La Inspección de Trabajo del Gobierno vasco ha dado el visto bueno al ERE de Tubos Reunidos, que afectará finalmente a un total de 242 personas, frente a las 301 que había previsto inicialmente. En su informe, este organismo considera que el ERE “cumple sustancialmente los requisitos legales y que concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación”, y no aprecia “indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho” en la tramitación del despido colectivo. Lo que sí constata el inspector es el “deterioro progresivo” de la situación económica de la empresa con fuertes pérdidas en 2025, 118 millones, y una deuda financiera de 263,2 millones, y apunta a que existe “causa legal de disolución”.

También precisa la Inspección que no se desprenden elementos que permitan considerar que la decisión de Tubos Reunidos tenga por finalidad “la obtención indebida de prestaciones por desempleo” por parte de los trabajadores y considera que el proceso negociador se desarrolló en los términos “legalmente exigentes”. “No hay elementos suficientemente objetivos que permitan afirmar de forma concluyente la inexistencia de negociación efectiva ni la concurrencia de mala fe negociadora” de acuerdo a lo que exige la normativa. Además, tampoco observa elementos que permitan concluir la existencia de “coacción o imposición” en la adscripción voluntaria.

Aunque señala que buena parte de la base de la empresa para presentar el ERE está en previsiones económicas para los próximos ejercicios, colocándose en el peor de los escenarios posible, constata que al cierre del ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros), por lo que existe “causa legal de disolución” conforme al artículo 363.1.e del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital“.

Además, recoge también las previsiones de pérdidas hasta 2028, con pérdidas acumuladas en el periodo de 64,7 millones euros en el Ebitda y 120,6 millones euro a nivel de EBIT. Por ello, la empresa concluye que la situación económica prevista en Tubos Reunidos “redunda en evidenciar la inviabilidad del proyecto empresarial en su actual configuración” y que concurre la causa económica prevista en el artículo 51 ET“, que establece que un despido es colectivo cuando la extinción de contratos se funda en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

El informe no es vinculante, pero sí puede tener importancia si finalmente el ERE se judicializa. ELA, LAB y ESK mantienen su intención de impugnar el expediente de regulación.

El informe de la Inspección se ha conocido cuando los sindicatos mantenían un encuentro con el departamento de Industria al que han pedido que medie para que el comité de empresa pueda mantener una reunión con Sepi. Los sindicatos han coincidido en criticar la falta de soluciones aportadas por el Gobierno vasco, que “no asume responsabilidades”, han criticado. Desde el Gobierno vasco, que ha estado representado por el viceconsejero Andoitz Korta, han insistido en el que problema de la empresa radica en la deuda, y han trasladado a las centrales, lo que ya se sabía, que Sepi insiste en la imposibilidad legal de una reestructuración o quita de la deuda, pero que sí ofrece una refinanciación, algo que al parecer no es suficiente en la actual situación de la empresa. El viceconsejero ha reiterado que la empresa necesita un nuevo inversor y “nadie va a comprar un piso con una hipoteca que es cinco veces mayor que su valor. En Tubos Reunidos, cada mes, sale más dinero del que entra y esto genera más deuda”, ha señalado en su reunión con las centrales.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cerrado este miércoles en China, en compañía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inversión de 405 millones de euros de la empresa Hithium para instalar en la comunidad foral una fábrica de baterías de almacenamiento eléctrico que generará más de 700 empleos directos. Con el acuerdo sellado este martes, Navarra y la empresa china se comprometen a avanzar en “el desarrollo, construcción y operación” de la futura gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

El texto señala en este sentido que esta iniciativa supondrá “una contribución sustancial a la transición energética verde de Europa, al tiempo que reforzará la sólida cooperación económica y comercial entre China y España”. 

Durante el encuentro, la presidenta Chivite ha incidido en que, “aunque todavía quedan pasos y detalles por concretar”, la inversión “va a materializarse en la comunidad, lo que supone una buena noticia para todos los navarros y navarras”. Ha adelantado asimismo que la previsión de la empresa es que pueda empezar a producir en el año 2027. 

Chivite ha destacado además que Navarra tiene experiencia en la materialización de proyectos extranjeros, y ha remarcado la seriedad de la comunidad a la hora de trabajar, la cercanía de las instituciones y el fortalecimiento de los ecosistemas navarros que suponen estas inversiones. 

Por su parte, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha remarcado que el acuerdo alcanzado ha sido resultado de una “labor intensa de más de tres años de contacto directo, de siete visitas de los representantes chinos a Navarra y de cuatro viajes a China de delegaciones del Ejecutivo foral”. En este sentido, ha destacado que la comunidad ha sido escogida para este proyecto por su ecosistema industrial, en concreto, “los servicios de ingeniería que ofrece, su nivel de centros tecnológicos, servicios industriales, capacitación, universidades y formación profesional”. 

En la reunión, además de la delegación navarra, ha participado por parte de la compañía el doctor Qi Tang, director de Estrategia de Hithium, que ha afirmado que el acuerdo marca un “hito” en la inversión de la empresa china en Navarra. Tang ha valorado así positivamente las relaciones entre China y España, y ha manifestado la intención de Hithium de poner en marcha el proyecto “tan pronto como sea posible”. 

“Creemos que tanto Navarra como España ofrecen la atmósfera comercial correcta para nosotros y para otras compañías chinas para desarrollar sus negocios en Europa”, ha explicado, al tiempo que ha mostrado su confianza en que el proyecto de la futura fábrica de baterías en Navarra “será muy exitoso”. 

Asimismo, Tang ha destacado que una de las razones para la elección de Navarra ha sido la “eficiencia de las autoridades navarras en el proceso”, así como el “fuerte apoyo” mostrado por las mismas durante la toma decisiones. 

El pasado noviembre, durante la anterior misión comercial que realizó el Gobierno de Navarra a China, la Presidenta Chivite pudo visitar también las instalaciones de la empresa en Chongqing. Posteriormente, este marzo la compañía china anunció su intención de construir una gigafábrica en Navarra, destinada tanto a la fabricación de celdas como al ensamblaje de sistemas de almacenamiento en baterías estacionarias, con una inversión total de 400 millones de euros. 

En esta misma línea, se celebró también el pasado 10 de marzo una reunión en el Palacio de Navarra entre la Presidenta Chivite, el consejero Irujo, el director de inversiones de Hithium Energy Storage, Hao Wang, y la directora legal de la compañía Lily Lu.

Hithium es una empresa china fundada en el año 2019, con sede en Xiamen. Cuenta con instalaciones de producción de baterías en Xiamen, Chongqing y Heze en China y Dallas en EEUU. La nueva fábrica supondrá por tanto la segunda ubicación de esta empresa fuera de China, y la primera en la Unión Europea.

La compañía energética china está especializada en concreto en sistemas de almacenamiento de energía estacionaria (BESS), y cuenta con múltiples centros de I+D+i y plantas de producción. En la actualidad, está posicionándose entre los principales actores globales del sector de baterías de gran escala para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos. Se trata de la empresa líder en este sector en China, y la número dos del mundo.

NewCold, compañía global especializada en logística frigorífica automatizada y soluciones avanzadas de cadena de suministro, ha anunciado el inicio de la construcción de su primera instalación logística en España, ubicada en el Parque Tecnológico Logístico de Noblejas, en Toledo. El proyecto representa una inversión de 100 millones de euros y creará 60 empleos directos una vez esté en funcionamiento, además de generar un impacto económico indirecto significativo en la zona.

El acto de colocación de la primera piedra ha estado presidido por Tomás Jolín, Country Manager de NewCold en España, junto con el CEO y fundador, Bram Hage, y Jonas Swarttouw, Managing Director Europe de NewCold, acompañados por Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas; Carlos Ángel Devia, Subdelegado del Gobierno de España en Toledo; y Santiago Baeza, Director General de Empresas, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Durante el evento, los participantes depositaron en una cápsula del tiempo monedas en curso, la prensa del día y el acta oficial del proyecto antes de proceder a su enterramiento.

“En NewCold invertimos con propósito: para ofrecer a nuestros clientes la eficiencia, la fiabilidad y la sostenibilidad que necesitan para crecer. Nuestra nueva instalación en Madrid será uno de los centros automatizados de cadena de frío más avanzados de Europa”, afirmó Bram Hage, fundador y CEO de NewCold.

