Ha sido tema de conversación de media España las últimas semanas. ¿Jonathan Andic es inocente o culpable de la muerte de su padre? Es posible que nueve de los ciudadanos de la provincia de Barcelona que hayan respondido a esta pregunta en una sobremesa tengan que hacerlo de nuevo en unos meses, pero esta vez como integrantes del jurado popular que (salvo que la defensa logre antes el archivo) resolverá el futuro del hijo del fundador de Mango.

El caso Andic es un ejemplo de manual de juicio paralelo. Este fenómeno se produce en muchas causas mediáticas y no se refiere a la información de tribunales en sí, sino a la pretensión y la carga valorativa (a favor o en contra del investigado) que se proyecta tras una fotografía, un vídeo o un titular. En suma, enfocar hacia un veredicto mucho antes de que se celebre el juicio. Así lo han hecho ya tanto los Mossos d'Esquadra como la defensa de Jonathan Andic.

“Es más fácil contaminar a un jurado que a un juez profesional”, valora la magistrada jubilada Montserrat Comas d'Argemir. “Los juristas estamos en contra de los juicios paralelos porque son muy delicados, el derecho a un tribunal imparcial y el derecho a un juicio con todas las garantías son fundamentales”, remarca.

Para el director de la cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (UdG), Jordi Ferrer Beltrán, en casos mediáticos como el de Andic el juicio paralelo es “casi inevitable”, lo que no quita la responsabilidad a jueces, policías y medios de comunicación. “Andic es el presunto inocente, no el presunto culpable. Cómo usamos las palabras importa”, advierte.

“Un juicio paralelo se impulsa cuando, en una resolución en un estado todavía inicial de la investigación, la jueza señala prácticamente la autoría del investigado o cuando la policía hace inferencias que van mucho más allá de las pruebas realmente existentes”, asevera Ferrer Beltrán.

El jurista remarca que ante un auto tan contundente, si el acusado no tuviera los medios económicos para defenderse de los que dispone Andic, en otra causa que no fuera mediática su abogado de oficio le recomendaría admitir los hechos y pactar una condena rebajada más que defender su inocencia en un juicio.

La fotografía esposado

Cuando el caso todavía estaba bajo secreto de sumario (lo que, en teoría, sirve para blindar una investigación de las filtraciones), la policía catalana empezó a tirar migas de pan. Las supuestas “contradicciones” que los Mossos atribuían a Jonathan Andic en las dos declaraciones que prestó como testigo se divulgaron en la prensa ya en 2025 y han terminado en el auto judicial con el resto de indicios en su contra del pasado mayo.

Pero si algo ha alarmado a muchos juristas es la fotografía de cinco agentes de los Mossos d'Esquadra escoltando a un Jonathan Andic esposado a su entrada en el juzgado. Para empezar, porque contraviene la directiva europea sobre presunción de inocencia, que obliga a las autoridades a “abstenerse de presentar a los sospechosos o acusados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física como esposas”.

“La fotografía es una irregularidad por parte de los Mossos”, advierte Comas d'Argemir, que recuerda que la policía catalana dispone de una instrucción “muy acertada” para evitar este tipo de situaciones. “Hay mucha jurisprudencia que recuerda que hay que evitar una fotografía así, porque viola la presunción de inocencia no solo para un futuro juicio y su influencia en el jurado, sino también por el mal que provoca en la honorabilidad de la persona”, agrega Ferrer Beltrán.

Con años de experiencia presidiendo juicios (también con jurado), Comas d'Argemir recuerda que la norma general es que un acusado no debe entrar esposado en el juicio, aunque sea un preso preventivo. Solo en casos excepcionales, donde se constata un peligro (por ejemplo, con bandas violentas), se permite.

Comas d'Argemir incide en que en todos los juicios por jurado, el magistrado o magistrada que lo preside recuerda a los integrantes del tribunal que “lo importante es que partan de cero y se abstraigan de todo lo que saben del caso a través de los medios”. Hay mecanismos, explica, para que luego el juez profesional valide si la motivación del jurado “se ve que no está referida a lo que ha dicho un testigo o un perito en el juicio, sino a lo que recuerda haber visto en la televisión”.

La respuesta de la defensa

Una vez el caso ya no está bajo secreto, la defensa de Jonathan Andic ha empezado a replicar, no solo en el juzgado, el relato incriminatorio. Lo ha hecho a través de un vídeo de una caída del fundador de Mango en un entorno (la entrada de un edificio) y momento (10 meses antes de su muerte) que poco se parecen con el sendero de Montserrat donde sucedieron los hechos.

Con la potencia de las imágenes, la defensa intenta instalar, una vez la investigación se ha encaminado hacia el homicidio, la tesis de que Andic pudo caer de forma “fortuita”, con un tropiezo inicial y un resbalón en “tobogán” al vacío.

Así lo sostiene la prueba pericial de la defensa realizada por el detective Francisco Marco, que dirigió la polémica agencia Método 3; un doctor en Medicina Legal y una especialista en Medicina tras reconstruir en 3D y con maniquíes el “patrón” de la caída que sufrió Andic meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

El detective es colaborador de algunos grandes despachos. Pese a que al mismo tiempo firma uno de los informes clave del caso, Marco también ha entrado de lleno en la batalla mediática para defender a su cliente.

Marco ha asistido ya a dos programas líderes en su franja, El Món a RAC-1 y Col·lapse de TV3, en los que cargó sin contemplaciones contra el sargento de la investigación, al que acusó de “inventarse pruebas”. También menospreció a la jueza al mantener que tiene “poca experiencia” y que es sustituta (como se cubren varias plazas judiciales en Catalunya), pese a que la togada, jurista de dilatada experiencia, ha ocupado distintos juzgados en los últimos años.

Ferrer Beltrán enmarca las apariciones mediáticas “inhabituales” del perito de la defensa en “la perversión del sistema” que supone el juicio paralelo. “La defensa ahora también juega mediáticamente contra lo que antes el juzgado y los medios tendrían que haber evitado”, diagnostica.

Igual que Ferrer Beltrán, Comas d'Argemir no olvida que los medios juegan un papel: “Hay que exigir responsabilidad a los medios, como a todas las partes. De los casos judiciales se puede y debe informar, faltaría más, pero es muy perjudicial que las personas que tienen que testificar en una causa vayan desfilando antes por los platós, y los medios tendrían que pensárselo”. 

Mientras Marco se despachaba en televisión, de fondo se alternaban las imágenes de la otra caída de Isak Andic y de su hijo esposado. Dos imágenes que ilustran dos estrategias. Quedan meses —tal vez años— para que la Justicia determine si Andic fue culpable, pero el juicio paralelo está en plena ebullición.

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha cargado contra la “condena social anticipada” que, a su juicio, le han provocado el “cuidado goteo en la filtración de las líneas de la investigación policial” de los Mossos d'Esquadra y el “tsunami informativo” provocado por su “detención innecesaria”.

Tras más de un año de una investigación policial secreta, culminada con su fotografía esposado (que no se hubiera producido si la jueza, en vez de permitir a los Mossos la detención, lo hubiera citado como investigado), Andic ha empezado a desplegar su estrategia de defensa tras haber estudiado los 1.400 folios del sumario.

El recurso de apelación, directo a la Audiencia de Barcelona, se centra en desmontar la tesis de los Mossos de que Jonathan provocó la caída de su padre, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse de unos 100 metros de altura en una excursión en Collbató (Barcelona) a solas con su hijo.

Para ello, el escrito incluye transcripciones de varios informes policiales que obran en el sumario, así como de las declaraciones de las hermanas y el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ante los Mossos. En todas ellas, los testigos niegan la mala relación y la “obsesión por el dinero” que los Mossos y la jueza sitúan como móvil del presunto homicidio.

La defensa rebate uno a uno los siete indicios en que la jueza se basó para dictar prisión eludible bajo fianza de un millón de euros (pagada en 20 minutos por el hijo del fundador de Mango). La resolución de la jueza asumía en su totalidad las sospechas de los Mossos d'Esquadra contra el hijo, si bien no incluía ninguna prueba directa tras más de un año de investigación policial.

“El esfuerzo policial judicialmente asumido produce la impresión de enfilarse sí o sí a la afirmación de que ha existido homicidio. Sencillamente, no puede haber accidente”, asevera el escrito del abogado Cristóbal Martell, que recuerda que la imagen del investigado esposado vulnera la directiva europea sobre presunción de inocencia.

El “paseíllo” de Andic, que fue fotografiado esposado, ha desembocado en un “tsunami informativo” en torno al “auto interesadamente entregado a los medios” que ha comportado una “suerte de condena social anticipada insoportable en un Estado social y democrático de Derecho”, incide la defensa.

Las supuestas contradicciones

Hicieron hincapié la jueza y los Mossos en supuestas contradicciones entre la declaración ante los Mossos de Andic tras los hechos, su segunda comparecencia en febrero de 2025 y su declaración como investigado la semana pasada. En primer lugar, la defensa recuerda que las dos primeras declaraciones de Andic fueron prestadas como testigo, por lo apenas tienen “validez procesal de cargo”.

La magistrada destacaba como contradicción el hecho de que Andic vio a su padre hacer fotografías al inicio de la ruta y que el finado tenía el teléfono en el bolsillo. La defensa rebate que esta cuestión es relevante porque, en lo nuclear, el primógenito sí mantuvo la misma versión las dos veces que habló con la policía: esta es, que iba por delante de su padre en el momento en que cayó. Al ir delante, agrega la defensa, no pudo ver la caída, solo la oyó.

El recurso incluye transcripciones de las tres llamadas que el primogénito realizó al 112 tras el accidente. En todas ellas manifiesta que Andic se cayó por un barranco y que él iba un poco más adelantado que su padre en el momento de la caída.

La relación padre-hijo

Niega la defensa la mala relación entre el padre y el hijo y el supuesto móvil económico de la muerte de Andic apuntado por la jueza. Remarca que los mensajes en los que, según la magistrada, Andic muestra “odio” hacia su padre forman parte de la terapia con su psicoanalista, que buscó “cierta confrontación y reacción para encontrar el crecimiento”.

Además, todos los testigos del caso, tanto de Mango como de la familia, han desmentido la mala relación entre padre e hijo. Las hermanas corroboraron que su padre no tenía ninguna intención de desheredar a Jonathan, y aseguraron que los tres hijos estaban de acuerdo con el proyecto de Fundación para legar parte de su fortuna que el fundador de Mango planeaba en el momento de su muerte, y que la jueza cree que estaría detrás del presunto homicidio.

