La decisión de tirar, sin previo aviso, los pocos enseres de las personas sin hogar con la excusa de limpiar la calle ha despertado la indignación de colectivos y entidades del tercer sector. La decisión del Ayuntamiento de Madrid, sobre la que puso el foco del Defensor del Pueblo, que solicitó al consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida información sobre las actuaciones en este sentido, no es exclusiva de esta administración. “Esto es consecuencia de una política generalizada en España, que trata de gestionar las consecuencias del sinhogarismo pero no dedica a solucionarlo”, adelanta el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.

Lo sucedido en Madrid ha sido el penúltimo ejemplo de una decisión que perjudica a los más vulnerables, pero no es el único: desde sustituir bancos por sillas como parte del mobiliario urbano o colocar reposabrazos para impedir que las personas puedan dormir en ellos, hasta las protestas por los escasos recursos del centro de acogida Juan Luis Vives de Vicálvaro, cuyos trabajadores denuncian condiciones de “hacinamiento”, según adelantó la Cadena Ser.

Según aduce el mismo Caballol, bajo normas aparentemente cívicas se termina castigando a las personas en situación de calle. En mayo de 2024, alrededor de los Jardines del Turia, en Valencia, aparecieron unos carteles que avisaban del desmantelamiento del asentamiento de personas en la zona. Para llevarlo a cabo, se valieron de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, que prohíbe “tirar y abandonar en la vía pública toda clase de productos que puedan deteriorar el aspecto de limpieza de la ciudad”.

La intervención en Valencia se ejecutó bajo el mandado de la regidora del PP María José Catalá, sin acompañamiento de los servicios sociales y sin alternativa habitacional para los afectados, que acabaron reasentándose en otras zonas de la ciudad. Todo ello sucedió tras la puesta en marcha de otras medidas, como la prohibición del reparto de comida a las entidades sociales y la aprobación de una estrategia de arquitectura hostil con el objetivo de “evitar los asentamientos ilegales”, con el anuncio de la construcción de unos estanques en la zona donde antes vivían personas en situación de calle.

En Málaga, la ordenanza de Convivencia también puede afectar de manera directa, por medio de sanciones administrativas, a las personas en exclusión social, incluidas aquellas en situación de calle. A pesar de la oposición del sector social, la modificación realizada en esta norma en 2023, por el equipo del 'popular' Francisco de la Torre, no despenalizó algunas de las prácticas a las que se ven abocadas las personas en situación de calle. Por ejemplo, “cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse” o “lavar cualquier objeto” supone multas de hasta 750 euros.

“Estrategias hostiles para desalojar”

Según Hogar Sí, estas normativas sirven a los Ayuntamientos “como elemento promotor de estrategias hostiles para desalojar los asentamientos de personas en situación de sinhogarismo”. Otro ejemplo es Barcelona y su Pla Endreça, que recoge que la limpieza se establece como “uno de los ámbitos prioritarios de actuación del mantenimiento integral del espacio público”. Este Plan bebe de las ordenanzas de convivencia, sobre el uso de las vías y los espacios públicos, medio ambiente, circulación y la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La norma fue aprobada en julio de 2023 bajo el mandato del socialista Jaume Collboni.

Tal y como recalcan desde la entidad dirigida por Caballol, de las medidas derivadas de este Plan no solo se afirma la sanción de conductas incívicas, sino que también se promueve la denuncia del vecindario por medio de un portal online o a través de un número de teléfono. Una de las situaciones que animan a denunciar es la de “personas molestando en la calle”.

La Fundación Arrels, que trabaja con personas en situación de calle en la capital catalana, ha denunciado que desde que está en vigor este Plan han aumentado las multas, las amenazas de quitarles sus animales de compañía, tirar sus pertenencias o mojarlos para que se marchen de los lugares en los que viven.

Tenerife recula

Más allá de la geografía peninsular, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han intentado aprobar un reglamento de Atención Ciudadana que atentaba contra los derechos de las personas sin hogar. Tal y como expuso el propio Caballol en las alegaciones realizadas durante la tramitación del reglamento, algunos de sus artículos podían acabar con la denegación de entrada a las personas en situación de calle a los lugares en los que se ofrecen los servicios públicos municipales. En general, había una aportación al reglamento de una trabajadora municipal en la que se desprendían “diversos estereotipos o prejuicios relacionados con la higiene y la salud tanto física como mental de las personas en situación desinhogarismo”, afirma Hogar Sí.

El Consistorio tinerfeño está gobernado por José Manuel Bermúdez, integrante de Coalición Canaria, quien dirige el Ayuntamiento en coalición con el PP. En este caso, la alegación planteada por la entidad sí ha tenido el éxito buscado y el Consistorio ha modificado el texto propuesto para contemplar los requisitos establecidos por la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que protegen a las personas en situación de calle.

Alta tasa de pobreza severa en España

Según el informe de 2026 sobre El estado de la pobreza, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, la tasa de pobreza severa española se sitúa por encima del promedio de la Unión Europea (5,3%) y alcanza el 8%. Por encima solo queda Bulgaria (8,1%), Croacia (8,3%) y Letonia (9,8%).

Asimismo, el documento recoge que las transferencias del Estado juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la reducción de la desigualdad, aunque existe margen de mejora. En este sentido, las transferencias —entre las que se cuentan los ingresos por jubilación o el ingreso mínimo vital— evitan que un 22,4% de la población esté en pobreza, 11 millones de personas. Sin embargo, otros países que parten de situaciones parecidas logran reducir mucho más la pobreza gracias a políticas más eficaces. Al mismo tiempo, la Red Europea afirma que en los últimos años más personas acceden a prestaciones sociales, tanto entre la población general como entre la población en pobreza.

Iván Lendrino, representante de Pueblos Unidos en la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, ha criticado las últimas medidas impulsadas por el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno regional. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no permitirá utilizar el abono transporte a aquellas personas no empadronadas en la Comunidad, lo que golpea directamente a muchas en situación de calle. “La Administración toma decisiones sin tener en cuenta otras perspectivas y por el camino quedan los más vulnerables, los que no tienen papeles, los que vive en la calle”, ilustra el propio Lendrino.

Por su parte, Alberto Tabernero, responsable del centro de atención a personas sin hogar Acouga de A Coruña, gestionado por Accem, reivindica que la población en situación de calle tiene que tener “la misma capacidad a la hora de ejercer sus derechos y posibilidades de participación”. Por eso, tirar a la basura los enseres de estas personas supone “desposeerles de lo poco que tiene”, dice Tabernero, quien alerta que, en muchas ocasiones, en esa acción también se pierde documentación importante.

La aporofobia, concepto creado por Adela Cortina y desarrollado en ‘Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafía para la democracia’ (Paidós, 2025), también tiene consecuencias severas a la hora de facilitar la participación ciudadana a las personas más desfavorecidas. “Las personas sin hogar se ven excluidas de esta participación, lo que hace que la opresión que recae sobre ellas sea mucho mayor. Tanto a nivel político como el voto o a nivel administrativo con quejas, su capacidad de réplica es muy limitada”, finaliza el responsable coruñés.

Estas medidas se producen y alimentan contextos de desprecio por los más pobres. En abril de 2024 en Valencia un grupo de individuos intentó quemar vivo a un hombre sin hogar en la zona de la Ciudad de la Justicia. Al mes siguiente y en la misma ciudad, fueron detenidos 11 jóvenes por humillar y agredir a personas en situación de calle. Las normativas que de forma directa o tangencial golpean a las personas sin hogar conllevan la deshumanización, el primer paso para que puedan tener lugar este tipo de acciones.

La Confederación de Federaciones de Ampas de Canarias (Confapa Canarias) acaba de evaluar (de poner nota) el estado de la enseñanza pública en las islas y la gestión realizada por el Gobierno autonómico y la Consejería competente en esta materia durante el curso recientemente concluido, el de 2025-26. La conclusión, según una nota de prensa remitida a los medios de comunicación por el presidente de esa organización, el palmero Vicente Brito, es tajante: el Ejecutivo de Canarias “no progresa adecuadamente y no promociona”; o sea, suspenso con obligación de repetir curso.

Brito indica en el comunicado que “el Gobierno de Canarias solo ha vendido humo”, y sostiene que a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y a Poli Suárez, consejero de Educación, “les ha salido bien: no han tenido protestas en la calle y las que ha habido son de fuego amigo”. Ahora bien, prosigue Brito, “a Canarias sí le ha salido mal, tanto en la enseñanza pública no universitaria como en la universitaria, pues se sigue apostado por la privada a todos los niveles pero, con esa habilidad que han tenido, lo han logrado sin protestas sonadas”, y esto ha sido así, añade la misma fuente, “tal vez porque al otro lado había gente seria que pensaba que se sentaba a hablar con ganas de llegar a acuerdos que mejoraran lo público”.