Un “compromiso” de industrializar el municipio

La futura instalación incorporará la última generación de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS RS), así como otros sistemas como picking robotizado y ATL, diseñados para maximizar la eficiencia operativa, reducir el consumo energético y garantizar los más altos estándares de seguridad alimentaria.

“España es un mercado estratégico clave para nuestros clientes, muchos de los cuales están creciendo rápidamente en el sur de Europa”, señaló Jonas Swarttouw, Managing Director Europe de NewCold. “Nuestra instalación cerca de Madrid será un nodo importante dentro de nuestra red europea integrada de almacenes frigoríficos automatizados y transporte, lo que permitirá generar sinergias logísticas para productores, distribuidores y minoristas.”

Por su parte, Tomás Jolín, Country Manager de NewCold en España, destacó que “estar presentes en España es una parte fundamental de la estrategia de crecimiento europeo de NewCold. Nuestros clientes demandan cada vez más infraestructuras logísticas resilientes y energéticamente eficientes, y esta instalación nos permitirá responder a esas necesidades con los más altos estándares de calidad e innovación.”

Desde el ámbito institucional, el proyecto ha sido recibido como una inversión “de alto valor añadido” para los sectores industrial y logístico de la región, por su capacidad “para atraer actividad económica, fomentar empleo cualificado y reforzar el posicionamiento” de Noblejas como un enclave “estratégico” para la distribución en cadena de frío. “Este proyecto continúa el compromiso que asumimos hace muchos años para industrializar el municipio, crear suelo industrial y generar empleo, riqueza y actividad económica. La llegada de NewCold nos permitirá crear nuevos puestos de trabajo de calidad en torno al sector logístico”, explicó Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas.

Asimismo, subrayó que “este proyecto consolida la apuesta por un modelo de desarrollo industrial moderno, sostenible y generador de empleo, alineado con la transformación logística y económica de la región.”

La nueva instalación se integrará en la red global de NewCold, que presta servicio a reconocidas empresas alimentarias en más de una docena de países.

El Gobierno vasco espera cerrar un acuerdo “de forma inminente” con “dos inversores industriales” para generar 400 puestos de trabajo en las antiguas plantas de Guardian y Glavista, ambas en Llodio. Según ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, el acuerdo supondrá una inversión de entre 80 y 85 millones de euros, pero está pendiente de la firma de “ocho preacuerdos condicionados y vinculantes entre sí”. “O todo se acuerda o no hay acuerdo”, ha indicado. Ha adelantado que los preacuerdos correspondientes al Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava ya están cerrados“ pero ha apelado a la ”responsabilidad de todas las partes para que puedan cerrar sus preacuerdos correspondientes por el bien de Aiaraldea y su futuro industrial“.

La confirmación por parte del Gobierno vasco llega después de que 'El Correo' adelantara que estas empresas posibles socios industriales son el grupo francés Vitro Service France (VSF) y la empresa alicantina Gaviota. El consejero no ha querido confirmar el nombre de las empresas y “ante las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre esta negociación” ha pedido “prudencia y discreción hasta que se hayan firmado todos los acuerdos que confirmen el cierre de la operación”.

Sin embargo, la alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka, de EH Bildu, sí ha confirmado que “prácticamente desde el cierre de Guardian”, se presentó una propuesta liderada por estas empresas y por el empresario Javier García, antiguo directivo de Guardian y que en 2023 ya hizo una propuesta para Glavista. García, a través de una sociedad denominada Amine y con sede en Bizkaia, sería el socio local que el Gobierno vasco requiere para participar en inversiones industriales.

“De momento es una propuesta industrial que sería para hacer ventanas y hacer la misma labor que se venía haciendo ya en Glavista”, ha señalado la alcaldesa en una entrevista en Radio Euskadi, para precisar a continuación que “los detalles ya se irán conociendo más adelante, porque todavía el acuerdo no está del todo cerrado”.

El Gobierno vasco ha reiterado que lleva “meses avanzando en las negociaciones muy complejas que requieren acuerdos multilaterales con diferentes partes”, por lo que ha insistido en mantener la prudencia hasta que se cierre. El Ejecutivo ha mantenido desde que se cerró Guardian que está negociando la llegada de nuevos inversores. Llegó a asegurar incluso de que había cuatro interesados y que uno de ellos era extranjero, como al parecer será finalmente.

En el caso de los posibles inversores, VSF es uno de los principales fabricantes de vidrio para el sector de la automoción y principal distribuidor en Francia, y la empresa alicantina Gaviota tiene una división especializada en el negocio del vidrio para viviendas, por lo que se mantendrían las actividades de Guardian y Glavista. En el caso del empleo, serían trabajadores nuevos, ya que los empleados de Guardian, que se cerró en abril de 2025, salieron de la empresa mediante un ERE. En el caso de Glavista, que se cerró en 2023, el ERE se judicializó, y se ha confirmado como improcedente por el TSJPV.

El cierre de Glavista, primero, y después de Guardian, supuso un importante impacto en la comarca alavesa de Ayala, que ha seguido sufriendo el impacto de las crisis laborales, con Maderas de Llodio y con Tubos Reunidos, por lo que materializarse el acuerdo sobre las instalaciones de las antiguas fabricantes de vidrio, tiene un importante valor simbólico en un momento en el que el futuro del empleo en la comarca es bastante incierto.

Desde que anunciara sus intenciones en la fábrica de Barreda, la multinacional Solvay ha pasado de proponer despedir a 77 personas, luego a 58, y ahora a 54 trabajadores, cifra que los sindicatos han vuelto a rechazar por “inaceptable”.

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO y USO) ha insistido este lunes en sus propuestas de alternativas a los despidos planteados por la compañía en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que han reducido en cuatro en relación a la anterior cita negociadora, en la que es la penúltima reunión en la ronda prevista con la compañía.

Según los sindicatos, aunque la empresa ha aceptado “algunas” de las propuestas, como la reducción del número de personas afectadas, el comité de empresa considera que “aún existen muchas alternativas para reducir este número en todos los departamentos”. Por eso, mantiene sus planteamientos con el objetivo de reducir “todo lo posible” el impacto del ERE.

“En lo que respecta a las condiciones económicas, las posturas siguen muy alejadas y se continuará negociando”, subraya el comité de empresa de la fábrica torrelaveguense, que recuerda que la próxima y última cita negociadora inicialmente prevista será el próximo miércoles 1 de abril.

El órgano sindical agradece “el apoyo mostrado”, tanto por la plantilla como por parte de todas las personas que acudieron a la concentración del pasado viernes 27 de marzo en la Plaza Mayor de Torrelavega. 

Debate parlamentario

Este asunto también se ha debatido este lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria, donde el consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha reclamado una “actuación urgente” del Gobierno de España para garantizar el futuro de Solvay en Barreda. A su juicio, es el competente para aplicar las medidas necesarias y evitar así un impacto en el empleo.

“El problema está identificado y la solución también, ahora quien tiene las competencias tiene que ejercerlas”, ha apuntado el consejero durante la interpelación que ha hecho el diputado regionalista y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, durante el pleno de este lunes en el Parlamento cántabro.

Arasti ha advertido de que la transición energética de la planta cántabra “no está garantizada en estos momentos”, lo que ha llevado a la empresa a plantear un ERE, y ha insistido en que la viabilidad de la compañía y el mantenimiento del empleo están directamente ligados.

Ha subrayado que el principal problema es la “incertidumbre regulatoria” y no la política, ya que Solvay debe afrontar una inversión de unos 250 millones de euros para adaptarse a las exigencias medioambientales, “una obligación que no tienen sus competidores internacionales”, ha dicho.

Arasti también ha defendido la actuación del Gobierno de Cantabria ya que, ha afirmado, ha mantenido contactos con la empresa, el comité y el Ministerio de Industria desde el inicio del proceso, además de impulsar un grupo de trabajo específico para abordar la transición energética de Solvay.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará el visto bueno el próximo martes, día 31 de marzo, a la aprobación inicial de la declaración del Proyecto de Singular Interés (PSI) del proyecto de la acería verde Hydnum Steel en Puertollano (Ciudad Real).

