En abril, después de años de espera, trascendió que la empresa española Sea Eight iba a ser la que criara lenguados en las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se creará una filial llamada Aquacría Basordas y se ha anunciado una inversión del entorno de los 170 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno vasco descartó para Lemoiz otro proyecto de piscifactoría, en este caso de cría de salmones. Estaba detrás un grupo noruego llamado Haugland. El proyecto incluía la “demolición” de las instalaciones existentes.

A instancias del representante del PP Álvaro Gotxi, el Ejecutivo de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco documentación sobre el proyecto para Barasorda -Euskaltzaindia ha determinado que es un mejor topónimo que Basordas- y por qué se eligió a Sea Eight. En marzo de este año, el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, del equipo de Amaia Barredo, emitió un informe valorando los dos proyectos, el de los lenguados y el de los salmones. El segundo planteaba más producción, más inversión, más puestos de trabajo y más solvencia empresarial, pero también la “demolición de instalaciones existentes” para la generación de su piscifactoría, lo que le penalizó.

Ese informe entregado al Parlamento indica que Haugland planteaba que salieran de Lemoiz 25.000 toneladas anuales de salmón, por las 3.000/4.000 de lenguado de Sea Eight, más “7,5 millones de alevines”. Su “inversión estimada” era de 350 millones, siete veces más que los 54 comprometidos por Sea Eight, que tiene otras plantas en la cornisa cantábrica. Esta cifra de 54 millones está muy lejos de los 170 anunciados en la rueda de prensa y el Ejecutivo pide tiempo para que madure el plan para detallar la factura concreta. Igualmente, con los noruegos se podían llegar a tener 250 empleos, y ahora se barajan alrededor de 190.

La evaluación fue encargada a las sociedades públicas Azti (centro de investigación marina) y Sprilur (actual Azpilur, dedicada a suelo industrial) y midió tres apartados. En dos de ellos ganó claramente el salmón al lenguado, en los del proyecto acuícola y el impacto socioeconómico. Sin embargo, en el capítulo relativo al “aprovechamiento” de las instalaciones arrasó Sea Eight. En total, la compañía española obtuvo 76,01 puntos por 64,82 de los noruegos.

Añade el Gobierno que desde el 20 de mayo Azpilur ya es titular de la antigua central nuclear y que el Ayuntamiento otorgó en julio de 2025 licencia municipal de obras para refuerzo del dique y otras tareas. Se estima que esas obras, adjudicadas a Bycam y Sato, estarán listas en noviembre. Se han destinado 2,5 millones. Se estima que los primeros pescados “made in Euskadi” puedan degustarse hacia 2030.

“Durante demasiado tiempo este espacio ha permanecido detenido, vinculado al pasado, a una historia difícil, a un presente congelado y a una enorme dificultad para encontrar una salida viable. Ahora se abre una nueva etapa que no pretende borrar lo ocurrido, sino dar respuesta responsable a una realidad compleja. Con un proyecto que recupera actividad, genera empleo y atrae innovación; un proyecto relevante de país, pero que no agota desde luego el futuro de este ámbito. Es el primer paso para empezar a desbloquear el espacio”, manifestó hace unos días, en el Parlamento Vasco, la consejera Barredo, titular de la cartera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Añadió, en todo caso, que en ese lugar estará presente la memoria de las víctimas. En Lemoiz hay unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. “No podemos ni queremos olvidar a José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro, Ángel Baños y Gladys del Estal”, enumeró Barredo, citando a cinco hombres asesinados por ETA y a una mujer tiroteada por la Guardia Civil en una protesta en Tudela celebrada tal día como este miércoles hace 47 años.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomendó este miércoles que el Gobierno español suspenda el cierre planeado de la central nuclear de Almaraz, autorice la prórroga de su vida útil hasta al menos el año 2040 y evalúe “la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

El informe, que salió adelante con el apoyo de los grupos de la derecha y ultraderecha parlamentaria, reclama al Gobierno que suspenda “cualquier medida” encaminada al cierre de esta u otras centrales en España“, y pide al país ”que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear“, que cree impulsada por motivos ideológicos.

Se trata de las recomendaciones no vinculantes de los eurodiputados que visitaron la central nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero, una misión compuesta por los ultraconservadores polacos Bogdan Rzonca y Kosma Złotowski, el popular griego Fredis Beleris, el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis y el polaco Marcin Sypniewski, de extrema derecha.

Varios eurodiputados españoles acudieron además como observadores; es el caso de Elena Nevado del Campo (PP), Nacho Sánchez Amor (PSOE), Juan Carlos Girauta (Vox) y Diego Solier (independiente en los ultraconservadores europeos, que inicialmente concurrió en la lista de 'Se Acabó la Fiesta').

El borrador del informe, presentado en abril, ya pedía al Gobierno que revertiera el cierre de la central nuclear de Almaraz y advertía de los riesgos demográficos y económicos de cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura. Finalmente, una decena de enmiendas de Vox recibieron a última hora el apoyo del PP para incluir la referencia a 2040 y endurecer el tono del texto, con referencias a una “profunda preocupación por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico y los apagones ocurridos en España” y el impacto en el sistema que podría tener el cierre planeado de Almaraz.

Los eurodiputados piden también a la Comisión Europea que evalúe si los planes de cerrar las centrales nucleares en España “son consistentes con los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia, particularmente a la luz de la ausencia de una justificación técnica, económica o social disponible públicamente”.

La visita de los eurodiputados responde a la petición elevada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, en la que instó al Parlamento Europeo a conocer ‘in situ’ la central y abordar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta.

El calendario pactado en 2019 por el Gobierno español, sindicatos y empresas establece que el 1 de noviembre de 2027 tendría que dejar de funcionar un primer reactor de Almaraz, mientras que el segundo tendría que cerrar el 31 de octubre de 2028.

No obstante, el pasado octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy -las empresas propietarias de la central- solicitaron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para los dos reactores hasta junio de 2030, lo que genera el rechazo de grupos ecologistas como Greenpeace. 

“El Gobierno regional, en el que está Vox, ha hecho todo lo que puede hacer un Gobierno regional para mantener esa central nuclear (...). Ahora son otros gobiernos, en este caso el Gobierno de España, el que debería también tener claro que tiene que hacer su parte con los impuestos a nivel estatal”, dijo el vicepresidente de Extremadura, Óscar Fernández.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, señaló en un comunicado remitido por el PP que “el mensaje del Parlamento Europeo es contundente y claro” y que “el Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos”.

Guardiola ha celebrado el “respaldo” de Bruselas, donde se encuentra este miércoles oara participar en el Comité de las Regiones. “Hoy es un día importante para Extremadura”, ha dicho y también ha subrayado que el documento “advierte de los riesgos demográficos, económicos y en materia de seguridad de su cierre”.

Pero el PSOE ha acusado a Guardiola, de “mentir y manipular de forma interesada”. El eurodiputado socialista extremeño, Ignacio Sánchez Amor, ha afirmado que “ya está bien de manosear la continuidad de Almaraz con fines partidistas” y ha aclarado que lo votado en el Parlamento Europeo “no tiene nada que ver con decidir la continuidad o el cierre de la central”, ya que se trata de una competencia “estrictamente nacional”.

Según ha explicado, lo aprobado en la Comisión de Peticiones es un documento impulsado por PP y Vox “cuyo único objetivo es atacar al Gobierno de España”, y ha subrayado que todas las enmiendas presentadas por el PSOE fueron rechazadas, mientras el PP “asumió íntegramente los postulados de la ultraderecha”. “Frente a la desinformación interesada del PP, el PSOE ha reiterado que su posición sobre la Central Nuclear de Almaraz no ha cambiado”, ha indicado el eurodiputado socialista.

El PSOE señala que sigue a la espera del informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear y, posteriormente, de la decisión que adopte el Gobierno de España, que es la administración competente en esta materia. 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado este lunes oficialmente el proyecto Sea Eight (o Aquacría Basordas, el nombre de la filial) para utilizar las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, nunca puesta en marcha como tal, como criadero de lenguados. Se trata de una inversión “público-privada” de 170 millones de euros en diez años, que va a generar “unos 200 empleos altamente cualificados de forma directa” y que permitirá “disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha explicado desde la zona el propio Pradales, acompañado de la consejera Amaia Barredo y de responsables de Sea Eight, que ya tienen proyectos en otras zonas como Asturias, Galicia o Portugal.

El PNV pactó con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 la cesión de los terrenos de Lemoiz en Basordas y el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez lo ejecutó en 2019. Son unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. Desde el principio se planteó la posibilidad de aprovechar el lugar como piscifactoría, aunque hasta ahora no se había terminado de definir un proyecto y han sido años de idas y venidas, incluso de disputas con el Ayuntamiento de Lemoiz, en manos de EH Bildu.

