Se escribe PSIR, pero se pronuncia PESIR. Y el último en mencionar la palabra fue el consejero de Urbanismo de Cantabria, Roberto Media (PP) a finales de junio. Recogía así el reciente anuncio de la presidenta del gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), de dos PSIR: uno para una piscina de olas para practicar surf en Villaverde de Pontones y otro para 1.700 viviendas de promoción privada también, de las que solo la mitad serían protegidas, junto a un nuevo hospital, en Castro Urdiales.

Esas siglas, PSIR, responden a una figura urbanística llamada Plan Singular de Interés Regional, porque ese es el primer paso para que arranque: que el gobierno de Cantabria manifieste que es de interés regional. Existente en muchas comunidades autónomas con otras denominaciones, fue creada a nivel autonómico en 2001 y sirve al gobierno autonómico para recalificar cualquier tipo de terrenos -en muchos casos, suelo rústico- para hacerlos urbanizables, construir un proyecto y a veces ampliarlo, sin depender de las normativas municipales donde se localice la obra.

El PSIR cumple ahora 25 años y ha pasado de ser una herramienta de planeación urbanística del gobierno para anunciar el trámite gradual para la instalación de parques empresariales, polígonos, un hospital o la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas, a un mecanismo para impulsar otros proyectos de iniciativa privada como hoteles, centros de datos, piscinas de olas de surf o cientos de viviendas libres con hospital y polígonos en constante ampliación.

Para hacer un PSIR, los terrenos tienen que estar bien entre dos municipios o en uno solo. En este segundo caso, “por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características”, el gobierno considera oportuno hacerlo en ese lugar, sin necesidad de contar expresamente con el Ayuntamiento. La normativa dice que el promotor puede ser público o privado para implantar “instalaciones y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, turísticos, deportivos, culturales, actuaciones de mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia”.

La rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas, por ejemplo, sí incluyo “elementos” patrimoniales tanto de carácter cultural, así como de carácter natural (plátanos que jalonan los caminos, masas de vegetación, y Monte de la Cardosa), pero hasta la fecha, no se ha tramitado ningún PSIR exclusivamente deportivo o cultural.

Durante décadas, la figura no sufrió modificaciones sobre el papel. Básicamente el Gobierno autonómico era el promotor de un proyecto urbanístico público o privado que, en general, implicaba recalificar una amplia superficie de suelo rústico. Durante años, se utilizó más para proyectos entre dos municipios y, en algunos casos, incluyo expropiaciones de terreno a particulares, para edificar sin límitaciones burocraticas. Así sucedió en el caso del polígono de La Pasiega, en Piélagos, cuyo trámite arrancó en 2007, en el que se expropiaron parcelas de muchos vecinos para edificarlo, actualmente en ejecución.

Tras la declaración de interés regional, se sucedían las fases de aprobación del expediente. Y es que alrededor del PSIR había y hay otras cuatro siglas clave: las de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio), que depende de la Consejería de Urbanismo -en la que están representados colegios profesionales y gobierno- que da la aprobación provisional de un PSIR, antes de que que el Consejo de Gobierno de Cantabria dé el aprobado definitivo para hacer le evaluación ambiental e iniciar una obra.

Nuevas reglas del juego

Veinte años después, en 2022, el Gobierno derogó la ley de 2001 con una nueva normativa con la que cambió las reglas del juego: pasó a establecer plazos estrictos para la burocracia de los trámites, incluyó al Parlamento como actor entre las instituciones responsables, e impuso que, si el objeto del proyecto eran las viviendas de protección pública -a diferencia de la anterior ley que marcaba “un mínimo del cuarenta por ciento se destinará a la construcción de viviendas de protección oficial ”, ahora debía de ser el 100%. Pero este último requisito no duró mucho.

En 2023, el Gobierno del PP decidió cambiar los contrapesos de la CROTU: redujo el número de representantes, aumentó la frecuencia de las reuniones y excluyó a algunos colegios profesionales. Esta decisión le acarreó críticas de partidos y ecologistas porque implicaba concentración de poder en direcciones generales de la consejería de Urbanismo. En 2025, modificó un artículo de la ley del suelo de 2022, mediante la llamada ley de simplificación administrativa, para poder construir vivienda libre en los PSIR, con el respaldo parlamentario de Vox.

Hasta la fecha, no existe un registro público actualizado de PSIR con todas las categorías posibles, incluyendo 'interés regional'. El listado histórico de PSIR de la Consejería de Fomento expone actualmente la tramitación de 14 obras, de las que tres siguen en tramitación y 11 están aprobadas -incluyendo ampliaciones o modificaciones-. No incluye el nivel de ejecución, por eso, La Pasiega, que sigue en ejecución, está incluida.

Para entender el nivel de ejecución de los PSIR, hay que mirar el visor de Ordenación del Territorio del gobierno de Cantabria: ahí vienen 17 proyectos, entre 'en tramitación', 'aprobado en ejecución' y 'aprobado y ejecutado'. Hay, por ejemplo, un proyecto de polígono al que se acabó renunciando (Gran Área de Desarrollo Buelna); proyectos en ejecución como la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas; otros en larga tramitación, como un polígono llamado Prado Cervera, en Campoó o ampliaciones como la del Parque de la Naturaleza de Cabarceno, declarado de interés regional en 2010, o la tercera ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Santander y, el más reciente: un hotel de cinco estrellas en el Palacio de Corro, que ha sido un complejo palaciego abandonado durante años, entre Suances y Santillana, cuyo expediente está en tramitación desde 2024.

Cinco PSIR ejecutados

El hotel propuesto para el Palacio de Corro ha recibido en 2026 cuestionamientos, dentro de la CROTU, por parte del colegio de arquitectos y de geógrafos, por estar ubicado en suelo rústico de especial protección. Después del hotel, los anuncios de la presidenta de nuevos PSIR han incluido un centro de datos, la piscina de olas y 1.700 viviendas con hospital, en Castro, todo de promoción privada. Pero, de todos los proyectos, en la categoría de 'aprobado y ejecutado', en el visor, solo hay cinco PSIR: cuatro son polígonos.

De los cinco ejecutados, por un lado, está el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), a las afueras de Santander. En éste, que ha tenido dos ampliaciones -y la tercera pendiente-, queda libre una parcela de las 39 totales, en las que hay instaladas dos universidades, 34 empresas y sedes del gobierno de Cantabria. Y, por otro, está el polígono industrial Tanos-Viérnoles, en Torrelavega, que ha tenido dos ampliaciones y está plenamente ocupado por 103 empresas a la fecha.

El Hospital Tres Mares, en Reinosa, recibió su aprobación en 2006 y hasta 2010, no empezó a funcionar y el Parque Empresarial Besaya ha tenido tres ampliaciones, las dos últimas promovidas por un privado (ASPLA), y también está ocupado. El último PSIR ejecutado es un polígono industrial, entre Orejo, Solares y Heras. En este caso, un 7% de la superficie la ocupa una fábrica de paneles de fibroyeso llamada Suyesa. El polígono, según datos del gobierno, en la actualidad tiene vacías la mitad de sus 30 parcelas.

El consejo de administración de Talgo ha nombrado a Ricardo Chocarro Melgosa nuevo consejero delegado de la compañía, a la que lleva vinculado desde febrero de 2026 como consejero independiente. En una nota, la empresa ha anunciado, además, la salida de Rafael Sterling, director general desde la llegada del nuevo consejo de administración en diciembre de 2025, tras la operación de compra por parte del consorcio vasco formado por Sidenor, el Gobierno vasco, BBK y Vital, que supuso el regreso de la compañía a Álava.

Destaca la empresa que Chocarro “es ingeniero industrial y cuenta con una experiencia profesional de casi 30 años en sectores de alta tecnología, especialmente en la aeronáutica y las energías renovables”. “Tras una dilatada carrera en diversas empresas, en 2017 fue nombrado consejero delegado del negocio Onshore de Siemens Gamesa Renewable Energy. En 2019 se incorporó a Aernnova Aerospace como director general de Operaciones (CCO), siendo responsable de Finanzas y Control Planificación, M&A y actividades de diversificación, posteriormente pasó a ocupar el puesto de consejero delegado desde 2020 hasta diciembre de 2025”, abunda.

“La experiencia industrial y tecnológica, así como la trayectoria de Ricardo Chocarro supondrán un nuevo impulso para Talgo, en un momento de gran desarrollo del sector ferroviario, en el que la compañía debe ser un actor estratégico”, ha asegurado José Antonio Jainaga, presidente de Talgo.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este lunes su plan estrella para reducir al mínimo la burocracia en los trámites urbanísticos. Para reducir los cuellos de botella que padece la Administración, el Govern ha optado por externalizar algunos de los procesos que más se demoran, como la validación de las licencias de obras, con el objetivo de reducirlos de casi un año a solo un mes.

El ‘Anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental’ persigue agilizar la construcción de vivienda, con la promesa de los 50.000 pisos asequibles en 2030 de fondo, pero también facilitar proyectos empresariales e industriales que el Govern considera que se ven lastrados por la burocracia. Con una modificación de hasta 15 normas, para el Ejecutivo de Illa es la una de las regulaciones más ambiciosa del mandato.

El texto, que pasa a exposición pública hasta septiembre y se aprobará previsiblemente en diciembre, actúa sobre todo en tres trámites concretos, en todos ellos para rebajar el tiempo de espera para los promotores: las licencias de obras, los planeamientos urbanísticos y las autorizaciones ambientales. Desde el Govern advierten que no se recortan requisitos ni se relaja ninguna legislación, sino que simplemente se modifican los procedimientos administrativos para acortarlos.

Illa lo ha anunciado en un acto del Govern en la fábrica de Ebro, situada en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca. El president ha defendido que con este anteproyecto lo que están haciendo “es política de la buena, política útil”, así como aplicar “un cambio de mentalidad”.

De cara a las licencias de obras (ya sea para nueva edificación, rehabilitación o cambios de uso), el Govern quiere evitar que las carpetas se acumulen en la mesa de los técnicos municipales de los Ayuntamientos. Un trámite que por ley debería durar dos meses se alarga ahora nueve (la media del consistorio de Barcelona) o más de un año.

