Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo en las rotondas que dan acceso a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para evitar que el agitador ultra Vito Quiles acceda al campus, donde pretende participar en un acto que tenía previsto a las 18h de este lunes. El propio agitador ha confirmado que no ha llegado al centro y ha pedido a sus seguidores acudir al Ikea de Sabadell.

La falta de asistencia de Quiles al campus no ha impedido los altercados entre grupos de jóvenes que protestaban contra el agitador ultra y los Mossos d'Esquadra.

La policía catalana ha cargado contra manifestantes contrarios a la presencia de Vito Quiles, quienes antes habían lanzado a los antidisturbios limones, bolas con pintura y otros objetos. Los incidentes se han producido en la plaza Cívica de la UAB, donde se han concentrado un millar de jóvenes.

El evento, que fue anunciado por redes, no cuenta con autorización del centro, que asegura que nadie pidió permiso para celebrar un acto en las instalaciones. Ante eso, la UAB pidió al Departament de Interior que impidiera la entrada de Quiles al recinto para evitar que se repitieran los altercados que se dieron la semana pasada en Pamplona, en el marco de un acto de la misma gira.

Hace un año, Quiles también convocó a sus acólitos en la UAB, lo que derivó en enfrentamientos entre manifestantes ultras y grupos antifascistas que requirieron la intervención de los antidisturbios de los Mossos. “Interior ha garantizado a la UAB que la actividad no se hará y que impedirá el acceso de Quiles al campus en caso que quiera acceder”, tal como respondió el Govern a la petición de la universidad.

Paralelamente, y a la espera de si el agitador consigue entrar en el centro o no, unas 500 personas convocadas por movimientos antifascistas se han concentrado en la Plaça Cívica, a la espera de la posible llegada de Quiles.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha pedido al Departament de Interior que evite que Vito Quiles pueda hacer acto de presencia el próximo lunes en el campus de Bellaterra, donde tiene un acto programado. El agitador ha anunciado su intención de presentarse en la facultad a través de una publicación en las redes sociales y en el marco de una gira que está haciendo por España.

Aun así, la Universidad ha asegurado que no ha recibido ninguna petición y que, por tanto, no le darán permiso para realizar ningún evento. La negativa se basa también en la voluntad de evitar altercados como los que se dieron este jueves en Pamplona durante un acto del agitador o los que se dieron hace un año en el mismo campus del centro.

El acto de Quiles el curso pasado en la UAB, también sin autorización, generó tales altercados que el centro ha pedido al cuerpo de policía que evite su presencia para minimizar el riesgo de incidentes. En aquella ocasión, agentes antidisturbios tuvieron que contener la movilización de colectivos antifascistas que se opusieron a la presencia del agitador de extrema derecha.

Finalmente, el acto no se llevó a cabo, tanto por los disturbios como porque la universidad le comunicó a Quiles que no tenía permiso para ello. Por su parte, los Mossos han confirmado que han recibido la petición y están estudiando la manera de proceder.

Paralelamente, colectivos como la Plataforma Antifeixista de la UAB, la Organització Juvenil Socialista (OJS) o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han compartido convocatorias para oponerse “físicamente” a la presencia de Quiles en el campus.

El cuerpo sin vida de Rami, el niño de 12 años desaparecido en Granollers (Barcelona) hace once días durante el temporal de lluvias en Catalunya, ha sido encontrado en el mar, entre las localidades barcelonesas de Castellefels y Sitges.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, los primeros indicios apuntan a que el cadáver hallado en el mar este miércoles correspondería al menor, que desapareció el domingo 4 de octubre en Granollers durante el episodio de lluvias torrenciales tras salir de casa asustado por la tormenta.

El presidente catalán, Salvador Illa, ha transmitido este jueves las condolencias a la familia del niño durante el acto de homenaje al expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, en el 86 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquist.

Una vez los análisis forenses confirmen la identidad del cuerpo, se tratará del segundo fallecido por el temporal que barrió Catalunya a principios de octubre después del hombre fallecido tras ser arrastrado su coche en Les Franqueses del Vallès, una localidad vecina a Granollers.

El operativo de búsqueda de Rami ha consistido en el control de las zonas urbanas mediante drones térmicos de los Mossos d'Esquadra, mientras que los Bomberos han rastreado los espacios boscosos e interurbanos, además de peinar el río Besòs con buzos, perros y rastreadores terrestres.

Decenas de efectivos de los Bomberos, con especialistas del Grupo de Acciones Especiales (GRAE) canino, subacuático y de montaña, la Unidad de Drones, el Equipo de Prevención Activa y Forestal (EPAF), bomberos de parques de varias regiones y bomberos voluntarios de Matadepera y Sant Llorenç Savall se desplegaron por varias zonas cercanas a la desaparición.

La investigación se centró en el tramo de río Besòs que une Sant Fost de Campsentelles con su desembocadura y la zona costera comprendida entre la desembocadura del citado río y Badalona, así como el litoral de Barcelona y una milla náutica mar adentro, si bien el cuerpo del menor ha terminado apareciendo decenas de kilómetros al sur.

El juicio en la Audiencia de Barcelona contra cuatro policías nacionales antidisturbios por mutilar el ojo a Roger Español durante el referéndum del 1 de octubre ha quedado este viernes al mediodía visto para sentencia después de cuatro sesiones. La fiscalía y las defensas, ejercidas por un abogado privado y la Abogacía del Estado, siguen pidiendo la absolución de los agentes; mientras que las acusaciones (la particular, Irídia, Òmnium y ANC) piden entre 12 y 13 años de cárcel por lesiones dolosas graves y torturas.

En el último día del juicio, ha sido el turno de la fiscalía y las defensas para presentar sus informes. El ministerio público ha dicho que la policía puede causar “lesiones graves” si su actuación “se ajusta a la norma”.

En su informe final, la fiscal Alexandra García Tabernero ha asegurado que el juicio de estos días no va de cuestiones políticas o morales, ni de la amnistía o la prohibición de las bolas de goma, sino que se juzga una actuación policial técnica. Así, cree que el tribunal tendrá que valorar si los policías debían prever que era muy probable la pérdida del ojo de Roger Español, y si, más allá de cualquier duda razonable, existía un riesgo serio y elevado de que esto ocurriera.

En este sentido, ha recordado que las policías democráticas tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la violencia cuando sea necesario para preservar el orden público o evitar males mayores, siempre bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Según ha dicho, la policía puede usar la fuerza e incluso causar lesiones graves, si su actuación “se ajusta a la norma”. Así, cree que en ese caso se usó la mínima fuerza imprescindible, y de forma progresiva, para poder salir del “bloqueo” por parte de cientos de manifestantes independentistas en la calle Sardenya de Barcelona.

La fiscal ha añadido que la actuación policial fue especialmente compleja porque tenía “dificultades añadidas”, como la orden expresa de no practicar detenciones. “En cualquier otro contexto, se habrían producido detenciones inmediatas”, ha dicho, afirmando que la actitud de los votantes independentistas no era de “resistencia pacífica”. Asimismo, ha dicho que el bloqueo de la calle duró unos 40 minutos, y “la duración de las intervenciones policiales es directamente proporcional al riesgo para la seguridad ciudadana”. “Había una necesidad evidente del uso de la fuerza”, ha remachado, asegurando que “la hostilidad de algunos de los congregados iba en aumento, pasando de las amenazas verbales a los lanzamientos de piedras”.

Sobre la justificación del uso de bolas de goma, ha dicho que se avisó a los manifestantes, que se fue progresando en el uso de las diversas herramientas policiales, y que, finalmente, las salvas detonadoras no sirvieron para abrir la calle y permitir salir a la policía. Así, ha considerado que otro métodos como las porras hubieran sido más riesgosas y habrían ido contra los protocolos policiales.

