La ciudad de Cuenca reunirá el próximo 14 de mayo a empresas tecnológicas con pymes, autónomos y emprendedores de la provincia de Cuenca que quieran iniciar o avanzar en la digitalización de sus negocios. Será en el evento B2B Smart CLM, que tendrá lugar en el MUPA (Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha).

Durante el encuentro, que está organizado por Itecam (Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha), las empresas asistentes recibirán un asesoramiento individualizado por parte de especialistas en diferentes ámbitos de la digitalización (como marketing digital, programación web, digitalización de procesos, gestión de proyectos o automatización con inteligencia artificial), que atenderán sus necesidades concretas y podrán orientarles de forma personalizada, según explica la organización en un comunicado.

Cómo aprovechar la IA

Además de las reuniones, las empresas también podrán asistir a diferentes charlas a lo largo de esa mañana. Estas charlas estarán enfocadas al uso de la IA, cómo aprovechar sus funcionalidades y cómo tomar decisiones más rápidas con su ayuda. También se celebrará una jornada en horario de tarde sobre 'Inteligencia artificial, digitalización 3D y sistemas de visualización avanzada en patrimonio cultural'.

El evento también contará con un espacio dedicado demostraciones tecnológicas. En concreto, los asistentes podrán conocer cómo funcionan dos robots desarrollados por Itecam: uno enfocado a fabricación aditiva y sistemas inteligentes, y otro robot colaborativo para la clasificación inteligente, visión artificial y plataforma cloud.

Durante la presentación del encuentro realizada este miércoles, Jorge Parra, director general de Itecam, ha asegurado que el B2B Smart CLM “es un encuentro de referencia en la provincia que pretende fomentar el conocimiento de tecnologías clave y la colaboración entre las empresas a través de reuniones B2B”.

En la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presenta en 2026, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) disponen de diferentes mecanismos fiscales que permiten aliviar su carga tributaria, siempre que los gastos estén debidamente justificados y vinculados a la actividad económica. En un contexto de aumento de costes, estas deducciones se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la liquidez y la viabilidad de los negocios, aunque su aplicación requiere un conocimiento preciso de la normativa para evitar errores ante la administración tributaria.

En términos generales, tanto autónomos como sociedades pueden deducir gastos corrientes como suministros, alquileres o servicios profesionales, además de beneficiarse de incentivos ligados a la inversión, el empleo o la innovación. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos regímenes fiscales que condicionan el alcance de estas ventajas y su impacto real en la tributación.

En esta campaña, además, se mantienen determinados límites que afectan a la actividad económica. Entre ellos, los relativos al volumen de ingresos y operaciones, que siguen funcionando como referencia para distintas obligaciones fiscales: 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros, 125.000 euros cuando existen operaciones con obligación de facturar a otros empresarios y otros 250.000 euros en el volumen de compras.

Deducciones para autónomos

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la deducción de gastos sigue estando condicionada a su vinculación directa con la actividad económica. Solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con el desarrollo del negocio y que tengan impacto en la obtención de ingresos.

Para que un gasto sea aceptado, es necesario que esté respaldado por documentación válida. Esto implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial. Junto a ello, los gastos deben poder acreditarse y estar correctamente relacionados con la actividad, de forma que resulten coherentes con el trabajo desarrollado.

Entre los gastos más habituales se encuentra la cuota de autónomos, que puede deducirse íntegramente en el IRPF. También se mantiene la deducción del alquiler de locales cuando estos se destinan de forma exclusiva a la actividad, en cuyo caso el gasto puede deducirse al 100%.

Cuando el trabajo se realiza desde el domicilio habitual, los suministros como electricidad, agua, gas, internet o telefonía pueden deducirse aplicando un criterio específico. En estos casos, se toma el 30% de la proporción existente entre la superficie destinada a la actividad y el total de la vivienda, lo que determina la parte deducible del gasto.

También se incluyen como gastos deducibles los servicios profesionales externos, como asesorías, gestorías, servicios jurídicos o consultorías. A ello se suman otros costes habituales del día a día del negocio, como material de oficina, equipos informáticos, software, mobiliario o cualquier recurso necesario para el desarrollo de la actividad.

En el ámbito comercial, entran igualmente los gastos vinculados al marketing y la publicidad, como campañas digitales, anuncios en plataformas o la creación y mantenimiento de páginas web. En el caso de los vehículos, la deducción queda limitada a los supuestos en los que se pueda acreditar un uso exclusivamente profesional, de manera que los desplazamientos deben estar directamente relacionados con la actividad y se excluye cualquier utilización personal o no justificada.

Una de las novedades de este ejercicio es la incorporación de ajustes vinculados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Tras la implantación del sistema de cotización en función de ingresos, pueden producirse regularizaciones posteriores de cuotas. Estas variaciones podrán reflejarse en la declaración mediante nuevas casillas específicas, lo que permitirá incorporarlas como gasto o ingreso según corresponda.

En este ejercicio también se introduce una reducción del 30% sobre determinados rendimientos netos procedentes de actividades artísticas, científicas, literarias o escénicas cuando estos ingresos se obtienen de forma excepcional. Esta medida se aplica sobre un máximo de 150.000 euros anuales.

A ello se suma la actualización de los límites de otra reducción destinada a contribuyentes con ingresos más bajos. Podrán acogerse quienes tengan rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no dispongan de otras rentas superiores a 6.500 euros. En este caso, la reducción alcanza hasta 6.498 euros anuales para los tramos más bajos, mientras que en niveles intermedios se aplica una fórmula progresiva en función del rendimiento obtenido.

En estimación directa simplificada, se mantiene además la reducción del 5% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. Este beneficio no es compatible con otros incentivos específicos en determinados supuestos de dependencia económica. En estimación objetiva, por su parte, se conserva una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Deducciones para pymes

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de los ingresos para determinar el beneficio sobre el que se aplica el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos que garantizan su validez fiscal.

En primer lugar, los gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y contribuir al desarrollo del negocio. A esto se suma la obligación de contar con documentación justificativa adecuada, lo que implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial.

Además, los gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad de la empresa, lo que permite su seguimiento y control dentro del ejercicio fiscal correspondiente. También es necesario que se imputen en el periodo en el que realmente se producen, sin trasladarlos a otros ejercicios, ya que esto podría alterar el resultado fiscal.

Dentro de este marco, las pymes pueden deducir gastos habituales como suministros, alquileres de locales, servicios profesionales externos, inversiones en tecnología o software y otros costes asociados al funcionamiento diario del negocio. También se incluyen las amortizaciones de bienes de inversión, que permiten repartir el coste de determinados activos a lo largo de varios ejercicios.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria del programa Adelante Inversiones 2026, con 40 millones de euros, para acompañar a las pymes y autónomos en sus procesos de crecimiento, de modernización y de generación de empleo.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, aunque fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que deslizó dicho acuerdo este pasado martes en Talavera de la Reina.

“En esta convocatoria apoyamos inversiones reales que tienen que ver con la maquinaria, la ampliación de instalaciones, la incorporación de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Además, ampliamos el límite de la inversión subvencionable. Antes, los proyectos que se podían financiar eran hasta 900.000 euros y lo ampliamos a 1.200.000 euros, para dar cobertura a proyectos cada vez más ambiciosos”, ha detallado Padilla.

Según ha explicado, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la inversión, en el caso de las medianas empresas, y hasta el 50%, en el de las pequeñas empresas y las personas autónomas.

El Gobierno de Asturias  impulsa una línea de avales, dotada con cinco millones, para apoyar a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por la falta de liquidez como consecuencia de la guerra en Irán. La Agencia Sekuens y la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar se encargarán de la gestión de esta herramienta financiera.

El Principado trabaja ya para evaluar los efectos en la comunidad del conflicto bélico y definir acciones que ayuden a paliar su impacto económico y social, según ha anunciado este lunes al término del Consejo de Gobierno.

Comité de seguimiento

En este contexto, se ha creado un comité de seguimiento formado por representantes de las consejerías de Hacienda, Ciencia, Movilidad, Medio Rural y Derechos Sociales, que colaboran con la Agencia Sekuens en la definición de un paquete de iniciativas que amortigüen las consecuencias del conflicto bélico en el tejido productivo.

Este grupo se encargará de elaborar un plan de acción que se desplegará en caso de que la actual situación en Oriente Medio se prolongue. Las medidas que se barajan van en la línea de las impulsadas en 2023 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania o las que se pusieron en marcha hace un año, tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, presidente de EE.UU.

La coordinación

En el marco de sus competencias, el Ejecutivo autonómico se coordinará con el Gobierno de España, que también está diseñando medidas para atender a los sectores más perjudicados, principalmente el primario y el del transporte, con el fin de contener el precio de la energía mediante rebajas fiscales y abaratar el precio de los carburantes. Las actuaciones del Principado complementarán las nacionales para potenciar sus efectos y reforzar la ayuda a las empresas de Asturias.  

De forma paralela, el Grupo Sekuens, del que dependen la Sociedad de Promoción Exterior Asturex, la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar y la Sociedad Regional de Promoción, analiza las posibles acciones de apoyo a las compañías, tanto de carácter financiero como de exploración de mercados alternativos.

Cese de las acciones bélicas

En este marco, se convocarán reuniones con patronal y sindicatos, además de otras sectoriales con las firmas exportadoras, el transporte, las organizaciones agrarias, las entidades sociales y los sindicatos más representativos, de modo que se pueda obtener una visión global de los efectos del conflicto en la economía asturiana e impulsar medidas eficaces.

El Gobierno del Principado, que desde el principio se ha pronunciado contra en conflicto bélico, aboga por el cese de las acciones bélicas. Para el Ejecutivo, esa sería la mejor manera de evitar todas sus dañinas consecuencias, tanto humanitarias como económicas.

Un destino estratégico

Oriente Medio supone un destino estratégico para las exportaciones asturianas, no tanto por el volumen de negocio, que alcanzó los 204,9 millones en 2025 (el 3,6% del total de las ventas al exterior), como por la presencia en la zona de importantes ingenierías que ejecutan u optan a grandes proyectos de inversión. En total, 253 empresas asturianas venden en la zona, 78 de ellas de forma regular, lo que refleja una vía de negocio estable.  

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son los dos principales mercados de aquella región para las compañías asturianas. Al primero llegaron productos y servicios de Asturias por valor de 96,3 millones el año pasado y allí operan 80 empresas de la comunidad, 28 de ellas de manera habitual. Al segundo se enviaron bienes por una suma de 70 millones por parte de 44 empresas exportadoras, 17 de ellas regulares. Por su parte, Irán representa una cifra casi nula en las ventas al exterior, con nueve empresas exportadoras ocasionales en 2025.