Pradales ha iniciado su intervención recordando a cinco trabajadores de la entonces llamada Iberduero asesinados por ETA en su campaña contra las instalaciones nucleares. Son José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños. Se estiman en más de tres centenares los atentados y sabotajes de la banda terrorista contra el proyecto. Ha citado también a Gladys del Estal, venezolana que recibió un disparo de la Guardia Civil en el curso de protesta antinuclear en Tudela, en Navarra.

Según el lehendakari, “la central de Lemoiz evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje”. “Es una herencia incómoda y muy compleja que nos corresponde gestionar”, ha señalado. A su juicio, el plan de la mano de Sea Eight -que toma su nombre del que consideran el octavo mar, la actividad de acuicultura en tierra firme- “aspira a ser referente a nivel internacional”. Esta compañía ya tiene proyectos en marcha en otros puntos de la península, tanto en España como en Portugal. Su sede principal está en Gijón.

Lo que se hará en Basordas será “un proyecto integral” de “desarrollo, genética, cría, engorde, preparación y transformación del lenguado” de unos 46.000 metros cuadrados. “Esto es mucho más que una simple piscifactoría [...]. Su producción nace con vocación de seguridad alimentaria y exportadora, y nos permitirá disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha dicho el lehendakari, que ha prometido una inversión global de 170 millones de euros -no ha especificado qué parte será pública- y la creación de 200 puestos de trabajo, así como colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas del sector.

Se estima que el proyecto tenga “una capacidad productiva estimada en torno a 3.000 toneladas anuales” de lenguados. Se estima que el proyecto como tal arranque en 2027, que 2029 en se empiecen a criar los primeros peces y que lleguen al mercado, respetando sus “ciclos biológicos”, hacia 2030. Desde Sea Eight han explicado a este periódico que el período total de cuidado de los lenguados es de “unos veinte meses”. Los primeros los tienen en una “maternidad” o “nursery” y después los alevines pasan a la fase de “engorde” hasta que están listos para su comercialización.

Se da la circunstancia de que el pasado año el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, presentó para Gijón de la mano de Sea Eight la “mayor piscifactoría de leguados de Europa” aunque sus cifras eran más modestas que la de Lemoiz, ya que eran 55 millones de inversió y un centenar de empleos. En el acto de Basordas han estado Aritza Rodero, del grupo Atitlan, que es el inversor principal detrás de Sea Eight, y Jaime León, CEO de este proyecto.

“Es hora de abrir un nuevo ciclo para este espacio de Lemoiz. De hacer que sea un símbolo de transformación colectiva, y no la cicatriz de tiempos oscuros. De que salga del pasado, o de un presente congelado, para entrar en el futuro de Euskadi, generando riqueza, proyección y nuevas oportunidades. Éste es el primer paso de un camino largo que debemos recorrer juntos”, ha solemnizado Pradales, que ve “compatible” el Sea Eight con “otros usos e iniciativas que puedan llegar, tanto económicas, como ligadas a la memoria, la cultura o el ocio, desde la escucha, la colaboración y el acuerdo”. “Estamos muy contentos de estar aquí”, ha señalado igualmente la consejera Barredo.

En paralelo, han arrancado ya las obras de un nuevo dique para proteger el espacio. Euskadi asumió en 2025 la competencia de gestión del litoral. Según se informó, tendrán un coste de 2,5 millones de euros. “Los trabajos, que ya han comenzado y se prevé duren 10 meses, incluyen el refuerzo del talud exterior mediante la colocación de 415 bloques de hormigón de alta densidad de 45 toneladas cada uno en 200 metros del dique con daños. Los 100 metros restantes conservan su estructura original de bloques de piedra caliza”, informó en marzo el Ejecutivo.

Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

En las salas de reunión del Ayuntamiento de Tivissa (Tarragona) el pasado jueves compartieron mesa arquitectos, ingenieros y concejales con un joven equipo de futuras promesas de la geología europea. Se volcaron sobre mapas y gráficos que hasta entonces les parecían indescifrables. Todo con un fin muy claro; estar preparados para un futuro terremoto. Nadie sabe cuándo llegará, pero sí saben que es inevitable que suceda. La cuestión es evitar daños catastróficos.

Tivissa es un pueblo situado muy cerca de dos fallas sísmicas activas, las de Burgar y del Camp de Tarragona. Pero la actividad de las placas en este punto concreto del mapa comporta un riesgo añadido. A pocas decenas de kilómetros de su núcleo se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, así como la presa de Riudecanyes.

La zona ya ha sufrido grandes terremotos; el último fue en 1845, mucho antes de la inauguración de las plantas energéticas. En aquella ocasión, el sismo fue de 5,1 en la escala Richter, una intensidad muy parecida al del mayor que ha sufrido España en lo que va de siglo. El paralelismo se encuentra en Lorca, donde en 2011 un terremoto de 5,5 dejó nueve muertos y más de trescientos heridos. Las consecuencias, de haber tenido dos centrales nucleares cerca, habrían sido mucho peores.

Al contrario de lo que podría parecer, que hayan pasado casi dos siglos desde el último gran sismo en Tivissa no es señal de que el peligro haya pasado; al contrario. “Cuanto más pasa del último, más cerca estamos del siguiente”, asegura María Ortuño, geóloga, profesora de la UB y miembro de RISKNAT, un grupo de investigación catalán que estos días está colaborando con un proyecto europeo que forma a futuros especialistas en prevención de riesgos ante desastres naturales. Para ello, el equipo está visitando diversas zonas críticas y Tivissa ha sido una de las escogidas. 

El proyecto TREADS está pensado para formar profesionales en la prevención de riesgos, un campo en el que España “está muy poco preparada”, apunta Ortuño. “Tenemos la gran suerte de no haber tenido terremotos recientes que hayan causado grandes daños”, expone la especialista, pero también añade que no hay que dejarse engañar por esta calma.

En la península Ibérica hay terremotos de gran magnitud —de 6 o más en la escala Richter—, una vez cada siglo, aproximadamente. El último de estas características se registró en Andalucía en 1884. Desde entonces, el territorio se encuentra en una anomalía porque no se ha vuelto a repetir. Por eso, Ortuño insiste en que “hay que ponerse las pilas”.

Los expertos de RISKNAT aseguran que la formación y la prevención son esenciales. Tanto, que apuntan que el terremoto de Lorca podría haber reducido exponencialmente la mortalidad si se hubiera preparado mejor a la población. “Invirtiendo unas pocas horas al año en recordar a la gente qué hacer en caso de terremoto, se podría haber salvado mucha gente”, explica Ortuño, quien estima que seis de las nueve víctimas mortales de Lorca se podrían haber evitado.

Las fallas activas y las centrales nucleares

Vandellós y Ascó se construyeron en 1967 y 1971 respectivamente, antes de que se tuviera constancia de la existencia de las fallas que pasan por sus cercanías. No fue hasta el desastre de la central japonesa de Fukushima en 2011, causado por un terremoto y el tsunami consecuente, que se empezaron a buscar riesgos sísmicos cerca de estas infraestructuras.

La central nuclear de Vandellós está a menos de 200 metros de la falla del Camp, una falla activa que puede producir sismos de hasta magnitud 6,5. Por otra parte, Ascó está en un terreno inundable del río Ebro, lo que supone un riesgo añadido en caso de sismo por la fluidificación del terreno —efecto que se da cuando una zona altamente saturada de agua actúa como líquido en reacción a un esfuerzo sísmico—.

Aun así, estos casos no son los únicos de centrales nucleares cerca de fallas activas. También en Japón, donde los sismos son usuales y cuentan con una amplia experiencia en prevención de riesgos, se encuentran las centrales de Kashiwazaki-Kariwa y Hamaoka, que tuvieron que hacer varias pausas en su funcionamiento para mejorar las infraestructuras, con esta última sumando más de 14 años sin operar.  

Para llegar a la prevención de Japón hace falta primero conocer el riesgo que hay. “El sísmico se basa en tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad”, explica Marc Ollé, investigador predoctoral en la UB y miembro de RISKNAT.

“La geología sirve para entender el fenómeno que genera un peligro para la sociedad”, explica Ollé. Los geólogos usan diversos métodos para estudiar el peligro de una zona, desde experimentos para ver las propiedades de la roca y el comportamiento de las fallas hasta modelos numéricos con la probabilidad de ocurrencia de terremotos futuros. “Estudiamos dónde hay fallas, cómo se comportan y, en caso de estar activas, qué efectos generarían”, apunta el geólogo. Con todo, aunque no es factible predecir cuándo va a producirse un sismo, sí se puede prevenir dónde va a ser y cómo.