Sobre las recomendaciones internacionales de prohibición de las bolas de goma, la fiscal ha dicho que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no están vinculadas para los estados, y que no se puede pretender aplicar de forma retroactiva contra los agentes una guía de 2020 y un protocolo de 2024 por unos hechos de 2017.

Por último, ha dicho que el escopetero disparó, según el informe pericial de los Mossos d'Esquadra, haciendo rebotar la bola en el suelo, además de reducir la potencia un 60%. También ha dicho que tenía un campo de visión limitado debido a la presencia de sus compañeros por delante de él. Por todo ello, considera que no hubo voluntad de causar tan grave lesión a Español, y ha pedido la absolución de los cuatro acusados por la eximente completa de cumplimiento del deber y de orden legal.

La abogada del inspector jefe del grupo Camel-50, ha apuntado que la actuación policial de ese día se ajustó a la ley, debido a la “peligrosidad extrema” de los manifestantes, y que se limitó a cumplir “el mandato judicial”, aunque aseguró que sólo recibió la parte dispositiva del auto del Tribunal del Superior.

En todo caso, ha dicho que sí avisó a los manifestantes del uso de material antidisturbios y que, a raíz del lanzamiento de objetos por parte de los votantes o de los vecinos de la calle Sardenya, se acabaron disparando balas de goma, que, a su juicio, “no es material lesivo, sino simplemente disuasivo”.

Los tres abogados del Estado que han defendido a los dos subinspectores y el escopetero han justificado la actuación policial. Ambos subinspectores trasladaron las órdenes de sus superiores a los subordinados, e incluso uno de ellos no era el responsable del escopetero.

En el caso del escopetero, su letrado aseguró que había que mantener la distancia con los manifestantes porque algunos de ellos arrojaban piedras y desde menos de 15 metros de distancia las lesiones a los policías pudieron ser muy graves. También ha dicho que teniendo en cuenta la poca precisión de las bolas de goma, no puede atribuirse al escopetero la voluntad de lesionar a Roger Español.

Dos de los mandos de la Policía Nacional acusados de lesionar a Roger Español el 1-O han justificado el uso de balas de goma aduciendo que estaban replegándose, en una situación de “peligro extremo”, porque los concentrados les lanzaban botellas, ladrillos y palos. Tras la suspensión de la sesión durante tres horas por el episodio de hipertensión sufrido por el inspector acusado, el juicio contra los cuatro policías nacionales acusados de reventar un ojo a Español se ha reanudado al mediodía, en la que se prevé la última sesión de la vista oral.

El inspector acusado, el segundo que ha declarado, ha admitido que fue él quien dio la orden de disparar frente al instituto Ramon Llull de Barcelona para facilitar la retirada de los agentes, en un momento en el que los policías estaban caminando hacia atrás, en una “maniobra evasiva, de huida de la zona”, bajo una lluvia de “cascotes, ladrillos, botellas, adoquines, palos y hasta una maceta”.

Según el agente, cuando dio la orden de disparar, el dispositivo se encontraba a unos 20 o 25 metros de los concentrados, pero la situación era de “extrema gravedad”, un caso en el que, ha dicho, los protocolos permiten lanzar pelotas hasta una distancia de 15 metros. “Consideré que ahí estábamos a una distancia suficiente”, ha añadido el inspector. El informe de los Mossos d'Esquadra sobre la secuencia del disparo que lesionó a Español concluye que la pelota de goma se lanzó a poco más de 14 metros.

El inspector ha dicho que no vio al escopetero disparar la pelota que segó el nervio óptico de Roger Español, pero ha afirmado que, en general, no apreció “conductas antirreglamentarias” entre los agentes del dispositivo. De hecho, ha endosado al escopetero la responsabilidad de decidir si el momento de disparar era el adecuado porque, ha afirmado, cabe incluso la posibilidad de que un 'bocachero' opte por no lanzar pelotas de goma si la situación no lo aconseja.

En ese sentido, ha recordado que, en el informe previo que dio a su equipo, les recordó que debían disparar con rebote y con los reductores de potencia activados, dado que en todo momento su actuación debía regirse por los principios de “mínima lesividad posible y mínima intervención”.

En la misma línea ha declarado uno de los subinspectores acusados, que ha explicado que cuando reciben la orden de disparar los policías se encontraban a entre 20 y 25 metros, y ha defendido que, dada la gravedad de los alborotos, la actuación de los agentes era “perfectamente ajustada” a la circular de la Policía Nacional sobre el uso de balas de goma.

Ambos han mantenido que, si se usa de acuerdo con los protocolos y con rebote previo, las bolas de goma no deberían causar ningún tipo de daños personales. “No es un objeto pensado para lesionar a nadie”, ha afirmado el subinspector.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles en Madrid a la pareja del arquitecto Josep Juanpere i Miret, que fue encontrado muerto en su segunda residencia, en el núcleo de Baqueira, perteneciente al municipio de Naut Aran (Lleida), el 26 de diciembre de 2025.

“Detenemos en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira en diciembre. Investigación de la División de Investigación Criminal (DIC). El caso está bajo secreto de las actuaciones”, ha avanzado la policía catalana en su cuenta de X.

El arquitecto, de 72 años, pasaba las vacaciones de Navidad junto a su pareja en su residencia de la Vall d'Aran. El día 24 ya acudió al hospital de Vielha, donde pasó varias horas en observación. El día 26, Josep Juanpere falleció en su segunda residencia en compañía de su mujer, que fue quien avisó a los servicios de emergencia. A raíz del fallecimiento, el Juzgado de Instrucción de Vielha abrió una investigación.

¿“Error operativo grave” o “tarea intrusiva discreta para garantizar derechos”? El Parlament ha escuchado en menos de tres meses estas dos formas de describir el espionaje de dos agentes de los Mossos d'Esquadra a una asamblea de profesores. La primera, a cargo de la consellera de Interior, Núria Parlon. La segunda, en boca del jefe de Información de los Mossos, que ha desautorizado a la consellera este martes en la Cámara.

El comisario Carles Hernàndez ha comparecido en la comisión de investigación sobre las infiltraciones policiales del Parlament. Lejos de seguir la línea marcada por Parlon, que tildó de “error” la infiltración y pidió disculpas a los maestros, Hernàndez ha respaldado el espionaje y lo ha defendido como “una actuación para garantizar todos los derechos” y no para “reprimirlos”.

Hernàndez fue el mando policial que informó a los jueces, a raíz de las demandas de los sindicatos por vulneración de derechos fundamentales, que no existía ningún expediente sobre el espionaje y que no se podía saber quién dio la orden para que dos agentes se infiltraran en una asamblea de docentes que preparaba una de las huelgas del mes de mayo.

Pese a que el caso todavía está pendiente de sentencia en el TSJ catalán, Hernàndez ha avalado la actuación de los agentes. “No aprecio que la presencia de las dos policías a un acto convocado de forma pública a través de redes sociales y respecto del cual no existía ninguna restricción de acceso comportara una vulneración de derechos”, ha indicado el mando policial. 

“Las policías se limitaron a entrar sin mentir para acceder, escucharon y no tuvieron ningún tipo de intervención que pudiera afectar al desarrollo de la reunión”, ha ahondado Hernàndez, una versión que contrasta con los testimonios de los docentes, que explicaron que descubrieron a las dos policías porque no supieron qué responder cuando les preguntaron en qué colegio daban clase.

Después que el diputado de los Comuns Andrés García Berrio le recordara esta versión de los docentes, Hernàndez ha matizado que las agentes “sí mintieron para salir de la reunión y garantizar su seguridad”. “Pero no para entrar”, ha apostillado.