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, desde Montealegre del Castillo (Albacete), donde ha inaugurado las nuevas instalaciones de la Bodega Cooperativa Santiago Apóstol.

García-Page ha puesto de manifiesto que “estamos hablando de una gran acería con acero verde: la primera de España y la segunda de Europa”, que también va a generar “muchísima industria y mucho empleo” en una zona que, además, “lo necesita”, ha incidido.

Un “referente” de la descarbonización industrial en el sur de Europa

Esta noticia se produce apenas un mes después de saberse que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adjudicaba 500 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de Brazatortas (Ciudad Real) al proyecto industrial de Hydnum Steel.

La futura Acería Verde de Puertollano estará basada en procesos de producción de acero “con bajas emisiones, alineados con los objetivos de descarbonización y reducción de CO₂, contribuyendo a posicionar a la comarca como referente nacional en industria limpia e innovación energética”, exponían hace unas semanas desde la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.

Esta iniciativa estratégica, que contempla una inversión de 1.271 millones de euros, “está llamada a convertirse en uno de los principales proyectos industriales vinculados a la transición ecológica en Castilla-La Mancha”, según afirmaban.

Así, la planta de Hydnum Steel está diseñada para convertirse en un “referente” de la descarbonización industrial en el sur de Europa. Se alimentará de un combinado de energías renovables entre las que se incluye el hidrógeno verde.

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha rechazado que se ayude “de manera permanente” con dinero público estatal y europeo a empresas como Solvay, que, a su juicio, no son responsables socialmente cuando plantean el despido de 77 trabajadores en su planta de Barreda.

Tras participar en una nueva reunión del diálogo social con los consejeros cántabros Luis Ángel Agüeros (Economía) y Eduardo Arasti (Industria), Carmona ha recordado que Solvay es una empresa con beneficios, y que va a acudir a ayudas públicas para proyectos de descarbonización, que el proceso de reducir o eliminar las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, mientras “tiene encima de la mesa” un expediente de regulación de empleo (ERE) “sin diálogo previo”.

UGT ha dicho que el consejero cántabro de Industria ha vuelto a señalar, al ser preguntado por los periodistas, que “son necesarias compensaciones suficientes que garanticen que Solvay pueda llevar a cabo esa transición energética cuanto antes”.

Mariano Carmona ha reiterado su rechazo al ERE en la factoría de Barreda “sin diálogo previo” y porque se puede intentar llegar a acuerdos y buscar soluciones antes de presentar 77 despidos, algo en lo que los trabajadores pueden ayudar para lograr “como han ayudado hasta ahora”, ha dicho.

“Más de un siglo esquilmando”

El responsable de UGT en Cantabria ha reiterado que la empresa lleva en Cantabria “más de un siglo esquilmando los recursos naturales” y ha denunciado que “ha acabado con la salud de mucha gente, a cambio exclusivamente de un salario”. Por ello, ha considerado, según una nota de prensa UGT, que ahora hay que exigir a la empresa que “sea socialmente responsable”.

El consejero de Industria ha defendido que las compensaciones que pide para Solvay deben ser garantizadas por el Gobierno de España con fondos europeos, como ha dicho que han hecho países como Francia, como Alemania y como Italia, donde Solvay tiene otras plantas. “Yo creo que eso sería beneficioso para que la negociación acabara con el acuerdo, que sin duda están buscando tanto la parte los sindicatos como la dirección de la empresa”, ha concluido.

Los vecinos de Manjarrés han comenzado a movilizarse para pedir explicaciones sobre el proyecto de la fábrica de grandes dimensiones de prefabricados de hormigón, recientemente declarada Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) por el Gobierno de La Rioja, y la variante de la carretera LR-340 de Manjarrés, que aseguran no necesitar. La declaración de PIER, que supone el impulso del proyecto, ha llegado solo dos días después de que los vecinos del pueblo hubieran entregado 60 firmas contra la variante.

La principal queja de los vecinos, que se han concentrado frente al Ayuntamiento a pesar de la lluvia, es la falta de información. “Queremos primero que nos expliquen y después que valoren la opinión del pueblo”, reivindican señalando que todo lo que saben es por los medios de comunicación o las organizaciones ecologistas, como Amigos de la Tierra en La Rioja, que presentó alegaciones a la variante y a la fábrica. Esta organización denunció que la variante, presupuestada en 2,4 millones de euros públicos, buscaba facilitar la incorporación de la fábrica, pues uno de los puntos negativos de la COTUR al proyecto se refería a los accesos. Una postura que mantienen también los vecinos, según ha resaltado Laura Velasco como portavoz.

La preocupación por el entorno es total: temen que el polvo del hormigón afecte a la salud y que la fábrica, que ocupará un espacio dos veces más grande que el casco urbano, acabe con la vida del pueblo, afectado ya por la despobalción. “¿Quién va a querer vivir en un polígono? Nadie”, subraya al tiempo que teme por el riesgo para la salud si la fábrica genera polvo. De igual manera, Velasco niega que la planta sirva para crear empleo Local: “En Manjarrés no hay gente en edad de trabajar, hace cuarenta años que no hay colegio”.

Por el contrario, sí creen que pueden estar en riesgo las principales economías del pueblo, la ganadería y la agricultura. “Los cerdos se van a estresar y si dicen que van a coger el agua de los manantiales, ¿qué va a pasar con nuestra querida Fuente de la Almedaña?”. Los vecinos y vecinas de Manjarrés se preguntan por qué han elegido su pueblo para ubicarse a pesar de que otros lugares tienen mejores accesos y reclaman también explicaciones al Ayuntamiento porque “parece que la fábrica se va a ubicar en una viñas municipales que ha vendido a precio de saldo”, situación que, han puntualizado, “creen” porque nadie les ha reunido para informarles todavía.

Cada vez que una fábrica despide a un empleado en Cantabria, normalmente hay un taller o una empresa de pequeño o mediano tamaño dispuesta a contratarle. No es en todos los casos, pero es un circunstancia que se repite a menudo. “Se están perdiendo empleos en las grandes industrias, pero en el resto sucede al revés: hay demanda de trabajadores y están pidiendo que se formen más”, explica César Conde, secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Cantabria.

Cantabria perdió el año pasado un millar de empleos en el sector industrial, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El año 2026 también ha comenzado con malas noticias tras el anuncio de Solvay, que plantea despedir a 77 trabajadores de la planta química de Barreda (Torrelavega) y reducir la producción de carbonato. La fábrica es una de las grandes empresas que quedan en Cantabria -Solvay llegó a tener más de 4.000 empleados en los años 60 del pasado siglo- con una plantilla que se ha ido reduciendo progresivamente en las últimas décadas hasta los 320 trabajadores actuales.

Nestlé, con unos 1.100 empleados en la Penilla de Cayón, es la fábrica con mayor número de trabajadores. SEG Automotive, en Treto, tiene unos 700, mientras que la planta de Nissan en Los Corrales de Buelna tiene algo más de 300. Global Steel Wire en Santander y las tres industrias de Campoo -Sidenor, Forein Casting y Gamesa- forman el núcleo de grandes factorías de un sector que va perdiendo fuerza. “Son decisiones estratégicas de las empresas, que deciden producir en otros lugares con menos costes”, indica Conde.

Solvay pretende ahora despedir a la cuarta parte de su plantilla. No es la única empresa que ha anunciado un ERE. Esa denominación de Expediente de Regulación de Empleo que se aplica como un eufemismo contemporáneo para no aludir directamente a los despidos. Bridgestone también ha aplicado recortes en los últimos tiempos en su planta de Puente San Miguel. Más recientemente, a principios de febrero, Teka anunció despidos en todos sus centros: 34 de estos trabajadores en Cantabria, de una plantilla de 195 empleados que la empresa de electrodomésticos tiene en Santander.

Se están perdiendo empleos en las grandes industrias, pero en el resto sucede al revés: hay demanda de trabajadores y están pidiendo que se formen más

“Muchos de estos trabajadores despedidos se están recolocando, pero no tienen las mismas condiciones laborales que en las grandes empresas”, explica el responsable sindical. Las pymes se quejan de que no encuentran mano de obra porque además muchos están migrando al sector servicios, subraya. Faltan sobre todo soldadores y caldereros. También electricistas y otras especialidades profesionales. Una escasa oferta que se agrava por la falta de relevo de una generación de trabajadores que se va a empezar a jubilar ahora, advierten desde el sindicato.