A continuación, Confapa Canarias desgrana, punto por punto, la ley de mejora de la autoridad docente, que considera un “hábil movimiento para romper lazos entre sindicatos y asociaciones de padres y madres; de camino -dice el presidente-, se tiene a las organizaciones sindicales calladas, aunque lo único que se haya creado es un teléfono de la esperanza para los docentes”, critica Brito.

Tras esa conclusión general, Confapa entra a valorar o a desmenuzar la situación en distintos ámbitos de actuación, a saber:

-Infraestructura: “Todo depende de la isla y del que gobierne en los ayuntamientos. Si hay interés en el PP insular de La Palma, hay obras; si no, no, aunque en algún caso el consejero haya dado la palabra. Las palabras del consejero muchas veces se las lleva el viento. Hay alcaldes de CC o del PSOE que nos lo han hecho saber”.

-Inclusividad: “Se logró, desde la presión y la protesta, sentar en torno a una mesa a la Administración y logramos pactar un calendario. Pero, de repente, aparecieron plataformas con nuestro mismo discurso y la Consejería dejó de reunirse con nosotros. ¿Casualidad? A principios del año, vino la junta directiva de CEAPA a Lanzarote, invitada por la federación de padres de esa isla y el consejero no mandó ni a la directora insular y rehusó reunirse. Parece que al consejero le molesta que esta organización [Confapa Canarias]no se dirige desde Gran Canaria. Tenemos voluntad de trabajar, de sentarnos a dialogar por un modelo de educación inclusiva y pública, pero con documentos encima de la mesa, y eso no ha gustado al Gobierno (…). Hemos presentado propuestas y no se han respondido (…)”.

-Servicios complementarios: “Defendemos que los comedores deben ser gestionados desde lo público, un servicio público con personal contratado por el Gobierno de Canarias. No defendemos el catering, que al final es lucro para las empresas. Acogida temprana y tardía debe ser un servicio público gestionado y cubierto con personal público y pagado por el Gobierno de Canarias, así como el resto de servicios de acompañamiento, auxiliares de taller y un largo etcétera”.

-Ratios: “Suena bien la bajada de ratios, pero sin nuevas infraestructuras no se puede llevar a cabo en muchos centros, y ellos lo sabían. Todo ha sido una gran mentira que esconde de cero a tres años el aumento de la concertación y que está apretando las ratios en Bachillerato y cerrando ciclos de Formación Profesional (FP) en centros pequeños. En el fondo, se defiende la privatización de la FP y del Bachillerato, como ya está ocurriendo en comunidades gobernadas por el PP”.

-Las TIC: “Se han gastado muchos miles de euros en nuevas pizarras digitales, cuando ya se habla de que hay que volver al libro y ellos mismos las han prohibido de 0 a 3 años. Se han retirado pizarras digitales con menos de dos años de vida y no vemos en qué mejorará con esa fuerte inversión la educación de nuestros hijos e hijas. Han cambiado la plataforma para relacionarse con las familias, antes se llamaba Pincel Ekade y ahora será Doramas. Es un programa copiado de otro andaluz, también con gobierno del PP”.

-Consejo escolar de Canarias: “Hemos querido cambiar la representación que nos corresponde pero, desde el entorno del consejero, nos la han bloqueado”.

-Transparencia: “Nada de nada. Hemos preguntado mucho y el silencio es la respuesta; hemos pedido reuniones y se sirve la callada por respuesta”.

-Universidad: “Año tras año, hay un desastre en la PAU en algunas asignaturas: Matemáticas, Física… Y ¿cuál es el resultado? Transferencia de alumnos a la privada. ¿Y por qué desde la universidad se guarda silencio? Porque para ellos la docencia no es lo importante mientras sus plazas no corran peligro. El máster de docencia no se podía hacer en la pública, dinerito para la privada, y a precios de 8.000 euros”.

Como remate de esta valoración, Vicente Brito destaca que en Confapa Canarias “seguimos defendiendo que el objeto de las federaciones y asociaciones de padres y madres es la mejora de la educación de nuestros hijos e hijas. No somos organizaciones para prestar servicios que corresponden al Gobierno, no solo a la Consejería de Educación, y no podemos olvidar que la reforma del PP dejó mudas a las asociaciones de padres y madres y a los claustros de profesores, y así surgieron aquellas mareas verdes”.

Brito añade: “Entendemos que este Gobierno ha trabajado para enfrentar a la comunidad educativa y, para esto, ha encontrado socios activos. Nosotros seguiremos luchando por que el Gobierno de Canarias escuche a las familias, pues los padres y madres cambian gobiernos. Se lo dijimos a la anterior consejera y no nos hizo caso”, recuerda el presidente de Confapa Canarias.

Paula Calahorra cuida de Bruna, una ‘jack russell’ de casi seis años, que pasa gran parte del tiempo sola en casa mientras ella trabaja, así que, a través de un dispositivo biométrico, diseñado por una empresa de Asturias, puede consultar desde el móvil algunas de las constantes vitales o la actividad de la perra para saber cómo se encuentra en tiempo real.

De hecho, tras una pancreatitis, que obligó a ingresar al animal durante varios días, Calahorra pudo comprobar desde su trabajo en Madrid cómo evolucionaban las constantes de Bruna y, tras un aviso de la aplicación, decidió regresar a casa para llevarla al veterinario.

“Si la hubiera visto por una cámara, habría pensado que estaba durmiendo, pero gracias a los datos de la aplicación pude detectar que algo no iba bien”, subrayó.

Alerta a los propietarios

El dispositivo ‘wearable’, asociado a una aplicación móvil, que usan Paula y Bruna se llama AcuPet Health y se ha diseñado para favorecer la prevención y ayudar a los tutores a conocer el estado de salud de sus mascotas.

Este dispositivo, integrado en un arnés con sensores biométricos, permite conocer datos como la temperatura, las respiraciones por minuto tanto en reposo como en movimiento o el nivel de actividad de un perro adaptado a su perfil individual, de forma que los tutores puedan formar un mejor criterio sobre cuándo acudir al veterinario y ganar tranquilidad en su cuidado.

Mayor prevención en el cuidado

Sus creadoras, las hermanas Julieta, Cristina e Isabel Acuña han explicado que los algoritmos personalizados permiten compararlos con los valores habituales y alertar al propietario cuando se detectan alteraciones que puedan suponer un problema.

De esta forma, varias usuarias de AcuPet Health han coincidido en que la herramienta les ha permitido una mejor prevención en el cuidado de sus perros, al disponer de más información sobre su estado de salud.

La detección a tiempo

Por ejemplo, Irene González, que reside en Galicia, comenzó hace unos meses a utilizar el dispositivo con 'Titán', un perro para el que, pese a no presentar problemas de salud relevantes o enfermedades crónicas, resulta útil dada su avanzada edad, según ha explicado su dueña.

“En una ocasión, la aplicación me alertó de un aumento inusual de la temperatura y me indicó que debía ir al veterinario”, ha destacado González, y gracias a ello, descubrió una infección en una pieza dental que requirió tratamiento con antibióticos y que, ha asegurado, “no habría detectado de otra forma”.

Para González, “la manera de cuidar al perro no cambia, pero sí la tranquilidad sobre cómo lo estoy haciendo”, de forma que “ayuda a tener un cuidado súper responsable”.

Conocer los hábitos

Por su parte, Cristina de Diego considera que una de las principales ventajas del dispositivo ha sido conocer mejor los hábitos de su perro, Chester, ya que el seguimiento de su actividad y de sus constantes le ha permitido, entre otras cuestiones, “comprobar que necesitaba realizar más ejercicio del que pensaba”.

Además, la posibilidad de compartir los datos con el veterinario también supone, a su juicio, una gran ventaja, así como programar recordatorios para la medicación, una función que “facilita el seguimiento de los tratamientos”.

Según las responsables de AcuPet Health, el objetivo de esta herramienta es “pasar de una reacción tardía a una vigilancia más proactiva gracias a la detección temprana de desviaciones respecto al patrón habitual”.

El Gobierno de Asturias se ha sumado hoy a la petición de todas las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que el Ministerio de Sanidad reinicie las conversaciones sobre el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con el objetivo de definir un texto “consensuado, equilibrado y sostenible”.

Las diferentes administraciones consideran que la trascendencia de esta norma exige “el máximo consenso institucional y profesional”, por lo que reclaman retomar el diálogo “con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes”.

