La empresa tecnológica canaria Cognitfy, especializada en el desarrollo de expertos digitales y sistemas agénticos basados en inteligencia artificial para pymes, ha cerrado una ronda de inversión Serie A de 15 millones de dólares que sitúa su valoración en 200 millones de dólares.

La operación ha contado con la participación de OrionChain, con sede en Emiratos Árabes Unidos; Sinergy Alliance, de Estados Unidos; y una participación minoritaria del inversor español y miembro del consejo asesor de Cognitfy, Jorge Martínez Arroyo, cofundador del fondo Enterprise Tech 34.

Fundada en 2025 dentro del ecosistema de Gravitad -aceleradora canaria especializada en la creación y escalado de empresas tecnológicas-, Cognitfy desarrolla tecnología propia para crear, entrenar y desplegar sistemas agénticos empresariales capaces de gestionar procesos de forma autónoma, ejecutar tareas e integrarse con equipos humanos. Sus soluciones permiten reducir hasta un 60 % el tiempo dedicado a determinados procesos y optimizar los costes empresariales hasta en un 35 %, acercando capacidades avanzadas de inteligencia artificial a organizaciones que necesitan eficiencia, seguridad y escalabilidad.

La empresa ha logrado contratos por valor de casi dos millones de euros durante los primeros cinco meses de 2026 y cuenta ya con la participación de 17 startups. Esta evolución ha contribuido a respaldar la valoración alcanzada en esta ronda y se traducirá también en un refuerzo de su estructura, con la previsión de triplicar el equipo humano actual hasta alcanzar las 220 personas.

Francisco Carballo, CEO de Cognitfy, subraya que esta operación “supone una validación del trabajo realizado desde Canarias para desarrollar tecnología propia en uno de los sectores más competitivos del mundo”. Carballo asegura que “la inteligencia artificial no es solo una herramienta reservada a las grandes corporaciones”, y añade que “el objetivo es que las pymes puedan incorporar expertos digitales capaces de automatizar procesos, trabajar junto a sus equipos y mejorar su productividad sin tener que asumir una complejidad tecnológica inabordable”.

A diferencia de muchas soluciones de inteligencia artificial empresarial que dependen de servicios externos y modelos de terceros, Cognitfy combina tecnología propietaria, desarrollos de código abierto y modelos propios destilados para desplegar agentes en la infraestructura de cada organización, reduciendo el coste de inferencia asociado al consumo de tokens, limitando la dependencia de modelos de frontera y manteniendo niveles de calidad adecuados para entornos empresariales. La compañía ha desarrollado además una metodología propia que integra loop engineering en la fase de desarrollo y entrenamiento, y karpathy loop en la fase de ejecución, con el objetivo de mejorar la efectividad, eficiencia y capacidad de adaptación de sus sistemas agénticos.

Carballo destaca que “el reto no es únicamente crear agentes de inteligencia artificial, sino hacerlos útiles, seguros, eficientes y sostenibles en costes para empresas reales. Para que una pyme pueda adoptar estas soluciones, la tecnología debe integrarse en sus procesos, proteger sus datos y generar un retorno claro desde el primer momento”, añade.

La seguridad del dato es otro de los ejes estratégicos de Cognitfy. Sus procesos y desarrollos siguen los requerimientos de la ISO 27001, SOC 2 y ENS, y se apoyan en partners certificados para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y europea. Además, Cognitfy cuenta con un sistema propio de orquestación de agentes conversacionales que permite desplegar soluciones de telecomunicaciones sin depender de forma crítica de servicios de terceros, aportando mayor robustez operativa.

Los fondos obtenidos en esta ronda de inversión se destinarán principalmente a acelerar el crecimiento comercial de la compañía y su expansión en España, Europa y Latinoamérica, mercados prioritarios dentro de su estrategia internacional.

Si Europa quiere desarrollar inteligencias artificiales que funcionen con sus normas y valores, entonces tiene que construir la capacidad tecnológica, industrial y financiera para no depender de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Esa idea vale 20.000 millones de euros y tiene una pieza clave: infraestructuras que Bruselas ha llamado “gigafactorías de IA”. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una.

El principio básico de estas infraestructuras es juntar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos de IA muy grandes. Esa tecnología de vanguardia que a Europa, incluso teniendo en cuenta a la francesa Mistral, le está costando tanto desarrollar.

El objetivo es que no (solo) sean centros de datos gigantes, sino puntos de innovación que acerquen la IA avanzada a todo el tejido empresarial, desde grandes compañías no tecnológicas a pymes. “Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, generadores de riqueza en torno a la IA”, aseguró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en el último Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado ya la inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la candidatura española. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría española. Otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA, sumando compromiso político y financiero al proyecto español.

Corriendo antes del pistoletazo de salida

Una muestra del peso que el Ejecutivo está dando a la iniciativa es que la Comisión Europea ni siquiera ha publicado todavía el concurso oficial para optar a las gigafactorías. Se espera que lo haga en las próximas semanas, pero para cuando salga del horno, España quiere estar preparada: ya hay emplazamientos, socios confirmados y dinero encima de la mesa.

La candidatura española se basará en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. ¿Por qué dos, si el objetivo es concentrar en un mismo lugar los chips avanzados, el tejido industrial y el talento? Fuentes del sector privado implicadas en el proceso aseguran a elDiario.es que detrás de esta decisión no está la motivación política de incluir a las dos comunidades con más peso económico de España.

Es “pragmatismo” y un intento de solidificar la candidatura, aseguran las mismas fuentes. Móra la Nova, la ubicación inicial de la instalación, se eligió por la disponibilidad de suelo, potencia eléctrica y acceso a agua de la comarca histórica de la Ribera d'Ebre, así como la fibra óptica necesaria para una infraestructura de este tamaño. Además, se encuentra relativamente cerca del Barcelona Supercomputing Center—Centro Nacional de Supercomputación (BSC), con el que podrá generar sinergias y un gran ecosistema de computación avanzada.

Por otra parte, San Fernando de Henares aporta el músculo corporativo en torno al sector tecnológico con el que cuenta el corredor del Henares. Un ecosistema digital consolidado donde ya operan numerosos centros de datos y empresas digitales. “Lo que se buscó es aportar más confianza de que se podría llegar a tiempo a todos los compromisos con seguridad, con lo que la propuesta ganaba fuerza”, explican las mismas fuentes.

Un consorcio público-privado

El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno.

El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. El Gobierno ha invertido de forma independiente 150 millones de euros en esta empresa par apoya su desarrollo, y ahora la ha elevado como la apuesta tecnológica nacional del proyecto. Con su incorporación, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.

No obstante, fuentes conocedoras de la situación detallan que el proyecto está abierto a la llegada de más socios y los porcentajes finales podrían variar. Por este motivo, las empresas involucradas prefieren no pronunciarse por el momento sobre los detalles de su participación. Entre dinero público y privado, se espera que cada gigafactoría reúna una inversión de unos 5.000 millones de euros.

“Estamos liderando el consorcio español y, en estos momentos, estamos centrados en todos los trabajos relacionados con la preparación de la oferta final. En cuanto al calendario, la oferta debe presentarse entre junio y julio y esperamos tener un resultado a finales de año. No podemos proporcionar más información al respecto”, afirmó en mayo Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, durante la presentación de las cuentas del primer trimestre de la teleco.

La batalla por el control tecnológico (y quién queda fuera)

La construcción de estas infraestructuras estratégicas no solo beneficiaría a las grandes empresas que ejercen de socios principales, sino también a cientos de proveedores europeos más pequeños. Uno de ellos es la empresa española OpenNebula, que desarrolla software de código abierto para gestionar infraestructuras de computación en la nube y está negociando su participación en varias candidaturas de gigafactorías.

Alberto P. Martí, su responsable de Alianzas Estratégicas, alerta en conversación con este medio que las multinacionales estadounidenses están presionando para no quedarse fuera de estos proyectos. Existe un riesgo real, avisa, de que el dinero público se termine usando para “pagar licencias, soporte y demás a empresas americanas, porque son ellos los que controlan el software propietario”.

Es decir, que aunque las gigafactorías se instalarán en Europa, podrían terminar operando los chips estadounidenses de Nvidia (ineludibles, al ser los más potentes del mercado para entrenar inteligencia artificial) con programas diseñados también en Silicon Valley. Frente a esto, Martí defiende que priorizar alternativas europeas y abiertas es “la manera de asegurar el futuro de la infraestructura, de realmente dar a Europa independencia tecnológica”. Recuerda que, más allá de los chips, el software es lo que le “da vida” a esta iniciativa.

Quién decide y quién vigila

El debate en torno a estas infraestructuras va más allá de la soberanía tecnológica. La coalición IA Ciudadana, formada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos humanos en el contexto de las tecnologías digitales, pide que las gigafactorías no se gestionen de espaldas a la gente.

“Decisiones de esta envergadura requieren un debate democrático real: ¿Quién decide qué modelos de IA se entrenarán en estas infraestructuras? ¿Con qué criterios? ¿Qué mecanismos de supervisión pública existirán? De momento, las organizaciones expertas no hemos sido escuchadas en ninguna fase de un proceso que terminará afectando a la vida de la gente de un modo u otro”, lamenta una portavoz en un comunicado remitido a elDiario.es.

La coalición celebra “que España ambicione liderar el desarrollo de infraestructuras de IA en Europa”, pero recuerda que “la democracia en la IA no se mide solo en quién puede usar la tecnología, sino en quién participa en decidir cómo se desarrolla y con qué valores”. “Una infraestructura pública de esta escala, financiada con dinero de todos, debería venir acompañada desde el primer día de mecanismos de gobernanza transparente”, concluye: “Exigimos que estos procesos no sean un trámite de legitimación a posteriori, sino parte constitutiva del proyecto”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha abierto expediente sancionador a varios pequeños comercios gallegos por supuestos incumplimientos de la normativa de protección a los consumidores con multas que van desde los 11.000 a los 13.000 euros. La Comunidad de Madrid argumenta que los comercios tienen páginas webs que pueden vender en todo el territorio, con lo que “cualquier comunidad autónoma puede actuar”, mientras la Federación Galega de Comercio critica como “injustificada” la medida: “Son comercios familiares, esta sanción les va a llevar al cierre pero seguro”.

Los comercios afectados se encuentran en las regiones de Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz y se trata de empresas pequeñas que, según José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, solventaron las faltas en sus páginas web en cuanto recibieron las sanciones y que ni siquiera habían llegado a vender ningún producto online.

La consejería de Economía argumenta que la Comunidad de Madrid está dentro del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles del Ministerio de Consumo y que debe “llevar a cabo actuaciones de inspección y vigilancia” y, si con estas funciones se detectan infracciones, “está obligada a actuar”.

En este caso, el Gobierno de Ayuso asegura que los supuestos incumplimientos vendrían por “no aplicar correctamente el derecho de desistimiento (14 días en los que el consumidor puede desistir de su compra sin dar más explicaciones), defectos de etiquetado en los productos a la venta, limitaciones a la hora de reclamar contra la empresa vendedora o en relación a la garantía de los productos”.

José María Seijas, en declaraciones a elDiario.es, asegura que “no hay ninguna denuncia por parte de ningún consumidor” en estas webs y lamenta que antes de la sanción no se haya remitido ningún aviso, como sí suele hacer la Xunta de Galicia. “Me parece incongruente que se vaya a buscar así” estos casos, critica Seijas, que reconoce que si algún aspecto perjudica al consumidor se debe interponer una multa pero no “de esta forma”. Una de las tres comerciantes ha decidido cerrar la página web porque “no le compensa”, un extremo que el presidente de la Federación lamenta: “Llevamos trabajando mucho tiempo para que el pequeño comercio se informatice”, explica, y ahora se encuentran con esta situación en lugar de recibir “un apoyo”.

