La Mesa de Les Corts Valencianes estudia un informe del departamento jurídico con el que decidirá si sanciona a las tres docentes que protestaron en defensa de la educación pública durante la sesión de control al president de la Generalitat del pasado 21 de mayo. El letrado del Parlamento plantea varias medidas que podría aplicar la presidenta, Llanos Massó, de Vox, a propuesta de los miembros de la Mesa, donde PP y la ultraderecha tienen mayoría. Fuentes del parlamento valenciano han explicado que todavía no se ha decidido nada y que, previsiblemente, en la próxima reunión del órgano del parlamento valenciano se propondrá una resolución.

El informe interno propone, entre las posibles medidas, sancionar a Compromís —el grupo parlamentario que invitó a las tres docentes— con la prohibición de invitar a terceras personas a la tribuna del hemiciclo durante un número de sesiones que determinaría la Mesa. Respecto a las docentes, el letrado cita dos precedentes —uno de Les Corts Valencianes y otro del Parlamento Vasco— y apunta a que la protesta podría encajar en un posible delito contra las instituciones del Estado o de desórdenes públicos. Sobre este último supuesto, matiza que podría no concurrir, al considerar que la protesta educativa “no tiene la intensidad de los precedentes”. En cualquier caso, sería la presidenta de Les Corts, también a propuesta de la Mesa, quien pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

En el precedente de Les Corts Valencianes, la condena a dos sindicalistas de UGT que protestaron contra el Consell de Eduardo Zaplana durante un pleno del año 2000 se saldó con una multa de 350 euros por un delito contra las instituciones del Estado. En el caso del Parlamento Vasco, dos activistas fueron condenados a nueve meses de prisión, también por un delito contra las instituciones del Estado.

En el caso de las tres docentes —que el propio informe considera de “menor intensidad” que los dos precedentes—, las huelguistas gritaron “consellera, dimisión” y lanzaron chalecos con el lema Docents en lluita, además de billetes falsos de 200 euros con el rostro de la consellera, María Carmen Ortí, y del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referencia a la propuesta de subifa salarial a los docentes que los sindicatos y la inmensa mayoría de profesoras y maestros han rechazado. Las tres mujeres abandonaron el hemiciclo acompañadas por trabajadores de Les Corts sin oponer resistencia. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Generalitat procedieron a identificarlas.

La presidenta Llanos Massó no presidió las Corts ese día por un asunto familiar y fue el vicepresidente Alfredo Castelló, del PP, quien tuvo que lidiar con la protesta, que duró unos pocos segundos.

La Mesa de les Corts Valencianes estudia un informe del departament jurídic amb què decidirà si sanciona les tres docents que van protestar en defensa de l'educació pública durant la sessió de control al president de la Generalitat del passat 21 de maig. El lletrat del Parlament planteja diverses mesures que podria aplicar la presidenta, Llanos Massó, de Vox, a proposta dels membres de la Mesa, on el PP i l'ultradreta tenen majoria. Fonts del parlament valencià han explicat que encara no s'ha decidit res i que, previsiblement, en la pròxima reunió de l'òrgan rector de la cambra es proposarà una resolució.

L'informe intern proposa, entre les possibles mesures, sancionar Compromís —el grup parlamentari que va convidar les tres docents— amb la prohibició de convidar terceres persones a la tribuna de l'hemicicle durant un nombre de sessions que determinaria la Mesa. Respecte a les docents, el lletrat cita dos precedents —un de les Corts Valencianes i un altre del Parlament Basc— i apunta que la protesta podria encaixar en un possible delicte contra les institucions de l'Estat o de desordres públics. Sobre aquest últim supòsit, matisa que podria no concórrer, en considerar que la protesta educativa “no té la intensitat dels precedents”. En qualsevol cas, seria la presidenta de les Corts, també a proposta de la Mesa, qui posaria els fets en coneixement de la Fiscalia.

En el precedent de les Corts Valencianes, la condemna a dos sindicalistes d'UGT que van protestar contra el Consell d'Eduardo Zaplana durant un ple de l'any 2000, es va saldar amb una multa de 350 euros per un delicte contra les institucions de l'Estat. En el cas del Parlament Basc, dos activistes van ser condemnats a nou mesos de presó, també per un delicte contra les institucions de l'Estat.

En el cas de les tres docents —que el propi informe considera de “menor intensitat” que els dos precedents—, les vaguistes van cridar “consellera, dimissió” i van llançar jupetins amb el lema “Docents en lluita”, a més de bitllets falsos de 200 euros amb el rostre de la consellera, María Carmen Ortí, i del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referència a la proposta de pujada salarial als docents que els sindicats i la immensa majoria de professores i mestres han rebutjat. Les tres dones van abandonar l'hemicicle acompanyades per treballadors de les Corts sense oposar resistència. Posteriorment, agents de la Policia Nacional adscrits a la Generalitat van procedir a identificar-les.

La presidenta Llanos Massó no va presidir les Corts aquell dia per un assumpte familiar i va ser el vicepresident Alfredo Castelló, del PP, qui va haver de bregar amb la protesta, que va durar uns pocs segons.

“Que sepa usted, para su tranquilidad, que la denuncia que ustedes hicieron ante la Fiscalía por el uso de catéteres en el hospital de Elche ha sido archivada”. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha revelado este martes en su comparecencia en las Corts para explicar los presupuestos de su conselleria que ha sido desestimada que el PSPV llevó a la Fiscalía por la supuesta reutilización de catéteres de un solo uso en el hospital del Vinalopó del departamento de Elche-Crevillente que gestiona Ribera Salud.

La iniciativa judicial se fundamentó en la información avanzada por elDiario.es en la que se revelaron correos electrónicos internos del grupo Ribera Salud en los que se daba instrucciones para reutilizar hasta en 10 ocasiones catéteres de un solo en el mencionado centro sanitario, una práctica expresamente prohibida por la normativa europea y española por el riesgo que supone para la seguridad del paciente.

En concreto, un correo fechado el 6 de octubre de 2025, remitido por la jefa de auditoría del grupo, instaba a aplicar en el hospital de Torrejón prácticas que, según el propio mensaje, “ya se estaban realizando en Elche”, con el objetivo de ahorrar costes.

Fuentes de Sanidad han confirmado a preguntas de elDiario.es que fue el pasado 29 de abril cuando el ministerio fiscal archivó definitivamente las diligencias, es decir, dos meses después de que se pusiera la denuncia.

En cuanto al presupuesto de en materia de Sanidad, Gómez ha puesto en valor los aumentos en materia de infraestructuras, de atención primaria o de salud mental y adicciones, mientras tanto los representantes de Compromís, Carles Esteve, y del PSPV, Yaissel Sánchez, se han mostrado muy críticos con el exceso de derivaciones a la privada.

El presupuesto de la Conselleria de Sanidad para 2026 asciende a 9.453 millones de euros, lo que supone un aumento de 267 millones de euros respecto a las cuentas del pasado ejercicio, es decir, casi un 3% más.

Durante su comparecencia Gómez, ha afirmado que una vez más el presupuesto que se destina a su departamento “es histórico ya que este Consell año tras a año ha ido incrementándolo”. “Es más, -ha continuado- supone un 36% del total del presupuesto no financiero de la Generalitat, prueba evidente de que la sensibilidad hacia las políticas sanitarias es esencial en las decisiones de este Gobierno”.

Entre las medidas importantes en esta área, ha destacado la puesta en marcha de los Centros de Atención Urgente 24 horas, un compromiso adquirido por el presidente Pérez Llorca en su discurso de investidura. Estos centros mejorarán el rendimiento del resto del sistema sanitario. Por un lado, liberando capacidad en los centros de salud, y por otro, al reducir presión sobre las urgencias hospitalarias mediante protocolos de derivación eficientes. Se prevé una inversión total de 12 millones de euros, de ellos 5 se incorporan ya en las cuentas de 2026.

Las nuevas tecnologías también van a mejorar los resultados de la Atención Primaria y a facilitar la labor administrativa a los profesionales. En este ámbito destacan dos proyectos. Por una parte,  el asistente virtual , que va a permitir dar respuesta al 100% de las llamadas a los centros y a distribuir la demanda de los usuarios de manera más precisa para que sean atendidos por el profesional más adecuado en cada caso. Además, se completará la tramitación para la puesta en macha  del denominado Escriba Digital, con el que se agilizará la atención de los profesionales y, por tanto, se ganará en eficacia, eficiencia y humanización.

En cuanto al equipamiento, la Conselleria de Sanidad dota a los centros de salud de herramientas de última generación como ecógrafos, retinógrafos, dermatoscopios y equipos Doppler. Para Marciano Gómez, “esto permite a los médicos de Familia realizar pruebas diagnósticas sin necesidad de derivar al paciente al hospital, lo que contribuye a la reducción de las listas de espera y agiliza la detección de enfermedades crónicas o graves”.

Un 10% más de inversión en obras de Atención Primaria

El presupuesto de 2026 contempla 89 millones de euros para infraestructuras de Atención Primaria, un 10% más que en el ejercicio anterior, para construir nuevos centros, reformar o iniciar la tramitación administrativa de otros.

Entre las inversiones previstas destacan en la provincia de Alicante los centros de salud Elx-Travalón, Alicante-PAU 2, Alicante Garbinet, Pedreguer, Alicante-La Condomina, San Vicent del Raspeig, Elche San Fermín, Guardamar de Segura, Algorfa, Alcoy-La Bassa, CSI Alicante-calle Gerona entre otros.

En la provincia de Castellón, el CSI Vinaròs II; los centros de salud de Fernando el Católico de Castellón, Vila-real IV, Almassora, Forcall, Oropesa, Montanejos y el consultorio auxiliar de Sant Jordi, entre otras actuaciones.

En cuanto a la provincia de Valencia, cabe mencionar los centros de salud Valencia-Antonio Suárez, Valencia Benimámet, Valencia-Penya-roja Rafelbunyol, Godella, Puerto de Sagunto II, Requena, Xàtiva-La Murta, La Pobla de Vallbona y el CSI Alaquàs, entre otros.

