Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre como principal sospechoso de haber provocado un incendio en la vivienda donde residían su expareja y el hijo menor de ambos, en la urbanización Sant Grau de Tossa de Mar (Girona). Según adelantó SER Catalunya y ha confirmado la agencia ACN, el hombre tenía en vigor una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer.

El hombre se presentó este sábado por la tarde en la vivienda. Al verlo, la mujer y el menor se refugiaron en la casa de un vecino y alertaron a los servicios de emergencia. El sospechoso también habría intentado acceder a ese domicilio, aunque no lo consiguió.

Posteriormente, se habría dirigido a la vivienda familiar, un inmueble cuya planta superior está destinada a la residencia de los propietarios y cuyas plantas inferiores funcionan como alojamiento turístico. Según los primeros indicios de la investigación y diversos testigos, el hombre habría provocado un incendio en la parte superior del edificio. La zona destinada a los clientes no sufrió daños importantes, aunque un matrimonio tuvo que ser atendido por inhalación de humo.

Tras los hechos, el sospechoso habría huido de la urbanización en motocicleta por una zona boscosa. Varios testigos aseguran que iba vestido con ropa de estilo militar.

Este mismo hombre había sido detenido hace tres días en el mismo domicilio en el marco de un presunto caso de violencia machista. Durante aquella intervención, la policía le intervino dos armas de aire comprimido.

La investigación continúa abierta y los Mossos d'Esquadra, junto con las policías locales de la zona, mantienen activo un dispositivo para localizar al sospechoso. Mientras tanto, la mujer y el menor se encuentran en un lugar seguro.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años de prisión a un mosso d'esquadra por haber agredido sexualmente de manera continuada una mujer con discapacidad psíquica en Rajadell (Barcelona). El tribunal lo ha condenado a 16 años por un delito de agresión sexual continuada y a cinco por otro de pornografía con abuso de relación de confianza.

Los hechos pasaron en enero de 2023 cuando la víctima, con una discapacidad del 55%, conoció al hijastro del acusado, también con una discapacidad. Las familias se hicieron amigas y acordaron que la chica pasaría algunos días en casa del acusado. Este elaboró un engaño sofisticado para agredirla sexualmente y conseguir imágenes pornográficas a cambio de entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa.

Los magistrados han condenado al acusado a 16 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, como autor responsable de un delito de agresión sexual con abuso de situación mental y penetración. En este caso, concurre la atenuante de reparación del daño causado.

A la vez, también se le impone una pena de cinco años de prisión por un delito de pornografía con abuso de relación de confianza y, en este caso, también concurre la atenuante de reparación del daño causado. Los jueces también le imponen la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y una indemnización de 60.000 euros. La fiscalía pedía una pena de 27 años de prisión.

El condenado es un agente de los Mossos d'Esquadra de la policía científica de la comisaría de Manresa. El agente estaba suspendido cautelarmente del cuerpo y tiene pendiente otro juicio en el que está acusado de narcotizar y agredir sexualmente a la hija de otra pareja.

Según la sentencia, A partir de junio de 2023, el condenado empezó a urdir un engaño para hacer creer a la chica que tenía influencia para hacerla entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa si hacía todo aquello que le preguntaban. De este modo, creó grupos de mensajería de Whats app donde introdujo a la chica y hacía ver que hablaba con otras personas que también querían entrar a la academia.

En estos grupos, el acusado pedía a las personas que querían entrar a la academia una actitud de “sumisión, obediencia y servicio hacia el profesor”. El acusado dijo a la chica que él era un profesor y, por lo tanto, que las prácticas las podía hacer hacia él.

De este modo, el acusado fue en varias ocasiones a la habitación de la chica y la agredió sexualmente, tanto con penetración como sin, así como también actos de coprofagia (ingestión de heces). Además, también le dijo que se tenía que dejar grabar desnuda y que le tenía que enviar fotos de ella sin ropa.

Los tres mossos acusados de ayudar a huir al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durante su regreso y fuga del 8 de agosto de 2024 tendrán que ir a juicio. Así lo ha determinado la Audiencia de Barcelona, que ha corregido el archivo decretado por la jueza instructora y le ha ordenado sentar en el banquillo a los uniformados.

En un auto, adelantado por Vilaweb y al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Audiencia de Barcelona atienden los recursos de la Fiscalía y las acusaciones populares del caso, los ultraderechistas Vox y HazteOir, y aprecian, al contrario que la instructora, que hay suficientes indicios para que los agentes vayan a juicio.

La presencia de los tres mossos, de paisano y durante sus vacaciones, en el Arc del Triomf de Barcelona durante la reaparición de Puigdemont y su fuga “no era meramente casual”, concluyen los jueces.

Se apoya el tribunal para su conclusión, en especial, en la investigación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la policía catalana, que reseñó minuto a minuto gracias a las imágenes (la reaparición y huida de Puigdemont fue en directo y retransmitida por todas las televisiones) los movimientos de los agentes.

Los fotogramas de los vídeos, ahonda la Audiencia, permiten observar a los tres investigados “rodeando” al expresident, e incluso cogiéndole del brazo “para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas” desde antes de su discurso en el Arc de Triomf, cuando Puigdemont reapareció en la calle Trafalgar de Barcelona.

El coche en el que Puigdemont se fugó tras su discurso es propiedad de uno de los investigados, había sido estacionado en un parking próximo el día anterior. El expresident se subió al vehículo, que iba conducido por la esposa de uno de los tres mossos, tras su discurso, perdiéndose por las calles de Barcelona.

Los “relevantes indicios” que aportan las imágenes de los hechos “se ven reforzados de forma periférica” por detalles como la utilización por parte de los tres investigados de gorras de tipo béisbol de color azul, similares a las empleadas por otras personas que formar parte de un equipo de seguridad o protección del expresident, agregan los jueces.

También ve “llamativo” el tribunal que los tres investigados se hallaran de vacaciones o permiso el día del retorno y fuga de Puigdemont. La ausencia de contacto telefónico entre los mossos y el expresident y otros cargos de Junts es “irrelevante”, a criterio de los jueces, pues se trata de “una medida de seguridad elemental”.

“Con independencia del auxilio prestado, los agentes no adoptaron las medidas a su alcance para promover la persecución del posible responsable de varios delitos en fase de investigación”, agrega el tribunal, que considera que los hechos no encajan en un delito de desobediencia, pero sí pueden suponer una omisión del deber de perseguir delitos por parte de cualquier policía.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación a un cabo para corroborar si gritó “Pedro Sánchez” durante su discurso de clausura del curso de una unidad del cuerpo con el objetivo de insultar al presidente del Gobierno.

Los hechos sucedieron el pasado viernes en el auditorio del Instituto de Seguridad Pública de los Mossos (ISPM) en el acto de cierre del curso del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), la unidad de apoyo a los antidisturbios del cuerpo, tal y como ha adelantado la periodista Anna Punsí y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Ante más de 200 policías, entre ellos varios mandos, el cabo gritó “Pedro Sánchez” durante su discurso como formador de los agentes de la escuela policial. Dos o tres asistentes al acto profirieron el insulto “hijo de puta”, aunque la mayoría del auditorio restó en silencio.

Han sido sus propios superiores jerárquicos los que han pedido a la dirección general de los Mossos que le abra una investigación reservada para aclarar si el cabo quería incitar el insulto contra el presidente del Gobierno.

La actuación de este cabo llega después de otro insulto al presidente promovido por el portero del Sabadell FC durante los festejos en el balcón del Ayuntamiento para celebrar el ascenso a Segunda División.

“Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: ¡Pedro Sánchez...!”. Así inició el guardameta Luis Fuoli el insulto más repetido contra el presidente del Gobierno en varios actos de la derecha y la ultraderecha. “¡Hijo de puta!”, completaron obedientemente varios de los hinchas que festejaban desde la calle, a diferencia de la respuesta minoritaria del acto policial.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil registraron el martes las instalaciones del IRTA-CReSA en el marco de la investigación del origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA), según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes policiales. Es la segunda vez que la policía entra en estos laboratorios desde que se desató el brote e inició la investigación judicial sobre su origen

El primer registro fue el pasado 18 de diciembre. Duró entonces unas catorce horas, por orden del juzgado de instrucción 2 de Cerdanyola del Vallès, que habría ordenado ahora también las diligencias. La primera vez se llevaron documentación y muestras de los virus con los que trabajan los investigadores. 

En paralelo, la policía entró este martes también en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid, que pertenece al CSIC. 

Con todo, en un comunicado, el IRTA-CreSA ha recordado que las evaluaciones técnicas independientes no detectaron en su día ni incidencias en los protocolos, ni tampoco coincidencia genética en ninguna de las muestras con las que trabajan y el virus causante del brote. La conclusión a partir de las muestras fue que no podía tratarse de una fuga. 

El Instituto de Investigación Biomédica llevó a cabo un análisis genómico comparativo entre el virus detectado en los jabalíes afectados y las cepas con las que trabaja el IRTA-CReSA, y los resultados, hechos públicos a finales de diciembre, concluyeron que no existía coincidencia genética entre ninguna de las muestras con las que trabajan y el virus causante del brote. 

También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, apoyado por el laboratorio estatal de referencia y por los expertos veterinarios de la Comisión Europea (EUVET), impulsó una investigación independiente que incluyó nuevas secuenciaciones genómicas y una inspección técnica de las instalaciones. Su informe oficial, hecho público el 9 de febrero, confirmó que las cepas utilizadas en el IRTA-CReSA no coincidían con la responsable del brote y que no se habían identificado deficiencias estructurales ni incidencias en los protocolos de bioseguridad que permitieran atribuir su origen al centro.