Fuentes del Ministerio de Consumo indican que las autoridades autonómicas sí pueden actuar para sancionar si la empresa está radicada en su territorio o si “se manifiesta la lesión o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios radicados en dicha región, aunque la empresa no sea originaria de allí”. Es decir, la Comunidad de Madrid sí puede actuar siempre y cuando considere que “los productos se están poniendo a disposición de los consumidores de su territorio y estos pueden resultar potencialmente afectados”.

Otro de los puntos que pide Seijas es que si “las comunidades pueden sanciar unas los comercios de las otras”, que sean los directores de consumo autonómicos los que se pongan de acuerdo para establecer una normativa única. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Estos expedientes se encuentran en “fase inicial”, por lo que caben todavía alegaciones y no se habrían hecho efectivas las sanciones, que, aseguran desde la Comunidad de Madrid, son las que “establece la normativa básica estatal”. La Federación ya ha adelantado que alegará y aseguran que cuentan con el respaldo de la Dirección General de Consumo gallega para intentar impedir que las multas lleguen al bolsillo de las comerciantes gallegas.

Aurora Rodríguez tiene 22 años y ha crecido entre uniformes de trabajo, trajes regionales y el olor a tela de la tienda que su abuelo fundó en Murcia hace más de cuatro décadas. Pero cuando llegue la jubilación de sus fundadores, el negocio no tendrá heredero. “Da pena que la empresa no vaya a seguir después de que mi abuelo se muera, pero es que no es mi proyecto de vida”, dice Aurora con una honestidad que resume, mejor que cualquier estadística, el problema silencioso que atraviesa miles de negocios familiares en España.

Este no es un caso aislado, se estima que más de 1,1 millones de pymes familiares en España no tienen relevo generacional. De aquí a 2030, muchas más no encontrarán a nadie dispuesto a continuar. Según el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el 70% de las empresas familiares no pasa a la segunda generación y el 90% no llega a la tercera. Solo el 5% alcanza la cuarta. Y transcurridos 25 años desde su creación, más del 60% de las empresas ya ha dejado de existir, siendo el cierre —con un 38%— la causa más común. “Muchas empresas fracasan por la sucesión, no por el negocio”, concluye el documento de IEF.

El peso de lo que está en juego es enorme. Los datos de la asociación apuntan que las empresas familiares representan el 90% del tejido empresarial español, generan el 70% del empleo privado —más de 6,58 millones de puestos de trabajo— y contribuyen al 57% del PIB del sector privado. Cada cierre por falta de relevo no es solo una pérdida familiar: es una pérdida económica para el conjunto del país, alerta.

Un problema económico, demográfico y de prestigio

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) lanzó hace unos meses una advertencia a través de su informe 'Juventud emprendedora: posibilidades de relevo de negocios en el mundo rural': el relevo generacional debería ser una prioridad nacional. Al menos 11 provincias españolas están ya en riesgo estructural por la combinación de despoblación, envejecimiento y desaparición de empresas. Provincias como Zamora, Ourense, Lugo y Palencia han perdido hasta el 21% de su población en las últimas décadas.

Pero CEAJE es clara: “El problema no es solo demográfico, es también económico y de prestigio”, asegura su portavoz. La pérdida de población en zonas rurales va acompañada de un debilitamiento del tejido productivo, y detrás de la falta de relevo hay un cambio más profundo en la relación de las nuevas generaciones con determinados trabajos y territorios. Los oficios manuales, el comercio de barrio o el campo arrastran todavía un problema de imagen que las ayudas económicas no consiguen resolver por sí solas.

“El problema es que muchos empresarios confían en que la siguiente generación continuará con el legado, pero la tasa de supervivencia en las empresas que afrontan un relevo generacional es muy baja”, advierte Soly Sakal, fundador de la consultora Rhombus. Según sus datos, el 40% de las familias empresarias considera la sucesión un desafío crítico. Y el 70% de las empresas familiares no cuenta hoy con un plan de relevo generacional, según el informe 'Relevancia y supervivencia de la empresa familiar 2025', elaborado por el IEF junto a las compañías de KPMG y SAP.

Veronica garcia Castelo, presidenta de ADEFAM —la asociación de empresas familiares de la Comunidad de Madrid—, argumenta que “la mayoría de las empresas familiares no fracasan por el negocio en sí, sino porque el proceso de sucesión no se ha gestionado correctamente”. Su último estudio, 'La empresa familiar en la Comunidad de Madrid', revela que las empresas familiares representan el 93% de las compañías y generan el 59% del empleo privado. El 68% sigue activo una década después de su fundación, frente al 66% de las no familiares.

Sin embargo, apenas el 11% de las pequeñas empresas y autónomos cuenta con un plan de sucesión formalizado. “Bastante complicado es ya que una empresa sobreviva económicamente como para que cierre únicamente por el relevo generacional”, señala uno de los autores del estudio de ADEFAM. “El cierre de una empresa siempre es una mala noticia” añade.

¿Crisis de jóvenes o renovación de perfiles?

La pregunta no es solo si hay jóvenes dispuestos a tomar el relevo, sino qué tipo de relevo están dispuestos a hacer. Cada vez más, quienes asumen un negocio familiar no lo hacen para mantenerlo tal como estaba, sino para transformarlo. La generación Z aporta digitalización, sostenibilidad y nuevas formas de relación con clientes y empleados. Las fricciones aparecen cuando los ritmos de cambio entre generaciones son distintos.

“El relevo no consiste únicamente en conservar una empresa, sino también en transformarla para adaptarla a los nuevos tiempos sin perder su esencia”, señala Daniel Cifuentes de CEAJE. A esto se añade otra realidad: hay jóvenes que no rechazan el relevo por falta de interés, sino porque el negocio no es viable económicamente tal como está. En esos casos, la organización defiende ampliar el concepto hacia el relevo empresarial: permitir que otros emprendedores ajenos a la familia asuman proyectos con potencial antes de que desaparezcan.

Es la alternativa que baraja la propia familia de Aurora. “Lo quieren dar al trabajador”, explica ella. “Al ser una empresa muy pequeña, los trabajadores llevan muchos años y la conocen perfectamente. Aunque no sea la opción más rentable, sí que es la que más se ajusta a sus valores”. La venta queda descartada: “Es un legado que han construido como si fuera un hijo. Tú vas formándolo y dándole valores”.

La sucesión no se improvisa

No todas las historias terminan en cierre, un caso de éxito es la galardonada por ADEFAM como proyecto más innovador de una empresa familiar. IGT Microelectronics, empresa tecnológica con más de 40 años de historia y desarrolladora de la marca Ágora, es uno de los ejemplos de transición exitosa. “Lo complicado muchas veces no es una cosa u otra, sino saber diferenciar cuándo estás hablando como familia y cuándo estás hablando como empresa”, explica su CEO, Sergio Cámara.

La clave, en su caso, fue la anticipación: crearon un protocolo familiar en el momento de incorporación de la nueva generación, con normas, responsabilidades y un plan de sucesión pactado. “La generación fundadora fue dando espacio poco a poco mientras la nueva asumía responsabilidades reales. El cambio no se vivió como una ruptura, sino como una evolución”.

Para la presidenta García Molina, las empresas que logran el relevo comparten un patrón: anticipación, separación clara entre familia y empresa, profesionalización de la gestión y, sobre todo, entender la sucesión como un proceso de conversación continua, no como un nombramiento puntual. “Cuanto antes se empiece a hablar de la sucesión, mejor”, coincide Cámara. “Cuando estas conversaciones se posponen, normalmente se vuelven más difíciles”.

En la restauración, Cristina Oria, es otro caso de éxito. La fundadora de la empresa familiar gastronómica que lleva su nombre, cree que la continuidad pasa por profesionalizar las estructuras y construir proyectos capaces de ir más allá de sus fundadores. “Las marcas no pueden depender únicamente de una persona”, sostiene otra galardonada por Adefam. “Tienen que tener unos valores claros, una cultura muy definida y equipos capaces de mantener esa esencia”.

El campo, dónde el relevo no llega

Si hay un sector donde la crisis generacional resulta especialmente visible es el primario. En España, el censo agrario de 2020 ya mostraba que apenas el 9% de los jefes de explotación tiene menos de 40 años, tal y como se puede ver en el gráfico. Mientras que el 41% supera los 65. En la Unión Europea, el 57% de los agricultores supera los 55 años y la edad media se sitúa en los 57. Solo el 12% tiene menos de 40.

“En ninguna comarca española se alcanza que el 40% de los jefes de explotación sean menores de 45 años”, explica Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Situación, ilustrada en la gráfica, y especialmente crítica en la ganadería extensiva, donde la dedicación es prácticamente total y la calidad de vida percibida, muy baja.

Las barreras son múltiples. Para quien no tiene vinculación familiar con el sector, el primer obstáculo es el acceso a la tierra. UPA lleva años reclamando bancos públicos de tierra y agua: “Un cultivo en regadío tiene una rentabilidad mucho mayor que uno en secano”. El Gobierno ha anunciado una orden ministerial para regularlos, con unas 17.000 explotaciones incluidas inicialmente. Pero la organización pide que tengan prioridad los menores de 40 años. Y los datos muestran el estancamiento: en 2024 había 4.025 solicitudes a la reserva nacional; en 2025, cayeron a 3.182. Esto a pesar de que la nueva PAC destina 220 millones de euros anuales al pago complementario para jóvenes agricultores, un 50% más que en el periodo anterior.

“Las políticas públicas actúan sobre síntomas y no sobre causas”, sostiene Pedro Piedras, director de la Escuela de Ingeniería Agrícola (INEA) de la Universidad Pontificia Comillas. “Las ayudas alivian necesidades inmediatas, pero no resuelven problemas estructurales como el acceso a la tierra, el coste de entrada o la incertidumbre económica”. Un 52% de las incorporaciones al sector, según UPA, se producen sin ningún tipo de ayuda pública.

Un sector tecnológico con imagen de otro siglo

La paradoja del campo es que vive uno de los procesos de modernización más acelerados de la economía mientras mantiene una imagen social anclada en el pasado. Sensores, inteligencia artificial, agricultura de precisión, análisis de datos y sistemas de geolocalización forman ya parte del trabajo agrario cotidiano. El sistema agroalimentario supone alrededor del 10% del PIB y del empleo en España, según el INE, y demanda cada vez más perfiles técnicos especializados.

“El trabajo agrícola y ganadero se sigue presentando como una actividad poco cualificada, cuando hoy hablamos de un sector altamente tecnificado”, explica Piedras. “A los jóvenes no les gusta verse como granjeros, sino como especialistas”. Cuando los estudiantes descubren que el sector agroindustrial se parece “más al mundo de la aeronáutica que al de los campesinos que segaban a hoz”, muchos empiezan a mirar con interés. El problema es que ese relato aún no ha llegado a la mayoría.