“Por mucho que hable, ustedes estaban actuando sin una habilitación legal clara y en Catalunya todo el mundo todo el mundo tiene derecho a organizar una huelga sin que la policía lo sepa”, ha respondido García Berrio.

El mando ha reiterado que las agentes “en ningún caso tenían como objetivo vulnerar ningún tipo de derecho”. “Sin perjuicio de lo que puedan resolver los órganos judiciales”, ha agregado.

Las “tareas intrusivas discretas”, en palabras de Hernàndez, no forman parte de labores investigadoras de un delito, sino que la actividad policial “se limita a la observación para obtener información” de cara a posibles manifestaciones que corten carreteras.

“No obtenemos información sobre la conflictividad social para limitar derechos sino para que se puedan ejercer”, ha apostillado Hernàndez, que se ha mostrado retador con los grupos: “Por mucho que digan que fue una infiltración, no lo fue”.

“Comparto que fue una intervención policial mal planificada, ¿pero me pueden decir qué derecho vulneró asistir a una asamblea abierta sin acceso restringido?”, ha inquirido el mando a los diputados.

La intervención del mando ha sorprendido a casi todos los partidos. “Gracias por su sinceridad, nosotros también lo seremos: pedimos su dimisión”, ha lanzado el parlamentario de la CUP, Xavier Pellicer.

“Estoy estupefacto”, ha manifestado el parlamentario de Junts Francesc de Dalmases. “¿Es consciente de que ha contradicho públicamente a la consellera?”, ha preguntado la diputada de ERC Laia Cañigueral, algo que Hernàndez ha negado.

La intervención final de Hernàndez no ha dado muestras de un cambio de métodos, pese a que Parlon anunció que no habría más infiltraciones policiales. “Puedo entender que digan que es proporcional ir a una asamblea para evitar un corte de carretera, pero forma parte de la autonomía policial”, ha concluido el mando.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este lunes a un hombre de 47 años en Els Pallaresos (Tarragona) tras atropellar intencionadamente con un coche a su expareja, a una mujer que se encuentra hospitalizada en estado grave, según ha informado a EFE la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar hacia las 8.45 horas en una calle cercana a la casa de la víctima. El arrestado está acusado de un delito de tentativa de homicidio.

Según fuentes policiales, el hombre, que ya habría amenazado a la mujer anteriormente, la ha embestido premeditadamente y ha chocado posteriormente contra otro vehículo.

La mujer ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave.

Agentes de la Policía Local de Els Pallaresos y de los Mossos d’Esquadra se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

La salida de Josep Lluís Trapero de la dirección general de la policía catalana, en la que llevaba dos años, se produjo por un deseo explícito de éste de abandonar las tareas políticas y volver a vestir el uniforme. Así lo ha asegurado Núria Parlon, que ha comparecido este jueves en el Parlament para explicar los cambios que ha habido en altos cargos de su confianza –hasta tres durante el mes de septiembre–, que sin embargo ha negado que hayan supuesto una crisis, sino que los ha encuadrado en cambios “de continuidad”.

Según ha explicado la consellera, la salida del secretario general de su departamento, Tomàs Carrión, estaba prevista y se había pactado para la mitad del mandato, ya que él quería dedicarse a la academia. El segundo relevo, el del comisario jefe Miquel Esquius por Sílvia Catà, vino obligado por la jubilación del primero. Y, finalmente, se produjo la dimisión de Trapero, esta sí muy inesperada porque solo unas semanas antes el director general había mostrado en público su deseo de continuar.

“Trapero me trasladó que se trataba de una decisión premeditada”, personal e irrevocable“, ha asegurado Parlon durante la comparecencia, en la que no ha aclarado si entre ella y el director general hubo desavenencias sobre la elección de Catà.

La consellera ha asegurado, en cambio, que la etapa dirigida por Trapero había sido positiva, una opinión que, ha dicho, también manifiesta el exdirector general. “Se ha hecho un muy buen trabajo”, ha evaluado la consellera, que ha citado como victorias la ampliación la plantilla hasta los 25.000 mossos, la elaboración del plan estratégico del cuerpo y la coordinación con el resto de cuerpos policiales que actúan en Catalunya, tanto locales como estatales.

Respecto a la elección de Catà, Parlon ha asegurado que la razón fundamental no es que sea una mujer sino por su “capacidad, experiencia y mérito”, demostrado en durante sus más de 29 años de servicio en el cuerpo. A la vez, ha reclamado normalizar que sea una policía quien ocupe este puesto por primera vez en la historia del cuerpo.

La propia Catà, en su turno, ha mostrado algunas de las líneas de trabajo en las que se siente más cómoda, como lapolicíaa de proximidad. La nueva comisaria jefa ha asegurado que hay que, pese a la reducción objetiva de los hechos delictivos, la percepción de seguridad pasa por un mal momento, vinculado a algunos crímenes muy violentos y mediáticos, como las ejecuciones en plena calle fruto de guerras entre el crimen organizado.

En ese sentido, Catà ha asegurado que continuará con la lucha contra el narcotráfico en todas las regiones policiales. Al tiempo, ha subrayado el creciente problema de bandas juveniles y también de la presencia de armas, tanto blancas como de fuego. La policía al mando del cuerpo ha apostado por una dimensión de la seguridad cercana al ciudadano y ha alabado la capacidad de los Mossos de “salir del vehículo y preguntar a las personas qué les pasa”.

Toda Catalunya sabe que dos mosses d'esquadra se infiltraron en una asamblea de profesores menos la Fiscalía Superior de Catalunya. El Ministerio Público ha pedido a los jueces rechazar la demanda interpuesta contra la policía catalana por el sindicato CGT al aducir que “no hay constancia” del espionaje, pese a que los propios Mossos y la conselleria de Interior lo admitieron.

El escrito de la fiscal Rosario Beguer, al que ha tenido acceso elDiario.es, ocupa menos de tres folios, y se resume en que, a su juicio, el espionaje no ocurrió. Y como no ocurrió, no cabe hablar de las vulneraciones de derechos fundamentales planteadas por el sindicato.

“No existe constancia alguna de los hechos relatados en la demanda, la supuesta 'infiltración encubierta' de agentes del Cos de Mossos d'Esquadra en una asamblea docente”, empieza el escrito de la fiscal, que no incluye prueba alguna sobre este extremo.

“Si ni siquiera hay constancia de la realidad de los hechos denunciados, deviene ocioso hablar de la supuesta y meramente alegada vulneración de derechos fundamentales”, apostilla el escrito. Caso cerrado, a criterio de la fiscal.

En este tipo de procedimientos, la Fiscalía, como representante del interés público, tiene encargado el papel de garante de los derechos fundamentales

El posicionamiento de la Fiscalía sorprende habida cuenta de que la infiltración de los agentes en una asamblea docente de Barcelona fue admitida por los Mossos el pasado mes de mayo; ha centrado comparecencias parlamentarias de la titular de Interior, Núria Parlon, y el entonces director general de la policía, Josep Lluís Trapero; y ha sido ampliamente cubierto y debatido por los medios de comunicación en el marco de la crisis educativa que vive Catalunya.

Nadie hasta ahora había puesto en duda que la infiltración no hubiera ocurrido. 

Incluso la Generalitat, en su contestación a la demanda de la CGT, admite los hechos, pero argumenta que no suponen una vulneración de los derechos de reunión y de libertad sindical de los docentes.

Por su lado, la CGT ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declare que la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea vulneró los derechos fundamentales de los docentes y que prohíba a la policía catalana volver a espiar una reunión de profesores que prepare una huelga.

La CGT formalizó su demanda después de que los Mossos aseguraran que no realizaron ningún expediente ni documento por escrito sobre la actuación policial.