Para resolverlo, el anteproyecto de ley permite a los promotores aportar un certificado conforme cumple con todos los preceptos jurídicos y técnicos. Este documento podrá ser elaborado por una Entidad Colaboradora de Certificación del Ámbito Urbanístico (ECAU), empresas y entidades del sector autorizadas para ello. Desde el Departamento de Presidencia, responsables del plan, aseguran que estas entidades (despachos de arquitectos, urbanistas o ingenieros) estarán supervisadas y auditadas.

El Ayuntamiento, a través de la ordenanza municipal, podrá decidir si opera con la vía exprés o con la tradicional. Si es con la primera, el consistorio deberá otorgar la licencia en un mes. Y si es con la segunda, no podrá superar los dos meses que fija la ley. Si lo hace, se activará la vía rápida. Con lo cual, alegan desde el Govern, se acelerará sí o sí el trámite.

Una fórmula parecida, de externalización, se utilizará para otro proceso que el Govern tenía en el punto de mira: los planeamientos urbanísticos, que definen a qué usos se destina el suelo (industrial, urbano, etc). Hasta ahora, para aprobarlos había que pedir un informe “sectorial” a todos los departamentos afectados. Es decir, que para levantar un complejo industrial, hacía falta la validación desde ventanillas como medio ambiente, Protección Civil, la Agencia Catalana del Agua, equipamientos comerciales…

Ahora, con la nueva ley, de nuevo será el empresario el que podrá aportar estas certificaciones con profesionales acreditados de cada sector. Si la Administración no elabora los informes a tiempo, prevalecerán los redactados por el privado. Así, esperan rebajar de hasta doce meses a entre uno y dos los plazos para tirar adelante el planeamiento.

La simplificación llegará también a las autorizaciones ambientales. Cuestión sensible, el Govern insiste en que no se rebaja la exigencia en cuanto a la legislación ambiental. Pero sí suprime el trámite de “suficiencia e ideoneïdad”, que cambia por un modelo en el que el promotor ya deberá aportar toda la documentación necesaria. Y elimina el carácter “preceptivo y vinculante” del informe municipal.

Las famosas minas de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, comenzaron a explotarse hace más de dos milenios. Su origen exacto, según la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se remonta al siglo III a.C. El mineral extraído era el cinabrio, del cual se obtenía el mercurio, el único metal líquido que existe. Llegó a ser el mayor yacimiento en todo el mundo. Ha producido más del 35% de todo el mercurio usado en la historia de la humanidad.

En la naturaleza no se encuentra puro como mineral, sino atrapado dentro de rocas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública.

Utilizado históricamente para tratar algunas infecciones como la sífilis y en vacunas antiguas, y más recientemente para la industria, el mercurio ha marcado siempre la historia de esta comarca minera, colindante con la provincia de Córdoba y actualmente en riesgo extremo de despoblación desde el cierre de las minas.

De la entrada de Mayasa a la prohibición de exportar mercurio

La empresa pública Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.), perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asumió la gestión de la explotación minera de Almadén desde su creación en 1982. Heredó la gestión del Consejo de Administración que controlaba las minas desde 1916.

La compañía gestionó la extracción de mercurio hasta el cierre definitivo de la mina en julio de 2001. A partir de ese momento, orientó su gestión al almacenamiento y tratamiento ambiental de los excedentes mundiales de mercurio, una labor que se hizo efectiva tras el fin de la comercialización internacional de este metal decretada por la Unión Europea en 2011.

En ese año, a través del denominado 'Convenio de Minamata', se prohibió, mediante un tratado internacional, su exportación para reducir la oferta global de este metal y limitar sus emisiones. Pese a sus múltiples usos, es un metal pesado y muy tóxico. Contamina el medio ambiente y daña gravemente la salud humana, especialmente el sistema nervioso. La normativa resultante prohibió las ventas al exterior para evitar que grandes cantidades de mercurio sobrante llegasen a países en desarrollo. Porque el 99% se vendía fuera de la UE.

Esto obligó a almacenar los residuos de mercurio de forma segura en lugar de liberarlos. Y ahí la gestión de Mayasa cumplió un papel de gran relevancia. Hasta entonces la actividad de la empresa pública consistía en recoger mercurio, limpiarlo y ponerlo de nuevo en el mercado. Pero ante la prohibición de las exportaciones, cambió su objetivo a la obtención de fondos para tratar de solucionar problemas y nuevas actividades de desarrollo sostenible sin añadir más contaminación de mercurio al medio.

Pero hubo más trabas. En 2018 entró en vigor la prohibición de uso de mercurio en la industria cloro-caústica, por lo que se debía retirar y almacenar el mercurio en condiciones seguras. Para ello Mayasa debía encargarse de la retirada y tratamiento con las empresas productoras.

Un año después, en 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó, con evaluación ambiental favorable, la planta de solidificación de mercurio en Almadén. Se ubicó en el paraje de Las Cuevas, a 10 kilómetros del núcleo urbano. Para ese tratamiento, Mayasa había adjudicado ya en 2017 este proyecto de tratamiento a una empresa externa que nunca llegó a realizar su labor. Según la Plataforma de Contratación Pública, era Sartech Engineering, actualmente en litigio judicial con la empresa pública por incumplimiento del contrato.

Solo quedaba una salida: si no se podía exportar ni tratar, todo el mercurio debía salir del almacén. Se envió a una planta suiza de la empresa Batrec, filial de Veolia (líder mundial en servicios medioambientales especializado en la gestión integral de agua, residuos y energía), por medio de un gestor de residuos representante en España, en este caso Adiego Hermanos, que hizo el transporte y gestión completa de residuos.

En total, se enviaron 378 toneladas de mercurio. Actualmente, se encuentran en unas antiguas minas de sal de Alemania, que poseen las propiedades de impermeabilización adecuadas para este tipo de residuo.

Ahora, ese almacén de residuos está cerrado. Pero el expediente de su cierre definitivo, iniciado hace año y medio, aún está abierto, porque todavía no ha recibido luz verde por parte de la autoridad ambiental, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Así lo han confirmado fuentes de este departamento. La Dirección General de Calidad Ambiental está analizando la documentación presentada por la empresa pública para analizar si solicita más información complementaria o procece con la fase final de clausura.

El encuentro entre Mayasa y Ecologistas en Acción

Con ello, se ha cerrado a su vez una etapa en la comarca. Y de todo ello han hablado recientemente representantes de Ecologistas en Acción y miembros de Mayasa, en un encuentro solicitado por los primeros para conocer en qué estado se encuentra el proceso.

Javier Carrasco, director técnico de Actividades Industriales de Mayasa, asistente a esta reunión junto al presidente de la empresa pública, José Tejero, cuenta a este periódico que ahora mismo están pendientes de que de la Administración castellanomanchega autorice el cierre definitivo, ya que su puesta en marcha requirió una Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ahora exige que se cumplan una serie de requisitos de inspección ambiental para su clausura.

Pese a que la planta nunca llegó a funcionar en cuanto al tratamiento del mercurio, es decir, su estabilización química antes de llevarlo a un depósito definitivo, la inspección debe determinar, dentro del programa de vigilancia ambiental, que el almacén está completamente descontaminado.

La autorización del Gobierno de Castilla-La Mancha para la planta de almacenamiento que se aprobó en 2019 incluía un presupuesto de tres millones de euros. Y esta circunstancia coincidió con la mencionada prohibición del uso de cloro para las empresas clorocáusticas, donde el mercurio se utilizaba como parte del proceso químico. Muchas empresas españolas se vieron entonces con excedentes de mercurio que no utilizaban que tenían que gestionar.

Mayasa se ofreció para almacenar y gestionar el mercurio de esas industrias. Pero la empresa contratada fue “incapaz” de cumplir el contrato y la planta nunca llegó a realizar el “tratamiento” de metal, pero sí su almacenamiento: las mencionadas 378 toneladas de mercurio, acumuladas durante varios años, hasta 2023.

Ese año, una vez rescindido el contrato con la empresa ‘incumplidora’, Mayasa decidió realizar un nuevo contrato con otra compañía gestora que tenía permiso para exportar mercurio como residuo, la mencionada Abiego Hermanos. “Todo esto se precipitó porque la normativa europea permitía el almacenamiento de mercurio hasta el 31 de diciembre del 2022 y había que darle salida a toda esa cantidad almacenada”, cuenta el director técnico.

Ahora mismo, detalla que ya no hay nada en el almacén. La gestora de residuos llegó a un acuerdo transfronterizo con la suiza Batrec, quien sí trató el mercurio para su estabilización química en este país y después lo envió, para su depósito final en las minas de sal alemanas, habilitadas para ello.

En el aire, los niveles de mercurio muy bajos, y en el agua son inapreciables

Javier Carrasco — Director técnico de Mayasa

Según Javier Carrasco, el plan de cierre de la planta en Almadén se ha cumplido “al milímetro”. “Se han limpiado todas las instalaciones, todo lo que ha estado en contacto con el metal, se ha desmontado toda la instalación, principalmente lo que eran equipos de filtros, y todos los residuos que hemos generado durante estas labores de limpieza se han enviado fuera con un gestor autorizado”.

Pero en un proceso tan delicado, el plan de vigilancia ambiental ha sido fundamental. A la espera del cierre definitivo, en Mayasa, desde que se autorizó el almacenamiento, han realizado medidas en aire y agua para ver los niveles de contaminación. Son muestreos que se han remitido periódicamente a la autoridad ambiental. De ellos se desprende que hay “niveles apreciables” de mercurio que “históricamente siempre han existido”

“En el aire, son niveles muy bajos a los que hacemos un seguimiento continuo. De hecho, los que hay ahora son idénticos a los que había antes de iniciar el almacenamiento hace siete años, y en el agua son inapreciables, no hay ninguna afección”, precisa Javier Carrasco.

