La sociedad pública Sodena aportará “hasta 50 millones” de euros al capital de la empresa conjunta con el fabricante chino Hithium para la instalación en Navarra de una factoría para la producción de baterías de almacenamiento eléctrico que estará en funcionamiento a partir del 2027. Así lo ha anunciado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, después de que se cerrase hace unas semanas el acuerdo con la empresa china para la construcción de la planta, que contará con una inversión total de más de 400 millones y que generará 700 empleos directos.

Irujo ha avanzado que, si bien Hithium iba a realizar una aportación incial de capital de 61 millones, “en las últimas negociaciones” han previsto “elevar esa suma a los 100 millones”. Así, ha afirmado que “el motivo de la entrada de capital público se justifica desde el punto de vista del arraigo empresarial para asegurar el futuro de la planta en Navarra, asegurar la configuración de una cadena de valor industrial en el territorio, así como la contratación de personal laboral local”.

El consejero ha subrayado asimismo que “siempre que se cuente con las autorizaciones necesarias (tanto internas como de las autoridades administrativas competentes) y de conformidad con la legislación vigente, además del límite de inversión total de 50 millones, Sodena hará todo lo posible por estudiar la posibilidad de proporcionar garantías o contragarantías adicionales, en forma de avales”. Irujo ha detallado que “el objetivo es que las baterías de Hithium tengan el sello de Made in Navarra”. “Y todo ello, asegurando empleo de calidad para esos 700 puestos de trabajo previstos”, ha afirmado.

Irujo ha explicado que la primera visita de Hithium a Navarra se produjo en octubre del 2023, y que “la empresa y el Gobierno de Navarra han estado colaborando estrechamente con el objetivo de evaluar la viabilidad de la ejecución del proyecto en Navarra desde todas las perspectivas pertinentes (incluidas las cuestiones normativas, administrativas, operativas, financieras y relacionadas con el empleo), habiendo concluido ambas partes que Navarra reúne las condiciones necesarias y óptimas para el desarrollo del proyecto de inversión”.

Ha recordado que, tras la visita de Hithium, con su fundador a la cabeza, el 14 de diciembre de 2025, la empresa invitó al Ejecutivo a visitar y ultimar negociaciones en su planta de Chongqing los días 13 a 15 de enero. Y una semana más tarde, el 23 de enero de 2026, el Grupo Hithium constituyó en Navarra una sociedad denominada Hithium Spain Innovation, S.A., “destinada a servir de vehículo corporativo a través del cual se ejecutará y desarrollará el proyecto de inversión”.

Ha explicado que, como promotor principal y socio industrial del proyecto, Hithium ha iniciado el proceso de 'due diligence' industrial del proyecto en Navarra, incluida la evaluación técnica, industrial y jurídica de las posibles instalaciones donde irá la fábrica de producción. Además, ha continuado, el asesor financiero de la empresa ha realizado un sondeo de mercado informal con los principales bancos comerciales en abril e inició las negociaciones oficiales con los prestamistas en mayo.

Irujo ha precisado que Hithium estima que el desarrollo del proyecto supondrá un gasto de capital de aproximadamente 405 millones de euros y que tiene la intención de recurrir a las siguientes fuentes de financiación: aportaciones de capital por un importe total de 150.000.000 euros; financiación bancaria y de instrumentos como el FAIIP (Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva) por un importe total de 174.000.000 euros; y subvenciones públicas por un importe total de 81.000.000 euros. “Estas cifras son aproximativas, podrían variar ligeramente en el transcurso de las negociaciones”, ha afirmado.

Según el consejero, el pasado 6 de mayo el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, emitió una propuesta para la concesión de una subvención a favor de Hithium por un importe de 81.000.000 euros para el desarrollo del proyecto en Navarra. “No está del todo confirmado, a falta del resultado de la evaluación técnica, si bien es un hito fundamental para el proyecto”, ha dicho.

El gigante automovilístico chino SAIC ha presentado una solicitud formal para levantar en Ferrol la que va a ser su primera planta de fabricación en suelo europeo. La Xunta acaba de confirmar esta propuesta de inversión, que ha declarado ya proyecto industrial estratégico, una figura que facilita y acelera los trámites. El anuncio llega tras semanas de especulaciones sobre la posibilidad de que la empresa se instalase en suelo gallego y entre agradecimientos de la Xunta al Gobierno central por su trabajo y su colaboración en el proceso.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que su equipo se ha implicado de forma “discreta” durante meses en negociaciones con la empresa china, que llevaron a que él mismo y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, viajaran a China en abril, justo a continuación de una visita de Pedro Sánchez al país que fue duramente criticada por el PP. Rueda admitió que la aportación del Gobierno central ha sido determinante y ha agradecido su “implicación, en especial en la recta final de las negociaciones”.

Lorenzana, que presentó este lunes el proyecto junto a Rueda, afirmó que la colaboración del Gobierno central está siendo “ejemplar” y que ha tratado el proyecto con “la seriedad que merece” y ha participado en tres reuniones de máximo nivel. La conselleira comparó los planes de SAIC para las comarcas de Ferrolterra y el Eume -la planta se proyecta en el puerto exterior ferrolano, pero se propone también un centro industrial y logístico en As Pontes- con el complejo industrial que ha generado en Vigo y su entorno la fábrica de Stellantis.

Sería, expuso Lorenzana, el centro industrial y logístico de SAIC en Europa, en donde la empresa china, cuya marca más conocida es MG, exploró otras posibles ubicaciones. El proyecto promete 1.000 empleos directos en Ferrol, sumados a otros tantos indirectos y a 300 más en As Pontes. “Estaríamos hablando del mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas”, enfatizó. La propuesta implica una inversión de 200 millones de euros, con la intención de estar produciendo 120.000 vehículos al año. La intención es que el proceso sea acelerado: según la Xunta, SAIC quiere arrancar las obras en 2027 y tener la planta operativa en 2028.

La conselleira hizo un repaso de las decenas de reuniones mantenidas desde que, en octubre de 2025, SAIC Motor se interesó por las alternativas existentes en Galicia para levantar su fábrica europea. La Xunta, relató, ofreció todas las zonas industriales de la comunidad y fue la empresa china la que optó por el puerto exterior de Ferrol. El Gobierno gallego asegura que la experiencia previa en automoción y la rapidez de los plazos de tramitación ofrecida fueron determinantes en la elección.

La Xunta asegura que también existe un compromiso por parte de la empresa china para que buena parte del aprovisionamiento tenga origen europeo. “No tiene mucha escapatoria”, dijo Lorenzana, que argumentó que importar los materiales supondría para SAIC tener que pagar los aranceles y que esta es precisamente una de las razones de que se quiera instalar en suelo europeo.

El proyecto inicia así su tramitación, que incluye análisis ambientales y los permisos de la Xunta, pero también, en paralelo, el otorgamiento de las concesiones portuarias y la autorización en el Consejo de Ministros de la inversión extranjera.

La reunión entre el comité de empresa y la dirección de Prysmian, fábrica de fibra óptica en Maliaño, ha concluido sin acuerdo, este miércoles, en el Organismo de Resolución de Conflictos Extrajudiciales (ORECLA).

El comité ha querido poner el foco en la situación que atraviesa actualmente la fábrica cántabra: ha perdido más de 80 puestos de trabajo en los últimos 12 años, pasando de 216 trabajadores a 138, con dos años de ERTE y 11 despidos en los últimos seis meses. El conflicto laboral se mantiene centrado en la negociación salarial del nuevo convenio: según denuncia el comité, la propuesta planteada por Prysmian contempla una congelación salarial para 2025 y 2026 y un IPC real con tope para 2027.

Pese a este panorama el comité de empresa ha explicado en una nota de prensa que la reunión en el Orecla ha sido “breve y decepcionante” y que la empresa ha llegado “sin ninguna propuesta concreta” a la mediación. Es más, lo único que ha llevado es una petición que, a juicio de la representación sindical, ha sido más bien una exigencia, una reunión con la comisión negociadora para presentar su propuesta el próximo martes, 2 de junio, en las propias instalaciones de la fábrica.

