La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

El actual jefe de gabinete del president Salvador Illa, Eduard Rivas, figura como investigado en una causa judicial por el presunto delito de malversación de dinero público alrededor de una fundación durante su etapa como alcalde de Esparraguera, en la provincia de Barcelona.

El juez de Martorell que instruye la causa, y que la ha declarado secreta, ordenó los arrestos de tres directivos de la entidad en cuestión para que declararan ante la polícia y también la incautación del teléfono móvil de Rivas, según ha desvelado El Periódico. 

La investigación apunta a presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), orientada a la inserción en el ámbito del trabajo de las personas con discapacidad y problemas de exclusión social. Con sede en Esparraguera, su patronato está integrado por el alcalde de dicha localidad y de otras de la zona como Collbató, Abrera, Olesa o Sant Esteve Sesrovires. 

Rivas fue alcalde de Esparraguera entre 2015 y 2024, cuando dejó el cargo para sumarse al equipo de Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Desde entonces es su jefe de gabinete. 

Tras conocerse la investigación, desde el Palau de la Generalitat han reafirmado su “plena confianza” en Rivas. Fuentes de Presidencia aseguran que “él es el primer interesado en que se aclare la investigación cuanto antes”. De hecho, el exedil se ha personado en la causa con su abogado defensor. 

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha insistido en el respaldo al alto cargo de Presidencia. “La actitud es de máxima colaboración” con el ámbito judicial, ha recalcado. Y ha añadido que espera que el resto de partidos con presencia en el Parlament respeten la presunción de inocencia. 

La investigación que afecta a Rivas, según detalla El Periódico, formaría parte de una pieza separada dentro del caso de presuntas irregularidades en la contratación de la fundación y que llevó a los Mossos d’Esquadra a personarse en el Ayuntamiento de Esparraguera el pasado enero en busca de documentación. Fue entonces cuando la policía incautó el teléfono de Rivas por orden judicial.

Entre la crítica y la presunción de inocencia

La oposición ha reaccionado a la investigación a Rivas con cierta cautela, aunque la mayoría de partidos han exigido a Illa que de más detalles sobre el caso de los que se han ofrecido hasta ahora. “Queremos pensar que ante unos hechos muy graves, saldrá a dar las explicaciones correspondientes”, se ha limitado a valorar el portavoz de Junts en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés. 

Tanto Comuns como ERC, socios de investidura de Illa, han optado por esperar a que se conozcan los motivos exactos de la investigación. Aun así, han pedido transparencia y, si se confirma que tuvo implicación directa en el desvío de fondos de FIL, “máxima contundencia y que caiga quien caiga”, ha expresado el diputado David Cid (Comuns). 

Por parte del PP, Juan Fernández ha calificado de “inaudita” la noticia. “Detrás de él siempre hay un hilo conductor que nos lleva a casos y situaciones muy turbias”, ha afirmado. De forma parecida, desde Vox han afirmado que “todo lo que se acerca a Illa y al PSC acaba con sospechas de corrupción”. 

El Tribunal Supremo se resiste a cerrar el caso Macedonia, la que un día fue la gran causa de corrupción policial ligada al narcotráfico en Catalunya y que se saldó con sonoras absoluciones. Más de quince años después de los hechos, el Alto Tribunal obliga a la Audiencia de Barcelona a elaborar una nueva sentencia sobre tan solo uno de los inicialmente absueltos: el subinspector de los Mossos d’Esquadra acusado de colaborar con Manuel G.C., histórico confidente de la policía catalana y sospechoso (y exculpado) de tráfico de drogas.

El subinspector Josep R. fue detenido en octubre de 2010, en el marco de la operación Macedonia que comandó el entonces titular del juzgado de instrucción uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, el mismo que lideró la oposición judicial a la amnistía con el caso Volhov. A día de hoy, el juez está jubilado.

Tras una instrucción que se alargó diez años y en la que Aguirre se enfrentó al futuro major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por entonces jefe de investigación de la policía autonómica, la Audiencia de Barcelona absolvió a la mayoría de procesados, echó por tierra la hipótesis del juez y tildó parte de la instrucción de “errática” y “prospectiva”.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, el Supremo evita las críticas a la instrucción del juez Aguirre. Por el contrario, elogia y considera “muy trabajado” uno de sus autos de intervención telefónica que anuló la Audiencia de Barcelona por desproporcionado.

La sentencia de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona también recibe buenas palabras del Supremo, que destaca el “esfuerzo” del tribunal en “desbrozar” los hechos. “Especialmente —agrega el Alto Tribunal— la ponente”, que fue la magistrada Carme Guil.

Sí deja entrever el Supremo cierto desacuerdo con las absoluciones generalizadas que dictó la Audiencia de Barcelona, aunque no las tumba porque estuvieron bien argumentadas. “La sentencia podrá ser tildada de indulgente, de demasiado estricta en el marco de las exigencias probatorias (lo que, por otra parte, parece de esencia de la presunción de inocencia), proclive en exceso a admitir explicaciones exculpatorias, ingenua en algunas valoraciones... pero no de irracional”, zanja el Alto Tribunal.

No esconde el Supremo que el paso del tiempo ha sido un factor a tener en cuenta para estudiar los recursos. Los años transcurridos desde que se iniciara y enjuiciara la causa no han cambiado los criterios jurídicos del Alto Tribunal, pero los togados admiten que han valorado el “factor temporal” a la hora de dictar su fallo.

La restitución de una única prueba anulada por la Audiencia, que obligará a esta instancia a dictar una nueva sentencia sobre el mosso Josep R., se ha decidido “de forma muy escrupulosa”, remarca el Supremo, que se declara “consciente” de que reabre “un camino que no se percibe corto”, ya que comportará otro estudio a fondo del caso, una nueva sentencia y otro trámite de recursos. Desde la primera sentencia de la Audiencia de Barcelona a la del Supremo han pasado tres años y medio.

Un caso que no termina

La sentencia del Supremo estima, en parte, el recurso de la Fiscalía, que había impugnado la sentencia de la Audiencia de Barcelona en su totalidad. “No es frecuente un recurso del Ministerio Fiscal articulado en doce motivos diferentes”, advierte la resolución del Alto Tribunal.

El Ministerio Público pretendía que el Supremo diera marcha atrás a la anulación de los pinchazos telefónicos, averiguaciones patrimoniales y otras pruebas como declaraciones de los investigados tras su detención que ordenó la Audiencia. También cargó la Fiscalía contra la “racionalidad motivadora” de la primera sentencia, extremo que el Supremo no comparte.

De todas las impugnaciones del Ministerio Público, el Supremo acoge tan solo la relativa a la anulación de la declaración de Josep R. tras ser detenido por orden del juez Aguirre en 2010. La Audiencia había tumbado el interrogatorio porque se había producido superando el plazo máximo legal de 72 horas estipulado para la detención, pero el Supremo la da por válida porque, aunque más tarde, se hizo con todas las garantías.

En consecuencia, la Audiencia de Barcelona tendrá que valorar ahora las palabras de Josep R. en instrucción, cuando reconoció haber facilitado a otros acusados información y una fotografía de otro investigado extraída de las bases de datos policiales.

La declaración en instrucción del mosso, argumenta el Supremo, “aporta elementos autoinculpatorios capaces de matizar o variar la fiabilidad de las manifestaciones” que hizo el agente en el juicio y “poder fundar una convicción diferente” (esto es, una condena), aunque corresponderá al tribunal barcelonés valorar si condena o vuelve a exculpar al policía.

Qué supone anular pruebas

Más allá del caso concreto de Josep R., la sentencia del Supremo desliza reflexiones interesantes sobre lo que supone anular pruebas por vulnerar los derechos fundamentales, tal y como hizo la Audiencia, por errores en la instrucción.

“Produce gran decepción (más si pensamos en delitos con víctimas concretas) que una complicada tarea de investigación y enjuiciamiento laboriosamente construida se derrumbe como un castillo de naipes, porque las dos primeras 'cartas' eran 'defectuosas', se eligieron sin cuidado y al final acaban por ceder arrastrando con ellas todo el 'castillo'”, asevera el tribunal.

La anulación de una prueba, incide el Supremo, “constituye un fracaso del sistema de justicia penal”. Aunque pueda entenderse como una señal de que el sistema funciona porque se revisa a sí mismo, “no deja de constituir un fracaso por cuanto significa el reconocimiento de que se ha vulnerado un derecho fundamental”, agregan los magistrados.

Recortar una prueba obtenida de forma ilícita, ahonda el tribunal, tiene consecuencias y limita el derecho a la tutela judicial efectiva, pero se trata de “un tributo que hay que pagar gustosamente cuando en verdad se constata una vulneración de un derecho fundamental”. “La Sala de instancia [la Audiencia de Barcelona] entendió que había que abonarlo. No encontramos razones suficientes para enmendar su valoración. Se asume el precio”, concluye el Supremo.

Macedonia fue uno de los capítulos polémicos de la historia judicial catalana. Provocó un grave enfrentamiento que no se ha resuelto entre el juez Aguirre y el major Trapero, entonces investigador del caso y que requirió al magistrado una orden por escrito que nunca llegó (y no solo verbal) para intervenir los teléfonos de todo el grupo antidroga de la Guardia Civil en Catalunya, tal y como pretendía el instructor.

Después de esta discrepancia entre Trapero y el juez, llegó la sombra de la brigada política del PP que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y de las maniobras del comisario Villarejo contra el major, aunque las magistradas descartaron que influyeran en el devenir del caso Macedonia. 

Los Mossos d'Esquadra han localizado esta tarde en el mar el cuerpo sin vida de Jimmy Gracey, el estudiante estadounidense de 20 años desaparecido la madrugada del pasado martes 17 de marzo tras salir de una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona.

El cadáver del joven James Gracey ha sido hallado en la zona de la playa del Somorrostro, donde durante toda la mañana de este jueves efectivos de las unidades marítimas y subacuáticas de los Mossos d'Esquadra habían desplegado un amplio dispositivo para su localización, según ha informado la Policía de la Generalitat.

El joven desaparecido había acudido a la discoteca Shöko de Barcelona, en la Vila Olímpica, junto a unos amigos la noche del pasado martes 17 de marzo, pero no regresó a su alojamiento, por lo que su entorno denunció su desaparición ante los Mossos d'Esquadra.

Si bien la Policía de la Generalitat ha rastreado durante el jueves toda la zona cercana al lugar donde fue visto por última vez, la línea principal se ha centrado en el mar después de que los agentes del cuerpo hallaran su cartera en el agua, cerca del Puerto Olímpico de Barcelona.

De esta manera, en las últimas horas habían intensificado su búsqueda en el mar, con la incorporación de un helicóptero para supervisar desde el aire cualquier rastro de este estudiante norteamericano.

Finalmente, los buzos han hallado a última hora de esta tarde el cuerpo sin vida del joven en la playa de Somorrostro, donde se sitúa la discoteca a la que había acudido con sus amigos la noche del martes.

El joven norteamericano era un estudiante de la Universidad de Alabama y natural de un municipio cercano a Chicago, en el estado de Illinois, que había viajado a Barcelona para pasar sus vacaciones de primavera o 'spring break' y visitar a unos amigos que residen en la capital catalana en un intercambio de estudios.

La familia del joven había escrito en redes sociales que Jimy era un “hijo y hermano amable, responsable y devoto”.

Tras el hallazgo del cadáver, los forenses procederán ahora a su identificación oficial y determinarán las causas de su fallecimiento.

El comisario de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent, que ha liderado la policía catalana en dos etapas y que fue destituido por el Govern de Salvador Illa días después de la fuga del expresident Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona en agosto de 2024, ha pedido una excedencia para dejar el cuerpo.

Según ha adelantado El País y han confirmado a la agencia EFE fuentes policiales, Sallent, que desde su destitución como comisario jefe ejercía como máximo responsable de la región policial Metropolitana Sur de Barcelona, ha pedido a la Subdirección General de Recursos Humanos acogerse a una excedencia, por lo que próximamente abandonará el cuerpo.

El comisario Sallent llegó a superar en julio de 2024 el curso para ser nombrado mayor —un rango vitalicio que solo ostenta el actual director de los Mossos, Josep Lluís Trapero—, en un proceso que inició el Govern de ERC poco antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024, aunque la Justicia lo terminó avalando.

Sallent ha dirigido a los Mossos d'Esquadra en dos etapas distintas: primero entre junio de 2019 y noviembre de 2020, cuando fue destituido y relevado por Josep Lluís Trapero tras su absolución por el 1-O, y posteriormente entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando fue cesado por el ejecutivo de Salvador Illa días después de la fuga de Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona.

En concreto, Sallent fue nombrado comisario jefe por primera vez el 3 de junio de 2019 por el conseller Miquel Buch, entonces en Junts, en un período convulso, con los Mossos aún recuperándose de la crisis de liderazgo tras la destitución de Trapero por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017, que suspendió la autonomía catalana, y por los disturbios en las protestas contra la condena a la cúpula del procés -en octubre de 2019-.

Con el presidente Quim Torra (Junts) criticando la actuación de los Mossos en los disturbios y enfrentado a la cúpula de Interior, Sallent logró sobrevivir al relevo de Buch, que fue sustituido el 3 de septiembre de 2020 en la Consellería de Interior por Miquel Sàmper, un abogado independiente que ahora ejerce como conseller de Empresa en el Ejecutivo del PSC.

Sallent logró fortalecer su liderazgo y tendió puentes para recomponer las relaciones con jueces y fiscales y con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que eran abruptas durante y después el 'procés', en un mandato que se prolongó hasta que Trapero fue absuelto el 21 de octubre del 2020.

Sàmper optó entonces por restituir a Trapero al frente de los Mossos, de forma que Sallent fue nombrado jefe de la región policial Metropolitana Sur de Barcelona —el mismo que ostenta actualmente.

Con la llegada del Govern de ERC en solitario, Sallent regresó a la cúpula de los Mossos en diciembre de 2021 de la mano del conseller Joan Ignasi Elena: primero como número dos del comisario jefe Josep Maria Estela, a quien acabó relevando diez meses después, el 17 de octubre de 2022.

Acudió vestido de uniforme a la calle donde un hombre había muerto, robó el móvil y los auriculares al finado y volvió a la comisaría a terminar su turno. Así lo ha sentenciado la Audiencia de Barcelona, que ha condenado a un agente de los Mossos d'Esquadra a 13 meses de prisión por apropiación indebida.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona no expresa dudas. “En el ejercicio de sus funciones policiales”, destaca la resolución, el agente “se adueñó” del móvil y los auriculares inalámbricos de un hombre que había fallecido en una calle de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

El fallo, que es recurrible, también impone al mosso una inhabilitación para ejercer de policía de 13 meses y una indemnización de 850 euros para la viuda del fallecido. Al carecer de antecedentes, el agente no entrará en prisión. Una vez la sentencia sea firme, la Generalitat podrá decidir si sanciona administrativamente al uniformado.

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2021. Junto a su compañero de patrulla, el agente, destinado entonces en la unidad de investigación de la comisaría de Mataró (Barcelona) en el turno de noche, acudió a Santa Coloma porque un hombre había muerto en plena calle. En el lugar ya estaba un policía local, sanitarios y otras dos dotaciones de la policía catalana, del turno de tarde.

Cuando sus compañeros mossos le entregaron la mochila del finado, en ella había un iPhone, unos auriculares inalámbricos, un anillo y un reloj, además de su documentación personal. Pero al llegar a la comisaría de Mataró, en el acta de custodia de los objetos del fallecido, el teléfono ya no estaba.

La maniobra no tardó en ser detectada: el jefe de la unidad de investigación de la comisaría de Santa Coloma solicitó al agente acusado y a su compañero un informe policial al considerar que la cadena de custodia no estaba bien hecha. El mosso condenado insistió en que no había teléfono ninguno y reseñó unos “auriculares blancos”, en vez de “auriculares inalámbricos”, como constaba en la primera acta.

Los problemas crecieron cuando, cinco días después, la viuda del finado se personó en comisaría para recuperar sus efectos personales. Allí se dieron cuenta de que faltaba su teléfono móvil y sus auriculares. Activaron en ese instante la aplicación que permite localizar el iPhone. Los resultados fueron reveladores.

La aplicación, como el algodón, no engañó: las últimas señales del iPhone del fallecido se localizaron en el repetidor que abarca la comisaría en la que trabajaba el acusado en Mataró a las 00:32 h y a las 03:35 h de la madrugada, esto es, durante su turno.

Los auriculares también dejaron rastro de su uso una vez muerto su dueño y acorralaron más al acusado, pues la última señal se situó a 40 metros del domicilio del mosso.

Para los jueces no hay otra explicación posible que el robo. A esa conclusión llegan tras haber escuchado al agente de la policía local, que fue el primero en acudir al lugar donde había muerto el hombre y vio que llevaba encima su teléfono. Es más, indicó a los mossos que entre las pertenencias del finado “había objetos de valor”.

El tribunal también escuchó al compañero del mosso, que explicó que la cadena de custodia no la redactó hasta llegar a la comisaría de Mataró, pero que quien había colocado la bolsa en el maletero del coche en Santa Coloma fue el acusado. También declararon agentes de Asuntos Internos que señalaron al uniformado como responsable del robo.

En su declaración exculpatoria, a la que el tribunal no da credibilidad, el agente alegó que no tocó la mochila del finado. Sobre por qué la localización del teléfono y los auriculares los situaba cerca de su casa, el mosso dijo desconocerlo. También dijo que no sabía cómo funcionaban unos auriculares inalámbricos como los del muerto.

El mosso, incide la sentencia, “se adueñó, con ánimo de enriquecimiento ilícito” del teléfono antes de que su compañero empezara a redactar el documento de cadena de custodia de los objetos del fallecido, y procedió además a sustituir los auriculares del muerto por otros de color blanco. El color de los auriculares no estaba en el acta de cadena de custodia.

“El acusado cometió el delito prevaliéndose de su carácter de agente de la autoridad y aprovechándose de esta circunstancia para una mayor facilidad al no levantar, en principio, sospechas de su actuación en el ejercicio de sus funciones profesionales para su comisión”, asevera el tribunal.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que deberá confirmar si, como ha concluido la Audiencia, el mosso pasó de policía a ladrón.

Una persona sin hogar se encuentra en estado crítico después de que un hombre lo haya agredido este domingo en la vía pública en Girona. El agresor, un hombre de 26 años, ha sido detenido posteriormente por los Mossos.

Fuentes de la policía catalana han explicado a EFE que este suceso, que ha avanzado el Diari de Girona, ha ocurrido sobre las ocho de la mañana en el paseo de Olot de la capital gerundese. Se investigan las causas del ataque.

En esa calle, que conecta la capital con la ciudad vecina de Salt, un joven de 26 años ha comenzado a golpear con saña al hombre. Avisados los Mossos de la agresión, han acudido al citado paseo cuando el agresor todavía estaba pegando a la víctima.

Al percatase de la presencia policial, el agresor ha intentado huir y ha intentado agredir también a los agentes.

Posteriormente, los Mossos lo han detenido por los delitos de agresión a la víctima y atentado contra los agentes de la autoridad y han abierto una investigación para conocer el origen de este caso.

Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), por su parte, han atendido en primera instancia a la víctima en el paseo de Olot y luego lo han trasladado al hospital Josep Trueta de Girona, donde ha quedado ingresado en estado crítico.

La espera y la incertidumbre son dos compañeras habituales del proceso penal, pero Víctor lo lleva bien. “El apoyo de mi organización, mi familia y mis amigos ayuda”, explica este joven militante de la Organització Juvenil Socialista (OJS). Es uno de los dos encausados por el lanzamiento de pintura a Pilar Rahola durante una conferencia de la periodista en La Garriga (Barcelona) en 2024.

Con una instrucción a punto de finalizar, el momento de la Fiscalía y del resto de acusaciones para concretar los cargos se acerca. Pese a que la protesta quiso señalar a Rahola por “sionista”, según rezaban las pancartas de la OJS, la investigación de los Mossos d’Esquadra, liderada por la unidad central de delitos de odio, ha concluido que se trata de una acción de “antisemitismo”.

En otras palabras, la policía catalana no atribuye a la acción contra Rahola un componente crítico con el Estado de Israel sino con la religión judía en su conjunto.

“De antisemitismo nada, eso es una banalización”, replica Víctor, que señala y reivindica los motivos de la protesta: “Se trataba de señalar a una de las personas que ha sido cómplices y han frivolizado con el genocidio en Gaza”. Recuerda además que en 2024 la ofensiva de Israel en la franja estaba en pleno apogeo y que faltaban meses para que se firmara el “falso” alto al fuego.

El abogado de Víctor, Martí Abril, muestra su preocupación por la inclusión en los atestados de los Mossos d'Esquadra de la agravante de discriminación y la consideración de la protesta como antisemita: “Se acaba usando para usos contrarios a los previstos la figura del delito de odio y la discriminación”.

La causa permanece abierta por delito de daños causados por la pintura en la ropa de Rahola y el auditorio de La Garriga, pendientes de peritaje pero cuyas facturas para arreglarse ascienden a unos 15.000 euros; y otro leve de amenazas por la expresión “no dejaremos de perseguirte, no te dejaremos respirar” que la policía atribuye a uno de los encausados.

Los Mossos añaden la agravante de “orientación política y antisemitismo”, lo que agravaría las penas en caso de condena, al considerar a Pilar Rahola “un personaje público en defensa de las políticas actuales del gobierno de Israel”.

El letrado incide en que esta figura está pensada para la protección de colectivos tradicionalmente discriminados (como judíos, homosexuales o gitanos). “Ahora nos encontramos que se emplea para perseguir a la disidencia política y a la solidaridad internacional con el pueblo palestino”, denuncia.

“Una cosa es ser consciente de que el derecho a la protesta, a veces, puede tener consecuencias penales, y saber a lo que te puedes enfrentar, pero hacer pasar esta acción por antisemitismo es demasiado”, agrega el letrado.

Los hechos se remontan al 8 de octubre de 2024. La periodista había acudido a La Garriga para dar la conferencia inaugural de la Fundación Universitaria Martí L'Humà, que pudo celebrarse después del ataque una vez Rahola se limpió de pintura roja. “Sé lo que es el fascismo. Mi familia sufrió la violencia del fascismo de derechas y de izquierdas. No me callarán nunca. Soy una ciudadana libre de un país libre”, manifestó la periodista en X después de los hechos.

En su declaración ante los Mossos semanas después, Rahola atribuyó el lanzamiento de pintura a una “señalización y odio” hacia su persona. Consideró que la OJS la escogió “por el hecho de ser una de las grandes referentes de la defensa del Estado de Israel, por el hecho de hablar de forma abierta sobre el conflicto Israel-Palestina e intentar un análisis más complejo del conflicto”.

La escritora agregó que el eco mediático de la acción la situó “bajo una diana en redes sociales”, donde se la tildó de “asesina” y se la amenazó con tuits, no identificados en el informe policial, como “la pintura tendría que haber sido explosiva”.

En el sumario del caso consta otro informe en el que los Mossos admiten que no han hallado “referencias de relación con grupos extremistas violentos” de los dos investigados. “No constan datos objetivos de polarización o motivaciones de odio o discriminatorias en los dos investigados”, recoge el documento policial.

El abogado de los dos investigados remarca que para llegar a estas conclusiones la policía catalana ha realizado un “análisis profundo de la actividad en redes sociales” de los dos jóvenes. “Ojalá tanta intensidad investigadora en todos los casos”, ironiza.

“El riesgo de estar encausado y lo que quiere el sistema es que te quedes aislado, pero hemos recibido apoyo y muchos mensajes justo después de la acción y también ahora”, explica Víctor, que ve en su causa “un intento de castigo por expresar la solidaridad con Palestina”. “¿Qué es un bote de pintura ante un genocidio?”, se pregunta este joven.

El futuro juicio no ha mermado las convicciones de este joven. “Somos jóvenes pero tenemos las cosas claras: el contexto global es duro pero hay que dar un paso al frente y mostrar que no nos quedaremos de brazos cruzados”, reivindica.

“Al final del día estoy tranquilo, porque no banalizo el genocidio ni criminalizo a los que lo denuncian”, concluye Víctor, que tiene grabada una frase de una canción de Pete Seeger que un día una profesora le puso en clase, Which side are you on? [¿En qué lado estás?]. “Pues eso, yo estoy con la mayoría contra el genocidio”.

Rebaja sustancial de las condenas a los mossos d'esquadra que agredieron a un joven durante el toque de queda en la pandemia, lo detuvieron de forma ilegal y falsearon un atestado para encubrirse. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reducido de siete a cuatro años de cárcel las penas más altas para dos de los agentes y ha absuelto a un tercero, que había sido condenado a tres años de prisión.

En su sentencia, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC mantiene los hechos probados de la Audiencia de Barcelona sobre una de las actuaciones policiales recientes más desproporcionadas, pero aminora ostensiblemente su reproche penal.

La Audiencia de Barcelona condenó a dos de los agentes a siete años de cárcel (tres por un delito de detención ilegal, otros tres por falsedad documental por el atestado falso y uno por un delito contra la integridad moral); a un tercero, a tres años de cárcel por falsedad documental; y a un cuarto, a un año de cárcel por un delito contra la integridad moral.

Con su rebaja generalizada de penas, el TSJC impone cuatro años de cárcel a los dos agentes condenados a penas más graves; absuelve al tercero y mantiene la pena de un año de cárcel al cuarto. La razón estriba en que donde la Audiencia de Barcelona vio un delito de detención en su modalidad más grave, merecedor de tres años de cárcel, el TSJC lo califica tan solo como leve y lo pasa a castigar con una multa.

Según el TSJC, pese a ser detenido ilegalmente, el joven “fue conducido de forma inmediata a dependencias policiales”, lo que implica que la pena pase de tres años de cárcel a la mínima, una multa de 540 euros. La Sala considera está cantidad “proporcional a la vista de que nos encontramos ante agentes de los Mossos d'Esquadra”.

Por el contrario, la Audiencia de Barcelona había descartado la “brevedad” de la detención para imponer los tres años de cárcel, ya que el joven estuvo toda la noche en comisaría de forma ilegal hasta que fue conducido a la autoridad judicial al mediodía siguiente.

El TSJC, pese a dar la razón a las defensas en cuanto al delito de detención ilegal, mantiene la indemnización de 14.466 euros a la víctima por las lesiones y daños morales que le ocasionaron. También el resto de pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que consideró “innecesaria, excesiva y desproporcionada”, la actuación policial.

Al igual que la sentencia de la Audiencia de Barcelona, afea a los agentes que recurrieran a la fuerza para reducir al joven. “La violencia con la que fue tratado, cuando no era necesaria, lesionó su derecho a la integridad moral”, remarcan los togados, que concluyen que la víctima “fue objeto de abuso policial”.

“Nos encontramos pues ante unos hechos de extrema gravedad en que un ciudadano inocente es falsamente inculpado y tiene suerte de que una vecina graba lo ocurrido”, asevera la sentencia, que descarta anular las imágenes grabadas en vídeo de la agresión por una vecina, tal y como pretendían las defensas. “Si se nos permite, son unas imágenes que hablan por sí solas”, apostilla la Sala.

La víctima no había cometido ningún delito cuando fue detenido, sino que, al contrario, había sido víctima de un bofetón y había sido tirado al suelo por parte del cabo que lideraba el operativo policial en el barrio del Raval de Barcelona durante el toque de queda impuesto por la COVID-19 en 2020. La sentencia del TSJC es recurrible ante el Supremo.

La abogada del centro Irídia, Laura Medina, que ejerce la acusación popular, ha celebrado que el TSJC “mantenga que, para justificar la detención, se consignó un relato no ajustado a la verdad en la minuta policial, así como la afectación a la integridad física y moral del denunciante”, si bien ha lamentado que se haya rebajado la pena por el delito de detención ilegal.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a un hombre acusado de financiar a Hamás, tras haber remitido 600.000 euros a la organización islamista.

Según ha informado este viernes la Policía de la Generalitat, agentes de la comisaría general de información detuvieron el pasado 27 de enero en la ciudad barcelonesa a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de financiación del terrorismo y un delito de contrabando en el marco de una causa que se intruye en la Audiencia Nacional.

La investigación, explican los Mossos, se inició en junio de 2025, a raíz de una operación por estafas y blanqueo de capitales. En el transcurso de esas diligencias, se detectó que uno de los investigados habría realizado transferencias de criptoactivos a diversas direcciones vinculadas a una entidad que, presuntamente, era utilizada para financiarse.

Aunque la causa permanece abierta y bajo secreto de sumario, los Mossos han detallado aspectos de la investigación como “la existencia de treinta y un envíos al grupo terrorista”. Las operaciones, efectuadas desde direcciones controladas por el detenido, ascenderían a un total de 600.000 euros.

El día en que se activó el operativo policial, se practicó la detención del investigado y se realizaron dos entradas y registros, en su domicilio y en el establecimiento comercial que regentaba.

Los agentes intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, joyas de lujo, en torno a nueve mil puros, elementos informáticos y dos armas. Asimismo, se procedió al bloqueo de criptoactivos y de varias cuentas bancarias vinculadas al detenido. El valor total de los objetos intervenidos y activos bloqueados durante el operativo supera los 370.000 euros.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 65 años en Lleida como presunto autor de la muerte violenta de una mujer.

La víctima fue localizada en una vivienda de la calle Fraga de la ciudad, según ha informado el cuerpo autonómico. En el lugar de los hechos, el Sistema de Emergencias Médicas solo ha podido confirmar la muerte de la mujer, de 53 años.

El ayuntamiento de Lleida ha emitido un comunicado en el que ha condenado el feminicidio, ha enviado sus condolencias a la familia y ha decretado tres días de duelo en el municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio para este lunes al mediodía en la Plaça de la Paeria así como una concentración de condena a las 19.00 horas.

El Govern municipal también ha hecho una llamada a las entidades sociales y a la ciudadanía a participar de las muestras de rechazo y de condolencias ante la muerte violenta de esta mujer.

Alrededor de 400 migrantes están siendo desalojados por los Mossos d'Esquadra del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) en el que residían. Los antidisturbios han entrado en el edificio para desalojar por la fuerza a la veintena de personas que permanecían en el interior, tras sacar a la fuerza a habitantes y activistas de entidades como Badalona Acull o el Sindicat d'Habitatge de Badalona, que se habían concentrado frente a la puerta para protestar

El desalojo ocurre después de un episodio de fuertes lluvias y en pleno mes de diciembre. “Ha sido un día muy duro, una noche muy larga, haciendo guardias, y ahora estamos fuera y no sabemos a dónde ir”, cuenta Younnouss Dramé. Algunos migrantes han ofrecido resistencia, otros han recogido en un carrito o maleta todo lo que tenían y han cruzado la plaza para no buscar algún otro refugio sin tener que enfrentarse a las fuerzas de seguridad

Cinco manifestantes y una fotoperiodista que resultaron heridos por el lanzamiento de gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra durante la huelga por Palestina del pasado quince de octubre se han querellado contra la policía catalana al ver delictivo el uso de este armamento policial.

Los hechos ocurrieron en los aledaños de la estación de Sants de Barcelona, donde se realizó una sentada pacífica de manifestantes propalestinos. La querella expone que los agentes de orden público disolvieron la protesta mediante “la fuerza física” a pesar de su “carácter absolutamente pacífico”.

“Sin previo aviso”, ahonda el escrito, los agentes “empezaron a levantar a la gente” del suelo, cogiendo a las personas por los brazos. “De forma casi simultánea, y también sin previo aviso, uno de los agentes que se encontraba en la misma línea policial roció de forma indiscriminada a los manifestantes con espray”, agrega la querella. Pocos segundos después, otros dos agentes también rociaron con el gas a los manifestantes sentados en el suelo.

Los querellantes son manifestantes, representantes sindicales y profesionales de la comunicación, representados por una coordinación jurídica formada por Alerta Solidaria, Irídia, CGT, Intersindical y la IAC.

“Como resultado de la intervención policial, varias personas que se encontraban pacíficamente sentadas en el suelo, ejerciendo su derecho a huelga o su labor profesional periodística, sufrieron lesiones de diversa consideración, como hematomas, irritación y intoxicación” debido al uso del espray.

El uso del gas pimienta fue sin previo aviso e incluso contra personas sentadas pacíficamente, “poniendo en riesgo su integridad física y vulnerando el derecho de reunión”. No hubo uso progresivo de la fuerza, han denunciado, sino que se optó directamente por el gas pimienta contra las personas concentradas.

A juicio de los querellantes, el uso de gas pimienta contra los manifestantes podría constituir delitos de lesiones; contra la integridad moral; coacciones; contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos individuales.

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer ocurrida este martes por la mañana en L’Hospitalet de Llobregat. Los hechos se han producido alrededor de las 6.30 horas, cuando la policía catalana ha recibido el aviso de una pelea en el interior de un domicilio del municipio.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales y unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). A su llegada, los agentes han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba signos evidentes de violencia.

Poco después, en las inmediaciones del domicilio, los Mossos han localizado a un hombre de 46 años, que ha sido detenido por su presunta relación con la muerte. Según fuentes policiales, el arrestado es la pareja de la víctima, motivo por el cual la investigación se centra en un posible caso de violencia de género.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Sur se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias del crimen. Las autoridades han activado el protocolo correspondiente en este tipo de situaciones.

Nueva causa de supuesta corrupción policial que queda en nada. La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los dos agentes de los Mossos d'Esquadra y al exempleado de Desokupa acusados de colocar casi 900 gramos de cocaína, 100 de hachís, una pistola y un hacha en el maletero de un estibador del Puerto de Barcelona. El tribunal no solo niega su participación en los hechos, sino que considera que los acusados fueron sometidos a una investigación “prospectiva” y “sin indicios suficientes”.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona carga con contundencia contra la investigación del caso impulsada por la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra, que enfocó desde el principio hacia los acusados con “motivos infundandos” e “irrelevantes”.

No solo no hay pruebas suficientes contra los acusados, lo que ya de por sí conduciría a su absolución. Los jueces además dan la razón a las defensas (algo que no ocurre todos los días) de los acusados, que ejercen los letrados Sandra Melgar, José Ramón Sorní y Manuel Troyano, y anulan por ilegales los autos con los que se dio inicio al caso y se pinchó el teléfono y se instalaron micrófonos en el despacho y el coche policial de los mossos acusados.

Como un castillo de cartas, en el juicio cayó la acusación contra los procesados: los testigos supuestamente claves no se acordaban de nada y se escucharon declaraciones contradictorias entre agentes de los Mossos d’Esquadra (Asuntos Internos y los agentes de la comisaría de Sant Martí se han responsabilizado mutuamente de pedir los seguimientos del caso).

Pese al desierto probatorio, la Fiscalía se reafirmó en pedir penas de entre 18 y nueve años de cárcel para los cuatro acusados (los dos mossos, el exempleado de Desokupa y su sobrino). Todo ha quedado en nada.

Al igual que Macedonia, otro caso de supuesta corrupción policial por el narcotráfico que también quedó en nada, la Audiencia de Barcelona censura el intento de los Mossos d'Esquadra de aprovechar sus relaciones con confidentes policiales en causas penales.

En el caso que se ha juzgado, remarca el tribunal, los agentes han mantenido durante la fase de instrucción sus sospechas contra los acusados en base a confidentes cuya identidad se han negado a revelar, lo que “carece de valor alguno para sustentar cualquier condena respecto de los acusados”.

“Es ciertamente sorpresivo que, en una investigación con estos mimbres y alcance, no se diesen a conocer los datos en la fase de instrucción o en el atestado policial, pues el anonimato prolongado a lo largo de la causa ha privado a las defensas poder ejercer una adecuada defensa respecto a una fuente de información que, sin duda, fue tenida en cuenta por los agentes investigadores para estrechar el cerco investigador y policial respecto de los agentes policiales acusados”, ahondan los magistrados.

El trasfondo de este juicio es uno de los focos de la delincuencia en Catalunya al que la mayoría de autoridades prefieren no mirar. Todo el mundo que viste uniforme o toga habla de que el Puerto de Barcelona es uno de los epicentros del tráfico de drogas, con necesaria connivencia de estibadores y fuerzas de seguridad que se corrompen. Pero salvo excepciones protagonizadas por un reducido grupo de policías de distintos cuerpos, fiscales y jueces que han logrado destapar en los últimos años varias tramas corruptas en los muelles, lo que pasa en el Puerto se queda en el Puerto.

Así ocurre en este caso: el tribunal ha exculpado a los acusados, pero ha declarado probado que la “colocada” de droga se realizó. El 15 de junio de 2016, alguien colocó en el coche de un estibador mientras estaba en el gimnasio casi 900 gramos de cocaína, 100 de hachís, una pistola y un hacha en el maletero. Sus autores siguen impunes.

La jueza de Sabadell (Barcelona) que investiga al presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, ha denegado la protección como alertador solicitada por el secretario de la entidad, Oriol Camacho, que fue quien explicó a los Mossos d'Esquadra las irregularidades en las elecciones federativas.

Camacho envió la solicitud para ser considerado persona protegida el pasado mes de agosto, después de que la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) no le renovara la condición de persona alertadora tras constatar que, desde que estallara el caso, la FCF no ha emprendido represalias ni ha echado a Camacho.

En su resolución, la magistrada concluye que no existen indicios de un riesgo grave para la vida o integridad de Camacho ni para la de sus allegados. La jueza sostiene que el solicitante no ha concretado amenazas ni aportado suficientes elementos que justifiquen la medida excepcional.

Antifraude determinó que el secretario general declaró ante los Mossos en calidad de testigo por su cargo en la FCF, no como denunciante. Camacho había denunciado presuntas represalias tras la entrada y registro policial en la sede federativa, acusando a sus superiores de manipulación y falsificación de actas en los procesos electorales.

La magistrada replica que ninguna de las partes ha citado a Camacho como testigo en la causa abierta contra Soteras por presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental en relación con el proceso electoral en la FCF.

El conflicto electoral en la FCF se arrastra desde 2022, cuando las elecciones fueron impugnadas y tuvieron que repetirse en febrero de 2023 por orden del Tribunal Catalán del Deporte. Paralelamente, otros candidatos presentaron recursos contra la elegibilidad de Soteras y su candidatura. Finalmente, los tribunales acabaron validando los comicios.

La magistrada concluye que no existe actualmente ningún peligro grave que justifique la protección solicitada, aunque deja la puerta abierta a que Camacho ejerza acciones penales si en el futuro fuera objeto de represalias o amenazas por su actuación en el caso.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes pasado en Corbera de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona) a un hombre de 45 años por un delito de violencia de género y detención ilegal.

El viernes 14 de noviembre, una mujer contactó con los servicios sociales de este municipio mediante el buzón de correo oficial para pedir asesoramiento, ya que estaba recibiendo malos tratos por parte de su pareja, con la que convivía. Tras varios intercambios de correos electrónicos, la comunicación entre la mujer y los servicios sociales se interrumpió. Debido a esta interrupción, los servicios sociales se pusieron en contacto con los Mossos para informar de los hechos.

Los agentes de la Unidad del Grupo de Atención a la Víctima de la comisaría de Sant Vicenç dels Horts y agentes de la Policía Local de Corbera se desplazaron al domicilio familiar, donde mantuvieron una conversación con la mujer. Ella explicó a los agentes que sufría maltrato por parte de su marido, quien no la dejaba salir del domicilio desde hacía cuatro meses.

Finalmente, el 18 de noviembre los agentes, con la información recogida por los servicios sociales y las declaraciones de la propia víctima, detuvieron al hombre por un delito de violencia de género.

Tras unos momentos de espera, el testigo logra conectarse por videoconferencia. El interrogatorio empieza con mal pie.

Abogada: ¿Se acuerda de Carlos?

Testigo: No.

Abogada: ¿Pero se acuerda de haber conducido su coche?

Testigo: Ah sí, un Golf blanco. Es que por el nombre no lo recuerdo.

Pese a la paciencia y esfuerzo de la abogada de la acusación particular, el testigo no arroja nada en claro. Y así ha sucedido durante buena parte de las dos semanas de juicio en la Audiencia de Barcelona.

Lo único que es seguro en este caso es que alguien colocó casi 900 gramos de cocaína, 100 de hachís, una pistola y un hacha en el maletero de Carlos, estibador del Puerto de Barcelona, el 15 de junio de 2016.

Más dudas existen de si fue un plan orquestado por los cuatro hombres que se sientan en el banquillo de los acusados: dos mossos d’esquadra, un extrabajador –“negociador”, en sus propias palabras– de Desokupa y su sobrino. Lo han negado todo este miércoles. Mucha menos certeza hay sobre el motivo de la “colocada”, aunque en el trasfondo aparecen elementos turbios del Puerto de Barcelona.

El tribunal de la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona también ha tenido que tirar de paciencia: declaraciones contradictorias entre agentes de los Mossos d’Esquadra (Asuntos Internos y los agentes de la comisaría de Sant Martí se han responsabilizado mutuamente de pedir los seguimientos del caso), testigos protegidos que no recuerdan nada, pinchazos telefónicos irrelevantes y poca luz sobre el núcleo central de los hechos. La Fiscalía se ha reafirmado en pedir hasta 18 años y nueve meses de cárcel para los agentes acusados.

No es un juicio menor. Ni por las altas penas solicitadas, ni por el sufrimiento que la víctima de la “colocada” de droga arrastra casi una década después por el trauma sufrido, ni por el dolor que también sienten los acusados. “Esto es una pesadilla y quiero que se acabe de una vez porque no entiendo por qué estoy aquí”, ha implorado al tribunal uno de los agentes acusados.

El trasfondo de este juicio es uno de los focos de la delincuencia en Catalunya al que la mayoría de autoridades prefieren no mirar. Todo el mundo que viste uniforme o toga habla de que el Puerto de Barcelona es uno de los epicentros del tráfico de drogas, con necesaria connivencia de estibadores y fuerzas de seguridad que se corrompen. Pero salvo excepciones protagonizadas por un reducido grupo de policías de distintos cuerpos, fiscales y jueces que han logrado destapar en los últimos años varias tramas corruptas en los muelles, lo que pasa en el Puerto se queda en el Puerto.

El caso evidencia además un posible enfrentamiento entre grupos de estibadores que supuestamente colaboraban con narcotraficantes. Y también las “aguas turbias” en las que se mueven las relaciones entre policías y confidentes, tal y como dejó escrito la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona cuando absolvió, en otra causa, a un agente acusado de trabajar para una red de 'narcos'.

Para muestra, la declaración de un testigo protegido del caso, confidente de los Mossos y propuesto por la acusación particular. Este miércoles estaba citado para comparecer pero no ha acudido, según ha trasladado, por “miedo”. La solución del tribunal ha sido reproducir su declaración ante la jueza de instrucción. Lejos de sustentar la versión de las acusaciones, su relato ha sido un galimatías.

Tras negar que hubiera declarado ante los Mossos, el testigo matizó que en una comisaría “no había estado nunca”, pero que sí había tenido muchas charlas con agentes de la policía catalana. También dijo que los agentes le “enseñaron fotos” de los acusados, pero a renglón seguido apostilló que no tenía “ni idea” de la “colocada” de droga.

Para colofón, cuando un abogado le mostró el atestado policial de su declaración, el confidente respondió: “Esta no es mi firma”.

Abogado: ¿Pero entonces por qué le pidieron colaboración los Mossos?

Confidente: Para cosas, para un montón de cosas. La policía vino para decirme que había habido una colocada de droga en el maletero de un portuario, que había un mosso corrupto y que si sabía algo. Todo me lo contaron los mossos, yo no dije nada.

Jueza: Pero si la policía ya sabía todo esto, ¿por qué viene a preguntarle?

Confidente: Pues no lo sé.

Por si no fuera suficiente, en la grabación se escucha cómo el testigo protegido no tiene inconveniente en reconocer que el agente de los Mossos d'Esquadra que lo ha acompañado al juzgado a declarar en fase de instrucción está dentro de la sala donde se produce el interrogatorio.

El interrogatorio de ese confidente también abordó una de las claves de la colocada de droga, según las acusaciones: la enemistad entre Carlos L. y David Caballero, confidente policial, también estibador y conocido como Bubito, y que fue asesinado de un tiro en plena calle el año pasado, cuando desayunaba en la terraza de un bar en Montgat (Barcelona).

El conflicto habría surgido a raíz de la aparición de una web llamada “los sapos del puerto”, en la que aparecía Bubito junto a otros nombres de una supuesta red de tráfico de drogas formada por estibadores y policías. La “colocada” de droga sería la venganza de Bubito contra Carlos, al que responsabilizaba de la web. Bubito llegó a comparecer como testigo durante la instrucción del caso, pero fue descartado como investigado. Según contó el inspector que llevó las pesquisas, se centraron en los dos agentes de los Mossos tras los hallazgos de Asuntos Internos.

Aquí aparece otro de los interrogantes de este juicio: tres meses antes de la “colocada” se hicieron sendas consultas en la base de datos policial sobre Carlos, Bubito y el coche del primero, donde fue depositada la droga, una pistola y un hacha. Los agentes han negado que fueran ellos los que realizaran las búsquedas. Uno de ellos, además, ha acreditado que trabajó en el turno de mañana y que se desconectó antes de las 14.00h. Han dicho desconocer qué agente hizo uso de la base de datos policial.

Además, la defensa de uno de los dos agentes ha logrado sembrar la duda al tribunal sobre una identificación deficiente por parte de los agentes de los Mossos que se hicieron cargo del caso. Los agentes explicaron en el juicio que el nombre del mosso acusado se lo dio otro confidente, un tal Luis Soler, que lo identificó en una fotografía de los integrantes de la comisaría de Sant Martí tras una operación antidroga bautizada como Picapiedra.

A ese relato le ha surgido una grieta relevante: el acusado ha podido acreditar que el día que se tomó la fotografía, él estaba de viaje a Brasil. Para ello incluso ha entregado su pasaporte, con el sello correspondiente, al tribunal. Su defensa ha entregado el pasaporte y la foto de la comisaría durante la sesión de este miércoles una vez empezado el juicio, algo inusual y a lo que se ha opuesto la Fiscalía, pero el tribunal lo ha aceptado al considerar la documentación “plenamente justificada”. El mosso ha cerrado el puño con rabia al escuchar al presidente del tribunal aceptar la prueba de descargo.

La investigación inicial contra el trabajador portuario se archivó en 2019, al no hallarse prueba alguna de su implicación en el tráfico de drogas, y se abrió otra causa contra los hoy acusados. Tras dos semanas de juicio, este miércoles había mejores sensaciones en los bancos de la defensa que en el de las acusaciones. Una máxima flota en toda la sala: lo que pasa en el Puerto, se queda en el Puerto.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rebajado de tres años a seis meses de cárcel la pena a un manifestante condenado por atentado contra los agentes de la autoridad durante una protesta por el rapero Pablo Hasel al apreciar “un defecto” en la sentencia inicial, que consideró una botella de cristal un elemento peligroso para agravar la pena sin describirlo de forma suficientemente adecuada.

Así lo ha sentenciado la Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC, que ha estimado el recurso de la defensa del manifestante, ejercida por el letrado Xavier Monge, y ha rebajado al mínimo la pena para el condenado, frente a los tres años de cárcel que implicaban, de ser confirmados, su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2021 después de una concentración en el centro de Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de Hasel en la plaza Tetuán de Barcelona, que terminó en disturbios contra los Mossos d'Esquadra.

Según la sentencia inicial de la Audiencia de Barcelona (de la que no se modifican los hechos probados), el acusado lanzó varias botellas y al menos una “estalló en el suelo junto a los agentes”.

Sin embargo, los magistrados del TSJC consideran que durante el juicio no está suficiente bien descrito en los hechos probados que lo que estallara fuera una botella. Tampoco se aportó “pieza de convicción alguna”, agregan los magistrados, que sustentara la afirmación de que la botella estalló.

El “defecto” en la sentencia inicial, agrega el TSJC, se encuentra en “la insuficiencia en la descripción fáctica” de la sentencia, que no puede sustentar la agravación de la pena hasta los tres años de cárcel por considerar la botella un instrumento peligroso.

La Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC se ha mostrado tradicionalmente exigente con las condenas a manifestantes y ha rebajado las penas que algunas secciones de la Audiencia de Barcelona imponían por los delitos habituales contra activistas (atentado contra los agentes y desórdenes) basándose únicamente en el testimonio policial.

En este caso, los magistrados rebajan la pena por el “defecto” de la Audiencia de Barcelona a la hora de considerar la botella como elemento peligroso, y dejan la pena en el mínimo legal de seis meses por atentado a los agentes de la autoridad.

