Han pasado algo más de nueve años desde los atentados de Barcelona y Cambrils, el ataque yihadista más terrible que ha sufrido Catalunya. Las heridas colectivas dejadas por la masacre de aquel 17 de agosto de 2017 siguen sin cerrarse del todo, pero, con la distancia que dan los años, el cine aborda por primera vez aquellos acontecimientos. Cronos, un ambicioso e intenso largometraje dirigido por Fernando González Molina y escrito por Alberto Marini, llega a las salas.

El film cuenta con un reparto amplísimo, con más de 50 personajes entre los que destacan Enric Auquer, jefe de los Mossos encargado de la respuesta rápida; Diana Gómez, que interpreta a la responsable de comunicación de la policíacatalana, Patrícia Plaja; y Mónica López, en el papel de una sargento de los Mossos de Ripoll (Girona), el pueblo de los jóvenes yihadistas.

La cinta reconstruye minuto a minuto el despliegue policial y humano realizado durante las 124 horas posteriores al atropello masivo en La Rambla y presta especial atención al trabajo y al impacto emocional de los profesionales que tuvieron que estar en primera línea de los hechos.

El proceso de documentación para levantar una obra de esta magnitud exigió un riguroso trabajo de inmersión en los hechos. La arquitectura del relato se basa en las investigaciones previas que habían realizado los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano para el documental 800 metros (2022), que también trataba sobre los atentados.

Según el guionista, Alberto Marini (El 47, Mientras duermes), la premisa del proyecto fue mantener una fidelidad absoluta a los hechos y el máximo respeto hacia las víctimas. Para ello, el equipo se entrevistó con los protagonistas para repasar de primera mano los datos objetivos del operativo y, posteriormente, el impacto emocional que tuvo en cada uno de ellos.

“Encontramos a gente con muchas ganas de contar cómo lo habían vivido y cómo les había afectado”, explica Marini. “Una frase que se repetía mucho era: 'Para vosotros han pasado nueve años, pero para mí fue ayer'. Era evidente que había algo sanador en contar su experiencia”.

Para el director, Fernando González Molina (Palmeras en la nieve, Tres metros sobre el cielo), la implicación personal con los entrevistados fue indispensable a la hora de trasladar esa carga emocional al trabajo con los actores. “Necesitaba entender minuciosamente el proceso emocional que vivieron porque me sentía muy responsable al llevarlo a la pantalla. Los personajes de Enric Auquer o Diana Gómez, y muchos otros, son casi trasuntos directos de las personas reales”, indica el cineasta.

Distancia moral y ausencia de peajes

La amplia colaboración de los cuerpos de seguridad en la ambientación y reconstrucción técnica del operativo planteó desde el inicio el reto de no terminar elaborando un relato institucional demasiado complaciente. Los creadores aseguran que establecieron una distancia de seguridad narrativa clara para preservar la independencia del texto final.

“No hemos tenido ningún tipo de ‘censura’ a lo largo del proceso. Sí que nos han indicado, por ejemplo, cómo se realizan determinados procedimientos legales o policiales, pero eso le ha dado más realismo al relato”, aclara Marini.

González Molina destaca que el relato sí que sigue al pie de la letra lo que los agentes les contaron sobre sus sentimientos. “Intentamos ser fieles a cómo lo vivieron”, explica. “Por eso la película huye bastante del arquetipo de policía controlador y frío. Abraza la sensación que nos transmitían al hablar con ellos, y muestra cómo se vieron superados por unas circunstancias extremas para las que no estaban preparados por mucho que fuesen profesionales”.

La colaboración con los Mossos dota a Cronos de una impecable textura de veracidad y de un ritmo hiperrealista en la reconstrucción del operativo, pero ese foco en el despliegue policial acaba por escorar el punto de vista de la película, que se centra en el papel del cuerpo autonómico en detrimento de otras aristas del conflicto.

El reto logístico de filmar en el corazón de Barcelona

Otro elemento que refuerza el realismo de la película es que está rodada en su mayor parte en los escenarios reales donde sucedieron los hechos. Especialmente en La Rambla y en la plaza Catalunya de Barcelona.

Transformar el emblemático paseo barcelonés en un plató de rodaje durante 16 días supuso una de las apuestas de producción más complejas del cine español reciente. “Una de las primeras decisiones de la peli fue que rodaríamos en los lugares reales”, recuerda el director. “Aunque esto supuso un esfuerzo enorme por parte del equipo y requirió de una colaboración total de las autoridades”.

Para colmo, La Rambla estaba en obras. “Teníamos un set de más de 100 metros en una de las calles más transitadas del mundo, con 300 figurantes y 15 vehículos, en medio de hordas de turistas”, explica. “Paradójicamente, el cierre de uno de los carriles por las obras nos permitió acotar el set de forma más sencilla. Colocábamos un control de producción y mientras la gente pasaba, por un lado, nosotros rodábamos en el otro”, añade el realizador.

El director se muestra orgulloso de algunas de las secuencias que consiguieron registrar. Destaca un plano secuencia de varios minutos de duración en el que la cámara acompaña al personaje de Enric Auquer desde el interior de un vehículo hasta su llegada a la plaza Catalunya tras el atentado. “Mi máxima era poner la forma al servicio del relato para que el espectador se enterara de las cosas al mismo tiempo que los personajes”, apunta González Molina.

Realismo coral

Cronos es una película decididamente coral que buscaba hacer justicia a la cantidad de colectivos que intervinieron en las jornadas posteriores al ataque. Al amplio elenco hay que sumar los más de 300 figurantes entre los que se encontraban 184 profesionales reales entre policías, servicios sanitarios, periodistas, etc.

Para González Molina, la credibilidad de la propuesta dependía de la veracidad de los papeles con menor presencia en pantalla. “Lo que estropea una película es que la segunda o la tercera línea de actores no funcione, que no te creas a los policías, a los chavales árabes o a sus familias”, comenta. “El hecho de contar con Mossos reales haciendo de Mossos le aporta un colchón de verdad al conjunto”.

Esta voluntad de verosimilitud afectó también a los personajes, que evitan las convenciones. “Durante la redacción del guion debatimos a veces si agrupar acciones en menos personajes, pero la realidad no funciona así”, recuerda el director. “Un policía de Barcelona no podía ser el mismo que aparecía en Cambrils o Ripoll”, añade el cineasta.

La mirada política y la respuesta de las víctimas

Cronos no obvia el contexto social de agosto de 2017, marcado por las tensiones políticas entre la Generalitat y el Gobierno central previas al referéndum del 1 de octubre. Las fricciones durante la gestión de la crisis entre cuerpos policiales autonómicos y estatales y entre los Mossos y el Govern aparecen sin restar protagonismo al relato humano de los protagonistas.

“Intentamos ser fieles a la realidad y no posicionarnos, no por cobardía, sino por respeto”, manifiesta Marini. “Sé que puede molestar a determinado sector de la población que se muestre que la Policía Nacional se tuvo que poner bajo el mando de los Mossos, pero es lo que ocurrió legalmente porque el juez dictaminó que eso fuera así”.

“Quizá al no ser catalán me he sentido más libre para contar la historia tal y como estaba escrita”, afirma el director. Tras un pase privado organizado para miembros de las asociaciones de víctimas, las valoraciones han destacado el rigor del retrato humano. “Había dos objetivos prioritarios: el respeto a la verdad y el respeto a las víctimas. Lograr esa reacción ha sido un gran alivio”, concluye Marini.