“Hemos aceptado porque tenemos voluntad negociadora y queremos llegar a un acuerdo, eso sí, no a cualquier precio. Hablaremos con la plantilla porque esta aceptación no quita que planteemos un nuevo calendario de paros. A la vista está que la situación sigue completamente bloqueada”, ha añadido Ismael Vega (CCOO), presidente del comité de empresa, según un comunicado del sindicato que representa Vega.

Para Vega, “acudíamos a la mediación en el ORECLA sin expectativas concretas pero con la intención de conocer la posición actual de la empresa porque desde hace un mes no ha habido ningún tipo de movimiento por su parte. De hecho, fue la última propuesta empresarial en abril la que provocó la convocatoria de huelgas actualmente en marcha”.

El comité de empresa señalaba antes del inicio de la reunión que llegaban con esperanza porque “pedir a los compañeros sacrificios y huelgas es duro, pero también expectantes porque necesitamos saber si la empresa quiere seguir instalada en el inmovilismo o empezar realmente a dar pasos hacia un acuerdo”, afirmaba el presidente del comité.

“Es totalmente injusto porque hablamos de una multinacional con importantes beneficios y únicamente estamos reclamando mantener el poder adquisitivo mediante la actualización conforme al IPC. No estamos pidiendo nada más”, ha subrayado Vega, que ha recordado que mañana jueves, 28 de mayo, tendrán el último paro de este primer calendario de movilizaciones.

La representación de los y las trabajadoras ha recordado que incluso en épocas de mayor actividad “se pidió a la plantilla contención salarial por solidaridad con otras partes del grupo y por eso ahora lo que pedimos es precisamente esa solidaridad hacia esta planta y hacia esta plantilla”.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que con el concurso de acreedores y el hecho de que se haya empezado a trabajar en la planta de Amurrio tras suspenderse la huelga indefinida se abre “una nueva etapa” para la atracción de inversores en Tubos Reunidos. Y ha adelantado que “hay inversores interesados en poder ayudar”, pero “no propuestas” concretas aún.

El consejero ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, casi en el momento en el que representantes de los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trápaga, por separado, comparecían en el Parlamento Vasco. El comité de empresa de la planta vizcaína ha señalado que su fábrica es viable en estos momentos y tiene carga de trabajo, por lo que han pedido que se posibilite que haya un inversor específico para Trápaga dentro del proceso concursal, atendiendo a que tienen una situación de partida diferente por el tipo de producto que fabrican.

Jauregi ha reiterado que “la solución” en Tubos Reunidos pasa por “la llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro” y, para ello, se requieren “dos condiciones” que lleva repitiendo a lo largo de toda la crisis de la empresa. Por un lado, que se logre la quita de la deuda, porque “nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso”, y también “la paz social”, ya que “nadie quiere comprar un piso en un vecindario con líos”. En su opinión, el concurso de acreedores “abre la puerta de una manera legal y ordenada a hacer esa reestructuración de la deuda, que antes no se podía hacer porque la Sepi, que es la mayor acreedora de Tubos Reunidos, decía que no podía reducir o hacer una quita en su deuda porque no tenía manera legal de hacerlo”. “Y ahora eso ya está en manos del administrador, ya va a hablar con todos los acreedores y empezar ya a activar la reestructuración de la deuda”, ha recordado.

Además, ha destacado que con la suspensión de la huelga indefinida en Amurrio se ha llegado a una “situación de mayor paz social”. “Celebramos que la gente esté trabajando, porque es importante conseguir que la actividad continúe por dos razones prioritarias en este momento. Una, que se genere suficiente caja para pagar las nóminas de los empleados, que sigamos haciendo suficiente caja, sacando la carga de trabajo adelante y la cartera de trabajo adelante. Y la segunda es para mantener la clientela, porque si los clientes se van a marchar si seguimos en una situación de nueva actividad”, ha apuntado.

Mientras tanto, los representantes del comité de empresa de Trápaga, la planta vizcaina, antigua Productos Tubulares, han pedido ayuda a los partidos políticos para garantizar la continuidad de a planta de Trápaga. Han indicado que la realidad de Tubos Reunidos “marcha a dos velocidades, Amurrio tiene una situación muy compleja, que va a requerir un concurso largo y difícil, mientras que Trápaga es una empresa viable hoy mismo, con capacidad tecnológica y comercial con futuro inmediato”, han indicado. Han asegurado que no quieren “mal para Amurrio, todo lo contrario”, han dicho. Y en este sentido, han considerado que estabilizar el nudo estratégico de Trápaga “servirá de palanca de tracción y dará el oxígeno necesario para consolidar también a Amurrio”. Por eso, han insistido en que “dejar avanzar cuanto antes a la planta de Trápaga es salvar empleo industrial real desde hoy mismo. Tiene carga de trabajo y clientes hoy, y así proteger la cadena de proveedores vascos y darnos margen financiero para buscar una solución para Amurrio. Les pedimos apoyo político y agilidad administrativa para facilitar la llegada de un socio inversor específico para Trápaga”, han señalado.

No obstante, han advertido de que cuentan con carga de trabajo para cuatro meses, pero que son unos pedidos que se pueden perder porque no tienen materia prima, porque no se puede comprar por falta de caja o porque no llega desde Amurrio por la huelga indefinida que se ha extendido desde marzo hasta este lunes. En este sentido, han insistido que se necesita una ayuda “inmediata”.

De forma previa, han comparecido en la comisión de Industria del Parlamento representantes del comité de empresa de Amurrio, que han criticado el “insuficiente papel de las instituciones públicas” hasta ahora para exigir transparencia a la dirección, y fiscalizar el dinero público inyectado a la empresa. Además, han esperado que el concurso permita un cambio de enfoque del ERE que se presentaba como “imprescindible, no ha solucionado nada”. Por eso, aunque han reconocido que el concurso “no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación” han señalado que al mismo tiempo, “abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas”. En este punto han enmarcado la suspensión de la huelga indefinida para “hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística”. Respecto a los posibles inversores, han indicado que deberían buscarse entre los accionistas, que han cobrado beneficios mientras se engordaba la deuda. En este punto, se han preguntado si desde la Sepi se sabía que “se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando”. Por ello han considerado que estos accionistas son los que deberían ahora reinvertir para salvar la empresa.

Dieciocho chimeneas de la planta de Tereos en Zaragoza, antigua Campo Ebro Industrial, y un persistente olor impulsan a los vecinos del barrio zaragozano del Picarral a seguir exigiendo que la última fábrica con calificación de “industria tolerada” inicie el proceso de traslado fuera de la ciudad, como lo han hecho el resto de compañías que en su día estuvieron instaladas en el área urbana.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende denuncia episodios recurrentes de olores intensos, ruidos nocturnos y vibraciones provocadas por la actividad industrial y logística. A ello se sumó la fuga de almidón registrada entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando una espuma blanca cubrió varias calles del barrio y disparó todavía más la desconfianza hacia la planta. También han tenido que ser selladas por la empresa varias alcantarillas de la calle Obón tras el escape de vapores hace unos meses por los sumideros que, según la empresa, son vahos no tóxicos que buscan una salida. Según Ana Lasierra, presidenta de la Asociación, el alcantarillado público tiene un límite y no debería permitirse el vertido industrial de la fábrica con importante volumen de residuo.

Esta ha sido la razón por la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha permitido que la empresa levante su propia depuradora pero la solución, lejos de recibir el visto bueno de los vecinos, ha avivado la polémica porque creen que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la instalación supone una ampliación de la actividad, que ahora se blinda por varias décadas más en la misma ubicación.

Sin embargo, la empresa niega que implique un aumento de la capacidad productiva ni de la actividad industrial, “que se mantiene dentro de los límites autorizados desde hace años”. Pero deja claro que no contempla su traslado a medio plazo, mientras que el Ayuntamiento argumenta que no puede obligarse al cierre de una actividad industrial que cumple la normativa vigente.