En concreto, una de las hermanas de Andic manifestó que padre e hijo habían tenido “algún rifi rafe, pero nada grave”. “El año 2015 tuvieron diferencias profesionales pero se resolvieron con cariño y respeto”, aseveró a los Mossos el consejero delegado de Mango, en referencia a la discrepancia entre padre e hijo que se solventó con la vuelta de Isak Andic tras haber dejado la firma en manos de su primogénito.

Dos visitas, no tres

Según la jueza, Andic hizo tres visitas previas a Montserrat antes de la muerte de su padre, los días 7, 8 y 10 de diciembre. La instructora las considera acreditadas a través de los sistemas de vigilancia de tráfico.

Sin embargo, la defensa mantienen que Andic solo acudió dos veces a Montserrat: el sábado 7 de diciembre, para una excursión, y el 10 de diciembre, cuando quiso volver a hacer una caminata que tuvo que abortar por el mal tiempo, lo que explica que aparcara su coche poco rato.

El móvil robado en Quito

Otro de los aspectos a los que más importancia da la jueza es el borrado del móvil que Jonathan Andic realizó “coincidiendo” con la reactivación de la investigación en marzo de 2025. Según la versión que el hijo trasladó a su secretaria, le robaron el teléfono durante un viaje “relámpago” a Ecuador, aunque para la jueza la desaparición del teléfono se produjo “en extrañas circunstancias”.

“No es una circunstancia extraña sufrir un hurto en Quito”, replica la defensa, que también desmiente que Andic borrara el contenido de su antiguo terminal. Lo hace, de nuevo, recurriendo a un informe de los Mossos del caso, que no menciona que el teléfono se borrara, sino que se limita a señalar que “no se recuperó la copia de seguridad de las conversaciones de Whatsapp”.

Además, la defensa también aporta el protocolo de seguridad de Mango, que obligaba a Jonathan y el resto de directivos a cambiar de terminal cada dos años.

Las pruebas técnicas

Rebate la defensa la afirmación de la jueza de que el camino donde se despeñó Andic “no presentaba ninguna dificultad”. Lo hace citando la minuta policial de los primeros mossos d'esquadra que acudieron al sendero tras el accidente, donde los agentes dejan escrito que se trata de “una zona peligrosa con mucha pendiente y camino estrecho”.

También replica el abogado la prueba pericial policial sobre la pisada del fallecido (que los Mossos atribuyen a una reconstrucción subrepticia realizada por su hijo). Para empezar, destaca la defensa, porque la toma de muestras en el camino se debería anular por haberse realizado en una zona sin acordonar ni aislar. “Una radical inobservancia a todo parámetro de vocación científica”, a criterio de la defensa.

El informe policial que, tras varios simulacros, rechazó la hipótesis del accidente en base a esa pisada, se rebate, según la defensa, con las propias conclusiones del instructor policial, quien en uno de los dictámenes del caso concluyó que “no se puede determinar si el resbalón ya estaba realizado con anterioridad a la caída”.

La defensa también acusa a la jueza de “ignorar” la “relevante” conclusión de la Unidad de Montaña de los Mossos que manifestó que no podía “determinar las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en los hechos”.

La caída precedente de Andic

Es más, la defensa aporta otro informe pericial que contradice la conclusión de los forenses del caso de que la ausencia de lesiones en las manos del finado y la “caída en tobogán” abrieran la puerta a que no fuera un accidente.

Además de ser posible, la defensa aporta otro dato médico del finado: sufría una lesión en ambas rodillas que “explica la reducción de tiempos de reacción en la cauda” y el hecho de que se produjera una caída “más vertical y menos controlada”. La defensa aporta además el vídeo de una cámara de seguridad que captó una caída de Andic durante un acto público unas semanas antes.

El Parlament ha reprobado este jueves a la consellera de Interior, Núria Parlon, y también al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Junts, ERC y Comuns han votado a favor de una moción presentada por la CUP en la que acusan al Govern de vulnerar derechos fundamentales después de que dos agentes de los Mossos d'Esquadra fueran descubiertas cuando se habían infiltrado en una reunión de profesores de Barcelona, preparatoria de las movilizaciones de los docentes contra el propio Ejecutivo.

El texto aprobado considera que esa actuación policial no tuvo “ningún tipo de justificación operativa ni de ponderación de derechos fundamentales”, por lo que “atentó contra el derecho de reunión y manifestación”. El pleno enmienda así lo declarado por Parlon y Trapero en el Parlament, que consideraron que el operativo fue inadecuado pero no que vulneraba derechos.

Además de cargar contra los responsables políticos, el Parlament reclama “prohibir las infiltraciones de agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra en movimientos sociales, asociaciones, colectivos o sindicatos que no cuenten con la debida autorización judicial exigida para la figura del agente encubierto del art. 282bis de la LECRIM, prevista únicamente para la investigación de delitos especialmente graves”. Un moción introducida por los Comuns que la formación ha pactado con el PSC, de forma que el Govern se ha comprometido a no permitir en el futuro este tipo de prácticas si no viene avalada por los juzgados.

El Parlament también ha pedido el cese de la consellera de Educación, Esther Niubó, si no consigue llegar a un acuerdo que desencalle el conflicto laboral con los docentes. El papel de Niubó era también objeto de la moción, en un punto en el que se reclamaba “llegar a un acuerdo inmediato con los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo y con la comunidad educativa” y en caso de que no se hiciera, reclamaba la salida de la consellera “por su incapacidad de abordar el conflicto abierto con los docentes desde hace meses”.

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, impulsor de la moción, ha exigido poner fin a una “barra libre” que atribuye a la policía catalana en cuanto a vulneración de los derechos de protesta y reunión. “Lo que debe hacer el Parlament es marcar un antes y un después, nos jugamos los derechos básicos”, ha expresado, tras insistir en que el Govern y Trapero han garantizado “impunidad” a los Mossos en sus actuaciones. 

Los socios del Govern, ERC y Comuns, se han sumado parcialmente a la moción. Los segundos han reprobado a Trapero pero no a Parlon, de quien han reconocido sus disculpas y el compromiso de que no repetir infiltraciones como la denunciada. De esta forma, no ha habido mayoría para señalar a la consellera de la misma forma que al jefe de la Policía. 

Con todo, Andrés Garcia Berrio, diputado de los Comuns, ha pedido a Parlon un “cambio de 180 grados” en la respuesta policial a las protestas sociales. “Hacen falta cambios y se deben notar rápido”, la ha interpelado Garcia Berrio, que ha exigido que las únicas infiltraciones policiales que se lleven a cabo sean las de los agentes encubiertos amparados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Por parte de ERC, Laia Cañigueral ha lamentado la falta de dirección política de los Mossos, que ha recordado que no es lo mismo que “politizar” la policía. “Se trata de evitar que la estructura policial actúe sin directrices democráticas claras”, ha precisado, y ha reprochado a Parlon que “minimice” la infiltración entre docentes. “Este hecho no es puntual, debe haber responsabilidades políticas”.

La mujer asesinada por su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres (Girona) el pasado martes fue atendida por el Hospital hasta en tres ocasiones durante las 72 horas previas al crimen. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, la primera vez que acudió a urgencias fue el domingo por la mañana, trasladada en una ambulancia desde su domicilio con diversas contusiones y cortes.

Las heridas que presentaba la víctima -que era migrada y trans- no eran de gravedad, según han explicado las fuentes, y no requerían hospitalización ni una atención de urgencia. Tal y como ha podido saber este medio, la paciente presentaba hematomas y contusiones que respondían a agresiones antiguas, provocadas en diferentes momentos, según se pudo constatar por el estado de curación de las mismas. Ese domingo, la víctima fue atendida por un médico, que realizó un parte que envío a los juzgados de Figueres.

El día siguiente, lunes por la tarde, la mujer volvió al centro, también en ambulancia, pero esta vez medicalizada. En aquella ocasión, fue atendida directamente en el vehículo después de haber sido “apalizada” esa misma tarde. Desde el hospital se ofrecieron a llamar a los Mossos para comunicar la agresión, pero la mujer denegó la oferta asegurando que el autor de las heridas “ya estaba detenido” y que sólo necesitaba un parte médico para poder entregarlo a los juzgados. Pero cuando se llamó a consulta a la víctima para que se le realizara el examen, ya se había ido.

Ese lunes -día antes del asesinato- la expareja de la víctima fue detenido por haberse saltado una orden de alejamiento y provocar “supuestas lesiones a la víctima en la vía pública”, según han confirmado desde el juzgado.

La víctima quedó citada para que entregara el parte médico al juez de guardia. Como no completó el trámite el lunes, regresó al hospital el martes. Pero esa mañana había mucha carga asistencial y fue derivada al CAP más cercano. Allí, finalmente, le realizaron un examen completo en el que se constataron las agresiones que había recibido el día anterior que, si bien “no hacían peligrar su vida”, sí eran “significativas”.

A pesar de que contaba con el informe del médico, la víctima no llegó a presentarse ante el juzgado y tampoco prestó testimonio. Se desconocen los motivos por los cuales no acudió, pero sin su testimonio el juez no pudo retener más a su expareja y le dejó en libertad. Horas más tarde, el mismo martes, la mujer fue asesinada en la vía pública. En el mismo lugar de los hechos, los Mossos detuvieron a su expareja, de 48 años. Diversas dotaciones de los Servicios de Emergencias Médicas se desplazaron hacia allí, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida a la mujer.

El detenido y presunto autor del crimen ya había aceptado una pena por maltrato por conformidad de seis meses de cárcel y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses. La misma que rompió el mismo día de asesinato. En este tipo de casos, en los que una víctima de violencia ha sufrido agresiones continuadas, suelen existir mecanismos de protección para la víctima. Pero desde los juzgados no dan información sobre qué protocolos se aplicaron -o si se aplicó alguno- para proteger la vida de esta mujer.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

Jonathan Andic es el único que sabe qué pasó en el sendero de la montaña de Montserrat donde murió su padre. Y así seguirá siendo aunque el caso avance y pueda llegar a sentarse en el banquillo acusado de matar al fundador de Mango y primera fortuna de Catalunya, Isak Andic.

