Las energías renovables generaron 6.940,68 gigavatios hora (GWh) en Catalunya en 2025, un 3,1% menos que el año anterior, según recoge un informe del Observatorio de las Energías Renovables en Catalunya presentado este martes. Según los datos recogidos por esta entidad, vinculada a la patronal eólica, Catalunya no solo no avanza sino que incluso puede retroceder en la transición energética, pese a que en los últimos años se había conseguido acelerar la implantación de instalaciones de renovables.

Con el bache del año 2025, la cobertura de la demanda energética por las renovables también se redujo hasta el 15,3%, frente al 16,2% que fue el año anterior. Estos niveles quedan lejos del objetivo del 50% de cobertura con renovables fijado para finales de esta década en el documento Prospectiva Energética de Catalunya 2050 (Proencat) del Govern. El menor vigor de las renovables se explica por la subida de la demanda eléctrica, la caída de la generación eólica y un incremento “limitado” de la nueva capacidad renovable.

En la producción eléctrica catalana, sin tener en cuenta la importación externa de electricidad, las renovables pasaron de representar el 19,1% en 2024 al 18,1% el pasado año.

La generación propia en territorio catalán cubrió el 84,6% de la demanda en 2025 y el diferencial restante se cubrió con el saldo de intercambio de electricidad.

La demanda de electricidad en Cataluña fue de 45.250,58 GWh en 2025, un 2,7% más que en el año anterior, mientras que la generación eléctrica total producida en Cataluña fue de 38.292,98 GWh, un 2,0% más.

El observatorio describe el aumento de las importaciones como una pérdida de “soberanía energética” para Catalunya.

La generación nuclear sigue siendo la primera fuente de producción eléctrica, con los tres reactores nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, que cubrieron el 50,4% de la demanda eléctrica, con 22.812,07 GWh producidos.

Entre las renovables, la primera fuente fue la energía hidráulica, después de generar 3.822,52 GWh y cubrir el 8,4% de la demanda. La eólica introdujo 2.360,62 GWh, un 16,8% menos, cubriendo el 5,2% de la demanda. La solar fotovoltaica, excluido el autoconsumo, generó 495,14 GWh, un 17,5% más, cubriendo el 1,1% de la demanda.

Con estos datos, el observatorio advierte que, ante el horizonte del cierre progresivo de la generación nuclear, Catalunya “tendrá que optar entre acelerar de manera significativa la implantación de generación renovable de alta capacidad”, especialmente la eólica y la fotovoltaica, o “incrementar la dependencia de las interconexiones con territorios vecinos para abastecerse de sus”.

Aumenta la capacidad instalada de renovables

En cuanto a la potencia instalada, las renovables crecieron en 78,51 MW en 2025 respecto al año anterior, sumando 12,2 MW eólicos y 73,34 MW solares fotovoltaicos sin incluir las instalaciones de autoconsumo, mientras que la capacidad hidroeléctrica disminuyó en 7,0. La nueva capacidad eólica corresponde a los dos aerogeneradores de la ampliación por el parque eólico Colladetes, en El Perelló.

En autoconsumo fotovoltaico, Catalunya registró 14.890 nuevas instalaciones en 2025 con una potencia total de 231 MW, por debajo de las 21.460 instalaciones y los 350 MW nuevas de 2024. El observatorio atribuye esta desaceleración al final de las subvenciones europeas de los fondos Next de la electricidad es bajo.

El peso del autoconsumo colectivo en Catalunya fue de 1,7 GW de potencia acumulada, el equivalente al 4,4% del total. Sin embargo, Catalunya se mantiene entre las comunidades autónomas líderes en el autoconsumo colectivo en el Estado español, acumulando el 16% de la potencia instalada total en autoconsumo.

La central nuclear de Trillo ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que ha llevado a cabo la parada de la central para proceder a la reparación de un instrumento de medida de las bombas principales.

La planta se desconectó de la red eléctrica a las 21.30 horas de este lunes después de llevar a cabo una secuencia ordenada de parada, conforme a los protocolos establecidos, ha informado la central nuclear.

En este momento, la central nuclear de Trillo se encuentra parada y se está preparando la citada intervención. Este hecho no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente.

Activistas de Greenpeace han desplegado este viernes una pancarta gigante en el arco de Moncloa (Madrid) con la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las palabras “Pedro, cumple tu palabra” para “recordarle” que “no debe ceder a la presión del lobby energético y empezar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en 2027”, según el comunicado emitido por la organización ecologista.

Aunque la central extremeña tenía previsto cerrar en el año 2027, el pasado jueves el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento hasta 2030. Las eléctricas copropietarias de la central, Iberdrola, Naturgy y Endesa, habían solicitado esta prórroga para una central que genera cerca del 15% de las necesidades eléctricas de la Comunidad de Madrid y el 7% de la demanda española.

“Como en Greenpeace entendemos que [Pedro Sánchez] tiene encima al oligopolio energético haciéndole una inmensa presión, nuestras escaladoras han querido ponerle el mensaje en grande y cerca de su oficina por si se le olvidara”, han ironizado los ecologistas.

La organización subraya que después del cierre de Amaraz, el Gobierno deberá cerrar progresivamente el resto de centrales españolas hasta terminar con la de Trillo (Guadalajara) en 2035. “Si no las cierra, el admirado modelo energético español, basado en el sol, el viento y el agua; se va al traste”, advierten.

La decisión final está ahora en manos del Gobierno que será el responsable de decidir si la central seguirá operando o no más allá de los plazos establecidos.

El pleno del CSN emitió un informe favorable “con condiciones” a la autorización, que se apoya en “la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad”. Las principales condiciones tienen que ver con el mantenimiento de personal necesario para cumplir las funciones de seguridad entre los años 2028 y 2030, toda vez se ha comprobado que existe combustible para cubrir la prórroga y que las instalaciones están en buen estado para mantener la seguridad, en base a 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN.

El Foro Extremeño Antinuclear ha reclamado este jueves al Gobierno que mantenga el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ponga en marcha “de manera urgente” un plan de transición justa para la comarca del Campo Arañuelo, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la prórroga de la instalación hasta 2030.

El colectivo ha subrayado en una nota que el dictamen del CSN “no supone la concesión automática de la prórroga” y ha recordado que la decisión definitiva corresponde al Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo “conserva plenamente la capacidad y la responsabilidad de mantener las fechas de cierre actualmente vigentes”, fijadas para el 1 de noviembre de 2027 en el caso de la Unidad I y para el 31 de octubre de 2028 en el de la Unidad II.

El Foro Extremeño Antinuclear ha advertido de que “una valoración técnica favorable no significa que la continuidad de la central sea la opción más conveniente para Extremadura” y ha defendido que la decisión también debe tener en cuenta aspectos como la gestión de los residuos radiactivos, el envejecimiento de las instalaciones, el consumo de agua o el desarrollo económico de la comarca.

Asimismo, ha subrayado que prolongar el funcionamiento de la central hasta 2030 “supondría retrasar nuevamente las inversiones y las políticas públicas necesarias para diversificar la economía de la comarca” y ha afirmado que “Campo Arañuelo no puede quedar atrapado en una sucesión de prórrogas que posponga indefinidamente su futuro”.

El colectivo también ha solicitado al CSN la publicación del informe completo, incluidas las condiciones técnicas y, en su caso, los votos particulares, al entender que una decisión de esta trascendencia “exige la máxima transparencia”.

