La presidenta de la patronal Cepyme, Ángela de Miguel, ha reiterado que no entienden una huelga general no laboral que va contra las empresas por un problema de vivienda, que ellos también sufren, cuando hay margen para bajar el 40% de impuestos que se pagan, y cuando además el SMI está en 1.900 euros al mes y que lleguen 1.250 al trabajador “es una decisión del Gobierno”.

A preguntas de los medios durante su participación en el acto de presentación de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid ha incidido en que Cepyme no tiene “ninguna posibilidad de solucionar este problema, aunque si nos dejaran seguro que lo solucionamos, pero no tenemos competencias en materia de vivienda que nos va a perjudicar ya que la pequeña empresa sufre exactamente igual que el resto de ciudadanos el problema de la vivienda”.

Ha incidido en que además la huelga se intenta justificar por parte de los sindicatos en que los salarios no permiten pagar una vivienda y ha defendido que “se han subido los salarios por encima del IPC y si en la vivienda hay un 40% de impuestos hay margen para bajar”.

“Estamos pagando unos impuestos tan altos para trabajar que, por lo dice la OCDE, pagamos más impuestos en España por trabajar que por consumir”, ha reflexionado.

Por ello, ha planteado que “habrá que ver donde está el verdadero problema porque un Salario Mínimo Interprofesional son 1.900 euros al mes, y que lleguen 1.250 al trabajador es una decisión del gobierno, no de las empresas”.

Sobre la convocatoria electoral, ha recordado que es una decisión del presidente del Gobierno, que respetan. “Lo único que nosotros como siempre pedimos a todos los partidos políticos y vamos a pedirle lo mismo absolutamente a todos por lo que les pedimos es que tengan políticas de estabilidad, que piensen en las empresas pequeñas” y “mantener esa independencia institucional”, ha analizado.

Ha defendido que “es muy importante respeto por el diálogo social que en los últimos años se ha devaluado muchísimo”, y ha reclamado que se respete “la decisión de los ciudadanos españoles”.

Sobre la inflación y el traslado a los salarios, ha dicho que “habrá que ver cómo se cierra el año, porque es verdad que la subida de inflación es del último mes, y entonces hay que ver cómo se va con todo esto”.

“Si cogemos los datos del 2025 los salarios han subido por encima de la inflación”, ha recordado De Miguel, quien ha insistido en que la inflación alta ha sido en los últimos 30 días.

“Entonces hay que dejar tiempo a que se pueda negociar y podamos hablar y se vaya negociando en el diálogo social y en la negociación colectiva”, ha reflexionado.

La presidenta de Cepyme ha participado en la presentación de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid, del que formará parte como empresaria vallisoletana, que busca conectar a las empresarias de la provincia, visibilizar su actividad y favorecer la colaboración, con mentorías para las que comienzan o la creación de un directorio y mapa de las empresarias de ese territorio, o reconocimiento de su trabajo.EFE

La Junta de Extremadura ha decidido duplicar la partida presupuestaria destinada a impulsar la adopción de la inteligencia artificial (IA) entre pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, elevando la dotación global de dos a cuatro millones de euros. La ampliación, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), responde al alud de peticiones registrado tras la apertura de la convocatoria, que superó las 500 solicitudes durante su primera jornada de inscripción.

El incremento de fondos servirá para financiar los expedientes que ya han sido tramitados y no implicará la apertura de un nuevo plazo de solicitud, según ha puntualizado la Junta. La medida forma parte de la estrategia de transformación digital articulada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital para modernizar el tejido productivo autonómico y elevar los niveles de competitividad empresarial.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha celebrado la respuesta del sector privado, señalando que los datos demuestran la predisposición del empresariado local por actualizar sus procesos. “Más de 500 solicitudes son la señal de que las pymes y los autónomos extremeños quieren modernizarse, producir mejor y competir en mejores condiciones. La Junta responde duplicando el presupuesto”, ha aseverado.

Financiación del 85% e incentivos a la implantación

El programa subvenciona hasta el 85% del coste total de los proyectos tecnológicos, estableciendo un techo máximo de 100.000 euros por beneficiario. La convocatoria está abierta a pymes, autónomos y unidades económicas que dispongan de centro de trabajo en la comunidad autónoma.

Los fondos pueden aplicarse tanto a tareas de consultoría estratégica y capacitación del personal como a la compra de licencias, desarrollo de programas informáticos, suscripciones tecnológicas y contratación de servicios en la nube. Las soluciones subvencionables abarcan herramientas de automatización de procesos, sistemas para anticipar tendencias de demanda, módulos de detección de fallos de producción, canales avanzados de atención al cliente y plataformas de ciberseguridad para mitigar el fraude.

En el plano financiero, la administración regional abonará de forma anticipada el 60% de la cuantía concedida tras la resolución favorable, mientras que el 40% restante se liquidará una vez justificada la inversión realizada, todo ello sin requerir avales o garantías previas por el anticipo.

Crecimiento del sector tecnológico en la región

El fuerte interés por esta línea de incentivos coincide con una fase de dinamismo en el ámbito digital extremeño. Durante el año 2025, la creación de puestos de trabajo en el sector tecnológico regional creció a un ritmo ocho veces superior al promedio del mercado laboral general, rozando los 9.000 profesionales en activo.

Según los datos de la Junta, las actividades digitales concentraron el 17% de todo el empleo neto generado en Extremadura a lo largo del pasado ejercicio, ofreciendo salarios medios un 38,5% por encima de la media de los sectores económicos tradicionales. Desde 2024, la administración autonómica ha movilizado más de 20 millones de euros en programas dirigidos a mejorar la conectividad, la capacitación tecnológica y la competitividad de las empresas del territorio.

El Gobierno andaluz aspira a que madure y se consolide el ecosistema de capital riesgo de la comunidad, para que así más empresas tengan acceso a una financiación que no encuentran en el sector bancario convencional. Para avanzar en este objetivo, se han presentado tres nuevos fondos que estarán operativos antes del 31 de diciembre y que aspiran a permitir avanzar a unas 60 empresas con proyectos innovadores, lo que se traducirá a su vez en la creación de unos 2.000 nuevos empleos.

Éstas son las cifras que ha puesto sobre la mesa el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, que ha presidido el lanzamiento de estos tres nuevos productos diseñados con la colaboración público-privada como telón de fondo. Esto se concreta en que la Junta aporta 58,8 millones de euros, mientras que las tres gestoras de capital privado que moverán estos fondos pondrán casi 18 millones de euros. La suma asciende a 76,72 millones, con la que se ha hecho la previsión “conservadora” de que movilizarán 150 millones de inversión empresarial.

Estos fondos de capital riesgo, diseñados sobre todo para pequeñas y medianas empresas (pymes), permitirán darle alas a “proyectos de vanguardia y punteros” aportando fondos –vía por ejemplo ampliaciones de capital o préstamos participativos– a los que las compañías no pueden acceder en el sector bancario por la singularidad no exenta de riesgo de sus apuestas empresariales. Esto además camina en la dirección del objetivo que se marca Paradela, que Andalucía “sea a gran región industrial y tecnológica del sur de Europa”.

Mecanismo competitivo

La encargada de diseñar estos productos financieros ha sido Andalucía Trade, la agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta, que abrió un proceso de licitación tras el cual se seleccionó para la gestión de los fondos a Mar Océana Venture Capital Investments, Alter Capital Desarrollo y Quadriga Asset Managers. Esto permitirá aportar financiación a proyectos innovadores que, de otra manera, lo tendrían imposible para desarrollarse o crecer.

Entre estos tres fondos, uno para startups y dos de expansión, la Junta aportará 63,72 millones de euros, y los 13 restantes hasta alcanzar los 76,72 anunciados se distribuirán de acuerdo a un mecanismo competitivo. Esta cantidad se centrará en los fondos de expansión y se repartirán en proporción al nivel de ejecución alcanzado a los 18 meses desde el lanzamiento, favoreciendo así al fondo que haya demostrado una mayor capacidad de inversión y movilización de recursos.

El periodo de inversión de los tres fondos llega hasta el 31 de diciembre de 2030, mientras que el periodo de desinversión se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2034. Esta nueva oferta para la financiación de pymes especializadas llega tras una convocatoria anterior en la que, según la Junta, se ha conseguido casi duplicar las inversiones en capital riesgo en la región pasando de 18,4 millones de euros en 2024 a 34,7 millones el año pasado.

“Cubrir un fallo en el mercado”

La aportación público-privada en capital riesgo se tradujo en la legislatura anterior (2022-2026) en 520 millones de euros de financiación adicional. La experiencia hasta la fecha se considera muy positiva si se tiene en cuenta que el 92% de las empresas que han accedido a estos fondos siguen vivas cinco años después.

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha apostillado que estos productos no nacen para competir con el sector privado, sino para “cubrir un fallo en el mercado” ya que se calcula que hay una carencia de financiación de al menos 100 millones de euros. De ahí también la apuesta por dejar la gestión de los fondos “en manos de profesionales acreditados”, gestoras de capital privado que hacen de intermediarias y que se llevan “el impacto mayor” si una empresa no cuaja.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 17,6 millones de euros dirigidos a formar y cualificar a personas desempleadas a través de los programas duales de Formación Profesional en el Ámbito Laboral y a favorecer y apoyar la creación y el crecimiento de las pymes industriales de la región.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha informado de los asuntos relativos a la Consejería aprobados hoy en Consejo de Gobierno, y que se traducen en una fuerte apuesta del Ejecutivo autonómico “por generar oportunidades de formación y empleo para las personas en Castilla-La Mancha, y en el refuerzo de las capacidades industriales de la región”.

Cuatro líneas de programas duales

El primero de estos programas aprobados hoy en Consejo de Gobierno es la nueva convocatoria de cuatro líneas de los programas duales que aúnan formación y experiencia práctica en empresas:

-Dual Verde, dirigido a proyectos formativos en los entornos más rurales de la región

-Nuevas Oportunidades, que se destina especialmente a la formación y contratación de personas mayores de 50 años

-CREA, para colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social tales como personas migrantes o personas con discapacidad.

-Oficios Tradicionales, para formar y cualificar perfiles en profesiones muy demandadas en el mercado de trabajo, como la fontanería, la carpintería, la electricidad o la soldadura.

“Aunque los beneficiarios directos de esta inversión son los centros de formación, a quienes agradezco su compromiso y su esfuerzo, especialmente en las zonas rurales; y las empresas, que se benefician directamente de la cualificación de perfiles que se forman en sus centros de trabajo a través de la experiencia laboral; las beneficiarias últimas de este programa son las 450 personas desempleadas que estimamos que podrán formar parte de cerca de 40 acciones formativas”, ha señalado Patricia Franco. Además, ha indicado que la inversión, “que puede alcanzar una media de 28.000 euros por alumno, es la mejor que podríamos realizar porque estos programas son la mejor entrevista de trabajo para las personas que participan en ellos”.

Así, la consejera ha recordado que los programas duales tienen, en su duración, un 35% de formación teórica, y un 65% de experiencia laboral remunerada en las empresas y centros de trabajo participantes. “Además, hay un compromiso de contratación por parte de las empresas de al menos el 20% en las tres primeras líneas, y hemos elevado al 40% el compromiso de contratación en la línea de Oficios Tradicionales; aunque luego las empresas superan habitualmente este mínimo”.

La convocatoria se publicará en los próximos días en el DOCM y, desde el día siguiente, se habilitará un plazo de solicitud de un mes. “Esta convocatoria refuerza la apuesta que llevamos realizando mucho tiempo por la formación dual, que nos llevó a ampliar la oferta en el año 2021 y que ha hecho que, desde entonces, hayamos invertido 127 millones de euros en formar a 6.994 personas desempleadas, con acceso a un contrato laboral y experiencia en empresas durante su periodo formativo”, ha remarcado Patricia Franco.