Tras investigar durante un año, interrogar a decenas de testigos y bucear en el teléfono del hijo del dueño de Mango, los Mossos d'Esquadra han presentado sus conclusiones sobre el caso, que han hecho suyas la fiscal y la jueza. Como suele ocurrir, la investigación policial se ha focalizado en los indicios más comprometedores contra Andic (que los hay) y ha dejado rezagados los posibles elementos de descargo.

La falta de una prueba directa sobre la autoría de la muerte ha llevado a los agentes a recopilar indicios que, sumados al supuesto móvil económico y a la mala relación padre-hijo, cristalizan en el contundente auto de la jueza de este martes. La defensa apenas ha empezado a estudiar el sumario (más de 1.400 páginas), pero no ha dudado en tildar la tesis del homicidio de “conjetura inconsistente”. Andic pedirá a la jueza volver a declarar una vez su equipo de abogados haya podido analizar toda la causa.

Ahora empieza el partido para el abogado de Andic, Cristóbal Martell, para contrarrestar lo sostenido por los agentes, la jueza y la fiscal. La tarea no es sencilla: además de la disputa técnica con pruebas periciales, la defensa se enfrenta al reto de no ahondar todavía más en la intimidad familiar destripada por la investigación y a los posibles efectos reputacionales que el avance de la causa tenga en la marca Mango.

El indicio más relevante: tres visitas al lugar de los hechos

Distintas fuentes jurídicas coinciden en que el indicio más claro contra Jonathan Andic son sus visitas previas al lugar de los hechos. En una de sus declaraciones policiales tras la muerte de su padre, explicó que unos quince días antes de los hechos, el 14 de diciembre de 2024, ya había estado en el sendero de Collbató al ser uno de sus paseos habituales.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de tráfico del municipio al pie de Montserrat han situado el coche de Jonathan Andic en el camino el 7, el 8 y el 10 de diciembre de 2024. El punto del sendero por el que cayó el dueño de Mango, resalta la jueza, es el único que “presenta una exposición de caída”.

Otro de los aspectos a los que más importancia da la jueza es el borrado del móvil que Jonathan Andic realizó “coincidiendo” con la reactivación de la investigación en marzo de 2025. Según la versión que el hijo trasladó a su secretaria, le robaron el teléfono durante un viaje “relámpago” a Ecuador.

Las contradicciones

Jonathan Andic no solo declaró ante los Mossos d'Esquadra, sino que lo hizo dos veces: el 14 de diciembre de 2024, inmediatamente después de la muerte de su padre, y quince días después. Por aquel entonces, no estaba formalmente investigado. Pero sus palabras se le han vuelto en contra, como a veces ocurre con las declaraciones policiales.

Aunque en otros casos mediáticos (como el caso Alves) los jueces han dado una “importancia menor” a las versiones distintas que dio el investigado ya estando detenido, la jueza del caso Andic sí le otorga importancia a las contradicciones.

Esas supuestas contradicciones afectan, en primer lugar, a lo qué ocurrió en el sendero de montaña donde Isak Andic perdió la vida. Destaca la jueza que, el mismo día de los hechos, Jonathan dijo a la policía que caminaba 4 o 5 metros por delante de su padre, pero que 15 días después afirmó que caminaban juntos.

“Es poco probable que si iban caminando juntos no lo viera caer”, concluye la instructora. También aprecia diferencias la magistrada en el lugar en el que el padre usó el teléfono, según lo manifestado por el hijo.

Además, tras contrastarlo con el contenido hallado en el teléfono de Jonathan Andic, que según la jueza incluye mensajes de “odio” y hasta “ideas de muerte” hacia su padre, la instructora discrepa de que la relación entre ambos en el momento de la muerte fuera buena, tal y como manifestó el investigado.

La batalla por la pisada

Una de las pruebas más relevantes para los Mossos d'Esquadra (y en las que más se han esmerado) es el análisis de una pisada en el punto del sendero en el que se despeñó. La unidad de montaña de la policía catalana ha realizado hasta 10 simulacros del “refregado de la suela” del modelo de zapato que llevaba el multimillonario.

El resultado del análisis por parte de los Mossos es incriminatorio contra el hijo del magnate: según la policía, un resbalón no puede producir la profundidad de la suela del zapato hallada en el camino.

Otros informes forenses también descartan, según la jueza, la caída accidental que fue la hipótesis inicial del caso porque Andic cayó “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. Previsiblemente, estas pruebas serán replicadas por la defensa con otras periciales que contradigan la tesis de los investigadores.

El dinero y el caso Andic

La clave del caso es el móvil económico y la “obsesión por el dinero” que, según la jueza, llevó a Jonathan Andic a matar a su padre de forma “premeditada” ante el temor de que el fundador de Mango modificara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

El hijo conoció las intenciones del padre a mediados de 2024, aunque el cambio en el testamento nunca llegó a formalizarse en el medio año que pasó hasta su muerte. La resolución judicial no aporta más datos sobre qué consecuencias económicas habría tenido para Jonathan que su padre creara una fundación benéfica.

Según portavoces de la familia citados por la agencia EFE, el proyecto de crear una fundación destinada a fines sociales siguió adelante tras la muerte de Isak Andic, sin que sus hijos, incluido Jonathan, plantearan objeción alguna: si el plan se paralizó es por la coincidencia con la investigación sobre la muerte del empresario y será la familia la que decidirá cuándo se reanuda.

El propio auto sí incorpora, sin embargo, un hecho que muestra que el primogénito no tenía a priori que temer por su futuro financiero: Isak Andic aceptó la petición de su hijo para concederle la herencia en vida. La cesión se produjo, según la resolución, tras la mediación de una psicóloga en el contexto de las tensiones familiares por la gestión de Mango.

El impacto en la compañía

A nivel comercial, Mango no se ha visto afectada por la muerte de su fundador. Todo lo contrario: la compañía batió récords de ventas en 2025, con 3.767 millones, y obtuvo un beneficio de 242 millones, un 11% más que el año anterior. Pero el año anterior no se contaba con una resolución judicial que, aunque no es definitiva y se puede recurrir, apunte de forma tan clara contra Jonathan Andic.

Tampoco se había producido una imagen contraria a la presunción de inocencia y con un potencial impacto en la reputación de la marca: la entrada esposado de Jonathan Andic en los juzgados.

Además de la deficiente infraestructura de los juzgados de Martorell (están en los bajos de un bloque de pisos y solo tienen una puerta por donde entra todo el mundo, lo que obliga a trasladar a todos los detenidos por la calle), fuentes jurídicas dudan de que fuera necesaria la detención de Andic. Se le podría haber citado como investigado y que acudiera al juzgado por su propio pie, agregan estas fuentes.

Jonathan Andic mantiene su cargo como vicepresidente de Mango, sin responsabilidades ejecutivas, y sigue al frente de las sociedades familiares que comparte con sus dos hermanas, Sarah y Judith. La familia ha reafirmado que apoya la inocencia del primogénito.

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada este miércoles en Madrid ha concretado algunas de las medidas previstas en el acuerdo entre el Govern y ERC para los presupuestos. Entre los acuerdos se encuentra la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones y la constitución de la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones. También se ha pactado firmar este año un protocolo de colaboración para crear la nueva Línea Orbital Ferroviaria y se ha acordado un nuevo reparto del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. En cuanto a los Mossos, se ha dado luz verde a la financiación necesaria para alcanzar los 25.000 agentes en 2030, cifra que se pactó en el anterior bilateral.

Desde el Gobierno destacan que las reuniones celebradas en Madrid -donde han participado el ministro Ángel Víctor Torres y los consejeros de Presidencia, Albert Dalmau, y de Economía, Alícia Romero- permite dar un “nuevo paso adelante” en el despliegue de competencias en ámbitos como la gestión del litoral, impulsar el autogobierno y seguir abriendo paso hacia catalanes. La cita, que fue la tercera de esta legislatura, comenzó a las 16.30 horas y duró poco más de una hora. “La comisión bilateral ha culminado una agenda de trabajo intensa”, ha remarcado Dalmau ante la prensa al finalizar el encuentro.

En el caso de la decisión sobre los Mossos se ha cerrado en una reunión previa de la Junta de Seguridad y de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF), presidida por la consejera Alícia Romero. Allí se ha aprobado que la transferencia de recursos del Estado se calcule anualmente a partir de la diferencia entre el número de agentes certificados en 2021 (el año de referencia para el cálculo). Esta diferencia se multiplicará por el coste de cada efectivo adicional fijado en 70.600 euros, pero que se actualizará cada año a partir del IPC.

Infraestructuras

En el capítulo de infraestructuras, el Estado y la Generalitat han acordado impulsar un nuevo modelo de “gobernanza compartida” para acelerar y mejorar la planificación y ejecución de obras. Para ello, se prevé la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones, concebido como un órgano de “coordinación estratégica, seguimiento y supervisión de las actuaciones inversoras” del sector público estatal en Catalunya. El nuevo ente quedará adscrito al Ministerio de Transportes. Asimismo, se constituirá la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones, con el objetivo de dotar de mayor agilidad, flexibilidad y capacidad operativa la ejecución de estudios, proyectos y obras.

Tren orbital

La reunión de este miércoles también sirvió para sellar el acuerdo para la creación del tren orbital, que conectará ferroviariamente las comarcas del ámbito metropolitano, entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona. Ambos gobiernos han acordado crear una mesa de seguimiento para coordinar el proyecto y que el propio Consorcio de Inversiones se encargue de impulsarlo y desarrollarlo. La actual R8 será la primera fase funcional del sistema orbital, según el acuerdo ratificado.

Consorcio de la Zona Franca

Por lo que se refiere al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, se ha pactado la constitución de un nuevo reparto de fuerzas que incremente la posición de la Generalitat. Hasta ahora, el ente estaba controlado al 100% por el Estado. Ahora, el Estado tendrá el 45%, la Generalitat el 40% y el Ajuntament de Barcelona el 15%. Se conservará la denominación histórica del consorcio, la presidencia continuará asumiendo el alcalde de Barcelona y el plenario mantendrá una representación de las entidades económicas y sociales de Catalunya.

Impulso del catalán

En materia lingüística, ambos gobiernos han acordado crear un grupo de trabajo que deberá presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año para extender la formación en catalán en distintos ámbitos y cuerpos de la Administración General del Estado en Catalunya. También se ha pactado que la Administración General del Estado promueva progresivamente una mayor disponibilidad de la opción de catalán en los recursos de la administración digital, sitios web y trámites electrónicos.