Un relato universal sin recetas morales

Cronos aspira a funcionar en dos niveles diferenciados: el de un thriller dramático internacional comprensible para cualquier espectador y el de un retrato minucioso repleto de matices para el público local. Además, los debates contemporáneos sobre la gestión de fronteras o la integración social otorgan al largometraje una resonancia de plena actualidad.

Lejos de ofrecer conclusiones cerradas sobre los dilemas que plantea la trama, director y guionista han optado por dejar que las preguntas queden abiertas para la reflexión del público. “La única cosa que sí quise colocar en el final de la peli es un relato de esperanza”, confiesa el director. “Creo que a pesar de que sucedan cosas como estas que fracturan y que generan heridas enormes, hay personas, como la asistente social de Ripoll que sale en la película, que es una persona real, que siguen trabajando en la integración de las personas migrantes”.

Un juez de Reus (Tarragona) ha procesado por un delito de lesiones graves a dos agentes del cuerpo de élite de los Mossos d'Esquadra por abatir “indiscriminadamente” y “acribillar la integridad física” del vigilante de seguridad Marin E.S., que les había disparado previamente y que antes había tiroteado a sus antiguos compañeros de trabajo.

El caso se remonta a diciembre de 2021. Los Mossos abatieron y detuvieron a Marin E.S., que se atrincheró en una masía de Riudoms y disparó a los mossos del Grup Especial d'Intervenció (GEI) después de tirotear a sus antiguos compañeros en una oficina de Tarragona.

El vigilante sufrió lesiones medulares graves a consecuencia de la intervención policial y fue el primer preso de la historia de España en recibir la eutanasia. La hermana de Marin E.S., representada por el abogado Gerard Amigó, se querelló contra los agentes.

En un auto, adelantado por el Diari de Tarragona y al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Adriano Muñoz sabe que su resolución puede ser polémica y mide cada palabra.

Para empezar, el juez se muestra consciente de que la intervención policial que abatió a Marin E.S. “es receptora del acogimiento y aprobación de la inmensa mayoría del sentimiento social, siempre demandante de una contundente respuesta frente a hechos delictivos de intensa gravedad”.

El juez diferencia dos momentos de la operación de neutralización del vigilante: el despliegue operativa en torno a la masía de Riudoms, que el juez ve correcto para “evitar la fuga del objetivo y garantizar la seguridad” de los agentes encargados de interceptar a Marin E.S., y la “culminación de la misión”, que es donde aparecen los indicios de delito.

El instructor resalta un aspecto clave, menos percibido por la sociedad, pero que es la vara de medir de la Justicia a la hora de examinar cualquier actuación policial: la proporcionalidad. Este baremo no desaparece pese a la “conducta indudablemente hostil” de Marin E.S. y su “predisposición a hacer uso de la fuerza armada” contra los agentes que intentaron detenerle.

A juicio del magistrado, la proporcionalidad brilló por su ausencia en la intervención de los GEI sobre Marin E.S., pues solo uno de los dos agentes procesados disparó 17 veces al vigilante, un número que el instructor considera excesivo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el otro GEI procesado disparó solo una vez contra el vigilante.

“Hay indicios suficientes para considerar que la actuación de los agentes fue descontrolada, desproporcionada, y con una finalidad que pudo ir allá de la de neutralizar [a Marin E.S.], que fue la de acribillar su integridad física, originándole graves lesiones medulares que derivaron en pérdida de prácticamente toda la movilidad de su cuerpo”, concluye el auto.

Tampoco han jugado a favor de los dos procesados las contradicciones entre las declaraciones de los agentes del operativo en sede judicial y lo que escribieron en los atestados del caso, así como la “opacidad” que el juez ha apreciado en la inclusión de determinados datos en la causa.

Las declaraciones de los agentes, que aseguraron que Marin E.S. disparó de forma indiscriminada contra su posición, son “incongruentes” con el hallazgo de solo 5 casquetes de bala del vigilante, destaca el juez.

Tampoco han aparecido ninguno de los 16 casquillos que dijo haber disparado otro agente, que no ha sido procesado. El juez también advierte que el informe de balística de los Mossos “no recoge” este dato ni fotografías de los cargadores de los subfusiles de dos agentes, como sí hace con el resto de armas.

El instructor también destaca que mientras en los informes iniciales los mossos explicaron que dirigieron los disparos y apuntaron a “zonas bajas” del cuerpo del vigilante, en su declaración judicial no supieron decir hacia dónde dispararon debido al “estrés de combate”.

Además, uno de los dos mossos procesados escribió en la minuta policial que disparó una sola vez contra el vigilante en sus piernas, mientras que en sede judicial no pudo precisar si fue su bala la que impactó en Marin E.S.

Reacción del Govern a los bulos que ha esparcido la extrema derecha para sacar partido políticamente del crimen de un hombre en Manresa (Barcelona).

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que los dos menores detenidos por matar a un hombre con arma blanca en la localidad son catalanes que viven con sus familias, y ha cargado contra Aliança y Vox por “manipular” y “generar odio” al difundir el bulo que eran menores no acompañados de origen magrebí.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes por la tarde a dos menores, de 15 y 16 años, que este miércoles pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores por su presunta vinculación con la muerte de un hombre de 45 años y vecino de Castellnou del Bages (Barcelona), que fue apuñalado en la calle la madrugada del martes en Manresa, en plena fiesta mayor de la localidad.

Las extremas derechas catalana y española, Aliança Catalana y Vox, han empleado el manual de todos los partidos ultra de Europa para intentar aprovechar electoralmente un suceso, vinculando de forma falsa delincuencia e inmigración.

Según ha detallado Parlon en una entrevista a Catalunya Ràdio, los hechos, que investigan los Mossos para determinar si podría haber más implicados, ocurrieron hacia las 5.10 horas, a raíz de una pelea entre dos grupos de cuatro o cinco personas.

Los dos detenidos habían tenido con anterioridad una actitud “reprobable” y ya llevaban tiempo con comportamientos “no adecuados” para unos menores, según la consellera.

Parlon ha denunciado que Aliança Catalana y Vox han “aprovechado” este crimen para “hacer asociaciones oportunistas y xenófobas” y practicar la “política del odio”, al tiempo que ha remarcado que los dos detenidos no son menores no acompañados ni están en un centro de menores.

Los arrestados son dos chicos nacidos en Catalunya, uno de padres catalanes y otro de padres de origen inmigrante, que viven con sus familias.

Según la consellera, los dirigentes de Vox y Aliança que difundieron que los detenidos eran menores no acompañados y afirmaron que eran de origen magrebí “aprovecharon” unos “hechos gravísimos” para “generar odio, discordia y confundir a la gente”.

Parlon ha insistido en que este tipo de conductas se tendrán que denunciar: “La manipulación de la sociedad para generar odio y generar enfrentamientos sociales tiene una gravedad extrema”.

Según Parlon, no se puede “jugar” con “el dolor de la población” ni culpar a un colectivo de personas por hechos “gravísimos” cometidos por algunas personas ni “manipular ni dar informaciones orientadas a fomentar el enfrentamiento y el odio a menores no acompañados”.

“Es una auténtica vergüenza aprovechar el dolor por unos hechos graves para lanzar informaciones contra un colectivo de personas vulnerables. Si esta es la política que ellos practican, es la política del odio. Debe tener una respuesta social y política”, ha insistido, informa EFE.

La consellera ha reconocido que en Catalunya existe una percepción de inseguridad debido a los tiroteosvinculados al crimen organizado por el narcotráfico y a la proliferación de disputas con armas blancas.