Protagoniza las conversaciones de barra de bar, los debates políticos y hasta los pronunciamientos del Papa. Y, cómo no, también se habla de ella en las empresas. De un tiempo a esta parte, la inteligencia artificial se ha hecho omnipresente. Una tecnología que ha pasado en apenas unos años de estar reservada a grandes compañías a convertirse en una herramienta al alcance de prácticamente cualquiera. Las posibilidades parecen multiplicarse y abarcan toda clase de desempeños: desde asistentes para redactar correos hasta sistemas capaces de automatizar procesos administrativos o analizar grandes volúmenes de información.

Sin embargo, junto al entusiasmo también ha surgido una pregunta recurrente entre empresarios y trabajadores, que a menudo genera una comprensible inquietud: ¿qué impacto tendrá la IA sobre el empleo? En el caso de las pymes, la respuesta es más compleja de lo que sugieren los titulares que anuncian una sustitución masiva de trabajadores. 

Los datos disponibles apuntan a que, al menos por ahora, la inteligencia artificial está transformando más tareas que puestos de trabajo completos. Según un análisis del Banco de España basado en la Encuesta sobre la Actividad Empresarial (EBAE), cerca del 20% de las empresas españolas ya utiliza sistemas de IA, aunque en muchos casos todavía se encuentran en fases experimentales. Además, la mayoría de las compañías que ya emplean estas herramientas considera que su efecto sobre el empleo será neutro o incluso positivo.

La adopción, eso sí, sigue siendo desigual. Las empresas tecnológicas y las de mayor tamaño lideran la incorporación de estas herramientas, mientras que las pequeñas compañías avanzan a un ritmo más lento debido a barreras como el coste, la falta de personal especializado o las dificultades para acceder a datos de calidad.

En cualquier caso, la IA ya está cambiando la forma de trabajar en numerosos negocios. Tareas repetitivas como la elaboración de informes, la gestión documental, la atención básica al cliente o la creación de determinados contenidos pueden realizarse ahora de manera mucho más rápida gracias a herramientas de automatización y sistemas generativos.

Para muchas pymes, esto supone una oportunidad evidente. Un equipo pequeño puede asumir más trabajo sin necesidad de ampliar plantilla, y determinados profesionales pueden dedicar menos tiempo a tareas mecánicas para centrarse en actividades de mayor valor añadido.

Nuevas habilidades

El principal cambio no parece estar en la desaparición de empleos completos, sino en la transformación de los perfiles profesionales. Los trabajadores que antes dedicaban gran parte de su jornada a tareas administrativas o de producción de contenidos encuentran cada vez más apoyo en herramientas capaces de realizar una primera versión del trabajo en cuestión de segundos.

Eso obliga a desarrollar nuevas competencias. Revisar resultados generados por IA, detectar errores, interpretar datos o formular instrucciones eficaces se está convirtiendo en una habilidad cada vez más valiosa dentro de las organizaciones. Por eso, no es casualidad que uno de los principales obstáculos detectados por el Banco de España para la adopción de la IA sea precisamente la falta de personal cualificado. Muchas empresas afirman que encuentran dificultades para incorporar trabajadores con conocimientos suficientes para aprovechar estas tecnologías de forma eficaz.

Al mismo tiempo, empiezan a surgir nuevos perfiles relacionados con la automatización, el análisis de datos, la supervisión de sistemas inteligentes o la integración de herramientas de IA en procesos empresariales. No se trata necesariamente de especialistas altamente técnicos, sino de profesionales capaces de combinar conocimientos de negocio con competencias digitales.

La tendencia también se observa a escala europea. Según Eurostat, el uso de tecnologías de inteligencia artificial en empresas de la Unión Europea alcanzó el 20% en 2025, frente al 13,5% del año anterior, lo que muestra una aceleración significativa de la adopción empresarial.

Adaptarse, no competir con la máquina

A pesar de la atención mediática que reciben los despidos asociados a procesos de automatización, los expertos coinciden en que el impacto de la IA será muy diferente según el sector, el tamaño de la empresa y el tipo de trabajo realizado. Las tareas más repetitivas y estandarizadas son las más expuestas, mientras que aquellas que requieren creatividad, negociación, empatía o toma de decisiones complejas siguen dependiendo en gran medida de las personas.

Para las pymes, el desafío principal no parece ser una reducción inmediata de plantilla, sino la necesidad de adaptarse a un entorno donde la productividad dependerá cada vez más de la capacidad para integrar herramientas inteligentes en el trabajo diario. De hecho, diversos estudios muestran que muchas empresas están utilizando la IA para optimizar procesos internos, mejorar el marketing o agilizar tareas administrativas, más que para sustituir trabajadores. La automatización total sigue siendo relativamente limitada en la mayoría de los negocios.

La cuestión, por tanto, no es tanto si la inteligencia artificial eliminará empleos en las pequeñas empresas, sino cómo evolucionarán esos puestos. Igual que ocurrió con internet o con la digitalización de los procesos administrativos, algunas funciones perderán peso mientras otras ganarán relevancia.

En ese contexto, la formación continua aparece como uno de los factores decisivos. Las pymes que consigan capacitar a sus equipos y aprovechar la IA como una herramienta de apoyo tendrán más opciones de mejorar su competitividad. Porque, al menos por ahora, la inteligencia artificial no parece estar sustituyendo a los trabajadores en masa, pero sí está cambiando las reglas del juego para quienes quieran seguir siendo competitivos en los próximos años. 

El valor de las exportaciones españolas ha protagonizado un enorme ascenso en la última década. De acuerdo con los últimos datos oficiales publicados en el Informe Mensual de Comercio Exterior de Data Comex, el comercio exterior ha crecido un 53,9% en la última década, alcanzando un valor récord de 384.464,9 millones de euros en 2024. Esta cifra, en datos ofrecidos por el Banco Mundial, supone que las exportaciones españolas representan ya el 37% del Producto Interior Bruto. 

Las empresas españolas que operan internacionalmente han apostado en estos últimos años por la inversión directa en el exterior y por incorporarse a sectores estratégicos como la automoción, las energías renovables, las infraestructuras, los alimentos y las tecnologías. 

Pese a estos extraordinarios datos, aún son pocas las pymes españolas que apuestan por vender sus productos y sus servicios fuera del mercado interior. De hecho, menos del 9 por ciento de las compañías nacionales cuenta con negocio estable en el mercado global, según desvela un reciente informe de Iberinform, la filial de Crédito y Caución.  

Plenamente consciente de la importancia que tiene ese desarrollo para el crecimiento de las empresas españolas, Banco Santander mantiene su apuesta firme por el apoyo al crecimiento internacional de las pymes nacionales. Así, en el pasado año 2025, la entidad financió con 25.400 millones de euros la actividad exterior de 190.000 empresas españolas, consolidando su papel como socio clave en la internacionalización empresarial. 

Ahora, Banco Santander ha dado un nuevo paso en esta misma dirección con el lanzamiento de Navigator Global, una plataforma digital en la que se encuentra todo aquello que puede necesitar una empresa española para lanzarse a la conquista del mercado internacional, incluidas las claves para el desarrollo de las que ya lo están haciendo en los últimos años. De este modo, Navigator Global permite desde la identificación de mercados con mayor potencial hasta la ejecución de su estrategia de entrada, conectándolas con información estratégica, expertos locales y soluciones adaptadas a cada etapa. 

Herramientas para las pymes

La nueva plataforma ya está operativa para las pymes españolas que exportan productos y servicios a Estados Unidos y Reino Unido y el objetivo es que se extienda progresivamente a todos los mercados en los que Banco Santander opera. “Santander está haciendo lo que ningún otro banco ha conseguido: una solución completamente integral para empresas que quieren operar internacionalmente. Cuando las empresas cuentan con el apoyo adecuado, las oportunidades son infinitas”, asegura, en este sentido, John Carroll, responsable de banca internacional y transaccional en Santander UK y CEO de Navigator Global. 

La nueva plataforma de Banco Santander actúa en una triple escala; en primer lugar, la denominada Market, que tiene que ver con el ofrecimiento de información sobre la demanda real, el comportamiento de los compradores y las oportunidades específicas seleccionadas por sector, ingredientes básicos para que la empresa sepa en qué lugar del mundo es más conveniente expandir su negocio.

En un segundo plano se sitúa el llamado Plan, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la falta de claridad regulatoria, un elemento que, en numerosas ocasiones, hace que las empresas españolas desistan en su expansión fuera de las fronteras de la Unión Europea. Para evitar este habitual rechazo, y gracias a Navigator Global, Santander proporciona planes personalizados para gestionar la regulación, los costes y la logística de esa salida al exterior. 

Por último, Connect, referido a que la nueva plataforma, a través del conocimiento y la experiencia de más de 300 proveedores verificados y de una red de más de 10.000 conexiones globales, conecta a las empresas con clientes y distribuidores fiables y, también, con el apoyo financiero más adecuado para dar el salto al mercado internacional. 

Con el lanzamiento de Navigator Global, Santander refuerza su decidida apuesta por el desarrollo de capacidades digitales en el ámbito del negocio internacional, complementando su oferta de financiación, servicios de tesorería, gestión de divisas y acompañamiento especializado a empresas en sus operaciones exteriores.

Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) se sienta con elDiario.es cuando cumple un año siendo la máxima representante de las pymes en España, como presidenta de la patronal Cepyme, e insiste una y otra vez en la necesidad de dar “más voz” a las pequeñas empresas. Tras una dura batalla interna, se impuso su candidatura –impulsada por el líder de la CEOE, Antonio Garamendi– frente a la de su antecesor en el cargo, el granadino Gerardo Cuerva, que algunos sitúan ahora entre los candidatos a disputar el liderazgo de la gran patronal este otoño.

Con un perfil aún desconocido para muchos, Ángela de Miguel destaca su trabajo interno por la “unidad” de las pymes en todo el país y para que se las escuche en las mesas de negociación con el Gobierno. En este terreno también tiene competencia, con patronales alternativas como Conpymes y Pimec que quieren entrar en el diálogo social, algo que rechaza de plano por su escasa representatividad, sostiene.

Acaba de cumplir el primer aniversario como presidenta de Cepyme. ¿Qué valoración hace de este primer año al frente de la patronal de pequeñas y medianas empresas?

Como me comprometí, en este año he visitado 53 territorios y me he reunido con 30 sectoriales, y el sentir general vayas donde vayas es que la pyme es la gran olvidada de las políticas públicas y está pasando una situación muy complicada en un momento de crecimiento económico en España. Y la verdad es que produce mucha tristeza porque muchas veces nuestras pymes no están creciendo, no están saliendo fuera, no están ganando tamaño y no se están creando nuevas empresas por barreras artificiales que estamos colocando, no porque haya un entorno económico de crisis. 

Que en algunos momentos lo hay y ahora previsiblemente puede que nos llegue uno. Entonces, ahí es entendible. Pero ¿por qué estamos poniendo tantas dificultades a nuestras empresas más pequeñas? Cuando hacen una función social, no hacen daño a nadie… Todo lo contrario, son la solución. 

Dentro de la organización, estoy muy contenta. Es un orgullo poder defender a las pymes españolas y lo que percibimos dentro de la organización es muchísima unidad y una problemática común, trabajando todos en la misma dirección.

Mencionaba esa posible crisis, esos efectos que estamos ahora experimentando a cuenta de la guerra en Oriente Medio. Esta semana hubo una reunión con el vicepresidente Cuerpo a la que asistió. ¿Cómo valora las medidas que están en vigor?

