Justo cuando los impactos del cambio climático se están haciendo más potentes y dañinos, las grandes petroleras se han hecho con el discurso: la industria fósil ha impuesto su visión sobre el petróleo al conseguir trasladar la idea de que no vivimos una crisis del clima, sino un problema de seguridad energética, según el análisis de cobertura mediática de la investigadora de la Universidad Pompeu Fabra Silvia Díaz Pérez.

Este cambio ha hecho que el petróleo —un combustible fósil cuyo uso emite gran cantidad de gases de efecto invernadero, un tercio del total mundial cada año— sea presentado como solución a esa necesidad de energía, en lugar de como responsable del problema del cambio climático y sus consecuencias.

En este 2026, “por primera vez desde 2018, el marco que gana la disputa por el petróleo en la prensa es el de la industria: necesidad y seguridad energética desplazan a la culpa climática. El término se ha dado la vuelta”, describe el análisis. El trabajo de relaciones públicas de la industria ha dado sus réditos, ya que “ha habido una erosión sostenida en el tiempo, hasta que en 2026 se ha cruzado el umbral a favor de las visiones de la industria”.

La industria domina el relato del petróleo

Evolución del Índice de Dominancia Narrativa (NDI) 2018-2026

-1 indica dominio del movimiento climático y 1 dominio de la industria fósil

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-0.89

-0.67

Ya amagó con Ucrania en 2022 y revirtió. En 2026 el cruce es el más pronunciado del registro

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

La industria domina el relato del petróleo

Evolución del Índice de Dominancia Narrativa (NDI) 2018-2026

-1 indica dominio del movimiento climático y 1 dominio de la industria fósil

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Ya amagó con Ucrania en 2022 y revirtió. En 2026 el cruce es el más pronunciado del registro

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

Imponer el relato no es algo inocuo como han demostrado las investigaciones de ciencias políticas: determina cuál es el problema urgente establece los límites del debate y justifica unas políticas u otras. Ahora, ha cedido el marco de “culpa” o responsabilidad y ha tomado la delantera el de “necesidad”, con sus implicaciones.

La investigación de Silvia Díaz utiliza un índice de dominancia narrativa (NDI) basado en la revisión de los titulares informativos. Así, para cada concepto analizado —el petróleo, el gas, las renovables, la captura de carbono etc.— puede detectarse qué actor consigue definir su significado en la prensa: el movimiento climático (valores hasta -1) o la industria fósil (valores hasta 1).

En el caso del petróleo, su índice NDI ha pasado de -0,84 en 2018, es decir, la visión del movimiento climático dominaba, a -0,67 en 2024 y el salto que ha cruzado y cambiado las tornas: 0,24 en 2026. Con la guerra en Ucrania, en 2022, se vio un primer repunte de las posturas de la industria que ha dado el sorpasso este curso.

En el otro lado, los cálculos científicos han mostrado que para mantener el calentamiento global del planeta por debajo del límite de seguridad del 1,5 °C extra al final de siglo no debería extraerse más de la mitad del petróleo aun bajo tierra.

La investigación ha revisado más de 60.000 titulares de informaciones sobre clima y energía —no el cuerpo completo— de 56 medios internacionales diferentes entre 2018 y agosto de 2026. También 44.000 posts de cuentas del movimiento climático en X y Bluesky. La investigadora monitoreó las cuentas de diez petroleras y asociaciones patronales: ExxonMobil, Chevron, Shell, bp, TotalEnergies, Eni, API, FuelsEurope, OGCI y GasNaturally.

Durante este cambio de tornas, se ha producido la guerra en Ucrania primero y el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán después –con el cuello de botella instalado en el estrecho de Ormuz–. Y, al mismo tiempo, las petroleras han multiplicado sus ingresos de manera más que notable.

La mayor petrolera del mundo, la saudí Aramco, ha declarado unos beneficios de 28.000 millones de euros para el segundo trimestre de 2026, un 33% más que el mismo periodo del año anterior. La estadounidense ExxonMobil, por su parte, dobló los beneficios y llegó a 12.500 millones de euros. Su compatriota Chevron se disparó a los 10.000 millones, lo que supone un 380% más. La británica Shell llegó a los 8.400 millones de euros (u 12% más).

A la española Repsol tampoco le ha ido mal: declaró unos beneficios de 2.200 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por cuatro los resultados de un año antes.

Así que, cuando las repercusiones del cambio climático se están haciendo más evidentes —y graves—, la industria de los combustibles fósiles ha conseguido desplazar la percepción de cuál es el problema: del calentamiento global se ha pasado a la crisis energética. Y de paso, ha multiplicado sus ingresos.

Campos en disputa

El tema de petróleo es el asunto más en disputa entre el movimiento climático y la industria, según las conclusiones de este trabajo. Es decir, todavía “puede cambiar de manos”. El Big Oil ya domina claramente el campo del gas —que es visto como una solución sostenible y casi siempre lleva el apellido de “natural” aunque es un combustible fósil—.

El clima pierde fuerza a la hora de hablar de la energía

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Porcentaje en el que el clima es el marco en el que se encuadra la cobertura mediática por año.

Del 74% (2019) (el año de las movilizaciones masivas) al 24% (2026).

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

El clima pierde fuerza a la hora de hablar

de la energía

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Porcentaje en el que el clima es el marco en el que se encuadra la cobertura mediática por año.

Del 74% (2019) (el año de las movilizaciones masivas) al 24% (2026).

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

La invasión rusa en Ucrania hizo que el discurso gasístico, que ya era favorable a la industria, prácticamente quedara sellado como necesidad para asegurar la energía. La visión de la industria también es la que prevalece en cuanto al uso del hidrógeno como combustible y los procesos de captura de carbono.

El movimiento climático aún es el actor principal a la hora de hablar de energías renovables, pero, indica la investigación, “se cuestiona desde dentro” con discursos sobre el “extractivismo verde” o la “justicia” a la hora de repartir cargas y beneficios de la implantación de renovables.

Lo que analiza la investigadora es que el movimiento climático ha dejado “desierto” el relato sobre soluciones en el campo energético, por lo que la industria “ha podido ocupar el espacio con el gas, la captura de carbono y el hidrógeno como respuesta”.

La cuestión es que, en 2019, el clima era el “marco maestro desde el que se interpretaba la energía”, subrayan las conclusiones, y eso ya no ocurre. En 2026, ese marco ha sido desplazado por seguridad, suministro y crisis energética. Ese desplazamiento “cambia estructuralmente la ventaja narrativa: dentro del marco climático los fósiles aparecen como problema, pero dentro de energy security pueden reaparecer como solución”.

“Las petroleras no necesitan negar el cambio climático ni su responsabilidad. Han conseguido aprovechar las guerras —primero con el gas y luego con el petróleo— para reposicionar sus productos: ahora lo verdaderamente importante es la calefacción y el precio de la gasolina”, reflexiona Silvia Díaz en conversación con elDiario.es.

En España, la nuclear

En España —donde se analizan 60.463 titulares de clima y energía en 26 medios españoles—, la lucha por el relato se centra en la energía nuclear. “Es un campo en disputa”, explica Silvia Díaz. Es el tema sobre el que se genera más volumen de información en los medios nacionales y se impone la visión de la industria eléctrica “no en abstracto, sino argumentando las consecuencias de cerrarla”. La central de Almaraz marca los tiempos de la disputa por este tema.

El relato de la nuclear y las renovables en España

Energía nuclear

Energía renovable

APAGÓN

28/4/2025

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2026

La nuclear cambia de marco en 2019 y no vuelve a bajar del cero; desde 2024 se consolida. Las renovables no cruzan en ningún momento, pero en el año del apagón el marco del movimiento pierde fuelle: de −0,40 a −0,19, sin recuperar después su nivel anterior

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

El relato de la nuclear y las renovables

en España

Energía nuclear

Energía renovable

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La nuclear cambia de marco en 2019 y no vuelve a bajar del cero; desde 2024 se consolida. Las renovables no cruzan en ningún momento, pero en el año del apagón el marco del movimiento pierde fuelle: de −0,40 a −0,19, sin recuperar después su nivel anterior

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

Así, en realidad, el relato nuclear en los medios en España es dominado por la industria desde, al menos, 2019. “Podría ser como respuesta al pico del movimiento climático de aquel año”, analiza la investigadora. Luego, el apagón general de abril de 2025 le otorgó más volumen al relato de la industria: le dio la mitad de todo su volumen total de informaciones entre 2019 y 2025 sin que cambiara el enfoque. Entre 2024 y 2025 el dominio industrial crece 23 puntos más, “el mayor desplazamiento de cualquier concepto en los nueve años de la serie”.

En 2026, se ha sustanciado el permiso del Ejecutivo para prolongar la vida de la central de Almaraz que debía cerrar, según el acuerdo con la dueña, en 2027 y 2028. El Gobierno ha aducido “el conflicto” en Oriente Próximo.

A la hora de informar sobre las energías renovables, el movimiento climático ha perdido un tercio de la ventaja que tenía respecto a la industria en cuanto a dominar el relato. El apagón del 28 de abril de 2025 le hizo mucho daño al cebar un discurso sobre la incapacidad de estas tecnologías para satisfacer toda la demanda “y no la ha recuperado nunca”.

Las conclusiones sobre España es que “no va con retraso respecto de la serie internacional”, sino que hay una “disputa distinta, con la misma gramática”, explica la investigadora. “El movimiento climático ha perdido terreno en la información sobre energía nuclear, sobre gas y sobre las renovables”.

La Unión ha pedido por carta a la presidenta María Guardiola que recapacite en su propuesta de eliminar de forma progresiva la ecotasa, pues “va a perdonar 147 millones de euros” a las propietarias de la central nuclear de Almaraz y “estas mismas empresas van a pagar impuestos en Cataluña de los cuales 45 millones van al sector agrario”.

“¿Para quién gobierna? ¿para los extremeños o para las multinacionales eléctricas?”, se ha preguntado la organización en un comunicado de prensa, donde precisa que con la supresión en el plazo de tres años de este impuesto se “prevé la pérdida de ingresos en las arcas regionales por este concepto de 25 millones de euros para 2027, de 50 millones para 2028 y de 74 millones para 2029”.

La organización agraria recuerda que los accionistas que gestionan la central son “Iberdrola con el 53 % y unos beneficios en el 2025 de 6.285 millones de euros; Endesa con el 36% y unos beneficios de 2.351 millones de euros; Naturgy con el 11% y beneficios de 2.023 millones”.

Se da la circunstancia de que “dos de estos accionistas que gestionan el 89% (Iberdrola y Endesa) de la central de Almaraz son los mismos que gestionan en Cataluña las centrales nucleares de Ascó y de Vandellòs”.

Añade que el Parlamento Catalán ha aprobado la Ley 1/2025 de fondos agrarios y ganaderos por la que destinan “el 30 % del impuestos que pagan sus centrales nucleares en Cataluña a ayudar al sector agrario catalán: en el año 2025 la parte de los impuestos de las centrales catalanas supusieron un total de 45 millones de euros”.

La Unión lamenta que cuando en Extremadura se dirigen a la Consejería de Agricultura para solicitarles ayudas a los agricultores y ganaderos extremeños por motivos de la climatología, enfermedades ganaderas, etc., siempre obtienen “la misma respuesta: la Junta de Extremadura no tiene fondos para aprobar estas ayudas”.