BBVA ha concedido 3.197 millones de euros en nueva financiación a empresas de Castilla-La Mancha durante 2025, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al año anterior. La entidad destaca que con ello consolida su crecimiento en este segmento no solo por el incremento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes.

En el caso de las pymes, una de cada cuatro en España decide trabajar con BBVA, lo que sitúa al banco como “líder de captación” por tercer año consecutivo.

Esta evolución refleja el “impulso” del banco al tejido empresarial de Castilla-La Mancha a través de una propuesta que combina financiación, innovación tecnológica, acompañamiento especializado en todas las etapas de crecimiento de las empresas y una amplia oferta de soluciones, que van desde servicios de cobros y pagos para comercios, hasta herramientas que facilitan la labor de las grandes empresas, las pymes y los autónomos en el día a día.

Entre estas soluciones destaca la actualización de 'BBVA Cobros', la aplicación que permite convertir el smartphone en un terminal punto de venta para aceptar pagos con tarjeta o dispositivos móviles, facilitando a pymes y autónomos cobrar desde el propio teléfono móvil.

Entre las principales novedades destaca la mayor visibilidad de Bizum en la pantalla principal del TPV Android para cobrar de forma rápida y directa. Además, la app permite ahora visualizar en un solo vistazo el total de cobros realizados con tarjeta y Bizum, con la posibilidad de filtrarlos de manera independiente, lo que facilita el control diario de la actividad del negocio.

Apoyo a la creación de empresas

Además de con el crédito y las nuevas herramientas, BBVA continúa reforzando su propuesta de acompañamiento a las empresas. La entidad afirma que fue pionera en lanzar un servicio integral para la constitución de empresas en España en colaboración con 'Ayuda T Pymes'. Este modelo permite constituir una sociedad sin tener que preocuparse por los trámites administrativos.

El servicio permite gestionar todo el proceso desde un único punto y firmar la escritura notarial de forma digital. Desde su lanzamiento, más de 1.000 empresas se han constituido con el acompañamiento de BBVA, lo que refleja la buena acogida de este modelo entre los emprendedores. Se complementa con productos diseñados para facilitar el arranque de los negocios, como la 'Cuenta Empresa Bienvenida' sin comisiones, promociones para nuevos clientes o la posibilidad de contratar TPV sin coste durante el primer año.

La entidad resalta asimismo su apuesta por apoyar la actividad empresarial en las zonas rurales con el objetivo de asegurar que la ubicación geográfica “no sea una barrera para el crecimiento empresarial” y dar apoyo a los jóvenes agricultores, en “una clara apuesta por el relevo generacional del sector agro en España”.

Impulso a la IA en las pymes

Como parte de su apuesta por la innovación, BBVA ha sido la primera entidad en España que ha puesto a disposición de las pymes dos licencias de ChatGPT Business gratuitas durante un año a clientes y nuevos clientes,con el fin de impulsar la adopción de la IA entre el tejido empresarial.

Además, contenidos formativos para aprender a aplicar esta tecnología de forma práctica en sus negocios. La iniciativa se desarrolla en el marco de la alianza estratégica entre BBVA y OpenAI y busca facilitar que las pymes puedan experimentar con esta tecnología e integrarla en su trabajo diario para automatizar tareas, mejorar su eficiencia y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido.

La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber traspuesto dos directivas relativas al IVA. Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor la legislación necesaria para transponer estas directivas a más tardar el 31 de diciembre de 2024. El 31 de enero de 2025 se enviaron dos cartas de emplazamiento a España, seguidas de dictámenes motivados el 17 de julio de 2025. Sin embargo, España es el único Estado miembro que no lo ha hecho. La Comisión pide al Tribunal que se multe a España. 

Una de las directivas se refiere a cambios en las normas del IVA aplicables a las pequeñas empresas (pymes) y autónomos con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento del IVA para las pymes, rebajar el impacto negativo del efecto de umbral; y facilitar el cumplimiento por parte de las pymes y el seguimiento por parte de las Administraciones tributarias. Se refiere a las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

Según la Comisión, España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para las pymes establecida en la Directiva, ya que la aplicación de la exención es opcional para los Estados miembros. Sin embargo, la institución europea recalca que “aunque esto es posible, España debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas”.

La organización de autónomos ATA, que pidió a la Comisión Europea que sancione a España por no trasponer esta directiva, explicó que esta nueva norma europea “permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA”. A cambio, los autónomos renuncian a deducir el IVA de sus gastos.

La otra directiva a trasponer modifica la norma  disposiciones obligatorias que los Estados miembros deben transponer en relación con el lugar de prestación a efectos del IVA de determinados servicios cuando se transmitan en continuo o se ofrezcan virtualmente de otra manera, y el régimen especial del IVA aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

La Comisión señala que “a falta de transposición por parte de España de las disposiciones relativas al lugar de prestación conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y se aplicarán normas diferentes”.

Retraso del Ministerio de Hacienda

Cuando elDiario.es preguntó a Hacienda por la no trasposición de esta directiva, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero se aseguró que “está pendiente de transposición la directiva, pero la idea es cumplir con los plazos”. Sin embargo, en la modificación de la directiva se establece que tendría que estar aprobada en los países de la UE “a partir del 1 de enero de 2025”.

A la vez, Hacienda argumentó que hay otros regímenes impositivos en España que hacen que no tenga sentido la aplicación de esta exención del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros.

“En España, desde 1986, año en el que se estableció el impuesto en España, se ha optado por aplicar otros regímenes distintos para pequeños empresarios como el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia que están coordinados con el régimen de módulos en el IRPF. Por tanto, no parece que tenga mucho sentido reformular la tributación en un impuesto y no decir qué pasará en el otro”, declararon desde el Ministerio de Hacienda.

La Cámara de Comercio de Toledo y Banco Santander han convocado una nueva edición del Premio Pyme del Año 2026, que este año celebra su décimo aniversario, consolidado como uno de los principales reconocimientos al tejido empresarial español. Esta iniciativa de Cámara de España tiene como objetivo destacar la contribución de las pequeñas y medianas empresas al desarrollo económico, la creación de empleo y la innovación empresarial.

Durante la última década, más de 12.500 pymes de todo el país han participado en este certamen, que se ha convertido en el galardón de referencia para reconocer el esfuerzo de las empresas que impulsan la actividad económica en sus territorios.

El plazo para presentar candidaturas al Premio Pyme del Año 2026 permanecerá abierto hasta el 14 de abril. Podrán concurrir todas aquellas pymes de la provincia de Toledo con menos de 250 empleados y una facturación anual inferior a 50 millones de euros en el ejercicio 2025, siempre que tengan su sede social en la provincia.

La empresa ganadora a nivel provincial representará a Toledo en el Premio Nacional Pyme del Año 2026, cuya resolución está prevista para el primer trimestre de 2027. Asimismo, las empresas que obtengan los accésits provinciales competirán en sus respectivas categorías en la fase nacional.

Una edición especial con motivo del décimo aniversario

Como principal novedad en esta edición conmemorativa, el certamen incorporará la Mención al Legado Empresarial, que reconocerá a una empresa destacada por su trayectoria y por su impacto económico y social en el territorio. Este reconocimiento se entregará junto al premio principal y los cuatro accésits habituales, Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible

Las empresas interesadas podrán formalizar su inscripción a través del formulario disponible en la página web de la Cámara de Comercio de Toledo, donde también se pueden consultar las bases completas del certamen.

Un reconocimiento consolidado al tejido empresarial de la provincia

Desde su puesta en marcha, el Premio Pyme del Año, según explican sus promotorese, “ha servido para visibilizar el talento empresarial y la capacidad de innovación de las empresas de la provincia de Toledo” y resaltan que han contribuido de forma decisiva al desarrollo económico y social del territorio.

En la última edición celebrada en la provincia, la empresa IMTO Pack, dedicada al packaging industrial y con sede en Mascaraque, fue distinguida como Pyme del Año 2025 en Toledo, en reconocimiento a su crecimiento empresarial y a su apuesta por la innovación y el empleo.

Un año antes, en 2024, el galardón recayó en Valquer Laboratorios, empresa toledana especializada en cosmética biotecnológica y dermocosmética profesional, destacada por su desarrollo tecnológico y su expansión en mercados internacionales.

Estos reconocimientos reflejan la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial toledano, con empresas de sectores muy distintos que comparten un denominador común: su capacidad para generar empleo, innovar y competir en mercados cada vez más globales.

Las pymes, motor económico

El Premio Pyme del Año se enmarca en una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de España y Banco Santander para reconocer el papel esencial de las pequeñas y medianas empresas en la economía, responsables de gran parte del empleo y de la actividad empresarial en el país.

Con este reconocimiento, la Cámara de Comercio de Toledo y las entidades colaboradoras buscan poner en valor el esfuerzo de las empresas que, desde la provincia, contribuyen a impulsar la competitividad, la innovación y el desarrollo económico, al tiempo que fomentan la visibilidad de proyectos empresariales ejemplares.

En España, imaginar que los trabajadores se sienten en los consejos de administración de las empresas para discutir una deslocalización o una venta de la compañía es casi ciencia ficción en la mayor parte del país. Pero es lo más frecuente en Europa. “España se queda a la cola del tren europeo, con los países menos desarrollados”, advierte Isabelle Ferreras (1975), presidenta de la Comisión internacional de expertos y expertas sobre la democracia en el trabajo adscrita al Ministerio de Yolanda Díaz en una entrevista con elDiario.es.

Académica con un extenso currículum, Ferreras es profesora en la Universidad católica de Lovaina, investigadora senior en el Center for Labor and a Just Economy de la Facultad de Derecho de Harvard e investigadora distinguida del Institute for Ethics in Artificial Intelligence de la Universidad de Oxford, además de miembro de la Real Academia de Bélgica.

Con la mirada muy atenta en lo que está sucediendo en Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, advierte de la necesidad de reforzar el “proyecto democrático” para no dejar caer los gobiernos en manos de extremistas. Eso ya no es ciencia ficción, sino presente en muchos países desarrollados.

En España, hay una tarea pendiente que prevé la propia Constitución de 1975, recuerda la investigadora, fomentar la participación de los trabajadores en las empresas, dándoles voz en su gobernanza, pero también acceso a su propiedad. “Ahora, hay que hacerlo”, sostiene.

¿Son frecuentes este tipo de estudios sobre el nivel de democracia en las empresas que ha realizado, junto a un grupo de académicos internacionales, para el Gobierno de España?