Organizaciones ecologistas

Por otro lado, las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado en un comunicado conjunto que se mantenga el calendario de cierre de Almaraz y se deniegue la solicitud de prórroga.

Han recordado que el informe del CSN “se circunscribe a los aspectos de seguridad nuclear y radiológica” y han subrayado que corresponde ahora al Gobierno valorar las implicaciones ambientales, económicas y energéticas de una eventual continuidad de la central.

Estos cinco colectivos han defendido que el calendario de cierre acordado en 2019 constituye “uno de los pilares de la planificación energética española” y han afirmado que modificarlo generaría incertidumbre sobre el despliegue de las energías renovables previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Asimismo, han denunciado que una prórroga retrasaría la transición energética, tendría efectos sobre el desarrollo de las energías renovables y el almacenamiento eléctrico y podría traducirse en un incremento del uso del gas y de los costes para los consumidores.

Las organizaciones ecologistas han afirmado también que el informe favorable del CSN responde únicamente a una de las tres condiciones que, según recuerdan, el Gobierno planteó para una eventual autorización de la prórroga, por lo que consideran que el Ejecutivo debe mantener el calendario de cierre actualmente previsto para la central cacereña.

El informe favorable del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la renovación de uso de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 ha provocado una oleada de reacciones en Extremadura. Junta, partidos políticos, instituciones provinciales, locales y colectivos sociales coinciden en señalar que el dictamen del regulador despeja las dudas técnicas y exigen al Gobierno central que autorice de inmediato la continuidad de la instalación.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado a través de la red social X que, tras el informe favorable del CSN, el Gobierno estatal se ha quedado sin “excusas” para revertir el cierre de la planta. “La central de Almaraz es segura y está en condiciones de seguir operando. Ya no hay excusas. El Consejo de Seguridad Nuclear nos da la razón”, ha apuntado la jefa del Ejecutivo autonómico, para quien el Gobierno de Pedro Sánchez “sólo tiene un camino: anunciar de inmediato la prórroga”. “Hoy gana el futuro de miles de familias extremeñas y la soberanía energética de todo el país”, ha concluido.

En la misma línea, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha incidido en que el informe técnico demuestra que la central es “viable, segura y puede continuar con su vida útil”, destacando que la planta ha pasado “con muy buena nota los controles más exigentes y más estrictos”. Morán ha exigido al Gobierno que modifique el calendario de cierre y ha afirmado que esta es una reivindicación que comparte “la sociedad extremeña de forma mayoritaria, los trabajadores, los técnicos, Bruselas y que ahora el CSN refrenda”. “Lo decimos alto y claro: Almaraz no se cierra”, ha zanjado.

El PSOE extremeño y la Diputación de Cáceres piden celeridad

Por su parte, los socialistas extremeños consideran que el informe del CSN supone “un paso decisivo para hacer posible la prórroga” de la instalación. Su secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, ha recordado que el Gobierno de España había condicionado la continuidad de la central hasta 2030 al cumplimiento de tres requisitos: que no aumentase el coste de la factura para los usuarios, que se garantizase el consumo y que existiese un informe favorable del regulador sobre las condiciones de seguridad.

“Tenemos informe del Consejo de Seguridad Nuclear y dice que Almaraz es segura. Por tanto, se cumple el tercer requisito”, ha afirmado Sánchez Cotrina, quien se ha mostrado convencido de que el proceso se culminará en las próximas semanas “sin ruido, ni estricencias y sin confrontación política”. El líder socialista ha aprovechado para criticar la actitud de María Guardiola, acusándola de “ponerse detrás de la pancarta” e instrumentar el debate como confrontación sin ofrecer alternativas ni sentarse a negociar.

A esta petición de continuidad se ha sumado el presidente de la Diputación de Cáceres, el también socialista Miguel Ángel Morales, quien ha celebrado el informe y ha reclamado al Gobierno que adopte “de manera inmediata” una decisión definitiva. Morales ha recordado que la institución provincial ha defendido reiteradamente la continuidad al tratarse de una demanda ampliamente compartida, confiando en que el Ejecutivo central sea “consecuente con la importancia de esta industria para nuestro territorio”. Morales ha añadido que esto debe ser compatible con seguir impulsando proyectos estratégicos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y la autovía Madrid-Lisboa.

“No está en condiciones”, advierte Unidas por Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este jueves tras conocer la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha dado luz verde a la prórroga de la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, que no le sorprende este informe porque “sabemos que el Consejo Superior de Seguridad Nuclear no actúa con la imparcialidad que debiera”.

De Miguel ha denunciado que Almaraz es “una central que lleva acumulados muchísimos accidentes y averías que no salen a la luz, la última esta misma semana”, por esto ha indicado que la central “no está en condiciones de ser prorrogada” porque como ha señalado no se han hecho inversiones durante años ya que “se iba a cerrar y los propios dueños no querían invertir en mejorarla ni en mantenerla”. La portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado al respecto que “ahora nos encontramos con una central que se cae a cachos, que tiene averías a cada poco, que tienen que hacer paradas espontáneas, no programadas, debido a esas averías y que es un peligro”.

Además, ha dicho que con esta decisión el Consejo de Seguridad Nuclear “lo que hace es echar la patada hacia adelante y que la bola quede en el tejado del gobierno”, sobre esto ha señalado que este es un “gobierno cobarde, que va a comprar el relato y las tesis de la extrema derecha y la derecha que lo único que quieren es que el modelo energético, que ha sido un ejemplo para Europa, un modelo basado en energía barata y renovable, volvamos a ese modelo nuclear ”.

El territorio y el tejido social exigen certidumbre

Desde el ámbito municipal, el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha calificado el dictamen de “excelente noticia” y ha incidido en que “ahora ya está todo en manos del Gobierno central”. Hueso ha recalcado que “todos los informes son favorables, desde las instituciones europeas hasta el CSN”, por lo que pide a Pedro Sánchez y a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que den el “sí” definitivo. Asimismo, el regidor moralo ha criticado a Sánchez Cotrina, acusándole de querer “alardear del informe” cuando, según ha asegurado, los socialistas “desde hace dos años votaron que no a la prórroga”.

Finalmente, la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' —que integra a un centenar de colectivos, asociaciones empresariales, sindicatos, entidades sociales y ayuntamientos— ha urgido al Gobierno a autorizar la prórroga para poner fin “a la incertidumbre que afecta desde hace meses a trabajadores, empresas auxiliares y familias”.

Su presidente y alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, ha remarcado que el dictamen “despeja definitivamente cualquier duda técnica” y que, dado que las empresas propietarias solicitaron la renovación “sin condiciones económicas”, la continuidad no tendrá coste para los consumidores, cumpliendo así con la totalidad de los requisitos planteados en su día por el Gobierno.

Una decisión “coherente”

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura, COIIEX, también ha reclamado la renovación de la autorización de explotación tras el informe favorable del CSN, una decisión que considera “coherente” con los criterios técnicos de seguridad y con la posición que la institución ha mantenido de forma constante en defensa de la continuidad de la instalación.

Para el COIIEX, este pronunciamiento constituye un reconocimiento “al elevado nivel técnico de la instalación, sometida a un exigente sistema de control, supervisión y mejora continua, que la sitúa entre las centrales mejor valoradas por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO)”.

Además, el Colegio destaca el impacto económico y social que la Central Nuclear de Almaraz tiene para Extremadura.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha mostrado “confiado” en que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la continuidad de la central de Almaraz será positivo, un aval técnico que, en su opinión, será “el paso previo” para el sí definitivo del Gobierno a la prórroga.

