y conclusiones” de un informe del Servicio de Prevención y Salud Laboral.

Fuentes municipales explican que, al conocerse los hechos, se abrió un expediente disciplinario al acusado y que los mecanismos “funcionaron correctamente”. El procotolo se inicio en junio del 2022, cuando la víctima lo comunicó, y se finalizaron las conclusiones en diciembre de ese mismo año. El 4 de enero de 2023, el Ayuntamiento aprobó de forma cautelar el traslado forzoso del trabajador a otro edificio.

Según la resolución, a raíz del divorcio de la agente en 2020, el acusado empezó a “interesarse más por ella”. Desde septiembre de 2021, J. M. M. A. “propiciaba de manera insistente encontrarse con la denunciante y buscar su cercanía física”. Para ello, el encausado la buscaba “prácticamente a diario” allí donde se hallaba o preguntaba a otros agentes en qué zona del edificio prestaba servicios.

La sentencia relata que el acusado “no cesaba de ir casi a diario al cuarto de seguridad”, accediendo incluso a su interior pese a ser una “estancia reservada a agentes policiales”, donde llegó a arrodillarse ante la víctima “pidiéndole que le hablase y exigiéndole explicaciones”. También consta la entrega de una nota donde le decía que ella era una “persona muy especial” junto a un “emoticono con forma de corazón”. Pese a que la denunciante le envió mensajes advirtiéndole que no le insistiera más, que se sentía “acosada e intimidada” y que “no estaba autorizado” a acudir a sus puestos de trabajo, J. M. M. A. hizo “caso omiso” a estas peticiones y a las advertencias verbales de sus jefes en una reunión mantenida en abril de 2022. Esta “prolongada situación sufrida” ocasionó que la víctima tuviera que “cambiar sus hábitos en el trabajo y estar permanentemente en alerta”, derivando en un diagnóstico de “síndrome de estrés postraumático y ansiedad”.

Fuentes del entorno de la agente señalan que ha estado “cinco años luchando sola” y apuntan a que lo que ha “vivido ha sido un infierno”. “Lleva cinco años encerrada sin poder salir de casa”, explican. A su vez, lamentan que no ha recibido “nada de ayuda del entorno policial”. “Estaba convencida de que si no denunciaba acabaría pasando una desgracia”, indican las mismas fuentes.

“Inacción” del entorno laboral

La sentencia critica la “inacción” del entorno de trabajo para evitar este “hostigamiento psicológico con componente sexual del denunciado hacia la denunciante”. Ante la reiteración de los comportamientos de acoso por parte del condenado, el Servicio de Prevención y Salud Laboral recoge en su informe de diciembre de 2022 que se permitió “y se incitó por parte de algunas personas del equipo de trabajo y por el oficial al mando, a pesar del evidente malestar psicológico de la trabajadora”. Añaden que el procedimiento planteado por las jefaturas “no ha resultado eficaz porque no contempla a la denunciante como víctima”.

Este mismo informe recoge que el denunciado reconoció que tenía “obsesión” por la denunciante. Desde Prevención también constatan que el ambiente laboral “ha resultado intimidatorio y hostil para la denunciante al no identificarse las conductas de acercamiento del denunciado como inadecuadas en un entorno laboral” y que, cuando denunció, no se pusieron medios “para darle la debida protección para desarrollar su trabajo con dignidad”.

Según se expone, la agente y el ahora condenado tuvieron una reunión con sus respectivos jefes “en la que se reconoció que el tema era serio y que podía dar lugar a responsabilidades”. En esa reunión fue advertido y “se habría comprometido a poner fin a los contactos, pero sin que de esa reunión salieran instrucciones u órdenes concretas”. La víctima pidió la baja cuando comprobó que él seguía acercándose a su puesto: “Siendo especialmente frustrante para esta que su superior se quedase con él riéndose, en lugar de ampararla”. Fue ahí cuando acudió al Servicio de Prevención y Salud Laboral y fue derivada a la mutua médica, donde se le dio la baja. En la sentencia se traslada que fue ella “la que resulto cambiada de puesto de trabajo y no al revés”, lo que “acrecienta la victimización y frustración de la perjudicada”.

En junio de 2022, la trabajadora informó de los hechos en base al protocolo contra el abuso sexual, según explican fuentes municipales a este diario. Este protocolo finalizó en diciembre y, el 4 de enero de 2023, se aprobó como medida cautelar el traslado forzoso del trabajador a otro edificio.