Una sangría a la que no se pone freno

El Gobierno de Cantabria no consigue revertir esta tendencia y las grandes empresas siguen perdiendo empleo, aunque los despidos ya no generan tanto ruido social y público como hace apenas unos años y aunque no se haya sustanciado ningún proyecto empresarial que genere puestos de trabajo a gran escala.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha dicho que los tres grandes ERE planteados en Cantabria “han ocurrido por problemas para competir, sobre todo con países extracomunitarios, y esos problemas son comunes en los tres: derechos de emisión de CO2 a la atmósfera y elevados costes energéticos”.

Por ello, quiere que la Comisión Europea y el Ministerio de Industria busquen soluciones “a la competencia manifiestamente injusta que supone que los países extracomunitarios no paguen por emitir dióxido de carbono a la atmósfera”. Es decir, que el Gobierno de España compense los gastos de las industrias electrointensivas, con gran influencia en el sector industrial de Cantabria.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado este miércoles que se activará un “escudo industrial” en Euskadi para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Ha anunciado que ya están trabajando “en un primer paquete de medidas por si la situación se alarga y se complica”. “Vamos a activar lo que está en nuestras manos. Y también solicitaremos a otras instituciones, europeas y/o del Estado, que hagan aquello que les competa a ellas”, ha señalado.

Pradales ha reunido este miércoles al Grupo para la Defensa de la Industria, un foro que se constituyó hace algo más de un año para buscar cómo hacer frente a los aranceles impuestos por Donald Trump. Se han sentado, además del Gobierno vasco y las diputaciones, las organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio, clústeres y representantes de alrededor de medio centenar de empresas, sobre todo de los sectores más afectados por la actual crisis de Oriente Medio provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El objetivo de la reunión ha sido recoger información sobre la situación de las empresas e intentar arbitrar soluciones para mitigar el impacto de la guerra. El encuentro, que se ha celebrado en el parque tecnológico de Zamudio con los trabajadores de Tubos Reunidos concentrados en la calle, ha estado presidido por el lehendakari, acompañado por los consejeros de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, de Economía y Trabajo, Mikel Torres, las diputadas generales de Bizkaia y Gipuzkoa, Elixabete Etxanobe y Eider Mendoza, y el diputado general de Álava, Ramiro González.

“Venimos a escuchar al tejido industrial, a compartir información y a analizar conjuntamente qué es lo que tenemos que hacer para poder ofrecer la mejor respuesta”, ha señalado el lehendakari, que ha considerado que el conflicto en torno a Irán “representa la mayor amenaza energética y logística para la industria vasca desde 2022”, el inicio de la invasión de Ucrania. En su opinión, el “factor determinante” en el impacto económico que tenga el conflicto será la duración. “El impacto sobre la economía y el bolsillo de la gente será distinto si esto se alarga pocas semanas o varios meses”, ha señalado. “Nos preocupa la industria y el empleo industrial. Y nos preocupa cómo afecta esta crisis a los bolsillos de la gente, a través de los precios de la energía, del transporte o de muchos productos básicos”, ha recalcado.

Pradales ha alertado de que una prolongación del bloqueo del estrecho de Ormuz, supondrá que la economía vasca se enfrentará “a efectos duros sobre los costes energéticos, las cadenas de suministro y la demanda en algunos mercados”. Aectará a sectores clave como la siderurgia, la industria química, la automoción y la máquina herramienta, “que están especialmente expuestos a cualquier alteración prolongada en los mercados energéticos, en las rutas logísticas internacionales o en determinados mercados de exportación”.

Oriente Medio es además el séptimo destino exportador de Euskadi, con 1.130 millones de euros al año. En este momento, hay 42 empresas vascas con 63 implantaciones comerciales en la región que están sufriendo de manera directa las consecuencias del conflicto.

Las empresas piden menos impuestos

De forma previa a la reunión, se ha podido escuchar las peticiones de algunos de empresarios para paliar las consecuencias económicas que pueden derivarse de la guerra de Irán en una mesa redonda organizada por la Diputación Foral de Bizkaia para debatir sobre “Proyectos de transición energética. Pasado, presente y futuro”, en la que se han sentado el presidente de Sidenor y de Talgo, José Antonio Jainaga, el delegado institucional en Euskadi de Iberdrola, Asís Canales, el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, y el director global de eficiencia energética de Gestamp, Iñigo López Brañas. El presidente de Sidenor, Jainaga, ha pedido medidas urgentes para reducir el coste de la energía, incluso eliminar el 7% del impuesto a la generación de luz, algo que es una cuestión que depende del Gobierno central, y cuya supresión también se ha pedido por parte del Ejecutivo vasco, como ha señalado en algunas ocasiones el consejero de Industria Transición Energética y Sostenibilidad, Jauregi.

Jainaga se ha mostrado pesimista sobre el impacto energético de la guerra: “Independientemente de si no dura mucho en el tiempo, se van a quedar, de alguna manera, durante meses o años”. Por eso, ha vaticinado que “el año 2026 va a ser catastrófico”. A su entender, esta crisis se suma a un mundo desestabilizado en la economía global y el comercio internacional por los aranceles de Trump, que han creado una “distorsión importante de los mercados” a la que se ha añadido la incertidumbre por las consecuencias directas de este conflicto armado, lo que deja, ha remarcado, “un escenario muy complicado, sobre todo para las empresas, para las que la energía es una parte crucial en sus costes”.

Desde Iberdrola, Canales ha coincidido en el impacto negativo de la crisis de Irán sobre los precios de los combustibles fósiles, que, en su opinión, se trasladará al precio de la electricidad en función del grado de participación en el mix de producción eléctrica de estos combustibles fósiles o la dependencia de consumidores y clientes de los precios fijados. Canales ha defendido “menos impuestos sobre tarifas eléctricas, como ya está aconsejando la Unión Europea y bajar la fiscalidad porque Europa no se puede permitir esta debilidad actual respecto a los costes”.

En la jornada ha estado presente la diputada general de Bizkaia, Etxanobe, que ha dicho ser consciente de que “muchas empresas están observando con gran preocupación la situación internacional y el impacto que la guerra puede tener sobre sus costes de producción y sobre su capacidad de competir” por lo que la Diputación “tiene ya preparado un paquete de medidas tributarias”. Entre ellas, ha citado medidas orientadas a “facilitar la liquidez en las empresas, flexibilizar y fraccionar pagos, acelerar devoluciones, incluso deflactar la fiscalidad, y también, aliviar tensiones de tesorería si la situación internacional termina trasladándose con más intensidad a la economía”, ha concluido.

Al margen de las medidas que se tomen a partir de ahora, Bizkaia ha aprobado introducir nuevos incentivos fiscales de deducción a las empresas por inversiones medioambientales a través del Impuesto de Sociedades con el objetivo de “impulsar la inversión en eficiencia y acción climática de su tejido empresarial”. También Gipuzkoa ha presentado este miércoles su Programa de Ayudas y Subvenciones 2026 que, con un presupuesto total de 32.195.622 euros y 39 líneas de ayudas, busca fortalecer el tejido económico del territorio y acompañar a las empresas en un contexto marcado por la “creciente inestabilidad geopolítica y económica”. “Las empresas son el pilar fundamental de nuestra economía y del bienestar de Gipuzkoa”, ha afirmado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, al tiempo que ha destacado la importancia de acompañar al tejido empresarial en “momentos de incertidumbre”.

El periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos ha finalizado este lunes sin acuerdo. Al menos el periodo oficial, porque las partes volverán a reunirse el viernes 13, después de que hayan decidido darse un nuevo margen para que las centrales analicen con la plantilla la “última y definitiva oferta” que la dirección les ha puesto sobre la mesa: prejubilaciones desde los 57 con un plan de rentas al 70% del salario bruto, un convenio especial con la Seguridad Social a partir de los 63 años y, para las salidas voluntarias, una indemnización de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es una mejora sustancial de las condiciones iniciales del ERE que, sin embargo, no mueve ni un ápice el número de los despidos ni la decisión de cerrar la acería de Amurrio, las dos condiciones que planteaban los sindicatos como indispensables para dar por buena la negociación y lo que ha motivado la clara división entre las centrales ante la recta final del proceso de consultas.