Desde el IRTA-CreSA han añadido que la actitud de colaboración “se mantendrá durante todo el proceso, atendiendo a cualquier nuevo requerimiento que pueda formular la autoridad judicial” en el proceso que intenta esclarecer el origen del brote de peste porcina africana en Catalunya.

Julia L. ha salido este martes de los juzgados de Martorell de forma inusual para un testigo: protegida por dos agentes de los Mossos d’Esquadra, que la han acompañado hasta el taxi negro que la esperaba en una rotonda. Uno de los uniformados incluso le ha abierto la puerta del vehículo.

La terapeuta ha declarado durante más de dos horas y media ante la jueza que mantiene investigado a Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre, el fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024 en la montaña de Montserrat.

El papel de la terapeuta en el caso es uno de los hilos de los que tiran la jueza Raquel Nieto y la fiscal Teresa Yoldi. Se trata de una mujer sin rastro digital, que ha basado su negocio en el boca a oreja hasta convertirse en una terapeuta conocida en la parte alta de Barcelona. En otro plano distinto, el Colegio de Psicología de Catalunya ha indicado a este diario que, por ahora, descarta denunciar a la terapeuta por intrusismo pese a no estar colegiada.

La de la terapeuta ha sido la comparecencia más larga de la jornada. Julia L. ha tenido que responder a las preguntas sobre el alcance de su terapia y los mensajes con la víctima y el investigado del caso, que constatan que abordaban las reclamaciones económicas que Jonathan planteaba y que la relación entre padre e hijo tuvo momentos de aspereza. En ningún momento de la declaración la terapeuta ha querido acogerse a la confidencialidad con sus clientes.

En el plano penal, sigue siendo una testigo muy relevante para la jueza del caso, quien ordenó investigar su posible “implicación” en los hechos. La magistrada mantiene la tesis de que el móvil económico del presunto homicidio nace de la “mala relación” entre el padre y el hijo, algo que el primogénito negó en sus declaraciones ante los Mossos, pero que según la jueza desmienten los mensajes hallados en el teléfono de Jonathan Andic.

El Colegio de Psicología de Catalunya, a preguntas de este diario, ha explicado que, por ahora, no se plantea denunciar por intrusismo laboral. A día de hoy, han indicado desde la entidad, no disponen de “elementos suficientes” para determinar “si existen datos bastantes para valorar la interposición de una denuncia”.

Según el Colegio, es necesario “esperar a disponer de más información y datos concretos, si es que de un modo u otro llegan” a la institución para valorar denunciar a la terapeuta. Por ejemplo, sobre su titulación, el lugar desde el que actuaba Julia L. y el contenido de su intervención con los Andic.

Algunos de estos datos ya son conocidos. Gracias a su investigación previa, los Mossos d’Esquadra descubrieron que el nombre y apellido de la terapeuta no constan en los colegios profesionales de psicólogos de España.

Los aspectos terapéuticos fueron, en parte, adelantados por la defensa de Andic en su recurso de apelación contra la fianza de un millón de euros abonada por el hijo del fundador de Mango para evitar la cárcel.

En primer lugar, la defensa explicó que la terapeuta trataba tanto a padre como al hijo “y al conjunto de la familia”, esto es, las otras dos hijas del fundador de Mango (que testificarán el viernes).

Los abogados de Andic también alegaron que los Whatsapps entre la terapeuta y padre e hijo se enmarcaba en un “contexto clínico de una terapia psicoanalítica [una de las corrientes de la psicología] fuertemente directiva en que se potencia por el terapeuta cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento”.

En suma, la defensa cree que hay que leer los Whatsapps del caso en un contexto terapéutico, y no de preparación de un homicidio, como cree la acusación. En uno de estos mensajes, incluidos en informes policiales, Jonathan Andic recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguró: “No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte”.

La defensa de Jonathan Andic alegó que se trata de una expresión “metafórica” habitual en las terapias psicoanalíticas sacada de contexto por parte de los Mossos, que lo destacan e incluyen en uno de sus informes.

El conjunto del mensaje fue publicado por la agencia EFE: “Hola Viejo, ¿qué tal, habéis llegado bien? Me quedé un poco preocupado con lo del avión (…) Estoy en pleno maratón trabajado (sic) con Julia [la terapeuta] y no sé si voy a tener fuerzas para poder recuperarme este verano. Jejeje, lo que sí voy comprendiendo es que tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre”.

“He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. A medida que avanzo en este intensivo sprint de trabajo conjunto con Julia comprendo que era imposible sanear nuestra relación. No me sorprende que la cuerda casi se rompiera. Cuando Julia estaba haciéndome el diagnóstico recuerdo que ella me dijo, rece para que su padre no muera hasta que hayan pasado las cronologías. Y ahora entiendo que mi necesidad de alejarme de ti era porque no tenía la madurez de aprender de un padre con tanta personalidad y con las ideas tan claras”, proseguía el mensaje.

¿Puede haber un vínculo político entre dos partidos distintos? Así lo sugieren los Mossos d'Esquadra en uno de los informes en los que se sustenta la causa que investiga los contratos a dedo que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), durante la etapa de Félix Alonso (Comuns) como alcalde, dio al despacho de Joan Ignasi Elena antes de que el político regresara a la primera en 2021 como conseller de ERC.

El caso de Altafulla se queda lejos de las grandes causas de corrupción que han protagonizado la crónica judicial catalana, aunque la conocen tres juzgados: el Tribunal Supremo, donde está aforado e investigado Alonso; el juzgado de El Vendrell donde se originó el caso y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde este lunes han declarado como investigados Elena (actual parlamentario de ERC) y el exlíder de ICV Joan Herrera, por unos contratos de hace casi una década.

Según fuentes jurídicas, Elena ha defendido la legalidad de sus contratos de consultoría con el Ayuntamiento de Altafulla y ha negado favores políticos del exalcalde, de Sumar, miembro de un partido rival a quien ha dicho que ni siquiera conocía.

La causa se centra la supuesta adjudicación irregular de contratos menores, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, que el TSJC sospecha que el ayuntamiento adjudicó a dedo a la consultora de Elena y Herrera entre 2017 y 2019 por su “vinculación política estrecha” con el partido del alcalde.

En la etapa investigada, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC por desacuerdos con el proceso soberanista.

El exconseller de Interior ha respondido a todas las preguntas del juez y el fiscal y ha negado que conociera a Alonso, además de desmentir cualquier relación entre ERC y los Comuns, dos espacios que, ha recordado, nunca han compartido coaliciones políticas ni ningún tipo de acuerdo.

Alonso compareció como investigado ante el Supremo y aseguró que las contrataciones por valor de 30.000 euros que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”.

En la misma línea, Elena ha argumentado que el ayuntamiento recurrió a su consultora para llevar a cabo informes en materias urbanísticas a administrativas porque el personal técnico municipal era insuficiente.

En todo caso, el exconseller ha recalcado que los contratos siempre se ajustaron a la legalidad y que nunca ningún cargo del ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario ni los responsables de las finanzas, le advirtieron de irregularidad alguna en la adjudicación de los contratos menores ni en la prórroga de los mismos tras un año de servicio.

Por su lado, según fuentes jurídicas, Herrera ha recordado al juez que en 2018 abandonó el despacho que compartía con Elena, y que su ámbito de especialización era la energía y no el urbanismo, la materia principal de los informes. Alejado de la política desde hace años, Herrera ha considerado “injusta” su imputación.

“Joan Herrera no estaba cuando sucedieron los hechos que se investigan. Su imputación construida sobre esta base causa un daño que ninguna resolución judicial posterior podrá reparar del todo”, han esgrimido fuentes de su defensa en un comunicado.

La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación a Pilar Rahola a raíz de la denuncia que dos jóvenes de la Organització Juvenil Socialista (OJS) de Catalunya —encausados por tirar pintura roja a la comunicadora en un acto público— presentaron contra ella por los delitos de incitación al odio y “complicidad con el genocidio” de Israel en Gaza.

En concreto, el Ministerio Público ha abierto unas diligencias denominadas de investigación preprocesales, que son unas actuaciones previas al proceso penal para corroborar los hechos denunciados y determinar si tienen la suficiente relevancia para llevarse ante el juez.

Una vez abiertas las diligencias, la Fiscalía ha encargado a la unidad de delitos de odio de los Mossos d'Esquadra que investigue la denuncia, y se está a la espera del resultado del informe policial para saber si el caso se archiva o no.

La denuncia de los dos militantes pedía a la Fiscalía abrir una investigación a la periodista como participante de un “engranaje de la barbarie”, en el que, recalcan, “el papel del propagandista no es anecdótico ni estructural”, ya que “construye el marco social que hace posible la ejecución del crimen y la impunidad de sus autores”.

Según los denunciantes, Rahola “ha negado, banalizado y justificado públicamente la comisión del delito de genocidio por parte de Israel contra la población palestina”, con el objetivo de “generar un marco mediático de hostilidad e incitación al odio contra la comunidad palestina a través de su deshumanización”.

La denuncia recoge declaraciones de Rahola en medios de comunicación y distintas intervenciones públicas en las que, según los denunciantes, la escritora “no se limita a negar, banalizar o justificar las atrocidades del ejército de Israel”, sino que opera “como altavoz del sionismo”.

Los dos jóvenes denunciantes están investigados por la acción que llevaron a cabo contra Rahola el 8 de octubre de 2024. La periodista había acudido a La Garriga para dar la conferencia inaugural de la Fundación Universitaria Martí L'Humà, que pudo celebrarse después del ataque una vez Rahola se limpió de pintura roja.