En el escrito judicial se recoge un testimonio de un testigo que asegura que no se le impidió acceder a espacios reservados para la policía donde pudo ver los cuadrantes con los horarios de la víctima. Explica también que hubo una reunión y los compañeros “no recibieron instrucciones escritas para no dejarle acceder”. El mismo testigo confirma que a “la denunciante se la veía angustiada”.

Apertura de expediente

Fuentes municipales explican que, cuando se conoció el informe de Prevención, se abrió un expediente disciplinario al ahora condenado, pero que se paralizó al interponerse la querella, tal y como establece el protocolo. Aseguran que se tomó como medida preliminar que el acusado no pudiera estar en contacto con la denunciante mientras el expediente siguiera abierto. Todo esto sucedió antes del traslado de la agente. Las mismas fuentes explican que el Ayuntamiento no es parte en esta causa y que, al producirse la sentencia, se ha reactivado el expediente disciplinario interno. Cuando se resuelva, “se le aplicará un régimen sancionador de empleo y sueldo”.

Finalmente, el magistrado ha impuesto a J. M. M. A. una pena de “siete meses de prisión” con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, además de la “prohibición de que se aproxime” a la persona de la agente, a su domicilio o a su lugar de trabajo a una distancia “inferior a 200 metros” por un tiempo de “tres años”. Igualmente, se le impone la “prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio” durante el mismo periodo, la condena al pago de las “costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular”, y la obligación de indemnizar a la víctima en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los “días de curación y eventuales secuelas”.

“Nosotros somos una especie de guerreros que vamos a llegar los primeros a todos sitios”. Así describe el intendente principal de la Policía Local de Sevilla, Manuel Corregidor, la nueva unidad de la que es jefe directo, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), una especie de cuerpo antidisturbios con uniforme negro, boina roja (o más bien carmesí, “el color de la bandera de Sevilla”) y que luce como emblema al Cid Campeador, en la versión local de la escultura que modeló en bronce Anna Hyatt Huntington en 1927 y que se alza en el Prado de San Sebastián.

El nuevo cuerpo se presentó el martes y este mismo miércoles ha empezado a estar operativo dejándose ver por la barriada de El Cerezo, donde el ambiente se ha caldeado en las últimas semanas y ha propiciado hasta la aparición de patrullas vecinales en respuesta –en teoría– a la abundancia de gorrillas en la zona. El Ayuntamiento hispalense define con toda pomposidad al GAR como “un grupo táctico” y “equipo de élite” formado por 36 agentes (30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un intendente principal) al que le han dado como sede las hasta ahora abandonadas Naves de la calle Calatrava.

Corregidor resalta que estamos ante una unidad de intervención “con vocación de cambiar mucho la dinámica operativa en los barrios”. El objetivo es dar respuesta rápida a situaciones más delicadas, tradicionalmente más asociadas a la Policía Nacional. El intendente, por cierto, ha subrayado el hecho de que “vestimos de manera distinta como todas las unidades especiales de todos los cuerpos policiales”, y ha defendido que “una imagen tan sevillana como la estatua del Cid Campeador, que representa un luchador y un guerrero como vamos a ser los miembros del GAR, está claro que tenía que ir en nuestra uniformidad”.

“Petición histórica de la Policía Local”

El alcalde, José Luis Sanz (PP), asistió a la puesta de largo del nuevo grupo, lo que aprovechó para recordar que es un “compromiso cumplido” por su parte en sólo tres años. Además, subrayaba que el GAR va a suponer “un apoyo inestimable para el resto de la plantilla”, además de que así se da respuesta a una “petición histórica” de la propia Policía Local sevillana. De paso, también lo ponía como ejemplo “una apuesta por las cosas bien hechas”.

El Consistorio detalla que el GAR nace para dar respuesta a aquellas situaciones que deben ser “abordadas por un equipo con cualificación específica”. “El ciudadano va a notar la llegada de esta nueva unidad, es una herramienta que necesitaba la Policía Local para seguir creciendo, no sólo en su plantilla y su dotación sino también en su versatilidad y cualificación para poder resolver problemas”, esgrime el regidor.