“Tenemos un problema con la normalización de llevar una navaja encima”, ha admitido Parlon, que ha insistido en que es una cuestión que se debe abordar desde diversas perspectivas, como la educacional, familiar y social, y no solo desde el ámbito policial.

El secretario general de Interior, Tomàs Carrión, ha anunciado su decisión de dejar por voluntad propia su cargo como 'número 2' del departamento liderado por Núria Parlon para volver a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Según ha informado el departamento en un comunicado, Carrión, que al igual que Parlon provenía del consistorio colomense, ha comunicado su decisión de dejar el cargo por voluntad propia después de dos años para iniciar “una nueva etapa y un nuevo proyecto vital” en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Antes de ser secretario general de Interior, Carrión era director de Seguridad Ciudadana, Espacio Público y Medioambiente del Ayuntamiento de Santa Coloma. Biólogo de formación, desempeñó su carrera profesional en el consistorio desde 1991, cuando la socialista Manuela de Madre (PSC) ganó sus primeras elecciones municipales.

Parlon ha agradecido a Carrión la dedicación y el servicio público durante los últimos dos años. El Govern ha destacado su “profesionalidad”, la “dedicación extraordinaria” y la contribución a la reorganización y el impulso de los circuitos internos del departamento para hacerlos más eficientes.

Joana Ricardo sustituirá a Carrión al frente de la secretaría general del departamento. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB)-Abat Oliba CEU y tiene el máster universitario en Dirección y Liderazgo Públicos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Funcionaria de carrera de la administración local, Ricardo tiene una larga trayectoria en el sector público y en el ámbito del derecho administrativo. Entre otras responsabilidades, ha ejercido como jefe de los Servicios Jurídicos y secretaria general accidental del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, así como de técnica en la Oficina Antifraude de Catalunya.

El Govern ha informado de que reforzará el dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra para “supervisar, velar y auditar” que los asistentes a la concentración del movimiento de extrema derecha Save Europe Act, prevista para este sábado en Barcelona, “no fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia”.

En un comunicado, el Ejecutivo ha defendido que el derecho de reunión y manifestación “es fundamental, pero no es absoluto”, tras las peticiones de partidos como los Comuns para que la Generalitat solicitara la prohibición judicial de la concentración, algo que finalmente no se ha producido. La primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado que la concentración “no es bienvenida” en la ciudad.

La capital catalana será parada de la gira del movimiento xenófobo, que la semana que viene recalará en Madrid. El tour racista está organizado por el grupo Save Europe Act, que toma su nombre de una propuesta de ley homónima que intentaron registrar en la Comisión Europea en junio para que la UE avalara y regulara la llamada “remigración”.

Es el término que usan los movimientos ultras europeos para exigir la expulsión de los migrantes irregulares, así como la revocación de los permisos y procesos de regularización extraordinarios, las visas los refugiados que proceden de países que ellos consideran “seguros” y las de los migrantes que vengan a la UE por motivos económicos. La Comisión Europea rechazó tramitar la iniciativa al ser incompatible con los derechos humanos.

El Govern ha advertido de que trasladará a la Fiscalía cualquier conducta delictiva que se produzca durante la manifestación, en especial cualquier cántico o acción de los manifestantes ultras que pueda suponer un delito de odio y de discriminación.

Además, el Ejecutivo ha recordado que la normativa establece los “mecanismos de actuación” de las autoridades competentes en caso de que la concentración afecte a “la seguridad de las personas, el orden público o los bienes”. El Ejecutivo catalán también ha reiterado su “compromiso con el cumplimiento de la legalidad, la protección de la igualdad de trato y la no discriminación, la dignidad de las personas y la convivencia”.

El Ateneu Popular de Cerdanya ha denunciado que ha recibido 2.000 euros en multas administrativas tras haber echado de un concierto en mayo a un mosso d'esquadra fuera de servicio. La conselleria de Interior ha negado el vínculo entre ambos hechos.

En una rueda de prensa este lunes, los colectivos que forman el ateneo han explicado que, en los últimos dos meses, han recibido dos multas de 1.001 euros cada una por, supuestamente, fumar dentro del local y vender bebidas sin licencia. Sin embargo, desde la asociación aseguran que nunca se ha consumido tabaco en el interior del recinto y que las bebidas únicamente se venden entre los socios, sin ánimo de lucro.

Las entidades de La Cerdanya vinculan las multas a los hechos ocurridos el 14 de mayo. Durante un concierto, militantes del Ateneu se presentaron ante el hombre, como hacen habitualmente con las personas que acuden por primera vez, y le preguntaron a qué se dedicaba. El agente, según asegura la asociación, evitó responder. Posteriormente, uno de los integrantes lo reconoció como miembro de los Mossos d’Esquadra destinado en la comisaría de Puigcerdà (Girona).

“No llegó a ser una infiltración como las que se están denunciando últimamente, simplemente se negó a dar información sobre su trabajo”, aclara Alexandra Morán, miembro del ateneo.

Desde el departamento de Interior confirman que no se trata de un caso de infiltración y que el agente acudió a la actividad fuera de su horario laboral, como cualquier otro ciudadano. Según explican, el funcionario se sintió “intimidado” cuando le invitaron a abandonar el espacio, por lo que avisó a una patrulla.

El Ateneo sostiene que la presencia del policía generó malestar entre algunos de los asistentes. Ante esta situación, explican que optaron por actuar “con la máxima cautela” y pedirle que abandonara el espacio, tras explicarle que su presencia estaba provocando incomodidad y desconfianza entre algunos participantes. Según la asociación, el mosso aceptó marcharse voluntariamente.

Posteriormente, cinco agentes acudieron al lugar para realizar “unas comprobaciones”, con una actitud que la entidad califica de “claramente intimidatoria”. Según explican, los agentes no dieron explicaciones sobre los motivos de su llegada, más allá de una supuesta discriminación hacia el policía al que acababan de pedir que se marchara. En el acto, identificaron a uno de los miembros de la entidad y solicitaron documentación relacionada con el Ateneo.

Días después, la asociación recibió el acta en la que se les acusaba de haber fumado y vendido bebidas sin licencia dentro del local. El espacio cuestiona duramente su contenido y sostiene que el documento presenta un relato de los hechos que no se corresponde con lo ocurrido durante la actividad y que, además, omite el episodio relacionado con la presencia del agente.

La entidad también denuncia diversas irregularidades y errores en el documento, entre ellos una modificación de la fecha del acta. Aunque sus responsables aseguran que se negaron a firmarla, finalmente entregaron la documentación solicitada por los agentes.

Dos meses después de los hechos, el Ateneo ha recibido dos multas por valor de 2.000 euros. La asociación considera que las sanciones constituyen una represalia por haber cuestionado la presencia del agente policial durante su actividad y las interpreta como un intento de “intimidar y debilitar un espacio de organización popular”.

“Estas multas son una demostración de abuso del poder policial y un acto represivo contra el ateneo, pero también contra todo un movimiento popular autoorganizado que desde hace unos años está surgiendo en la comarca”, denuncia la asociación.

Aunque este caso no se pueda calificar como una infiltración, el ateneo ha anunciado que no piensa normalizar lo que considera un episodio de “abuso policial”. La entidad reivindica su derecho a “expresar el malestar y la desconfianza” generados por la presencia de un agente policial en una de sus actividades y acusa a los Mossos d’Esquadra de Puigcerdà de actuar con impunidad y de utilizar las sanciones como mecanismo de presión.

Una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil ha permitido detener en Gipuzkoa a un menor de 17 años, considerado el principal referente en España de la extremista Red 764, una organización transnacional que opera principalmente a través de internet y que “busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables”.