Los Mossos d'Esquadra han iniciado este miércoles uno de los procesos de desalojo más conflictivos de los últimos años en la Mina, en Sant Adrià del Besòs. La policía ha desahuciado a las primeras tres familias de las 58 viviendas públicas que permanecen ocupadas desde hace casi diez años, y que debían servir para reubicar a los afectados del derribo del edificio Venus –el fin al que ahora se quieren destinar–.

La comitiva judicial, acompañada de un amplio dispositivo policial con varios furgones de los Mossos, ha llegado al barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs para ejecutar los tres primeros desalojos de los 58 que se prevén. Las viviendas, conocidas como los Bloques de la Rambla, son pisos públicos que cayeron en el olvido de las administraciones, pero que ahora el Consorcio de La Mina quiere recuperar para destinarlos a vecinos realojados del bloque Venus, que en principio debería ser derribado en 2028 como parte fundamental de la transformar urbanística el barrio.

Desde primera hora, cerca de 40 personas se han concentrado a las puertas de los bloques con vallas de obra para evitar el desalojo, pero los Mossos han retirado los elementos y han derribado la puerta para llevar a cabo el desalojo.

De los tres casos de desalojo previstos para este jueves, dos afectaban a familias con menores a cargo que no tienen alternativa habitacional, según detalla el Sindicato de la Vivienda. También denuncian que desde hace años las familias reclaman regularizar su situación y acceder a contratos de alquiler adaptados a su renta. “Exigimos que se estudien los casos familia por familia para garantizar una solución real”, reclaman. El colectivo defiende que existen “alternativas” viables, como la movilización de viviendas vacías, la ampliación del parque público o, directamente, la regularización de la situación de las familias de los bloques: “No faltan herramientas, sino voluntad política”.

Desde el inicio del conflicto, sin embargo, desde el Consorcio de La Mina (participado por la Generalitat, la Diputación y los Ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona) alegan que en la mayoría de los casos no se trata de familias vulnerables a las que se pueda ofrecer una alternativa: “No son casos en seguimiento” de servicios sociales. A quienes sí lo sean, insisten, se les dará la respuesta adecuada de acuerdo con los protocolos establecidos.

Las familias, sin embargo, aseguran que desde 2021 se les está haciendo seguimiento “contemplando la posibilidad de establecer alquileres sociales”. Esta vía, no obstante, se habría abandonado hace unos meses, señalan, coincidiendo con el anuncio de los nuevos planes de transformación del barrio. Fue entonces cuando los vecinos empezaron también a recibir las notificaciones de desalojo.

En este sentido, las familias afectadas de los bloques y el Sindicato de la Vivienda de La Verneda y El Besòs exigen la paralización del proceso judicial para el desalojo y la apertura de una mesa de negociación para encontrar soluciones. Por ahora, hay más desahucios previstos los días 22, 25 y 29 de junio. “Las vidas de la gente de La Mina no pueden ser moneda de cambio de los cálculos políticos y electorales, y la administración debe dar marcha atrás en este conflicto, que puede abrir una herida en el barrio que difícilmente será reparable”, concluye el Sindicato de la Vivienda en un manifiesto.

Cuando se construyeron, en 2010, los bloques de pisos ahora ocupados se habían proyectado con el objetivo de ofrecer un realojo en el mismo barrio a los afectados por el derribo de Venus. Sin embargo, las viviendas acabaron vacías debido a los desacuerdos entre las administraciones y los vecinos sobre los criterios y las condiciones del realojo.

Tras años de abandono, en el verano de 2017 comenzó una ocupación masiva. Aunque los bloques contaban con vigilancia permanente, esta acabó desapareciendo cuando estalló un caso de desvío de fondos públicos a clanes familiares para llevar a cabo dicha vigilancia.

Una vez ejecutados los desahucios, la situación en el exterior de los Blocs de la Rambla se ha mantenido tensa, con un amplio despliegue policial y medio centenar de personas concentradas en la zona. El gerente del Consorcio de la Mina ha entrado en el interior de las viviendas en calidad de representante de la propiedad y se ha quedado a la espera de salir de ella, mientras operarios trabajaban en el tapiado de los pisos con placas metálicas.

En paralelo, la línea policial ha mantenido el perímetro de seguridad mientras algunos concentrados se han acercado a ellos en varios momentos, con pequeñas tensiones puntuales. Posteriormente, un grupo se ha desplazado hasta la sede del Consorcio de la Mina, situada a pocas calles de los bloques, donde han encontrado el edificio cerrado. En este punto se han producido lanzamientos de huevos y piedras contra la fachada.

“Nos hallamos ante un hecho grave: el fallecimiento de un ciudadano en el interior de unas dependencias policiales”.

Así se expresa la Audiencia de Barcelona para ordenar un impulso a la investigación de la muerte de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el 24 de julio de 2025 tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo.

Los magistrados encargados de revisar las decisiones del juez de Granollers revocan su negativa a analizar los orificios de bala del cadáver del joven, tal y como pedía la familia. El auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, envía además un mensaje claro al instructor: tiene “una obligación ineludible de llevar a cabo una instrucción exhaustiva”.

El abogado de la madre del fallecido, Eduardo Cáliz, celebra la decisión de la Audiencia y confía que la resolución “permita avanzar a un conocimiento completo de la verdad y garantice las respuestas que la familia reclama desde el primer día”. “Los familiares solo quieren verdad, justicia y una investigación a la altura de las exigencias de un Estado de Derecho”, agrega el letrado.

La familia denunció en un reportaje en elDiario.es el maltrato institucional de un caso que asocian con el racismo y la falta de comprensión de los cuerpos policiales con los problemas de salud mental que sufría el joven. A ello se sumó la paralización de la causa durante meses, que impide enterrar el cadáver del joven.

Diawara, que tenía diagnosticado un trastorno mental, murió con 22 años de un tiro mortal disparado por un agente de la policía local de Montornès, tras entrar en la comisaría con un cuchillo e intentar atacar a otra agente. No hay grabación del momento exacto de los disparos porque la cámara que debería haber captado los hechos estaba estropeada.

La investigación judicial contó, a las pocas semanas, con una conclusión rotunda de los Mossos d'Esquadra. La policía catalana remarcó que los agentes de Montornès actuaron en legítima defensa y que los disparos fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”.

El abogado de la familia de Diawara reclamó una diligencia más para investigar más el caso, toda vez que del instante de los disparos no se conserva ningún vídeo.

En concreto, la defensa solicitó un informe médico forense que determinara la distancia entre el orificio de entrada y salida de la bala y la perpendicular de ambas. Todo ello con el objetivo de determinar la posición exacta del joven fallecido en el momento del disparo. El dictamen, destacó la defensa, es de “escasa dificultad” y no demoraría la investigación.

El instructor rechazó la petición de la familia al considerar que no estaba argumentada “con el debido rigor técnico ni jurídico” ni se concretaba su “utilidad para incidir de manera relevante” en el caso o complementar los informes periciales ya emitidos.

En cambio, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona sí considera pertinente el informe pericial solicitado por la familia. “Lo único que se solicita es que se tomen medidas de los orificios” de bala, zanja el tribunal.

La denegación realizada por el instructor, a juicio del tribunal que revisa sus decisiones, “genere una evidente indefensión” a la familia y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, además de “privar a la causa de un elemento técnico para alcanzar la verdad material”.

Señalan los jueces que no pueden “ni deben” descartar ninguna de las dos versiones sobre los hechos ni “cerrar la puerta” a la realización de una prueba pericial para esclarecer “un extremo tan relevante para la causa” como es la posición del cuerpo del fallecido en el momento del disparo.

“La concreción de las mediciones balísticas solicitadas (distancias y perpendiculares entre los orificios de entrada y salida del proyecto) no constituye una petición superflua o dilatoria, sino una prueba pertinente”, concluyen los magistrados.

La familia del fallecido, incide su letrado, “solo ha pedido que se investiguen todas las circunstancias de la muerte de su hijo y que se lleve a cabo con la celeridad y dignidad que merece un caso como este”. “Lamentablemente, la instrucción ha sufrido retrasos continuos e injustificables”, apostilla Cáliz.

El tribunal recuerda la jurisprudencia europea y nacional que exige una investigación judicial “especialmente rigurosa, eficaz y capaz de determinar de manera indubitada si el uso de la fuerza fue necesario y proporcionado” en casos de muertes por el uso de la fuerza letal a manos de agentes de policía.

En suma, para los jueces la determinación científica de la posición “exacta” del cuerpo de Mohamadou Diawara en el momento de recibir el impacto de bala permitirá “reconstruir con objetividad la dinámica de los hechos y confirmar, o en su caso refutar, la versión ofrecida por el agente implicado”.

Poco más de una hora después de que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, asegurara que el proyecto piloto para incorporar agentes de los Mossos d'Esquadra en varios centros educativos se encuentra “en fase de parálisis”, el Govern ha salido a rectificar las palabras de la consellera y ha asegurado que sus palabras han sido “descontextualizadas” y que el polémico plan piloto sigue en marcha.

En un comunicado, el Departament de Interior ha matizado y ha asegurado que si el plan está “parado” es porque actualmente la primera fase de la prueba piloto ha llegado a su fin, coincidiendo con el final de curso. El plan sigue el calendario previsto y después de las vacaciones seguirá con la segunda fase en el primer trimestre del curso que viene. Al final del mismo, el piloto entrará en fase de evaluación para ver si la medida es “sostenible y escalable”. En ese supuesto, estudiará llevar la presencia de mossos a más escuelas pero, según ha confirmado Interior a elDiario.es, por el momento, el plan no se estenderá.