Cotrina ha realizado estas declaraciones este miércoles en Almaraz, donde ha mantenido reuniones con representantes de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro', el Foro Nuclear y el comité de empresa de la central cacereña.

El líder socialista ha asegurado que su formación lleva “mucho tiempo defendiendo la continuidad de la planta” y ha reiterado su apoyo a la prórroga. “Hoy solo he repetido lo que llevamos mucho tiempo diciendo: sí a la prórroga de la central”, ha afirmado. Según ha explicado, no entiende que existan motivos para que el informe del CSN “no sea positivo” y ha señalado que espera que se conozca “a lo largo del mes de julio”.

Asimismo, ha reiterado su confianza en que el Gobierno autorice la continuidad de la central siempre que se cumplan las tres condiciones fijadas: contar con el aval técnico del CSN, que la ampliación de la vida útil no suponga una carga económica adicional para los consumidores y que la continuidad de la planta garantice la estabilidad y la suficiencia del sistema eléctrico nacional.

“Para nosotros Extremadura está por encima de todo, de nuestras propias siglas también”, ha señalado Cotrina, quien ha defendido la importancia de la central para el futuro de la comarca.

Durante su intervención, el secretario general del PSOE extremeño también ha criticado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al afirmar que la región espera de ella “mucho más que verla solo detrás de las pancartas”.

En ese sentido, ha reclamado a la jefa del Ejecutivo autonómico “que trabaje y negocie para garantizar el futuro de la región, algo que, claramente no está haciendo”, ha concluido. 

En abril, después de años de espera, trascendió que la empresa española Sea Eight iba a ser la que criara lenguados en las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se creará una filial llamada Aquacría Basordas y se ha anunciado una inversión del entorno de los 170 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno vasco descartó para Lemoiz otro proyecto de piscifactoría, en este caso de cría de salmones. Estaba detrás un grupo noruego llamado Haugland. El proyecto incluía la “demolición” de las instalaciones existentes.

A instancias del representante del PP Álvaro Gotxi, el Ejecutivo de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco documentación sobre el proyecto para Barasorda -Euskaltzaindia ha determinado que es un mejor topónimo que Basordas- y por qué se eligió a Sea Eight. En marzo de este año, el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, del equipo de Amaia Barredo, emitió un informe valorando los dos proyectos, el de los lenguados y el de los salmones. El segundo planteaba más producción, más inversión, más puestos de trabajo y más solvencia empresarial, pero también la “demolición de instalaciones existentes” para la generación de su piscifactoría, lo que le penalizó.

Ese informe entregado al Parlamento indica que Haugland planteaba que salieran de Lemoiz 25.000 toneladas anuales de salmón, por las 3.000/4.000 de lenguado de Sea Eight, más “7,5 millones de alevines”. Su “inversión estimada” era de 350 millones, siete veces más que los 54 comprometidos por Sea Eight, que tiene otras plantas en la cornisa cantábrica. Esta cifra de 54 millones está muy lejos de los 170 anunciados en la rueda de prensa y el Ejecutivo pide tiempo para que madure el plan para detallar la factura concreta. Igualmente, con los noruegos se podían llegar a tener 250 empleos, y ahora se barajan alrededor de 190.

La evaluación fue encargada a las sociedades públicas Azti (centro de investigación marina) y Sprilur (actual Azpilur, dedicada a suelo industrial) y midió tres apartados. En dos de ellos ganó claramente el salmón al lenguado, en los del proyecto acuícola y el impacto socioeconómico. Sin embargo, en el capítulo relativo al “aprovechamiento” de las instalaciones arrasó Sea Eight. En total, la compañía española obtuvo 76,01 puntos por 64,82 de los noruegos.

Añade el Gobierno que desde el 20 de mayo Azpilur ya es titular de la antigua central nuclear y que el Ayuntamiento otorgó en julio de 2025 licencia municipal de obras para refuerzo del dique y otras tareas. Se estima que esas obras, adjudicadas a Bycam y Sato, estarán listas en noviembre. Se han destinado 2,5 millones. Se estima que los primeros pescados “made in Euskadi” puedan degustarse hacia 2030.

“Durante demasiado tiempo este espacio ha permanecido detenido, vinculado al pasado, a una historia difícil, a un presente congelado y a una enorme dificultad para encontrar una salida viable. Ahora se abre una nueva etapa que no pretende borrar lo ocurrido, sino dar respuesta responsable a una realidad compleja. Con un proyecto que recupera actividad, genera empleo y atrae innovación; un proyecto relevante de país, pero que no agota desde luego el futuro de este ámbito. Es el primer paso para empezar a desbloquear el espacio”, manifestó hace unos días, en el Parlamento Vasco, la consejera Barredo, titular de la cartera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Añadió, en todo caso, que en ese lugar estará presente la memoria de las víctimas. En Lemoiz hay unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. “No podemos ni queremos olvidar a José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro, Ángel Baños y Gladys del Estal”, enumeró Barredo, citando a cinco hombres asesinados por ETA y a una mujer tiroteada por la Guardia Civil en una protesta en Tudela celebrada tal día como este miércoles hace 47 años.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomendó este miércoles que el Gobierno español suspenda el cierre planeado de la central nuclear de Almaraz, autorice la prórroga de su vida útil hasta al menos el año 2040 y evalúe “la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

El informe, que salió adelante con el apoyo de los grupos de la derecha y ultraderecha parlamentaria, reclama al Gobierno que suspenda “cualquier medida” encaminada al cierre de esta u otras centrales en España“, y pide al país ”que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear“, que cree impulsada por motivos ideológicos.

Se trata de las recomendaciones no vinculantes de los eurodiputados que visitaron la central nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero, una misión compuesta por los ultraconservadores polacos Bogdan Rzonca y Kosma Złotowski, el popular griego Fredis Beleris, el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis y el polaco Marcin Sypniewski, de extrema derecha.

Varios eurodiputados españoles acudieron además como observadores; es el caso de Elena Nevado del Campo (PP), Nacho Sánchez Amor (PSOE), Juan Carlos Girauta (Vox) y Diego Solier (independiente en los ultraconservadores europeos, que inicialmente concurrió en la lista de 'Se Acabó la Fiesta').

El borrador del informe, presentado en abril, ya pedía al Gobierno que revertiera el cierre de la central nuclear de Almaraz y advertía de los riesgos demográficos y económicos de cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura. Finalmente, una decena de enmiendas de Vox recibieron a última hora el apoyo del PP para incluir la referencia a 2040 y endurecer el tono del texto, con referencias a una “profunda preocupación por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico y los apagones ocurridos en España” y el impacto en el sistema que podría tener el cierre planeado de Almaraz.

Los eurodiputados piden también a la Comisión Europea que evalúe si los planes de cerrar las centrales nucleares en España “son consistentes con los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia, particularmente a la luz de la ausencia de una justificación técnica, económica o social disponible públicamente”.

La visita de los eurodiputados responde a la petición elevada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, en la que instó al Parlamento Europeo a conocer ‘in situ’ la central y abordar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta.

El calendario pactado en 2019 por el Gobierno español, sindicatos y empresas establece que el 1 de noviembre de 2027 tendría que dejar de funcionar un primer reactor de Almaraz, mientras que el segundo tendría que cerrar el 31 de octubre de 2028.