Nuevas unidades en Salud Mental y Adicciones

Las políticas de Salud Mental y Adicciones reciben una dotación de casi 219 millones de euros, lo que supone un incremento de 26,6 millones de euros, un 14% más respecto al pasado año. En esta línea, el conseller ha manifestado que “los recursos presupuestados son los necesarios para poder afrontar los importantes retos que teníamos fijados en esta área y que se enmarcan en el Plan de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 que cuenta con una dotación de 724 millones de euros”.

Entre las principales iniciativas que se van a llevar a cabo este año cabe señalar la apertura de nuevas unidades hospitalarias de atención a adolescentes; la puesta en marcha de 8 unidades de neurodesarrollo, específicas para la atención al TDAH y al autismo refractarios; la creación de 23 Unidades de Prevención Indicada de las Adicciones, dirigidas a adolescentes; la implantación de Hospitales de Día para Patología Dual; y la puesta en marcha de 18 hospitales de día de salud mental para adultos con una dotación global de 6,2 millones (1,6 millones en 2026) y otros 18 para niños y adolescentes con un presupuesto de 14,2 millones (3,6 millones en 2026).

En esta legislatura se ha incrementado en un 21,2% el número de plazas de formación en Salud Mental, un crecimiento que duplica al registrado en el conjunto de España, donde el aumento es del 9,7%. “La Comunitat Valenciana ha dejado de ser una autonomía con poca capacidad de atracción y retención de talento para convertirse en una de las grandes referencias nacionales en formación sanitaria especializada en Salud Mental. Hoy no solo formamos más especialistas, sino que conseguimos retenerlos y atraer a profesionales procedentes de otras comunidades autónomas, algo impensable hace apenas unos años”, ha remarcado Marciano Gómez.

El Defensor del Pueblo acaba de abrir una actuación ante la Dirección General de la Policia solicitando información detallada acerca de la actuación policial del pasado domingo, 31 de mayo, en la ciudad de Valencia, en la que una persona, en el transcurso de una manifestación de docentes junto a la Conselleria de Educación, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional.

A través de videos difundidos por los medios de comunicación, esta institución ha tenido conocimiento de los incidentes acaecidos el pasado domingo en Valencia, cuando un grupo de docentes -en huelga desde hace semanas- se manifestaban en defensa de la educación pública y una asistente a la concentración -al parecer maestra jubilada- fue empujada fuertemente por la espalda sufriendo lesiones tras golpearse con el suelo sin haber existido, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad. Pareciera que, tras observación del video, se utilizó la fuerza de manera desproporcionada.

El Defensor del Pueblo recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido doctrina respecto al uso de la fuerza por los funcionarios policiales, que se exige el cumplimiento de determinados requisitos y que, además de tener que ser proporcionado, para hacer uso de la fuerza ha de concurrir un determinado grado de resistencia por parte del sujeto pasivo.

El Defensor del Pueblo reclama a la Dirección General de la Policia un informe valorativo sobre lo hechos, que se le haga llegar documentación audiovisual que pudiera existir sobre el suceso diferente a la difundida por los medios de comunicación, y que le informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse como consecuencia de esta actuación policial.

La plaza de la Virgen de València ha amanecido este martes con 31 tiendas de campaña rodeando el espacio, donde cerca de 50 docentes han pasado una noche “tranquila” y donde piensan continuar hasta que la Conselleria de Educación “muestre una voluntad negociadora”.

En el marco de la cuarta semana de huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, esta iniciativa ha surgido de forma “espontánea e informal”, según ha contado a EFE Carlos Boix, uno de los portavoces de la acampada, situada a los pies de la Catedral, la Basílica y el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, Boix ha señalado que la intención es continuar ocupando la plaza de forma indefinida hasta que la consellera de Educación, Carmen Ortí, “muestre una voluntad negociadora que hasta ahora no ha tenido”.

El organizador ha explicado que a lo largo del día establecerán un sistema de rotaciones para que “haya movimiento y presencia todo el rato” y ha asegurado que “cuanto más gente venga, mejor”, al igual que por las noches: “Esto es libre, quien quiera puede quedarse”, ha añadido.

Esta mañana se han podido contar más de 30 tiendas de campaña, una de ellas preparada con toldos y llena de provisiones de comida, agua y refrescos, donde los docentes se han podido proteger del sol y alimentarse con productos como fruta, dulces, empanadillas y botellas de agua guardadas en neveras de playa.

Además de acampar, los docentes tienen previsto hacer talleres de pancartas, de resistencia pacífica y otras actividades como conciertos, que irán preparando conforme pase el tiempo, además de organizarse por comisiones para controlar la logística, traer material de limpieza y más comida.

La autorización debe ser municipal

Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que “todo elemento de ocupación de la vía pública” debe tener la autorización del Ayuntamiento, por lo que su incumplimiento “será una falta administrativa que el consistorio deberá proceder a resolver acorde a su propia normativa”.

En cuanto a la acampada de València, las propias ordenanzas del Consistorio valenciano señalan que la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal (artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal), que prohíben la pernocta y acampada (artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines).

La Delegación del Gobierno, explican, garantiza la protección del derecho de reunión. Además, tal y como recoge el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana”.

La Delegación del Gobierno deberá garantizar el derecho fundamental de reunión así como la seguridad de quienes lo ejercen y de quienes transitan alrededor: “En ello seguiremos trabajando”.

Las rentas bajas, las que más problemas tienen para acceder a una vivienda y en general para llegar a fin de mes, serán las que menos se beneficien del nuevo tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aprobado por el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca y que implicará una merma en los ingresos de la Generalitat de 160 millones de euros en un momento en el que la administración valenciana tiene serios problemas de tesorería y no puede hacer frente a las mejoras en la educación pública que han desencadenado una huelga que alcanza su cuarta semana de protestas.

Así, la nueva escala aprobada por el Consell beneficiará especialmente a las rentas medias y altas. En concreto, las rentas de hasta 12.000 euros se verán beneficiadas con un ahorro de 0,20% al pasar de un tipo aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, el ahorro será del 0,30%; las rentas de 42.000 euros hasta 72.000 euros tendrán un ahorro del 0,60% y a partir de esa cuantía será del 0,40% (ver tablas). De esta forma, el ahorro será un 25% más para estas rentas que para las de la franja de entre 12.000 y 22.000 euros. Si vamos a casos concretos, términos absolutos, una persona con una renta de 22.000 euros se ahorrará 54 euros y otra con una renta de 72.000 euros se ahorrará 324 euros.

De esta forma, los casi 2 millones de contribuyentes con rentas de hasta 30.000 euros se van a ahorrar entre 1 y 48 euros, mientras que las 693.048 personas con rentas de entre 30.000 y 80.000 euros tendrán un ahorro de entre 91 y 317 euros. Por su parte, los 68.328 contribuyentes con rentas superiores a 80.000 euros se ahorrarán entre 358 euros y 424 euros.

Así se recoge en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat -conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento- y cuyas novedades ha dado a conocer este lunes el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

El titular de Hacienda ha explicado que esta misma mañana ha salido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) el anuncio del trámite de audiencia ciudadana del Anteproyecto de Ley, que acompaña al Proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 presentada el pasado viernes.

Rovira ha recordado que cuando llegaron al Gobierno valenciano aplicaron una reducción con la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, implementamos las medidas de las deducciones por salud y deporte, y justo este lunes, 1 de junio, ha entrado en vigor la reducción de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El conseller ha señalado que “faltaba dar el paso en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que la Comunitat Valenciana tiene los tipos más altos de toda España. Y lo que vamos a hacer es una rebaja que afecta a todos los tramos, especialmente a las rentas medias y bajas, y que alcanzará a 2,7 millones de contribuyentes concentrados de una manera especial entre los tramos de 32.000 y 72.000 euros”.

El conseller ha señalado que esta medida se implementará en la Renta de 2026 cuya campaña se realizará en 2027. “Nuestro interés es que sea sostenible en el tiempo, por eso lo vamos haciendo de una manera progresiva”, ha manifestado.

Reducción de la carga fiscal y mantenimiento de la progresividad

Rovira ha explicado que el objetivo “es reducir la carga fiscal sobre rentas bajas y medias y controlar el impacto presupuestario además de mantener la progresividad del impuesto”.

Así, los primeros pasos que se han dado se centran en la reducción generalizada de tipos entre 0,2 y 0,6 puntos y mayor intensidad entre 32.000 euros y 72.000 euros. No hay cambios a partir de los 150.000 euros. El conseller ha remarcado que el 72% de los beneficiarios “son rentas inferiores a 30.000 euros y que el 87,3 % del ahorro total se concentra en contribuyentes con rentas inferiores a 80.000 euros”.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley establece medidas en impuestos de Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo de las empresas familiares. “Era una medida que nos habían planteado principalmente desde la empresa familiar. Más del 90 % de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares y era de justicia escucharlos y plantear medidas que garanticen que este tipo de negocios puedan continuar”, ha añadido el conseller.

Les rendes baixes, les que més problemes tenen per a accedir a un habitatge i, en general, per a arribar a final de mes, seran les que menys es beneficiaran del nou tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aprovat pel Govern valencià que presideix Juan Francisco Pérez Llorca i que implicarà una pèrdua en els ingressos de la Generalitat de 160 milions d'euros en un moment en què l'Administració valenciana té seriosos problemes de tresoreria i no pot fer front a les millores en l'educació pública que han desencadenat una vaga que arriba a la seua quarta setmana de protestes.

Així, la nova escala aprovada pel Consell beneficiarà especialment les rendes mitjanes i altes. En concret, les rendes de fins a 12.000 euros es veuran beneficiades amb un estalvi del 0,20% en passar d'un tipus aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, l'estalvi serà del 0,30%; les rendes d'entre 42.000 i 72.000 euros tindran un estalvi del 0,60%, i a partir d'aquesta quantia serà del 0,40% (vegeu les taules). D'aquesta manera, l'estalvi serà un 25% superior per a aquestes rendes que per a les de la franja d'entre 12.000 i 22.000 euros. Si anem a casos concrets, en termes absoluts, una persona amb una renda de 22.000 euros s'estalviarà 54 euros i una altra amb una renda de 72.000 euros s'estalviarà 324 euros.

