Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) se sienta con elDiario.es cuando cumple un año siendo la máxima representante de las pymes en España, como presidenta de la patronal Cepyme, e insiste una y otra vez en la necesidad de dar “más voz” a las pequeñas empresas. Tras una dura batalla interna, se impuso su candidatura –impulsada por el líder de la CEOE, Antonio Garamendi– frente a la de su antecesor en el cargo, el granadino Gerardo Cuerva, que algunos sitúan ahora entre los candidatos a disputar el liderazgo de la gran patronal este otoño.

Con un perfil aún desconocido para muchos, Ángela de Miguel destaca su trabajo interno por la “unidad” de las pymes en todo el país y para que se las escuche en las mesas de negociación con el Gobierno. En este terreno también tiene competencia, con patronales alternativas como Conpymes y Pimec que quieren entrar en el diálogo social, algo que rechaza de plano por su escasa representatividad, sostiene.

Acaba de cumplir el primer aniversario como presidenta de Cepyme. ¿Qué valoración hace de este primer año al frente de la patronal de pequeñas y medianas empresas?

Como me comprometí, en este año he visitado 53 territorios y me he reunido con 30 sectoriales, y el sentir general vayas donde vayas es que la pyme es la gran olvidada de las políticas públicas y está pasando una situación muy complicada en un momento de crecimiento económico en España. Y la verdad es que produce mucha tristeza porque muchas veces nuestras pymes no están creciendo, no están saliendo fuera, no están ganando tamaño y no se están creando nuevas empresas por barreras artificiales que estamos colocando, no porque haya un entorno económico de crisis. 

Que en algunos momentos lo hay y ahora previsiblemente puede que nos llegue uno. Entonces, ahí es entendible. Pero ¿por qué estamos poniendo tantas dificultades a nuestras empresas más pequeñas? Cuando hacen una función social, no hacen daño a nadie… Todo lo contrario, son la solución. 

Dentro de la organización, estoy muy contenta. Es un orgullo poder defender a las pymes españolas y lo que percibimos dentro de la organización es muchísima unidad y una problemática común, trabajando todos en la misma dirección.

Mencionaba esa posible crisis, esos efectos que estamos ahora experimentando a cuenta de la guerra en Oriente Medio. Esta semana hubo una reunión con el vicepresidente Cuerpo a la que asistió. ¿Cómo valora las medidas que están en vigor?

Muchas medidas han sido muy positivas, son las que solicitamos. Se han adoptado pronto, sobre todo medidas fiscales y de apoyo a los sectores que van a tener más impacto por el aumento de combustibles o energía, como los transportistas y el sector agro. Hemos visto, y ahí están los resultados, que se ha contenido bastante la inflación. Estamos en el 3,2% que es alta, pero más o menos controlable. Si no se hubieran tomado todas estas medidas estaríamos probablemente en torno a un 4,5%, con una subida mucho mayor de los combustibles. Y esto es escalonado. La subida de precios se queda para siempre. 

¿Y a futuro? ¿Qué medidas cree que deberían tomarse?

Estamos pidiendo que estas medidas se mantengan, porque hay una gran inestabilidad. Fue muy positiva la reunión [con el Gobierno], en la que se está trabajando en futuras medidas, que además se mande un mensaje también para que la empresa pueda hacer su estrategia y diseño a unos meses vista. Cuando te dan ayudas para dos meses es muy complicado organizarte, porque los tiempos en la empresa son muchísimo más largos.  

Entonces, creemos que es importante continuar en el tiempo con estas medidas, que creemos que están funcionando y que se pueden asumir en este momento. Hasta que haya cierta estabilidad y que podamos ver que hay esa contención de precios. 

Es importante continuar en el tiempo con las medidas (por la guerra de Irán), que creemos que están funcionando, hasta que haya cierta estabilidad

El otro día Cepyme lanzó un comunicado advirtiendo de la falta de diálogo social, en concreto en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están las relaciones con el departamento de Yolanda Díaz? 

Hemos estado reunidos prácticamente en toda España, con todas las sectoriales, y hay un sentir general de que a la pyme no se la está escuchando. Entonces hicimos el comunicado conjunto, que salió de abajo para arriba. 

Se pactó una reforma laboral en el año 2021, en la cual renunciamos a una serie de cosas a cambio de que se cediera en otras. Eso es un acuerdo. Desde el año 2022, ha habido 272 modificaciones laborales unilaterales y sin contar con nosotros. Cuando tú renuncias a posiciones para tener una estabilidad en el medio plazo, lo que no puede ser es: ‘Renuncia a todo esto, que en lo que yo he cedido, al día siguiente te lo voy a cambiar por el poder que tengo como gobierno’. 

Se habla mucho de falta de diálogo social, pero ¿no es más una falta de acuerdo? Porque sí que hay negociaciones que se alargan durante muchos meses en las que están presentes haciendo propuestas y negociando, como la Ley de Riesgos laborales o la de la reducción de jornada. 

Para mí el diálogo es diálogo. No que te digan siéntate aquí, esto es lo que hay. Esto son lentejas. Si quieres las comes y si no, también. Si eso lo queremos llamar diálogo, lo llamamos como queramos, pero el diálogo tiene que ser eficaz. 

Nosotros creemos en el artículo 7 de la Constitución Española, somos muy serios y creemos en el diálogo social porque es un pilar fundamental en España, como una institución que nos da fortaleza al país y que ha ayudado mucho a nuestro crecimiento. Y el diálogo social no es que el Ministerio se siente y diga que no va a mover una coma. Yo quiero las 37 horas y media. Y nos sentamos las veces que quieras, pero son 37 horas y media. Eso para mí no es diálogo. Lo podremos disfrazar y vestir de lo que queramos. 

Curiosamente, en ninguna de las últimas reformas ha habido ninguna opción. Nosotros hemos presentado alternativas, sensatas que la empresa puede cumplir. No estamos en contra de las 37 horas y media. Estamos pactando reducciones de horas en la negociación colectiva, pero creemos que debe hacerse cuando se puede y donde se puede. No dejar sin maniobra a todas las pymes, cuando tenemos un tercio en pérdidas. Porque eso va a suponer que no solamente perdamos 15.000 microempresas, como tenemos ahora, sino que a lo mejor habríamos perdido 100.000. 

Cuando hablan de esas 15.000 pequeñas empresas que se están eliminando, ¿no hay también un cambio estructural en cuanto al tamaño de las empresas? Muchas veces se pone como meta aumentar esa capacidad. ¿Cuánto hay de eso o de jubilación o falta de relevo generacional en sectores como el comercio?

Si tienes una población empresarial envejecida y no permites que entren nuevos operadores en el sistema, esto es la crónica de una muerte anunciada. Que, de las que ya están unas crezcan y otras desaparezcan por la razón que sea, en un momento de crecimiento económico, tendrían que estar entrando nuevos emprendedores al sistema. Pero hay unas barreras de entrada que lo están impidiendo. El 50% de las empresas no sobreviven más de cinco años, con lo cual muchas desaparecen. No deberían desaparecer tantas si tuviéramos un ecosistema favorable. Tenemos un tercio de las pymes con pérdidas en España y la gente resiste porque pone su patrimonio personal. Nos está desapareciendo la empresa más pequeña y son muchísimos los servicios y opciones que nos dan. Mañana se te estropea la lavadora y nadie te la va a arreglar. Ya está pasando.

¿Qué problemas detectan en estas empresas?

Uno de los grandísimos problemas es la cantidad de normativa laboral, el aumento de costes laborales y del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en España son 1.900 euros al mes. Al trabajador le llegan 1.200 euros, porque el Estado decide que lleguen 1.200 euros. Pero cuando una empresa y quien contrata y paga el salario mínimo interprofesional tiene que destinar 1.900 euros.

Con el salario mínimo interprofesional, estamos creando la España de las dos velocidades. Hay zonas donde el salario mínimo interprofesional es casi el 80% del salario medio del territorio. Con lo cual, cuando tú te sientas a negociar con los sindicatos solo puedes negociar el 20% de los salarios. 

En esos territorios, la capacidad de negociación, de mejora, la capacidad que tienes tú para competir e igualar a otras zonas que van mucho más avanzadas en España van mejor, te las están reduciendo prácticamente a cero. Y recordamos que, cuando nosotros fijamos salario, lo fijamos de acuerdo con los trabajadores, que saben la realidad de la empresa y hasta dónde pueden llegar. Y las empresas sabemos qué necesitan nuestros trabajadores. Lo que más queremos en nuestras empresas es a nuestros equipos. Sobre todo en las pymes, donde las relaciones laborales son horizontales, cuasi familiares.

¿Y temen la llegada de Vox a gobiernos autonómicos o al central en un futuro? Porque su postura respecto al diálogo social ha sido tratar de eliminar algunas instituciones clave de mediación laboral, como el SERLA en su comunidad autónoma, y defiende eliminar todo tipo de subvención a los agentes sociales.

Nosotros defendemos el diálogo social porque creemos en él y nos dan igual las siglas. Nosotros no estamos en política, hablamos de políticas públicas. Si hay un Ministerio de Trabajo que está tratando de reducir el diálogo social, porque cuando fijo el salario del 80% de los trabajadores, lo estoy eliminando de facto, y si hay otros que dicen que lo quieren eliminar, nosotros vamos a estar ahí, defendiendo el diálogo social. Porque creemos que es importante como país. Los países con instituciones independientes y libres son los más prósperos. Nos da igual la sigla y, cuando alguien haga una política pública que considero que no es la adecuada, la denunciaré.

Mencionaba usted la reducción de la jornada laboral. El Gobierno está inmerso en la reforma del registro horario. ¿Tan difícil es que las pymes puedan tener un registro digital?

Sí, claro. Para empezar, ¿qué vamos a hacer en todos los pueblos y el mundo rural, donde no hay conexión? Además, la pyme española no cuenta con un técnico en su organización. Hay muchísimas empresas pequeñitas en las que la gente no tiene herramientas. Además, las relaciones con los trabajadores de las pymes son de muchísima confianza. No necesitas introducir elementos que no están pensados para una organización horizontal, que están pensados para organizaciones en vertical. ¿Alguien piensa que cuando una persona lleva 20 años trabajando contigo y te dice que tiene que llevar al niño al médico, tiene que rellenar un papel, pedir un permiso, hablar con Recursos Humanos que no existe…? Supone obligar a hacer una inversión a empresas en las que, en muchos casos, el empresario gana menos que el trabajador.

Estamos abiertos a negociar el acuerdo de salarios, pero a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable

El último acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC) terminó su vigencia a finales del año pasado. Los sindicatos ya han presentado sus propuestas, pero no sabemos cómo van las negociaciones. ¿Nos puede dar algún avance?

Estamos en el diálogo social y abiertos a negociar. Pero en unas circunstancias como las que estamos ahora mismo, a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable. ¿Se van a aplicar las 37,5 horas? ¿Me vas a subir el salario mínimo interprofesional? ¿Para qué voy a negociar un salario si ya me lo va a fijar el Gobierno? Nosotros estamos totalmente a favor de tener un marco preparado y necesitamos que acompañe una estabilidad que nos permita hacer una previsión a las empresas. 

¿Y es posible que sea este año?

Todo es posible. Hay que tener buena voluntad por parte de todos, por supuesto. Estamos muy dispuestos a llegar a acuerdos porque creemos que dan un marco estable fundamental para las empresas.