No obstante, el pasado octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy -las empresas propietarias de la central- solicitaron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para los dos reactores hasta junio de 2030, lo que genera el rechazo de grupos ecologistas como Greenpeace. 

“El Gobierno regional, en el que está Vox, ha hecho todo lo que puede hacer un Gobierno regional para mantener esa central nuclear (...). Ahora son otros gobiernos, en este caso el Gobierno de España, el que debería también tener claro que tiene que hacer su parte con los impuestos a nivel estatal”, dijo el vicepresidente de Extremadura, Óscar Fernández.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, señaló en un comunicado remitido por el PP que “el mensaje del Parlamento Europeo es contundente y claro” y que “el Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos”.

Guardiola ha celebrado el “respaldo” de Bruselas, donde se encuentra este miércoles oara participar en el Comité de las Regiones. “Hoy es un día importante para Extremadura”, ha dicho y también ha subrayado que el documento “advierte de los riesgos demográficos, económicos y en materia de seguridad de su cierre”.

Pero el PSOE ha acusado a Guardiola, de “mentir y manipular de forma interesada”. El eurodiputado socialista extremeño, Ignacio Sánchez Amor, ha afirmado que “ya está bien de manosear la continuidad de Almaraz con fines partidistas” y ha aclarado que lo votado en el Parlamento Europeo “no tiene nada que ver con decidir la continuidad o el cierre de la central”, ya que se trata de una competencia “estrictamente nacional”.

Según ha explicado, lo aprobado en la Comisión de Peticiones es un documento impulsado por PP y Vox “cuyo único objetivo es atacar al Gobierno de España”, y ha subrayado que todas las enmiendas presentadas por el PSOE fueron rechazadas, mientras el PP “asumió íntegramente los postulados de la ultraderecha”. “Frente a la desinformación interesada del PP, el PSOE ha reiterado que su posición sobre la Central Nuclear de Almaraz no ha cambiado”, ha indicado el eurodiputado socialista.

El PSOE señala que sigue a la espera del informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear y, posteriormente, de la decisión que adopte el Gobierno de España, que es la administración competente en esta materia. 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado este lunes oficialmente el proyecto Sea Eight (o Aquacría Basordas, el nombre de la filial) para utilizar las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, nunca puesta en marcha como tal, como criadero de lenguados. Se trata de una inversión “público-privada” de 170 millones de euros en diez años, que va a generar “unos 200 empleos altamente cualificados de forma directa” y que permitirá “disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha explicado desde la zona el propio Pradales, acompañado de la consejera Amaia Barredo y de responsables de Sea Eight, que ya tienen proyectos en otras zonas como Asturias, Galicia o Portugal.

El PNV pactó con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 la cesión de los terrenos de Lemoiz en Basordas y el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez lo ejecutó en 2019. Son unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. Desde el principio se planteó la posibilidad de aprovechar el lugar como piscifactoría, aunque hasta ahora no se había terminado de definir un proyecto y han sido años de idas y venidas, incluso de disputas con el Ayuntamiento de Lemoiz, en manos de EH Bildu.

Pradales ha iniciado su intervención recordando a cinco trabajadores de la entonces llamada Iberduero asesinados por ETA en su campaña contra las instalaciones nucleares. Son José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños. Se estiman en más de tres centenares los atentados y sabotajes de la banda terrorista contra el proyecto. Ha citado también a Gladys del Estal, venezolana que recibió un disparo de la Guardia Civil en el curso de protesta antinuclear en Tudela, en Navarra.

Según el lehendakari, “la central de Lemoiz evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje”. “Es una herencia incómoda y muy compleja que nos corresponde gestionar”, ha señalado. A su juicio, el plan de la mano de Sea Eight -que toma su nombre del que consideran el octavo mar, la actividad de acuicultura en tierra firme- “aspira a ser referente a nivel internacional”. Esta compañía ya tiene proyectos en marcha en otros puntos de la península, tanto en España como en Portugal. Su sede principal está en Gijón.

Lo que se hará en Basordas será “un proyecto integral” de “desarrollo, genética, cría, engorde, preparación y transformación del lenguado” de unos 46.000 metros cuadrados. “Esto es mucho más que una simple piscifactoría [...]. Su producción nace con vocación de seguridad alimentaria y exportadora, y nos permitirá disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha dicho el lehendakari, que ha prometido una inversión global de 170 millones de euros -no ha especificado qué parte será pública- y la creación de 200 puestos de trabajo, así como colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas del sector.

Se estima que el proyecto tenga “una capacidad productiva estimada en torno a 3.000 toneladas anuales” de lenguados. Se estima que el proyecto como tal arranque en 2027, que 2029 en se empiecen a criar los primeros peces y que lleguen al mercado, respetando sus “ciclos biológicos”, hacia 2030. Desde Sea Eight han explicado a este periódico que el período total de cuidado de los lenguados es de “unos veinte meses”. Los primeros los tienen en una “maternidad” o “nursery” y después los alevines pasan a la fase de “engorde” hasta que están listos para su comercialización.

Se da la circunstancia de que el pasado año el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, presentó para Gijón de la mano de Sea Eight la “mayor piscifactoría de leguados de Europa” aunque sus cifras eran más modestas que la de Lemoiz, ya que eran 55 millones de inversió y un centenar de empleos. En el acto de Basordas han estado Aritza Rodero, del grupo Atitlan, que es el inversor principal detrás de Sea Eight, y Jaime León, CEO de este proyecto.

“Es hora de abrir un nuevo ciclo para este espacio de Lemoiz. De hacer que sea un símbolo de transformación colectiva, y no la cicatriz de tiempos oscuros. De que salga del pasado, o de un presente congelado, para entrar en el futuro de Euskadi, generando riqueza, proyección y nuevas oportunidades. Éste es el primer paso de un camino largo que debemos recorrer juntos”, ha solemnizado Pradales, que ve “compatible” el Sea Eight con “otros usos e iniciativas que puedan llegar, tanto económicas, como ligadas a la memoria, la cultura o el ocio, desde la escucha, la colaboración y el acuerdo”. “Estamos muy contentos de estar aquí”, ha señalado igualmente la consejera Barredo.

En paralelo, han arrancado ya las obras de un nuevo dique para proteger el espacio. Euskadi asumió en 2025 la competencia de gestión del litoral. Según se informó, tendrán un coste de 2,5 millones de euros. “Los trabajos, que ya han comenzado y se prevé duren 10 meses, incluyen el refuerzo del talud exterior mediante la colocación de 415 bloques de hormigón de alta densidad de 45 toneladas cada uno en 200 metros del dique con daños. Los 100 metros restantes conservan su estructura original de bloques de piedra caliza”, informó en marzo el Ejecutivo.

Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

En las salas de reunión del Ayuntamiento de Tivissa (Tarragona) el pasado jueves compartieron mesa arquitectos, ingenieros y concejales con un joven equipo de futuras promesas de la geología europea. Se volcaron sobre mapas y gráficos que hasta entonces les parecían indescifrables. Todo con un fin muy claro; estar preparados para un futuro terremoto. Nadie sabe cuándo llegará, pero sí saben que es inevitable que suceda. La cuestión es evitar daños catastróficos.

Tivissa es un pueblo situado muy cerca de dos fallas sísmicas activas, las de Burgar y del Camp de Tarragona. Pero la actividad de las placas en este punto concreto del mapa comporta un riesgo añadido. A pocas decenas de kilómetros de su núcleo se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, así como la presa de Riudecanyes.