Seis millones de euros para apoyar nuevas pymes industriales

El segundo de los programas que se han aprobado hoy es la primera convocatoria de un novedoso programa en la región, ‘Nacimiento de Pymes Industriales’, dotado con seis millones de euros. “El pasado año, en el Debate sobre el Estado de la Región, el presidente Page comprometió dos nuevas iniciativas para las pymes de la región: ‘Bono Crecimiento Pyme’, que ya ha puesto a disposición de nuestro tejido económico nueve millones de euros; y el ‘Nacimiento de Pymes Industriales’ que aprobamos hoy, cumpliendo ese compromiso”, ha indicado la consejera.

La convocatoria, que abrirá su plazo de solicitud durante nueve meses una vez que se publique en el DOCM, está dirigida a reforzar las capacidades industriales de la región apoyando proyectos en tres ámbitos: la creación desde cero de una nueva pyme industrial, la ampliación de una pyme industrial ya existente con un nuevo centro de trabajo, o la llegada de pymes industriales procedentes de otras regiones del país que se establezcan en Castilla-La Mancha.

“Como requisitos, también tienen que crear cinco puestos de trabajo, o dos si se establecen en nuestras zonas más rurales; y mantener su actividad durante tres años”, ha detallado la consejera, señalando que las ayudas “pueden llegar a cubrir el 100% del proyecto, y están entre los 80.000 y los 100.000 euros, para conceptos como la realización de estudios, la certificación u obtención de patentes, la formación de personal o el diseño de producto, entre otras”.

Este programa quiere reforzar las capacidades industriales de Castilla-La Mancha, “que como me gusta recordar, es una de las comunidades autónomas del país con mayor aportación de la industria a nuestro PIB, con un 20,7%, y además somos la segunda región de toda España en la que más ha crecido el empleo en la industria desde el año 2015”, después de que se hayan creado en Castilla-La Mancha 49.100 nuevos empleos industriales en la última década, y que el PIB industrial haya pasado de los 7.500 millones de euros en el año 2015 a los 11.500 millones de euros de la actualidad, un crecimiento del 51% que sitúa a la región como la cuarta comunidad autónoma del país en crecimiento del PIB industrial desde el año 2015.

El Tribunal de Instancia de Logroño (plaza de lo Mercantil) ha estimado íntegramente la demanda presentada por la empresa riojana Sistemas de Oficina de Rioja, S.L. (perteneciente a Grupo Pancorbo) y Jose L. Pancorbo Clemente contra Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.. La resolución condena a la multinacional por infringir los derechos de propiedad intelectual de la firma local al emplear de forma indebida su solución de virtualización de escritorios educativos (Virtualit) en la licitación pública del concurso NEOTEC del Gobierno de La Rioja.

Según se recoge en la resolución judicial, Telefónica recurrió a Grupo Pancorbo como colaborador esencial para poder optar y adjudicarse, entre otros, el lote 5 del concurso NEOTEC —licitado en un total de 36,7 millones de euros, de los cuales el sublote de virtualización educativa ascendía a 7,58 millones—. El tribunal remarca que “sin su participación Telefónica no hubiera podido realizar o dar cumplimiento a dicha parte del pliego” y considera acreditado que la operadora trasladó a su oferta, de manera casi literal e íntegra, la documentación técnica elaborada por Sistemas.

“Fuimos una pyme imprescindible para la consecución de ese lote, y así lo estima la sentencia”, ha explicado José Luis Pancorbo, propietario de la empresa. Ha recordado que en el verano de 2022 vieron cómo les “pasaban por encima, cómo los acuerdos adquiridos se veían vilipendiados y cómo se intentaba echar por tierra el trabajo de tanta gente del Grupo Pancorbo que consiguió levantar desde una empresa local, un gran proyecto de valor añadido para el Gobierno de La Rioja, dando una solución virtual a los escritorios de profesores y alumnos de La Rioja. Una solución que permitió que durante el Covid los profesores pudieran trabajar en remoto gracias a la virtualización de escritorios”.

La sentencia señala que la cesión del uso de dicha obra por parte de la empresa riojana estaba supeditada a que Telefónica subcontratara sus servicios en caso de resultar adjudicataria. Al no contratar finalmente a Sistemas ni cumplir las condiciones acordadas, la operadora perdió cualquier consentimiento o título legal para continuar explotando el desarrollo tecnológico protegido.

Por todo ello, el juzgado determina que existe un “uso indebido de su obra registrada o plagio de su contenido” y, en aplicación del artículo 139 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, condena a Telefónica al cese inmediato de la explotación o actividad infractora, le prohíbe reanudarla en el futuro y le impone el pago de las costas del procedimiento.

El propietario de la empresa ha explicado que en el momento de la adjudicación del contrato, la empresa, una de las cinco que forman el Grupo Pancorbo, contaba con 35 trabajadores de los que 15 tuvieron que ser despedidos. “Es otra de las gravísimas derivadas que sufrimos porque hubo que despedir a gente que estaba adscrita a ese servicio”, señala.

La sentencia no es todavía firme y, aunque no se ha presentado recurso hasta la fecha, el plazo permanece abierto hasta el 7 de octubre. En cualquier caso, para la representación letrada de Grupo Pancorbo (Soriano Zueco Abogados), el fallo resulta de vital relevancia, ya que en la vista oral el propio representante de Telefónica reconoció que el servicio prestado en el lote de VDI se estaba realizando conforme a su oferta adjudicada. Al haberse declarado que dicha oferta incorporaba la solución propiedad de Grupo Pancorbo, la defensa sostiene que Telefónica no puede seguir prestando el servicio sin vulnerar la propiedad intelectual de la firma riojana. Esto obligaría al Gobierno de La Rioja a exigir el cumplimiento de la resolución judicial en un servicio público esencial que da soporte informático a docentes y alumnos del sistema educativo regional.

El conflicto se remonta al contrato ARCO licitado por la administración autonómica en 2017 para la virtualización de puestos de trabajo de profesores y estudiantes de Educación Primaria y Secundaria. Tras varios proyectos piloto fallidos llevados a cabo por la multinacional en centros educativos como Entrena y Haro, el Ejecutivo riojano buscó tecnología en el mercado, sumándose Grupo Pancorbo, con tecnología de Dell Technologie, con una experiencia previa probada en Nájera y en entornos universitarios.

Posteriormente, en la licitación del concurso NEOTEC en 2021, Telefónica alcanzó un acuerdo con la empresa riojana para integrar su paquete de soluciones. Pese a resultar adjudicataria en todos los lotes a los que optó junto a Sistemas, Telefónica remitió meses después un pedido minorando de forma unilateral los compromisos alcanzados e intentó modificar el contrato con el Gobierno de La Rioja para excluir a la firma riojana. Ante la negativa del Ejecutivo regional a alterar las condiciones de la adjudicación, Telefónica optó por ejecutar la solución tecnológica de Sistemas sin contar con su autorización, desencadenando la demanda judicial que culmina ahora con esta condena.

El Gobierno de La Rioja conoce la sentencia desde el pasado 15 de septiembre y tendrá que decidir ahora si Telefónica continúa con la prestación del servicio pero contando con Grupo Pancorbo, o si se trata de un incumplimiento contractual que podría llevar a la resolución del mismo. En cualquier caso, la sentencia obliga al cese inmediato de la solución tal como se está aplicando.

Se trata de una sentencia sin precedentes, lo que los abogados atribuyen a la dificultad que implica para una pyme demandar a Telefónica. “El coste económico, procesal y reputacional de enfrentarte a una multinacional con tanto peso es muy grande”, señalan. Por su parte, el propietario de la empresa, espera que, además de que se cumpla la ley, esta sentencia sirva para que “las multinacionales que tienen el dominio de los contratos públicos respeten a las empresas locales y a la propiedad intelectual de las mismas”.

Gijón Impulsa organiza una jornada de sensibilización para emprendedores que tendrá lugar el próximo 14 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas. Bajo el título 'Innovación en acción: ideas, tecnología y oportunidades' está dirigida a emprendedores, autónomos, pymes y startups.

Esta jornada es una oportunidad para descubrir qué posibilidades existen y encontrar el encaje adecuado para cada proyecto. Para ello es preciso realizar una inscripción previa en incyde.org donde encontrarán además toda la información necesaria sobre su contenido.

Oportunidades de financiación

A través de una combinación de exposición, dinámicas participativas y espacios de reflexión, las personas asistentes conocerán la innovación como un proceso accesible, descubrirán el ecosistema de apoyo existente, las oportunidades de financiación y recursos disponibles, y podrán identificar un primer paso para impulsar la innovación en sus iniciativas.

Las oportunidades de financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) no están reservadas únicamente a grandes empresas o proyectos tecnológicos.

Las múltiples formas de innovación

Muchas veces se piensa que para acceder a este tipo de apoyo hay que estar desarrollando una tecnología muy avanzada o tener un proyecto de gran envergadura. Sin embargo, la innovación puede tener muchas formas: desarrollar un nuevo producto o servicio, mejorar un proceso, incorporar nuevas tecnologías, encontrar una forma diferente de hacer las cosas o abrir nuevas oportunidades de negocio.

Desde Gijón Impulsa, a través de Equilibria, su Incubadora de Alta Tecnología, junto con la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio, organiza una jornada pensada para emprendedores, autónomos, pymes y startups que quieran conocer mejor cómo incorporar la innovación a sus proyectos y qué oportunidades de apoyo y financiación pueden tener a su alcance.

Una sesión práctica y dinámica

Esta jornada será una sesión práctica y dinámica en la que se abordará una temática diversa. En ella se hablará de los temas que se relacionan a continuación.

Asesoramiento profesional

Además, habrá asesoramiento profesional para poder orientar a las empresas sobre sus proyectos y necesidades, ayudándolas a identificar posibles vías de apoyo y financiación.

Desde Gijón Impulsa animan a las personas interesadas que tengan una empresa, una idea o un proyecto que quieren hacer crecer que se acerquen para participar en esta jornada, conocer las opciones y descubrir hasta dónde puede llegar su proyecto.

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad operativa que empieza a transformar el día a día de las empresas riojanas. Sin embargo, la rápida irrupción de estas tecnologías contrasta con un escenario de incertidumbre en los despachos: una sobreoferta de herramientas, abundante desinformación y una patente falta de orientación práctica sobre cómo realizar una transición segura y ética en el entorno corporativo.

Para arrojar luz sobre esta brecha tecnológica, el Club de Marketing de La Rioja acogerá una jornada divulgativa orientada a directivos, cuadros medios y autónomos de la región. La sesión, impartida por el consultor especializado Roberto González, busca aterrizar el impacto de la IA generativa en el ámbito de las PYMEs locales, desgranando casos prácticos de uso por departamentos —desde la gestión administrativa hasta la atención al cliente— y señalando los límites operativos donde la tecnología aún comete errores costosos.

“Queremos hacer una jornada de iniciación para que la gente sepa cómo están las cosas ahora mismo, que ven el potencial y la importancia de la IA”, explica Roberto González, “que vean que es más fácil de lo que parece y más potente de lo que cuentan”.

Uno de los ejes centrales del encuentro será el análisis de las implicaciones en materia de privacidad de datos y ciberseguridad. La diferencia entre el uso de versiones gratuitas y los planes corporativos de modelos como ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot resulta crítica para evitar la filtración no autorizada de información confidencial. En este sentido, la formación pondrá el foco en la necesidad de establecer protocolos internos de protección que garanticen que la adopción tecnológica no comprometa el patrimonio informativo de los negocios.