“La forma de trabajar del GAR será su seña de identidad y se notará no solo por su uniformidad sino por su forma de desplegarse y de estar en cualquier dispositivo”, incide Sanz. Esto lo ha acompañado con la reflexión de que “Sevilla es una gran ciudad que sin perder su esencia no deja de crecer y de modernizarse para afrontar nuevos retos por eso necesitamos que la Policía Local, nuestra policía, siga creciendo al igual que la ciudad a la que sirve y protege cada día”.

Equipo para asaltar inmuebles

Por su parte, el intendente principal, Manuel Corregidor, ha explicado que el grupo se ha formado tras una convocatoria interna en el cuerpo a la que siguió un proceso de selección en el que “fuimos muy exigentes” con la certeza de que es la única garantía de que el GAR “acabaría teniendo éxitos muy rotundos”. A esto siguió una fase de formación con expertos de Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía.

Los integrantes del equipo han sido así instruidos en técnicas y tácticas de intervención policial, pero también en auxilios policiales, policía científica, armamento, defensa personal policial, formaciones y despliegues. “Una formación muy específica para el tipo de trabajo que van a desarrollar en la vía pública”, y que además se va a mantener de manera continuada.

Otra de las señas de identidad del GAR son los vehículos, todoterrenos “que nos van a dar una gran versatilidad”. Cuentan con protecciones frontales para salvaguardar la zona acristalada, y en la parte trasera disponen de “toda la equipación necesaria para llevar a cabo asaltos a cualquier tipo de inmueble o para llevar a cabo los dispositivos estáticos de control”.

El juzgado ha absuelto al subinspector de la Policía Local de Granada que fue juzgado este pasado lunes acusado de romper la orden de alejamiento respecto a su exmujer al no quedar acreditado que manipulara o fracturara la pulsera telemática antimaltrato que le fue colocada.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, se precisa que en julio de 2023 se prohibió al agente aproximarse o comunicarse con su mujer y, en septiembre de ese año, se dispuso el control telemático mediante dispositivo GPS, con ampliación de la distancia de exclusión y expresa advertencia penal.

No obstante, el titular de la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada no considera acreditado que el 13 de julio “mudara su brazalete”, que el 12 de agosto de 2024 se separara de él ni que el 21 de septiembre de 2024 lo rompiera, como señalaban la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima.

Multas

La defensa del agente, ejercida por el letrado Domingo Domingo, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que su cliente haya tenido que pasar por la “pena de banquillo” cuando “había documentación que acreditaba su inocencia”.

La Fiscalía solicitaba que el subinspector fuera condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral. La acusación particular pedía la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, era “perfectamente conocedor” de lo que está haciendo.

Denuncias por violencia machista

Cabe recordar que el caso se inició cuando se detectaron brechas de seguridad en el sistema VioGén, que recoge información sensible la mujer del subinspector y sus hijas. El escrito de las diligencias practicadas por la Guardia Civil de Granada confirmaba que hasta seis agentes de la policía municipal granadina habían accedido a la información reservada en varias ocasiones.

A pesar de las denuncias, el agente sigue ejerciendo, aunque tiene el arma retirada y va con una pulsera telemática, que se habría quitado en varias ocasiones, siendo detenido en más de diez ocasiones por ello. La pulsera tendría por objetivo evitar que se acerque a su expareja a menos de 500 metros, a raíz de una denuncia por violencia machista presentada por la mujer en 2023. En el escrito judicial que dio lugar a estas medidas cautelares, se recoge que el agresor ha llegado a decirle a la víctima “soy capaz de matar” o “eres una puta”.

En diciembre de 2025, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada le condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.

La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.

La Fiscalía ha reiterado su petición de multa para el subinspector de la Policía Local de Granada condenado por “los actos de humillación, desvalorización y control” que ejercía sobre su exmujer en el nuevo juicio que se ha celebrado este lunes contra él por supuestamente quebrantar en reiteradas ocasiones la orden de alejamiento que tiene impuesta hacia la víctima.

Durante la vista oral, que se ha desarrollado en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada y ha quedado vista para sentencia, el agente ha negado dichos quebrantamientos o haber manipulado la pulsera telemática que le fue impuesta por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Su defensa se apoya en informes del sistema Cometa que no habrían detectado manipulación del dispositivo, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. El hombre fue condenado a dos años y ocho meses de prisión en noviembre por la violencia física y psíquica que ejercía sobre su exmujer, a la que espiaba a través de sus dispositivos electrónicos. La Fiscalía pedía seis años y diez meses de prisión por estos hechos.