La zona ya ha sufrido grandes terremotos; el último fue en 1845, mucho antes de la inauguración de las plantas energéticas. En aquella ocasión, el sismo fue de 5,1 en la escala Richter, una intensidad muy parecida al del mayor que ha sufrido España en lo que va de siglo. El paralelismo se encuentra en Lorca, donde en 2011 un terremoto de 5,5 dejó nueve muertos y más de trescientos heridos. Las consecuencias, de haber tenido dos centrales nucleares cerca, habrían sido mucho peores.

Al contrario de lo que podría parecer, que hayan pasado casi dos siglos desde el último gran sismo en Tivissa no es señal de que el peligro haya pasado; al contrario. “Cuanto más pasa del último, más cerca estamos del siguiente”, asegura María Ortuño, geóloga, profesora de la UB y miembro de RISKNAT, un grupo de investigación catalán que estos días está colaborando con un proyecto europeo que forma a futuros especialistas en prevención de riesgos ante desastres naturales. Para ello, el equipo está visitando diversas zonas críticas y Tivissa ha sido una de las escogidas. 

El proyecto TREADS está pensado para formar profesionales en la prevención de riesgos, un campo en el que España “está muy poco preparada”, apunta Ortuño. “Tenemos la gran suerte de no haber tenido terremotos recientes que hayan causado grandes daños”, expone la especialista, pero también añade que no hay que dejarse engañar por esta calma.

En la península Ibérica hay terremotos de gran magnitud —de 6 o más en la escala Richter—, una vez cada siglo, aproximadamente. El último de estas características se registró en Andalucía en 1884. Desde entonces, el territorio se encuentra en una anomalía porque no se ha vuelto a repetir. Por eso, Ortuño insiste en que “hay que ponerse las pilas”.

Los expertos de RISKNAT aseguran que la formación y la prevención son esenciales. Tanto, que apuntan que el terremoto de Lorca podría haber reducido exponencialmente la mortalidad si se hubiera preparado mejor a la población. “Invirtiendo unas pocas horas al año en recordar a la gente qué hacer en caso de terremoto, se podría haber salvado mucha gente”, explica Ortuño, quien estima que seis de las nueve víctimas mortales de Lorca se podrían haber evitado.

Las fallas activas y las centrales nucleares

Vandellós y Ascó se construyeron en 1967 y 1971 respectivamente, antes de que se tuviera constancia de la existencia de las fallas que pasan por sus cercanías. No fue hasta el desastre de la central japonesa de Fukushima en 2011, causado por un terremoto y el tsunami consecuente, que se empezaron a buscar riesgos sísmicos cerca de estas infraestructuras.

La central nuclear de Vandellós está a menos de 200 metros de la falla del Camp, una falla activa que puede producir sismos de hasta magnitud 6,5. Por otra parte, Ascó está en un terreno inundable del río Ebro, lo que supone un riesgo añadido en caso de sismo por la fluidificación del terreno —efecto que se da cuando una zona altamente saturada de agua actúa como líquido en reacción a un esfuerzo sísmico—.

Aun así, estos casos no son los únicos de centrales nucleares cerca de fallas activas. También en Japón, donde los sismos son usuales y cuentan con una amplia experiencia en prevención de riesgos, se encuentran las centrales de Kashiwazaki-Kariwa y Hamaoka, que tuvieron que hacer varias pausas en su funcionamiento para mejorar las infraestructuras, con esta última sumando más de 14 años sin operar.  

Para llegar a la prevención de Japón hace falta primero conocer el riesgo que hay. “El sísmico se basa en tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad”, explica Marc Ollé, investigador predoctoral en la UB y miembro de RISKNAT.

“La geología sirve para entender el fenómeno que genera un peligro para la sociedad”, explica Ollé. Los geólogos usan diversos métodos para estudiar el peligro de una zona, desde experimentos para ver las propiedades de la roca y el comportamiento de las fallas hasta modelos numéricos con la probabilidad de ocurrencia de terremotos futuros. “Estudiamos dónde hay fallas, cómo se comportan y, en caso de estar activas, qué efectos generarían”, apunta el geólogo. Con todo, aunque no es factible predecir cuándo va a producirse un sismo, sí se puede prevenir dónde va a ser y cómo.

Una vez detectada la peligrosidad, la responsabilidad recae en las normativas urbanísticas y arquitectónicas. En especial son las infraestructuras críticas, como hospitales, escuelas o industrias peligrosas, en las que debería haber un mayor cuidado para asegurar la resistencia a sismos. Pero la realidad es que, aunque exista una normativa, “siempre que puede, el cliente intenta economizar la construcción”, según apunta la arquitecta Laura Pallisé.

Es por eso que, ante este escenario, en el que hay infraestructuras críticas construidas sobre fallas y elementos arquitectónicos que no están totalmente adaptados, la formación de la población se convierte en el principal factor para reducir riesgos. 

Algunos consejos que la especialista deja en caso de terremoto son: “No salir, a no ser que sea una construcción muy bajita, ya que esos edificios raramente se derrumban. Incluso si colapsa, hay sitios seguros, triángulos de la vida, en cada sala”. También añade la importancia de tener planes familiares en caso de sismo que incluyan un punto de reunión en caso de caída de las comunicaciones y una repartición de las responsabilidades respecto a las personas dependientes.

Por parte del Ayuntamiento de Tivissa, el regidor Eduard Cavallé encargado de los servicios territoriales del municipio, asegura que se pondrán las pilas. “Hace poco aprobamos el documento de protección civil municipal”, explica, “hay que informar a la gente, pero sin alarmar a nadie”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha vuelto a dar un paso en la injerencia sobre la política energética de los países de la UE al pedir “evitar la retirada prematura de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden seguir proporcionando electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones, también puede desempeñar un papel importante”. España tiene planificado el cierre de varias centrales nucleares en 2030, con la oposición de las compañías eléctricas y el PP.

Von der Leyen ha hecho esta petición en una carta dirigida a los líderes de los 27 países de la UE como una de las propuestas en el terreno energético para tratar de aliviar las “graves repercusiones geopolíticas y geoeconómicas para Europa, que afectan a la energía y las finanzas, el comercio y el transporte, las cadenas de suministro y el desplazamiento de personas dentro y entre los países de la región”.

Los jefes de Gobierno de los países de la UE se reúnen este jueves en Bruselas para aprobar medidas que rebajen el impacto de la subida de los precios de la energía por el conflicto bélico que empezaron EEUU e Israel con el bombardeo de Irán.

“Al considerar posibles medidas adicionales para aliviar el impacto inmediato en consumidores y empresas, debemos aprender de las lecciones del pasado. Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”, escribe Von der Leyen en su misiva. Por este motivo, propone que “cualquier medida a corto plazo: no retrase la descarbonización del sistema energético, no aumente la demanda de petróleo y gas, sea temporal, dirigida y minimice los costes fiscales”.

Polémica con Ribera por las nucleares

Von der Leyen ya mantuvo una postura controvertida al equiparar las energías renovables con la nuclear y por decir que “la reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda”, que le supuso un conflicto interno con la la vicepresidenta europea para una Transición Limpia, Teresa Ribera.

La semana pasada Von der Leyen y Ribera mantuvieron una polémica por el papel de la presidenta de la Comisión respecto a la política energética de cada país. Ribera le dijo a Von der Leyen que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros, tras decir que fue “error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones” respecto a la energía nuclear.