Una propuesta polémica

Parlon, en una entrevista en Catalunya Radio, ha defendido la iniciativa y ha insistido en que se ha interpretado de forma errónea. Según ha explicado, la propuesta nunca contempló la presencia de agentes en las aulas para vigilar a los alumnos ni realizar controles o registros, sino que perseguía reforzar la convivencia y la seguridad en los centros.

El plan preveía que, con el visto bueno de las direcciones de escuelas e institutos, un mosso de paisano y sin arma permaneciera de forma habitual en determinados centros para intervenir en situaciones relacionadas con conflictos de convivencia o problemas de seguridad.

Sin embargo, la medida generó una fuerte oposición dentro de la comunidad educativa. Los principales sindicatos del sector rechazaron la propuesta y defendieron que la mejor respuesta a los problemas de convivencia pasa por aumentar las plantillas de psicólogos, educadores e integradores sociales, en lugar de incorporar efectivos policiales.

La contestación al proyecto también tuvo consecuencias prácticas. Al menos cuatro de los catorce centros seleccionados inicialmente para participar en la prueba piloto renunciaron a hacerlo después de que sus respectivos claustros se pronunciaran en contra de la iniciativa.

Parlon ha lamentado que el proyecto viera la luz en un contexto especialmente complicado, marcado por las movilizaciones y huelgas del profesorado, una circunstancia que, a su juicio, dificultó que la propuesta pudiera ser valorada con normalidad y favoreció el rechazo de una parte significativa del sector educativo.

Otro asunto que incrementó el rechazo al plan piloto fue que el anuncio del mismo coincidió con la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes para preparar una de las jornadas de huelga del pasado mes de mayo.

Más preguntas que respuestas

La presencia de Mossos en los centros educativos causó mucho rechazo en las escuelas, que también lamentaron la poca claridad del plan expuesto por el Govern. Para empezar, muchos de los centros seleccionados para el plan piloto denunciaron que se enteraron por la prensa y, a pesar de que la consellera aseguró en diversas ocasiones que la participación era voluntaria, insistieron en que no se consultó ni al claustro ni a las familias.

De hecho, ni Interior ni Educación presentaron el plan públicamente, sino que se filtró a medios antes siquiera de que fuera debatido en el sector. Además, los detalles sobre el plan fueron cambiando a medida que tanto docentes como familias y medios hacían preguntas. Si bien, al principio, se explicó que los agentes tendrían su propio despacho en los centros, luego se aseguró que no sería así.

Tampoco se dejó claro si los policías interactuarían directamente con el alumnado o si sólo tratarían con el profesorado. Igualmente, en inicio se planteó que el plan piloto se desarrollara sólo en centros de máxima complejidad y luego resultó que los 14 seleccionados constituían una “muestra territorial”.

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha enmarcado en una expresión “metafórica” habitual en las terapias psicoanalíticas el mensaje en el que admitía que su padre lo creyera capaz de “matarlo”, una afirmación “descontextualizada” que en su opinión “retuerce la verdad”.

En un comunicado remitido a EFE, la defensa de Andic considera “frases sacadas de contexto” el mensaje de wasap que el investigado envió a su padre en julio de 2024, cinco meses antes de su muerte, en el que recordaba sus “discusiones” con él y afirmaba: “No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte”.

Para los abogados de Jonathan Andic, investigado por el supuesto homicidio de su padre, esa frase debe entenderse en el marco de unas sesiones terapéuticas con “unos códigos concretos” en el que se hacían “referencias metafóricas” a la muerte del progenitor. “El matar el padre de Freud es un paradigma de la terapia psicoanalítica”, insisten.

“Un clímax emocional”

Según la defensa, el mensaje “tiene un contenido afectuoso y alude a esos clímax de interacción grupal potente, en un proceso de liberación y de crecer superando emocionalmente el condicionante paterno”.

El mensaje enviado por Jonathan Andic a su padre, que figura en los informes de los Mossos d'Esquadra entregados a la jueza instructora, es uno de los indicios en que se basa la Fiscalía para oponerse al recurso del investigado contra la fianza de un millón de euros que se le impuso y apuntalar su tesis de que el hijo del empresario lo mató por su mala relación y desavenencias económicas.

Según la defensa, el mensaje del investigado sobre matar al padre -que los Mossos subrayan como expresión clave en sus informes- está sacada de contexto, dado que forma parte de una comunicación más extensa, “que tiene un relato y tono positivo de principio a fin”.

“Hola Viejo, ¿qué tal, habéis llegado bien? Me quedé un poco preocupado con lo del avión (…)” -frase que abre el mensaje- y “espero que disfrutes de este verano, te mando muchos besos”, con la que acaba el texto, son las expresiones que subraya el comunicado de la defensa.

Entre esas dos frases al inicio y final del mensaje, Jonathan afirma también: “Estoy en pleno matarón trabajado (sic) con Julia (la psicoterapeuta familiar) y no sé si voy a tener fuerzas para poder recuperarme este verano. Jejeje, lo que sí voy comprendiendo es que tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre”.

“He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. A medida que avanzo en este intensivo sprint de trabajo conjunto con Julia comprendo que era imposible sanear nuestra relación. No me sorprende que la cuerda casi se rompiera. Cuando Julia estaba haciéndome el diagnóstico recuerdo que ella me dijo, rece para que su padre no muera hasta que hayan pasado las cronologías. Y ahora entiendo que mi necesidad de alejarme de ti era porque no tenía la madurez de aprender de un padre con tanta personalidad y con las ideas tan claras”, prosigue el mensaje, al que ha tenido acceso EFE.

Para la defensa, la alusión a la muerte del padre es un afirmación “descontextualizada con el único objetivo de contribuir a crear un relato que retuerce la verdad y encaje con las hipótesis de la instrucción”.

“Proceso de terapia con otros miembros de la familia”

“La causa judicial contiene numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia. No se puede resumir ni sacar conclusiones de todo un proceso a través de una o dos frases dirigidas a inculpar a Jonathan Andic”, denuncia el equipo jurídico del hijo del empresario.

En ese sentido, recuerda que las terapias “forman parte de una esfera íntima de los individuos que las realizan, por lo que utilizar y difundir ese tipo de frases llevan a un único fin: la condena social previa”.

La defensa insiste en que en las propias conclusiones de la instrucción del caso se hacen constar las “referencias metafóricas a la muerte del padre” en las sesiones con la psicoterapeuta familiar como “punto de inflexión para superar etapas de la vida”.

En sus informes, la policía catalana ha analizado los mensajes que meses antes de la muerte intercambiaron el empresario, su hijo y la psicoterapeuta que trataba a la familia, cuya “influencia” en los hechos investiga ahora la jueza de Martorell (Barcelona) que instruye el caso.

Un hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza este miércoles, en la céntrica calle Balmes de Barcelona y a plena luz del día. Otros dos en la Zona Franca con el mismo procedimiento y en menos de un mes. Y otro tiroteo, en abril, en el Poblenou, contra un hombre serbio y su hija. Cuatro crímenes prácticamente iguales en dos meses, que han puesto esta cuestión bajo el foco social y mediático y que los Mossos vinculan directamente con el narcotráfico.

A la espera de la investigación que debe esclarecer los hechos y cuando el autor del disparo mortal continúa huido, la policía catalana sigue la hipótesis de que la última ejecución forma parte de la misma guerra de bandas que está detrás de los anteriores tiroteos. Un conflicto entre clanes con origen balcánico pero relacionados con Catalunya por la proliferación, sobe todo, de grandes plantaciones de marihuana que suministran a buena parte de Europa.

Ante esta situación, el departamento de Interior del Govern reclama un aumento de las penas vinculadas al narcotráfico, concretamente a la marihuana, y también que la tenencia ilegal de armas conlleve entrar en prisión. Según ha asegurado el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, eso evitaría que una persona que ya ha sido localizada con un arma de fuego quedase en libertad y pudiera cometer un delito inminente.

En concreto, según ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon, su propuesta sería que la pena de prisión por tenencia de armas de fuego aumente de los 2 años actuales a los 5, lo que evitar que se pudiera eludir la cárcel. En el caso del cannabis, Interior plantea que el tráfico y los grandes cultivos dejen de estar en la franja baja de la pena (de 1 a 3 años) por considerarse drogas blandas, y pasen a la franja alta (de 6 a 9 años).

Según los datos ofrecidos por la policía, en 2025 se produjeron 28 heridos por disparos y ocho muertos por esta misma causa. En lo que va de 2026, los heridos son 18 y los muertos son ya seis. Unas cifras que permiten pronosticar que los muertos por armas de fuego podrían aumentar respecto al año pasado.

Interior destaca que, pese a lo anterior, los incidentes con arma de fuego han disminuido en los primeros meses de 2026 respecto al año pasado. Entonces se registraron 93 tiroteos en 2025, mientras que durante el último medio año han sido 24. Además, ha crecido el número de armas cortas.

Todos estos datos llevan a la policía catalana a inferir que Barcelona está siendo escenario de una guerra de bandas, marco en el que se producen estos asesinatos. La policía investiga tanto la posible participación de profesionales o sicarios, así como si los autores de los crímenes contaban con bases en la ciudad. Los Mossos consideran que, de ser así, el objetivo prioritario es desmantelar estas estructuras.