“No es admisible que los agricultores y ganaderos catalanes tengan una serie de ayudas para compensar a los profesionales del sector agrario en planes de mejoras, ayudas a la sequía en los sectores del vino y olivar, al sector apícola, etc. y en cambio aquí no se apruebe ayuda alguna por falta de presupuestos”, asevera.

Esta situación, critica, se puede resumir en que “con los mismos accionistas en Cataluña se pagan impuestos de los que una parte importante va al sector agrario” y en “Extremadura le perdonamos este impuesto a empresas que en el año 2025 tuvieron 10.659 millones de euros de beneficios y que además cotizan el impuesto de sociedades en otras regiones”.

Quintana Martín Galíndez (Burgos, 304 habitantes) ya no tiene el movimiento de hace una década. En la cabecera del Valle de Tobalina (877 habitantes), donde casi el 30% de la población supera los 65, quedan tres bares donde antes había muchos más, las oficinas bancarias han reducido sus días de atención y el municipio ha perdido alrededor de 140 habitantes en los últimos 12 años, cuando comenzó la desconexión y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Como tal, la central dejó de funcionar en agosto de 2017, después de 46 años de actividad. Entonces había 227 trabajadores en plantilla y otros 158 vinculados a empresas auxiliares y subcontratas. En total, 385 empleos quedaron afectados por el cierre en un territorio que hoy integra 27 municipios de Burgos y Álava dentro de la Zona de Transición Justa de Garoña.

Diez años después, la comarca vive una transformación que sobre el papel tiene una dimensión considerable. Desde 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido cerca de 17,43 millones de euros para 35 proyectos empresariales, energéticos y municipales, con una inversión de 31,48 millones.

Al otro lado de la sierra, en la Merindad de Cuesta-Urria, sienten que les ha tocado “el gordo de Navidad” gracias a un macroproyecto de almacenamiento hidráulico que aspira a heredar el nudo de evacuación de la central. El miedo en la comarca pasa por no vivir en sus carnes la situación que se ha vivido en las cuencas mineras del carbón.

La factura de apagar Garoña

“La central nació, creció, dio trabajo durante 40 años y ha muerto”. Jesús Ángel López de Mendoza, alcalde del Valle de Tobalina, resume así el cambio. Y añade una advertencia sobre el futuro: los próximos años todavía estarán marcados por el desmantelamiento, pero cuando termine esa actividad temporal la realidad será mucho más complicada.

Aunque la tasa de paro oficial del municipio se maquilla provisionalmente por debajo del 8% debido a que el desmantelamiento gestionado por Enresa emplea mano de obra comarcal, la preocupación real es qué ocurrirá cuando las demoliciones concluyan en un plazo máximo de diez años.

En esta parte de la comarca de Merindades, en el norte de Burgos, el problema no es únicamente laboral. Para el Valle de Tobalina, el cierre de la central también significó un golpe directo a las cuentas municipales.

Otro de los golpes al Valle de Tobalina vino de un cambio normativo sigiloso en los despachos de Madrid. López de Mendoza asegura que una modificación estatal en la ordenanza del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) arrebató a las arcas municipales la posibilidad de cobrar las tasas ordinarias por la gigantesca obra de demolición de la central nuclear.

El Ayuntamiento calcula una pérdida patrimonial de 23 millones de euros vinculada al desmantelamiento y sostiene que ha dejado de ingresar alrededor de un millón de euros anuales en tributos corrientes que anteriormente contribuían a sostener el presupuesto.

La situación ha obligado al consistorio a tomar decisiones poco populares. El municipio administra 33 pedanías y ha tenido que mantener servicios como la guardería, el gimnasio, el telecentro, las piscinas o la biblioteca. Para poder sostenerlos, el Ayuntamiento ha tenido que elevar tasas como las de basura y agua y el IBI, como señala el regidor.

“He tenido que meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos subiendo la basura, el agua y el IBI para mantener los servicios. Ahora voy cojo. Antes hacíamos las cosas en el día, ahora igual tardo dos días en dar el servicio”, apunta el alcalde.

Incluso las ayudas por albergar los residuos radiactivos resultan insuficientes. El convenio anual con Enresa reporta al ayuntamiento 447.000 euros, una cantidad que es insuficiente para dar todos los servicios.

López de Mendoza logró que el Gobierno flexibilizara las bases de estos convenios —una medida que afectará a todo el parque nuclear español— para poder destinar esa asignación a gasto corriente y costes de personal, y no solo a cemento. “Garoña ya es inviable. Lo de volver a abrirla es imposible, todo nace, crece y muere”, explica frente a los discursos que proponen reactivar la planta.

La nueva apuesta: agua como energía en lugar de uranio

Mientras el Valle de Tobalina intenta mantenerse, a pocos kilómetros, la perspectiva cambia de forma radical. El entorno de Garoña está concentrando proyectos renovables de gran tamaño. Uno de ellos es el desarrollo fotovoltaico de Solaria, acompañado de almacenamiento mediante baterías. En la Merindad de Cuesta-Urria se está trabajando en el proyecto una central hidroeléctrica reversible de 151 MW promovida por Waqbaw.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Dos balsas situadas a distinta cota permiten almacenar electricidad en forma de agua. Cuando existe excedente de generación renovable, el sistema bombea agua hacia la balsa superior. Cuando la demanda aumenta, el agua vuelve a descender y mueve las turbinas para producir electricidad. La instalación está concebida como un circuito cerrado.

La inversión prevista ronda los 197 millones de euros. Para un municipio pequeño como Cuesta-Urria, con cerca 300 habitantes empadronados repartidos en 24 núcleos, el proyecto tiene una dimensión difícil de comparar con cualquier actuación municipal ordinaria.

Para Beltrán, el proyecto de una Central Hidráulica Reversible de bombeo en su término municipal es la única tabla de salvación para el ayuntamiento. La idea se le ocurrió tras un viaje con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) a la localidad valenciana de Cortes de Pallás, donde visitó la central de bombeo de La Muela. “Me di cuenta de que teníamos el lugar perfecto. Tenemos 339 metros de diferencia de altitud entre balsas en muy poco recorrido físico”. Tras consultar la viabilidad con René Gómez, entonces comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el proyecto echó a andar.

Beltrán estima que solo la licencia de obras, calculada sobre una inversión de ese tamaño, supondría unos ingresos extraordinarios para unas arcas municipales cuyo presupuesto ordinario ronda los 800.000 euros anuales. Además, el Consistorio espera ingresos recurrentes mediante cánones y tasas vinculados al funcionamiento de la instalación y a su línea de evacuación.

“Igual que hasta ahora el Valle de Tobalina con Garoña era un ayuntamiento privilegiado, pues ahora nos toca a nosotros. Es una lotería... En el momento en que arranquen las obras, simplemente con la licencia de obra, ya podemos echar adelante algún proyecto importante para asentar población”, apunta el regidor.

El proyecto, según Beltrán, cuenta con el respaldo unánime de los vecinos al plantearse como un circuito cerrado. “El miedo que teníamos era que fuera un circuito abierto desde el río y estuviera gastando agua del río Nela de continuo”. Sin embargo, la realidad de captar agua de un ecosistema fluvial con un estiaje severo mantiene en alerta a los colectivos conservacionistas de Las Merindades, un territorio con un largo historial de lucha ecológica que ya logró tumbar proyectos mineros y de fracking en la cuenca del Nela.

Una 'batería de agua' para la nueva generación renovable

Desde Waqbaw, su director de desarrollo, Víctor de Huerta, defiende que la central de Cuesta-Urria se ha planteado con especial atención a la conservación del entorno. La ubicación de las balsas fue consensuada con los ayuntamientos de la Merindad de Cuesta-Urria y parte de las instalaciones se situará sobre terrenos municipales. La empresa destaca además que el circuito será cerrado y que no habrá una detracción constante de agua del río Nela: el recurso se utilizará para el llenado inicial y para compensar la evaporación.

Frente a las dudas ambientales, Víctor de Huerta, director de desarrollo de Waqbaw, defiende el proyecto como una “infraestructura de país” alineada con la transición energética. “El bombeo reversible y las baterías no son tecnologías excluyentes, sino complementarias”, puntualiza De Huerta. “Pero mientras las baterías de litio sufren una degradación rápida y tienen una vida útil de 10 o 15 años, nosotros estamos construyendo una infraestructura energética madura diseñada para durar varias décadas”.

De Huerta destaca que una central reversible como la de Cuesta-Urria ofrece entre 6 y 10 horas de almacenamiento medio equivalente, inyectando inercia natural, soporte de cortocircuito y estabilidad de tensión a la red síncrona en una provincia con una penetración masiva de energía eólica y solar no gestionable. El objetivo es retener los excedentes de generación renovable que de otra manera acabarían desperdiciándose en forma de vertidos a la red.

El proyecto, además, no llega solo. Otra gran apuesta de la promotora es por el empleo. Waqbaw calcula alrededor de 200 puestos de trabajo temporales durante la construcción, pero asegura que el impacto no terminará cuando acaben las obras.

El compromiso con el Instituto para la Transición Justa contempla hasta 151 empleos equivalentes a tiempo completo vinculados a nuevos centros de trabajo en la zona durante diez años.

A esos puestos se suman 15.100 horas de formación para 100 personas de la comarca, con contenidos relacionados con las nuevas tecnologías energéticas, pero también con la gestión y puesta en valor del patrimonio cultural y el turismo rural. La intención, según la compañía, es que la inversión deje algo más que una infraestructura energética: trabajadores formados, actividad económica y herramientas para que parte de ese empleo pueda permanecer en el territorio una vez terminada la construcción.

La central de Cuesta-Urria ha obtenido conexión en la subestación de Garoña, en el nudo de 220 kV. Según la promotora, permitirá aprovechar excedentes de producción renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, además de inercia, estabilidad de tensión y soporte a la red.

8,7 millones de euros para 16 proyectos

El fin de los ingresos de la central en las cuentas del Ayuntamiento de Valle de Tobalina contrasta con la llegada de inversión a la comarca, aunque buena parte de ese dinero tiene un destino concreto: rehabilitar edificios, crear equipamientos, mejorar espacios públicos o impulsar proyectos energéticos. No sustituye automáticamente los ingresos recurrentes que generaba una instalación como Garoña.

El propio informe oficial de la Zona de Transición Justa refleja esa apuesta. Solo en infraestructuras municipales se han concedido 8,7 millones de euros para 16 proyectos. Entre ellos está la reforma integral de la residencia de mayores del Valle de Tobalina, con casi tres millones de euros, y la rehabilitación del Hostal Municipal, con 985.520 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha inyectado en la zona de influencia de Garoña unos 17,43 millones de euros de ayudas públicas desde 2019. De esta cantidad, 10,3 millones corresponden a infraestructuras del Instituto para la Transición Justa) y 7,1 millones proceden de las líneas del IDAE para descarbonización y comunidades energéticas.

También hay actuaciones destinadas a recuperar espacios de uso colectivo. ENRESA ha cofinanciado 42 propuestas de desarrollo local en once municipios con 2,6 millones de euros. En Tobalina, 783.000 euros se destinan a actuaciones relacionadas con el embalse de Sobrón, la residencia, el entorno del embarcadero y un pabellón multifuncional. La idea es que estas inversiones ayuden a mantener servicios para tratar de mantener a la población.

Empleo de calidad y estable y salir del olvido institucional

En la comarca de las Merindades, el paro se mantiene actualmente por debajo del 8%, pero una parte de esa situación está relacionada con el propio desmantelamiento de Garoña. Hay trabajadores del valle, de Medina de Pomar, Trespaderne y Burgos que siguen vinculados a las obras de la central. Cuando todo eso acabé, se esfumará ese 'colchón'.

La prioridad pasa por conseguir que el empleo sea estable, como indican los alcaldes. El cierre de la nuclear afectó de forma directa a 385 trabajadores entre personal de Nuclenor y subcontratas. Las obras de la central de bombeo darán trabajo temporal a 200 personas, pero una vez operativa la CHR requerirá un volumen mínimo de personal para el mantenimiento diario.

“El turismo es solo una pata de banco”, advierte con severidad el alcalde de Cuesta-Urria, Alfredo Beltrán. “Es ir creando un tejido industrial que nos permita asentar unas 300 familias en la comarca para que la zona funcione”. Beltrán critica el olvido institucional que sufren los municipios fronterizos burgaleses por parte de las capitales autonómica y provincial.

La carretera autonómica que conecta el Valle de Tobalina con Miranda de Ebro, cuyos túneles carecen de iluminación eléctrica en pleno siglo XXI, es el ejemplo de ese abandono que denuncian los regidores. Mientras las grandes ciudades se nutren de la energía limpia generada en los montes y ríos del norte de Burgos, los alcaldes del entorno de la central nuclear de Garoña buscan conseguir que los millones de euros de la transición ecológica se conviertan en escuelas abiertas, más negocios, cajeros automáticos operativos y un futuro habitado en los pueblos que apagaron el átomo.

Las nucleares de Almaraz, Ascó y Vandellós están separadas por casi 600 kilómetros, pero unidas por un mismo debate: la prórroga de su funcionamiento. La ampliación hasta 2030 de la vida de la central extremeña ha generado expectativas en las instalaciones catalanas, cuyos partidarios confían en alargar su fecha de cierre, mientras que ecologistas y grupos de izquierda reclaman mantener el calendario previsto.

El melón nuclear se ha reabierto en Catalunya, la comunidad que concentra tres de los siete reactores que hay en España, todos ellos en una única provincia: Tarragona. A falta de las próximas explicaciones parlamentarias que deberá dar sobre el asunto, el Govern ha evitado sumarse a las voces que piden que la prórroga de Almaraz sea la antesala de cambios en el calendario de desmantelamiento de las centrales catalanas.

Los planes actuales contemplan el cierre en 2030 de Ascó I, en 2032 de Ascó II; y en 2035 de Vandellós II. El año 2030 también es la nueva fecha prevista de cierre de Almaraz I y II y de la central de Cofrentes (Valencia), mientras que en el caso de Trillo (Guadalajara) su apagón se contempla para 2035.

En el debate sobre las nucleares se cruzan vectores clave del futuro modelo energético y económico español, pero también locales: Ascó y Vandellós dan trabajo a unas 3.000 personas (en buena medida, empleos de alta cualificación), a los que hay que sumar los empleos indirectos. Todos los municipios con centrales pueden disponer de los fondos de transición nuclear para ayudar a la transición energética y la reorientación de la actividad económica.

El alcalde Ascó, Miquel Àngel Ribes, se declara “totalmente a favor” de prorrogar la vida de la central del municipio. Su posición no se explica por la defensa exclusiva de los intereses de Ascó, recalca, sino por los del conjunto del país. “La nuclear es necesaria si queremos mantener los niveles de industrialización y de reducción de gases contaminantes”, defiende.

Para la alcaldesa de Vandellós, Assumpció Castellví, la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. “Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que la prórroga es segura es porque se ha hecho un estudio riguroso”, remarca. “El debate tiene que ser técnico y no político”, agrega.

Por el contrario, el investigador en energía del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Alfons Pérez López, cree que el debate sobre las nucleares es indisociable al del modelo económico. “La industria consume mucha energía, pretender un cambio hacia la instalación de centros de datos que todavía consumen más nos lleva a una espiral de demanda infinita de energía totalmente irracional”, valora.

El debate, admite Pérez, es complejo, que tiene claro que los empleos no pueden ser una excusa para no abordarlo: “No se puede situar al trabajador de la nuclear como escudo humano de un problema que es de modelo económico”.

Los alcaldes de Ascó y Vandellós rechazan enmarcar el debate en un dilema entre nucleares y renovables y se muestran partidarios de ambos tipos de energía. “Lo importante es dar estabilidad a la red eléctrica, especialmente para la industria, pero esto a día de hoy solo con las renovables no es posible”, sostiene Ribes, mientras que Castellví recuerda que su consistorio impulsa un centro de investigación en renovables en su municipio.

El apoyo a las renovables no es unánime en todos los municipios catalanes. Catalunya lleva años de retraso en el impulso de energías limpias. Las razones pasan por los complejos trámites burocráticos, pero también por el malestar de colectivos y municipios de Lleida y Tarragona, que ven un agravio territorial en los planes para instalar grandes parques energéticos en sus campos en contraste con otras zonas del país.

El resultado es que en 2025 Catalunya cubrió solo un 15% de su demanda eléctrica con renovables, muy lejos del objetivo del Govern del 50% para 2030. Un retraso que da más alas a los partidarios de alargar la vida de las nucleares. Ante el malestar territorial y ecologista y el alud de 12.000 alegaciones, el Ejecutivo catalán ha aplazado la aprobación del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (PLATER) hasta el verano de 2027, cuando inicialmente quería hacerlo este año.

A nivel político, los socios del Govern, ERC y Comuns, han exigido a Illa que se cumpla con las fechas de cierre previstas de las centrales catalanas. En cambio, la diputada en el Congreso de Junts, Pilar Calvo, en declaraciones a TV3, consideró “absolutamente irresponsable mantener el calendario porque pondría en riesgo la garantía de suministro”.

“Gusten más o menos, las nucleares son necesarias porque no tenemos suficiente potencia eléctrica: para construir una urbanización hace falta potencia eléctrica, y para levantar un polígono industrial también”, asevera Castellví (Junts).

Prorrogar la vida de las nucleares catalanas, añade Ribes (del partido municipalista Per Tu), permitiría “dar más tiempo” a los municipios para afrontar la transición y diversificación económica que supondría el desmantelamiento de las instalaciones.

Ribes y Castellví también admiten un contexto internacional más favorable a la prórroga: el accidente de la central japonesa de Fukushima de hace quince años impulsó en buena parte de Europa un programa para cerrar las nucleares al que se empieza a dar marcha atrás por la inestabilidad energética que han generado la invasión rusa de Ucrania y la reciente crisis del estrecho de Ormuz.

“El error del Gobierno ha sido argumentar la prórroga de Almaraz en base a una cuestión coyuntural como la crisis energética derivada de las guerras en Ucrania e Irán, y obviar por completo que el programa para cerrar las nucleares es una política estructural del país”, reflexiona Pérez.

El experto del ODG alerta de que la prórroga de Almaraz “es un error de envergadura que el país pagará muy caro” y que “allana el camino para que PP y Vox hagan lo que quieran con el calendario de cierre” en caso de que obtengan una mayoría tras las próximas elecciones generales.

En pleno agosto el Gobierno español ha concedido la prórroga a la central nuclear de Almaraz, lo que supone retrasar la clausura de sus dos reactores, inicialmente fijada para noviembre de 2027 en la Unidad I y octubre de 2028 en la Unidad II, y abre la posibilidad de que este movimiento pueda acabar afectando al calendario de cierres previsto para el conjunto del parque nuclear.

Como ha expresado Ecologistas en Acción, “el gobierno español ha optado por blindar el negocio nuclear de las grandes eléctricas frente al cumplimiento de sus propias promesas, dinamitando un calendario de cierre pactado. Esta decisión abre la puerta a un negocio radiactivo que carga sobre la sociedad mayores costes a medio y largo plazo, y retrasa una transformación energética inaplazable”.

El Gobierno español pretende escudarse en un procedimiento administrativo nada ortodoxo para justificar la prórroga, sin haber llevado a cabo una revisión de seguridad en profundidad. El propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avala la operación reconoce que se limita a analizar la concesión de la autorización, dejando fuera la labor de inspección y control de la central durante estos años, así como el cumplimiento íntegro de los compromisos exigidos en la renovación de 2020.

Pero no es solo Almaraz. Esta forma de proceder allana el camino para que el resto del parque nuclear reclame idéntico trato. En 2030 está programado el cierre de las centrales nucleares de Cofrentes y Ascó I. Es aquí donde está la primera trampa de la oferta de las eléctricas. Si el cierre de Almaraz se retrasa tres años -hasta 2030- en ese año nos encontraremos con el cierre programado de nada menos que cuatro centrales nucleares. Una tarea que ningún Gobierno querrá acometer. Cuando el oligopolio eléctrico acepta que la prórroga de Almaraz no suponga un coste para el Estado lo hace sabiendo que en tres años tendrá la sartén por el mango, y podrá imponer todas sus condiciones económicas al Gobierno de turno. En concreto, lo que buscan es un precio que les beneficie para el Mwh nuclear, y que se rebaje o elimine la llamada tasa enresa, la tasa para la gestión de los residuos radiactivos. Es decir, maximizar los beneficios manteniendo a las nucleares funcionando, arrastrando en su calendario a Ascó 1 y Cofrentes, bloqueando así el cierre nuclear pactado. De esta manera, el Gobierno ha cedido ante los intereses del oligopolio eléctrico y de la derecha política.

El Gobierno español se ha escudado para conceder la prórroga de la central nuclear de Almaraz en cuestiones, como que la medida no incidirá en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, ni tendrá incidencia en el mix energético, ni requerirá más instalaciones, en lo que respecta a los residuos radiactivos que generará la ampliación de la operación de Almaraz.

Pero es obligado referirme al informe 'Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz. Análisis de impactos económicos y ambientales', encargado por Greenpeace y cuyos autores son Eloy Sanz, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra de Transición Energética, y Víctor García Carrasco, investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el que afirman que prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz conllevaría una pérdida acumulada de inversiones en renovables de 26.130 millones de euros entre los años 2026 y 2033, y generaría unos sobrecostes en la factura eléctrica de 3.831 millones de euros.

El informe Eloy Sanz y Víctor García Carrasco se cimenta sobre modelizaciones a medio y largo plazo en cuanto a la evolución de la oferta y la demanda eléctrica, contemplando tres escenarios: el de cierre (tal y como se preveía en el calendario de cierres fijado en 2019 por las eléctricas y Enresa), el de prórroga (hasta 2030, como han solicitado las propietarias del complejo de Almaraz), y el de sucesivas prórrogas del resto de las centrales, denominado 'prórroga + desaceleración renovable'.

La conclusión general del informe es tajante: “Los resultados muestran que el cierre programado de Almaraz es técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga”. Y advierte que analizar la extensión solo por el alivio temporal de precios durante los años de prórroga sería mirar el sistema “por el retrovisor”, justo cuando la carretera exige acelerar la transición.

Pero hay más razones para el cierre definitivo de Almaraz, como que detiene la acumulación de estos desechos peligrosos y elimina el riesgo de accidentes, deja “espacio” en la red para que entren proyectos de energía solar, eólica y sistemas de almacenamiento masivo, y además las centrales envejecidas, requieren inversiones multimillonarias constantes para actualizar sus sistemas de seguridad.

El modelo de consumo energético ilimitado resulta insostenible para el planeta. Es necesario transitar hacia un sistema basado en la eficiencia, el ahorro y la suficiencia, adaptando la demanda a los límites ecológicos reales y reduciendo la dependencia de tecnologías centralizadas y de alto riesgo como la energía nuclear.

Celebrar como un éxito la prórroga de dos años y medio de Almaraz, tal como ha hecho el Gobierno español, refleja una incomprensión de la dependencia energética, frena la transición ecológica y desperdicia la oportunidad de alinear la producción y la demanda con los límites del planeta.

No quiero finalizar este artículo sin referirme a Sabino Ormazabal, que murió el pasado sábado en Donostia y al que conocí siendo muy jóvenes en la lucha antinuclear y ecologista. Un referente importante en el ecologismo vasco, en el antimilitarismo, en el periodismo ambiental, en la defensa de la paz y la no violencia y en otras causas justas. Beti arte. Hasta siempre.

La senadora del Partido Popular por Guadalajara María Patricio ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de España de prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez “que esta rectificación no se limite a una sola instalación, sino que suponga la revisión del calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas, incluida la de Trillo”.

Esta última planta se ubica en el municipio del mismo nombre, en la provincia de Guadalajara, y fue la última que se abrió, allá por 1988. Desde entonces no se ha vuelto a construir otra planta de este tipo de energía en España. La primera nuclear española se abrió también en Guadalajara. La central 'José Cabrera' en Zorita de los Canes ha sido recientemente desmantelada. Fue la primera en operar en España tras conectarse a la red eléctrica en 1969.

Según la senadora, con la decisión del Gobierno de España de prorrogar la vida de Almaraz, se reconoce “aquello que desde el Partido Popular llevamos años defendiendo: España no puede permitirse cerrar centrales nucleares que pueden continuar funcionando con seguridad y con todas las garantías técnicas”.

María Patricio cree que la decisión supone “una enmienda del Gobierno a su propia política energética” y evidencia, a su juicio, que el calendario de cierre nuclear “responde más a condicionantes ideológicos que a las necesidades energéticas, económicas y estratégicas de nuestro país”.

“Lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno haya necesitado llegar hasta aquí para comprender algo elemental, no se puede garantizar la seguridad energética de un país cerrando fuentes de generación estables y estratégicas sin disponer de una alternativa equivalente”, ha señalado.

Pide revisar todo el calendario de cierres en España

Patricio considera positiva la continuidad de Almaraz, pero advierte de que “la decisión será insuficiente si el Ejecutivo mantiene intacto el resto de su calendario nuclear” .“Nos alegramos de que Almaraz continúe abierta, pero esto no puede ser un parche para intentar salvar una política energética equivocada. Si el Gobierno reconoce que Almaraz puede y debe continuar funcionando, tiene que explicar por qué pretende negar esa posibilidad al resto de centrales que puedan seguir operando con el correspondiente aval técnico”, ha indicado.

La senadora popular ha recordado que el Partido Popular ha defendido mediante distintas iniciativas parlamentarias la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas y un modelo energético en el que la energía nuclear y las renovables sean complementarias.“Nosotros no planteamos una batalla entre tecnologías, queremos renovables y queremos nuclear, queremos toda la energía que permita a España tener suministro suficiente, estable, competitivo y con menos dependencia del exterior”, ha explicado.

María Patricio ha incidido especialmente en la importancia que este debate tiene para Guadalajara y ha reclamado al Gobierno que tenga en cuenta el enorme impacto económico, laboral y social de la central nuclear de Trillo sobre la provincia y, particularmente, sobre los municipios de su entorno.

“Quienes somos de Guadalajara sabemos perfectamente qué significa Trillo, no estamos hablando solamente de una central eléctrica, estamos hablando de miles de trabajadores, de empresas, de proveedores, de actividad económica y de familias que han construido su futuro alrededor de una instalación fundamental para nuestra provincia”, ha destacado.

Para Patricio, “Trillo es uno de los grandes motores económicos e industriales de Guadalajara y desempeña, además, un papel fundamental en una zona rural que necesita empleo, inversión y oportunidades”.

Por ello, ha advertido de que “cerrar Trillo mediante una fecha decidida políticamente, independientemente de su situación técnica, tendría consecuencias que van mucho más allá de la producción eléctrica”.

“Es muy sencillo dibujar un calendario de cierres desde un despacho en Madrid. Lo difícil es mirar a los trabajadores, a los empresarios y a los vecinos de los municipios de la zona y explicarles por qué se quiere prescindir de una instalación que genera riqueza y empleo si técnicamente puede continuar funcionando con seguridad”, ha afirmado.

En su opinión, “la energía nuclear no es incompatible con las renovables. Es una energía que aporta estabilidad al sistema y que permite reducir nuestra dependencia energética de terceros países. España necesita una política energética basada en el interés nacional y no en dogmas políticos”.

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha calificado de “errática” la decisión del Gobierno de alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). La entidad considera que la medida carece de coherencia con la política energética estatal aprobada por el Parlamento español y respaldada por la Unión Europea.

La prolongación de la actividad de los dos reactores, fijada en torno a un año y medio para la Unidad I y dos años y medio para la Unidad II, alterará el resto de plazos de cierre previstos para el parque nuclear español. Según señala la organización en una nota, este retraso “compromete” de forma directa el desarrollo de las energías renovables, la implantación de sistemas de almacenamiento y los planes de ahorro energético.

La asociación ecologista advierte asimismo del escenario en el que queda la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Dado que los trabajos previos para la clausura de la planta cacereña ya se habían puesto en marcha, la prórroga hará “muy difícil un desmantelamiento con cuatro centrales en proceso a la vez a partir de 2030”.

Paralelamente, Adenex ha cuestionado la gestión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A su juicio, el organismo regulador ha incurrido en una falta de transparencia ante las “reiteradas incidencias no programadas” registradas en Almaraz, la última de las cuales continúa aún en proceso de reparación.

El empleo en Campo Arañuelo y el precedente de Garoña

En cuanto al impacto socioeconómico en la comarca de Campo Arañuelo, el colectivo rechaza las cifras difundidas por el “lobby pronuclear” y remarca que en la zona ya se ha comenzado a articular un “incipiente tejido industrial” para amortiguar la pérdida de los puestos de trabajo directos, los cuales cifra en “poco más de 800”. Asimismo, recuerda que la fase posterior al apagón garantizará dos décadas de labores de mantenimiento y hasta 70 años de gestión de residuos.

Por último, la organización subraya que el Gobierno central dispone de la capacidad legal de decretar el cierre de las instalaciones incluso en contra de un informe técnico favorable del CSN. Para ello, cita como precedente la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de julio de 2011 relativa a la central de Garoña (Burgos). “Las centrales nucleares no tienen derechos infinitos ni ilimitados”, concluye la entidad.

Este verano se cumple un nuevo aniversario de la batalla ciudadana contra la central nuclear que Electra de Viesgo pretendió abrir en la costa de Cantabria, sobre el parque natural de Oyambre. La fecha de la manifestación de aquel domingo de verano, que acabó por forzar la renuncia al proyecto, ha quedado grabada con cierto halo de épica en la historia de Cantabria. Fue en agosto de 1977.

Ahora –casi cincuenta años después– en un nuevo agosto, la polémica por la prórroga de la central de Almaraz resucita la memoria de la fallida central nuclear de Santillán.

El proyecto se presentó en 1973, en los últimos años de la dictadura franquista y era una de las catorce centrales de un plan nacional para reforzar las tres que ya existían: Garoña (Burgos), Vandellós (Tarragona) y José Cabrera (Guadalajara). Finalmente solo se llegaron a hacer ocho. La de Cantabria, que se planteaba instalar en la playa de Las Fuentes, entre los municipios de San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente, nunca se llegó a empezar, más allá de unas excavaciones para hacer catas sobre el terreno.

Electra de Viesgo adquirió un terreno equivalente a más de setenta campos de fútbol en la localidad de Santillán, sobre un acantilado del mar Cantábrico, para invertir 80.000 millones de pesetas en una estación de cuatro unidades con una potencia de cuatro millones de kilovatios. Se eligió este emplazamiento para que la instalación pudiese utilizar el agua de mar para refrigerarse, para ello se proyectó además la construcción de dos embalses artificiales y un salto de agua para bombear agua desde la localidad de Bárcena de Pie de Concha.

Sobre aquel terreno se abrió una enorme zanja, cuyos restos en forma de círculo –en la playa que algunos todavía conocen como 'de la nuclear'– aún persisten como una cicatriz en memoria de la resistencia ciudadana que frustró el proyecto.

Revilla, contra la central

La paralización de la central nuclear tuvo un simbolismo mayor. Fue una de las primeras batallas en defensa del territorio que dio ADIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria que fundó, entre otros, Miguel Ángel Revilla, quien también tuvo su protagonismo. De hecho, en la histórica acampada en Santillán, donde se iba a ubicar la central, ondeó por primera vez la bandera de este colectivo llamado a tener una notable influencia en el germen de la autonomía de Cantabria, entonces provincia de Santander perteneciente a Castilla La Vieja. La había confeccionado y bordado la noche anterior la madre de un miembro de la Junta Directiva. Ondeó en una histórica protesta que reunió a diez mil personas.

Muchos todavía recuerdan al propio Revilla –que décadas después llegó a ser presidente de Cantabria– subido a una mesa del bar del pueblo en una asamblea con los vecinos. En realidad, toda la sociedad cántabra se oponía al proyecto en un entorno natural privilegiado. Las movilizaciones sociales las apoyaban sindicatos y partidos políticos, a excepción de los de la derecha representados entonces por las siglas UCD (Unión de Centro Democrático) y AP (Alianza Popular).

Curiosamente, fue un alcalde asturiano, de Ribadedeva, el primero que dio un paso firme en contra y convocó un pleno con un único punto: una moción para aplazar la construcción de la nuclear en Santillán hasta después de las elecciones municipales. El proceso coincidió con los primeros años de transición.

En paralelo, los vecinos de San Vicente de la Barquera reclamaban un debate público e incluso un referéndum. Cuando esto ocurría, en 1977, no habían pasado ni dos años desde la muerte del dictador Franco. Aparecieron pintadas contra la nuclear.

La resistencia subió tanto de tono que dimitió toda la corporación local del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y se rechazó la renuncia del alcalde, Manuel Blanco, para que al menos quedase alguien al frente. A partir de este punto, se convocó una reunión de alcaldes de municipios cercanos a la que se sumaron, en solidaridad, tres asturianos: de Riva, Deba y Llanes. A resultas de este encuentro acordado oponerse a la instalación de la central nuclear de Santillán y pidieron audiencia al ministro de Industria para comunicarle su rechazo.

Acampada y manifestación

Al tiempo, se constituyó una Asociación de Afectados por la Central Nuclear de Santillán. Aquella primavera dos mil ciudadanos acamparon en los terrenos de Viesgo en otra iniciativa histórica como oposición al proyecto.

Los movimientos de rechazo eclosionaron en una histórica manifestación que partió a las doce de la mañana de un domingo de San Vicente de la Barquera y que reunió a diez mil personas ese 21 de agosto de 1977. Una marcha ciudadana que dejó herido de muerte el proyecto. Como anécdota, los manifestantes decidieron por votación a mano alzada no destruir las casetas de obra que ya se habían instalado, después de que algunos propusieran echarlas abajo.

Sobre la nuclear de Santillán cayó un velo de silencio que solo se rompió, puntualmente, seis años después cuando el consejero de Industria del primer gobierno autonómico de Cantabria, Enrique Ambrosio Orizaola, volvió a hablar del proyecto y dijo que la solución al déficit energético de Cantabria pasaba por la energía nuclear. Le respondió el presidente de la entonces Asamblea Regional de Cantabria, Isaac Aja, que también era alcalde de San Vicente de la Barquera. Dejó caer que el consejero trataba de beneficiar al Banco Santander que había comprado un generoso paquete de acciones de Electra de Viesgo. La entidad desmintió su interés por seguir con el proyecto.

De nuevo volvió el olvido, hasta que en 1984 el Gobierno de España zanjó definitivamente el proyecto. De la central nuclear de Santillán quedan las huellas sobre la playa de Las Fuentes y la épica de un movimiento ciudadano apoyado por los asturianos que gano la batalla, que se atrevió a salir a la calle y protestar cuando estaba naciendo la democracia.

La Cámara de Comercio de València ha emitido un informe en el que defiende la necesidad estratégica de prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de la fecha prevista para su cierre, previsto para el 30 de noviembre de 2030. La entidad toma como punto de partida el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la continuidad de la planta de Almaraz hasta 2030, una decisión que, a juicio de la entidad valenciana, sienta un precedente aplicable a la instalación de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes.

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha subrayado que la resolución sobre la planta extremeña “refuerza la necesidad de replantear el calendario de cierre de las centrales nucleares en España”. “Desde la Cámara creemos que esa misma reflexión debe aplicarse a Cofrentes. Mantener un mix energético equilibrado es fundamental para garantizar el suministro eléctrico, preservar la competitividad de nuestras empresas y acompañar con garantías la transición hacia un modelo energético cada vez más sostenible”, ha aseverado el dirigente empresarial.

El documento elaborado por Cámara Valencia destaca que la planta aporta más de la mitad de la producción eléctrica de la Comunitat Valenciana, con una generación predecible superior a los 7.900 gigavatios hora (GWh) anuales. A pesar de representar solo el 5,5% de la potencia instalada en el conjunto del país, el parque nuclear español genera alrededor del 20% de la electricidad nacional gracias a un factor de carga próximo al 84% y una disponibilidad media del 90%.

Riesgos para la capacidad industrial

El informe de la Cámara de Comercio advierte sobre las consecuencias económicas de culminar la desconexión de la planta valenciana. La simulación efectuada por los técnicos de la entidad revela que la ausencia de generación nuclear en el escenario del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) eleva el precio medio del mercado diario de los 47,4 euros por megavatio hora (€/MWh) hasta los 65,0 €/MWh, hecho que representa un incremento del 37% en los costes de la energía.

Según aseguran, esta subida afectaría de manera directa a la viabilidad de las 12.254 empresas manufactureras electrointensivas radicadas en el territorio valenciano, un tejido productivo que explican mantiene 184.328 puestos de trabajo directos. Asimismo, el estudio cuantifica el impacto socioeconómico directo del complejo de Cofrentes en más de 3.000 empleos entre directos e indirectos, además de una red de 400 proveedores, de los que 150 operan en el ámbito Comunitat Valenciana.

Morata ha remarcado que los objetivos de descarbonización deben afrontarse con “realismo” para evitar perjuicios en la atracción de capitales. “La Comunitat Valenciana afronta un proceso de reindustrialización, de electrificación de la economía y de captación de inversiones que exigirá cada vez una mayor disponibilidad de energía. En ese contexto, la continuidad de Cofrentes no solo es compatible con los objetivos de descarbonización, sino que constituye un apoyo imprescindible”, ha señalado el presidente de la entidad.

Estabilidad de la red

Desde el punto de vista técnico, insisten en que la central aporta más de 1.000 megavatios (MW) de potencia disponible al sistema eléctrico, soporte de tensión y regulación de frecuencia. Según reseñan, estas funciones resultan clave para equilibrar la red ante la creciente implantación de tecnologías renovables de carácter intermitente. Adicionalmente, el escrito destaca la contribución ambiental de la planta, cuya actividad aseguran que evita la emisión anual de tres millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

El informe analiza además la fiscalidad que soporta la generación nuclear, con una tributación que representa el 41,3% de sus costes totales de producción (26,53 €/MWh sobre un coste total de 64,23 €/MWh) tras experimentar un incremento del 70% en los últimos cinco años.

Finalmente, la entidad empresarial alerta de la saturación de la infraestructura de distribución en las áreas industriales estratégicas. En nodos de elevada actividad del área metropolitana de Valencia, como Sagunt, Quart de Poblet o Picassent, la capacidad disponible resulta nula o muy reducida. Esta limitación en la red frena proyectos de ampliación e implantación de nuevas inversiones en sectores clave como los centros de datos, la logística o la movilidad eléctrica.

“Agravio” y “trato distinto” de Cofrentes

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado el “trato distinto” que recibe la central nuclear de Cofrentes respecto a la de Almaraz por parte del Gobierno central. A través de un mensaje en la red social X tras confirmarse la prórroga de la planta cacereña, el jefe del Consell ha criticado la diferencia de criterio dictaminada para la Comunitat Valenciana cuando ambas instalaciones cuentan con “los mismos informes, los mismos técnicos y la misma seguridad”. Pérez Llorca ha calificado la situación de “agravio” para el territorio valenciano y ha subrayado el carácter estratégico de la planta, cuya actividad genera el 44% de la electricidad autonómica y evita la emisión anual de tres millones de toneladas de CO₂.

Además, la Generalitat ha advertido en un comunicado de que la propia orden publicada en el BOE para la renovación de Almaraz refuerza la postura autonómica frente al “cierre ideológico” de la instalación valenciana. Desde el Ejecutivo autonómico exigen una resolución inmediata para prolongar la operatividad de Cofrentes más allá de 2030 al argumentar que la planta cumple íntegramente con los criterios técnicos, de seguridad y de garantía de suministro aplicados en Extremadura. “Ahora ya no hay excusas. No pedimos ningún trato de favor. Pedimos que se aplique a Cofrentes el mismo criterio técnico, objetivo y basado en la seguridad que se ha aplicado a Almaraz”, han reiterado desde el Consell para defender una infraestructura que consideran clave en el proceso de descarbonización.

La Cambra de Comerç de València ha emés un informe en què defén la necessitat estratègica de prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes més enllà de la data prevista per al seu tancament, el 30 de novembre de 2030. L’entitat pren com a punt de partida el dictamen del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) favorable a la continuïtat de la planta d’Almaraz fins al 2030, una decisió que, segons la Cambra valenciana, senta un precedent aplicable a la instal·lació de la comarca de la Vall d’Aiora-Cofrentes.

El president de Cambra València, José Vicente Morata, ha subratllat que la resolució sobre la planta extremenya “reforça la necessitat de replantejar el calendari de tancament de les centrals nuclears a Espanya”. “Des de la Cambra creiem que aquesta mateixa reflexió ha d’aplicar-se a Cofrentes. Mantindre un mix energètic equilibrat és fonamental per a garantir el subministrament elèctric, preservar la competitivitat de les nostres empreses i acompanyar amb garanties la transició cap a un model energètic cada vegada més sostenible”, ha asseverat el dirigent empresarial.

El document elaborat per Cambra València destaca que la planta aporta més de la meitat de la producció elèctrica de la Comunitat Valenciana, amb una generació predictible superior als 7.900 gigawatts hora (GWh) anuals. Tot i representar només el 5,5% de la potència instal·lada en el conjunt del país, el parc nuclear espanyol genera al voltant del 20% de l’electricitat nacional gràcies a un factor de càrrega pròxim al 84% i una disponibilitat mitjana del 90%.

Riscos per a la capacitat industrial

L’informe de la Cambra de Comerç adverteix de les conseqüències econòmiques de culminar la desconnexió de la planta valenciana. La simulació efectuada pels tècnics de l’entitat revela que l’absència de generació nuclear en l’escenari del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) eleva el preu mitjà del mercat diari dels 47,4 euros per megawatt hora (€/MWh) fins als 65,0 €/MWh, fet que representa un increment del 37% en els costos de l’energia.

Segons asseguren, aquesta pujada afectaria directament la viabilitat de les 12.254 empreses manufactureres electrointensives radicades al territori valencià, un teixit productiu que, segons expliquen, manté 184.328 llocs de treball directes. Així mateix, l’estudi quantifica l’impacte socioeconòmic directe del complex de Cofrentes en més de 3.000 llocs de treball entre directes i indirectes, a més d’una xarxa de 400 proveïdors, dels quals 150 operen a la Comunitat Valenciana.

Morata ha remarcat que els objectius de descarbonització han d’afrontar-se amb “realisme” per a evitar perjudicis en l’atracció de capitals. “La Comunitat Valenciana afronta un procés de reindustrialització, d’electrificació de l’economia i de captació d’inversions que exigirà cada vegada una disponibilitat més elevada d’energia. En aquest context, la continuïtat de Cofrentes no només és compatible amb els objectius de descarbonització, sinó que constitueix un suport imprescindible”, ha assenyalat el president de l’entitat.

Estabilitat de la xarxa

Des del punt de vista tècnic, insisteixen que la central aporta més de 1.000 megawatts (MW) de potència disponible al sistema elèctric, suport de tensió i regulació de freqüència. Segons ressenyen, aquestes funcions resulten clau per a equilibrar la xarxa davant la implantació creixent de tecnologies renovables de caràcter intermitent. Addicionalment, l’escrit destaca la contribució ambiental de la planta, l’activitat de la qual, segons asseguren, evita l’emissió anual de tres milions de tones de diòxid de carboni a l’atmosfera.

L’informe analitza a més la fiscalitat que suporta la generació nuclear, amb una tributació que representa el 41,3% dels seus costos totals de producció (26,53 €/MWh sobre un cost total de 64,23 €/MWh), després d’experimentar un increment del 70% en els últims cinc anys.

Finalment, l’entitat empresarial alerta de la saturació de la infraestructura de distribució a les àrees industrials estratègiques. En nodes d’elevada activitat de l’àrea metropolitana de València, com Sagunt, Quart de Poblet o Picassent, la capacitat disponible és nul·la o molt reduïda. Aquesta limitació de la xarxa frena projectes d’ampliació i implantació de noves inversions en sectors clau com els centres de dades, la logística o la mobilitat elèctrica.

“Greuge” i “tracte diferent” a Cofrentes

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciat el “tracte diferent” que rep la central nuclear de Cofrentes respecte de la d’Almaraz per part del Govern central. A través d’un missatge en la xarxa social X després de confirmar-se la pròrroga de la planta de Càceres, el cap del Consell ha criticat la diferència de criteri dictaminada per a la Comunitat Valenciana quan les dues instal·lacions compten amb “els mateixos informes, els mateixos tècnics i la mateixa seguretat”. Pérez Llorca ha qualificat la situació de “greuge” per al territori valencià i ha subratllat el caràcter estratègic de la planta, l’activitat de la qual genera el 44% de l’electricitat autonòmica i evita l’emissió anual de tres milions de tones de CO₂.

A més, la Generalitat ha advertit en un comunicat que la mateixa ordre publicada en el BOE per a la renovació d’Almaraz reforça la postura autonòmica davant el “tancament ideològic” de la instal·lació valenciana. Des de l’Executiu autonòmic exigeixen una resolució immediata per a prolongar l’operativitat de Cofrentes més enllà del 2030, amb l’argument que la planta compleix íntegrament els criteris tècnics, de seguretat i de garantia de subministrament aplicats a Extremadura. “Ara ja no hi ha excuses. No demanem cap tracte de favor. Demanem que s’aplique a Cofrentes el mateix criteri tècnic, objectiu i basat en la seguretat que s’ha aplicat a Almaraz”, han reiterat des del Consell per a defendre una infraestructura que consideren clau en el procés de descarbonització.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden ministerial que otorga una prórroga a la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 no es solo un trámite administrativo de carácter energético, sino el epílogo de un prolongado choque político, técnico y económico entre la Junta de Extremadura y el Gobierno. Desde hace varios años, la continuidad de los reactores I y II de la planta cacereña ha focalizado el debate en la comunidad con varios intereses sobre la mesa: la defensa del empleo local; las exigencias del Ministerio para la Transición Ecológica, firme en su decisión de seguir adelante con el calendario consensuado para el apagón nuclear acordado en 2019; la rentabilidad para el oligopolio eléctrico (Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central) y, finalmente, una coyuntura geopolítica internacional que ha terminado por inclinar la balanza.

Desde la llegada de María Guardiola a la Presidencia de la Junta de Extremadura, la defensa de la continuidad de Almaraz se fijó como una prioridad estratégica irrenunciable, compartida por Vox. Frente al horizonte inicial de cierre escalonado (noviembre de 2027 para el primer reactor y octubre de 2028 para el segundo), el Ejecutivo regional articuló una presión constante respaldada por alcaldes de la comarca de Campo Arañuelo, que crearon la plataforma 'Sí Almaraz'. A este argumento social se sumó una contradicción técnica que la administración autonómica no dudó en señalar de forma reiterada: la paradoja de prescindir de una fuente de generación de base en una región convertida en líder fotovoltaico nacional, pero que aún carece del desarrollo necesario en infraestructuras de almacenamiento y redes de transporte para garantizar el suministro ante eventuales picos de demanda.

El principal argumento es que el cierre de la central amenazaba con la destrucción de miles de empleos directos e indirectos, aunque las cifras bailan dependiendo del interlocutor, en una comarca sin una alternativa industrial madura lista para tomar el relevo a corto plazo. Esa ha sido una de las asignaturas pendientes de los distintos Gobiernos autonómicos, del PSOE y del PP, que no han sido capaces de poner en marcha una alternativa económica para el norte de Cáceres, a pesar de que el fin de Almaraz ha planeado desde hace años. La instalación, que comenzó a funcionar en 1981 (el segundo reactor en 1983) ha obtenido hasta ahora cinco prórrogas: 1993, 2003, 2013, 2020 y la última hasta 2030. El último Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara anunció, junto al Gobierno de Pedro Sánchez, la llegada de una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos en Navalmoral de la Mata (apenas a 20 kilómetros de Almaraz), pero el desembarco de la multinacional china AESC aún no se ha producido.

Los socialistas extremeños también se han mostrado a favor de la prórroga de la central, aunque supeditada a la decisión que tomaran las propietarias, que solicitaron la prórroga el pasado 30 de octubre, apurando el plazo para la solicitud formal, y al cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno. Solo Unidas por Extremadura, además de varios colectivos ecologistas y conservacionistas, han exigido el cierre de la instalación nuclear.

Pero esta prórroga va a tener un coste para las arcas autonómicas porque Guardiola se ha comprometido a rebajar gradualmente los tipos de gravamen del Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente, que pagan Iberdrola, Endesa y Naturgy a la Hacienda extremeña. La primera reducción se incluirá en el presupuesto de 2027 y llegará a más del 50% en 2029, aunque Vox, socio del PP en Extremadura, se ha mostrado en otras ocasiones partidario de la eliminación total, como hizo la Comunitat Valenciana. Si las empresas pagan hasta ahora unos 84 millones de euros al año, el próximo ejercicio se beneficiarán de una rebaja de más de 15 millones, de 27 millones en 2028 y de algo más de 45 millones en el año 2029.

Enfrente, el Ministerio para la Transición Ecológica, se ha mantenido inflexible durante casi todo el proceso y ha defendido que la hoja de ruta del cierre del parque nuclear español hasta 2035 era inamovible, comenzando por Almaraz y concluyendo en Trillo (Guadalajara). Sin embargo, el Gobierno marcó después tres líneas rojas para valorar la prórroga de la central de Cáceres: garantía absoluta de seguridad nuclear y protección radiológica, supeditada al dictamen técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), garantía de suministro eléctrico sin alterar los planes de despliegue de las energías renovables, y cero coste para las arcas públicas y los consumidores, rechazando taxativamente las rebajas fiscales e incentivos impositivos solicitados por Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El primer gran hito de este proceso se produjo el pasado julio, cuando el CSN emitió su informe favorable, acreditando que las instalaciones de Almaraz cumplían con todos los requisitos de seguridad e inversión requeridos. Sin embargo, la decisión política final continuaba en el aire. Pero el elemento que ha terminado por inclinar la balanza en el Gobierno no ha sido la presión institucional regional, sino el contexto geopolítico global. La persistencia del conflicto en Ucrania y la recrudecida inestabilidad en Oriente Medio generaron una fuerte volatilidad en los mercados internacionales del gas natural. Ante el riesgo de un encarecimiento desmedido de la factura eléctrica para la industria y las familias, el Ministerio ha encontrado la justificación idónea para articular una salida pragmática: mantener la vida de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 pero aclarando que se trata de un ajuste técnico que no modifica la fecha final del apagón nuclear de todo el parque nuclear español cinco años más tarde.

Pero la prórroga no supone el final de la guerra política. El PP ya ha aprovechado para exigir el mantenimiento de todas las centrales nucleares en España, aunque el Gobierno ya ha adelantado que el objetivo final sigue siendo prescidir al 100% de la energía nuclear en 2035, confiando el reemplazo a la aceleración de las energías renovables y al almacenamiento. Con el tiempo extra concedido a Almaraz, en 2030 coincidirá el cese definitivo de cuatro reactores: Almaraz I, Almaraz II, Ascó I y Cofrentes, según el calendario previsto, que fija para 2032 el apagón de Ascó II y para 2035 Vendellós II y Trillo.

La confirmación de la prórroga de explotación para la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 ha sido recibida con alivio y satisfacción por los alcaldes de la comarca de Campo Arañuelo, las patronales empresariales y las plataformas ciudadanas. Sin embargo, el mensaje conjunto tras la noticia ha sido unánime: la fecha de 2030 es “pasado mañana” y desde este mismo momento es necesario empezar a trabajar para garantizar la continuidad energética de la instalación o una transición industrial real.

Los alcaldes del entorno unen fuerzas: “Mañana empezamos a luchar por el 2040 o 2050”

En el municipio de Almaraz, la noticia del visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica ha coincidido con el arranque de sus fiestas patronales. Su alcalde, Juan Antonio Díaz (PSOE), ha calificado la resolución como la noticia que la comarca llevaba esperando desde el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear emitido en julio, poniendo fin a meses de agónica incertidumbre para cerca de 4.000 familias que dependen de forma directa e indirecta de la actividad del complejo nuclear.

Díaz, que ha ejercido de anfitrión ante regidores de los quince municipios cacereños del entorno de la planta —pertenecientes a PSOE, PP y la formación regionalista Levanta—, ha destacado la “voz única” mantenida por los ayuntamientos sin distincion de siglas políticas. “Hoy tenemos esta prórroga; mañana empezamos todos los alcaldes y alcaldesas a luchar por la continuidad de la central hasta 2040, 2050, 2060 y hasta donde corresponda”, ha aseverado el regidor iliturgitano.

En los mismos términos se ha expresado el presidente de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' y alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, quien ha hecho un llamamiento a mantener la unidad del territorio. Sánchez ha recordado que la planta gemela de Almaraz ubicada en North Anna (Virginia, Estados Unidos) ya cuenta con licencia para operar hasta los 80 años, argumentando que la instalación extremeña se encuentra plenamente preparada en términos de rigor y seguridad técnica para seguir el mismo camino.

La patronal Creex propone sustituir los reactores por minirreactores nucleares

Desde el ámbito económico, la Confederación Empresarial de Extremadura (Creex) ha aplaudido que se haya impuesto “la lógica frente a la demagogia” y ha calificado el anuncio como un acto de “sensatez y responsabilidad” clave para evitar un problema de garantía en el suministro eléctrico nacional.

No obstante, su secretario general, Javier Peinado, ha advertido de que el tiempo vuela y que no se puede esperar tres años más para volver a encontrarse en la misma encrucijada. Por ello, la Creex ha lanzado una propuesta concreta: planificar alternativas que eviten el desmantelamiento de las instalaciones mediante la sustitución de los dos grandes reactores actuales por un sistema de minirreactores (SMR), una tecnología en expansión internacional que aportaría flexibilidad, seguridad y energía estable de respaldo a las renovables, reteniendo al mismo tiempo el empleo industrial en la comarca.

CIEM urge a compaginar la continuidad con la diversificación económica

Por su parte, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha valorado la decisión como un “éxito colectivo” fruto de la cohesión social de la región. Para CIEM, el margen ganado hasta 2030 debe aprovecharse de forma simultánea en dos frentes clave: por un lado, negociar las condiciones regulatorias, fiscales y técnicas que permitan mantener operativa la central más allá de esa fecha; por otro, acelerar de forma decidida una estrategia de diversificación económica e inversión en Campo Arañuelo que reduzca progresivamente la dependencia que la comarca mantiene con la central nuclear.

La confirmación oficial de la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 ha desencadenado una intensa cascada de reacciones en el mapa político extremeño y nacional. Aunque PP, PSOE y Vox han coincidido en celebrar la decisión como un balón de oxígeno para la comarca de Campo Arañuelo, la noticia ha llegado acompañada de acusaciones cruzadas de oportunismo político, exigencias de ampliar la vida útil hasta 2050 y el rotundo rechazo de Unidas por Extremadura, la única fuerza parlamentaria que se opone frontalmente a la continuidad de la planta.

Guardiola y el PP: “Se hace justicia con Extremadura”

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado públicamente la medida acordada por el Ejecutivo central destacando que la prórroga “da certidumbre a una comarca” y “protege miles de empleos”. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo regional ha afirmado que con la continuidad de la central “seguirá latiendo una parte esencial de nuestra tierra” al mantener una actividad que “durante décadas ha sido fundamental para la vida de tantos pueblos y familias”.

Guardiola ha considerado además que con esta resolución “se hace justicia con una central que es parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura”, al tiempo que ha querido agradecer explícitamente a “toda la sociedad extremeña” su movilización y firmeza en defensa de la planta cacereña.

El PSOE reivindica el diálogo y acusa a la derecha de “hacer ruido”

Desde la oposición autonómica, el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha calificado el anuncio como “una muy buena noticia para Extremadura, para el Campo Arañuelo, para Almaraz y para España en su conjunto”. Cotrina ha subrayado que “hoy no es un día para la política, es el día de los ciudadanos”, felicitando expresamente a los trabajadores y a los vecinos de la zona que han defendido la continuidad de las instalaciones.

No obstante, el líder de los socialistas extremeños ha cargado contra el PP y Vox, a quienes ha acusado de haber utilizado el futuro de Almaraz “para hacer ruido y confrontar con el Gobierno de España”. Sánchez Cotrina ha defendido que el PSOE siempre mantuvo una posición favorable a la prórroga “siempre que se cumplieran las condiciones” técnicas y de seguridad, reivindicando una vía basada en “el trabajo, el diálogo y la responsabilidad institucional”.

Vox exige ir hasta 2050 y atribuye el logro a la rebaja fiscal

Por su parte, los socios de investidura de la Junta han recibido la noticia exigiendo que la ampliación no se detenga en 2030. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico y líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que la prórroga es tan solo “el primer paso”, pues el objetivo de su formación pasa por extender la actividad “hasta 2050”. Fernández Calle ha ironizado con un “bienvenidos los conversos” dirigido a quienes antes rechazaban la energía nuclear y ha reafirmo la postura de su partido bajo las proclamas “¡Almaraz, sí gracias!” y “¡Nucleares, sí gracias!”.

En el ámbito nacional, el diputado de Vox José María Figaredo ha tildado la resolución de “éxito tremendo para toda España” y “clave para el futuro energético”. Figaredo ha atribuido el resultado a la presión parlamentaria ejercida por su grupo y ha destacado como un elemento clave la negociación del pacto de Gobierno regional en Extremadura para suprimir impuestos autonómicos a las energéticas, solicitando además que esta extensión se aplique al resto del parque nuclear español.

Unidas por Extremadura denuncia un “patadón hacia adelante”

La nota discordante ante el acuerdo la ha puesto Unidas por Extremadura. Su diputado autonómico Juan Schirinzi ha manifestado un rechazo absoluto a la prórroga, considerándola “un patadón hacia adelante” que incumple los compromisos de cierre del parque nuclear. Schirinzi ha denunciado que la medida busca mantener operativa una infraestructura “obsoleta, amortizada a nivel público y económico y que ya ha superado su vida útil proyectada”.

A juicio de la formación de izquierdas, al Gobierno le ha faltado “valentía para llevar a cabo lo que los calendarios decían”, lo que a su parecer supone “alargar una agonía” para Campo Arañuelo en lugar de promover un plan de reconversión industrial con futuro. Schirinzi ha lamentado que la decisión beneficie a las empresas propietarias a costa de la exención de impuestos autonómicos mientras Extremadura mantiene “una espada de Damocles con una instalación peligrosa”, advirtiendo de que en 2030 la región volverá a encontrarse “con todo este circo”.

Las energías renovables generaron 6.940,68 gigavatios hora (GWh) en Catalunya en 2025, un 3,1% menos que el año anterior, según recoge un informe del Observatorio de las Energías Renovables en Catalunya presentado este martes. Según los datos recogidos por esta entidad, vinculada a la patronal eólica, Catalunya no solo no avanza sino que incluso puede retroceder en la transición energética, pese a que en los últimos años se había conseguido acelerar la implantación de instalaciones de renovables.

Con el bache del año 2025, la cobertura de la demanda energética por las renovables también se redujo hasta el 15,3%, frente al 16,2% que fue el año anterior. Estos niveles quedan lejos del objetivo del 50% de cobertura con renovables fijado para finales de esta década en el documento Prospectiva Energética de Catalunya 2050 (Proencat) del Govern. El menor vigor de las renovables se explica por la subida de la demanda eléctrica, la caída de la generación eólica y un incremento “limitado” de la nueva capacidad renovable.

En la producción eléctrica catalana, sin tener en cuenta la importación externa de electricidad, las renovables pasaron de representar el 19,1% en 2024 al 18,1% el pasado año.

La generación propia en territorio catalán cubrió el 84,6% de la demanda en 2025 y el diferencial restante se cubrió con el saldo de intercambio de electricidad.

La demanda de electricidad en Cataluña fue de 45.250,58 GWh en 2025, un 2,7% más que en el año anterior, mientras que la generación eléctrica total producida en Cataluña fue de 38.292,98 GWh, un 2,0% más.

El observatorio describe el aumento de las importaciones como una pérdida de “soberanía energética” para Catalunya.

La generación nuclear sigue siendo la primera fuente de producción eléctrica, con los tres reactores nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, que cubrieron el 50,4% de la demanda eléctrica, con 22.812,07 GWh producidos.

Entre las renovables, la primera fuente fue la energía hidráulica, después de generar 3.822,52 GWh y cubrir el 8,4% de la demanda. La eólica introdujo 2.360,62 GWh, un 16,8% menos, cubriendo el 5,2% de la demanda. La solar fotovoltaica, excluido el autoconsumo, generó 495,14 GWh, un 17,5% más, cubriendo el 1,1% de la demanda.

Con estos datos, el observatorio advierte que, ante el horizonte del cierre progresivo de la generación nuclear, Catalunya “tendrá que optar entre acelerar de manera significativa la implantación de generación renovable de alta capacidad”, especialmente la eólica y la fotovoltaica, o “incrementar la dependencia de las interconexiones con territorios vecinos para abastecerse de sus”.

Aumenta la capacidad instalada de renovables

En cuanto a la potencia instalada, las renovables crecieron en 78,51 MW en 2025 respecto al año anterior, sumando 12,2 MW eólicos y 73,34 MW solares fotovoltaicos sin incluir las instalaciones de autoconsumo, mientras que la capacidad hidroeléctrica disminuyó en 7,0. La nueva capacidad eólica corresponde a los dos aerogeneradores de la ampliación por el parque eólico Colladetes, en El Perelló.

En autoconsumo fotovoltaico, Catalunya registró 14.890 nuevas instalaciones en 2025 con una potencia total de 231 MW, por debajo de las 21.460 instalaciones y los 350 MW nuevas de 2024. El observatorio atribuye esta desaceleración al final de las subvenciones europeas de los fondos Next de la electricidad es bajo.

El peso del autoconsumo colectivo en Catalunya fue de 1,7 GW de potencia acumulada, el equivalente al 4,4% del total. Sin embargo, Catalunya se mantiene entre las comunidades autónomas líderes en el autoconsumo colectivo en el Estado español, acumulando el 16% de la potencia instalada total en autoconsumo.

El titular y entidad explotadora de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, la Agrupación de Interés Económico Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. (CNAT), cuyas empresas propietarias son Iberdrola, Endesa y Naturgy notificaba en la noche del lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una parado no programada del reactor de la central.

Según organismo regulador nuclear esta parada se debió a la presencia de una fuga en el sistema de refrigeración del reactor. Un suceso que no ha tenido “impacto alguno” en la seguridad de los trabajadores, el público, ni el medio ambiente.

Fue el pasado jueves 16 de julio, cuando tras detectarse un aumento de la temperatura de rocío en el interior del edificio de contención, el titular inició las acciones previstas en sus procedimientos para identificar el origen de la fuga. Eln lunes se identificó el punto exacto de fuga.

Tras confirmar que estaba ubicada en un instrumento del circuito primario se procedió a realizar la parada ordenada del reactor hasta la condición operativa de parada fría, según el procedimiento establecido.

“Todos los sistemas de seguridad de la instalación han funcionado correctamente y según diseño”, asegura el CSN.

En estos momentos el titular está llevando a cabo un análisis de las posibles causas que han originado el fallo de la línea de instrumentación para repararla.

Nivel cero en la escala de sucesos nucleares

Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10.

El organismo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso que, con la información disponible hasta el momento, ha sido clasificado como INES 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos. “La fuga no ha tenido incidencias radiológicas”.

Activistas de Greenpeace han desplegado este viernes una pancarta gigante en el arco de Moncloa (Madrid) con la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las palabras “Pedro, cumple tu palabra” para “recordarle” que “no debe ceder a la presión del lobby energético y empezar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en 2027”, según el comunicado emitido por la organización ecologista.

Aunque la central extremeña tenía previsto cerrar en el año 2027, el pasado jueves el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento hasta 2030. Las eléctricas copropietarias de la central, Iberdrola, Naturgy y Endesa, habían solicitado esta prórroga para una central que genera cerca del 15% de las necesidades eléctricas de la Comunidad de Madrid y el 7% de la demanda española.

“Como en Greenpeace entendemos que [Pedro Sánchez] tiene encima al oligopolio energético haciéndole una inmensa presión, nuestras escaladoras han querido ponerle el mensaje en grande y cerca de su oficina por si se le olvidara”, han ironizado los ecologistas.

La organización subraya que después del cierre de Amaraz, el Gobierno deberá cerrar progresivamente el resto de centrales españolas hasta terminar con la de Trillo (Guadalajara) en 2035. “Si no las cierra, el admirado modelo energético español, basado en el sol, el viento y el agua; se va al traste”, advierten.

La decisión final está ahora en manos del Gobierno que será el responsable de decidir si la central seguirá operando o no más allá de los plazos establecidos.

El pleno del CSN emitió un informe favorable “con condiciones” a la autorización, que se apoya en “la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad”. Las principales condiciones tienen que ver con el mantenimiento de personal necesario para cumplir las funciones de seguridad entre los años 2028 y 2030, toda vez se ha comprobado que existe combustible para cubrir la prórroga y que las instalaciones están en buen estado para mantener la seguridad, en base a 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN.

El Foro Extremeño Antinuclear ha reclamado este jueves al Gobierno que mantenga el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ponga en marcha “de manera urgente” un plan de transición justa para la comarca del Campo Arañuelo, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la prórroga de la instalación hasta 2030.

El colectivo ha subrayado en una nota que el dictamen del CSN “no supone la concesión automática de la prórroga” y ha recordado que la decisión definitiva corresponde al Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo “conserva plenamente la capacidad y la responsabilidad de mantener las fechas de cierre actualmente vigentes”, fijadas para el 1 de noviembre de 2027 en el caso de la Unidad I y para el 31 de octubre de 2028 en el de la Unidad II.

El Foro Extremeño Antinuclear ha advertido de que “una valoración técnica favorable no significa que la continuidad de la central sea la opción más conveniente para Extremadura” y ha defendido que la decisión también debe tener en cuenta aspectos como la gestión de los residuos radiactivos, el envejecimiento de las instalaciones, el consumo de agua o el desarrollo económico de la comarca.

Asimismo, ha subrayado que prolongar el funcionamiento de la central hasta 2030 “supondría retrasar nuevamente las inversiones y las políticas públicas necesarias para diversificar la economía de la comarca” y ha afirmado que “Campo Arañuelo no puede quedar atrapado en una sucesión de prórrogas que posponga indefinidamente su futuro”.

El colectivo también ha solicitado al CSN la publicación del informe completo, incluidas las condiciones técnicas y, en su caso, los votos particulares, al entender que una decisión de esta trascendencia “exige la máxima transparencia”.

Organizaciones ecologistas

Por otro lado, las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado en un comunicado conjunto que se mantenga el calendario de cierre de Almaraz y se deniegue la solicitud de prórroga.

Han recordado que el informe del CSN “se circunscribe a los aspectos de seguridad nuclear y radiológica” y han subrayado que corresponde ahora al Gobierno valorar las implicaciones ambientales, económicas y energéticas de una eventual continuidad de la central.

Estos cinco colectivos han defendido que el calendario de cierre acordado en 2019 constituye “uno de los pilares de la planificación energética española” y han afirmado que modificarlo generaría incertidumbre sobre el despliegue de las energías renovables previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Asimismo, han denunciado que una prórroga retrasaría la transición energética, tendría efectos sobre el desarrollo de las energías renovables y el almacenamiento eléctrico y podría traducirse en un incremento del uso del gas y de los costes para los consumidores.

Las organizaciones ecologistas han afirmado también que el informe favorable del CSN responde únicamente a una de las tres condiciones que, según recuerdan, el Gobierno planteó para una eventual autorización de la prórroga, por lo que consideran que el Ejecutivo debe mantener el calendario de cierre actualmente previsto para la central cacereña.

El informe favorable del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la renovación de uso de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 ha provocado una oleada de reacciones en Extremadura. Junta, partidos políticos, instituciones provinciales, locales y colectivos sociales coinciden en señalar que el dictamen del regulador despeja las dudas técnicas y exigen al Gobierno central que autorice de inmediato la continuidad de la instalación.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado a través de la red social X que, tras el informe favorable del CSN, el Gobierno estatal se ha quedado sin “excusas” para revertir el cierre de la planta. “La central de Almaraz es segura y está en condiciones de seguir operando. Ya no hay excusas. El Consejo de Seguridad Nuclear nos da la razón”, ha apuntado la jefa del Ejecutivo autonómico, para quien el Gobierno de Pedro Sánchez “sólo tiene un camino: anunciar de inmediato la prórroga”. “Hoy gana el futuro de miles de familias extremeñas y la soberanía energética de todo el país”, ha concluido.

En la misma línea, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha incidido en que el informe técnico demuestra que la central es “viable, segura y puede continuar con su vida útil”, destacando que la planta ha pasado “con muy buena nota los controles más exigentes y más estrictos”. Morán ha exigido al Gobierno que modifique el calendario de cierre y ha afirmado que esta es una reivindicación que comparte “la sociedad extremeña de forma mayoritaria, los trabajadores, los técnicos, Bruselas y que ahora el CSN refrenda”. “Lo decimos alto y claro: Almaraz no se cierra”, ha zanjado.

El PSOE extremeño y la Diputación de Cáceres piden celeridad

Por su parte, los socialistas extremeños consideran que el informe del CSN supone “un paso decisivo para hacer posible la prórroga” de la instalación. Su secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, ha recordado que el Gobierno de España había condicionado la continuidad de la central hasta 2030 al cumplimiento de tres requisitos: que no aumentase el coste de la factura para los usuarios, que se garantizase el consumo y que existiese un informe favorable del regulador sobre las condiciones de seguridad.

“Tenemos informe del Consejo de Seguridad Nuclear y dice que Almaraz es segura. Por tanto, se cumple el tercer requisito”, ha afirmado Sánchez Cotrina, quien se ha mostrado convencido de que el proceso se culminará en las próximas semanas “sin ruido, ni estricencias y sin confrontación política”. El líder socialista ha aprovechado para criticar la actitud de María Guardiola, acusándola de “ponerse detrás de la pancarta” e instrumentar el debate como confrontación sin ofrecer alternativas ni sentarse a negociar.

A esta petición de continuidad se ha sumado el presidente de la Diputación de Cáceres, el también socialista Miguel Ángel Morales, quien ha celebrado el informe y ha reclamado al Gobierno que adopte “de manera inmediata” una decisión definitiva. Morales ha recordado que la institución provincial ha defendido reiteradamente la continuidad al tratarse de una demanda ampliamente compartida, confiando en que el Ejecutivo central sea “consecuente con la importancia de esta industria para nuestro territorio”. Morales ha añadido que esto debe ser compatible con seguir impulsando proyectos estratégicos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y la autovía Madrid-Lisboa.

“No está en condiciones”, advierte Unidas por Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este jueves tras conocer la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha dado luz verde a la prórroga de la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, que no le sorprende este informe porque “sabemos que el Consejo Superior de Seguridad Nuclear no actúa con la imparcialidad que debiera”.

De Miguel ha denunciado que Almaraz es “una central que lleva acumulados muchísimos accidentes y averías que no salen a la luz, la última esta misma semana”, por esto ha indicado que la central “no está en condiciones de ser prorrogada” porque como ha señalado no se han hecho inversiones durante años ya que “se iba a cerrar y los propios dueños no querían invertir en mejorarla ni en mantenerla”. La portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado al respecto que “ahora nos encontramos con una central que se cae a cachos, que tiene averías a cada poco, que tienen que hacer paradas espontáneas, no programadas, debido a esas averías y que es un peligro”.

Además, ha dicho que con esta decisión el Consejo de Seguridad Nuclear “lo que hace es echar la patada hacia adelante y que la bola quede en el tejado del gobierno”, sobre esto ha señalado que este es un “gobierno cobarde, que va a comprar el relato y las tesis de la extrema derecha y la derecha que lo único que quieren es que el modelo energético, que ha sido un ejemplo para Europa, un modelo basado en energía barata y renovable, volvamos a ese modelo nuclear ”.

El territorio y el tejido social exigen certidumbre

Desde el ámbito municipal, el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha calificado el dictamen de “excelente noticia” y ha incidido en que “ahora ya está todo en manos del Gobierno central”. Hueso ha recalcado que “todos los informes son favorables, desde las instituciones europeas hasta el CSN”, por lo que pide a Pedro Sánchez y a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que den el “sí” definitivo. Asimismo, el regidor moralo ha criticado a Sánchez Cotrina, acusándole de querer “alardear del informe” cuando, según ha asegurado, los socialistas “desde hace dos años votaron que no a la prórroga”.

Finalmente, la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' —que integra a un centenar de colectivos, asociaciones empresariales, sindicatos, entidades sociales y ayuntamientos— ha urgido al Gobierno a autorizar la prórroga para poner fin “a la incertidumbre que afecta desde hace meses a trabajadores, empresas auxiliares y familias”.

Su presidente y alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, ha remarcado que el dictamen “despeja definitivamente cualquier duda técnica” y que, dado que las empresas propietarias solicitaron la renovación “sin condiciones económicas”, la continuidad no tendrá coste para los consumidores, cumpliendo así con la totalidad de los requisitos planteados en su día por el Gobierno.

Una decisión “coherente”

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura, COIIEX, también ha reclamado la renovación de la autorización de explotación tras el informe favorable del CSN, una decisión que considera “coherente” con los criterios técnicos de seguridad y con la posición que la institución ha mantenido de forma constante en defensa de la continuidad de la instalación.

Para el COIIEX, este pronunciamiento constituye un reconocimiento “al elevado nivel técnico de la instalación, sometida a un exigente sistema de control, supervisión y mejora continua, que la sitúa entre las centrales mejor valoradas por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO)”.

Además, el Colegio destaca el impacto económico y social que la Central Nuclear de Almaraz tiene para Extremadura.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha mostrado “confiado” en que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la continuidad de la central de Almaraz será positivo, un aval técnico que, en su opinión, será “el paso previo” para el sí definitivo del Gobierno a la prórroga.

Cotrina ha realizado estas declaraciones este miércoles en Almaraz, donde ha mantenido reuniones con representantes de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro', el Foro Nuclear y el comité de empresa de la central cacereña.

El líder socialista ha asegurado que su formación lleva “mucho tiempo defendiendo la continuidad de la planta” y ha reiterado su apoyo a la prórroga. “Hoy solo he repetido lo que llevamos mucho tiempo diciendo: sí a la prórroga de la central”, ha afirmado. Según ha explicado, no entiende que existan motivos para que el informe del CSN “no sea positivo” y ha señalado que espera que se conozca “a lo largo del mes de julio”.

Asimismo, ha reiterado su confianza en que el Gobierno autorice la continuidad de la central siempre que se cumplan las tres condiciones fijadas: contar con el aval técnico del CSN, que la ampliación de la vida útil no suponga una carga económica adicional para los consumidores y que la continuidad de la planta garantice la estabilidad y la suficiencia del sistema eléctrico nacional.

“Para nosotros Extremadura está por encima de todo, de nuestras propias siglas también”, ha señalado Cotrina, quien ha defendido la importancia de la central para el futuro de la comarca.

Durante su intervención, el secretario general del PSOE extremeño también ha criticado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al afirmar que la región espera de ella “mucho más que verla solo detrás de las pancartas”.

En ese sentido, ha reclamado a la jefa del Ejecutivo autonómico “que trabaje y negocie para garantizar el futuro de la región, algo que, claramente no está haciendo”, ha concluido. 

En abril, después de años de espera, trascendió que la empresa española Sea Eight iba a ser la que criara lenguados en las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se creará una filial llamada Aquacría Basordas y se ha anunciado una inversión del entorno de los 170 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno vasco descartó para Lemoiz otro proyecto de piscifactoría, en este caso de cría de salmones. Estaba detrás un grupo noruego llamado Haugland. El proyecto incluía la “demolición” de las instalaciones existentes.

A instancias del representante del PP Álvaro Gotxi, el Ejecutivo de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco documentación sobre el proyecto para Barasorda -Euskaltzaindia ha determinado que es un mejor topónimo que Basordas- y por qué se eligió a Sea Eight. En marzo de este año, el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, del equipo de Amaia Barredo, emitió un informe valorando los dos proyectos, el de los lenguados y el de los salmones. El segundo planteaba más producción, más inversión, más puestos de trabajo y más solvencia empresarial, pero también la “demolición de instalaciones existentes” para la generación de su piscifactoría, lo que le penalizó.

Ese informe entregado al Parlamento indica que Haugland planteaba que salieran de Lemoiz 25.000 toneladas anuales de salmón, por las 3.000/4.000 de lenguado de Sea Eight, más “7,5 millones de alevines”. Su “inversión estimada” era de 350 millones, siete veces más que los 54 comprometidos por Sea Eight, que tiene otras plantas en la cornisa cantábrica. Esta cifra de 54 millones está muy lejos de los 170 anunciados en la rueda de prensa y el Ejecutivo pide tiempo para que madure el plan para detallar la factura concreta. Igualmente, con los noruegos se podían llegar a tener 250 empleos, y ahora se barajan alrededor de 190.

La evaluación fue encargada a las sociedades públicas Azti (centro de investigación marina) y Sprilur (actual Azpilur, dedicada a suelo industrial) y midió tres apartados. En dos de ellos ganó claramente el salmón al lenguado, en los del proyecto acuícola y el impacto socioeconómico. Sin embargo, en el capítulo relativo al “aprovechamiento” de las instalaciones arrasó Sea Eight. En total, la compañía española obtuvo 76,01 puntos por 64,82 de los noruegos.

Añade el Gobierno que desde el 20 de mayo Azpilur ya es titular de la antigua central nuclear y que el Ayuntamiento otorgó en julio de 2025 licencia municipal de obras para refuerzo del dique y otras tareas. Se estima que esas obras, adjudicadas a Bycam y Sato, estarán listas en noviembre. Se han destinado 2,5 millones. Se estima que los primeros pescados “made in Euskadi” puedan degustarse hacia 2030.

“Durante demasiado tiempo este espacio ha permanecido detenido, vinculado al pasado, a una historia difícil, a un presente congelado y a una enorme dificultad para encontrar una salida viable. Ahora se abre una nueva etapa que no pretende borrar lo ocurrido, sino dar respuesta responsable a una realidad compleja. Con un proyecto que recupera actividad, genera empleo y atrae innovación; un proyecto relevante de país, pero que no agota desde luego el futuro de este ámbito. Es el primer paso para empezar a desbloquear el espacio”, manifestó hace unos días, en el Parlamento Vasco, la consejera Barredo, titular de la cartera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Añadió, en todo caso, que en ese lugar estará presente la memoria de las víctimas. En Lemoiz hay unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. “No podemos ni queremos olvidar a José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro, Ángel Baños y Gladys del Estal”, enumeró Barredo, citando a cinco hombres asesinados por ETA y a una mujer tiroteada por la Guardia Civil en una protesta en Tudela celebrada tal día como este miércoles hace 47 años.