La dirección de la empresa se ha negado en redondo durante todo el proceso de negociación a reducir los despidos ni a rectificar en el cierre de la acería porque considera que no puede salirse de la reestructuración que ha planteado para poder pasar al siguiente paso de negociar la deuda de 244 millones de euros con la Sepi y resto de instituciones y la banca, y garantizar la continuidad de la empresa. También se ha negado en la reunión de este lunes, la que en principio era la última.

A partir de ahí ha empezado la división de las centrales que han votado si seguir negociando o no divididas entre los sindicatos que conforman la mesa negociadora del ERE y también entre los representantes de las plantas de Amurrio y de Trápaga, afectados de forma muy diferente por los despidos. En concreto, de las 301 salidas 274 trabajadores son de Amurrio y 27 Trápaga, lo que ya les lleva a posicionamientos radicalmente diferentes.

A la hora de votar si continuar con las negociaciones o no, CCOO y UGT de ambas plantas han votado a favor de volver a reunirse el viernes, además de la representación de ELA en Trápaga. El resto de los sindicatos se han mostrado en contra de alargar el periodo de consultas. Son ELA de Amurrio y los sindicatos LAB y ESK de ambas plantas, que dan por finalizado el periodo de consultas y sin acuerdo, pese a que la dirección ha decidido citarles el viernes tras haberse registrado un empate en la votación de los sindicatos, para que “puedan analizar la oferta, consultar con la plantilla y decidir si la aceptan”, han señalado desde la empresa.

Los sindicatos que han votado en contra de seguir con la negociación porque no quieren negociar nada que no sea retirar el ERE, han reiterado en sendos comunicados tras el encuentro que las conversaciones están finalizadas. ELA ha denunciado también que la empresa “ha querido dividir a los y las trabajadoras de Amurrio y Trápaga, intentando facilitar así el acuerdo a la hora de ejecutar los despidos”. Esa división se ha plasmado precisamente en el voto de este sindicato. ESK ha abogado por “intensificar la lucha” y pedir la implicación de las instituciones. LAB también ha denunciado la “preocupante pasividad de las instituciones”, que siguen sin asumir su papel, han señalado.

La plantilla volverá a movilizarse este martes, y realizarán asambleas a lo largo de la semana con sus afiliados y con la plantilla para clarificar posturas. Coincidiendo con la reunión de este lunes han realizado manifestaciones y cortes de tráfico en varios puntos de Bilbao cercanos al Palacio Euskalduna, donde se ha celebrado el encuentro con la dirección.

El Gobierno de Cantabria se reunirá este martes con el comisionado para la Reindustrialización del Ministerio de Industria, Jaime Peris Pascual, para abordar el expediente de regulación de empleo (ERE), que Solvay anunció en su planta de Barreda. Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Industria, Eduardo Arasti, en el pleno del Parlamento de Cantabria en respuesta a una interpelación del portavoz socialista, Mario Iglesias, sobre las medidas del Gobierno de Cantabria ante el anuncio de ese ERE.

El consejero ha recordado que también ha pedido por segunda vez una reunión con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y con el vicepresidente ejecutivo y comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné. Estas son, ha explicado Arasti, las seis actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Cantabria que abarcan todas las áreas de decisión fundamentales para que se adopten las medidas necesarias.

Con ello, el Ejecutivo regional defiende que busca dotar a Solvay de los mecanismos de compensación suficientes por la emisión de gases de CO2 para mejorar su competitividad y para hacer rentable y productivo su proceso de transición energética. 

El PSOE ve “un patrón”

“Sin competitividad una empresa acaba en liquidación”, ha apostillado Arasti, quien ha vuelto a criticar los costes que soportan las industrias electrointensivas españolas por la emisión de gases a la atmósfera y por los elevados costes de la energía, mayores que el resto de competidores, y ha insistido en señalar que la “inacción” del Gobierno de España “lastra” la competitividad de esas industrias.

Por su lado, Iglesias (PSOE) le ha reprochado que se dedique a echar la culpa al Gobierno de España o a la Unión Europea y ha recordado que la situación de Solvay no es un hecho aislado en Cantabria sino que los ERE se han repetido en los últimos meses en grandes empresas de la región convirtiendo esas situaciones en un “patrón”. “Cuando esto ocurre, hay que ir más allá de las reuniones y lo que tiene que hacer es trabajar para evitar la conflictividad laboral creciente”, ha advertido el portavoz socialista a Arasti.

Iglesias ha tendido la mano del PSOE al consejero para alcanzar un acuerdo entre empresa y trabajadores en Solvay, una planta que, ha recordado, da empleo a 700 trabajadores y ha recibido más de 60 millones de euros en ayudas públicas en los últimos años.

El departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco ha concedido al Ayuntamiento de Erandio la habilitación de un solar para uso como parking en terrenos antiguamente industriales sin contar con un informe que garantice que no hay contaminación del suelo. El consistorio había solicitado la exención de contar con la declaración ambiental pertinente de forma previa al uso de las instalaciones y el Ejecutivo se la ha concedido, por considerar que cumple las condiciones para ello, según señala en una respuesta parlamentaria a una solicitud de información de EH Bildu.

Precisamente fue EH Bildu en el Ayuntamiento de Erandio el que denunció que el consistorio carecía de la autorización ambiental del departamento de Industria para habilitar un terreno que podría estar potencialmente contaminado, ya que forma parte del solar que hace años ocupaba la empresa Cables y Alarmes (CAESA), que se derribó tras un proceso concursal, y que ahora es propiedad de Viuda de Sanz, que cedió al Ayuntamiento esta parte del terreno para hacer el aparcamiento. El parking lleva operativo desde el mes de mayo sin la citada autorización.

El equipo de Gobierno de Erandio, de PNV en coalición con PSE-EE, tras recibir un requerimiento de la Autoridad Medioambiental para que realizara los trámites precisos para contar con la declaración, solicitó un informe a una empresa para argumentar ante el organismo ambiental que la actividad que se realiza en este solar está exenta de pedir de la autorización. Según ha detallado el departamento en la información remitida al Parlamento Vasco, tras recibir dicha solicitud, con fecha 16 de febrero de 2026 “se ha emitido Resolución del director de patrimonio natural y adaptación al cambio climático, por la que se declara la aplicabilidad de la exención”, y por tanto el aparcamiento puede seguir operativo sin el informe medioambiental. Estas exenciones están reguladas por el artículo 25.2 de la ley 4/2015, de 25 de junio para la prevención y corrección de la contaminación del suelo que fija una serie de condiciones que considera que se cumplen en el caso del aparcamiento de Erandio.

En este caso se cumple, por un lado, según Industria, que el aparcamiento será una “instalación provisional”, que tendrá una “actividad inferior a dos años”. Por otro, la actividad que se pretende implantar “es de tipo industrial, no compatible con uso de vivienda” y “se llevará a cabo sobre zonas totalmente cubiertas y pavimentadas, sin posibilidad de contacto directo con el suelo”. Además, señala que la actividad históricamente llevada a cabo en la parcela “ha sido de potencial contaminante alto. Sin embargo, la parcela dispone de información relativa a la calidad del suelo, incluido el ACR -análisis cuantitativo de riesgos- que se incluye en el presente documento, por lo que la condición se cumple plenamente”, señala.

Por todo ello, “a la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley 4/2015 por lo que se solicita la exención del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en el artículo 25 de dicha Ley para la zona cedida al Ayuntamiento de Erandio de la parcela históricamente ocupada CAESA, en la que se prevé la implantación de un aparcamiento con carácter provisional”.

La zona en la que se encuentra el aparcamiento provisional es una pequeña parte de los antiguos terrenos que ocupaba la empresa CAESA, ahora propiedad de Viuda de Sanz, que experimentará una regeneración urbanística total, ya que está prevista la construcción de más de 350 viviendas, plazas, aparcamientos y zonas habilitadas para el desarrollo de actividades económicas. De momento se han iniciado los trámites para declarar la calidad del suelo y actuar en las zonas que sean necesarias.