Asimismo, la jornada abordará un aspecto normativo crucial que continúa pasando inadvertido para la mayoría del tejido productivo: el marco regulatorio europeo. Con la entrada en vigor del Artículo 4 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, cuya supervisión se activa este agosto de 2026, las empresas asumen la obligación legal de garantizar la alfabetización digital de sus plantillas. Esta medida persigue minimizar las brechas laborales y asegurar un uso responsable y supervisado de la tecnología en el lugar de trabajo.

Frente a la tendencia de implementar soluciones complejas sin planificación previa, la propuesta aboga por una hoja de ruta progresiva. El proceso debe comenzar por la capacitación del personal y la identificación de tareas mecánicas donde la automatización aporte un valor tangible, postergando la adopción de agentes autónomos hasta que las organizaciones cuenten con una estructura de gobernanza digital sólida.

La iniciativa, susceptible de ser bonificada a través de la formación programada por FUNDAE, busca dotar al empresariado y a los trabajadores riojanos de criterio propio para evaluar cuándo la tecnología supone un avance real en la calidad del empleo y cuándo responde únicamente al ruido mediático del mercado.

La patronal de la pequeña y mediana empresa de Catalunya (Pimec) ha presentado este miércoles un análisis, denominado 'Dimensión empresarial, diagnóstico y propuestas', en el que analiza los problemas a los que se enfrentan las pymes a la hora de crecer.

“La mayoría de las empresas quieren crecer, pero la mayoría no lo consigue”, ha asegurado el profesor y presidente del Observatori de la pyme de Catalunya, Oriol Amat. En su análisis, explica que “las empresas, cuando nacen, pasan cuatro años por el 'valle de la muerte', en el que pierden dinero”. “Cuando se pasa”, ese valle, “hay seis años de punto de equilibrio y a los 10 años es cuando se comprueban las fuentes de ventaja competitiva”, ha argumentado.

“De cada 25.000 personas hay 3.800 que quieren emprender, pero realmente emprenden 2.150”, que apuestan por la creación de una empresa. “Al cabo de cuatro meses, siguen 787 empresas. A los cuatro años, se mantienen 650 empresas y, a los 10 años, siguen 260 empresas y 188 seguirán hasta el año 14, con inercia de ventas. Y solo 13 empresas consiguen superar la barrera de los 14 años”, ha enumerado. Estas últimas son las que han conseguido “superar las trabas regulatorias, repartir poco dividendo, superar diversidad dificultades, profesionalización, gestionar el conflicto, visión a largo plazo”, entre otros aspectos.

Pimec señala que uno de los principales problemas es el menor valor añadido bruto por persona empleada. Esta ratio refleja las ventas menos los costes. “Es lo que permite crecer”, ha indicado Amat. En concreto, el análisis refleja que la microempresa en España genera 34.780 euros de valor añadido bruto, mientras la media europea son 42.116 euros; Alemania supera los 57.900 euros; y Francia, los 53.600 euros por empleado.

“Cuando tienes el 94% de tus empresas con un valor añadido bruto que es la mitad de los países de tu entorno significa que tu actividad está mermada”, ha asegurado Antoni Cañete, presidente de Pimec.

Para mejorar la productividad hay que mejorar la dimensión, tanto en financiación como la colaboración público privada, entre otras. En conjunto, Pimec propone más de un centenar de medidas para que las pymes ganen dimensión.

Reclaman una ley de crecimiento empresarial

Lo que piden las empresas, según este análisis, es reforzar la formación dual universitaria, redes de mentores, por ejemplo. También un sector público más favorable, que simplifique las cuestiones administrativas, reducir los costes notariales e incentivos fiscales, por ejemplo, a las empresas que reinvierten beneficios. Al mismo tiempo, campañas para mejorar la imagen de los emprendedores.

“Nos gustaría que se apruebe una ley de crecimiento empresarial a nivel estatal, porque las medidas hasta ahora son insuficientes. Se necesita una ley donde se amparen no las 112 medidas que proponemos, pero una parte”, ha asegurado Ferran Bel, representante de Pimec en Madrid. “En el marco a 2030 se tienen que incluir medidas que hemos desarrollado, como la simplificación administrativa o la mejora de la fiscalidad”. “Somos conscientes de la coyuntura política, pero tenemos visión a medio y largo plazo y lo estamos trabajando”, con diferentes grupos parlamentarios.

“Pedimos una ley de crecimiento empresarial para que nuestro país genere más riqueza y las empresas ganen dimensión”, ha añadido Antoni Cañete. Por ejemplo, ha indicado la rebaja del impuesto de sociedades de las pymes “por justicia social”. “Una ley de crecimiento debe ser una ley ómnibus”, ha añadido. “No se pueden poner barreras al campo, todo por las pymes pero sin las pymes. En el ámbito laboral, cuando se plantearon las 37,5 horas, ya no era un problema ni de margen ni de capacidad, sino de hacer una buena interpretación, un real decreto o una imposición no es la mejor metodología, si no se hace dentro del diálogo social”, ha concluido Cañete.

BBVA incrementó un 13,5% la nueva financiación concedida a empresas, pymes y autónomos en Castilla-La Mancha durante el primer semestre de 2026. Este crecimiento supera el 3,3% registrado por el banco en el conjunto de España y refleja el “dinamismo de la actividad empresarial en la comunidad autónoma”.

Los datos se han dado a conocer durante la Convención Regional de BBVA, que reúne a las siete direcciones territoriales del banco y sus equipos para analizar la evolución del negocio y abordar las prioridades para el último cuatrimestre.

Durante el encuentro, el ‘country manager’ de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha destacado que las empresas son una prioridad para la entidad y que el banco debe seguir trabajando para acompañar su crecimiento y expansión.

“Los datos del primer semestre muestran que el negocio evoluciona de forma muy favorable. Estamos creciendo en clientes, actividad y financiación, pero lo más importante es que estamos acompañando proyectos empresariales y dando respuestas adaptadas a las necesidades de cada negocio”, ha señalado.

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo, director territorial Centro de BBVA, ha explicado que en Castilla-La Mancha conviven sectores y modelos de negocio muy distintos, desde empresas con una fuerte vocación internacional hasta pymes y autónomos muy vinculados a su entorno local. “Esa diversidad exige conocer bien cada territorio y contar con equipos capaces de ofrecer respuestas ajustadas a cada realidad”.

Durante la Convención Regional, el ‘country manager’ ha repasado el crecimiento registrado por el banco en España durante los seis primeros meses del año, donde destaca el crecimiento de la inversión crediticia (7,4% en tasa interanual), gracias principalmente al buen comportamiento de empresas y crédito al consumo y tarjetas.

Este dinamismo del crédito se tradujo en un crecimiento del margen de intereses del 4,1% interanual, mientras que las comisiones mejoraron un 2,2%. La tasa de mora se mantuvo en niveles históricamente bajos, en el 2,9%, y la tasa de cobertura mejoró hasta el 71%.

Peio Belausteguigoitia también ha repasado las prioridades estratégicas del Grupo, entre las que destacan adoptar una nueva perspectiva centrada en el cliente, impulsar la sostenibilidad como motor de crecimiento, crecer en todos los segmentos empresariales o potenciar la inteligencia artificial y la innovación.

Papel clave de la red territorial

El ‘country manager’ de BBVA ha destacado que el banco ha avanzado mucho en el desarrollo de estas prioridades pero que hay que seguir trabajando para convertirlas en oportunidades de negocio para todos los clientes y, en este sentido, ha destacado, que la red territorial del banco en España tiene “un papel clave”, ya que “mantiene la cercanía y conexión con la realidad de cada zona para acompañar de manera más personalizada a cada cliente”.

Durante el encuentro, Juan Carlos Hidalgo también ha explicado que BBVA en Castilla-La Mancha cuenta con equipos especializados que trabajan junto a empresas, pymes y autónomos para conocer sus necesidades y apoyar sus proyectos.

“Esta cercanía permite ofrecer soluciones adaptadas a la realidad de cada negocio y acompañarlos tanto en sus decisiones del día a día como en sus planes de crecimiento”.

Son 180 millones que impulsarán proyectos para desarrollar asistentes digitales, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial o ciberseguridad. El Gobierno ha resuelto las convocatorias Red IA y Red IA Salud, seleccionando 372 candidaturas de empresas de todas las comunidades autónomas, el 70% de ellas pymes, para incorporar sistemas de inteligencia artificial al tejido productivo español.

“Igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA. Pero la productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa tecnología es útil y llega a todos, también a las pymes y no solo a las grandes empresas”, ha manifestado este lunes el ministro Óscar López durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, la principal patronal de la economía digital, celebrado en Santander.

Hasta 50 millones de la partida se destinarán a financiar 72 proyectos del ámbito sanitario. Las iniciativas cubren distintas fases del proceso médico, como la investigación clínica, biomédica y farmacológica, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de pacientes y la respuesta ante emergencias.

Según los datos del Ejecutivo, España es uno de los países europeos donde las empresas están adoptando la tecnología de la IA más rápidamente. “Superamos a países como Francia o Italia”, defienden fuentes gubernamentales. En este sentido, fuentes gubernamentales consideran “fundamental” que el país gane la carrera por una de las gigafactorías europeas de IA. Estas infraestructuras pretenden concentrar grandes centros de datos junto a los mejores investigadores del continente para desarrollar modelos de IA avanzada.

“Estoy totalmente convencido de que la candidatura española va a ser una de las primeras en las factorías de IA de Europa, un proyecto que va a movilizar más de 4.000 millones de euros”, ha expresado López en Santander. Durante el evento, desde su equipo han recalcado la “solidez” de la candidatura, que ha recibido más de 700 millones de euros públicos, en un consorcio público-privado que lideran Telefónica, el Banco Santander y ACS.

“Estos socios aseguran que la candidatura sea robusta, pero es mentira que los beneficios se vayan a quedar en cuatro grandes empresas. Una vez que estén construidas, la Comisión Europea va a comprar capacidad de supercomputación a estas gigafactorías. Y dentro de esos proyectos, una parte muy importante va a ser precisamente para facilitar el acceso de las pymes a esta supercomputación”, continúan las mismas fuentes.

“Las grandes empresas pueden invertir en capacidad de supercomputación, pero las más pequeñas no. Lo que queremos es acercar esa capacidad a todas las empresas”, insisten: “No hay que ver la IA solo como la última tecnología, sino como un elemento clave en toda la cadena de valor. Está en la minería de las tierras raras, gestión de recursos críticos, chips, redes, Internet de las cosas, nube, software, logística... está en todas las capas de desarrollo”.

Control de los centros de datos para evitar “la burbuja”

Desde el Ejecutivo creen que hay tres pilares para que el avance de la IA no genere repulsa y protestas, como está ocurriendo ya en EEUU y algunos países europeos. Uno es facilitar ese acceso a sus capacidades para todas las empresas. El segundo son las leyes para frenar sus efectos adversos o no consentidos, como la generación de imágenes sexualizadas sin permiso. El tercero, el control de los centros de datos, un punto que ha centrado las conversaciones en el encuentro de Santander.

Tal y como avanzó elDiario.es la pasada semana, varios ministerios están trabajando en una nueva regulación para estas infraestructuras que sobre su impacto medioambiental o el mantenimiento de la soberanía española sobre lo que ocurre en su interior y los datos que utilizan.