Ha sido tema de conversación de media España las últimas semanas. ¿Jonathan Andic es inocente o culpable de la muerte de su padre? Es posible que nueve de los ciudadanos de la provincia de Barcelona que hayan respondido a esta pregunta en una sobremesa tengan que hacerlo de nuevo en unos meses, pero esta vez como integrantes del jurado popular que (salvo que la defensa logre antes el archivo) resolverá el futuro del hijo del fundador de Mango.

El caso Andic es un ejemplo de manual de juicio paralelo. Este fenómeno se produce en muchas causas mediáticas y no se refiere a la información de tribunales en sí, sino a la pretensión y la carga valorativa (a favor o en contra del investigado) que se proyecta tras una fotografía, un vídeo o un titular. En suma, enfocar hacia un veredicto mucho antes de que se celebre el juicio. Así lo han hecho ya tanto los Mossos d'Esquadra como la defensa de Jonathan Andic.

“Es más fácil contaminar a un jurado que a un juez profesional”, valora la magistrada jubilada Montserrat Comas d'Argemir. “Los juristas estamos en contra de los juicios paralelos porque son muy delicados, el derecho a un tribunal imparcial y el derecho a un juicio con todas las garantías son fundamentales”, remarca.

Para el director de la cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (UdG), Jordi Ferrer Beltrán, en casos mediáticos como el de Andic el juicio paralelo es “casi inevitable”, lo que no quita la responsabilidad a jueces, policías y medios de comunicación. “Andic es el presunto inocente, no el presunto culpable. Cómo usamos las palabras importa”, advierte.

“Un juicio paralelo se impulsa cuando, en una resolución en un estado todavía inicial de la investigación, la jueza señala prácticamente la autoría del investigado o cuando la policía hace inferencias que van mucho más allá de las pruebas realmente existentes”, asevera Ferrer Beltrán.

El jurista remarca que ante un auto tan contundente, si el acusado no tuviera los medios económicos para defenderse de los que dispone Andic, en otra causa que no fuera mediática su abogado de oficio le recomendaría admitir los hechos y pactar una condena rebajada más que defender su inocencia en un juicio.

La fotografía esposado

Cuando el caso todavía estaba bajo secreto de sumario (lo que, en teoría, sirve para blindar una investigación de las filtraciones), la policía catalana empezó a tirar migas de pan. Las supuestas “contradicciones” que los Mossos atribuían a Jonathan Andic en las dos declaraciones que prestó como testigo se divulgaron en la prensa ya en 2025 y han terminado en el auto judicial con el resto de indicios en su contra del pasado mayo.

Pero si algo ha alarmado a muchos juristas es la fotografía de cinco agentes de los Mossos d'Esquadra escoltando a un Jonathan Andic esposado a su entrada en el juzgado. Para empezar, porque contraviene la directiva europea sobre presunción de inocencia, que obliga a las autoridades a “abstenerse de presentar a los sospechosos o acusados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física como esposas”.

“La fotografía es una irregularidad por parte de los Mossos”, advierte Comas d'Argemir, que recuerda que la policía catalana dispone de una instrucción “muy acertada” para evitar este tipo de situaciones. “Hay mucha jurisprudencia que recuerda que hay que evitar una fotografía así, porque viola la presunción de inocencia no solo para un futuro juicio y su influencia en el jurado, sino también por el mal que provoca en la honorabilidad de la persona”, agrega Ferrer Beltrán.

Con años de experiencia presidiendo juicios (también con jurado), Comas d'Argemir recuerda que la norma general es que un acusado no debe entrar esposado en el juicio, aunque sea un preso preventivo. Solo en casos excepcionales, donde se constata un peligro (por ejemplo, con bandas violentas), se permite.

Comas d'Argemir incide en que en todos los juicios por jurado, el magistrado o magistrada que lo preside recuerda a los integrantes del tribunal que “lo importante es que partan de cero y se abstraigan de todo lo que saben del caso a través de los medios”. Hay mecanismos, explica, para que luego el juez profesional valide si la motivación del jurado “se ve que no está referida a lo que ha dicho un testigo o un perito en el juicio, sino a lo que recuerda haber visto en la televisión”.

La respuesta de la defensa

Una vez el caso ya no está bajo secreto, la defensa de Jonathan Andic ha empezado a replicar, no solo en el juzgado, el relato incriminatorio. Lo ha hecho a través de un vídeo de una caída del fundador de Mango en un entorno (la entrada de un edificio) y momento (10 meses antes de su muerte) que poco se parecen con el sendero de Montserrat donde sucedieron los hechos.

Con la potencia de las imágenes, la defensa intenta instalar, una vez la investigación se ha encaminado hacia el homicidio, la tesis de que Andic pudo caer de forma “fortuita”, con un tropiezo inicial y un resbalón en “tobogán” al vacío.

Así lo sostiene la prueba pericial de la defensa realizada por el detective Francisco Marco, que dirigió la polémica agencia Método 3; un doctor en Medicina Legal y una especialista en Medicina tras reconstruir en 3D y con maniquíes el “patrón” de la caída que sufrió Andic meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

El detective es colaborador de algunos grandes despachos. Pese a que al mismo tiempo firma uno de los informes clave del caso, Marco también ha entrado de lleno en la batalla mediática para defender a su cliente.

Marco ha asistido ya a dos programas líderes en su franja, El Món a RAC-1 y Col·lapse de TV3, en los que cargó sin contemplaciones contra el sargento de la investigación, al que acusó de “inventarse pruebas”. También menospreció a la jueza al mantener que tiene “poca experiencia” y que es sustituta (como se cubren varias plazas judiciales en Catalunya), pese a que la togada, jurista de dilatada experiencia, ha ocupado distintos juzgados en los últimos años.

Ferrer Beltrán enmarca las apariciones mediáticas “inhabituales” del perito de la defensa en “la perversión del sistema” que supone el juicio paralelo. “La defensa ahora también juega mediáticamente contra lo que antes el juzgado y los medios tendrían que haber evitado”, diagnostica.

Igual que Ferrer Beltrán, Comas d'Argemir no olvida que los medios juegan un papel: “Hay que exigir responsabilidad a los medios, como a todas las partes. De los casos judiciales se puede y debe informar, faltaría más, pero es muy perjudicial que las personas que tienen que testificar en una causa vayan desfilando antes por los platós, y los medios tendrían que pensárselo”. 

Mientras Marco se despachaba en televisión, de fondo se alternaban las imágenes de la otra caída de Isak Andic y de su hijo esposado. Dos imágenes que ilustran dos estrategias. Quedan meses —tal vez años— para que la Justicia determine si Andic fue culpable, pero el juicio paralelo está en plena ebullición.

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha cargado contra la “condena social anticipada” que, a su juicio, le han provocado el “cuidado goteo en la filtración de las líneas de la investigación policial” de los Mossos d'Esquadra y el “tsunami informativo” provocado por su “detención innecesaria”.

Tras más de un año de una investigación policial secreta, culminada con su fotografía esposado (que no se hubiera producido si la jueza, en vez de permitir a los Mossos la detención, lo hubiera citado como investigado), Andic ha empezado a desplegar su estrategia de defensa tras haber estudiado los 1.400 folios del sumario.

El recurso de apelación, directo a la Audiencia de Barcelona, se centra en desmontar la tesis de los Mossos de que Jonathan provocó la caída de su padre, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse de unos 100 metros de altura en una excursión en Collbató (Barcelona) a solas con su hijo.

Para ello, el escrito incluye transcripciones de varios informes policiales que obran en el sumario, así como de las declaraciones de las hermanas y el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ante los Mossos. En todas ellas, los testigos niegan la mala relación y la “obsesión por el dinero” que los Mossos y la jueza sitúan como móvil del presunto homicidio.

La defensa rebate uno a uno los siete indicios en que la jueza se basó para dictar prisión eludible bajo fianza de un millón de euros (pagada en 20 minutos por el hijo del fundador de Mango). La resolución de la jueza asumía en su totalidad las sospechas de los Mossos d'Esquadra contra el hijo, si bien no incluía ninguna prueba directa tras más de un año de investigación policial.

“El esfuerzo policial judicialmente asumido produce la impresión de enfilarse sí o sí a la afirmación de que ha existido homicidio. Sencillamente, no puede haber accidente”, asevera el escrito del abogado Cristóbal Martell, que recuerda que la imagen del investigado esposado vulnera la directiva europea sobre presunción de inocencia.

El “paseíllo” de Andic, que fue fotografiado esposado, ha desembocado en un “tsunami informativo” en torno al “auto interesadamente entregado a los medios” que ha comportado una “suerte de condena social anticipada insoportable en un Estado social y democrático de Derecho”, incide la defensa.

Las supuestas contradicciones

Hicieron hincapié la jueza y los Mossos en supuestas contradicciones entre la declaración ante los Mossos de Andic tras los hechos, su segunda comparecencia en febrero de 2025 y su declaración como investigado la semana pasada. En primer lugar, la defensa recuerda que las dos primeras declaraciones de Andic fueron prestadas como testigo, por lo apenas tienen “validez procesal de cargo”.

La magistrada destacaba como contradicción el hecho de que Andic vio a su padre hacer fotografías al inicio de la ruta y que el finado tenía el teléfono en el bolsillo. La defensa rebate que esta cuestión es relevante porque, en lo nuclear, el primógenito sí mantuvo la misma versión las dos veces que habló con la policía: esta es, que iba por delante de su padre en el momento en que cayó. Al ir delante, agrega la defensa, no pudo ver la caída, solo la oyó.