Por sus manos han pasado espárragos, alcachofas, pimientos y muchas más frutas y hortalizas. Sus espaldas cargan las consecuencias de movimientos repetitivos y pesos. Sus cabezas, la incertidumbre del trabajo por campañas y las dificultades para acceder a los puestos de responsabilidad. Todas, sin embargo, guardan buenos recuerdos de las fábricas en las que trabajaron o siguen trabajando. Han visto al sector de la conserva agroalimentaria de La Rioja convertirse en una referencia nacional. Y todas son mujeres, puesto que la conserva es el sector industrial más feminizado. Emplea en La Rioja a alrededor de 3.500 personas trabajadoras y hacia un 70% son mujeres, un porcentaje todavía mayor en las líneas de producción.

Son miles de mujeres de mano de obra entre las cadenas de producción del pasado y las de hoy. Como Isabel Ezquerro y Silvia Rodrigo, que ya salieron del sector pero dedicaron décadas de sus vidas a las fábricas desde que eran prácticamente adolescentes o Rosa y María Gracia, que siguen madrugando para trabajar en las conserveras de Alfaro y Calahorra. Sus testimonios son el retrato humano de un sector que, sin ellas, no existiría.

Isabel Ezquerro tiene 83 años y ya está jubilada, pero empezó a trabajar antes incluso de cumplir los 14 años. “Faltaban tres meses así que ese tiempo estuve sin asegurar porque con menos de 14 años no se podía trabajar”. Cuenta que los dueños de la fábrica de San Adrián en la que empezó se enteraron al formalizar el contrato, pero que “como hacía falta trabajadoras”, no la despidieron. El mismo día que cumplió los 14 años firmó el contrato y, aunque no lo recuerda, en aquel momento probablemente necesitó la autorización de su padre. En su fábrica la mayoría eran mujeres, salvo algunos hombres dedicados a los trabajos de manipulación de pesos. Entre los encargados, la amplia mayoría femenina desaparecía: “El mayor responsable era un hombre y sí que había una mujer como encargada, en la confitería -la parte dedicada a la conserva de frutas en almíbar- los encargados eran dos hombres”. De esta parte de confitería conserva Isabel una fotografía en la que aparece trabajando con sus compañeras, entre las que solo hay un trabajador varón, mientras que los responsables eran dos hombres.

Sigue habiendo una creencia general de que las mujeres son más hábiles con las manos y los hombres se llevan mejor con las máquinas

El techo de cristal todavía no se ha roto en el sector. Como se observa en los Planes de Igualdad de las empresas y advierten de forma recurrente los sindicatos, más de un 90% de la plantilla de las líneas de producción son mujeres, en logística y almacén son minoría (en torno al 20%), aunque es el trabajo que ejerce María Gracia Aguilar en una pequeña fábrica y en su casa también son más mujeres en este puesto, donde ya no es necesario cargar tantos pesos. Pero, sobre todo, todavía son menos en los puestos de responsabilidad y gerencia (sobre el 15%) a pesar de que ocupan más de la mitad de los puestos de administración.

“Sigue habiendo una creencia general de que las mujeres son más hábiles con las manos y los hombres se llevan mejor con las máquinas. Pero las mujeres valen lo mismo que los hombres y no digo igualdad, porque hay cosas que físicamente no podemos, pero sí equidad”, reivindica Rosa Rivas, delegada sindical de UGT en su fábrica, para el conjunto del sector. No obstante, Silvia señala que tuvo tanto jefes como jefas y Rosa señala que los “jefes de producción y de maquinaria suelen ser hombres”, aunque en su fábrica “hay mujeres en puestos de responsabilidad y no son pocas”, dice en referencia a las coordinadoras de cada turno, por ejemplo. Aunque en la experiencia de María Gracia sí hay compañeras que han ascendido a puestos de responsabilidad, Silvia y Rosa coinciden en que “cuesta llegar”. “Además, la mayoría de las fábricas son familiares, por lo que los cargos más altos los van ocupando personas de la familia”, apunta Silvia.

Esta segregación vertical repercute irremediablemente en los salarios y las condiciones laborales. Las mujeres son el grueso de los niveles salariales y ocupan la mayoría de los fijos-discontinuos, que, aunque se han reducido, siguen siendo alrededor del 60% de los puestos. “El trabajo era por campañas, aunque en teoría si entrabas, te volvían a llamar siempre, muy mal lo tenías que hacer para no volver”, recuerda Silvia. Y así sigue siendo, en la fábrica en la que trabaja María Gracia la amplia mayoría de las personas trabajadoras son fijas discontinuas y con una incertidumbre añadida: el tiempo de trabajo. “Según cómo venga la campaña, un año puedes trabajar nueve meses y al siguiente, solo cuatro”, apunta sobre la relación del empleo con la agricultura, puesto que en su conservera cultivan los propios productos que luego embotan.

Toda la vida trabajando y cobro la pensión mínima

La más mayor de las cuatro, Isabel, también trabajaba por campañas, normalmente de marzo a julio en su caso. “Te aseguraban lo menos posible”, subraya en referencia a estar contratada correctamente y por tanto dada de alta en el Seguro Obligatorio de Enfermedad de la época. “A veces pensabas que estás asegurada y no. Una vez fui al médico estando trabajando y el médico comprobró que no estaba dada de alta y tuve que ir con la cartilla de mi padre”, cuenta recalcando que en aquel momento estaba trabajando en la fábrica.

Y esta fórmula laboral ha repercutido en las pensiones de estas trabajadoras. “Hombre, claro, cobro lo mínimo”, responde resignada Isabel, que tras ocho años en la fábrica de San Adrián, trabajó en una en Pradejón, donde vivía y vive y se jubiló en el sector del champiñón. “Aquella vez que no me dieron de alta estando trabajando, el médico me dijo que lo podía denunciar, pero si yo denuncio, no me vuelven a llamar”, recuerda que le contestó. “Treinta años trabajando y tengo diez cotizados”, ejemplifica resignada María Gracia. Rosa, sin embargo, fue contratada fija hace dos décadas y continúa en la misma fábrica, que no trabaja por temporadas. Esta trabajadora “no ve mal” sus condiciones de trabajo, aunque considera que “ahora se contrata mucho por ETT y se está perdiendo el compromiso por el trabajo”.

Ninguna detecta grandes riesgos laborales en los empleos en las conserveras. Rosa alude a “algún quemazón”, Silvia recuerda el “frío de estar con el agua constantemente y coger pesos”, María Gracia a los movimientos repetitivos y al tener que estar de pie o agacharse constantemente e Isabel se acuerda de sus manos dañadas: “Al principio no había guantes ni nada ni en las labores en caliente”, dice sobre la sección de confitería. También habla de los horarios: “Entrábamos a trabajar a las 6 de la mañana y para las 4.30 horas tenía que levantarme para coger el camión que iba por los pueblos para recogernos y llevarnos a San Adrián. Tenía tablas y a lo ancho de la caja de carga del camión y daba cada blinco...”. Los avances tecnológicos han posibilitado mejoras en las condiciones de las fábricas y ahora hay más concienciación sobre los riesgos laborales, aunque también ha cambiado el paradigma en el sector, según alerta Silvia: “Antes había campos de hortalizadas para las fábricas, se cerraba todo el círculo, pero ahora ha bajado mucho la producción, ahora se importa más el producto y las fábricas se centra más en el envasado y el etiquetado”.

Cuando un sector tan feminizado se encuentra con la alta feminización de los cuidados, la conciliación se hace muy complicada. Precisamente por eso, Silvia tuvo que dejar el trabajo en las conserveras al que se dedicaba desde los 16 años. “Y me gustaba mucho la fábrica, pero no podía”. Tiene un hijo con autismo y las atenciones que requiere le han obligarado a cambiar de sector. Isabel tenía un plan milimetrado al cronómetro para llegar a todo: “Cuando tenía a mis hijas, ya trabajaba en Pradejón. Por la mañana, cuando entraba a las 6, se quedaban en casa con mi marido, que trabajaba en el campo y empezaba más tarde. A las 9 menos cuarto aprovechaba el descanso del trabajo para ir a casa, prepararlas y llevarlas a la escuela. Después, salían a la misma hora que yo del trabajo y les decía que me esperaran. Cuando salía, ahí estaban mis chiquillas”.