Modificación urbanística a costa del uso residencial

La Modificación Aislada del PGOU de Zaragoza recoge la ampliación del área industrial E-43, donde se encuentran las instalaciones de Tereos, incorporando terrenos que hasta ahora pertenecían a otra prevista originalmente para uso residencial con capacidad para 32 viviendas, zonas verdes y viales públicos ya urbanizados. Las obras de urbanización fueron cedidas y recibidas definitivamente por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2016. Además, el suelo residencial disponía de planeamiento aprobado e incluso de instrumentos de gestión urbanística ya inscritos registralmente.

Según la Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende, el Ayuntamiento ha vendido por 1.800 euros el terreno de una pequeña zona verde urbana, colindante al terreno donde se levantará la depuradora, convirtiéndolo en suelo industrial.

El equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Vox, justifica la modificación argumentando que la nueva planta de tratamiento de efluentes forma parte de los compromisos ambientales asumidos por Tereos para mejorar su proceso productivo y reducir el impacto ambiental de la actividad industrial, ya que además la planta vertía hasta ahora a la depuradora municipal de La Cartuja.

Igualmente, la empresa sostiene que la nueva planta de tratamiento es tan solo un proyecto ambiental asociado a la mejora de su producción. “Es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y modernización, permitiendo reducir la carga sobre la depuradora municipal, disminuir emisiones, optimizar el consumo de agua y mejorar la integración ambiental en el entorno”, explica Javier Pemán, director general de Tereos Zaragoza. Unido a la digitalización de sus procesos industriales, detalla que este proyecto permitirá en una primera fase una reducción del consumo de agua cercana al 15%, gracias a la posibilidad de reutilización, así como una disminución de las emisiones de CO₂ de hasta 1.100 toneladas anuales.

60 años de actividad y problemas de tráfico

La empresa nació en 1964 bajo el nombre de Campo Ebro Industrial e inició su actividad cuando el entorno del Picarral todavía conservaba un marcado carácter industrial y la presión residencial era muy inferior a la actual. Con el crecimiento urbanístico de Zaragoza durante las últimas décadas, la fábrica ha quedado completamente encastrada en mitad del barrio, entre la avenida Salvador Allende y la trasera residencial del Picarral, convertida en una de las escasas grandes industrias que siguen integradas dentro de la trama urbana consolidada.

En el barrio residen muchos de los más de 200 trabajadores de la firma. Las viviendas de los primeros obreros de la fábrica se instalaron en calles sin asfaltar y carecían de red de saneamiento. Ahora, conviven con nuevas promociones, de forma que todas ellas rodean la fábrica.

Actualmente, la planta pertenece al grupo cooperativo francés Tereos Starch & Sweeteners Iberia, uno de los mayores productores mundiales de azúcar y derivados del almidón. Su actividad consiste en el procesado de maíz para fabricar almidones, glucosas y productos destinados a la industria alimentaria, farmacéutica, papelera y química.

Aunque no está considerada una industria especialmente contaminante ni trabaja con productos químicos peligrosos, los vecinos sostienen que sí resulta altamente molesta por los olores derivados de la fermentación del maíz, el funcionamiento continuo de la planta y el intenso tráfico de camiones pesados que atraviesa diariamente calles ya plenamente urbanizadas. Alrededor de 100 vehículos pesados circulan diariamente por esta zona del casco urbano a partir de las 06.00 horas, en cuyas proximidades hay tres residencias de mayores, un colegio, un instituto y una guardería.

Aunque las protestas van ligadas a la propia historia de la compañía, el último conflicto surge en mayo de 2025, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), diseñada específicamente para permitir la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) dentro del recinto fabril, una mejora técnica que reducirá el impacto sobre la red de saneamiento de la ciudad.

La operación recibió además un fuerte respaldo institucional cuando el Ministerio de Industria adjudicó en abril de 2026 ayudas públicas por valor de casi 8 millones de euros destinadas a modernizar y hacer más sostenible la actividad de la planta. Para los residentes del Picarral, estas inversiones suponen la confirmación definitiva de que no existe ningún plan de traslado a corto o medio plazo.

Industria tolerada y ofensiva jurídica

Tereos comparte con Instalaza, La Zaragozana y Averly la singular calificación de “industria tolerada”, una figura reservada a empresas históricas que permanecieron en la ciudad mientras el crecimiento urbano acababa rodeándolas. En teoría, este tipo de actividades pueden seguir funcionando, pero bajo la premisa de que su permanencia es provisional y de que el destino final del suelo debe ser residencial o de zonas verdes.

Tereos será la única de las cuatro que seguirá en su ubicación actual después de que Instalaza haya iniciado ya el proceso para abandonar su histórica ubicación urbana y trasladarse fuera de la ciudad.

Para la asociación vecinal “ha sido el colmo” y lo que ha provocado la reacción del barrio ya resignado a convivir con ella, “es que se les permita ampliar el suelo industrial en el casco urbano”- Los vecinos consideran que la autorización de la depuradora rompe completamente la lógica de provisionalidad asociada a las industrias toleradas y convierte de facto a la fábrica en una instalación permanente dentro del barrio que puede perpetuarse otros 30 o 40 años y dificulta el traslado de la misma a suelo industrial municipal, “que es lo que se tenía que haber empezado a trabajar y negociar hace muchos años, asegurando los puestos de trabajo, como se ha hecho con Instalaza”, compara la representante vecinal. Por ello, presentaron alegaciones acompañadas de 1.500 firmas que el Ayuntamiento desestimó y aprobó definitivamente la modificación urbanística.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende sostiene que se trata de una ampliación de la actividad, pese a los argumentos del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, porque en el propio proyecto de la depuradora presentado por la empresa deja muy claro que esta planta depuradora generará biogás que utilizaran en su proceso de producción y por tanto, sí se realiza actividad en la nueva instalación“. A su juicio, la ampliación del suelo industrial para esta actividad ”es algo insostenible en cualquier ciudad, a quince minutos de la Plaza del Pilar“. Y pretenden llegar hasta el final si tiene que resolverlo un juzgado ”como ya lo ha hecho con la Torre Outlet de Pikolin, que por cuatro veces ha sentenciado que el Ayuntamiento no puede hacer lo que quiera“, explica la presidenta, Ana Lasierra

Una vez hecha la recalificación por el Ayuntamiento, los vecinos esperan conocer la solicitud de la licencia de obras para valorar el tipo de instalación que se construirá y estudiar judicialmente si es legítimo colocar esta planta de tratamientos de vertidos industriales en el casco urbano y tan próximo a las viviendas. “Tras asesorarnos jurídicamente de normas estatales y europeas, haremos todo lo posible tras estudiar la licencia, para paralizar semejante aberración con la que en el Picarral no estamos dispuestos a convivir, y seguiremos luchando para que la fábrica salga del barrio y no sigamos soportando ruido, olores, contaminación y el paso de cientos de camiones por nuestras calles”, explica Lasierra.

Además, solicitarán que el ayuntamiento cree una mesa de trabajo con técnicos, empresa, partidos políticos y vecinos para comenzar a elaborar un plan que facilite a la empresa Tereos instalarse en suelo industrial municipal, “que es dónde debería de estar”.

Así, más de seis décadas después de su llegada al Picarral, la antigua Campo Ebro sigue simbolizando uno de los mayores dilemas urbanísticos de Zaragoza: la convivencia entre la industria histórica y una ciudad que ha terminado creciendo a su alrededor.

Os ventos da historia e da xeopolítica tamén pasan sobre a Terra Chá. Cando eu estaba saíndo da nenez moita xente da comarca atopaba unha saída laboral na industria ferrolá. Primeiro foi, a fins dos sesenta e comezos dos setenta, Astano. O desnivel entre o que se gañaba en Ferrol e o que podía gañarse na bisbarra era tal que o resentimento atopaba expresión no comentario, mil veces escoitado nos bares, de que os obreiros dos asteleiros “tiran os ferodos á ría”. Iso era o summum do malbarate. Aqueles obreiros, cos seus elevados salarios, inxuriaban sen querer aos que quedaban. Cubatas&coches&tvs marcaron naqueles anos unha nova era do consumo. Despois, case inmediatamente, veu a construción da central térmica das Pontes que supuxo unha nova febre do ouro. Limitada, pero febre á fin e ao cabo.