El anuncio ha provocado críticas desde algunos sectores, que consideran que medidas como la obligación de abastecerse en un 80% de energía sostenible puede frenar la inversión extranjera. “No entenderíamos que hubiera problemas ahora con estos requisitos, ya que todas las empresas que han instalado sus centros de datos aquí lo hacían prometiendo que iban a ser 100% sostenibles y soberanos”, contestan desde el departamento de Transformación Digital que dirige López.

“Todo el mundo sabe que en el sector de los centros de datos se estaba generando una burbuja”, defienden, recordando que las peticiones de instalación de estas instalaciones se multiplicaron por tres en dos años. Muchas de esas solicitudes eran empresas que no planeaban construir esas fábricas de IA, sino especular con el acceso al suelo y la electricidad, argumentan. “Eso había que frenarlo y es lo que hemos hecho”.

El ministerio enmarca la regulación como una respuesta preventiva a un fenómeno que ya se observa en otros países: en Irlanda, los centros de datos absorberán este año en torno al 23% de la energía del país y podrían llegar al 32% en 2030. En Estados Unidos la cifra ronda entre el 25% y el 30% en algunos estados, lo que está provocando un encarecimiento de los precios de la energía y disparando la oposición a estas infraestructuras, que ya alcanza un 25% según algunas encuestas.

Avalmadrid se define como una entidad financiera especializada sin ánimo de lucro que trabaja por y para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid. A ella se le podría sumar otra definición, en este caso de cariz jurídico y social: la entidad que acumula cientos de miles de euros en multas impuestas por el Banco de España a antiguos responsables de la entidad y conocidos en la política madrileña, a la propia empresa y a otras colaboradoras. Este ha sido el castigo al descontrol con el que la empresa semipública concedía créditos de riesgo tan solo a unos pocos agraciados y que en el último semestre ha continuado avalando el Tribunal Supremo a través de diversos dictámenes.

La función principal de Avalmadrid es proporcionar avales y garantías a las pequeñas empresas y emprendedores que buscan financiación. De esta forma, se convierten en una suerte de respaldo para los préstamos que las compañías solicitan a las entidades financieras tradicionales, como bancos y cajas de ahorro. Entre sus socios protectores, aquellos que aportan parte del capital social de la entidad, están entes públicos y privados como la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, CaixaBank, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid o el Banco Santander. Avalmadrid fue la empresa que concedió 400.000 euros de crédito a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso en 2011.

En 2012, el Banco de España se percató de que tan solo el 1,7 % de las empresas avaladas acumulaba más del 30% de los riesgos, lo que se traducía en más de 78 millones de euros en ese momento. Por ello, el supervisor bancario hizo una serie de recomendaciones para bajar la concentración de créditos de riesgo. Tras una nueva inspección cinco años después, seguían existiendo deficiencias de control interno, por lo que procedieron sancionar a la entidad y a los miembros de su consejo de administración.

Multas para las empresas

El Banco Santander ha sido uno de los tantos cuyas multas han sido avaladas ya por la Justicia. La sentencia, confirmada en marzo de este año por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, obliga a la sucesora del Banco Popular a abonar 33.250 euros por la comisión de una infracción grave recogida en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, el mismo motivo por el que se penaliza a todos los demás multados.

La entidad presidida por Ana Botín ha visto cómo el magistrado José Manuel Bandrés, ponente de la sentencia, desmonta los argumentos con los que el Banco Santander defendía su inocencia. Todo comenzó con una inspección del Banco de España en 2012 a Avalmadrid que concluyó con la emisión de tres requerimientos hacia el Banco Popular en su condición de miembro del Consejo de Administración. La sentencia pena que esta entidad cometiera una “infracción continuada” al no cumplir con los requerimientos de subsanación de deficiencias advertidas por los órganos supervisores.

En marzo de este año, la empresa Gestión y Representación Global también fue condenada al pago de una multa de 45.600 euros por los mismos motivos. La propia Avalmadrid, que no recurrió la penalización, tuvo que abonar 95.000 euros, la multa más alta.

Otros nombres propios

En febrero de este año, Alfonso Carcasona también recibió la negativa por parte del Tribunal Supremo a estimar el recurso que interpuso ante el dictamen de la Audiencia Nacional, que avaló la multa de 45.600 euros impuesta por el Banco de España. Carcasona fue consejero en Avalmadrid desde 2007 hasta 2016 y más tarde se convirtió en CEO de Camerfirma hasta 2025, una sociedad impulsada por el Consejo Superior de Cámaras para la certificación digital de las empresas españolas.

Jesús Alejandro Vidart-Anchía corrió la misma suerte en marzo, esta vez con una pena de 31.350 euros. Fue consejero durante parte del periodo relevante (desde el 21 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018) y, además, miembro de la Comisión de Riesgos, según el fallo judicial. En 2015 se convirtió en el director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, y actualmente trabaja para Sandoz Iberia, compañía de fabricación de productos farmacéuticos.

Después le llegó el turno a Jesús Martín Sanz, quien ha tenido que abonar 40.000 euros. Consejero de Avalmadrid desde 2008 hasta el 23 de febrero de 2016, fue durante más de dos décadas presidente de la Asociación de Empresarios del Henares. En total, las multas avaladas por el Tribunal Supremo en el primer semestre de 2026 alcanzan los 195.800 euros.

Viejos conocidos

Las multas se han ido confirmando de manera escalonada a lo largo de todos estos años. Las primeras llegaron en 2021. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avaló la multa de 34.800 euros impuesta a la Cámara de Comercio de Madrid y la de 10.400 euros impuesta a Juan Pablo Lázaro, entonces presidente de la patronal madrileña CEIM. En diciembre de 2022 la Audiencia Nacional confirmó otras nueve sanciones por valor de casi 270.000 euros.

Entre ellas, se encontraba la propia patronal madrileña CEIM, que tuvo que abonar 28.500 euros. También quien fue consejero en Avalmadrid un año desde octubre de 2014, Pedro Irigoyen Barja, multado con 10.000 euros, una de las penas más bajas. Actualmente es subdirector general de Inspección de los Tributos en la Comunidad de Madrid.

Entre las sanciones ya confirmadas y firmes se encuentra la de José María Rotellar con 18.000 euros, viceconsejero en la etapa de Esperanza Aguirre y consejero de Administración de la empresa semipública desde 2008 hasta 2014. Lo mismo sucede con Juan Iranzo, consejero en Avalmadrid en 2014 y que se ha visto obligado a pagar 4.000 euros. En su momento, también fue condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y llegó a ser consejero de Red Eléctrica.

El Gobierno del PP en Zaragoza ha pegado un gran bocado a la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes en la capital aragonesa, al reducirla de un millón de euros con que contaba la partida el año pasado hasta 400.000 euros en 2026, lo que supone un recorte del 60%. Esta subvención fue caótica en la pasada edición, al ser devuelta hasta dos veces por Intervención por fallos en la tramitación municipal. El PSOE ha acusado a los populares de “hacer pagar” a los pequeños empresarios los “errores de gestión” del equipo de gobierno, mientras que Economía ha respondido que a las mencionadas ayudas se sumarán otros 700.000 euros específicos para jóvenes.

La línea de subvenciones recién aprobada, la cuarta edición, aspira a impulsar la competitividad de autónomos y pequeñas empresas, y permitirá impulsar actuaciones como la creación de contenidos digitales, acciones de marketing, digitalización o reformas orientadas a mejorar la accesibilidad.

En su presentación el martes participaron el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, y la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. El primero de ellos cifró en 1.727 autónomos y pymes los beneficiados desde 2023, con un total de 3.592.800 euros invertidos, incluyendo la convocatoria de este 2026.

El consejero de Economía manifestó que el objetivo de esta iniciativa es que “ningún pequeño negocio renuncie a modernizarse por falta de recursos” porque “impulsar el tejido empresarial es una prioridad, como demuestra el presupuesto de los últimos cuatro años”. Y recalcó que el compromiso del Ayuntamiento es “acompañar a quienes generan empleo y actividad económica para que puedan crecer, innovar y ganar competitividad, porque el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial es también el fortalecimiento de Zaragoza”.

Dos líneas

Por su parte, la concejal de Vox recordó que esta iniciativa cuenta con el apoyo del grupo municipal de Vox para respaldar a los que “cada día levantan la persiana, arriesgan su patrimonio, pagan impuestos, generan actividad y crean empleo”. “Detrás de cada pequeño negocio, hay muchas horas de trabajo, sacrificio, incertidumbre y responsabilidad. Hay autónomos que no saben si al final del mes podrán pagarse un sueldo; pequeñas empresas que deben hacer frente al incremento de los costes, a nuevas obligaciones administrativas y fiscales y a una burocracia que no deja de crecer”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que seguirán trabajando para “reducir impuestos, agilizar los trámites y eliminar burocracia”.

Hay dos líneas en esta ayuda. La primera de ellas, para la que se destinan 325.000 euros, busca impulsar el desarrollo de acciones para la mejora de la competitividad de autónomos, microempresas y pequeñas empresas. La segunda, dotada con 75.000 euros, busca subvencionar los gastos derivados de implantar, tal y como exige la normativa, cajas registradoras homologadas y sistemas de facturación electrónica (Verifactu).

La reducción afecta a ambas líneas. Así, la destinada a la competitividad pasa de 750.000 euros a 325.000 euros, mientras que la segunda desde los 250.000 euros del año pasado.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la web municipal en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, algo que se hará la semana del 20 de agosto para que las solicitudes puedan presentarse a la vuelta de las vacaciones.

Recorte “salvaje”

Este miércoles, el concejal socialista Guillermo Ortiz ha criticado el recorte, que después de que la convocatoria de 2025, que todavía no se ha pagado, ya sufriera otra reducción de un millón de euros. “Lejos de corregir los errores de gestión del área de Economía, el Gobierno de Chueca vuelve a hacer pagar las consecuencias a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios”, ha lamentado.

El socialista ha recordado que en la última Comisión de Economía el propio Gobierno municipal reconoció que la convocatoria de 2025 se paralizó hasta en dos ocasiones por parte de Intervención al detectar propuestas de concesión de ayudas a solicitantes que no cumplían los requisitos establecidos. “Nos dijeron que existía un exceso de carga de trabajo para gestionar las ayudas. Y su solución ha sido recortarlas de forma salvaje en lugar de mejorar la gestión. Una vez más, quienes pagan la incompetencia del Gobierno municipal son los pequeños empresarios y comerciantes de Zaragoza”.

“El pequeño comercio y los autónomos son quienes mantienen vivos nuestros barrios y generan empleo de proximidad. Sin embargo, el Gobierno de Natalia Chueca vuelve a darles la espalda”, ha insistido Ortiz.

Subvenciones para jóvenes

En su respuesta a los socialistas, fuentes del equipo de gobierno han explicado que la caída en estas subvenciones en un 60% se debe a que se ha creado “otra nueva línea de ayudas para la contratación de jóvenes dotada con 700.000 euros”. De manera que entre las dos convocatorias, argumentan desde el Ayuntamiento, alcanzarían los 1,1 millones.

Además, el consejero de Economía Carlos Gimeno ha lamentado que el PSOE “cree alarmismo” en el tejido empresarial de la ciudad al asegurar en rueda de prensa que las ayudas del 2025 “no se han pagado, cuando se está efectuando el pago, como no podía ser de otra manera”, ha recalcado.

La banca endureció la oferta de crédito en el segundo trimestre del año “de forma generalizada”, con criterios de concesión o condiciones más exigentes, al tiempo que la demanda siguió reduciéndose en el segmento de empresas y en el de vivienda, si bien se mantuvo en el de consumo.

Según la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España publicada este martes y recogida por EFE, entre abril y junio los criterios de concesión se endurecieron ligeramente tanto en la financiación a empresas como en los préstamos a hogares para adquisición de vivienda, y se mantuvieron estables en el segmento de consumo y otros fines.