Según informa el Departamento vasco de Seguridad en una nota, este colectivo ha sido investigado en varios países por “su vinculación con delitos como la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas”.

Al detenido se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, organismos públicos y diversas personas entre enero y abril de 2026. También contra la dirigente de Podemos Irene Montero, que el pasado 8 de marzo denunció amenazas de muerte en las que se señalaba “su domicilio, en el que también residen sus hijos menores de edad y su pareja”.

Acciones violentas

El Departamento de Seguridad concreta que en ellas anunciaba tiroteos, ataques armados y otras acciones violentas que nunca llegaron a producirse, aunque “generaron una importante alarma social y obligaron al despliegue de dispositivos extraordinarios de seguridad”.

El arrestado hacía referencia en estas amenazas a su supuesta pertenencia a la organización 764 y en algunas de ellas manifestaba que “retransmitiría en directo, a través de una plataforma online, los asesinatos que pretendía cometer para que fueran presenciados por otros integrantes del grupo”.

Entre los hechos investigados destacan también las amenazas dirigidas contra un conocido centro de ocio y contra diversas personas.

Las pesquisas también permitieron descubrir la utilización de falsos avisos de emergencias y técnicas de suplantación de identidad, habituales en comunidades extremistas de internet, para señalar a terceras personas inocentes, provocar intervenciones policiales, generar situaciones de riesgo y desviar la atención de los investigadores.

Como consecuencia de estas acciones, al menos dos personas, una en el País Vasco y otra en Cataluña, fueron víctimas de campañas de hostigamiento vinculadas a los hechos investigados.

Las averiguaciones revelaron además que el detenido mantenía contactos y participaba en espacios digitales donde se promovían dinámicas de manipulación psicológica sobre menores y jóvenes vulnerables.

En estos entornos se fomentaban conductas de humillación extrema, autolesiones y sometimiento a la voluntad de los captadores, señala el Departamento de Seguridad.

Una investigación conjunta de tres meses

La identificación del presunto responsable ha sido resultado de una investigación desarrollada durante meses de manera conjunta por el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) y Secciones Centrales SECIC de la Ertzaintza, y de los servicios de información de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil.

Tras las correspondientes autorizaciones judiciales, el pasado 16 de julio se practicaron entradas y registros en dos inmuebles de Gipuzkoa vinculados al investigado.

Durante la intervención se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital y diversa documentación de interés para la investigación, relacionada con la actividad delictiva atribuida al detenido y con la organización 764.

El arrestado, tras pasar a disposición judicial, cumple ya una medida preventiva de internamiento en un centro especializado.

El origen: Estados Unidos

La red 764 surgió en Estados Unidos y toma su nombre de los tres primeros dígitos del código postal de Stephenville (Texas), localidad donde nació su fundador.

Con el paso de los años evolucionó desde una comunidad virtual marginal hasta convertirse en una estructura de alcance internacional con presencia en diversos países.

Sus integrantes utilizan plataformas de mensajería instantánea, redes sociales y espacios frecuentados por menores para localizar y captar potenciales víctimas.

A nivel internacional, 764 está considerada una de las comunidades más peligrosas surgidas en internet en los últimos años. Diversos organismos de seguridad mantienen abiertas investigaciones sobre sus actividades y Canadá la ha declarado entidad terrorista, explica el Departamento de Seguridad.

Los Mossos han detenido a un hombre de 58 años como presunto autor del incendio forestal de lCarme (Anoia), originado el 6 de julio y que calcinó más de 450 hectáreas y afectó a siete municipios.

Los Agentes Rurales han determinado que el origen del fuego estaba en el arcén de la carretera BV-2131, donde también han localizado restos medio quemados de fragmentos de cartón de un paquete de latas de cerveza.

Un equipo de investigación conjunto entre Mossos y los Agentes Rurales han podido determinar la autoría del incendio y han identificado al hombre de 58 años como principal sospechoso. Además, consideran que esta persona también habría provocado dos incencios más en la misma zona, uno el 29 de junio y otro ocurrido en julio de 2024. La detención se practicó el lunes 27 de julio y la policía catalana ha informado este jueves en una nota de prensa.

La magistrada que investigó a 3 agentes de los Mossos d'Esquadra por la fuga del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su visita a Barcelona el 8 de agosto de 2024, y que acordó el archivo al no ver indicios de delito, ha procesado a los tres policías por orden de la Audiencia de Barcelona, que acordó la reapertura de la causa el pasado 7 de julio.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha trasladado las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días formulen el escrito de acusación.

Así y de acuerdo con el auto de la Audiencia, la magistrada ve indicios suficientes para poder afirmar que existía un vínculo entre los investigados encaminado a conseguir la huida de Puigdemont, a pesar de la orden de detención vigente en contra del mismo dictada por el Tribunal Supremo.

“Con este fin cada uno de ellos habría asumido una tarea propia y complementaria, actuando de manera concertada, para evitar que el Sr. Puigdemont fuera detenido y posibilitar su huida posterior”, según el auto.

Indicios

En el auto de la Audiencia esgrimió que del análisis de los elementos indiciarios en el marco la investigación se desprendían motivos suficientes para estimar que la presencia de los 3 investigados en el lugar y momento de los hechos “no era meramente casual”.

Lo hizo en base a los informes elaborados por la División de Asuntos Internos de los Mossos, que recogen imágenes y vídeos de los investigados rodeando a Puigdemont “a muy corta distancia” de él.

En algunos fotogramas se ve cómo llegan a cogerle del brazo para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas, en una disposición que el propio cuerpo policial califica de “encapsulamiento, propia del servicio de protección de personalidades”.

Recursos de Hazte Oír y Vox

La sección 7 de la Audiencia ordenó reabrir la causa tras estimar los recursos presentados por las acusaciones, Hazte Oír y Vox, y revocar el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, que había ordenado el sobreseimiento provisional de las diligencias.

El tribunal entendió que los hechos atribuidos a los mossos investigados podrían constituir un delito recogido en el artículo 408 del Código Penal, castigado con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a 2 años, por dejar “intencionadamente” de perseguir un delito.

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre como principal sospechoso de haber provocado un incendio en la vivienda donde residían su expareja y el hijo menor de ambos, en la urbanización Sant Grau de Tossa de Mar (Girona). Según adelantó SER Catalunya y ha confirmado la agencia ACN, el hombre tenía en vigor una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer.

El hombre se presentó este sábado por la tarde en la vivienda. Al verlo, la mujer y el menor se refugiaron en la casa de un vecino y alertaron a los servicios de emergencia. El sospechoso también habría intentado acceder a ese domicilio, aunque no lo consiguió.

Posteriormente, se habría dirigido a la vivienda familiar, un inmueble cuya planta superior está destinada a la residencia de los propietarios y cuyas plantas inferiores funcionan como alojamiento turístico. Según los primeros indicios de la investigación y diversos testigos, el hombre habría provocado un incendio en la parte superior del edificio. La zona destinada a los clientes no sufrió daños importantes, aunque un matrimonio tuvo que ser atendido por inhalación de humo.

Tras los hechos, el sospechoso habría huido de la urbanización en motocicleta por una zona boscosa. Varios testigos aseguran que iba vestido con ropa de estilo militar.

Este mismo hombre había sido detenido hace tres días en el mismo domicilio en el marco de un presunto caso de violencia machista. Durante aquella intervención, la policía le intervino dos armas de aire comprimido.