Una vez detectada la peligrosidad, la responsabilidad recae en las normativas urbanísticas y arquitectónicas. En especial son las infraestructuras críticas, como hospitales, escuelas o industrias peligrosas, en las que debería haber un mayor cuidado para asegurar la resistencia a sismos. Pero la realidad es que, aunque exista una normativa, “siempre que puede, el cliente intenta economizar la construcción”, según apunta la arquitecta Laura Pallisé.

Es por eso que, ante este escenario, en el que hay infraestructuras críticas construidas sobre fallas y elementos arquitectónicos que no están totalmente adaptados, la formación de la población se convierte en el principal factor para reducir riesgos. 

Algunos consejos que la especialista deja en caso de terremoto son: “No salir, a no ser que sea una construcción muy bajita, ya que esos edificios raramente se derrumban. Incluso si colapsa, hay sitios seguros, triángulos de la vida, en cada sala”. También añade la importancia de tener planes familiares en caso de sismo que incluyan un punto de reunión en caso de caída de las comunicaciones y una repartición de las responsabilidades respecto a las personas dependientes.

Por parte del Ayuntamiento de Tivissa, el regidor Eduard Cavallé encargado de los servicios territoriales del municipio, asegura que se pondrán las pilas. “Hace poco aprobamos el documento de protección civil municipal”, explica, “hay que informar a la gente, pero sin alarmar a nadie”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha vuelto a dar un paso en la injerencia sobre la política energética de los países de la UE al pedir “evitar la retirada prematura de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden seguir proporcionando electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones, también puede desempeñar un papel importante”. España tiene planificado el cierre de varias centrales nucleares en 2030, con la oposición de las compañías eléctricas y el PP.

Von der Leyen ha hecho esta petición en una carta dirigida a los líderes de los 27 países de la UE como una de las propuestas en el terreno energético para tratar de aliviar las “graves repercusiones geopolíticas y geoeconómicas para Europa, que afectan a la energía y las finanzas, el comercio y el transporte, las cadenas de suministro y el desplazamiento de personas dentro y entre los países de la región”.

Los jefes de Gobierno de los países de la UE se reúnen este jueves en Bruselas para aprobar medidas que rebajen el impacto de la subida de los precios de la energía por el conflicto bélico que empezaron EEUU e Israel con el bombardeo de Irán.

“Al considerar posibles medidas adicionales para aliviar el impacto inmediato en consumidores y empresas, debemos aprender de las lecciones del pasado. Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”, escribe Von der Leyen en su misiva. Por este motivo, propone que “cualquier medida a corto plazo: no retrase la descarbonización del sistema energético, no aumente la demanda de petróleo y gas, sea temporal, dirigida y minimice los costes fiscales”.

Polémica con Ribera por las nucleares

Von der Leyen ya mantuvo una postura controvertida al equiparar las energías renovables con la nuclear y por decir que “la reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda”, que le supuso un conflicto interno con la la vicepresidenta europea para una Transición Limpia, Teresa Ribera.

La semana pasada Von der Leyen y Ribera mantuvieron una polémica por el papel de la presidenta de la Comisión respecto a la política energética de cada país. Ribera le dijo a Von der Leyen que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros, tras decir que fue “error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones” respecto a la energía nuclear.

“Mientras formé parte del Gobierno de España no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, ha sentenciado Ribera. La comisaria española ha defendido la competencia de cada Estado miembro de la UE para “decidir su 'mix' eléctrico de acuerdo con sus circunstancias, preferencias culturales e industriales y capacidades geográficas”.

En España hay una fuerte controversia entre el Gobierno y las eléctricas por el plan de cierre de las centrales nucleares. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz.

No es solo un tema técnico, también ha entrado en el terreno partididista: el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, defendió la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y rechazó su cierre programado en 2030 al considerar que responde a “cuestiones ideológicas”. Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, el PP mantiene la posición de alargar la vida de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha abogado este martes por potenciar la energía nuclear ya que es “confiable, proporcionando electricidad todo el año, las 24 horas del día”. Von der Leyen ha equiparado la energía nuclear a las renovables, asegurando que son “fuentes de energía bajas en carbono desarrolladas internamente. Juntas, pueden convertirse en garantes de la independencia, la seguridad del suministro y la competitividad, —si lo hacemos bien— ahora mismo”.

La presidenta de la Comisión admite que “en la última década, hemos logrado grandes avances en energías renovables. La energía solar fotovoltaica y eólica han superado a los combustibles fósiles en la matriz eléctrica de la UE. Y nuestros fabricantes europeos de aerogeneradores son potencias mundiales. Están exportando tecnología de punta 'made in Europe' al mundo”.

Pero Von der Leyen se queja de que “la historia de la energía nuclear, desafortunadamente, es diferente. Mientras que en 1990 un tercio de la electricidad de Europa provenía de la nuclear, hoy apenas alcanza cerca del 15%. Esta reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones”.

La presidenta de la Comisión ha asegurado que “en los últimos años, estamos presenciando un resurgimiento global de la energía nuclear. Y Europa quiere formar parte de él”, pese a que hay países como España que están cambiando su mix energético basándose en las energías renovables y con una política de abandono progresivo de los reactores nucleares.

Von der Leyen ha puntualizado que “después de años de inversión decreciente, necesitamos más para cambiar la tendencia”. En este sentido, ha comentado “la Estrategia Europea para Reactores Modulares Pequeños. Nuestro objetivo es simple: queremos que esta nueva tecnología esté operativa en Europa a comienzos de la década de 2030, de modo que pueda desempeñar un papel clave junto a los reactores nucleares tradicionales, en un sistema energético flexible, seguro y eficiente”.

La Comisión va a proponer una financiación adicional de 200 millones de euros para InvestEU con el fin de apoyar el despliegue de las primeras unidades comerciales de tecnologías nucleares innovadoras.

“La carrera tecnológica nuclear está en marcha. Sabemos que Europa tiene todo lo necesario para liderarla. Contamos con medio millón de trabajadores altamente cualificados en el sector nuclear, mucho más que Estados Unidos y China. Lideramos la innovación global en reactores modulares. Y ahora tenemos la ambición de avanzar con rapidez y a gran escala para que Europa se convierta en un centro mundial de energía nuclear de próxima generación”, ha concluido Von der Leyen.

“No puede intervenir en la política energética de cada país”

El anuncio de Von der Leyen es parte de la iniciativa de la Estrategia de Inversión en Energía Limpia, presentada este martes por Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. La propuesta pretende impulsar la inversión en “soluciones de energía limpia desarrolladas en Europa, aumentar la resiliencia y reducir los precios de la energía”. La Comisión ha recordado que “el contexto geopolítico actual vuelve a recordarnos los riesgos asociados a la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados”.

Ribera ha respondido a la presidenta de la Comisión Europea que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros, tras decir que fue “error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones” respecto a la energía nuclear.

“Mientras formé parte del Gobierno de España no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, ha sentenciado Ribera.

La comisaria española ha defendido la competencia de cada Estado miembro de la UE para “decidir su 'mix' eléctrico de acuerdo con sus circunstancias, preferencias culturales e industriales y capacidades geográficas” .

Además de la inversión en pequeños reactores nucleares, la estrategia pasa por ayudar a cerrar la brecha entre el capital privado actualmente disponible y las inversiones necesarias, además de contribuir a reducir los riesgos de los proyectos y a movilizar financiación privada para las redes eléctricas, las tecnologías innovadoras de energía limpia y la eficiencia energética.

La Comisión está trabajando con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con la intención de proporcionar más de 75.000 millones de euros de financiación en los próximos tres años para apoyar la transición hacia energías limpias. El BEI dedicará hasta 500 millones de euros para el Fondo de Inversión en Infraestructuras Estratégicas, que aportará capital para invertir en proyectos específicos de infraestructuras energéticas.

“La situación en Irán nos recuerda una verdad sencilla: la energía limpia producida en casa es la única solución duradera para que la UE rompa el ciclo de dependencia de los combustibles fósiles y de la volatilidad de los precios. Adoptamos un paquete de medidas para avanzar en este objetivo y apoyar a los ciudadanos para que tengan facturas energéticas más bajas. Queremos garantizar las condiciones de inversión adecuadas para canalizar capital privado hacia nuestros sistemas energéticos limpios, asequibles y desarrollados en Europa. Y la decisión de hoy es un paso más en esa dirección”, ha explicado Teresa Ribera.

Además, también hay un Paquete Energético para los Ciudadanos, con el que la Comisión propone acciones para reducir las facturas de energía y luchar contra la pobreza energética. Según la Comisión, con esta medida se espera que los consumidores podrán beneficiarse de cambios de proveedor más rápidos, menores impuestos y recargos en sus facturas eléctricas, así como de información más transparente sobre las facturas y los contratos energéticos.