La última limpieza de la planta se realizó a finales de 2025. Se recogieron en torno a un centenar de kilos de mercurio, que también ha recogido una empresa autorizada para gestión de residuos.

No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

Desde Ecologistas en Acción de Ciudad Real, acudieron al encuentro Isabel Arauzo, Julio Ruiz y Francisco J. Sarrión. Han explicado a este periódico que celebran el cierre del almacén “por la disminución del riesgo de contaminación que suponían estas instalaciones”.

Pero al mismo tiempo denuncian el “oscurantismo” y la “falta de información pública”, algo que tildan de “tradición histórica de la casa” en referencia a la empresa pública, a la que atribuye “actividades peligrosas” que la empresa siempre ha negado, también en esta ocasión.

“No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre. Solo nos remiten a los contratos ya expuestos en el perfil del contratante de Mayasa. Hay también un celo excesivo en proteger la identidad de los responsables políticos y técnicos, lo que interpretamos que es para evitar sanciones y críticas personales a su gestión”, argumentan.

Ecologistas en Acción añade que el hecho de que no sea obligatorio medir con exactitud el mercurio que salió de la planta de Almadén, aunque se ajuste a la normativa, supone “un riesgo de pérdida o descontrol” en el camino o en la planta receptora.

También resalta que hay “discrepancias” en las fechas y orden de las declaraciones de impacto ambiental que “aún quedan sin explicación”. “Demuestra la falta de rigor en el control del mercurio, y siendo la sustancia más peligrosa después de las radiactivas, deberían haber extremado las precauciones y no dejar en manos del gestor de residuos la medida real del mercurio trasladado”.

La organización ecologista también pone el acento en los costes. Afirma que el presupuesto para el tratamiento y traslado del mercurio de Almadén al depósito de Suiza fue de 1,5 millones de euros, la mitad de los tres millones que se presupuestaron para la planta. “Un despilfarro de dinero público que debería haberse valorado inicialmente”.

“Los planes de descontaminación parecen proyectos piloto más que acciones de efectividad probada, aunque digan que son técnicas innovadoras. El ámbito espacial es muy reducido”, añaden. Avalan que actualmente se estudie la movilidad del mercurio en el medio ambiente, pero denuncian que no se están analizando “las repercusiones ni los niveles de contaminantes en la población civil”, que sería “uno de los objetivos a conocer de cara a la salud pública”.

Actualmente, el vínculo de Mayasa con este polémico metal todavía permanece. Desde 2009, gestiona el Centro Tecnológico del Mercurio con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Allí se monitorea el entorno medioambiental, la flora y la fauna.

En paralelo, también está vigente desde el año pasado el Proyecto Life Hermes, que tiene como objetivo la recuperación ambiental del Cerco de Buitrones de Almadenejos. Se trata de un recinto del siglo XVIII que conserva restos de antiguos hornos de mercurio y partes de su muralla. El área está declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP).

El próximo mes de septiembre, la empresa pública iniciará labores de tratamiento de estabilización química in situ de restos de mercurio con óxido de magnesio. El objetivo es demostrar la eficacia de una solución innovadora que ofrece “varias ventajas significativas” con respecto a los métodos de remediación tradicionales.

Para Ecologistas en Acción, estos nuevos proyectos van a continuar siendo un gasto de dinero público “sin que se tenga constancia nunca de la repercusión real sobre la salud de las personas”. “En definitiva, nos alegramos de que la gestión del mercurio ya no esté en manos de Mayasa y esperamos que los planes de descontaminación futuros se enfoquen en evaluar el mercurio en la población y en su salud”, concluyen.

El anuncio del cierre de la planta de almacenamiento, sin embargo, no ha gustado en el ámbito local. El Ayuntamiento de Almadén ya mostró hace un año su “indignación” por la clausura de la planta de estabilización de mercurio de Mayasa. Su alcaldesa, Raquel María Jurado, preguntó si lo que se pretendía la empresa pública era ofrecer beneficios a la localidad o “más bien, minimizar las pérdidas económicas” de la SEPI, achacables a la “pésima gestión”.

Tras lamentar que en el municipio llevan años oyendo hablar de un plan estratégico de la empresa pública que nunca ha sido compartido con la ciudadanía, condenó que este nuevo “fracaso” se sume a otros intentos de inversión que “no han dado resultados”.

El Ayuntamiento hizo referencia también al acuerdo firmado hace casi 25 años entre CCOO, UGT, la SEPI y Mayasa: un Plan de Empresa que, entre otras cosas, incluía un futuro convenio con el Consistorio local para el desarrollo de la comarca una vez que se completara el cierre minero. Desde este municipio siempre han denunciado el incumplimiento de este convenio y la “enorme factura social” que la comarca ha pagado por ello.

En todo este proceso también ha jugado un papel fundamental la plataforma ciudadana ‘Forzados de Almadén’, quien ha apelado en varias ocasiones a ese convenio de principios de siglo. Todavía se recuerda el encierro que protagonizaron en agosto de 2019, cuando siete hombres y cuatro mujeres de diferentes profesiones, edades y originarios de los pueblos de la comarca se encerraron en la primera planta de la histórica mina de mercurio de la ciudad.

Querían recrear la protesta de 11 mineros ocurrida 35 años atrás, en 1984. Si entonces los mineros protestaban por sus pésimas condiciones laborales, en 2019 quisieron mostrar a una comarca “castigada por el paro, la desindustrialización y la poca calidad de los servicios públicos”.

Porque Almadén sigue bebiendo de su historia. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se ha comprometido, a través de un convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la restauración y digitalización de la película 'Mercurio-Minas de Almadén', de 1940.

El ICAA conserva en la actualidad, en las instalaciones de la Filmoteca Española en su centro de Pozuelo de Alarcón, dos copias en nitrato de celulosa de 35 milímetro de la película. A través del convenio, el Ayuntamiento asume la tarea de restauración y digitalización de la película, mientras el ICAA pondrá a disposición sus copias, asesoramiento y apoyo a la promoción.

Mientras, Mayasa sigue a la espera de la autorización oficial de clausura de su almacén. Con ello, se cerrará un capítulo más de una comarca que ha perdido cerca de un 26% de su población en lo que va de siglo.

La Consellería de Economía e Industria ha comunicado a Altri el archivo “definitivo y firme” del proyecto previsto para Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa lusa son “inadecuadas e insuficientes” y que la factoría es “inviable” por la falta de conexión eléctrica, tras la negativa del Gobierno a crear una subestación eléctrica.

El anuncio –recogido por Europa Press– lo ha realizado este mediodía la responsable del departamento autonómico, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los medios, en las que ha precisado que se trata de una resolución administrativa y, al igual que todas, cabe presenta un recurso contra ella.

El proceso de archivo de este proyecto, que ha recibido una importante contestación social, fue iniciado en febrero de este año debido a la falta de conexión eléctrica. La exclusión de la subestación necesaria de la planificación eléctrica del Gobierno central fue el factor determinante para que la Xunta diese este paso.

Desde entonces, Greenfiber (filial de Altri) tenía tres meses para alegar este proceso y plantear otra forma de conexión eléctrica. Aunque presentaron estas alegaciones justo al final del plazo –justificó que el proyecto tenía “autosuficiencia energética”–, el Gobierno gallego ha continuado con el archivo previsto.

“Estas alegaciones no las consideramos adecuadas o suficientes para estimar lo que pretenden, que es continuar con el expediente. Por tanto, venimos de resolver de modo definitivo y firme por parte de la Xunta ese archivo del expediente de Altri”, ha detallado.

“El proyecto actual es inviable”

Preguntada por si la empresa ha manifestado la voluntad de presentar un nuevo proyecto, ha dicho “no tener conocimiento” de ello y ha expuesto que lo que pretende la empresa es “continuar con el procedimiento iniciado”, que, según ha recordado Lorenzana, “tiene una solución técnica muy concreta”.

Precisamente, esta se traduce en la conexión a la subestación de Palas, que no está prevista en el borrador de planificación “ya muy avanzado” del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Este, ha indicado la conselleira, “tiene intención de aprobarlo a finales de año”.

“Lo que puedo decir es que el proyecto actual que está tramitando la compañía es inviable por no tener tener esa conexión. El archivo es definitivo”, ha expuesto. Además, ha recordado que la declaración de impacto ambiental (DIA) tiene una vigencia de cuatro años y ya ha agotado uno entero. “Este proyecto no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna, de salir adelante”, ha concluido.

La tramitación de la factoría ha estado marcada durante este tiempo por la oposición social y política. Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, se han posicionado en contra. Al mismo tiempo, plataformas ciudadanas han liderado repetidas manifestaciones multitudinarias, como la que reunió a 100.000 personas en Santiago de Compostela en diciembre de 2024, según cifras de la organización.

Las plantas samófilas (o psamófilas) son muy escasas y cumplen funciones vitales. Tienen una resistencia extrema, ya que se adaptan a suelos inestables y vientos fuertes. Aunque son más habituales en zonas de playa, junto al mar, en la meseta su presencia es muy reducida y están protegidas debido a que conforman un “ecosistema único” como refugio y alimento para aves y reptiles, según WWF.

Su presencia en el término municipal de Toledo es muy pequeña, pero ha sido determinante para que el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Vox, haya tenido que modificar la ampliación del polígono industrial de la ciudad. De hecho, ha tenido que recortar el número de parcelas que componían inicialmente el proyecto presentado por Loncito Desarrollo S.L.

La ampliación de esta zona en casi 700.00 metros cuadrados se aprobó en una sesión extraordinaria del pleno municipal en marzo de 2025. Las derechas la plantearon como una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que salió adelante con el voto a favor también del PSOE, y la abstención de IU-Podemos. Posteriormente se aprobaron las Bases del Plan de Actuación Urbanística (PAU) y se abrió convocatoria pública a la que concurrió una única empresa.

El proyecto pasó a la Comisión Regional de Urbanismo. Este órgano debía darle su aprobación definitiva, pero a finales de junio los técnicos informaron de que, a raíz de una alegación del grupo ecologista Arba, se había detectado que existen hábitats protegidos de samófilas al sur del sector. Esto, afirman, obligaba a sacar tres parcelas del ámbito de la planificación urbanística.