Respecto a los quebrantamientos de la orden de alejamiento que ahora se juzgan, la Fiscalía solicita que el subinspector sea condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral.

Acciones “premeditadas” vs. fallos técnicos

La orden de alejamiento se impuso en 2023. Su exmujer denunció reiteradas incidencias y manipulaciones de la pulsera telemática, algunos de los cuales se juzgarán en este procedimiento y otros tantos se investigan en otra causa paralela.

El subinspector lo atribuye bien a momentos en que sumergió el dispositivo en la playa; otros en los que estaba haciendo barranquismo y el aparato se golpeó o en los que se quedó sin cobertura.

No obstante, tanto la Fiscalía como la acusación particular –que ejerce la víctima– recalcan la resistencia de estos dispositivos y consideran que se trata de acciones “premeditadas” para generar “malestar en la víctima” que, a cuenta de los pitidos por un presunto quebrantamiento, “rememora” situaciones de “estrés y ansiedad”.

Causa abierta

La Fiscalía solicita que el subinspector sea condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral. La acusación particular pide la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, es “perfectamente conocedor” de lo que está haciendo. La defensa, por su parte, pide la libre absolución.

El pasado diciembre, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada lo condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.

La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.

Dos semanas consecutivas llevan en Alfaro sin patrullas de Policía Local y acumulan multitud de jornadas con un solo agente, incluso días con la comisaría cerrada. “Esta situación supone un riesgo evidente tanto para la integridad del propio agente en el ejercicio de sus funciones como para la seguridad de los vecinos del municipio”, denuncian desde la Policía Local.

Entre los días 2 y 8 de marzo, el turno de noche estuvo cubierto por un único agente, una circunstancia que se ha agravado en la presente semana. Según han relatado desde la Policía, entre el 9 y el 15 de marzo, la insuficiencia de efectivos ha obligado a cubrir los turnos de mañana con un solo funcionario. La gravedad de la situación alcanzó su punto máximo los días 13 y 15 de marzo, fechas en las que la comisaría tuvo que permanecer completamente cerrada al no disponer de personal suficiente para abrir sus puertas.

Situación similar a la que se ha denunciado en Haro también en las últimas semanas. En la ciudad jarrera, la falta de agentes y el conflicto laboral también han provocado cierres de la jefatura y turnos sin patrullas en la calle, evidenciando un problema estructural de personal y plantificación que se repite en las cabeceras de comarca de La Rioja.

El informe de la Policía Local de Calahora de la última semana de febrero y la primera de marzo, dado a conocer este sábado, incluye intervenciones en varias peleas, aunque solo una culminó con detenidos. Fue en un domicilio, donde los agentes acudieron ante un aviso a través del SOS Rioja y comprobaron que se trataba de una pelea entre un padre y su hija convivientes. Ambos presentaban lesiones leves y fueron detenidos por un delito de malos tratos en el ámbito familiar (violencia doméstica).

Un ciudadano informó a la Policía Local de una pelea en la vía pública entre dos personas. Tras mediar entre las partes, comprobaron que una de las personas presentaba una leve herida sangrante en la cabeza. Se les informó de la posibilidad de acudir al Centro de Salud para reconocimiento médico y posteriormente presentar denuncia. 

Otra de las peleas en las que medió la Policía Local fue entre dos amigas, también en la vía pública. Aunque no presentaban lesiones, sí manifiestaron haber tenido una fuerte discusión y los agentes les informaron de la posibilidad de presentar denuncia. 

Otra pelea que recoge el informe ocurrió en el parking de un supermercado a raíz de una discusión de tráfico. Las dos personas involucradas presentan lesiones leves por arañazos en el cuello. Se les informó de la posibilidad de acudir al Centro de Salud y de interponer denuncia. Además, durante la pelea tiraron al suelo siete motos estacionadas de una empresa, por lo que la Policía informó al responsable que podía denunciar los hechos.

También se recibió llamada de SOS Rioja comunicando una pelea con botellas en vía pública, aunque las personas involucradas relataron que había sido una pequeña pelea y que no usaron botellas. Una de las personas presentaba hinchazón en un dedo, por lo que se le indicó que podía acudir al Centro de Salud y posteriormente de presentar denuncia.  