Reclaman el máximo consenso

En un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, las diferentes administraciones autonómicas defienden que una norma de la trascendencia del Estatuto Marco debe sustentarse en el máximo consenso institucional y profesional posible y contar tanto con quienes tienen la responsabilidad de gestionar los servicios sanitarios como con los profesionales que trabajan en ellos. También expresan su confianza en que su petición conjunta sea atendida.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha participado este miércoles por vía telemática en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Al finalizar la sesión, ha subrayado la importancia del estatuto marco, que considera “una norma fundamental para los profesionales y para toda la ciudadanía, porque indica el futuro del sistema sanitario público”.

Tras ofrecer colaboración institucional al ministerio, ha recordado que las competencias en materia sanitaria pertenecen a las comunidades.

“Somos responsables de la gestión directa de la salud en nuestros territorios y tenemos la obligación de intentar solucionar un conflicto que está perjudicando a los pacientes”, ha añadido.

La amenaza de huelga médica

En ese sentido, ha alertado de que la amenaza de huelga médica indefinida a partir de septiembre tendría serias repercusiones tanto en la salud de la ciudadanía como en el propio sistema sanitario a nivel nacional.

“En Asturias hemos hecho nuestros deberes porque nosotros hemos negociado, hemos alcanzado acuerdos que ya se han puesto en marcha y seguimos manteniendo el diálogo para avanzar en un nuevo modelo organizativo”, ha valorado. Según ha precisado, muchas de las medidas acordadas están relacionadas con cambios contemplados en el Estatuto Marco, especialmente en ámbitos como la flexibilidad laboral y la conciliación familiar.

La ministra de Transición Ecológica de Francia, Monique Barbut, no dimitará pese a la aprobación de una ley que reintroduce en el país dos pesticidas prohibidos en Francia, aunque legales en la Unión Europea. Barbout, que había ratificado este miércoles su intención de dejar el cargo, se ha retractado tras una conversación mantenida con el presidente francés Emmanuel Macron, según ha confirmado la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

La portavoz confirmó que la ministra dio marcha atrás por petición del propio Macron. “Llegaron a un acuerdo sobre tres pilares en los que trabajar: los bosques, el agua y la salud medioambiental”, señaló Bregeon, en una conferencia de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

La marcha atrás de Barbut ha causado sorpresa en Francia, tras un mensaje difundido este miércoles en su cuenta en la red social LinkedIn, en el que afirmaba que su decisión de dimitir era firme porque la política “no era” su “mundo”.

En ese mismo mensaje, la ministra hizo balance de sus nueve meses en el cargo aseverando que ha tratado de defender “lo que no se manifiesta, no vota y no grita”. Sin embargo, había admitido que “las fuerzas que se oponen” a esa agenda “se han vuelto tan poderosas” que ya no disponía de los medios para llevar adelante su proyecto.

Varios medios franceses ya había adelantado el martes, citando a fuentes cercanas a la ministra, que Barbout iba abandonar el Ejecutivo como consecuencia de la aprobación de la ley agrícola de emergencia, una iniciativa impulsada por el Gobierno macronista que ha generado una fuerte controversia dentro y fuera del Ejecutivo por permitir, bajo condiciones excepcionales, la reintroducción de dos pesticidas prohibidos en Francia.

Excepciones aun con vía libre

La ley de la discordia permite que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) autorice, de forma excepcional y bajo criterios estrictos, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona para un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas. Barbut, de 69 años, es economista y una reconocida experta en diplomacia climática. Fue nombrada ministra de Transición Ecológica, de la Biodiversidad y de las Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza en octubre de 2025.

Además, fue secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (2013-2019) y directora ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (2006-2012). También ocupó cargos de responsabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Agencia Francesa de Desarrollo, presidió WWF Francia entre 2021 y 2023 y participó en diversas misiones como enviada especial francesa para el clima y la biodiversidad.

Asturias es una de las comunidades autónomas que se consolidarán como refugio climático de aquí a mediados de siglo, cuando tres de cada cuatro españoles vivirán una alta exposición a noches tropicales, aquellas en las que la temperatura ambiental permanece por encima de los 20 grados, lo que dificulta el descanso adecuado.

Así lo apunta un estudio elaborado por Accumin Intelligence, la división de datos de Accumin, grupo empresarial al que pertenece la empresa de valoración y consultoría inmobiliaria Tinsa.

Noches tropicales

El estudio analiza el riesgo de sufrir noches tropicales en diferentes áreas de la geografía española, cuántas personas estarán viviendo a medio y largo plazo en zonas donde el riesgo es alto (entre 25 y 50 noches tropicales anuales) o muy alto (más de 50) y hasta qué punto las viviendas en esas zonas están adecuadamente preparadas para proteger a los ciudadanos de este riesgo climático por altas temperaturas.

El informe publicado este miércoles apunta que el número de españoles expuestos a noches tropicales está aumentando de forma sostenida desde el siglo pasado.

La población expuesta

En la actualidad, 23 millones de personas, el 46% de la población española, estaría expuesta a pasar más de 25 noches tropicales al año, frente al 25% que se encontraba en esta situación en el último cuarto del siglo XX.

Según el estudio, en el periodo 2041-2070 el riesgo se ampliaría hasta los 35 millones de personas, el 71%.

Acccumin Intelligence ha cruzado diferentes capas de información, como la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España, el padrón municipal y el catastro para generar un mapa intereactivo de noches tropicales con un nivel de riesgo asociado para tres escenarios temporales diferentes: periodo 1971-2000, 2011-2040 (presente aproximado) y 2041-2070 (horizonte de mediados de siglo).

Galicia y Baleares, los dos extremos

Las comunidades con más proporción de población expuesta a sufrir más de 25 noches tropicales al año en la actualidad son Baleares (98 % de la población), Comunidad Valenciana (89 %), Murcia (82 %), Andalucía (78 %) y Cataluña (77 %).

En las próximas décadas (periodo 2040-2071), la exposición alta y muy alta a noches tropicales llegaría al 100 % en Baleares, el 97 % en Andalucía y Extremadura, el 95 % en Murcia, el 94 % en la Comunidad Valenciana y el 90 % en Cataluña (90%).

En el extremo contrario, Galicia actúa como refugio térmico de la fachada atlántica, al mantener a la práctica totalidad de sus 2,7 millones de habitantes en exposición baja en los tres periodos analizados.

De cara a mediados de siglo, tampoco Asturias, Cantabria, País Vasco o Navarra alcanzarían el escenario de 25 noches tropicales.

El 40 % de las viviendas son ineficientes

El informe precisa que no todos los ciudadanos sufren de igual manera los efectos de la exposición a noches tropicales, ya que de ello depende también el estado de la vivienda en la que residen.

El análisis concluye que en torno al 60 % del parque de viviendas en España cuenta con una envolvente eficiente frente al calor, mientras que el 40% restante, donde habitan 10,4 millones de personas, son viviendas ineficientes que no protegen a sus ocupantes de la acumulación de calor nocturno “provocando situaciones de pobreza energética estival”.

Se trata de viviendas mal aisladas que funcionan como “una piedra al sol” que absorbe calor de día y lo devuelve de madrugada.

El calor nocturno

En Galicia y en la cornisa cantábrica, la envolvente de la mayoría de los inmuebles está pensada para el frío y limita también el calor nocturno.

Frente a ello, el 32% de las viviendas de Andalucía tiene “una envolvente de rendimiento estándar o deficiente frente al calor”, lo que implica que alrededor de 2,8 millones de personas dependen de equipos de climatización o de medidas de adaptación del edificio.

La Formación Profesional se ha convertido en la opción educativa preferida por los jóvenes gracias a sus altas tasas de inserción laboral, según Comisiones Obreras. En Madrid, donde la demanda ha aumentado un 85% entre 2018 y 2025, el crecimiento de la oferta se ha concentrado especialmente en los centros privados.

La comunidad lidera el podio de la privatización, seguido por Catalunya y Euskadi, sostiene el sindicato. “Distinguimos Madrid porque tiene un modelo bastante más privatizador que otras comunidades, así como datos bastante más preocupantes”, aclara la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La oferta privada en la región ha crecido un 122% (más de 50.000 estudiantes) frente al 58% de la pública. La red pública ha pasado de concentrar el 58% de las matrículas a un 49%, mientras alrededor de 60.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública durante el curso 2024-2025.

Así lo revela el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales, elaborado por Comisiones Obreras, que alerta de un modelo que deja sin plaza pública a miles de estudiantes madrileños. “La oferta pública ha aumentado, pero no al ritmo que la demanda. Cuando los jóvenes no encuentra los estudios que quieren en la pública, no les queda más remedio que optar por esta opción”, señala la secretaria de enseñanza pública de la Federación de Educación de CCOO Madrid, Inmaculada López.