D'aquesta manera, els quasi 2 milions de contribuents amb rendes de fins a 30.000 euros s'estalviaran entre 1 i 48 euros, mentre que les 693.048 persones amb rendes d'entre 30.000 i 80.000 euros tindran un estalvi d'entre 91 i 317 euros. Per la seua part, els 68.328 contribuents amb rendes superiors a 80.000 euros s'estalviaran entre 358 i 424 euros.

Així es recull en l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat —coneguda comunament com a Llei d'Acompanyament—, les novetats de la qual ha donat a conéixer aquest dilluns el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira.

El titular d'Hisenda ha explicat que aquest mateix matí ha sigut publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l'anunci del tràmit d'audiència ciutadana de l'Avantprojecte de Llei, que acompanya el Projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2026 presentat divendres passat.

Rovira ha recordat que quan van arribar al Govern valencià van aplicar una reducció amb la bonificació del 99% de l'Impost de Successions i Donacions, van implementar les mesures de deducció per salut i esport i, just aquest dilluns, 1 de juny, ha entrat en vigor la reducció de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

El conseller ha assenyalat que “faltava fer el pas en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ja que la Comunitat Valenciana té els tipus més alts de tot Espanya. I el que farem és una rebaixa que afecta tots els trams, especialment les rendes mitjanes i baixes, i que arribarà a 2,7 milions de contribuents, concentrats especialment en els trams d'entre 32.000 i 72.000 euros”.

El conseller ha assenyalat que aquesta mesura s'aplicarà en la renda de 2026, la campanya de la qual es farà el 2027. “El nostre interés és que siga sostenible en el temps, per això ho anem fent d'una manera progressiva”, ha manifestat.

Reducció de la càrrega fiscal i manteniment de la progressivitat

Rovira ha explicat que l'objectiu “és reduir la càrrega fiscal sobre les rendes baixes i mitjanes i controlar l'impacte pressupostari, a més de mantenir la progressivitat de l'impost”.

Així, els primers passos que s'han donat se centren en la reducció generalitzada de tipus entre 0,2 i 0,6 punts, amb una major intensitat entre 32.000 i 72.000 euros. No hi ha canvis a partir dels 150.000 euros. El conseller ha remarcat que el 72 % dels beneficiaris “són contribuents amb rendes inferiors a 30.000 euros i que el 87,3 % de l'estalvi total es concentra en contribuents amb rendes inferiors a 80.000 euros”.

D'altra banda, l'Avantprojecte de Llei estableix mesures en els impostos de Successions i Donacions per a facilitar el relleu de les empreses familiars. “Era una mesura que ens havien plantejat principalment des de l'empresa familiar. Més del 90 % de les empreses de la Comunitat Valenciana són familiars i era de justícia escoltar-les i plantejar mesures que garantisquen que aquest tipus de negocis puguen continuar”, ha afegit el conseller.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha endurit aquest dilluns el to del seu discurs contra els docents en vaga quan el conflicte entra en la seua quarta setmana sense que la Generalitat haja aconseguit plantejar un pla prou ambiciós per a convéncer milers de treballadors públics de tornar a les aules i deixar de perdre milers d'euros amb les aturades. El cap del Consell ha situat les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) com una “línia roja” en la negociació amb els sindicats docents. Ha advertit que el Consell no acceptarà “cap tipus de negociació” si es produeixen accions de pressió que afecten el normal desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, una situació difícil que es produïsca després que s'hagen decretat uns serveis mínims del 100% i s'hagen constituït tots els tribunals, tot i la dimissió d'uns 200 correctors.

A més, el president ha acusat part dels sindicats de generar “tensió” en el conflicte i ha defensat que el dret a la protesta “no pot traduir-se en perjudicis per als estudiants”. Pérez Llorca ha carregat contra els docents vaguistes per suposades “coaccions” a companys. En concret, ha al·ludit a denúncies de la Conselleria d'Educació sobre pressions a professors que no volen secundar la vaga i a grups de WhatsApp en els quals s'hauria difós informació personal de la consellera d'Educació, Carmen Ortí, el departament de la qual ha habilitat una bústia de denúncies. El president ha afirmat que cap professor “s'identifica” amb els qui “filtren el domicili de la consellera i de la seua família” o amb els qui pressionen altres docents. El cap del Consell també ha parlat de grups a les xarxes socials que, segons ell, “inciten a actes vandàlics”.

Més llenya al foc ha tirat el conseller d'Hisenda i anterior titular d'Educació, José Antonio Rovira. “Cal donar-los 600 euros perquè vulguen?”, ha afirmat Rovira, que sosté que amb la proposta de pujada de 200 euros de la Generalitat els docents valencians quedarien entre els “millor pagats d'Espanya”.

Mentre Pérez Llorca i Rovira endureixen el seu discurs contra els docents, el col·lectiu comença a assenyalar també la Presidència de la Generalitat davant la falta d'acord amb la Conselleria d'Educació. Aquest dilluns, dues grans concentracions han entelat els dos actes del president: un al matí a la Ciutat de la Llum d'Alacant, sobre cinema, i un altre a la vesprada al Palau de la Música de València, durant el lliurament dels premis de la Generalitat a l'excel·lència acadèmica. En l'acte vespertí, el cap del Consell va haver d'accedir en cotxe oficial per l'aparcament de l'edifici públic i no per la porta principal, com és habitual, on l'esperaven centenars de manifestants reclamant millores en educació.

L'acte va començar passades les 18.30, però més d'una hora abans ja hi havia centenars de persones corejant els ja habituals lemes de “consellera, dimissió”, “vergonya” o “Pérez Llorca, on estàs?”. Les protestes van estar acompanyades per una banda de música que va amenitzar la vesprada. Els concentrats també van tindre temps per recordar la dona ferida aquest diumenge per un agent de la Policia Nacional que, segons denuncien els convocants, la va agredir per l'esquena mentre es manifestava en un carrer pròxim a la Conselleria d'Educació.

Els sindicats majoritaris (STEPV, CCOO i UGT) mantenen la vaga indefinida i han convocat una manifestació per a aquest dimarts a les 11.00 hores pel centre de València. La marxa conclourà a la plaça de la Mare de Déu, al costat del Palau de la Generalitat, on té el despatx el president.

Aquest dilluns, la Conselleria d'Educació va traslladar als sindicats majoritaris les seues noves propostes per a continuar negociant. De la documentació aportada, únicament les propostes sobre ràtios i plantilles incorporen millores. En qüestions com la burocràcia, les infraestructures, la inclusió educativa, el valencià, la Formació Professional i les condicions laborals, el departament que dirigeix María Carmen Ortí manté l'oferta presentada el 29 de maig, sobre la qual no es va assolir cap acord amb els sindicats.

“L'atomització o el retard intencionat de les negociacions per part de l'Administració ha quedat confirmat aquest dilluns, quan alguns representants de la unitat sindical han pogut comprovar el funcionament de les meses de treball plantejades per la Conselleria. Tot i que els sindicats havien de disposar prèviament de la documentació a tractar, l'han rebuda concretament 44 minuts abans de l'inici de la mesa. A més, els canvis són poc significatius i no tenen prou calat per a considerar-los rellevants. Així mateix, una mesa en què ni el secretari autonòmic ni la consellera participen difícilment pot introduir canvis importants, ja que els directors generals no disposen de competències per a acceptar modificacions que impliquen una partida econòmica superior”, han denunciat els tres sindicats.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha endurecido este lunes el tono de su discurso contra los docentes en huelga cuando el conflicto entra en su cuarta semana sin que la Generalitat haya logrado plantear un plan lo suficientemente ambicioso como para convencer a miles de trabajadores públicos de volver a las aulas y dejar de perder miles de euros con los paros. El jefe del Consell ha situado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) como una “línea roja” en la negociación con los sindicatos docentes. Ha advertido de que el Consell no aceptará “ningún tipo de negociación” si se producen acciones de presión que afecten al normal desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad, una situación difícil de que se produzca después de que se hayan decretado unos servicios mínimos del 100% y se hayan constituido todos los tribunales pese a la dimisión de unos 200 correctores.

Además, el president ha acusado a parte de los sindicatos de generar “tensión” en el conflicto y ha defendido que el derecho a la protesta “no puede traducirse en perjuicios para los estudiantes”. Pérez Llorca ha cargado contra los docentes huelguistas por supuestas “coacciones” a compañeros. En concreto, ha aludido a denuncias de la Conselleria de Educación sobre presiones a profesores que no quieren secundar la huelga y a grupos de WhatsApp en los que se habría difundido información personal de la consellera de Educación, Carmen Ortí, cuyo departamento ha habilitado un buzón de denuncias. El president ha afirmado que ningún profesor “se identifica” con quienes “filtran el domicilio de la consellera y de su familia” o con quienes presionan a otros docentes. El jefe del Consell también ha hablado de grupos en redes sociales que, según él, “alientan actos vandálicos”.

Más leña al fuego ha echado el conseller de Hacienda y anterior titular de Educación, José Antonio Rovira. “¿Hay que darles 600 euros porque quieran?”, ha afirmado Rovira, que sostiene que con la propuesta de subida de 200 euros de la Generalitat los docentes valencianos quedarían entre los “mejor pagados de España”.

Mientras Pérez Llorca y Rovira endurecen su discurso contra los docentes, el colectivo empieza a señalar también a la Presidencia de la Generalitat ante la falta de acuerdo con la Conselleria de Educación. Este lunes, dos grandes concentraciones han empañado sendos actos del president: uno por la mañana en la Ciudad de la Luz de Alicante, sobre cine, y otro por la tarde en el Palau de la Música de València, durante la entrega de los premios de la Generalitat a la excelencia académica. En el acto vespertino, el jefe del Consell tuvo que acceder en coche oficial por el aparcamiento del edificio público y no por la puerta principal, como es habitual, donde le esperaban cientos de manifestantes reclamando mejoras en educación.

