Dos horas diarias, dinero condicionado y Europa fuera: qué implica el pacto por el diseño adictivo de Instagram y Facebook

Se trata de un acuerdo histórico, aunque su potencial para cambiar la industria de las redes sociales y los abusos cometidos contra los menores aún debe demostrarse. Meta, la matriz de Facebook e Instagram, ha llegado a un acuerdo extrajudicial con 47 estados de EEUU para cerrar el mayor juicio hasta la fecha sobre el diseño adictivo de sus apps y su impacto negativo en adolescentes. La multinacional pagará hasta 18.000 millones de dólares en la próxima década e introducirá límites de uso para los menores, aunque ha conseguido esquivar el reconocimiento de haber actuado de forma irregular.

Se trata del mayor acuerdo alcanzado nunca con una gran tecnológica por este tipo de acusaciones. Para algunos de los demandantes, como ha señalado el fiscal general de Carolina del Norte, este hito es suficiente para considerar que el proceso supone “un progreso real”. Consideran que el acuerdo abre “el momento tabacaleras” para los gigantes digitales, una etapa en la que son obligadas a reparar sus efectos nocivos e indemnizar a las víctimas, al igual que los fabricantes de tabaco hicieron en los años 1990 y 2000.

Para otros, como el fiscal general de Florida, “las indemnizaciones a los estados son insignificantes comparadas con el profundo daño que las características adictivas de Meta, impulsadas por el afán de lucro, han causado a nuestros hijos”. Para explicar esta discrepancia hay que entender cómo se ha llegado hasta aquí, las características del acuerdo económico, qué impacto tendrá en el resto del mundo y hasta qué punto los expertos consideran efectivas las restricciones de uso que se ha comprometido a implementar Meta.

Cómo hemos llegado hasta aquí

La demanda que ha terminado en este acuerdo arrancó en 2023, cuando California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey denunciaron a Meta por infringir las leyes estatales de protección al consumidor. A esa demanda se sumaron progresivamente otros 29 estados, que acusaban además a la empresa de recopilar datos de menores sin consentimiento parental para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, violando la ley federal de privacidad infantil. Fue la primera vez en la que las autoridades empezaron a comparar las redes sociales con el tabaco.

Todos esos procedimientos quedaron consolidados ante un tribunal federal de California, donde radica la sede de Meta. El acuerdo extrajudicial se alcanzó durante el quinto día de un juicio que se preveía que durara seis semanas y en el que ya había declarado el jefe de Instagram, Adam Mosseri. Se esperaba que el propio Mark Zuckerberg subiera al estrado.

Qué pruebas había

Los fiscales contaban con abundante documentación interna de Meta, como comunicaciones entre sus empleados e informes de evaluación de riesgos, que presuntamente demostraban que la multinacional era consciente de los daños que sus redes sociales provocaban a los usuarios y, especialmente, a los menores. Y que, en vez de trabajar para corregirlos o limitarlos, modificó el diseño de las apps de Facebook e Instagram para aprovechar la vulnerabilidad de las personas y aumentar sus beneficios.

Esta información provenía de un gran número de filtraciones de ex trabajadores de Meta. Algunas de ellas, como las de Frances Haugen o Arturo Béjar, ya había sido ampliamente documentada por los medios de comunicación debido al paso adelante de estos whistleblowers, que decidieron ponerlo en conocimiento del público y acudir a congresos y parlamentos de todo el mundo a denunciar lo sucedido.

En el juicio, no obstante, aparecieron nuevas pruebas de la conducta de Meta. Los fiscales mostraron un memorando interno que probaba que la dirección de Instagram sabía que funciones de seguridad opcionales implementadas tras la salida a la luz de esos escándalos, como “Tómate un respiro”, apenas se usaban y no cumplían su función. También llamaron a declarar a profesores y directores de escuelas públicas sobre los problemas que las redes sociales de Meta provocaban entre sus alumnos, incluidos casos de sextorsión.

Cuál estaba siendo la defensa de Meta

Meta ha negado haber cometido cualquier irregularidad durante todo el proceso. Su defensa se apoyó en dos argumentos centrales: que la salud mental adolescente es un problema “profundamente complejo y multifactorial” que no puede atribuirse al diseño de una sola aplicación, y que la “adicción a las redes sociales” no es una condición psiquiátrica reconocida, por lo que no podía haber engañado a los consumidores sobre algo que no existe como diagnóstico.

La multinacional también estaba intentando desmentir el argumento de los fiscales de que sus actuales herramientas de protección a los adolescentes eran simple “maquillaje”, así como que sus directivos eran conscientes de su inutilidad. Unas acusaciones que sus abogados tachaban de “no fundamentadas” y cuya resolución podría haber sido una de las claves de todo el proceso.

Los 18.000 millones: lo garantizado y lo condicionado

La cifra de 18.000 millones tiene abundante letra pequeña. Según ha comunicado la multinacional, Meta se compromete a un pago garantizado de 12.700 millones de dólares a lo largo de diez años, con diferentes cuantías para cada uno de los estados que han aceptado el acuerdo.

Los 5.300 millones de dólares restantes solo se activarán si YouTube y TikTok, contra las que los fiscales han abierto procesos equivalentes al de Meta, aceptan pagos y medidas equivalentes a las que se ha comprometido la empresa de Mark Zuckerberg.

Esta es otra de las principales claves del acuerdo y por ahora, ninguna de las tres compañías ha respondido públicamente a esa condición. Aunque estas multinacionales podrían optar por adherirse a este pacto y cerrar sus respectivos procesos, no hay ninguna garantía de ello. Google por ejemplo, propietaria de YouTube, se niega en banda a que esta plataforma sea considera una “red social”. Esta asunción podría tener profundos impactos legales en el resto del mundo, en un momento en el que múltiples países están intentando establecer límites de edad más estrictos para el uso de estas plataformas.