El sindicato argumentó que la falta de documentación admitida por los Mossos “agrava” el menoscabo en los derechos de los docentes que sufrieron la infiltración policial en una asamblea que preparaba las últimas huelgas de profesores del pasado curso en Catalunya.

Los Mossos comunicaron que no existe expediente alguno sobre la infiltración. El jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernàndez, informó a los jueces que el “carácter confidencial y reservado” de las funciones de sus agentes hace que sus actividades policiales “no se materialicen en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información”.

Según Hernàndez, el “único destino” de los datos obtenidos por los agentes de Información fue “ser tenidos en cuenta por los mandos policiales a los efectos de dimensionar el dispositivo necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso”.

Los Mossos d'Esquadra investigan la violación de una chica de unos 22 años en una zona forestal de Vidreres (Girona) el mediodía de este sábado. Según avanzó 'El País' y ha confirmado la agencia ACN, la víctima salió a correr cuando un hombre la abordó cerca de la urbanización Aiguaviva Parc, la amenazó con algún objeto y la agredió sexualmente. 

Los Mossos recibieron el aviso a través del teléfono de emergencias 112 y varias patrullas se dirigieron al sitio de los hechos. La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación y trabaja para identificar y detener al sospechoso.

Fue el 8 de mayo del 2024, en el debate de los candidatos a la presidencia de la Generalitat. Salvador Illa se llevó todos los titulares al anunciar por sorpresa que si llegaba al Palau de la Generalitat nombraría al major Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos. Resarcía así al policía más famoso de Catalunya, apartado por el Govern de ERC y más que distanciado de Junts.

El fichaje estrella del president ha durado dos años en el Ejecutivo y se suma a la lista de bajas del Govern de Illa en ámbitos muy sensibles y por varios motivos: Educación (por el fiasco de la conselleria con el informe PISA), la dirección general de Infancia (por la crisis en la atención a menores tutelados) o las “razones personales” que ya llevaron a dejar el cargo a la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo. Hace solo una semana, además, el número dos de Interior dejó el cargo para volver a su puesto de funcionario. Y este martes se conocía la renuncia del director general de Ejecución Penal y de Justicia Juvenil, Jesús del Cacho. Cinco salidas en 10 días.

Cuando Illa anunció el fichaje del major, llamó la atención que el cargo que se le reservaba era de carácter político: una dirección general que tradicionalmente había estado ocupada por perfiles poco conocidos y en ningún caso uniformados. Algo que con Trapero era imposible, dentro y fuera de la conselleria. No es lo mismo la jefatura operativa de los Mossos que una dirección general de una conselleria y pasar de un lado a otro no fue fácil para nadie.

Illa también había anunciado en campaña que si llegaba a presidente, elegiría a la entonces alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, como consellera de Interior. Así que tanto ella como Trapero sabían que deberían trabajar juntos. Se conocían, ambos son de la misma ciudad, y no parecía que tuviese que ser un problema. Pero al final lo ha sido.

A finales de agosto, el ya exdirector general comunicó a la consellera su decisión de dejar el cargo. Ahora regresará al despacho que ocupó en la pasada legislatura como jefe de la comisaría de Inspección y Evaluación.

Parlon desembarcó en el departamento con el equipo de confianza que tenía en el ayuntamiento y los desencuentros con Trapero empezaron pronto, ya fuese por los mensajes que querían transmitir en público, por decidir cuándo y quién lo hacía, hasta el último gran encontronazo, la elección del sustituto del comisario jefe, Miquel Esquius, cuando se jubilase. La consellera abogó por que fuese una mujer y, al final, la escogida ha sido Sílvia Catà, de quien Parlon destaca su capacidad de trabajar en equipo.

En público y en privado el Govern ha elogiado la labor de Trapero y ha quitado importancia a las discrepancias entre el exdirector general y la consellera. “Hemos tenido una muy buena relación y a veces ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo, como todo el mundo que trabaja en equipo”, se limitó a señalar Parlon ante la insistencia de los periodistas.

La rueda de prensa de este miércoles estaba convocada para presentar a la nueva jefa de los Mossos y felicitarse de que, por primera vez, una mujer ocupe ese cargo, pero acabó monopolizada por la renuncia de Trapero. El major no acudió al Palau de la Generalitat, donde Illa recibió a Catà y al nuevo director general, el comisario Ferran López.

La impronta de Trapero se ha notado en la lucha del Govern contra la pequeña delincuencia. La seguridad se ha convertido en una de las banderas del Ejecutivo de Illa. La presión policial ha aumentado y el refuerzo judicial ha permitido reducir la espera para los juicios de hurtos y robos. Pero el apoyo para endurecer las penas a este tipo de delincuentes ya tiene sus efectos en el incremento, por primera vez en décadas, de la población penitenciaria catalana.

Los roces entre Trapero y Parlon también aparecieron a raíz de la infiltración policial en una asamblea de docentes que preparaba una huelga el pasado mayo. Tras cerrar filas sin matices con el cuerpo, el Govern terminó admitiendo el error y lo atribuyó a una “inercia operativa” de los servicios de información de los Mossos, pese a lo cual el caso, pendiente de sentencia, no ha comportado el cese de ningún mando. Parlon era partidaria de ello.

Los grupos de izquierda celebraron la dimisión de Trapero (la habían pedido, sin éxito, por el espionaje). Además, recordaron su historial polémico en la dirección general, con la reintroducción del gas pimienta contra manifestantes o el fallido plan para que agentes de paisano acudieran de forma permanente a escuelas con conflictos.

Desde ERC, la diputada Ester Capella pidió “abrir una nueva etapa” en los Mossos y vio “necesaria” la marcha del director general “por los errores acumulados”. El portavoz de los Comuns, David Cid, consideró la salida de Trapero “una buena noticia”, mientras que el parlamentario de la CUP Xavier Pellicer la tildó de “victoria” de los movimientos sociales.

Más allá fue Junts, que reclamó el cese de Parlon y vinculó el “incremento de la inseguridad en la calle” con el “caos” del departamento de Interior, en palabras de su portavoz, Salvador Vergés. Mismo sustantivo —“caos”— empleó el diputado de Vox Joan Garriga, que también pidió el cese de la consellera.

Sin la relevancia pública de Trapero, el nuevo director general, Ferran López, vuelve a ser un uniformado en un puesto político. López, antigua mano derecha de major en el cuerpo, fue el jefe de los Mossos durante el 155, y tras un breve paso por el F.C. Barcelona como jefe de seguridad, se reincorporó en 2022 en la policía catalana. Sabe lo que es manejarse en situaciones extremas (fue miembro del cuerpo de élite de los Mossos, los GEI), pero ahora le toca enfrentarse a una dirección general.

Catalunya sigue sin tener una presidenta de la Generalitat, pero a partir del próximo 15 de septiembre contará la primera comisaria jefa de la historia de los Mossos d'Esquadra. La comisaria Sílvia Catà se convierte en la primera mujer que liderará el cuerpo policial.

Nacida en Arenys de Munt (Barcelona) el 14 de mayo de 1973, Catà es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y forma parte de los Mossos d'Esquadra desde 1998. Hace tres años que ejerce de jefa de la región policial de Girona, con la categoría de comisaría.

Catà estaba en las quinielas para asumir la jefatura del cuerpo tras la jubilación del hasta ahora comisario jefe, Miquel Esquius. Se daba por descontado que se tenía que romper el techo de cristal para las mujeres en la cúpula de los Mossos (donde cada vez más ingresan mujeres en su escala básica), y la otra candidata era la responsable de la región policial de Barcelona, Montserrat Estruch.

El Govern enmarca la nueva etapa en los Mossos “en la fortaleza del propio talento del cuerpo” y en la capacidad de la propia policía para “renovar liderazgos manteniendo el rumbo”, si bien el histórico ascenso de Catà ha quedado, en parte, eclipsado por la dimisión del director general de la policía, el major Josep Lluís Trapero.