El acto comenzó pasadas las 18.30, pero más de una hora antes ya había cientos de personas coreando los ya habituales lemas de “consellera dimisión”, “vergüenza” o “Pérez Llorca, ¿dónde estás?”. Las protestas estuvieron acompañadas por una banda de música que amenizó la tarde. Los concentrados también tuvieron tiempo para recordar a la mujer herida este domingo por un agente de la Policía Nacional que, según denuncian los convocantes, la agredió por la espalda mientras se manifestaba en una calle cercana a la Conselleria de Educación.

Los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) mantienen la huelga indefinida y han convocado una manifestación para este martes a las 11.00 horas por el centro de València. La marcha concluirá en la plaza de la Mare de Déu, junto al Palau de la Generalitat, donde tiene su despacho el president.

Este lunes, la Conselleria de Educación trasladó a los sindicatos mayoritarios sus nuevas propuestas para continuar negociando. De la documentación aportada, únicamente las propuestas sobre ratios y plantillas incorporan mejoras. En cuestiones como burocracia, infraestructuras, inclusión educativa, valenciano, Formación Profesional y condiciones laborales, el departamento que dirige María Carmen Ortí mantiene la oferta presentada el 29 de mayo, sobre la que no se alcanzó ningún acuerdo con los sindicatos.

“La atomización o retraso intencionado de las negociaciones por parte de la administración ha quedado confirmada este lunes, cuando algunos representantes de la unidad sindical han podido comprobar el funcionamiento de las mesas de trabajo planteadas por la Conselleria. A pesar de que los sindicatos debían disponer previamente de la documentación a tratar, la han recibido concretamente 44 minutos antes del inicio de la mesa. Además, los cambios son poco significativos y carecen de suficiente calado como para considerarlos relevantes. Asimismo, una mesa en la que ni el secretario autonómico ni la consellera participan difícilmente puede introducir cambios importantes, puesto que los directores generales carecen de competencias para aceptar modificaciones que impliquen una partida económica superior”, han denunciado los tres sindicatos.

El gener de 2024, l'expresident del Govern valencià Carlos Mazón va anunciar una auditoria general del sector públic amb l'objectiu de posar fi al “malbaratament” en què, segons denunciava de forma insistent una vegada i una altra, havia incorregut el Botànic liderat pel socialista Ximo Puig durant els seus huit anys de mandat. L'objectiu d'aquesta mesura era “detectar duplicitats i ineficiències en el sector públic” o, com també van repetir fins a l'avorriment tant ell com els diferents responsables del seu Consell i del PP, eliminar “greix polític”.

Així, per tractar de deixar en evidència l'anterior executiu d'esquerres liderat per Ximo Puig i per Mónica Oltra, als qui va acusar en els mesos previs a les eleccions de tindre “el Consell més car de la història”, Mazón va iniciar el mandat l'agost de 2023 amb 121 alts càrrecs, inclosos el president i els seus consellers i conselleres.

Quasi tres anys després, el “greix” que des del PP pregonaven que anaven a netejar en forma de despesa pública l'han multiplicat. Amb la diferència que el segon Govern del Botànic estava format per tres partits (PSPV, Compromís i Unides-Podem) i actualment el PP governa en solitari.

Malgrat aquesta circumstància, segons les últimes dades publicades al portal de Transparència de la Generalitat, l'actual Consell, presidit per Juan Francisco Pérez Llorca, compta amb 160 alts càrrecs, cosa que representa un cost salarial de 12,1 milions d'euros. Són 39 alts càrrecs més que els que hi havia quan Mazón va iniciar la legislatura. El maig de 2023, últim mes del Botànic, el Govern valencià de Ximo Puig comptava amb 150 alts càrrecs, amb un impacte de 10,2 milions d'euros per a les arques públiques.

Encara que a aquesta xifra se sumara el cost salarial dels assessors, que eren més nombrosos en l'etapa de Puig, la despesa total de l'actual estructura continuaria sent superior. Així, en l'última etapa del Botànic hi havia 116 assessors, que suposaven un cost de 6,1 milions d'euros. Per tant, el cost total d'aquesta estructura, sumant-hi els alts càrrecs, s'elevava a 16,3 milions d'euros. En el cas de Pérez Llorca, el seu Consell compta amb 93 assessors, amb un cost de 5,2 milions d'euros, mentre que Mazón es va autoimposar inicialment un límit de 72. Sumats als alts càrrecs, el cost total ascendeix a 17,3 milions d'euros.

Segons va informar elDiario.es, el Consell que presidia Carlos Mazón va aprovar el desembre del 2023 un complement salarial que per a aquest exercici 2026 suposa increments de fins a 25.000 euros bruts anuals per a alguns dels seus consellers i alts càrrecs. D'aquesta manera, es va aprovar l'anomenat complement personal, un incentiu per a millorar el salari a càrrecs d'altres administracions que tenen millor remuneració i que accedeixen a treballar al Govern valencià, tot i tindre un sou més baix. En virtut d'aquest complement, la pèrdua econòmica per a treballar a la Generalitat es redueix.

El PSPV qualificat al Consell de Pérez Llorca de “profundament indecent”

Respecte a això, el portaveu del PSPV a les Corts, José Muñoz, ha qualificat el Consell de Pérez Llorca de “profundament indecent”, ja que “és capaç d'escatimar als docents valencians oferint-los 75 euros més en 2026, mentre ara hem vist com es van apujar els sous tot just arribar a la Generalitat en 2023, amb augments salarials als alts càrrecs de fins al 36%, és a dir, de fins a 25.000 euros més d'una tacada, mentre la nòmina de càrrecs s'ha incrementat en una desena”.

Muñoz ha afegit: “Tenim el Govern valencià més car de la història, que suposa un desemborsament de més de 12 milions d'euros a l'any, quasi 50 milions per legislatura, només en alts càrrecs. Això són prop de 2 milions més que l'últim Consell del Botànic. És una vergonya i una indecència. Perquè es desmunta una vegada més les mentides del PP a la Generalitat, que va vindre amb un discurs miserable i antipolític contra el que anomenaven el greix polític, i ara resulta que al Consell del PP i Vox li puja el colesterol, i damunt, el dolent”.

El portaveu socialista ha assenyalat que “ja no és una qüestió de si els alts càrrecs del PP i Vox són els més cars de la història”, sinó que “el dramàtic és que el Consell del Ventorro, el Consell més incompetent, negligent i frívol que hem tingut els valencians, és també el més car” i s'ha preguntat “a què es dedica” l'executiu de Pérez Llorca perquè “estan buidant la sanitat pública i desviant massivament recursos cap a la privada; estan debilitant l'educació pública, mentre engreixen la privada i els centres que segreguen; i estan retallant drets i prestacions socials”.

Per a Muñoz, “el Consell de Mazón i el seu suplent Pérez Llorca, amb el suport de Vox, és una gran mentida, un gran frau en què totes i cadascuna de les promeses que els van portar a la Generalitat en 2023 s'han demostrat com una gran mentida i un tripijoc polític”.

La novena reunió de la mesa de negociació entre els sindicats educatius, la consellera Carmen Ortí i el seu equip ha finalitzat de forma abrupta amb un tancament improvisat. Malgrat que la titular d'Educació va aixecar la sessió tot just una hora i un quart després del seu inici, els representants d'STEPV, CCOO i UGT es van plantar i es van mantindre a l'interior de l'edifici de l'avinguda de Campanar, a València, a l'espera d'una resposta a la seua exigència de reobrir les negociacions sobre la qüestió retributiva, donada per tancada per l'Administració autonòmica amb els sindicats minoritaris CSIF i ANPE.

Passades les 22:30 hores, la consellera va citar els representants de les tres organitzacions al seu despatx. En aquesta trobada, Ortí els va confirmar que no es reobriria la negociació salarial i va instar els portaveus a abandonar el recinte públic. No obstant això, els líders sindicals van decidir desatendre el requeriment i romandre de manera indefinida a l'interior de l'immoble. Al recinte també romanien els membres de la Conselleria i els representants dels altres dos sindicats -CSIF ha publicat un vídeo en què el seu portaveu, José Seco, sol·licitava que se'ls deixara abandonar l'edifici-.

Tanmateix, els representants sindicals convocants de la vaga van abandonar el recinte al voltant de la mitjanit, després de rebre un requeriment en el qual se'ls comminava a fer-ho advertint-los que, de no deixar el complex, podrien ser sancionats per una falta molt greu, que podria comportar la inhabilitació i la separació del servei, “és a dir, perdre el nostre treball”. A l'eixida, s'han sumat als docents concentrats en l'exterior de la Conselleria.

Sobre les 00.15, la policia ha realitzat un intent de desallotjament davant la resistència pacífica d'unes desenes de docents. No va haver danys i els manifestants van seguir concentrats en un altres accés. La consellera d'Educació va haver d'eixir per una altra porta passada la una de la matinada.

El mateix portaveu d'STEPV, Marc Candela, va confirmar les circumstàncies des de l'interior de la Conselleria d'Educació: “La consellera ens ha rebut al seu despatx i ens ha dit que no reobrirà la negociació salarial”. Així mateix, Candela va denunciar públicament les fortes pressions rebudes per part de l'Administració per forçar-los a desallotjar el complex de Campanar, assegurant de manera taxant: “Pràcticament ens han amenaçat i obligat a eixir, però no ho farem”.

Hores abans, els representants dels docents li havien proposat a la consellera elevar una consulta directa sobre el tema retributiu —el que més rebuig va obtindre en la consulta realitzada entre el professorat— al conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, per estudiar la viabilitat d'una contraoferta. Aquesta petició va ser la que va provocar que Ortí decidira donar per acabada la reunió general de manera unilateral abans de rebre'ls al seu despatx per ratificar la seua postura.