Vilalba estaba cambiando a súa función dentro do esquema do territorio. De ser vila cabezaleira da Terra Chá pasaba a ser epifenómeno de Ferrol e As Pontes e máis alá. Un “máis alá” no que se resume un tempo de transformación e no que caben tantas cousas. Ningunha vila ou cidade está ao marxe do percorrido universal. Non hai burbullas. O curioso é que os asteleiros ferroláns pasaron de ser a Meca a entrar en crise case inmediatamente. A partires de 1983 a crise do sector naval fixo que a cidade entrara nun declive prolongado. O noso Detroit, para dicilo na sentencia establecida, tivo nunha canción de Los Limones algo así como un himno elexíaco. A economía ten moito que ver coas emocións, e as expectativas no Ferrol estaban por debaixo de cero.

Os camiños do Señor son inescrutábeis e corenta anos e pico despois semella que estamos nun novo xiro dos tempos. As cidades son un estado de ánimo, dixo Robert Park, e o sucederse das cousas tal vez cambie o de Ferrol. Navantia ten carga de traballo ata ben entrada a próxima década por mor da construción de fragatas e outros buques militares, unha derivada das tensións que ameazan o planeta. A descarbonización e a necesidade de novas fontes de enerxía insta á fabricación de plataformas mariñas flotantes para os muíños eólicos na UE. As dúas cousas son realidades operativas que marcarán o futuro inmediato de Ferrolterra. Ao final, as instalacións e o 'know how' da comarca atopan unha saída, máis aló de empresas como Megasa, Cándido Hermida, Pull&Bear, Imegasa ou Forestal do Atlántico.

A inflexión na globalización e a normativa comunitaria están decidindo a China a producir coches eléctricos, ámbito no que son líderes, en Europa e parece que MG se vai decidir por Ferrol para instalar unha fábrica. É algo que non está confirmado, pero ao parecer existen altas probabilidades de que se ratifique. De ser así, como o expresa Daniel Hermosilla, a área de Ferrol pode volver vivir “tempos de gloria”. Semella que tamén As Pontes pode obter algo da nova división internacional do traballo.

Ese xiro dos tempos acentuaría aínda máis a idea de que o tramo Ferrol-A Coruña é a actuación máis importante do trazado ferroviario en Galicia. Precisa dunha acción decidida, non só para mellorar a liña, senón para substituír o actual trazado e poñelo á altura das necesidades do século XXI. De haber servizos rápidos, a demanda multiplicaríase, como foi o caso do eixo ferroviario entre A Coruña e Vigo, que debe ser completado ata Ferrol. A área urbana delimitada polas dúas cidades daría un enorme salto adiante e o tren axudaría articular os concellos intermedios. Estamos falando dunha poboación aproximada de 650.000 habitantes.

A escala é importante e a estas alturas debería estar claro que a ordenación do territorio e a planificación pública ten que facer da Coruña-Ferrol -a Cidade das Rías de Albalat- unha única área urbana. A masa crítica é importante e caben poucas dúbidas do enorme impacto positivo que podería significar en termos económicos e sociais. É incomprensible que unha axeitada comunicación por ferrocarril non sexa un obxectivo prioritario. Tamén as liñas de cercanías han de selo, non só na dirección de Ferrol senón cara Arteixo e Carballo. Parece que o ministerio de transportes traballa nun plan de tren de proximidade para Galicia, instado polo BNG. Benvido sexa.

Os poucos vanse asentando na conciencia pública, incluída a mente da administración, determinadas realidades. Nun recente encontro de enxeñeiros galegos e portugueses, no que estaba presente o vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, poñíanse sobre a mesa a necesidade da conexión do corredor atlántico por tren a Ferrol; o AVE Porto/Vigo; autopistas ferroviarias de mercadorías, a xestión conxunta dos aeroportos galegos, e mesmo a súa coordinación co de Porto. É unha axenda interesante, non moi distinta da que está postulada no meu libro Unha Nova Olanda: de Ferrol a Porto (Galaxia, 2021). Unha das funcións do traballo intelectual é a de intentar ser a roda pequena que move a roda grande dentro da sofisticada maquinaria social.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) espera aprobar este año la planificación energética imprescindible para el proyecto del centro de datos Altamira, según ha reiterado en varias ocasiones el consejero de Empleo e Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP). El proyecto precisa una potencia de 500 megawatios de los 3.800 contemplados para centros de datos de toda España, que se concederán en el marco del plan para el periodo 2025-2030 y que está en la actualidad en tramitación.

El departamento que dirige Sara Aagesen estudia las 1.200 alegaciones presentadas. Otra cosa es -como precisan las fuentes consultadas por Europa Press - que tras las alegaciones se incluya la línea eléctrica que precisa el proyecto Altamira: “La propuesta a información pública cambia y no es bueno dar nada por seguro”.

Arasti aseguró la semana pasada que este centro de datos, que prevé una inversión privada de 3.600 millones de euros, “solo” necesita la autorización del MITECO para conectarse a la red eléctrica. Si la obtiene, dijo, el proyecto se hará “con rapidez”, pero si no, la actuación se irá a “otro país”, alertó. Sin embargo, todavía falta también por recibir el preceptivo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para remitir después la propuesta a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para su aprobación y, posteriormente, ha de elevarse al Consejo de Ministros para que entre en vigor.

Según fuentes del MITECO, “faltan meses” de tramitación y hay plazos que “no dependen” del MITECO, como los informes citados, aunque desde el MITECO esperan que la planificación energética esté aprobada este año.

Según defendió el consejero en una rueda de prensa, en la que negó “engaño” del Gobierno cántabro con este proyecto ante las críticas de la oposición y más en concreto del PRC, se trata de un proyecto “muy maduro”, ya que incluso los promotores han comprado por 9,5 millones de euros los terrenos en Piélagos y Villaescusa para la primera fase de desarrollo del campus tecnológico incluso sin tener esa autorización administrativa.

Los trabajadores del metal de la provincia de Pontevedra han vuelto a salir este miércoles a la calle en una nueva jornada de huelga, la segunda, para exigir un convenio colectivo digno, y con un seguimiento total, según han incidido los sindicatos.

Así, según recoge Europa Press, en esta jornada de nuevo miles de personas se han manifiestado por las calles de Vigo, en una marcha a la que también se han unido trabajadores del sector del comercio del metal, que igualmente están en huelga este miércoles.

Los representantes de CC.OO, CIG y UGT han confirmado que, por el momento, la patronal no les ha contactado para retomar la negociación, y han matizado que la parte social tiene “interés” en desbloquear la situación, pero se encuentra con la “cabezonería” de los empresarios. En este escenario, ha advertido Santiago García (CC.OO.), “si se sigue en esta situación, la tensión se va a incrementar”.

Xulio Fernández, responsable comarcal de CIG Industria, ha explicado que, con todo, la convocatoria de una huelga indefinida no está sobre la mesa en este momento. “Hay que mantener la cabeza fría e ir viendo como modulamos en cada momento el tipo de huelga”, ha apuntado, y ha señalado que, en cualquier caso, la movilización continuará si la patronal no se aviene a negociar “de buena fe”.

Por su parte, Cristian González (UGT), ha afirmado que esta segunda jornada de huelga es “una llamada de atención a la patronal para que se lo tome en serio” y les convoque a la mesa negociadora, con el fin de llegar a un acuerdo que recoja sus demandas económicas y de mejora de las condiciones laborales. Así, ha recordado que las empresas alertan de la falta de personal cualificado y les ha instado a preguntarse el “por qué” de ese déficit.