Entre 2018 y 2019, Catà fue jefa del área básica policial de Mollet del Vallès (Barcelona). Posteriormente, fue coordinadora regional de seguridad ciudadana de la región policial de Barcelona y, entre 2022 y 2023, antes de asumir el mando de la región de Girona, fue subjefa de la región policial de Barcelona.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha ensalzado la trayectoria de Catà en sus distintas responsabilidades al frente de áreas básicas policiales y ha destacado su apuesta por “el trabajo en equipo y un modelo policial de proximidad”.

Parlon ha remarcado que el cambio en la cúpula del cuerpo no variará las prioridades policiales de los Mossos, centradas en la lucha contra la pequeña delincuencia (robos y hurtos) y el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas, que en los últimos meses ha proliferado en Catalunya.

Este perfil del hasta ahora director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se publicó el 21 de octubre de 2020 tras su absolución en la causa contra la cúpula de los Mossos por el 1-O. Recuperamos el texto por su interés informativo tras el anuncio de su marcha.

Josep Lluís Trapero empezó desde abajo y ascendió a lo más alto de la cúpula de los Mossos d’Esquadra sin buscar ni deber favores políticos. Criado en un barrio obrero de Santa Coloma de Gramenet, los que le conocen bien destacan su tozudez y la costumbre de hablar claro. Un mando que atiende a cualquier agente que le requiera, tenga o no galones. En el 2013 fue elegido jefe de los Mossos por el entonces conseller de Interior, Ramon Espadaler, un político procedente de Unió que ni era ni es independentista. A Trapero se le escogió solo porque se consideró que podía hacerlo mejor que otros comisarios que aspiraban a ese mismo ascenso. Era algo que se sabía dentro y fuera de los Mossos y que ahora también queda recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional que lo ha absuelto. El ascenso de Trapero, subrayan los magistrados, fue “un reconocimiento personal sin vinculación con el proyecto independentista”. 

Trapero siempre ha sido solo un policía que quería hacer de policía, al que algunos quisieron encumbrar a la categoría de héroe y otros presentar como un traidor. Su gestión en los atentados de agosto del 2017 lo convirtió en un icono hasta el punto de que su cara acabó estampada en camisetas. Su “Bueno, pues molt bé, pues adiós” como respuesta a un periodista que se quejó de que el major contestase en catalán a una pregunta formulada en esta misma lengua llegó a ser trending topic mundial en Twitter esa tarde del 22 de agosto. En actos públicos o en reuniones privadas se comporta igual. Si le preguntan en castellano, responde en castellano. Si lo hacen en catalán, contesta en catalán. Con comparecencias como esa se ganó muchos fans pero también detractores en algunos medios de comunicación.

Antes de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, una parte del independentismo recelaba de él por considerarlo como una persona de orden del que costaba imaginar que estuviese dispuesto a desobedecer órdenes para favorecer la causa independentista. Hay que situarse en esas semanas de finales de verano y el otoño del 2017 para entender cómo la Policía catalana y, sin buscarlo, sus máximos responsables, acabaron formando parte de la bronca política.

En el Govern, casi de manera secreta, algunos altos cargos se llegaron a plantear la posibilidad de relevar a Trapero y buscar un mando policial que sí estuviese dispuesto a hacer lo que hiciese falta para que el secesionismo lograse su propósito. Al final los planes se truncaron, el major siguió al frente de los Mossos y, del mismo modo que plantó cara a más de un político, hizo lo propio con el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a quien se encargó la coordinación de todos los cuerpos policiales con presencia en Catalunya para el 1-O.

Trapero defendió su autoridad y la autonomía de la Policía autonómica y alertó de que su intención era cumplir las instrucciones de la jueza cuando esta pidió que el día del referéndum se actuase con proporcionalidad. La magistrada Mercedes Armas reclamó a todos los mandos policiales, incluido Pérez de los Cobos, tener “paciencia” y actuar con contención durante esa jornada. El coronel de la Guardia Civil, con un carácter como mínimo igual de fuerte que Trapero, no perdonó que el major reivindicase el papel de los Mossos y, tras la actuación de varios agentes de la Policía Nacional y después de escuchar sus declaraciones en sede judicial, es evidente que el concepto que ambos tenían de lo que debía ser una actuación proporcionada no fue la misma.  

Tanto Pérez de los Cobos como el autor de la mayoría de atestados de las causas relativas al proceso soberanista, el teniente coronel Daniel Baena, transformaron sus “percepciones personales” de lo que vivieron en declaraciones inculpatorias ya en sede judicial. Primero en el Supremo y después en la Audiencia Nacional. Baena se esforzó y no poco en presentar a Trapero como uno de los responsables de la estrategia independentista. En la sentencia conocida este miércoles, los jueces desaprueban que este mando de la Guardia Civil se dedicase a acusar sin pruebas. “Lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas [...] se parte de la conclusión a la que se quiere llegar”. 

Pocos días después del 1-O, Puigdemont le hizo llegar una carta de agradecimiento que Trapero ni contestó. Ambos sabían que no veían las cosas igual y que la situación podría complicarse todavía más. Es lo que pasó, los dos fueron destituidos en base a la aplicación del artículo 155 y mientras el primero siguió, ya desde Waterloo, buscando y obteniendo protagonismo, Trapero optó por la máxima discreción. No quiso ni escuchar a los que por vía indirecta le hicieron llegar la posibilidad de integrarse en la lista electoral de Puigdemont. En esos momentos era difícil encontrar a alguien más hastiado de los políticos.

Durante estos tres años ha estado alejado de cualquier foco mediático, centrado en su familia y en preparar su defensa. Un tiempo en el que ha seguido trabajando y recibiendo cartas a diario. La periodista Mayka Navarro explicó hace unos meses en un artículo que aunque el major trata de responderlas todas a mano, no termina de leer aquellas que le tratan como un héroe. Porque era y es solo un policía. 

Dos años ha durado el paso de Josep Lluís Trapero por el Govern de Salvador Illa. El major de los Mossos d'Esquadra ha dimitido como director general de la policía catalana, el cargo político por el que le fichó el president tras su llegada a la Generalitat.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado elDiario.es, el relevo de Trapero es uno de los cambios en la cúpula política y policial del cuerpo que ha anunciado este miércoles la consellera de Interior, Núria Parlon.

Las crecientes desavenencias de Trapero con Parlon han marcado el final del paso por la política del major. Su sustituto en la dirección general de la policía será otro destacado uniformado y no un político, el comisario Ferran López, que había sido en el pasado la mano derecha de Trapero.

En su rueda de prensa, Parlon ha tenido solo palabras de agradecimiento para Trapero y ha vinculado su dimisión a una “decisión personal”. “No entraré en especulaciones sobre relaciones personales porque es un terreno pantanoso”, ha apostillado ante las varias preguntas de la prensa.

La consellera también ha explicado que los relevos en los mandos no conllevarán cambios en las políticas, que seguirán siendo continuistas con la etapa de Trapero. Tanto el president Illa como ella misma, ha insistido Parlon, querían que Trapero continuara. “Pero tenemos que aceptar las decisiones personales, faltaría más”, ha agregado.

Según Parlon, Trapero le comunicó su intención de dejar el cargo a finales de agosto. La consellera ha rechazado desvelar los motivos que le dio el director general para explicar su salida, que ha situado en todo momento en la esfera personal.

“[Trapero] ha llegado a un momento de su trayectoria que me dijo que no quería continuar. Hemos tenido una muy buena relación y a veces ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo, como todo el mundo que trabaja en equipo, pero no creo que sea eso lo que le ha llevado a su decisión”, ha aseverado la consellera.