La consellera va comparèixer davant dels mitjans de comunicació prèviament a eixa reunió amb els portaveus sindicals per advertir que el seu departament no prendrà decisions “sota pressió ni ocupació de l'espai”. Ortí va defensar que l'increment salarial ofert és “un boníssim acord” i va reiterar que aquest bloc no es reobrirà sota cap circumstància, ja que ja va ser firmat per CSIF i ANPE, emplaçant la resta d'organitzacions a avançar exclusivament en les meses sectorials temàtiques convocades a partir d'aquest dilluns.

Per contra, els sindicats majoritaris, protagonistes del tancament, insistixen que és “imprescindible” comptar amb un document base decent que aglutine de manera global totes les matèries del conflicte per a poder desactivar les aturades. Els representants dels treballadors recorden que un 91% del professorat valencià ha rebutjat l'actual esborrany i que un 94% s'oposa al pacte retributiu que la conselleria pretén blindar com a tancat, per la qual cosa consideren inviable continuar la negociació obviant el clamor de les bases.

Mentre es desenvolupava la mesa de negociació, la tensió es va traslladar a l'exterior del recinte. Centenars de docents van secundar la mobilització abrigant el tancament mitjançant diferents accions, com una asseguda i una cadena humana que va envoltar les instal·lacions de la Conselleria en protesta pel bloqueig institucional, unes protestes que es van prolongar durant la nit.

Aquesta mobilització a la via pública, que s'havia desenvolupat de manera pacífica durant les últimes tres setmanes, va viure aquest diumenge les primeres actuacions policials desproporcionades per part dels agents antiavalots. La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana ja ha anunciat l'obertura d'una investigació exhaustiva per a depurar responsabilitats davant l'agresió d'un agent de la Policia Nacional que va empènyer violentament una docent contra l'asfalt, un fet qualificat per les autoritats d'“inacceptable”.

La novena reunión de la mesa de negociación entre los sindicatos educativos, la consellera Carmen Ortí y su equipo ha finalizado de forma abrupta con un encierro improvisado y una actuación policial contra los manifestantes que se concentraban en uno de los accesos de la Conselleria de Educación. Pasadas las 00.15 de este lunes, agentes antidisturbios intentaron el desalojo a la fuerza a decenas de huelguistas que resistían pasivamente en uno de los accesos para intentar que nadie pudiera salir del edificio. Tras una primera actuación de los agentes, los manifestantes volvieron a sentarse en el acceso principal.

A pesar de que la titular de Educación levantó la sesión apenas una hora y cuarto después de su inicio, sobre las 19.15, los representantes de STEPV, CCOO y UGT se plantaron y se mantuvieron en el interior del edificio de la avenida de Campanar, en València, a la espera de una respuesta a su exigencia de reabrir las negociaciones sobre la cuestión retributiva, dada por cerrada por la Administración autonómica con los sindicatos minoritarios CSIF y ANPE.

Pasadas las 22:30 horas, la consellera citó a los representantes de las tres organizaciones a su despacho. En este encuentro, Ortí les confirmó que no se iba a reabrir la negociación salarial e instó a los portavoces a abandonar el recinto público. No obstante, los líderes sindicales decidieron desatender el requerimiento y permanecer de manera indefinida en el interior del inmueble. En el recinto también permanecían los miembros de la conselleria y los representantes de los otros dos sindicatos -CSIF ha publicado un vídeo en el que su portavoz, José Seco, solicitaba que se les dejara abandonar el edificio-.

No obstante, los representantes sindicales de las tres plataformas convocantes de la huelga abandonaron el recinto alrededor de la media noche, después de recibir un requerimiento en el que se les conminaba a hacerlo advirtiéndoles que, de no dejar el complejo, podrían ser sancionados por una falta muy grave, que podría comportar la inhabilitación y la separación del servicio, “es decir, perder nuestro trabajo”. A la salida, se han sumado a los docentes concentrados en el exterior de la conselleria.

Ha sido después cuando la policía nacional ha realizado la actuación a la fuerza para salir del recinto. Tras un primer intento, los manifestantes han despejado la puerta y se han sentado en otro acceso. La consellera de Educación ha salido por otro de los accesos pasada la una de la madrugada.

El portavoz de STEPV, Marc Candela, confirmó las circunstancias desde el interior de la Conselleria de Educación: “La consellera nos ha recibido en su despacho y nos ha dicho que no va a reabrir la negociación salarial”. Asimismo, Candela denunció públicamente las fuertes presiones recibidas por parte de la Administración para forzarlos a desalojar el complejo de Campanar, asegurando de forma tajante: “Prácticamente nos han amenazado y obligado a salir, pero no lo vamos a hacer”.

Horas antes, los representantes de los docentes le habían propuesto a la consellera elevar una consulta directa sobre el tema retributivo —el que más rechazo cosechó en la consulta realizada entre el profesorado— al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, para estudiar la viabilidad de una contraoferta. Esta petición fue la que provocó que Ortí decidiera dar por terminada la reunión general de manera unilateral antes de recibirlos en su despacho para ratificar su postura.

La consellera compareció ante los medios de comunicación previamente a esa reunión con los portavoces sindicales para advertir que su departamento no tomará decisiones “bajo presión ni ocupación del espacio”. Ortí defendió que el incremento salarial ofrecido es “un buenísimo acuerdo” y reiteró que este bloque no se reabrirá bajo ninguna circunstancia, puesto que ya fue firmado por CSIF y ANPE, emplazando al resto de organizaciones a avanzar exclusivamente en las mesas sectoriales temáticas convocadas a partir de este lunes.

Por el contrario, los sindicatos mayoritarios, protagonistas del encierro, insisten en que es “imprescindible” contar con un documento base decente que aglutine de manera global todas las materias del conflicto para poder desactivar los paros. Los representantes de los trabajadores recuerdan que un 91% del profesorado valenciano ha rechazado el actual borrador y que un 94% se opone al pacto retributivo que la conselleria pretende blindar como cerrado, por lo que consideran inviable continuar la negociación obviando el clamor de las bases.

Mientras se desarrollaba la mesa de negociación, la tensión se trasladó al exterior del recinto. Centenares de docentes secundaron la movilización arropando el encierro mediante diferentes acciones, como una sentada y una cadena humana que rodeó las instalaciones de la conselleria en protesta por el bloqueo institucional, unas protestas que se prolongaron durante la noche.

Esta movilización en la vía pública, que se había desarrollado de manera pacífica durante las últimas tres semanas, vivió este domingo las primeras actuaciones policiales desproporcionadas por parte de los agentes antidisturbios. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ya ha anunciado la apertura de una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades ante la agresión de un agente de la Policía Nacional que empujó violentamente a una docente contra el asfalto, un hecho calificado por las autoridades de “inaceptable”.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha advertido a los sindicatos que las decisiones de su departamento no se toman “bajo presión ni ocupación del espacio” y ha defendido que la oferta de incremento retributivo es “un buenísimo acuerdo”.

Ortí ha comparecido ante los periodistas, junto al secretario general de Educación y cuatro directores generales, tras la novena reunión con los sindicatos y después de darla por cerrada mientras los representantes del STEPV, CCOO PV y UGT-PV se han mantenido en el interior de la sala de reuniones hasta que la consellera diera respuesta a su petición de que hablara con el conseller de Hacienda para garantizar una mejora salarial.

La consellera ha lamentado la situación “inusual” que se ha producido, ha reiterado que están abiertos a negociar y han propuesto “la mejor oferta educativa posible”, y ha señalado que ahora “parece que el problema es el sueldo”, ante lo que ha recordado que ese punto de negociación se ha cerrado con dos sindicatos y no se reabrirá mientras no se avance en el resto de reivindicaciones.

Según ha señalado, el camino es seguir con las mesas de negociaciones monográficas sobre aspectos concretos, cuestión que se ha planteado en la reunión.

Sobre la propuesta retributiva, ha defendido que hasta 2028 los docentes catalanes y valencianos cobrarán lo mismo, con una diferencia de 30 ó 40 euros mensuales, pero en Cataluña el incremento alcanzado incluye la subida estatal que ya les correspondía.

En la Comunitat, ha agregado, se ofrece una subida adicional específica que llegará en septiembre y, sumando el incremento a nivel nacional, el sueldo superaría los 500 euros de incremento, “un año antes” que en Cataluña, y con posibilidad de volver a negociar en 2028.

La otra línea roja para la Conselleria es la derogación de la Ley de libertad educativa que reclaman los tres sindicatos, una medida que “corresponde”, ha dicho, a Les Corts Valencianes. “Si piden derogación, esta negociación se rompe”, porque la ley se aprobó “por la mayoría”, ha defendido.

La consellera sospecha que la huelga indefinida del profesorado tiene “un componente político” y de fondo las elecciones sindicales de diciembre.

La Conselleria está abierta a negociar pero “con respeto a los procedimientos administrativos” en el paraguas de la democracia que son la mesas de diálogo, “sin imposición y con intención de llegar a acuerdos”, ha afirmado, para denunciar que los tres sindicatos “han decidido cambiar las reglas del juego”.

“Bloqueo del diálogo”

Preguntada por los representantes sindicales que esperan en la sala una respuesta de la Conselleria, ha indicado que son adultos y por encima de todo está su voluntad: “La nuestra es llegar a que la negociación puede continuar y podamos llegar a acuerdos, no es necesario imponer la voluntad por una de las partes que bloquea el diálogo”.

Ortí ha manifestado que dialogarán con ellos para que “reflexionen” y poder solucionar la situación “con la mínima tensión posible”.

Una vez concluida la novena reunión, la consellera y los altos cargos de Educación han salido de la sala mientras los representantes de los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior después de que Ortí diera por cerrada la sesión -a la hora y cuarto de su inicio- y les emplazara a retomar las negociaciones este lunes, a la espera de que les presenten “un documento base decente”.

Los representantes de ANPE y CSIF han informado en sus redes sociales de que se encuentran también en el interior del edificio de la Conselleria porque “no se garantiza su seguridad”, ya que las personas que están protestando en el exterior “bloquean las salidas”.