El sindicato sostiene que Madrid ha “renunciado” a ampliar la red pública, convirtiendo el acceso a la Formación Profesional en “un privilegio condicionado por la renta y el código postal”. El informe llega meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un real decreto para limitar la apertura de centros privados y evitar la “mercantilización sin calidad” de estas enseñanzas.

Esta expansión también ha tenido un impacto económico para las familias. Estudiar un ciclo de Formación Profesional en un centro privado cuesta entre 3.000 y 6.000 euros anuales y algunas titulaciones especializadas pueden alcanzar los 16.000 euros, según el informe. Como consecuencia, el gasto medio familiar se ha duplicado en siete años, pasando de 1.069 euros en 2016 a 2.085 euros en 2023. “Es un problema grave. Se está haciendo negocio de un derecho y que su acceso dependa de la situación económica de las familias”, sintetiza la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La FP a distancia y la dual

El crecimiento no ha sido uniforme entre las distintas familias profesionales, ni en las modalidades. Según el sindicato, la oferta privada se ha concentrado en los ciclos con mayor demanda laboral, como Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico o Radioterapia, mientras la oferta pública madrileña no ha aumentado al mismo ritmo. El aumento también se ha trasladado a la modalidad a distancia: la oferta pública ha crecido un 185,4% y la privada se ha disparado un 659%.

Las cifras son todavía más elevadas en los grados superiores, donde la matrícula privada ha aumentado un 664%, frente al 206% de las públicas. El número de centros que imparten en esta modalidad se ha multiplicado por casi cuatro: de 28 en el curso 2018-2019 a 102 en el 2024-2025.

Desde el sindicato aseguran que esta modalidad supone para muchas empresas “coste cero y beneficio 100%”, ya que no requieren centro, ni materiales para su desarrollo. Sin embargo, los alumnos presentan mayor tasa de abandono escolar porque “hay menor conexión con la práctica real, falta el contacto humano y menos orientación para saber qué hacer después”.

La Formación Profesional dual combina la enseñanza en el aula con prácticas obligatorias en empresas. Comisiones Obreras advierte de que este modelo choca con la realidad del tejido empresarial madrileño. Según el sindicato, el 95% de las más de medio millón de empresas activas en la región son autónomos sin asalariados o microempresas de entre uno y nueve trabajadores, una estructura que, a su juicio, aumenta el riesgo de que parte del alumnado termine desempeñando funciones propias de un trabajador en lugar de recibir la formación prevista, convirtiéndose en mano de obra barata o en sustitución de puesto de trabajo.

Madrid, a la cabeza de la privatización

Madrid encabeza el ranking de comunidades con mayor peso de la Formación Profesional privada. Le siguen Catalunya, donde las matrículas privadas representan el 45,58% del total y Euskadi, con un 43,8%. Además, Madrid y Catalunya son las únicas comunidades que cobran por cursar la FP, mientras Castilla-La Mancha (10,85%) y Canarias (8,7%) registran la menor presencia de enseñanza privada.

La tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid es del 25,33%, según la Encuesta de Población Activa, por encima de la media nacional (23%). Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan se sitúa en el 8,56%.

El informe también foco en la brecha de género. Aunque cuatro de cada diez estudiantes Formación Profesional aseguran no haber recibido orientación sobre esta vía durante la ESO, solo el 4% de las alumnas afirma haber contado con información suficiente, frente al 14% de los alumnos. La desigualdad también se refleja en la elección de estudios; solo el 16% de las mujeres matriculadas en FP en Madrid cursa ciclos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las ramas con mejores salarios y mayor estabilidad laboral, según el sindicato.

Falta de transparencia de datos

Comisiones Obreras denuncia también la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante el proceso de admisión a la Formación Profesional. Según explica, este año los centros han dejado de publicar los listados de admitidos y las familias solo pueden consultar el resultado de su solicitud a través de la plataforma Raíces.

Esta decisión impedirá elaborar su habitual informe de escolarización y conocer cuántos estudiantes se quedan sin plaza pública en cada ciclo. “Han sabido retirar esos datos tiempos”, afirma San Millán, que considera que la medida busca evitar que se visibilice el déficit de plazas públicas.

El sindicato anuncia que estudiará acciones legales al considerar que la publicación de estos listados forma parte de un procedimiento de concurrencia competitiva y debe ser accesible para garantizar la transparencia del proceso.

“Es desolador, consciente y dirigido. Creo que tiene que ver con la huelga de octubre. Suficientes datos estamos dando, cifrar cuantos se quedarían fuera, sería otra losa encima”, insiste la secretaria.

Las propuestas de Comisiones Obreras

Entre sus propuestas, Comisiones Obreras reclama un plan plurianual para ampliar las plazas públicas y eliminar las listas de espera, un marco estatal que garantice estándares mínimos de calidad en la Formación Profesional. También solicita un sistema público de datos comparables entre comunidades autónomas, reforzar las garantías de la FP dual e incorporar orientación académica con perspectiva de género.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el sindicato exige unificar las instrucciones sobre el Proyecto Intermodular, hacer más transparentes los procedimientos para la captación de empresas, crear la figura estructural del prospector empresarial y establecer acuerdos marco que faciliten la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

Frente al tiempo expansivo de la infancia, el ajetreo cada vez más intenso de la vida adulta. Nos sorprendemos diciendo prácticamente cada día: “Perdona, no he tenido tiempo”. Incluso: “No me ha dado la vida”. ¿Cuándo empezaron estas frases a volverse ubicuas? ¿Cuándo empezamos nosotros mismos a decirlas y qué quieren comunicar realmente? ¿De verdad no tenemos tiempo… o solo nos sentimos ocupados?

“Es objetivo que nuestros horarios de trabajo son, en teoría, más reducidos que hace décadas (digo ”en teoría“ porque sabemos que las horas extra están ahí, o los empleos irregulares y sin contrato, en los que se explota a muchas personas)”, dice la filósofa Azahara Alonso. “En cambio, la tecnología permite nuestra disponibilidad, por lo que la desconexión digital se hace en muchos casos más difícil (por miedo a perder el empleo) y eso produce una sensación de tiempo ocupado en una alerta continua”, añade la también autora de Gozo (Siruela), un libro que “habla de la posibilidad de un placer casi sagrado, el de no hacer nada (o no hacer tanto, o no por necesidad)”.

Porque sentir que no tenemos tiempo es, casi siempre, sentir que no tenemos tiempo ocioso. Pero también, como apunta Alonso, que no poseemos ratos libres de las perpetuas interrupciones digitales que fragmentan nuestro día constantemente, lo que se ha dado en llamar “tiempo confeti”.

De nuestra relación con el tiempo habla precisamente Cronofobia (Arpa), del poeta y periodista Sergio C. Fanjul: “Hay investigaciones que dicen que eso del scroll infinito hace que nuestro cerebro no procese bien el tiempo, porque necesita hitos: que se haga de día, que se haga de noche, que haya cumpleaños, que pasen los meses… pero en las redes sociales, esos hitos no existen: te levantas por la mañana y están ahí, te acuestas por la noche y están igual. No se sabe qué hora es, son siempre lo mismo. Eso dificulta que el cerebro compartimente bien el tiempo, por lo que tenemos la sensación de que pasa más rápido”.

En llamada telefónica, Fanjul también menciona la disponibilidad constante a la que nos somete la tecnología, que hace que “el trabajo se haya desparramado por todo el horario”. Eso abarca no solo recibir un mail a las once de la noche, sino también el sentirse impelido a responderlo: “Simplemente por aprovechar, por ir haciendo”.

Hay investigaciones que dicen que eso del 'scroll' infinito hace que nuestro cerebro no procese bien el tiempo, porque necesita hitos: que se haga de día, que se haga de noche, que haya cumpleaños, que pasen los meses… pero en las redes sociales, esos hitos no existen

Sergio C. Fanjul — periodista y autor de 'Cronofobia'

¿Hacemos demasiado?

A pesar de que en el mundo preindustrial las tareas fuesen físicamente duras (ir a lavar al río, coserse la propia ropa, segar el campo), la actividad se organizaba en torno a labores concretas: limpiar, segar o coser son tareas manuales con un principio y un final reconocibles. Muchas, además, estaban alineadas con las estaciones o nos ponían en contacto con la naturaleza, lo que se sabe que proporciona calma a nuestro organismo. Y cuando acababan, llegaba ese momento del no-hacer.

Después llegó la industrialización, que cambió esa percepción del tiempo como algo ligado a tareas, acontecimientos y ritmos naturales hacia un tiempo medido por el reloj, abstracto, divisible y disciplinado. La fábrica exige entrar a una hora concreta para maximizar la jornada, necesita la sincronización entre trabajadores y máquinas, el control de pausas, la puntualidad y la medición del rendimiento por unidad de tiempo. Pero, de nuevo, cuando acababa ese tiempo laboral, medido artificialmente, se podía en muchos casos no hacer (especialmente, si eras un hombre y no tenías que ocuparte además de los cuidados).