Muchas medidas han sido muy positivas, son las que solicitamos. Se han adoptado pronto, sobre todo medidas fiscales y de apoyo a los sectores que van a tener más impacto por el aumento de combustibles o energía, como los transportistas y el sector agro. Hemos visto, y ahí están los resultados, que se ha contenido bastante la inflación. Estamos en el 3,2% que es alta, pero más o menos controlable. Si no se hubieran tomado todas estas medidas estaríamos probablemente en torno a un 4,5%, con una subida mucho mayor de los combustibles. Y esto es escalonado. La subida de precios se queda para siempre. 

¿Y a futuro? ¿Qué medidas cree que deberían tomarse?

Estamos pidiendo que estas medidas se mantengan, porque hay una gran inestabilidad. Fue muy positiva la reunión [con el Gobierno], en la que se está trabajando en futuras medidas, que además se mande un mensaje también para que la empresa pueda hacer su estrategia y diseño a unos meses vista. Cuando te dan ayudas para dos meses es muy complicado organizarte, porque los tiempos en la empresa son muchísimo más largos.  

Entonces, creemos que es importante continuar en el tiempo con estas medidas, que creemos que están funcionando y que se pueden asumir en este momento. Hasta que haya cierta estabilidad y que podamos ver que hay esa contención de precios. 

Es importante continuar en el tiempo con las medidas (por la guerra de Irán), que creemos que están funcionando, hasta que haya cierta estabilidad

El otro día Cepyme lanzó un comunicado advirtiendo de la falta de diálogo social, en concreto en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están las relaciones con el departamento de Yolanda Díaz? 

Hemos estado reunidos prácticamente en toda España, con todas las sectoriales, y hay un sentir general de que a la pyme no se la está escuchando. Entonces hicimos el comunicado conjunto, que salió de abajo para arriba. 

Se pactó una reforma laboral en el año 2021, en la cual renunciamos a una serie de cosas a cambio de que se cediera en otras. Eso es un acuerdo. Desde el año 2022, ha habido 272 modificaciones laborales unilaterales y sin contar con nosotros. Cuando tú renuncias a posiciones para tener una estabilidad en el medio plazo, lo que no puede ser es: ‘Renuncia a todo esto, que en lo que yo he cedido, al día siguiente te lo voy a cambiar por el poder que tengo como gobierno’. 

Se habla mucho de falta de diálogo social, pero ¿no es más una falta de acuerdo? Porque sí que hay negociaciones que se alargan durante muchos meses en las que están presentes haciendo propuestas y negociando, como la Ley de Riesgos laborales o la de la reducción de jornada. 

Para mí el diálogo es diálogo. No que te digan siéntate aquí, esto es lo que hay. Esto son lentejas. Si quieres las comes y si no, también. Si eso lo queremos llamar diálogo, lo llamamos como queramos, pero el diálogo tiene que ser eficaz. 

Nosotros creemos en el artículo 7 de la Constitución Española, somos muy serios y creemos en el diálogo social porque es un pilar fundamental en España, como una institución que nos da fortaleza al país y que ha ayudado mucho a nuestro crecimiento. Y el diálogo social no es que el Ministerio se siente y diga que no va a mover una coma. Yo quiero las 37 horas y media. Y nos sentamos las veces que quieras, pero son 37 horas y media. Eso para mí no es diálogo. Lo podremos disfrazar y vestir de lo que queramos. 

Curiosamente, en ninguna de las últimas reformas ha habido ninguna opción. Nosotros hemos presentado alternativas, sensatas que la empresa puede cumplir. No estamos en contra de las 37 horas y media. Estamos pactando reducciones de horas en la negociación colectiva, pero creemos que debe hacerse cuando se puede y donde se puede. No dejar sin maniobra a todas las pymes, cuando tenemos un tercio en pérdidas. Porque eso va a suponer que no solamente perdamos 15.000 microempresas, como tenemos ahora, sino que a lo mejor habríamos perdido 100.000. 

Cuando hablan de esas 15.000 pequeñas empresas que se están eliminando, ¿no hay también un cambio estructural en cuanto al tamaño de las empresas? Muchas veces se pone como meta aumentar esa capacidad. ¿Cuánto hay de eso o de jubilación o falta de relevo generacional en sectores como el comercio?

Si tienes una población empresarial envejecida y no permites que entren nuevos operadores en el sistema, esto es la crónica de una muerte anunciada. Que, de las que ya están unas crezcan y otras desaparezcan por la razón que sea, en un momento de crecimiento económico, tendrían que estar entrando nuevos emprendedores al sistema. Pero hay unas barreras de entrada que lo están impidiendo. El 50% de las empresas no sobreviven más de cinco años, con lo cual muchas desaparecen. No deberían desaparecer tantas si tuviéramos un ecosistema favorable. Tenemos un tercio de las pymes con pérdidas en España y la gente resiste porque pone su patrimonio personal. Nos está desapareciendo la empresa más pequeña y son muchísimos los servicios y opciones que nos dan. Mañana se te estropea la lavadora y nadie te la va a arreglar. Ya está pasando.

¿Qué problemas detectan en estas empresas?

Uno de los grandísimos problemas es la cantidad de normativa laboral, el aumento de costes laborales y del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en España son 1.900 euros al mes. Al trabajador le llegan 1.200 euros, porque el Estado decide que lleguen 1.200 euros. Pero cuando una empresa y quien contrata y paga el salario mínimo interprofesional tiene que destinar 1.900 euros.

Con el salario mínimo interprofesional, estamos creando la España de las dos velocidades. Hay zonas donde el salario mínimo interprofesional es casi el 80% del salario medio del territorio. Con lo cual, cuando tú te sientas a negociar con los sindicatos solo puedes negociar el 20% de los salarios. 

En esos territorios, la capacidad de negociación, de mejora, la capacidad que tienes tú para competir e igualar a otras zonas que van mucho más avanzadas en España van mejor, te las están reduciendo prácticamente a cero. Y recordamos que, cuando nosotros fijamos salario, lo fijamos de acuerdo con los trabajadores, que saben la realidad de la empresa y hasta dónde pueden llegar. Y las empresas sabemos qué necesitan nuestros trabajadores. Lo que más queremos en nuestras empresas es a nuestros equipos. Sobre todo en las pymes, donde las relaciones laborales son horizontales, cuasi familiares.

¿Y temen la llegada de Vox a gobiernos autonómicos o al central en un futuro? Porque su postura respecto al diálogo social ha sido tratar de eliminar algunas instituciones clave de mediación laboral, como el SERLA en su comunidad autónoma, y defiende eliminar todo tipo de subvención a los agentes sociales.

Nosotros defendemos el diálogo social porque creemos en él y nos dan igual las siglas. Nosotros no estamos en política, hablamos de políticas públicas. Si hay un Ministerio de Trabajo que está tratando de reducir el diálogo social, porque cuando fijo el salario del 80% de los trabajadores, lo estoy eliminando de facto, y si hay otros que dicen que lo quieren eliminar, nosotros vamos a estar ahí, defendiendo el diálogo social. Porque creemos que es importante como país. Los países con instituciones independientes y libres son los más prósperos. Nos da igual la sigla y, cuando alguien haga una política pública que considero que no es la adecuada, la denunciaré.

Mencionaba usted la reducción de la jornada laboral. El Gobierno está inmerso en la reforma del registro horario. ¿Tan difícil es que las pymes puedan tener un registro digital?

Sí, claro. Para empezar, ¿qué vamos a hacer en todos los pueblos y el mundo rural, donde no hay conexión? Además, la pyme española no cuenta con un técnico en su organización. Hay muchísimas empresas pequeñitas en las que la gente no tiene herramientas. Además, las relaciones con los trabajadores de las pymes son de muchísima confianza. No necesitas introducir elementos que no están pensados para una organización horizontal, que están pensados para organizaciones en vertical. ¿Alguien piensa que cuando una persona lleva 20 años trabajando contigo y te dice que tiene que llevar al niño al médico, tiene que rellenar un papel, pedir un permiso, hablar con Recursos Humanos que no existe…? Supone obligar a hacer una inversión a empresas en las que, en muchos casos, el empresario gana menos que el trabajador.

Estamos abiertos a negociar el acuerdo de salarios, pero a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable

El último acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC) terminó su vigencia a finales del año pasado. Los sindicatos ya han presentado sus propuestas, pero no sabemos cómo van las negociaciones. ¿Nos puede dar algún avance?

Estamos en el diálogo social y abiertos a negociar. Pero en unas circunstancias como las que estamos ahora mismo, a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable. ¿Se van a aplicar las 37,5 horas? ¿Me vas a subir el salario mínimo interprofesional? ¿Para qué voy a negociar un salario si ya me lo va a fijar el Gobierno? Nosotros estamos totalmente a favor de tener un marco preparado y necesitamos que acompañe una estabilidad que nos permita hacer una previsión a las empresas. 

¿Y es posible que sea este año?

Todo es posible. Hay que tener buena voluntad por parte de todos, por supuesto. Estamos muy dispuestos a llegar a acuerdos porque creemos que dan un marco estable fundamental para las empresas.

¿Cómo cree que puede afectar al emprendimiento y a la falta de mano de obra el proceso de regularización impulsado por el Gobierno?

Una de las cosas que le hemos dicho al Gobierno es que hay que vincular esa regularización al empleo. Tenemos que derivar a todas esas personas que estamos regularizando hacia el empleo, porque ahora tenemos dos millones de vacantes sin cubrir en España. Es muy importante acercar a estas personas que se van a regularizar a la formación habilitante, que permitirá cubrir muchas vacantes. Porque, si no, vamos a tener un problema como país.

En cuanto a la actualidad política, estos días estamos conociendo muchas informaciones con respecto a presuntos casos de corrupción. ¿Qué valoración hacen desde Cepyme? ¿Debería el Gobierno convocar elecciones o la oposición presentar una moción de censura?

Nosotros en temas políticos no entramos. Creemos en la estabilidad de las instituciones, porque cuando estamos en un entorno más estable, la economía va mejor y la vida de todos los ciudadanos va mejor. El resto de vicisitudes las tendrán que decir nuestros representantes. 

Pero, cuando hablamos de corrupción, nos fijamos muchas veces en los corruptos y no en los corruptores, que muchas veces son empresarios. ¿Cómo deben castigarse estos comportamientos?

Ya se está castigando. Pero no hay que olvidar que muchas veces no son empresarios, es gente que ha constituido una sociedad. Esto lo quiero distinguir, porque muchas veces son amigos del poder que constituyen una sociedad cuyos ingresos provienen de operaciones con el poder público. A mí me cuesta llamarlo empresario. Para mí esa gente son delincuentes que han constituido una sociedad limitada. Un empresario es el que se levanta todas la mañana, diseña su plan de negocio, invierte su dinero, genera riqueza y empleo y trabaja todos los días. Necesitamos que haya unas reglas claras y juego limpio. Los que más perdemos con este tipo de cosas somos las empresas porque, además del dinero público que se va con la corrupción, perdemos la capacidad de que nuestras mejores empresas y talento puedan crecer. Necesitamos un entorno que permita competir y que el mejor consiga el contrato.

Antes ha mencionado que Cepyme estaba muy unida. ¿Cómo se ha trabajado para volver a la unidad este año? Porque las elecciones que ganó fueron muy duras, reñidas, y salió de esa votación una imagen de división dentro de las pequeñas y medianas empresas.

A los que creemos en la democracia nos parece fantástico que haya diferentes opciones y los empresarios en general somos muy pragmáticos. Es decir, yo puedo tener una posición distinta, pero luego mi presidente es mi presidente y, al día siguiente, todos estamos trabajando por la organización. Estamos ahí por el compromiso de defender a nuestras pymes. Eso está muy por encima de cualquier otra cosa que pueda salir. 