Es bastante original y habla probablemente de dos dimensiones. Por un lado, que España tiene un mandato constitucional en el artículo 129.2 que no ha desarrollado suficientemente. Por tanto, tiene una tarea por cumplir: completar esa transición democrática hasta el ámbito laboral.

Y, por otro, tiene que ver con el hecho que hoy las empresas se enfrentan a desafíos capitales, como el desarrollo de la inteligencia artificial, la desigualdad y evitar la destrucción del planeta. Hay que ver cómo van a ser capaces de superarlos, porque lo que parece claro es que, si seguimos con la misma gobernanza corporativa, el sistema va a producir las mismas consecuencias. Que son todas esas externalidades negativas, como dicen los economistas, que van desde la destrucción del planeta a la destrucción de la democracia política.

Así que hay que elegir. Es el momento de enfrentarse a esas cuestiones fundamentales. No solamente aquí en España, en Europa y en el mundo, donde vemos que las democracias se van debilitando frente a fuerzas extremistas.

El informe señala que España es una anomalía en Europa por su escasa democracia en las empresas, en lo relativo a la participación de los trabajadores.

Así es. Creo que la patronal española no conoce la situación europea y por eso piensa que es normal que los trabajadores no participen, no solamente en la gestión, sino en la estrategia, en el gobierno de las empresas.

En Europa hay 18 países sobre los 27 donde hay formas de representación de los trabajadores al nivel de los consejos de administración. España se queda a la cola del tren europeo, con los países menos desarrollados, que son solamente nueve.

¿Por qué cree que ha sido así?

Se puede entender porque España en cierta manera es un país muy joven. La transición democrática no tiene 50 años y hemos vivido en ese tiempo el desarrollo del proyecto neoliberal, en el que este derecho político de participación en la gobernanza de la propiedad —que es central en el capitalismo— no se ha cuestionado.

Pero ahora el modelo neoliberal se está cuestionando. Trump es una respuesta al modelo neoliberal, pero hay otras respuestas. Por eso, examinamos la propuesta de la esperanza, de ir a por mejoras para todos y todas, para la mayoría, para los ciudadanos, que son los trabajadores y las trabajadoras, que se quedan sin poder participar realmente en las decisiones que gobiernan su vida.

Abordan en su estudio cómo dar más voz a los trabajadores en la gobernanza de las empresas. Han planteado umbrales bastante ambiciosos, de un tercio e incluso la mitad de los asientos de un consejo de administración para la parte trabajadora. ¿Estos umbrales son tan comunes en otros países europeos?

Como grupo de expertos, nuestro papel era hacer la evaluación, el diagnóstico y el benchmark [comparativa de rendimiento] de España respecto a otros países europeos. De ahí, sale que las mejores prácticas en Europa para las empresas de 50 a 1.000 trabajadores son las de Suecia, con un tercio de los asientos del consejo de administración para los trabajadores y, para más de mil trabajadores, son la de Alemania, con la paridad de asientos.

Esos son los dos umbrales más ambiciosos y nos parecía que nuestro papel era dar esa proyección para la economía española.

Este escenario puede sonar revolucionario en España. Pero en estos países, que tenemos de referencia para otras cuestiones, las plantillas tienen mucha voz a la hora de valorar una inversión estratégica, una deslocalización o estrategias sobre recortes de personal, por ejemplo. ¿De eso estamos hablando, no?

Eso es. Me parece importante que la sociedad española, pero en particular las empresas españolas, se den cuenta de que hay otro modelo de gobernanza. No este modelo despótico del empresario que cree que sabe más que el resto, sino un modelo colectivo, que se apoya en las inversiones laborales de todas las trabajadoras y trabajadores de la empresa.

Esto va a ser clave en el futuro para la capacidad de competitividad y de innovación de las empresas. España tiene un déficit de innovación empresarial, su gobernanza corporativa es totalmente despótica y esta no es una manera inteligente de ir hacia adelante.

Este desafío se va a hacer aún más importante con el desarrollo de la inteligencia artificial, en el que vamos a ver dos tipos de incorporación de la IA, como dice el premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, profesor en el MIT.

¿Cuáles son?

Acemoglu, al que nuestra comisión ha consultado en la elaboración de este estudio, nos dice que hay dos modelos: uno de imposición de la IA, con una calidad del empleo muy pobre y una capacidad de innovación muy mala; y otro modelo que aumenta la calidad de los puestos de trabajos con la IA.

Este último es el modelo que va a producir la capacidad máxima de innovación y de competitividad. Pero no se puede imaginar en empresas despóticas, que ignoran la capacidad de sus trabajadores para entender, diseñar y desarrollar esos sistemas de IA.

Proponen en su informe un nuevo derecho de co-decisión de los trabajadores para el despliegue de la inteligencia artificial.

Estamos en un momento histórico, en el que está en juego si la IA nos va a gobernar o vamos a ser capaces de gobernar la IA. No vamos a superar el desafío si seguimos con el modelo de gobernanza empresarial de Elon Musk y otros techbros.

Hay que pensar cómo nuestras instituciones de diálogo social tienen que mejorarse para que puedan dar respuestas a este reto.

En el pasado ha habido otras transiciones muy importantes en el mundo laboral, como la revolución industrial, por ejemplo. ¿Con esa voz de los trabajadores pretenden alcanzar lo que se denomina una “transición justa”, que tenga más en cuenta a los “perdedores” de la IA o de la transición verde? Como los puestos de trabajo que puedan desaparecer.

Sí, absolutamente. Aquí hay dos puntos. El primero es que en su libro Poder y Progreso, Acemoglu y Johnson, que son juntos Premio Nobel en Economía, explican muy bien que la revolución industrial necesitó tres generaciones de obreros para que se vieran los progresos para la mayoría de los trabajadores. Primero, produjo mucha pobreza y muchos problemas durante todo el siglo XIX.

Ahora no parece una buena idea que esperemos tres generaciones para que las cosas se transformen en algo positivo… Hay que poner las instituciones en marcha para que puedan producirse esos resultados.

¿Y el segundo punto?

En el tema de la transición justa, por ejemplo desde el punto de vista ecológico, a nivel europeo no se ha dado acceso a la voz a los trabajadores y en general se piensa como un problema de salario. Es decir, si una persona pierde su empleo, hay que darle una compensación monetaria.

Pero lo monetario o instrumental es solamente es una dimensión del trabajo, no es todo lo que da sentido a la vida del trabajador. También lo es el hecho de que contribuye a algo que le interesa, que le parece importante, su relación con la sociedad o sus compañeros, puede sentir que el trabajo le da una identidad social… Esto no se puede cuidar sin dar voz a la gente.

Los trabajadores y las trabajadoras son realmente inversores de su vida, de su conocimiento, de su salud, de su cuerpo en el trabajo. Y cuando la inversión es tan importante, hay que dar voz a la gente. No se justifica hoy en día no reconocer esos derechos de participación

Apuntaron en la presentación del estudio que hay pocos espacios donde las personas tengan tan poco poder de decisión.

Los trabajadores y las trabajadoras son realmente inversores de su vida, de su conocimiento, de su salud, de su cuerpo en el trabajo. Especialmente en una economía de servicios, como es hoy la de España y toda Europa, donde encontramos más de 80% de los trabajos en los servicios.

Y cuando la inversión es tan importante, hay que dar voz a la gente que está gobernada por las decisiones de las empresas. No se justifica hoy en día no reconocer esos derechos de participación.

En un país como España, en el que tienen tanto peso las pequeñas empresas, ¿se podría generar una desigualdad de derechos entre sus trabajadores y las plantillas de las grandes empresas? Para este tejido más pequeño, ¿plantean otro tipo de estrategias o iniciativas?

Este es un problema común en Europa, aunque en España particularmente. Lo primero: el artículo constitucional que da voz y acceso a la propiedad a cada trabajador o trabajadora alcanza también a las pymes. No dice que si trabajas en una pyme no se te garantizan estos derechos.

Así que sí, es un desafío muy importante. Como comisión de expertos no tenemos todas las respuestas, pero esperamos haber contribuido a poner las preguntas sobre la mesa.

Sobre las pymes plantean que se regule para que los empleados puedan adquirir con mayor facilidad las empresas donde trabajan ante el reto del relevo generacional de muchos negocios.

Hay un gran desafío de sucesión de las pymes. Dentro de una década, hay un tercio que no tienen un plan de sucesión, que sabemos que el empresario se va a jubilar y que no tiene hijos o hijas, o que no quieren seguir con el negocio.

Esto es un riesgo para el tejido productivo español. ¿Qué va a pasar si no tenemos un plan de acceso a la propiedad? Que los fondos de inversión depredadores americanos van a venir, como ya lo están haciendo con la vivienda.

Así que, por qué no seguir el plan que nos plantea la Constitución española, ayudando a las empresas, y a las pymes en particular, para que pueda pasar la propiedad a sus trabajadores. Ellos son los que conocen mejor el negocio. ¡Hablamos de compra! No de expropiación. Para facilitar esa transición, proponemos que el Estado y los poderes públicos pongan en marcha Fondos de Inversión Ciudadanos, públicos.

Si no hay un plan de acceso a la propiedad ante el reto de sucesión generacional en las pymes, vendrán los fondos de inversión depredadores americanos, como ya lo están haciendo con la vivienda

Además, plantean un sistema de incentivos, fiscales y en la contratación pública, entre otros, que premien a compañías con más participación tanto en la voz y de propiedad de los trabajadores.

Es la herramienta más original y ambiciosa del informe. Porque si no hay una nueva legislación rápidamente, el Gobierno puede mañana empezar con esos incentivos a dar un buen soporte a las empresas que avanzan con más democracia interna y más innovación, y desincentivar a las que quieren mantenerse en una gobernanza despótica, que sabemos que no es la respuesta a los desafíos que España tiene.

¿Cree que España está en condiciones de empezar ya a hacer esta transición democrática? ¿Qué destacaría que ganaría el país al hacerlo?

Absolutamente. Con una tasa de crecimiento económico que despierta la envidia de otros países europeos, España es más capaz que nunca de situarse a la cabeza del tren europeo. Además, tiene la responsabilidad de ejercer un liderazgo y demostrar que es necesario seguir esta senda de profundización de la democracia en la economía, incluso en los EEUU se empieza a comprender esto.

En el ámbito científico sabemos que hay una conexión entre la manera en que la gente vive y las posibilidades de desarrollo de una sociedad democrática. La gente espera poder tener voz sobre su vida y lo que ven es que no la tienen sobre lo más importante de su día a día. Porque son gobernados por empresas despóticas en las que no pueden participar ni decidir.

Nos parece que ese desarrollo es central para el futuro de España, para la calidad de su economía, a nivel colectivo y a nivel individual también, como una respuesta a las expectativas de los ciudadanos.