Con ello, el Ayuntamiento se ha visto obligado a realizar un plan parcial de mejora, que modifica tanto la ordenación estructural como la detallada, con lo cual era preciso volverlo a sacar a información pública. Y así lo ha hecho, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) con fecha 8 de julio de 2026.

En la resolución ahora publicada, el Ayuntamiento indica que el recorte de las tres parcelas para proteger la “conservación ambiental” del entorno, hace que la ampliación del polígono industrial sea ahora de 618.318 metros cuadrados repartidas en doce parcelas. Es decir, una reducción en más de 80.000 metros cuadrados.

En concreto, se detalla que debido a la existencia de pastizales samófilos (comunidades vegetales de “alto interés ecológico”), el Servicio de Medio Natural ha determinado que ciertas áreas no pueden ser urbanizadas, al estar esta especie protegida en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha y la Ley de Conservación de la Naturaleza.

Una vez publicada esta resolución, la historia se repite. Finalizada la información pública, el Ayuntamiento debe solicitar informe a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, que es vinculante, y también tendrá que informar el Consejo Consultivo porque afecta a zonas verdes. Posteriormente se procederá a su aprobación definitiva.

Un proyecto del PSOE que PP y Vox tramitaron por vía urgente

La tramitación del expediente para la ampliación del polígono industrial toledano, pese a haberse iniciado en la anterior legislatura bajo mandato municipal del PSOE, se remitió al pleno más de tres años después, con carácter de urgencia, para reclasificar como suelo urbanizable de uso industrial parte de suelo rústico de reserva y suelo rústico de especial protección.

En concreto, se trata de la ampliación del sector industrial UU-25, que permitirá “llevar a cabo una operación que permita ampliar las instalaciones industriales de una importantísima empresa”, según afirmó el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

La principal motivación de la urgencia para aprobar esta modificación fue sido la necesidad de ampliar las instalaciones de la empresa Osi Food Solutions, en las que se lleva a cabo la producción de hamburguesas para McDonald's.

“La colaboración entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y la Junta, nos ha llevado a que se ha celebrado un pleno extraordinario y urgente para poder aprobar la ampliación del suelo industrial en la ciudad”, recalcó el consejero sobre esta modificación urbanística. De hecho, el Consistorio toledano señalaba por su parte, en ese pleno extraordinario, que se trata de uno de los proyectos “más importantes de esta legislatura”, en palabras del concejal de Vox y responsable de Urbanismo, Florentino Delgado.

En ese momento afirmó que si no se hacía rápidamente, “nos quedaríamos fuera”, debido a que una vez que se inicie la redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM), no se puede “entrar en contradicciones”. “No puede existir una confrontación de la ordenación urbanística que pretendemos para el futuro con lo anterior, lo cual justifica por sí mismo esa urgencia”.

“Con más diligencia y transparencia”

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, lamentó que se tuviera que aprobar en un pleno extraordinario y urgente cuando el proyecto se inició en 2021 y cuando el alcalde, Carlos Velázquez, ya había anunciado que estaría listo antes de finalizar 2024. Remarcó su apoyo a esta ampliación por ser un proyecto del PSOE aunque a este Grupo Municipal le hubiera gustado que se aprobase “de otra manera, con más diligencia y más transparencia”,

De su lado, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, se abstuvo en la votación porque, entre otras razones, su diagnóstico socioeconómico para justificar esa modificación apunta que el documento está “desfasado en el tiempo”.

“La fecha más cercana que recoge el documento para justificar social y económicamente la necesidad de esta modificación se retrotrae a 2018”, subrayó. Tampoco compartía el diagnóstico referido a la vivienda pues “no se aborda el proceso gentrificador que sufre Toledo, la situación con las viviendas turísticas ni el problema del precio de la vivienda”.

“Toledo ha recibido más de 100 millones de fondos europeos que podrían haber servido para adecentar la zona industrial del barrio del polígono y hacerla atractiva a la llegada de las empresas”. “Sin embargo, tendremos que competir con municipios cercanos para atraer a estas empresas de logística provocando un proceso de dumping fiscal para ver quién paga menos impuestos y dónde”, concluyó.

La plantilla de Teknia Santander ha aprobado por unanimidad (78 votos favorables) el principio de acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) alcanzado el pasado viernes 26 de junio en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).

El acuerdo, que el comité de empresa (UGT-FICA y CCOO) y Teknia firmarán este martes en la propia fábrica en Ampuero, fue en una votación que se prolongó hasta última hora del lunes con la correspondiente al turno de noche.

El acuerdo reduce nueve despidos de los inicialmente planteados (de 28 a 19); acepta voluntariedad en las salidas, y estipula una indemnización de 29 días por año trabajado con un tope de 19 mensualidades.

Además, recoge la oferta de una empresa de recolocación; una bolsa de trabajo hasta el 31 de octubre de 2027; mejora el convenio regulador hasta los 63 años, y también compensa económicamente la afectación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicado en el año 2021, al incluirlo en las condiciones de la indemnización, ha informado en un comunicado el presidente del comité de empresa de Teknia Santander, Iñaki Martín (UGT-FICA).

El acuerdo del ERE aprobado por la plantilla de Teknia en Santander surge de una negociación que se inició el pasado 1 de junio y que se cerró el pasado viernes 26 de junio, en víspera de una huelga de dos días (29 y 30 de junio) convocada por el comité de empresa.

Un incendio que se desataba este miércoles ha quemado una chatarrería en el municipio toledano de Yuncler. El aviso lo daba un particular sobre las 13.55 horas cuando comenzó el fuego en las instalaciones situadas en la calle Olivilla.

El Servicio de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha daba por extinguido el fuego en las inmediaciones a las 19.34 horas del miércoles. No obstante, el fuego en el interior de la chatarrería continúa activo aunque controlado este jueves, según informan fuentes del Servicio de Emergencias del 112 regional a elDiario.es Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se habían desplazado bomberos del Consorcio de Orgaz, Illescas y Santa Olalla, y de Toledo y Villacañas con nodriza; del Ayuntamiento de Toledo con una nodriza con dos personas; de Madrid con una bomba y una cuba; y el COR con un medio terrestre y tres personas. A las 13.30 horas de este jueves permanecen en el lugar las dotaciones de bomberos de Talavera de la Reina y Santa Olalla, retirándose todas las demás.

Además del trabajo de los bomberos, la Policía Local de Yuncler ha informado de que se han tomado medidas preventivas en un punto limpio cercano para evitar que se propagase el fuego.

Al lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico de forma preventiva, así como agentes de la Guardia Civil.

Durante décadas, Extremadura ha sido presentada como una tierra rica en recursos y pobre en capacidad de decisión. Una región a la que desde fuera se le reconoce poco por aquello que aporta y menos por lo que recibe. Por eso no resulta extraño que desde el Club Senior de Extremadura se haya popularizado una idea que cada vez resuena con más fuerza, la de las sucesivas colonizaciones energéticas que ha sufrido nuestra tierra.

La primera colonización energética llegó con las grandes presas hidroeléctricas. Bajo el relato del progreso y el interés general, miles de hectáreas quedaron inundadas y numerosos territorios transformados para producir una energía que, en gran medida, alimentó el desarrollo industrial de otros lugares. Extremadura aportó territorio y recursos mientras que el valor añadido y la industrialización se quedaron fuera. Ya saben aquello que cantaba Extremaduro en Extremaydura, “Tenemos el agua al cuello, con tanto puto pantano”...

La segunda colonización fue la nuclear, la central de Almaraz simboliza esa etapa, junto a aquel intento frustrado que fue Valdecaballeros. De nuevo, la lógica fue similar, asumir los riesgos y las servidumbres de una infraestructura estratégica cuyos beneficios principales no revertían proporcionalmente en nuestro territorio. De nuevo, lo peor para nosotros mientras que las eléctricas se beneficiaban con una bonita alfombra roja. 

La tercera colonización energética ha venido de la mano del despliegue masivo de plantas fotovoltaicas. Nadie discute la necesidad de avanzar hacia energías renovables ni la urgencia de combatir el cambio climático. Pero una cosa es la transición ecológica y otra muy distinta reproducir esquemas extractivos bajo una nueva etiqueta verde. Grandes extensiones de dehesa y tierras agrícolas fértiles han sido ocupadas por instalaciones destinadas a generar y exportar energía, mientras Extremadura sigue teniendo dificultades estructurales para generar industria asociada, empleo estable y tejido económico propio.

Y ahora parece abrirse una cuarta fase con la expansión de las plantas de biogás.

Conviene decirlo con claridad, el problema no es el biogás. La tecnología del biogás, bien diseñada y adecuadamente planificada, puede formar parte de una economía circular inteligente. Convertir residuos en recursos, cerrar ciclos materiales y reducir emisiones son objetivos legítimos y necesarios.

La cuestión es otra y es que la preocupación creciente en numerosos municipios extremeños tiene que ver con el modelo de implantación que se está promoviendo. No hablamos de pequeñas instalaciones vinculadas al territorio y a la gestión local de residuos, sino de grandes proyectos industriales cuya dimensión y necesidades generan preguntas todavía sin respuesta suficiente.

¿Qué residuos alimentarán realmente estas plantas? ¿Procederán del entorno cercano o requerirán importar enormes volúmenes desde otros territorios? ¿Qué incentivos pueden generar para ampliar modelos intensivos de ganadería o atraer nuevas actividades altamente contaminantes? ¿Quién obtiene el beneficio económico y quién asume los costes ambientales y sociales?

Estas preguntas no son abstractas, se las hacen ya las plataformas ciudadanas que se están formando en municipios como La Coronada, Oliva de Plasencia, Granja de Torrehermosa, Miajadas o Almendralejo. No están rechazando necesariamente una tecnología, están reclamando planificación, transparencia, evaluación rigurosa y capacidad de decidir sobre el futuro de sus pueblos.