El recurso incluye transcripciones de las tres llamadas que el primogénito realizó al 112 tras el accidente. En todas ellas manifiesta que Andic se cayó por un barranco y que él iba un poco más adelantado que su padre en el momento de la caída.

La relación padre-hijo

Niega la defensa la mala relación entre el padre y el hijo y el supuesto móvil económico de la muerte de Andic apuntado por la jueza. Remarca que los mensajes en los que, según la magistrada, Andic muestra “odio” hacia su padre forman parte de la terapia con su psicoanalista, que buscó “cierta confrontación y reacción para encontrar el crecimiento”.

Además, todos los testigos del caso, tanto de Mango como de la familia, han desmentido la mala relación entre padre e hijo. Las hermanas corroboraron que su padre no tenía ninguna intención de desheredar a Jonathan, y aseguraron que los tres hijos estaban de acuerdo con el proyecto de Fundación para legar parte de su fortuna que el fundador de Mango planeaba en el momento de su muerte, y que la jueza cree que estaría detrás del presunto homicidio.

En concreto, una de las hermanas de Andic manifestó que padre e hijo habían tenido “algún rifi rafe, pero nada grave”. “El año 2015 tuvieron diferencias profesionales pero se resolvieron con cariño y respeto”, aseveró a los Mossos el consejero delegado de Mango, en referencia a la discrepancia entre padre e hijo que se solventó con la vuelta de Isak Andic tras haber dejado la firma en manos de su primogénito.

Dos visitas, no tres

Según la jueza, Andic hizo tres visitas previas a Montserrat antes de la muerte de su padre, los días 7, 8 y 10 de diciembre. La instructora las considera acreditadas a través de los sistemas de vigilancia de tráfico.

Sin embargo, la defensa mantienen que Andic solo acudió dos veces a Montserrat: el sábado 7 de diciembre, para una excursión, y el 10 de diciembre, cuando quiso volver a hacer una caminata que tuvo que abortar por el mal tiempo, lo que explica que aparcara su coche poco rato.

El móvil robado en Quito

Otro de los aspectos a los que más importancia da la jueza es el borrado del móvil que Jonathan Andic realizó “coincidiendo” con la reactivación de la investigación en marzo de 2025. Según la versión que el hijo trasladó a su secretaria, le robaron el teléfono durante un viaje “relámpago” a Ecuador, aunque para la jueza la desaparición del teléfono se produjo “en extrañas circunstancias”.

“No es una circunstancia extraña sufrir un hurto en Quito”, replica la defensa, que también desmiente que Andic borrara el contenido de su antiguo terminal. Lo hace, de nuevo, recurriendo a un informe de los Mossos del caso, que no menciona que el teléfono se borrara, sino que se limita a señalar que “no se recuperó la copia de seguridad de las conversaciones de Whatsapp”.

Además, la defensa también aporta el protocolo de seguridad de Mango, que obligaba a Jonathan y el resto de directivos a cambiar de terminal cada dos años.

Las pruebas técnicas

Rebate la defensa la afirmación de la jueza de que el camino donde se despeñó Andic “no presentaba ninguna dificultad”. Lo hace citando la minuta policial de los primeros mossos d'esquadra que acudieron al sendero tras el accidente, donde los agentes dejan escrito que se trata de “una zona peligrosa con mucha pendiente y camino estrecho”.

También replica el abogado la prueba pericial policial sobre la pisada del fallecido (que los Mossos atribuyen a una reconstrucción subrepticia realizada por su hijo). Para empezar, destaca la defensa, porque la toma de muestras en el camino se debería anular por haberse realizado en una zona sin acordonar ni aislar. “Una radical inobservancia a todo parámetro de vocación científica”, a criterio de la defensa.

El informe policial que, tras varios simulacros, rechazó la hipótesis del accidente en base a esa pisada, se rebate, según la defensa, con las propias conclusiones del instructor policial, quien en uno de los dictámenes del caso concluyó que “no se puede determinar si el resbalón ya estaba realizado con anterioridad a la caída”.

La defensa también acusa a la jueza de “ignorar” la “relevante” conclusión de la Unidad de Montaña de los Mossos que manifestó que no podía “determinar las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en los hechos”.

La caída precedente de Andic

Es más, la defensa aporta otro informe pericial que contradice la conclusión de los forenses del caso de que la ausencia de lesiones en las manos del finado y la “caída en tobogán” abrieran la puerta a que no fuera un accidente.

Además de ser posible, la defensa aporta otro dato médico del finado: sufría una lesión en ambas rodillas que “explica la reducción de tiempos de reacción en la cauda” y el hecho de que se produjera una caída “más vertical y menos controlada”. La defensa aporta además el vídeo de una cámara de seguridad que captó una caída de Andic durante un acto público unas semanas antes.

El Parlament ha reprobado este jueves a la consellera de Interior, Núria Parlon, y también al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Junts, ERC y Comuns han votado a favor de una moción presentada por la CUP en la que acusan al Govern de vulnerar derechos fundamentales después de que dos agentes de los Mossos d'Esquadra fueran descubiertas cuando se habían infiltrado en una reunión de profesores de Barcelona, preparatoria de las movilizaciones de los docentes contra el propio Ejecutivo.

El texto aprobado considera que esa actuación policial no tuvo “ningún tipo de justificación operativa ni de ponderación de derechos fundamentales”, por lo que “atentó contra el derecho de reunión y manifestación”. El pleno enmienda así lo declarado por Parlon y Trapero en el Parlament, que consideraron que el operativo fue inadecuado pero no que vulneraba derechos.

Además de cargar contra los responsables políticos, el Parlament reclama “prohibir las infiltraciones de agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra en movimientos sociales, asociaciones, colectivos o sindicatos que no cuenten con la debida autorización judicial exigida para la figura del agente encubierto del art. 282bis de la LECRIM, prevista únicamente para la investigación de delitos especialmente graves”. Un moción introducida por los Comuns que la formación ha pactado con el PSC, de forma que el Govern se ha comprometido a no permitir en el futuro este tipo de prácticas si no viene avalada por los juzgados.

El Parlament también ha pedido el cese de la consellera de Educación, Esther Niubó, si no consigue llegar a un acuerdo que desencalle el conflicto laboral con los docentes. El papel de Niubó era también objeto de la moción, en un punto en el que se reclamaba “llegar a un acuerdo inmediato con los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo y con la comunidad educativa” y en caso de que no se hiciera, reclamaba la salida de la consellera “por su incapacidad de abordar el conflicto abierto con los docentes desde hace meses”.

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, impulsor de la moción, ha exigido poner fin a una “barra libre” que atribuye a la policía catalana en cuanto a vulneración de los derechos de protesta y reunión. “Lo que debe hacer el Parlament es marcar un antes y un después, nos jugamos los derechos básicos”, ha expresado, tras insistir en que el Govern y Trapero han garantizado “impunidad” a los Mossos en sus actuaciones. 

Los socios del Govern, ERC y Comuns, se han sumado parcialmente a la moción. Los segundos han reprobado a Trapero pero no a Parlon, de quien han reconocido sus disculpas y el compromiso de que no repetir infiltraciones como la denunciada. De esta forma, no ha habido mayoría para señalar a la consellera de la misma forma que al jefe de la Policía. 

Con todo, Andrés Garcia Berrio, diputado de los Comuns, ha pedido a Parlon un “cambio de 180 grados” en la respuesta policial a las protestas sociales. “Hacen falta cambios y se deben notar rápido”, la ha interpelado Garcia Berrio, que ha exigido que las únicas infiltraciones policiales que se lleven a cabo sean las de los agentes encubiertos amparados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Por parte de ERC, Laia Cañigueral ha lamentado la falta de dirección política de los Mossos, que ha recordado que no es lo mismo que “politizar” la policía. “Se trata de evitar que la estructura policial actúe sin directrices democráticas claras”, ha precisado, y ha reprochado a Parlon que “minimice” la infiltración entre docentes. “Este hecho no es puntual, debe haber responsabilidades políticas”.

La mujer asesinada por su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres (Girona) el pasado martes fue atendida por el Hospital hasta en tres ocasiones durante las 72 horas previas al crimen. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, la primera vez que acudió a urgencias fue el domingo por la mañana, trasladada en una ambulancia desde su domicilio con diversas contusiones y cortes.

Las heridas que presentaba la víctima -que era migrada y trans- no eran de gravedad, según han explicado las fuentes, y no requerían hospitalización ni una atención de urgencia. Tal y como ha podido saber este medio, la paciente presentaba hematomas y contusiones que respondían a agresiones antiguas, provocadas en diferentes momentos, según se pudo constatar por el estado de curación de las mismas. Ese domingo, la víctima fue atendida por un médico, que realizó un parte que envío a los juzgados de Figueres.

El día siguiente, lunes por la tarde, la mujer volvió al centro, también en ambulancia, pero esta vez medicalizada. En aquella ocasión, fue atendida directamente en el vehículo después de haber sido “apalizada” esa misma tarde. Desde el hospital se ofrecieron a llamar a los Mossos para comunicar la agresión, pero la mujer denegó la oferta asegurando que el autor de las heridas “ya estaba detenido” y que sólo necesitaba un parte médico para poder entregarlo a los juzgados. Pero cuando se llamó a consulta a la víctima para que se le realizara el examen, ya se había ido.

Ese lunes -día antes del asesinato- la expareja de la víctima fue detenido por haberse saltado una orden de alejamiento y provocar “supuestas lesiones a la víctima en la vía pública”, según han confirmado desde el juzgado.