Ahora, sin embargo, incluso el tiempo libre parece repleto de exigencia: “En una época anterior a las sociedades de consumo, la gran epidemia era el aburrimiento: tengo mucho tiempo y pocas cosas que hacer, o ninguna interesante. En un momento de consolidación de las sociedades de consumo y de capitalismo digital, el malestar generalizado es el contrario: no tengo tiempo y tengo muchas actividades muy valiosas, muy interesantes y muy importantes que hacer. Siempre que decimos ‘no tengo tiempo’ estamos dando cuenta de que vivir en el siglo XXI en esta sociedad significa estar estresado”.

Lo afirma Juan Evaristo Valls Boix, autor de JOMO. El gusto de perder. “El JOMO es la alegría de perderse cosas, la rebelión ante los imperativos del goce total, un canto a la libertad entendida como holganza y holgura”, se lee en su contraportada. Para el filósofo y escritor, esa sensación constante de no tener tiempo se deriva del tener que hacer constantemente más: “Siempre hay algo más que podríamos haber hecho, consumido, vivido… Vivimos en un sistema donde se concibe que el sentido de la vida es el éxito y, por tanto, la superación personal y el crecimiento; un crecimiento que se puede hacer a través del trabajo, de la acumulación de experiencias, de la acumulación de amantes y cuerpos, etcétera”.

O, como resume Fanjul: “Cuando trabajas, trabajas, y cuando no trabajas, produces para el sector del ocio: tienes que hacer viajes, hacer excursiones, ir a los restaurantes guays que salen en Instagram y todo eso hace que el tiempo desaparezca, porque hay muchos compromisos sociales, hay muchos compromisos experienciales. Ni siquiera cuando tienes que estar tranquilo puedes estarlo”. Y eso pasa cada día, pero también cada año: como el autor indica, tampoco en la vejez, una etapa que antes se presuponía tranquila, cede el nivel de exigencia ante la ocupación del tiempo. “Tienes que vivir una nueva juventud, viajar, tener experiencias significativas, adquirir nuevos hobbies…”.

Pero ¿cómo no formarnos, pudiendo hacerlo? Cómo no leer más libros, ver más conciertos, ir más al teatro si no queremos quedarnos atrás, si queremos empaparnos de la vida y ser mejores personas incluso. Cómo renunciar a lo que para muchos es la propia identidad, en lo que es una potentísima interiorización de comportamientos, en realidad, capitalistas (¿a quién le interesa en realidad que consumamos más ocio, sino a las industrias culturales y turísticas?).

Vivimos en un sistema donde se concibe que el sentido de la vida es el éxito y, por tanto, la superación personal y el crecimiento; un crecimiento que se puede hacer a través del trabajo, de la acumulación de experiencias, de la acumulación de amantes y cuerpos, etcétera

Juan Evaristo Valls Boix — filósofo y autor de 'JOMO. El gusto de perder'

Delitos contra el tiempo

Fanjul dedica un capítulo de Cronofobia al Instituto del Tiempo Suspendido, una pseudoinstitución que “nace de la necesidad de reapropiarnos del tiempo de vida expropiado, constante y diariamente, en nuestras sociedades capitalistas. Una manera de pasar de ‘la vida no me da’ a ‘yo tengo mi ritmo’”. Una de sus performances consiste en preguntar a la gente por los delitos contra el tiempo que han cometido, tipificados en su Código cronopenal. Si has metido prisas a los demás, si intentas llevar un plan de vida que se ajuste a la normatividad temporal (una juventud llena de experiencias alucinantes de descubrimiento, después la formación de una familia, más tarde la compra del chalet, etcétera), te sentencian como cronoterrorista y te imponen una cronopena para que te alejes de tus vicios. Por ejemplo, abrazar la lentitud o no terminar tareas que has empezado.

Es probable que la experiencia haga pensar a más de uno. Pero salirnos por completo de la rueda de hámster en la que parecemos inmersos, gritando a cada rato: “¡No tengo tiempo, no tengo tiempo!” conlleva probablemente algo más que una performance. Aunque, ¿es deseable? A veces pareciera que estar permanentemente ocupado es ser alguien, ser importante. La pereza, incluso en días festivos, se mira con desdén (de ahí la culpabilidad que sentimos al ‘perder el tiempo’).

“Si alguien con un empleo (o varios) que no le permite apenas pagar el alquiler y la cesta de la compra, que se hace cargo del mantenimiento de su casa y de ciertos cuidados de otras personas, dice que no tiene tiempo para nada, en ese caso, es una realidad material, sin duda. Las clases populares están sometidas a una carga de trabajo, mental y de disponibilidad increíble e injusta. En cambio, cuando alguien perteneciente a las clases acomodadas dice ‘no me da la vida’, da cuenta de cómo la percepción de un tiempo acelerado es más generalizada en nuestra cultura hoy, independientemente de a qué dedique ese tiempo”, indica Alonso. “Mi impresión es que la ociosidad solo parece problemática si la ejercen las clases trabajadoras, a las que en ese caso se les acusa de pereza o vagancia. En cambio, a las clases acomodadas no se les critica la ociosidad; al contrario, se considera que, aunque sea heredada, se la han ganado. En esto yo no puedo ver más que una regulación moral”.

Quizá por eso, como apunta Fanjul, las tentativas de minimizar las horas laborales no han cosechado demasiados apoyos ni siquiera entre la izquierda. El mantra de que el trabajo dignifica, de que debemos ser empresarios de nosotros mismos y maximizar el beneficio de cada uno de los segundos que pasemos vivos ha calado hondo en personas de toda ideología. Como dice Valls: “Esa lógica es como la ley de la gravedad. Podemos quejarnos de ella, pero no aspiramos a cambiarla”.

Hacia una nueva concepción del tiempo

En Jane Eyre, de Charlotte Brontë, las clases acomodadas juegan, se afanan en jugar. Al ajedrez, al billar, a las charadas. Remueven toda la casa para encontrar chales, mantas, jarrones, baúles, cualquier cosa que pueda servir de atrezo para representar elaboradas escenas que el otro equipo adivine. Encuentran en este propósito mucho placer, pues su sociedad está marcada por la falta de estímulos.

Conforme la sociedad se va haciendo cada vez más consumista, los placeres se sofistican. Se pierde la dicha del juego libre, sencillo, no digital, que queda reservado para la infancia (cuando la infancia tiene tiempo libre, que entre colegio, extraescolares y campamentos varios, cada vez es menos a menudo). Ya se dieron cuenta los situacionistas, como apunta Fanjul. Ellos, muy críticos con la deriva capitalista del tiempo, practicaban ‘la deriva’: un paseo que abandonaba los recorridos habituales, las obligaciones y los motivos funcionales de desplazamiento para explorar la ciudad a través de lo lúdico. Para descubrir, jugar, dejarse afectar.

No creo que haya un espacio o actividad libre, per se, de la lógica del rendimiento. Esa lógica del rendimiento es un sistema y una ideología que funciona a la perfección y por eso se filtra incluso en ámbitos inimaginables, como lo íntimo

Azahara Alonso — filósofa

Ese paseo continuo es también el que Valls propone como camino posible: “Parece que la vida está aquí para aprovecharla y realizarse, como si fuéramos una especie de inversores de nosotros mismos. Tenemos que crecer, tenemos que superarnos, progresar… Pero es mentira. La vida ni es un camino único en línea recta, ni es un espacio de superación constante. No hay ningún sentido, ni ninguna meta, ni ningún lugar al que llegar: es solo tiempo que perder explorando. Aprender a vivir es aprender a perder, y la gracia de ese camino, de ese bosque en el que nos perdemos (perdón por la metáfora salvajemente cursi) es que podamos hacerlo acompañados”.

Quizá estemos, pese a todo, cada vez más cerca de esa ‘deriva’. Fanjul menciona en nuestra conversación la Gran Renuncia, la extraordinaria oleada de dimisiones voluntarias que se dio en Estados Unidos tras la pandemia. Valls, por su parte, detecta un cambio de ciclo, una nueva sensibilidad que nos hace darnos cuenta de que una sociedad en la que la ansiedad, el burnout, la fatiga crónica y la depresión son tan comunes probablemente no merece la pena: “Empezamos a dibujar un imaginario de vida buena que no tiene en el centro la felicidad como acumulación capitalista existencial de experiencias, sino la tranquilidad: poder desaparecer, poder estar con las amigas, tener tiempo libre, tener espacios libres, plazas, parques. Un proyecto que no sea necesariamente capitalista, donde la vida se valore por su vulnerabilidad o por su interdependencia y no por su éxito”.