La investigación continúa abierta y los Mossos d'Esquadra, junto con las policías locales de la zona, mantienen activo un dispositivo para localizar al sospechoso. Mientras tanto, la mujer y el menor se encuentran en un lugar seguro.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años de prisión a un mosso d'esquadra por haber agredido sexualmente de manera continuada una mujer con discapacidad psíquica en Rajadell (Barcelona). El tribunal lo ha condenado a 16 años por un delito de agresión sexual continuada y a cinco por otro de pornografía con abuso de relación de confianza.

Los hechos pasaron en enero de 2023 cuando la víctima, con una discapacidad del 55%, conoció al hijastro del acusado, también con una discapacidad. Las familias se hicieron amigas y acordaron que la chica pasaría algunos días en casa del acusado. Este elaboró un engaño sofisticado para agredirla sexualmente y conseguir imágenes pornográficas a cambio de entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa.

Los magistrados han condenado al acusado a 16 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, como autor responsable de un delito de agresión sexual con abuso de situación mental y penetración. En este caso, concurre la atenuante de reparación del daño causado.

A la vez, también se le impone una pena de cinco años de prisión por un delito de pornografía con abuso de relación de confianza y, en este caso, también concurre la atenuante de reparación del daño causado. Los jueces también le imponen la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y una indemnización de 60.000 euros. La fiscalía pedía una pena de 27 años de prisión.

El condenado es un agente de los Mossos d'Esquadra de la policía científica de la comisaría de Manresa. El agente estaba suspendido cautelarmente del cuerpo y tiene pendiente otro juicio en el que está acusado de narcotizar y agredir sexualmente a la hija de otra pareja.

Según la sentencia, A partir de junio de 2023, el condenado empezó a urdir un engaño para hacer creer a la chica que tenía influencia para hacerla entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa si hacía todo aquello que le preguntaban. De este modo, creó grupos de mensajería de Whats app donde introdujo a la chica y hacía ver que hablaba con otras personas que también querían entrar a la academia.

En estos grupos, el acusado pedía a las personas que querían entrar a la academia una actitud de “sumisión, obediencia y servicio hacia el profesor”. El acusado dijo a la chica que él era un profesor y, por lo tanto, que las prácticas las podía hacer hacia él.

De este modo, el acusado fue en varias ocasiones a la habitación de la chica y la agredió sexualmente, tanto con penetración como sin, así como también actos de coprofagia (ingestión de heces). Además, también le dijo que se tenía que dejar grabar desnuda y que le tenía que enviar fotos de ella sin ropa.

Los tres mossos acusados de ayudar a huir al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durante su regreso y fuga del 8 de agosto de 2024 tendrán que ir a juicio. Así lo ha determinado la Audiencia de Barcelona, que ha corregido el archivo decretado por la jueza instructora y le ha ordenado sentar en el banquillo a los uniformados.

En un auto, adelantado por Vilaweb y al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Audiencia de Barcelona atienden los recursos de la Fiscalía y las acusaciones populares del caso, los ultraderechistas Vox y HazteOir, y aprecian, al contrario que la instructora, que hay suficientes indicios para que los agentes vayan a juicio.

La presencia de los tres mossos, de paisano y durante sus vacaciones, en el Arc del Triomf de Barcelona durante la reaparición de Puigdemont y su fuga “no era meramente casual”, concluyen los jueces.

Se apoya el tribunal para su conclusión, en especial, en la investigación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la policía catalana, que reseñó minuto a minuto gracias a las imágenes (la reaparición y huida de Puigdemont fue en directo y retransmitida por todas las televisiones) los movimientos de los agentes.

Los fotogramas de los vídeos, ahonda la Audiencia, permiten observar a los tres investigados “rodeando” al expresident, e incluso cogiéndole del brazo “para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas” desde antes de su discurso en el Arc de Triomf, cuando Puigdemont reapareció en la calle Trafalgar de Barcelona.

El coche en el que Puigdemont se fugó tras su discurso es propiedad de uno de los investigados, había sido estacionado en un parking próximo el día anterior. El expresident se subió al vehículo, que iba conducido por la esposa de uno de los tres mossos, tras su discurso, perdiéndose por las calles de Barcelona.

Los “relevantes indicios” que aportan las imágenes de los hechos “se ven reforzados de forma periférica” por detalles como la utilización por parte de los tres investigados de gorras de tipo béisbol de color azul, similares a las empleadas por otras personas que formar parte de un equipo de seguridad o protección del expresident, agregan los jueces.

También ve “llamativo” el tribunal que los tres investigados se hallaran de vacaciones o permiso el día del retorno y fuga de Puigdemont. La ausencia de contacto telefónico entre los mossos y el expresident y otros cargos de Junts es “irrelevante”, a criterio de los jueces, pues se trata de “una medida de seguridad elemental”.

“Con independencia del auxilio prestado, los agentes no adoptaron las medidas a su alcance para promover la persecución del posible responsable de varios delitos en fase de investigación”, agrega el tribunal, que considera que los hechos no encajan en un delito de desobediencia, pero sí pueden suponer una omisión del deber de perseguir delitos por parte de cualquier policía.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación a un cabo para corroborar si gritó “Pedro Sánchez” durante su discurso de clausura del curso de una unidad del cuerpo con el objetivo de insultar al presidente del Gobierno.

Los hechos sucedieron el pasado viernes en el auditorio del Instituto de Seguridad Pública de los Mossos (ISPM) en el acto de cierre del curso del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), la unidad de apoyo a los antidisturbios del cuerpo, tal y como ha adelantado la periodista Anna Punsí y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Ante más de 200 policías, entre ellos varios mandos, el cabo gritó “Pedro Sánchez” durante su discurso como formador de los agentes de la escuela policial. Dos o tres asistentes al acto profirieron el insulto “hijo de puta”, aunque la mayoría del auditorio restó en silencio.

Han sido sus propios superiores jerárquicos los que han pedido a la dirección general de los Mossos que le abra una investigación reservada para aclarar si el cabo quería incitar el insulto contra el presidente del Gobierno.

La actuación de este cabo llega después de otro insulto al presidente promovido por el portero del Sabadell FC durante los festejos en el balcón del Ayuntamiento para celebrar el ascenso a Segunda División.

“Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: ¡Pedro Sánchez...!”. Así inició el guardameta Luis Fuoli el insulto más repetido contra el presidente del Gobierno en varios actos de la derecha y la ultraderecha. “¡Hijo de puta!”, completaron obedientemente varios de los hinchas que festejaban desde la calle, a diferencia de la respuesta minoritaria del acto policial.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil registraron el martes las instalaciones del IRTA-CReSA en el marco de la investigación del origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA), según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes policiales. Es la segunda vez que la policía entra en estos laboratorios desde que se desató el brote e inició la investigación judicial sobre su origen

El primer registro fue el pasado 18 de diciembre. Duró entonces unas catorce horas, por orden del juzgado de instrucción 2 de Cerdanyola del Vallès, que habría ordenado ahora también las diligencias. La primera vez se llevaron documentación y muestras de los virus con los que trabajan los investigadores. 

En paralelo, la policía entró este martes también en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid, que pertenece al CSIC. 

Con todo, en un comunicado, el IRTA-CreSA ha recordado que las evaluaciones técnicas independientes no detectaron en su día ni incidencias en los protocolos, ni tampoco coincidencia genética en ninguna de las muestras con las que trabajan y el virus causante del brote. La conclusión a partir de las muestras fue que no podía tratarse de una fuga. 

El Instituto de Investigación Biomédica llevó a cabo un análisis genómico comparativo entre el virus detectado en los jabalíes afectados y las cepas con las que trabaja el IRTA-CReSA, y los resultados, hechos públicos a finales de diciembre, concluyeron que no existía coincidencia genética entre ninguna de las muestras con las que trabajan y el virus causante del brote. 