¿Cómo cree que puede afectar al emprendimiento y a la falta de mano de obra el proceso de regularización impulsado por el Gobierno?

Una de las cosas que le hemos dicho al Gobierno es que hay que vincular esa regularización al empleo. Tenemos que derivar a todas esas personas que estamos regularizando hacia el empleo, porque ahora tenemos dos millones de vacantes sin cubrir en España. Es muy importante acercar a estas personas que se van a regularizar a la formación habilitante, que permitirá cubrir muchas vacantes. Porque, si no, vamos a tener un problema como país.

En cuanto a la actualidad política, estos días estamos conociendo muchas informaciones con respecto a presuntos casos de corrupción. ¿Qué valoración hacen desde Cepyme? ¿Debería el Gobierno convocar elecciones o la oposición presentar una moción de censura?

Nosotros en temas políticos no entramos. Creemos en la estabilidad de las instituciones, porque cuando estamos en un entorno más estable, la economía va mejor y la vida de todos los ciudadanos va mejor. El resto de vicisitudes las tendrán que decir nuestros representantes. 

Pero, cuando hablamos de corrupción, nos fijamos muchas veces en los corruptos y no en los corruptores, que muchas veces son empresarios. ¿Cómo deben castigarse estos comportamientos?

Ya se está castigando. Pero no hay que olvidar que muchas veces no son empresarios, es gente que ha constituido una sociedad. Esto lo quiero distinguir, porque muchas veces son amigos del poder que constituyen una sociedad cuyos ingresos provienen de operaciones con el poder público. A mí me cuesta llamarlo empresario. Para mí esa gente son delincuentes que han constituido una sociedad limitada. Un empresario es el que se levanta todas la mañana, diseña su plan de negocio, invierte su dinero, genera riqueza y empleo y trabaja todos los días. Necesitamos que haya unas reglas claras y juego limpio. Los que más perdemos con este tipo de cosas somos las empresas porque, además del dinero público que se va con la corrupción, perdemos la capacidad de que nuestras mejores empresas y talento puedan crecer. Necesitamos un entorno que permita competir y que el mejor consiga el contrato.

Antes ha mencionado que Cepyme estaba muy unida. ¿Cómo se ha trabajado para volver a la unidad este año? Porque las elecciones que ganó fueron muy duras, reñidas, y salió de esa votación una imagen de división dentro de las pequeñas y medianas empresas.

A los que creemos en la democracia nos parece fantástico que haya diferentes opciones y los empresarios en general somos muy pragmáticos. Es decir, yo puedo tener una posición distinta, pero luego mi presidente es mi presidente y, al día siguiente, todos estamos trabajando por la organización. Estamos ahí por el compromiso de defender a nuestras pymes. Eso está muy por encima de cualquier otra cosa que pueda salir. 

Hay un rumor en el mundo empresarial, ya que este año se tienen que convocar elecciones a la presidencia de CEOE, de que su predecesor, Gerardo Cuerva, se presente a la presidencia de la patronal. ¿Se ve trabajando mano a mano con él como presidente?

Tengo buena relación con Gerardo Cuerva y, por supuesto, trabajaré mano a mano con el que sea mi presidente de CEOE. Evidentemente, no lo he ocultado y no lo voy a ocultar, creo que Antonio Garamendi es un grandísimo presidente y, si decide presentarse, espero que lo siga siendo. Soy demócrata y respeto siempre las decisiones de la mayoría.

La representatividad la tiene Cepyme. Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso

El Gobierno ha planteado una reforma de la representatividad empresarial que podría abrir espacio a otras organizaciones patronales de pymes, como son Conpymes o la catalana Pimec. ¿Teme que Cepyme quede relegada por la entrada de estos actores?

Creo en el diálogo social y en la representatividad y ningún gobierno puede cambiar las reglas del juego para dar un espacio a quien sus representados no se lo han dado. Es como en el Parlamento: nos puede gustar un partido que no tenga representación parlamentaria y podemos creer que debe de estar. Pero si la mayoría de los ciudadanos no lo votan, no lo han votado. Si la gran mayoría de las empresas que pagan sus cuotas a organizaciones empresariales están adheridas a Cepyme, la representatividad la tiene Cepyme.

Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso. Nosotros negociamos más de 4.000 convenios colectivos en España. ¿Cómo se puede discutir nuestra representatividad?

Las compañías de mayor tamaño siguen pagando menos, proporcionalmente, que las pequeñas y medianas empresas en su declaración del Impuesto de Sociedades. Un análisis del Consejo General de Economistas confirma que, con datos de 2023, aquellas empresas con más de 250 empleados abonaron un tipo efectivo del 20,8% sobre su base imponible, dos puntos menos que las pymes (22,97%).

A pesar de que España cuenta con un tipo general del 25% en el Impuesto de Sociedades –el tercer gravamen que más recauda del sistema fiscal, por detrás del IRPF y el IVA–, el empleo de deducciones u otros beneficios como la compensación de bases imponibles negativas (es decir, pérdidas en ejercicios previos), así como los recursos para contratar a grandes despachos de abogados fiscalistas, permiten rebajar la carga tributaria de las grandes compañías.

Así, con datos de 2023, el tipo efectivo de las 54.288 grandes empresas que declararon el Impuesto de Sociedades fue del 20,8%, el más bajo de la clasificación. Por encima se encuentran las compañías sin asalariados, con un tipo del 21,2%, 356.471 declarantes; las medianas, aquellas con entre 100 y 250 trabajadores (22,02%, con 159.408 compañías); las microempresas, con menos de 10 empleos (22,37%, 823.652 sociedades); y las pequeñas, hasta 50 empleados (22,97%, 289.315).

La recaudación supera los 40.000 millones

El paquete fiscal que aprobó el Ejecutivo a finales de 2024 incluyó una rebaja del gravamen para aquellas compañías con una facturación inferior a los 50.000 euros, que verán cómo se recorta progresivamente hasta el 17% en 2027 (en 2026 es del 19%), en tanto que se situará en el 20% para aquellas pymes y empresas de tamaño reducido por encima de esa barrera.

El 60% del 1,63 millones de empresas que declararon el Impuesto de Sociedades facturaron menos de 100.000 euros aquel año, y apenas el 16% facturó más de un millón de euros. Algo más de 2.500 compañías reportó una cifra de negocios superior a 100 millones de euros en 2023.

En aquel año, la recaudación del Impuesto de Sociedades alcanzó los 35.060 millones de euros. Los últimos datos, de 2025, arrojan unos ingresos de 42.266 millones, superando la barrera de los 40.000 millones por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Desde 2021, año severamente golpeado por la pandemia, esta partida ha aumentado cerca del 60%.

La adaptación de pymes y autónomos al nuevo reglamento de facturación que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027, está obligando a muchos negocios a revisar una parte básica de su gestión diaria. La facturación, que en muchos casos se lleva desde hace años con la misma herramienta, pasará a estar sujeta a nuevos requisitos técnicos dentro del marco conocido como Verifactu. Este cambio no afecta solo al momento de emitir una factura, sino también a la forma en la que los programas registran, conservan y comunican esa información.

Para muchos trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas, el programa de facturación no es una simple aplicación más. En él se acumulan operaciones pasadas, datos de clientes, documentos emitidos y registros que forman parte del archivo administrativo del negocio. Por eso, cualquier cambio de sistema puede generar dudas prácticas, sobre todo cuando la herramienta anterior ha sido utilizada durante años y contiene información que puede seguir siendo necesaria.

En este contexto, una de las preguntas que más se repite tiene que ver con el destino del software antiguo cuando llegue el momento de trabajar con una solución adaptada al nuevo reglamento. La preocupación no está solo en instalar un programa compatible, sino en saber qué ocurre con el que se venía usando hasta ahora, especialmente cuando todavía conserva facturas y datos de ejercicios anteriores.

Qué pasa con el programa antiguo de facturación

Hacienda ha aclarado que pymes y autónomos no tendrán que eliminar necesariamente su antiguo programa de facturación al cambiar a un sistema adaptado a Verifactu. La clave está en el uso que se mantenga de esa herramienta. Si el software anterior queda solo como archivo para consultar facturas ya emitidas o conservar registros antiguos, y deja de tener capacidad para crear nuevos documentos, su mantenimiento no supondría por sí solo un incumplimiento.

El punto principal está en que ese sistema no siga operativo como herramienta de emisión de facturas. Dicho de forma sencilla, el problema no es guardar el historial, sino conservar un programa antiguo que todavía permita seguir facturando cuando ya debería utilizarse una solución adaptada al nuevo marco legal. Por tanto, el cambio a Verifactu no implica perder la información acumulada durante años, pero sí exige separar claramente el archivo de facturas anteriores del sistema que se usará para emitir las nuevas.

Esta diferencia resulta importante para muchos negocios. Un autónomo puede necesitar revisar una factura antigua, comprobar un importe, recuperar los datos de un cliente o consultar una operación cerrada tiempo atrás. Esa necesidad no desaparece por cambiar de sistema. Lo que debe evitarse es que el programa anterior mantenga activa la función de emitir nuevas facturas si no cumple con los requisitos exigidos.

Qué es Verifactu

Verifactu forma parte del nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para adaptar los programas de facturación a unas reglas comunes. Su funcionamiento permite que los registros de facturación se remitan a Hacienda de forma inmediata y directa, lo que obliga a que las herramientas utilizadas por empresas y profesionales se ajusten a esos requisitos cuando llegue el momento de aplicarlos.

La Ley General Tributaria contempla una multa fija de 50.000 euros por ejercicio por la tenencia de sistemas o programas informáticos no debidamente certificados. Sin embargo, el riesgo no estaría en conservar una base de datos histórica, sino en mantener en funcionamiento una herramienta no adaptada que todavía pueda generar facturas.

Por eso, una pyme o un autónomo que conserve el programa antiguo solo para acceder a documentos ya emitidos no estaría en la misma situación que quien lo mantiene activo para facturar. En el primer caso, la aplicación funcionaría como un espacio de consulta. En el segundo, seguiría actuando como sistema de facturación, y ahí es donde podría aparecer el problema si no está ajustado al reglamento.

En la práctica, los negocios tendrán que revisar qué funciones conserva su antiguo software. Lo recomendable será asegurarse de que esa posibilidad queda bloqueada o desactivada, de manera que el programa quede limitado al archivo y no pueda utilizarse para crear nuevas facturas. La conclusión es que el paso a Verifactu no obliga a borrar el pasado administrativo del negocio. Pymes y autónomos podrán conservar sus registros anteriores si los necesitan, siempre que el programa antiguo ya no sirva para facturar.

Durante años fue un mantra que seguían a rajatabla todas las pequeñas y medianas empresas: había que estar en las redes sociales. Abrir perfiles en cada una de ellas parecía sinónimo de modernidad y visibilidad: cuanto más contenido y más diversificado, mejor. Sin embargo, con el paso del tiempo muchas empresas han descubierto una realidad que a menudo no se tuvo en cuenta: mantener una presencia activa en redes requiere tiempo, estrategia y recursos, y no siempre genera resultados claros.

Por ello, cada vez más empresas lo tienen claro: la pregunta no es si una pyme debe estar en redes sociales, sino en cuáles merece la pena invertir esfuerzos. Porque no todas funcionan igual ni sirven para lo mismo: mientras algunas ayudan a captar clientes o reforzar la imagen de marca, otras apenas generan impacto para determinados negocios. 