Hay un rumor en el mundo empresarial, ya que este año se tienen que convocar elecciones a la presidencia de CEOE, de que su predecesor, Gerardo Cuerva, se presente a la presidencia de la patronal. ¿Se ve trabajando mano a mano con él como presidente?

Tengo buena relación con Gerardo Cuerva y, por supuesto, trabajaré mano a mano con el que sea mi presidente de CEOE. Evidentemente, no lo he ocultado y no lo voy a ocultar, creo que Antonio Garamendi es un grandísimo presidente y, si decide presentarse, espero que lo siga siendo. Soy demócrata y respeto siempre las decisiones de la mayoría.

La representatividad la tiene Cepyme. Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso

El Gobierno ha planteado una reforma de la representatividad empresarial que podría abrir espacio a otras organizaciones patronales de pymes, como son Conpymes o la catalana Pimec. ¿Teme que Cepyme quede relegada por la entrada de estos actores?

Creo en el diálogo social y en la representatividad y ningún gobierno puede cambiar las reglas del juego para dar un espacio a quien sus representados no se lo han dado. Es como en el Parlamento: nos puede gustar un partido que no tenga representación parlamentaria y podemos creer que debe de estar. Pero si la mayoría de los ciudadanos no lo votan, no lo han votado. Si la gran mayoría de las empresas que pagan sus cuotas a organizaciones empresariales están adheridas a Cepyme, la representatividad la tiene Cepyme.

Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso. Nosotros negociamos más de 4.000 convenios colectivos en España. ¿Cómo se puede discutir nuestra representatividad?

Las compañías de mayor tamaño siguen pagando menos, proporcionalmente, que las pequeñas y medianas empresas en su declaración del Impuesto de Sociedades. Un análisis del Consejo General de Economistas confirma que, con datos de 2023, aquellas empresas con más de 250 empleados abonaron un tipo efectivo del 20,8% sobre su base imponible, dos puntos menos que las pymes (22,97%).

A pesar de que España cuenta con un tipo general del 25% en el Impuesto de Sociedades –el tercer gravamen que más recauda del sistema fiscal, por detrás del IRPF y el IVA–, el empleo de deducciones u otros beneficios como la compensación de bases imponibles negativas (es decir, pérdidas en ejercicios previos), así como los recursos para contratar a grandes despachos de abogados fiscalistas, permiten rebajar la carga tributaria de las grandes compañías.

Así, con datos de 2023, el tipo efectivo de las 54.288 grandes empresas que declararon el Impuesto de Sociedades fue del 20,8%, el más bajo de la clasificación. Por encima se encuentran las compañías sin asalariados, con un tipo del 21,2%, 356.471 declarantes; las medianas, aquellas con entre 100 y 250 trabajadores (22,02%, con 159.408 compañías); las microempresas, con menos de 10 empleos (22,37%, 823.652 sociedades); y las pequeñas, hasta 50 empleados (22,97%, 289.315).

La recaudación supera los 40.000 millones

El paquete fiscal que aprobó el Ejecutivo a finales de 2024 incluyó una rebaja del gravamen para aquellas compañías con una facturación inferior a los 50.000 euros, que verán cómo se recorta progresivamente hasta el 17% en 2027 (en 2026 es del 19%), en tanto que se situará en el 20% para aquellas pymes y empresas de tamaño reducido por encima de esa barrera.

El 60% del 1,63 millones de empresas que declararon el Impuesto de Sociedades facturaron menos de 100.000 euros aquel año, y apenas el 16% facturó más de un millón de euros. Algo más de 2.500 compañías reportó una cifra de negocios superior a 100 millones de euros en 2023.

En aquel año, la recaudación del Impuesto de Sociedades alcanzó los 35.060 millones de euros. Los últimos datos, de 2025, arrojan unos ingresos de 42.266 millones, superando la barrera de los 40.000 millones por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Desde 2021, año severamente golpeado por la pandemia, esta partida ha aumentado cerca del 60%.

La adaptación de pymes y autónomos al nuevo reglamento de facturación que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027, está obligando a muchos negocios a revisar una parte básica de su gestión diaria. La facturación, que en muchos casos se lleva desde hace años con la misma herramienta, pasará a estar sujeta a nuevos requisitos técnicos dentro del marco conocido como Verifactu. Este cambio no afecta solo al momento de emitir una factura, sino también a la forma en la que los programas registran, conservan y comunican esa información.

Para muchos trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas, el programa de facturación no es una simple aplicación más. En él se acumulan operaciones pasadas, datos de clientes, documentos emitidos y registros que forman parte del archivo administrativo del negocio. Por eso, cualquier cambio de sistema puede generar dudas prácticas, sobre todo cuando la herramienta anterior ha sido utilizada durante años y contiene información que puede seguir siendo necesaria.

En este contexto, una de las preguntas que más se repite tiene que ver con el destino del software antiguo cuando llegue el momento de trabajar con una solución adaptada al nuevo reglamento. La preocupación no está solo en instalar un programa compatible, sino en saber qué ocurre con el que se venía usando hasta ahora, especialmente cuando todavía conserva facturas y datos de ejercicios anteriores.

Qué pasa con el programa antiguo de facturación

Hacienda ha aclarado que pymes y autónomos no tendrán que eliminar necesariamente su antiguo programa de facturación al cambiar a un sistema adaptado a Verifactu. La clave está en el uso que se mantenga de esa herramienta. Si el software anterior queda solo como archivo para consultar facturas ya emitidas o conservar registros antiguos, y deja de tener capacidad para crear nuevos documentos, su mantenimiento no supondría por sí solo un incumplimiento.

El punto principal está en que ese sistema no siga operativo como herramienta de emisión de facturas. Dicho de forma sencilla, el problema no es guardar el historial, sino conservar un programa antiguo que todavía permita seguir facturando cuando ya debería utilizarse una solución adaptada al nuevo marco legal. Por tanto, el cambio a Verifactu no implica perder la información acumulada durante años, pero sí exige separar claramente el archivo de facturas anteriores del sistema que se usará para emitir las nuevas.

Esta diferencia resulta importante para muchos negocios. Un autónomo puede necesitar revisar una factura antigua, comprobar un importe, recuperar los datos de un cliente o consultar una operación cerrada tiempo atrás. Esa necesidad no desaparece por cambiar de sistema. Lo que debe evitarse es que el programa anterior mantenga activa la función de emitir nuevas facturas si no cumple con los requisitos exigidos.

Qué es Verifactu

Verifactu forma parte del nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para adaptar los programas de facturación a unas reglas comunes. Su funcionamiento permite que los registros de facturación se remitan a Hacienda de forma inmediata y directa, lo que obliga a que las herramientas utilizadas por empresas y profesionales se ajusten a esos requisitos cuando llegue el momento de aplicarlos.

La Ley General Tributaria contempla una multa fija de 50.000 euros por ejercicio por la tenencia de sistemas o programas informáticos no debidamente certificados. Sin embargo, el riesgo no estaría en conservar una base de datos histórica, sino en mantener en funcionamiento una herramienta no adaptada que todavía pueda generar facturas.

Por eso, una pyme o un autónomo que conserve el programa antiguo solo para acceder a documentos ya emitidos no estaría en la misma situación que quien lo mantiene activo para facturar. En el primer caso, la aplicación funcionaría como un espacio de consulta. En el segundo, seguiría actuando como sistema de facturación, y ahí es donde podría aparecer el problema si no está ajustado al reglamento.

En la práctica, los negocios tendrán que revisar qué funciones conserva su antiguo software. Lo recomendable será asegurarse de que esa posibilidad queda bloqueada o desactivada, de manera que el programa quede limitado al archivo y no pueda utilizarse para crear nuevas facturas. La conclusión es que el paso a Verifactu no obliga a borrar el pasado administrativo del negocio. Pymes y autónomos podrán conservar sus registros anteriores si los necesitan, siempre que el programa antiguo ya no sirva para facturar.

Durante años fue un mantra que seguían a rajatabla todas las pequeñas y medianas empresas: había que estar en las redes sociales. Abrir perfiles en cada una de ellas parecía sinónimo de modernidad y visibilidad: cuanto más contenido y más diversificado, mejor. Sin embargo, con el paso del tiempo muchas empresas han descubierto una realidad que a menudo no se tuvo en cuenta: mantener una presencia activa en redes requiere tiempo, estrategia y recursos, y no siempre genera resultados claros.

Por ello, cada vez más empresas lo tienen claro: la pregunta no es si una pyme debe estar en redes sociales, sino en cuáles merece la pena invertir esfuerzos. Porque no todas funcionan igual ni sirven para lo mismo: mientras algunas ayudan a captar clientes o reforzar la imagen de marca, otras apenas generan impacto para determinados negocios. 

En cualquier caso, los datos muestran que las redes siguen siendo un espacio central para consumidores y empresas. El Estudio de Redes Sociales 2025 de IAB Spain señala que el 86% de los internautas españoles utiliza redes sociales y que plataformas como WhatsApp, Instagram y YouTube lideran tanto en uso como en interacción con marcas. Además, cerca de la mitad de los usuarios reconoce consultar redes antes de comprar y un 44% afirma que el contenido visto influye en sus decisiones de compra. Su papel es clave, y hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿cómo distinguir lo esencial de lo prescindible?

Instagram sigue siendo, para muchas pymes, la red más rentable en términos de visibilidad y relación con clientes. Su combinación de imagen, vídeo corto y herramientas comerciales permite que negocios pequeños puedan mostrar productos, explicar procesos o humanizar la marca sin grandes inversiones. Además, el auge de los vídeos breves y los formatos espontáneos ha reducido parcialmente la necesidad de producir contenidos excesivamente profesionales. Para sectores como restauración, comercio local, moda, turismo o bienestar, Instagram continúa siendo uno de los principales escaparates digitales.

TikTok, por su parte, se ha convertido en la plataforma con mayor crecimiento entre usuarios jóvenes y también empieza a ganar peso entre negocios pequeños. Aunque muchas empresas todavía la perciben como una red dirigida únicamente al entretenimiento, cada vez más marcas la utilizan para generar alcance orgánico mediante contenidos rápidos, cercanos y menos publicitarios. ¿El problema? TikTok exige constancia y adaptación al lenguaje de la plataforma. No basta con reutilizar contenido de otras redes. Por eso, las empresas que mejor funcionan suelen ser aquellas capaces de mostrar el lado más humano y cotidiano del negocio.

LinkedIn, para captar clientes y talento

Mientras Instagram y TikTok dominan el terreno más visual y emocional, LinkedIn se ha consolidado como la red más útil para empresas B2B, despachos profesionales, consultoras o negocios orientados a otros profesionales. Porque, más que generar viralidad, LinkedIn permite construir reputación, compartir conocimiento y conectar con potenciales clientes o colaboradores. También se ha convertido en una herramienta importante para captar talento, especialmente en perfiles cualificados.

Eso sí: no todo el mundo le saca a esta plataforma todo su potencial. Muchas pymes siguen utilizando LinkedIn únicamente como un escaparate corporativo poco actualizado. Lo que se publica y cómo se hace es fundamental. Y en ese sentido, la mayoría de expertos en marketing digital coinciden en que los perfiles personales y los contenidos especializados suelen generar mucha más interacción que las publicaciones excesivamente comerciales.