España tiene además una responsabilidad de responder a este artículo constitucional y este Gobierno lo incluyó en su acuerdo de gobierno. Es una muy buena noticia, porque es la manera responsable y auténticamente emancipadora de responder a los desafíos de hoy de la democracia, la economía y el planeta.

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) da un paso decisivo en el apoyo a la transformación tecnológica del tejido productivo de la provincia de Badajoz con la puesta en marcha del Proyecto Oficinas Acelera Pyme CREEX–Badajoz. Esta iniciativa, diseñada para acompañar de forma gratuita a empresas, personas autónomas y emprendedoras en la mejora de su competitividad, tendrá su puesta de largo el próximo 18 de febrero de 2026. La jornada de presentación se celebrará a las 09:30 horas en el Pabellón Manuel Pérez y Pérez del Recinto Ferial de Zafra, municipio clave en el sur de Extremadura, y servirá para dar a conocer tanto al equipo técnico como las principales líneas de apoyo que estarán disponibles durante los años 2026 y 2027.

Este despliegue territorial no parte de cero, sino que se sustenta en la experiencia acumulada por la patronal extremeña en convocatorias anteriores, en las que se asesoró a más de 1.500 negocios y se desarrollaron más de medio centenar de jornadas divulgativas. Sobre este bagaje, el nuevo proyecto busca ofrecer una orientación profesional que permita a las pequeñas estructuras empresariales tomar decisiones tecnológicas con criterio, evitando inversiones innecesarias y priorizando soluciones que generen mejoras tangibles en la productividad. En este sentido, la jornada en Zafra abordará la digitalización desde una perspectiva integral: ya no se trata solo de tener presencia en redes sociales, sino de optimizar procesos internos, ganar eficiencia mediante el uso de datos y aprovechar oportunidades disruptivas como la Inteligencia Artificial.

El equipo técnico que liderará este asesoramiento está compuesto por Ismael Capataz Millán, responsable de la oficina en el eje Zafra y Almendralejo, Consuelo Masa Gragera en la sede de Badajoz y José Antonio Sereno Sánchez como técnico general de las oficinas. Durante la sesión, estos profesionales explicarán las ayudas y líneas de financiación vigentes y ofrecerán pautas prácticas para reducir la brecha digital en la provincia, un reto que la CREEX identifica como prioritario. Aunque el programa está abierto a todos los sectores, se pondrá especial énfasis en las microempresas y el colectivo de autónomos, perfiles que suelen encontrar mayores barreras por falta de tiempo o recursos para avanzar en ámbitos como la ciberseguridad, el comercio electrónico o la automatización de la gestión.

Para garantizar la cercanía y el acceso en todo el territorio pacense, el proyecto combina la atención digital con tres puntos de atención presencial permanente situados en Badajoz (calle Castillo de Feria), Almendralejo (calle Automoción) y la propia localidad de Zafra (calle Manuel Álvarez). Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña subrayan que esta iniciativa es una oportunidad para acercar la innovación con un acompañamiento real a quienes más lo necesitan, contribuyendo así a crear un tejido empresarial más resiliente ante los desafíos actuales.

Las Oficinas Acelera Pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21 - 27.

Las personas interesadas en asistir a la jornada o solicitar asesoramiento pueden obtener más información en el teléfono 924 28 61 61 o a través de la web oficial del proyecto.

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha sido seleccionada nuevamente para liderar el proyecto Oficinas Acelera Pyme, una iniciativa destinada a impulsar la transformación digital del tejido empresarial extremeño. En esta nueva edición, el programa se desarrollará con un enfoque provincial y, en el caso de Cáceres, extenderá su actuación a todas las localidades de la provincia.

El proyecto está dirigido de manera específica a pymes, personas autónomas y emprendedoras, con el objetivo de acelerar su modernización, reforzar su competitividad y acompañarlas en la adopción de soluciones digitales adaptadas a sus necesidades reales. Gracias al impulso de la CREEX, la provincia de Cáceres contará con Oficinas Acelera Pyme en Cáceres y Plasencia, con sedes físicas que funcionarán como puntos de atención continuada desde los que se ofrecerá, sin coste alguno, asesoramiento, información y acompañamiento en todo el proceso de transformación digital durante los años 2026 y 2027.

Estas oficinas se consolidan como espacios de referencia para empresas, personas autónomas y emprendedoras de cualquier sector, tamaño o municipio que necesiten orientación sobre herramientas, procesos o soluciones tecnológicas. En este marco de actuación, la CREEX facilitará diagnósticos individualizados del nivel de digitalización de cada proyecto empresarial, identificando carencias y proponiendo soluciones concretas, así como información y orientación sobre ayudas y programas de apoyo tanto estatales como autonómicos. El servicio se completará con formación especializada y talleres prácticos adaptados a las necesidades del tejido empresarial, acompañamiento en la adopción e integración de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad y la eficiencia, y atención directa a consultas relacionadas con los procesos de transformación digital.

La CREEX pone el foco en la brecha digital que todavía persiste en el tejido empresarial extremeño en comparación con la media nacional. En este contexto, numerosas empresas, personas autónomas y emprendedoras de la región continúan encontrando dificultades en ámbitos clave como el uso avanzado de herramientas digitales, la implantación de soluciones de gestión, el comercio electrónico, la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Este retraso tiene un impacto directo en la productividad, la competitividad y la capacidad de crecimiento del conjunto del tejido empresarial.

Por ello, el proyecto Oficinas Acelera Pyme adquiere una relevancia especial en la provincia de Cáceres, donde la demanda de apoyo y acompañamiento tecnológico es mayor, en un contexto productivo formado mayoritariamente por microempresas y personas autónomas. Desde la CREEX subrayan que esta renovación supone “un reconocimiento al trabajo realizado y, sobre todo, una oportunidad para seguir ayudando a que las empresas den un paso decisivo hacia la modernización y la transformación digital”.

Las Oficinas Acelera Pyme de la CREEX en la provincia de Cáceres funcionarán así como un auténtico motor de cambio para reducir la brecha digital, impulsar la innovación y contribuir a la construcción de un tejido empresarial más competitivo y mejor preparado para afrontar los desafíos actuales. Las sedes físicas estarán ubicadas en la calle Obispo Segura Sáez número 8, en Cáceres, y en la Avenida Juan Carlos I, número 15, entreplanta, en Plasencia. Para más información, las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 924 28 61 61 o consultar la web acelerapyme-creex.es/caceres/, en un contexto en el que la digitalización deja de ser una opción para convertirse en una condición imprescindible para la supervivencia y el futuro del tejido empresarial extremeño.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de “una nueva ayuda de movilidad eléctrica para autónomos y pequeñas empresas”. Se trata de una partida de 40 millones de euros que permitirá “la adquisición de vehículos electrificados, tanto en propiedad como en renting” de la que podrán beneficiarse “las empresas de menos de 10 empleados”, con unos importes de hasta 7.500 euros.

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Industria, Sánchez ha anunciado además que se abrirá la segunda convocatoria de la Línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial, dotada con 330 millones de euros y que “en los próximos días”, el Gobierno lanzará “una gran convocatoria de innovación abierta”. “Liderado por la Escuela de Organización Industrial, junto al CDTI, este gran hackathon nacional busca atraer el conocimiento e investigación de nuestras universidades y centros tecnológicos, junto al talento disruptivo de nuestras startups, combinado con la capacidad de nuestra industria para abordar retos tecnológicos en el ámbito de la seguridad, la defensa y las tecnologías de doble uso”, ha dicho.

“Como la regulación, la mejor política industrial es la que sí existe”, ha dicho Sánchez, que ha considerado que el sector debe estar “al servicio de la mayoría social, de las empresas y del interés nacional y europeo”. El jefe del Ejecutivo ha anunciado que España ha dejado atrás “la reconversión industrial para emprender la reconstrucción industrial” del país. “España ha generado casi 200.000 puestos de trabajo en la industria desde 2018. La mitad de ellos, sólo en los últimos 12 meses: 2025 ha sido el mejor año para el empleo industrial en lo que llevamos de década. Superamos los 22,5 millones de ocupados por primera vez y hemos bajado del 10% de paro por primera vez desde 2008, y lo logramos con una economía productiva y saneada”, ha afirmado en el congreso que ha tenido lugar en Bilbao.

Sánchez ha afirmado que el Gobierno aspira “a regresar al club de economías donde la industria aporta el 20% del PIB”. “Y, por eso, vamos a seguir desplegando una política industrial, en colaboración con la empresa, que responde a tres grandes objetivos, alineados con los de la UE: ”reforzar la competitividad de nuestras empresas, seguir promoviendo la transición climática, un auténtico motor de nuestra prosperidad y “contribuir a la autonomía estratégica europea”.

Refiriéndose a las políticas de Donald Trump, Sánchez ha afirmado que “lo que está pasando al otro lado del Atlántico es el toque de atención” necesario para “tomar las riendas” del futuro. “Nuestra generación recibió un Estado del Bienestar en construcción y una industria muy debilitada. Ahora, nuestra obligación es culminar la reconstrucción industrial para legar a nuestros hijos ese modelo social y de progreso que nos hace únicos”, ha concluido.

El inminente mes de febrero marca una cita ineludible para el tejido empresarial con la presentación del modelo 347 ante la Agencia Tributaria. Y es que este documento, que deben presentar durante el próximo mes pymes y autónomos, supone una declaración anual informativa que recopila las operaciones con terceras personas que superaron los 3.005,06 euros durante el pasado ejercicio económico. Para pymes y autónomos, este trámite supone un ejercicio de transparencia fundamental para el control del impuesto sobre el valor añadido y sociedades. Aunque no implica un pago directo, su relevancia reside en el cruce masivo de información que realiza la administración pública. 

En otras palabras, el modelo 347 es un mecanismo diseñado para detectar discrepancias entre lo que declara un proveedor y lo que comunica su cliente. Sin embargo, este clásico del calendario fiscal se encuentra en una etapa de transición hacia su desaparición definitiva. La digitalización de la hacienda pública está transformando la manera en que se recogen los datos económicos. El objetivo final es alcanzar una visibilidad total de las transacciones comerciales en un tiempo prácticamente real.

A través de la campaña informativa de Hacienda respecto al ejercicio de 2025, cualquier pyme o autónomo puede conocer que se ha establecido que el plazo se extienda excepcionalmente hasta el lunes 2 de marzo. Esto se debe a que el último día de febrero cae en sábado, lo que obliga a desplazar el vencimiento. Pero son muchos los asesores que no dejan de recomendar que los contribuyentes no dejen para el último momento la generación de este fichero telemático obligatorio. Cualquier fallo técnico en los días finales podría comprometer el cumplimiento de esta obligación administrativa. La presentación debe realizarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede de la Agencia Tributaria. 