En cualquier caso, los datos muestran que las redes siguen siendo un espacio central para consumidores y empresas. El Estudio de Redes Sociales 2025 de IAB Spain señala que el 86% de los internautas españoles utiliza redes sociales y que plataformas como WhatsApp, Instagram y YouTube lideran tanto en uso como en interacción con marcas. Además, cerca de la mitad de los usuarios reconoce consultar redes antes de comprar y un 44% afirma que el contenido visto influye en sus decisiones de compra. Su papel es clave, y hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿cómo distinguir lo esencial de lo prescindible?

Instagram sigue siendo, para muchas pymes, la red más rentable en términos de visibilidad y relación con clientes. Su combinación de imagen, vídeo corto y herramientas comerciales permite que negocios pequeños puedan mostrar productos, explicar procesos o humanizar la marca sin grandes inversiones. Además, el auge de los vídeos breves y los formatos espontáneos ha reducido parcialmente la necesidad de producir contenidos excesivamente profesionales. Para sectores como restauración, comercio local, moda, turismo o bienestar, Instagram continúa siendo uno de los principales escaparates digitales.

TikTok, por su parte, se ha convertido en la plataforma con mayor crecimiento entre usuarios jóvenes y también empieza a ganar peso entre negocios pequeños. Aunque muchas empresas todavía la perciben como una red dirigida únicamente al entretenimiento, cada vez más marcas la utilizan para generar alcance orgánico mediante contenidos rápidos, cercanos y menos publicitarios. ¿El problema? TikTok exige constancia y adaptación al lenguaje de la plataforma. No basta con reutilizar contenido de otras redes. Por eso, las empresas que mejor funcionan suelen ser aquellas capaces de mostrar el lado más humano y cotidiano del negocio.

LinkedIn, para captar clientes y talento

Mientras Instagram y TikTok dominan el terreno más visual y emocional, LinkedIn se ha consolidado como la red más útil para empresas B2B, despachos profesionales, consultoras o negocios orientados a otros profesionales. Porque, más que generar viralidad, LinkedIn permite construir reputación, compartir conocimiento y conectar con potenciales clientes o colaboradores. También se ha convertido en una herramienta importante para captar talento, especialmente en perfiles cualificados.

Eso sí: no todo el mundo le saca a esta plataforma todo su potencial. Muchas pymes siguen utilizando LinkedIn únicamente como un escaparate corporativo poco actualizado. Lo que se publica y cómo se hace es fundamental. Y en ese sentido, la mayoría de expertos en marketing digital coinciden en que los perfiles personales y los contenidos especializados suelen generar mucha más interacción que las publicaciones excesivamente comerciales.

Facebook mantiene una situación peculiar. Aunque ha perdido protagonismo entre usuarios jóvenes, sigue siendo una de las redes más utilizadas por empresas y conserva una audiencia muy relevante en determinados segmentos de edad. Su penetración es mayor, dado que fue la gran pionera. Y por ello, para negocios locales, asociaciones o empresas con públicos más amplios y maduros, continúa siendo útil, especialmente gracias a grupos, eventos y campañas publicitarias segmentadas. Con todo, su alcance orgánico lleva años cayendo y muchas empresas dependen ya de inversión publicitaria para obtener resultados visibles.

¿Y qué pasa con YouTube? La red social de vídeos ocupa un lugar distinto. No suele ser la primera en la que piensa una pyme, pero sigue siendo una de las más importantes para búsquedas, tutoriales y posicionamiento SEO. De hecho, muchos contenidos de YouTube tienen una vida útil mucho más larga que en otras redes. Por ello, para aquellas empresas que sean capaces de generar vídeos explicativos, demostraciones o contenido educativo, puede convertirse en una herramienta muy potente.

Menos es más

Uno de los errores más frecuentes entre pequeñas empresas es abrir perfiles en múltiples plataformas y abandonarlos poco después por falta de tiempo o recursos. Se trata de un grave error, ya que eso suele transmitir una imagen de desactualización o abandono. De hecho, es peor que no tener presencia activa. 

Dado que cada red social tiene dinámicas, formatos y públicos diferentes, y mantenerlas exige planificación, los expertos recomiendan priorizar calidad frente a cantidad: elegir una o dos plataformas útiles para el negocio y trabajarlas de forma coherente. 

Hay que tener en cuenta, además, que el alcance orgánico ya no es tan sencillo como hace años. Muchos emprendedores y pequeños negocios reconocen que las redes sociales generan visibilidad, pero no siempre ventas directas, especialmente si no existe una estrategia clara o inversión publicitaria.

De manera paralela, la saturación publicitaria empieza a generar cierto cansancio entre usuarios. Informes recientes apuntan a un creciente rechazo hacia contenidos excesivamente promocionales o poco auténticos, especialmente en plataformas como Instagram o TikTok, donde los llamados influencers han generado cierta sensación de hartazgo entre muchos usuarios por la avalancha de publicidad.

En ese contexto, las pymes tienen una ventaja frente a las grandes compañías: pueden comunicarse de forma más cercana, mostrar personas reales y generar relaciones más creíbles con su comunidad. Porque, en última instancia, la clave no está en tener un perfil en todas partes, sino en entender dónde está realmente el cliente y qué tipo de contenido tiene sentido para cada negocio.

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología futurista reservada a las grandes multinacionales. Cada vez más empresas, especialmente pequeñas y medianas, empiezan a incorporarla en tareas cotidianas que hasta hace poco consumían horas de trabajo manual: responder correos, transcribir reuniones, organizar reservas, analizar datos o atender clientes.

Así lo asegura Rafael Llanes, CEO de Skyview España, una compañía especializada en la optimización de procesos empresariales y que ahora centra buena parte de su trabajo en ayudar a las empresas a integrar herramientas de inteligencia artificial. Llanes sostiene que la verdadera revolución no está solo en la tecnología, sino en su accesibilidad: “La barrera de entrada es prácticamente inexistente”, afirma. Desde micropymes hasta grandes compañías, defiende que cualquier organización puede empezar a automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo para dedicarlo a actividades de mayor valor añadido.

¿Cómo detectar qué procesos son automatizables, cuáles no, y cómo empezar a automatizar aquellos que sí que lo sean?

Detectar que un proceso es automatizable es muy fácil. Solo tenemos que responder a una pregunta: ¿Dónde consideras que estás invirtiendo demasiado tiempo? Es la forma más fácil de identificar tareas manuales y repetitivas. ¿Qué parte de tu trabajo es manual y se limita a cortar y pegar? ¿Cuánto tiempo inviertes en responder correos que se podrían responder de forma muy sencilla? Eso te da la pista de que es un proceso donde la inteligencia artificial encaja bastante bien.

Por ejemplo, te lo pregunto a ti. ¿Dónde consideras que estás perdiendo bastante tiempo tú como periodista?

En la transcripción de entrevistas.

Ahora, usando inteligencia artificial, eso que te dice el entrevistado, en vez de tomar un bloc de notas y escribirlo a mano y de ahí pasarlo al ordenador, directamente te lo vuelca en un archivo de texto con el cual puedes empezar a trabajar. Ese sería un ejemplo perfecto. La traducción, igual, antes dependíamos de gente experta que dominara varios idiomas y ahora mismo tenemos traductores en mil sitios que nos hacen unas traducciones realmente fieles gracias a la inteligencia artificial.

Se trata de identificar esas tareas en las que son muy manuales y en las que invertimos muchísimo tiempo. Y que si nosotros nos liberáramos de ese tiempo, podríamos ganarlo para cosas que realmente tengan más impacto en el negocio, como atender a los clientes, generar más ventas, dar un mejor servicio, etc.

¿Cómo pueden las empresas empezar a trabajar con la IA? ¿Cómo pueden saber las herramientas adecuadas?

La parte buena es que la tecnología no puede ser más fácil de usar. Tú le hablas y ella te responde. Al hablar nuestro lenguaje natural, no hay barrera de entrada a la tecnología, no hay curva de aprendizaje. Solo tenemos que saber hablar y todos sabemos hablar.

La parte mala es que la tecnología avanza muy rápido. Cada dos semanas salen cosas nuevas y es imposible estar actualizado o a la última de todo. Sin embargo, eso no es una excusa para que no empecemos a recorrer ese camino cuanto antes. Porque si pasa eso, el riesgo de quedarnos desfasados es muy grande, y de lo que estamos hablando al final es de pérdida de competitividad.

Esta tecnología realmente puede democratizar y puede marcar la diferencia más en las pequeñas empresas que en las grandes. En las grandes cuesta muchísimo, por culturas heredadas y por la propia cultura empresarial, cambiar la forma de trabajar. Pero en una pequeña empresa, cuyo beneficio es la agilidad, el impacto puede ser muchísimo mayor y puede darle una ventaja competitiva brutal.

Estamos hablando de ganancias brutales y ahorro de tiempo, y eso va a tener muchísimo más impacto pequeña que en una empresa mediana y en una empresa mediana que una empresa grande. La parte buena es que esta tecnología puede democratizar la competitividad de las empresas y hacerlas más competitivas en poco tiempo.

Sin embargo, la ventana de oportunidad es muy estrecha. Estamos hablando de 12 a 18 meses, 24 meses. Con lo cual, el riesgo de no empezar a adoptar tecnología a día de hoy es que nuestros competidores lo hagan y entonces empecemos a perder cuota de clientes, cuota de mercado.

¿Es sostenible seguir esa carrera de velocidad, por así decirlo, para una pequeña empresa?

Sí, es perfectamente sostenible. ¿Por qué? Porque hay gigantes tecnológicos como Google, como Microsoft, que te dan una gran tecnología por un pequeño precio mensual.

Estamos hablando de que una suscripción te cuesta lo normal, de 20 a 30 euros, pero máximo van a ser 100. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es la gran cantidad de ahorro que va a tener nuestro negocio a cambio de una pequeña suscripción que puede ser como la cuota del gimnasio.

Más que a coste, me refería a capacidad de adaptación.

Pero ahí volvemos a lo que te decía yo, que al ser la tecnología tan fácil de actuar como poder hablar, es cuestión de perder el miedo. Es un miedo más psicológico que real. Yo estoy constantemente haciendo formaciones a empresas de todo tipo, desde las más grandes a las más pequeñas, y a la gente que nunca ha interactuado con inteligencia artificial, en el momento en que le acompañas en el primer paso, ya le pierden el miedo y para ellos se habitúan. Incluso cogen el hábito de dictar y de hablarle en vez de teclear. Hay cursos, incluso de instituciones públicas, de 6 a 12 horas o 6 a 18 horas, y con 6 a 18 horas, que te dan las nociones básicas para empezar el camino y empezar a aprender tú solo.

Así que, insisto, la barrera es prácticamente inexistente. Es cuestión de dedicar una pequeña parte del tiempo a ello, como cuando aprendimos a manejar el correo electrónico.

Me comentabas fuera de entrevista que le has pedido a la inteligencia artificial que te desarrolle un informe acerca de cómo potenciar la economía y la competitividad en la provincia de Toledo. ¿Qué oportunidades ha detectado?

Yo utilicé durante una noche varios investigadores virtuales basados en inteligencia artificial para que me hicieran un análisis de la provincia de Toledo. Lo primero que me sorprendió es que hay un microtejido empresaria muy amplio, más de 45.000 empresas, que suponen un tercio de las empresas de toda la Castilla de la Mancha, y que el 81% son micropymes y autónomos. Es decir, empresas de uno o dos empleos, nada más.