También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, apoyado por el laboratorio estatal de referencia y por los expertos veterinarios de la Comisión Europea (EUVET), impulsó una investigación independiente que incluyó nuevas secuenciaciones genómicas y una inspección técnica de las instalaciones. Su informe oficial, hecho público el 9 de febrero, confirmó que las cepas utilizadas en el IRTA-CReSA no coincidían con la responsable del brote y que no se habían identificado deficiencias estructurales ni incidencias en los protocolos de bioseguridad que permitieran atribuir su origen al centro.

Desde el IRTA-CreSA han añadido que la actitud de colaboración “se mantendrá durante todo el proceso, atendiendo a cualquier nuevo requerimiento que pueda formular la autoridad judicial” en el proceso que intenta esclarecer el origen del brote de peste porcina africana en Catalunya.

Julia L. ha salido este martes de los juzgados de Martorell de forma inusual para un testigo: protegida por dos agentes de los Mossos d’Esquadra, que la han acompañado hasta el taxi negro que la esperaba en una rotonda. Uno de los uniformados incluso le ha abierto la puerta del vehículo.

La terapeuta ha declarado durante más de dos horas y media ante la jueza que mantiene investigado a Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre, el fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024 en la montaña de Montserrat.

El papel de la terapeuta en el caso es uno de los hilos de los que tiran la jueza Raquel Nieto y la fiscal Teresa Yoldi. Se trata de una mujer sin rastro digital, que ha basado su negocio en el boca a oreja hasta convertirse en una terapeuta conocida en la parte alta de Barcelona. En otro plano distinto, el Colegio de Psicología de Catalunya ha indicado a este diario que, por ahora, descarta denunciar a la terapeuta por intrusismo pese a no estar colegiada.

La de la terapeuta ha sido la comparecencia más larga de la jornada. Julia L. ha tenido que responder a las preguntas sobre el alcance de su terapia y los mensajes con la víctima y el investigado del caso, que constatan que abordaban las reclamaciones económicas que Jonathan planteaba y que la relación entre padre e hijo tuvo momentos de aspereza. En ningún momento de la declaración la terapeuta ha querido acogerse a la confidencialidad con sus clientes.

En el plano penal, sigue siendo una testigo muy relevante para la jueza del caso, quien ordenó investigar su posible “implicación” en los hechos. La magistrada mantiene la tesis de que el móvil económico del presunto homicidio nace de la “mala relación” entre el padre y el hijo, algo que el primogénito negó en sus declaraciones ante los Mossos, pero que según la jueza desmienten los mensajes hallados en el teléfono de Jonathan Andic.

El Colegio de Psicología de Catalunya, a preguntas de este diario, ha explicado que, por ahora, no se plantea denunciar por intrusismo laboral. A día de hoy, han indicado desde la entidad, no disponen de “elementos suficientes” para determinar “si existen datos bastantes para valorar la interposición de una denuncia”.

Según el Colegio, es necesario “esperar a disponer de más información y datos concretos, si es que de un modo u otro llegan” a la institución para valorar denunciar a la terapeuta. Por ejemplo, sobre su titulación, el lugar desde el que actuaba Julia L. y el contenido de su intervención con los Andic.

Algunos de estos datos ya son conocidos. Gracias a su investigación previa, los Mossos d’Esquadra descubrieron que el nombre y apellido de la terapeuta no constan en los colegios profesionales de psicólogos de España.

Los aspectos terapéuticos fueron, en parte, adelantados por la defensa de Andic en su recurso de apelación contra la fianza de un millón de euros abonada por el hijo del fundador de Mango para evitar la cárcel.

En primer lugar, la defensa explicó que la terapeuta trataba tanto a padre como al hijo “y al conjunto de la familia”, esto es, las otras dos hijas del fundador de Mango (que testificarán el viernes).

Los abogados de Andic también alegaron que los Whatsapps entre la terapeuta y padre e hijo se enmarcaba en un “contexto clínico de una terapia psicoanalítica [una de las corrientes de la psicología] fuertemente directiva en que se potencia por el terapeuta cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento”.

En suma, la defensa cree que hay que leer los Whatsapps del caso en un contexto terapéutico, y no de preparación de un homicidio, como cree la acusación. En uno de estos mensajes, incluidos en informes policiales, Jonathan Andic recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguró: “No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte”.

La defensa de Jonathan Andic alegó que se trata de una expresión “metafórica” habitual en las terapias psicoanalíticas sacada de contexto por parte de los Mossos, que lo destacan e incluyen en uno de sus informes.

El conjunto del mensaje fue publicado por la agencia EFE: “Hola Viejo, ¿qué tal, habéis llegado bien? Me quedé un poco preocupado con lo del avión (…) Estoy en pleno maratón trabajado (sic) con Julia [la terapeuta] y no sé si voy a tener fuerzas para poder recuperarme este verano. Jejeje, lo que sí voy comprendiendo es que tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre”.

“He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. A medida que avanzo en este intensivo sprint de trabajo conjunto con Julia comprendo que era imposible sanear nuestra relación. No me sorprende que la cuerda casi se rompiera. Cuando Julia estaba haciéndome el diagnóstico recuerdo que ella me dijo, rece para que su padre no muera hasta que hayan pasado las cronologías. Y ahora entiendo que mi necesidad de alejarme de ti era porque no tenía la madurez de aprender de un padre con tanta personalidad y con las ideas tan claras”, proseguía el mensaje.

¿Puede haber un vínculo político entre dos partidos distintos? Así lo sugieren los Mossos d'Esquadra en uno de los informes en los que se sustenta la causa que investiga los contratos a dedo que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), durante la etapa de Félix Alonso (Comuns) como alcalde, dio al despacho de Joan Ignasi Elena antes de que el político regresara a la primera en 2021 como conseller de ERC.

El caso de Altafulla se queda lejos de las grandes causas de corrupción que han protagonizado la crónica judicial catalana, aunque la conocen tres juzgados: el Tribunal Supremo, donde está aforado e investigado Alonso; el juzgado de El Vendrell donde se originó el caso y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde este lunes han declarado como investigados Elena (actual parlamentario de ERC) y el exlíder de ICV Joan Herrera, por unos contratos de hace casi una década.

Según fuentes jurídicas, Elena ha defendido la legalidad de sus contratos de consultoría con el Ayuntamiento de Altafulla y ha negado favores políticos del exalcalde, de Sumar, miembro de un partido rival a quien ha dicho que ni siquiera conocía.

La causa se centra la supuesta adjudicación irregular de contratos menores, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, que el TSJC sospecha que el ayuntamiento adjudicó a dedo a la consultora de Elena y Herrera entre 2017 y 2019 por su “vinculación política estrecha” con el partido del alcalde.

En la etapa investigada, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC por desacuerdos con el proceso soberanista.

El exconseller de Interior ha respondido a todas las preguntas del juez y el fiscal y ha negado que conociera a Alonso, además de desmentir cualquier relación entre ERC y los Comuns, dos espacios que, ha recordado, nunca han compartido coaliciones políticas ni ningún tipo de acuerdo.

Alonso compareció como investigado ante el Supremo y aseguró que las contrataciones por valor de 30.000 euros que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”.

En la misma línea, Elena ha argumentado que el ayuntamiento recurrió a su consultora para llevar a cabo informes en materias urbanísticas a administrativas porque el personal técnico municipal era insuficiente.