La cúpula de la policía catalana se ha reunido para formalizar el ascenso de la comisaria Sílvia Catà como nueva jefa de los Mossos d'Esquadra tras la jubilación de Miquel Esquius. La comisaria se convertirá en la primera mujer en asumir el mando de la policía catalana.

Trapero pasó a ocupar un cargo político tras una etapa convulsa al frente de la policía catalana marcada por los atentados del 17-A de 2017, el proceso soberanista y su defenestración primero por el Gobierno central en virtud del 155, su vuelta al mando de los Mossos tras ser absuelto de colaborar con el referéndum y su nuevo cese a manos del Govern de ERC.

La policía catalana ha logrado, con el mando político de Trapero, recuperar del todo la confianza con las altas instancias de la judicatura tras la etapa del procés.

La etapa de Trapero como responsable político de los Mossos no ha sido tan convulsa, aunque tampoco exenta de polémicas. El departamento ha hecho bandera del endurecimiento de la presión policial contra los hurtos y los robos, una receta dura que ha encontrado el pleno apoyo del Govern y el Gobierno pero la advertencia de su falta de eficacia por parte de la judicatura progresista.

En los últimos meses, Trapero ha recibido peticiones de dimisión por parte de la oposición por el plan de introducir a agentes de los Mossos de paisano en las escuelas como forma de abordar los conflictos en las aulas y por el espionaje a una asamblea de docentes que preparaba una de las huelgas del pasado curso.

Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del colectivo independentista Acció Cassandra y ha ordenado a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra “identificar” a los respectivos jefes de operativo que comandaron la expulsión de cantantes de la Sagrada Familia en la visita del Papa León XIV por llevar simbología independentista.

La Policía Nacional expulsó el 10 de junio a unos 600 cantantes que iban a protagonizar el cierre musical de la misa del papa en la Sagrada Família ante el temor de que algunos de sus miembros cantaran el himno de Catalunya, Els Segadors, y mostraran símbolos independentistas, algo que no estaba previsto en el programa acordado con el templo y los organizadores de la visita papal.

Según explicaron algunos cantantes del coro, diversos integrantes introdujeron dobladas entre sus partituras esteladas para exhibir en algún momento del acto. Junto a las enseñas que escondían algunos de estos cantantes, tenían un texto que proponía desplegarlas durante la interpretación del canto del Virolai y cantar a continuación Els Segadors.

En su auto, el juez Santiago García ordena tomar declaración a cuatro de los cantantes del coro como testigos e indagar en el operativo policial antes de investigar a cualquier mando.

El magistrado ha requerido a los Mossos y la Policía que identifiquen a los respectivos jefes de operativo (al ser un acto con presencia del rey Felipe, la seguridad en el interior de la Sagrada Família correspondía a la Policía, mientras que en el exterior recaía en los Mossos) así como la “cadena de mando que ordenó el encapsulamiento exterior y confinamiento de la cantoria” tras su expulsión de la basílica.

El presidente de Acció Cassandra y abogado, Lluís Gibert, ha destacado la importancia de la admisión a trámite de su querella porque confirma que los hechos denunciados “no son una exageración política, ni una simple polémica organizativa, sino unos hechos lo suficientemente graves para merecer una investigación penal con todas las garantías”.

El sindicato CGT ha solicitado a la Justicia que declare que la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente el pasado mayo vulneró los derechos fundamentales de los docentes y que prohíba a la policía catalana volver a espiar una reunión de profesores que prepare una huelga.

La CGT ha formalizado su demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, por vulneración de derechos fundamentales ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), después de que los Mossos aseguraran que no realizaron ningún expediente ni documento por escrito sobre la actuación policial.

La central argumenta que la falta de documentación admitida por los Mossos “agrava” el menoscabo en los derechos de los docentes que sufrieron la infiltración policial en una asamblea que preparaba las últimas huelgas de profesores del pasado curso en Catalunya.

“La inexistencia de orden formal, de valoración del riesgo o de ponderación no es una simple irregularidad administrativa”, remarca el escrito de la abogada de la federación de enseñanza de la CGT, Mireia Salazar, sino que supone “una circunstancia especialmente grave” ante una infiltración sin el consentimiento de los huelguistas.

El escrito del sindicato carga contra la policía catalana por haber reconocido que no hay rastro escrito de qué mando ordenó a las dos agentes infiltrarse en la asamblea; bajo qué riesgo se justificó la operación o por qué motivo no eran suficientes las múltiples fuentes abiertas en redes sociales que anunciaban movilizaciones de docentes.

Tampoco encuentra explicación lógica el sindicato al hecho de que la policía catalana no haya detallado a los jueces por qué era necesario que las agentes se hicieran pasar falsamente por profesores; qué información se obtuvo de la asamblea y si fue destruida o conservada; y si se valoró cómo afectaba la infiltración a la libertad sindical.

La CGT cree que, con sus evasivas, los Mossos “impiden el control jurisdiccional” del espionaje y “refuerzan la conclusión de que la infiltración se desplegó sin ninguna de las mínimas garantías exigibles cuando se ven afectados derechos fundamentales de primer orden”, como son el de huelga y el de reunión.

En suma, para el sindicato la falta de explicaciones de la policía autonómica “constituye, por sí sola, un elemento relevante de la ilicitud” del espionaje, y reclama una indemnización de 4.000 euros por daños morales.

Recuerda la central que la administración catalana, como parte del conflicto laboral con los docentes, tenía un “deber reforzado de neutralidad y cautela” y que, en cambio, se convirtió en “juez y parte” del conflicto al infiltrarse dos funcionarios policiales en una asamblea.

No se puede justificar, como de forma genérica hizo el jefe de la Comisaría de Información de los Mossos, la infiltración en conocer eventuales riesgos para la movilidad o cortes de carreteras, agrega la CGT.

El sindicato también emplea las palabras de la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, como argumentos a favor de sus tesis.

Según la CGT, el hecho de que Parlon tildara ante el Parlament la actuación policial de “infiltración torpe” y prometiera que no se repetiría “corrobora, por boca de la propia Administración, la ausencia de justificación que amparase la injerencia en los derechos fundamentales” de los docentes.

Por su lado, Trapero afirmó ante la Cámara catalana que “no se daba un principio de oportunidad en la asistencia policial desplegada”, pero matizó que, a su juicio, la actuación no supuso una injerencia en los derechos y libertades de los docentes. Más allá de que la valoración policial de Trapero, a criterio de la CGT, “no se ajusta a los estándares constitucionales”, para el sindicato muestra que la propia dirección general de la policía catalana conocía que el espionaje “no cumplió con los requisitos de oportunidad e idoneidad”.

La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores no está documentada. Así lo ha trasladado la policía catalana al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que argumenta que no puede presentar la orden operativa que precedió al espionaje porque no se puso por escrito.

Seguir la cadena de mando es una de las mayores dificultades con la que habitualmente se encuentran los denunciantes de actuaciones policiales que vulneran derechos fundamentales. El caso del espionaje a una asamblea de profesores que preparaba una de las huelgas docentes en Catalunya del pasado curso no está siendo una excepción.

El espionaje encendió todavía más los ánimos ya caldeados entre los docentes por su conflicto laboral con el Govern, que sigue sin cerrarse (hay una huelga convocada para este martes, primer día de curso).

Hasta tres sindicatos han interpuesto demandas, por la vía administrativa, para reclamar que se condene a la policía catalana por vulnerar los derechos de los docentes. Antes de dictar sentencia, los jueces deben recabar la documentación del caso y, si lo creen conveniente, escuchar a testigos.

A petición de la CGT, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC requirió a los Mossos d'Esquadra que aportaran el expediente completo administrativo del espionaje.