Gestión del litoral

Otra de las novedades radica en las competencias sobre la gestión del litoral. De hecho, se ha pactado cambiar el Reglamento General de Costas con el objetivo de adaptarlo al marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya y consolidar y reforzar el papel de la Generalitat en la ordenación y gestión del litoral catalán. El acuerdo recoge el compromiso de la Administración General del Estado de promover, en el plazo de tres meses, la legislación para hacerlo realidad. La modificación seguirá los criterios establecidos en los acuerdos de traspaso de funciones aprobados recientemente para País Vasco y Galicia.

Es una de las imágenes del año. Estigmatizante, pero histórica. El hijo del hombre más rico de Catalunya ha entrado esposado en el juzgado, custodiado por cinco mossos d'esquadra, e investigado por el homicidio de su padre, fundador de Mango. Jonathan Andic ha declarado una hora y ha salido en libertad tras abonar en apenas 20 minutos una fianza de un millón de euros.

La resolución judicial por la que se decreta la libertad de Andic tiene tintes de guion de Succession, aunque sigue sin contar con una prueba clara que determine la autoría del hijo del fundador de Mango. La jueza sí compra todos los indicios expuestos en los atestados de los Mossos d'Esquadra y señala la “obsesión por el dinero” de Jonathan Andic y la “mala relación” y el “odio” hacia su padre como claves del caso.

En un comunicado, la defensa y la familia de Andic han cargado contra la investigación policial que han asumido Fiscalía y jueza. “La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia”, ha expresado Cristóbal Martell, abogado de Jonathan Andic.

El auto, junto a la imagen de Andic entrando esposado en el juzgado de Martorell, son demoledores para la imagen del hijo del dueño del imperio de la moda. En 14 páginas, la magistrada condensa año y medio de investigación policial y enumera siete indicios de lo que considera una “participación activa y premeditada” de Jonathan en la muerte de su padre al despeñarse en un sendero en Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

Primero y principal: la “mala relación” del hijo con el padre, algo que el primogénito negó en sus declaraciones ante los Mossos, pero que según la jueza desmienten los mensajes hallados en el teléfono de Jonathan Andic.

La togada sitúa como motivo de las desavenencias “la obsesión por el dinero” de Jonathan, hasta el punto que, según el auto, le pidió a su padre una herencia en vida que el fundador de Mango aceptó “para continuar teniendo relación con su hijo” tras la intervención de una psicóloga.

A mediados del año 2024 (esto es, seis meses antes de la muerte de Andic al caer durante una excursión en el macizo de Montserrat), Jonathan “fue conocedor”, indica la jueza, de que su padre tenía intención de cambiar el testamento “creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas”. La magistrada sitúa esta decisión como detonante de un “cambio de actitud” de Jonathan con su padre, con el que pretende “reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta”.

El padre, agrega la jueza, aceptó la excursión de su hijo “para hablar los dos solos”. Este es el principal salto temporal del auto, toda vez que la caminata donde el fundador de Mango perdió la vida ocurrió medio año después de que estallaran las supuestas discrepancias entre padre e hijo.

La jueza incluso se adentra en consideraciones psicológicas sobre la relación entre los Andic. Mantiene la magistrada que Jonathan “manipuló emocionalmente” a su padre “para conseguir sus objetivos económicos”. También mantiene que en los mensajes analizados en su teléfono el hijo muestra “sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre”.

“Planificación y estudio”

La magistrada enmarca esta estrategia de supuesta reconciliación dentro de lo que, en realidad, sería “una planificación y estudio previo del lugar de los hechos y un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída”.

Esta premeditación que la magistrada advierte sería más compatible con un delito de asesinato, pero de momento la causa permanece abierto por homicidio “sin perjuicio de ulterior calificación”, agrega la jueza.

Los días previos y el sendero donde se precipitó Andic, que no presenta grandes dificultades, son otros dos de los indicios que pesan contra Jonathan Andic. La jueza destaca que el hijo del fundador de Mango visitó “el lugar de los hechos” hasta tres veces en solo siete días antes de la caída de su padre.

El recodo de la montaña por donde se precipitó el empresario es otro de los principales indicios de criminalidad a los que se aferra la jueza: las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, que incluyeron cuatro simulacros en el mismo punto por el que cayó Andic, han concluido que una pisada como la hallada en el lugar de los hechos “no es posible por un resbalón”.

Además, la jueza cita el informe forense, que no ve signos de resbalón sino que compara la caída con un lanzamiento “por un tobogán, con los pies por delante”, de forma que todas las lesiones fueron en el lado derecho y en forma ascendente, sin afectación en las manos, un dato clave para los investigadores.

A los indicios sobre el terreno, se le suma la “desaparición en extrañas circunstancias”, en palabras de la jueza, del móvil de Jonathan Andic. Según trasladó el hijo a su secretaria, le robaron el teléfono en un “viaje relámpago” a Ecuador entre el 24 y el 26 de marzo de 2026. Sin embargo, la jueza destaca que Andic borró el contenido de su anterior terminal tras cambiarse el móvil, y que las fechas de su desaparición “coinciden” con las noticias en presa sobre la reapertura del caso, inicialmente archivado.

Las gestiones de los Mossos para “determinar la pérdida o sustracción” del antiguo teléfono de Andic han resultado “negativas”, agrega la magistrada.

Llamadas y “contradicciones”

Tampoco le cuadran a la jueza las llamadas a los servicios de emergencia que Jonathan realizó tras la caída. En las dos primeras, indica la jueza, manifestó al teleoperador que su padre se había caído por un barranco, en el Montserrat. En la tercera, explicó a la enfermera lo que, según la jueza, es otra versión: que iba por delante de su padre “y de repente ha oído ruido de piedras y cuando se ha girado lo ha visto gritar y caerse”. Esta llamada difiere, siempre según la magistrada, de la declaración que Andic prestó ante los Mossos, pese a que la jueza recoge que Andic manifestó que también iba caminando por delante de su padre y vio su cuerpo rodando y escuchó un gemido de dolor.

En su auto, la jueza enumera las “contradicciones” de Jonathan Andic en sus diferentes declaraciones, las primeras a los Mossos tras la muerte de su padre, los días 14 y 31 de diciembre de 2024, y las de este martes en sede judicial, únicamente a preguntas de su defensa.

En la primera de las declaraciones, la del 14 de diciembre, afirmó que “se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre”, que este se paró para tomar unas fotografías y sin tenerlo a la “vista”, se giró y vio “un cuerpo rodando entre los matorrales, y escucho un fuerte golpe y un gemido de dolor”. Sin embargo, el 31 de diciembre Jonathan declaró que su padre hizo uso del teléfono al principio del recorrido, y que ya “no lo volvió a ver que lo utilizara”.

La investigación de los Mossos del volcado del móvil del empresario fallecido determina que “solo” lo utilizó al inicio del camino, y que no hizo uso del mismo en el “lugar de los hechos”, es decir, desde donde se precipitó al vacío. La montaña es la otra única testigo de la muerte de Isak Andic.

La Generalitat ya ha puesto sobre la mesa una propuesta para desencallar el conflicto que arrastra con el profesorado. En plena oleada de huelgas, el Departamento de Educación se ha abierto a acelerar la subida salarial que pactó con CCOO y UGT, además de plantear un refuerzo de plantillas con hasta 2.400 nuevos profesionales. 

Los sindicatos huelguistas (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) exigían a Educación una propuesta de incremento de los sueldos para acudir a la próxima reunión, prevista para este miércoles. Aunque inicialmente lo descartaba, al final la consellera Esther Niubó les ha trasladado una nueva oferta de mejora salarial. 

El documento que Educación ha remitido a los sindicatos afecta a las nóminas mediante dos vías. Por un lado, ofrece acelerar el calendario pactado con CCOO y UGT, que preveía una subida progresiva de hasta 3.000 euros al año (unos 200 euros al mes) en 2029. Este incremento, que se lleva a cabo vía modificación del complemento salarial autonómico, se completaría ya en 2028. 

Por otro lado, Educación plantea otra mejora retributiva, todavía por concretar, a través de tres complementos singulares: el de tutorías (ahora es de entre 66 y 90 euros), uno nuevo para los cotutores, y otro para los tutores en los Centros de Máxima Complejidad (es decir, aquellos de entornos sociales más vulnerables).  

Las nuevas retribuciones, que requerirían unos 98 millones de euros de inversión, se suman a la ya anunciada intención de la Administración educativa de reforzar las plantillas con más docentes y sobre todo, con personal para atender al alumnado con más dificultades de aprendizaje. En total, de cara al curso que viene ponen sobre la mesa la incorporación de 2.405 nuevos profesionales, lo que supone también 93 millones de euros addicionales.

Niubó reconoce que una parte importante del malestar docente procede de la sobrecarga de trabajo asociada al modelo de escuela inclusiva, para el que los huelguistas aseguran que faltan recursos, con lo que ya en la última reunión ofreció un incremento de personal.

Del total de profesionales anunciados, 1.348 serían destinados a escuela inclusiva (educadores sociales, psicopedagogos, técnicos de infantil); 708, docentes para reforzar plantillas, y 349, personal de administración. 

Por último, desde Educación han trasladado un calendario de negociaciones a los sindicatos que, de ser aceptado, transcurrirá en paralelo a las huelgas que convocadas a lo largo de mayo y principios de junio. Si este miércoles está prevista la primera mesa sectorial, entre los días 22 de mayo y 3 de junio la Generalitat plantea cinco encuentros para abordar de forma específica cada medida.

La oposición carga contra su gestión

A la espera de reunirse con los sindicatos, Niubó ha tenido que comparecer este miércoles en el Parlament para dar cuenta no solo de la crisis con el profesorado, sino también por la relacionada con los Mossos: por el plan piloto para desplegarlos en algunos centros educativos y por la infiltración en una asamblea docente. 

La oposición parlamentaria ha aprovechado por pasar cuentas con la consellera. Le han exigido desencallar el conflicto con los docentes, y la mayoría, salvo PP y Vox, le han pedido también que retire el plan piloto de los policías de paisano en los institutos.

Niubó ha dejado caer en la Cámara catalana que estaban trabajando en una nueva propuesta de mejoras laborales para la plantilla, pero que no se saldría del acuerdo con CCOO y UGT de 2.000 millones en cuatro años. “Lo complementaremos de forma realista, no es desde las demandas maximalistas que se consiguen las mejoras”, ha advertido antes de que se conociera la propuesta.