Además, el módulo de la encuesta sobre riesgos asociados al cambio climático muestra que las entidades tienden a endurecer los criterios de concesión de crédito a empresas con elevadas emisiones y a inmuebles con eficiencia energética baja.

En comparación con las expectativas que las entidades tenían hace tres meses, la evolución de los criterios fue “algo más favorable de lo previsto”, lo que estaría vinculado a las menores tensiones en Oriente Medio tras el anuncio a mediados de junio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para una eventual finalización del conflicto.

Aun así, el porcentaje de solicitudes de crédito rechazadas aumentó ligeramente en los créditos para adquisición de vivienda y se mantuvo prácticamente estable en los otros dos segmentos.

Por su parte, las condiciones generales aplicadas a los nuevos créditos se endurecieron en los dos segmentos de hogares y se mantuvieron sin cambios significativos en el de financiación a empresas.

Menor demanda de financiación para pymes

En los préstamos destinados a consumo y otros fines, el endurecimiento se materializó en aumentos de los tipos de interés, como consecuencia de la traslación a los precios de los mayores costes de financiación soportados por los bancos, sin que ello afectara a los márgenes aplicados.

En los créditos para adquisición de vivienda, además de un aumento de los tipos de interés, se habría registrado también en algunas entidades un incremento moderado de los márgenes aplicados, tanto en los préstamos ordinarios, como en los de mayor riesgo.

El aumento de los márgenes se habría debido, según las entidades, a una percepción de mayores riesgos, si bien el impacto se habría visto parcialmente mitigado por la fuerte competencia existente en este segmento.

En cuanto a la demanda de crédito, descendió en el de financiación a empresas, afectando algo más a las pymes que a las grandes empresas, y también en el de crédito para adquisición de vivienda, mientras que en el de préstamos para consumo y otros fines se mantuvo sin cambios apreciables.

Para el tercer trimestre de 2026, los bancos prevén un nuevo endurecimiento de la oferta y una disminución generalizada de la demanda, si bien la encuesta se hizo antes de la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

La digitalización avanza a pasos agigantados. Su mayor ventaja es que permite a las pymes adaptar sus modelos de negocio, innovar y competir en mercados que antes parecían inalcanzables.

En ese contexto, la ciberseguridad se convierte en un factor clave para garantizar la continuidad y la reputación de cualquier empresa, sea cual sea su sector de actividad y su tamaño.

En un encuentro en Toledo, bajo el lema Ciberseguridad: hackeando la mente. Conoce los riesgos, cuida la seguridad de tu pyme, tres especialistas vinculados tanto al sector público como al sector privado han intercambiado experiencias y han ofrecido recomendaciones de buenas prácticas para la pequeña y mediana empresa.

¿Cómo proteger el negocio en la era de la Inteligencia Artificial a través del conocimiento de los nuevos riesgos? La seguridad digital en las pequeñas y medianas empresas se plantea hoy como una necesidad porque convivimos con algoritmos y con tecnología cada vez más desarrollada que beneficia a las empresas, pero que también utilizan los ciberdelincuentes.

La mesa redonda, organizada por elDiario.es Castilla-La Mancha, en colaboración con BBVA, ha reunido a Andrés Prado, director TIC en la Universidad de Castilla-La Mancha, y coordinador de este sector en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Mario Martín, CEO de la empresa UNITEL Ciberseguridad y Laura del Pino, Discipline Leader Information Security en BBVA España, en una conversación moderada por la directora del medio, Carmen Bachiller.

¿A qué tipos de fraude digital se enfrentan las empresas? ¿Cuáles son las claves de la prevención? Estas son algunas de las preguntas que deben plantearse las pymes frente a unas amenazas que evolucionan de forma constante y con un ingrediente añadido: la IA.

Pregunta.- La Universidad de Castilla-La Mancha sufrió ciberataque, allá por el año 2021. ¿Cómo fue darse cuenta de que algo no iba bien y cuál fue la reacción?

Respuesta (Andrés Prado).- Lo primero que pensamos es cómo nos podía estar pasando eso a nosotros. Nos cambió la forma de pensar y de abordar la ciberseguridad porque la cuestión no es si puede pasar sino cuándo pasará.

Ocurrió un domingo por la noche y este tipo de situaciones no lo son por azar. Hay que olvidar el romanticismo del hacker porque hay quien ha convertido la ciberdelincuencia en una industria.

Después de la sorpresa inicial, fuimos muy conscientes de nuestras capacidades y también fuimos muy honestos con la situación que estábamos abordando, por eso contamos con especialistas. También establecimos un plan de comunicación muy claro con nuestra comunidad universitaria.

Pregunta.- Si hablamos de amenazas, ¿cuáles son las tendencias en el ámbito de los ciber fraudes, especialmente en pymes?

Respuesta.- (Mario Martín).- En UNITEL creamos hace unos cuatro años un área específica de ciberseguridad tras confirmar que la ciberdelincuencia va en aumento. Desde 2020 sabemos que la aplicación de la IA está suponiendo algo bueno para frenar los ataques (a través de los SOC o centros de operaciones de seguridad que gestionan ciberataques masivos para contenerlos y neutralizarlos), pero también hay quien la utiliza, precisamente, para provocarlos.

Una de las amenazas más frecuentes ahora es el ransomware, un código malicioso que penetra en la red para escalar privilegios, secuestrar datos y después pedir un rescate. Siempre recomendamos que no se pague. Después está el phishing, por ejemplo, a través del correo electrónico, con ataques ahora muy dirigidos a determinados sectores o personas, y que busca suplantar para robar datos o dinero.

Además, hay mucho robo de credenciales que se venden en la Dark Web y los usuarios tenemos la manía de usar la misma contraseña para todo. No es un buen hábito.

Pregunta.- BBVA lleva mucho tiempo trabajando en la concienciación y la cultura de ciberseguridad. ¿Hay errores recurrentes en las pymes, humanos u organizativos, que dejan la puerta abierta al fraude? ¿Cómo les estáis ayudando a integrar la seguridad en su día a día?

Respuesta (Laura del Pino).- Hay que desmontar mitos. El primero es que los ciberdelincuentes solo atacan a empresas grandes. La realidad es que hay una industria del cibercrimen que funciona como una empresa. Al final es coste/beneficio.

Las empresas más pequeñas suelen estar menos protegidas y les cuesta menos atacarlas. Las pymes son un objetivo.

El otro mito es que en la ciberseguridad se soluciona todo con tecnología. Es cierto que es fundamental tener algunos básicos (como un antivirus), pero también es importante la formación.

P.- ¿En qué sentido?

R (Laura del Pino).- Por ejemplo, hay una amenaza que es el fraude por cambio de cuenta del proveedor. Consiste en suplantar la identidad de un proveedor de la empresa a través del correo electrónico. Incluye una cuenta de pago de facturas, que previamente habrá cambiado para que el dinero llegue al ciberdelincuente. Cualquier empresa debe saber cómo actúan los ciberdelincuentes para poder actuar.

Las empresas más pequeñas suelen estar menos protegidas y les cuesta menos atacarlas. Las pymes son un objetivo

Laura del Pino — Discipline Leader Information Security en BBVA España

¿Cómo proteger tu empresa?

P.- ¿Qué medidas pueden ponerse en práctica ante un ciber ataque?

R (Laura del Pino).- Una cosa sencilla es contar con un protocolo interno de doble verificación. Si un proveedor me pide que le pague en una cuenta nueva hay que verificarlo. Basta una simple llamada para evitar el engaño. La concienciación y formación es muy relevante.

Desde BBVA ofrecemos información y formación. Ofrecemos cursos online y gratuitos sobre ciberseguridad a través de la plataforma Coursera a cualquiera. No tiene que ser cliente.

En breve estrenaremos un espacio de noticias sobre ciberseguridad en la web y ponemos a disposición de los clientes herramientas que les ayuden a identificar posibles fraudes en la relación con el banco. Incluso monitorizamos operaciones no habituales. Hay también productos como los ciberseguros que incluyen un análisis de riesgos para comprobar cómo está la empresa en cuanto a protección.

P.- ¿Cuál es el punto de vista de UNITEL?

R (Mario Martín).- Es necesario concienciar y formar, como decía Laura. Como empresa nos encontramos a menudo en Castilla-La Mancha con mucha falta de cultura de la ciberseguridad entre las pymes. No quieren invertir en algo que no sea tangible, porque creen que no va con su negocio y eso es un error.

Nos encontramos a menudo en Castilla-La Mancha con mucha falta de cultura de la ciberseguridad entre las pymes. No quieren invertir en algo que no sea tangible, porque creen que no va con su negocio y eso es un error

Mario Martín — CEO de UNITEL Ciberseguridad

Nos ocurrió con un cliente que contactó con nosotros para recibir ayuda sobre ciberseguridad tras sufrir el engaño de una falsa factura. Quien se dio cuenta y lo paró fue precisamente el banco. El personal de las empresas debe tener formación. Eso les puede evitar muchos problemas.

P.- ¿Y la opinión de un experto en TIC?

R (Andrés Prado).- Se debe valorar mucho cuál es la exposición al fraude digital para abordar la protección. Hay que tener copias de seguridad, y blindar la identidad digital. Después, más allá del trabajo de prevención, es necesario tener clara la capacidad de reacción ante un ataque. Es algo que nosotros teníamos más adormecido cuando nos ocurrió.

Coincido en que hay que trabajar en la concienciación y en la formación. Los ataques que se han comentado son muy habituales y hay otro más: es el fraude del CEO, que cada vez se depura más gracias a la IA. Se trata de suplantar la identidad del directivo, solicitando al personal de administración hacer una transferencia urgente. El correo está redactado en el estilo del jefe.

Es importante saber el impacto que tiene perder la identidad digital de una empresa porque estará vendida. Hay que concienciar a las empresas y a quienes forman parte de ellas.

P.- ¿Qué papel juega en todo esto la IA?

R (Laura del Pino).- La IA ha democratizado el acceso a lanzar ciberataques que antes eran imposibles si uno no tenía herramientas a mano. Es absolutamente necesario tener protocolos de seguridad en la empresa.

Una empresa no puede sobrevivir en el mundo digital sin unas mínimas medidas, también relacionadas con la IA: hay que tener la última versión, lo que se llama el parcheado, de las herramientas que manejamos porque tiene vulnerabilidades que se corrigen con esos ‘parches’.

Y no bastan las contraseñas, hay que tener una doble verificación con un código que nos llegará al correo o al móvil, cuando hablamos de accesos remotos de las empresas, ahora que tanto usamos el teletrabajo. Debemos tener hábitos seguros en nuestro día a día. Es como cuando subimos al coche y nos ponemos el cinturón de seguridad.

Después está la gestión de incidentes, con un protocolo sobre qué hacer y a quién llamar. Eso es un diferencial en el impacto que puede tener en la empresa. O romper con la necesidad de urgencia en las operaciones. Los ciberdelincuentes usan ingeniería social para engañar. Antes de hacer nada, si hay algo fuera de lo habitual, hay que comprobar.

P.- Claro porque, en realidad, con el internet de las cosas todo está conectado

R (Andrés Prado).- Sí, y en ese mundo tan conectado debemos saber qué tenemos expuesto en el mundo digital. No solo afecta a las personas, sino también a las cosas. Cada vez hay más elementos industriales conectados. A las pymes también empieza a afectarles.