Un total de 2.444 personas, de las 3.003 inscritas en el proceso selectivo para trabajar como interinas en los cuerpos de Policía Local de Euskadi, han realizado durante la mañana de este sábado las pruebas la primera fase de la oferta en Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo. El objetivo de esta convocatoria es, según el Departamento vasco de Seguridad, crear una bolsa de empleo “que permita cubrir las necesidades temporales de las plantillas de las policías locales, derivadas tanto de la movilidad existente entre municipios” y de situaciones puntuales, “como el incremento de actividad durante el periodo estival en zonas turísticas”.

Un total de 3.003 se inscribieron en el proceso, convocado el pasado mes de diciembre. Finalmente, en la prueba han participado 2.444 aspirantes, un 81,38% del total de inscritos. De estos, 1.522 son hombres (62%) y 918 mujeres (38%). La gran mayoría proceden de Euskadi. En concreto de Álava 269, de Bizkaia 1.621 y de Gipuzkoa 455, y en su mayoría -1.691 personas, el 69,2% del total- tienen entre 18 y 30 años. La edad de otros 677 participantes oscilaban entre los 31 y 38, y han concurrido 75 aspirantes mayores de 38 años, informa Europa Press.

Las pruebas serán corregidas este próximo lunes y los resultados se harán públicos el martes. Quienes superen esta fase deberán realizar un curso teórico 'online' a través de la plataforma Arkampus, cuyo contenido se evaluará mediante un examen eliminatorio.

Las personas que aprueben esta fase continuarán con un curso presencial en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, en la que se evaluará “la adecuación de su perfil al trabajo policial y su desempeño en diversas dinámicas de grupo”.

Una vez superadas todas las fases, los aspirantes formarán parte de una bolsa de interinos, ordenada según las calificaciones obtenidas durante el proceso, “de la que se nutrirán las plantillas de las policías locales de Euskadi para cubrir necesidades temporales”, según el Departamento.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el concejal de Seguridad, Alberto Reina, han presentado un nuevo dinamómetro que este mismo viernes ha puesto en marcha la Policía Local, para detectar la posible manipulación técnica de los patinetes y evitar así que puedan alcanzar velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora que marca la ley.

Se trata de un dispositivo portátil específico para VMP (vehículos de movilidad personal), que va a permitir a los agentes controlar estos vehículos, de uso creciente en la ciudad, para retirar los que estén 'trucados' y así garantizar la seguridad de los peatones, del resto de vehículos y de los propios usuarios de patinetes, según ha destacado el alcalde.

Los datos de la Policía Local reflejan que el pasado año los patinetes estuvieron implicados en 118 accidentes de tráfico en la ciudad.

El dinamómetro realiza la medición de potencia a rueda y velocidad, y detecta (con el margen legal) si el patinete ha sido manipulado y se han modificado sus características técnicas para alcanzar velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora permitidos. El dispositivo de control consta de un rodillo de 40 milímetros, capaz de medir velocidades nominales de hasta 70 kilómetros por hora y potencia a la rueda hasta 1.000 watios.

Manuel Serrano ha afirmado que el Ayuntamiento sigue trabajando para “mejorar la seguridad del tráfico en la ciudad y evitar accidentes, sobre todo los de gravedad o lo que suceden en pasos de peatones”.

Sanciones y petición de prudencia

En el caso concreto de los patinetes, 3.361 fueron controlados en la última campaña para informar y concienciar sobre su uso adecuado y sancionar a quienes incumplen las normas: se detectaron 457 infracciones, entre ellas 12 por positivo en alcohol y 14 en drogas.

El alcalde ha pedido “especial prudencia y responsabilidad” a los conductores de patinetes, porque “pueden causar graves accidentes”, y además “ellos mismos son muy vulnerables en caso de siniestro”.

Por último, Serrano ha recordado que se ha puesto en marcha un Plan de Seguridad Vial a partir de un diagnóstico de la siniestralidad en los últimos cinco años, que el Pleno aprobó por unanimidad crear un consejo técnico de mejora de la seguridad vial, “permanente y autónomo para estudiar la situación y elaborar propuestas”.

Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, efectivos de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil con la ayuda de un dron se han incorporado, a las 8.30 horas de hoy, lunes, a las labores de búsqueda que, por cuarto día consecutivo, tratan de localizar a María Teresa Pérez, de 56 años. La mujer cayó al río Silvestre, en el concejo asturiano de San Martín del Rey Aurelio, cuando al parecer estaba lavando una cacerola y fue arrastrada aguas abajo. La mujer vivía con su familia a escasos metros del lugar donde fue vista por última vez.