La consellera ha defendido una vez más el plan piloto para desplegar agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra varios centros, a pesar del rechazo de la comunidad educativa y de parte de los claustros afectados. Para Niubó, el plan no es un “cambio de modelo” ni un despliegue “estructural” de policía en los centros, y permitirá probar una mejor colaboración entre servicios públicos y prevenir conflictos dentro y fuera de los institutos, siempre bajo el “liderazgo” del centro.

Desde la oposición, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios han criticado la incapacidad por ahora de encauzar las protestas docentes. Anna Feliu, diputada de Junts, ha lamentado que tacharan de “acuerdo histórico” el pacto con CCOO y UGT y sin la mayoría sindical. “Lo que hay de histórico son las movilizaciones; el nivel de desconexión con los profesionales y la desconfianza generada”, ha afirmado.

Irene Aragonès, de ERC, ha aprovechado el pacto de Presupuestos anunciado este martes con el Govern para exigir la puesta en marcha de algunas de sus medidas, como la climatización de los centros. Ha evitado vincular las cuentas a la resolución de la crisis, y ha centrado sobre todo su crítica en el plan piloto de los Mossos. “Es comprar el marco ideológico de la derecha y convertir a los adolescentes en un problema de orden público”, ha señalado la diputada.

En este sentido, PP y Vox, a pesar de ser muy duros con el Govern por su gestión de la huelga docente, han defendido que los Mossos d’Esquadra puedan estar presentes en los centros. “No es el marco mental de la derecha, es que tenemos a bandas juveniles captando a menores en la puerta del instituto”, ha argumentado Cristian Escribano, del PP. 

Los Comuns, por su parte, también han cargado con dureza contra el despliegue experimental de policías en los centros, que han señalado además que puede aumentar la segregación y la estigmatización de centros que ya tienen la etiqueta de problemáticos. 

Sin embargo, en el capítulo laboral, han querido tender la mano al Govern para que la negociación de Presupuestos incorpore algunas demandas docentes que permitan resolver la situación. “No hay excusas, si hacen falta más recursos, podemos reagendar y recalendarizar alguna propuesta”, ha planteado la diputada Jéssica Albiach. 

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre, fallecido en una caída en la montaña durante una caminata en la que solo estaban el padre y su primogénito. El arrestado ha comparecido ante la jueza del caso, que ha decretado prisión eludible bajo fianza de un milló de euros. En apeas veinte minutos, Andic ha pagado la fianza y ha quedado libre e investigado por homicidio.

El detenido ha llegado a los juzgados de Martorell a las 12.45h., esposado, con las manos en la espalda y custodiado por cinco agentes de la policía catalana (dos de investigación y tres de custodia del juzgado). Un rato antes, habían llegado su abogado, Cristóbal Martell; la fiscal del caso, Teresa Yoldi; y los agentes de investigación de los Mossos con un voluminoso atestado.

La imagen del paseíllo que ha vivido este martes Jonathan Andic es inhabitual ya en los grandes juzgados, pues se considera que atenta contra la presunción de inocencia de un detenido que todavía no ha sido juzgado. Sin embargo, los juzgados de Martorell (una de las instalaciones judiciales catalanas más faltas de inversión, que están en los bajos de un bloque de pisos), solo tienen una puerta, que comparten arrestados, funcionarios y jueces, y no disponen de una entrada exclusiva de detenidos.

En un comunicado, portavoces de la familia Andic han defendido la inocencia de Jonathan y han reclamado que se respete su presunción de inocencia, al tiempo que han sido críticos con la investigación. “No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra” Jonathan, han manifestado.

“El convencimiento sobre su inocencia es absoluto y el desarrollo de las diligencias así lo demostrarán”, han apostillado los portavoces de la familia.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado elDiario.es, la policía catalana ha arrestado a Andic a primera hora de la mañana de este martes. Lo ha hecho en su domicilio, y después lo ha trasladado a la comisaría de Martorell primero y después a los juzgados.

El fundador del imperio de moda Mango, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión por un sendero de las cuevas de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó en un primer momento el caso, pero lo reabrió en marzo de 2025 para incorporar ampliaciones de atestados de los Mossos d’Esquadra. Bajo la dirección del comisario Eduard Sallent, exjefe de la policía catalana, los Mossos primero concluyeron que la caída de Andic fue accidental, tras inspeccionar el lugar y tomar declaración a su hijo Jonathan, el único testigo directo de lo ocurrido.

Coincidiendo con un relevo al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025, los Mossos, ya con la comisaría general de Investigación Criminal al cargo de las diligencias, dieron un nuevo impulso y pusieron el foco de las sospechas bajo Jonathan Andic, al que pidieron el teléfono móvil para analizarlo. 

El hijo del fundador de Mango ha permanecido un año siendo sospechoso para la policía pero sin una petición formal de los Mossos al juzgado para imputarlo y que pudiera ejercer su derecho a la defensa en la causa.

Contracciones en el relato de Andic

Los Mossos basaron sus sospechas en lo que, a juicio de la policía, eran contradicciones en el relato de Andic tras la muerte de su padre —por ejemplo, sobre el lugar dónde estaba cuando cayó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión— y en que el sendero es un camino en el que creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

Durante estos meses, los Mossos también han indagado si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre en el momento de morir, una hipótesis policial que han negado de forma unánime los allegados del fundador de Mango. Entre las personas que han interrogado los agentes figuran la viuda del fundador de Mango, sus dos hijas, Judith y Sarah, su tío, directivos y trabajadores de la multinacional.

Las filtraciones sobre el caso cuando se encontraba bajo secreto de sumario hicieron reaccionar a los albaceas de Andic, que defendieron públicamente la “inocencia” y la “única condición de víctima” de su hijo Jonathan después de que los Mossos d'Esquadra situaran al primogénito como sospechoso. 

Pesos pesados del mundo empresarial, como el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, o el presidente de Planeta y albacea de Andic, José Crehueras, han respaldado públicamente a Jonathan Andic durante los meses que ha pasado bajo el foco de los Mossos d’Esquadra. 

La CGT ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el Departament de Interior de la Generalitat por “vulneración de derechos fundamentales” a raíz del caso de dos agentes de los Mossos d'Esquadra que se infiltraron en una asamblea de docentes. La abogada de la federación de Educación del sindicato, Mireia Salazar, ha concretado que, “de forma específica”, se dirige a la dirección general de los Mossos.

Por su parte, la secretaria general de Educación, Laura Gené, ha justificado la medida para garantizar “la protección y defensa de los derechos de reunión, de sindicalizarse y el legítimo derecho a protesta”. Por otra parte, el sindicato ha reclamado a la policía catalana la documentación de infiltraciones realizadas en los últimos diez años.

Salazar ha detallado que la actuación policial, llevada a cabo el pasado 6 de mayo en el Institut Pau Claris de Barcelona con dos agentes de paisano, ha violado los derechos de huelga y las libertades sindical y de expresión de los asistentes a la asamblea. La jurista ha precisado que en el contencioso han reclamado saber “quién ordenó el operativo, bajo qué condiciones, y entendiendo cuál era el riesgo”. Una petición con la que, según ha apuntado, se podrá saber si “el Departament de Educación tiene algo que ver” en la decisión.

La secretaria general de Enseñanza de CGT no ha descartado hacer una causa conjunta “más adelante” con otros sindicatos del sector. Sin embargo, matizó que por ahora necesitan tiempo porque “la prioridad” es resolver el conflicto que vive la docencia con el Departament de Educación y FP.

Solicitud de información por “sospechas”

La también abogada del sindicato Mireia Bazaga ha dicho que se ha reclamado a la comisaria general de información de los Mossos d'Esquadra saber https://www.eldiario.es/catalunya/acuerdo-primera-reunion-govern-sindicatos-primera-reunion-nuevo-ciclo-huelgas_1_13220095.html“las infiltraciones de agentes en reuniones, asambleas y movilizaciones en CGT” de los últimos diez años. Una reclamación que se hace a raíz de las “sospechas”, tras las explicaciones en la comisión del Parlament del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la consellera de Interior, Núria Parlon. Bazaga considera que tienen “derecho a conocer estas circunstancias” y ha subrayado la necesidad de saber qué “prioriza” el cuerpo ante “la actividad legítima” del sindicato.

En este sentido, Gené ha expresado “mucha preocupación” por las palabras de la consellera, que achacó la infiltración a “un error por inercia”. La sindicalista ha criticado que se alerte a la población sobre la llegada de la extrema derecha, “siendo que con el PSC casi ya la tenemos aquí”. 

El Govern ha pedido disculpas este miércoles por la infiltración de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores que fue descubierta por docentes del sindicato CGT hace una semana. Lo ha hecho la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha comparecido en el Parlament acompañada del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. “Es una maniobra operativa bien intencionada pero mal planteada, desafortunada”, ha dicho Parlon, que sin embargo ha defendido que el cuerpo lleve a cabo este tipo de infiltraciones como uno de los métodos legales a su alcance para recoger la información necesaria ante movilizaciones y protestas.

“Una maniobra mal planteada, mal calculada, puede entorpecer la confianza entre los movimientos sociales y el cuerpo de Mossos d'Esquadra”, ha lamentado Parlon que, como Trapero, ha asegurado que lo busca la policía catalana nunca es evitar que se ejerza el derecho a la protesta o manifestación sino “que los espacios de protesta sean seguros”. Por esta razón, los responsables políticos han anunciado abrir una “información reservada” para aclarar los hechos, como paso previo a un posible expediente informativo.

Parlon además ha reiterado, como ya expresó la portavoz Sílvia Peneque este martes, que la infiltración fue siempre una decisión operativa, en la que la parte política no tuvo nada que ver. “Nosotros políticamente debemos respetar la autonomía policial. Estas actuaciones están sujetas a norma pero son mejorables”, ha asegurado, antes de que Trapero haya anunciado que, tras este incidente, el proceso de decisión sobre “prácticas de obtención de información” recaerá en “áreas más elevadas”, es decir, una supervisión de rango más alto sobre este tipo de prácticas.

En su turno de intervención, Trapero ha defendido la obtención de información en situaciones de conflictividad laboral o social como una de las herramientas claves del cuerpo, por lo que no ha descartado que una infiltración en una asamblea pueda repetirse. “En ningún caso la obtención de la información tiene como objetivo impedir ningún derecho, por el contrario, tiene como objetivo garantizar que se puede ejercer”, ha defendido, para luego asegurar: “Las actuaciones de captación de información ni son indiscriminadas ni se hacen de forma generalizada, solo aquellas que por sus antecedentes, no vinculados al convocante, lo hacen necesario”.