A la hora de ejecutar esta gestión, tanto autónomos como pequeñas y medianas empresas deben asegurarse de tener sus certificados digitales vigentes y listos para operar. Una correcta planificación en estas fechas evita las prisas y los errores comunes de última hora. El umbral de los 3.005,06 euros, recuerda Hacienda, es la cifra que activa la obligación de declarar. Este importe debe calcularse incluyendo siempre el impuesto sobre el valor añadido para determinar si se alcanza el límite. Se deben computar todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas con una misma persona o entidad. Es importante recordar que el modelo exige ahora un desglose de la información con carácter general de forma trimestral. 

Existen excepciones para ciertas entidades como las comunidades de propietarios que informan sobre una base de cómputo anual. El cálculo correcto de estas cuantías es el primer paso para una declaración exitosa y sin sobresaltos. Los anticipos de clientes y pagos a proveedores también deben integrarse en el momento en que se producen. La precisión en estas cifras es lo que permite que el sistema de cruce de datos que busca Hacienda funcione.

A pesar de su larga trayectoria, el modelo 347 ya ha comenzado a desaparecer para ciertos perfiles. Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual o acogidos al suministro inmediato de información están exentos. Esto ocurre porque la administración ya dispone de sus libros registro de facturas de manera casi instantánea. Al recibir la información de forma diaria o semanal, el resumen anual de febrero resulta redundante para Hacienda. Esta es la primera señal clara del camino que seguirá el resto de los contribuyentes españoles próximamente. La tendencia es que la declaración informativa deje de existir a medida que el sistema absorba más perfiles. La eficiencia administrativa busca eliminar duplicidades que solo generan carga burocrática innecesaria para las pequeñas y medianas empresas. Por ahora, quienes no están en estos sistemas especiales deben seguir cumpliendo con el trámite tradicional.

La implementación de la factura electrónica obligatoria entre empresas y el reglamento de sistemas estables es el cambio definitivo. Con la llegada de herramientas como VeriFactu, la Agencia Tributaria tendrá una visibilidad inmediata de cada operación comercial. Esta normativa exige una coherencia total entre lo que se factura y lo que se declara en tiempo real. En este nuevo escenario digital, y según explican desde consultoras como Esofitec, obligadas a estar al día de las actualizaciones normativas, “con el tiempo se espera que exista la obligatoriedad de pasar todos los registros de facturación de forma inmediata a Hacienda, por tanto, los modelos informativos anuales perderán su razón de ser como herramientas de control”. Será entonces cuando Hacienda ya no necesitará esperar a febrero para conocer el volumen de negocio con un tercero. 

La contabilidad, por lo tanto, pasará a ser una gestión de datos en vivo que alimentará directamente las bases de datos oficiales. Esto supone un reto de adaptación tecnológica enorme para muchos autónomos y empresas de pequeño tamaño. Sin embargo, la promesa es una simplificación futura que eliminará declaraciones que hoy quitan mucho tiempo. Desde Esofitec, además, aseguran que la digitalización del tejido empresarial viene marcada desde Europa, que ya prevé la reforma del sistema común europeo del IVA en un proyecto más amplio, que lleva por nombre “ViDA”.

La conciliación previa de los datos con clientes y proveedores es la tarea más crítica de estos días. Por ejemplo, es habitual encontrar discrepancias temporales cuando una factura se emite a finales de un trimestre específico. El proveedor puede declararla en el primer trimestre, mientras que el cliente la registra en el segundo. Hacienda acepta estas diferencias siempre que el importe anual total coincida entre ambas partes de la transacción. Por ello, muchas empresas envían borradores o cartas de confirmación de saldos antes de cerrar el modelo. El uso de programas de contabilidad actualizados facilita enormemente este proceso de comprobación y validación. Automatizar la identificación de los terceros que superan el límite legal reduce drásticamente el riesgo de olvidos. Una buena gestión contable diaria es la mejor defensa ante los requerimientos de información del fisco.

Multas por errores u omisiones

No todos los pagos y cobros forman parte de esta compleja declaración informativa. Las cantidades percibidas en metálico que superen los seis mil euros anuales tienen un tratamiento diferenciado. También se deben segregar las operaciones relativas a transmisiones de inmuebles sujetos al impuesto sobre el valor añadido. Las subvenciones y ayudas públicas no reintegrables son otro elemento que a menudo se olvida declarar incorrectamente. Por el contrario, existen exclusiones como los suministros de energía o agua para uso comunitario en propiedades horizontales. Tampoco deben incluirse operaciones que ya hayan sido informadas en otros modelos fiscales durante el año. Por ejemplo, los alquileres de locales con retención o las operaciones intracomunitarias tienen sus propios canales. 

El régimen sancionador por errores u omisiones en este modelo informativo es riguroso y puede ser costoso. La normativa establece multas de 20 euros por cada dato que sea incorrecto o esté incompleto. Existe un mínimo de 300 euros que se aplica incluso si el error afecta a pocos registros. En los casos más graves de omisión masiva, las sanciones pueden escalar hasta los 20.000 euros. Incluso la presentación fuera de plazo sin que haya un requerimiento previo conlleva una penalización económica. Cada cliente o proveedor que no figure correctamente se considera un dato independiente a efectos de la sanción. Estos riesgos financieros justifican sobradamente la inversión en herramientas tecnológicas y asesoramiento profesional de calidad. En cualquier caso, la transición hacia una fiscalidad digital y conectada es un proceso imparable que ganará velocidad pronto, en detrimento de documentos como el mencionado modelo 347. Un cambio que pymes y autónomos deben ver como una oportunidad para profesionalizar su gestión y contabilidad. 

Una foto que ha escocido que ha escocido a los afectados. Las principales asociaciones de usuarios de Internet de España han reiterado este jueves ante el Defensor del Pueblo su queja por los bloqueos indiscriminados del tráfico de red instados por LaLiga, motivadas por un reciente acuerdo entre el Ministerio de Trasformación Digital y la patronal dirigida por Javier Tebas. El pacto, ratificado la pasada semana, pone en marcha diversas medidas para desarrollar un “ciberespacio confiable”.

“La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de 'colaboración', mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura y control de las redes en España”, denuncian la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet en un comunicado conjunto.

Las asociaciones denuncian la “intolerable pasividad” del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la situación, que se repite desde hace un año. Cada fin de semana, la patronal del fútbol ordena a los operadores censurar grandes paquetes de datos que circulan por sus redes si detecta que, entre ellos, circula una retransmisión pirata.

Debido al método de bloqueo, este provoca que cientos de webs y servicios digitales queden inaccesibles debido a esas emisiones ilegales, con las que no tienen ninguna relación. “Ni la Secretaría de Estado ni la CNMC han atendido las peticiones de los internautas ante los bloqueos de Internet que cada fin de semana ordena La Liga indiscriminadamente”, continúan las asociaciones: “Las han ignorado deliberadamente y tampoco actúan de oficio. El Gobierno prefiere mantener la impunidad de los ataques de denegación de servicio, los daños a terceros y la censura arbitraria de contenidos”.

El Gobierno recomienda la vía legal

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

LaLiga, por su parte, echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en paquetes de datos que se mueven juntos por la red. Con todo, asegura que sus bloques están amparados por la justicia y son “proporcionados” y “quirúrgicos”.

La resolución a la que se refiere la patronal es una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren esos paquetes de datos cuando exista una retransmisión pirata entre ellos. No obstante, el juez afirma en el texto que esa maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

LaLiga insiste también en delegar la responsabilidad de la situación en Cloudflare, y recuerda que recientemente la compañía ha sido multada en Italia con un 1% de su facturación global por no tomar “medidas efectivas para impedir el uso de sus servicios en la difusión de contenidos ilícitos, pese a haber recibido órdenes para desactivar el acceso a determinadas páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos”.

Cloudflare niega esta responsabilidad y ha protestado por la situación ante la Casa Blanca, entendiendo que España está dificultando el comercio internacional. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Defensor del Pueblo, que ya tenía una primera queja de las asociaciones de usuarios registrada en junio de 2025, afirma que este se encuentra “en fase de estudio”. “Dada la confidencialidad de las quejas que se reciben en la institución, cualquier novedad que se produzca en las actuaciones se comunicará directamente a las asociaciones que se han dirigido al Defensor del Pueblo”, añaden fuentes oficiales.

Mientas tanto, los usuarios y empresas afectadas siguen atrapados en una maraña de bloqueos de Internet pese a que no tienen relación con la piratería. “Lo más grave, es que esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”, ha denunciado la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.

A tan solo 20 días de arrancar 2026, el Ayuntamiento de Zaragoza se enfrenta a una de las polémicas económicas más relevantes del mandato. Las ayudas municipales para la mejora de la competitividad empresarial a autónomos y micropymes correspondientes a 2025, dotadas con 992.800 euros, no se resolvieron ni ejecutaron dentro del plazo legal, lo que ha obligado al Gobierno del PP a buscar ahora ese dinero mediante una modificación de crédito, detrayéndolo de otras partidas del presupuesto municipal en vigor.

El PSOE y Zaragoza en Común coinciden en calificar la situación como una “chapuza administrativa” que deja a cientos de autónomos y pequeñas empresas en un limbo jurídico y financiero, tras haber adelantado de su bolsillo inversiones de hasta 20.000 euros confiando en una convocatoria pública que el propio Ayuntamiento no ha sido capaz de cerrar a tiempo.

Según ha denunciado el concejal socialista Guillermo Ortiz, el problema no es técnico, sino de gestión política. “Estamos a enero de 2026 y ya estamos ante uno de los mayores errores del Ayuntamiento. Las subvenciones dirigidas a la mejora de la competitividad empresarial no se ejecutaron en 2025 y eso supondrá un millón de euros de recortes del presupuesto municipal”, ha señalado.

Ortiz ha subrayado que el procedimiento podría haberse iniciado desde el 20 de febrero de 2025, pero la tramitación se retrasó hasta el punto de que la resolución provisional no se publicó hasta el 15 de diciembre, apenas dos semanas antes de finalizar el ejercicio.

Como ha explicado, tres días después, el propio Gobierno municipal tuvo que rectificarla por “errores materiales graves”, al haberse omitido solicitudes que debían figurar como subsanables, ampliando plazos y haciendo ya imposible resolver dentro de 2025.

El resultado es que ahora el Ayuntamiento deberá consignar en 2026 un gasto comprometido el año anterior. “Van a tener que recortar mediante modificación de crédito un millón de euros del presupuesto municipal actual. Ese dinero va a dejar de ir a otras partidas e inversiones”, ha advertido el Grupo Municipal Socialista.

Las ayudas estaban destinadas a cubrir hasta el 80% de inversiones en gastos corrientes e inventariables, con un máximo de 20.000 euros por beneficiario. Según las cifras manejadas por los grupos municipales, más de 1.000 empresarios zaragozanos se presentaron a la convocatoria.

Muchos de ellos adelantaron recursos propios para cumplir los requisitos, en un contexto especialmente delicado para los autónomos, marcado por obligaciones normativas como la implantación del sistema VeriFactu, un nuevo sistema de facturación verificable impulsado por la Agencia Tributaria bajo la Ley Antifraude.

La versión del Gobierno: ampliar plazos para no perder las ayudas

El consejero de Economía, Carlos Gimeno, ha defendido la actuación del Ejecutivo municipal y ha anunciado una modificación de las bases para permitir resolver las ayudas en 2026. “Como consejero de Economía quiero tranquilizar a los autónomos ante falsedades y a esos más de 500 autónomos que solicitaron estas ayudas de competitividad. Unas ayudas que, tal y como nos informó Intervención, se iban a dar más días, unas semanas en 206, para poder resolverlas y justificarlas positivamente”, ha compartido.

Gimeno ha negado que se trate de un recorte encubierto y ha remarcado que la ampliación de plazos fue avalada por Intervención. “Estas ayudas son las últimas que salen en el año, han salido al mismo plazo que el año pasado y tratan de apoyar a los autónomos ante sorpresas que ha habido a lo largo del año”, ha indicado.

No obstante, el consejo ha lamentado que el Gobierno de España obligara a instalar el sistema VeriFactu creando una “ansiedad” en los autónomos, que han tenido que invertir entre 1.000 y 2.000 euros y que “por eso se crearon estas ayudas”, para luego “decir que no se estaba preparado para que se instalase”.

Intervención: una documentación incompleta e incoherencias

Sin embargo, el informe de la Intervención General municipal, fechado el 31 de diciembre de 2025, ha respaldado parte de las críticas de la oposición. El documento devuelve el expediente al área de Economía y Zaragoza Activa por haber llegado fuera de plazo, el 30 de diciembre y sin tiempo material para una fiscalización completa.

Intervención ha asegurado además de la “ausencia de documentación acreditativa suficiente”, errores en la calificación de los gastos subvencionables y “discrepancias e incongruencias” que afectan directamente a la legalidad del gasto, impidiendo autorizarlo antes del cierre del ejercicio.

El informe ha concluido que, sin una revisión y una redistribución correcta del crédito, “no podrán efectuarse los actos de disposición y reconocimiento de la obligación”, abriendo la puerta únicamente a trasladar la resolución a 2026 si se modifican las bases y existe crédito suficiente.

Desde Zaragoza en Común, el concejal Suso Domínguez ha subrayado que “el interventor es claro y no se puede autorizar el gasto ni reconocer la obligación sin subsanaciones profundas y una redistribución correcta del crédito”.

Domínguez ha denunciado, además, que la resolución provisional publicada en diciembre dejó fuera solicitudes que ni siquiera aparecían en los listados oficiales y que las alegaciones siguen sin resolverse. “El Gobierno municipal publicó una resolución incompleta, errónea e imposible de ejecutar”, ha añadido.

Asimismo, la formación ha alertado de la inseguridad generada entre las empresas beneficiarias provisionales, que planificaron inversiones y ahora se encuentran atrapadas en un “limbo administrativo”. “Apoyar al comercio no es improvisar ni maquillar chapuzas administrativas. Apoyar al comercio es gestionar con rigor, control y transparencia”, ha apuntado Domínguez.

Desde Zaragoza en Común, se exigen explicaciones inmediatas y respuestas claras: “Queremos conocer cuándo se va a dictar la resolución definitiva, si se van a respetar los criterios legales y si el Gobierno del PP piensa beneficiar de forma arbitraria a unas entidades mientras deja fuera a otras que sí cumplen los requisitos o cuyas alegaciones ni siquiera han sido examinadas”, ha manifestado Suso Domínguez.

Un problema que trasciende la convocatoria

Más allá del desenlace, el caso ha abierto un debate de fondo sobre la gestión de las subvenciones municipales. Zaragoza en Común ha recordado también que la Cámara de Cuentas ya ha advertido en otras ocasiones de la falta de control y seguimiento en el Área de Economía.

Mientras el Gobierno del PP trata de ganar tiempo trasladando la resolución a 2026, la oposición ha denunciado que el coste político y presupuestario ya es inevitable porque un millón de euros comprometidos fuera de plazo ahora deberán salir de otras partidas municipales.

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía Trade, ha publicado en el Boletín oficial de la Unión Europea (DOUE) las licitaciones para la gestión de los nuevos fondos de capital riesgo de la agencia pública andaluza, que contarán con una dotación pública de 58,8 millones de euros cofinanciados con fondos Feder, un 62% más que en los anteriores fondos de capital riesgo.

Bajo el nombre de Fomento de la competitividad de las pymes en Andalucía, este nuevo instrumento se articula en dos ramas: la línea Start Up, dotada con 9,8 millones de euros, que será gestionada mediante un único fondo operativo, y la línea Expansión, dotada con 49 millones de euros, distribuida en dos fondos operativos.

Según ha detallado la Junta en una nota, a diferencia de otras comunidades autónomas, Andalucía garantiza la adicionalidad real de los recursos públicos frente a la inversión privada, asegurando que las operaciones financiadas no se habrían realizado sin el fondo.

El objetivo estratégico de este nuevo instrumento es “corregir el fallo de mercado existente en la financiación de empresas innovadoras en fases tempranas o de expansión inicial”, “facilitando capital riesgo para escalar negocios, acceder a nuevos mercados y consolidar el tejido empresarial andaluz”.

La gestión será indirecta, a través de intermediarios financieros autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), seleccionados mediante licitación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y las normas Feder.

Plazo abierto hasta el 13 y el 16 de febrero

Las gestoras tendrán plena autonomía en las decisiones de inversión y desinversión, mientras Andalucía Trade supervisará la elegibilidad y finalidad de las operaciones. Las comisiones y condiciones se ajustarán a precios de mercado. Las entidades que quieran gestionar estos fondos, que podrán presentar sus ofertas hasta el 13 de febrero en el caso de la línea de Expansión y hasta el 16 de febrero para la línea de Start Up, deben estar plenamente constituidas, contar con oficina operativa en Andalucía (una vez constituido el fondo) y un equipo mínimo de tres profesionales especializados.

Estas entidades podrán ser entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras habilitadas legalmente. Sus responsabilidades alcanzan desde captar inversores privados, constituir los fondos como vehículos nuevos e independientes, identificar oportunidades de inversión e invertir en proyectos que supongan la creación de valor añadido para Andalucía.

El público objetivo de estos nuevos instrumentos son las pymes andaluzas. En concreto para el Fondo Start Up, empresas con menos de siete años, facturación menor de dos millones de euros. Por su parte, para el Fondo Expansión, empresas con tracción y facturación, orientadas a crecer mediante inversión, empleo o apertura de mercados.

Operaciones de hasta 2,5 millones por empresa

Las características de las operaciones previstas con cargo a estos fondos, a través de entradas de capital o préstamos participativos podrán alcanzar hasta 400.000 euros por empresa para el Fondo Start Up y hasta 2,5 millones de euros por empresa para el Fondo Expansión. Se podrán financiar proyectos que contemplen inversiones en activos materiales e inmateriales, circulantes y gastos operativos, así como proyectos de crecimiento no orgánico (con límites).

Andalucía Trade estima que se puedan realizar aproximadamente 60 inversiones con un efecto multiplicador del 2,5, lo que supondrá que los casi 60 millones de euros públicos movilizarán 150 millones de euros de inversión total, atrayendo 90 millones de euros de capital privado. Los fondos estarán en funcionamiento en 2026. El periodo de inversión alcanza hasta el 31 de diciembre de 2029 y el de recuperación hasta el 31 de diciembre de 2036.

El Ministerio de Economía ha arrancado los preparativos para lanzar una cuenta bancaria con la que los españoles podrán destinar su ahorro a la inversión en el tejido productivo europeo, en la línea de la estrategia para ampliar la autonomía estratégica del continente y avanzar en la aún pendiente Unión de Ahorro e Inversiones en el seno de los Veintisiete.

La cartera que dirige Carlos Cuerpo publicó, a pocas horas de la Navidad, una consulta para recabar la opinión del sector financiero de cara a la puesta en marcha de un producto bancario específico que canalice el ingente ahorro de los españoles (la tasa se sitúa alrededor del 13% de la renta disponible, muy por encima de su valor histórico medio) hacia iniciativas de inversión en el seno de la Unión Europea.

España se convierte así en uno de los alumnos aventajados a la hora de poner en marcha una iniciativa para cumplir con el objetivo fijado por la Comisión Europea para este mandato: conseguir, ahora sí, la llamada Unión de Ahorro e inversiones, una de las patas pendientes del mercado único, junto con la bancaria.

Sin embargo, las divergencias entre los Veintisiete hacen que los avances, si los hay, sean muy lentos y alejan la implantación de las necesarias reformas que recogieron los informes elaborados por los ex primeros ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi. Sin ellas, la competitividad del conjunto de la Unión Europea frente a bloques como Estados Unidos o China queda en entredicho.

Para tratar de avanzar con los países más dispuestos, el ministro Cuerpo puso sobre la mesa europea el llamado Competitiveness Lab (Laboratorio de Competitividad), al que ya se han sumado numerosos Gobiernos europeos. El pasado 30 de junio, siete países (España, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Estonia) acordaron la puesta en marcha de ‘Finance Europe’, una etiqueta conjunta para aquellos productos financieros que invierten en la economía europea.

Y el 30 de septiembre, la Comisión Europea adoptó una recomendación sobre cómo deben ser las cuentas de ahorro que canalicen ese excedente dinerario de los europeos, que ahora languidece en depósitos a plazo con exiguas remuneraciones o, directamente, sin rentabilidad, depreciándose conforme muerde la inflación.

Plazos de inversión, cuotas mínimas, requisitos...

El diablo está en el detalle y, antes de redactar la norma —Economía no precisa el rango, si será una ley o un decreto— que trasponga ambas iniciativas al marco nacional, el Gobierno ha colgado un documento para que patronales, empresas o particulares opinen sobre cómo debería ser este instrumento antes de que el Ejecutivo cierre la letra pequeña del mismo. 