En algunos casos, además, se denuncian cuestiones concretas de ubicación. En Oliva de Plasencia, por ejemplo, se ha señalado que el emplazamiento previsto coincide con la dirección de los vientos predominantes hacia el núcleo urbano, alimentando la preocupación por posibles molestias provocadas por los olores y sus efectos sobre la calidad de vida.

La cuestión de fondo es si Extremadura quiere seguir siendo una tierra de sacrificio o convertirse en protagonista de su propio modelo de desarrollo.

La transición energética será justa o no será. Y para que sea justa no basta con cambiar una tecnología por otra, hay que cambiar quién decide, quién se beneficia y quién asume los impactos.

Extremadura necesita energía limpia pero también necesita soberanía económica, planificación territorial, industria asociada, empleo digno y respeto por quienes viven en el territorio.

Porque si el resultado de cada transición es ocupar más suelo, importar más residuos y exportar más beneficios, entonces quizá no estemos construyendo un nuevo modelo. Quizá solo estemos perfeccionando el viejo.

La sociedad pública Sodena aportará “hasta 50 millones” de euros al capital de la empresa conjunta con el fabricante chino Hithium para la instalación en Navarra de una factoría para la producción de baterías de almacenamiento eléctrico que estará en funcionamiento a partir del 2027. Así lo ha anunciado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, después de que se cerrase hace unas semanas el acuerdo con la empresa china para la construcción de la planta, que contará con una inversión total de más de 400 millones y que generará 700 empleos directos.

Irujo ha avanzado que, si bien Hithium iba a realizar una aportación incial de capital de 61 millones, “en las últimas negociaciones” han previsto “elevar esa suma a los 100 millones”. Así, ha afirmado que “el motivo de la entrada de capital público se justifica desde el punto de vista del arraigo empresarial para asegurar el futuro de la planta en Navarra, asegurar la configuración de una cadena de valor industrial en el territorio, así como la contratación de personal laboral local”.

El consejero ha subrayado asimismo que “siempre que se cuente con las autorizaciones necesarias (tanto internas como de las autoridades administrativas competentes) y de conformidad con la legislación vigente, además del límite de inversión total de 50 millones, Sodena hará todo lo posible por estudiar la posibilidad de proporcionar garantías o contragarantías adicionales, en forma de avales”. Irujo ha detallado que “el objetivo es que las baterías de Hithium tengan el sello de Made in Navarra”. “Y todo ello, asegurando empleo de calidad para esos 700 puestos de trabajo previstos”, ha afirmado.

Irujo ha explicado que la primera visita de Hithium a Navarra se produjo en octubre del 2023, y que “la empresa y el Gobierno de Navarra han estado colaborando estrechamente con el objetivo de evaluar la viabilidad de la ejecución del proyecto en Navarra desde todas las perspectivas pertinentes (incluidas las cuestiones normativas, administrativas, operativas, financieras y relacionadas con el empleo), habiendo concluido ambas partes que Navarra reúne las condiciones necesarias y óptimas para el desarrollo del proyecto de inversión”.

Ha recordado que, tras la visita de Hithium, con su fundador a la cabeza, el 14 de diciembre de 2025, la empresa invitó al Ejecutivo a visitar y ultimar negociaciones en su planta de Chongqing los días 13 a 15 de enero. Y una semana más tarde, el 23 de enero de 2026, el Grupo Hithium constituyó en Navarra una sociedad denominada Hithium Spain Innovation, S.A., “destinada a servir de vehículo corporativo a través del cual se ejecutará y desarrollará el proyecto de inversión”.

Ha explicado que, como promotor principal y socio industrial del proyecto, Hithium ha iniciado el proceso de 'due diligence' industrial del proyecto en Navarra, incluida la evaluación técnica, industrial y jurídica de las posibles instalaciones donde irá la fábrica de producción. Además, ha continuado, el asesor financiero de la empresa ha realizado un sondeo de mercado informal con los principales bancos comerciales en abril e inició las negociaciones oficiales con los prestamistas en mayo.

Irujo ha precisado que Hithium estima que el desarrollo del proyecto supondrá un gasto de capital de aproximadamente 405 millones de euros y que tiene la intención de recurrir a las siguientes fuentes de financiación: aportaciones de capital por un importe total de 150.000.000 euros; financiación bancaria y de instrumentos como el FAIIP (Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva) por un importe total de 174.000.000 euros; y subvenciones públicas por un importe total de 81.000.000 euros. “Estas cifras son aproximativas, podrían variar ligeramente en el transcurso de las negociaciones”, ha afirmado.

Según el consejero, el pasado 6 de mayo el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, emitió una propuesta para la concesión de una subvención a favor de Hithium por un importe de 81.000.000 euros para el desarrollo del proyecto en Navarra. “No está del todo confirmado, a falta del resultado de la evaluación técnica, si bien es un hito fundamental para el proyecto”, ha dicho.

El gigante automovilístico chino SAIC ha presentado una solicitud formal para levantar en Ferrol la que va a ser su primera planta de fabricación en suelo europeo. La Xunta acaba de confirmar esta propuesta de inversión, que ha declarado ya proyecto industrial estratégico, una figura que facilita y acelera los trámites. El anuncio llega tras semanas de especulaciones sobre la posibilidad de que la empresa se instalase en suelo gallego y entre agradecimientos de la Xunta al Gobierno central por su trabajo y su colaboración en el proceso.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que su equipo se ha implicado de forma “discreta” durante meses en negociaciones con la empresa china, que llevaron a que él mismo y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, viajaran a China en abril, justo a continuación de una visita de Pedro Sánchez al país que fue duramente criticada por el PP. Rueda admitió que la aportación del Gobierno central ha sido determinante y ha agradecido su “implicación, en especial en la recta final de las negociaciones”.

Lorenzana, que presentó este lunes el proyecto junto a Rueda, afirmó que la colaboración del Gobierno central está siendo “ejemplar” y que ha tratado el proyecto con “la seriedad que merece” y ha participado en tres reuniones de máximo nivel. La conselleira comparó los planes de SAIC para las comarcas de Ferrolterra y el Eume -la planta se proyecta en el puerto exterior ferrolano, pero se propone también un centro industrial y logístico en As Pontes- con el complejo industrial que ha generado en Vigo y su entorno la fábrica de Stellantis.

Sería, expuso Lorenzana, el centro industrial y logístico de SAIC en Europa, en donde la empresa china, cuya marca más conocida es MG, exploró otras posibles ubicaciones. El proyecto promete 1.000 empleos directos en Ferrol, sumados a otros tantos indirectos y a 300 más en As Pontes. “Estaríamos hablando del mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas”, enfatizó. La propuesta implica una inversión de 200 millones de euros, con la intención de estar produciendo 120.000 vehículos al año. La intención es que el proceso sea acelerado: según la Xunta, SAIC quiere arrancar las obras en 2027 y tener la planta operativa en 2028.

La conselleira hizo un repaso de las decenas de reuniones mantenidas desde que, en octubre de 2025, SAIC Motor se interesó por las alternativas existentes en Galicia para levantar su fábrica europea. La Xunta, relató, ofreció todas las zonas industriales de la comunidad y fue la empresa china la que optó por el puerto exterior de Ferrol. El Gobierno gallego asegura que la experiencia previa en automoción y la rapidez de los plazos de tramitación ofrecida fueron determinantes en la elección.

La Xunta asegura que también existe un compromiso por parte de la empresa china para que buena parte del aprovisionamiento tenga origen europeo. “No tiene mucha escapatoria”, dijo Lorenzana, que argumentó que importar los materiales supondría para SAIC tener que pagar los aranceles y que esta es precisamente una de las razones de que se quiera instalar en suelo europeo.

El proyecto inicia así su tramitación, que incluye análisis ambientales y los permisos de la Xunta, pero también, en paralelo, el otorgamiento de las concesiones portuarias y la autorización en el Consejo de Ministros de la inversión extranjera.

La reunión entre el comité de empresa y la dirección de Prysmian, fábrica de fibra óptica en Maliaño, ha concluido sin acuerdo, este miércoles, en el Organismo de Resolución de Conflictos Extrajudiciales (ORECLA).

El comité ha querido poner el foco en la situación que atraviesa actualmente la fábrica cántabra: ha perdido más de 80 puestos de trabajo en los últimos 12 años, pasando de 216 trabajadores a 138, con dos años de ERTE y 11 despidos en los últimos seis meses. El conflicto laboral se mantiene centrado en la negociación salarial del nuevo convenio: según denuncia el comité, la propuesta planteada por Prysmian contempla una congelación salarial para 2025 y 2026 y un IPC real con tope para 2027.

Pese a este panorama el comité de empresa ha explicado en una nota de prensa que la reunión en el Orecla ha sido “breve y decepcionante” y que la empresa ha llegado “sin ninguna propuesta concreta” a la mediación. Es más, lo único que ha llevado es una petición que, a juicio de la representación sindical, ha sido más bien una exigencia, una reunión con la comisión negociadora para presentar su propuesta el próximo martes, 2 de junio, en las propias instalaciones de la fábrica.

“Hemos aceptado porque tenemos voluntad negociadora y queremos llegar a un acuerdo, eso sí, no a cualquier precio. Hablaremos con la plantilla porque esta aceptación no quita que planteemos un nuevo calendario de paros. A la vista está que la situación sigue completamente bloqueada”, ha añadido Ismael Vega (CCOO), presidente del comité de empresa, según un comunicado del sindicato que representa Vega.

Para Vega, “acudíamos a la mediación en el ORECLA sin expectativas concretas pero con la intención de conocer la posición actual de la empresa porque desde hace un mes no ha habido ningún tipo de movimiento por su parte. De hecho, fue la última propuesta empresarial en abril la que provocó la convocatoria de huelgas actualmente en marcha”.

El comité de empresa señalaba antes del inicio de la reunión que llegaban con esperanza porque “pedir a los compañeros sacrificios y huelgas es duro, pero también expectantes porque necesitamos saber si la empresa quiere seguir instalada en el inmovilismo o empezar realmente a dar pasos hacia un acuerdo”, afirmaba el presidente del comité.