Para conseguirlo, Alonso plantea cambiar la mirada: “No creo que haya un espacio o actividad libre, per se, de la lógica del rendimiento. Esa lógica del rendimiento es un sistema y una ideología que funciona a la perfección y por eso se filtra incluso en ámbitos inimaginables, como lo íntimo. Por lo tanto, para evitarlo tendríamos que adoptar otra lógica. Sería como cambiarse esas gafas que constituyen la ideología como forma de vivir por otras que pongan por delante otros valores. Y esas gafas existen; los ricos las llevan siempre puestas, pero no quieren que las demás las usemos”.

Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

Son el principal motor de la industria del deporte, representan a países enteros que no esperan de ellos y de ellas nada más que la excelencia, pero la nueva realidad climática está poniendo al límite su rendimiento físico y su salud y, de momento, las medidas de adaptación en su sector siguen siendo insuficientes.

Sin ir más lejos, el pasado 12 de julio la dirección del Tour de Francia tuvo que recortar en 30 kilómetros la novena etapa por la previsión de altas temperaturas. Durante la carrera se vio a los corredores echarse constantemente agua por encima mientras las asistencias ofrecían bidones sobre la marcha. El número uno mundial de los pedales, el esloveno Tadej Pogacar ha dicho estos días: “Cambiaría el calendario para que no hubiera carreras en sitios calurosos en julio y agosto”.

Héctor Bellerín, futbolista del Real Betis, entrena y juega en la comunidad autónoma más cálida de España y, para él, las temperaturas récord que sufre el mundo son un tema serio dentro y fuera del fútbol, explica a elDiario.es: “El calor extremo tiene una repercusión demasiado grande a la hora de poder hacer mi trabajo. Cuanto más fatigado estás física y mentalmente, más difícil es tomar decisiones correctas en el campo. Esto lo notamos especialmente al final de los partidos”.

Ricardo Mora-Rodríguez, doctor en Fisiología del Ejercicio, opina que “el clima actual va en detrimento del espectáculo inherente al deporte, porque, por ejemplo, si en un partido la fatiga por calentamiento les llega a los futbolistas en el minuto cuarenta y cinco, en la segunda parte lo que vamos a ver es a profesionales reduciendo su número de sprints porque saben que su cuerpo no va a poder dar mucho más”.

De hecho, este tema ha sido sobradamente comentado desde que comenzó el Mundial debido a un estudio publicado por Climate Central que estimaba, en definitiva, que este iba a ser un mundial más lento y aburrido en el que alrededor de 97 partidos se disputarían en condiciones desfavorables.

Un colectivo vulnerable al estrés térmico

Los deportistas de élite son uno de los perfiles poblacionales más vulnerables al estrés térmico. “Se exponen a tres niveles de gravedad. El primero son los calambres por calor, el segundo el agotamiento por calor y el último, el golpe de calor, que en los casos más extremos puede derivar en coma”, explica Mora-Rodriguez.

“Yo sufrí hace unos años una rabdomiolisis. Comencé a orinar muy oscuro. Fue después de un entrenamiento y era por deshidratación. Tuve que pasar una noche ingresado”, cuenta Bellerín. “No solo me quejo por nosotros. También me preocupan el resto de trabajos en los que alguien tiene que estar, por ejemplo, a 40 grados poniendo placas fotovoltaicas. Nadie debería tener que exponer su salud por su trabajo”, prosigue.

Además, apunta, los aficionados también se están viendo afectados —sufriendo en ocasiones golpes de calor durante los partidos— porque muchas veces “tampoco tienen sombra”.

Para prepararnos, desde hace unos años montamos la bici dentro de casa, ponemos los calefactores a tope, y comenzamos a pedalear

Mireia Benito — Ciclista profesional

Mireia Benito, ciclista que ha logrado este año el doblete nacional en el Campeonato de España femenino —y que participó en los Juegos Olímpicos de 2024—, también está preocupada. “En esas condiciones enseguida notas que tu cuerpo no funciona de manera normal. La cabeza, las piernas, los músculos, todo deja un poco de funcionar. A mí me suelen dar escalofríos, que son una muestra de desregulación de todo el sistema”, dice.

“Para prepararnos, desde hace unos años montamos la bici dentro de casa, ponemos los calefactores a tope y comenzamos a pedalear. Mientras, un sensor mide la temperatura interna de nuestro cuerpo. Llega un momento en el que nos cubrimos enteras con un traje como de astronauta del que solo nos sobresale la cara y, en cierto momento, el sensor nos avisa de que estamos en una zona de riesgo. A partir de ahí, tenemos que aguantar entre un mínimo 15 minutos y un máximo una hora”, explica.

Según sostiene el doctor en Fisiología, el deporte más vulnerable al estrés térmico es el atletismo. Azucena Díaz, corredora, además de ganar la media maratón de España en 2009, 2010, y 2012 y de 10km en ruta en 2018, también participó en los Juegos Olímpicos de 2016, un año que fue especialmente tórrido. A día de hoy, ocupa el cuarto lugar entre los más cálidos desde que existen registros, solo por detrás del período 2023-2025. Díaz, mientras competía, prefería no mirar a los lados. “Muchas compañeras se iban quedando por el camino. Muchas tuvieron que ser atendidas”, explica.

Tres años después, la maratón femenina del Mundial de Atletismo de Doha se convirtió en una de las pruebas con mayores tasas de abandono de la historia de la competición por el calor (33ºC) y la humedad (73%). 40 de las 68 atletas abandonaron la prueba por estas condiciones.

Hubo momentos de la maratón que notaba que se me iba la cabeza

Azucena Díaz — Corredora de fondo profesional

En este sentido, la evidencia emergente indica que el cambio climático limitará cada vez más las condiciones necesarias para lograr récords deportivos “Hubo momentos de la maratón que notaba que se me iba la cabeza. Además de eso, mi sensación era que podía ir más rápido, pero el calor no me dejaba. Y, si yo arriesgaba, no sabía si iba a llegar a meta. Si hubiera habido veinte grados menos, obviamente yo hubiera hecho un crono mejor”, afirma.

Un modelo obsoleto ante las proyecciones climáticas

Desde la primera edición en 1903, la mayor parte del Tour de Francia se ha disputado durante el mes de julio; LaLiga de fútbol sigue arrancando la temporada en pleno agosto; mes en el que también tendrá lugar este año el Campeonato Nacional de Atletismo—; el Mundial se está jugando en verano en países como Estados Unidos, Canadá, o México, y en 2030 se ubicará en España, Portugal, y Marruecos. Son solo algunos de los ejemplos de un modelo deportivo que aún no logra aterrizar en el presente.

Los esfuerzos en el sector de la economía deportiva para adaptarse siguen fragmentados y, a menudo, limitados a industrias o regiones específicas, pero “para lograr avances significativos se requiere una acción global coordinada con todos los actores involucrados”, reclama el Foro Económico Mundial a través del informe Sports for People and Planet elaborado junto a la consultora Oliver Wyman. Y advierte de que el mundo del deporte podría perder hasta un 14% de sus ingresos anuales (más de 2 billones) para 2030, entre otras cosas, por el cambio climático. “Su economía depende en gran medida de condiciones ambientales estables. Más del 90% de los derechos de medios y el 76% de los ingresos por patrocinio en el deporte profesional están vinculados a actividades al aire libre”, señalan.

El mismo fútbol se está haciendo daño a sí mismo

Hector Bellerín — Futbolista del Real Betis

Pero, paradójicamente, mientras el deporte es devorado por el calor, también contribuye a echar más leña al fuego. Tanto es así que este Mundial de fútbol está siendo el más contaminante de la historia. “El mismo fútbol se está haciendo daño a sí mismo. Uno de los mayores patrocinadores del Mundial es una petrolera de las que más contaminan en el mundo”, denuncia Bellerín. La industria global del deporte genera alrededor del 0,6% de las emisiones globales de CO2. Es decir, más que toda la economía española.

‘Cooling breaks’, cambios de horarios, y mucho hielo

Ante este escenario, en varias disciplinas deportivas sí se están adoptando algunas medidas de adaptación. En ciclismo y en atletismo se han reforzado medidas como el suministro de agua, hielo y bebidas frías, además de los puntos de avituallamiento —aunque hay mucha desigualdad entre distintas categorías—, y los reglamentos ya permiten en algunos casos retrasar la salida o modificar el recorrido cuando las condiciones son extremas.