Calendario de negociaciones

La Conselleria ha presentado a los sindicatos un calendario de negociaciones entre el lunes y el miércoles para abordar, en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes, las reivindicaciones de los sindicatos en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y da por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha manifestado durante la reunión que, dado que el punto de la burocracia estaba cerrado, se proponía tratar con cada dirección general los distintos puntos en las mesas que ha propuesto celebrar la semana próxima.

Así, ha propuesto un calendario de reuniones para la semana que viene de manera que mañana lunes habrá dos mesas sobre inclusión y plantillas, el martes se tratará sobre ratios y valenciano y el miércoles infraestructuras y formación profesional, todas ellas a las 9 y a las 13 horas.

Desde algunos sindicatos se ha pedido reabrir la cuestión de las retribuciones, pero la Conselleria ha afirmado que ya ha sido firmado por dos sindicatos (CSIF y ANPE) y lo dan por cerrado.

Cuando se ha conocido que la reunión había terminado sin acuerdo, en el exterior de la Conselleria los docentes han continuado concentrados de forma pacífica y han comenzado a gritar “vergonya” cuando en las inmediaciones de Campanar con Pío XII un policía ha dado un empujón que ha tirado al suelo a una de las manifestantes que caminaba por la calzada.

En enero de 2024, el expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón anunció una auditoría general del sector público con el objetivo de poner fin al “malgasto” en el que, según denunciaba de forma insistente una y otra vez, había incurrido el Botànic liderado por el socialista Ximo Puig en sus ocho años de mandato. El objetivo de esta medida era “detectar duplicidades e ineficiencias en el sector público”, o como también repitieron hasta la saciedad tanto él como los diferentes responsables de su Consell y del PP, eliminar “grasa política”.

Así, para tratar de dejar en evidencia al anterior ejecutivo de izquierdas liderado por Ximo Puig y por Mónica Oltra, a quienes acusó en los meses previos a las elecciones de tener “el Consell más caro de la historia”, Mazón inició el mandato en agosto de 2023 con 121 altos cargos, incluidos el presidente y sus consejeros y consejeras.

Casi tres años después, la “grasa” que desde el PP pregonaban que iban a limpiar en forma de gasto público se ha multiplicado. Con la diferencia de que el segundo Gobierno del Botánico estaba formado por tres partidos (PSPV, Compromís y Unides-Podem) y actualmente el PP gobierna en solitario.

Pese a esta circunstancia, según los últimos datos publicados en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, el actual Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca cuenta con 160 altos cargos, lo que representa un coste salarial de 12,1 millones de euros. Son 39 altos cargos más que cuando Mazón inició la legislatura. En mayo de 2023, último mes del Botánico, el Gobierno valenciano de Ximo Puig contaba con 150 altos cargos con un impacto de 10,2 millones de euros para lar arcas públicas.

Aunque a esta cifra se sumara el coste salarial de los asesores, más numerosos en la época de Puig, la cifra total de gasto de la actual estructura seguiría siendo igualmente superior. Así, en la última etapa del Botánico había 116 asesores que suponen un coste de 6,1 millones. Por lo tanto, el gasto total en esa estructura, con los altos cargos, se elevaría a 16,3 millones. En el caso de Pérez Llorca, cuenta todo su Consell con 93 asesores con un coste de 5,2 millones, mientras que Mazón se autoimpuso un límite de 72. Sumado a los altos cargos, da un total de 17,3 millones de euros.

Como informó elDiario.es, el Gobierno valenciano que presidía Carlos Mazón aprobó en diciembre de 2023 un complemento salarial que para este ejercicio 2026 supone incrementos de hasta 25.000 euros brutos anuales para algunos de sus consellers y altos cargos. De esta forma, se aprobó el llamado complemento personal, un incentivo para mejorar el salario a cargos de otras administraciones que tienen mejor remuneración y que acceden a trabajar en el Gobierno valenciano, pese a tener un sueldo más bajo. En virtud de este complemento, la merma económica por trabajar en la Generalitat Valenciana se reduce.

El PSPV calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”

Al respecto, el portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”, puesto que “es capaz de regatear a los docentes valencianos ofreciéndoles 75 euros más en 2026, mientras ahora hemos visto cómo se subieron los sueldos nada más llegar a la Generalitat en 2023, con aumentos salariales a los altos cargos de hasta el 36%, es decir, de hasta 25.000 euros más de una tacada, mientras la nómina de cargos se ha incrementado en una decena”.

Muñoz ha añadido: “Tenemos el Gobierno valenciano más caro de la historia, que supone un desembolso de más de 12 millones al año, casi 50 millones por legislatura, solo en altos cargos. Eso son cerca de 2 millones más que el último Consell del Botànic. Es una vergüenza y una indecencia. Porque se desmonta una vez más de las mentiras del PP en la Generalitat, que vino con un discurso miserable y de antipolítica, contra lo que llaman la grasa política, y ahora resulta que al Consell del PP y Vox le sube el colesterol, y el malo”.

El portavoz socialista ha comentado que “ya no es una cuestión de si los altos cargos del PP y Vox son los más caros de la historia” sino que “lo dramático es que el Consell del Ventorro, el Consell más incompetente, negligente y frívolo que hemos tenido los valencianos, es también el más caro” y se ha preguntado “a qué se dedica” el ejecutivo de Pérez Llorca porque “están vaciando la sanidad pública, desviando masivamente recursos a la privada; están raquitizando la educación pública, mientras engordan la privada y a los centros que segregan; y están recortando derechos y prestaciones sociales”.

Para Muñoz, “el Consell de Mazón y su suplente Pérez Llorca, apoyado por Vox, es una gran mentira, un gran fraude en el que todas y cada una de las promesas que les llevaron a la Generalitat en 2023 se han demostrado como una gran mentira y un timo político”.

Alrededor de las 18:00 horas llegaban a la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de València, los representantes de los sindicatos presentes en la mesa de negociación —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— para mantener el noveno encuentro desde que comenzó la huelga indefinida, el pasado 11 de mayo, con el objetivo de acabar con el conflicto laboral que ya ha vivido quince jornadas de paros. Centenares de docentes se han vuelto a concentrar a las puertas de la Conselleria -incluso han rodeado el recinto con una cadena humana- para protestar contra el Gobierno valenciano y exigir el cierre de un acuerdo que contemple sus reivindicaciones.

Así, el encuentro ha encallado de nuevo en el bloque de las retribuciones. A pesar de las aportaciones presentadas por STEPV, CCOO y UGT para intentar acercar posturas, la consellera de Educación, Carmen Ortí, se ha mantenido firme en su postura de no mover ficha, argumentando que este punto ya está cerrado tras el acuerdo firmado previamente con CSIF y ANPE. Ante este bloqueo, los tres sindicatos mayoritarios le han propuesto consultar directamente al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, para estudiar la viabilidad de sus demandas económicas, una petición que ha provocado que la consellera decidiera dar por terminada la sesión de forma abrupta y abandonar la reunión.

Las organizaciones sindicales insisten en que reabrir este bloque es una condición indispensable para poder firmar un acuerdo de bases que comience a encauzar el conflicto laboral. Pese al desplante de la Administración y a la marcha de la consellera, los representantes de STEPV, CCOO y UGT han tomado la decisión de permanecer encerrados en la sede de la Conselleria a la espera de una respuesta oficial que permita retomar el diálogo.

Marc Candela (STEPV) destacaba que han planteado “diversos flecos que quedaban en algunos puntos y hemos pedido reabrir el tema retributivo, que no damos por cerrado, porque es el que tuvo más rechazo en la consulta”. De este modo, le han solicitado a Ortí reabrir esta cuestión, “pero ha dicho que no y ha levantado la sesión”. “Seguiremos en la Conselleria esperando una respuesta”, ha dicho Candela, quien ha añadido: “No se si la consellera llamará al conseller Rovira, pero aquí estamos esperando”.

Xelo Valls (CCOO) sentenciaba que “es imprescindible tener un documento base que incluya todos los puntos, incluidas las retribuciones, que evidentemente someteremos a consulta, y eso es lo que le hemos manifestado a la Conselleria”. “En las Corts Valencianes están los presupuestos, y hay enmiendas de los grupos parlamentarios, y es importante reabrir la negociación para que se puedan incluir algunas de las cuestiones que hemos comentado”, ha insistido Valls.

Maite Tarazona (UGT) ha insistido en que han recogido “todas las cuestiones de mejora que nos han llegado y hemos ampliado las mejoras, si ellos consideran que se deben incorporar o no”. Sobre las mesas, Tarazona ha insistido en que sería necesario alcanzar un acuerdo global para después ir desarrollándolo en reuniones sectoriales para profundizar en cada uno de los apartados y que la mejora retributiva “todavía se queda muy corta”.

Paloma Martínez (ANPE) aseguraba que lo que ellos quieren es que la situación de conflicto se desbloquee, y para ello insistía en negociaciones por bloques que después se recojan “en un gran acuerdo”. “No queremos dilatar más esto, queremos resolver”, ha indicado, y para ello es necesario “trabajar cada cuestión de forma independiente, porque si no, entramos en bucle y esto no se va a acabar nunca”.

Por su parte, el secretario autonómico ha convocado para el lunes mesas sectoriales en inclusión (9:00 horas) y plantillas (13:00 horas); para el martes, sobre ratios (9:00 horas) y valenciano (13:00 horas); y para el miércoles, de infraestructuras (9:00 horas) y Formación Profesional (13:00 horas).

La última propuesta del Gobierno valenciano

El departamento que dirige Carmen Ortí propone una reducción progresiva de las ratios de alumnos por aula, que comenzará en el próximo curso escolar, con el objetivo de alcanzar los 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en la ESO y 30 en Bachillerato para el curso 2031/32. Además, se establece un plan de simplificación burocrática que incluye la creación de un expediente digital docente (EDEN), el uso de inteligencia artificial para tareas administrativas y la integración de plataformas informáticas para reducir las cargas de gestión del profesorado.