Hay mucha manufactura y mucho sector agrario: calzado de todo tipo, quesos artesanales, productos de denominación de origen, quesos, vinos. En ese contexto se puede aplicar la innovación a un nivel muy alto que puede tener un impacto brutal.

Entonces, yo le pedí a esos investigadores qué cosas se podían mejorar con inteligencia artificial basándonos en casos de éxito llevados a cabo en otras partes del mundo que tengan una casuística muy parecida a esta provincia. Y ahí es donde vienen los casos de uso más interesantes.

Por ejemplo, aplicable al corredor de la Sagra, en una región de Italia, la IA optimizó las rutas logísticas, logrando un ahorro del 28% de los kilómetros recorridos, 350.000 euros de ahorro en gasolina y se incrementó la puntualidad porque, claro, agrupan los pedidos según tiene más sentido, con lo cual llegan antes a cada sitio.

Otro caso: en la Denominación de Origen del queso parmesano pusieron un olfato digital en aduanas para detectar productos falsos y echarlos para atrás para que no les bajaran el prestigio ni hundieran los precios.

Hay empresas que tienen asistentes virtuales que cogen llamadas y envían whatsapps a los clientes. Esto para hoteles y para restaurantes es genial porque las llamadas perdidas pasan a ser cero.

Y lo que es el no-show, que es cuando un cliente reserva y no va al hotel o no va al restaurante, se reduce en un 40% cuando el cliente dice recibe un mensaje de confirmación de la reserva. Él responde si le es imposible y así esa mesa se libera. Tienes ingresos que de otra forma no tendrías.

También en los controles de calidad para, por ejemplo, el queso manchego, se pueden poner microcámaras para mejorar la calidad de los productos y detectar el punto óptimo de fermentación. De esa forma reducimos el desperdicio de productos que no pasan al control de calidad y aumentamos la calidad de nuestro producto, pudiendo subir el precio y el prestigio de la marca. También ganamos tiempo porque fermentamos cada queso a nivel individual en su punto más óptimo.

Y todo eso con una noche de trabajo solo, imagínate. Mientras yo estaba descansando, mis investigadores virtuales hicieron el trabajo.

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.

La presidenta de la patronal de pymes Cepyme ha considerado la regularización de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno como una herramienta para afrontar “uno de los grandísimos problemas que tenemos ahora mismo las empresas, especialmente las pymes, que lo tienen más difícil, que es todo el tema de vacantes” sin cubrir. De Miguel ha sostenido que las empresas “necesitan a esas personas”, para las que ha considerado que es “clave” garantizar una formación y cualificación.

Mientras la derecha política, como PP y Vox, se han situado en contra de la regularización de las personas migrantes sin papeles que ya están en España, de manera beligerante y con multitud de bulos contra la medida, la posición en el ámbito empresarial es bien distinta. Varias patronales sectoriales, especialmente algunas que se aquejan de la falta de trabajadores, como la construcción, participaron en un acto con el Gobierno para celebrar la medida.

Desde varias ámbitos empresariales era una medida esperada, reclamada al Gobierno, en lo que consideran una pieza necesaria para tratar de cubrir puestos vacantes sin cubrir en estos momentos.

En esta línea se ha posicionado este martes la presidenta de la patronal de pymes Cepyme. “Creemos que es muy importante trabajar la formación de todos los inmigrantes que se van a regularizar”, ha afirmado Ángela de Miguel para “habilitarles para todas esas vacantes que ahora mismo tenemos en España”.

“Creemos que es fundamental y creemos que es la manera también de que nuestras empresas puedan crecer y podamos trabajar con esas personas, que nosotros necesitamos en nuestras organizaciones”, ha explicado.

“(Es) muy importante ver cómo trabajamos la formación de todos estos inmigrantes que se van a regularizar y cómo podemos llevarles con todos los incentivos necesarios al empleo, porque creemos que eso es la clave para que al final esta regularización sea algo que favorezca a todos los españoles”, ha añadido.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), celebraron ayer que algunas patronales no estén dejándose llevar por la politización y estén apoyando la medida, que consideran también necesaria, en primer lugar, por la ampliación de derechos de estas personas, pero también para la economía y el Estado del Bienestar. Los sindicatos precisaron no obstante que es necesario garantizar los derechos laborales y las condiciones de estos trabajadores, para que las empresas no los utilicen como mano de obra barata.

Defensa del diálogo social frente a los ataques de Vox

A preguntas de los periodistas, la empresaria también ha respondido a si teme que la llegada de Vox a gobiernos autonómicos ponga en peligro el diálogo social, dada la actuación del partido de extrema derecha en el pasado en contra de esta herramienta de negociación entre patronales y sindicatos, por ejemplo con la supresión del organismo de mediación laboral de Castilla y León.

“Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel, en el artículo 7 de la Constitución Española. Lo que vamos a defender es el diálogo social, independientemente de las diferentes vicisitudes políticas que podamos encontrarnos en España”, ha respondido De Miguel. “Creemos y defendemos el diálogo social porque realmente estamos convencidos de que es una institución fundamental para la prosperidad de todos los españoles, que es fundamental para la mejora de nuestro país”, ha añadido.

“Evidentemente, cualquiera que intente limitar ese diálogo social, nosotros vamos a estar ahí defendiéndolo, independientemente de cualquier interlocutor que tengamos enfrente”, ha sostenido la presidenta de Cepyme.

Muy crítica con los costes laborales y fiscales

De Miguel ha sido muy crítica con el Gobierno y, en particular, con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, a la que también ha señalado por no respetar el diálogo social, al llevar adelante medidas solo con el respaldo de los sindicatos tras las negativas de los empresarios. Por ejemplo, las subidas del salario mínimo o los intentos para reducir la jornada laboral y endurecer el registro horario.

Además, la líder de las pymes ha criticado el aumento de costes laborales en España, por el alza del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, así como lo que ha considerado una gran “carga fiscal” vinculada al trabajo, que ha considerado que “desincentiva” trabajar.

La ciudad de Cuenca reunirá el próximo 14 de mayo a empresas tecnológicas con pymes, autónomos y emprendedores de la provincia de Cuenca que quieran iniciar o avanzar en la digitalización de sus negocios. Será en el evento B2B Smart CLM, que tendrá lugar en el MUPA (Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha).

Durante el encuentro, que está organizado por Itecam (Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha), las empresas asistentes recibirán un asesoramiento individualizado por parte de especialistas en diferentes ámbitos de la digitalización (como marketing digital, programación web, digitalización de procesos, gestión de proyectos o automatización con inteligencia artificial), que atenderán sus necesidades concretas y podrán orientarles de forma personalizada, según explica la organización en un comunicado.

Cómo aprovechar la IA

Además de las reuniones, las empresas también podrán asistir a diferentes charlas a lo largo de esa mañana. Estas charlas estarán enfocadas al uso de la IA, cómo aprovechar sus funcionalidades y cómo tomar decisiones más rápidas con su ayuda. También se celebrará una jornada en horario de tarde sobre 'Inteligencia artificial, digitalización 3D y sistemas de visualización avanzada en patrimonio cultural'.

El evento también contará con un espacio dedicado demostraciones tecnológicas. En concreto, los asistentes podrán conocer cómo funcionan dos robots desarrollados por Itecam: uno enfocado a fabricación aditiva y sistemas inteligentes, y otro robot colaborativo para la clasificación inteligente, visión artificial y plataforma cloud.

Durante la presentación del encuentro realizada este miércoles, Jorge Parra, director general de Itecam, ha asegurado que el B2B Smart CLM “es un encuentro de referencia en la provincia que pretende fomentar el conocimiento de tecnologías clave y la colaboración entre las empresas a través de reuniones B2B”.

En la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presenta en 2026, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) disponen de diferentes mecanismos fiscales que permiten aliviar su carga tributaria, siempre que los gastos estén debidamente justificados y vinculados a la actividad económica. En un contexto de aumento de costes, estas deducciones se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la liquidez y la viabilidad de los negocios, aunque su aplicación requiere un conocimiento preciso de la normativa para evitar errores ante la administración tributaria.

En términos generales, tanto autónomos como sociedades pueden deducir gastos corrientes como suministros, alquileres o servicios profesionales, además de beneficiarse de incentivos ligados a la inversión, el empleo o la innovación. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos regímenes fiscales que condicionan el alcance de estas ventajas y su impacto real en la tributación.

En esta campaña, además, se mantienen determinados límites que afectan a la actividad económica. Entre ellos, los relativos al volumen de ingresos y operaciones, que siguen funcionando como referencia para distintas obligaciones fiscales: 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros, 125.000 euros cuando existen operaciones con obligación de facturar a otros empresarios y otros 250.000 euros en el volumen de compras.

Deducciones para autónomos

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la deducción de gastos sigue estando condicionada a su vinculación directa con la actividad económica. Solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con el desarrollo del negocio y que tengan impacto en la obtención de ingresos.

Para que un gasto sea aceptado, es necesario que esté respaldado por documentación válida. Esto implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial. Junto a ello, los gastos deben poder acreditarse y estar correctamente relacionados con la actividad, de forma que resulten coherentes con el trabajo desarrollado.

Entre los gastos más habituales se encuentra la cuota de autónomos, que puede deducirse íntegramente en el IRPF. También se mantiene la deducción del alquiler de locales cuando estos se destinan de forma exclusiva a la actividad, en cuyo caso el gasto puede deducirse al 100%.

Cuando el trabajo se realiza desde el domicilio habitual, los suministros como electricidad, agua, gas, internet o telefonía pueden deducirse aplicando un criterio específico. En estos casos, se toma el 30% de la proporción existente entre la superficie destinada a la actividad y el total de la vivienda, lo que determina la parte deducible del gasto.

También se incluyen como gastos deducibles los servicios profesionales externos, como asesorías, gestorías, servicios jurídicos o consultorías. A ello se suman otros costes habituales del día a día del negocio, como material de oficina, equipos informáticos, software, mobiliario o cualquier recurso necesario para el desarrollo de la actividad.

En el ámbito comercial, entran igualmente los gastos vinculados al marketing y la publicidad, como campañas digitales, anuncios en plataformas o la creación y mantenimiento de páginas web. En el caso de los vehículos, la deducción queda limitada a los supuestos en los que se pueda acreditar un uso exclusivamente profesional, de manera que los desplazamientos deben estar directamente relacionados con la actividad y se excluye cualquier utilización personal o no justificada.

Una de las novedades de este ejercicio es la incorporación de ajustes vinculados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Tras la implantación del sistema de cotización en función de ingresos, pueden producirse regularizaciones posteriores de cuotas. Estas variaciones podrán reflejarse en la declaración mediante nuevas casillas específicas, lo que permitirá incorporarlas como gasto o ingreso según corresponda.

En este ejercicio también se introduce una reducción del 30% sobre determinados rendimientos netos procedentes de actividades artísticas, científicas, literarias o escénicas cuando estos ingresos se obtienen de forma excepcional. Esta medida se aplica sobre un máximo de 150.000 euros anuales.

A ello se suma la actualización de los límites de otra reducción destinada a contribuyentes con ingresos más bajos. Podrán acogerse quienes tengan rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no dispongan de otras rentas superiores a 6.500 euros. En este caso, la reducción alcanza hasta 6.498 euros anuales para los tramos más bajos, mientras que en niveles intermedios se aplica una fórmula progresiva en función del rendimiento obtenido.