La víctima quedó citada para que entregara el parte médico al juez de guardia. Como no completó el trámite el lunes, regresó al hospital el martes. Pero esa mañana había mucha carga asistencial y fue derivada al CAP más cercano. Allí, finalmente, le realizaron un examen completo en el que se constataron las agresiones que había recibido el día anterior que, si bien “no hacían peligrar su vida”, sí eran “significativas”.

A pesar de que contaba con el informe del médico, la víctima no llegó a presentarse ante el juzgado y tampoco prestó testimonio. Se desconocen los motivos por los cuales no acudió, pero sin su testimonio el juez no pudo retener más a su expareja y le dejó en libertad. Horas más tarde, el mismo martes, la mujer fue asesinada en la vía pública. En el mismo lugar de los hechos, los Mossos detuvieron a su expareja, de 48 años. Diversas dotaciones de los Servicios de Emergencias Médicas se desplazaron hacia allí, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida a la mujer.

El detenido y presunto autor del crimen ya había aceptado una pena por maltrato por conformidad de seis meses de cárcel y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses. La misma que rompió el mismo día de asesinato. En este tipo de casos, en los que una víctima de violencia ha sufrido agresiones continuadas, suelen existir mecanismos de protección para la víctima. Pero desde los juzgados no dan información sobre qué protocolos se aplicaron -o si se aplicó alguno- para proteger la vida de esta mujer.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

Jonathan Andic es el único que sabe qué pasó en el sendero de la montaña de Montserrat donde murió su padre. Y así seguirá siendo aunque el caso avance y pueda llegar a sentarse en el banquillo acusado de matar al fundador de Mango y primera fortuna de Catalunya, Isak Andic.

Tras investigar durante un año, interrogar a decenas de testigos y bucear en el teléfono del hijo del dueño de Mango, los Mossos d'Esquadra han presentado sus conclusiones sobre el caso, que han hecho suyas la fiscal y la jueza. Como suele ocurrir, la investigación policial se ha focalizado en los indicios más comprometedores contra Andic (que los hay) y ha dejado rezagados los posibles elementos de descargo.

La falta de una prueba directa sobre la autoría de la muerte ha llevado a los agentes a recopilar indicios que, sumados al supuesto móvil económico y a la mala relación padre-hijo, cristalizan en el contundente auto de la jueza de este martes. La defensa apenas ha empezado a estudiar el sumario (más de 1.400 páginas), pero no ha dudado en tildar la tesis del homicidio de “conjetura inconsistente”. Andic pedirá a la jueza volver a declarar una vez su equipo de abogados haya podido analizar toda la causa.

Ahora empieza el partido para el abogado de Andic, Cristóbal Martell, para contrarrestar lo sostenido por los agentes, la jueza y la fiscal. La tarea no es sencilla: además de la disputa técnica con pruebas periciales, la defensa se enfrenta al reto de no ahondar todavía más en la intimidad familiar destripada por la investigación y a los posibles efectos reputacionales que el avance de la causa tenga en la marca Mango.

El indicio más relevante: tres visitas al lugar de los hechos

Distintas fuentes jurídicas coinciden en que el indicio más claro contra Jonathan Andic son sus visitas previas al lugar de los hechos. En una de sus declaraciones policiales tras la muerte de su padre, explicó que unos quince días antes de los hechos, el 14 de diciembre de 2024, ya había estado en el sendero de Collbató al ser uno de sus paseos habituales.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de tráfico del municipio al pie de Montserrat han situado el coche de Jonathan Andic en el camino el 7, el 8 y el 10 de diciembre de 2024. El punto del sendero por el que cayó el dueño de Mango, resalta la jueza, es el único que “presenta una exposición de caída”.

Otro de los aspectos a los que más importancia da la jueza es el borrado del móvil que Jonathan Andic realizó “coincidiendo” con la reactivación de la investigación en marzo de 2025. Según la versión que el hijo trasladó a su secretaria, le robaron el teléfono durante un viaje “relámpago” a Ecuador.

Las contradicciones

Jonathan Andic no solo declaró ante los Mossos d'Esquadra, sino que lo hizo dos veces: el 14 de diciembre de 2024, inmediatamente después de la muerte de su padre, y quince días después. Por aquel entonces, no estaba formalmente investigado. Pero sus palabras se le han vuelto en contra, como a veces ocurre con las declaraciones policiales.

Aunque en otros casos mediáticos (como el caso Alves) los jueces han dado una “importancia menor” a las versiones distintas que dio el investigado ya estando detenido, la jueza del caso Andic sí le otorga importancia a las contradicciones.

Esas supuestas contradicciones afectan, en primer lugar, a lo qué ocurrió en el sendero de montaña donde Isak Andic perdió la vida. Destaca la jueza que, el mismo día de los hechos, Jonathan dijo a la policía que caminaba 4 o 5 metros por delante de su padre, pero que 15 días después afirmó que caminaban juntos.

“Es poco probable que si iban caminando juntos no lo viera caer”, concluye la instructora. También aprecia diferencias la magistrada en el lugar en el que el padre usó el teléfono, según lo manifestado por el hijo.

Además, tras contrastarlo con el contenido hallado en el teléfono de Jonathan Andic, que según la jueza incluye mensajes de “odio” y hasta “ideas de muerte” hacia su padre, la instructora discrepa de que la relación entre ambos en el momento de la muerte fuera buena, tal y como manifestó el investigado.

La batalla por la pisada

Una de las pruebas más relevantes para los Mossos d'Esquadra (y en las que más se han esmerado) es el análisis de una pisada en el punto del sendero en el que se despeñó. La unidad de montaña de la policía catalana ha realizado hasta 10 simulacros del “refregado de la suela” del modelo de zapato que llevaba el multimillonario.

El resultado del análisis por parte de los Mossos es incriminatorio contra el hijo del magnate: según la policía, un resbalón no puede producir la profundidad de la suela del zapato hallada en el camino.

Otros informes forenses también descartan, según la jueza, la caída accidental que fue la hipótesis inicial del caso porque Andic cayó “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. Previsiblemente, estas pruebas serán replicadas por la defensa con otras periciales que contradigan la tesis de los investigadores.

El dinero y el caso Andic

La clave del caso es el móvil económico y la “obsesión por el dinero” que, según la jueza, llevó a Jonathan Andic a matar a su padre de forma “premeditada” ante el temor de que el fundador de Mango modificara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

El hijo conoció las intenciones del padre a mediados de 2024, aunque el cambio en el testamento nunca llegó a formalizarse en el medio año que pasó hasta su muerte. La resolución judicial no aporta más datos sobre qué consecuencias económicas habría tenido para Jonathan que su padre creara una fundación benéfica.

Según portavoces de la familia citados por la agencia EFE, el proyecto de crear una fundación destinada a fines sociales siguió adelante tras la muerte de Isak Andic, sin que sus hijos, incluido Jonathan, plantearan objeción alguna: si el plan se paralizó es por la coincidencia con la investigación sobre la muerte del empresario y será la familia la que decidirá cuándo se reanuda.

El propio auto sí incorpora, sin embargo, un hecho que muestra que el primogénito no tenía a priori que temer por su futuro financiero: Isak Andic aceptó la petición de su hijo para concederle la herencia en vida. La cesión se produjo, según la resolución, tras la mediación de una psicóloga en el contexto de las tensiones familiares por la gestión de Mango.

El impacto en la compañía

A nivel comercial, Mango no se ha visto afectada por la muerte de su fundador. Todo lo contrario: la compañía batió récords de ventas en 2025, con 3.767 millones, y obtuvo un beneficio de 242 millones, un 11% más que el año anterior. Pero el año anterior no se contaba con una resolución judicial que, aunque no es definitiva y se puede recurrir, apunte de forma tan clara contra Jonathan Andic.

Tampoco se había producido una imagen contraria a la presunción de inocencia y con un potencial impacto en la reputación de la marca: la entrada esposado de Jonathan Andic en los juzgados.

Además de la deficiente infraestructura de los juzgados de Martorell (están en los bajos de un bloque de pisos y solo tienen una puerta por donde entra todo el mundo, lo que obliga a trasladar a todos los detenidos por la calle), fuentes jurídicas dudan de que fuera necesaria la detención de Andic. Se le podría haber citado como investigado y que acudiera al juzgado por su propio pie, agregan estas fuentes.

Jonathan Andic mantiene su cargo como vicepresidente de Mango, sin responsabilidades ejecutivas, y sigue al frente de las sociedades familiares que comparte con sus dos hermanas, Sarah y Judith. La familia ha reafirmado que apoya la inocencia del primogénito.

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada este miércoles en Madrid ha concretado algunas de las medidas previstas en el acuerdo entre el Govern y ERC para los presupuestos. Entre los acuerdos se encuentra la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones y la constitución de la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones. También se ha pactado firmar este año un protocolo de colaboración para crear la nueva Línea Orbital Ferroviaria y se ha acordado un nuevo reparto del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. En cuanto a los Mossos, se ha dado luz verde a la financiación necesaria para alcanzar los 25.000 agentes en 2030, cifra que se pactó en el anterior bilateral.

Desde el Gobierno destacan que las reuniones celebradas en Madrid -donde han participado el ministro Ángel Víctor Torres y los consejeros de Presidencia, Albert Dalmau, y de Economía, Alícia Romero- permite dar un “nuevo paso adelante” en el despliegue de competencias en ámbitos como la gestión del litoral, impulsar el autogobierno y seguir abriendo paso hacia catalanes. La cita, que fue la tercera de esta legislatura, comenzó a las 16.30 horas y duró poco más de una hora. “La comisión bilateral ha culminado una agenda de trabajo intensa”, ha remarcado Dalmau ante la prensa al finalizar el encuentro.