El documento también garantiza una mejora de las plantillas y las infraestructuras, comprometiendo inversiones de más de 370 millones de euros (destacando el Plan Edificant y el nuevo Plan Recole) y una reducción de dos días en el tiempo para cubrir sustituciones. Asimismo, se refuerza la inclusión educativa con el aumento de plazas de especialistas (Audición y Lenguaje y Educación Social) y se asegura el mantenimiento de la oferta actual de Formación Profesional, junto con un plan específico de formación en valenciano para el profesorado.

Rechazo mayoritario a la propuesta de la Conselleria

La consulta impulsada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents, en la que participaron más de 30.000 profesores y maestros valencianos, se saldó con un rechazo masivo (91% de los participantes) a la propuesta global de la Conselleria de Educación. El profesorado tumbó la práctica totalidad de los bloques sectoriales: destaca el veto a los acuerdos sobre ratios (94%), plantillas (89%) y el pacto retributivo firmado previamente con CSIF y ANPE (94%). La única excepción ha sido el apartado de las medidas contra la burocracia, que sí recibió el respaldo del 69% de los docentes.

Respecto al rumbo de las movilizaciones, la comunidad educativa abogó mayoritariamente por mantener la presión, aunque flexibilizando la estrategia: el 54% de los participantes prefiere continuar con la huelga indefinida mediante movilizaciones puntuales, frente al 26% que opta por el formato estricto actual y un 20% que propone desconvocar el paro pero mantener otro tipo de protestas.

Javier Bezares és professor de música en l’IES Oleana de Requena, oboista i director de banda, però també és el responsable del Telegram d’UGT, un dels cinc que retransmeten en temps real les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d’Educació per a posar fi al conflicte educatiu valencià, que ha fet ja tres setmanes i quinze jornades d’aturs i que diumenge viu el pròxim capítol.

Tradicionalment, les negociacions polítiques i sindicals s’han celebrat quasi en la clandestinitat, a porta tancada, entre silencis tibants, litres de café i filtracions interessades. No obstant això, aquesta vegada, les reunions estan marcades per la transparència. El que es comenta a l’interior de la seu de la Conselleria d’Educació, en l’avinguda de Campanar de València, es comunica pràcticament de manera immediata a través dels canals de Telegram de l’Stepv (prop de 45.800 seguidors), ANPE (més de 20.600), UGT (més de 20.000), CCOO (més de 12.500) i CSIF (uns 12.000).

En aquest context, en què no es tracta només de convocar mobilitzacions, sinó de contar, en rigorós directe, tot el que s’esdevé dins de la sala de reunions, el canal d’UGT s’ha convertit en un autèntic fenomen social. Per descomptat, no és el que té més subscriptors, però sí el més dinàmic, entretingut i, sobretot, humà. Cada dia Javier anima els seus companys perquè participen, canten, demostren el seu suport als que estan dins negociant... en definitiva, que reaccionen al que va passant.

Javi s’ha convertit, quasi sense buscar-ho, en un dels rostres —i veus, o més aïna paraules i mems— d’aquesta vaga. “En la primera taula de negociació vam plantejar posar llum i taquígrafs, contar tot el que s’esdevenia dins de la reunió en temps real. A partir d’ací, no sé si és per la manera com ho expliquem, una mica més pròxima que la de la resta dels sindicats, ha esdevingut un fenomen social”, explica Bezares a peu de manifestació, on ja és habitual que els docents el paren: “Aquest matí m’he fet ja unes quantes fotos amb gent que ve a les manifestacions i m’ho demana: ‘Mira, Javi el del Telegram’”.

L’engranatge del canal funciona amb la precisió de la banda de música que Bezares acostuma a dirigir. A l’interior de la taula de negociació estan Maite Tarazona i Maica Martínez, les dues negociadores d’UGT. Elles van passant a Javi, al minut, cada proposta, cada gest, cada opinió, cada document, cada recés o cada moment de tensió. Fora, Bezares ho tradueix per als milers de docents que esperen a l’altra banda del telèfon.

La retransmissió és tan fidedigna que s’ha convertit en lectura obligatòria fins i tot per als seus propis interlocutors polítics. “Ens consta que la consellera ens segueix en temps real”, confessa el professor. L’anècdota que ho confirma va passar durant una de les jornades maratonianes d’aquesta setmana: “Ahir [per dijous] vam dir en el canal que a la sala estaven a 30 graus, i tot seguit la consellera va oferir un ventall a Maica i a Maite per si tenien massa calor. Estan pendents de què publiquem”.

Un desgast personal

El canal d’UGT ha sumat més de 13.500 nous seguidors en tot just tres setmanes, un creixement exponencial esperonat per la incertesa del conflicte (ràtios, plantilles, salaris o les condicions del valencià estan damunt la taula). Però mantindre el to —en què l’humor serveix d’escut davant la gravetat dels temes tractats— té un cost personal altíssim.

“Com a professor i com a sindicalista, això suposa un desgast monumental”, admet Bezares amb una mescla de fatiga i honestedat. Hi ha, a més, una realitat econòmica difuminada darrere de les sigles: “Estem ja tres setmanes sense sou, que, encara que la gent no ho sàpia, els sindicats tampoc cobrem [durant els dies de vaga]”.

A la minva econòmica se suma la factura familiar i física. Les jornades de concentracions i les negociacions nocturnes s’estiren fins a la matinada. “L’altre dia vam estar fins a les dues i mitja del matí reunits amb la Conselleria. Són hores que no estàs amb la família i això implica un desgast brutal”.

Malgrat tot, aquest professor de música insisteix a mantindre la seua identitat intacta davant el teclat: “Jo utilitze el meu estil per a transmetre el que passa, no he canviat gens. Jo soc com em mostre en les xarxes socials. Intente donar-li aquest toc d’humor, sabent que és un tema molt seriós. Són unes setmanes de merda i intente ajudar la gent a portar-ho d’una manera més animada. Si ho aconseguim, això que ens emportem”.

Amb la negociació en un punt crític aquest cap de setmana i una consulta oberta a les bases per a decidir el rumb de les mobilitzacions, les pantalles tornaran a fer fum diumenge mateix. Bezares, no obstant això, té clar quin és el final ideal per al seu inesperat èxit digital: “Esperem arribar a un bon acord i que no calga retransmetre més reunions”.

Javier Bezares es profesor de música en el IES Oleana de Requena, oboísta y director de banda, pero también es el responsable del Telegram de UGT, uno de los cinco que están retransmitiendo en tiempo real las negociaciones entre los sindicatos y la Conselleria de Educación para poner fin al conflicto educativo valenciano, que ha cumplido tres semanas y quince jornadas de paros y que este domingo vive su próximo capítulo.

Tradicionalmente, las negociaciones políticas y sindicales se han celebrado casi en la clandestinidad, a puerta cerrada, entre silencios tensos, litros de café y filtraciones interesadas. Sin embargo, en esta ocasión, las reuniones están marcadas por la transparencia. Lo que se comenta en el interior de la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de València, se comunica prácticamente de forma inmediata a través de los canales de Telegram de STEPV (cerca de 45.800 seguidores), ANPE (más de 20.600), UGT (cerca de 20.000), CCOO (más de 12.500) y CSIF (unos 12.000).

En este contexto, en el que no se trata solo de convocar movilizaciones, sino de contar, en riguroso directo, todo lo que ocurre dentro de la sala de reuniones, el canal de UGT se ha convertido en un auténtico fenómeno social. Desde luego, no es el que tiene más suscriptores, pero sí el más dinámico, entretenido y, sobre todo, humano. Cada día Javier anima a sus compañeros a que participen, a que canten, a que demuestren su apoyo a quienes están dentro negociando... en definitiva, a que reaccionen a lo que está sucediendo.

Javi se ha convertido, casi sin buscarlo, en uno de los rostros —y voces, o más bien palabras y memes— de esta huelga. “En la primera mesa de negociación planteamos poner luz y taquígrafos, contar todo lo que estaba ocurriendo dentro de la reunión en tiempo real. A partir de ahí, no sé si es por la manera en la que lo contamos, un poco más cercana que la del resto de sindicatos, se ha tornado en un fenómeno social”, explica Bezares a pie de manifestación, donde ya es habitual que los docentes lo detengan: “Esta mañana me he hecho ya unas cuantas fotos con gente que viene a las manifestaciones y me lo pide: 'Mira, Javi el del Telegram'”.

El engranaje del canal funciona con la precisión de la banda de música que Bezares acostumbra a dirigir. En el interior de la mesa de negociación se encuentran Maite Tarazona y Maica Martínez, las dos negociadoras de UGT. Ellas le van pasando a Javi, al minuto, cada propuesta, cada gesto, cada opinión, cada documento, cada receso o cada momento de tensión. Fuera, Bezares lo traduce para los miles de docentes que esperan al otro lado del teléfono.

La retransmisión es tan fidedigna que se ha convertido en lectura obligatoria incluso para sus propios interlocutores políticos. “Nos consta que la consellera nos sigue en tiempo real”, confiesa el profesor. La anécdota que lo confirma ocurrió durante una de las maratonianas jornadas de esta semana: “Ayer [por el jueves] dijimos en el canal que en la sala estaban a 30 grados, y acto seguido la consellera le ofreció un abanico a Maica y a Maite por si tenían demasiado calor. Están pendientes de lo que publicamos”.

Un desgaste personal

El canal de UGT ha sumado más de 13.500 nuevos seguidores en apenas tres semanas, un crecimiento exponencial espoleado por la incertidumbre del conflicto (ratios, plantillas, salarios o las condiciones del valenciano están sobre la mesa). Pero mantener el tono —donde el humor sirve de escudo frente a la gravedad de los temas tratados— tiene un coste personal altísimo.

“Como profesor y como sindicalista, esto está suponiendo un desgaste monumental”, admite Bezares con una mezcla de fatiga y honestidad. Existe, además, una realidad económica difuminada tras las siglas: “Llevamos tres semanas sin sueldo, que aunque la gente no lo sepa, los sindicatos tampoco estamos cobrando [durante los días de huelga]”.