Facebook mantiene una situación peculiar. Aunque ha perdido protagonismo entre usuarios jóvenes, sigue siendo una de las redes más utilizadas por empresas y conserva una audiencia muy relevante en determinados segmentos de edad. Su penetración es mayor, dado que fue la gran pionera. Y por ello, para negocios locales, asociaciones o empresas con públicos más amplios y maduros, continúa siendo útil, especialmente gracias a grupos, eventos y campañas publicitarias segmentadas. Con todo, su alcance orgánico lleva años cayendo y muchas empresas dependen ya de inversión publicitaria para obtener resultados visibles.

¿Y qué pasa con YouTube? La red social de vídeos ocupa un lugar distinto. No suele ser la primera en la que piensa una pyme, pero sigue siendo una de las más importantes para búsquedas, tutoriales y posicionamiento SEO. De hecho, muchos contenidos de YouTube tienen una vida útil mucho más larga que en otras redes. Por ello, para aquellas empresas que sean capaces de generar vídeos explicativos, demostraciones o contenido educativo, puede convertirse en una herramienta muy potente.

Menos es más

Uno de los errores más frecuentes entre pequeñas empresas es abrir perfiles en múltiples plataformas y abandonarlos poco después por falta de tiempo o recursos. Se trata de un grave error, ya que eso suele transmitir una imagen de desactualización o abandono. De hecho, es peor que no tener presencia activa. 

Dado que cada red social tiene dinámicas, formatos y públicos diferentes, y mantenerlas exige planificación, los expertos recomiendan priorizar calidad frente a cantidad: elegir una o dos plataformas útiles para el negocio y trabajarlas de forma coherente. 

Hay que tener en cuenta, además, que el alcance orgánico ya no es tan sencillo como hace años. Muchos emprendedores y pequeños negocios reconocen que las redes sociales generan visibilidad, pero no siempre ventas directas, especialmente si no existe una estrategia clara o inversión publicitaria.

De manera paralela, la saturación publicitaria empieza a generar cierto cansancio entre usuarios. Informes recientes apuntan a un creciente rechazo hacia contenidos excesivamente promocionales o poco auténticos, especialmente en plataformas como Instagram o TikTok, donde los llamados influencers han generado cierta sensación de hartazgo entre muchos usuarios por la avalancha de publicidad.

En ese contexto, las pymes tienen una ventaja frente a las grandes compañías: pueden comunicarse de forma más cercana, mostrar personas reales y generar relaciones más creíbles con su comunidad. Porque, en última instancia, la clave no está en tener un perfil en todas partes, sino en entender dónde está realmente el cliente y qué tipo de contenido tiene sentido para cada negocio.

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología futurista reservada a las grandes multinacionales. Cada vez más empresas, especialmente pequeñas y medianas, empiezan a incorporarla en tareas cotidianas que hasta hace poco consumían horas de trabajo manual: responder correos, transcribir reuniones, organizar reservas, analizar datos o atender clientes.

Así lo asegura Rafael Llanes, CEO de Skyview España, una compañía especializada en la optimización de procesos empresariales y que ahora centra buena parte de su trabajo en ayudar a las empresas a integrar herramientas de inteligencia artificial. Llanes sostiene que la verdadera revolución no está solo en la tecnología, sino en su accesibilidad: “La barrera de entrada es prácticamente inexistente”, afirma. Desde micropymes hasta grandes compañías, defiende que cualquier organización puede empezar a automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo para dedicarlo a actividades de mayor valor añadido.

¿Cómo detectar qué procesos son automatizables, cuáles no, y cómo empezar a automatizar aquellos que sí que lo sean?

Detectar que un proceso es automatizable es muy fácil. Solo tenemos que responder a una pregunta: ¿Dónde consideras que estás invirtiendo demasiado tiempo? Es la forma más fácil de identificar tareas manuales y repetitivas. ¿Qué parte de tu trabajo es manual y se limita a cortar y pegar? ¿Cuánto tiempo inviertes en responder correos que se podrían responder de forma muy sencilla? Eso te da la pista de que es un proceso donde la inteligencia artificial encaja bastante bien.

Por ejemplo, te lo pregunto a ti. ¿Dónde consideras que estás perdiendo bastante tiempo tú como periodista?

En la transcripción de entrevistas.

Ahora, usando inteligencia artificial, eso que te dice el entrevistado, en vez de tomar un bloc de notas y escribirlo a mano y de ahí pasarlo al ordenador, directamente te lo vuelca en un archivo de texto con el cual puedes empezar a trabajar. Ese sería un ejemplo perfecto. La traducción, igual, antes dependíamos de gente experta que dominara varios idiomas y ahora mismo tenemos traductores en mil sitios que nos hacen unas traducciones realmente fieles gracias a la inteligencia artificial.

Se trata de identificar esas tareas en las que son muy manuales y en las que invertimos muchísimo tiempo. Y que si nosotros nos liberáramos de ese tiempo, podríamos ganarlo para cosas que realmente tengan más impacto en el negocio, como atender a los clientes, generar más ventas, dar un mejor servicio, etc.

¿Cómo pueden las empresas empezar a trabajar con la IA? ¿Cómo pueden saber las herramientas adecuadas?

La parte buena es que la tecnología no puede ser más fácil de usar. Tú le hablas y ella te responde. Al hablar nuestro lenguaje natural, no hay barrera de entrada a la tecnología, no hay curva de aprendizaje. Solo tenemos que saber hablar y todos sabemos hablar.

La parte mala es que la tecnología avanza muy rápido. Cada dos semanas salen cosas nuevas y es imposible estar actualizado o a la última de todo. Sin embargo, eso no es una excusa para que no empecemos a recorrer ese camino cuanto antes. Porque si pasa eso, el riesgo de quedarnos desfasados es muy grande, y de lo que estamos hablando al final es de pérdida de competitividad.

Esta tecnología realmente puede democratizar y puede marcar la diferencia más en las pequeñas empresas que en las grandes. En las grandes cuesta muchísimo, por culturas heredadas y por la propia cultura empresarial, cambiar la forma de trabajar. Pero en una pequeña empresa, cuyo beneficio es la agilidad, el impacto puede ser muchísimo mayor y puede darle una ventaja competitiva brutal.

Estamos hablando de ganancias brutales y ahorro de tiempo, y eso va a tener muchísimo más impacto pequeña que en una empresa mediana y en una empresa mediana que una empresa grande. La parte buena es que esta tecnología puede democratizar la competitividad de las empresas y hacerlas más competitivas en poco tiempo.

Sin embargo, la ventana de oportunidad es muy estrecha. Estamos hablando de 12 a 18 meses, 24 meses. Con lo cual, el riesgo de no empezar a adoptar tecnología a día de hoy es que nuestros competidores lo hagan y entonces empecemos a perder cuota de clientes, cuota de mercado.

¿Es sostenible seguir esa carrera de velocidad, por así decirlo, para una pequeña empresa?

Sí, es perfectamente sostenible. ¿Por qué? Porque hay gigantes tecnológicos como Google, como Microsoft, que te dan una gran tecnología por un pequeño precio mensual.

Estamos hablando de que una suscripción te cuesta lo normal, de 20 a 30 euros, pero máximo van a ser 100. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es la gran cantidad de ahorro que va a tener nuestro negocio a cambio de una pequeña suscripción que puede ser como la cuota del gimnasio.

Más que a coste, me refería a capacidad de adaptación.

Pero ahí volvemos a lo que te decía yo, que al ser la tecnología tan fácil de actuar como poder hablar, es cuestión de perder el miedo. Es un miedo más psicológico que real. Yo estoy constantemente haciendo formaciones a empresas de todo tipo, desde las más grandes a las más pequeñas, y a la gente que nunca ha interactuado con inteligencia artificial, en el momento en que le acompañas en el primer paso, ya le pierden el miedo y para ellos se habitúan. Incluso cogen el hábito de dictar y de hablarle en vez de teclear. Hay cursos, incluso de instituciones públicas, de 6 a 12 horas o 6 a 18 horas, y con 6 a 18 horas, que te dan las nociones básicas para empezar el camino y empezar a aprender tú solo.

Así que, insisto, la barrera es prácticamente inexistente. Es cuestión de dedicar una pequeña parte del tiempo a ello, como cuando aprendimos a manejar el correo electrónico.

Me comentabas fuera de entrevista que le has pedido a la inteligencia artificial que te desarrolle un informe acerca de cómo potenciar la economía y la competitividad en la provincia de Toledo. ¿Qué oportunidades ha detectado?

Yo utilicé durante una noche varios investigadores virtuales basados en inteligencia artificial para que me hicieran un análisis de la provincia de Toledo. Lo primero que me sorprendió es que hay un microtejido empresaria muy amplio, más de 45.000 empresas, que suponen un tercio de las empresas de toda la Castilla de la Mancha, y que el 81% son micropymes y autónomos. Es decir, empresas de uno o dos empleos, nada más.

Hay mucha manufactura y mucho sector agrario: calzado de todo tipo, quesos artesanales, productos de denominación de origen, quesos, vinos. En ese contexto se puede aplicar la innovación a un nivel muy alto que puede tener un impacto brutal.

Entonces, yo le pedí a esos investigadores qué cosas se podían mejorar con inteligencia artificial basándonos en casos de éxito llevados a cabo en otras partes del mundo que tengan una casuística muy parecida a esta provincia. Y ahí es donde vienen los casos de uso más interesantes.

Por ejemplo, aplicable al corredor de la Sagra, en una región de Italia, la IA optimizó las rutas logísticas, logrando un ahorro del 28% de los kilómetros recorridos, 350.000 euros de ahorro en gasolina y se incrementó la puntualidad porque, claro, agrupan los pedidos según tiene más sentido, con lo cual llegan antes a cada sitio.

Otro caso: en la Denominación de Origen del queso parmesano pusieron un olfato digital en aduanas para detectar productos falsos y echarlos para atrás para que no les bajaran el prestigio ni hundieran los precios.

Hay empresas que tienen asistentes virtuales que cogen llamadas y envían whatsapps a los clientes. Esto para hoteles y para restaurantes es genial porque las llamadas perdidas pasan a ser cero.

Y lo que es el no-show, que es cuando un cliente reserva y no va al hotel o no va al restaurante, se reduce en un 40% cuando el cliente dice recibe un mensaje de confirmación de la reserva. Él responde si le es imposible y así esa mesa se libera. Tienes ingresos que de otra forma no tendrías.

También en los controles de calidad para, por ejemplo, el queso manchego, se pueden poner microcámaras para mejorar la calidad de los productos y detectar el punto óptimo de fermentación. De esa forma reducimos el desperdicio de productos que no pasan al control de calidad y aumentamos la calidad de nuestro producto, pudiendo subir el precio y el prestigio de la marca. También ganamos tiempo porque fermentamos cada queso a nivel individual en su punto más óptimo.

Y todo eso con una noche de trabajo solo, imagínate. Mientras yo estaba descansando, mis investigadores virtuales hicieron el trabajo.

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.

La presidenta de la patronal de pymes Cepyme ha considerado la regularización de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno como una herramienta para afrontar “uno de los grandísimos problemas que tenemos ahora mismo las empresas, especialmente las pymes, que lo tienen más difícil, que es todo el tema de vacantes” sin cubrir. De Miguel ha sostenido que las empresas “necesitan a esas personas”, para las que ha considerado que es “clave” garantizar una formación y cualificación.