En el caso de la decisión sobre los Mossos se ha cerrado en una reunión previa de la Junta de Seguridad y de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF), presidida por la consejera Alícia Romero. Allí se ha aprobado que la transferencia de recursos del Estado se calcule anualmente a partir de la diferencia entre el número de agentes certificados en 2021 (el año de referencia para el cálculo). Esta diferencia se multiplicará por el coste de cada efectivo adicional fijado en 70.600 euros, pero que se actualizará cada año a partir del IPC.

Infraestructuras

En el capítulo de infraestructuras, el Estado y la Generalitat han acordado impulsar un nuevo modelo de “gobernanza compartida” para acelerar y mejorar la planificación y ejecución de obras. Para ello, se prevé la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones, concebido como un órgano de “coordinación estratégica, seguimiento y supervisión de las actuaciones inversoras” del sector público estatal en Catalunya. El nuevo ente quedará adscrito al Ministerio de Transportes. Asimismo, se constituirá la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones, con el objetivo de dotar de mayor agilidad, flexibilidad y capacidad operativa la ejecución de estudios, proyectos y obras.

Tren orbital

La reunión de este miércoles también sirvió para sellar el acuerdo para la creación del tren orbital, que conectará ferroviariamente las comarcas del ámbito metropolitano, entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona. Ambos gobiernos han acordado crear una mesa de seguimiento para coordinar el proyecto y que el propio Consorcio de Inversiones se encargue de impulsarlo y desarrollarlo. La actual R8 será la primera fase funcional del sistema orbital, según el acuerdo ratificado.

Consorcio de la Zona Franca

Por lo que se refiere al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, se ha pactado la constitución de un nuevo reparto de fuerzas que incremente la posición de la Generalitat. Hasta ahora, el ente estaba controlado al 100% por el Estado. Ahora, el Estado tendrá el 45%, la Generalitat el 40% y el Ajuntament de Barcelona el 15%. Se conservará la denominación histórica del consorcio, la presidencia continuará asumiendo el alcalde de Barcelona y el plenario mantendrá una representación de las entidades económicas y sociales de Catalunya.

Impulso del catalán

En materia lingüística, ambos gobiernos han acordado crear un grupo de trabajo que deberá presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año para extender la formación en catalán en distintos ámbitos y cuerpos de la Administración General del Estado en Catalunya. También se ha pactado que la Administración General del Estado promueva progresivamente una mayor disponibilidad de la opción de catalán en los recursos de la administración digital, sitios web y trámites electrónicos.

Gestión del litoral

Otra de las novedades radica en las competencias sobre la gestión del litoral. De hecho, se ha pactado cambiar el Reglamento General de Costas con el objetivo de adaptarlo al marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya y consolidar y reforzar el papel de la Generalitat en la ordenación y gestión del litoral catalán. El acuerdo recoge el compromiso de la Administración General del Estado de promover, en el plazo de tres meses, la legislación para hacerlo realidad. La modificación seguirá los criterios establecidos en los acuerdos de traspaso de funciones aprobados recientemente para País Vasco y Galicia.

Es una de las imágenes del año. Estigmatizante, pero histórica. El hijo del hombre más rico de Catalunya ha entrado esposado en el juzgado, custodiado por cinco mossos d'esquadra, e investigado por el homicidio de su padre, fundador de Mango. Jonathan Andic ha declarado una hora y ha salido en libertad tras abonar en apenas 20 minutos una fianza de un millón de euros.

La resolución judicial por la que se decreta la libertad de Andic tiene tintes de guion de Succession, aunque sigue sin contar con una prueba clara que determine la autoría del hijo del fundador de Mango. La jueza sí compra todos los indicios expuestos en los atestados de los Mossos d'Esquadra y señala la “obsesión por el dinero” de Jonathan Andic y la “mala relación” y el “odio” hacia su padre como claves del caso.

En un comunicado, la defensa y la familia de Andic han cargado contra la investigación policial que han asumido Fiscalía y jueza. “La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia”, ha expresado Cristóbal Martell, abogado de Jonathan Andic.

El auto, junto a la imagen de Andic entrando esposado en el juzgado de Martorell, son demoledores para la imagen del hijo del dueño del imperio de la moda. En 14 páginas, la magistrada condensa año y medio de investigación policial y enumera siete indicios de lo que considera una “participación activa y premeditada” de Jonathan en la muerte de su padre al despeñarse en un sendero en Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

Primero y principal: la “mala relación” del hijo con el padre, algo que el primogénito negó en sus declaraciones ante los Mossos, pero que según la jueza desmienten los mensajes hallados en el teléfono de Jonathan Andic.

La togada sitúa como motivo de las desavenencias “la obsesión por el dinero” de Jonathan, hasta el punto que, según el auto, le pidió a su padre una herencia en vida que el fundador de Mango aceptó “para continuar teniendo relación con su hijo” tras la intervención de una psicóloga.

A mediados del año 2024 (esto es, seis meses antes de la muerte de Andic al caer durante una excursión en el macizo de Montserrat), Jonathan “fue conocedor”, indica la jueza, de que su padre tenía intención de cambiar el testamento “creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas”. La magistrada sitúa esta decisión como detonante de un “cambio de actitud” de Jonathan con su padre, con el que pretende “reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta”.

El padre, agrega la jueza, aceptó la excursión de su hijo “para hablar los dos solos”. Este es el principal salto temporal del auto, toda vez que la caminata donde el fundador de Mango perdió la vida ocurrió medio año después de que estallaran las supuestas discrepancias entre padre e hijo.

La jueza incluso se adentra en consideraciones psicológicas sobre la relación entre los Andic. Mantiene la magistrada que Jonathan “manipuló emocionalmente” a su padre “para conseguir sus objetivos económicos”. También mantiene que en los mensajes analizados en su teléfono el hijo muestra “sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre”.

“Planificación y estudio”

La magistrada enmarca esta estrategia de supuesta reconciliación dentro de lo que, en realidad, sería “una planificación y estudio previo del lugar de los hechos y un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída”.

Esta premeditación que la magistrada advierte sería más compatible con un delito de asesinato, pero de momento la causa permanece abierto por homicidio “sin perjuicio de ulterior calificación”, agrega la jueza.

Los días previos y el sendero donde se precipitó Andic, que no presenta grandes dificultades, son otros dos de los indicios que pesan contra Jonathan Andic. La jueza destaca que el hijo del fundador de Mango visitó “el lugar de los hechos” hasta tres veces en solo siete días antes de la caída de su padre.

El recodo de la montaña por donde se precipitó el empresario es otro de los principales indicios de criminalidad a los que se aferra la jueza: las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, que incluyeron cuatro simulacros en el mismo punto por el que cayó Andic, han concluido que una pisada como la hallada en el lugar de los hechos “no es posible por un resbalón”.

Además, la jueza cita el informe forense, que no ve signos de resbalón sino que compara la caída con un lanzamiento “por un tobogán, con los pies por delante”, de forma que todas las lesiones fueron en el lado derecho y en forma ascendente, sin afectación en las manos, un dato clave para los investigadores.

A los indicios sobre el terreno, se le suma la “desaparición en extrañas circunstancias”, en palabras de la jueza, del móvil de Jonathan Andic. Según trasladó el hijo a su secretaria, le robaron el teléfono en un “viaje relámpago” a Ecuador entre el 24 y el 26 de marzo de 2026. Sin embargo, la jueza destaca que Andic borró el contenido de su anterior terminal tras cambiarse el móvil, y que las fechas de su desaparición “coinciden” con las noticias en presa sobre la reapertura del caso, inicialmente archivado.

Las gestiones de los Mossos para “determinar la pérdida o sustracción” del antiguo teléfono de Andic han resultado “negativas”, agrega la magistrada.

Llamadas y “contradicciones”

Tampoco le cuadran a la jueza las llamadas a los servicios de emergencia que Jonathan realizó tras la caída. En las dos primeras, indica la jueza, manifestó al teleoperador que su padre se había caído por un barranco, en el Montserrat. En la tercera, explicó a la enfermera lo que, según la jueza, es otra versión: que iba por delante de su padre “y de repente ha oído ruido de piedras y cuando se ha girado lo ha visto gritar y caerse”. Esta llamada difiere, siempre según la magistrada, de la declaración que Andic prestó ante los Mossos, pese a que la jueza recoge que Andic manifestó que también iba caminando por delante de su padre y vio su cuerpo rodando y escuchó un gemido de dolor.

En su auto, la jueza enumera las “contradicciones” de Jonathan Andic en sus diferentes declaraciones, las primeras a los Mossos tras la muerte de su padre, los días 14 y 31 de diciembre de 2024, y las de este martes en sede judicial, únicamente a preguntas de su defensa.

En la primera de las declaraciones, la del 14 de diciembre, afirmó que “se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre”, que este se paró para tomar unas fotografías y sin tenerlo a la “vista”, se giró y vio “un cuerpo rodando entre los matorrales, y escucho un fuerte golpe y un gemido de dolor”. Sin embargo, el 31 de diciembre Jonathan declaró que su padre hizo uso del teléfono al principio del recorrido, y que ya “no lo volvió a ver que lo utilizara”.

La investigación de los Mossos del volcado del móvil del empresario fallecido determina que “solo” lo utilizó al inicio del camino, y que no hizo uso del mismo en el “lugar de los hechos”, es decir, desde donde se precipitó al vacío. La montaña es la otra única testigo de la muerte de Isak Andic.