En estimación directa simplificada, se mantiene además la reducción del 5% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. Este beneficio no es compatible con otros incentivos específicos en determinados supuestos de dependencia económica. En estimación objetiva, por su parte, se conserva una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Deducciones para pymes

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de los ingresos para determinar el beneficio sobre el que se aplica el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos que garantizan su validez fiscal.

En primer lugar, los gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y contribuir al desarrollo del negocio. A esto se suma la obligación de contar con documentación justificativa adecuada, lo que implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial.

Además, los gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad de la empresa, lo que permite su seguimiento y control dentro del ejercicio fiscal correspondiente. También es necesario que se imputen en el periodo en el que realmente se producen, sin trasladarlos a otros ejercicios, ya que esto podría alterar el resultado fiscal.

Dentro de este marco, las pymes pueden deducir gastos habituales como suministros, alquileres de locales, servicios profesionales externos, inversiones en tecnología o software y otros costes asociados al funcionamiento diario del negocio. También se incluyen las amortizaciones de bienes de inversión, que permiten repartir el coste de determinados activos a lo largo de varios ejercicios.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria del programa Adelante Inversiones 2026, con 40 millones de euros, para acompañar a las pymes y autónomos en sus procesos de crecimiento, de modernización y de generación de empleo.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, aunque fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que deslizó dicho acuerdo este pasado martes en Talavera de la Reina.

“En esta convocatoria apoyamos inversiones reales que tienen que ver con la maquinaria, la ampliación de instalaciones, la incorporación de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Además, ampliamos el límite de la inversión subvencionable. Antes, los proyectos que se podían financiar eran hasta 900.000 euros y lo ampliamos a 1.200.000 euros, para dar cobertura a proyectos cada vez más ambiciosos”, ha detallado Padilla.

Según ha explicado, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la inversión, en el caso de las medianas empresas, y hasta el 50%, en el de las pequeñas empresas y las personas autónomas.

El Gobierno de Asturias  impulsa una línea de avales, dotada con cinco millones, para apoyar a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por la falta de liquidez como consecuencia de la guerra en Irán. La Agencia Sekuens y la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar se encargarán de la gestión de esta herramienta financiera.

El Principado trabaja ya para evaluar los efectos en la comunidad del conflicto bélico y definir acciones que ayuden a paliar su impacto económico y social, según ha anunciado este lunes al término del Consejo de Gobierno.

Comité de seguimiento

En este contexto, se ha creado un comité de seguimiento formado por representantes de las consejerías de Hacienda, Ciencia, Movilidad, Medio Rural y Derechos Sociales, que colaboran con la Agencia Sekuens en la definición de un paquete de iniciativas que amortigüen las consecuencias del conflicto bélico en el tejido productivo.

Este grupo se encargará de elaborar un plan de acción que se desplegará en caso de que la actual situación en Oriente Medio se prolongue. Las medidas que se barajan van en la línea de las impulsadas en 2023 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania o las que se pusieron en marcha hace un año, tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, presidente de EE.UU.

La coordinación

En el marco de sus competencias, el Ejecutivo autonómico se coordinará con el Gobierno de España, que también está diseñando medidas para atender a los sectores más perjudicados, principalmente el primario y el del transporte, con el fin de contener el precio de la energía mediante rebajas fiscales y abaratar el precio de los carburantes. Las actuaciones del Principado complementarán las nacionales para potenciar sus efectos y reforzar la ayuda a las empresas de Asturias.  

De forma paralela, el Grupo Sekuens, del que dependen la Sociedad de Promoción Exterior Asturex, la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar y la Sociedad Regional de Promoción, analiza las posibles acciones de apoyo a las compañías, tanto de carácter financiero como de exploración de mercados alternativos.

Cese de las acciones bélicas

En este marco, se convocarán reuniones con patronal y sindicatos, además de otras sectoriales con las firmas exportadoras, el transporte, las organizaciones agrarias, las entidades sociales y los sindicatos más representativos, de modo que se pueda obtener una visión global de los efectos del conflicto en la economía asturiana e impulsar medidas eficaces.

El Gobierno del Principado, que desde el principio se ha pronunciado contra en conflicto bélico, aboga por el cese de las acciones bélicas. Para el Ejecutivo, esa sería la mejor manera de evitar todas sus dañinas consecuencias, tanto humanitarias como económicas.

Un destino estratégico

Oriente Medio supone un destino estratégico para las exportaciones asturianas, no tanto por el volumen de negocio, que alcanzó los 204,9 millones en 2025 (el 3,6% del total de las ventas al exterior), como por la presencia en la zona de importantes ingenierías que ejecutan u optan a grandes proyectos de inversión. En total, 253 empresas asturianas venden en la zona, 78 de ellas de forma regular, lo que refleja una vía de negocio estable.  

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son los dos principales mercados de aquella región para las compañías asturianas. Al primero llegaron productos y servicios de Asturias por valor de 96,3 millones el año pasado y allí operan 80 empresas de la comunidad, 28 de ellas de manera habitual. Al segundo se enviaron bienes por una suma de 70 millones por parte de 44 empresas exportadoras, 17 de ellas regulares. Por su parte, Irán representa una cifra casi nula en las ventas al exterior, con nueve empresas exportadoras ocasionales en 2025.

BBVA ha concedido 3.197 millones de euros en nueva financiación a empresas de Castilla-La Mancha durante 2025, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al año anterior. La entidad destaca que con ello consolida su crecimiento en este segmento no solo por el incremento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes.

En el caso de las pymes, una de cada cuatro en España decide trabajar con BBVA, lo que sitúa al banco como “líder de captación” por tercer año consecutivo.

Esta evolución refleja el “impulso” del banco al tejido empresarial de Castilla-La Mancha a través de una propuesta que combina financiación, innovación tecnológica, acompañamiento especializado en todas las etapas de crecimiento de las empresas y una amplia oferta de soluciones, que van desde servicios de cobros y pagos para comercios, hasta herramientas que facilitan la labor de las grandes empresas, las pymes y los autónomos en el día a día.

Entre estas soluciones destaca la actualización de 'BBVA Cobros', la aplicación que permite convertir el smartphone en un terminal punto de venta para aceptar pagos con tarjeta o dispositivos móviles, facilitando a pymes y autónomos cobrar desde el propio teléfono móvil.

Entre las principales novedades destaca la mayor visibilidad de Bizum en la pantalla principal del TPV Android para cobrar de forma rápida y directa. Además, la app permite ahora visualizar en un solo vistazo el total de cobros realizados con tarjeta y Bizum, con la posibilidad de filtrarlos de manera independiente, lo que facilita el control diario de la actividad del negocio.

Apoyo a la creación de empresas

Además de con el crédito y las nuevas herramientas, BBVA continúa reforzando su propuesta de acompañamiento a las empresas. La entidad afirma que fue pionera en lanzar un servicio integral para la constitución de empresas en España en colaboración con 'Ayuda T Pymes'. Este modelo permite constituir una sociedad sin tener que preocuparse por los trámites administrativos.

El servicio permite gestionar todo el proceso desde un único punto y firmar la escritura notarial de forma digital. Desde su lanzamiento, más de 1.000 empresas se han constituido con el acompañamiento de BBVA, lo que refleja la buena acogida de este modelo entre los emprendedores. Se complementa con productos diseñados para facilitar el arranque de los negocios, como la 'Cuenta Empresa Bienvenida' sin comisiones, promociones para nuevos clientes o la posibilidad de contratar TPV sin coste durante el primer año.

La entidad resalta asimismo su apuesta por apoyar la actividad empresarial en las zonas rurales con el objetivo de asegurar que la ubicación geográfica “no sea una barrera para el crecimiento empresarial” y dar apoyo a los jóvenes agricultores, en “una clara apuesta por el relevo generacional del sector agro en España”.

Impulso a la IA en las pymes

Como parte de su apuesta por la innovación, BBVA ha sido la primera entidad en España que ha puesto a disposición de las pymes dos licencias de ChatGPT Business gratuitas durante un año a clientes y nuevos clientes,con el fin de impulsar la adopción de la IA entre el tejido empresarial.

Además, contenidos formativos para aprender a aplicar esta tecnología de forma práctica en sus negocios. La iniciativa se desarrolla en el marco de la alianza estratégica entre BBVA y OpenAI y busca facilitar que las pymes puedan experimentar con esta tecnología e integrarla en su trabajo diario para automatizar tareas, mejorar su eficiencia y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido.

La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber traspuesto dos directivas relativas al IVA. Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor la legislación necesaria para transponer estas directivas a más tardar el 31 de diciembre de 2024. El 31 de enero de 2025 se enviaron dos cartas de emplazamiento a España, seguidas de dictámenes motivados el 17 de julio de 2025. Sin embargo, España es el único Estado miembro que no lo ha hecho. La Comisión pide al Tribunal que se multe a España. 

Una de las directivas se refiere a cambios en las normas del IVA aplicables a las pequeñas empresas (pymes) y autónomos con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento del IVA para las pymes, rebajar el impacto negativo del efecto de umbral; y facilitar el cumplimiento por parte de las pymes y el seguimiento por parte de las Administraciones tributarias. Se refiere a las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

Según la Comisión, España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para las pymes establecida en la Directiva, ya que la aplicación de la exención es opcional para los Estados miembros. Sin embargo, la institución europea recalca que “aunque esto es posible, España debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas”.

La organización de autónomos ATA, que pidió a la Comisión Europea que sancione a España por no trasponer esta directiva, explicó que esta nueva norma europea “permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA”. A cambio, los autónomos renuncian a deducir el IVA de sus gastos.

La otra directiva a trasponer modifica la norma  disposiciones obligatorias que los Estados miembros deben transponer en relación con el lugar de prestación a efectos del IVA de determinados servicios cuando se transmitan en continuo o se ofrezcan virtualmente de otra manera, y el régimen especial del IVA aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

La Comisión señala que “a falta de transposición por parte de España de las disposiciones relativas al lugar de prestación conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y se aplicarán normas diferentes”.

Retraso del Ministerio de Hacienda

Cuando elDiario.es preguntó a Hacienda por la no trasposición de esta directiva, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero se aseguró que “está pendiente de transposición la directiva, pero la idea es cumplir con los plazos”. Sin embargo, en la modificación de la directiva se establece que tendría que estar aprobada en los países de la UE “a partir del 1 de enero de 2025”.

A la vez, Hacienda argumentó que hay otros regímenes impositivos en España que hacen que no tenga sentido la aplicación de esta exención del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros.

“En España, desde 1986, año en el que se estableció el impuesto en España, se ha optado por aplicar otros regímenes distintos para pequeños empresarios como el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia que están coordinados con el régimen de módulos en el IRPF. Por tanto, no parece que tenga mucho sentido reformular la tributación en un impuesto y no decir qué pasará en el otro”, declararon desde el Ministerio de Hacienda.

La Cámara de Comercio de Toledo y Banco Santander han convocado una nueva edición del Premio Pyme del Año 2026, que este año celebra su décimo aniversario, consolidado como uno de los principales reconocimientos al tejido empresarial español. Esta iniciativa de Cámara de España tiene como objetivo destacar la contribución de las pequeñas y medianas empresas al desarrollo económico, la creación de empleo y la innovación empresarial.

Durante la última década, más de 12.500 pymes de todo el país han participado en este certamen, que se ha convertido en el galardón de referencia para reconocer el esfuerzo de las empresas que impulsan la actividad económica en sus territorios.