Mientras la derecha política, como PP y Vox, se han situado en contra de la regularización de las personas migrantes sin papeles que ya están en España, de manera beligerante y con multitud de bulos contra la medida, la posición en el ámbito empresarial es bien distinta. Varias patronales sectoriales, especialmente algunas que se aquejan de la falta de trabajadores, como la construcción, participaron en un acto con el Gobierno para celebrar la medida.

Desde varias ámbitos empresariales era una medida esperada, reclamada al Gobierno, en lo que consideran una pieza necesaria para tratar de cubrir puestos vacantes sin cubrir en estos momentos.

En esta línea se ha posicionado este martes la presidenta de la patronal de pymes Cepyme. “Creemos que es muy importante trabajar la formación de todos los inmigrantes que se van a regularizar”, ha afirmado Ángela de Miguel para “habilitarles para todas esas vacantes que ahora mismo tenemos en España”.

“Creemos que es fundamental y creemos que es la manera también de que nuestras empresas puedan crecer y podamos trabajar con esas personas, que nosotros necesitamos en nuestras organizaciones”, ha explicado.

“(Es) muy importante ver cómo trabajamos la formación de todos estos inmigrantes que se van a regularizar y cómo podemos llevarles con todos los incentivos necesarios al empleo, porque creemos que eso es la clave para que al final esta regularización sea algo que favorezca a todos los españoles”, ha añadido.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), celebraron ayer que algunas patronales no estén dejándose llevar por la politización y estén apoyando la medida, que consideran también necesaria, en primer lugar, por la ampliación de derechos de estas personas, pero también para la economía y el Estado del Bienestar. Los sindicatos precisaron no obstante que es necesario garantizar los derechos laborales y las condiciones de estos trabajadores, para que las empresas no los utilicen como mano de obra barata.

Defensa del diálogo social frente a los ataques de Vox

A preguntas de los periodistas, la empresaria también ha respondido a si teme que la llegada de Vox a gobiernos autonómicos ponga en peligro el diálogo social, dada la actuación del partido de extrema derecha en el pasado en contra de esta herramienta de negociación entre patronales y sindicatos, por ejemplo con la supresión del organismo de mediación laboral de Castilla y León.

“Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel, en el artículo 7 de la Constitución Española. Lo que vamos a defender es el diálogo social, independientemente de las diferentes vicisitudes políticas que podamos encontrarnos en España”, ha respondido De Miguel. “Creemos y defendemos el diálogo social porque realmente estamos convencidos de que es una institución fundamental para la prosperidad de todos los españoles, que es fundamental para la mejora de nuestro país”, ha añadido.

“Evidentemente, cualquiera que intente limitar ese diálogo social, nosotros vamos a estar ahí defendiéndolo, independientemente de cualquier interlocutor que tengamos enfrente”, ha sostenido la presidenta de Cepyme.

Muy crítica con los costes laborales y fiscales

De Miguel ha sido muy crítica con el Gobierno y, en particular, con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, a la que también ha señalado por no respetar el diálogo social, al llevar adelante medidas solo con el respaldo de los sindicatos tras las negativas de los empresarios. Por ejemplo, las subidas del salario mínimo o los intentos para reducir la jornada laboral y endurecer el registro horario.

Además, la líder de las pymes ha criticado el aumento de costes laborales en España, por el alza del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, así como lo que ha considerado una gran “carga fiscal” vinculada al trabajo, que ha considerado que “desincentiva” trabajar.

La ciudad de Cuenca reunirá el próximo 14 de mayo a empresas tecnológicas con pymes, autónomos y emprendedores de la provincia de Cuenca que quieran iniciar o avanzar en la digitalización de sus negocios. Será en el evento B2B Smart CLM, que tendrá lugar en el MUPA (Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha).

Durante el encuentro, que está organizado por Itecam (Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha), las empresas asistentes recibirán un asesoramiento individualizado por parte de especialistas en diferentes ámbitos de la digitalización (como marketing digital, programación web, digitalización de procesos, gestión de proyectos o automatización con inteligencia artificial), que atenderán sus necesidades concretas y podrán orientarles de forma personalizada, según explica la organización en un comunicado.

Cómo aprovechar la IA

Además de las reuniones, las empresas también podrán asistir a diferentes charlas a lo largo de esa mañana. Estas charlas estarán enfocadas al uso de la IA, cómo aprovechar sus funcionalidades y cómo tomar decisiones más rápidas con su ayuda. También se celebrará una jornada en horario de tarde sobre 'Inteligencia artificial, digitalización 3D y sistemas de visualización avanzada en patrimonio cultural'.

El evento también contará con un espacio dedicado demostraciones tecnológicas. En concreto, los asistentes podrán conocer cómo funcionan dos robots desarrollados por Itecam: uno enfocado a fabricación aditiva y sistemas inteligentes, y otro robot colaborativo para la clasificación inteligente, visión artificial y plataforma cloud.

Durante la presentación del encuentro realizada este miércoles, Jorge Parra, director general de Itecam, ha asegurado que el B2B Smart CLM “es un encuentro de referencia en la provincia que pretende fomentar el conocimiento de tecnologías clave y la colaboración entre las empresas a través de reuniones B2B”.

En la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presenta en 2026, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) disponen de diferentes mecanismos fiscales que permiten aliviar su carga tributaria, siempre que los gastos estén debidamente justificados y vinculados a la actividad económica. En un contexto de aumento de costes, estas deducciones se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la liquidez y la viabilidad de los negocios, aunque su aplicación requiere un conocimiento preciso de la normativa para evitar errores ante la administración tributaria.

En términos generales, tanto autónomos como sociedades pueden deducir gastos corrientes como suministros, alquileres o servicios profesionales, además de beneficiarse de incentivos ligados a la inversión, el empleo o la innovación. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos regímenes fiscales que condicionan el alcance de estas ventajas y su impacto real en la tributación.

En esta campaña, además, se mantienen determinados límites que afectan a la actividad económica. Entre ellos, los relativos al volumen de ingresos y operaciones, que siguen funcionando como referencia para distintas obligaciones fiscales: 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros, 125.000 euros cuando existen operaciones con obligación de facturar a otros empresarios y otros 250.000 euros en el volumen de compras.

Deducciones para autónomos

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la deducción de gastos sigue estando condicionada a su vinculación directa con la actividad económica. Solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con el desarrollo del negocio y que tengan impacto en la obtención de ingresos.

Para que un gasto sea aceptado, es necesario que esté respaldado por documentación válida. Esto implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial. Junto a ello, los gastos deben poder acreditarse y estar correctamente relacionados con la actividad, de forma que resulten coherentes con el trabajo desarrollado.

Entre los gastos más habituales se encuentra la cuota de autónomos, que puede deducirse íntegramente en el IRPF. También se mantiene la deducción del alquiler de locales cuando estos se destinan de forma exclusiva a la actividad, en cuyo caso el gasto puede deducirse al 100%.

Cuando el trabajo se realiza desde el domicilio habitual, los suministros como electricidad, agua, gas, internet o telefonía pueden deducirse aplicando un criterio específico. En estos casos, se toma el 30% de la proporción existente entre la superficie destinada a la actividad y el total de la vivienda, lo que determina la parte deducible del gasto.

También se incluyen como gastos deducibles los servicios profesionales externos, como asesorías, gestorías, servicios jurídicos o consultorías. A ello se suman otros costes habituales del día a día del negocio, como material de oficina, equipos informáticos, software, mobiliario o cualquier recurso necesario para el desarrollo de la actividad.

En el ámbito comercial, entran igualmente los gastos vinculados al marketing y la publicidad, como campañas digitales, anuncios en plataformas o la creación y mantenimiento de páginas web. En el caso de los vehículos, la deducción queda limitada a los supuestos en los que se pueda acreditar un uso exclusivamente profesional, de manera que los desplazamientos deben estar directamente relacionados con la actividad y se excluye cualquier utilización personal o no justificada.

Una de las novedades de este ejercicio es la incorporación de ajustes vinculados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Tras la implantación del sistema de cotización en función de ingresos, pueden producirse regularizaciones posteriores de cuotas. Estas variaciones podrán reflejarse en la declaración mediante nuevas casillas específicas, lo que permitirá incorporarlas como gasto o ingreso según corresponda.

En este ejercicio también se introduce una reducción del 30% sobre determinados rendimientos netos procedentes de actividades artísticas, científicas, literarias o escénicas cuando estos ingresos se obtienen de forma excepcional. Esta medida se aplica sobre un máximo de 150.000 euros anuales.

A ello se suma la actualización de los límites de otra reducción destinada a contribuyentes con ingresos más bajos. Podrán acogerse quienes tengan rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no dispongan de otras rentas superiores a 6.500 euros. En este caso, la reducción alcanza hasta 6.498 euros anuales para los tramos más bajos, mientras que en niveles intermedios se aplica una fórmula progresiva en función del rendimiento obtenido.

En estimación directa simplificada, se mantiene además la reducción del 5% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. Este beneficio no es compatible con otros incentivos específicos en determinados supuestos de dependencia económica. En estimación objetiva, por su parte, se conserva una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Deducciones para pymes

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de los ingresos para determinar el beneficio sobre el que se aplica el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos que garantizan su validez fiscal.

En primer lugar, los gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y contribuir al desarrollo del negocio. A esto se suma la obligación de contar con documentación justificativa adecuada, lo que implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial.

Además, los gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad de la empresa, lo que permite su seguimiento y control dentro del ejercicio fiscal correspondiente. También es necesario que se imputen en el periodo en el que realmente se producen, sin trasladarlos a otros ejercicios, ya que esto podría alterar el resultado fiscal.

Dentro de este marco, las pymes pueden deducir gastos habituales como suministros, alquileres de locales, servicios profesionales externos, inversiones en tecnología o software y otros costes asociados al funcionamiento diario del negocio. También se incluyen las amortizaciones de bienes de inversión, que permiten repartir el coste de determinados activos a lo largo de varios ejercicios.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria del programa Adelante Inversiones 2026, con 40 millones de euros, para acompañar a las pymes y autónomos en sus procesos de crecimiento, de modernización y de generación de empleo.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, aunque fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que deslizó dicho acuerdo este pasado martes en Talavera de la Reina.

“En esta convocatoria apoyamos inversiones reales que tienen que ver con la maquinaria, la ampliación de instalaciones, la incorporación de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Además, ampliamos el límite de la inversión subvencionable. Antes, los proyectos que se podían financiar eran hasta 900.000 euros y lo ampliamos a 1.200.000 euros, para dar cobertura a proyectos cada vez más ambiciosos”, ha detallado Padilla.

Según ha explicado, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la inversión, en el caso de las medianas empresas, y hasta el 50%, en el de las pequeñas empresas y las personas autónomas.

El Gobierno de Asturias  impulsa una línea de avales, dotada con cinco millones, para apoyar a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por la falta de liquidez como consecuencia de la guerra en Irán. La Agencia Sekuens y la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar se encargarán de la gestión de esta herramienta financiera.

El Principado trabaja ya para evaluar los efectos en la comunidad del conflicto bélico y definir acciones que ayuden a paliar su impacto económico y social, según ha anunciado este lunes al término del Consejo de Gobierno.

Comité de seguimiento

En este contexto, se ha creado un comité de seguimiento formado por representantes de las consejerías de Hacienda, Ciencia, Movilidad, Medio Rural y Derechos Sociales, que colaboran con la Agencia Sekuens en la definición de un paquete de iniciativas que amortigüen las consecuencias del conflicto bélico en el tejido productivo.