En un mundo tan conectado debemos saber qué tenemos expuesto en el mundo digital. No solo afecta a las personas, sino también a las cosas. Cada vez hay más elementos industriales conectados. A las pymes también empieza a afectarles

Andrés Prado — Responsable TIC en la Universidad de Castilla-La Mancha

R (Mario Martín).- Efectivamente, en UNITEL tenemos clientes en los que el 90% del trabajo de la empresa está robotizado. Un ciberataque a esas máquinas supone parar la producción. Y después, software no mantenido, software vulnerable.

También hay que probar de forma previa lo que se pone en internet. Hacemos muchos test previos de vulnerabilidad.

P.- Pese a todo, la IA nos puede ayudar a defendernos…

R (Laura del Pino).- Tiene muchas ventajas y nos ayuda a ser más eficientes. En el banco llevamos usando IA desde hace mucho tiempo, con muy buenos resultados. Desde la parte preventiva hay herramientas para detectar patrones anómalos. Y se puede usar además para formar y concienciar. Sí, hay que apostar por ello.

La Agencia Tributaria ha efectuado un cambio en el sistema de corrección de errores fiscales que afecta directamente a autónomos y pequeñas empresas. Con la entrada en vigor de la nueva autoliquidación rectificativa, Hacienda busca simplificar un trámite que históricamente resultaba lento y farragoso para los contribuyentes. Este cambio normativo se introdujo inicialmente mediante la Ley 13/2023 y ha culminado con la aprobación de los nuevos modelos de declaración. A partir de ahora, cualquier fallo detectado en la presentación del Impuesto sobre Sociedades deberá gestionarse bajo este mecanismo único y estandarizado.

Se trata de una medida que pretende reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el tejido empresarial. De esta forma, se inicia una etapa de modernización administrativa que obliga a los negocios a modificar sus rutinas de gestión. Los obligados tributarios deben estar atentos a estas novedades para evitar errores en las próximas liquidaciones fiscales. Durante décadas, el procedimiento para subsanar un error dependía de si el fallo perjudicaba a la empresa o a las arcas públicas. Si el negocio dejaba de ingresar dinero, debía presentar una complementaria, mientras que si pagaba de más, solicitaba una rectificación.

Esta dualidad administrativa obligaba a realizar una evaluación previa antes de poder comunicar cualquier tipo de modificación. Sin embargo, la nueva autoliquidación rectificativa unifica ambos trámites en un solo paso, eliminando la estrategia previa condicionada por el resultado. Hacienda ha decidido que todos los escenarios se solucionen exactamente igual, independientemente de quién resulte finalmente perjudicado por el error. Ya sea por olvidar un gasto deducible o por omitir un ingreso, la vía de actuación será ahora siempre la misma. Este cambio elimina una distinción con la que el tejido empresarial llevaba conviviendo prácticamente toda su vida laboral.

El despliegue de esta figura tributaria no se limita únicamente al Impuesto sobre Sociedades, sino que se ha extendido gradualmente a otras figuras impositivas. El proceso comenzó con el IVA a finales de 2024 y continuó con su implementación en la reciente campaña del IRPF de 2024. En el ámbito societario, la Orden HAC/657/2025 aprobó los modelos 200 y 220, adaptando el primero específicamente para este fin. Es fundamental destacar que esta herramienta se aplica a los períodos impositivos iniciados durante el ejercicio fiscal del año 2024. Las entidades que tributan en el régimen de consolidación fiscal también deben tener en cuenta estas importantes modificaciones normativas.

Aunque el modelo 220 mantiene ciertas casillas tradicionales, las entidades dependientes deben usar el modelo 200 para sus rectificaciones. La normativa propia de cada tributo es la que marca el momento exacto en el que esta vía resulta obligatoria. El Real Decreto 117/2024 fue el encargado de desarrollar reglamentariamente la aplicación de este sistema en cinco impuestos diferentes.

Para utilizar de manera efectiva este nuevo sistema, el contribuyente debe realizar una anotación expresa en el modelo de declaración. Concretamente, en la primera página del modelo 200 se han habilitado casillas específicas para dejar constancia de la rectificación. Resulta imprescindible consignar el número de justificante de la autoliquidación anterior que se pretende corregir o completar en ese momento. Además, el declarante tiene la obligación de indicar de forma clara cuál es el motivo que justifica la presentación de la nueva. Se distinguen principalmente dos causas: las rectificaciones generales y las derivadas de una discrepancia de criterio administrativo.

En el caso de discrepancia, se ha habilitado una casilla especial para detallar el importe de la corrección correspondiente. Es importante notar que el formulario actual no permite adjuntar documentación adicional o alegaciones extensas de forma directa. La autoliquidación rectificativa debe contener tanto los datos que se mantienen como los que son objeto de nueva inclusión.

La principal ventaja que defiende la Agencia Tributaria con este cambio es la agilidad en la tramitación de las posibles devoluciones. Antes, la solicitud de rectificación se gestionaba como un recurso, lo que implicaba plazos de resolución mucho más dilatados. Ahora, al ser el propio contribuyente quien realiza la corrección, el proceso se vuelve mucho más directo para ambas partes. Esta inmediatez beneficia especialmente a las pymes que necesitan recuperar saldos a su favor de forma rápida y sencilla. Hacienda argumenta que este mecanismo evita procedimientos farragosos y reduce la burocracia innecesaria en la gestión de los impuestos. La simplificación técnica permite que un descuido contable no se convierta en un problema administrativo de larga duración. Al unificar los criterios, se dota de una mayor seguridad jurídica al obligado tributario en su relación con la administración.

En definitiva, el objetivo es que la corrección de errores sea un trámite ordinario y no un proceso excepcional. A pesar de la generalidad del nuevo sistema, la normativa contempla una excepción muy específica para ciertos supuestos de rectificación. Las empresas podrán seguir utilizando el método tradicional de solicitud de rectificación en casos de discrepancia jurídica de rango superior. Esto ocurre cuando se alega una vulneración de la Constitución, del Derecho de la Unión Europea o de tratados internacionales. En estos escenarios de batalla legal, la pyme tiene la libertad de elegir entre el sistema nuevo o el antiguo.

Menos tiempos de espera

No obstante, esta flexibilidad desaparece si el motivo de la rectificación se mezcla con un error contable o material. Si existen fallos comunes junto a la discrepancia jurídica, Hacienda obliga a tramitar todo mediante la autoliquidación rectificativa. Por tanto, sigue siendo vital identificar correctamente el origen del error antes de iniciar cualquier tipo de trámite. Esta salvedad protege el derecho del contribuyente a discutir la interpretación de la norma en instancias superiores de justicia.

El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la capacidad de los negocios para adoptar las nuevas rutinas. Hacienda confía en que la reducción de los tiempos de espera mejore la satisfacción general de los obligados tributarios. Aunque el cambio puede generar dudas iniciales, la simplificación del procedimiento es una noticia positiva para la mayoría de autónomos. El sistema tributario avanza hacia una mayor transparencia y agilidad, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial dinámico. En conclusión, la rectificativa llega para quedarse como la vía preferente de comunicación de fallos ante la Agencia Tributaria.

La empresa tecnológica canaria Cognitfy, especializada en el desarrollo de expertos digitales y sistemas agénticos basados en inteligencia artificial para pymes, ha cerrado una ronda de inversión Serie A de 15 millones de dólares que sitúa su valoración en 200 millones de dólares.

La operación ha contado con la participación de OrionChain, con sede en Emiratos Árabes Unidos; Sinergy Alliance, de Estados Unidos; y una participación minoritaria del inversor español y miembro del consejo asesor de Cognitfy, Jorge Martínez Arroyo, cofundador del fondo Enterprise Tech 34.

Fundada en 2025 dentro del ecosistema de Gravitad -aceleradora canaria especializada en la creación y escalado de empresas tecnológicas-, Cognitfy desarrolla tecnología propia para crear, entrenar y desplegar sistemas agénticos empresariales capaces de gestionar procesos de forma autónoma, ejecutar tareas e integrarse con equipos humanos. Sus soluciones permiten reducir hasta un 60 % el tiempo dedicado a determinados procesos y optimizar los costes empresariales hasta en un 35 %, acercando capacidades avanzadas de inteligencia artificial a organizaciones que necesitan eficiencia, seguridad y escalabilidad.

La empresa ha logrado contratos por valor de casi dos millones de euros durante los primeros cinco meses de 2026 y cuenta ya con la participación de 17 startups. Esta evolución ha contribuido a respaldar la valoración alcanzada en esta ronda y se traducirá también en un refuerzo de su estructura, con la previsión de triplicar el equipo humano actual hasta alcanzar las 220 personas.

Francisco Carballo, CEO de Cognitfy, subraya que esta operación “supone una validación del trabajo realizado desde Canarias para desarrollar tecnología propia en uno de los sectores más competitivos del mundo”. Carballo asegura que “la inteligencia artificial no es solo una herramienta reservada a las grandes corporaciones”, y añade que “el objetivo es que las pymes puedan incorporar expertos digitales capaces de automatizar procesos, trabajar junto a sus equipos y mejorar su productividad sin tener que asumir una complejidad tecnológica inabordable”.

A diferencia de muchas soluciones de inteligencia artificial empresarial que dependen de servicios externos y modelos de terceros, Cognitfy combina tecnología propietaria, desarrollos de código abierto y modelos propios destilados para desplegar agentes en la infraestructura de cada organización, reduciendo el coste de inferencia asociado al consumo de tokens, limitando la dependencia de modelos de frontera y manteniendo niveles de calidad adecuados para entornos empresariales. La compañía ha desarrollado además una metodología propia que integra loop engineering en la fase de desarrollo y entrenamiento, y karpathy loop en la fase de ejecución, con el objetivo de mejorar la efectividad, eficiencia y capacidad de adaptación de sus sistemas agénticos.

Carballo destaca que “el reto no es únicamente crear agentes de inteligencia artificial, sino hacerlos útiles, seguros, eficientes y sostenibles en costes para empresas reales. Para que una pyme pueda adoptar estas soluciones, la tecnología debe integrarse en sus procesos, proteger sus datos y generar un retorno claro desde el primer momento”, añade.

La seguridad del dato es otro de los ejes estratégicos de Cognitfy. Sus procesos y desarrollos siguen los requerimientos de la ISO 27001, SOC 2 y ENS, y se apoyan en partners certificados para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y europea. Además, Cognitfy cuenta con un sistema propio de orquestación de agentes conversacionales que permite desplegar soluciones de telecomunicaciones sin depender de forma crítica de servicios de terceros, aportando mayor robustez operativa.

Los fondos obtenidos en esta ronda de inversión se destinarán principalmente a acelerar el crecimiento comercial de la compañía y su expansión en España, Europa y Latinoamérica, mercados prioritarios dentro de su estrategia internacional.

Si Europa quiere desarrollar inteligencias artificiales que funcionen con sus normas y valores, entonces tiene que construir la capacidad tecnológica, industrial y financiera para no depender de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Esa idea vale 20.000 millones de euros y tiene una pieza clave: infraestructuras que Bruselas ha llamado “gigafactorías de IA”. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una.

El principio básico de estas infraestructuras es juntar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos de IA muy grandes. Esa tecnología de vanguardia que a Europa, incluso teniendo en cuenta a la francesa Mistral, le está costando tanto desarrollar.

El objetivo es que no (solo) sean centros de datos gigantes, sino puntos de innovación que acerquen la IA avanzada a todo el tejido empresarial, desde grandes compañías no tecnológicas a pymes. “Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, generadores de riqueza en torno a la IA”, aseguró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en el último Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado ya la inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la candidatura española. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría española. Otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA, sumando compromiso político y financiero al proyecto español.