El resto de extremos de la sentencia sí se han confirmado. La Audiencia dio “plena credibilidad” a las declaraciones de los agentes de los Mossos d'Esquadra, y consideraba que declararon “de forma coherente, firme y coincidente”.

Remarcó la Audiencia que para que una declaración resulte “fiable y suficiente para fundar en ella una condena penal no es necesario que el testigo sea capaz de recordar con precisión todas las circunstancias”. “En realidad, una excesiva precisión resulta sospechosa, pues ni la percepción ni la memoria humana son exactas y completas”, añadió.

La sentencia consideraba “normal” que los testigos recordaran “lo esencial y no circunstancias accesorias”. Los jueces declararon probado que el otro acusado arrojó piedras, pero concluía que los agentes “no fueron suficientemente precisos” sobre el objetivo de estas piedras, por lo que llevó a la absolución, confirmada también por el TSJC.

El 80% de las denuncias en Mossos d'Esquadra y policías locales por ocupación son de pisos vacíos de grandes tenedores o fondos de inversión, según datos de la policía catalana recogidos por la ACN. La subjefe ejecutiva de Mossos, Alícia Moriana, admite que cuando el propietario es de ese perfil, hay “cierta dificultad” para localizarlo y que denuncie, un paso clave para que los agentes actúen.

Según la agente, las ocupaciones han descendido en torno a un 18,1% entre enero y octubre de este año respecto al año pasado, pero los intentos frustrados han crecido por “la acción policial” y porque los propietarios “cada vez son más conscientes”. Girona o Sabadell son algunos de los municipios donde más crecieron las denuncias en el 2024, sobre todo, de pisos vacíos, según los consistorios.

El número de ocupaciones denunciadas –sumando tanto las viviendas vacías, como las primeras y segundas residencias– alcanzaron las 6.257 el pasado 2024, una media de 17 cada día. Se trata de un incremento del 8% respecto a 2023 y de la cifra más alta desde 2020, cuando se contabilizaron 6.458. Este año, entre enero y octubre, los Mossos d'Esquadra y las policías locales han registrado 4.345, un millar menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que hace prever en el cuerpo de la Generalitat que la cifra quede sensiblemente por debajo del 2024.

En cualquier caso, los datos sólo muestran los hechos reportados a la policía, y no aquellos en los que el propietario ha decidido ir directamente al juzgado o en los que no han llegado a ninguna instancia.

Con todo, según alerta Moriana, las tentativas de usurpaciones de viviendas -de ocupar pisos vacíos– y los intentos de violaciones de domicilio –primeras o segundas residencias–, los dos tipos penales que reflejan los datos para englobar el fenómeno de los empleos, han ido al alza. Tras un aumento ininterrumpido desde al menos 2019, el pasado año hubo 2.057 intentos frustrados, casi el doble que cinco años antes. Durante los primeros diez meses de 2025 ya se han contado 1.713, seis menos que en el mismo período que en 2024, así que a finales de año las cifras podrían igualar o superar las del año pasado.

En cualquier caso, datos muestran que, tanto este año como los dos anteriores, nueve de cada diez denuncias por ocupaciones consumados son usurpaciones y la práctica totalidad de éstas, unas 5.200 tanto en 2023 como en 2024, fueron pacíficas –sólo un centenar al año son con violencia. Por otro lado, sólo medio millar en cada uno de estos dos ejercicios fue violación de domicilio, es decir, de primeras o segundas residencias.

Moriana cree que los motivos del aumento de intentos fallidos y de la caída de ocupaciones consumadas son, por un lado, “la actuación policial”, y por otro “la sensibilidad de los vecinos”, que permite una acción más rápida de los cuerpos de seguridad sin tener que esperar a un largo proceso judicial. Además, ha aumentado la prevención de los propietarios, que “ponen más medidas físicas de protección”.

Por otra parte, cree que también ha afectado a la ley 1/2023, que introduce medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. Así, ha explicado, en casos de desórdenes públicos o actividades delictivas, si el propietario es un gran tenedor que no denuncia, la comunidad de vecinos o el Ayuntamiento pueden poner en marcha las acciones legales para conseguir el desalojo.

La legislación incluso contempla sanciones de 3.000 a 900.000 euros para los grandes tenedores que no mueven ficha ante una ocupación y el consistorio puede llegar a adquirir el inmueble temporalmente para destinarlo a vivienda social.

“Nos habíamos encontrado que hay pisos que ni siquiera el propio fondo inversor era conocedor de que era el propietario”, explica la agente, que añade que en algunos casos desisten de iniciar un proceso legal por los costes que supone hasta que la vivienda no les sea “financieramente interesante”.

Por todo ello, los Mossos han creado un “buscador de inmuebles” de uso sólo interno de pisos de grandes tenedores, en el que participan Sareb y varias entidades financieras, a fin de comprobar más rápidamente si un inmueble es de este tipo de propietarios y de tener “una persona de contacto para poder activar el recurso policial y judicial” mediante denuncia.

Se trata de una de las acciones que el cuerpo está llevando a cabo en el marco de un plan destinado específicamente a las ocupaciones vinculadas a delitos. Es decir, aquellas en las que la vivienda se convierte en “una plantación de marihuana, un punto de venta de droga, un punto de recepción de objetos robados” o bien donde frecuentan delincuentes que acaban causando conflictos vecinales e inseguridad.

En cuanto a los “empleos más sociales”, de personas vulnerables que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, estas no entran en el plan y Moriana asegura que “el abordaje policial es totalmente diferente” en estos casos.

Los datos muestran un aumento de las ocupaciones entre 2023 y 2024 de un 8%, pero a nivel territorial las evoluciones no son uniformes. Así, el Pla de l'Estany y el Berguedà registran el mayor crecimiento porcentual, aunque con pocos casos. En números absolutos, el Vallès Occidental registró 218 denuncias más el año pasado que el anterior, un 40%, hasta las 761. Se trata de la segunda comarca con mayor incidencia, después del Barcelonès, que sumó 1.467 el año pasado (-4,2% respecto a 2023).

En el Gironès, el aumento interanual fue del 30%, por un total de 387, mientras que también destaca el Baix Empordà, con un 39,7% más de casos y 218 en total. En el otro extremo del ranking, algunas comarcas vieron retrocesos significativos, como la Anoia (-41%) o el Baix Camp (-17%). En conjunto, 25 comarcas han ido al alza y 16 a la baja, mientras que ni en la Val d'Aran ni en el Solsonès se denunció ninguna ocupación ni en 2023 ni en 2024.

Por municipios, con datos sólo de los que tienen más de 10.000 habitantes, las ratios más elevados en 2024 fueron Palafrugell (38 casos por cada 10.000 habitantes) y Salt (37 casos). Canovelles, la Ràpita, Mataró y Calonge, Castelló d'Empúries, Platja d'Aro, Berga y Cunit también tienen más de 20 casos por cada 10.000 habitantes. En cuanto a las capitales de demarcación, la tasa de Barcelona es sensiblemente menor (4,8), similar a la de Lleida (6,5) y Tarragona (7,1), mientras que Girona se disparó hasta un ratio de 21,7 casos.