El director general de la Policía ha asegurado además que todas las actuaciones operativas se revisan bajo los parámetros de oportunidad y de proporcionalidad y, en este caso, ha reconocido que la infiltración de las dos agentes no fue “oportuna”. “Los antecedentes y las movilizaciones previas no lo justificaban”, ha dicho, aunque ha negado “mala fe o actitud antidemocrática”. Por su parte, también ha querido dejar claro que la actuación policial no tiene conexión con el contencioso laboral que mantienen profesores y departamento de Educación.

Otro de los aspectos que ha recalcado tanto Trapero como Parlon es que durante el mandato de este Govern no se ha hecho “ningún cambio en la operativa respecto a lo que se ha venido haciendo siempre”. “El responsable de la Comisaria General de Información es el mismo que en las tres gobiernos anteriores y las técnicas de obtención de informción son las mismas”, ha dicho, dando a entender que la infiltración en colectivos laborales ocurriá también bajo el mandato de partidos que ahora lo critican, como ERC, que pidió el cese de Trapero.

Pero las explicaciones no han convencido ni a la mayoría de la oposición ni a los socios del Govern, que han cargado con dureza contra Parlon y Trapero. “Esto no se parece al modelo policial que Catalunya ha construido durante tantos y tantos años, se parece más a la policía política. El Govern de Illa ha perdido el norte”, ha asegurado Josep Rius. El portavoz de Junts ha dado por hecho que la consellera de Educación, Ester Niubó, conocía el operativo y la información recopilada por los Mossos, un extremo que el Govern desmiente tajantamente, pero que para Rius explicaría la actuación de Educación ante las huelgas de maestros.

Desde ERC la diputada Laia Cañigueral ha reiterado su petición de cese de Trapero pues ha considerado que el hecho es “de enorme gravedad” porque los policías se infiltraron en asambleas preparatorias de huelgas laborales, algo que entienden contrario a los derechos sindicales y de reunión. Cañigueral ha asegurado además que la consellera y el director general se han “escudado” detrás del cuerpo de los Mossos, por lo que la diputada ha asegurado que sus críticas son contra la dirección política, no contra los agentes.

“Hace falta un giro de 180 grados del Departamento de Interior en relación a las protestas”, ha asegurado el diputado Andrés García Berrio, de los Comuns, quien sí ha valorado como positivo que la consellera haya pedido disculpas, pero que también ha calificado el gesto de insuficiente. El diputado ha indicado además que la recopilación de información de fuentes abiertas que tienen encomendada los Mossos nunca puede suponer invadir una asamblea cerrada de un sindicato, por que a su entender se vulneran derechos fundamentales.

Una jueza tendrá que investigar el uso del gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra contra un grupo de manifestantes en la última huelga por Palestina del pasado octubre.

Así lo ha determinado la Audiencia de Barcelona, que ha revocado el archivo que, de primeras, acordó la instructora, y le ha ordenado indagar en la actuación policial ante los indicios de que fue “desproporcionada” al gasear una protesta “pacífica” y provocar varias lesiones a los manifestantes.

La jueza instructora archivó la querella de los manifestantes, a los que representan el centro Irídia y el colectivo Alerta Solidària, sin tomarles siquiera declaración. Avaló de pleno la jueza la actuación de los Mossos. Ahora la Audiencia de Barcelona le pone algunos reparos que deben ser investigados.

Los hechos se remontan al pasado 15 de octubre. Un grupo de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra dispersó con gas pimienta a un grupo de manifestantes propalestinos que se habían sentado en la rampa de un parking de al Estación de Sants para bloquear la salida de los autocares del equipo de baloncesto israelí que debía jugar en Manresa. En la causa constan varios vídeos de los hechos.

Los magistrados de la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, tras visionar las imágenes, no aprecian “especial embotellamiento” en la rampa del aparcamiento por parte de los manifestantes, ya que se observa en los vídeos que los autobuses pudieron salir. La protesta tampoco interrumpía la circulación de los coches o pasajeros que accedían a la estación, agrega el auto.

Los manifestantes, inciden los magistrados, no realizaron “actos de violencia” contra los agentes, sino que se limitaron a estar sentados en la rampa. “Solo unos pocos ofrecieron resistencia pasiva”, agregan los jueces, que concluyen que la protesta fue “esencialmente pacífica”.

El pacifismo de la protesta conduce a que deba investigarse la actuación policial, al no poderse basar en un ataque previo a los agentes que les hubiera puesto en peligro. Por el contrario, los manifestantes han aportado partes médicos que detallan erupciones cutáneas, vómitos y afectaciones oculares y respiratorias debido al gas.

“La fuerza empleada por los agentes para disolver a los manifestantes en su protesta pacífica pudo no ser tan proporcionada como lo aprecia la instructora”, remarca la Audiencia, que con su auto abre la puerta a que la jueza cite a los dos agentes de los Mossos que gasearon a los manifestantes como imputados y que aparecen identificados en las imágenes.

El Govern de Catalunya no tiene nada que reprochar tras la actuación de los Mossos d'Esquadra, que la semana pasada trataron de infiltrar a dos agentes en una asamblea de profesores y fueron descubiertas. Al contrario, el Ejecutivo considera que una infiltración de este tipo es “democrática” y forma parte “de la autonomía del cuerpo” siempre y cuando se haga después un proceso de revisión por parte de la propia policía, como será el caso.

Según anunció este lunes la consellera de Interior, Núria Parlon, los Mossos llevarán a cabo un proceso de revisión del operativo, para analizar dos parámetros: si la infiltración fue oportuna y si respondió a criterios de proporcionalidad. Parlon ha anunciado para este miércoles su comparecencia en el Parlament junto a la del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, aunque no se espera que pueda explicar en esa intervención el resultado de la revisión, que necesitará más días.

La infiltración de las dos agentes ha añadido malestar a los docentes, que se encuentran en una maratón de huelgas y movilizaciones. Pero además, ha dejado al descubierto un modelo policial que, según entiende el Govern de Illa, pasa la “autonomía operativa” de los Mossos.

“¿Cuál es la función del Gobierno en el ámbito de la seguridad? Por una parte, dar confianza y autonomía a los agentes a la hora de diseñar los operativos. Y, por otra, los mecanismos democráticos que están establecidos: dar respuestas, información y revisar los operativos”, ha asegurado la consellera portavoz, Sílvia Paneque, preguntada por si consideraba que la actuación política respondía a criterios democráticos.

Paneque además cree que lo antidemocrático sería que el Govern marcara a la policía pautas sobre cómo actuar en el ámbito operativo, una línea que asegura que nunca ha traspasado.

“Esta y todas las decisiones se toman desde un punto de vista operativo. Esto significa que son los mandos policiales quienes deciden la oportunidad y proporcionalidad, sin ningún tipo de injerencia política”, ha asegurado. Pero ha insistido en que, pese a la revisión que han reclamado, el president Illa y la consejera Parlon “trasladan toda la confianza a los mandos y al cuerpo”.

A juicio del Govern, el decreto de reestructuración de la Dirección General de la Policía, permite a los Mossos hacer labores de recogida de información, entre las cuales uno de los métodos es la infiltración de agentes. Estas actuaciones, sin embargo, hasta ahora se habían entendido circunscritas a colectivos que hubieran generado problemas de orden público en el pasado o entornos potencialmente violentos. Nunca había trascendido un operativo de esta naturaleza en asambleas laborales o comités de huelga.

Las explicaciones que este miércoles ofrecerá Parlon y Trapero tratarán de convencer sobre todo a los socios del Govern, ERC y Comuns, que han protestado con contundencia contra la actuación policial. Los republicanos cargaron directamente contra Trapero, de quien pidieron su cese. Si bien, los republicanos se encuentran en la recta final de la negociación de presupuestos con el Govern y ya han admitido que no pedirán la cabeza del director de la policía a cambio del acuerdo.

La infiltración descubierta la semana pasada también ha subido aún más la temperatura de la protesta laboral de los profesores, que este jueves volverán a la mesa sectorial junto al departamento de Educación. En el horizonte aún quedan 15 jornadas de huelga y las posiciones entre el Govern y los sindicatos que se mantienen en la protesta siguen lejanas.

Junts se ha sumado a la lista de partidos de la oposición que exigen dimisiones en masa por los recientes escándalos con los Mossos. Como ya hicieron este viernes los socios de Illa en el Govern, el partido de Puigdemont ha salido a la palestra para exigir la destitución del director general del cuerpo, Josep Lluís Trapero, así como la de las conselleres de Interior, Núria Parlon, y Educación, Esther Niubó por la infiltración de dos agentes de la policía catalana en una asamblea de profesores.

Hasta este sábado, los postconvergents se limitaron a exigir explicaciones a un Govern que pasó más de 24 horas sin aclarar si los Mossos habían ordenado -y por qué- infiltrar a agentes en las reuniones convocadas por el sector para preparar las huelgas convocadas durante este final de curso. Pero ahora han decidido subir la apuesta y pedir ceses: “Es un Govern fallido”, ha apuntado Jordi Turull, secretario general del partido en una atención a medios.

Desde la formación lamentan que Illa “trate a los profesores como delincuentes” y ha añadido que “espiar reuniones de maestros es algo que sólo hacen las dictaduras”. Turull ha cargado duramente contra el President, afeándole que se “llene la boca” hablando de la lucha contra la extrema derecha y la defensa de las libertades, mientras perpetra “ataques a derechos fundamentales como el de reunión o huelga”.

Después de horas de silencio, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, emitió un comunicado el pasado viernes para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Esta explicación no ha contentado ni al sector ni a buena parte de la oposición. Los Comuns y ERC -socios de Illa-, así como la CUP y recientemente Junts, han exigido no sólo dimisiones sino también más explicaciones y disculpas por parte del Govern a los professores y a la sociedad en general.

Que Junts exija ahora la dimisión del director general de los Mossos rubrica la ruptura con Trapero, que pasó de ser un héroe para el independentismo debido a su papel com 'major' durante el procés y el 1 de Octubre, a un traidor. Quien llegó a ser imputado por sedición por su papel al frente de la policía catalana durante esas jornadas, decepcionó a sus acólitos durante el juicio del procés, cuando aseguró que nunca había compartido “el plan ideado por el Govern de alcanzar la independencia”. Incluso llegó a afirmar que tenía un “plan” para detener a Puigdemont si así se lo hubiera ordenado el juez.