El pasado viernes, el río bajaba con mucho caudal debido a las lluvias caídas en los últimos días. En torno a las 19.47 horas, el 112 informó al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias que acababa de recibir la llamada de una mujer que relataba que su madre, de 56 años, se había caido al río y la había perdido de vista.

Reconocimiento del río

El mismo viernes se activó un operativo para tratar de localizar a la mujer con el reconocimiento y recorrido del río aguas abajo. A este dispositivo de búsqueda se sumaron, bajo la dirección del teniente adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo, dos efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mieres y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña. 

A su vez, el 112 Asturias activó a los Bomberos, al Grupo de Rescate, a la Unidad Canina y drones. Desde un primer momento, la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio colaboró en este rastreo.

Sin embargo, no se logró dar con el paradero de la mujer en esas primeras horas desde su desaparición.

Ampliación de la zona de rastreo

La búsqueda se reanudó a primera hora del sábado y se amplió desde el lugar donde había sido vista por última vez en el río Silvestre a aguas abajo de la desembocadura del río Nalón.

Tampoco hubo éxito en esa jornada y los equipos de rescate volvieron a extender la búsqueda con más medios ayer, domingo.

Cierre de compuertas

Además, se procedió al cierre al cierre de las compuertas de la central de Rioseco durante unas horas, lo que redujo el caudal y facilitó las labores de búsqueda, aunque el resultado también fue infructuoso.

De momento, solo se ha localizado una bata y una zapatilla que pertenecen a la mujer desaparecida que fueron halladas en la zona donde había sido vista por última vez, en el entorno de Piñera.

El dispositivo de búsqueda

A las 8.30 horas de hoy, se ha reanudado, por cuarto día consecutivo, el operativo de búsqueda. En esta jornada participan, bajo la direccion del teniente adjunto de Langreo, tres patrullas de Seguridad Ciudadana, dos patrullas de la Policía Local de San Martín, cuatro efectivos de Bomberos de Asturias, un dron del 112, cinco efectivos de Cruz Roja, cinco voluntarios de Proteccion Civil, un jefe de zona de Bomberos y un técnico del 112.

De La Piñera a la desembocadura del Nalón

Debido a las condiciones atmosféricas de este lunes, en principio no se contará con el apoyo de los helicópteros.

La zona a cubrir nuevamente será desde La Piñera hasta la desembocadura del río Nalón.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte en la noche de este pasado miércoles de un hombre en los calabozos de la Jefatura de Policía Local de la ciudad malagueña de Marbella, donde se encontraba al haber sido detenido.

El hombre fue arrestado por supuestamente intentar agredir a un agente y, primero fue trasladado al centro de salud de San Pedro Alcántara “porque estaba muy agitado o exaltado”, según resaltan las fuentes municipales. Allí, han precisado estas mismas, se le administró medicación. Fue en los calabozos de la Jefatura, en el transcurso de la instrucción, cuando entró en parada cardiorrespiratoria.

En ese momento, se activó el protocolo de reanimación y se avisó a los servicios del 061. Pero, ni los agentes ni los sanitarios pudieron reanimar a este hombre, de unos 40 años y de origen paraguayo. Una vez activada la comitiva judicial, el cuerpo del arrestado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde este jueves estaba previsto que se le practicara el examen forense, según la información adelantada por Málaga Hoy.

Según han indicado a Europa Press desde la Policía Nacional, la investigación está abierta con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y se está a la espera del informe de la autopsia forense.

El matrimonio que retuvo durante cuatro años a sus tres hijos menores de edad en una vivienda de la zona rural de Oviedo por miedo al contagio del covid-19, bautizado en la operación policial como “el chalé de los horrores”, será juzgado la próxima semana. La Audiencia Provincial de Asturias ha dictado un auto donde acuerda que la vista oral del juicio se celebre los próximos días 10 y 11 a puerta cerrada.

El tribunal de la Sección Segunda argumenta en este auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que esta decisión responde a la necesidad de garantizar el bienestar de los tres menores de edad y ha valorado igualmente la entidad y gravedad de los hechos imputados a los padres.

Los delitos imputados

Las tres magistradas que integran el tribunal siguen así el criterio de la Fiscalía, que había solicitado que el juicio no fuera público “teniendo presente la naturaleza del delito enjuiciado, así como la entidad y gravedad del mismo con los perjuicios del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad”. Una petición que fue posteriormente apoyada por la Letrada del Menor.