La secretaria general del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha celebrado que el nuevo paquete energético de la Comisión incluya la energía nuclear como “uno de los pilares esenciales” de la política energética europea, poniendo fin así al “sectarismo ideológico” de la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera

El Consejo de Seguridad Nuclear prevé tener listo este verano el informe que será determinante para evaluar si hay garantías para que la central de Almaraz en Cáceres siga operando con una prórroga hasta 2030, según ha avanzado hoy el presidente del organismo, Juan Carlos Lentijo.

Las eléctricas propietarias tienen hasta el 18 de febrero para remitir la información añadida que les ha exigido el CSN y cuya entrega a tiempo y con “la calidad” requerida determinará los plazos para cumplir con el calendario que estima el Consejo que le será necesario para emitir su informe preceptivo y vinculante pero solo en positivo.

Según los cálculos del CSN,en cuyas manos está el informe clave sobre si extender el funcionamiento de la instalación, será “entorno al verano” cuando pueda estar listo su informe para enviarlo al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha dicho Lentijo.

Ha explicado que el Gobierno es el que tiene la última palabra; el hecho de aceptarse una prorroga por parte del Consejo de Seguridad Nuclear no implica que otras razones de peso por parte del Ejecutivo determinen no extender el funcionamiento de Almaraz.

Lentijo ha explicado que ampliar la operativa de la central hasta 2030 sería una pequeña prórroga al funcionamiento y eso permite “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda como se hizo en su día sino de aspectos parciales.

“No se trata de una autorización convencional porque lo que se evalúa está dentro del ciclo de autorización anterior que no estaba agotado”, es solo un ajuste para un corto plazo añadido, ha dicho.

El presidente del CSN también ha confirmado que este organismo está realizando un informe sobre el impacto del apagón en el sector nuclear.

Ha asegurado que “no hubo ningún problema de seguridad nuclear”, aunque si hay algo que aprender tiene que ver con la mejora de las comunicaciones, aunque el sistema funcionó tal como había sido diseñado. 

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y ha rechazado su cierre programado en 2030 al considerar que responde a “cuestiones ideológicas”. Durante una visita a las instalaciones, ha reiterado el compromiso del Consell con un modelo energético valenciano soberano y ha reclamado al Gobierno de España que permita mantener operativa una infraestructura que considera estratégica para la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca ha subrayado que la central de Cofrentes produce el 52 de la electricidad que se genera en la Comunitat Valenciana, lo que, a su juicio, la convierte en un elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. En este sentido, ha destacado el impacto directo del suministro energético en la competitividad del tejido productivo valenciano, formado por más de 12.000 empresas industriales que generan 184.000 empleos directos y más de 230.000 indirectos.

El jefe del Consell ha advertido de que mantener el calendario de cierre previsto para 2030 supondría “una irresponsabilidad”, al tratarse, según ha afirmado, de una central segura y necesaria para el equilibrio energético. Asimismo, ha apelado a “aplicar el sentido común” y ha enmarcado su posición en la estrategia que está siguiendo la Unión Europea, que apuesta por la energía nuclear como parte del mix energético.

En este contexto, Pérez Llorca ha señalado la evolución del debate político en torno a esta fuente de energía y ha recordadoque la actual comisaria europea Teresa Ribera apoyó el cierre de Cofrentes cuando era ministra, mientras que ahora afirma que respalda la construcción de nuevas centrales nucleares en Europa.

Desde el Consell se defiende que prolongar la vida útil de la central permitiría reforzar el sistema eléctrico, avanzar hacia la soberanía energética y facilitar la transición hacia un modelo energético que priorice las energías renovables con el respaldo de fuentes no renovables.

El president ha realizado la visita acompañado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y por el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

Extremadura llega a la cita electoral con una agenda marcada por la economía, el empleo y las infraestructuras, según un informe elaborado a partir del análisis de más de 30 millones de datos digitales. El estudio, presentado este jueves en Mérida por la consultora BeConfluence, se centra en las huellas que dejan los ciudadanos al interactuar en redes sociales, buscadores y sitios web, y no constituye una encuesta electoral.

El informe abarca la actividad de más de 612.000 personas en la región, de las que un 18 % corresponde a la generación Z (15-28 años), un 38 % a los Millennials (29-44 años), un 36 % a la Generación X (45-61 años) y un 8 % a mayores de 62 años.

Entre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, lideran la lista la situación económica y laboral y el estado de las infraestructuras, seguidos por la agricultura, el futuro de la central nuclear de Almaraz, la desigualdad territorial con respecto a otras comunidades, la corrupción y la sanidad y servicios públicos rurales.

El estudio refleja, además, que un 56 % de los usuarios percibe un trato desigual de parte del Estado hacia Extremadura en comparación con Cataluña y País Vasco, y hasta un 80 % considera que la corrupción es un problema relevante en la región.

Los datos segmentados por edad muestran que el 56,7 % de los jóvenes y adultos de entre 15 y 44 años han pensado en marcharse de Extremadura en busca de oportunidades laborales, mientras que un 33 % considera difícil encontrar un empleo estable en los próximos 12 meses.

La conectividad ferroviaria también sale mal parada, con un 71,5 % de los consultados que la valora negativamente. En cambio, la central de Almaraz recibe un respaldo mayoritario: la mitad de los jóvenes de 18 a 28 años y el 60 % de los de 29 a 44 años están a favor de prolongar su vida útil, cifra que aumenta hasta el 75 % entre quienes tienen entre 45 y 73 años.

El informe ofrece así una radiografía digital de las preocupaciones de los extremeños de cara a los próximos comicios, dejando patente que, más allá de la intención de voto, la ciudadanía sigue marcada por la búsqueda de empleo, la mejora de los servicios y la estabilidad económica de la región.

Trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz (CNA), representantes del comité de empresa, miembros de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', entre otros colectivos, se han concentrado este lunes ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social para pedir la continuidad de la planta, de la que dependen unos 4.000 empleos de la zona

Según ha informado 'Sí Almaraz', a la concentración también se han sumado el colectivo Mujeres por Almaraz, Jóvenes Nucleares y Women in Nuclear y tras ella se han entregado en el Ministerio tres cartas dirigidas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Las misivas alertan de las “graves consecuencias económicas, sociales y demográficas ”que tendría el cierre para Extremadura y para el conjunto del país. Así, 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' advierte en la carta de que “el cierre de Almaraz supondría un golpe irreversible para una comarca que ya sufre los efectos del desempleo estructural, la despoblación y la pérdida progresiva de tejido productivo.

Añade que miles de empleos directos e indirectos —cualificados, estables y de calidad— dependen de esta instalación, que actúa además como eje vertebrador de la actividad económica en la zona y su clausura aceleraría el proceso de desindustrialización y abandono rural que amenaza a una de las regiones más castigadas por el desequilibrio territorial del país.

Por su parte, el Comité de los Trabajadores pide a la ministra que defienda los puestos de trabajo y a las de cerca de 4.000 familias que viven dignamente gracias al empleo de calidad que genera la Central de Almaraz. También que tome conciencia de que no se puede condenar de nuevo a Extremadura al ostracismo ni a la desindustrialización obligándole a perder su mayor motor económico.

Por último, el colectivo Mujeres por Almaraz, un grupo de madres, trabajadoras y vecinas del Campo Arañuelo, destacan que el cierre de la central amenaza la continuidad educativa, sanitaria y social de unos municipios ya debilitados por la pérdida de población y que muchas familias jóvenes se verían obligadas a abandonar la comarca, acelerando el vaciamiento rural. 

Fundación Renovables, principal lobby de este sector en España, avisa de la “insuficiente” financiación del fondo que debe sufragar el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos nucleares, cuyo déficit cifra en más de 5.000 millones de euros, pese a la última subida aprobada por el Gobierno, y cree que “prolongar la vida útil de las centrales solo pospone el problema y puede agravar este déficit, sin garantizar siquiera la cobertura de los costes reales de cierre y gestión de residuos”.

El informe La Energía Nuclear en España: Análisis de la viabilidad nuclear hacia un sistema 100% renovable, al que ha tenido acceso elDiario.es, advierte de que el déficit de ese fondo recaerá “sobre la ciudadanía si no se aumenta significativamente” la tasa que recauda la empresa pública Enresa, “dado que hoy en día los propietarios de las centrales no asumen los gastos para el tratamiento de los residuos que ellos mismos han generado”.