Tras su absolución, en 2020, Trapero volvió al cargo, pero por poco tiempo. Fue destituído por el Govern de ERC en 2023. Un año después, Trapero fue rescatado por Illa y le nombró director general de la policía catalana, un cargo con mucha más carga política que el de major. De hecho, es la primera vez que este puesto lo ocupa un Mosso d'Esquadra.

Otras dimisiones

En su comparecencia ante los medios, Turull también ha exigido la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, debido a la crisis de Rodalies. Esta petición no es nueva: hace más de un año que la formación exige su cese, pero este sábado la han reiterado tras conocerse el descarrilamiento de un tren de mercancías en Rubí este viernes, sólo una semana después de la reapertura de un túnel que estuvo cerrado por obras.

Esta noticia se da, además, el mismo día en que el Govern ha retirado la medida que hacía que Rodalies fuera gratuito hasta que se resolviera la crisis que afecta a la frecuencia y velocidad de los trenes desde el accidente mortal de Gelida, ahora hace tres meses.

A la crisis educativa enquistada en Catalunya se le ha sumado una crisis política y policial. La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente para preparar la macrohuelga de las próximas semanas ha puesto bajo el foco al director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, de quien los socios parlamentarios de Salvador Illa, ERC y los Comuns, exigen su dimisión.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha cortado de raíz la reclamación de sus socios y ha reafirmado a Trapero en el cargo, además de “reconocer la labor de los Mossos ante quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo”.

Este sábado, Junts, primer partido de la oposición, ha ido un paso más allá y ha reclamado no solo el cese de Trapero y Parlon, sino también el de la consellera de Educación, Esther Niubó.

El Govern sigue sin dar con la tecla que pacifique unas aulas dispuestas a mantener el pulso en la calle para reclamar más recursos: el próximo martes arranca un mes de movilizaciones, con tres huelgas convocadas en toda Catalunya, más otras dos jornadas de paro por regiones. En pleno conflicto laboral, además, el Govern ha iniciado un plan piloto, sin consenso sindical, para enviar a mossos de paisano a institutos.

Este es el contexto en el que se enmarca la actuación reciente más polémica de los Mossos d'Esquadra: enviar a dos agentes de la comisaría de información, dedicada en teoría a la prevención de los delitos violentos y de los extremismos políticos y el yihadismo, a una asamblea de huelga docente. Pese a todo, los sindicatos docentes han insistido en pedir al Govern que se siente en la mesa de negociación.

Catalunya está acostumbrada al debate político y social sobre las actuaciones policiales. Hasta ahora, las discusiones se centraban en los operativos de los Mossos en materia de orden público, no en actuaciones de agentes de información. En esta legislatura, en la que Trapero se ha estrenado como cargo político tras su etapa como jefe policial, Interior ha superado sin demasiados aprietos la polémica por el uso del gas pimienta en manifestaciones.

Tras poner orden y apostar por la mediación para acabar con los desmanes de los antidisturbios de los Mossos hace 15 años, Trapero afronta ahora una crisis con el espionaje policial de una asamblea de maestros. Una práctica que retrotrae a la polémica infiltración sin aval judicial de la Policía Nacional en movimientos sociales de la que, a nivel de imagen, los Mossos siempre se han querido distanciar.

Después de casi 24 horas sin confirmar ni desmentir el espionaje, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, ha emitido un comunicado para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Las primeras explicaciones de Interior sobre el espionaje han sentado igual de mal a los socios de Illa y a los sindicatos docentes que el silencio durante un día. “Seguimos sin saber quién ordenó la recogida de información en una asamblea, bajo qué justificación y si se ponderó en la decisión de llevar a cabo una actuación policial prospectiva la incidencia en los derechos fundamentales de huelga y asociación”, asevera Mireia Salazar, abogada del sindicato CGT Ensenyament.

La letrada, que junto al resto de abogados de los sindicatos educativos estudia emprender acciones legales contra Ios Mossos, insiste en que una “investigación policial prospectiva” como la llevada a cabo por los Mossos “genera un efecto disuasorio y represivo” de un derecho fundamental como es el de huelga.

Fuentes policiales han confirmado a este diario que la infiltración policial se circunscribió a una labor preventiva, sin orden judicial y sin perspectiva de abrir una investigación formal a los docentes.

Antes de que Interior emitiera su comunicado, ERC, Comuns y la CUP han pedido el “cese inmediato” de Trapero por la infiltración policial en una asamblea de docentes. Aunque no ha querido vincular explícitamente esta petición con la negociación que ERC mantiene con el Govern sobre los presupuestos de la Generalitat, el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, sí ha advertido de que “es evidente que hay que tomar decisiones” con la “máxima contundencia”, porque en esta ocasión “no servirán las medias tintas”.

“El Govern debe ser implacable ante la vulneración flagrante de derechos fundamentales”, ha remarcado el parlamentario de los Comuns, Andrés García Berrio, que ha alertado: “Si no toma medidas contundentes, tendremos un problema”. Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha enmarcado el espionaje de docentes en “una campaña de acoso contra las movilizaciones sociales”.

Lejos del corporativismo que habitualmente se asocia a los cuerpos policiales, el exjefe de los Mossos Eduard Sallent, en excedencia tras ser cesado por el Govern de Illa e histórico rival de Trapero en la cúpula del cuerpo, ha cargado contra la infiltración, ya que no se planificó “correctamente” y además no es una “buena opción” porque puede “erosionar” la confianza con la ciudadanía.

Casi 24 horas después y en medio de un revuelo político de envergadura, el Govern ha admitido que dos agentes de los Mossos d'Esquadra se infiltraron en una asamblea de docentes de Barcelona de preparativos para la huelga de la próxima semana.

Los socios de izquierda de, ERC y los Comuns, han exigido el cese del director general de la policía, Josep Lluís Trapero, el número dos en la estructura política del cuerpo por debajo de la consellera de Interior, Núria Parlon. La crisis política queda oficialmente abierta para el Ejecutivo de Salvador Illa.

Tras varias horas sin que Interior ni los Mossos confirmaran ni desmintieran la infiltración, la dirección general de la Policia ha emitido un comunicado con el que ha pretendido “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. Cabe remarcar que la reunión de profesores era para preparar una huelga, un derecho fundamental reconocido en la Constitución.

Según Interior, el espionaje estaría amparado por un artículo del decreto de estructura de la dirección general de la Policia que autoriza a la comisaría general de información a “recoger y tratar información de carácter operativo” sobre “la conflictividad laboral y social” con el objetivo de “valorar amenazas y riesgos”. En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos, y tenemos la obligación legal de garantizarlos todos así como la seguridad pública”, agrega la nota de Interior de este viernes, que tamibén se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

La denuncia de la infiltración en una reunión de profesores este miércoles en el Instituto Pau Claris de Barcelona ha obligado al president Salvador Illa a reaccionar, aunque ha asegurado desconocerla por completo. “No tenía conocimiento de ello, pero tengo confianza en la profesionalidad de los Mossos d’Esquadra”, ha afirmado, para luego añadir que la policía lleva a cabo el trabajo “encomendado” sin dar parte a Presidencia. 

La queja de los sindicatos docentes se dirige hacia Interior y también hacia el departamento de Educación. Preguntados por elDiario.es, desde Interior tampoco han detallado si fue una actuación bajo amparo judicial ni si hay investigaciones abiertas vinculadas a la actividad huelguista docente.

Varios partidos políticos de la oposición han salido también al paso de la información para exigir la comparecencia de la consellera Núria Parlon. Junts, ERC Comuns y CUP han manifestado su rechazo por el presunto espionaje y los tres últimos han pedido la dimisión del director de la policía, Josep Lluís Trapero.

“En un país democrático, es inadmisible infiltrar a la policía en reuniones preparatorias de huelgas”, ha afirmado el portavoz adjunto de ERC en la Cámara catalana, Jordi Albert. “Es un hecho de extrema gravedad”, ha añadido, y ha alertado del silencio de Trapero en las últimas horas. “¿Dónde está el director de la policía?”.

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha asegurado que, si el director de la policía estaba al caso del operativo, “debe ser destituido”, y que si no lo estaba, “también”, porque eso demostraría que desconoce qué ocurre en el cuerpo.

Desde los Comuns, el diputado Andrés García Berrio ha exigido una “investigación efectiva” de los hechos, explicaciones urgentes y una rectificación si se confirma que hubo agentes infiltrados. “Infiltrar agentes policiales en una asamblea sindical traspasa todas las líneas rojas”, ha afirmado García Berrio.

Los hechos sucedieron en una asamblea del pasado miércoles en el Institut Pau Claris de Barcelona a la que acudieron un centenar de docentes, según fuentes presentes. A la reunión estaban convocados docentes activistas de la capital catalana, de cara a preparar las movilizaciones previstas para este mayo y junio. 

Avanzada la asamblea, algunos docentes sospecharon de la presencia de dos asistentes y les pidieron que se identificaran. En un aparte, les reclamaron sus credenciales como trabajadores del Departamento de Educación, pero no pudieron ofrecerlas. Ambas afirmaron que procedían de un centro educativo de Santa Coloma de Gramenet, pero asistentes a la asamblea comprobaron que no era cierto, tal como aseguran a este diario docentes que lo presenciaron. 

Tras el incidente, las dos falsas maestras abandonaron el lugar. Al día siguiente, los cuatro sindicatos que convocan la huelga (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) acusaron al Departamento de Interior de infiltrar dos agentes de paisano en la asamblea. En un comunicado conjunto, exigieron explicaciones a su consellera, Núria Parlon, y que aclare también desde cuándo llevan a cabo operativos como este. “Reivindicamos que el derecho sindical y de reunión son derechos fundamentales”, reclamaban.

Este caso de presunto espionaje añade tension entre el profesorado y la Generalitat, que mantienen un pulso sobre las condiciones laborales con la convocatoria de numerosas jornadas de huelga este mayo y junio. Por si fuera poco, el malestar docente se ha avivado en los últimos días por otra cuestión vinculada a los Mossos: el plan piloto de desplegar agentes de paisano en algunos centros y que buena parte de la comunidad educativa rechaza.