Tras la manifestación, los trabajadores se han reunido en una asamblea en la plaza de la Estrella, donde los portavoces de los sindicatos han hecho un llamamiento a mantener la unidad y a reforzar la acción de los piquetes para mantener la actividad totalmente parada en los días de huelga. “Tenemos una guerra con la patronal, y tenemos que ganar esta batalla, por lo civil o por lo criminal, con unidad, disciplina y organización”, ha proclamado Xulio Fernández.

La patronal, convoca

La patronal del Metal de la provincia de Pontevedra ha convocado a los sindicatos para el viernes a una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo, para retomar los contactos tras las jornadas de huelga (la tercera será este jueves), y ha vuelto a lamentar que, a estas alturas, tras más de una docena de encuentros, no se haya alcanzado un preacuerdo.

Las asociaciones Asime, ATRA e Instaelectra han cifrado el seguimiento del paro este miércoles en un 60% y han denunciado la acción de los piquetes y el hecho de que “la violencia va en aumento”.

Así, han señalado que “no se está respetando el derecho al trabajo”, ya que los piquetes “están cerrando empresas a la fuerza y bloqueando los accesos”. A esto se unen, han afirmado, algunos actos vandálicos, como “robo de llaves de maquinaria en una nave” o la “expulsión de trabajadores entre insultos y amenazas”.

Con todo, la patronal ha reiterado su apuesta por la negociación y ha asegurado que mantiene su “voluntad de diálogo” para alcanzar “una solución equilibrada”. Por ello, han convocado una nueva reunión de la mesa de negociación y han apelado a la “responsabilidad” de los sindicatos para poner fin al conflicto, “que perjudica tanto a las empresas como a los propios trabajadores”.

La formación política Cantabristas ha criticado el “ridículo histórico” que está haciendo el Gobierno del PP de la presidenta Buruaga con el “humo en el que se ha convertido el centro de datos Altamira” y consideran que a la luz de la información que el propio ejecutivo autónomico va ofreciendo, el proyectado centro tecnológico “va a terminar en nada”.

Desde el partido, han recordado que Buruaga anunció que las obras comenzarían en el pasado enero de este año y que, incluso, “creó una figura legislativa ad hoc (Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria) para aupar al centro de datos, por no mencionar las portadas en periódicos que rellenó para promocionar su proyecto estrella”.

Anticipándose a la “maquinaria publicitaria del PP, el secretario general Paulu Lobete vaticina que ahora el Gobierno de Buruaga ”se enrocará“ en la excusa de que todo ha salido mal por culpa del gobierno central. ”Por culpa del famoso enchufe, la conexión energética necesaria para llevar adelante el proyecto“, explica. Sin embargo, Lobete ha cuestionado que, si la conexión eléctrica no estaba garantizada desde un inicio ”¿por qué Buruaga estuvo anunciando a bombo y platillo un proyecto de 3.600 millones de euros diciendo que era el proyecto de la legislatura y la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria?“.

El partido cantabrista, que desde un inicio dijo que el centro de datos Altamira parecía un proyecto “especulativo y poco realista”, también había mostrado su rechazo al mismo, argumentando sus “desastrosas consecuencias medioambientales” y el escaso beneficio que -en su opinión- ofrecen este tipo de proyectos a nivel de generación de empleo para la población local.

Para Lobete, el PP de Buruaga sencillamente “ha estado utilizando el centro de datos Altamira a sabiendas de que en realidad no tenían nada para sacar rédito político y fingir que hacen cosas para ocultar su absoluta inoperancia”.

El Ayuntamiento de Manjarrés se ha mantenido prácticamente en silencio durante semanas en torno a la posible instalación de una macrofábrica de prefabricados de hormigón que el vecindario en contra y el Gobierno de La Rioja declarándolo proyecto de interés estretégico. Días después de conocerse el rechazo de la empresa a construir la industria, el consistorio se atribuye ahora la marcha atrás del proyecto señalando que “ha primado la unión del pueblo por encima de cualquier interés empresarial”.

Las parcelas en las que se iba a instalar esta fábrica, que duplicaba en superficie al tamaño del casco urbano del pueblo, son municipales y se los comprarían al Ayuntamiento. “La empresa busca suelo a precio ”low cost“ cuando existe mucha superficie en diversos polígonos industriales de La Rioja”, subrayaron las críticas de Amigos de la Tierra La Rioja y el vecindario al proyecto.

Ahora el Ayuntamiento ha explicado en una nota de prensa del PP de Manjarrés que “la decisión de no vender a la empresa los terrenos sobre los que se iba a instalar una planta de prefabricados de hormigón fue adoptada de forma unánime por la Corporación municipal”. Una decisión que justifican con la intensión de que “prevalezca la concordia en el municipio por encima de todo lo demás”.

Sin embargo, después de semanas de protestas y todavía con el proyecto de la variante en el aire, no parece quedar rastro de esa unión del pueblo que la alcaldesa quería primar y las posturas siguen enfrentadas. Este mismo miércoles, la portavoz de la plataforma contra la fábrica y la variante, Laura Velasco, denunciaba que había sufrido un acto vandálico en su casa, donde le había roto los cristales.

Por su parte, la alcaldesa, Pilar Martínez, subraya “el firme compromiso del PP, de su Ayuntamiento y del Gobierno regional con la realidad social de este municipio de la comarca de Nájera, asentado de manera muy sólida en el sector primario y la industria agroganadera”, aunque el pasado mes de marzo el mismo Gobierno de La Rioja impulsaba la fábrica declarándola PIER. Igualmente, la alcaldesa defiende su actitud de “total transparencia en todo lo tocante a esta actuación” a pesar de que durante los últimos meses el vecindario ha denunciado la falta de información.

“El proyecto industrial de Soprein, que habría supuesto una oportunidad para el empleo, la actividad económica y el desarrollo industrial de la zona”, asegura el PP de Manjarrés, que asimismo reconoce que “no estaba exento de la inquietud de los vecinos por cómo podía influir su desarrollo presente y futuro en la preservación del medio ambiente”. Por ello, según justifican, el Ayuntamiento ha decidido renunciar a la venta de las parcelas, “lo que ha condicionado que la empresa renuncie definitivamente a su proyecto en la localidad”.

Renault España ha anunciado este jueves que pone “en suspenso” la adjudicación de nuevos vehículos a las plantas españolas de fabricación ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio.

Durante la décima reunión de la mesa negociadora del convenio 2026-2028, celebrada este jueves, la dirección de Renault España ha presentado a los sindicatos la última oferta que, como ha precisado en un comunicado de prensa, “hubiese permitido la adjudicación inmediata de nuevos vehículos y la nueva plataforma del Grupo a las factorías españolas”.

Al no haber llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales, la dirección ha anunciado que “se ve obligada a suspender la adjudicación de vehículos a España, abriendo la posibilidad a otras ubicaciones en el aparato industrial global del Grupo”.

Esto supone un nuevo escenario de “bajada de producción, sin llegada de nuevos productos y sin compromiso de mantenimiento del empleo”, ha advertido.

Según la empresa, este jueves ha siso presentada “la última oferta posible” que recoge mejoras en aspectos salariales, de empleo y flexibilidad, así como en acuerdos complementarios, respecto a la anterior propuesta, “demostrando su intención de llegar a un acuerdo que posibilitase la adjudicación de vehículos”.

En concreto se había hablado de la adjudicación efectiva de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia -dos de los cuales serían multienergy platform y un vehículo hybrid long life- y de la continuidad de dos vehículos hybrid long life para la factoría de Valladolid. 

El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti (PP), ha anunciado su “máximo” apoyo al comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón, ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la compañía va a presentar y que afecta a 301 trabajadores en en España, aunque en Cantabria se desconoce el impacto.

Por esta “incertidumbre”, Arasti ha mantenido un encuentro con el comité, celebrado un día antes de la primera reunión entre el comité y la dirección de Nestlé. Este encuentro ha sucedido después de que el consejero haya mantenido una primera comunicación con la dirección de la empresa en Barcelona y con la directora de la fábrica en Cantabria, Diana del Campo, para escucharlos y conocer de la situación.

Según ha detallado en nota de prensa, ambas partes le han trasladado que el ERE es consecuencia del impacto de los cambios en los hábitos de consumo --con el aumento de las marcas blancas-- y de la subida de las materias primas, como la leche, el cacao y el café, entre otros.

“Estamos a su disposición”, ha dicho Arasti, quien ha dado su apoyo a las peticiones del comité, a la vez que ha señalado que en este caso el Gobierno colabora con el Ministerio de Industria porque “afecta a varias fábricas”.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Juan Miguel González, ha mostrado su rechazo al ERE y ha afirmado que tratarán de evitar los despidos y reclamar las mejores condiciones. Al tiempo, ha considerado que el expediente “es difícil de entender” dado “los buenos resultados de la fábrica”.

Volkswagen Navarra prevé una contratación de entre 500 y 1.000 trabajadores por las buenas previsiones de fabricación para el año 2027. Los modelos eléctricos de la marca alemana y su filial checa Skoda, están teniendo “buena acogida” y la dirección de Volkswagen baraja una producción en la fábrica de Landaben de entre 340.000 y 380.000 coches para el año que viene que le obligará a aumentar la actual plantilla, conformada por unos 4.800 empleados.

Así se lo ha trasladado este jueves la dirección de Volkswagen Navarra al secretariado del comité de empresa (UGT y CCOO) en una reunión en la que ha informado que “las previsiones de producción para el año 2027 son de muy altos volúmenes de fabricación”. Con todo mantiene “en estos momentos el carácter provisional de los datos, ya que aún queda tiempo hasta la confirmación definitiva, que será en el mes de octubre”, según han explicado las dos organizaciones sindicales en una nota.

En el encuentro, se ha trasladado la necesidad de iniciar un proceso de selección, formación y capacitación de personal, ya que, “de confirmarse los altos volúmenes de fabricación, se necesita comenzar el proceso a partir de la próxima semana e ir buscando la herramienta más adecuada”, han explicado los sindicatos.

La dirección de la empresa ha trasladado en la reunión que este hecho es “un nuevo reto añadido” a los que ya tiene actualmente, los lanzamientos de los dos vehículos eléctricos. “Es decir, además de los lanzamientos fechados en el mes de junio (el Skoda Epiq) y en septiembre (el ID Cross), ahora nos toca prepararnos para la posibilidad de altos volúmenes de fabricación para el año 2027”, ha señalado.

Los “altos volúmenes de producción” significan que, a partir de la próxima semana, se inicia un proceso de selección, formación y capacitación de personal interno y externo para cubrir las necesidades de especialidades profesionales: electromecánicos, chapistas, guarnecedores, etc.

Desde las secciones sindicales de UGT y CCOO han valorado “muy positivamente” esta noticia, ya que “la señal” que se les traslada es que los productos fabricados en Navarra “están teniendo una buena acogida por los futuros clientes, y esto tiene ya un efecto muy importante para la potenciación del empleo actual y futuro”.

Las secciones sindicales de UGT y CCOO trabajarán en dos escenarios, según han explicado. El primer escenario es “si las producciones se sitúan hasta 340.000”. Ante esta posibilidad, la medida de aplicación, a su juicio, sería “los desplazamientos de pausas mejorados” (5+1), lo cual “traería consigo un volumen de contratación en torno a 500 personas”.

El segundo escenario sería con producciones superiores a los 340.000 coches y, en esta posibilidad, la medida de aplicación sería un turno de fin de semana en toda la fábrica, lo cual implicaría la necesidad de en torno a 1.000 trabajadores para la realización de dicha producción.

“Somos conscientes de que este hecho supone una prueba más a superar. También tenemos en cuenta el carácter provisional de esta noticia, pero, independientemente de ello, se inicia ya el trabajo de selección de personal para estar preparados cuando llegue el momento”, han indicado.

Ante “estos volúmenes de producción y empleo”, ambos sindicatos consideran que deben “trabajar coordinadamente con el Gobierno de Navarra, la comunidad educativa y formativa (esencialmente escuelas de formación profesional) y los agentes sociales para que este proceso sea sostenible y equilibrado”.

La Inspección de Trabajo del Gobierno vasco ha dado el visto bueno al ERE de Tubos Reunidos, que afectará finalmente a un total de 242 personas, frente a las 301 que había previsto inicialmente. En su informe, este organismo considera que el ERE “cumple sustancialmente los requisitos legales y que concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación”, y no aprecia “indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho” en la tramitación del despido colectivo. Lo que sí constata el inspector es el “deterioro progresivo” de la situación económica de la empresa con fuertes pérdidas en 2025, 118 millones, y una deuda financiera de 263,2 millones, y apunta a que existe “causa legal de disolución”.

También precisa la Inspección que no se desprenden elementos que permitan considerar que la decisión de Tubos Reunidos tenga por finalidad “la obtención indebida de prestaciones por desempleo” por parte de los trabajadores y considera que el proceso negociador se desarrolló en los términos “legalmente exigentes”. “No hay elementos suficientemente objetivos que permitan afirmar de forma concluyente la inexistencia de negociación efectiva ni la concurrencia de mala fe negociadora” de acuerdo a lo que exige la normativa. Además, tampoco observa elementos que permitan concluir la existencia de “coacción o imposición” en la adscripción voluntaria.

Aunque señala que buena parte de la base de la empresa para presentar el ERE está en previsiones económicas para los próximos ejercicios, colocándose en el peor de los escenarios posible, constata que al cierre del ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros), por lo que existe “causa legal de disolución” conforme al artículo 363.1.e del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital“.

Además, recoge también las previsiones de pérdidas hasta 2028, con pérdidas acumuladas en el periodo de 64,7 millones euros en el Ebitda y 120,6 millones euro a nivel de EBIT. Por ello, la empresa concluye que la situación económica prevista en Tubos Reunidos “redunda en evidenciar la inviabilidad del proyecto empresarial en su actual configuración” y que concurre la causa económica prevista en el artículo 51 ET“, que establece que un despido es colectivo cuando la extinción de contratos se funda en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

El informe no es vinculante, pero sí puede tener importancia si finalmente el ERE se judicializa. ELA, LAB y ESK mantienen su intención de impugnar el expediente de regulación.

El informe de la Inspección se ha conocido cuando los sindicatos mantenían un encuentro con el departamento de Industria al que han pedido que medie para que el comité de empresa pueda mantener una reunión con Sepi. Los sindicatos han coincidido en criticar la falta de soluciones aportadas por el Gobierno vasco, que “no asume responsabilidades”, han criticado. Desde el Gobierno vasco, que ha estado representado por el viceconsejero Andoitz Korta, han insistido en el que problema de la empresa radica en la deuda, y han trasladado a las centrales, lo que ya se sabía, que Sepi insiste en la imposibilidad legal de una reestructuración o quita de la deuda, pero que sí ofrece una refinanciación, algo que al parecer no es suficiente en la actual situación de la empresa. El viceconsejero ha reiterado que la empresa necesita un nuevo inversor y “nadie va a comprar un piso con una hipoteca que es cinco veces mayor que su valor. En Tubos Reunidos, cada mes, sale más dinero del que entra y esto genera más deuda”, ha señalado en su reunión con las centrales.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cerrado este miércoles en China, en compañía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inversión de 405 millones de euros de la empresa Hithium para instalar en la comunidad foral una fábrica de baterías de almacenamiento eléctrico que generará más de 700 empleos directos. Con el acuerdo sellado este martes, Navarra y la empresa china se comprometen a avanzar en “el desarrollo, construcción y operación” de la futura gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

El texto señala en este sentido que esta iniciativa supondrá “una contribución sustancial a la transición energética verde de Europa, al tiempo que reforzará la sólida cooperación económica y comercial entre China y España”. 

Durante el encuentro, la presidenta Chivite ha incidido en que, “aunque todavía quedan pasos y detalles por concretar”, la inversión “va a materializarse en la comunidad, lo que supone una buena noticia para todos los navarros y navarras”. Ha adelantado asimismo que la previsión de la empresa es que pueda empezar a producir en el año 2027. 