La documentación reclamada por los jueces era muy concreta y debía incluir la orden de servicio u operativa en la que se basó la infiltración policial en una asamblea docente de Barcelona del 6 de mayo; las instrucciones impartidas a las agentes que acudieron a la reunión; la valoración del riesgo y la ponderación policial de la actuación en relación con su afectación en los derechos fundamentales de reunión y de huelga; y el parte policial de la actuación.

La respuesta de los Mossos a los jueces ha sido parca en palabras y documentos y genérica, sin referirse al caso concreto del espionaje a la asamblea docente. En síntesis, el expediente no existe.

En un escrito de cinco párrafos, el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernàndez, informa a los jueces que el “carácter confidencial y reservado” de las funciones de sus agentes hace que sus actividades policiales “no se materialicen en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información”.

Según Hernàndez, el “único destino” de los datos obtenidos por los agentes de Información es “ser tenidos en cuenta por los mandos policiales a los efectos de dimensionar el dispositivo necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso”.

El mando indica a los jueces que las funciones de su comisaría son “estrictamente preventivas” y están orientadas a “la obtención, tratamiento, análisis e integración de información relacionada con conflictos sociales y laborales en tanto que fenómenos susceptibles de generar escenarios de tensión u alteración del orden público”.

Las vías para obtener la información, agrega el mando, responden a una “metodología predefinida” y son de dos tipos: las “fuentes abiertas” que no implican afectación en derechos fundamentales y “la toma en consideración de antecedentes”.

El comisario Hernàndez evita concretar a los jueces en cuál de los dos “ejes” para obtener información que tienen los Mossos se enmarca el acudir a una asamblea de docentes sin identificarse como agentes de policía.

“No se puede aportar ninguna documentación relativa a órdenes de servicio o de planificación y valoración, ni de partes de intervención ni, en definitiva, ningún expediente, porque no se elaboró”, concluye el escrito de Hernàndez.

En un escrito posterior, la jefa de servicio de protección de la seguridad ciudadana de la conselleria de Interior, María Paz Martí, agrega que la infiltración policial “vino motivada” por las “numerosas movilizaciones” de docentes a lo largo del curso, que en algunos casos habían provocado “alteraciones”.

“Esta situación —agrega el escrito de Martí— justificaba la necesidad de recoger y disponer de información, vía fuentes abiertas, para poder dimensionar y planificar los dispositivos policiales pertinentes”.

En ninguno de sus informes a los jueces la policía catalana da respuesta a si policialmente se evaluó la afectación en los derechos de reunión o de huelga de los docentes que suponía enviar a dos agentes a una asamblea.

A nivel político, el Govern pidió perdón por la infiltración “mal planteada” de los Mossos, aunque también la tildó de “democrática”, al tiempo que descartó cesar al director general, el major Josep Lluís Trapero, como le exigió la oposición.

Los socios parlamentarios del Ejecutivo, ERC y los Comuns, también reclamaron en un principio la dimisión de Trapero, aunque evitaron ponerla como línea roja y terminaron aprobando los presupuestos en plena crisis educativa.

Lo único que concedió el Ejecutivo es que revisaría el operativo para analizar dos parámetros: si el espionaje fue oportuno y si respondió a criterios de proporcionalidad. Insuficientes explicaciones para los docentes. El conflicto educativo en Catalunya sigue abierto y la infiltración policial espera sentencia.

Han pasado algo más de nueve años desde los atentados de Barcelona y Cambrils, el ataque yihadista más terrible que ha sufrido Catalunya. Las heridas colectivas dejadas por la masacre de aquel 17 de agosto de 2017 siguen sin cerrarse del todo, pero, con la distancia que dan los años, el cine aborda por primera vez aquellos acontecimientos. Cronos, un ambicioso e intenso largometraje dirigido por Fernando González Molina y escrito por Alberto Marini, llega a las salas.

El film cuenta con un reparto amplísimo, con más de 50 personajes entre los que destacan Enric Auquer, jefe de los Mossos encargado de la respuesta rápida; Diana Gómez, que interpreta a la responsable de comunicación de la policíacatalana, Patrícia Plaja; y Mónica López, en el papel de una sargento de los Mossos de Ripoll (Girona), el pueblo de los jóvenes yihadistas.

La cinta reconstruye minuto a minuto el despliegue policial y humano realizado durante las 124 horas posteriores al atropello masivo en La Rambla y presta especial atención al trabajo y al impacto emocional de los profesionales que tuvieron que estar en primera línea de los hechos.

El proceso de documentación para levantar una obra de esta magnitud exigió un riguroso trabajo de inmersión en los hechos. La arquitectura del relato se basa en las investigaciones previas que habían realizado los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano para el documental 800 metros (2022), que también trataba sobre los atentados.

Según el guionista, Alberto Marini (El 47, Mientras duermes), la premisa del proyecto fue mantener una fidelidad absoluta a los hechos y el máximo respeto hacia las víctimas. Para ello, el equipo se entrevistó con los protagonistas para repasar de primera mano los datos objetivos del operativo y, posteriormente, el impacto emocional que tuvo en cada uno de ellos.

“Encontramos a gente con muchas ganas de contar cómo lo habían vivido y cómo les había afectado”, explica Marini. “Una frase que se repetía mucho era: 'Para vosotros han pasado nueve años, pero para mí fue ayer'. Era evidente que había algo sanador en contar su experiencia”.

Para el director, Fernando González Molina (Palmeras en la nieve, Tres metros sobre el cielo), la implicación personal con los entrevistados fue indispensable a la hora de trasladar esa carga emocional al trabajo con los actores. “Necesitaba entender minuciosamente el proceso emocional que vivieron porque me sentía muy responsable al llevarlo a la pantalla. Los personajes de Enric Auquer o Diana Gómez, y muchos otros, son casi trasuntos directos de las personas reales”, indica el cineasta.

Distancia moral y ausencia de peajes

La amplia colaboración de los cuerpos de seguridad en la ambientación y reconstrucción técnica del operativo planteó desde el inicio el reto de no terminar elaborando un relato institucional demasiado complaciente. Los creadores aseguran que establecieron una distancia de seguridad narrativa clara para preservar la independencia del texto final.

“No hemos tenido ningún tipo de ‘censura’ a lo largo del proceso. Sí que nos han indicado, por ejemplo, cómo se realizan determinados procedimientos legales o policiales, pero eso le ha dado más realismo al relato”, aclara Marini.

González Molina destaca que el relato sí que sigue al pie de la letra lo que los agentes les contaron sobre sus sentimientos. “Intentamos ser fieles a cómo lo vivieron”, explica. “Por eso la película huye bastante del arquetipo de policía controlador y frío. Abraza la sensación que nos transmitían al hablar con ellos, y muestra cómo se vieron superados por unas circunstancias extremas para las que no estaban preparados por mucho que fuesen profesionales”.

La colaboración con los Mossos dota a Cronos de una impecable textura de veracidad y de un ritmo hiperrealista en la reconstrucción del operativo, pero ese foco en el despliegue policial acaba por escorar el punto de vista de la película, que se centra en el papel del cuerpo autonómico en detrimento de otras aristas del conflicto.

El reto logístico de filmar en el corazón de Barcelona

Otro elemento que refuerza el realismo de la película es que está rodada en su mayor parte en los escenarios reales donde sucedieron los hechos. Especialmente en La Rambla y en la plaza Catalunya de Barcelona.

Transformar el emblemático paseo barcelonés en un plató de rodaje durante 16 días supuso una de las apuestas de producción más complejas del cine español reciente. “Una de las primeras decisiones de la peli fue que rodaríamos en los lugares reales”, recuerda el director. “Aunque esto supuso un esfuerzo enorme por parte del equipo y requirió de una colaboración total de las autoridades”.