El plazo para presentar candidaturas al Premio Pyme del Año 2026 permanecerá abierto hasta el 14 de abril. Podrán concurrir todas aquellas pymes de la provincia de Toledo con menos de 250 empleados y una facturación anual inferior a 50 millones de euros en el ejercicio 2025, siempre que tengan su sede social en la provincia.

La empresa ganadora a nivel provincial representará a Toledo en el Premio Nacional Pyme del Año 2026, cuya resolución está prevista para el primer trimestre de 2027. Asimismo, las empresas que obtengan los accésits provinciales competirán en sus respectivas categorías en la fase nacional.

Una edición especial con motivo del décimo aniversario

Como principal novedad en esta edición conmemorativa, el certamen incorporará la Mención al Legado Empresarial, que reconocerá a una empresa destacada por su trayectoria y por su impacto económico y social en el territorio. Este reconocimiento se entregará junto al premio principal y los cuatro accésits habituales, Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible

Las empresas interesadas podrán formalizar su inscripción a través del formulario disponible en la página web de la Cámara de Comercio de Toledo, donde también se pueden consultar las bases completas del certamen.

Un reconocimiento consolidado al tejido empresarial de la provincia

Desde su puesta en marcha, el Premio Pyme del Año, según explican sus promotorese, “ha servido para visibilizar el talento empresarial y la capacidad de innovación de las empresas de la provincia de Toledo” y resaltan que han contribuido de forma decisiva al desarrollo económico y social del territorio.

En la última edición celebrada en la provincia, la empresa IMTO Pack, dedicada al packaging industrial y con sede en Mascaraque, fue distinguida como Pyme del Año 2025 en Toledo, en reconocimiento a su crecimiento empresarial y a su apuesta por la innovación y el empleo.

Un año antes, en 2024, el galardón recayó en Valquer Laboratorios, empresa toledana especializada en cosmética biotecnológica y dermocosmética profesional, destacada por su desarrollo tecnológico y su expansión en mercados internacionales.

Estos reconocimientos reflejan la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial toledano, con empresas de sectores muy distintos que comparten un denominador común: su capacidad para generar empleo, innovar y competir en mercados cada vez más globales.

Las pymes, motor económico

El Premio Pyme del Año se enmarca en una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de España y Banco Santander para reconocer el papel esencial de las pequeñas y medianas empresas en la economía, responsables de gran parte del empleo y de la actividad empresarial en el país.

Con este reconocimiento, la Cámara de Comercio de Toledo y las entidades colaboradoras buscan poner en valor el esfuerzo de las empresas que, desde la provincia, contribuyen a impulsar la competitividad, la innovación y el desarrollo económico, al tiempo que fomentan la visibilidad de proyectos empresariales ejemplares.

En España, imaginar que los trabajadores se sienten en los consejos de administración de las empresas para discutir una deslocalización o una venta de la compañía es casi ciencia ficción en la mayor parte del país. Pero es lo más frecuente en Europa. “España se queda a la cola del tren europeo, con los países menos desarrollados”, advierte Isabelle Ferreras (1975), presidenta de la Comisión internacional de expertos y expertas sobre la democracia en el trabajo adscrita al Ministerio de Yolanda Díaz en una entrevista con elDiario.es.

Académica con un extenso currículum, Ferreras es profesora en la Universidad católica de Lovaina, investigadora senior en el Center for Labor and a Just Economy de la Facultad de Derecho de Harvard e investigadora distinguida del Institute for Ethics in Artificial Intelligence de la Universidad de Oxford, además de miembro de la Real Academia de Bélgica.

Con la mirada muy atenta en lo que está sucediendo en Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, advierte de la necesidad de reforzar el “proyecto democrático” para no dejar caer los gobiernos en manos de extremistas. Eso ya no es ciencia ficción, sino presente en muchos países desarrollados.

En España, hay una tarea pendiente que prevé la propia Constitución de 1975, recuerda la investigadora, fomentar la participación de los trabajadores en las empresas, dándoles voz en su gobernanza, pero también acceso a su propiedad. “Ahora, hay que hacerlo”, sostiene.

¿Son frecuentes este tipo de estudios sobre el nivel de democracia en las empresas que ha realizado, junto a un grupo de académicos internacionales, para el Gobierno de España?

Es bastante original y habla probablemente de dos dimensiones. Por un lado, que España tiene un mandato constitucional en el artículo 129.2 que no ha desarrollado suficientemente. Por tanto, tiene una tarea por cumplir: completar esa transición democrática hasta el ámbito laboral.

Y, por otro, tiene que ver con el hecho que hoy las empresas se enfrentan a desafíos capitales, como el desarrollo de la inteligencia artificial, la desigualdad y evitar la destrucción del planeta. Hay que ver cómo van a ser capaces de superarlos, porque lo que parece claro es que, si seguimos con la misma gobernanza corporativa, el sistema va a producir las mismas consecuencias. Que son todas esas externalidades negativas, como dicen los economistas, que van desde la destrucción del planeta a la destrucción de la democracia política.

Así que hay que elegir. Es el momento de enfrentarse a esas cuestiones fundamentales. No solamente aquí en España, en Europa y en el mundo, donde vemos que las democracias se van debilitando frente a fuerzas extremistas.

El informe señala que España es una anomalía en Europa por su escasa democracia en las empresas, en lo relativo a la participación de los trabajadores.

Así es. Creo que la patronal española no conoce la situación europea y por eso piensa que es normal que los trabajadores no participen, no solamente en la gestión, sino en la estrategia, en el gobierno de las empresas.

En Europa hay 18 países sobre los 27 donde hay formas de representación de los trabajadores al nivel de los consejos de administración. España se queda a la cola del tren europeo, con los países menos desarrollados, que son solamente nueve.

¿Por qué cree que ha sido así?

Se puede entender porque España en cierta manera es un país muy joven. La transición democrática no tiene 50 años y hemos vivido en ese tiempo el desarrollo del proyecto neoliberal, en el que este derecho político de participación en la gobernanza de la propiedad —que es central en el capitalismo— no se ha cuestionado.

Pero ahora el modelo neoliberal se está cuestionando. Trump es una respuesta al modelo neoliberal, pero hay otras respuestas. Por eso, examinamos la propuesta de la esperanza, de ir a por mejoras para todos y todas, para la mayoría, para los ciudadanos, que son los trabajadores y las trabajadoras, que se quedan sin poder participar realmente en las decisiones que gobiernan su vida.

Abordan en su estudio cómo dar más voz a los trabajadores en la gobernanza de las empresas. Han planteado umbrales bastante ambiciosos, de un tercio e incluso la mitad de los asientos de un consejo de administración para la parte trabajadora. ¿Estos umbrales son tan comunes en otros países europeos?

Como grupo de expertos, nuestro papel era hacer la evaluación, el diagnóstico y el benchmark [comparativa de rendimiento] de España respecto a otros países europeos. De ahí, sale que las mejores prácticas en Europa para las empresas de 50 a 1.000 trabajadores son las de Suecia, con un tercio de los asientos del consejo de administración para los trabajadores y, para más de mil trabajadores, son la de Alemania, con la paridad de asientos.

Esos son los dos umbrales más ambiciosos y nos parecía que nuestro papel era dar esa proyección para la economía española.

Este escenario puede sonar revolucionario en España. Pero en estos países, que tenemos de referencia para otras cuestiones, las plantillas tienen mucha voz a la hora de valorar una inversión estratégica, una deslocalización o estrategias sobre recortes de personal, por ejemplo. ¿De eso estamos hablando, no?

Eso es. Me parece importante que la sociedad española, pero en particular las empresas españolas, se den cuenta de que hay otro modelo de gobernanza. No este modelo despótico del empresario que cree que sabe más que el resto, sino un modelo colectivo, que se apoya en las inversiones laborales de todas las trabajadoras y trabajadores de la empresa.

Esto va a ser clave en el futuro para la capacidad de competitividad y de innovación de las empresas. España tiene un déficit de innovación empresarial, su gobernanza corporativa es totalmente despótica y esta no es una manera inteligente de ir hacia adelante.

Este desafío se va a hacer aún más importante con el desarrollo de la inteligencia artificial, en el que vamos a ver dos tipos de incorporación de la IA, como dice el premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, profesor en el MIT.

¿Cuáles son?

Acemoglu, al que nuestra comisión ha consultado en la elaboración de este estudio, nos dice que hay dos modelos: uno de imposición de la IA, con una calidad del empleo muy pobre y una capacidad de innovación muy mala; y otro modelo que aumenta la calidad de los puestos de trabajos con la IA.

Este último es el modelo que va a producir la capacidad máxima de innovación y de competitividad. Pero no se puede imaginar en empresas despóticas, que ignoran la capacidad de sus trabajadores para entender, diseñar y desarrollar esos sistemas de IA.

Proponen en su informe un nuevo derecho de co-decisión de los trabajadores para el despliegue de la inteligencia artificial.

Estamos en un momento histórico, en el que está en juego si la IA nos va a gobernar o vamos a ser capaces de gobernar la IA. No vamos a superar el desafío si seguimos con el modelo de gobernanza empresarial de Elon Musk y otros techbros.

Hay que pensar cómo nuestras instituciones de diálogo social tienen que mejorarse para que puedan dar respuestas a este reto.

En el pasado ha habido otras transiciones muy importantes en el mundo laboral, como la revolución industrial, por ejemplo. ¿Con esa voz de los trabajadores pretenden alcanzar lo que se denomina una “transición justa”, que tenga más en cuenta a los “perdedores” de la IA o de la transición verde? Como los puestos de trabajo que puedan desaparecer.

Sí, absolutamente. Aquí hay dos puntos. El primero es que en su libro Poder y Progreso, Acemoglu y Johnson, que son juntos Premio Nobel en Economía, explican muy bien que la revolución industrial necesitó tres generaciones de obreros para que se vieran los progresos para la mayoría de los trabajadores. Primero, produjo mucha pobreza y muchos problemas durante todo el siglo XIX.

Ahora no parece una buena idea que esperemos tres generaciones para que las cosas se transformen en algo positivo… Hay que poner las instituciones en marcha para que puedan producirse esos resultados.

¿Y el segundo punto?

En el tema de la transición justa, por ejemplo desde el punto de vista ecológico, a nivel europeo no se ha dado acceso a la voz a los trabajadores y en general se piensa como un problema de salario. Es decir, si una persona pierde su empleo, hay que darle una compensación monetaria.

Pero lo monetario o instrumental es solamente es una dimensión del trabajo, no es todo lo que da sentido a la vida del trabajador. También lo es el hecho de que contribuye a algo que le interesa, que le parece importante, su relación con la sociedad o sus compañeros, puede sentir que el trabajo le da una identidad social… Esto no se puede cuidar sin dar voz a la gente.

Los trabajadores y las trabajadoras son realmente inversores de su vida, de su conocimiento, de su salud, de su cuerpo en el trabajo. Y cuando la inversión es tan importante, hay que dar voz a la gente. No se justifica hoy en día no reconocer esos derechos de participación

Apuntaron en la presentación del estudio que hay pocos espacios donde las personas tengan tan poco poder de decisión.

Los trabajadores y las trabajadoras son realmente inversores de su vida, de su conocimiento, de su salud, de su cuerpo en el trabajo. Especialmente en una economía de servicios, como es hoy la de España y toda Europa, donde encontramos más de 80% de los trabajos en los servicios.

Y cuando la inversión es tan importante, hay que dar voz a la gente que está gobernada por las decisiones de las empresas. No se justifica hoy en día no reconocer esos derechos de participación.

En un país como España, en el que tienen tanto peso las pequeñas empresas, ¿se podría generar una desigualdad de derechos entre sus trabajadores y las plantillas de las grandes empresas? Para este tejido más pequeño, ¿plantean otro tipo de estrategias o iniciativas?

Este es un problema común en Europa, aunque en España particularmente. Lo primero: el artículo constitucional que da voz y acceso a la propiedad a cada trabajador o trabajadora alcanza también a las pymes. No dice que si trabajas en una pyme no se te garantizan estos derechos.

Así que sí, es un desafío muy importante. Como comisión de expertos no tenemos todas las respuestas, pero esperamos haber contribuido a poner las preguntas sobre la mesa.

Sobre las pymes plantean que se regule para que los empleados puedan adquirir con mayor facilidad las empresas donde trabajan ante el reto del relevo generacional de muchos negocios.

Hay un gran desafío de sucesión de las pymes. Dentro de una década, hay un tercio que no tienen un plan de sucesión, que sabemos que el empresario se va a jubilar y que no tiene hijos o hijas, o que no quieren seguir con el negocio.

Esto es un riesgo para el tejido productivo español. ¿Qué va a pasar si no tenemos un plan de acceso a la propiedad? Que los fondos de inversión depredadores americanos van a venir, como ya lo están haciendo con la vivienda.

Así que, por qué no seguir el plan que nos plantea la Constitución española, ayudando a las empresas, y a las pymes en particular, para que pueda pasar la propiedad a sus trabajadores. Ellos son los que conocen mejor el negocio. ¡Hablamos de compra! No de expropiación. Para facilitar esa transición, proponemos que el Estado y los poderes públicos pongan en marcha Fondos de Inversión Ciudadanos, públicos.

Si no hay un plan de acceso a la propiedad ante el reto de sucesión generacional en las pymes, vendrán los fondos de inversión depredadores americanos, como ya lo están haciendo con la vivienda

Además, plantean un sistema de incentivos, fiscales y en la contratación pública, entre otros, que premien a compañías con más participación tanto en la voz y de propiedad de los trabajadores.

Es la herramienta más original y ambiciosa del informe. Porque si no hay una nueva legislación rápidamente, el Gobierno puede mañana empezar con esos incentivos a dar un buen soporte a las empresas que avanzan con más democracia interna y más innovación, y desincentivar a las que quieren mantenerse en una gobernanza despótica, que sabemos que no es la respuesta a los desafíos que España tiene.

¿Cree que España está en condiciones de empezar ya a hacer esta transición democrática? ¿Qué destacaría que ganaría el país al hacerlo?

Absolutamente. Con una tasa de crecimiento económico que despierta la envidia de otros países europeos, España es más capaz que nunca de situarse a la cabeza del tren europeo. Además, tiene la responsabilidad de ejercer un liderazgo y demostrar que es necesario seguir esta senda de profundización de la democracia en la economía, incluso en los EEUU se empieza a comprender esto.

En el ámbito científico sabemos que hay una conexión entre la manera en que la gente vive y las posibilidades de desarrollo de una sociedad democrática. La gente espera poder tener voz sobre su vida y lo que ven es que no la tienen sobre lo más importante de su día a día. Porque son gobernados por empresas despóticas en las que no pueden participar ni decidir.

Nos parece que ese desarrollo es central para el futuro de España, para la calidad de su economía, a nivel colectivo y a nivel individual también, como una respuesta a las expectativas de los ciudadanos.

España tiene además una responsabilidad de responder a este artículo constitucional y este Gobierno lo incluyó en su acuerdo de gobierno. Es una muy buena noticia, porque es la manera responsable y auténticamente emancipadora de responder a los desafíos de hoy de la democracia, la economía y el planeta.

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) da un paso decisivo en el apoyo a la transformación tecnológica del tejido productivo de la provincia de Badajoz con la puesta en marcha del Proyecto Oficinas Acelera Pyme CREEX–Badajoz. Esta iniciativa, diseñada para acompañar de forma gratuita a empresas, personas autónomas y emprendedoras en la mejora de su competitividad, tendrá su puesta de largo el próximo 18 de febrero de 2026. La jornada de presentación se celebrará a las 09:30 horas en el Pabellón Manuel Pérez y Pérez del Recinto Ferial de Zafra, municipio clave en el sur de Extremadura, y servirá para dar a conocer tanto al equipo técnico como las principales líneas de apoyo que estarán disponibles durante los años 2026 y 2027.

Este despliegue territorial no parte de cero, sino que se sustenta en la experiencia acumulada por la patronal extremeña en convocatorias anteriores, en las que se asesoró a más de 1.500 negocios y se desarrollaron más de medio centenar de jornadas divulgativas. Sobre este bagaje, el nuevo proyecto busca ofrecer una orientación profesional que permita a las pequeñas estructuras empresariales tomar decisiones tecnológicas con criterio, evitando inversiones innecesarias y priorizando soluciones que generen mejoras tangibles en la productividad. En este sentido, la jornada en Zafra abordará la digitalización desde una perspectiva integral: ya no se trata solo de tener presencia en redes sociales, sino de optimizar procesos internos, ganar eficiencia mediante el uso de datos y aprovechar oportunidades disruptivas como la Inteligencia Artificial.

El equipo técnico que liderará este asesoramiento está compuesto por Ismael Capataz Millán, responsable de la oficina en el eje Zafra y Almendralejo, Consuelo Masa Gragera en la sede de Badajoz y José Antonio Sereno Sánchez como técnico general de las oficinas. Durante la sesión, estos profesionales explicarán las ayudas y líneas de financiación vigentes y ofrecerán pautas prácticas para reducir la brecha digital en la provincia, un reto que la CREEX identifica como prioritario. Aunque el programa está abierto a todos los sectores, se pondrá especial énfasis en las microempresas y el colectivo de autónomos, perfiles que suelen encontrar mayores barreras por falta de tiempo o recursos para avanzar en ámbitos como la ciberseguridad, el comercio electrónico o la automatización de la gestión.

Para garantizar la cercanía y el acceso en todo el territorio pacense, el proyecto combina la atención digital con tres puntos de atención presencial permanente situados en Badajoz (calle Castillo de Feria), Almendralejo (calle Automoción) y la propia localidad de Zafra (calle Manuel Álvarez). Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña subrayan que esta iniciativa es una oportunidad para acercar la innovación con un acompañamiento real a quienes más lo necesitan, contribuyendo así a crear un tejido empresarial más resiliente ante los desafíos actuales.

Las Oficinas Acelera Pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21 - 27.

Las personas interesadas en asistir a la jornada o solicitar asesoramiento pueden obtener más información en el teléfono 924 28 61 61 o a través de la web oficial del proyecto.

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha sido seleccionada nuevamente para liderar el proyecto Oficinas Acelera Pyme, una iniciativa destinada a impulsar la transformación digital del tejido empresarial extremeño. En esta nueva edición, el programa se desarrollará con un enfoque provincial y, en el caso de Cáceres, extenderá su actuación a todas las localidades de la provincia.

El proyecto está dirigido de manera específica a pymes, personas autónomas y emprendedoras, con el objetivo de acelerar su modernización, reforzar su competitividad y acompañarlas en la adopción de soluciones digitales adaptadas a sus necesidades reales. Gracias al impulso de la CREEX, la provincia de Cáceres contará con Oficinas Acelera Pyme en Cáceres y Plasencia, con sedes físicas que funcionarán como puntos de atención continuada desde los que se ofrecerá, sin coste alguno, asesoramiento, información y acompañamiento en todo el proceso de transformación digital durante los años 2026 y 2027.

Estas oficinas se consolidan como espacios de referencia para empresas, personas autónomas y emprendedoras de cualquier sector, tamaño o municipio que necesiten orientación sobre herramientas, procesos o soluciones tecnológicas. En este marco de actuación, la CREEX facilitará diagnósticos individualizados del nivel de digitalización de cada proyecto empresarial, identificando carencias y proponiendo soluciones concretas, así como información y orientación sobre ayudas y programas de apoyo tanto estatales como autonómicos. El servicio se completará con formación especializada y talleres prácticos adaptados a las necesidades del tejido empresarial, acompañamiento en la adopción e integración de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad y la eficiencia, y atención directa a consultas relacionadas con los procesos de transformación digital.

La CREEX pone el foco en la brecha digital que todavía persiste en el tejido empresarial extremeño en comparación con la media nacional. En este contexto, numerosas empresas, personas autónomas y emprendedoras de la región continúan encontrando dificultades en ámbitos clave como el uso avanzado de herramientas digitales, la implantación de soluciones de gestión, el comercio electrónico, la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Este retraso tiene un impacto directo en la productividad, la competitividad y la capacidad de crecimiento del conjunto del tejido empresarial.

Por ello, el proyecto Oficinas Acelera Pyme adquiere una relevancia especial en la provincia de Cáceres, donde la demanda de apoyo y acompañamiento tecnológico es mayor, en un contexto productivo formado mayoritariamente por microempresas y personas autónomas. Desde la CREEX subrayan que esta renovación supone “un reconocimiento al trabajo realizado y, sobre todo, una oportunidad para seguir ayudando a que las empresas den un paso decisivo hacia la modernización y la transformación digital”.

Las Oficinas Acelera Pyme de la CREEX en la provincia de Cáceres funcionarán así como un auténtico motor de cambio para reducir la brecha digital, impulsar la innovación y contribuir a la construcción de un tejido empresarial más competitivo y mejor preparado para afrontar los desafíos actuales. Las sedes físicas estarán ubicadas en la calle Obispo Segura Sáez número 8, en Cáceres, y en la Avenida Juan Carlos I, número 15, entreplanta, en Plasencia. Para más información, las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 924 28 61 61 o consultar la web acelerapyme-creex.es/caceres/, en un contexto en el que la digitalización deja de ser una opción para convertirse en una condición imprescindible para la supervivencia y el futuro del tejido empresarial extremeño.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de “una nueva ayuda de movilidad eléctrica para autónomos y pequeñas empresas”. Se trata de una partida de 40 millones de euros que permitirá “la adquisición de vehículos electrificados, tanto en propiedad como en renting” de la que podrán beneficiarse “las empresas de menos de 10 empleados”, con unos importes de hasta 7.500 euros.

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Industria, Sánchez ha anunciado además que se abrirá la segunda convocatoria de la Línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial, dotada con 330 millones de euros y que “en los próximos días”, el Gobierno lanzará “una gran convocatoria de innovación abierta”. “Liderado por la Escuela de Organización Industrial, junto al CDTI, este gran hackathon nacional busca atraer el conocimiento e investigación de nuestras universidades y centros tecnológicos, junto al talento disruptivo de nuestras startups, combinado con la capacidad de nuestra industria para abordar retos tecnológicos en el ámbito de la seguridad, la defensa y las tecnologías de doble uso”, ha dicho.