“Mientras formé parte del Gobierno de España no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, ha sentenciado Ribera. La comisaria española ha defendido la competencia de cada Estado miembro de la UE para “decidir su 'mix' eléctrico de acuerdo con sus circunstancias, preferencias culturales e industriales y capacidades geográficas”.

En España hay una fuerte controversia entre el Gobierno y las eléctricas por el plan de cierre de las centrales nucleares. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz.

No es solo un tema técnico, también ha entrado en el terreno partididista: el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, defendió la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y rechazó su cierre programado en 2030 al considerar que responde a “cuestiones ideológicas”. Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, el PP mantiene la posición de alargar la vida de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha abogado este martes por potenciar la energía nuclear ya que es “confiable, proporcionando electricidad todo el año, las 24 horas del día”. Von der Leyen ha equiparado la energía nuclear a las renovables, asegurando que son “fuentes de energía bajas en carbono desarrolladas internamente. Juntas, pueden convertirse en garantes de la independencia, la seguridad del suministro y la competitividad, —si lo hacemos bien— ahora mismo”.

La presidenta de la Comisión admite que “en la última década, hemos logrado grandes avances en energías renovables. La energía solar fotovoltaica y eólica han superado a los combustibles fósiles en la matriz eléctrica de la UE. Y nuestros fabricantes europeos de aerogeneradores son potencias mundiales. Están exportando tecnología de punta 'made in Europe' al mundo”.

Pero Von der Leyen se queja de que “la historia de la energía nuclear, desafortunadamente, es diferente. Mientras que en 1990 un tercio de la electricidad de Europa provenía de la nuclear, hoy apenas alcanza cerca del 15%. Esta reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones”.

La presidenta de la Comisión ha asegurado que “en los últimos años, estamos presenciando un resurgimiento global de la energía nuclear. Y Europa quiere formar parte de él”, pese a que hay países como España que están cambiando su mix energético basándose en las energías renovables y con una política de abandono progresivo de los reactores nucleares.

Von der Leyen ha puntualizado que “después de años de inversión decreciente, necesitamos más para cambiar la tendencia”. En este sentido, ha comentado “la Estrategia Europea para Reactores Modulares Pequeños. Nuestro objetivo es simple: queremos que esta nueva tecnología esté operativa en Europa a comienzos de la década de 2030, de modo que pueda desempeñar un papel clave junto a los reactores nucleares tradicionales, en un sistema energético flexible, seguro y eficiente”.

La Comisión va a proponer una financiación adicional de 200 millones de euros para InvestEU con el fin de apoyar el despliegue de las primeras unidades comerciales de tecnologías nucleares innovadoras.

“La carrera tecnológica nuclear está en marcha. Sabemos que Europa tiene todo lo necesario para liderarla. Contamos con medio millón de trabajadores altamente cualificados en el sector nuclear, mucho más que Estados Unidos y China. Lideramos la innovación global en reactores modulares. Y ahora tenemos la ambición de avanzar con rapidez y a gran escala para que Europa se convierta en un centro mundial de energía nuclear de próxima generación”, ha concluido Von der Leyen.

“No puede intervenir en la política energética de cada país”

El anuncio de Von der Leyen es parte de la iniciativa de la Estrategia de Inversión en Energía Limpia, presentada este martes por Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. La propuesta pretende impulsar la inversión en “soluciones de energía limpia desarrolladas en Europa, aumentar la resiliencia y reducir los precios de la energía”. La Comisión ha recordado que “el contexto geopolítico actual vuelve a recordarnos los riesgos asociados a la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados”.

Ribera ha respondido a la presidenta de la Comisión Europea que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros, tras decir que fue “error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones” respecto a la energía nuclear.

“Mientras formé parte del Gobierno de España no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, ha sentenciado Ribera.

La comisaria española ha defendido la competencia de cada Estado miembro de la UE para “decidir su 'mix' eléctrico de acuerdo con sus circunstancias, preferencias culturales e industriales y capacidades geográficas” .

Además de la inversión en pequeños reactores nucleares, la estrategia pasa por ayudar a cerrar la brecha entre el capital privado actualmente disponible y las inversiones necesarias, además de contribuir a reducir los riesgos de los proyectos y a movilizar financiación privada para las redes eléctricas, las tecnologías innovadoras de energía limpia y la eficiencia energética.

La Comisión está trabajando con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con la intención de proporcionar más de 75.000 millones de euros de financiación en los próximos tres años para apoyar la transición hacia energías limpias. El BEI dedicará hasta 500 millones de euros para el Fondo de Inversión en Infraestructuras Estratégicas, que aportará capital para invertir en proyectos específicos de infraestructuras energéticas.

“La situación en Irán nos recuerda una verdad sencilla: la energía limpia producida en casa es la única solución duradera para que la UE rompa el ciclo de dependencia de los combustibles fósiles y de la volatilidad de los precios. Adoptamos un paquete de medidas para avanzar en este objetivo y apoyar a los ciudadanos para que tengan facturas energéticas más bajas. Queremos garantizar las condiciones de inversión adecuadas para canalizar capital privado hacia nuestros sistemas energéticos limpios, asequibles y desarrollados en Europa. Y la decisión de hoy es un paso más en esa dirección”, ha explicado Teresa Ribera.

Además, también hay un Paquete Energético para los Ciudadanos, con el que la Comisión propone acciones para reducir las facturas de energía y luchar contra la pobreza energética. Según la Comisión, con esta medida se espera que los consumidores podrán beneficiarse de cambios de proveedor más rápidos, menores impuestos y recargos en sus facturas eléctricas, así como de información más transparente sobre las facturas y los contratos energéticos.

La secretaria general del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha celebrado que el nuevo paquete energético de la Comisión incluya la energía nuclear como “uno de los pilares esenciales” de la política energética europea, poniendo fin así al “sectarismo ideológico” de la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera

El Consejo de Seguridad Nuclear prevé tener listo este verano el informe que será determinante para evaluar si hay garantías para que la central de Almaraz en Cáceres siga operando con una prórroga hasta 2030, según ha avanzado hoy el presidente del organismo, Juan Carlos Lentijo.

Las eléctricas propietarias tienen hasta el 18 de febrero para remitir la información añadida que les ha exigido el CSN y cuya entrega a tiempo y con “la calidad” requerida determinará los plazos para cumplir con el calendario que estima el Consejo que le será necesario para emitir su informe preceptivo y vinculante pero solo en positivo.

Según los cálculos del CSN,en cuyas manos está el informe clave sobre si extender el funcionamiento de la instalación, será “entorno al verano” cuando pueda estar listo su informe para enviarlo al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha dicho Lentijo.

Ha explicado que el Gobierno es el que tiene la última palabra; el hecho de aceptarse una prorroga por parte del Consejo de Seguridad Nuclear no implica que otras razones de peso por parte del Ejecutivo determinen no extender el funcionamiento de Almaraz.

Lentijo ha explicado que ampliar la operativa de la central hasta 2030 sería una pequeña prórroga al funcionamiento y eso permite “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda como se hizo en su día sino de aspectos parciales.

“No se trata de una autorización convencional porque lo que se evalúa está dentro del ciclo de autorización anterior que no estaba agotado”, es solo un ajuste para un corto plazo añadido, ha dicho.

El presidente del CSN también ha confirmado que este organismo está realizando un informe sobre el impacto del apagón en el sector nuclear.