En todo caso, el exconseller ha recalcado que los contratos siempre se ajustaron a la legalidad y que nunca ningún cargo del ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario ni los responsables de las finanzas, le advirtieron de irregularidad alguna en la adjudicación de los contratos menores ni en la prórroga de los mismos tras un año de servicio.

Por su lado, según fuentes jurídicas, Herrera ha recordado al juez que en 2018 abandonó el despacho que compartía con Elena, y que su ámbito de especialización era la energía y no el urbanismo, la materia principal de los informes. Alejado de la política desde hace años, Herrera ha considerado “injusta” su imputación.

“Joan Herrera no estaba cuando sucedieron los hechos que se investigan. Su imputación construida sobre esta base causa un daño que ninguna resolución judicial posterior podrá reparar del todo”, han esgrimido fuentes de su defensa en un comunicado.

La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación a Pilar Rahola a raíz de la denuncia que dos jóvenes de la Organització Juvenil Socialista (OJS) de Catalunya —encausados por tirar pintura roja a la comunicadora en un acto público— presentaron contra ella por los delitos de incitación al odio y “complicidad con el genocidio” de Israel en Gaza.

En concreto, el Ministerio Público ha abierto unas diligencias denominadas de investigación preprocesales, que son unas actuaciones previas al proceso penal para corroborar los hechos denunciados y determinar si tienen la suficiente relevancia para llevarse ante el juez.

Una vez abiertas las diligencias, la Fiscalía ha encargado a la unidad de delitos de odio de los Mossos d'Esquadra que investigue la denuncia, y se está a la espera del resultado del informe policial para saber si el caso se archiva o no.

La denuncia de los dos militantes pedía a la Fiscalía abrir una investigación a la periodista como participante de un “engranaje de la barbarie”, en el que, recalcan, “el papel del propagandista no es anecdótico ni estructural”, ya que “construye el marco social que hace posible la ejecución del crimen y la impunidad de sus autores”.

Según los denunciantes, Rahola “ha negado, banalizado y justificado públicamente la comisión del delito de genocidio por parte de Israel contra la población palestina”, con el objetivo de “generar un marco mediático de hostilidad e incitación al odio contra la comunidad palestina a través de su deshumanización”.

La denuncia recoge declaraciones de Rahola en medios de comunicación y distintas intervenciones públicas en las que, según los denunciantes, la escritora “no se limita a negar, banalizar o justificar las atrocidades del ejército de Israel”, sino que opera “como altavoz del sionismo”.

Los dos jóvenes denunciantes están investigados por la acción que llevaron a cabo contra Rahola el 8 de octubre de 2024. La periodista había acudido a La Garriga para dar la conferencia inaugural de la Fundación Universitaria Martí L'Humà, que pudo celebrarse después del ataque una vez Rahola se limpió de pintura roja.

Los Mossos d'Esquadra han iniciado este miércoles uno de los procesos de desalojo más conflictivos de los últimos años en la Mina, en Sant Adrià del Besòs. La policía ha desahuciado a las primeras tres familias de las 58 viviendas públicas que permanecen ocupadas desde hace casi diez años, y que debían servir para reubicar a los afectados del derribo del edificio Venus –el fin al que ahora se quieren destinar–.

La comitiva judicial, acompañada de un amplio dispositivo policial con varios furgones de los Mossos, ha llegado al barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs para ejecutar los tres primeros desalojos de los 58 que se prevén. Las viviendas, conocidas como los Bloques de la Rambla, son pisos públicos que cayeron en el olvido de las administraciones, pero que ahora el Consorcio de La Mina quiere recuperar para destinarlos a vecinos realojados del bloque Venus, que en principio debería ser derribado en 2028 como parte fundamental de la transformar urbanística el barrio.

Desde primera hora, cerca de 40 personas se han concentrado a las puertas de los bloques con vallas de obra para evitar el desalojo, pero los Mossos han retirado los elementos y han derribado la puerta para llevar a cabo el desalojo.

De los tres casos de desalojo previstos para este jueves, dos afectaban a familias con menores a cargo que no tienen alternativa habitacional, según detalla el Sindicato de la Vivienda. También denuncian que desde hace años las familias reclaman regularizar su situación y acceder a contratos de alquiler adaptados a su renta. “Exigimos que se estudien los casos familia por familia para garantizar una solución real”, reclaman. El colectivo defiende que existen “alternativas” viables, como la movilización de viviendas vacías, la ampliación del parque público o, directamente, la regularización de la situación de las familias de los bloques: “No faltan herramientas, sino voluntad política”.

Desde el inicio del conflicto, sin embargo, desde el Consorcio de La Mina (participado por la Generalitat, la Diputación y los Ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona) alegan que en la mayoría de los casos no se trata de familias vulnerables a las que se pueda ofrecer una alternativa: “No son casos en seguimiento” de servicios sociales. A quienes sí lo sean, insisten, se les dará la respuesta adecuada de acuerdo con los protocolos establecidos.

Las familias, sin embargo, aseguran que desde 2021 se les está haciendo seguimiento “contemplando la posibilidad de establecer alquileres sociales”. Esta vía, no obstante, se habría abandonado hace unos meses, señalan, coincidiendo con el anuncio de los nuevos planes de transformación del barrio. Fue entonces cuando los vecinos empezaron también a recibir las notificaciones de desalojo.

En este sentido, las familias afectadas de los bloques y el Sindicato de la Vivienda de La Verneda y El Besòs exigen la paralización del proceso judicial para el desalojo y la apertura de una mesa de negociación para encontrar soluciones. Por ahora, hay más desahucios previstos los días 22, 25 y 29 de junio. “Las vidas de la gente de La Mina no pueden ser moneda de cambio de los cálculos políticos y electorales, y la administración debe dar marcha atrás en este conflicto, que puede abrir una herida en el barrio que difícilmente será reparable”, concluye el Sindicato de la Vivienda en un manifiesto.

Cuando se construyeron, en 2010, los bloques de pisos ahora ocupados se habían proyectado con el objetivo de ofrecer un realojo en el mismo barrio a los afectados por el derribo de Venus. Sin embargo, las viviendas acabaron vacías debido a los desacuerdos entre las administraciones y los vecinos sobre los criterios y las condiciones del realojo.

Tras años de abandono, en el verano de 2017 comenzó una ocupación masiva. Aunque los bloques contaban con vigilancia permanente, esta acabó desapareciendo cuando estalló un caso de desvío de fondos públicos a clanes familiares para llevar a cabo dicha vigilancia.

Una vez ejecutados los desahucios, la situación en el exterior de los Blocs de la Rambla se ha mantenido tensa, con un amplio despliegue policial y medio centenar de personas concentradas en la zona. El gerente del Consorcio de la Mina ha entrado en el interior de las viviendas en calidad de representante de la propiedad y se ha quedado a la espera de salir de ella, mientras operarios trabajaban en el tapiado de los pisos con placas metálicas.

En paralelo, la línea policial ha mantenido el perímetro de seguridad mientras algunos concentrados se han acercado a ellos en varios momentos, con pequeñas tensiones puntuales. Posteriormente, un grupo se ha desplazado hasta la sede del Consorcio de la Mina, situada a pocas calles de los bloques, donde han encontrado el edificio cerrado. En este punto se han producido lanzamientos de huevos y piedras contra la fachada.

“Nos hallamos ante un hecho grave: el fallecimiento de un ciudadano en el interior de unas dependencias policiales”.

Así se expresa la Audiencia de Barcelona para ordenar un impulso a la investigación de la muerte de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el 24 de julio de 2025 tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo.