Corriendo antes del pistoletazo de salida

Una muestra del peso que el Ejecutivo está dando a la iniciativa es que la Comisión Europea ni siquiera ha publicado todavía el concurso oficial para optar a las gigafactorías. Se espera que lo haga en las próximas semanas, pero para cuando salga del horno, España quiere estar preparada: ya hay emplazamientos, socios confirmados y dinero encima de la mesa.

La candidatura española se basará en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. ¿Por qué dos, si el objetivo es concentrar en un mismo lugar los chips avanzados, el tejido industrial y el talento? Fuentes del sector privado implicadas en el proceso aseguran a elDiario.es que detrás de esta decisión no está la motivación política de incluir a las dos comunidades con más peso económico de España.

Es “pragmatismo” y un intento de solidificar la candidatura, aseguran las mismas fuentes. Móra la Nova, la ubicación inicial de la instalación, se eligió por la disponibilidad de suelo, potencia eléctrica y acceso a agua de la comarca histórica de la Ribera d'Ebre, así como la fibra óptica necesaria para una infraestructura de este tamaño. Además, se encuentra relativamente cerca del Barcelona Supercomputing Center—Centro Nacional de Supercomputación (BSC), con el que podrá generar sinergias y un gran ecosistema de computación avanzada.

Por otra parte, San Fernando de Henares aporta el músculo corporativo en torno al sector tecnológico con el que cuenta el corredor del Henares. Un ecosistema digital consolidado donde ya operan numerosos centros de datos y empresas digitales. “Lo que se buscó es aportar más confianza de que se podría llegar a tiempo a todos los compromisos con seguridad, con lo que la propuesta ganaba fuerza”, explican las mismas fuentes.

Un consorcio público-privado

El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno.

El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. El Gobierno ha invertido de forma independiente 150 millones de euros en esta empresa par apoya su desarrollo, y ahora la ha elevado como la apuesta tecnológica nacional del proyecto. Con su incorporación, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.

No obstante, fuentes conocedoras de la situación detallan que el proyecto está abierto a la llegada de más socios y los porcentajes finales podrían variar. Por este motivo, las empresas involucradas prefieren no pronunciarse por el momento sobre los detalles de su participación. Entre dinero público y privado, se espera que cada gigafactoría reúna una inversión de unos 5.000 millones de euros.

“Estamos liderando el consorcio español y, en estos momentos, estamos centrados en todos los trabajos relacionados con la preparación de la oferta final. En cuanto al calendario, la oferta debe presentarse entre junio y julio y esperamos tener un resultado a finales de año. No podemos proporcionar más información al respecto”, afirmó en mayo Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, durante la presentación de las cuentas del primer trimestre de la teleco.

La batalla por el control tecnológico (y quién queda fuera)

La construcción de estas infraestructuras estratégicas no solo beneficiaría a las grandes empresas que ejercen de socios principales, sino también a cientos de proveedores europeos más pequeños. Uno de ellos es la empresa española OpenNebula, que desarrolla software de código abierto para gestionar infraestructuras de computación en la nube y está negociando su participación en varias candidaturas de gigafactorías.

Alberto P. Martí, su responsable de Alianzas Estratégicas, alerta en conversación con este medio que las multinacionales estadounidenses están presionando para no quedarse fuera de estos proyectos. Existe un riesgo real, avisa, de que el dinero público se termine usando para “pagar licencias, soporte y demás a empresas americanas, porque son ellos los que controlan el software propietario”.

Es decir, que aunque las gigafactorías se instalarán en Europa, podrían terminar operando los chips estadounidenses de Nvidia (ineludibles, al ser los más potentes del mercado para entrenar inteligencia artificial) con programas diseñados también en Silicon Valley. Frente a esto, Martí defiende que priorizar alternativas europeas y abiertas es “la manera de asegurar el futuro de la infraestructura, de realmente dar a Europa independencia tecnológica”. Recuerda que, más allá de los chips, el software es lo que le “da vida” a esta iniciativa.

Quién decide y quién vigila

El debate en torno a estas infraestructuras va más allá de la soberanía tecnológica. La coalición IA Ciudadana, formada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos humanos en el contexto de las tecnologías digitales, pide que las gigafactorías no se gestionen de espaldas a la gente.

“Decisiones de esta envergadura requieren un debate democrático real: ¿Quién decide qué modelos de IA se entrenarán en estas infraestructuras? ¿Con qué criterios? ¿Qué mecanismos de supervisión pública existirán? De momento, las organizaciones expertas no hemos sido escuchadas en ninguna fase de un proceso que terminará afectando a la vida de la gente de un modo u otro”, lamenta una portavoz en un comunicado remitido a elDiario.es.

La coalición celebra “que España ambicione liderar el desarrollo de infraestructuras de IA en Europa”, pero recuerda que “la democracia en la IA no se mide solo en quién puede usar la tecnología, sino en quién participa en decidir cómo se desarrolla y con qué valores”. “Una infraestructura pública de esta escala, financiada con dinero de todos, debería venir acompañada desde el primer día de mecanismos de gobernanza transparente”, concluye: “Exigimos que estos procesos no sean un trámite de legitimación a posteriori, sino parte constitutiva del proyecto”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha abierto expediente sancionador a varios pequeños comercios gallegos por supuestos incumplimientos de la normativa de protección a los consumidores con multas que van desde los 11.000 a los 13.000 euros. La Comunidad de Madrid argumenta que los comercios tienen páginas webs que pueden vender en todo el territorio, con lo que “cualquier comunidad autónoma puede actuar”, mientras la Federación Galega de Comercio critica como “injustificada” la medida: “Son comercios familiares, esta sanción les va a llevar al cierre pero seguro”.

Los comercios afectados se encuentran en las regiones de Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz y se trata de empresas pequeñas que, según José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, solventaron las faltas en sus páginas web en cuanto recibieron las sanciones y que ni siquiera habían llegado a vender ningún producto online.

La consejería de Economía argumenta que la Comunidad de Madrid está dentro del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles del Ministerio de Consumo y que debe “llevar a cabo actuaciones de inspección y vigilancia” y, si con estas funciones se detectan infracciones, “está obligada a actuar”.

En este caso, el Gobierno de Ayuso asegura que los supuestos incumplimientos vendrían por “no aplicar correctamente el derecho de desistimiento (14 días en los que el consumidor puede desistir de su compra sin dar más explicaciones), defectos de etiquetado en los productos a la venta, limitaciones a la hora de reclamar contra la empresa vendedora o en relación a la garantía de los productos”.

José María Seijas, en declaraciones a elDiario.es, asegura que “no hay ninguna denuncia por parte de ningún consumidor” en estas webs y lamenta que antes de la sanción no se haya remitido ningún aviso, como sí suele hacer la Xunta de Galicia. “Me parece incongruente que se vaya a buscar así” estos casos, critica Seijas, que reconoce que si algún aspecto perjudica al consumidor se debe interponer una multa pero no “de esta forma”. Una de las tres comerciantes ha decidido cerrar la página web porque “no le compensa”, un extremo que el presidente de la Federación lamenta: “Llevamos trabajando mucho tiempo para que el pequeño comercio se informatice”, explica, y ahora se encuentran con esta situación en lugar de recibir “un apoyo”.

Fuentes del Ministerio de Consumo indican que las autoridades autonómicas sí pueden actuar para sancionar si la empresa está radicada en su territorio o si “se manifiesta la lesión o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios radicados en dicha región, aunque la empresa no sea originaria de allí”. Es decir, la Comunidad de Madrid sí puede actuar siempre y cuando considere que “los productos se están poniendo a disposición de los consumidores de su territorio y estos pueden resultar potencialmente afectados”.

Otro de los puntos que pide Seijas es que si “las comunidades pueden sanciar unas los comercios de las otras”, que sean los directores de consumo autonómicos los que se pongan de acuerdo para establecer una normativa única. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Estos expedientes se encuentran en “fase inicial”, por lo que caben todavía alegaciones y no se habrían hecho efectivas las sanciones, que, aseguran desde la Comunidad de Madrid, son las que “establece la normativa básica estatal”. La Federación ya ha adelantado que alegará y aseguran que cuentan con el respaldo de la Dirección General de Consumo gallega para intentar impedir que las multas lleguen al bolsillo de las comerciantes gallegas.

Aurora Rodríguez tiene 22 años y ha crecido entre uniformes de trabajo, trajes regionales y el olor a tela de la tienda que su abuelo fundó en Murcia hace más de cuatro décadas. Pero cuando llegue la jubilación de sus fundadores, el negocio no tendrá heredero. “Da pena que la empresa no vaya a seguir después de que mi abuelo se muera, pero es que no es mi proyecto de vida”, dice Aurora con una honestidad que resume, mejor que cualquier estadística, el problema silencioso que atraviesa miles de negocios familiares en España.

Este no es un caso aislado, se estima que más de 1,1 millones de pymes familiares en España no tienen relevo generacional. De aquí a 2030, muchas más no encontrarán a nadie dispuesto a continuar. Según el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el 70% de las empresas familiares no pasa a la segunda generación y el 90% no llega a la tercera. Solo el 5% alcanza la cuarta. Y transcurridos 25 años desde su creación, más del 60% de las empresas ya ha dejado de existir, siendo el cierre —con un 38%— la causa más común. “Muchas empresas fracasan por la sucesión, no por el negocio”, concluye el documento de IEF.

El peso de lo que está en juego es enorme. Los datos de la asociación apuntan que las empresas familiares representan el 90% del tejido empresarial español, generan el 70% del empleo privado —más de 6,58 millones de puestos de trabajo— y contribuyen al 57% del PIB del sector privado. Cada cierre por falta de relevo no es solo una pérdida familiar: es una pérdida económica para el conjunto del país, alerta.

Un problema económico, demográfico y de prestigio

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) lanzó hace unos meses una advertencia a través de su informe 'Juventud emprendedora: posibilidades de relevo de negocios en el mundo rural': el relevo generacional debería ser una prioridad nacional. Al menos 11 provincias españolas están ya en riesgo estructural por la combinación de despoblación, envejecimiento y desaparición de empresas. Provincias como Zamora, Ourense, Lugo y Palencia han perdido hasta el 21% de su población en las últimas décadas.

Pero CEAJE es clara: “El problema no es solo demográfico, es también económico y de prestigio”, asegura su portavoz. La pérdida de población en zonas rurales va acompañada de un debilitamiento del tejido productivo, y detrás de la falta de relevo hay un cambio más profundo en la relación de las nuevas generaciones con determinados trabajos y territorios. Los oficios manuales, el comercio de barrio o el campo arrastran todavía un problema de imagen que las ayudas económicas no consiguen resolver por sí solas.

“El problema es que muchos empresarios confían en que la siguiente generación continuará con el legado, pero la tasa de supervivencia en las empresas que afrontan un relevo generacional es muy baja”, advierte Soly Sakal, fundador de la consultora Rhombus. Según sus datos, el 40% de las familias empresarias considera la sucesión un desafío crítico. Y el 70% de las empresas familiares no cuenta hoy con un plan de relevo generacional, según el informe 'Relevancia y supervivencia de la empresa familiar 2025', elaborado por el IEF junto a las compañías de KPMG y SAP.

Veronica garcia Castelo, presidenta de ADEFAM —la asociación de empresas familiares de la Comunidad de Madrid—, argumenta que “la mayoría de las empresas familiares no fracasan por el negocio en sí, sino porque el proceso de sucesión no se ha gestionado correctamente”. Su último estudio, 'La empresa familiar en la Comunidad de Madrid', revela que las empresas familiares representan el 93% de las compañías y generan el 59% del empleo privado. El 68% sigue activo una década después de su fundación, frente al 66% de las no familiares.