Los acusados, el alemán Christian S., de 53 años y su esposa Melissa A.S. con doble nacionalidad estadounidense y alemana, están imputados como presuntos autores de los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

Proteger a los tres niños

En este auto, la Sala expone que el hecho de que se celebre a puerta cerrada es la forma de proteger a los menores, dos gemelos y un hermano que no superan los 11 años, y respalda su resolución en el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).

“El derecho del acusado a un juicio público puede ceder ante exigencias entre otras de orden público, perjuicio de los fines de la justicia, protección de la vida privada de las partes o de personas menores y respeto a la persona ofendida o a su familia, y en el concreto supuesto de la propia naturaleza y entidad de los hechos se desprende la existencia de razones que motivan la excepción legitimadora de suprimir en este caso concreto la garantía constitucional de que el juicio sea público”, sostiene el tribunal.

El auto, dictado ayer miércoles, día 4, no es firme y frente al mismo puede interponerse recurso de súplica en el plazo de tres días.

Denegada la libertad provisional

El matrimonio permanece ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias desde que el pasado mes de abril los agentes de la Policía Local de Oviedo liberaran a los tres menores tras una llamada efectuada por una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana.

En esa llamada, aseguraba que a pesar de que en el chalé de sus vecinos apenas había movimiento y tan solo se veía al padre abrir la puerta a los repartidores, había podido observar a unos niños mirar al exterior desde una de las ventanas.

Todas las peticiones de las defensas para tratar de que la pareja saliera en libertad provisional a la espera del juicio fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de Asturias.

Sin socializar

Las magistradas se basaron en el atestado policial que recogía que tanto el padre como la madre mantuvieron a sus hijos, durante cerca de cuatro años -desde 2021 a 2025, en el interior del domicilio familiar “con ausencia total de escolarización y de todo tipo de cuidados y seguimientos sanitarios”, e impidiéndoles la socialización, lo que les ha llevado a “un retraso evidente en diferentes áreas del comportamiento humano”.

A todo ello se añade la “situación deplorable” en la que se encontraba la vivienda, con “múltiples focos de basura” en el baño, la cocina, la escalera o junto a las camas de los niños, y con “una ausencia total de las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el desarrollo de una vida normalizada”.

La Fiscalía solicita sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia

Reiteración delictiva

La Audiencia admitía que el riesgo de reiteración delictiva era, en ese momento, “poco relevante”, puesto que los menores se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias, pero subrayaba que “sí que se da un evidente e importante riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena” que se les podría imponer.

Las elevadas penas a las que se enfrentan también jugó en contra del matrimonio. La Fiscalía solicita sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel a cada miembro de la pareja por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

En su relato de hechos, la acusación pública expone que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.

Solo el padre estaba empadronado

La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer, ni los menores de edad en registro público alguno, incluidos el escolar o la Seguridad Social.

Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según admite la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.

Absoluto aislamiento de los menores

Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.

El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa.

Los niños estaban sin escolarizar, sin seguimiento sanitario y aislados de todo contacto con el mundo exterior. Los gemelos, a sus ocho años, aún no sabían leer, ni escribir

“No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo”, recalca la Fiscalía.

Recuperarse de las secuelas

Un ejemplo claro de esa situación es que los gemelos, con 8 años cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir.

Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.

La búsqueda de familiares

Desde un principio, la idea del equipo de profesionales era lograr el equilibrio emocional de los menores y buscar a algún familiar que pudiera mantener un vínculo afectivo con ellos para que no tuvieran que seguir en un centro.

Inicialmente la búsqueda fue infructuosa y se llegó a contactar incluso con el Consulado alemán y la Embajada de Estados Unidos (EEUU) para ver si se lograba encontrar a familiares directos que pudieran incluso llegar a hacerse cargo de los menores.

La opción de la acogida temporal

Desde la administración regional barajaban como una de las principales opciones que los menores pudieran estar en acogida temporal si hubiera una familia que reuniera los requisitos, ya que en principio se descarta una posible adopción.

Inicialmente se pensó que dada la corta edad de los niños, este largo encierro podría acarrearles secuelas con el paso del tiempo.

Los abuelos regresaron a EEUU

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha ratificado que eso es exactamente lo que ha sucedido: “Están trabajando de una manera muy intensiva con los niños, tanto el personal educador como los psicólogos, porque realmente lo necesitan”, ha corroborado.