Este grupo se encargará de elaborar un plan de acción que se desplegará en caso de que la actual situación en Oriente Medio se prolongue. Las medidas que se barajan van en la línea de las impulsadas en 2023 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania o las que se pusieron en marcha hace un año, tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, presidente de EE.UU.

La coordinación

En el marco de sus competencias, el Ejecutivo autonómico se coordinará con el Gobierno de España, que también está diseñando medidas para atender a los sectores más perjudicados, principalmente el primario y el del transporte, con el fin de contener el precio de la energía mediante rebajas fiscales y abaratar el precio de los carburantes. Las actuaciones del Principado complementarán las nacionales para potenciar sus efectos y reforzar la ayuda a las empresas de Asturias.  

De forma paralela, el Grupo Sekuens, del que dependen la Sociedad de Promoción Exterior Asturex, la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar y la Sociedad Regional de Promoción, analiza las posibles acciones de apoyo a las compañías, tanto de carácter financiero como de exploración de mercados alternativos.

Cese de las acciones bélicas

En este marco, se convocarán reuniones con patronal y sindicatos, además de otras sectoriales con las firmas exportadoras, el transporte, las organizaciones agrarias, las entidades sociales y los sindicatos más representativos, de modo que se pueda obtener una visión global de los efectos del conflicto en la economía asturiana e impulsar medidas eficaces.

El Gobierno del Principado, que desde el principio se ha pronunciado contra en conflicto bélico, aboga por el cese de las acciones bélicas. Para el Ejecutivo, esa sería la mejor manera de evitar todas sus dañinas consecuencias, tanto humanitarias como económicas.

Un destino estratégico

Oriente Medio supone un destino estratégico para las exportaciones asturianas, no tanto por el volumen de negocio, que alcanzó los 204,9 millones en 2025 (el 3,6% del total de las ventas al exterior), como por la presencia en la zona de importantes ingenierías que ejecutan u optan a grandes proyectos de inversión. En total, 253 empresas asturianas venden en la zona, 78 de ellas de forma regular, lo que refleja una vía de negocio estable.  

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son los dos principales mercados de aquella región para las compañías asturianas. Al primero llegaron productos y servicios de Asturias por valor de 96,3 millones el año pasado y allí operan 80 empresas de la comunidad, 28 de ellas de manera habitual. Al segundo se enviaron bienes por una suma de 70 millones por parte de 44 empresas exportadoras, 17 de ellas regulares. Por su parte, Irán representa una cifra casi nula en las ventas al exterior, con nueve empresas exportadoras ocasionales en 2025.

BBVA ha concedido 3.197 millones de euros en nueva financiación a empresas de Castilla-La Mancha durante 2025, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al año anterior. La entidad destaca que con ello consolida su crecimiento en este segmento no solo por el incremento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes.

En el caso de las pymes, una de cada cuatro en España decide trabajar con BBVA, lo que sitúa al banco como “líder de captación” por tercer año consecutivo.

Esta evolución refleja el “impulso” del banco al tejido empresarial de Castilla-La Mancha a través de una propuesta que combina financiación, innovación tecnológica, acompañamiento especializado en todas las etapas de crecimiento de las empresas y una amplia oferta de soluciones, que van desde servicios de cobros y pagos para comercios, hasta herramientas que facilitan la labor de las grandes empresas, las pymes y los autónomos en el día a día.

Entre estas soluciones destaca la actualización de 'BBVA Cobros', la aplicación que permite convertir el smartphone en un terminal punto de venta para aceptar pagos con tarjeta o dispositivos móviles, facilitando a pymes y autónomos cobrar desde el propio teléfono móvil.

Entre las principales novedades destaca la mayor visibilidad de Bizum en la pantalla principal del TPV Android para cobrar de forma rápida y directa. Además, la app permite ahora visualizar en un solo vistazo el total de cobros realizados con tarjeta y Bizum, con la posibilidad de filtrarlos de manera independiente, lo que facilita el control diario de la actividad del negocio.

Apoyo a la creación de empresas

Además de con el crédito y las nuevas herramientas, BBVA continúa reforzando su propuesta de acompañamiento a las empresas. La entidad afirma que fue pionera en lanzar un servicio integral para la constitución de empresas en España en colaboración con 'Ayuda T Pymes'. Este modelo permite constituir una sociedad sin tener que preocuparse por los trámites administrativos.

El servicio permite gestionar todo el proceso desde un único punto y firmar la escritura notarial de forma digital. Desde su lanzamiento, más de 1.000 empresas se han constituido con el acompañamiento de BBVA, lo que refleja la buena acogida de este modelo entre los emprendedores. Se complementa con productos diseñados para facilitar el arranque de los negocios, como la 'Cuenta Empresa Bienvenida' sin comisiones, promociones para nuevos clientes o la posibilidad de contratar TPV sin coste durante el primer año.

La entidad resalta asimismo su apuesta por apoyar la actividad empresarial en las zonas rurales con el objetivo de asegurar que la ubicación geográfica “no sea una barrera para el crecimiento empresarial” y dar apoyo a los jóvenes agricultores, en “una clara apuesta por el relevo generacional del sector agro en España”.

Impulso a la IA en las pymes

Como parte de su apuesta por la innovación, BBVA ha sido la primera entidad en España que ha puesto a disposición de las pymes dos licencias de ChatGPT Business gratuitas durante un año a clientes y nuevos clientes,con el fin de impulsar la adopción de la IA entre el tejido empresarial.

Además, contenidos formativos para aprender a aplicar esta tecnología de forma práctica en sus negocios. La iniciativa se desarrolla en el marco de la alianza estratégica entre BBVA y OpenAI y busca facilitar que las pymes puedan experimentar con esta tecnología e integrarla en su trabajo diario para automatizar tareas, mejorar su eficiencia y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido.

La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber traspuesto dos directivas relativas al IVA. Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor la legislación necesaria para transponer estas directivas a más tardar el 31 de diciembre de 2024. El 31 de enero de 2025 se enviaron dos cartas de emplazamiento a España, seguidas de dictámenes motivados el 17 de julio de 2025. Sin embargo, España es el único Estado miembro que no lo ha hecho. La Comisión pide al Tribunal que se multe a España. 

Una de las directivas se refiere a cambios en las normas del IVA aplicables a las pequeñas empresas (pymes) y autónomos con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento del IVA para las pymes, rebajar el impacto negativo del efecto de umbral; y facilitar el cumplimiento por parte de las pymes y el seguimiento por parte de las Administraciones tributarias. Se refiere a las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

Según la Comisión, España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para las pymes establecida en la Directiva, ya que la aplicación de la exención es opcional para los Estados miembros. Sin embargo, la institución europea recalca que “aunque esto es posible, España debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas”.

La organización de autónomos ATA, que pidió a la Comisión Europea que sancione a España por no trasponer esta directiva, explicó que esta nueva norma europea “permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA”. A cambio, los autónomos renuncian a deducir el IVA de sus gastos.

La otra directiva a trasponer modifica la norma  disposiciones obligatorias que los Estados miembros deben transponer en relación con el lugar de prestación a efectos del IVA de determinados servicios cuando se transmitan en continuo o se ofrezcan virtualmente de otra manera, y el régimen especial del IVA aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

La Comisión señala que “a falta de transposición por parte de España de las disposiciones relativas al lugar de prestación conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y se aplicarán normas diferentes”.

Retraso del Ministerio de Hacienda

Cuando elDiario.es preguntó a Hacienda por la no trasposición de esta directiva, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero se aseguró que “está pendiente de transposición la directiva, pero la idea es cumplir con los plazos”. Sin embargo, en la modificación de la directiva se establece que tendría que estar aprobada en los países de la UE “a partir del 1 de enero de 2025”.

A la vez, Hacienda argumentó que hay otros regímenes impositivos en España que hacen que no tenga sentido la aplicación de esta exención del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros.

“En España, desde 1986, año en el que se estableció el impuesto en España, se ha optado por aplicar otros regímenes distintos para pequeños empresarios como el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia que están coordinados con el régimen de módulos en el IRPF. Por tanto, no parece que tenga mucho sentido reformular la tributación en un impuesto y no decir qué pasará en el otro”, declararon desde el Ministerio de Hacienda.

La Cámara de Comercio de Toledo y Banco Santander han convocado una nueva edición del Premio Pyme del Año 2026, que este año celebra su décimo aniversario, consolidado como uno de los principales reconocimientos al tejido empresarial español. Esta iniciativa de Cámara de España tiene como objetivo destacar la contribución de las pequeñas y medianas empresas al desarrollo económico, la creación de empleo y la innovación empresarial.

Durante la última década, más de 12.500 pymes de todo el país han participado en este certamen, que se ha convertido en el galardón de referencia para reconocer el esfuerzo de las empresas que impulsan la actividad económica en sus territorios.

El plazo para presentar candidaturas al Premio Pyme del Año 2026 permanecerá abierto hasta el 14 de abril. Podrán concurrir todas aquellas pymes de la provincia de Toledo con menos de 250 empleados y una facturación anual inferior a 50 millones de euros en el ejercicio 2025, siempre que tengan su sede social en la provincia.

La empresa ganadora a nivel provincial representará a Toledo en el Premio Nacional Pyme del Año 2026, cuya resolución está prevista para el primer trimestre de 2027. Asimismo, las empresas que obtengan los accésits provinciales competirán en sus respectivas categorías en la fase nacional.

Una edición especial con motivo del décimo aniversario

Como principal novedad en esta edición conmemorativa, el certamen incorporará la Mención al Legado Empresarial, que reconocerá a una empresa destacada por su trayectoria y por su impacto económico y social en el territorio. Este reconocimiento se entregará junto al premio principal y los cuatro accésits habituales, Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible

Las empresas interesadas podrán formalizar su inscripción a través del formulario disponible en la página web de la Cámara de Comercio de Toledo, donde también se pueden consultar las bases completas del certamen.

Un reconocimiento consolidado al tejido empresarial de la provincia

Desde su puesta en marcha, el Premio Pyme del Año, según explican sus promotorese, “ha servido para visibilizar el talento empresarial y la capacidad de innovación de las empresas de la provincia de Toledo” y resaltan que han contribuido de forma decisiva al desarrollo económico y social del territorio.

En la última edición celebrada en la provincia, la empresa IMTO Pack, dedicada al packaging industrial y con sede en Mascaraque, fue distinguida como Pyme del Año 2025 en Toledo, en reconocimiento a su crecimiento empresarial y a su apuesta por la innovación y el empleo.

Un año antes, en 2024, el galardón recayó en Valquer Laboratorios, empresa toledana especializada en cosmética biotecnológica y dermocosmética profesional, destacada por su desarrollo tecnológico y su expansión en mercados internacionales.

Estos reconocimientos reflejan la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial toledano, con empresas de sectores muy distintos que comparten un denominador común: su capacidad para generar empleo, innovar y competir en mercados cada vez más globales.

Las pymes, motor económico

El Premio Pyme del Año se enmarca en una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de España y Banco Santander para reconocer el papel esencial de las pequeñas y medianas empresas en la economía, responsables de gran parte del empleo y de la actividad empresarial en el país.

Con este reconocimiento, la Cámara de Comercio de Toledo y las entidades colaboradoras buscan poner en valor el esfuerzo de las empresas que, desde la provincia, contribuyen a impulsar la competitividad, la innovación y el desarrollo económico, al tiempo que fomentan la visibilidad de proyectos empresariales ejemplares.