Catorce años después de que se destapara la existencia de la banca paralela que el asturiano Manolo Mori García creó, entre los años 1998 y 2012, cuando era director de una sucursal bancaria en Cangas de Onís, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Asturias por su responsabilidad en un delito continuado de apropiación indebida con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La sentencia, que aún no es firme y es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), se ha fijado en dos años de prisión, que Manolo Mori no cumplirá al carecer de antecedentes penales y el pago de una multa de 1.500 euros.

Además, tendrá que hacer frente al abono de una indemnización al Banco Santander S.A. cifrada en 636.328,08 euros por el dinero que la entidad abonó a varios de los 33 perjudicados personados en el procedimiento como reparación del daño tras haber adquirido el Banco Popular S.A. que a su vez sucedió al Banco Pastor donde trabajaba el acusado.

Su eficacia como director de la sucursal bancaria del entonces Banco Pastor S.A., ubicada en Cangas de Onís, había logrado que el nombre de Manolo Mori se asociara a la de una figura similar a la de un 'conseguidor' que resolvía rápidamente las gestiones económicas de muchos vecinos y vecinas del concejo con los que tenía relaciones de confianza, bien por vecindad o amistad, y que acudían a su despacho para solicitar préstamos, entregarle en mano sus ahorros para que los ingresara en sus cuentas o pedir su asesoramiento sobre una posible inversión.

Gratificación por lograr 'morosidad cero'

Era habitual que incluso algunos clientes firmasen en blanco los documentos que el director les entregaba y que dejaran en sus manos el dinero, en vez de ingresarlo ellos personalmente en sus cuentas, porque no recelaban de su buen hacer, ni desconfiaban de su diligente actuación.

Su profesionalidad y buen trato con los clientes fueron gratificados con bonos por parte de sus superiores porque había logrado con éxito que en su oficina hubiera “morosidad cero”.

Hasta siete auditorías superadas

Durante 14 años, Manolo Mori fue el directivo perfecto, ya que a su empatía hacia todo aquel que acudía a solicitarle un favor o a pedirle que le hiciera un ingreso o un reintegro unía un carácter muy afable y cercano. Esa fue una etapa dorada, que duró desde febrero de 1998 a mayo de 2012, cuando dirigía el Banco Pastor de la localidad de la zona oriental asturiana.

Las siete auditorías que se llevaron a cabo por parte de la entidad bancaria durante ese período dieron la conformidad a sus cuentas. Y todo parecía ir sobre ruedas.

La fusión bancaria

Sin embargo, la fusión del Banco Pastor con el Banco Popular, que posteriormente fue adquirido por el Banco Santander en el año 2012, dio al traste con toda esa imagen de bonhomía, cercanía y profesionalidad.

Abrumado y superado por la situación, Manolo Mori se adelantó a la auditoría que se iba a realizar con los nuevos gestores y confesó que había creado una banca paralela.

Niega un beneficio personal

Él se ofreció de inmediato a colaborar aportando todos los datos de que disponía de los movimientos bancarios realizados, mientras repetía una y otra vez que no se había apropiado de dinero alguno para su propio beneficio personal ya que, según su versión, todos los movimientos que había realizado de unas cuentas a otras de clientes nunca fueron destinados a su propio enriquecimiento.

En una localidad donde casi todo el mundo se conoce, el director del banco es una de las figuras más relevantes y la noticia de la banca paralela se extendió por la zona en apenas unos minutos.

Colas de clientes ante la sucursal

El nerviosismo y la angustia comenzaron a apoderarse de los clientes que hasta ese momento habían permanecido ajenos a todo lo ocurrido y desconocían el maremágnum de sensaciones que iba a desencadenar esta revelación y el largo procedimiento judicial que se les venía encima.

Las colas delante de la sucursal fueron constantes desde el instante en que Manolo Mori confesó las operaciones irregulares que había llevado a cabo y hasta la oficina comenzaron a acercarse los clientes para reclamar su dinero. Entre tanto, los auditores iniciaban una ardua tarea para tratar de aclarar, una a una, cada partida económica y su destino final.

La confesión

La colaboración de Manolo Mori con los investigadores ha sido clave para que los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, hayan aplicado una circunstancia atenuante de confesión a su condena a dos años de cárcel por su autoría en un delito continuado de apropiación indebida.

Una circunstancia atenuante a la que se ha sumado otra segunda atenuante por dilaciones indebidas debido al enorme retraso en que la causa llegó a ser enjuiciada.

Las dilaciones indebidas

La atenuante de dilaciones indebidas se ha aplicado al haber transcurrido otros 14 años desde que el procedimiento ha derivado en la vista oral del juicio ante la Sala y dos años más hasta hacerse pública la sentencia.

El juicio arrancó ante el tribunal de la Sección Segunda el 5 de marzo de 2024 y la sentencia se ha dictado en marzo de 2026, dos años después.

Un juicio con 14 años de retraso

No obstante, la sentencia viene a reflejar el trabajo meticuloso de la Sala que describe, a través de 106 páginas, de forma pormenorizada, paso a paso, cada una de las actuaciones contables, el dinero que reclamaba cada una de las acusaciones particulares que han ejercitado muchos clientes perjudicados, las peticiones de condena y los posicionamientos de Fiscalía, acusaciones y defensa.

Una sentencia condenatoria dictada en una causa que ha sido de las más complejas que se han visto hasta ahora en esta Audiencia Provincial, dado el elevado número de personas perjudicadas y la falta de documentos de las que muchas de ellas disponían para acreditar el dinero entregado, lo que ha obligado a un esfuerzo mayor para tratar de delimitar cada intervención ilícita.

Hechos probados

Finalmente, el tribunal ha declarado probado que el acusado ostentó el cargo de director de la sucursal de la entidad Banco Pastor S.A., sita en Cangas de Onís, desde el 1 de febrero de 1998 al 22 de mayo de 2012, fecha ésta última en la que la entidad bancaria se refundió con Banco Popular S.A., dando lugar a una sola sede física; siendo posteriormente adquirido el Banco Popular por Banco Santander S.A.

Durante este largo período de tiempo, “aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto y guiado por un ánimo de enriquecimiento (bien en su propio beneficio, bien en el de terceros –que en unas ocasiones eran clientes de la citada sucursal bancaria y en otras, personas ajenas a la misma-), realizó sin conocimiento ni consentimiento de la entidad para la que trabajaba y burlando sus mecanismos de control, una pluralidad de actos dispositivos irregulares en las cuentas de clientes de aquélla, sin contar para ello tampoco con el conocimiento ni autorización de los clientes afectados por tales actos dispositivos”, señala la resolución judicial.

Relación de confianza y amistad

Tales operaciones consistieron tanto en retiradas de sumas de dinero de las cuentas de muchos de los clientes bancarios, como en no materializar el ingreso de cuantías dinerarias que algunos clientes le entregaron al acusado para que éste las integrara en sus cuentas.

El tribunal subraya en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que para que todas estas actuaciones se pudieran llevar a cabo el acusado se sirvió de la relación de confianza, vecindad y/o amistad que le unía con los clientes afectados, así como también, del crédito empresarial de la entidad para la que servía profesionalmente.

Firmas en documentos en blanco

“Así, uno de los modos en los que consiguió formalizar los reintegros en las cuentas de las que detraía fondos, fue presentando a los clientes afectados por tal operativa impresos bancarios –por tanto, con el consiguiente membrete de la entidad- ”en blanco“, solicitándoles que los firmaran bajo el falso pretexto de que tales documentos, una vez firmados, los usaría para gestionarles o lograrles beneficios de diversa naturaleza (nuevos intereses, rentabilidades, productos financieros, prórrogas de productos contratados, etc…), sin que ello ocurriera finalmente, al emplear el acusado dichos documentos, una vez firmados, para extraer dinero de las cuentas de dichos clientes con importes que él consignaba a su entera voluntad”, sostienen los magistrados.

Esta era “una forma irregular de operar”, subraya la sentencia, pero según han declarado acreditado los magistrados no era la única.

Otros métodos

“En otras ocasiones el acusado autorizaba dichas detracciones de las cuentas de clientes estampando su propia firma en el lugar correspondiente al titular de la cuenta; materializando tales extracciones dinerarias en otros supuestos sin firma alguna”, expone la resolución judicial.

Asimismo, el encausado recibió de varios clientes cuantías monetarias para su ingreso en sus cuentas bancarias, que “éste nunca materializó, disponiendo del dinero que se le había entregado conforme al ánimo de enriquecimiento –propio o en favor de terceros- ya aludido”, incide el fallo.

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado

Las indemnizaciones

La pena se ha fijado en dos años de prisión, cinco meses de multa a razón de 10 euros diarios e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias, crediticias y de seguros durante el tiempo de condena; todo ello con imposición de costas procesales, incluidas las devengadas por la actuación de las acusaciones particulares.

El exdirector de la entidad bancaria no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales y no superar la pena de dos años de cárcel.

El cliente peor parado

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado.

Unas indemnizaciones destinadas a más de una treintena de víctimas que se verán incrementadas con los intereses a contar desde la fecha en la que cada perjudicado hubiera reclamado su pago con señalamiento de cantidades líquidas y hasta la fecha de la sentencia, así como con los intereses legales a contar desde esta resolución judicial hasta el completo pago de las sumas.

El tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño. No obstante, esta entidad ha sido también declarada como responsable civil subsidiaria en la causa

Una doble condición

Además, el tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño.

Aunque la Fiscalía había solicitado que el acusado reintegrara al Banco Santander S.A. 1.428.358,64 euros, más intereses, en restitución de las cantidades que también había resarcido a parte de los perjudicados, la Audiencia Provincial solo lo estimó parcialmente.

El tribunal explica en la sentencia que únicamente Manolo Mori debe reintegrar a la entidad bancaria 636.328,08 euros que era la cantidad que abonó a los perjudicados que fueron accionantes en el procedimiento judicial.

No obstante, la entidad Banco Santander S.A. ha sido declarada como responsable civil subsidiario, por lo que debe afrontar el pago de las cantidades a las que ha sido condenado el acusado, incluidos los intereses moratorios y legales, en su condición de adquirente del Banco Popular S.A., que a su vez sucedió a Banco Pastor S.A.