“Es totalmente injusto porque hablamos de una multinacional con importantes beneficios y únicamente estamos reclamando mantener el poder adquisitivo mediante la actualización conforme al IPC. No estamos pidiendo nada más”, ha subrayado Vega, que ha recordado que mañana jueves, 28 de mayo, tendrán el último paro de este primer calendario de movilizaciones.

La representación de los y las trabajadoras ha recordado que incluso en épocas de mayor actividad “se pidió a la plantilla contención salarial por solidaridad con otras partes del grupo y por eso ahora lo que pedimos es precisamente esa solidaridad hacia esta planta y hacia esta plantilla”.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que con el concurso de acreedores y el hecho de que se haya empezado a trabajar en la planta de Amurrio tras suspenderse la huelga indefinida se abre “una nueva etapa” para la atracción de inversores en Tubos Reunidos. Y ha adelantado que “hay inversores interesados en poder ayudar”, pero “no propuestas” concretas aún.

El consejero ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, casi en el momento en el que representantes de los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trápaga, por separado, comparecían en el Parlamento Vasco. El comité de empresa de la planta vizcaína ha señalado que su fábrica es viable en estos momentos y tiene carga de trabajo, por lo que han pedido que se posibilite que haya un inversor específico para Trápaga dentro del proceso concursal, atendiendo a que tienen una situación de partida diferente por el tipo de producto que fabrican.

Jauregi ha reiterado que “la solución” en Tubos Reunidos pasa por “la llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro” y, para ello, se requieren “dos condiciones” que lleva repitiendo a lo largo de toda la crisis de la empresa. Por un lado, que se logre la quita de la deuda, porque “nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso”, y también “la paz social”, ya que “nadie quiere comprar un piso en un vecindario con líos”. En su opinión, el concurso de acreedores “abre la puerta de una manera legal y ordenada a hacer esa reestructuración de la deuda, que antes no se podía hacer porque la Sepi, que es la mayor acreedora de Tubos Reunidos, decía que no podía reducir o hacer una quita en su deuda porque no tenía manera legal de hacerlo”. “Y ahora eso ya está en manos del administrador, ya va a hablar con todos los acreedores y empezar ya a activar la reestructuración de la deuda”, ha recordado.

Además, ha destacado que con la suspensión de la huelga indefinida en Amurrio se ha llegado a una “situación de mayor paz social”. “Celebramos que la gente esté trabajando, porque es importante conseguir que la actividad continúe por dos razones prioritarias en este momento. Una, que se genere suficiente caja para pagar las nóminas de los empleados, que sigamos haciendo suficiente caja, sacando la carga de trabajo adelante y la cartera de trabajo adelante. Y la segunda es para mantener la clientela, porque si los clientes se van a marchar si seguimos en una situación de nueva actividad”, ha apuntado.

Mientras tanto, los representantes del comité de empresa de Trápaga, la planta vizcaina, antigua Productos Tubulares, han pedido ayuda a los partidos políticos para garantizar la continuidad de a planta de Trápaga. Han indicado que la realidad de Tubos Reunidos “marcha a dos velocidades, Amurrio tiene una situación muy compleja, que va a requerir un concurso largo y difícil, mientras que Trápaga es una empresa viable hoy mismo, con capacidad tecnológica y comercial con futuro inmediato”, han indicado. Han asegurado que no quieren “mal para Amurrio, todo lo contrario”, han dicho. Y en este sentido, han considerado que estabilizar el nudo estratégico de Trápaga “servirá de palanca de tracción y dará el oxígeno necesario para consolidar también a Amurrio”. Por eso, han insistido en que “dejar avanzar cuanto antes a la planta de Trápaga es salvar empleo industrial real desde hoy mismo. Tiene carga de trabajo y clientes hoy, y así proteger la cadena de proveedores vascos y darnos margen financiero para buscar una solución para Amurrio. Les pedimos apoyo político y agilidad administrativa para facilitar la llegada de un socio inversor específico para Trápaga”, han señalado.

No obstante, han advertido de que cuentan con carga de trabajo para cuatro meses, pero que son unos pedidos que se pueden perder porque no tienen materia prima, porque no se puede comprar por falta de caja o porque no llega desde Amurrio por la huelga indefinida que se ha extendido desde marzo hasta este lunes. En este sentido, han insistido que se necesita una ayuda “inmediata”.

De forma previa, han comparecido en la comisión de Industria del Parlamento representantes del comité de empresa de Amurrio, que han criticado el “insuficiente papel de las instituciones públicas” hasta ahora para exigir transparencia a la dirección, y fiscalizar el dinero público inyectado a la empresa. Además, han esperado que el concurso permita un cambio de enfoque del ERE que se presentaba como “imprescindible, no ha solucionado nada”. Por eso, aunque han reconocido que el concurso “no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación” han señalado que al mismo tiempo, “abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas”. En este punto han enmarcado la suspensión de la huelga indefinida para “hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística”. Respecto a los posibles inversores, han indicado que deberían buscarse entre los accionistas, que han cobrado beneficios mientras se engordaba la deuda. En este punto, se han preguntado si desde la Sepi se sabía que “se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando”. Por ello han considerado que estos accionistas son los que deberían ahora reinvertir para salvar la empresa.

Dieciocho chimeneas de la planta de Tereos en Zaragoza, antigua Campo Ebro Industrial, y un persistente olor impulsan a los vecinos del barrio zaragozano del Picarral a seguir exigiendo que la última fábrica con calificación de “industria tolerada” inicie el proceso de traslado fuera de la ciudad, como lo han hecho el resto de compañías que en su día estuvieron instaladas en el área urbana.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende denuncia episodios recurrentes de olores intensos, ruidos nocturnos y vibraciones provocadas por la actividad industrial y logística. A ello se sumó la fuga de almidón registrada entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando una espuma blanca cubrió varias calles del barrio y disparó todavía más la desconfianza hacia la planta. También han tenido que ser selladas por la empresa varias alcantarillas de la calle Obón tras el escape de vapores hace unos meses por los sumideros que, según la empresa, son vahos no tóxicos que buscan una salida. Según Ana Lasierra, presidenta de la Asociación, el alcantarillado público tiene un límite y no debería permitirse el vertido industrial de la fábrica con importante volumen de residuo.

Esta ha sido la razón por la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha permitido que la empresa levante su propia depuradora pero la solución, lejos de recibir el visto bueno de los vecinos, ha avivado la polémica porque creen que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la instalación supone una ampliación de la actividad, que ahora se blinda por varias décadas más en la misma ubicación.

Sin embargo, la empresa niega que implique un aumento de la capacidad productiva ni de la actividad industrial, “que se mantiene dentro de los límites autorizados desde hace años”. Pero deja claro que no contempla su traslado a medio plazo, mientras que el Ayuntamiento argumenta que no puede obligarse al cierre de una actividad industrial que cumple la normativa vigente.

Modificación urbanística a costa del uso residencial

La Modificación Aislada del PGOU de Zaragoza recoge la ampliación del área industrial E-43, donde se encuentran las instalaciones de Tereos, incorporando terrenos que hasta ahora pertenecían a otra prevista originalmente para uso residencial con capacidad para 32 viviendas, zonas verdes y viales públicos ya urbanizados. Las obras de urbanización fueron cedidas y recibidas definitivamente por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2016. Además, el suelo residencial disponía de planeamiento aprobado e incluso de instrumentos de gestión urbanística ya inscritos registralmente.

Según la Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende, el Ayuntamiento ha vendido por 1.800 euros el terreno de una pequeña zona verde urbana, colindante al terreno donde se levantará la depuradora, convirtiéndolo en suelo industrial.

El equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Vox, justifica la modificación argumentando que la nueva planta de tratamiento de efluentes forma parte de los compromisos ambientales asumidos por Tereos para mejorar su proceso productivo y reducir el impacto ambiental de la actividad industrial, ya que además la planta vertía hasta ahora a la depuradora municipal de La Cartuja.

Igualmente, la empresa sostiene que la nueva planta de tratamiento es tan solo un proyecto ambiental asociado a la mejora de su producción. “Es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y modernización, permitiendo reducir la carga sobre la depuradora municipal, disminuir emisiones, optimizar el consumo de agua y mejorar la integración ambiental en el entorno”, explica Javier Pemán, director general de Tereos Zaragoza. Unido a la digitalización de sus procesos industriales, detalla que este proyecto permitirá en una primera fase una reducción del consumo de agua cercana al 15%, gracias a la posibilidad de reutilización, así como una disminución de las emisiones de CO₂ de hasta 1.100 toneladas anuales.

60 años de actividad y problemas de tráfico

La empresa nació en 1964 bajo el nombre de Campo Ebro Industrial e inició su actividad cuando el entorno del Picarral todavía conservaba un marcado carácter industrial y la presión residencial era muy inferior a la actual. Con el crecimiento urbanístico de Zaragoza durante las últimas décadas, la fábrica ha quedado completamente encastrada en mitad del barrio, entre la avenida Salvador Allende y la trasera residencial del Picarral, convertida en una de las escasas grandes industrias que siguen integradas dentro de la trama urbana consolidada.

En el barrio residen muchos de los más de 200 trabajadores de la firma. Las viviendas de los primeros obreros de la fábrica se instalaron en calles sin asfaltar y carecían de red de saneamiento. Ahora, conviven con nuevas promociones, de forma que todas ellas rodean la fábrica.

Actualmente, la planta pertenece al grupo cooperativo francés Tereos Starch & Sweeteners Iberia, uno de los mayores productores mundiales de azúcar y derivados del almidón. Su actividad consiste en el procesado de maíz para fabricar almidones, glucosas y productos destinados a la industria alimentaria, farmacéutica, papelera y química.

Aunque no está considerada una industria especialmente contaminante ni trabaja con productos químicos peligrosos, los vecinos sostienen que sí resulta altamente molesta por los olores derivados de la fermentación del maíz, el funcionamiento continuo de la planta y el intenso tráfico de camiones pesados que atraviesa diariamente calles ya plenamente urbanizadas. Alrededor de 100 vehículos pesados circulan diariamente por esta zona del casco urbano a partir de las 06.00 horas, en cuyas proximidades hay tres residencias de mayores, un colegio, un instituto y una guardería.