Chivite ha destacado además que Navarra tiene experiencia en la materialización de proyectos extranjeros, y ha remarcado la seriedad de la comunidad a la hora de trabajar, la cercanía de las instituciones y el fortalecimiento de los ecosistemas navarros que suponen estas inversiones. 

Por su parte, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha remarcado que el acuerdo alcanzado ha sido resultado de una “labor intensa de más de tres años de contacto directo, de siete visitas de los representantes chinos a Navarra y de cuatro viajes a China de delegaciones del Ejecutivo foral”. En este sentido, ha destacado que la comunidad ha sido escogida para este proyecto por su ecosistema industrial, en concreto, “los servicios de ingeniería que ofrece, su nivel de centros tecnológicos, servicios industriales, capacitación, universidades y formación profesional”. 

En la reunión, además de la delegación navarra, ha participado por parte de la compañía el doctor Qi Tang, director de Estrategia de Hithium, que ha afirmado que el acuerdo marca un “hito” en la inversión de la empresa china en Navarra. Tang ha valorado así positivamente las relaciones entre China y España, y ha manifestado la intención de Hithium de poner en marcha el proyecto “tan pronto como sea posible”. 

“Creemos que tanto Navarra como España ofrecen la atmósfera comercial correcta para nosotros y para otras compañías chinas para desarrollar sus negocios en Europa”, ha explicado, al tiempo que ha mostrado su confianza en que el proyecto de la futura fábrica de baterías en Navarra “será muy exitoso”. 

Asimismo, Tang ha destacado que una de las razones para la elección de Navarra ha sido la “eficiencia de las autoridades navarras en el proceso”, así como el “fuerte apoyo” mostrado por las mismas durante la toma decisiones. 

El pasado noviembre, durante la anterior misión comercial que realizó el Gobierno de Navarra a China, la Presidenta Chivite pudo visitar también las instalaciones de la empresa en Chongqing. Posteriormente, este marzo la compañía china anunció su intención de construir una gigafábrica en Navarra, destinada tanto a la fabricación de celdas como al ensamblaje de sistemas de almacenamiento en baterías estacionarias, con una inversión total de 400 millones de euros. 

En esta misma línea, se celebró también el pasado 10 de marzo una reunión en el Palacio de Navarra entre la Presidenta Chivite, el consejero Irujo, el director de inversiones de Hithium Energy Storage, Hao Wang, y la directora legal de la compañía Lily Lu.

Hithium es una empresa china fundada en el año 2019, con sede en Xiamen. Cuenta con instalaciones de producción de baterías en Xiamen, Chongqing y Heze en China y Dallas en EEUU. La nueva fábrica supondrá por tanto la segunda ubicación de esta empresa fuera de China, y la primera en la Unión Europea.

La compañía energética china está especializada en concreto en sistemas de almacenamiento de energía estacionaria (BESS), y cuenta con múltiples centros de I+D+i y plantas de producción. En la actualidad, está posicionándose entre los principales actores globales del sector de baterías de gran escala para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos. Se trata de la empresa líder en este sector en China, y la número dos del mundo.

NewCold, compañía global especializada en logística frigorífica automatizada y soluciones avanzadas de cadena de suministro, ha anunciado el inicio de la construcción de su primera instalación logística en España, ubicada en el Parque Tecnológico Logístico de Noblejas, en Toledo. El proyecto representa una inversión de 100 millones de euros y creará 60 empleos directos una vez esté en funcionamiento, además de generar un impacto económico indirecto significativo en la zona.

El acto de colocación de la primera piedra ha estado presidido por Tomás Jolín, Country Manager de NewCold en España, junto con el CEO y fundador, Bram Hage, y Jonas Swarttouw, Managing Director Europe de NewCold, acompañados por Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas; Carlos Ángel Devia, Subdelegado del Gobierno de España en Toledo; y Santiago Baeza, Director General de Empresas, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Durante el evento, los participantes depositaron en una cápsula del tiempo monedas en curso, la prensa del día y el acta oficial del proyecto antes de proceder a su enterramiento.

“En NewCold invertimos con propósito: para ofrecer a nuestros clientes la eficiencia, la fiabilidad y la sostenibilidad que necesitan para crecer. Nuestra nueva instalación en Madrid será uno de los centros automatizados de cadena de frío más avanzados de Europa”, afirmó Bram Hage, fundador y CEO de NewCold.

Un “compromiso” de industrializar el municipio

La futura instalación incorporará la última generación de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS RS), así como otros sistemas como picking robotizado y ATL, diseñados para maximizar la eficiencia operativa, reducir el consumo energético y garantizar los más altos estándares de seguridad alimentaria.

“España es un mercado estratégico clave para nuestros clientes, muchos de los cuales están creciendo rápidamente en el sur de Europa”, señaló Jonas Swarttouw, Managing Director Europe de NewCold. “Nuestra instalación cerca de Madrid será un nodo importante dentro de nuestra red europea integrada de almacenes frigoríficos automatizados y transporte, lo que permitirá generar sinergias logísticas para productores, distribuidores y minoristas.”

Por su parte, Tomás Jolín, Country Manager de NewCold en España, destacó que “estar presentes en España es una parte fundamental de la estrategia de crecimiento europeo de NewCold. Nuestros clientes demandan cada vez más infraestructuras logísticas resilientes y energéticamente eficientes, y esta instalación nos permitirá responder a esas necesidades con los más altos estándares de calidad e innovación.”

Desde el ámbito institucional, el proyecto ha sido recibido como una inversión “de alto valor añadido” para los sectores industrial y logístico de la región, por su capacidad “para atraer actividad económica, fomentar empleo cualificado y reforzar el posicionamiento” de Noblejas como un enclave “estratégico” para la distribución en cadena de frío. “Este proyecto continúa el compromiso que asumimos hace muchos años para industrializar el municipio, crear suelo industrial y generar empleo, riqueza y actividad económica. La llegada de NewCold nos permitirá crear nuevos puestos de trabajo de calidad en torno al sector logístico”, explicó Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas.

Asimismo, subrayó que “este proyecto consolida la apuesta por un modelo de desarrollo industrial moderno, sostenible y generador de empleo, alineado con la transformación logística y económica de la región.”

La nueva instalación se integrará en la red global de NewCold, que presta servicio a reconocidas empresas alimentarias en más de una docena de países.

El Gobierno vasco espera cerrar un acuerdo “de forma inminente” con “dos inversores industriales” para generar 400 puestos de trabajo en las antiguas plantas de Guardian y Glavista, ambas en Llodio. Según ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, el acuerdo supondrá una inversión de entre 80 y 85 millones de euros, pero está pendiente de la firma de “ocho preacuerdos condicionados y vinculantes entre sí”. “O todo se acuerda o no hay acuerdo”, ha indicado. Ha adelantado que los preacuerdos correspondientes al Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava ya están cerrados“ pero ha apelado a la ”responsabilidad de todas las partes para que puedan cerrar sus preacuerdos correspondientes por el bien de Aiaraldea y su futuro industrial“.

La confirmación por parte del Gobierno vasco llega después de que 'El Correo' adelantara que estas empresas posibles socios industriales son el grupo francés Vitro Service France (VSF) y la empresa alicantina Gaviota. El consejero no ha querido confirmar el nombre de las empresas y “ante las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre esta negociación” ha pedido “prudencia y discreción hasta que se hayan firmado todos los acuerdos que confirmen el cierre de la operación”.

Sin embargo, la alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka, de EH Bildu, sí ha confirmado que “prácticamente desde el cierre de Guardian”, se presentó una propuesta liderada por estas empresas y por el empresario Javier García, antiguo directivo de Guardian y que en 2023 ya hizo una propuesta para Glavista. García, a través de una sociedad denominada Amine y con sede en Bizkaia, sería el socio local que el Gobierno vasco requiere para participar en inversiones industriales.