Ocho coacusados, absueltos

Otras ocho personas fueron también juzgadas como responsables civiles directos a título lucrativo. Todas ellas han sido absueltas: Adolfo N.A., Rafael Á.G., Rafael M.M., Julio César M.R., Ramón C.C.L., Federico B.V., Ana Isabel Z.G. y Fernando R.B.

A lo largo del procedimiento judicial se dio el caso de personas que dijeron que también habían sido perjudicadas y de las que el propio acusado aseguró no tener constancia alguna.

Algunas víctimas fallecieron

Inmediatamente antes de la celebración del juicio también se comunicó al tribunal el fallecimiento de varios de los perjudicados entre los que figuraban los hermanos José Ramón y Enriqueta Marina H. de D., y Francisco G.T. La Audiencia Provincial de Asturias ha reflejado en la resolución judicial que las indemnizaciones de las cantidades correspondientes a los perjudicados que hubieran fallecido, una vez se acredite tal extremo fehacientemente, corresponderán a sus respectivos herederos.

La causa también sufrió, a lo largo de su tramitación, diversas paralizaciones “injustificadas, siendo su duración desmesurada en atención a su complejidad, sin que ello pueda achacarse al acusado”, reconocen los magistrados.

La resolución judicial admite recurso

El tribunal deja constancia en la sentencia de que el acusado reconoció “plenamente” los hechos imputados que le atribuía la Fiscalía, al igual que había reconocido antes de la denuncia, ante los auditores de la entidad bancaria, “conductas irregulares, entregándoles textos manuscritos de contenido incriminatorio que se adjuntaron a la denuncia y coadyuvaron a la identificación de los perjudicados y a la cuantificación de los perjuicios. Conductas irregulares que también reconoció, aunque de modo limitado, en fase de instrucción”.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso aún puede prolongarse en el caso de que alguna de las partes implicadas decida recurrir la sentencia, ya que la resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Asturias no es firme y contra la misma aún cabe interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

Varios bancos se llevaron las manos a la cabeza hace una década cuando descubrieron que un agente que había trabajado para ellos había pasado años estafando a sus clientes. Los afectados, en total, habían perdido millones de euros en inversiones inexistentes y el sospechoso no era cualquier persona: era Alfonso Bermúdez de la Puente, hijo del Conde de Castelo, bien relacionado con la alta sociedad madrileña. En hasta cuatro sentencias distintos tribunales han confirmado que estafó casi 6,4 millones a un total de 29 personas, imponiendo condenas que superan entre todas los ocho años de cárcel y por las que el acusado, hoy insolvente, ya ha pasado por prisión.

Bermúdez de la Puente, según revelan sus múltiples sentencias, empezó a trabajar en el sector de la banca como agente a principios de los años 2000, cuando aún no había cumplido los 30 años. Con la empresa Capital Markers que montó junto a un socio se lanzó a la caza de clientes con dinero para ayudarles a tener más dinero. Con jugosas inversiones y con la autoridad que le conferían los bancos con los que trabajaba pero también aprovechando que muchas de esas personas le conocían o, incluso, eran familiares.

Tardaron varios años en darse cuenta de lo que estaba pasando. Uno de los afectados relató que en 2012, en el funeral de su madre, descubrió una carta del banco que comunicaba la situación de las cuentas de la mujer: no tenía “ni un céntimo”. La entidad, inicialmente el Banco Popular, había descubierto irregularidades en las inversiones que había gestionado este agente durante años. No solo en esa entidad: también en Banco de Madrid o el Banco de Finanzas e Inversiones, todos desaparecidos. A veces, incluso, trabajando para varios bancos a la vez.

Las víctimas han ido desfilando por distintos juzgados y tribunales de Madrid para contar historias muy similares sobre cómo perdieron miles de euros por confiar en el hijo del Conde de Castelo. Un matrimonio relacionado con su familia que perdió 200.000 euros en una falsa inversión inmobiliaria en Alemania dijo que, para ellos, era “como un hijo” y que le dieron sus ahorros, entre otras cosas, para que él “hiciera méritos” ante sus jefes del banco. Una cantidad similar a la que estafó a dos hermanos con los que tenía “vínculos personales y familiares”, en ese caso con falsas inversiones en el BBVA, Telefónica o France Telecom.

Según ha podido comprobar elDiario.es, hasta la fecha los tribunales han dictado al menos cuatro sentencias condenatorias firmes contra él por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida. En la mayor parte de los casos, el agente de banca reconoció los hechos y asumió su condena mientras los bancos, en su mayor parte, se hacían cargo del dinero que faltaba a las víctimas. Sus cuatro sentencias firmes suman ocho años y medio de prisión además de diversas multas, reflejando que en total estafó casi 6,4 millones de euros a un total de 29 víctimas.

Bermúdez de la Puente, explican fuentes del caso, es a día de hoy insolvente y hace tiempo que dejó de poder hacer frente a las multas e indemnizaciones con su propio patrimonio. También indican que ha cumplido en prisión un par de las condenas que le han impuesto los tribunales por los distintos casos de estafa. En contacto con elDiario.es, su abogado Jorge Isac Torrente, de DFive Legal Parters, destaca que existen también casos en los que ha sido absuelto por los tribunales. No todas las acusaciones surgidas contra él en el aluvión de denuncias que arrancó hace diez años, por tanto, han sido probadas.

La última sentencia fue confirmada hace unas pocas semanas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En ese caso, en el que el agente de banca reconoció los hechos y aceptó una condena de tres años de prisión, los jueces analizaron la estafa más antigua que se le atribuye: quedarse con más de 500.000 euros de una familia a la que había conocido a través de otra trabajadora del sector. A través de Fibanc –hoy Banco Mediolanum– y del hoy desaparecido Banco de Madrid, hizo hasta 15 traspasos desde las cuentas de esa familia a las suyas propias, sacó parte del dinero para una supuesta “diversificación de activos” que nunca existió y, finalmente, se quedó otra parte del botín a través de un cheque.

En este caso el hijo de las víctimas explicó en el juicio que se enteró de todo años más tarde, cuando en el funeral de su madre descubrió una carta de un banco informando de la posible estafa. En ese caso, tal y como acaba de confirmar el Supremo, no solo debe responder el agente de banca: también los bancos para los que trabajaba porque, como han dicho los jueces, ni hicieron nada por evitar el engaño ni tenían mecanismos internos para hacerlo.

En este caso Banco de Madrid, sumida en un concurso de acreedores, y Mediolanum, responden como responsables civiles subsidiarios. El afectado, dijo la Audiencia Provincial en la sentencia ahora confirmada por el Supremo, “no tuvo conocimiento de las tropelías realizadas por el acusado, y de su desamparo ante las entidades bancarias, hasta ya entrado el año 2012 cuando perdió a su madre y tuvo que hacerse cargo de toda la información bancaria y patrimonial de sus padres”.

“Era como un hijo para nosotros”

La condena más voluminosa que hay contra este antiguo agente de banca, que encontró a sus víctimas en su círculo cercano, fue sentenciada en firme hace un año cuando reconoció haber estafado 5,4 millones de euros a un total de 29 personas a lo largo del año 2012, el año en que llegaron las primeras denuncias contra él. “Buenos clientes” del Banco Popular, dicen los jueces, que le daban decenas de miles de euros para inversiones pero que terminaban en cuentas vinculadas a él o a su entorno.

El departamento antifraude del Popular se dio cuenta de la situación y reintegró el dinero a los afectados. En este caso, a diferencia de lo que pasó con el Banco de Madrid y Mediolanum, el Banco Santander –que compró el Popular por un euro en 2017– ha ejercido la acusación y no ha sido considerado responsable económico del engaño. Este caso, zanjado con una conformidad, le ha costado dos años de prisión.

Una de las primeras sentencias dictadas contra él fue emitida en 2016 por la Audiencia de Madrid y ratificada un año después por un auto de Manuel Marchena en el Tribunal Supremo. Una mujer explicó que el acusado, hijo de un primo de su esposo, le ofreció invertir 200.000 euros en una promoción inmobiliaria en Alemania. Casas que después podrían alquiler, pero para la que tenían que formar parte de una mercantil de nombre descriptivo: Inver-German.

Los 200.000 euros nunca fueron destinados a una inversión inmobiliaria en el centro de Europa y el matrimonio afectado explicó en el juicio que confiaron en el condenado porque para ellos era “como un hijo” al que conocían “desde que nació”, con una relación familiar “intensa”. El socio con el que montó en su momento la empresa a través de la cual estafó a casi tres decenas de personas explicó también ante el tribunal que cada uno tenía sus clientes y que él no tuvo nunca ningún problema con los suyos. El Banco Popular, cuando se enteró de lo sucedido, rescindió el contrato inmediatamente.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto juicio oral contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, doce directivos y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 recoge los escritos de calificación de las 14 acusaciones, entre las que se encuentra la Fiscalía Anticorrupción, y que pide 6 años, 7 meses y un día de cárcel para Ron, para el ex consejero delegado Francisco Gómez, el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera y el que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados varios exdirectivos de la entidad y los auditores de PwC José María Sanz y Pedro Barrio, así como la firma PwC. A estos tres últimos se les considera cooperadores necesarios para la ejecución de los delitos.

El juez impone unas fianzas totales de 2.277.658.321,17 euros, una cantidad que han solicitado las acusaciones y que el instructor explica que es provisional puesto que algunas ellas no han concretado su solicitud. Explica que la fijación de una fianza tiene por objeto asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido patrimonial de la sentencia que se dicte.

En este sentido, el magistrado rechaza las medidas cautelares reales planteadas por las acusaciones al tener en cuenta la solvencia económica y financiera del Banco Santander -la entidad que adquirió el Popular--, de PwC y de las aseguradoras.

Banco Santander

Respecto del Santander, el juez rechaza la apertura de juicio oral en concepto de partícipe a título lucrativo e indica que debe mantenerse su posición como responsable civil subsidiario al ser el sucesor universal del Banco Popular y, por tanto, debe ser la responsabilidad civil subsidiaria el ámbito en el que las partes acusadoras planteen sus legítimas peticiones.