Aunque las protestas van ligadas a la propia historia de la compañía, el último conflicto surge en mayo de 2025, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), diseñada específicamente para permitir la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) dentro del recinto fabril, una mejora técnica que reducirá el impacto sobre la red de saneamiento de la ciudad.

La operación recibió además un fuerte respaldo institucional cuando el Ministerio de Industria adjudicó en abril de 2026 ayudas públicas por valor de casi 8 millones de euros destinadas a modernizar y hacer más sostenible la actividad de la planta. Para los residentes del Picarral, estas inversiones suponen la confirmación definitiva de que no existe ningún plan de traslado a corto o medio plazo.

Industria tolerada y ofensiva jurídica

Tereos comparte con Instalaza, La Zaragozana y Averly la singular calificación de “industria tolerada”, una figura reservada a empresas históricas que permanecieron en la ciudad mientras el crecimiento urbano acababa rodeándolas. En teoría, este tipo de actividades pueden seguir funcionando, pero bajo la premisa de que su permanencia es provisional y de que el destino final del suelo debe ser residencial o de zonas verdes.

Tereos será la única de las cuatro que seguirá en su ubicación actual después de que Instalaza haya iniciado ya el proceso para abandonar su histórica ubicación urbana y trasladarse fuera de la ciudad.

Para la asociación vecinal “ha sido el colmo” y lo que ha provocado la reacción del barrio ya resignado a convivir con ella, “es que se les permita ampliar el suelo industrial en el casco urbano”- Los vecinos consideran que la autorización de la depuradora rompe completamente la lógica de provisionalidad asociada a las industrias toleradas y convierte de facto a la fábrica en una instalación permanente dentro del barrio que puede perpetuarse otros 30 o 40 años y dificulta el traslado de la misma a suelo industrial municipal, “que es lo que se tenía que haber empezado a trabajar y negociar hace muchos años, asegurando los puestos de trabajo, como se ha hecho con Instalaza”, compara la representante vecinal. Por ello, presentaron alegaciones acompañadas de 1.500 firmas que el Ayuntamiento desestimó y aprobó definitivamente la modificación urbanística.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende sostiene que se trata de una ampliación de la actividad, pese a los argumentos del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, porque en el propio proyecto de la depuradora presentado por la empresa deja muy claro que esta planta depuradora generará biogás que utilizaran en su proceso de producción y por tanto, sí se realiza actividad en la nueva instalación“. A su juicio, la ampliación del suelo industrial para esta actividad ”es algo insostenible en cualquier ciudad, a quince minutos de la Plaza del Pilar“. Y pretenden llegar hasta el final si tiene que resolverlo un juzgado ”como ya lo ha hecho con la Torre Outlet de Pikolin, que por cuatro veces ha sentenciado que el Ayuntamiento no puede hacer lo que quiera“, explica la presidenta, Ana Lasierra

Una vez hecha la recalificación por el Ayuntamiento, los vecinos esperan conocer la solicitud de la licencia de obras para valorar el tipo de instalación que se construirá y estudiar judicialmente si es legítimo colocar esta planta de tratamientos de vertidos industriales en el casco urbano y tan próximo a las viviendas. “Tras asesorarnos jurídicamente de normas estatales y europeas, haremos todo lo posible tras estudiar la licencia, para paralizar semejante aberración con la que en el Picarral no estamos dispuestos a convivir, y seguiremos luchando para que la fábrica salga del barrio y no sigamos soportando ruido, olores, contaminación y el paso de cientos de camiones por nuestras calles”, explica Lasierra.

Además, solicitarán que el ayuntamiento cree una mesa de trabajo con técnicos, empresa, partidos políticos y vecinos para comenzar a elaborar un plan que facilite a la empresa Tereos instalarse en suelo industrial municipal, “que es dónde debería de estar”.

Así, más de seis décadas después de su llegada al Picarral, la antigua Campo Ebro sigue simbolizando uno de los mayores dilemas urbanísticos de Zaragoza: la convivencia entre la industria histórica y una ciudad que ha terminado creciendo a su alrededor.

Os ventos da historia e da xeopolítica tamén pasan sobre a Terra Chá. Cando eu estaba saíndo da nenez moita xente da comarca atopaba unha saída laboral na industria ferrolá. Primeiro foi, a fins dos sesenta e comezos dos setenta, Astano. O desnivel entre o que se gañaba en Ferrol e o que podía gañarse na bisbarra era tal que o resentimento atopaba expresión no comentario, mil veces escoitado nos bares, de que os obreiros dos asteleiros “tiran os ferodos á ría”. Iso era o summum do malbarate. Aqueles obreiros, cos seus elevados salarios, inxuriaban sen querer aos que quedaban. Cubatas&coches&tvs marcaron naqueles anos unha nova era do consumo. Despois, case inmediatamente, veu a construción da central térmica das Pontes que supuxo unha nova febre do ouro. Limitada, pero febre á fin e ao cabo.

Vilalba estaba cambiando a súa función dentro do esquema do territorio. De ser vila cabezaleira da Terra Chá pasaba a ser epifenómeno de Ferrol e As Pontes e máis alá. Un “máis alá” no que se resume un tempo de transformación e no que caben tantas cousas. Ningunha vila ou cidade está ao marxe do percorrido universal. Non hai burbullas. O curioso é que os asteleiros ferroláns pasaron de ser a Meca a entrar en crise case inmediatamente. A partires de 1983 a crise do sector naval fixo que a cidade entrara nun declive prolongado. O noso Detroit, para dicilo na sentencia establecida, tivo nunha canción de Los Limones algo así como un himno elexíaco. A economía ten moito que ver coas emocións, e as expectativas no Ferrol estaban por debaixo de cero.

Os camiños do Señor son inescrutábeis e corenta anos e pico despois semella que estamos nun novo xiro dos tempos. As cidades son un estado de ánimo, dixo Robert Park, e o sucederse das cousas tal vez cambie o de Ferrol. Navantia ten carga de traballo ata ben entrada a próxima década por mor da construción de fragatas e outros buques militares, unha derivada das tensións que ameazan o planeta. A descarbonización e a necesidade de novas fontes de enerxía insta á fabricación de plataformas mariñas flotantes para os muíños eólicos na UE. As dúas cousas son realidades operativas que marcarán o futuro inmediato de Ferrolterra. Ao final, as instalacións e o 'know how' da comarca atopan unha saída, máis aló de empresas como Megasa, Cándido Hermida, Pull&Bear, Imegasa ou Forestal do Atlántico.

A inflexión na globalización e a normativa comunitaria están decidindo a China a producir coches eléctricos, ámbito no que son líderes, en Europa e parece que MG se vai decidir por Ferrol para instalar unha fábrica. É algo que non está confirmado, pero ao parecer existen altas probabilidades de que se ratifique. De ser así, como o expresa Daniel Hermosilla, a área de Ferrol pode volver vivir “tempos de gloria”. Semella que tamén As Pontes pode obter algo da nova división internacional do traballo.

Ese xiro dos tempos acentuaría aínda máis a idea de que o tramo Ferrol-A Coruña é a actuación máis importante do trazado ferroviario en Galicia. Precisa dunha acción decidida, non só para mellorar a liña, senón para substituír o actual trazado e poñelo á altura das necesidades do século XXI. De haber servizos rápidos, a demanda multiplicaríase, como foi o caso do eixo ferroviario entre A Coruña e Vigo, que debe ser completado ata Ferrol. A área urbana delimitada polas dúas cidades daría un enorme salto adiante e o tren axudaría articular os concellos intermedios. Estamos falando dunha poboación aproximada de 650.000 habitantes.

A escala é importante e a estas alturas debería estar claro que a ordenación do territorio e a planificación pública ten que facer da Coruña-Ferrol -a Cidade das Rías de Albalat- unha única área urbana. A masa crítica é importante e caben poucas dúbidas do enorme impacto positivo que podería significar en termos económicos e sociais. É incomprensible que unha axeitada comunicación por ferrocarril non sexa un obxectivo prioritario. Tamén as liñas de cercanías han de selo, non só na dirección de Ferrol senón cara Arteixo e Carballo. Parece que o ministerio de transportes traballa nun plan de tren de proximidade para Galicia, instado polo BNG. Benvido sexa.

Os poucos vanse asentando na conciencia pública, incluída a mente da administración, determinadas realidades. Nun recente encontro de enxeñeiros galegos e portugueses, no que estaba presente o vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, poñíanse sobre a mesa a necesidade da conexión do corredor atlántico por tren a Ferrol; o AVE Porto/Vigo; autopistas ferroviarias de mercadorías, a xestión conxunta dos aeroportos galegos, e mesmo a súa coordinación co de Porto. É unha axenda interesante, non moi distinta da que está postulada no meu libro Unha Nova Olanda: de Ferrol a Porto (Galaxia, 2021). Unha das funcións do traballo intelectual é a de intentar ser a roda pequena que move a roda grande dentro da sofisticada maquinaria social.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) espera aprobar este año la planificación energética imprescindible para el proyecto del centro de datos Altamira, según ha reiterado en varias ocasiones el consejero de Empleo e Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP). El proyecto precisa una potencia de 500 megawatios de los 3.800 contemplados para centros de datos de toda España, que se concederán en el marco del plan para el periodo 2025-2030 y que está en la actualidad en tramitación.

El departamento que dirige Sara Aagesen estudia las 1.200 alegaciones presentadas. Otra cosa es -como precisan las fuentes consultadas por Europa Press - que tras las alegaciones se incluya la línea eléctrica que precisa el proyecto Altamira: “La propuesta a información pública cambia y no es bueno dar nada por seguro”.