En fútbol, como estamos viendo, se están implementando las cooling breaks, que, pese al revuelo que han originado, son recomendadas por expertos como Mora-Rodríguez, aunque hay quienes exigen que se amplíen a 6 minutos para ser realmente efectivas. También se pueden cambiar los horarios y se han reforzado las medidas de enfriamiento (disponibilidad de agua, hielo, toallas frías, etc.).

Una de las claves es que hay personas más sensibles que otras al calor

Ricardo Mora-Rodríguez — Doctor en Fisiología del Ejercicio

En los tres deportes se está, además, experimentando en menor o mayor medida con materiales que ayudan a disipar el calor durante el ejercicio —bandas en la frente, prendas diseñadas con la última tecnología, etc.— y con estrategias de aclimatación, como la que usa Benito. Pero entidades como el Comité Olímpico Internacional y el Centro Global de Adaptación son claras: además de todo esto, falta elegir cuidadosamente las fechas y los lugares; falta sombra, techos o aire acondicionado cuando sea posible; una correcta monitorización ambiental para evaluar el riesgo antes de aceptar el evento o para preparar adecuadamente a los atletas y organizadores; y más planes de contingencia/flexibilidad para poder reprogramar todo más fácilmente en caso de riesgo.

Las fechas, en el punto de mira

Pero una de las claves, según Mora-Rodríguez, es que hay personas más sensibles que otras al calor. “A todos les va a perjudicar de una manera u otra, pero dentro de un grupo, pese a seguir las estrategias de aclimatamiento, habrá a quien el calor le pueda afectar un diez y a quien le vaya a afectar un treinta, y el primero tendrá ventaja sobre el segundo”.

“Tenemos que preguntarnos qué queremos verdaderamente. ¿Queremos el máximo rendimiento de los ciclistas y que cada uno pueda exprimirse al máximo? De ser así, quizás tenemos que hablar, sobre todo, de calendarios. Yo creo que ahí tenemos mucho margen de mejora. Podríamos, por ejemplo, intentar evitar el sur todo lo posible durante los meses de verano”, expresa Benito.

Bellerín también apunta hacia las fechas: “Nuestra temporada podría tener menos partidos para poder distribuirlos a lo largo de un calendario en el que no se esté jugando durante los meses de máximo calor”, dice.

Desafortunadamente, según el Comité Olímpico Internacional, se espera que el nivel de estrés térmico ambiental que experimentan los deportistas de élite siga aumentando en los próximos años. La situación será especialmente dura en los puntos más calientes y empobrecidos del planeta, que de momento no tienen tanta capacidad para adaptarse. Pragnya Mohan, triatleta profesional indio, durante la COP29 explicó que desde hace unos años se ve obligado a entrenar en Reino Unido porque en su país natal los veranos son tan calurosos que es imposible hacerlo allí.

La cosa está en que no seamos nosotros los que nos tengamos que adaptar a situaciones desfavorables, sino que esas situaciones no se den

Hector Bellerín — Futbolista del Real Betis

Todos esperan que no tenga que pasar algo grave para que se aceleren las medidas de adaptación, y la corredora Díaz aprovecha para recomendar a los corredores amateurs que lleven mucho cuidado en las maratones: “No se puede pretender correr con treinta grados como si hubiera diez. Hay que bajar el ritmo e hidratarse correctamente”.

“Cuando la gente vaya a ver un partido, igual cinco minutos antes pensará: ‘Hostia, qué calor hace’, pero en el momento en el que comience a rodar el balón, seguramente dejará de pensar en eso, y esperará que su equipo juegue lo mejor posible, y es entendible, pero por eso creo que es importante que el problema se acate antes del partido. La cosa está en que no seamos nosotros los que nos tengamos que adaptar a situaciones desfavorables, sino que esas situaciones no se den”, resume el futbolista.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha habilitado el procedimiento para la devolución de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la ordenanza fiscal. Los contribuyentes que ya abonaron el recibo podrán recuperar las cantidades pagadas mediante un recurso o a través de una revisión de oficio, según cada caso.

Con el objetivo de facilitar el proceso, el Consistorio ha publicado una guía informativa en la Oficina Virtual Tributaria en la que explica, paso a paso, cómo debe actuar cada contribuyente según su situación, la documentación que debe aportar y los canales habilitados para presentar solicitudes o recibir asesoramiento.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, aseguró que el procedimiento busca ofrecer “las máximas garantías jurídicas” y facilitar que todas las personas afectadas puedan recuperar las cantidades abonadas “con la máxima información y acompañamiento”.

Qué deben hacer los contribuyentes

Las personas que ya abonaron la tasa deberán comprobar si todavía se encuentran dentro del plazo legal para presentar un recurso de reposición. Este periodo es de un mes desde el día siguiente a la notificación de la liquidación o, en el caso de quienes descargaron el recibo y lo pagaron a través de la Oficina Virtual Tributaria, desde el día siguiente al pago.

Quienes aún estén dentro de ese plazo podrán solicitar la devolución mediante un recurso de reposición por ingresos indebidos, alegando la nulidad de la liquidación. Para agilizar el trámite, el Ayuntamiento ha elaborado dos modelos normalizados: uno para las liquidaciones notificadas de forma fehaciente y otro para quienes realizaron una autonotificación a través de la plataforma telemática.

Revisión de oficio para quienes ya no puedan recurrir

Los contribuyentes cuyo plazo para presentar recurso ya haya expirado no tendrán que realizar ninguna gestión. Aunque jurídicamente esos pagos son actos firmes, el Ayuntamiento iniciará una revisión de oficio por razones de equidad con el objetivo de devolver también esas cantidades y garantizar un trato igualitario a todos los afectados.

Qué ocurre con los pagos fraccionados

El Consistorio ha suspendido de forma inmediata todos los cargos pendientes correspondientes a fraccionamientos ya aprobados y no emitirá nuevos recibos bancarios. Si alguna persona ya hubiera abonado alguna cuota, el importe también será reintegrado mediante el procedimiento de revisión.

En los casos en los que el fraccionamiento hubiera sido solicitado pero aún no aprobado, las peticiones serán archivadas y la deuda quedará anulada de oficio.

Si aún no has pagado, no debes hacerlo

Las personas que recibieron la liquidación pero todavía no la han abonado no tendrán que realizar ningún pago ni presentar recurso alguno, ya que el procedimiento de cobro permanece paralizado tras la anulación de la ordenanza.

Cómo solicitar la devolución

Las solicitudes podrán presentarse a través de la Oficina Virtual Tributaria, en las Oficinas de Atención al Contribuyente y de Asistencia a la Ciudadanía, en las oficinas municipales del edificio Metropol y de los distritos, en los quioscos digitales o en cualquier oficina de registro habilitada. Además, el Ayuntamiento ha habilitado los teléfonos 010 y 928 446 600 para resolver dudas sobre el procedimiento.

Las personas físicas deberán aportar junto al recurso el justificante del pago realizado y un documento acreditativo del número de cuenta bancaria (IBAN) del que sean titulares o cotitulares. En el caso de las personas jurídicas, además del justificante del pago, será necesario presentar el formulario de alta o modificación de terceros debidamente cumplimentado y firmado.

Toda la información, los modelos de recurso y la guía práctica para tramitar la devolución ya se encuentran disponibles en la página web y en la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Activistas de Greenpeace han desplegado este viernes una pancarta gigante en el arco de Moncloa (Madrid) con la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las palabras “Pedro, cumple tu palabra” para “recordarle” que “no debe ceder a la presión del lobby energético y empezar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en 2027”, según el comunicado emitido por la organización ecologista.

Aunque la central extremeña tenía previsto cerrar en el año 2027, el pasado jueves el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento hasta 2030. Las eléctricas copropietarias de la central, Iberdrola, Naturgy y Endesa, habían solicitado esta prórroga para una central que genera cerca del 15% de las necesidades eléctricas de la Comunidad de Madrid y el 7% de la demanda española.

“Como en Greenpeace entendemos que [Pedro Sánchez] tiene encima al oligopolio energético haciéndole una inmensa presión, nuestras escaladoras han querido ponerle el mensaje en grande y cerca de su oficina por si se le olvidara”, han ironizado los ecologistas.

La organización subraya que después del cierre de Amaraz, el Gobierno deberá cerrar progresivamente el resto de centrales españolas hasta terminar con la de Trillo (Guadalajara) en 2035. “Si no las cierra, el admirado modelo energético español, basado en el sol, el viento y el agua; se va al traste”, advierten.

La decisión final está ahora en manos del Gobierno que será el responsable de decidir si la central seguirá operando o no más allá de los plazos establecidos.