En el caso de PwC, a la que la Fiscalía finalmente no ha acusado, pero sí el resto de las acusaciones --excepto la Organización de Consumidores y Usuarios-- el juez indica que, sin perjuicio de su responsabilidad directa como acusado, ha de responder de forma subsidiaria en relación con los hechos por los que vienen acusados los dos auditores.

En su resolución, el magistrado rechaza las cuestiones de previo pronunciamiento que planteó la auditora tras conocer el contenido de los escritos de las distintas acusaciones. PwC, en concreto, planteaba la falta de legitimación activa de algunos de los perjudicados que figuran en la causa.

Calama explica que el trámite pretendido no tiene cabida en el presente procedimiento y que la parte acusada, PwC, “bajo el paraguas del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede traer a su antojo al proceso penal trámites establecidos genuinamente para el procedimiento civil, por cuanto los trámites del procedimiento abreviado se encuentran perfectamente definidos en los artículos 780 y siguientes de la LeCRim”.

Además, recuerda que los perjudicados a los que se refiere PwC han figurado como personados a lo largo de la dilatada instrucción -de más de seis años--, sin que la auditora haya formulado recurso alguno o haya plantado ninguna cuestión sobre su falta de legitimación, por lo que considera que la solicitud es “extravagante e intempestiva”.

El magistrado añade que el silencio de PwC durante la instrucción, en relación con esta cuestión, es “mera responsabilidad de sus letrados”.

El auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso, acuerda dar un periodo de 20 días a las defensas para presentar sus respectivos escritos.

Ampliación de capital

Fue el pasado mes de marzo cuando el juez procesó a los investigados al considerar acreditado que el 25 de mayo de 2016 el Consejo de Administración de Banco Popular, presidido por Ángel Ron, decidió llevar a cabo y ejecutar el aumento de capital acordado en la Junta General de Accionistas de 11 de abril. Previamente a esa reunión, explicaba, tuvo lugar ese mismo día una convocatoria de la Comisión de Auditoría del Consejo en cuyo orden del día figuraba como punto segundo “la aprobación de informe favorable para la ampliación de capital.”

La resolución señalaba que la Comisión de Auditoría emitió informe favorable a la ampliación, sin contar con ningún estudio detallado por escrito que pudiera ser objeto de debate. En esa reunión estuvieron presentes los auditores externos PwC, que no advirtieron a los miembros de dicha comisión de ningún problema en las cuentas del Popular (anuales-2015- y trimestrales-2016-) de cara a la ampliación de capital.

Respecto al folleto de la ampliación de capital, explicaba el juez, “se ofrece una información financiera conscientemente alterada --que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones-- entresacada de las cuentas anuales del año 2015 auditadas por PwC y de los estados financieros a 31.03.2016 con informe limitado de dicha auditora.

2.500 millones de pérdidas

Calama aseguraba que de haberse reflejado en los balances del Banco Popular --a 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016-- las provisiones no reflejadas en los mismos “el resultado contable de la cuenta de pérdidas y ganancias habría arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados” por la entidad, aparte de alterar sustancialmente numerosas ratios de las cuentas, las cuales se utilizan por los inversores para su análisis financiero.

El magistrado dejaba claro en su resolución que PwC no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de 2015, ni tampoco en los estados financieros intermedios a fecha 31 de marzo de 2016.

El pasado sábado en el desayuno me topé con la grata sorpresa de encontrar varias referencias a mí en elDiario.es. Estoy persuadido de que sus lectores tendrán interés en escuchar la otra campana, y formarse su propia opinión sobre la disputa entre el autor del libro “Opus” y los que defendemos a Luis Valls Taberner y a las fundaciones que él creó. “Del choque de las ideas sale la luz”, dicen los franceses, y este puede ser un ejemplo de discusión civilizada.

Empiezo por lo que le doy toda la razón al autor: me llamo Yago de la Cierva y soy del Opus Dei. No mando nada ahí, pero lo soy con convicción, desde hace muchos años, y creo que lo saben no solo mis parientes, colegas y amigos, sino también los medios. Cuando dirigí la Jornada Mundial de la Juventud en 2011 a petición de la archidiócesis de Madrid, mantuve unos 80 encuentros con periodistas, y creo que al final ya me pedían que no insistiera más en eso. Poca noticia hay aquí, pero es cierto.

También le doy la razón en que me dedico a la comunicación de empresas y organizaciones. Me gustaría que me llamaran en tiempos de paz, pero es más frecuente que lo hagan cuando pasan por situaciones de crisis reputacionales como esta: qué hacer ante acusaciones falsas. A los consultores nos llaman empresas, pero también organizaciones sin ánimo de lucro, que con frecuencia no suelen tener profesionales en sus departamentos de comunicación.

El autor del artículo (al que no considero un “enemigo”, sino un oponente en un debate abierto) cita varias frases mías, con las que estoy totalmente de acuerdo, quizá porque son mías: la importancia de la transparencia, la necesidad de asumir las propias responsabilidades, etc. Totalmente cierto: lo dije, lo mantengo y lo seguiré recomendando a quien me quiera escuchar.

También es cierto que las fundaciones que creó Luis Valls Taberner cuando era presidente del Banco Popular me han contratado para que les asesore sobre cómo responder a las graves acusaciones contenidas en un libro y repetidas en un roadshow por los medios de comunicación españoles que le han querido escuchar. Aquí tampoco hay mucha noticia, porque al hablar con periodistas me presento diciendo: soy el portavoz de las fundaciones que creó Luis Valls. Cierto al cien por cien.

A partir de este punto, nuestros caminos divergen. La iniciativa siempre la ha llevado la otra parte. El autor llamó a la puerta de las fundaciones para pedir datos sobre Luis Valls porque “le parecía una persona fascinante” y quería escribir una biografía. Se le dio toda la información que pedía (que estaba ya publicada) en el orden que él quería. Luego desapareció… y supimos de él por sus posts ofensivos en X. Créanme, las fundaciones no dijeron nada en ese contexto porque, por no tener, no tienen ni perfiles en redes sociales.

Conseguimos el texto del libro gracias a eBay, porque no quiso compartirlo. Lo entendí después de leerlo. Lo que es menos comprensible es que diga por ahí que sí lo había entregado, porque es falso. En el contexto de la polémica, es solo una mentirijilla de niño de seis años pillado con churretes de chocolate en los mofletes que dice que no ha sido él quien se ha comido los bombones, pero… ¿Por qué mentir en una cosa tan pequeña? Quizá es el indicio de lo que venía después.

El autor dice: “el libro es extremadamente respetuoso con Luis Valls-Taberner, que es descrito como un católico devoto y bondadoso”. Por eso me atrevo a preguntar a los lectores: ¿es respetuoso decir de un banquero que ha manipulado el banco que dirigía para sus propios intereses, desviando “miles de millones” (sic) hacia el Opus Dei, en operaciones de blanqueo de dinero y de transferencias ilegales a todo el mundo?

No pongo en duda que el autor vea con simpatía a Luis Valls. Pero le acusa de cientos de delitos sumamente graves, y probablemente de la conducta más reprensible que se puede achacar a un banquero: robar a sus accionistas, involucrar a los consejeros del banco en infinidad de conductas ilegales, traicionar la confianza de sus empleados y sus clientes, engañar al Banco de España y a los gobiernos de turno… 

Son acusaciones que denigran a una persona, sin aportar ni un solo dato de lo que dice. Es más, silenciando los testimonios de todo aquel que le ha transmitido una opinión favorable a Luis Valls. 500 páginas de ataques, ninguna de defensa. Es como escribir la historia del Betis preguntando solo a los hinchas del Sevilla. 

Peor aún: habló con algunos béticos, pero borró sus testimonios porque no corroboraban sus prejuicios. El autor podría ponerse de ejemplo de ese mal periodismo que queda retratado en la frase, “no dejes que los hechos te estropeen una buena historia”.

Por poner un ejemplo entre mil: durante los últimos cincuenta años, las fundaciones recibieron una media de 11 millones de euros anuales, provenientes de cantidades que provenían de la renuncia de los consejeros a sus honorarios. Se ve que le parece poco, porque el autor habla de “cien millones al año”. Añadir un cero es poco serio, pero incomprensible en un periodista financiero.

En comunicación sabemos que no hay nada mejor que presentarse de víctima para captar la benevolencia. Por eso dice que yo estoy en “el centro de una campaña de desinformación para que la atención de los medios no recaiga sobre las graves acusaciones recogidas en mi libro”. Vaya, se le ha escapado: el libro sí recoge graves acusaciones. Por lo demás, un repaso a la hemeroteca muestra que las fundaciones empezaron a hablar después de que el autor hablara con distintos medios españoles. Después, no antes. 

El autor menciona que mis “cómplices” han sido el ABC, Cope, El Debate y Vida Nueva, porque ellos se han hecho eco de mi respuesta al libro. Dejando de lado que yo nunca me atrevería a decir que sus cómplices son la editorial Planeta y el diario El País, ¿tiene sentido acusar a una organización porque se defiende? ¿Solo él tiene derecho a hablar? ¿Porque es inglés y yo no?

El motivo por el que las fundaciones han salido en defensa de Luis Valls –fallecido en 2006– es dar voz a los miles de directivos y empleados que trabajaron con él, de los cientos de periodistas que le conocieron, de los numerosos colegas de la banca y de los reguladores que le trataron, de los millares de beneficiados por las acciones filantrópicas que impulsó, en los políticos –empezando por el Partido Comunista– y los sindicalistas que le apreciaron… Muchos nos han llamado para agradecernos el gesto de salir y defender a quien consideran un tipo admirable. No un “cristiano devoto y bondadoso” (pero delincuente), sino un banquero de tomo y lomo, un filántropo generoso adelantado a su tiempo, y una persona excelente.

Por el momento no vamos a acudir a los tribunales: es lento, caro, y suele ser poco eficaz para defender la buena fama. Además, nos obligaría a distraer fondos de causas sociales para pagar a abogados. Por eso, como en este país hay libertad de expresión (aunque le siente mal al autor), preferimos aclarar las cosas a todo aquel que con buena fe haya repetido sus acusaciones con mala fe.

Quien quiera conocer al verdadero Luis Valls Taberner sin gafas de madera puede acudir a su página web, www.luisvallstaberner.es, donde encontrará lo que piensan de él los que le conocieron. Y agradezco mucho a elDiario.es el buen hacer periodístico de quien ofrece las dos versiones en una polémica, para que el lector decida.