“Esto evidencia la falta de competitividad económica real del sector nuclear al no tener en cuenta el coste de sus externalidades, además de la nula estrategia de las empresas privadas para asumir su responsabilidad a futuro”, dice el documento, lanzado en pleno debate sobre la posible prórroga hasta 2030 de la nuclear de Almaraz (Cáceres), que las eléctricas pretenden hacer coincidir con el cierre de otros dos reactores, Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), algo que, al margen de las maniobras del PP en el Congreso, puede echar al traste con el cierre paulatino (entre 2027 y 2035) que pactaron las empresas con el Gobierno en 2019.

Ese fondo, que se nutre de una tasa por la producción de los reactores, contaba a cierre de 2024 con 8.677 millones, cuando Enresa estima los costes en más de 20.000 millones. Para dotarlo de más recursos, en junio de 2024 el Gobierno aumentó la Tasa Enresa un 30%, de 7,98 €/MWh a los actuales 10,36 €/MWh, un incremento que las empresas han recurrido y que, según el informe, “es muy insuficiente para la cobertura total de los costes estimados”.

“En caso de ampliación de plazo de las centrales, se ha mencionado que esta tasa podría reducirse un 18% hasta los 8,50€/MWh, argumentando que al ampliarse el periodo recaudatorio se apoyaría la competitividad económica del sector nuclear”, dice el informe, que sin embargo plantea “un hipotético escenario en el que la tasa Enresa permitiría cubrir el 100% del coste de gestión de los residuos nucleares entre 2024 y 2100”: afirma que la tasa debería situarse en 59,52 €/MWh, con un precio de la electricidad nuclear de 113,42 €/MWh, según una metodología de cálculo de costes de esta tecnología que Endesa presentó en 2023.

El informe subraya que el retraso (doce años) en la actualización del último Plan de Residuos Radiactivos (aprobado en diciembre de 2023) “ha beneficiado económicamente a las empresas propietarias”, al no haberse actualizado esa tasa en esos años. Destaca que “el 30% de los 416 reactores operativos en el mundo en 2025 ya superan los 40 años de vida de diseño y casi dos tercios lo habrán hecho antes de 2035”.

Esto “obliga a los reguladores a decidir entre cerrar o acometer costosas obras de extensión, con el telón de fondo de procesos de fatiga, como son la corrosión de la vasija (similar a lo que sucede en los reactores franceses durante los últimos años) o la fragilización del acero que incrementan la probabilidad y la gravedad de un fallo de seguridad a medida que la central envejece”.

El precio de alargar la vida útil de una central no es uniforme y varía para cada reactor. El informe menciona los casos de la extensión de 10 años de los reactores belgas Tihange 3 y Doel 4, con un rescate público de 2.000 millones; y en Francia, el programa de renovación “Grand Carénage”, con una inversión de 49.400 millones para sus 56 reactores, a unos 880 millones por reactor. 

Como recuerda el informe, en 2018 la consultora PwC estimó que las nucleares españolas deberían invertir un mínimo de entre 3.200 y 3.500 millones para alargar su funcionamiento 10 años. La cifra exacta “solo se podría conocer si se pidiese la ampliación de cada central, pero, en todo caso, representa un alto coste fijo que habría que amortizar durante los años restantes de su funcionamiento, desconociéndose si las empresas propietarias están dispuestas” a asumirlo. Almaraz depende de los requerimientos técnicos que imponga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

“Ampliar la vida de los reactores existentes parece más barato que construir nueva capacidad firme, sin embargo, cuando se internalizan las inversiones de modernización, los sobrecostes operativos, la gestión de residuos extra y, sobre todo, los riesgos económicos de un accidente grave, el balance se inclina rápidamente”, sostiene la Fundación Renovables.

“El beneficio privado de unos años más de operación corre parejo a la asunción pública de contingencias cuyo valor supera con creces los ahorros inmediatos. La cuestión deja de ser meramente técnica para convertirse en una decisión de política económica sobre quién asume, y hasta qué punto, el precio real del envejecimiento nuclear”.

“Incompatibilidad”

El informe subraya la “incompatibilidad” entre la nuclear y la transición energética, ya que “impide que el despliegue renovable alcance su potencial completo” al operar de “de forma no flexible”, con poco margen para regular potencia, “obligando a desconectar renovables”. Su modelo “las hace incompatibles con la variabilidad estacional de las renovables y los sistemas de baterías hibridados y stand-alone en desarrollo”. 

El informe considera “optimista ” la previsión de incremento de la demanda eléctrica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Comienza advirtiendo de que los datos referentes a la nuclear “se han obtenido a partir de la información publicada por el propio sector”, lo que implica “limitaciones” por “la falta de transparencia”, la “opacidad y el hermetismo de una industria que no aporta información abierta a la ciudadanía y al Estado”.

“Existen una serie de costes futuros que no se incluyen en la carga fiscal nuclear actual” y “extender la vida útil de reactores viejos requiere nuevas inversiones en refuerzos de seguridad y modernización, con su correspondiente impacto financiero”; sin mecanismos de apoyo, como contratos indexados o “todos los costes” asumidos, “su rentabilidad está en entredicho”.

Frente a las afirmaciones de las eléctricas sobre “la supuesta excesiva carga fiscal de la nuclear”, Fundación Renovables recalca “la importancia de las tasas impositivas para reducir el impacto social negativo que supone externalizar los costes de una tecnología en la ciudadanía”.

“El mérito de una tecnología no debe basarse en su hipotético funcionamiento exento de impuestos”, algo “especialmente cierto para la nuclear dadas sus externalidades potencialmente negativas” y su competencia frente a tecnologías “que sí están gravadas fiscalmente y tienen menos externalidades, como es el caso de las renovables”.

La fundación expone, citando datos del banco de inversión Lazard, que el coste marginal de operación de las nucleares (conocido como LCOE) se mantiene desde hace una década “estable” a escala global en torno a los 71 dólares por MWh, frente a los “entre 37 y 70” de la fotovoltaica y la eólica terrestre“. 

“Así, la nuclear nueva se posiciona hoy como la opción más cara para nueva generación firme en los sistemas eléctricos occidentales, siendo, además, cada vez menos competitiva frente a las renovables. Su viabilidad económica depende de factores aún no resueltos y sin expectativas claras de mejora en el corto o medio plazo”.

En el caso de España, el coste completo de producir electricidad nuclear “se desconoce porque, más allá de los datos publicados por los propios operadores de las centrales y su asociación, Foro Nuclear, se desconoce la veracidad de estos al no haber un control de validación externo e independiente”.

La composición del coste incluye operación y mantenimiento, amortización de inversiones, impuestos específicos, financiación del desmantelamiento y gestión de residuos. “Con la prudencia de que son costes internos, sin una auditoría de costes externa e independiente, Endesa presentó en 2023 un desglose de costes que ascendía a 63 €/MWh”, recuerda la fundación.

El informe reconoce que “la presión mediática generada por las propietarias de las centrales podría retrasar” ese cierre gradual y considera un “mito” el denominado renacimiento nuclear, un “falso relato que ha calado en el debate público y que viene incentivado por el lobby empresarial nuclear, que se basa más en sus propios deseos que en la realidad”, dado que en los últimos 15 años esta fuente “ha experimentado un crecimiento prácticamente insignificante a nivel mundial, con más reactores cerrados que inaugurados, y concentrando el poco desarrollo existente en regiones muy concretas, principalmente en Asia”.

Se basa en los datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que señalan que la potencia de esta fuente a escala mundial ha pasado de 370,9 gigavatios (GW) en 2010 a 375,5 GW en 2024, con un crecimiento de solo el 1,2%, y “19 reactores menos, al ser los nuevos más potentes que los clausurados”, con Asia concentrando el 79% de la nueva capacidad en la última década y China a la cabeza (40 GW).

“Este estancamiento nuclear contrasta enormemente con el auge de las energías renovables que experimentaron, en el mismo periodo, un crecimiento exponencial del 262% a nivel mundial, pasando de 1.227 GW en 2010 a 4.448 GW en 2024”, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena). “Solo el último año, las renovables instalaron más potencia que toda la capacidad nuclear histórica instalada hasta la fecha”, recuerda el informe.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado este viernes satisfecha de que la enmienda “trampa” del PP sobre el calendario de cierre de Almaraz y otras nucleares no le haya salido bien.

El Congreso rechazó este jueves la enmienda que incorporó el PP al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la fecha de cese definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. A preguntas sobre esta cuestión, la candidata de Unidas ha criticado la “triquiñuela” del PP de introducir una enmienda sobre las nucleares en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que no tiene nada que ver.

De Miguel ha asegurado que las empresas propietarias de Almaraz tienen claro el calendario de cierre y ha considerado que ahora se está en “un juego político y partidista”, en vez de un actuar de manera responsable con criterios científicos. En su opinión, un gobierno responsable debería exigir prejublicaciones dignas como ha habido en Telefónica o en el sector de la banca, y un plan de empleo para la fase de desmantelamiento.

De Miguel ha criticado que ni PSOE ni PP hayan puesto en marcha una alternativa al cierre y ha considerado que prorrogar Almaraz “es dar aire a oligopolio eléctrico que quiere que le salga gratis lo que lleva haciéndoles de oro durante décadas”.

La candidata de Unidas ha lamentado que la zona de Almaraz no haya sido un polo industrial con diez veces más de empleo, en vez de servir para llevar energía e impuestos fuera de Extremadura. 

El Ministerio para la Transición Ecológica se felicita por la no aprobación este jueves de la “extravagante” enmienda introducida por el PP en la Ley de movilidad sostenible, que finalmente no ha aprobado este jueves el Congreso gracias a la abstención de Junts.

Fuentes del departamento de Sara Aagesen indican que la enmienda “no cambiaba nada sustancial” en el calendario de cierre de los reactores, pero sí introducía “ruido e incertidimbre” e “intentaba colocar la idea de una especie de prórroga automática de la vida de las centrales nucleares” dejando “de lado a un organismo tan importante como el CSN”, el Consejo de Seguridad Nuclear.

La enmienda, introducida en el Senado por la mayoría absoluta de los populares, ha sido rechazada este jueves por un solo voto y con las abstenciones de los 7 diputados de Junts. Ha sido rechazada por 171 a favor (los de PP, Vox y UPN) y 172 en contra (incluyendo al PNV y a ERC).

Desde el ministerio subrayan que, aunque hubiera salido adelante esta iniciativa, la seguridad nuclear “estaba garantizada en todo caso” y “no había tanto una preocupación en lo sustantivo”, pero se felicitan por haberse evitado el “ruido e incertidumbre” que habría generado.

La enmienda “no cambiaba la normativa de seguridad nuclear, sino actos administrativos”, las órdenes ministeriales de renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales, sin pedir ningún tipo de informe al CSN, cuando estas órdenes “solo se pueden aprobar con informe preceptivo y vinculante del CSN”, destaca Transición Ecológica.

Las mismas fuentes señalan que “a día de hoy la fecha de cierre de Almaraz es 2027 y 2028” y que Transición Ecológica no va a instar a que se paralice el informe de cierre de la instalación que debe tramitar el CSN en paralelo a la solicitud de prórroga que pidieron a finales de octubre Iberdrola, Endesa y Naturgy sin necesidad que estuviera aprobada esta enmienda del PP, introducida con anterioridad a la decisión de las compañías eléctricas.

Junts ha evitado a última hora una nuevo castigo al Gobierno al votar en contra de una enmienda del PP que intentaba modificar el calendario para el cierre de las centrales nucleares, previsto de forma escalonada hasta 2035. El Ejecutivo consigue una jornada parlamentaria redonda tras conseguir la aprobación de la ley de clientela, que ya camina al Senado, y la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible sin los principales cambios que buscaban los de Alberto Núñez Feijóo. 

Pese a las dudas desde que el PP introdujo la enmienda, el Gobierno ha tenido un día redondo en el Congreso, con la aprobación de la Ley de Atención a la Clientela, del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la aprobación definitiva de Movilidad Sostenible, un gran proyecto que busca impulsar el transporte público y una importante reducción de emisiones, un proyecto del que además dependen 10.000 millones de fondos europeos. 

Con este movimiento, Junts sigue sin probar en los botones de votación del hemiciclo la anunciada ruptura de relaciones con el Gobierno. Es cierto que la ley de movilidad sostenible estaba pactada de antemano y no entraba en el listado que los independentistas anunciaron que tumbarían a partir de ahora, pero la enmienda del PP había abierto una brecha en un tema sensible para Junts.

La semana pasada el partido de Feijóo aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para enturbiar la estrategia del Ejecutivo con un tema muy sensible para algunas regiones específicas, como Extremadura, donde el partido de Alberto Núñez Feijóo acaba de forzar un adelanto electoral para finales de diciembre. Allí se encuentra la central de Almaraz. La jugada ha conseguido además abrir una grieta en el PSOE, con el candidato a esas elecciones, Miguel Ángel Gallardo, a favor de la prórroga de la vida de esa planta. 

La enmienda fracasada buscaba alargar el calendario pactado, después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy acordaran presentar una solicitud formal para prorrogar el cierre de Almaraz hasta junio de 2030, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y 2028, según el calendario que las empresas y el Gobierno pactaron en 2019. La prórroga haría coincidir el cierre de la planta extremeña con los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), y Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030).

En el Gobierno habían dejado en cualquier caso la decisión sobre Almaraz en manos del Consejo de Seguridad Nuclear. El Ministerio de Transición Ecológica ha remitido ya a ese órgano la petición de modificación del calendario de las eléctricas con la exigencia que ya marcó Pedro Sánchez en una comparecencia en mayo: que la prórroga garantice la seguridad del suministro, que no esté en riesgo la seguridad radiológica y que no suponga un extracoste para el contribuyente.

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez aseguró en una entrevista en El País que el Gobierno “no tiene una posición en absoluto dogmática, sino pragmática” sobre las nucleares. “¿A qué me refiero? A que si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta. Pero tienen que cumplir con esas tres exigencias que, a mi juicio, son de puro sentido común”, dijo. 

El problema, más allá de esta cierta flexibilidad marcada por el Gobierno, que ha enfadado a Sumar, radicaba en que la enmienda del PP era mucho más amplia y abre el abanico de las condiciones. La modificación que ya ha introducido el Congreso establece que el titular de cada una de las centrales podrá solicitar con al menos 18 meses de antelación al plazo previsto “una nueva autorización al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”. “La documentación soporte de la solicitud del titular, desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, será la que determine el Consejo de Seguridad Nuclear”, establece. 

Con la votación de este jueves, el Congreso no modifica finalmente los planes pactados a la espera de lo que decida el Gobierno tras la petición de las eléctricas. Aunque habían mostrado tranquilidad, la jornada sirve también para apuntalar una derrota del PP que buscaba herir al Gobierno en un tema sensible en la campaña de Extremadura.

Impulsar la eliminación de los vuelos cortos

Más allá de esta enmienda en concreto, la votación de este jueves supone la aprobación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible, un texto muy importante para el Gobierno que viene de la legislatura anterior y que ha experimentado una intensa negocaición en comisión. El texto reconoce por primera vez el derecho a la movilidad sostenible. Y como parte de ese derecho impone el objetivo de llegar a la neutralidad climática a mitad de siglo, con el objetivo vinculante de ir descarbonizando todo el sistema de transporte.

En este sentido, ley insta a las administraciones a elaborar planes para impulsar el transporte público colectivo, con servicios incluidos de movilidad compartida, colaborativa o a demanda, que hasta ahora no se habían contemplado como alternativa. También se actualizan las etiquetas medioambientales de los automóviles, con la idea de incrementar el parque de coches eléctricos. La ley también incluye algunos aspectos relacionados con el coche eléctrico, como la aceleración del despliegue de la infraestructura pública de recarga.

Otro de los puntos más significativos es el plan que contempla la ley es el plan para impulsar la reducción de vuelos domésticos. El texto no establece un compromiso claro pero encarga al Ministerio de Transportes la elaboración de un estudio que examine desde el punto de vista técnico las posibilidades para la “racionalización de vuelos cortos” cuando exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en los casos en los que haya conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

“El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estudiará desde un punto de vista técnico, si la racionalización del uso de los vuelos cortos [...], siempre dentro del marco normativo europeo, podría ser una medida que, de una forma efectiva, permita reducir las emisiones del modo aéreo, analizando, asimismo, otros posibles impactos de la medida”, dice el dictamen aprobado en la comisión. “En el marco de este estudio, se hará una propuesta de regulación de los vuelos [...], teniendo en cuenta los posibles efectos en varios ámbitos, como la conectividad regional, los impactos a nivel económico y social como es el caso del impacto en las subvenciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares o la propia capacidad de sector para descarbonizarse”, establece.

La ley no plantea medidas como el pago por uso de las autovías, que se descartó por completo; y habilita, pero no obliga a poner peajes en zonas urbanas. También exige a las empresas que tengan 200 personas en un centro de trabajo o entre 100 y 240 en distintos turnos que elaboren planes propios de movilidad.

El culebrón del cierre de las centrales nucleares va a vivir otro capítulo este jueves en el Congreso de los Diputados, con la votación de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Senado que pretende alargar la vida de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 

En la enmienda, que el Gobierno no ha vetado por entender que no tiene impacto para las cuentas públicas, la llave la tiene Junts, partidaria de alargar la vida de las nucleares catalanas, y que ya se abstuvo en la votación de esa enmienda en el Senado.

Si sale adelante, esta treta parlamentaria de los populares, una enmienda a una ley que nada tiene que ver con las nucleares, y de cuya aprobación depende la entrega de 10.000 millones de euros en fondos europeos, puede apuntalar las peticiones que llevan meses realizando las eléctricas para revisar el calendario de cierre de las nucleares.

Sin embargo, expertos del sector advierten de que, en la práctica, esa hoja de ruta ya está entredicho con la prórroga que han pedido las empresas para que la central de Almaraz siga operando hasta 2030.

Tras jugar al despiste durante meses con el cierre o la prórroga de la planta extremeña, sus propietarias, Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) acordaron en octubre (la propietaria de Almaraz es una comunidad de bienes, que requiere unanimidad de los socios en sus decisiones) solicitar alargar hasta junio de 2030 el permiso de la planta cacereña. Almaraz es la primera que debe cerrar en el calendario pactado en 2019 con la empresa pública Enresa, responsable del desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos radiactivos.

El plan pactado hace seis años contemplaba un apagón gradual del parque nuclear entre noviembre de 2027 y mayo de 2035, con el cierre del primer reactor de Almaraz como primera parada y la clausura del segundo grupo de la planta extremeña ya en octubre de 2028. Al margen de esta maniobra del PP, el retraso en cadena del calendario de cierre nuclear (que genera el rechazo frontal del socio de Gobierno del PSOE, Sumar) es un escenario que está sobre la mesa si se materializa la prórroga de la planta extremeña.

Retrasar a 2030 el cierre de Almaraz supondría abordar a la vez en un solo ejercicio el cierre de cuatro reactores nucleares: los dos de la planta extremeña y los de Ascó I (octubre de 2030) y Cofrentes (noviembre de 2030). Serían 4 gigavatios (GW) desconectándose en cuestión de meses. En opinión de Pedro Fresco, director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, este escenario “no es gestionable, y por tanto el gobierno que haya en 2030 (o año y medio antes) tendrá la soga al cuello”. 

Según Fresco, de cara a 2030 “las compañías podrán plantear las condiciones que quieran ante su posición de fuerza. Si permites esto de Almaraz, el gobierno pierde el control de la política energética y pasan a dominarla las propietarias de las nucleares”.

Como ha explicado el ex diputado de ICV y ex director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Herrera, con ese aplazamiento “se consigue para 2030 la tormenta perfecta” y ese año las empresas “pretenderán poner las condiciones para el alargue de la vida de los reactores”, con lo que Herrera ha calificado como “el cuarto rescate nuclear. Así, la política energética podría volver a decidirse ”en un taxi“, como tantas veces en el pasado”.

Por los aires

En un reciente artículo en Agenda Pública, Fresco apuntaba que cerrar casi de golpe esos cuatro reactores en 2030 haría saltar “por los aires cualquier criterio de cierre escalonado y progresivo” y supondría “la detonación de la política energética del país”, porque haría muy difícil instalar los 30.000 megavatios (MW) de renovables que actualmente tienen autorización de construcción y cerca de 5.000 MW proyectos de almacenamiento en baterías que están en tramitación. La explicación es sencilla: no hay hueco para tanto.

En palabras de Fresco, “si mañana el Gobierno de España reabre el melón nuclear seguramente no se construirá prácticamente nada. Deshacer el pacto nuclear destruiría la previsibilidad de nuestra política energética, paralizaría la inversión y dejaría morir miles de proyectos que han estado muchos años en tramitación, tirando a la basura grandes esfuerzos y llevando a la ruina a cientos de empresas”. 

Hay que recordar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos el Gobierno revisó al alza hace poco más de un año, establece que de aquí a 2030 tendrían que instalarse en España otros 30 GW de fotovoltaica, sumando autoconsumo (ahora hay unos 47 instalados) y otros 37 GW de eólica (ahora hay unos 33). Esto es ya prácticamente inviable con el escenario actual, aun sin prórroga nuclear, con una demanda eléctrica que no despega, lo que reduce drásticamente la rentabilidad de los proyectos renovables. El PNIEC prevé un aumento del consumo de unos 80 TWh entre 2019 y 2030 que no se está materializando ni por asomo.

Una de las claves que explican el giro de las empresas con la nuclear está en el precio del gas. Esta materia prima determina lo que cobran los reactores en el mercado mayorista. Cuando en 2019 se pactó el cierre escalonado del que ahora las eléctricas reniegan, cotizaba por debajo de los 15 euros el megavatio hora (MWh), cuando ahora está en unos 30 euros. 

Y una muestra de cómo ha cambiado la situación es un vistazo a la evolución de las cuentas de la filial nuclear de Iberdrola, que en 2020, meses después de la firma de ese protocolo de intenciones con Enresa, y con los precios del ‘pool’ en mínimos históricos, se anotó unos números rojos récord de 240 millones. Sin embargo, en 2021, con el gas empezando a dispararse, Iberdrola Generación Nuclear puso fin a las pérdidas que venía registrando de forma constante desde su creación en 2012 (casi 1.100 millones).

Y en los últimos cuatro ejercicios se ha anotado un beneficio total de cerca de 1.270 millones, pese a la “asfixiante” presión fiscal que soportan los reactores, según la expresión que utiliza desde hace años el principal lobby del sector, Foro Nuclear, y que ha hecho suya el PP. En el caso de Iberdrola, su filial nuclear ya ha borrado de sobra las pérdidas de la década anterior, cuando la mayor eléctrica española forzó el cierre de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en contra de los deseos del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las empresas han aprovechado el apagón del 28 de abril para poner sobre la mesa una supuesta capacidad de las nucleares para controlar la tensión eléctrica (clave en ese histórico cero energético) de la que estas plantas carecen, según ha reconocido recientemente la patronal sectorial Aelec. 

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado la decisión sobre Almaraz en manos de lo que determine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La vicepresidenta Sara Aagesen, que este miércoles convocó a los medios para presentar un nuevo paquete de ayudas a la descarbonización y la competitividad en un acto que discurrirá paralelo al debate de este jueves en el Congreso, asegura que no ha cambiado su posición sobre este asunto porque no se han cruzado “las tres líneas rojas” que marcó en mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que la prórroga garantice la seguridad del suministro, que no esté en riesgo la seguridad radiológica y que no suponga un extracoste para el contribuyente.

Pragmatismo

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez aseguró en una entrevista en El País que el Gobierno “no tiene una posición en absoluto dogmática, sino pragmática” sobre las nucleares. “¿A qué me refiero? A que si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta. Pero tienen que cumplir con esas tres exigencias que, a mi juicio, son de puro sentido común”.

El pasado lunes, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se mostró “seguro” de que el Ejecutivo central “va a prorrogar” la vida útil de Almaraz y afirmó que había un “compromiso” para ello.

Las empresas han pedido la prórroga tras anunciar la presidenta extremeña, María Guardiola, una rebaja progresiva de la ecotasa que cobra la región a la planta, poco antes de anticipar las elecciones autonómicas del próximo diciembre.

Las eléctricas han pedido esa miniprórroga sin poner “ninguna condición”, en palabras de Aagesen, y tras “renunciar a la rebaja fiscal” que exigían al Gobierno central desde hace meses. Una rebaja definida por el anterior presidente de Enresa, José Luis Navarro, como un “rescate” y un “farol” de Iberdrola, el accionista mayoritario de la planta. Según Navarro, en 2019 la eléctrica “quería cerrar a toda costa a los 40 años de operación comercial (en 2023-2024), porque pensaba que en pocos años la energía nuclear dejaría de ser rentable”. 

“Ahora Iberdrola cree que se equivocó, por el incremento de las expectativas de precios futuros de la electricidad a medio plazo (”It’s the economy, stupid“). Y para justificar su giro de 180º, otro más de una larga lista, ha invertido ingentes recursos en campañas mediáticas para trasladar al imaginario colectivo la supuesta asfixia fiscal y las bondades de lo que antes denostaba, marcándose el farol, por si colaba, de exigir condiciones. Afortunadamente, no se ha pagado el rescate”, según Navarro.

En un artículo en Cinco Días, el extremeño ha avisado de que, aun con la subida, en vigor desde el año pasado, de la denominada Enresa, que financia la gestión de los residuos y el almacenamiento (y que pagan los reactores mientras funcionan), “el importe acumulado que Almaraz habrá dedicado a la gestión de sus residuos y a su desmantelamiento, hasta el final de su vida, será muy inferior al de centrales semejantes de Europa y EE. UU.”