Ha asegurado que “no hubo ningún problema de seguridad nuclear”, aunque si hay algo que aprender tiene que ver con la mejora de las comunicaciones, aunque el sistema funcionó tal como había sido diseñado. 

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y ha rechazado su cierre programado en 2030 al considerar que responde a “cuestiones ideológicas”. Durante una visita a las instalaciones, ha reiterado el compromiso del Consell con un modelo energético valenciano soberano y ha reclamado al Gobierno de España que permita mantener operativa una infraestructura que considera estratégica para la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca ha subrayado que la central de Cofrentes produce el 52 de la electricidad que se genera en la Comunitat Valenciana, lo que, a su juicio, la convierte en un elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. En este sentido, ha destacado el impacto directo del suministro energético en la competitividad del tejido productivo valenciano, formado por más de 12.000 empresas industriales que generan 184.000 empleos directos y más de 230.000 indirectos.

El jefe del Consell ha advertido de que mantener el calendario de cierre previsto para 2030 supondría “una irresponsabilidad”, al tratarse, según ha afirmado, de una central segura y necesaria para el equilibrio energético. Asimismo, ha apelado a “aplicar el sentido común” y ha enmarcado su posición en la estrategia que está siguiendo la Unión Europea, que apuesta por la energía nuclear como parte del mix energético.

En este contexto, Pérez Llorca ha señalado la evolución del debate político en torno a esta fuente de energía y ha recordadoque la actual comisaria europea Teresa Ribera apoyó el cierre de Cofrentes cuando era ministra, mientras que ahora afirma que respalda la construcción de nuevas centrales nucleares en Europa.

Desde el Consell se defiende que prolongar la vida útil de la central permitiría reforzar el sistema eléctrico, avanzar hacia la soberanía energética y facilitar la transición hacia un modelo energético que priorice las energías renovables con el respaldo de fuentes no renovables.

El president ha realizado la visita acompañado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y por el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

Extremadura llega a la cita electoral con una agenda marcada por la economía, el empleo y las infraestructuras, según un informe elaborado a partir del análisis de más de 30 millones de datos digitales. El estudio, presentado este jueves en Mérida por la consultora BeConfluence, se centra en las huellas que dejan los ciudadanos al interactuar en redes sociales, buscadores y sitios web, y no constituye una encuesta electoral.

El informe abarca la actividad de más de 612.000 personas en la región, de las que un 18 % corresponde a la generación Z (15-28 años), un 38 % a los Millennials (29-44 años), un 36 % a la Generación X (45-61 años) y un 8 % a mayores de 62 años.

Entre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, lideran la lista la situación económica y laboral y el estado de las infraestructuras, seguidos por la agricultura, el futuro de la central nuclear de Almaraz, la desigualdad territorial con respecto a otras comunidades, la corrupción y la sanidad y servicios públicos rurales.

El estudio refleja, además, que un 56 % de los usuarios percibe un trato desigual de parte del Estado hacia Extremadura en comparación con Cataluña y País Vasco, y hasta un 80 % considera que la corrupción es un problema relevante en la región.

Los datos segmentados por edad muestran que el 56,7 % de los jóvenes y adultos de entre 15 y 44 años han pensado en marcharse de Extremadura en busca de oportunidades laborales, mientras que un 33 % considera difícil encontrar un empleo estable en los próximos 12 meses.

La conectividad ferroviaria también sale mal parada, con un 71,5 % de los consultados que la valora negativamente. En cambio, la central de Almaraz recibe un respaldo mayoritario: la mitad de los jóvenes de 18 a 28 años y el 60 % de los de 29 a 44 años están a favor de prolongar su vida útil, cifra que aumenta hasta el 75 % entre quienes tienen entre 45 y 73 años.

El informe ofrece así una radiografía digital de las preocupaciones de los extremeños de cara a los próximos comicios, dejando patente que, más allá de la intención de voto, la ciudadanía sigue marcada por la búsqueda de empleo, la mejora de los servicios y la estabilidad económica de la región.

Trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz (CNA), representantes del comité de empresa, miembros de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', entre otros colectivos, se han concentrado este lunes ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social para pedir la continuidad de la planta, de la que dependen unos 4.000 empleos de la zona

Según ha informado 'Sí Almaraz', a la concentración también se han sumado el colectivo Mujeres por Almaraz, Jóvenes Nucleares y Women in Nuclear y tras ella se han entregado en el Ministerio tres cartas dirigidas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Las misivas alertan de las “graves consecuencias económicas, sociales y demográficas ”que tendría el cierre para Extremadura y para el conjunto del país. Así, 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' advierte en la carta de que “el cierre de Almaraz supondría un golpe irreversible para una comarca que ya sufre los efectos del desempleo estructural, la despoblación y la pérdida progresiva de tejido productivo.

Añade que miles de empleos directos e indirectos —cualificados, estables y de calidad— dependen de esta instalación, que actúa además como eje vertebrador de la actividad económica en la zona y su clausura aceleraría el proceso de desindustrialización y abandono rural que amenaza a una de las regiones más castigadas por el desequilibrio territorial del país.

Por su parte, el Comité de los Trabajadores pide a la ministra que defienda los puestos de trabajo y a las de cerca de 4.000 familias que viven dignamente gracias al empleo de calidad que genera la Central de Almaraz. También que tome conciencia de que no se puede condenar de nuevo a Extremadura al ostracismo ni a la desindustrialización obligándole a perder su mayor motor económico.

Por último, el colectivo Mujeres por Almaraz, un grupo de madres, trabajadoras y vecinas del Campo Arañuelo, destacan que el cierre de la central amenaza la continuidad educativa, sanitaria y social de unos municipios ya debilitados por la pérdida de población y que muchas familias jóvenes se verían obligadas a abandonar la comarca, acelerando el vaciamiento rural. 

Fundación Renovables, principal lobby de este sector en España, avisa de la “insuficiente” financiación del fondo que debe sufragar el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos nucleares, cuyo déficit cifra en más de 5.000 millones de euros, pese a la última subida aprobada por el Gobierno, y cree que “prolongar la vida útil de las centrales solo pospone el problema y puede agravar este déficit, sin garantizar siquiera la cobertura de los costes reales de cierre y gestión de residuos”.

El informe La Energía Nuclear en España: Análisis de la viabilidad nuclear hacia un sistema 100% renovable, al que ha tenido acceso elDiario.es, advierte de que el déficit de ese fondo recaerá “sobre la ciudadanía si no se aumenta significativamente” la tasa que recauda la empresa pública Enresa, “dado que hoy en día los propietarios de las centrales no asumen los gastos para el tratamiento de los residuos que ellos mismos han generado”.

“Esto evidencia la falta de competitividad económica real del sector nuclear al no tener en cuenta el coste de sus externalidades, además de la nula estrategia de las empresas privadas para asumir su responsabilidad a futuro”, dice el documento, lanzado en pleno debate sobre la posible prórroga hasta 2030 de la nuclear de Almaraz (Cáceres), que las eléctricas pretenden hacer coincidir con el cierre de otros dos reactores, Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), algo que, al margen de las maniobras del PP en el Congreso, puede echar al traste con el cierre paulatino (entre 2027 y 2035) que pactaron las empresas con el Gobierno en 2019.