Qué suponen esos 18.000 millones de dólares para Meta

En el inicio del juicio, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey llegaron a pedir una sanción de 1,4 billones de dólares para Meta por los daños causados. Otros estados rebajaron la cifra a 200.000 millones.

Para entender qué suponen realmente esos 18.000 millones para Meta, es necesario ponerlos en contexto con las actuales cifras de su negocio. En sus últimas cuentas, correspondientes a su segundo trimestre fiscal de 2026, los de Zuckerberg comunicaron un beneficio neto de 15.848 millones de dólares. En 2025, acumularon unas ganancias de unos 60.000 millones de dólares. Es decir, el pago (que se repartirá en una década y podría no llegar a los 18.000 millones si el resto de plataformas no se comprometen) equivale a algo más de lo que Meta gana en tres meses.

Otra cifra con la que se pueden contrastar la cuantía de la indemnización es su desembolso en inteligencia artificial. Ahora mismo Meta se encuentra inmersa en el frenesí inversor en esta tecnología que caracteriza a todos los gigantes de Silicon Valley. Solo en 2026, Meta planea gastar unos 135.000 millones de dólares en desarrollar IA y construir centros de datos.

Los nuevos límites de uso

El segundo pilar del acuerdo son las restricciones de uso para Facebook e Instagram que Meta se ha comprometido a implementar. Estas deben evitar que vuelvan a repetirse daños y adicciones como los que han llevado a la corporación a los tribunales. Según el comunicado de Meta, las medidas son las siguientes:

Meta también ha informado de que incluirá otras funcionalidades para adolescentes, como la posibilidad de desactivar la personalización de los algoritmos de recomendación de contenido o la reproducción automática de vídeos. Estas opciones, no obstante, deberán ser activadas por los propios menores, a pesar de que en el juicio los fiscales habían conseguido que los directivos de Instagram reconocieran que las herramientas que no están activadas de manera predefinida tienen un uso marginal.

Otras herramientas, como el límite de tiempo y el modo nocturno, comienzan con un período de vigencia de cinco años, que se extenderán hasta los 10 si TikTok y YouTube ratifican el acuerdo. “Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución para toda la industria. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a nuestros competidores, TikTok y YouTube, para que implementen este nuevo marco de inmediato”, ha declarado CJ Mahoney, Director Jurídico de Meta.

Lo que queda fuera

El acuerdo no obliga a Meta a renunciar completamente a las recomendaciones de contenido personalizadas ni a la publicidad dirigida a menores, el núcleo de su modelo de negocio. Tampoco aborda contenidos que los propios filtradores de Meta, como Frances Haugen, identificaron como especialmente problemáticos, como las publicaciones que generan preocupación por la imagen corporal de los adolescentes en Instagram.

Meta tampoco se ha comprometido a ninguna medida concreta para mejorar la verificación de edad e impedir que los menores de 14 años (o 16 en algunos países, como está negociando España) utilicen sus redes. Estos vacíos en el acuerdo han supuesto el principal foco de críticas por parte de los expertos y especialistas en sus primeras evaluaciones del acuerdo.

El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño

Arturo Béjar — ex director de ingeniería de Meta y primer testigo del juicio

Arturo Béjar, que llegó a ser director de ingeniería de Meta y fue el primer testigo del juicio, considera que el pacto es “un hito significativo”, pero avisa de que los padres no deben dar por hecho que Instagram es ahora seguro para sus hijos. “El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño”, ha dicho en un comunicado recogido por la agencia AP. Béjar cree que el límite de dos horas no resuelve el problema si el contenido que reciben los adolescentes en ese tiempo sigue diseñado para generar dependencia, y opina que el acuerdo debería haber atacado directamente el efecto de los sistemas de recomendación.

Josh Golin, director ejecutivo de la organización de seguridad infantil Fairplay, apunta en la misma dirección, lamentando que el acuerdo no desactive por defecto “los algoritmos de recomendación que conectan a los menores con depredadores y los envían por peligrosas madrigueras de contenido”.

Yaël Eisenstat, directora de política e impacto del Cybersafety Research Center y también extrabajadora de Meta, cree que “es un poco prematuro” saber si todos los cambios prometidos llegarán a materializarse. Recuerda que Meta “decidió ir en contra del consejo de sus propios empleados y siguió ignorando que estas características de diseño eran inseguras para aumentar sus beneficios. Con todo, advierte de que ”no hay una bala de plata única para arreglar todo esto“ y que será necesario seguir trabajando más allá de Meta para solucionar los problemas que los algoritmos producen en los menores.

¿Y Europa?

El acuerdo es un pacto entre Meta y fiscales generales de Estados Unidos, por lo que no tiene aplicación automática en la Unión Europea o en el resto del mundo. La empresa no está obligada a extender estas medidas a los usuarios europeos.

No obstante, la UE tiene sus propias herramientas de presión y el precedente de este acuerdo podrá ser utilizado en los procesos que tiene abiertos contra Meta. La Comisión Europea lleva desde 2024 investigando las redes de Zuckerberg y este julio concluyó que el diseño de Instagram y Facebook incumple las leyes europeas que exigen a las plataformas evaluar y corregir los daños que provocan en los usuarios.

La investigación señala directamente algunas de las características que están en el centro de las acusaciones estadounidenses, como el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación personalizados. Si Bruselas confirma finalmente el incumplimiento, podría imponer una multa de hasta el 6% de su facturación mundial anual de Meta (unos 11.000 millones de euros) y exigir cambios que podrían ir más allá que los pactados ahora en EEUU.