Los magistrados encargados de revisar las decisiones del juez de Granollers revocan su negativa a analizar los orificios de bala del cadáver del joven, tal y como pedía la familia. El auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, envía además un mensaje claro al instructor: tiene “una obligación ineludible de llevar a cabo una instrucción exhaustiva”.

El abogado de la madre del fallecido, Eduardo Cáliz, celebra la decisión de la Audiencia y confía que la resolución “permita avanzar a un conocimiento completo de la verdad y garantice las respuestas que la familia reclama desde el primer día”. “Los familiares solo quieren verdad, justicia y una investigación a la altura de las exigencias de un Estado de Derecho”, agrega el letrado.

La familia denunció en un reportaje en elDiario.es el maltrato institucional de un caso que asocian con el racismo y la falta de comprensión de los cuerpos policiales con los problemas de salud mental que sufría el joven. A ello se sumó la paralización de la causa durante meses, que impide enterrar el cadáver del joven.

Diawara, que tenía diagnosticado un trastorno mental, murió con 22 años de un tiro mortal disparado por un agente de la policía local de Montornès, tras entrar en la comisaría con un cuchillo e intentar atacar a otra agente. No hay grabación del momento exacto de los disparos porque la cámara que debería haber captado los hechos estaba estropeada.

La investigación judicial contó, a las pocas semanas, con una conclusión rotunda de los Mossos d'Esquadra. La policía catalana remarcó que los agentes de Montornès actuaron en legítima defensa y que los disparos fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”.

El abogado de la familia de Diawara reclamó una diligencia más para investigar más el caso, toda vez que del instante de los disparos no se conserva ningún vídeo.

En concreto, la defensa solicitó un informe médico forense que determinara la distancia entre el orificio de entrada y salida de la bala y la perpendicular de ambas. Todo ello con el objetivo de determinar la posición exacta del joven fallecido en el momento del disparo. El dictamen, destacó la defensa, es de “escasa dificultad” y no demoraría la investigación.

El instructor rechazó la petición de la familia al considerar que no estaba argumentada “con el debido rigor técnico ni jurídico” ni se concretaba su “utilidad para incidir de manera relevante” en el caso o complementar los informes periciales ya emitidos.

En cambio, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona sí considera pertinente el informe pericial solicitado por la familia. “Lo único que se solicita es que se tomen medidas de los orificios” de bala, zanja el tribunal.

La denegación realizada por el instructor, a juicio del tribunal que revisa sus decisiones, “genere una evidente indefensión” a la familia y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, además de “privar a la causa de un elemento técnico para alcanzar la verdad material”.

Señalan los jueces que no pueden “ni deben” descartar ninguna de las dos versiones sobre los hechos ni “cerrar la puerta” a la realización de una prueba pericial para esclarecer “un extremo tan relevante para la causa” como es la posición del cuerpo del fallecido en el momento del disparo.

“La concreción de las mediciones balísticas solicitadas (distancias y perpendiculares entre los orificios de entrada y salida del proyecto) no constituye una petición superflua o dilatoria, sino una prueba pertinente”, concluyen los magistrados.

La familia del fallecido, incide su letrado, “solo ha pedido que se investiguen todas las circunstancias de la muerte de su hijo y que se lleve a cabo con la celeridad y dignidad que merece un caso como este”. “Lamentablemente, la instrucción ha sufrido retrasos continuos e injustificables”, apostilla Cáliz.

El tribunal recuerda la jurisprudencia europea y nacional que exige una investigación judicial “especialmente rigurosa, eficaz y capaz de determinar de manera indubitada si el uso de la fuerza fue necesario y proporcionado” en casos de muertes por el uso de la fuerza letal a manos de agentes de policía.

En suma, para los jueces la determinación científica de la posición “exacta” del cuerpo de Mohamadou Diawara en el momento de recibir el impacto de bala permitirá “reconstruir con objetividad la dinámica de los hechos y confirmar, o en su caso refutar, la versión ofrecida por el agente implicado”.

Poco más de una hora después de que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, asegurara que el proyecto piloto para incorporar agentes de los Mossos d'Esquadra en varios centros educativos se encuentra “en fase de parálisis”, el Govern ha salido a rectificar las palabras de la consellera y ha asegurado que sus palabras han sido “descontextualizadas” y que el polémico plan piloto sigue en marcha.

En un comunicado, el Departament de Interior ha matizado y ha asegurado que si el plan está “parado” es porque actualmente la primera fase de la prueba piloto ha llegado a su fin, coincidiendo con el final de curso. El plan sigue el calendario previsto y después de las vacaciones seguirá con la segunda fase en el primer trimestre del curso que viene. Al final del mismo, el piloto entrará en fase de evaluación para ver si la medida es “sostenible y escalable”. En ese supuesto, estudiará llevar la presencia de mossos a más escuelas pero, según ha confirmado Interior a elDiario.es, por el momento, el plan no se estenderá.

Una propuesta polémica

Parlon, en una entrevista en Catalunya Radio, ha defendido la iniciativa y ha insistido en que se ha interpretado de forma errónea. Según ha explicado, la propuesta nunca contempló la presencia de agentes en las aulas para vigilar a los alumnos ni realizar controles o registros, sino que perseguía reforzar la convivencia y la seguridad en los centros.

El plan preveía que, con el visto bueno de las direcciones de escuelas e institutos, un mosso de paisano y sin arma permaneciera de forma habitual en determinados centros para intervenir en situaciones relacionadas con conflictos de convivencia o problemas de seguridad.

Sin embargo, la medida generó una fuerte oposición dentro de la comunidad educativa. Los principales sindicatos del sector rechazaron la propuesta y defendieron que la mejor respuesta a los problemas de convivencia pasa por aumentar las plantillas de psicólogos, educadores e integradores sociales, en lugar de incorporar efectivos policiales.

La contestación al proyecto también tuvo consecuencias prácticas. Al menos cuatro de los catorce centros seleccionados inicialmente para participar en la prueba piloto renunciaron a hacerlo después de que sus respectivos claustros se pronunciaran en contra de la iniciativa.

Parlon ha lamentado que el proyecto viera la luz en un contexto especialmente complicado, marcado por las movilizaciones y huelgas del profesorado, una circunstancia que, a su juicio, dificultó que la propuesta pudiera ser valorada con normalidad y favoreció el rechazo de una parte significativa del sector educativo.

Otro asunto que incrementó el rechazo al plan piloto fue que el anuncio del mismo coincidió con la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes para preparar una de las jornadas de huelga del pasado mes de mayo.

Más preguntas que respuestas

La presencia de Mossos en los centros educativos causó mucho rechazo en las escuelas, que también lamentaron la poca claridad del plan expuesto por el Govern. Para empezar, muchos de los centros seleccionados para el plan piloto denunciaron que se enteraron por la prensa y, a pesar de que la consellera aseguró en diversas ocasiones que la participación era voluntaria, insistieron en que no se consultó ni al claustro ni a las familias.

De hecho, ni Interior ni Educación presentaron el plan públicamente, sino que se filtró a medios antes siquiera de que fuera debatido en el sector. Además, los detalles sobre el plan fueron cambiando a medida que tanto docentes como familias y medios hacían preguntas. Si bien, al principio, se explicó que los agentes tendrían su propio despacho en los centros, luego se aseguró que no sería así.

Tampoco se dejó claro si los policías interactuarían directamente con el alumnado o si sólo tratarían con el profesorado. Igualmente, en inicio se planteó que el plan piloto se desarrollara sólo en centros de máxima complejidad y luego resultó que los 14 seleccionados constituían una “muestra territorial”.