El Principado estudió las posibilidades de que los abuelos fueran quienes asumieran la custodia de sus nietos, una vez que el juzgado había retirado la patria potestad a sus padres, pero no es la opción más viable, dado que ya han regresado a su país de residencia, en Estados Unidos.

La Policía Local de Santander recibió el pasado lunes 2 de marzo un aviso del Centro de Emergencias 112 Cantabria alertando del mal estado de conservación de la pasarela que colapsó tan solo unas horas después, en la tarde del martes, provocando la muerte de cinco jóvenes de entre 19 y 22 años, la desaparición de una sexta víctima de 19 años que los equipos de rescate siguen buscando en el mar y la hospitalización de la única superviviente hasta la fecha del grupo de estudiantes de FP que se encontraba dando un paseo por la senda costera de la ciudad, en la zona cercana a la playa de El Bocal, cuando sufrieron el accidente.

Esta comunicación por parte del 112 a la Policía Local de Santander se produjo tras la llamada previa al centro de emergencias de Fernando Cabellos, un vecino de la zona de Monte que pasea diariamente por ese entorno y que este pasado lunes había avisado hasta en dos ocasiones del deterioro evidente de la pasarela al detectar que había un riesgo serio de accidente.

“Yo no llevo teléfono nunca. Fui para casa y dije: 'Voy a llamar porque si pasan muchas personas, con el peso, se va a hundir'. Llamé al 112 hacia la una de la tarde”, relató este ciudadano de 73 años a elDiario.es. En conversación con este periódico, el vecino explicó también que le habían preguntado “dónde era exactamente y cómo era” y él le detalló que se trataba de “un puente que hay en dirección hacia Cueto” y que “no tenía pérdida”.

Tras varias horas sin dar explicaciones al respecto, ni desde el Centro de Emergencias 112 Cantabria ni desde el Ayuntamiento de Santander, escudándose en ambos casos en la investigación judicial abierta para dilucidar los motivos del accidente mortal y las posibles responsabilidades penales por la falta de actuación y conservación de la pasarela que cedió bajo los pies de los jóvenes estudiantes, el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Gema Igual, (PP), ha reconocido mediante un comunicado enviado a los medios que ha pedido ya un informe a la Policía Local acerca de la gestión de esa llamada, asegurando también que “se pondrá a disposición de las diligencias judiciales que se están siguiendo respecto al accidente”.

El vecino que dio la voz de alarma al 112 sobre el mal estado de la pasarela confirma a este periódico que, en la mañana del martes, volvió a hacer su paseo habitual por la zona, en este caso para comprobar si se había producido alguna actuación tras su llamada en la jornada previa: “Lamentablemente, el puente seguía igual. Es una pena, no he podido dormir en toda la noche pensando que podía haber vuelto a llamar, insistir más, y no lo hice. Pero pensé: 'Si he llamado y no han venido, para qué...'”.

Según confirman fuentes oficiales a elDiario.es, el 112 sí trasladó a la Policía Local de Santander ese aviso ciudadano el mismo lunes, víspera del accidente en el que han perdido la vida cinco jóvenes y una sexta persona continúa desaparecida, y es por este motivo por el que el Consistorio ha solicitado más detalles a sus propios agentes del cuerpo de seguridad municipal, con el objetivo de comprobar qué ocurrió a partir de esa llamada de emergencia entre ambos servicios.

Desde el 112, y ante la insistencia de los medios de comunicación, han enviado un mensaje reiterando que “todas las cuestiones y circunstancias relativas al colapso de la pasarela están judicializadas y no pueden revelarse determinados detalles hasta que la investigación judicial finalice”.

Diligencias judiciales

La Policía Nacional está llevando a cabo diligencias de investigación. Las pesquisas se están practicando desde el momento del suceso y han sido incoadas por la titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos.

Los cinco fallecidos en la tragedia de El Bocal de Santander tienen entre 19 y 22 años y son de Igollo de Camargo (Cantabria), Bizkaia (dos víctimas de Barakaldo y una de Balmaseda) y Almería, mientras que la joven que continúa desaparecida, de 20 años, es vecina de Guadalajara.

Todos ellos formaban un grupo de siete personas, estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, y hacían una ruta por el lugar de los hechos, cuando la pasarela que atravesaban sobre unos acantilados colapsó y cayeron al mar.