Arasti aseguró la semana pasada que este centro de datos, que prevé una inversión privada de 3.600 millones de euros, “solo” necesita la autorización del MITECO para conectarse a la red eléctrica. Si la obtiene, dijo, el proyecto se hará “con rapidez”, pero si no, la actuación se irá a “otro país”, alertó. Sin embargo, todavía falta también por recibir el preceptivo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para remitir después la propuesta a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para su aprobación y, posteriormente, ha de elevarse al Consejo de Ministros para que entre en vigor.

Según fuentes del MITECO, “faltan meses” de tramitación y hay plazos que “no dependen” del MITECO, como los informes citados, aunque desde el MITECO esperan que la planificación energética esté aprobada este año.

Según defendió el consejero en una rueda de prensa, en la que negó “engaño” del Gobierno cántabro con este proyecto ante las críticas de la oposición y más en concreto del PRC, se trata de un proyecto “muy maduro”, ya que incluso los promotores han comprado por 9,5 millones de euros los terrenos en Piélagos y Villaescusa para la primera fase de desarrollo del campus tecnológico incluso sin tener esa autorización administrativa.

Los trabajadores del metal de la provincia de Pontevedra han vuelto a salir este miércoles a la calle en una nueva jornada de huelga, la segunda, para exigir un convenio colectivo digno, y con un seguimiento total, según han incidido los sindicatos.

Así, según recoge Europa Press, en esta jornada de nuevo miles de personas se han manifiestado por las calles de Vigo, en una marcha a la que también se han unido trabajadores del sector del comercio del metal, que igualmente están en huelga este miércoles.

Los representantes de CC.OO, CIG y UGT han confirmado que, por el momento, la patronal no les ha contactado para retomar la negociación, y han matizado que la parte social tiene “interés” en desbloquear la situación, pero se encuentra con la “cabezonería” de los empresarios. En este escenario, ha advertido Santiago García (CC.OO.), “si se sigue en esta situación, la tensión se va a incrementar”.

Xulio Fernández, responsable comarcal de CIG Industria, ha explicado que, con todo, la convocatoria de una huelga indefinida no está sobre la mesa en este momento. “Hay que mantener la cabeza fría e ir viendo como modulamos en cada momento el tipo de huelga”, ha apuntado, y ha señalado que, en cualquier caso, la movilización continuará si la patronal no se aviene a negociar “de buena fe”.

Por su parte, Cristian González (UGT), ha afirmado que esta segunda jornada de huelga es “una llamada de atención a la patronal para que se lo tome en serio” y les convoque a la mesa negociadora, con el fin de llegar a un acuerdo que recoja sus demandas económicas y de mejora de las condiciones laborales. Así, ha recordado que las empresas alertan de la falta de personal cualificado y les ha instado a preguntarse el “por qué” de ese déficit.

Tras la manifestación, los trabajadores se han reunido en una asamblea en la plaza de la Estrella, donde los portavoces de los sindicatos han hecho un llamamiento a mantener la unidad y a reforzar la acción de los piquetes para mantener la actividad totalmente parada en los días de huelga. “Tenemos una guerra con la patronal, y tenemos que ganar esta batalla, por lo civil o por lo criminal, con unidad, disciplina y organización”, ha proclamado Xulio Fernández.

La patronal, convoca

La patronal del Metal de la provincia de Pontevedra ha convocado a los sindicatos para el viernes a una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo, para retomar los contactos tras las jornadas de huelga (la tercera será este jueves), y ha vuelto a lamentar que, a estas alturas, tras más de una docena de encuentros, no se haya alcanzado un preacuerdo.

Las asociaciones Asime, ATRA e Instaelectra han cifrado el seguimiento del paro este miércoles en un 60% y han denunciado la acción de los piquetes y el hecho de que “la violencia va en aumento”.

Así, han señalado que “no se está respetando el derecho al trabajo”, ya que los piquetes “están cerrando empresas a la fuerza y bloqueando los accesos”. A esto se unen, han afirmado, algunos actos vandálicos, como “robo de llaves de maquinaria en una nave” o la “expulsión de trabajadores entre insultos y amenazas”.

Con todo, la patronal ha reiterado su apuesta por la negociación y ha asegurado que mantiene su “voluntad de diálogo” para alcanzar “una solución equilibrada”. Por ello, han convocado una nueva reunión de la mesa de negociación y han apelado a la “responsabilidad” de los sindicatos para poner fin al conflicto, “que perjudica tanto a las empresas como a los propios trabajadores”.

La formación política Cantabristas ha criticado el “ridículo histórico” que está haciendo el Gobierno del PP de la presidenta Buruaga con el “humo en el que se ha convertido el centro de datos Altamira” y consideran que a la luz de la información que el propio ejecutivo autónomico va ofreciendo, el proyectado centro tecnológico “va a terminar en nada”.

Desde el partido, han recordado que Buruaga anunció que las obras comenzarían en el pasado enero de este año y que, incluso, “creó una figura legislativa ad hoc (Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria) para aupar al centro de datos, por no mencionar las portadas en periódicos que rellenó para promocionar su proyecto estrella”.

Anticipándose a la “maquinaria publicitaria del PP, el secretario general Paulu Lobete vaticina que ahora el Gobierno de Buruaga ”se enrocará“ en la excusa de que todo ha salido mal por culpa del gobierno central. ”Por culpa del famoso enchufe, la conexión energética necesaria para llevar adelante el proyecto“, explica. Sin embargo, Lobete ha cuestionado que, si la conexión eléctrica no estaba garantizada desde un inicio ”¿por qué Buruaga estuvo anunciando a bombo y platillo un proyecto de 3.600 millones de euros diciendo que era el proyecto de la legislatura y la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria?“.

El partido cantabrista, que desde un inicio dijo que el centro de datos Altamira parecía un proyecto “especulativo y poco realista”, también había mostrado su rechazo al mismo, argumentando sus “desastrosas consecuencias medioambientales” y el escaso beneficio que -en su opinión- ofrecen este tipo de proyectos a nivel de generación de empleo para la población local.

Para Lobete, el PP de Buruaga sencillamente “ha estado utilizando el centro de datos Altamira a sabiendas de que en realidad no tenían nada para sacar rédito político y fingir que hacen cosas para ocultar su absoluta inoperancia”.

El Ayuntamiento de Manjarrés se ha mantenido prácticamente en silencio durante semanas en torno a la posible instalación de una macrofábrica de prefabricados de hormigón que el vecindario en contra y el Gobierno de La Rioja declarándolo proyecto de interés estretégico. Días después de conocerse el rechazo de la empresa a construir la industria, el consistorio se atribuye ahora la marcha atrás del proyecto señalando que “ha primado la unión del pueblo por encima de cualquier interés empresarial”.

Las parcelas en las que se iba a instalar esta fábrica, que duplicaba en superficie al tamaño del casco urbano del pueblo, son municipales y se los comprarían al Ayuntamiento. “La empresa busca suelo a precio ”low cost“ cuando existe mucha superficie en diversos polígonos industriales de La Rioja”, subrayaron las críticas de Amigos de la Tierra La Rioja y el vecindario al proyecto.

Ahora el Ayuntamiento ha explicado en una nota de prensa del PP de Manjarrés que “la decisión de no vender a la empresa los terrenos sobre los que se iba a instalar una planta de prefabricados de hormigón fue adoptada de forma unánime por la Corporación municipal”. Una decisión que justifican con la intensión de que “prevalezca la concordia en el municipio por encima de todo lo demás”.

Sin embargo, después de semanas de protestas y todavía con el proyecto de la variante en el aire, no parece quedar rastro de esa unión del pueblo que la alcaldesa quería primar y las posturas siguen enfrentadas. Este mismo miércoles, la portavoz de la plataforma contra la fábrica y la variante, Laura Velasco, denunciaba que había sufrido un acto vandálico en su casa, donde le había roto los cristales.

Por su parte, la alcaldesa, Pilar Martínez, subraya “el firme compromiso del PP, de su Ayuntamiento y del Gobierno regional con la realidad social de este municipio de la comarca de Nájera, asentado de manera muy sólida en el sector primario y la industria agroganadera”, aunque el pasado mes de marzo el mismo Gobierno de La Rioja impulsaba la fábrica declarándola PIER. Igualmente, la alcaldesa defiende su actitud de “total transparencia en todo lo tocante a esta actuación” a pesar de que durante los últimos meses el vecindario ha denunciado la falta de información.

“El proyecto industrial de Soprein, que habría supuesto una oportunidad para el empleo, la actividad económica y el desarrollo industrial de la zona”, asegura el PP de Manjarrés, que asimismo reconoce que “no estaba exento de la inquietud de los vecinos por cómo podía influir su desarrollo presente y futuro en la preservación del medio ambiente”. Por ello, según justifican, el Ayuntamiento ha decidido renunciar a la venta de las parcelas, “lo que ha condicionado que la empresa renuncie definitivamente a su proyecto en la localidad”.

Renault España ha anunciado este jueves que pone “en suspenso” la adjudicación de nuevos vehículos a las plantas españolas de fabricación ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio.

Durante la décima reunión de la mesa negociadora del convenio 2026-2028, celebrada este jueves, la dirección de Renault España ha presentado a los sindicatos la última oferta que, como ha precisado en un comunicado de prensa, “hubiese permitido la adjudicación inmediata de nuevos vehículos y la nueva plataforma del Grupo a las factorías españolas”.

Al no haber llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales, la dirección ha anunciado que “se ve obligada a suspender la adjudicación de vehículos a España, abriendo la posibilidad a otras ubicaciones en el aparato industrial global del Grupo”.

Esto supone un nuevo escenario de “bajada de producción, sin llegada de nuevos productos y sin compromiso de mantenimiento del empleo”, ha advertido.

Según la empresa, este jueves ha siso presentada “la última oferta posible” que recoge mejoras en aspectos salariales, de empleo y flexibilidad, así como en acuerdos complementarios, respecto a la anterior propuesta, “demostrando su intención de llegar a un acuerdo que posibilitase la adjudicación de vehículos”.

En concreto se había hablado de la adjudicación efectiva de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia -dos de los cuales serían multienergy platform y un vehículo hybrid long life- y de la continuidad de dos vehículos hybrid long life para la factoría de Valladolid.