Para colmo, La Rambla estaba en obras. “Teníamos un set de más de 100 metros en una de las calles más transitadas del mundo, con 300 figurantes y 15 vehículos, en medio de hordas de turistas”, explica. “Paradójicamente, el cierre de uno de los carriles por las obras nos permitió acotar el set de forma más sencilla. Colocábamos un control de producción y mientras la gente pasaba, por un lado, nosotros rodábamos en el otro”, añade el realizador.

El director se muestra orgulloso de algunas de las secuencias que consiguieron registrar. Destaca un plano secuencia de varios minutos de duración en el que la cámara acompaña al personaje de Enric Auquer desde el interior de un vehículo hasta su llegada a la plaza Catalunya tras el atentado. “Mi máxima era poner la forma al servicio del relato para que el espectador se enterara de las cosas al mismo tiempo que los personajes”, apunta González Molina.

Realismo coral

Cronos es una película decididamente coral que buscaba hacer justicia a la cantidad de colectivos que intervinieron en las jornadas posteriores al ataque. Al amplio elenco hay que sumar los más de 300 figurantes entre los que se encontraban 184 profesionales reales entre policías, servicios sanitarios, periodistas, etc.

Para González Molina, la credibilidad de la propuesta dependía de la veracidad de los papeles con menor presencia en pantalla. “Lo que estropea una película es que la segunda o la tercera línea de actores no funcione, que no te creas a los policías, a los chavales árabes o a sus familias”, comenta. “El hecho de contar con Mossos reales haciendo de Mossos le aporta un colchón de verdad al conjunto”.

Esta voluntad de verosimilitud afectó también a los personajes, que evitan las convenciones. “Durante la redacción del guion debatimos a veces si agrupar acciones en menos personajes, pero la realidad no funciona así”, recuerda el director. “Un policía de Barcelona no podía ser el mismo que aparecía en Cambrils o Ripoll”, añade el cineasta.

La mirada política y la respuesta de las víctimas

Cronos no obvia el contexto social de agosto de 2017, marcado por las tensiones políticas entre la Generalitat y el Gobierno central previas al referéndum del 1 de octubre. Las fricciones durante la gestión de la crisis entre cuerpos policiales autonómicos y estatales y entre los Mossos y el Govern aparecen sin restar protagonismo al relato humano de los protagonistas.

“Intentamos ser fieles a la realidad y no posicionarnos, no por cobardía, sino por respeto”, manifiesta Marini. “Sé que puede molestar a determinado sector de la población que se muestre que la Policía Nacional se tuvo que poner bajo el mando de los Mossos, pero es lo que ocurrió legalmente porque el juez dictaminó que eso fuera así”.

“Quizá al no ser catalán me he sentido más libre para contar la historia tal y como estaba escrita”, afirma el director. Tras un pase privado organizado para miembros de las asociaciones de víctimas, las valoraciones han destacado el rigor del retrato humano. “Había dos objetivos prioritarios: el respeto a la verdad y el respeto a las víctimas. Lograr esa reacción ha sido un gran alivio”, concluye Marini.

Un relato universal sin recetas morales

Cronos aspira a funcionar en dos niveles diferenciados: el de un thriller dramático internacional comprensible para cualquier espectador y el de un retrato minucioso repleto de matices para el público local. Además, los debates contemporáneos sobre la gestión de fronteras o la integración social otorgan al largometraje una resonancia de plena actualidad.

Lejos de ofrecer conclusiones cerradas sobre los dilemas que plantea la trama, director y guionista han optado por dejar que las preguntas queden abiertas para la reflexión del público. “La única cosa que sí quise colocar en el final de la peli es un relato de esperanza”, confiesa el director. “Creo que a pesar de que sucedan cosas como estas que fracturan y que generan heridas enormes, hay personas, como la asistente social de Ripoll que sale en la película, que es una persona real, que siguen trabajando en la integración de las personas migrantes”.

Un juez de Reus (Tarragona) ha procesado por un delito de lesiones graves a dos agentes del cuerpo de élite de los Mossos d'Esquadra por abatir “indiscriminadamente” y “acribillar la integridad física” del vigilante de seguridad Marin E.S., que les había disparado previamente y que antes había tiroteado a sus antiguos compañeros de trabajo.

El caso se remonta a diciembre de 2021. Los Mossos abatieron y detuvieron a Marin E.S., que se atrincheró en una masía de Riudoms y disparó a los mossos del Grup Especial d'Intervenció (GEI) después de tirotear a sus antiguos compañeros en una oficina de Tarragona.

El vigilante sufrió lesiones medulares graves a consecuencia de la intervención policial y fue el primer preso de la historia de España en recibir la eutanasia. La hermana de Marin E.S., representada por el abogado Gerard Amigó, se querelló contra los agentes.

En un auto, adelantado por el Diari de Tarragona y al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Adriano Muñoz sabe que su resolución puede ser polémica y mide cada palabra.

Para empezar, el juez se muestra consciente de que la intervención policial que abatió a Marin E.S. “es receptora del acogimiento y aprobación de la inmensa mayoría del sentimiento social, siempre demandante de una contundente respuesta frente a hechos delictivos de intensa gravedad”.

El juez diferencia dos momentos de la operación de neutralización del vigilante: el despliegue operativa en torno a la masía de Riudoms, que el juez ve correcto para “evitar la fuga del objetivo y garantizar la seguridad” de los agentes encargados de interceptar a Marin E.S., y la “culminación de la misión”, que es donde aparecen los indicios de delito.

El instructor resalta un aspecto clave, menos percibido por la sociedad, pero que es la vara de medir de la Justicia a la hora de examinar cualquier actuación policial: la proporcionalidad. Este baremo no desaparece pese a la “conducta indudablemente hostil” de Marin E.S. y su “predisposición a hacer uso de la fuerza armada” contra los agentes que intentaron detenerle.

A juicio del magistrado, la proporcionalidad brilló por su ausencia en la intervención de los GEI sobre Marin E.S., pues solo uno de los dos agentes procesados disparó 17 veces al vigilante, un número que el instructor considera excesivo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el otro GEI procesado disparó solo una vez contra el vigilante.

“Hay indicios suficientes para considerar que la actuación de los agentes fue descontrolada, desproporcionada, y con una finalidad que pudo ir allá de la de neutralizar [a Marin E.S.], que fue la de acribillar su integridad física, originándole graves lesiones medulares que derivaron en pérdida de prácticamente toda la movilidad de su cuerpo”, concluye el auto.

Tampoco han jugado a favor de los dos procesados las contradicciones entre las declaraciones de los agentes del operativo en sede judicial y lo que escribieron en los atestados del caso, así como la “opacidad” que el juez ha apreciado en la inclusión de determinados datos en la causa.

Las declaraciones de los agentes, que aseguraron que Marin E.S. disparó de forma indiscriminada contra su posición, son “incongruentes” con el hallazgo de solo 5 casquetes de bala del vigilante, destaca el juez.

Tampoco han aparecido ninguno de los 16 casquillos que dijo haber disparado otro agente, que no ha sido procesado. El juez también advierte que el informe de balística de los Mossos “no recoge” este dato ni fotografías de los cargadores de los subfusiles de dos agentes, como sí hace con el resto de armas.

El instructor también destaca que mientras en los informes iniciales los mossos explicaron que dirigieron los disparos y apuntaron a “zonas bajas” del cuerpo del vigilante, en su declaración judicial no supieron decir hacia dónde dispararon debido al “estrés de combate”.

Además, uno de los dos mossos procesados escribió en la minuta policial que disparó una sola vez contra el vigilante en sus piernas, mientras que en sede judicial no pudo precisar si fue su bala la que impactó en Marin E.S.