En concreto, Economía cuestiona si es apropiado que se fijen cuantías mínimas de inversión o aportaciones periódicas, si son necesarios umbrales máximos de tenencia de instrumentos financieros o si las cuentas deben estar limitadas a una por persona. En cuanto a la competencia en el sector, el Gobierno inquiere si este producto debería estar limitado a un tipo de entidades, si debería considerarse la prestación transfronteriza del servicio y cuáles tendrían que ser los gastos en comisiones asociados.

El cuestionario es extenso y el Gobierno pide al sector que manifieste qué clase de activos financieros deberían ser convenientes en el marco de esta cuenta de ahorro, cómo determinar los criterios de esa etiqueta ‘Finance Europe’, los plazos de la inversión y aspectos técnicos vinculados a la evaluación de su eficacia o la supervisión de estos instrumentos.

Más dinero para pymes y sacar el ahorro del ladrillo

El Ejecutivo da de plazo hasta el 30 de enero para remitir respuestas. Explica que la norma permitirá “diversificar las fuentes de financiación de las empresas europeas, impulsando su crecimiento, así como modelos de negocio innovadores” y también que los hogares encuentren “oportunidades de inversión atractivas, que permitan mejorar su resiliencia y hacer frente a eventos vitales como la jubilación”.

Además, apunta que un mercado de capitales “mejor integrado, más líquido y profundo” permitirá que fluya más dinero a la doble transición verde y digital y, también, a los nuevos “retos de seguridad y autonomía estratégica”, entre los que se encuentra el incremento del gasto en Defensa.

“España considera la conveniencia de diseñar e implantar una cuenta de ahorro e inversión, atendiendo a la recomendación de la Comisión, y que permita implantar en España la etiqueta ‘Finance Europe’. El objetivo es ofrecer a los hogares un vehículo simple y estable para invertir a largo plazo y, al mismo tiempo, dotar a este producto de un sello europeo común que facilite su identificación, mejore su atractivo y contribuya a movilizar más ahorro hacia la economía europea”, justifica la propuesta normativa del Ministerio.

Los hogares europeos tienen una tasa de ahorro del 14,7% de su renta disponible, por encima de la media histórica. Según los cálculos de la Comisión Europea, recogidos por Economía, aumentar la participación en los mercados de capitales permitiría generar 2.500 millones de euros adicionales de renta y 750.000 millones más de ahorro en diez años.

Si funciona esta cuenta en España, el impacto podría ser notable. Si bien la tasa de ahorro es elevada (13%), el grueso del patrimonio se concentra en ladrillo, en torno al 75%, mientras que el 25% restante es en efectivo o en depósitos de muy baja remuneración.

Más educación y menos barreras para pymes

El ministerio justifica que una de las razones por las que los españoles se decantan en menor medida por el ahorro a través de activos financieros, como la bolsa, es por la “oferta heterogénea de productos”, con características muy diversas cada uno, “lo que añade complejidad a la toma de decisiones”. Así, el proyecto que tiene entre manos el ministro Cuerpo supone “una oportunidad” al crear un “vehículo simple” que, a la vez, permita diversificar y ofrezca un perfil de riesgo y rentabilidad acorde a cada inversor.

El Gobierno cree que la cuenta y la etiqueta europea serán primeros pasos para estimular la inversión productiva, pero reconoce que son necesarias otras reformas que den más dinamismo tanto a la economía española como a la europea. Así, la propuesta apunta que urge “profundizar” en reformas que reduzcan el peso de las pymes en el tejido productivo, haciendo que ganen tamaño. También sería necesario, dice Economía, hacer frente a los retos de las empresas para acceder a los mercados de capitales, así como la fragmentación e incertidumbre regulatoria. En este sentido, el Ejecutivo trabaja en lo que han llamado ‘Régimen 20’ para crear un estándar regulatorio que permita emitir licencias de actividad válidas en todo el territorio para determinados trámites administrativos.

A mayores, el Ministerio de Economía señala la necesidad de mejorar la educación financiera y de la experiencia de usuario, de manera que se cree un entorno más propicio para el desarrollo de la inversión financiera minorista.

El lanzamiento de esta consulta pública es solo el primer paso de un proyecto que, después, tendrá que ser redactado y avalado por el Consejo de Ministros, antes de pasar por una segunda vuelta y ser aprobado, ya como ley o como real decreto.

Un aplazamiento. O un respiro. La decisión del Gobierno de alargar la fecha de entrada en vigor de la nueva facturación para pymes y autónomos, el sistema Verifactu, ha cogido por sorpresa a muchos. Algunos ya habían hecho los deberes y se habían adaptado, pero en recientes fechas varios expertos alertaban que había un número excesivo de medianas o pequeñas empresas, además de trabajadores autónomos, que estaban dejando la actualización a la hora de facturar para última hora. Y que podía ser un problema para los últimos días de diciembre o, peor aún, los primeros días de enero, cuando ya no se podría facturar como hasta ahora si uno quería cumplir con la ley y con Hacienda y evitar posibles sanciones. La ley, eso sí, sigue siendo la misma, la que obliga a los profesionales mencionados a utilizar sistemas informáticos que permitan compartir sus facturas con el fisco. 

Hay expertos que consideran que la medida anunciada ayer llega como respuesta a ciertas presiones empresariales y a la necesidad de garantizar una transición más suave hacia la digitalización fiscal. En todo caso la moratoria modifica no la ley sino las fechas límites que estaban originalmente previstas. Inicialmente, las compañías con una facturación inferior a los seis millones de euros debían contar con el nuevo software a partir del 1 enero de 2026, es decir, en menos de un mes. Por otra parte, los trabajadores autónomos debían incorporar dicho sistema informático desde el 1 de julio del mismo 2026, es decir, en algo menos de siete meses. Con la nueva aprobación, las empresas retrasarán este deber hasta el 1 de enero de 2027, mientras que los profesionales por cuenta propia deberán cumplir con los requisitos a partir del 1 de julio de 2027. 

De hecho este cambio de fechas no es el primero que se produce en el marco del Verifactu sino el segundo. La medida iba a arrancar en julio de 2025 y fue aplazada a las fechas que ayer volvieron a quedar desfasadas. Hay que recordar que el sistema Verifactu, abreviatura de «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT», fue incorporado a la Ley contra el fraude fiscal de 2021. ¿Objetivo? Evitar que empresas y profesionales oculten datos, ventas en su mayoría, al fisco, lo que reduciría la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Además de combatir prácticas fraudulentas, Verifactu busca modernizar los sistemas informáticos empresariales y contribuir a la digitalización del sector, para que Hacienda tenga en su poder los datos más imprescindibles de las facturas emitidas por pymes y autónomos.

La nueva normativa exige a los profesionales contar con un Sistema Informático de Facturación (SIF) que asegure la trazabilidad de los documentos. Este software debe garantizar la imposibilidad de llevar una contabilidad 'B' y asegurar que las facturas no puedan modificarse una vez emitidas. Aunque el fisco no ha hecho obligatorio que las compañías remitan la facturación de forma inmediata, los programas deben estar listos para conectarse a la Agencia Tributaria y remitir los datos automática y prácticamente en directo si Hacienda lo requiere. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva multas que pueden ascender hasta los 50.000 euros, de ahí que muchas empresas y autónomos ya hubiesen hecho los cambios necesarios para poder facturar de manera legal.

Ahora se trata de que tanto las pymes como los autónomos que no habían actualizado su manera de facturar no se relajen. Oficialmente, el Ministerio de Hacienda justificó la ampliación del plazo por la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación”. Según el Ejecutivo, esta decisión busca garantizar una implantación “ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”, otorgando a los contribuyentes un mayor margen para la adaptación. Es decir, que todo el mundo llegue a tiempo y no haya un cuello de botella que impida factura adecuadamente durante los primeros días posteriores a la entrada en vigor de la nueva facturación digital. 

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la moratoria como una forma de “facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas” y promover la digitalización. Para muchas pymes y autónomos, el aplazamiento representa un cambio significativo al ofrecer un “alivio” y un “mayor margen” para prepararse. El tiempo adicional, aseguran algunos expertos, no debe verse como una prórroga ilimitada, ya que estudios recientes señalaban que más del 60% del tejido empresarial seguía sin iniciar la adaptación a finales de noviembre. Los afectados venían denunciando la carencia de conocimiento técnico y legal o la falta de ayudas y soporte por parte de la misma Agencia Tributaria.

Programas válidos

Además, el aplazamiento aborda la gran cantidad de dudas que había generado la nueva obligación, especialmente entre los pequeños empresarios. Con este respiro, hay más tiempo para aclarar si los programas de facturación existentes son válidos, si se pueden seguir usando herramientas comunes como Excel o qué sucede con aquellos que aún facturan a mano. El Colegio Oficial de Gestores Administrativos valoró que la prórroga solo tendrá sentido si se utiliza para aclarar quién debe acogerse al sistema y cómo ordenar su completa implantación, algo que no se había logrado hasta ahora.

Desde la consultora tecnológica Esofitec aseguran que, aunque el cambio de calendario ofrece margen a empresas y autónomos para reorganizar sus respectivos y pertinentes procesos, “la digitalización de la facturación sigue siendo imprescindible. Este nuevo plazo permite preparar la transición con mayor seguridad, evitar prisas y asegurar que los sistemas estén alineados con la normativa. Y, para aquellos que ya han realizado la adaptación a Verifactu, este nuevo calendario supone disponer ahora de un año extra para validar con calma todo el trabajo hecho, ajustar procesos y garantizar un funcionamiento impecable”.

Asociaciones mayoritarias como Cepyme, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) saludaron la moratoria, considerándola un alivio y necesaria, mientras que otras organizaciones como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) consideran que el continuo anuncio de obligaciones seguidas de retrasos puede generar desconfianza e inseguridad jurídica, especialmente entre aquellos negocios que ya habían invertido en adaptar sus sistemas. En definitiva, lo que cambia para pymes y autónomos es los días que quedan para comenzar a facturar de manera digital acorde a la ley. 394 días en el caso de las empresas de pequeño y mediano tamaño, 575 en el caso de los autónomos.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Castilla-La Mancha ha valorado el nuevo aplazamiento de Verifactu, el sistema obligatorio de facturación digital diseñado por la Agencia Tributaria (AEAT), cuya implantación se pospone un año más, hasta 2027. Lo considera “inevitable”, pero también pero censura la gestión de la Agencia Tributaria durante todo el proceso.

 “Hemos tenido a miles de autónomos en tensión durante todo el año pasado y, además, se les ha empujado, aunque de forma sutil, a contratar programas de facturación de pago, simplemente por la falta de información clara y precisa por parte de la AEAT. Esto es, sencillamente, impresentable”, denuncia el presidente de UPTA en la región César García.