Dejo mucho en el tintero porque sus críticas más feroces se dirigen al Opus Dei, pero… a mí el Opus no me ha nombrado portavoz, y no diré nada en su nombre. Quien quiera saber lo que ha respondido la Obra, lo encontrará en www.opusdei.es. Pero reconozco que la cita del autor que aparece como título de su artículo, “durante años ha sido tabú criticar al Opus Dei en España”, me ha provocado una sonora carcajada.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado que el expresidente del Banco Popular Ángel Ron debe ser juzgado por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable supuestamente cometidos en la ampliación de capital del 2016, previa a la resolución de la entidad.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman el recurso que presentó Ron contra la decisión del juez José Luis Calama de proponer sentarle en el banquillo de los acusados. Fue el pasado mes de marzo cuando el instructor dictó ese auto, en el que aseguraba que los inversores acudieron “engañados” a la ampliación.

Fue a principios del pasado mes de marzo cuando el magistrado acordó procesar a trece directivos --entre los que se cuentan Ron y su vicepresidente, Roberto Higuera-- y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.

La defensa de Ron recurrió asegurando que la investigación puso de manifiesto “la ausencia de todo indicio de actuación delictiva” en su gestión. “La tesis incriminatoria asentada por Juzgado es el resultado de prescindir de la abundante prueba de descargo, señaladamente la prueba de peritos, incluso de los judiciales, elaborada por funcionarios del Banco de España”, criticó.

Además, en su recurso lamentaba que el magistrado acogiera “exclusivamente criterios retrospectivos, oportunistas y conniventes con la inercia de un procedimiento, que ha obviado los indicios y evidencias de descargo y legalidad que avalaban toda la gestión de la entidad”.

La Sala de lo Penal, sin embargo, deja claro que comparte los criterios y los fundamentos esgrimidos por el juez Calama en la resolución recurrida para atribuir, al menos de manera provisional, responsabilidad penal a Ángel Ron.

Los jueces explican que el objeto del procedimiento son unos hechos que derivan de la aprobación y ejecución de la ampliación de capital acordada por el Banco en 2016, una tarea de la que “no puede dejarse de lado ni apartarse la figura del presidente de la entidad bancaria, pues se trataba de una operación especialmente importante para la operatividad”. “Y, casi diríamos, que para la subsistencia del propio Banco Popular”, añaden.

Los magistrados consideran que “sería absurdo que el presidente del banco no hubiera tenido una actuación relevante, importante y decisiva, pues se trataba de un presidente con funciones ejecutivas, y no meramente representativas, que incidía de manera incuestionable en la marcha del banco”.

A su juicio, debe “tenerse en cuenta que en aquella época el Banco Popular era una de las grandes entidades bancarias” de España “y con el lógico peso e influencia en la economía nacional, y una decisión de ese calibre habría de involucrar necesariamente al presidente de la entidad bancaria en cuestión”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda el archivo provisional para el expresidente Emilio Saracho al no haber tenido ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable, sino que, por el contrario, dice el juez, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco.

El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha anunciado que recurrirá el auto. En un comunicado remitido a Europa Press, Ron defiende que el auto “no se corresponde con lo que se ha instruido” y que las conclusiones del mismo “no se corresponden con los hechos declarados”.

Cabe recordar que la causa se inició en octubre de 2017, cuatro meses después de que el banco fuese resuelto por la Junta Única de Resolución (JUR), convirtiéndola en una de las instrucciones más longevas de la Audiencia Nacional.

La resolución, de 178 páginas, considera acreditado que el 25 de mayo de 2016 el Consejo de Administración de Banco Popular, presidido por Ángel Ron, decidió llevar a cabo y ejecutar el aumento de capital acordado en la Junta General de Accionistas de 11 de abril. Previamente a esa reunión, tuvo lugar ese mismo día una convocatoria de la Comisión de Auditoría del Consejo en cuyo orden del día figuraba como punto segundo “la aprobación de informe favorable para la ampliación de capital.”

La resolución señala que la Comisión de Auditoría emitió informe favorable a la ampliación, sin contar con ningún estudio detallado por escrito que pudiera ser objeto de debate. En esa reunión estuvieron presentes los auditores externos de PricewaterhouseCoopers, que no advirtieron a los miembros de dicha comisión de ningún problema en las cuentas del banco (anuales-2015- y trimestrales-2016-) de cara a la ampliación de capital.

Respecto al folleto de la ampliación de capital, explica el auto, “se ofrece una información financiera conscientemente alterada (que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones) entresacada de las cuentas anuales del año 2015 (auditadas por PwC) y de los estados financieros a 31 de marzo de 2016 (con informe limitado de dicha auditora)”. De haberse reflejado en los balances del Banco Popular -a 31/12/2015 y 31/03/2016- las provisiones no reflejadas en los mismos, añade el instructor, “el resultado contable de la cuenta de pérdidas y ganancias habría arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados” por la entidad, aparte de alterar sustancialmente numerosas ratios de las cuentas, las cuales se utilizan por los inversores para su análisis financiero.

El magistrado subraya que PwC no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de 2015, ni tampoco en los estados financieros intermedios a fecha 31 de marzo de 2016.

Ángel Ron se defiende

El expresidente del banco defiende que el Popular era, en el momento de su resolución en junio de 2017, un banco “solvente, viable y rentable”, con un patrimonio neto de 11.000 millones de euros y unos 1.150 millones de euros de beneficio anual recurrente antes de provisiones, “según los peritos inspectores del Banco de España”.

De hecho, el expresidente de Popular apunta que estos peritos afirmaban, en un informe del 8 de abril de 2019, que “las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva”.

Así, asegura “no conocer” ningún caso donde, habiéndose “certificado” por peritos judiciales la existencia de estas “irregularidades”, “la investigación se centre en una ampliación que reforzó el banco y no en la resolución que de manera irregular acabó con él”.

Instrucciones prohibidas a la red comercial

Respecto a la comercialización de la ampliación de capital, el magistrado relata que se impartieron instrucciones veladas a la red comercial, por orden del consejero delegado Francisco Gómez, a fin de financiar a muchos clientes la compra de acciones, a pesar de que estaba expresamente prohibido en el Manual de Políticas de Riesgo del Banco Popular. La cantidad financiada, agrega, no se restó del capital regulatorio que afectaba al banco, motivo por el cual se ofreció al mercado una cifra distorsionada del mismo.

El auto también hace referencia a la estructura Thesan, consistente en la creación de sociedades en Luxemburgo con la única finalidad de canalizar créditos de BP a estas sociedades con objeto de que, posteriormente, derivaran esos préstamos a determinados acreditados del Popular, a fin de evitar que fueran clasificados como créditos dudosos y, por tanto, eludir la dotación de cientos de millones de provisiones. El déficit de provisiones oculto en las cuentas anuales de BP del año 2015 se mantuvo durante los estados financieros intermedios del año 2016 y solo se corrigió parcialmente, dice, en las cuentas anuales del año 2016.

Delitos de estafa a inversores y falsedad contable

El juez explica que el delito de estafa inversores se pudo cometer a través de la ampliación de capital que comercializó el Banco Popular en el año 2016. Señala que no alberga duda de que los inversores que acudieron a suscribir dicha ampliación fueron engañados, toda vez que las cuentas anuales consolidadas de la entidad financiera del año 2015 y los estados financieros del primer trimestre de 2016 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio de dicha Entidad. Esas cuentas, según el magistrado, ocultaban un importante déficit de provisiones.

Calama describe la operativa del banco que consistió en refinanciar a una parte relevante de grandes acreditados en situación de impago de cuotas, concediéndoles plazos que evitaban su morosidad formal o utilizando estructuras societarias instrumentales radicadas en Luxemburgo a fin de mantener como viables créditos que en realidad eran dudosos.

El magistrado indica que si se hubieran calificado correctamente los créditos dudosos el Popular habría superado los 2.500 millones de pérdidas contables, cifra que se acredita “solo tomando en cuenta los déficits detectados en las dos inspecciones OSI y computando el déficit de Thesan”.

Colaboración consciente de PwC

A esta situación contribuyó, según el juez, la colaboración consciente del auditor externo (PwC) pues no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de Banco Popular del año 2015 ni en el informe limitado respecto de los informes financieros del primer trimestre de 2016.

El titular del Juzgado de Instrucción Cuatro atribuye a los investigados también un delito de falsedad contable perpetrado sucesivamente en las cuentas anuales de 2015, en los estados financieros intermedios de 2016 y en las cuentas anuales de este último año.

Sin responsabilidad de los supervisores

Calama explica que ha quedado extramuros de la instrucción la actuación de los supervisores (CNMV/BdE/BCE), pues desde el inicio de la investigación penal así se dispuso ya que no compete al órgano judicial determinar si el sistema de supervisión funcionó correctamente o no y añade que serán otros ámbitos los que deberán ponderar si estuvieron o no a la altura de su importante misión institucional.

Respecto a la posible responsabilidad civil del Banco Santander, el juez explica que la parte dispositiva del auto no hace mención a esta posibilidad y que, tal y como sugirió la Sala de lo Penal, será en el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral cuando aborde esta cuestión.

La Justicia europea vuelve a avalar la resolución del Banco Popular en la crisis financiera y, en concreto, confirma que los accionistas y acreedores no tenían derecho a una compensación del Fondo Único de Resolución (FUR), que se puso en marcha en la UE en el marco de la unión bancaria y que está financiado por el sector bancario. En varias sentencias que responden a los recursos presentados por los afectados, los jueces de Luxemburgo consideran que no habrían obtenido una compensación mayor en el caso de que la liquidación hubiera seguido un procedimiento ordinario.

El Tribunal General de la UE (TGUE) confirma la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), que en 2017 ordenó la primera resolución de un banco, en este caso el española Banco Popular, que fue vendido al Santander por un euro y costó 11.400 millones de euros que pagaron íntegramente accionistas y tenedores de deuda subordinada, en línea con las normas bancarias europeas adoptadas tras la crisis financiera para evitar rescates públicos.

Esas normas preveían que si los accionistas o acreedores de una entidad que ha sido objeto de resolución han sufrido pérdidas mayores de las que hubieran sufrido con un proceso de insolvencia ordinario, la JUR puede utilizar el Fondo Único de Resolución - financiado por la banca - para pagarles una compensación.