Sudar la camiseta. Es uno de los lemas del Gobierno de Pedro Sánchez ante la complicada aritmética parlamentaria que le lleva a negociar in extremis en cada votación. Y es el destino de la ley de movilidad sostenible, que pretende reducir los vuelos e implementar una nueva red de transporte de autobuses y que se enfrenta este jueves a su último trámite: la votación de las enmiendas introducidas por el Senado. Aunque en principio el Gobierno tenía el camino expedito, ya que es una de las cinco normativas que cuentan con el apoyo de Junts antes del anunciado portazo de Carles Puigdemont, se ha complicado por una treta del PP en la Cámara Alta, que ha introducido una enmienda para alargar la vida de las nucleares. 

La jugada de los de Alberto Núñez Feijóo, permitida en el reglamento de las Cortes aunque el establecimiento de un nuevo calendario para el cierre de las nucleares no tenga nada que ver con la ley de movilidad sostenible, amenaza el plan del Ejecutivo para las centrales de Almaraz, Asco y Cofrentes, cuyo fin está previsto de forma escalonada hasta 2035. 

El Gobierno está en manos de Junts. “Dependerá de lo que voten Junts y ERC”, asumían en la tarde de este martes fuentes gubernamentales. Fuentes de los ministerios implicados apuntan a que las conversaciones las están pilotando tanto en Moncloa como en el grupo parlamentario socialista. 

Junts no quiere negociar ni comunicar su posición

La ruptura de Junts con el Gobierno en el Congreso marcó una nueva forma de actuar: los socialistas sabrán el sentido de su voto cuando vean la luz verde, roja o amarilla en el contador del hemiciclo. No habrá negociaciones ni tampoco les comunicarán su posición antes. Es por eso que los independentistas no han querido desvelar todavía si sumarán sus votos a los de PP y Vox en la enmienda en cuestión. “No adelantamos el sentido del voto”, se limitan a decir fuentes del grupo parlamentario para añadir suspense a una nueva votación muy ajustada por el Gobierno. 

Pero lo más probable a estas alturas es que Junts sea coherente con lo que ha votado en anteriores ocasiones en materia de energía nuclear. Sin ir más lejos, durante la tramitación en el Senado se abstuvo en la enmienda del PP. Los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta en esa Cámara, pero aun así los senadores posconvergentes quisieron marcar su posición.

Hace apenas unos meses también se abstuvieron en una iniciativa que el PP llevó al Congreso en la que pedían alargar la vida de las nucleares. Se trataba de una proposición no de ley que instaba al Gobierno a posponer el cierre agendado y salió adelante gracias al apoyo de Junts pero también de los siete diputados de Esquerra Republicana, que han mostrado cierta ambigüedad hasta ahora sobre este asunto. 

El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha explicado en alguna ocasión en la Cámara Baja que su grupo está comprometido con la agenda verde y el cierre de las nucleares, pero al mismo tiempo ha reclamado alternativas claras para los trabajadores de las centrales que perderán su trabajo cuando se ejecute el plan del Gobierno. En cualquier caso, fuentes del grupo aclaran a este diario que votarán en contra de la enmienda del PP. 

Durante la tramitación en el Senado también se abstuvo el PNV, aunque fuentes del grupo señalan que mantendrán en esa enmienda la posición que han mantenido hasta ahora en los debates que se han dado en el seno del Congreso, como por ejemplo en la PNL del PP, que rechazaron. La idea de los nacionalistas vascos es que los calendarios de cierre ya se han pactado en los foros pertinentes y ven poco sentido a modificarlos de forma repentina por una iniciativa de los de Feijóo. 

La maniobra del PP, que tardó en enviar las enmiendas aprobadas en el Senado hasta el punto de que el Congreso tuvo que mandar un coche para recogerlas, coloca en una situación compleja a la coalición, que está dividida a la hora de afrontar el cierre de las nucleares. 

Sumar se mostró muy dura este martes contra los grupos que están pensando en votar a favor de la enmienda, aunque en la parte socialista tratan de desdramatizar. Primero porque algunas fuentes consideran que la aprobación de ese texto no supondría un cambio automático en el calendario, aunque es una cuestión de apreciación jurídica. 

Una línea roja para Sumar

En segundo lugar, el Ministerio de Transición Ecológica ha remitido ya al Consejo de Seguridad Nuclear la petición de modificación del calendario que han presentado las empresas explotadoras (Iberdrola, Endesa y Naturgy) cumpliendo la exigencia previa del departamento que dirige Sara Aagesen: que no tuviera condicionantes, es decir, con garantías técnicas de seguridad nuclear, de suministro energético y sin peticiones de una rebaja fiscal que suponga que los consumidores acaben pagando el alargamiento de la vida de las centrales. El Ministerio dice que lo estudiará basándose en el dictamen que emita el Consejo de Seguridad Nuclear, si bien no es una opinión vinculante.

Pero en el socio minoritario de la coalición llevan advirtiendo desde hace meses –desde que Sánchez se abrió a modificar el calendario en su comparecencia ante el Congreso en verano– de que el cierre de las nucleares forma parte del acuerdo de Gobierno y es una línea roja para la coalición de Yolanda Díaz.

“Tenemos argumentos suficientes para empeñarnos en que el cierre de las nucleares es algo que no se puede prolongar. Estamos en este Parlamento para construir la España de la transición ecológica”, dijo este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez, que, sin embargo, consideró que existe una mayoría en el Congreso para tumbar la enmienda. “El cierre de las nucleares es un acuerdo de Gobierno y el PSOE tiene que cumplirlo”, insistió. 

Martínez también quiso dejar claro este martes que el Gobierno no tiene capacidad de vetar las enmiendas y que, por tanto, la responsabilidad está en los grupos parlamentarios. Lo hizo después de que este lunes Podemos reclamase al Gobierno vetar esa enmienda en concreto. La formación de Ione Belarra se agarraba para su petición a un precedente reciente, con la ley de desperdicio alimentario. En marzo de 2025, Hacienda vetó una enmienda del PP a esa norma que buscaba rebajar el IVA a los alimentos, con base en el artículo 134.6 de la Constitución, que avala al Gobierno a frenar iniciativas que puedan afectar a los Presupuestos. 

Pero fuentes gubernamentales cierran ese camino: “Nosotros no podemos vetar, porque el veto solo se puede justificar con afección a partida presupuestaria concreta con cifra concreta, y esta no es una enmienda presupuestaria”. De hecho, el Gobierno sí vetó varias enmiendas del Senado por este motivo, aunque la Mesa de la Cámara Alta no tuvo en cuenta el criterio de Hacienda y las tramitó igualmente. Y entre ellas no estaba la enmienda sobre las nucleares. 

Por eso el Gobierno queda de nuevo en manos de una negociación parlamentaria hasta el último minuto y del botón rojo de Junts, que a pesar de su gestualidad pública de oposición al Ejecutivo hasta ahora no ha votado en contra de ninguna de sus leyes. Este jueves, sin ir más lejos, apoyará también la Ley de Atención a la Clientela, que incluye la atención al cliente en catalán que negociaron en comisión. Queda por ver si en esta ocasión unirá sus votos con el PP y empezará a confirmar su nuevo rol de oposición.

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que la “prórroga de la prórroga” que han solicitado las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz significa “prolongar unos pocos años más la agonía”.

La portavoz de la coalición de izquierdas ha afirmado que la vida útil de la planta nuclear ha expirado, por lo que “Almaraz, tarde o temprano, tiene que cerrar”. Además, ha cuestionado que el futuro de la comarca de Campo Arañuelo y de los trabajadores vinculados a la central sea esta prórroga, “ya que solo se plantea para cinco años”.

“¿Es este el futuro que queremos?, ¿un futuro a cinco años vista?”, se ha preguntado De Miguel, para quien esta “miniprórroga” es “una excusa más para que el gobierno de turno no se ponga a trabajar para garantizar la viabilidad económica y social de la comarca”.

Ha afirmado además que las propietarias de Almaraz han solicitado la continuidad de la planta después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunciase que “pretende perdonarles los pocos impuestos que dejan aquí”. Para De Miguel esto es clave, ya que asegura que la energía nuclear ya no es rentable y que, por tanto, para seguir operando necesita “de una fuerte intervención pública estatal y aliviar la carga impositiva, incluso la de la relacionada con la gestión de los residuos”.

“No es rentable porque no producimos uranio, y sin embargo, sí que producimos energía solar, que es mucho más económica y limpia, y ahí, Extremadura es una región líder”, ha dicho.

De Miguel ha invitado a todas las instituciones públicas a que se “pongan a trabajar en serio” para garantizar una alternativa de empleo con futuro en la comarca de Campo Arañuelo y para que el desmantelamiento de la central sea “justo con la región”. Según su palabras, “hasta ahora Almaraz ha sido un fraude, ya que no ha generado todo el empleo que iba a generar ni tampoco ha propiciado el desarrollo industrial que supuestamente iba a provocar”.