“De momento es una propuesta industrial que sería para hacer ventanas y hacer la misma labor que se venía haciendo ya en Glavista”, ha señalado la alcaldesa en una entrevista en Radio Euskadi, para precisar a continuación que “los detalles ya se irán conociendo más adelante, porque todavía el acuerdo no está del todo cerrado”.

El Gobierno vasco ha reiterado que lleva “meses avanzando en las negociaciones muy complejas que requieren acuerdos multilaterales con diferentes partes”, por lo que ha insistido en mantener la prudencia hasta que se cierre. El Ejecutivo ha mantenido desde que se cerró Guardian que está negociando la llegada de nuevos inversores. Llegó a asegurar incluso de que había cuatro interesados y que uno de ellos era extranjero, como al parecer será finalmente.

En el caso de los posibles inversores, VSF es uno de los principales fabricantes de vidrio para el sector de la automoción y principal distribuidor en Francia, y la empresa alicantina Gaviota tiene una división especializada en el negocio del vidrio para viviendas, por lo que se mantendrían las actividades de Guardian y Glavista. En el caso del empleo, serían trabajadores nuevos, ya que los empleados de Guardian, que se cerró en abril de 2025, salieron de la empresa mediante un ERE. En el caso de Glavista, que se cerró en 2023, el ERE se judicializó, y se ha confirmado como improcedente por el TSJPV.

El cierre de Glavista, primero, y después de Guardian, supuso un importante impacto en la comarca alavesa de Ayala, que ha seguido sufriendo el impacto de las crisis laborales, con Maderas de Llodio y con Tubos Reunidos, por lo que materializarse el acuerdo sobre las instalaciones de las antiguas fabricantes de vidrio, tiene un importante valor simbólico en un momento en el que el futuro del empleo en la comarca es bastante incierto.

Desde que anunciara sus intenciones en la fábrica de Barreda, la multinacional Solvay ha pasado de proponer despedir a 77 personas, luego a 58, y ahora a 54 trabajadores, cifra que los sindicatos han vuelto a rechazar por “inaceptable”.

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO y USO) ha insistido este lunes en sus propuestas de alternativas a los despidos planteados por la compañía en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que han reducido en cuatro en relación a la anterior cita negociadora, en la que es la penúltima reunión en la ronda prevista con la compañía.

Según los sindicatos, aunque la empresa ha aceptado “algunas” de las propuestas, como la reducción del número de personas afectadas, el comité de empresa considera que “aún existen muchas alternativas para reducir este número en todos los departamentos”. Por eso, mantiene sus planteamientos con el objetivo de reducir “todo lo posible” el impacto del ERE.

“En lo que respecta a las condiciones económicas, las posturas siguen muy alejadas y se continuará negociando”, subraya el comité de empresa de la fábrica torrelaveguense, que recuerda que la próxima y última cita negociadora inicialmente prevista será el próximo miércoles 1 de abril.

El órgano sindical agradece “el apoyo mostrado”, tanto por la plantilla como por parte de todas las personas que acudieron a la concentración del pasado viernes 27 de marzo en la Plaza Mayor de Torrelavega. 

Debate parlamentario

Este asunto también se ha debatido este lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria, donde el consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha reclamado una “actuación urgente” del Gobierno de España para garantizar el futuro de Solvay en Barreda. A su juicio, es el competente para aplicar las medidas necesarias y evitar así un impacto en el empleo.

“El problema está identificado y la solución también, ahora quien tiene las competencias tiene que ejercerlas”, ha apuntado el consejero durante la interpelación que ha hecho el diputado regionalista y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, durante el pleno de este lunes en el Parlamento cántabro.

Arasti ha advertido de que la transición energética de la planta cántabra “no está garantizada en estos momentos”, lo que ha llevado a la empresa a plantear un ERE, y ha insistido en que la viabilidad de la compañía y el mantenimiento del empleo están directamente ligados.

Ha subrayado que el principal problema es la “incertidumbre regulatoria” y no la política, ya que Solvay debe afrontar una inversión de unos 250 millones de euros para adaptarse a las exigencias medioambientales, “una obligación que no tienen sus competidores internacionales”, ha dicho.

Arasti también ha defendido la actuación del Gobierno de Cantabria ya que, ha afirmado, ha mantenido contactos con la empresa, el comité y el Ministerio de Industria desde el inicio del proceso, además de impulsar un grupo de trabajo específico para abordar la transición energética de Solvay.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará el visto bueno el próximo martes, día 31 de marzo, a la aprobación inicial de la declaración del Proyecto de Singular Interés (PSI) del proyecto de la acería verde Hydnum Steel en Puertollano (Ciudad Real).

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, desde Montealegre del Castillo (Albacete), donde ha inaugurado las nuevas instalaciones de la Bodega Cooperativa Santiago Apóstol.

García-Page ha puesto de manifiesto que “estamos hablando de una gran acería con acero verde: la primera de España y la segunda de Europa”, que también va a generar “muchísima industria y mucho empleo” en una zona que, además, “lo necesita”, ha incidido.

Un “referente” de la descarbonización industrial en el sur de Europa

Esta noticia se produce apenas un mes después de saberse que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adjudicaba 500 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de Brazatortas (Ciudad Real) al proyecto industrial de Hydnum Steel.

La futura Acería Verde de Puertollano estará basada en procesos de producción de acero “con bajas emisiones, alineados con los objetivos de descarbonización y reducción de CO₂, contribuyendo a posicionar a la comarca como referente nacional en industria limpia e innovación energética”, exponían hace unas semanas desde la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.

Esta iniciativa estratégica, que contempla una inversión de 1.271 millones de euros, “está llamada a convertirse en uno de los principales proyectos industriales vinculados a la transición ecológica en Castilla-La Mancha”, según afirmaban.

Así, la planta de Hydnum Steel está diseñada para convertirse en un “referente” de la descarbonización industrial en el sur de Europa. Se alimentará de un combinado de energías renovables entre las que se incluye el hidrógeno verde.

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha rechazado que se ayude “de manera permanente” con dinero público estatal y europeo a empresas como Solvay, que, a su juicio, no son responsables socialmente cuando plantean el despido de 77 trabajadores en su planta de Barreda.

Tras participar en una nueva reunión del diálogo social con los consejeros cántabros Luis Ángel Agüeros (Economía) y Eduardo Arasti (Industria), Carmona ha recordado que Solvay es una empresa con beneficios, y que va a acudir a ayudas públicas para proyectos de descarbonización, que el proceso de reducir o eliminar las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, mientras “tiene encima de la mesa” un expediente de regulación de empleo (ERE) “sin diálogo previo”.

UGT ha dicho que el consejero cántabro de Industria ha vuelto a señalar, al ser preguntado por los periodistas, que “son necesarias compensaciones suficientes que garanticen que Solvay pueda llevar a cabo esa transición energética cuanto antes”.

Mariano Carmona ha reiterado su rechazo al ERE en la factoría de Barreda “sin diálogo previo” y porque se puede intentar llegar a acuerdos y buscar soluciones antes de presentar 77 despidos, algo en lo que los trabajadores pueden ayudar para lograr “como han ayudado hasta ahora”, ha dicho.

“Más de un siglo esquilmando”

El responsable de UGT en Cantabria ha reiterado que la empresa lleva en Cantabria “más de un siglo esquilmando los recursos naturales” y ha denunciado que “ha acabado con la salud de mucha gente, a cambio exclusivamente de un salario”. Por ello, ha considerado, según una nota de prensa UGT, que ahora hay que exigir a la empresa que “sea socialmente responsable”.

El consejero de Industria ha defendido que las compensaciones que pide para Solvay deben ser garantizadas por el Gobierno de España con fondos europeos, como ha dicho que han hecho países como Francia, como Alemania y como Italia, donde Solvay tiene otras plantas. “Yo creo que eso sería beneficioso para que la negociación acabara con el acuerdo, que sin duda están buscando tanto la parte los sindicatos como la dirección de la empresa”, ha concluido.