“El sector ha avanzado una barbaridad”, coinciden todas al mirar atrás. Sin embargo, la esencia de la industria sigue siendo la misma: una estructura millonaria cuyo peso real sigue cayendo sobre las mujeres. Ellas son las que entran y salen según dicte la cosecha y las que, tras décadas de labor, se enfrentan a la jubilación con la cuenta de la cotización a medio llenar. A pesar de las sombras, no hay rencor; sino orgullo de clase y de comarca. Porque como ellas mismas dicen: “La conserva nos da trabajo a muchas” y ha sido el sustento de la Rioja Baja durante generaciones. Son las manos de Isabel, Rosa, Silvia y María Gracia las que siguen llenando las despensas de medio mundo sin esperar un reconocimiento a la altura del cuidado que ponen a cada fruto que envasan.

El comité de la fábrica de Solvay en Barreda (Torrelavega) ha rechazado este martes que la empresa quiera aplicar su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con 77 despidos, sin un plan industrial y “con el único propósito de reducir plantilla y aumentar la precariedad en la planta”, ha indicado en un comunicado.

Además, reitera su rechazo al ERE porque no hay ningún plan industrial apoyado en inversiones que puedan garantizar un futuro a medio o largo plazo de esta fábrica, lo que hace temer “un cierre progresivo” de las instalaciones fabriles de Torrelavega

Los sindicatos UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria explican que en la primera reunión del período de consulta o negociación del ERE, Solvay se ha limitado a “cumplir estrictamente las formalidades con la entrega de la documentación obligatoria”, pero sin aportar nada más.

En el comunicado, denuncian que con la documentación entregada se constata que las pretensiones de la dirección con el ERE es “una precarización”, ya que los 77 despidos implicarían la reducción de la capacidad de producción de las 600.000 toneladas actuales a 420.000.

La negociación del ERE propuesto por Solvay se reanudará el día 10 y continuará los días 12, 16, 19, 23, 26 de marzo y concluirá, en un principio, el 1 de abril.

La Bienal de la Máquina-Herramienta (BIEMH) abre este lunes sus puertas como escaparate de la industria en un contexto de gran incertidumbre mundial, pero también de búsqueda de oportunidades y nuevos mercados ante las dificultades crecientes del mercado estadounidense y los aranceles impuestos por Donald Trump a la exportación. Reubicada la feria en el mes de marzo, como era habitual después de varias ediciones celebradas en mayo y junio, el BEC de Barakaldo acogerá hasta el viernes día 6 un total de 1.503 firmas expositoras de 34 países que presentarán más de 3.350 productos innovadores. Los seis pabellones del BEC se convertirán en un foco de contactos para abrir nuevas oportunidades de colaboración interempresarial.

La máquina-herramienta es el sector industrial que provee a todo el resto de la industria de los más diversos sectores, que precisan maquinaria especializada, puntera, sostenible y cada vez más vinculada a la inteligencia artificial. Por eso, esta feria es un termómetro fiable de la situación de la máquina-herramienta. Es un sector muy importante en Euskadi, donde se ubican la mayor parte y las más importantes empresas de este campo en España. Pero también sirve para testar la situación de la industria en general en función de los visitantes que atraiga la feria y de los contactos que se establezcan y que puedan fructificar en posibles acuerdos de futuro. Suelen decir los empresarios que en la feria se vende poco, pero sí se cierran acuerdos que dan fruto después, gracias al escaparate internacional que supone la Bienal. En la edición anterior, la celebrada en 2024, fueron 38.000 los visitantes que acudieron al BEC, 3.000 más que los que se registraron en 2022 cuando, después del parón de la pandemia, la feria fue todo un éxito.

La que arranca este lunes es la edición número 33 de la Bienal de la Máquina Herramienta y se celebra bajo el lema 'Carpe BIEMH', en un juego de palabras para invitar a empresas expositoras, visitantes y entidades a “aprovechar el momento”. Toda una declaración de la necesidad de buscar nuevas oportunidades de negocio allí donde los haya en tiempos de gran incertidumbre.

Desde AFM Cluster -la asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta- se reconoce ese momento convulso que lleva a que haya sectores con “situaciones complicadas”, como el de la automoción, mientras otros muestran “fuertes dinámicas de crecimiento”, como el aeronáutico o la defensa. Por ello, es un momento de “riesgo, pero también de muchas oportunidades”, decía, el director de AFM, Alfonso Ortueta, en la presentación de la feria esta semana, refiriéndose no sólo a sectores, sino también a nuevos mercados. Por ejemplo, los acuerdos de la UE con India o Mercosur, suponen nuevas oportunidades de negocio ante los problemas planteados por los aranceles de Trump.

Como siempre, destaca el carácter internacional del certamen. Aunque para conocer las cifras exactas hay que esperar al cierre de esta edición el próximo viernes, se esperan profesionales visitantes procedentes de cerca de 70 países. Entre la campaña internacional de captación de visitantes se ha ampliado a nuevos mercados como India, también EEUU, Canadá, México, Brasil, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Turquía, Marruecos y Países Bajos. En lo que se refiere al área expositiva hay empresas de Alemania, Austria, China y Taiwán, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Turquía, Suiza, Japón, EEUU y Corea del Sur, entre otros.

Las empresas mostrarán alrededor de 1.542 máquinas, más de 100 robots, así como multitud de automatismos, componentes y herramientas, para convertir la BIEMH en un “auténtico espectáculo en vivo de la fabricación avanzada” y ofrecer “la cadena de valor completa”.

La feria propiamente dicha se completa con otra serie de actividades que se desarrollan en este marco y que van teniendo cada vez un peso mayor por el hecho de que facilitan el contacto entre los profesionales. Por ejemplo, los Innovation Workshops, conferencias en las que responsables de empresas expositoras de los ámbitos de la robótica, la automatización y la digitalización presentarán los desarrollos tecnológicos que se exhiben en los stands. AAdemás,se otorgarán los Innovation Awards by BIEMH, galardones organizados por AFM y BEC, que reconocerán las propuestas más destacadas en el ámbito de la innovación industrial. Estos premios se articulan en torno a seis categorías dedicadas a máquina-herramienta; componentes, accesorios y herramientas; fabricación aditiva; digitalización y automatización en entornos de manufacturing avanzado; startup más innovadora orientada a la fabricación avanzada; y propuesta expositiva más innovadora presentada por un importador.

El “networking” profesional se verá reforzado asimismo por las actividades impulsadas por PWN (Professional Women’s Network), con conferencias, mesas de debate y espacios de diálogo abiertos, con el objetivo de visibilizar la labor de la mujer en el sector industrial y tecnológico y proponer líneas de trabajo que aceleren la transformación cultural de la industria hacia mayores cotas de diversidad y paridad. En el apartado de actividades de corte más social destacan el encuentro Welcome Reception de bienvenida para expositores, la recepción a visitantes compradores, y BIEMH Fest, abierto al público en general, que tendrá lugar el miércoles 4 de marzo en Azkuna Zentroa de Bilbao.

La máquina herramienta cerró 2025 con una cifra de facturación provisional de 2.207,62 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,99% respecto a los datos de 2024, pero con un aumento de los pedidos del 2,29% respecto a los recibidos el año anterior y buenas perspectivas para los próximos meses que el sector espera que empiecen a concretarse en la BIEMH.

La empresa guipuzcoana Danobat invertirá 50 millones de euros en los próximos tres años, y creará alrededor de 500 puestos de trabajo, 200 de ellos directos, en un proyecto para desarrollar nuevas tecnologías para robots industriales de altas prestaciones. Se trata del segundo “proyecto transformador” incluido en el Plan Industrial de Euskadi, y se espera que traccione a un total de 18 pymes, además de contar con la colaboración de los clústeres, bajo el liderazgo de Fabricación Avanzada, AFM, y la colaboración de Aeronáutica y Espacio, HEGAN y de diez centros tecnológicos.

El proyecto, denominado Roboost, se ha presentado en un acto en la sede de la cooperativa del grupo Mondragon en Elgoibar, al que han asistido el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, el CEO de Danobat, Xabier Alzaga, la Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el presidente de Mondragon, Pello Rodríguez, y la directora general de las divisiones de Danobatgroup y MIA, Nerea Aranguren.