Ese fondo, que se nutre de una tasa por la producción de los reactores, contaba a cierre de 2024 con 8.677 millones, cuando Enresa estima los costes en más de 20.000 millones. Para dotarlo de más recursos, en junio de 2024 el Gobierno aumentó la Tasa Enresa un 30%, de 7,98 €/MWh a los actuales 10,36 €/MWh, un incremento que las empresas han recurrido y que, según el informe, “es muy insuficiente para la cobertura total de los costes estimados”.

“En caso de ampliación de plazo de las centrales, se ha mencionado que esta tasa podría reducirse un 18% hasta los 8,50€/MWh, argumentando que al ampliarse el periodo recaudatorio se apoyaría la competitividad económica del sector nuclear”, dice el informe, que sin embargo plantea “un hipotético escenario en el que la tasa Enresa permitiría cubrir el 100% del coste de gestión de los residuos nucleares entre 2024 y 2100”: afirma que la tasa debería situarse en 59,52 €/MWh, con un precio de la electricidad nuclear de 113,42 €/MWh, según una metodología de cálculo de costes de esta tecnología que Endesa presentó en 2023.

El informe subraya que el retraso (doce años) en la actualización del último Plan de Residuos Radiactivos (aprobado en diciembre de 2023) “ha beneficiado económicamente a las empresas propietarias”, al no haberse actualizado esa tasa en esos años. Destaca que “el 30% de los 416 reactores operativos en el mundo en 2025 ya superan los 40 años de vida de diseño y casi dos tercios lo habrán hecho antes de 2035”.

Esto “obliga a los reguladores a decidir entre cerrar o acometer costosas obras de extensión, con el telón de fondo de procesos de fatiga, como son la corrosión de la vasija (similar a lo que sucede en los reactores franceses durante los últimos años) o la fragilización del acero que incrementan la probabilidad y la gravedad de un fallo de seguridad a medida que la central envejece”.

El precio de alargar la vida útil de una central no es uniforme y varía para cada reactor. El informe menciona los casos de la extensión de 10 años de los reactores belgas Tihange 3 y Doel 4, con un rescate público de 2.000 millones; y en Francia, el programa de renovación “Grand Carénage”, con una inversión de 49.400 millones para sus 56 reactores, a unos 880 millones por reactor. 

Como recuerda el informe, en 2018 la consultora PwC estimó que las nucleares españolas deberían invertir un mínimo de entre 3.200 y 3.500 millones para alargar su funcionamiento 10 años. La cifra exacta “solo se podría conocer si se pidiese la ampliación de cada central, pero, en todo caso, representa un alto coste fijo que habría que amortizar durante los años restantes de su funcionamiento, desconociéndose si las empresas propietarias están dispuestas” a asumirlo. Almaraz depende de los requerimientos técnicos que imponga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

“Ampliar la vida de los reactores existentes parece más barato que construir nueva capacidad firme, sin embargo, cuando se internalizan las inversiones de modernización, los sobrecostes operativos, la gestión de residuos extra y, sobre todo, los riesgos económicos de un accidente grave, el balance se inclina rápidamente”, sostiene la Fundación Renovables.

“El beneficio privado de unos años más de operación corre parejo a la asunción pública de contingencias cuyo valor supera con creces los ahorros inmediatos. La cuestión deja de ser meramente técnica para convertirse en una decisión de política económica sobre quién asume, y hasta qué punto, el precio real del envejecimiento nuclear”.

“Incompatibilidad”

El informe subraya la “incompatibilidad” entre la nuclear y la transición energética, ya que “impide que el despliegue renovable alcance su potencial completo” al operar de “de forma no flexible”, con poco margen para regular potencia, “obligando a desconectar renovables”. Su modelo “las hace incompatibles con la variabilidad estacional de las renovables y los sistemas de baterías hibridados y stand-alone en desarrollo”. 

El informe considera “optimista ” la previsión de incremento de la demanda eléctrica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Comienza advirtiendo de que los datos referentes a la nuclear “se han obtenido a partir de la información publicada por el propio sector”, lo que implica “limitaciones” por “la falta de transparencia”, la “opacidad y el hermetismo de una industria que no aporta información abierta a la ciudadanía y al Estado”.

“Existen una serie de costes futuros que no se incluyen en la carga fiscal nuclear actual” y “extender la vida útil de reactores viejos requiere nuevas inversiones en refuerzos de seguridad y modernización, con su correspondiente impacto financiero”; sin mecanismos de apoyo, como contratos indexados o “todos los costes” asumidos, “su rentabilidad está en entredicho”.

Frente a las afirmaciones de las eléctricas sobre “la supuesta excesiva carga fiscal de la nuclear”, Fundación Renovables recalca “la importancia de las tasas impositivas para reducir el impacto social negativo que supone externalizar los costes de una tecnología en la ciudadanía”.

“El mérito de una tecnología no debe basarse en su hipotético funcionamiento exento de impuestos”, algo “especialmente cierto para la nuclear dadas sus externalidades potencialmente negativas” y su competencia frente a tecnologías “que sí están gravadas fiscalmente y tienen menos externalidades, como es el caso de las renovables”.

La fundación expone, citando datos del banco de inversión Lazard, que el coste marginal de operación de las nucleares (conocido como LCOE) se mantiene desde hace una década “estable” a escala global en torno a los 71 dólares por MWh, frente a los “entre 37 y 70” de la fotovoltaica y la eólica terrestre“. 

“Así, la nuclear nueva se posiciona hoy como la opción más cara para nueva generación firme en los sistemas eléctricos occidentales, siendo, además, cada vez menos competitiva frente a las renovables. Su viabilidad económica depende de factores aún no resueltos y sin expectativas claras de mejora en el corto o medio plazo”.

En el caso de España, el coste completo de producir electricidad nuclear “se desconoce porque, más allá de los datos publicados por los propios operadores de las centrales y su asociación, Foro Nuclear, se desconoce la veracidad de estos al no haber un control de validación externo e independiente”.

La composición del coste incluye operación y mantenimiento, amortización de inversiones, impuestos específicos, financiación del desmantelamiento y gestión de residuos. “Con la prudencia de que son costes internos, sin una auditoría de costes externa e independiente, Endesa presentó en 2023 un desglose de costes que ascendía a 63 €/MWh”, recuerda la fundación.

El informe reconoce que “la presión mediática generada por las propietarias de las centrales podría retrasar” ese cierre gradual y considera un “mito” el denominado renacimiento nuclear, un “falso relato que ha calado en el debate público y que viene incentivado por el lobby empresarial nuclear, que se basa más en sus propios deseos que en la realidad”, dado que en los últimos 15 años esta fuente “ha experimentado un crecimiento prácticamente insignificante a nivel mundial, con más reactores cerrados que inaugurados, y concentrando el poco desarrollo existente en regiones muy concretas, principalmente en Asia”.

Se basa en los datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que señalan que la potencia de esta fuente a escala mundial ha pasado de 370,9 gigavatios (GW) en 2010 a 375,5 GW en 2024, con un crecimiento de solo el 1,2%, y “19 reactores menos, al ser los nuevos más potentes que los clausurados”, con Asia concentrando el 79% de la nueva capacidad en la última década y China a la cabeza (40 GW).

“Este estancamiento nuclear contrasta enormemente con el auge de las energías renovables que experimentaron, en el mismo periodo, un crecimiento exponencial del 262% a nivel mundial, pasando de 1.227 GW en 2010 a 4.448 GW en 2024”, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena). “Solo el último año, las renovables instalaron más potencia que toda la capacidad nuclear histórica instalada hasta la fecha”, recuerda el informe.