Tras la resolución del Banco Popular, se encargó a la consultora Deloitte - que había elaborado los informes que sirvieron de base para ordenar la resolución - una valoración de la operación para determinar si la resolución fue más ventajosa para inversores y depositantes que una liquidación al uso.

Ese tercer informe concluyó que la liquidación habría costado entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros, por encima de los 11.400 millones que costó la resolución, por lo que la JUR concluyó en 2020, tras escuchar las alegaciones de los afectados, que no se requería compensarles puesto que no hubiesen recibido un trato mejor con la liquidación. Tres años después, la JUR concluyó que los afectados no tenían derecho a ser compensados puesto que no hubiesen salido mejor parados si se hubiese realizado una liquidación al uso de la entidad.

El TGUE desestima los recursos presentados por los afectados, en particular en la medida en que cuestionaban la independencia del perito y se fundaban además en la vulneración del derecho a ser oído de los accionistas y acreedores afectados. El Tribunal considera por otra parte que, en su evaluación, el perito se basó en una metodología correcta y no incurrió en errores manifiestos al valorar los activos de Banco Popular ya que el resultado a que habría conducido un procedimiento de insolvencia ordinario habría sido, en consecuencia, el mismo que el de la resolución, de manera que no se vulneró el derecho de propiedad de los accionistas y acreedores afectados.

No obstante, contra la decisión del TGUE cabe la interposición de recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La resolución del Banco Popular ha sido objeto de decenas de recursos ante los tribunales españoles y comunitarios. En varias sentencias previas, la Justicia europea ya confirmó la legalidad de la operación.

El Tribunal de Justicia de la UE avala la opacidad del Banco Central Europeo sobre el proceso de disolución del Banco Popular en 2017, que acabó en manos de Banco Santander por un euro. Los jueces han rechazado el recurso del fondo Aeris Invest, propiedad del empresario chileno Andrónico Luksic, que lleva años peleando por acceder a la documentación relativa al dispositivo de resolución del Banco Popular. El Banco Central Europeo alega que se trata de datos protegidos al ser documentos confidenciales con información comercialmente sensible que podría afectar a los intereses comerciales del Banco Popular y del Banco Santander.

El TJUE sigue así los pasos del Tribunal General, la instancia previa, que ya rechazó en 2021 la alegación de Aeris Invest de que el BCE erró al aplicar la presunción general de confidencialidad para denegar el acceso a esa documentación. También descartó el argumento de que hay excepciones a ese principio cuando la documentación se solicita en el marco de un procedimiento judicial. Aeris Invest solicitaba acceso al expediente completo del expediente de resolución así como a las auditorías o las notificaciones y comunicaciones que se produjeron en aquel proceso exprés.

El fondo de la familia Luksic está inmerso en una batalla judicial en España para intentar recuperar lo perdido con la quiebra del extinto Banco Popular. De hecho, recientemente ha solicitado la imputación de Banco Santander en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Otro de los frentes también lo llevó hasta Luxemburgo para intentar anular la resolución llevada a cabo en 2017. Pero el TJUE falló en junio de 2022 que el proceso había sido legal y cerró la puerta a indemnizaciones.

Ahora el TJUE vuelve a frenar las aspiraciones de ese fondo al avalar el cerrojazo sobre la documentación. El argumento que esgrimen los jueces europeos es que la decisión del BCE con respecto al acceso público a sus documentos “no contiene normas destinadas a proteger el interés específico que una determinada persona pueda tener en acceder a un documento ni regular las cuestiones relativas a las pruebas que las partes deben aportar en un procedimiento judicial”. Además, señala que incluso si Aeris Invest tuviera derecho a acceder a los documentos del BCE para “preparar mejor” su ofensiva judicial, este derecho “no podría ejercerse específicamente recurriendo a los mecanismos de acceso del público a los documentos establecido” en la decisión de resolución.

Así, los jueces concluyen que “el Tribunal General no se equivocó” y, sobre las alegaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, considera que son “en parte inoperantes y en parte infundadas”.

La Audiencia Nacional ha confirmado dos sanciones que suman 4,5 millones de euros para el Banco Santander por diversas infracciones graves y muy graves cometidas por el Banco Popular en 2014. Los jueces confirman que la entidad que preside Ana Patricia Botín se tiene que hacer cargo de las multas por irregularidades cometidas por el banco que compró por un euro y cuyas irregularidades contables previas a la adquisición también están siendo investigadas en el mismo organismo judicial pero por la vía penal.

El Banco de España anunció que cargaba estas dos sanciones en la cuenta del Santander en 2019. Una primera sanción de 1,5 millones de euros por una falta grave y otra de 3 millones más por una falta muy grave, ambas cometidas por el Popular a lo largo de 2014. La primera tenía que ver con la información que facilitaban a los clientes del banco sobre determinados productos y también con el cobro de comisiones por parte de la entidad por servicios que nunca habían prestado. La segunda, venía por aplicar cláusulas de redondeo del tipo de interés y por la existencia de compensaciones y comisiones en casos de amortización anticipada de préstamos, algo prohibido por ley.

La subsecretaría de Estado de Economía rechazó los primeros recursos del Santander que, como nuevo dueño del Popular a partir de 2018, fue obligado a hacerse responsable de estas sanciones, y ahora ha sido la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional la que ha rechazado los recursos de la entidad que preside Ana Patricia Botín. Los jueces rechazan todos los argumentos en una sentencia todavía recurrible ante el Tribunal Supremo: ni el proceso caducó, ni las sanciones son desmesuradas, ni existió ningún motivo de nulidad en el procedimiento que se prolongó durante varios años.

Se trata de un nueva sentencia de los tribunales que confirman que el Santander debe hacerse cargo de las sanciones heredadas del Banco Popular y que, por tanto, la factura de su compra asciende muy por encima del euro que pagó por su adquisición. Ya en 2021, el Tribunal Supremo confirmó que el Santander tenía que pagar una multa de 5,6 millones de euros por infracciones cometidas por el Popular en materia de blanqueo de capitales, en una resolución que ya estableció la obligación del banco de hacerse cargo de las multas impuestas a la entidad que presidió Emilio Saracho hasta su compra.

Esa sanción de blanqueo de capitales llegó desde el Consejo de Ministros, no desde el Banco de España, y el Tribunal Supremo avaló que el Santander fuera obligado a pagar. “La sucesión entre personas jurídicas de la responsabilidad por infracciones cometidas por una de ellas”, dijo la sala tercera de Supremo, es algo que se ajusta a la normativa europea. La propia Audiencia Nacional dijo esto mismo el año pasado cuando confirmó una sanción de un millón de euros para el Santander por los “datos engañosos” que el Popular había presentado en varios informes sobre las remuneraciones de su consejo de administración. Esta resolución, tal y como explicó La Información, está pendiente de sentencia firme en el Supremo.

El Santander, dice la Audiencia Nacional, “es consciente de lo que se acaba de exponer” y por eso entierran esa alegación. “El examen del expediente sancionador revela la regularidad en la tramitación del mismo, estando plenamente justificado que se siguiera con Banco Popular y que, en el momento de imponer la sanción, se tuviera en cuenta la sucesión de aquél por Banco Santander”, añaden los jueces.

La herencia del Popular

La herencia del Banco Popular, que el Santander compró por un euro, sigue aumentando la nómina millonaria de multas por diversas infracciones graves mientras la vía penal también avanza. Desde hace más de un lustro, el juzgado 4 de la Audiencia Nacional investiga si hubo irregularidades en la contabilidad del Banco Popular en 2016 así como en diversas filtraciones que desembocaron en el final del banco.

El caso sigue en los últimos compases de la fase de instrucción y todavía está por ver quién se sentará en el banquillo. El pasado mes de julio, el magistrado rechazó excluir al Banco Santander del caso y dejar la puerta abierta a que, en un futuro juicio, responda económicamente como responsable civil en una hipotética sentencia condenatoria. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año pasado que impidió a los accionistas del Popular reclamar al Santander por información engañosa, dijo el juez, no era aplicable en la vía penal.

Se trata de una causa judicial con varias piezas separadas. La última fue abierta por el magistrado José Luis Calama el pasado mes de marzo para poner el foco en la ampliación de capital de 2016 y la financiación a clientes. Las investigaciones afectan a las dos últimas directivas del Banco Popular: bajo la presidencia de Ángel Ron y después con Emilio Saracho, convertido en el primer banco intervenido por las autoridades europeas con 300.000 accionistas minoritarios afectados.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este miércoles la disolución de Banco Popular tras desestimar en su totalidad los recursos presentados por parte de los accionistas contra la resolución de la entidad bancaria en 2017, y traspasada a banco Santander por un euro, por lo que rechaza la devolución del dinero de las acciones y una compensación a los demandantes.

Los magistrados rechazaron diversos recursos planteados por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y la Fundación SFL, el empresario mexicano Antonio Del Valle Ruiz, el grupo Eleveté y los fondos Algebris, Anchorage y Ronit y Aeris.

La sentencia del alto tribunal europeo, sobre la que cabe recurso, argumenta que la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea “no incurrieron en un error manifiesto de apreciación” al considerar que Banco Popular “se hallaba en grandes dificultades o probablemente fuera a estarlo”.

Así, apunta que la liquidación de Banco Popular se adoptó “válidamente” y “con independencia” de los motivos que llevaron a la entidad bancaria a encontrarse en dificultades.

el Tribunal General considera que las partes demandantes no han demostrado la existencia de medidas alternativas a la resolución y que la JUR y la Comisión no incurrieron en un error manifiesto de apreciación al estimar que no existían perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado o de supervisión pudieran impedir la inviabilidad de Banco Popular en un plazo de tiempo razonable.

Respecto al recurso interpuesto por los accionistas en el que señalan que se vulneró sus derecho a ser oídos en el marco del procedimiento de resolución de Banco Popular, el TJUE apunta que la inexistencia de una disposición que prevea el trámite de audiencia de los accionistas y acreedores del ente de que se trate y el hecho de que no se diera audiencia a las partes demandantes constituyen una limitación del derecho a ser oído que está justificada y es necesaria para responder a un objetivo de interés general y que respeta el principio de proporcionalidad.

Según los magistrados europeos, dichas audiencias habrían puesto en peligro los objetivos de protección de la estabilidad de los mercados financieros y de continuidad de las funciones esenciales del ente y las exigencias de rapidez y eficacia del procedimiento de resolución.

El Tribunal también desestima el motivo basado en que la Comisión no examinó el dispositivo de resolución antes de aprobarlo, subrayando que la Comisión designa a un representante habilitado para participar en las reuniones de la JUR, en calidad de observador permanente y que su representante tiene derecho a participar en los debates y tiene acceso a todos los documentos. Así pues, al haber participado en varias reuniones con la JUR, la Comisión había estado involucrada en las diferentes fases previas a la adopción del dispositivo de resolución y había tenido conocimiento de los anteproyectos de dicho dispositivo y había participado en su redacción.

Además, apunta que no se ha demostrado que la JUR o la Comisión divulgaran información confidencial relativa a la aplicación de un procedimiento de resolución de Banco Popular y, por consiguiente, no ha podido apreciarse ninguna vulneración del principio de confidencialidad o del deber de secreto profesional.

La que fue directora de Auditoría Interna del Banco Popular Yolanda Cagiao declaró este jueves en calidad de testigo en la Audiencia Nacional, pero el interrogatorio fue breve. El juez, José Calama, lo suspendió para citarla de nuevo, pero como imputada por las presuntas irregularidades que llevaron a mediados de 2017 a la resolución y posterior venta del Banco Popular al Santander por un euro, informa Europa Press.

Cagiao, que ya está jubilada respondió a preguntas sobre funciones en el banco, sobre su cargo y acerca de su formación. Trabajaba en el equipo de auditoría interna de la entidad en el momento de la ampliación de capital de 2016, aunque en ese momento ella no era todavía la máxima responsable. Por este motivo, aseguró ante el juez que no intervino en nada relacionado con la financiación que dio el banco a sus clientes para acudir a esa ampliación, de más de 2.000 millones.

Posteriormente, dijo, se encargó de investigar la comercialización de esa ampliación, pero se limitó a comprobar que se cumpliera el reglamento MiFIR, el marco normativo europeo sobre mercados e instrumentos financieros que regula la transparencia de la negociación e incluye ciertas acciones supervisoras. Calama preguntó si no analizó cómo financiaban esa compra de acciones sus clientes y ella respondió que no y que no era ilegal financiar la compra de acciones ni le constaba que lo prohibiera el banco.

El que fue su jefe en el departamento de auditoría realizó la tarea de ver qué clientes recibieron financiación entre mayo y junio de 2016, y esa documentación le fue transferida a ella en enero de 2017, cuando asumió el cargo de directora de Auditoría Interna, relató. Los datos sobre los clientes que obtuvieron financiación le parecieron poco relevantes a Cagiao.

El juez Calama investiga dos fases de este proceso: por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro, las filtraciones a la prensa de un año después que supuestamente provocaron la resolución a mediados de 2017.

Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el entonces presidente de la entidad financiera, Ángel Ron, investigado en esta caso, defendió la situación “inmejorable” del banco y vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.

El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución. Al frente del banco ahora extinto estaba entonces Emilio Saracho -también investigado-. Posteriormente comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades contables que han acabado en la Audiencia Nacional.

El Banco de España ha sancionado en firme a Avalmadrid, a varios miembros de su consejo de administración y su ex director general, y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con un total de 232.050 euros.

El supervisor considera todas las infracciones cometidas como “graves” al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo.

En concreto, el organismo supervisor ha multado en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción “grave”, tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.

Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ha sido multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción “grave”. Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja ha sido sancionado con 10.000 euros.

De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press.

También sanciona al Banco Santander, por el Popular

Asimismo, ha sido sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.

El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa por importe de un millón de euros a Banco Popular por acometer una infracción grave al omitir datos y presentar otros engañosos en los informes anuales sobre remuneraciones de sus consejeros entre los ejercicios 2013 y 2015.

Esta sanción fue impuesta en mayo de 2019 mediante resolución y ha sido publicada ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al declararse firme en vía administrativa.

La entidad resuelta y absorbida por Banco Santander --heredero universal-- en junio de 2017 habría engañado en relación a los sistemas de ahorro a largo plazo y sobre los pagos por resolución de contrato de sus consejeros ejecutivos.

En relación a este hecho, la CNMV ha multado con 25.000 euros al expresidente de Banco Popular Ángel Ron, junto a los consejeros ejecutivos en las fechas en las que se acometió la infracción sobre los sueldos Francisco Gómez Martín y Francisco Aparicio Valls.

De igual modo, el supervisor de los mercados ha sancionado con 18.000 euros a Luis Herrando Prat de la Riba y a Ana María Molins, en su condición de consejeros miembros de la comisión de retribuciones de Banco Popular en las fechas en las que constan los engaños.

También ha sido multado con 16.000 euros Jorge Oroviogoicoechea Ortega, quien fuera consejero miembro de la comisión de retribuciones en 2013 y 2014, así como la Unión Europea de Inversiones con 14.000 euros por ser miembro del mismo departamento en la fecha de aprobación del informe de remuneraciones de 2013.

La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido este miércoles que no hay que compensar a los accionistas y acreedores afectados por la resolución del Banco Popular. El organismo de resolución de la unión bancaria de la UE entiende que dichos inversores no habrían recibido un mejor trato en un proceso ordinario de insolvencia.

“Esta decisión cierra el proceso de análisis para determinar si un proceso de insolvencia hubiera producido un mejor resultado para los accionistas y acreedores afectados del Banco Popular”, ha dicho la presidenta de la JUR, Elke König: “Está claro que no es el caso. Comprendo que será decepcionante para aquellos que hayan sufrido pérdidas, pero ello demuestra que el marco de resolución es efectivo, y que ha protegido a los contribuyentes de pérdidas y de inestabilidad financiera”.

El Banco Popular fue resuelto el 7 de junio de 2017, tras la evaluación del Banco Central Europeo (BCE) de que era inviable o existía la probabilidad de que lo fuera a ser.

La JUR decidió que la resolución era de interés público para proteger a los depositantes y para evitar la inestabilidad del sistema financiero y la autoridad de resolución nacional española (FROB) implementó la decisión a nivel nacional. El banco fue vendido al Banco Santander. Los servicios suministrados por el Banco Popular a sus clientes continuaron con normalidad tras su resolución.

“Un principio general del marco de resolución europeo es el de evitar a los acreedores perjuicios superiores a los que habrían sufrido de haberse liquidado con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios en la fecha de resolución”, afirma la JUR: “Un evaluador independiente analizó diversos escenarios hipotéticos de insolvencia, y la conclusión fue que los accionistas y acreedores afectados no habrían recibido un trato mejor si el banco hubiera sido liquidado con arreglo a procedimientos de insolvencia en la misma fecha de su resolución”.

El 6 de agosto de 2018, la JUR publicó la decisión preliminar de que no se requería compensar, y abrió un proceso de derecho de audiencia, permitiendo a los accionistas y acreedores afectados que expresasen sus opiniones y desacuerdos.

La JUR evaluó 2.856 alegaciones. A la finalización de la evaluación, la JUR adoptó su decisión final que se dirigió al FROB, como autoridad nacional de resolución que implementó la decisión de resolución. Esta decisión final es el último paso en el proceso formal que se llevó a cabo tras la resolución de Banco Popular.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) va a adjudicar por el procedimiento negociado sin publicidad (a dedo) un contrato de “asistencia especializada y peritaje” de 400.000 euros para la defensa de España ante los procedimientos de arbitraje internacional instados por el empresario mexicano Antonio del Valle junto a varios inversores de ese país por la quiebra de Banco Popular.

El contrato, explica el regulador bursátil, “es para la asistencia en la parte que le corresponde a la CNMV en la defensa al Reino de España en los procedimientos arbitrales internacionales derivados del proceso de resolución del Banco Popular”. “Se tramita por el procedimiento negociado sin publicidad que se recoge en la normativa que regula la contratación pública por lo que no se facilita más información”.

El organismo que preside Sebastián Albella ha escogido ese procedimiento de adjudicación, que le permite no publicar los pliegos ni realizar un concurso público, porque el contrato “ha sido declarado reservado”, tal y como contempla la ley de contratos públicos.

Este procedimiento se deriva de un convenio que firmaron en mayo el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España, la CNMV y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para defender sus intereses en esos procedimientos. Para darlo a conocer, el regulador bursátil se ha limitado a publicar un anuncio previo en el portal de contratación del Estado. La CNMV no precisa si se va a dar información adicional sobre este procedimiento.

El caso del FROB

Este secretismo se justificaría en un intento de no dar pistas al enemigo en estos procedimientos. Pero hay precedentes con mayor transparencia. El pasado 30 de julio, el FROB, encargado de liquidar el Popular, publicó en su web un anuncio con el procedimiento para contratar el asesoramiento legal a la entidad “en las actuaciones que le correspondan para la mejor defensa del Reino de España” en las denuncias de Del Valle y otros inversores mexicanos. 

Dada la materia del procedimiento, el FROB tampoco permitió consultar los pliegos del contrato por tratarse de una adjudicación no sujeta a regulación armonizada, pero sí dio a conocer algunas de las condiciones: los criterios de adjudicación, los plazos de presentación de ofertas y algunos de los requisitos de los licitadores, como la exigencia de firmar un acuerdo de confidencialidad por parte de los interesados. Ese contrato, valorado en 5 millones de euros (sin IVA), está pendiente de adjudicación.

El pleito tiene su origen las denuncias anunciadas en agosto de 2018 por un grupo de 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión mexicanos liderados por Del Valle para iniciar sendos procesos de arbitraje ante el Ciadi (Banco Mundial) y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional posteriormente unificados en uno solo bajo el reglamento Uncitral, con sede en La Haya.

Los denunciantes, que como el resto de accionistas y bonistas del Popular perdieron todo lo invertido en el Popular (en su caso, unos 470 millones), exigen una compensación por los daños causados con la liquidación del banco que ordenaron las autoridades europeas y su venta al Santander por 1 euro. Aseguran que la operación incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006) y que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en “la destrucción completa” de sus inversiones por “múltiples actos y omisiones antes, durante y después” de la liquidación del banco.

El arbitraje que presentaron ante el Ciadi contribuyó a que en el último ejercicio España volviera a situarse a la cabeza en el ranking de nuevos pleitos ante ese organismo, con cinco denuncias. Las otras cuatro son de inversores afectados por el recorte a las renovables de Rajoy. En estos casos, los contratos de asistencia técnica (el último, con un presupuesto de más de 730.000 euros) se están adjudicando por procedimiento abierto.

El dictamen pericial presentado por los grandes fondos a la causa penal que investiga la resolución del Banco Popular concluye que en el banco existió una estrategia orientada a ocultar una importante financiación a clientes en la compra de acciones de la ampliación de capital de 2016 para asegurar el éxito de la operación e incrementar irregularmente la ratio de solvencia.

El documento presentado por Pimco y otros fondos como Anchorage, Algebris y Cairn Capital ante el Juzgado de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, cita un informe de 23 de mayo de 2018 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que hace referencia a dicha financiación de la compra de acciones.

Así, señala que el ex consejero delegado de Popular Francisco Gómez Marín, que declara este martes en la Audiencia Nacional como investigado, transmitió instrucciones verbales a los directores regionales y territoriales para que se financiara a los clientes que acudieran a la ampliación, unas indicaciones que se comunicaron a toda la red de sucursales.

Aunque la financiación para la compra de acciones propias no es necesariamente una actividad irregular, sí lo es no deducirla de los recursos propios computables, ya que esto altera la ratio de solvencia, como sucedió en el caso de Banco Popular, según apunta el informe, que también reprocha que el banco transmitiera al mercado la existencia de una importante demanda de acciones por parte de los inversores, cuando en realidad la misma “estaba condicionada por la propia entidad al facilitar la financiación de las compras”.

El banco identificó el 3 de abril de 2017 una financiación de acciones propias de 205 millones de euros que no había sido adecuadamente deducida de los recursos propios computables, una cifra que elevó a 284,6 millones a 30 de junio de 2016 tras varios requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que PwC incrementó hasta 378 millones de euros, lo que supondría el 15% de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros.

El documento presentado al Juzgado, elaborado por las consultoras FTI Consulting y Forensic, apunta a otras implicaciones de esta deficiencia, como la evaluación del riesgo de crédito, con ratios de solvencia “infraestimados” en las cuentas a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de marzo de 2017, y asegura que, aplicando estos ajustes de forma aislada, “Banco Popular quedaba muy cerca de incumplir los mínimos regulatorios de solvencia”.

En este sentido, considera que la información suministrada a los inversores en ambas cuentas “no era correcta” en cuanto a solvencia, ya que esta sufría un deterioro mayor que el que públicamente había sido reconocido.

Ánimo de ocultación

El informe pericial pone de manifiesto que el director de cumplimiento normativo comunicó a la CNMV que tuvo conocimiento de la financiación de acciones propias y que se lo comunicó a la oficina del consejero delegado “sin que se adoptara ninguna decisión para evitar dicha financiación o para, en su caso, transmitir las instrucciones precisas a intervención general para que el importe que correspondiera fuera deducido del capital regulatorio de la entidad, de acuerdo con la normativa vigente”.

De esta manera, el informe presentado por los grandes fondos considera que “se admite el ánimo de ocultación”, ya que la oficina de riesgos rechazó las operaciones en las que se identificó que el préstamo estaba destinado a la compra de acciones e indicó que “debía someterla sin dicha mención”.

Además, señala que la oficina de intervención general también era conocedora de la operativa y no cursó instrucciones para que dichas operaciones se dedujeran del capital regulatorio, y la situación fue reportada a la oficina de Francisco Gómez sin que se tomase medida correctora alguna.

“Es decir, habría existido una estrategia intencional orientada a ocultar una importante financiación propia a clientes para la suscripción de acciones propias en la ampliación de capital de 2016 con el fin, por un lado, de asegurarse el éxito de la misma y, por otro, de incrementar irregularmente la ratio de solvencia”, señala el informe pericial.

Dos años después de la desaparición del Banco Popular, ahora integrado en Santander, un juzgado de Sevilla ha librado del banquillo a tres antiguos directivos de la entidad bancaria en Andalucía por unas supuestas irregularidades contables y financieras que se cristalizaron en tres préstamos aprobados por la entidad bancaria a determinadas empresas con las que tuvo “cierto trato de favor”.

El auto de archivo, que ya ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial por el denunciante (antes empleado del Popular y ahora del Santander), dice que las operaciones “fueron formalizadas con garantías hipotecarias”, “sin que conste acreditado que haya llegado a producirse el pretendido perjuicio económico”, pese a que la jueza reconoce que “consta que a la fecha de concesión de tales préstamos las empresas presentaban un elevado índice de morosidad e igualmente carecían de actividad real” y que “pueden apreciarse indicios que apuntarían la existencia de cierto trato de favor o distinto a los prestatarios, esencialmente en cuanto a la valoración de riesgo”.

El denunciante, perteneciente al departamento de reestructuración de deudas, ha aludido durante el procedimiento a la “falsedad contable” en el Popular en “cientos de operaciones”, si bien llevó a los tribunales una de ellas por su “descaro” y que se remonta al 4 de junio de 2014, con la entrega de 1'42 millones de euros en préstamos con garantía hipotecaria, con carencias de dos años en los tres casos para la amortización del crédito a las entidades Inversiones Taga (310.000 euros), Inversiones Tagon (885.900 euros) y Grupo Futuralgaba (225.000 euros).

También estaba siendo investigado el administrador único de una inmobiliaria que desistió, un día después de las citadas operaciones, de una demanda contra el Banco Popular por 14 millones por la adquisición de una promoción de viviendas en Sotogrande (Cádiz). El denunciante ponía en relación la renuncia a esta demanda con la concesión de los préstamos, para los que a su juicio “se omitieron los cauces exigidos para la valoración del riesgo”. Dice la jueza a ese respecto que “los interesados niegan que fuesen presionados en modo alguno para el desistimiento del incidente concursal”.

“Dados los requisitos exigidos para la estimación del tipo penal petendido, como corrupción entre particulares, no puede acreditarse que concurran indicios suficientes para su apreciación”, zanja la titular del Juzgado de Instrucción número 8.

Una “trama manipuladora” según el denunciante

El denunciante, en su recurso, ha trasladado a la Audiencia que “las garantías hipotecarias que se instrumentalizaron para la confección de los contratos de préstamos no fueron ejecutados dinerariamente todas los inmuebles, y tampoco se han resarcido la deuda contraída con la entidad financiera”. “Ninguna de dichas ejecuciones se ha llevado a efecto fruto de la trama manipuladora de los dirigentes del banco popular que orquestaron tres operaciones bancarias con la consabida dudosa prosperidad de las garantías para ocultar la morosidad bancarias, que se dejaba entrever detrás de dichos contratos”, añade el recurso.

Esta parte aportó al juzgado un pen drive el 24 de julio de 2018  con “multitud de operaciones similares” pero lamenta en su recurso que “no se han investigado por parte del juzgador”. Según  esta parte, de los hechos investigados se desprende que hay indicios de delito perpetrado por las personas que intervinieron tanto en la concesión de los préstamos como en el trato con la inmobiliaria para que ésta retirara la demanda.

Los representantes legales de los antiguos directivos (director territorial en Andalucía, Luis Marín; director regional en Sevilla, Vicente Gálvez; y Enrique Bataller, director de los servicios jurídicos en Andalucía) han remitido al juzgado unas alegaciones en las que interesan la inadmisión del recurso de apelación “en atención a la falta de legitimidad del denunciante para ejercer la acusación, tanto particular como popular”, como ha expuesto esta parte durante el procedimiento, por no presentar querella ni fianza, ya que por los hechos investigados “únicamente podría haber resultado perjudicado” la entidad bancaria.

Esta semana se cumplen dos años de la venta ejecutiva de Banco Popular al Banco Santander por el precio simbólico de un euro, ostensiblemente para evitar una suspensión de pagos del Popular que habría sido catastrófica. En estos dos años ha habido más bien poca información oficial sobre la gestión de la crisis del Popular, en gran medida porque las autoridades supervisoras y de resolución, españolas y europeas, se han escudado en su deber de confidencialidad para no dar demasiados detalles.

Pronto estuvo claro que sólo sabríamos cómo murió el Banco Popular como resultado de procesos judiciales, predeciblemente iniciados por los inversores damnificados por la quita de 6.000 millones de euros de acciones y 2.000 millones de euros de bonos subordinados que acompañó a la venta del Popular al Santander. Y así ha sido. Aunque el caso que se sigue contra los últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, aún está bajo secreto de sumario, en la segunda semana de abril se incorporó a la causa un informe pericial de expertos del Banco de España que naturalmente se filtró inmediatamente.

El informe responde a tres cuestiones: si la documentación sobre la que se basó la ampliación de capital del Banco Popular en 2016 estaba manipulada o deformada; si las cuentas anuales de los dos ejercicios anteriores se ajustaban a la normativa contable; y determinar las causas de la resolución del banco en 2017.

Medidas para atajar la crisis de liquidez

Pero quizás lo más interesante del informe sea que detalla las medidas que el propio banco y las autoridades europeas tomaron para atajar —sin demasiado éxito, por lo visto— la crisis de liquidez del Banco Popular durante los tres meses anteriores a su resolución.

La primera pregunta que se puede responder definitivamente es si fue necesario declarar el banco “inviable o con probabilidad de serlo” (en la jerga regulatoria) o pudo haber continuado funcionando algunos días más, con esperanza de encontrar un comprador o ampliar capital. La respuesta es que la situación del banco a cierre del día 6 de junio era insostenible y hacía necesario su cierre. Según el informe, el banco tenía 600 millones de euros en su cuenta del Banco de España, pero tenía que hacer frente a 1.300 millones de euros de salidas ya comprometidas para el día siguiente. No habría podido abrir sus sucursales el 7 de junio en ningún caso.

La segunda pregunta que se puede responder es por qué no obtuvo Banco Popular liquidez adicional del Banco de España para continuar funcionando. Tras el fallo del Popular se supo que el banco había presentado garantías al Banco de España por valor de unos 40 mil millones de euros, pero que sólo había recibido unos 4.000 millones de liquidez. Aplicar a las garantías descuentos del 90% parece o bien extremadamente agresivo, lo que sugeriría que el Banco de España se ensañó con el Popular, o bien reflejo de una pésima calidad de activos en el balance del banco. Según el informe pericial se trató de un caso intermedio. El Banco de España aplicó descuentos de valoración del 60%, pero el 75% de las garantías presentadas por el Popular tenían defectos de forma. Y lo más interesante es que esos defectos se habían detectado al menos dos meses antes, y no se habían subsanado. Más que a una mala calildad de activos -que también- esto apunta a una pésima gestión de las garantías por parte del Popular.

El 30 de marzo de 2017, días antes de reformular las cuentas de 2016 reconociendo pérdidas adicionales, el Popular pidió al Banco de España información sobre el procedimiento de liquidez de emergencia (ELA). Éste se aplica cuando un banco no tiene activos de calidad suficiente para acceder a liquidez del Banco Central Europeo. Según los peritos, se llevó a cabo un simulacro de ELA en el que el Popular envió al banco central información de activos con múltiples defectos que no habrían pasado los filtros de consistencia en una situación real. Muchos de estos activos eran de difícil valoración por ser créditos a pymes y empresas sin estados financieros. Y algunos defectos eran tan serios como presentar como garantía préstamos dudosos clasificados erróneamente como normales. Se hicieron dos simulacros más el 29 de mayo y el 2 de junio, cuando el Popular estaba a las puertas de la resolución.

Con todo y con eso, cuando el banco decidió pedir ELA el sábado 3 de junio (aunque formalmente no lo haría hasta la mañana del lunes 5), aún se dio la situación de que, de casi 41.000 millones de euros de activos, más de 18.000 millones aún eran créditos dudosos. En total, el 70% de las garantías presentadas por el popular eran inadmisibles, y el 20% de las admisibles tenían errores tales como duplicidades, campos vacíos, y falta de información necesaria para su valoración. Finalmente, a los menos de 10.000 millones de garantías válidas se les aplicó un recorte de valoración del 60% por su mala calidad crediticia, resultando en una liquidez de emergencia disponible de sólo 3.900 millones de euros.

Créditos dudosos, activos inadmisibles

No deja de ser extraordinario que, después de tres simulacros a lo largo de dos meses, aún el 75% de las garantías presentadas por el Popular fuesen créditos dudosos, activos inadmisibles, con errores de documentación, o con información insuficiente para su valoración.

Otra pregunta que se plantea es por qué el Banco Popular no tenía activos de mejor calidad disponibles para usarse como garantía de liquidez con el Banco Central Europeo. El Banco Popular tenía lo que llamaban segunda línea de liquidez, que consistía en el exceso de reservas en el Banco de España por encima del mínimo regulatorio, más los activos disponibles para obtener liquidez del Banco Central Europeo. Esta segunda línea de liquidez osciló entre algo más de 11.000 millones de euros en diciembre de 2016 y marzo de 2017, pero llegó a caer a algo más de 8.000 millones al final de febrero. En marzo de 2017, el Popular obtuvo 7.000 millones de euros de liquidez de largo plazo del banco central (en la última de las operaciones conocidas como TLTRO II). Esto explica que el banco sintiese ya entonces la necesidad de hacer un simulacro de ELA con el Banco de España. Sabían que habían inmobilizado prácticamente todos sus activos de buena calidad a cambio de efectivo ya en marzo de 2017, antes de desencadenarse sus problemas de liquidez.

Lo que el Popular llamaba segunda línea de liquidez sirve para cumplir con un requisito regulatorio, la ratio de cobertura de liquidez (LCR en inglés). Ésta asegura que un banco tiene la capacidad de hacer frente a sus pagos durante 30 días incluso en una situación de estrés. En mayo, los planes del banco pasaban por mantener la segunda línea en 4.000 millones de euros a medio plazo, claramente insuficientes para cumplir con la LCR. De hecho, el Popular incumplió la LCR continuadamente desde el 12 de mayo.

¿Qué hacían los reguladores y supervisores?

Y, a todo esto, ¿qué hacían los reguladores y supervisores? El consejo de administración del 18 de mayo discutió una carta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en la que se advertía de que la violación de la LCR podría impedir la venta del Popular y abocar a la declaración de inviabilidad (failing or likely to fail en inglés). Al menos uno de los consejeros expresó su estupor por el tono imperioso de la misiva, que parecía ir directamente a la resolución sin dar tiempo al banco a resolver sus problemas. De esta carta el MUS envió copia a la Junta Única de Resolución, que ya el día 24 de mayo y actuando de oficio se puso en contacto con el Popular para aplicar el mecanismo de resolución.

La única duda que queda es si no habría sido preferible que el supervisor hubiese declarado al Popular inviable ya el fin de semana del 3-4 de junio cuando el banco ya se había puesto en marcha para solicitar liquidez de emergencia del Banco de España. De haberse hecho así, se habrían evitado salidas de depósitos 5.000 millones de euros y el Popular habría salido de la resolución con casi 4.000 millones de liquidez de emergencia disponible.

De hecho la Junta Única de Resolución ha reaccionado al caso del Popular con dos peticiones. La primera, ya satisfecha, es legislar una herramienta de moratoria, esencialmente una suspensión de pagos temporal, que hubiese dado tiempo a resolver el Popular hasta el fin de semana siguiente, dado que falló un martes. La segunda, más difícil de satisfacer, es habilitar un mecanismo de provisión de liquidez a un banco recién salido de la resolución. La lógica de esto es que si el Santander no hubiese comprado al Popular, éste último hubiese emergido de la resolución recapitalizado y solvente, pero violando los requisitos regulatorios de liquidez y sin nada de garantías disponibles para liquidez de emergencia del Banco de España, por no decir liquidez estándar del Banco Central Europeo. Si el supervisor hubiese declarado al Popular inviable al cierre del 2 de junio, ninguna de estas dos peticiones de la JUR habrían parecido necesarias. Lo que sí es necesario, y que el BCE ha pedido a los legisladores, es que se modifique la regulación y la directiva de resolución para hacer más fácil al Mecanismo Único de Supervisión adoptar medidas de intervención temprana.

La Audiencia Nacional ha ratificado la multa que el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) impuso a PwC por la auditoría de cuentas de 2012 que realizó el Banco Popular en las que se recogía el efecto de la absorción de Pastor, según ha adelantado el diario Cinco Días. El ICAC impuso dos multas por infracciones contra PwC de 119.908 euros y 149.885 euros por el el 0,12% y el 0,15% de los honorarios de auditoría facturados al Popular.

Los problemas de liquidez del Banco Popular provocaron que fuera finalmente comprado por el Santander por solo un euro.

Los magistrados concluyen que “el trabajo de los auditores no queda soportado en la obtención de evidencia adecuada y suficiente sobre aspectos muy relevantes correspondientes a la revisión de las cuentas auditadas, por lo que el informe de auditoría emitido carece significativamente de la fundamentación necesaria que debería haberse obtenido para su emisión, siendo dichas faltas de evidencia susceptibles potencialmente de tener un efecto significativo sobre el informe emitido al afectar a áreas y magnitudes relevantes de las cuentas auditadas”. La auditora PwC ha anunciado que recurrirá la sentencia en el Tribunal Supremo.

Según la sentencia, PwC habria cometido “infracciones graves al haber incurrido en el incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe” al haber derivado dichos incumplimientos en un trabajo e informe con un contenido sustancialmente diferente al que hubiera resultado de no haberse incurrido en los referidos incumplimientos. La auditora habría cometido una infracción grave tipificada en el artículo 16.3.b) de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Los magistrados detallan que tras la absorción del Pastor por el Polular “en las cuentas individuales y consolidas se resalta la falta de evidencia en la contabilización de la combinación de negocios, combinación que supuso ajustes al valor razonable del valor inicial de elementos del activo o pasivo al que se encontraba registrado en el Banco Pastor contra el Patrimonio neto de este por importes de 3.343.556 miles de euros, el reconocimiento de activos intangibles por importe de 243.578 miles de euros en dichas cuentas, que no constaban registrados en el Banco Pastor, y la valoración del fondo de comercio, por importe de 1.743.332 miles de euros en las citadas cuentas”.

La Audiencia Nacional ha imputado al Banco Santander en la causa que investiga la gestión que llevó a la desaparición al Banco Popular. El juez José Luis Calama ha publicado un auto en el que incluye a la entidad que preside Ana Botín, en sustitución de la ya desaparecida Banco Popular.

En concreto, y según adelanta El Confidencial, Calama ha incluido en la causa a Banco Santander tras haberse llevado a cabo la fusión por absorción del Popular, ya integrado societariamente en la entidad. Con esta operación, además de adquirir los activos y pasivos de Popular, el Santander heredaba la responsabilidad penal que recaía sobre la anterior entidad.

El auto del juez Calama da respuesta a las peticiones de dos perjudicados que muestran la entrada en vigor en el Registro Mercantil de la operación de fusión por absorción realizada por el Santander. Además, el magistrado avanza que se acordará la declaración del representante legal de la compañía.

El juez, que sustituye a Fernando Andreu, lleva a cabo la investigación de la gestión que llevaron a cabo los directivos de Popular y que llevaron a su desaparición. Los principales imputados en esta causa son Ángel Ron y Fernando Saracho, expresidentes del grupo antes de que se produjera la resolución del banco.

El Banco Santander adquirió en julio de 2017 Banco Popular después de que las autoridades comunitarias acordaran resolver la entidad por sus problemas de liquidez y retirada de depósitos que hacían inviable su continuidad. La entidad que preside Ana Botín la adquirió por el precio simbólico de un euro.

El caso de Banco Popular tiene diversos frentes judiciales abiertos. El que ocupa a Calama es el que trata de concluir las responsabilidades de los gestores, que concluyeron con una entidad en quiebra. Pero paralelamente, hay más de doscientas reclamaciones contencioso-administrativas contra la decisión de resolver el banco por parte de las autoridades, que en la práctica supuso que los accionistas perdieran su dinero. Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recibido también reclamaciones de este tipo, al ser comunitaria la autoridad que resolvió el banco, la Junta Única de Resolución.