Jauregi ha destacado que Roboost “supondrá un salto disruptivo y constituirá un hito tecnológico a nivel global en la fabricación avanzada, consolidando la posición de liderazgo de Euskadi en el sector”. “La robótica de precisión introduce un nuevo paradigma que supera las limitaciones tradicionales de la máquina-herramienta convencional al combinar la precisión, estabilidad y rigidez de la máquina-herramienta con la flexibilidad de un robot, abriendo nuevas oportunidades en la fabricación avanzada, incluso en operaciones críticas que requieren máxima fiabilidad”, ha destacado.

Euskadi es una de las comunidades punteras en el sector de la máquina-herramienta, pero, para seguir siéndolo, “tenemos que correr más rápido que nadie”, lo cual se hace “aunando ambición, innovación y trabajo en común” en este proyecto “transformador”, que ha definido como “el siguiente nivel de los robots industriales”. Ante los nubarrones que se ciernen sobre la industria europea, el consejero ha afirmado que “la industria vasca no puede esperar a que pase la tormenta. Es ahora cuando nuestro tejido industrial tiene que dar el salto para subir de nivel y apostar por proyectos transformadores de país”.

La mayor parte de los 50 millones de inversión, 35 millones, estarán destinados a actividades de I+D y desarrollo tecnológico, lo que permitirá situar Euskadi como “referente internacional en robótica de precisión y fabricación avanzada basada en robótica, y le permitirá posicionarse como actor referente en un nicho emergente: la robótica robusta y de precisión”.

La fabricación avanzada, es un sector clave en la transformación digital, que está experimentando cambios profundos impulsados por la integración masiva de inteligencia artificial, robótica y nuevos materiales y composites, con un ritmo de adopción muy superior al de otros sectores industriales. De ahí que desde el departamento de Industria se destaque la importancia que este sector sea el segundo de los 20 que contiene el plan de industria, por su carácter tractor sobre las pymes. El primero fue en ITP Aero.

“El Plan está concebido para impulsar la competitividad, la innovación y la colaboración dentro de la cadena de valor industrial de Euskadi. Los Proyectos Transformadores implicarán un salto cualitativo en la colaboración entre líderes industriales de Euskadi, su cadena de proveedores vascos y los centros tecnológicos, ganando así, como país, en tecnología, diferenciación y, por lo tanto, en competitividad. Para ello, el Gobierno vasco pondrá a disposición de los Proyectos Transformadores una batería de medidas de apoyo, entre programas y herramientas existentes y nuevas”, han señalado desde el departamento de Industria.

El despliegue de plantas de biometano en entornos rurales ha generado un gran rechazo en territorios de alto valor vitivinícola. La preocupación no se centra únicamente en la transición energética, sino en el modelo de implantación y su compatibilidad con la protección del suelo agrícola y la identidad del paisaje del vino.

En la Denominación de Origen Calificada de Rioja, la Denominación de Origen más antigua de España, los distintos proyectos de Biometano han sido objeto de fuerte rechazo social y algunos han recibido ya informes ambientales desfavorables por su impacto paisajístico y territorial, en un contexto donde el viñedo constituye un eje económico y cultural.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha manifestado públicamente su rechazo ante la proliferación de Macrogranjas y Macroplantas de biometano dentro de su ámbito territorial, alertando del riesgo que determinadas actividades industriales pueden suponer para la imagen de calidad y la sostenibilidad del viñedo.

En el caso de la Denominación de Origen Toro, representantes del sector han trasladado en medios regionales su rechazo por la posible afección a suelos vitícolas y por la proximidad de instalaciones industriales a zonas de producción, reclamando planificación, distancias adecuadas y garantías ambientales que eviten impactos sobre el viñedo y el entorno rural.

En Castilla La Mancha, el Plan Regional de Biometanización ha acumulado miles de alegaciones ciudadanas. En municipios como Valdepeñas, la inquietud se centra especialmente en la aplicación del digestato como fertilizante y su potencial efecto sobre la calidad y el equilibrio del suelo agrícola.

La cuestión no es energía renovable frente a agricultura, sino ordenación territorial y protección del viñedo como patrimonio económico y ambiental. Si denominaciones consolidadas de reconocimiento mundial, reclaman la eliminación de estos proyectos, la pregunta es inevitable: ¿Vamos a permitir que nos pongan una industria de este tipo? ¿Qué opina la D.O. Valdepeñas?

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga ha asegurado este lunes no entender por qué está siendo investigado por la Audiencia Nacional por presunto contrabando de armas con una empresa armamentística de Israel. “Hasta hace seis meses, creía en la Justicia, y que ésta perseguía a los delincuentes hasta el final, pero que la gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente”.

Jainaga, también presidente de Talgo, ha participado en el Foro Capital, patrocinado por la Fundación Vital. Aunque no se ha referido en su discurso a este tema, ya en el turno de preguntas, José Antonio Jainaga ha señalado “no entender” por qué se ha abierto una causa con él y contra otros dos directivos de la compañía porque han entregado todos los documentos que demuestran que la venta de ese acero no necesitaba de comunicación previa al Gobierno. “Hay algunas instituciones públicas y privadas en las que no creo desde hace mucho tiempo”.“Hasta hace seis meses, creía en la Justicia, y que ésta perseguía a los delincuentes hasta el final, pero que la gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente”, ha señalado.

Además, cuestionado por el registro de la empresa por parte de efectivos policiales, ha recordado que la propia Fiscalía lo ha considerado una medida “inadecuada y desproporcionada”. “No hacía falta llegar con 15 furgones cargados de gente encapuchada”, ha censurado. Precisamente, la pasada semana la defensa del presidente de Sidenor presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de la entrada y registro en las instalaciones de la empresa por atentar contra sus derechos más fundamentales.

Jainaga ha insistido en que tiene la conciencia “perfectamente tranquila”, porque ya han aportado “todas las pruebas” de que los productos que han exportado a Israel “cumplían de la manera más estricta con la legalidad, que no formaban parte de la lista de productos que necesitan una autorización previa, o más bien, que es lo que dice la ley, comunicar al Gobierno que estás exportando”.

Euskadi tiene en estos momentos 2.221 puntos de recarga de vehículos eléctricos, pero 538 están fuera de servicio, es decir, uno de cada cuatro. Los datos se recogen en el barómetro de movilidad de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que indican además un alarmante incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Si el año pasado estaban inoperativos 538, en 2024 eran 279, lo que significa un incremento del 86,38% en un año, muy por encima de la media del Estado, que se sitúa en un incremento del 44,61%.

En una pregunta parlamentaria dirigida al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el parlamentario del PP Álvaro Gotxi señala que Euskadi ha pasado en un año de tener el 14,22% de las infraestructuras fuera de servicio a tener el 18,97% en esa situación, cuestiona al Gobierno sobre los motivos de esta situación. En su respuesta, el consejero Mikel Jauregi, señala que los puntos de recarga de acceso público indicados en el barómetro de electromovilidad de ANFAC como puntos de recarga fuera de servicio “pueden encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica”. Además, recuerda que la información utilizada para analizar la situación de los puntos de recarga fuera de servicio procede de las propias personas usuarias de estos puntos.

Como contrapunto a estos puntos de recarga no operativos, señala Jauregi que “en base a la información disponible en el programa de ayudas MOVES III 2025, hay 92 solicitudes de ayuda para la instalación de uno o varios puntos de recarga de uso público, cuya instalación y puesta en marcha se encuentra en fase de ejecución o conexión a red, dentro del proceso ordinario”. Además, “las 281 solicitudes de ayuda para la instalación de puntos de recarga de uso público del programa de ayudas MOVES III, vigente desde 2021 hasta 2024, se encuentran también en fase de justificación”.

El consejero señala, además que los programas de ayudas MOVES I, II, III y III 2025, que son estatales, pero gestionados por el Ente Vasco de la Energía, “impulsan o han impulsado la instalación de puntos de recarga, tanto de uso público como privado”. No obstante, en relación con el mantenimiento y buen servicio de los puntos de recarga, se contempla en las bases que la persona beneficiaria “deberá ostentar la titularidad del bien subvencionado destinándolo al fin concreto para el que se concedió la subvención durante al menos dos años para el caso de puntos de recarga. En el caso de recarga de acceso público, se deberá garantizar que el punto esté operativo al menos durante cinco años”.