El Gobierno ha decidido retrasar la entrada en vigor del sistema tanto para empresas sujetas al Impuesto de Sociedades como para autónomos y pymes, tras las numerosas críticas recibidas por la falta de preparación técnica y la complejidad de los requisitos exigidos. No entrará en vigor hasta 2027.

Según UPTA CLM, la incertidumbre generada ha obligado a muchos trabajadores por cuenta propia a realizar gastos anticipados en software o asesoramiento especializado ante el temor de no llegar a tiempo a la obligación que inicialmente entraba en vigor en 2026.

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno establece ahora que las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán adaptarse antes del 1 de enero de 2027 y los autónomos y pymes dispondrán hasta el 1 de julio de 2027 para cumplir con la normativa.

Para UPTA CLM, este nuevo margen temporal permitirá planificar la transición a la facturación digital de forma más ordenada. Sin embargo, la organización exige a la Agencia Tributaria que mejore de inmediato la comunicación con los colectivos afectados. “Si no hay una guía clara, accesible y transparente, volveremos a reproducir exactamente los mismos errores dentro de un año”, advierte García.

Verifactu, regulado en el Real Decreto 1007/2023, obliga a que cada factura emitida genere un registro inalterable y trazable, incorporando un código QR y comunicándose automáticamente con la AEAT en el momento de su emisión.

La mayoría de autónomos y pequeñas empresas deberán utilizar software adaptado para cumplir estos requisitos. Solo quienes facturen de manera muy ocasional podrán seguir con sistemas propios (como Excel o Word), siempre respetando estrictas garantías de conservación y legibilidad.

UPTA CLM recuerda que la AEAT ofrece una aplicación gratuita, aunque advierte de que puede resultar insuficiente para actividades con un volumen medio o alto de facturación.

Exigen “claridad, soporte técnico y un calendario realista”

UPTA Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de España y a la Agencia Tributaria tanto un plan formativo específico para autónomos, como herramientas “claras y accesibles sin costes ocultos” y una “comunicación institucional transparente que evite interpretaciones erróneas”, así como un calendario definitivo que no genere nuevas incertidumbres.

“Lo que no puede volver a repetirse es un año de confusión, presiones indirectas y falta de respuestas técnicas. Los autónomos merecen respeto, y eso empieza por darles información veraz, completa y a tiempo”, concluye García.

El Gobierno retrasa la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y al 1 de julio de ese mismo año para los autónomos, después de las quejas de múltiples asociaciones y patronales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en sendas entrevistas este martes que el Real Decreto-Ley que aprueba el Consejo de Ministros para cumplir varios compromisos pendientes con Junts incluiría una ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, que debía entrar en vigor en apenas un mes.

Fuentes de Hacienda precisan que, en ambos casos, esta obligación se retrasa un año, hasta el 1 de enero de 2027 en el caso de los declarantes del Impuesto de Sociedades y hasta el 1 de julio para el resto, fundamentalmente trabajadores autónomos. En una nota, el Ministerio ha asegurado que la ampliación se hace con el objetivo de dar la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

“De forma muy resumida, la normativa a lo que obliga es que, por cada factura que se emita, debe generarse un registro de facturación”, explica Èlia Urgell, Tax & Invoicing Product Manager en Wolters Kluwer, una de las empresas que diseñan estos software para empresas.

A partir de aquí, explica Urgell, las empresas cuentan con dos opciones. “Pueden guardar esa información en el sistema, para cuando lo requiera la Agencia Tributaria o pueden apostar por la modalidad Verifactu que, de forma automática, el sistema envía ese registro a la Agencia Tributaria para que ellas sean las responsables de tener ese registro”, señala en conversación telefónica.

El compromiso de retrasar esta obligación era un reclamo de Junts, pero también de las patronales catalanes. Singularmente, Pimec, que reclamó ayudas directas para su implantación, ya que uno de cada cuatro empresarios creen que gastarán entre 1.000 y 6.000 euros en la actualización del software y de los nuevos equipos. Además, más de la mitad de los asociados en la rama del comercio (55,4%) desconocían cuándo entrarían en vigor las nuevas obligaciones.

El más contundente en sus críticas fue el vicepresidente de CEOE y presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, que exigió que se posponga la implementación de Verifactu a 2027. “La facturación electrónica no será obligatoria para autónomos y pymes hasta el 2028. Aún estamos a la espera de la publicación de un RD por parte del Ministerio de Economía. No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes y a los profesionales y asesores que trabajan con nosotros. ¡No más trabas”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de la red social X.

En este sentido, y en declaraciones remitidas a los medios, Amor ha calificado el cambio de opinión del Ejecutivo de “bienvenido”. “ATA solicitó esta prórroga el 31 de octubre y en varias ocasionesy agradecemos a Junts que haya hecho bandera de esta demanda”, señala el representante de ATA.

Desde la asociación de autónomos UPTA, su presidente, Eduardo Abad, ha calificado de “despropósito” el giro del Gobierno. “Es un auténtico despropósito por parte del Gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Esto lo único que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo de verdad que está harto de esta situación”, asegura en declaraciones remitidas a los medios, que critica que “parece que nadie está al volante de la situación”.

También Uatae ha criticado la “inseguridad jurídica” que provoca esta decisión del Ejecutivo. “Nos sorprende que algo que se está tratando en el foro de autónomos con las organizaciones representativas y los agentes sociales desde hace más de dos años, ahora se retrase. Más aún cuando se trata de una herramienta de lucha contra el fraude fiscal que no tiene incidencia práctica en el trabajo autónomo (a pesar de lo que se haya podido escuchar), en la medida en que no son los autónomos los obligados a cumplir requisitos de facturación sino los propios software de facturación los que tienen que adaptarse a la normativa y que, por otra parte, en su mayoría, ya se han adaptado”, apuntan.

Cuando solo quedaba un mes para la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, el Gobierno ha decidido aplazar un año su entrada en vigor. Miles de pymes tendrán que adaptar sus programas informáticos a esta nueva realidad con el comienzo del año 2027. Un cambio al que tendrán que hacer frente una buena parte de los autónomos en julio de 2027, según las nuevas fechas, pero que, dicen los expertos, está lejos de ser un terremoto.

Asociaciones de autónomos y patronales han levantado la voz ante el potencial aumento de costes que supondrá la adaptación al nuevo sistema, pero lo cierto es que gran parte del tejido productivo estará todavía exento de dar el salto a la factura electrónica. Por ejemplo, todas aquellas pymes y autónomos que no utilicen softwares específicos de facturación y que aún las hagan a mano o en procesadores como Word o Excel. Aunque esto, también, tiene los días contados.

“De forma muy resumida, la normativa a lo que obliga es que, por cada factura que se emita, debe generarse un registro de facturación”, explica Èlia Urgell, Tax & Invoicing Product Manager en Wolters Kluwer, una de las empresas que diseñan estos software para empresas.

Es decir, los programas de facturación tendrán que estar adaptados y tendrán que generar un archivo, una suerte de ‘huella digital’ de cada una de las facturas que se emita para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

A partir de aquí, explica Urgell, las empresas cuentan con dos opciones. “Pueden guardar esa información en el sistema, para cuando lo requiera la Agencia Tributaria o pueden apostar por la modalidad Verifactu que, de forma automática, el sistema envía ese registro a la Agencia Tributaria para que ellas sean las responsables de tener ese registro”, señala en conversación telefónica.

La factura electrónica, el siguiente hito

Si bien hay muchas empresas que quedarán exentas en el propio 2026, el próximo cambio que se avecina, la implantación de la factura electrónica, sí afectará al grueso del tejido empresarial. Esto, explica Raquel Jurado, responsable del Servicio de Consultas del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, regulará cómo se envían las cuentas entre empresas y, aunque formalmente surge de otra ley, está relacionado con Verifactu al fijar los estándares de software de los programas que las emiten.

“Adaptarse a Verifactu no reemplaza la futura obligación de la factura electrónica. De hecho, son normativas con objetivos diferentes: Verifactu busca seguridad y trazabilidad interna; la factura electrónica obligatoria busca interoperabilidad y control comercial entre empresas. Quienes se adapten pronto a Verifactu estarán mejor preparados, pero no evitará otros cambios futuros”, detalla Jurado.

Este factor, el de la competitividad, es clave, a juicio de Urgell. “Todas aquellas empresas que ahora no entren, porque consideran que no entran, seguro que en un año y medio o dos tendrán que incluirse. Aquellas empresas que ahora no entren y lo hagan más adelante, perderán competitividad”, advierte la experta de Wolters Kluwer.

Esta futura norma depende del Ministerio de Economía, ya que se incluyó en la Ley Crea y Crece de 2022. Sin embargo, el Real Decreto que lo desarrolla aún no se ha aprobado, por lo que no hay plazos establecidos ni tampoco los requisitos técnicos concretos.

Críticas de los autónomos: “No más trabas”

Mientras, el descontento empresarial por estas nuevas obligaciones crece. El más contundente en sus críticas fue el vicepresidente de CEOE y presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, que exigió que se posponga la implementación de Verifactu a 2027. “La facturación electrónica no será obligatoria para autónomos y pymes hasta el 2028. Aún estamos a la espera de la publicación de un RD por parte del Ministerio de Economía. No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes y a los profesionales y asesores que trabajan con nosotros. ¡No más trabas”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de la red social X.

Estas críticas se suman a la petición, la pasada semana, de las patronales de las tiendas de panadería, carnicería y pescadería, que firmaron un comunicado conjunto para pedir una moratoria de dos años en la implementación del nuevo sistema. “Consideramos imprescindible tener en cuenta la realidad del tejido artesano y tradicional de nuestro país, formado mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos y económicos muy limitados. Sin medidas correctoras y sin una planificación más paulatina, la implantación inmediata de Verifactu puede poner en riesgo la viabilidad de miles de establecimientos”, aseguraron en la nota.

Estas organizaciones citan un estudio de la patronal catalana Pimec, que arrojó que más de la mitad de sus asociados en la rama del comercio (55,4%) desconocían cuándo entrarían en vigor las nuevas obligaciones. Los responsables reclamaron “ayudas directas” para su implantación, ya que uno de cada cuatro empresarios creen que gastarán entre 1.000 y 6.000 euros en la actualización del software y de los nuevos equipos.

En una jornada organizada por ATA este mismo viernes, representantes de la Agencia Tributaria trataron de aclarar dudas y templar los ánimos. Así, recordaron que los autónomos podrán comenzar a utilizar Verifactu desde enero y contar con “seis meses de prueba” antes de que comience la obligación, donde cualquier error o fallo no será sancionado.