“Como la regulación, la mejor política industrial es la que sí existe”, ha dicho Sánchez, que ha considerado que el sector debe estar “al servicio de la mayoría social, de las empresas y del interés nacional y europeo”. El jefe del Ejecutivo ha anunciado que España ha dejado atrás “la reconversión industrial para emprender la reconstrucción industrial” del país. “España ha generado casi 200.000 puestos de trabajo en la industria desde 2018. La mitad de ellos, sólo en los últimos 12 meses: 2025 ha sido el mejor año para el empleo industrial en lo que llevamos de década. Superamos los 22,5 millones de ocupados por primera vez y hemos bajado del 10% de paro por primera vez desde 2008, y lo logramos con una economía productiva y saneada”, ha afirmado en el congreso que ha tenido lugar en Bilbao.

Sánchez ha afirmado que el Gobierno aspira “a regresar al club de economías donde la industria aporta el 20% del PIB”. “Y, por eso, vamos a seguir desplegando una política industrial, en colaboración con la empresa, que responde a tres grandes objetivos, alineados con los de la UE: ”reforzar la competitividad de nuestras empresas, seguir promoviendo la transición climática, un auténtico motor de nuestra prosperidad y “contribuir a la autonomía estratégica europea”.

Refiriéndose a las políticas de Donald Trump, Sánchez ha afirmado que “lo que está pasando al otro lado del Atlántico es el toque de atención” necesario para “tomar las riendas” del futuro. “Nuestra generación recibió un Estado del Bienestar en construcción y una industria muy debilitada. Ahora, nuestra obligación es culminar la reconstrucción industrial para legar a nuestros hijos ese modelo social y de progreso que nos hace únicos”, ha concluido.

El inminente mes de febrero marca una cita ineludible para el tejido empresarial con la presentación del modelo 347 ante la Agencia Tributaria. Y es que este documento, que deben presentar durante el próximo mes pymes y autónomos, supone una declaración anual informativa que recopila las operaciones con terceras personas que superaron los 3.005,06 euros durante el pasado ejercicio económico. Para pymes y autónomos, este trámite supone un ejercicio de transparencia fundamental para el control del impuesto sobre el valor añadido y sociedades. Aunque no implica un pago directo, su relevancia reside en el cruce masivo de información que realiza la administración pública. 

En otras palabras, el modelo 347 es un mecanismo diseñado para detectar discrepancias entre lo que declara un proveedor y lo que comunica su cliente. Sin embargo, este clásico del calendario fiscal se encuentra en una etapa de transición hacia su desaparición definitiva. La digitalización de la hacienda pública está transformando la manera en que se recogen los datos económicos. El objetivo final es alcanzar una visibilidad total de las transacciones comerciales en un tiempo prácticamente real.

A través de la campaña informativa de Hacienda respecto al ejercicio de 2025, cualquier pyme o autónomo puede conocer que se ha establecido que el plazo se extienda excepcionalmente hasta el lunes 2 de marzo. Esto se debe a que el último día de febrero cae en sábado, lo que obliga a desplazar el vencimiento. Pero son muchos los asesores que no dejan de recomendar que los contribuyentes no dejen para el último momento la generación de este fichero telemático obligatorio. Cualquier fallo técnico en los días finales podría comprometer el cumplimiento de esta obligación administrativa. La presentación debe realizarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede de la Agencia Tributaria. 

A la hora de ejecutar esta gestión, tanto autónomos como pequeñas y medianas empresas deben asegurarse de tener sus certificados digitales vigentes y listos para operar. Una correcta planificación en estas fechas evita las prisas y los errores comunes de última hora. El umbral de los 3.005,06 euros, recuerda Hacienda, es la cifra que activa la obligación de declarar. Este importe debe calcularse incluyendo siempre el impuesto sobre el valor añadido para determinar si se alcanza el límite. Se deben computar todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas con una misma persona o entidad. Es importante recordar que el modelo exige ahora un desglose de la información con carácter general de forma trimestral. 

Existen excepciones para ciertas entidades como las comunidades de propietarios que informan sobre una base de cómputo anual. El cálculo correcto de estas cuantías es el primer paso para una declaración exitosa y sin sobresaltos. Los anticipos de clientes y pagos a proveedores también deben integrarse en el momento en que se producen. La precisión en estas cifras es lo que permite que el sistema de cruce de datos que busca Hacienda funcione.

A pesar de su larga trayectoria, el modelo 347 ya ha comenzado a desaparecer para ciertos perfiles. Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual o acogidos al suministro inmediato de información están exentos. Esto ocurre porque la administración ya dispone de sus libros registro de facturas de manera casi instantánea. Al recibir la información de forma diaria o semanal, el resumen anual de febrero resulta redundante para Hacienda. Esta es la primera señal clara del camino que seguirá el resto de los contribuyentes españoles próximamente. La tendencia es que la declaración informativa deje de existir a medida que el sistema absorba más perfiles. La eficiencia administrativa busca eliminar duplicidades que solo generan carga burocrática innecesaria para las pequeñas y medianas empresas. Por ahora, quienes no están en estos sistemas especiales deben seguir cumpliendo con el trámite tradicional.

La implementación de la factura electrónica obligatoria entre empresas y el reglamento de sistemas estables es el cambio definitivo. Con la llegada de herramientas como VeriFactu, la Agencia Tributaria tendrá una visibilidad inmediata de cada operación comercial. Esta normativa exige una coherencia total entre lo que se factura y lo que se declara en tiempo real. En este nuevo escenario digital, y según explican desde consultoras como Esofitec, obligadas a estar al día de las actualizaciones normativas, “con el tiempo se espera que exista la obligatoriedad de pasar todos los registros de facturación de forma inmediata a Hacienda, por tanto, los modelos informativos anuales perderán su razón de ser como herramientas de control”. Será entonces cuando Hacienda ya no necesitará esperar a febrero para conocer el volumen de negocio con un tercero. 

La contabilidad, por lo tanto, pasará a ser una gestión de datos en vivo que alimentará directamente las bases de datos oficiales. Esto supone un reto de adaptación tecnológica enorme para muchos autónomos y empresas de pequeño tamaño. Sin embargo, la promesa es una simplificación futura que eliminará declaraciones que hoy quitan mucho tiempo. Desde Esofitec, además, aseguran que la digitalización del tejido empresarial viene marcada desde Europa, que ya prevé la reforma del sistema común europeo del IVA en un proyecto más amplio, que lleva por nombre “ViDA”.

La conciliación previa de los datos con clientes y proveedores es la tarea más crítica de estos días. Por ejemplo, es habitual encontrar discrepancias temporales cuando una factura se emite a finales de un trimestre específico. El proveedor puede declararla en el primer trimestre, mientras que el cliente la registra en el segundo. Hacienda acepta estas diferencias siempre que el importe anual total coincida entre ambas partes de la transacción. Por ello, muchas empresas envían borradores o cartas de confirmación de saldos antes de cerrar el modelo. El uso de programas de contabilidad actualizados facilita enormemente este proceso de comprobación y validación. Automatizar la identificación de los terceros que superan el límite legal reduce drásticamente el riesgo de olvidos. Una buena gestión contable diaria es la mejor defensa ante los requerimientos de información del fisco.

Multas por errores u omisiones

No todos los pagos y cobros forman parte de esta compleja declaración informativa. Las cantidades percibidas en metálico que superen los seis mil euros anuales tienen un tratamiento diferenciado. También se deben segregar las operaciones relativas a transmisiones de inmuebles sujetos al impuesto sobre el valor añadido. Las subvenciones y ayudas públicas no reintegrables son otro elemento que a menudo se olvida declarar incorrectamente. Por el contrario, existen exclusiones como los suministros de energía o agua para uso comunitario en propiedades horizontales. Tampoco deben incluirse operaciones que ya hayan sido informadas en otros modelos fiscales durante el año. Por ejemplo, los alquileres de locales con retención o las operaciones intracomunitarias tienen sus propios canales. 

El régimen sancionador por errores u omisiones en este modelo informativo es riguroso y puede ser costoso. La normativa establece multas de 20 euros por cada dato que sea incorrecto o esté incompleto. Existe un mínimo de 300 euros que se aplica incluso si el error afecta a pocos registros. En los casos más graves de omisión masiva, las sanciones pueden escalar hasta los 20.000 euros. Incluso la presentación fuera de plazo sin que haya un requerimiento previo conlleva una penalización económica. Cada cliente o proveedor que no figure correctamente se considera un dato independiente a efectos de la sanción. Estos riesgos financieros justifican sobradamente la inversión en herramientas tecnológicas y asesoramiento profesional de calidad. En cualquier caso, la transición hacia una fiscalidad digital y conectada es un proceso imparable que ganará velocidad pronto, en detrimento de documentos como el mencionado modelo 347. Un cambio que pymes y autónomos deben ver como una oportunidad para profesionalizar su gestión y contabilidad. 

Una foto que ha escocido que ha escocido a los afectados. Las principales asociaciones de usuarios de Internet de España han reiterado este jueves ante el Defensor del Pueblo su queja por los bloqueos indiscriminados del tráfico de red instados por LaLiga, motivadas por un reciente acuerdo entre el Ministerio de Trasformación Digital y la patronal dirigida por Javier Tebas. El pacto, ratificado la pasada semana, pone en marcha diversas medidas para desarrollar un “ciberespacio confiable”.

“La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de 'colaboración', mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura y control de las redes en España”, denuncian la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet en un comunicado conjunto.

Las asociaciones denuncian la “intolerable pasividad” del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la situación, que se repite desde hace un año. Cada fin de semana, la patronal del fútbol ordena a los operadores censurar grandes paquetes de datos que circulan por sus redes si detecta que, entre ellos, circula una retransmisión pirata.

Debido al método de bloqueo, este provoca que cientos de webs y servicios digitales queden inaccesibles debido a esas emisiones ilegales, con las que no tienen ninguna relación. “Ni la Secretaría de Estado ni la CNMC han atendido las peticiones de los internautas ante los bloqueos de Internet que cada fin de semana ordena La Liga indiscriminadamente”, continúan las asociaciones: “Las han ignorado deliberadamente y tampoco actúan de oficio. El Gobierno prefiere mantener la impunidad de los ataques de denegación de servicio, los daños a terceros y la censura arbitraria de contenidos”.

El Gobierno recomienda la vía legal

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

LaLiga, por su parte, echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en paquetes de datos que se mueven juntos por la red. Con todo, asegura que sus bloques están amparados por la justicia y son “proporcionados” y “quirúrgicos”.

La resolución a la que se refiere la patronal es una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren esos paquetes de datos cuando exista una retransmisión pirata entre ellos. No obstante, el juez afirma en el texto que esa maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

LaLiga insiste también en delegar la responsabilidad de la situación en Cloudflare, y recuerda que recientemente la compañía ha sido multada en Italia con un 1% de su facturación global por no tomar “medidas efectivas para impedir el uso de sus servicios en la difusión de contenidos ilícitos, pese a haber recibido órdenes para desactivar el acceso a determinadas páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos”.

Cloudflare niega esta responsabilidad y ha protestado por la situación ante la Casa Blanca, entendiendo que España está dificultando el comercio internacional. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Defensor del Pueblo, que ya tenía una primera queja de las asociaciones de usuarios registrada en junio de 2025, afirma que este se encuentra “en fase de estudio”. “Dada la confidencialidad de las quejas que se reciben en la institución, cualquier novedad que se produzca en las actuaciones se comunicará directamente a las asociaciones que se han dirigido al Defensor del Pueblo”, añaden fuentes oficiales.

Mientas tanto, los usuarios y empresas afectadas siguen atrapados en una maraña de bloqueos de Internet pese a que no tienen relación con la piratería. “Lo más grave, es que esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”, ha denunciado la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.