Profesores que asistieron este miércoles una asamblea para preparar las huelgas del sector en Barcelona han asegurado que detectaron a dos asistentes “infiltrados” de los Mossos d’Esquadra. Así lo han denunciado al menos tres sindicatos, CGT, Professors de Secundària e Intersindical, que piden explicaciones a los departamentos de Educación e Interior. 

La asamblea de profesores del Consorcio de Educación de Barcelona y de la comarca del Barcelonès se celebró este miércoles en el Instituto Pau Claris. Durante la reunión, señalan fuentes presentes en el lugar, algunos docentes interpelaron a dos asistentes a los que no conocían. Estos, según su relato, se identificaron como profesores de un instituto concreto, pero al pedirles credenciales, no pudieron ofrecerlas.

Los organizadores, añade fuentes presentes, se llevaron a los dos falsos docentes a un aparte, y al cabo de poco comprobaron también que no pertenecían al instituto que habían mencionado. Esto provocó que abandonaran el recinto entre acusaciones de ser policías. 

Los sindicatos aseguran que se trata de agentes de los Mossos d’Esquadra infiltrados para controlar las movilizaciones docentes. Durante el mes de mayo y principios de junio, el profesorado catalán está convocado a tres huelgas en toda Catalunya y varias más por territorios. 

Pese a las acusaciones, la conselleria de Interior ha declinado confirmar o desmentir la noticia. Algunos partidos, por su parte, se han sumado a las quejas. ERC y los Comuns, por ejemplo, han pedido también a las conselleras de Educación e Interior que den explicaciones sobre este supuesto operativo en sede parlamentaria. 

“Es un ataque directo a la libertad de reunión y asociación, coarta los derechos sindicales y la lucha educativa”, lamentan en un comunicado la CGT. “Se niegan a hablar con los sindicatos que convocamos la huelga, pero nos envían la polícia a poner la oreja”, se queja su secretaria general de educación, Laura Gené. 

La Intersindical, por su parte, lo vincula además con el plan piloto de desplegar mossos en algunos institutos. “Cualquier intento de monitoreo policial invalida la democracia que dicen defender”, afirman en un comunicado.

La Audiencia de Barcelona ha ratificado la prisión preventiva del padre del bebé de un mes maltratado en la capital catalana al considerar que existen “indicios sólidos” de que vejó y lesionó de forma habitual a su hijo, pero ha dejado libre a la madre de la víctima, encarcelada junto a su pareja el pasado 23 de marzo.

El bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generaltiat, la antigua DGAIA. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a ambos progenitores en Barcelona el 18 de marzo, en el marco de una investigación a cargo de la Oficina de Atención al Menor de la policía catalana. Fue el Hospital Vall d'Hebron, donde ingresó el menor debido a sus lesiones, el que dio la alerta de la posible existencia de malos tratos.

Las magistradas diferencian el papel de los dos progenitores. Los indicios contra la madre de haber participado activamente en el maltrato al bebé, resalta el auto, “han mermado significativamente” con el avance de la investigación, lo que permite revocar la prisión provisional. Eso sí, la madre seguirá sin poder ver a su hijo y tiene prohibido salir de España.

Lo contrario ocurre con el padre, que seguirá en la cárcel ante los “indicios sólidos” de que maltrató de forma habitual a su hijo y le provocó lesiones relevantes. “Los delitos son graves y por lo tanto la medida de prisión provisional desde el punto de vista de la gravedad de los hechos y de los indicios de criminalidad existentes, sí está justificada”, indica el tribunal.

La duración total de la prisión preventiva, advierten las magistradas, “no podrá exceder de seis meses” salvo que durante la instrucción aparezcan nuevos motivos para mantenerla. Es decir, que si no afloran más indicios, el acusado saldrá de la prisión preventiva en septiembre a la espera de un juicio donde se expondrá a altas penas de cárcel.

No aprecian las magistradas riesgo de reiteración delictiva en el padre, toda vez que el bebé es su único hijo y se encuentra tutelado por la Generalitat. El motivo para confirmar la prisión preventiva es el riesgo de que el investigado “pueda contaminar” a los testigos pendientes de declarar, que son personas de su entorno más cercano.

Sí expresan más cautelas las magistradas sobre el delito de agresión sexual atribuido inicialmente a ambos progenitores. Sobre este tipo penal, argumentan las togadas, “son más dudosos los indicios existentes”.

El indicio de criminalidad “más sólido que existe” en la causa contra el padre es la “abundante documentación médica” que acredita las lesiones del bebé, a quien sus padres llevaron a distintos centros hospitalarios ante de que el Vall d'Hebron alertara a los Mossos.

El avance de las pesquisas, con la declaración de varios testigos, ha permitido apuntar a que el “autor material” de las lesiones al bebé sería el padre y no la madre, agregan las magistradas.

Uno de los más relevantes para las juezas es una compañera de habitación de la pareja, quien pidió ayuda al personal del hospital tras descubrir al padre tapando la boca del bebé porque lloraba, zarandeándolo y dándole un biberón “de forma brusca”. En cambio, esta testigo no dijo nada de la madre.

Además, en el móvil de la madre han aparecido varias búsquedas que denotan, a criterio de las juezas, su “preocupación por el estado de salud del bebé” y por cómo lo trataba su pare, además del “malestar” de la mujer por su relación de pareja.

Entre otras, consta que el 2 de marzo la mujer buscó “a mi pareja le queda grande el bebé”, “mi pareja no sobrelleva al bebé”; el 4 de marzo realizó la búsqueda “mi pareja no trata bien a mi bebé”; y el día 13, “no es cariñoso con mi bebé” y “se pone nervioso, chilla con el bebé en brazos”.

Los Mossos d'Esquadra que custodian el Parlament han interceptado este miércoles un paquete sospecho enviado a las oficinas de la CUP en la Cámara. Los hechos han ocurrido poco después de medio día, cuando los agentes que custodian la institución han detectado un envío sin remitente que, al pasarla por el escáner, mostraba en su interior un circuito e imanes. Tras la sorpresa, han activado el protocolo de explosivos y han avisado a su unidad de Tedax.

Tras la gestión de la caja por los técnicos, la policía ha comprabado que el envío no contenía ningún material explosivo, sino un libro con un circuito eléctrico en su interior, por lo que han dado por concluida la amenaza. Sin embargo, el paquete incluía mensajes que la organización ha identificado como “racistas, homófobos y de extrema derecha”.

Miembros de la CUP así como de la Presidencia del Parlament han podido ver el contenido del paquete, entre ellos el libro con el circuito eléctrico y la nota escrita en catalán en las páginas iniciales.

Desde la formación anticapitalista inscriben este hecho dentro del auge de los discursos de extrema derecha y “cómo impacta en la calle su expresión violenta”. Según señalan, el envío de estos mensajes se suma a la agresión con gas pimienta en Cerdanyola y Ripollet el pasado fin de semana, el lanzamiento de cócteles molotov a un centro de menores en Vallirana o el atropello múltiple a menores en Granollers ocurrido en septiembre del año pasado, en el que se apuntaron motivos racistas por las consignas de su autor.

Vamos a seguir hoy con el tema de los policías en los institutos catalanes, porque es probable que la Generalitat anticipara una cierta contestación a su plan de introducir mossos d'escuadra en algunos institutos, pero no sé si preveía el rechazo absoluto que ha generado. En todos los frentes. Por estigmatizar a los centros, por aplicar una solución policial a un problema educativo, por muchas razones.

Vamos en orden, porque la semana pasada, cuando se conoció el plan, había pocos detalles de una medida que, por mucho que insista el Govern, no es habitual. Lo que sabemos: los llamados Agentes de Convivencia empezarán en 14 centros, la mayoría institutos de Secundaria o institutos-escuela. Los mossos irán desarmados y de paisano y, a diferencia de lo que se dijo la semana pasada, no tendrán un destino permanente. Son seis en total para los 14 centros.

Tampoco está previsto que se relacionen con el alumnado y, de hecho, la Generalitat ha anunciado que el plan será voluntario para los centros. Aquí encuentras todos los detalles que se conocen hasta ahora.

Lo que también se ha ido conociendo con el paso de los días es que al menos cuatro de los 14 centros seleccionados para recibir a los mossos han rechazado participar en el plan. En otros ha habido protestas de familias y profesorado porque lo consideran innecesario y “un insulto”, en palabras de los docentes. “No le encontramos ninguna justificación. Evidentemente tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana”, explicaba una profesora. Es “un ataque racista y estigmatizador”, añade el alumnado.

Pero, ¿qué van a hacer los policías en los institutos? No está claro. El Departament d'Educació no lo ha dicho con claridad. Aportarán “una mirada externa y especializada” en mediación de conflictos que puedan superar lo pedagógico, intentó explicar en primera instancia. “Los centros tendrán flexibilidad”, añadió aludiendo al carácter de prueba piloto.

Las partes ni siquiera se ponen de acuerdo en el origen del plan. La consejera Niubó sostiene que nace de “una demanda”, pero el principal sindicato de la escuela pública dice que “nadie lo ha pedido”. Muchos docentes conceden que puede haber un aumento de la violencia en algunos centros, pero que nunca sería esa su solución. Y recuerdan: se eliminaron 120 educadores sociales porque no había fondos, pero sí los hay para mossos.

Un pequeño desaguisado de la Generalitat, al menos en la comunicación que se ha hecho de la medida. De hecho, el Govern quería informar del plan a posteriori, consciente probablemente de que no era lo más popular que podía hacer.

Esta medida viene a ahondar en el malestar del profesorado catalán que, no satisfecho con dos, ha convocado la tercera oleada de protestas en lo que va de curso. Mayo y junio vivirán cinco jornadas de protestas en la calle, tres comunes a todos y dos en cada territorio. Os recuerdo que la Generalitat pactó con CCOO y UGT tras las dos primeras rondas de protestas, pero los que ostentan la mayoría de la representación (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) rechazaron el acuerdo y mantienen la presión.

No son los únicos, por cierto. Os he hablado de la conflictividad generalizada entre el profesorado, y las protestas no paran. A los docentes catalanes se unen los gallegos, que este martes han convocado el sexto paro en lo que va de curso. Como sus compañeros del resto del país, el profesorado gallego se siente sobrecargado y denuncia que no ha visto una reversión completa de los recortes de la década pasada, además de tener el agravio propio de una instrucción de la Consellería que impone la “neutralidad ideológica”, un término que utiliza habitualmente la ultraderecha.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota