La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea ha designado a Canarias Ahora como el único medio de España y Portugal que liderará los próximos doce meses un proyecto para acercar la política de cohesión de la UE a la ciudadanía para dar a conocer su impacto en el desarrollo económico y social. 

El proyecto que liderará Canarias Ahora se denomina Cohesión Atlántica y con él se pretende explicar el impacto de Europa en la vida cotidiana de Canarias, Madeira y Azores para mejorar el conocimiento ciudadano sobre la política de cohesión europea mediante contenidos periodísticos que conecten las inversiones de la UE con la realidad cotidiana de las regiones ultraperiféricas del espacio MAC (Madeira, Azores y Canarias), cuya cooperación territorial se extiende a países africanos vecinos como Cabo Verde, Senegal y Ghana, reforzando los vínculos entre las regiones ultraperiféricas europeas y el continente africano.

De ahí que Cohesión Atlántica cuente con Casa África como asociada y será ese organismo donde se celebrarán los eventos públicos previstos para potenciar la difusión de sus resultados y a la sensibilización ciudadana sobre la política de cohesión europea.

El proyecto Cohesión Atlántica de Canarias Ahora, con un presupuesto de 193.087,06 euros, obtuvo 91 puntos sobre 100 en la evaluación de la Comisión Europea, superando ampliamente el umbral mínimo de 53 puntos. Tiene una duración prevista de 12 meses y contempla la producción de artículos periodísticos, documentales y vídeos breves, dos eventos públicos que se celebrarán en Canarias en 2027 y una campaña de difusión digital, con el objetivo de acercar los resultados de la política de cohesión a la ciudadanía.

Los periodistas de Canarias Ahora ya están trabajando en la preparación de una amplia batería de reportajes con los que acercar cuál ha sido la realidad para las Islas de los programas de cohesión de la Unión Europea los últimos años, si han mejorado la vida de la ciudadanía, cómo han sido percibidos, cuál ha sido el acompañamiento por parte de las instituciones autonómicas y locales y cómo influiría un eventual recorte de fondos de cohesión.

Según la lista oficial de beneficiarios publicada por la Comisión Europea, Cohesión Atlántica es el único proyecto coordinado por una entidad española o portuguesa aceptado en esta convocatoria. Esta distinción sitúa a Canarias Ahora como el único representante español al frente de un proyecto beneficiario de esta convocatoria.

El presupuesto de la biblioteca de Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pasado de gastar 60.000 euros en libros a 15.000. El centro ha perdido un 40% de su presupuesto en seis años, cuenta su director, Javier García. Muchas clases no tienen aire acondicionado o no funcionan, como sucede con la calefacción. El pasado curso, la instalación eléctrica del centro dijo basta diferentes días porque había demasiados aparatos enchufados para su capacidad.

Quizá por lo icónico del edificio, un reconocible cubo de hormigón en el medio del campus, quizá por su estado, o por tener un personal —docentes, administrativos y estudiantes— especialmente combativo, esta Facultad se ha convertido en los últimos años en el corazón de las protestas de la comunidad universitaria en Madrid. Se cae a pedazos, pero no se resignan. “El alumnado y el profesorado están haciendo una colaboración extraordinaria. Esta situación la llevamos con mucha creatividad, esfuerzo y diálogo. Estamos haciendo malabares y milagros para que las cosas funcionen”, explica su decano, Ángel Rubio.

Pero mientras intentan “que el alumnado no deje de aprender” también reivindican, y las seis universidades públicas madrileñas se unirán a la huelga educativa los próximos 4 y 5 de noviembre. Ciencias de la Información puede ser la cara visible de las protestas, pero no es un caso aislado. Todas las facultades de todos los campus públicos madrileños sufren la infrafinanciación de la Comunidad de Madrid, que ha tenido que rescatar de urgencia a dos de ellas, con la Complutense a la cabeza, por no haberles transferido suficiente dinero para su funcionamiento normal.

Asfixiado por la deuda y para poder pagar los intereses de ese rescate, Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense ordenó hace más de un año a facultades y departamentos a reducir sus gastos en un 35%. “Impacta en todas las partidas”, explica Rubio, pero destaca que el principal problema de la Complutense es la falta de personal técnico, administración y conserjes“.

“El pago de la deuda de la Universidad descansa en el Capítulo I [del presupuesto], que son los salarios de los empleados públicos”, afirma Rubio. Se ha dejado de reponer las jubilaciones. “Se recurre a gente que ya está llegando al máximo de su capacidad. El personal trabaja mucho más por lo mismo”, sostiene el decano. 

En unas circunstancias parecidas se encuentra la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En los acuerdos que firmaron los seis rectores con la Comunidad de Madrid el pasado 3 de marzo para tratar de revertir la crisis, a la UPM le tocaron 246.5 millones de euros, pero, según explica Fernando Varas, profesor de la Facultad de Ingeniería del centro, si se actualiza el gasto de personal de 2025 con el IPC, “dicho capítulo necesita 260 millones de euros”. La falta de fondos también afecta a la investigación, tercia Ignacio Ballesteros, también profesor en la UPM.

El pacto de financiación no cumple con la Ley

Varios profesores de la Complutense analizaron aquel pacto —a varios años vista— y concluyeron que en su momento de máxima financiación, “la Comunidad de Madrid alcanza el 0,4% del PIB, mientras que la LOSU —Ley Orgánica del Sistema Universitario— obliga al 1% y la media nacional se sitúa en el 0,7%”. Los presupuestos del centro no llegan a cubrir completamente las nóminas del profesorado. “El déficit acumulado supera los 1.150 millones de euros”, indica el análisis. Entre 2021 y 2025 la Complutense “acumula una deuda de 365 millones de euros”.

El decano Rubio sostiene que “el golpe más inmediato” que han sufrido es “el calor en el edificio y en las aulas. El coste de la instalación del aire acondicionado en una sola planta es muy elevado, pero no sabes lo que es dar clase con las temperaturas que se alcanzan”.

Esto también lo perciben los alumnos de la Facultad y de otras universidades públicas. Violeta destaca que la diferencia térmica entre la clase y la cafetería es “enorme”: “En clase te mueres de frío y en la cafetería te asas de calor”, afirma. Sofía, alumna de la Facultad de Ingenieros Aeroespaciales, añade que “en otros edificios de la Facultad tampoco funciona la calefacción en invierno”.

No son solo las clases el problema. Belén Rodríguez, profesora e investigadora de la Facultas de Ciencias Físicas apunta que en los despachos se han registrado temperaturas de hasta “39 grados”.

Solución “creativa” para equipos viejos

El Decano de Ciencias de la Información también sostiene la falta de inversión para mejorar las herramientas de trabajo “como el software, las licencias de Adobe y los equipos informáticos”, que, en la actualidad, logran solventar “de una manera muy creativa”. Incluso, para cualquier necesidad que se requiera tienen que “calcular los gastos al céntimo”.

El edificio, fundado en 1971, se desmorona. Ahora, “después de 50 años”, se están acometiendo las obras de reforma en los vestuarios del personal técnico y de administración. Este espacio se encontraba en “condiciones infrahumanas”, dice el decano. “Pasar por ahí era pillar una infección segura”.

Los problemas se multiplican en todos los frentes. Rubio asegura que “no habrá prácticas si no se mete dinero” y, por ende, “sufrirán las consecuencias las clínicas hospitalarias y universitarias” de la Universidad. 

Belén Rodríguez, la investigadora de Físicas también señala el desborde que sufren ella y otros docentes en sus labores: “En una universidad que no tiene un duro, o lo haces tú o no te pueden ayudar, no hay una infraestructura para esto, todo lo hacemos nosotros”.

“Todo es precario y nos afecta. Se juega mucho con que tenemos mucha vocación con lo que hacemos y, la investigación, la mantenemos haciendo horas extras”. Asimismo, la investigadora resalta el potencial de la Complutense por sus investigaciones “punteras a nivel internacional en muchos temas”. Sin embargo, les “falta gente para que esto funcione”.

Hasta publicar artículos científicos es complicado en una situación que tiene mucho de círculo vicioso. Una revista estándar puede cobrar unos 3.000 euros por publicar un artículo y, cuenta la investigadora, “si no tienes financiación, es difícil publicar y, por ende, que te den proyectos de investigación”. Y si no se investiga no se publica y si no se publica no se progresa en la academia.

Sofía, alumna de la UPM destaca que en su Universidad “han subido los precios de las matrículas, ha bajado la calidad y todo deja mucho que desear. El material es bastante obsoleto, en los laboratorios es bastante duro y eso es impensable en una ingeniería que tiene que estar al borde de la innovación”.

Más allá de las indiscutibles ventajas que aportan la tecnología, las redes sociales o la inteligencia artificial (IA), todas estas herramientas albergan un evidente “lado oscuro”. Un escenario donde proliferan las estafas, la suplantación de identidad o el aislamiento social, y ante el cual la población joven se sitúa en una posición de especial vulnerabilidad.

Luchar contra estas amenazas en el entorno digital no resulta nada sencillo, empañado por el anonimato y la dificultad para rastrear el origen de los infractores. Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en Badajoz durante la inauguración de las jornadas 'Jóvenes, Salud Mental y Nuevos Riesgos: Uso y Abuso de Internet, Redes Sociales, Inteligencia Artificial y Conducta Suicida'.

Antes del inicio del acto, el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández Salguero, ha explicado a los medios de comunicación que la institución académica ha reforzado el impulso de actividades deportivas, culturales, de ocio y convivencia dentro de los campus. Esta decisión responde a que se había detectado una progresiva disminución de la “vida universitaria” más allá de las aulas.

Esta circunstancia —vinculada directamente al incremento de horas que el alumnado pasa frente a las pantallas del ordenador, el teléfono móvil o la tablet— ha comenzado a revertirse en los últimos tiempos. Según ha indicado el rector, se percibe “una vuelta de los estudiantes a la vida de la Universidad”, una tendencia en la que considera imprescindible seguir incidiendo.

Además, la UEx ha potenciado sus estructuras internas de apoyo para que la propia comunidad estudiantil pueda activar las alarmas e intervenir en caso de detectar a algún compañero o compañera que se haya aislado o esté sufriendo una pérdida de autoestima.

Ardua labor policial ante el anonimato digital

Por su parte, el jefe del Gabinete de Psicología de la Guardia Civil en Extremadura, el coronel Jesús Gonzalo, ha puesto el foco en la vertiente delictiva ligada a las nuevas tecnologías, que abarca desde el ciberacoso hasta fraudes y estafas de diversa índole. Gonzalo ha advertido de que el esclarecimiento de estos delitos es casi siempre “una tarea ardua y extensa en el tiempo” debido a la opacidad que ofrecen las redes y al origen difícilmente detectable de los ciberdelincuentes.

En esta misma línea, el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Extremadura, Andrés Manuel Velarde, ha destacado la importancia vital de la colaboración estrecha entre la Benemérita y la Universidad de Extremadura para prevenir, detectar y esclarecer conductas o delitos que atentan directamente contra el bienestar de la juventud.

La preocupación entre las aulas es también palpable desde la perspectiva de los propios alumnos. Silvia Suárez, una joven participante en el encuentro, ha señalado a la agencia EFE que una de las cuestiones que más inquietud genera entre los estudiantes es “la alteración de imágenes o la suplantación de identidad que se puede lograr a través de la inteligencia artificial”, una herramienta cuyo uso indebido supone un nuevo reto de seguridad y privacidad.

El dialectólogo Antonio Lorenzo, el científico Wolfredo Wildpret, el lingüista Ramón Trujillo, el periodista José A. Alemán, la filóloga Yolanda Arencibia y el poeta Eugenio Padorno serán homenajeados por la Academia Canaria de la Lengua este jueves y este viernes en las dos capitales canarias en un encuentro titulado Academia, Literatura y Pensamiento.

Este jueves,a partir de las 17.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias, en Santa Cruz de Tenerife, habrá tres mesas de debate. La primera, bajo el título de Literatura y dialectología, sentará a la escritora Cecilia Domínguez y al dialectólogo Gonzalo Ortega para abordar la figura de Antonio Lorenzo.

A las 18:15, bajo el título de Literatura y ciencia, se rendirá homenaje a Wolfredo Wildpret de la mano del botánico Pedro Luis Pérez de Paz y de la doctora en Biología María Fátima Hernández Martín.

Y a las 19.00, para cerrar esta primera jornada, el escritor Juan Manuel García- Ramos y el filólogo Marcial Morera abordarán la obra del lingüista Ramón Trujillo en la mesa titulada Literatura y lengua.

Al día siguiente, el viernes, en la sala Manuel Padorno de la Biblioteca Pública del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria, la segunda sesión de estos encuentros comenzarán a las 16.30 con una mesa sobre Literatura y periodismo en la que se abordará la figura de José A. Alemán de la mano del filólogo Francisco Mayor y el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora.

La segunda mesa, prevista para las 17.45, será un homenaje a Yolanda Arencibia en la mesa Literatura y proyección social, con la participación de la filóloga Marta Samper y María Isabel García Bolta, doctora en Filosofía y Letras.

Las jornadas se cerrarán a las 19.00 de la mano del poeta y ensayista Oswaldo Guerra y el filólogo Guillermo Perdomo en un homenaje a Eugenio Padorno alrededor de la mesa titulada Literatura y pensamiento.

“Maricarmen no ha muerto, la han asesinado”, fue uno de los gritos de los manifestantes por el derecho a la vivienda tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid y falleció días después en el hospital. Con esta consigna los manifestantes responsabilizaban a los fondos inmobiliarios y denunciaban que el proceso para sacarla de su casa, que se prolongó durante años, había deteriorado su salud. El suyo es el más conocido, pero hay más casos en los que la pérdida de la vivienda se ha vinculado con un deterioro de la salud e incluso con suicidios.

Olga Matute, una vecina de L'Hospitalet de Llobregat, se quitó la vida el pasado 7 de septiembre, casi cinco meses después de ser expulsada de su hogar. Su caso recuerda a otros episodios ocurridos en España: en 2010, otro vecino de esa misma zona se suicidó tras ser desalojado de su piso; en 2013, un matrimonio se quitó la vida antes de quedarse sin casa en Mallorca; y en 2018, 2021 y 2022 se registraron otros cuatro casos, uno en Cornellá, otro en Barcelona y el de dos hermanas en Cantabria. 

Más allá de los casos particulares, los datos avalan esta relación entre las dificultades para acceder a la vivienda y el deterioro del bienestar psicológico. La incidencia de problemas de salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% de sus ingresos a viviendas frente a quienes dedican menos del 30%, según el estudio Habitar la incertidumbre. Vivienda, juventud y malestar estructural elaborado por Oxfam Intermón.

El impacto psicológico estuvo presente en el primer día de la acampada en la Puerta del Sol. Coincidiendo con el mes dedicado a la prevención del suicidio, una marea de camisetas amarillas –el color asociado a la prevención del suicidio– se acercó para concienciar y visibilizar esta problemática.

“Una crisis de salud pública”

“Supone perder la estabilidad y la sensación de control. Genera sentimientos de miedo, angustia, impotencia e incluso culpa o fracaso personal”, relata la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) sobre el problema de la vivienda y tilda la situación como una “crisis de salud pública”. 

Aunque la relación de esta problemática es más evidente con la salud mental, “eso no significa que los efectos sobre la salud física sean menos importantes”. La salud colectiva, según la sociedad científica, no puede entenderse únicamente como una cuestión de asistencia sanitaria, también hay otra serie de factores socioeconómicos que influyen: “Cuando los costes de la vivienda representan una proporción elevada de los ingresos, pueden comprometer otras necesidades básicas y aumentar la inseguridad residencial”.

La propia ministra de Sanidad, Mónica García, ha relacionado las crisis de vivienda con la salud: “Las personas enferman por las condiciones de vida. Y lo hemos visto de manera dramática con el caso de Maricarmen y lo vimos también con el caso de Olga”. “El 40% de las familias describe el acceso a la vivienda en términos patológicos: ansiedad, insomnio, depresión, incertidumbre. No hay nada más patológico que no saber dónde vas a vivir”, añadió.

Guillermo Fouce, doctor en psicología y presidente de la Fundación Psicólogos sin Fronteras, comparte la idea de crisis de salud pública, puesto que el conflicto habitacional afecta los tres ejes principales de la salud “la física, la psicológica y la social”.

Sintetiza con las experiencias personales: “Lo que hace la gente para cuadrar cuentas, poder pagar el alquiler y no ser desahuciado es quitarse cosas. A veces nos quitamos medicaciones, comidas que son básicas, no podemos poner la calefacción o no tener gas o luz”.

El psicólogo insiste en que esto “tiene efectos en nuestro cuerpo”: “Imagina cómo tener una buena higiene sin tener agua caliente o no tener dinero para comprar esa alimentación equilibrada”, incluso afecta a los espacios de socialización: “Solemos sentir vergüenza y no salimos fuera, ni invitamos a nadie a nuestra casa”.

La Sociedad Española de Epidemiología advierte de que las enfermedades físicas pueden “desarrollarse o agravarse a lo largo del tiempo”. En la misma línea, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) lo alertaba en nota de prensa tras el desahucio de Maricarmen: “Es un golpe devastador para la salud y el equilibrio emocional”.

La precariedad también puede complicar el seguimiento de enfermedades crónicas, según la SEE: “La inestabilidad dificultad el seguimiento de tratamientos y la continuidad asistencial”. Cuando la principal preocupación es resolver la situación habitacional, algunas personas relegan su propia salud y retrasan las visitas médicas, prosigue.

“Pierdes las referencias de toda una vida”

La crisis de la vivienda es “un problema generalizado en el que encuentras todo tipo de perfiles”, relata Fouce. Sin embargo, “hay vulnerabilidades que suman”, y especifica que los problemas de pobreza, de consumo o violencias son “piedras que se van echando a la mochila y complican la situación”.

La edad y el grado de dependencia son otros factores a tener en cuenta, sobre todo para personas que llevan décadas viviendo en el mismo entorno. La Plataforma de Mayores y Pensionistas calificó su desahucio como un “fracaso inaceptable” y su presidente, Jesús Norberto Fernández, pone sobre la mesa los datos de este colectivo vulnerable: “Actualmente hay 700.000 personas mayores de alquiler, hay mucha gente mayor que está amenazada con esta situación”.

La plataforma rechaza la solución que se le planteó a la mujer. “Con esta edad es lo peor que te puede ocurrir. A árbol viejo no se le puede trasplantar, porque se muere”, afirma Fernández, que alude al síndrome del desarraigo: “Pierdes todas las referencias de toda una vida de buenas a primeras”.

El presidente de la plataforma defiende que la residencia de ancianos debe ser una alternativa para quien lo desee, pero en todo caso, una decisión libre e informada, de lo contrario es “un internamiento involuntario”. Insiste en que “si una persona mayor no pide una residencia, no puedes dar esa solución”, y debe haber “un proceso de acompañamiento, de apoyo y de estudio en cada caso”.

Unas semanas antes del desahucio de Maricarmen, el Senado aprobaba de forma definitiva la reforma de la ley de dependencia, que vela por qué los cuidados se produzcan en casa. La PMP tilda de “incoherente” que ambas situaciones converjan, aunque el presidente entiende que hasta que la ley comience a aplicarse en las comunidades autónomas tomará su tiempo: “Con independencia de la reforma, hay suficiente amarre en nuestra Constitución para que estas situaciones no se den. Obviamente el tema de la discapacidad y de la dependencia es una agravante que debe ser valorado en cada caso”.

Desde “colectivizar el dolor” a “salud en todas las políticas”

Las respuestas a la problemática habitacional requieren de la actuación de distintas áreas, desde el acompañamiento a las personas afectadas hasta las políticas públicas que permitan reducir la incertidumbre.

Desde la perspectiva psicológica, Fouce señala que la intervención “depende en qué momento se llegue”. Si las dificultades son incipientes, los expertos tratan de ayudar en “marcar objetivos, planificar salidas o buscar fuentes de ingresos”, mientras acompañan “en el sufrimiento”. El psicólogo insiste en “colectivizar el dolor” para afrontar la “vergüenza y culpa”: “Ayudar a la persona para que vea, siente y piense que no es solo a él al que le ha pasado, sino que le pasa a más gente y no depende solo de uno mismo”.

Más allá de la intervención individual, la Sociedad Española de Epidemiología destaca “la necesidad de ampliar el parque público de la vivienda social y asequible”. También considera “fundamental” avanzar en el enfoque de 'Salud en Todas las Políticas', que permitiría incorporar evaluaciones del impacto en salud en las principales decisiones de vivienda.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas reclama que los servicios sociales municipales y autonómicos “velen por la atención a las personas vulnerables” y puedan “articular una solución lo más adecuada posible o la carta, teniendo en cuenta todas las variables que rodean a la persona vulnerable”.

La discriminación que sufre la comunidad gitana continúa “cotidianizada” e interiorizada hasta el punto de generar una preocupante y constante “infradenuncia”. Así lo ha advertido este martes la directora de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura, Mercedes Moreno, durante la presentación en la Asamblea de Extremadura del informe Discriminación y Comunidad Gitana 2025.

El acto ha contado con la asistencia del delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, en la que ha sido su última comparecencia institucional antes de su cesado para concurrir a las próximas elecciones legislativas. Durante la presentación, se han detallado las 399 situaciones de discriminación registradas a lo largo de 2024 en la comunidad. Sin embargo, Moreno ha matizado que esta cifra representa tan solo “la punta del iceberg”, ya que gran parte de la población afectada termina normalizando estas situaciones o carece de la confianza necesaria en los mecanismos institucionales para elevar una queja formal.

Entre los ámbitos más críticos, la responsable regional ha puesto el foco en el mercado inmobiliario, donde “la discriminación hacia las familias gitanas es impresionante”. Según ha detallado, es habitual que los arrendadores busquen excusas variadas o rechacen de forma implícita o explícita el alquiler al detectar un apellido vinculado a la etnia. Del mismo modo, ha señalado situaciones cotidianeizadas de sospecha infundada, como la persecución o vigilancia abusiva que sufren muchas mujeres gitanas por parte de personal de seguridad en los supermercados mientras realizan sus compras.

Redes sociales y discursos de odio

Por su parte, la técnica Vanesa Rosa ha desglosado la tipología de los 399 casos recogidos en el informe: el entorno digital y las redes sociales encabezan el listado con 118 episodios, seguidos por las barreras en el acceso a bienes y servicios (82), los medios de comunicación (48), el acceso a la vivienda (45), la educación (25), los servicios policiales (19) y otras áreas (12).

Desde la entidad han hecho hincapié en el peligro que entraña el anonimato en las plataformas digitales para el avance de los discursos de odio. Aunque han valorado los avances normativos y la labor de sensibilización desarrollada por las administraciones, han abogado por dotar a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI) de un estatuto orgánico y de recursos económicos y humanos suficientes para actuar con garantías.

Finalmente, la organización ha recordado la urgencia de seguir interviniendo en la educación y la concienciación como pilares para desmontar prejuicios históricos, lamentando que, a pesar de los logros alcanzados, aún seis de cada diez niños gitanos no consiguen finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado el recurso presentado por una agencia inmobiliaria contra una pareja de compradores, eximiéndola del pago de 9.038,70 euros en concepto de comisión por la intermediación en la compra de un piso. La sentencia ratifica así el fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Plasencia y determina que no existía obligación contractual con la empresa para hacer frente a ese pago.

El conflicto se originó tras el interés de la pareja en una vivienda ubicada en Salamanca que comercializaba la agencia. El mismo día en que acudieron a la firma, rubricaron tanto la promesa de compraventa como un documento de intermediación en el que se fijaba una comisión del 3% más IVA si se aceptaba la oferta. Pese a que los compradores desistieron posteriormente de la operación por motivos económicos, la inmobiliaria exigió judicialmente el cobro de la comisión pactada al considerar que su derecho al devengo se había generado al aceptarse la oferta.

En su resolución, el tribunal sustenta que los compradores no solicitaron ni contrataron una labor de búsqueda o localización de inmuebles a la inmobiliaria. La pareja simplemente se interesó por una vivienda que la agencia ya ofrecía en su catálogo por encargo de los propietarios vendedores. De este modo, la Sala concluye que la verdadera relación de mediación y la obligación de retribución correspondía a la parte vendedora, pues fue quien originalmente encomendó la gestión de la finca.

Falta de información clara al consumidor y desestimación del recurso

Asimismo, la resolución judicial fundamenta la invalidez de la cláusula amparándose en la normativa de protección de consumidores y usuarios. El tribunal resalta que la agencia redactó el documento de forma unilateral mediante cláusulas predispuestas, incumpliendo los deberes de información previa recogidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El fallo destaca que no quedó acreditado que los compradores tuvieran una oportunidad real de conocer con detalle el contenido completo de las cláusulas antes de quedar vinculados, lo que invalida la exigibilidad de los honorarios.

A esto se suma el examen de la documentación presentada en la causa, que reveló que la promesa de compraventa llegó a figurar formalmente rechazada por uno de los copropietarios, lo que impedía dar por perfeccionada la venta sobre la cual la agencia pretendía sustentar la comisión.

Con la resolución de la Audiencia Provincial de Cáceres, sobre la que no cabe recurso alguno, la sentencia queda declarada firme.

“Si estáis aquí es porque, de alguna forma, el cáncer de mama ha llegado a vuestras vidas”, comenzaba a relatar una de las convocantes de la concentración por el Día Internacional del Cáncer de Mama. Decenas de personas la han acompañado bajo el lema “El cáncer de mama no es rosa, ninguno lo es”, frente al Ministerio de Sanidad para relatar sus vivencias y exigir “investigación y financiación”.

Tras esa frase, la mujer ha dejado el altavoz abierto para que, quien quisiera, pronunciara unas palabras. Justo en ese momento, se ha acercado otra mujer, ha posado una cesta con unas flores y ha explicado el motivo: “Las siemprevivas –nombre que reciben las flores– se han convertido en un símbolo de compañeras, amigas y hermanas, que se ha llevado esta maldita enfermedad”. También ha relatado de quien fue la idea: “Surge a raíz de una mujer, de Bilbao, que le dijo a sus allegados que las llevaran siempre cuando ella faltara”.

Justo al instante de finalizar la intervención, varias personas se han acercado a coger un pequeño matojo. Mientras, se han ido animando a relatar sus experiencias en el megáfono. La primera de ellas ha reclamado “más investigación y tratamientos”, a su vez, una mujer le ha dado flores a la que tenía al lado y le pronuncia: “Gracias por venir”.

Después de la primera, ha proseguido Jesús Maraño, un paciente de cáncer de mama: “Somos muy pocos. Cuando se nos diagnostica el pronóstico es tardío y bastante malo”. Entre sus proclamas ha destacado que se les tenga en mayor consideración.

Entre los testimonios, han intervenido padres e hijos. Los segundos han agradecido el cuidado de los primeros: “Si no hubiera sido por los que nos habéis cuidado, no estaríamos aquí, gracias”. Y los progenitores presentes han relatado las pérdidas de sus hijas. José Miguel ha contado que su hija Carlota falleció por esta misma causa y su mujer ha leído uno de los escritos de la joven de 28 años, dónde explicaba que no era una “paciente corriente” de cáncer y visibilizaba su enfado.

“Ojalá haber encontrado este espacio entonces, esto es por ella y por las que vendrán”, finalizaba el padre de Carlota. Como ellos, varias personas han intervenido para contar las experiencias de sus seres queridos, porque así lo habían pedido. La amiga de Ainara lo contaba: “Vengo en su representación, nos pidió que visibilizáramos esto en los lugares públicos. Por eso estoy aquí, por ella”. Otra madre ha acudido en nombre de su hija y se ha dirigido a los otros progenitores: “El proceso de diagnóstico ha sido muy parecido al vuestro. Espero que mi hija tenga más suerte”.

Rodeadas de pancartas que visibilizaban la causa y con lemas como: “Más prevención, menos muertos”, “Menos lazos, más investigación”, “¿Cuánto de tu compra va para investigación?” o “Ningún cáncer es cuqui”, varias mujeres han relatado sus propias vivencias.

“Soy superviviente de cáncer de mama, ahora le ha tocado a mi hija”, ha comentado una. “Mi bulto no se notaba, por favor pedid una mamografía siempre”, ha aconsejado otra, “Hay que hacer ecos y resonancias. No os fieis de no tener familiares que han tenido, yo fui la primera”, ha añadido otra interlocutora. “A mí en una quimio me dejaron sin sensibilidad”, justificaba una mujer antes de comenzar su relato.

Cada una compartía su experiencia, mientras el resto se emocionaba con las historias. Al finalizar la concentración, una hora después de su comienzo, una joven ha resumido el sentir: “Bendita red, gracias por estar, por sostenernos. Somos la mejor terapia”. Las intervenciones se iban sucediendo, mientras a muchos de los presentes se les caían las lágrimas y se les escapaban gestos de cariño al prójimo. Así, una tras otra, hasta que ha llegado el momento del manifiesto.

6.389 fallecidas por Cáncer de mama en 2025

Las mujeres, que se han congregado en distintos puntos del país por cuarto año consecutivo, han leído un manifiesto en el que han realizado una exposición de datos –el primero de ellos la cifra de fallecidas en 2025 por esta enfermedad en España, 6.389–, han exigido “más investigación y financiación” y han mostrado su oposición al relato de la “guerrera” y al pinkwashing.

La lectura del manifiesto ha comenzado con una exposición de datos para contextualizar la problemática a la que tildan de “crisis de salud pública”. Frente a la sede del Ministerio de Sanidad, las convocantes han señalado que los fallecimientos a causa de esta enfermedad han incrementado un 2,7% respecto a las cifras anuales anteriores y han realizado una aproximación de diagnósticos para 2026: 38.318 casos más.

Las convocantes han reclamado “un sistema público de investigación”, así como una “industria farmacéutica pública” y han subrayado que estas prioricen al cáncer de mamá metastásico, puesto que es “responsable de la mayoría de muertes por esta enfermedad”: “En 2025 se llevó una vida cada 77 minutos en el Estado español”. Han hecho hincapié en que este reciba una financiación específica, acceso inmediato y equitativo de los medicamentos, mientras continuaban cifrando la gravedad de los casos: “La esperanza de vida tras el diagnóstico de metástasis es de apenas 4 o 5 años”.

En relación con el acceso a los fármacos, denuncian su tardanza: “En España pasan de media 627 días desde que un medicamento oncológico es autorizado en Europa hasta que está disponible para las pacientes de salud pública, frente a 258 en Alemania”, han comparado para después ilustrarlo: “Para una mujer con metástasis, un año y medio de espera puede ser la diferencia entre llegar o no a un tratamiento”.

Rechazo al relato de “guerrera” y al pinkwashing

Las mujeres han mostrado su rechazo ante el uso de la enfermedad como “herramienta publicitaria que trivializa nuestro dolor”. Consideran que esta estrategia “reduce una enfermedad devastadora un gesto superficial de marketing” y han reclamado transparencia en las recaudaciones que se realicen en nombre de esta causa, así como incluir la presencia de las pacientes: “Pedimos que tengamos voz en cada acción que se haga en nombre de nuestra enfermedad y que quien se aprovecha de ella asuma las consecuencias”. Otra mujer, enfadada ante esta mercantilización, ha añadido en una de las intervenciones: “Por supuesto que no es rosa, es una puta mierda”.

Además de incidir en que el cáncer “no es un lazo, un color, un concierto solidario, o una carrera rosa”, han denunciado que sean tratadas como “una historia de superación personal”. Han explicado que el cáncer “no es una prueba que ganan las más fuertes, las más valientes o las más positivas, y quien muere no ha perdido ninguna batalla”, en base a esto han sentenciado: “No queremos que se nos llame guerreras. Basta de pinkwashing”.

Historia colectiva, pero cada una es “única”

Las manifestantes han señalado que sus vivencias son “una historia colectiva” y, ante la cifra “demoledora” de muertes, han matizado: “Las cifras nos enseñan claramente que estamos ante un problema de salud pública. Pero lo más demoledor es despedir a nuestras compañeras”. Tras nombrar a algunas de ellas, han incidido: “No son números, eran nuestras amigas, hermanas, parejas, hijas...”. Casi finalizando la lectura del manifiesto, han reconocido que se han presenciado “por todas las que no pueden estar hoy en la calle”.

“Somos muchas, pero cada es una única”, han relatado, haciendo alusión a que cada mujer tiene distintas circunstancias y no todas responden de igual manera a los tratamientos. Por ello, han exigido “información clara, alternativas” y que se medie con “empatía y tiempo”: “Pedimos que quien nos habla de diagnóstico, tratamiento o cirugía nos mire a los ojos. Si hay que llorar, se llora; pero una mirada digna ayuda más que una caja de pañuelos puesta a la vista”.

Las desigualdades también han sido tema de conversación, puesto que las listas de espera obligan a las mujeres, que pueden, a pagar pruebas privadas para obtener un diagnóstico precoz o acceder a terapias innovadoras: “El acceso a diagnósticos, tratamientos o cuidados no puede depender del código postal ni de la capacidad económica”. Coincidiendo con el aniversario anual de la crisis de los cribados de Andalucía, han subrayado la importancia de los cribados “tempranos y gratuitos”.

También se han referido al ámbito laboral como motivo de desigualdad y exigen “protección real durante y después del tratamiento”: Los tribunales médicos siguen dando altas laborales a pacientes en pleno tratamiento. Reclamamos una reforma laboral y administrativa que contemple la realidad del cáncer como enfermedad de largo recorrido“.

El post cáncer no es “un añito malo”

El cáncer de mama no termina cuando finalizan los tratamientos que solemos asociar como comunes —quimioterapia, radioterapia o sesiones de cirugía—, para muchas mujeres comienza otra etapa compleja en la que conviven con secuelas físicas y emocionales. Entre los síntomas han destacado: “La fatiga crónica, el insomnio, dolor articular, los problemas cardíacos, la niebla mental, etcétera”.

“Sobrevivir al cáncer no significa volver a la vida de antes”, han insistido, por ello han exigido la implicación de diversas unidades sociosanitarias, desde la fisioterapia y nutrición, hasta la atención ginecológica especializada, pasando por la salud mental.

La prohibición de las sustancias tóxicas y cancerígenas

Según han pronunciado, la prevención no puede relegarse a recomendaciones individuales como “llevar una vida sana o tocarse el pecho”. Consideran que la cautela no puede sostenerse en elecciones privadas y “prevenir el cáncer de mama es un deber público”.

Por ello, se han referido a las políticas públicas y a la que consideran la raíz del problema: “No podemos elegir el aire que respiramos ni evitar los tóxicos que contienen los productos. Exigimos políticas valientes como prohibir los contaminantes y químicos que nos enferman”.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido este lunes a un joven de 20 años por el robo de vehículos en concesionarios de Miller Bajo y que, además, está siendo investigado por la Policía Nacional por su posible relación con atracos a dos joyerías de la isla.

La actuación la llevaron a cabo agentes de la Unidad Territorial Zona Centro después de que varios comerciantes alertaran de la presencia de un individuo que merodeaba por distintos establecimientos de Miller Bajo, según ha informado el cuerpo policial.

De esta manera, los efectivos localizaron al sospechoso en las inmediaciones, pero este emprendió la huida al percatarse de la presencia policial.

No obstante, uno de los agentes lo siguió hasta un edificio de la calle Farmacéutico Manuel Blanco, donde esperó la llegada de unidades de apoyo para a proceder a su detención.

Por su parte, la investigación de la Policía Nacional trata de esclarecer si el detenido guarda relación con el atraco a una joyería del centro comercial El Mirador, ocurrido en julio, y con el asalto a otra joyería del centro comercial Las Arenas, el pasado 13 de octubre.

La Guardia Civil localizó durante la noche de este sábado a un hombre de 92 años que permanecía desaparecido en la comarca cacereña de La Vera. El anciano, que había pasado varias horas a la intemperie, fue hallado con lesiones leves y síntomas compatibles con una hipotermia leve tras desorientarse en una jornada marcada por las malas condiciones meteorológicas.

La alarma saltó después de que un familiar contactara con la Central 062 al comprobar que el hombre no regresaba a su domicilio tras haber salido por la mañana al monte a cazar. Ante la llegada de la noche, la Guardia Civil movilizó de inmediato a varias patrullas y desplegó un dispositivo de búsqueda por la zona, una labor que se vio seriamente dificultada por las intensas lluvias y la falta de visibilidad.

La colaboración ciudadana resultó clave para el desenlace del operativo. Durante el rastreo, unos trabajadores de una empresa eléctrica que circulaban por la zona informaron a las patrullas de que, varios kilómetros atrás, habían avistado a un anciano caminando por el arcén de la carretera, alejado de su lugar de residencia.

Con esos datos, los agentes se desplazaron de urgencia al punto señalado y localizaron al hombre en una cuneta, parcialmente agachado y desorientado. Tras confirmar su identidad y evaluar su estado, la Guardia Civil solicitó asistencia sanitaria urgente para tratar sus heridas leves y los síntomas de hipotermia. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y la pista aportada por los trabajadores fueron determinantes para evitar un trágico desenlace ante el mal tiempo reinante en la comarca.

Te confieso que, como periodista, mis intereses y mis pensamientos están, inevitablemente, condicionados por lo que ocurre en el día a día. Y hay un tema que, como no podía ser de otra manera, se ha repetido estas semanas en todos mis podcast informativos de referencia –es probable que en los tuyos también–: la vivienda. En el boletín de hoy mencionaré algunos de esos episodios, por si te los has perdido, pero te voy a hacer también otras recomendaciones que me han venido a la cabeza con todo esto o que me han ayudado a desconectar durante un rato. Que a veces también hace falta.

El otro día durante una comida en el periódico surgió, a raíz de las movilizaciones por la vivienda, una conversación que ha estado muy presente entre la ciudadanía, en los medios y en las redes sociales: la del 15M. Dejando a un lado el debate sobre las similitudes y las diferencias (que las hay) entre estos dos momentos social y políticamente históricos, salieron en la conversación mensajes que habíamos leído en diferentes espacios digitales que venían a decir algo así como que esto ya lo hemos vivido y que al final un tipo con coleta monta una taberna. Como si Pablo Iglesias hubiera pasado aquellos 28 días durmiendo en una tienda de campaña o dando discursos en las plazas. Decía una compañera que esa idea errónea forma parte del imaginario colectivo de los jóvenes que no vivieron el 15M en primera línea. Si tenías una edad en el 2011, recordarás –y si no, te lo cuento– que Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero ya eran profesores universitarios y salían constantemente en sus propios medios de comunicación –como La Tuerka– haciendo análisis político. Pero, aunque es cierto que no estaban en la acampada, sí se paseaban por la Puerta del Sol y supieron canalizar toda aquella energía revolucionaria y aquel hartazgo por el bipartidismo para fundar un partido: Podemos. Y todo eso me hizo recordar un podcast de 2023, dirigido por mi entonces compañero de trabajo Rafa Méndez, con el que empiezo mis recomendaciones de hoy.

COMPAÑEROS. LA HISTORIA DE PODEMOS. Una serie documental que arranca precisamente con ese grupo de profes universitarios fundando un partido en un momento de efervescencia social y de meneo político. A lo largo de sus 6 episodios vemos cómo la ilusión, la amistad y los hitos políticos conseguidos se van transformando en ansiedad, insomnio y decepción. En este momento de tensión electoral en que las izquierdas deben ponerse de acuerdo, me ha parecido interesante volver a escuchar este podcast que evidencia las dificultades de trasladar a la política unos ideales sin alejarse de la ciudadanía; al tiempo que plasma las tremendas divisiones internas que se vivieron dentro de Podemos. Desde las tensiones y traiciones entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón hasta la retirada de la política de Iglesias.

Aunque se echan de menos testimonios clave como el del propio Iglesias o el de Irene Montero (a los que se escucha gracias a intervenciones en medios, etc.), Compañeros. La historia de Podemos se reconstruye a través de las voces de quienes vivieron todo aquello desde dentro y fueron miembros relevantes de ese período fundacional. Juan Carlos Monedero, Ramón Espinar, Tania Sánchez, Teresa Rodríguez, Luis Alegre o Íñigo Errejón [aún no habían saltado las denuncias por supuestos abusos sexuales cuando se grabó el podcast] relatan en detalle la deriva interna de Podemos durante sus primeros seis años. Una deriva que alguien describe en un punto de la serie como “una partida de Risk”. 

Precisamente con esa idea de alianzas, amistades y traiciones intenta jugar el título del podcast –que, por cierto, recuerdo que fue bastante debatido internamente en su día–. Un guiño para quienes la cena de los miércoles (o de los martes si la pillaste a partir de su sexta temporada) tenía de banda sonora la cabecera de la serie de televisión Compañeros: “No te fallaré, somos compañeros. Siempre estaré aquí (…) Compañeros de la vida, del trabajo y del amor. No te fallaré”. Te dejo el tráiler aquí.

'SALDREMOS DESDE SOL', 'DE LA PLAZA A LAS URNAS' o 'UN TEMA AL DÍA'. La acampada llevó a Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras hasta la puerta del Sol para grabar el primer directo en tres años de su podcast Saldremos mejores, donde entrevistaron al investigador del CSIC Javier Gil (autor del libro Generación Inquilina, de Capitan Swing), que es también uno de los entrevistados del episodio De la plaza a las urnas de Carne Cruda, donde intervienen manifestantes, activistas y periodistas como Olga Rodríguez. Desde elDiario.es también hemos construido varios episodios a partir de sonidos grabados desde Sol, de la mano de nuestro experto en vivienda Germán Aranda –que escribe el boletín Una casa para vivir–. En Un tema al día llevamos dos semanas abordando el tema desde todos los ángulos posibles y necesarios. Porque un problema de esta complejidad, no se cuenta en un capítulo de 20 minutos. 

Todos estos son podcasts con distintas miradas y tonos que persiguen más o menos lo mismo: contextualizar el momento social que estamos viviendo y responder a preguntas clave como qué pasa con la vivienda, qué está movilizando a quienes han acampado en las plazas, qué piden o cómo hemos llegado hasta aquí. A mí, en un momento de tanta sobreinformación y bulos, me han venido bien para asentar ideas.

CATÁSTROFE ULTRAVIOLETA. Y por si te apetece escuchar algo que no tenga nada que ver con la vivienda ni la política, te cuento que ya ha salido un nuevo episodio de Catástrofe Ultravioleta, nuestro podcast de ciencia y humor. En Sherpas, Antonio Martínez Ron y Javier Peláez se proponen desmontar uno de los grandes mitos de la ciencia: el del científico encerrado en su laboratorio con gafas y bata blanca.  

Me cuesta imaginar a botánicos –personas a las que presupongo amantes de la naturaleza– caminando por el Ártico armados con rifles, pero resulta que tienen que hacerlo por protocolo, porque los osos polares se acercan cada vez más a los asentamientos humanos para encontrar comida por culpa del cambio climático. Pero, más allá de estas expediciones de película de acción, lo que encuentro fascinante de este episodio es descubrir cosas como que hay una especie de arbusto en el desierto chileno de Atacama que se llama Azorella y que desafía todas las leyes de la naturaleza: es tan denso que las personas pueden subirse encima de él sin dañarlo; y recibe tal cantidad de radiación que, de no ser por un perfecto sistema de transpiración, te abrasarías solo con tocarlo, como si fuera una plancha de la ropa ardiendo. Puedes escucharlo completo aquí. Si aún no eres socio, te dejo este descuento de Catástrofe Ultravioleta.

Por cierto, antes de despedirme, te cuento que el sábado 3 de octubre por fin fue el directo de Un tema Al día en el teatro Lope de Vega de la Gran Vía madrileña, con la participación sorpresa de Oksana Horin y Kayed Hammad. Si eres oyente habitual, seguro que los conoces. Y por si no sabes quiénes son: contaron durante meses para este podcast la invasión de Ucrania y el genocidio en Gaza desde sus respectivos países. Por eso este encuentro en persona fue una experiencia emocionalmente sobrecogedora y humanamente dura y preciosa. Es algo difícil de explicar. Por si te interesa, puedes escucharlo aquí.

Si te gustan los podcasts, no te pierdas el boletín del 25 de octubre, suscríbete si aún no lo has hecho o compártelo con otros para que cada vez seamos más. Yo, poco a poco, iré recopilando nuevas recomendaciones. Entre tanto, ya sabes: ¡Dale al play!

La representación legal de Jennifer Brito, desahuciada el 13 de octubre por falta de pago de la vivienda donde residía junto a sus dos hijos menores en el barrio de Pedro Hidalgo de Las Palmas de Gran Canaria, ha recurrido la diligencia por la que se ejecutó el lanzamiento, cuya nulidad pide.

Así lo ha informado este sábado en un comunicado el movimiento vecinal Derecho al Techo, que ha denuncia que la solicitud de protección presentada antes del desalojo, un informe municipal que declaraba la vulnerabilidad de esta familia, “no recibió una respuesta específica”, por lo que pide “que se examinen las posibles consecuencias jurídicas de esta omisión”.

El recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 9 de octubre de 2026, dictada por la plaza nº 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, se ha presentado el 15 de octubre y cuestiona que la resolución judicial “se remitiera a un auto anterior, de 9 de septiembre, sin dar una respuesta específica a las nuevas solicitudes de protección presentadas los días 1 y 8 de octubre, al amparo del Real Decreto-ley 29/2026, publicado el 7 de octubre y en vigor desde el día 8”, el conocido como decreto Maricarmen.

“La solicitud de protección se presentó antes del lanzamiento y debía examinarse conforme al régimen jurídico invocado por la defensa. El recurso sostiene que era necesario determinar expresamente si concurrían los requisitos para aplicar las medidas previstas en la nueva normativa y si correspondía suspender provisionalmente el lanzamiento mientras el tribunal resolvía mediante auto”, expone Derecho al Techo en su nota.

Este movimiento recuerda que la afectada “se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad social, económica y residencial” y que, “según el informe municipal de 13 de octubre de 2026, la unidad familiar carecía de una alternativa habitacional conocida que garantizara su alojamiento inmediato”.

Como este informe se emitió después de la diligencia recurrida, la defensa de Jennifer solicita que “el informe y las demás constancias documentales se incorporen y valoren en el procedimiento”.

“No se trata de exigir que los tribunales dicten necesariamente una resolución favorable a las familias, sino de reclamar que sus peticiones sean examinadas conforme a la legislación aplicable y que se resuelvan de manera expresa y fundamentada, especialmente cuando está en juego la pérdida de la vivienda habitual de una familia con menores”, asevera el escrito de Derecho al Techo. 

Nueve personas han sido detenidas en Asturias acusadas de estafar al menos a 80 personas, residentes en varias ciudades españolas, que cayeron víctimas de su engaño al ingresar en las cuentas bancarias de los miembros de esta red el dinero que creían que era destinado como fianza a la reserva del alquiler de una vivienda. La oferta se presentaba muy atractiva por tratarse de alquileres por debajo del precio del mercado.

Sin embargo, esta banda de la que formaban parte clanes familiares, había copiado las imágenes de anuncios de viviendas publicados en internet.

La Policía Nacional calcula que por este método han obtenido más de 80.000 euros y no descarta que pueda haber muchas más víctimas repartidas por todo el territorio nacional.

Cooperación entre comisarías

La mayoría de estas víctimas residen en Pamplona. Este hecho llevó a la Jefatura Superior de Policía de Asturias a pedir la colaboración de la Jefatura Superior de Navarra para tratar de tirar del hilo e intentar llegar hasta los autores de las estafas.

En una operación policial coordinada entre ambas comisarías, efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona y de la Brigada Local de Policía Judicial de Langreo lograron dar con los supuestos autores de estas estafas que no solo carecían de actividad laboral, sino que incluso algunos de ellos recibían ayudas sociales y otros mantenían un alto nivel de vida.

Las denuncias

La investigación se inició a principios de este año, cuando la Comisaría de Policía Nacional de Langreo-SMRA comenzó a recibir las primeras denuncias procedentes de varias ciudades españolas.

El análisis de las denuncias estableció una relación entre los hechos, que permitieron determinar la existencia de varios clanes familiares que, de manera sistemática, se dedicaban a la comisión de este tipo de delitos.

Copiaban anuncios de internet

Según el relato policial, los investigados aprovechaban la necesidad de las víctimas para encontrar pisos de alquiler a buen precio para ofrecerles alquileres por debajo del precio de mercado. La Policía asegura que ni siquiera tuvieron que recurrir a métodos sofisticados, ni complicados para convencer a las víctimas.

Su modus operandi era muy sencillo: buscaban en plataformas de internet de alquiler de pisos, o ellos mismos copiaban anuncios en los que se alquilaban inmuebles. Una vez establecido el contacto apremiaban al interesado para que realizara el pago de una cantidad de dinero en concepto de reserva, fianza, seguro o alquiler del inmueble. El pago se solicitaba por transferencia bancaria o por métodos de pagos telefónicos y, una vez recibido el dinero, dejaban de contestar el anuncio.

Presuntos autores y 'mulas'

La investigación permitió agrupar las denuncias, las gestiones de investigación solicitadas, la documentación bancaria y de movimientos de dinero, así como la identificación de los responsables y de las identidades suplantadas y de las llamadas “mulas”; personas que ofrecen sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado y que posteriormente transfieren a los responsables a cambio de una comisión.

Los presuntos autores habían abierto unas 115 cuentas bancarias en diferentes entidades; un número elevado de cuentas debido a que los propios bancos proceden al bloqueo preventivo cuando hay indicios de comisión de delitos.

Cuentas bancarias en el extranjero

La Jefatura Superior de Policía de Asturias asegura que esta circunstancia llevó a los ahora detenidos a Ecuentas en países extranjeros como Malta, Chipre o Sudamérica.

Con todas las evidencias reunidas se dio cuenta de la investigación al Tribunal de Instancia de Guardia de Laviana, solicitando la entrada y registro en los domicilios de los investigados.

Registros domiciliarios

Tras lograr autorización judicial, el pasado miércoles, día 14, se estableció un dispositivo policial para la detención de los investigados y la práctica de los registros en la localidad asturiana de Sotrondio con la colaboración de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

El resultado final de la investigación ha dado como resultado la detención de nueve personas, cinco de ellas integrantes del grupo criminal a los que se les imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal y otras cuatro con funciones de “mula” a los que se les imputa delitos de estafa. Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Laviana junto con el atestado policial y toda la documentación recopilada.

La investigación continúa abierta con el análisis de las evidencia recogidas en los registros que podrían aportar nueva información sobre los hechos investigados y nuevas detenciones.

La negociación para la equiparación retributiva de los empleados públicos extremeños ha echado a andar aunque la Junta ya ha aprobado los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027.

La Junta de Extremadura ha puesto sobre la mesa un compromiso financiero que supera los 110 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades, hasta el año 2030. Sin embargo, el arranque de las mesas sectoriales de negociación ha situado a las organizaciones sindicales en el centro del debate, ya que serán las encargadas de fiscalizar el reparto interno de unos fondos que consideran ajustados respecto a las necesidades reales de las distintas plantillas.

La propuesta articulada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública contempla una inyección global de cerca de 55 millones de euros para el personal de la Administración General. Este montante se ejecutará a un ritmo de 13,15 millones de euros al año durante los próximos cuatro ejercicios. La cifra abarca tanto las retribuciones directas como el coste derivado de la Seguridad Social y responderá, entre sus prioridades, a la ansiada homologación entre las categorías del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y las del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Por su parte, en la mesa sectorial de Sanidad, la Dirección Gerencia del SES ha presentado una partida plurianual que supera los 58 millones de euros hasta 2030, a razón de más de 14 millones de euros anuales para los aproximadamente 20.000 profesionales del ámbito sanitario. Según el Ejecutivo autonómico, este volumen inversor busca situar los salarios del colectivo en la media nacional de la sanidad pública, e incluso situar a determinadas categorías por encima de ese promedio.

La posición de los sindicatos

Los representantes de los trabajadores han recibido las propuestas con cautela y han recordado que el margen negociador ofrecido por la administración resulta acotado frente a la acumulación de pérdida de poder adquisitivo y las demandas pendientes en diversos subsectores.

En la mesa de Administración General, los agentes sociales deberán abordar una compleja tarea de priorización para decidir cómo se distribuyen las partidas entre las diferentes escalas y cuerpos. Desde la Dirección General de Función Pública se ha admitido que el margen financiero viene marcado por la disponibilidad presupuestaria global del ejercicio, en el que la Junta deberá afrontar cerca de 200 millones de euros en el capítulo de personal, de los cuales 164 millones responden a incrementos salariales generales y 8 millones al pago de la deuda pendiente del 2% del año 2020.

Sin embargo, las cifras ofrecidas por la administración han encontrado un rápido rechazo en el sector sanitario. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha calificado la propuesta del SES de “claramente insuficiente” tras detallar que el planteamiento de la Junta se traduce en un incremento retributivo lineal de apenas 40 euros mensuales por año hasta 2030. Aunque la organización considera un “avance” el inicio del diálogo tras meses de presión sindical, advierte de que el montante planteado queda muy lejos de lograr una equiparación real para los profesionales que sostienen la sanidad extremeña.

Asimismo, desde la central sindical se critica el carácter homogéneo del reparto diseñado por el Ejecutivo autonómico. La secretaria general de SATSE Extremadura, Elena Martín, ha defendido que cualquier proceso de equiparación salarial debe aplicar incrementos proporcionales a la cualificación, responsabilidad y competencias de cada categoría profesional. A la espera de recibir el documento formal por escrito, la organización avanzó que mantendrá la exigencia de mejoras sustanciales para las enfermeras, especialistas y fisioterapeutas del Servicio Extremeño de Salud.

¿Cómo ha cambiado el uso del espacio público durante los últimos 50 años? ¿Son hoy las calles, plazas y parques lugares más libres, abiertos y participativos? ¿Quién decide cómo se utilizan y qué papel desempeña la ciudadanía en su transformación? Estas son algunas de las preguntas que centrarán el coloquio 'Por otros 50 años de espacio público en libertad', organizado por elDiario.es Aragón, con el patrocinio de la Fundación Bernardo Aladrén y la colaboración de la Delegación del Gobierno en Aragón.

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 22 de octubre, de 19.00 a 21.00 horas, en el Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza –travesía de Nicolás Funes, 8– y reunirá a cuatro profesionales con trayectorias y experiencias muy diferentes para reflexionar sobre la evolución del espacio público durante medio siglo de democracia y los retos que plantea su utilización en el futuro. Para acudir, es necesario reservar plaza a través de este enlace.

Desde la planificación urbanística y la regeneración de los barrios hasta la irrupción de las nuevas tecnologías, la vigilancia, la convivencia o los conflictos por el uso de determinados espacios, el debate abordará una cuestión fundamental: cómo garantizar que las ciudades sigan siendo lugares de encuentro, participación y ejercicio de las libertades ciudadanas.

Cuatro miradas sobre el espacio público

El geógrafo y profesor de la Universidad de Zaragoza Paco Pellicer será el encargado de conducir la mesa redonda. Especialista en ordenación del territorio y medioambiente, fue director técnico del Consorcio Pro Expo Zaragoza 2008 y director general adjunto de la muestra internacional. Actualmente es uno de los impulsores de 'Zaragoza sueña fuerte', una iniciativa que plantea repensar el futuro de la ciudad desde la sostenibilidad, la cultura, la innovación y la participación ciudadana.

Pellicer introducirá el debate sobre la necesidad de recuperar y mejorar los espacios de convivencia, desde las plazas y parques hasta las bibliotecas y los equipamientos culturales, y sobre el papel de la ciudadanía en la construcción de una ciudad más habitable y cohesionada.

Daniela González, responsable de Comunicación de la Fundación Hermes, dedicada a identificar, difundir y defender los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, aportará la perspectiva tecnológica y su relación con el ejercicio de las libertades. Igualmente, abordará cómo las cámaras, los sensores, las aplicaciones y los sistemas de identificación están transformando la utilización del espacio público.

Su intervención planteará cómo aprovechar las posibilidades de la tecnología para mejorar la seguridad y los servicios sin normalizar una vigilancia generalizada, limitar derechos o excluir a quienes no disponen de herramientas digitales. También defenderá la importancia de incorporar a los jóvenes a las decisiones sobre el diseño y la gestión de los espacios que utilizan.

La arquitecta Patrizia Di Monte, cofundadora del estudio Grávalos & Di Monte y responsable del reconocido programa de regeneración urbana 'estonoesunsolar', analizará cómo ha evolucionado la concepción del espacio público y su relación con la democracia. Su experiencia en la recuperación de solares abandonados y su transformación en lugares de uso ciudadano servirá para reflexionar sobre quién decide el destino de los espacios urbanos y hasta qué punto sus habitantes participan en esas decisiones.

Di Monte abordará también la adaptación de las ciudades al cambio climático, la distribución de los espacios públicos entre los distintos barrios y las posibilidades de impulsar fórmulas de gestión compartida que refuercen el sentimiento de pertenencia de los vecinos.

Por su parte, Nacho Romanos, pionero del skateboarding en Zaragoza, propietario de Not Skate Shop y portavoz del Zaragoza Skateboarding Club, trasladará el debate a un conflicto concreto de la ciudad: el futuro del skatepark de Vía Hispanidad.

Romanos expondrá la oposición del colectivo a los proyectos urbanísticos que han amenazado la continuidad de estas instalaciones, especialmente en 2019 y 2025, y defenderá el derecho de los jóvenes a disponer de espacios públicos para practicar deporte y relacionarse. Su intervención permitirá comparar el tratamiento que reciben estas instalaciones en Zaragoza con el de otras ciudades europeas que apuestan por integrarlas en su trama urbana.

Una invitación a reflexionar sobre la ciudad que queremos

La mesa redonda pretende abrir un espacio de reflexión sobre las transformaciones que han experimentado las ciudades desde la recuperación de las libertades democráticas y sobre los nuevos desafíos que afectan al derecho de la ciudadanía a disfrutar del espacio público.

El encuentro pondrá sobre la mesa las tensiones entre los distintos usos de la ciudad, la planificación urbanística, los intereses económicos, las necesidades vecinales y las nuevas formas de participación, con la mirada puesta en los próximos 50 años.

El coloquio 'Por otros 50 años de espacio público en libertad' se celebrará el jueves 22 de octubre, entre las 19.00 y las 21.00 horas, en el Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza. La entrada es libre, aunque el aforo es limitado.

Un hombre de 87 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado a primera hora de este miércoles en la Carretera de la Corte de Badajoz. Como consecuencia del impacto, la víctima ha tenido que ser trasladada de urgencia hasta el Hospital Universitario de la capital pacense para ser atendida de lesiones de extrema gravedad.

Según los datos facilitados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el accidente se ha producido en torno a las 13:30 horas a la altura del número 35 de la citada vía pacense. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) que logró estabilizar al anciano en el lugar antes de su evacuación, así como patrullas de la Policía Local de Badajoz, que han abierto diligencias para esclarecer las causas del atropello.

Segundo atropello grave en Villanueva de la Serena

El suceso de Badajoz no ha sido el único accidente de tráfico registrado durante la jornada en la provincia pacense. Minutos antes, sobre las 10:35 horas, una mujer de 67 años resultaba herida tras ser alcanzada por un vehículo cuando caminaba por la calle José Gallardo de Villanueva de la Serena, a la altura del número 19.

La víctima ha sufrido la fractura de una pierna y diversas contusiones, motivo por el que ha sido atendida en el lugar por los servicios asistenciales del 112 y trasladada posteriormente en estado menos grave al Hospital Don Benito-Villanueva. En este operativo intervinieron una ambulancia de soporte vital básico del SES y efectivos de la Policía Local villanovense.

El Campamento Dignidad de Extremadura y el Sindicato 25 de Marzo han puesto en marcha en Mérida una oficina de asesoramiento gratuito dirigida a personas desempleadas y trabajadores con dudas laborales. El servicio estará atendido de forma voluntaria por Juan Carlos Nieto, el funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que fue expedientado por la administración tras atender a ciudadanos que acudían sin cita previa.

La iniciativa, según ha explicado este martes el portavoz del Campamento Dignidad, Juan Viera, nace para responder a la “mucha desinformación” y a las barreras tecnológicas que sufren colectivos vulnerables a la hora de realizar trámites burocráticos. Viera ha destacado el valor de contar con Nieto, al que califica como “gran conocedor de la materia”, asegurando que su labor “repercutirá directamente en beneficio de la clase trabajadora”.

Por su parte, Daniel Hierro, representante del Sindicato 25 de Marzo, ha detallado que la atención se prestará en la sede del Campamento Dignidad en Mérida el segundo y el último jueves de cada mes, en horario de 18:00 a 20:00 horas, arrancando la actividad este mismo jueves.

Además de la orientación en prestaciones y subsidios de desempleo, la oficina contará con un profesional experto en legislación laboral y ayudará en la obtención del certificado digital y la resolución de dudas sobre vulneración de derechos en los puestos de trabajo.

El propio Juan Carlos Nieto ha señalado que su objetivo es suplir las carencias que ha detectado durante su trayectoria profesional, ofreciendo una primera orientación clara para que los ciudadanos sepan “si tienen derecho a un subsidio, una prestación, o si deben ser derivados al Ingreso Mínimo Vital o a los servicios sociales”. Una labor con la que busca facilitar el acceso a la información frente a una “administración cerrada hacia los más vulnerables”.

Los centros de salud y consultorios locales de Extremadura dan este jueves el pistoletazo de salida a la campaña general de vacunación combinada frente a los principales virus respiratorios de la temporada: la gripe, la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS). La comunidad autónoma dispone para esta estrategia de más de 503.000 dosis dirigidas a proteger a los grupos prioritarios y más vulnerables de la región.

Con el objetivo de agilizar la cobertura y facilitar el acceso a los ciudadanos, el Servicio Extremeño de Salud (SES) volverá a habilitar en los centros de salud que lo soliciten turnos de vacunación por las tardes y sin necesidad de cita previa para la población diana. Además, en aquellos casos en los que coincida la indicación frente a la gripe y la covid-19, ambas vacunas podrán coadministrarse en un único acto.

La planificación económica de la Junta de Extremadura ha supuesto una inversión de más de 8 millones de euros para la compra de 359.350 dosis de vacunas antigripales y frente al VRS, a las que se suman 143.800 dosis contra la covid-19 suministradas directamente por el Ministerio de Sanidad. La campaña se prolongará inicialmente hasta el 31 de enero de 2027, aunque podrá mantenerse activa durante el mes de febrero en función de la evolución de la curva epidemiológica.

Refuerzo para mayores y ampliación del calendario infantil

En el desglose por patologías, el SES ha adquirido 337.350 vacunas antigripales adaptadas a las necesidades de cada perfil. Entre las novedades destaca la ampliación de la edad recomendada de vacunación escolar hasta los 11 años, un proceso que comenzó el 1 de octubre en los colegios con 52.000 dosis de la fórmula intranasal infantil.

Para la población mayor de 60 años, la región vuelve a apostar por la vacuna de alta carga Efluelda, reservando 200.000 dosis diseñadas para generar una respuesta inmunitaria reforzada que reduzca el riesgo de hospitalización y complicaciones graves. El dispositivo se completa con 85.000 dosis estándar (Vaxigrip) y lotes específicos en cultivo celular para personas con alergias graves al huevo.

Escudo contra el VRS y la covid-19

En el caso del virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de las bronquiolitis estacionales, el sistema sanitario regional cuenta con 7.000 dosis de nirsevimab (Beyfortus) para recién nacidos y lactantes, una inmunización sistemática implantada en la campaña 2023-2024 que ha logrado reducir drásticamente los ingresos hospitalarios en pediatría. Asimismo, se administrarán 15.000 dosis a mayores de 60 años institucionalizados en residencias y a personas con condiciones clínicas de alto riesgo.

Por su parte, las 143.800 dosis disponibles contra la covid-19 se destinarán prioritariamente a mayores de 70 años, usuarios de centros sociosanitarios, pacientes inmunodeprimidos o con patologías crónicas, embarazadas, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.

Las infraestructuras ferroviarias en la Raya vuelven a movilizar a la sociedad a ambos lados de la frontera. El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y la Cámara Municipal de Marvão celebrarán de forma conjunta el próximo domingo 25 de octubre la octava edición de la Marcha Transfronteriza Beirã-Valencia de Alcántara, que este año se convoca bajo el lema unitario 'Por un tren digno'.

El evento, que aúna el carácter deportivo con el sentido de protesta ciudadana, consistirá en una caminata de 12 kilómetros que conectará a pie las estaciones de ferrocarril de ambas localidades. La marcha arrancará a las 10:00 horas (hora española) desde la histórica estación de Marvão-Beirã, en territorio portugués, para completar el trazado hasta la estación de Valencia de Alcántara.

Para facilitar la participación y el traslado de los asistentes, la organización habilitará un servicio de autobús gratuito con salida desde el Parque de España de Valencia de Alcántara, que contará con un límite inicial de 42 plazas disponibles.

Una vez que las personas participantes completen el recorrido y alcancen la estación en suelo español, se desarrollarán los actos centrales de la jornada. Entre los momentos más significativos programados destaca la realización de un abrazo solidario simbólico y la lectura pública de la declaración institucional 'Por un tren digno', con la que ambos municipios volverán a reclamar mejoras sustanciales en las conexiones de tren a ambos lados de la Raya.

Tras el acto institucional, un servicio de autobús trasladará a los asistentes hasta el casco urbano de Valencia de Alcántara, donde la jornada concluirá con una comida de convivencia entre los vecinos y participantes de las dos comunidades transfronterizas.

El parlamento asturiano ha dado este miércoles luz verde a la Ley LGTBI+, una normativa que empezó a impulsarse la legislatura pasada, hace siete años, y que finalmente ha sido aprobada entre aplausos con el respaldo de los grupos de la izquierda, Partido Popular y Foro, y la única oposición de los cuatro diputados de Vox.

Asturias deja así de ser la única comunidad, junto a Castilla y León, que no contaba con una legislación propia en esta materia y con la que se busca garantizar y consolidar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales para erradicar la discriminación y asegurar que puedan vivir su orientación e identidad sexual sin menoscabo de sus derechos.

El consentimiento familiar

Durante la tramitación parlamentaria, PP y Foro decidieron respaldar el texto al conseguir introducir en el mismo la necesidad de contar con el consentimiento familiar para tratamientos de transición de sexo en menores de 16 años en el ámbito asistencial y sanitario, pero también en el educativo, ya que solo podrán adecuar su nombre sin el consentimiento de sus tutores los alumnos mayores de esa edad.

La norma autonómica introduce también un régimen sancionador propio para conductas discriminatorias, la prohibición explícita de las terapias de conversión en la red pública y concertada del Principado, presta especial atención al entorno rural asturiano con medidas dirigidas a combatir el sexilio y obliga a los centros educativos públicos y concertados a aplicar protocolos contra el acoso escolar LGTBIfóbico y a respetar la identidad y el nombre sentido del alumnado.

Las subvenciones

Además, prevé la sustitución del antiguo Observatorio contra la LGTBI-fobia por un órgano consultivo como el Conseyu de Participación LGTBI y contempla que en el sector público se tenga en cuenta a la hora de dar subvenciones la existencia de planes o estrategias para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género.

La ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBI, conocida también como Ley Trans, ha contado con reticencias de parte del movimiento feminista por el impacto que pueda tener en los espacios reservados por razón de sexo biológico o las medidas específicas contra la violencia machista.

Defender la igualdad

El popular Manuel Cifuentes ha reconocido que la tramitación no ha estado libre de discrepancias pero que su partido la va a votar con convicción, porque para el PP las personas de este colectivo son personas libres que tienen derecho a ejercer su proyecto vital como consideren, que no necesitan dogmas ni etiquetas, pero sí “que no se les señale, acose o agreda, algo que sigue pasando y por lo que es necesaria esta ley”.

No obstante, ha señalado que la apoya también con “espíritu critico” porque no es la ley que hubiese querido su partido, si bien ha elegido el camino de la responsabilidad, no ponerse de perfil y apoyar el texto tras conseguir el derecho de las familias a acompañar a sus hijos menores en decisiones trascendentales para su vida, entre otras aportaciones.

“Llega tarde, pero es oportuna”

Para el forista Adrián Pumares, aunque esta ley llega tarde, es oportuna porque garantizar la igualdad ante la ley son obligaciones fundamentales que tienen los poderes públicos y porque en una sociedad libre ninguna persona debe encontrar obstáculos para desarrollar su proyecto de vida por su orientación sexual o identidad.

La portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes ha mostrado su “profundo orgullo” por la aprobación de una ley que supone una conquista colectiva y que sobre todo habla de personas que durante mucho tiempo tuvieron que esconderse o fueron discriminadas y a las que hoy se las dice que“ su dignidad, derechos y vidas importan”.

“Vivir la vida en libertad”

Para la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, esta ley reconoce el derecho pleno a vivir la vida en libertad, con seguridad y con igualdad de oportunidades sin limitaciones, a decidir por uno mismo, a defender una identidad propia y a amar a unos o a otras.

La socialista Lidia Fernández ha advertido de que esta ley es necesaria porque todavía hay gente que tiene miedo, jóvenes que tardan años en decir quienes son, personas trans que se enfrentan a diario a prejuicios y discriminaciones y porque todavía hay insultos, acoso y violencia y mientra exista eso no se puede decir que la batalla por la igualdad ha acabado“.

Adoctrinamiento y privilegios

Desde Vox, Javier Jové ha dicho que a su partido no le importa con quien se acuesta la gente, pero que esta ley no va de eso, “va de imposición, de adoctrinamiento y de privilegios” y ha criticado al PP por apoyar un texto que “permite alegremente que menores de edad sean sometidos a tratamientos dañinos para su salud”.

“Es una ley carca que no va con los tiempos, que mantiene todo el aparato represor contra la libertad de conciencia, que impone un régimen brutal de sanciones y que otorga privilegios a una minoría militante”, ha afirmado Jové, que ha asegurado que en este proceso Vox no se ha sentido solo porque “han sentido el calor y el apoyo de las feministas clásicas”.

En su opinión, se esta haciendo ideología de algo muy serio, donde no importan las personas con disforia, que responde a una “dictadura de pensamiento”, que no va de la libertad para amar o acostarse con quien uno quiere: es una ley diverticida, totalitaria que pone en serio peligro la salud de los menores“.