A la merma económica se le suma la factura familiar y física. Las jornadas de concentraciones y las negociaciones nocturnas se estiran hasta la madrugada. “El otro día estuvimos hasta las dos y media de la mañana reunidos con la Conselleria. Son horas que no estás con la familia y eso implica un desgaste brutal”.

Pese a todo, este profesor de música insiste en mantener su identidad intacta frente al teclado: “Yo utilizo mi estilo para transmitir lo que pasa, no he cambiado nada. Yo soy como me muestro en las redes sociales. Intento darle ese toque de humor, sabiendo que es un tema muy serio. Son unas semanas de mierda e intento ayudar a la gente a llevarlo de una forma más animada. Si lo conseguimos, eso que nos llevamos”.

Con la negociación en un punto crítico este fin de semana y una consulta abierta a las bases para decidir el rumbo de las movilizaciones, las pantallas volverán a echar humo este mismo domingo. Bezares, sin embargo, tiene claro cuál es el final ideal para su inesperado éxito digital: “Esperemos llegar a un buen acuerdo y que no sea necesario retransmitir más reuniones”.

A les 14:00 hores d'aquest dissabte ha finalitzat la consulta impulsada per STEPV, CCOO i UGT —els tres sindicats que representen el 70% del col·lectiu i que encara mantenen la convocatòria de vaga indefinida a la Comunitat Valenciana— i la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià perquè el professorat es posicionara respecte a la proposta d'acord presentada per la Conselleria d'Educació per posar fi al conflicte sociolaboral. Aquesta enquesta, en la qual han participat més de 30.000 docents, és prèvia a la reunió de la mesa de negociació que se celebrarà aquest diumenge a partir de les 18:00 hores.

Els sindicats aclareixen que el formulari s'ha realitzat sobre un esborrany que “no és el definitiu”, ja que la consulta es va llançar divendres al matí i, hores més tard, el Govern valencià va presentar un nou document amb modificacions que professors i mestres “encara no han pogut valorar”. A més, apunten que és “molt probable” que s'haja de convocar una nova consulta després de la trobada de diumenge.

Quant als resultats del procés, el professorat ha rebutjat de forma massiva la proposta general de l'administració autonòmica i la gran majoria dels blocs sectorials, amb una única excepció: les mesures sobre burocràcia.

Així, la proposta global de la conselleria ha estat rebutjada pel 91% dels participants (27.270 vots en contra); el 94% rebutja l'acord retributiu signat amb CSIF i ANPE, i el 89% s'oposa que STEPV, CCOO i UGT s'hi adherisquen. Per contra, el 69% dels docents dóna suport a la proposta sobre burocràcia i el 68% avala que els tres sindicats majoritaris signen aquest bloc específic.

L'oposició a la resta dels punts del document és aclaparadora i el professorat demana a STEPV, CCOO i UGT que no els signen: les ràtios cullen un 94% de rebutjament; les plantilles docents, un 89% en contra; la inclusió educativa, un 84%; la Formació Professional (FP), un 83%; el valencià, un 85%; i les infraestructures, un 78% de rebuig.

Quant al rumb que ha de prendre el conflicte, la comunitat educativa aposta majoritàriament per continuar amb la pressió laboral, però flexibilitzant el format. L'opció majoritària (54%) es decanta per mantindre la vaga indefinida, però amb mobilitzacions puntuals (14.736 vots); el 26% advoca per continuar amb l'atur en el seu format actual (7.117 vots); el 20% prefereix un canvi d'estratègia, amb la desconvocatòria de la vaga però seguint amb un altre tipus de protestes (5.328 vots); i només 89 participants han votat per desconvocar la vaga i aturar les mobilitzacions.

La majoria dels participants han estat docents de Secundària o Batxillerat (39%) i Primària (31%), seguits de Formació Professional (13%) i Infantil (11%). De la mateixa manera, el conflicte reflecteix un núcle molt mobilitzat: el 10% dels participants afirma haver secundat els 15 dies complets de vaga, mentre que la resta es reparteix de forma molt homogènia al llarg de totes les jornades de l'atur.

A las 14:00 horas de este sábado ha finalizado la consulta impulsada por STEPV, CCOO y UGT —los tres sindicatos que representan al 70% del colectivo y que todavía mantienen la convocatoria de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana— y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià para que el profesorado se posicionara respecto a la propuesta de acuerdo presentada por la Conselleria de Educación para poner fin al conflicto sociolaboral. Esta encuesta, en la que han participado más de 30.000 docentes, es previa a la reunión de la mesa de negociación que se celebrará este domingo a partir de las 18:00 horas.

Los sindicatos aclaran que el formulario se ha realizado sobre un borrador que “no es el definitivo”, ya que la consulta se lanzó el viernes por la mañana y, horas más tarde, el Gobierno valenciano presentó un nuevo documento con modificaciones que profesores y maestros “aún no han podido valorar”. Además, apuntan que es “muy probable” que se tenga que convocar una nueva consulta tras el encuentro del domingo.

En cuanto a los resultados del proceso, el profesorado ha rechazado de forma masiva la propuesta general de la administración autonómica y la gran mayoría de los bloques sectoriales, con una única excepción: las medidas sobre burocracia.

Así, la propuesta global de la Conselleria ha sido rechazada por el 91% de los participantes (27.270 votos en contra); el 94% rechaza el acuerdo retributivo firmado con CSIF y ANPE, y el 89% se opone a que STEPV, CCOO y UGT se adhieran a él. Por el contrario, el 69% de los docentes apoya la propuesta sobre burocracia y el 68% avala que los tres sindicatos mayoritarios firmen este bloque específico.

La oposición al resto de los puntos del documento es abrumadora y el profesorado pide a STEPV, CCOO y UGT que no los firmen: las ratios cosechan un 94% de rechazo; las plantillas docentes, un 89% en contra; la inclusión educativa, un 84%; la Formación Profesional (FP), un 83%; el valenciano, un 85%; y las infraestructuras, un 78% de rechazo.

En cuanto al rumbo que debe tomar el conflicto, la comunidad educativa apuesta mayoritariamente por continuar con la presión laboral, pero flexibilizando el formato. La opción mayoritaria (54%) se decanta por mantener la huelga indefinida, pero con movilizaciones puntuales (14.736 votos); el 26% aboga por continuar con el paro en su formato actual (7.117 votos); el 20% prefiere un cambio de estrategia, con la desconvocatoria de la huelga pero siguiendo con otro tipo de protestas (5.328 votos); y apenas 89 participantes han votado por desconvocar la huelga y detener las movilizaciones.

La mayoría de los participantes han sido docentes de Secundaria o Bachillerato (39%) y Primaria (31%), seguidos de Formación Profesional (13%) e Infantil (11%). De igual forma, el conflicto refleja un núcleo muy movilizado: el 10% de los participantes afirma haber secundado los 15 días completos de huelga, mientras que el resto se reparte de forma muy homogénea a lo largo de todas las jornadas del paro.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de València ha dictado varios requerimientos de carácter urgente contra la Conselleria de Educació, Cultura y Universidades a raíz de las denuncias presentadas por la Federación Local de València de la Confederación General del Trabajo (CGT). Las resoluciones de la autoridad laboral confirman graves deficiencias en las condiciones ambientales y de seguridad laboral en 15 centros educativos —entre los que se encuentran, entre otros, el IES Andreu Alfaro de Paiporta, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el IES Lluís Simarro de Xàtiva, el IES Tirant lo Blanc de Torrent, el IES Puçol, el IES El Puig de Santa Maria o los IES Balears y Barri del Carme de València—, e instan a la administración autonómica a adoptar medidas de carácter urgente para revertirlas.

La organización anarcosindicalista anima a los centros educativos valencianos a denunciar ante la Inspección de Trabajo las elevadas temperaturas para conseguir así mejoras en la climatización de las instalaciones y garantizar que el alumnado y los trabajadores estén seguros.

Las resoluciones de la Inspección constatan que las medidas actuales (cortinas verticales y vinilos) son totalmente ineficaces para combatir las olas de calor, registrándose temperaturas que superan los límites legales. Además, señalan que en centros afectados por la dana y reubicados en módulos prefabricados (barracones) se han registrado temperaturas de 9°C en invierno y más de 32°C en verano en zonas donde trabaja el personal docente (como en el caso de las guardias), a pesar de la existencia de aparatos de aire acondicionado en las aulas.

La Inspección de Trabajo requiere a la conselleria instalar equipos de aire acondicionado y aplicar las medidas técnicas necesarias para corregir estas temperaturas extremas. Asimismo, destaca que la carencia de climatización dificulta el normal desarrollo de la actividad educativa, que afecta tanto al personal docente como al alumnado, y exige a la Conselleria garantizar unas temperaturas adecuadas.

Además, las resoluciones coinciden en señalar incumplimientos sistemáticos por parte de la Generalitat Valenciana en materia de prevención de riesgos laborales. Entre ellos, destacan la carencia de vigilancia de la salud (no se acredita que se hayan realizado los reconocimientos médicos periódicos obligatorios al personal), la ausencia de formación sobre los riesgos derivados de las altas temperaturas y la falta de protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos.

La secretaria general de la Secció d’Ensenyament de la CGT, Inma Sellés, celebra estas resoluciones como una victoria de la lucha sindical: “No permitiremos que la salud de las trabajadoras y del alumnado esté en riesgo por la inacción de una conselleria que ignora los efectos del cambio climático y las condiciones básicas de seguridad”.

En este sentido, Sellés ha animado al resto de centros educativos del País Valenciano donde se detecten temperaturas por encima de las legales a denunciar esta situación: “Es la única manera de hacer actuar a esta conselleria, que es incapaz de mirar por los derechos de sus trabajadores”.

El sindicato advierte que vigilará el cumplimiento estricto de los plazos marcados por la Inspección y seguirá denunciando cualquier situación que afecte al trabajo de las y los docentes.