Sin embargo, apenas el 11% de las pequeñas empresas y autónomos cuenta con un plan de sucesión formalizado. “Bastante complicado es ya que una empresa sobreviva económicamente como para que cierre únicamente por el relevo generacional”, señala uno de los autores del estudio de ADEFAM. “El cierre de una empresa siempre es una mala noticia” añade.

¿Crisis de jóvenes o renovación de perfiles?

La pregunta no es solo si hay jóvenes dispuestos a tomar el relevo, sino qué tipo de relevo están dispuestos a hacer. Cada vez más, quienes asumen un negocio familiar no lo hacen para mantenerlo tal como estaba, sino para transformarlo. La generación Z aporta digitalización, sostenibilidad y nuevas formas de relación con clientes y empleados. Las fricciones aparecen cuando los ritmos de cambio entre generaciones son distintos.

“El relevo no consiste únicamente en conservar una empresa, sino también en transformarla para adaptarla a los nuevos tiempos sin perder su esencia”, señala Daniel Cifuentes de CEAJE. A esto se añade otra realidad: hay jóvenes que no rechazan el relevo por falta de interés, sino porque el negocio no es viable económicamente tal como está. En esos casos, la organización defiende ampliar el concepto hacia el relevo empresarial: permitir que otros emprendedores ajenos a la familia asuman proyectos con potencial antes de que desaparezcan.

Es la alternativa que baraja la propia familia de Aurora. “Lo quieren dar al trabajador”, explica ella. “Al ser una empresa muy pequeña, los trabajadores llevan muchos años y la conocen perfectamente. Aunque no sea la opción más rentable, sí que es la que más se ajusta a sus valores”. La venta queda descartada: “Es un legado que han construido como si fuera un hijo. Tú vas formándolo y dándole valores”.

La sucesión no se improvisa

No todas las historias terminan en cierre, un caso de éxito es la galardonada por ADEFAM como proyecto más innovador de una empresa familiar. IGT Microelectronics, empresa tecnológica con más de 40 años de historia y desarrolladora de la marca Ágora, es uno de los ejemplos de transición exitosa. “Lo complicado muchas veces no es una cosa u otra, sino saber diferenciar cuándo estás hablando como familia y cuándo estás hablando como empresa”, explica su CEO, Sergio Cámara.

La clave, en su caso, fue la anticipación: crearon un protocolo familiar en el momento de incorporación de la nueva generación, con normas, responsabilidades y un plan de sucesión pactado. “La generación fundadora fue dando espacio poco a poco mientras la nueva asumía responsabilidades reales. El cambio no se vivió como una ruptura, sino como una evolución”.

Para la presidenta García Molina, las empresas que logran el relevo comparten un patrón: anticipación, separación clara entre familia y empresa, profesionalización de la gestión y, sobre todo, entender la sucesión como un proceso de conversación continua, no como un nombramiento puntual. “Cuanto antes se empiece a hablar de la sucesión, mejor”, coincide Cámara. “Cuando estas conversaciones se posponen, normalmente se vuelven más difíciles”.

En la restauración, Cristina Oria, es otro caso de éxito. La fundadora de la empresa familiar gastronómica que lleva su nombre, cree que la continuidad pasa por profesionalizar las estructuras y construir proyectos capaces de ir más allá de sus fundadores. “Las marcas no pueden depender únicamente de una persona”, sostiene otra galardonada por Adefam. “Tienen que tener unos valores claros, una cultura muy definida y equipos capaces de mantener esa esencia”.

El campo, dónde el relevo no llega

Si hay un sector donde la crisis generacional resulta especialmente visible es el primario. En España, el censo agrario de 2020 ya mostraba que apenas el 9% de los jefes de explotación tiene menos de 40 años, tal y como se puede ver en el gráfico. Mientras que el 41% supera los 65. En la Unión Europea, el 57% de los agricultores supera los 55 años y la edad media se sitúa en los 57. Solo el 12% tiene menos de 40.

“En ninguna comarca española se alcanza que el 40% de los jefes de explotación sean menores de 45 años”, explica Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Situación, ilustrada en la gráfica, y especialmente crítica en la ganadería extensiva, donde la dedicación es prácticamente total y la calidad de vida percibida, muy baja.

Las barreras son múltiples. Para quien no tiene vinculación familiar con el sector, el primer obstáculo es el acceso a la tierra. UPA lleva años reclamando bancos públicos de tierra y agua: “Un cultivo en regadío tiene una rentabilidad mucho mayor que uno en secano”. El Gobierno ha anunciado una orden ministerial para regularlos, con unas 17.000 explotaciones incluidas inicialmente. Pero la organización pide que tengan prioridad los menores de 40 años. Y los datos muestran el estancamiento: en 2024 había 4.025 solicitudes a la reserva nacional; en 2025, cayeron a 3.182. Esto a pesar de que la nueva PAC destina 220 millones de euros anuales al pago complementario para jóvenes agricultores, un 50% más que en el periodo anterior.

“Las políticas públicas actúan sobre síntomas y no sobre causas”, sostiene Pedro Piedras, director de la Escuela de Ingeniería Agrícola (INEA) de la Universidad Pontificia Comillas. “Las ayudas alivian necesidades inmediatas, pero no resuelven problemas estructurales como el acceso a la tierra, el coste de entrada o la incertidumbre económica”. Un 52% de las incorporaciones al sector, según UPA, se producen sin ningún tipo de ayuda pública.

Un sector tecnológico con imagen de otro siglo

La paradoja del campo es que vive uno de los procesos de modernización más acelerados de la economía mientras mantiene una imagen social anclada en el pasado. Sensores, inteligencia artificial, agricultura de precisión, análisis de datos y sistemas de geolocalización forman ya parte del trabajo agrario cotidiano. El sistema agroalimentario supone alrededor del 10% del PIB y del empleo en España, según el INE, y demanda cada vez más perfiles técnicos especializados.

“El trabajo agrícola y ganadero se sigue presentando como una actividad poco cualificada, cuando hoy hablamos de un sector altamente tecnificado”, explica Piedras. “A los jóvenes no les gusta verse como granjeros, sino como especialistas”. Cuando los estudiantes descubren que el sector agroindustrial se parece “más al mundo de la aeronáutica que al de los campesinos que segaban a hoz”, muchos empiezan a mirar con interés. El problema es que ese relato aún no ha llegado a la mayoría.

Protagoniza las conversaciones de barra de bar, los debates políticos y hasta los pronunciamientos del Papa. Y, cómo no, también se habla de ella en las empresas. De un tiempo a esta parte, la inteligencia artificial se ha hecho omnipresente. Una tecnología que ha pasado en apenas unos años de estar reservada a grandes compañías a convertirse en una herramienta al alcance de prácticamente cualquiera. Las posibilidades parecen multiplicarse y abarcan toda clase de desempeños: desde asistentes para redactar correos hasta sistemas capaces de automatizar procesos administrativos o analizar grandes volúmenes de información.

Sin embargo, junto al entusiasmo también ha surgido una pregunta recurrente entre empresarios y trabajadores, que a menudo genera una comprensible inquietud: ¿qué impacto tendrá la IA sobre el empleo? En el caso de las pymes, la respuesta es más compleja de lo que sugieren los titulares que anuncian una sustitución masiva de trabajadores. 

Los datos disponibles apuntan a que, al menos por ahora, la inteligencia artificial está transformando más tareas que puestos de trabajo completos. Según un análisis del Banco de España basado en la Encuesta sobre la Actividad Empresarial (EBAE), cerca del 20% de las empresas españolas ya utiliza sistemas de IA, aunque en muchos casos todavía se encuentran en fases experimentales. Además, la mayoría de las compañías que ya emplean estas herramientas considera que su efecto sobre el empleo será neutro o incluso positivo.

La adopción, eso sí, sigue siendo desigual. Las empresas tecnológicas y las de mayor tamaño lideran la incorporación de estas herramientas, mientras que las pequeñas compañías avanzan a un ritmo más lento debido a barreras como el coste, la falta de personal especializado o las dificultades para acceder a datos de calidad.

En cualquier caso, la IA ya está cambiando la forma de trabajar en numerosos negocios. Tareas repetitivas como la elaboración de informes, la gestión documental, la atención básica al cliente o la creación de determinados contenidos pueden realizarse ahora de manera mucho más rápida gracias a herramientas de automatización y sistemas generativos.

Para muchas pymes, esto supone una oportunidad evidente. Un equipo pequeño puede asumir más trabajo sin necesidad de ampliar plantilla, y determinados profesionales pueden dedicar menos tiempo a tareas mecánicas para centrarse en actividades de mayor valor añadido.

Nuevas habilidades

El principal cambio no parece estar en la desaparición de empleos completos, sino en la transformación de los perfiles profesionales. Los trabajadores que antes dedicaban gran parte de su jornada a tareas administrativas o de producción de contenidos encuentran cada vez más apoyo en herramientas capaces de realizar una primera versión del trabajo en cuestión de segundos.

Eso obliga a desarrollar nuevas competencias. Revisar resultados generados por IA, detectar errores, interpretar datos o formular instrucciones eficaces se está convirtiendo en una habilidad cada vez más valiosa dentro de las organizaciones. Por eso, no es casualidad que uno de los principales obstáculos detectados por el Banco de España para la adopción de la IA sea precisamente la falta de personal cualificado. Muchas empresas afirman que encuentran dificultades para incorporar trabajadores con conocimientos suficientes para aprovechar estas tecnologías de forma eficaz.

Al mismo tiempo, empiezan a surgir nuevos perfiles relacionados con la automatización, el análisis de datos, la supervisión de sistemas inteligentes o la integración de herramientas de IA en procesos empresariales. No se trata necesariamente de especialistas altamente técnicos, sino de profesionales capaces de combinar conocimientos de negocio con competencias digitales.

La tendencia también se observa a escala europea. Según Eurostat, el uso de tecnologías de inteligencia artificial en empresas de la Unión Europea alcanzó el 20% en 2025, frente al 13,5% del año anterior, lo que muestra una aceleración significativa de la adopción empresarial.

Adaptarse, no competir con la máquina

A pesar de la atención mediática que reciben los despidos asociados a procesos de automatización, los expertos coinciden en que el impacto de la IA será muy diferente según el sector, el tamaño de la empresa y el tipo de trabajo realizado. Las tareas más repetitivas y estandarizadas son las más expuestas, mientras que aquellas que requieren creatividad, negociación, empatía o toma de decisiones complejas siguen dependiendo en gran medida de las personas.

Para las pymes, el desafío principal no parece ser una reducción inmediata de plantilla, sino la necesidad de adaptarse a un entorno donde la productividad dependerá cada vez más de la capacidad para integrar herramientas inteligentes en el trabajo diario. De hecho, diversos estudios muestran que muchas empresas están utilizando la IA para optimizar procesos internos, mejorar el marketing o agilizar tareas administrativas, más que para sustituir trabajadores. La automatización total sigue siendo relativamente limitada en la mayoría de los negocios.

La cuestión, por tanto, no es tanto si la inteligencia artificial eliminará empleos en las pequeñas empresas, sino cómo evolucionarán esos puestos. Igual que ocurrió con internet o con la digitalización de los procesos administrativos, algunas funciones perderán peso mientras otras ganarán relevancia.

En ese contexto, la formación continua aparece como uno de los factores decisivos. Las pymes que consigan capacitar a sus equipos y aprovechar la IA como una herramienta de apoyo tendrán más opciones de mejorar su competitividad. Porque, al menos por ahora, la inteligencia artificial no parece estar sustituyendo a los trabajadores en masa, pero sí está cambiando las reglas del juego para quienes quieran seguir siendo competitivos en los próximos años.