El pleno del CSN emitió un informe favorable “con condiciones” a la autorización, que se apoya en “la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad”. Las principales condiciones tienen que ver con el mantenimiento de personal necesario para cumplir las funciones de seguridad entre los años 2028 y 2030, toda vez se ha comprobado que existe combustible para cubrir la prórroga y que las instalaciones están en buen estado para mantener la seguridad, en base a 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la posibilidad de que se produzcan reventones térmicos en varias zonas de España, coincidiendo con la ola de calor. El fenómeno se ha materializado ya en distintos puntos del este peninsular, con episodios registrados en Almería y en varias comarcas de la Comunitat Valenciana.

También denominado como reventón cálido, se trata de una corriente de aire que desciende desde el interior de una tormenta y alcanza la superficie a gran velocidad. Durante el descenso, el aire se comprime y se calienta, cuestión que provoca un aumento brusco de la temperatura, una caída de la humedad y fuertes rachas de viento, que pueden superar los 80 e incluso los 100 km/h.

Según explica la Aemet, la lluvia que cae desde la nube se evapora antes de llegar al suelo al atravesar una capa de aire muy cálido y seco. Así, el aire se vuelve más denso y desciende rápidamente, mientras la presión atmosférica lo comprime y vuelve a calentarlo. Al alcanzar la superficie llega extremadamente cálido y seco.

¿Dónde se ha producido ya?

Los episodios son breves y suelen producirse por la noche o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura de la superficie terrestre es más baja. Aunque es un fenómeno poco frecuente, en los últimos días se han registrado varios episodios coincidiendo con la tercera ola de calor.

Durante la madrugada del jueves en Almería, se produjo un reventón térmico que disparó la temperatura hasta 43,3ºC en El Toyo y por encima de los 41°C en Retamar. El episodio estuvo acompañado por un desplome de la humedad relativa, pasó del 80% al 25%, y rachas de viento de hasta 71 km/h.

El mismo fenómeno afectó a distintas comarcas valencianas de l'Alcoià y el Comtat, donde los termómetros alcanzaron los 38ºC de madrugada y se registraron rachas de viento de hasta 111 km/h.

Aunque los reventones térmicos son complejos de predecir con precisión, pueden volver a producirse. Sobre todo en puntos del este peninsular, donde persisten las condiciones de calor extremo, ambiente seco y tormentas que favorecen su formación.

El Congreso aprobó el pasado martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, pero también la ampliación de su financiación. El incremento será de unos 120 millones para 2026 y 120 millones para 2027. Además, el Gobierno calcula que con la nueva financiación y condiciones, se generen unos 100.000 puestos de trabajo asociados al sector.

Una vez aprobados los textos en el Congreso (todavía deberá pasar por el Senado), el Ministerio de Derechos Sociales ha requerido un anexo con sindicatos y patronales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores (fuertemente feminizado). La idea es crear una mesa de diálogo de donde salgan medidas concretas.

El nuevo aporte económico permitirá, insisten fuentes del Ministerio, un aumento de los salarios, la implementación de más formación y una mayor estabilidad.

Entre 2026 y 2027 se espera la transferencia de 6.200 millones de euros más a las comunidades autónomas para que puedan seguir reduciendo las listas de espera. Derechos Sociales estima que puedan reducirse hasta 71.000 personas para el próximo curso, y, para la atención ampliada a la ciudadanía, se prevé que habrá 417.000 personas beneficiarias.

Entre las comunidades autónomas que más puestos de trabajo podrían generar se encuentran la Comunitat Valenciana (12.704 empleos), Castilla y León (7.329 empleos) y Galicia (6.156 empleos), de acuerdo con los análisis del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

Otras comunidades autónomas con potencial laboral son Canarias (6.563 empleos), Castilla-La Mancha (6.254 empleos) y la Región de Murcia (3.334 empleos).

Más de 4.000 personas celebraron este martes en la plaza del Pilar, en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria, la clasificación de España para su segunda final de la Copa del Mundo de fútbol masculino.

Familias, jóvenes, personas mayores y grupos de amigos y amigas siguieron el encuentro en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por medio de la Concejalía de Deportes que dirige Carla Campoamor.

La ciudadanía celebró así la victoria de la selección española frente a Francia por 0-2, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, un triunfo que certificó el pase del combinado nacional, en el que juega el palmense Yeremy Pino, a la final que se disputará el próximo domingo, 19 de julio, a partir de las 20:00 horas ante el vencedor del Inglaterra contra Argentina.

La jornada transcurrió con total normalidad y sin que se registraran incidentes entre las personas asistentes.

El periodista y escritor grancanario José Orive ha fallecido en Las Palmas de Gran Canaria a los 76 años.

Orive fue un entusiasta impulsor de la cultura canaria, especialmente de su música, sector en el que también fue crítico y autor.

Además de en el mundo de la comunicación, donde trabajó en los periódicos La Provincia y Canarias7 así como en radios como COPE, una de sus facetas más activas fue la de la gestión cultural, donde impulsó numerosos proyectos en las Islas.

También combinó la comunicación con la cultura, integrándose en los gabinetes de prensa en eventos culturales tales como el Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken o la gala de entrega de los Premios Max de las artes Escénicas de la SGAE en el Teatro Cuyás.

Además, fue uno de los principales artífices de la reforma del Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.

17 años, una prueba de acceso a la universidad y muchos nervios. Superada la temida selectividad, toca decidir y, lo que para algunos representa una oportunidad para labrarse un futuro profesional, para otros se convierte en un quebradero de cabeza. “Nos hacen elegir súper pronto, con 17 años no tienes ni idea de por cuál camino tirar”, relata María Domínguez, ahora estudiante del grado de Física. La decisión prematura junto a la falta de asesoramiento, las expectativas familiares y las presiones relacionadas con el mercado laboral se convierten en inconvenientes que invitan a que la decisión final sea fallida.

Casi uno de cada diez estudiantes, un 9%, cambia de grado tras el primer curso académico. Así lo revela el informe Datos y cifras del Sistema Universitario Español elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que además cifra en un 22,1% el abandono del los estudios universitarios. Los datos corresponden al curso de cohorte de nuevo ingreso 2021-2022, puesto que contempla los cursos posteriores para permitir el análisis y la cuantificación del abandono y cambio de grado.

El número de estudiantes que cambian de grado ha aumentado mínimamente, de un 8% en el curso 2011-2012 al 9% una década después. Esta continúa siendo una decisión compleja. “Fue un año duro porque Arquitectura me estaba costando aunque aprobaba todo, entonces no era un fracaso para decir 'me tengo que ir de aquí', pero sentía que era una pérdida de tiempo. Cuando llegué a Física noté que era mi sitio”, explica Manuel Doval, de 23 años y recién graduado por la Universidad de Sevilla.

María Domínguez se dio cuenta en una clase: “Estaba en Biología, que era una asignatura interesante, pero no era nada de lo que yo buscaba y dije: 'mira, es que yo esto no lo quiero'”. La joven de 23 años admite que “no quería afrontar que no le gustaba” pero prefirió ir “a tope con el cambio que estar así toda la vida”.

Ana Osle, de 22 años, cambió de Ingeniería Industrial a Estudios Ingleses, en la Universidad Complutense de Madrid, y coincide en que hay un momento clave para tomar la decisión: “A los dos meses nos pusieron un examen de Física. Había que estudiar dos ecuaciones y yo llegué a ese examen y dije: '¿cómo voy a suspender un examen que tiene dos ecuaciones?' Saqué un cero”. Ese evento junto con los posteriores suspensos generaron una gran “frustración” en Ana. “Te preparabas un montón los exámenes y sacabas un tres. Después de los finales de enero no podía más y me puse a buscar carreras, vi que estaba Estudios Ingleses en Madrid y pensé: 'Me encantaría estar ahora estudiando esto en vez de estar aquí matándome a suspender exámenes'”, cuenta.

Estigmas, presión social y expectativas familiares

La presión social y familiar, las expectativas propias, así como las oportunidades del mercado laboral son factores que influyen en la decisión de miles de jóvenes que, en ocasiones, dejan de lado el aspecto vocacional.

A Ana Osle le gustaban las artes, pero como era “buena” en ciencias y matemáticas, eligió ingeniería. “¿Cómo voy a pintar cuadros pudiendo estudiar Matemáticas?”, se autoconvencía. Natàlia Bohorquez estudia Periodismo en la Universitat Jaume I (UJI), en Castelló, aunque también comenzó Ingeniería Industrial en la Universitat Politècnica de València (UPV), y no cree que esté “mal visto” cambiar de carrera, pero “sí de una de ciencias a letras”: “La gente cree que no vamos a encontrar trabajo y que en Ingeniería siempre hay más”.

Ese estigma social perjudica la elección de los estudiantes. Según los datos del Ministerio, las carreras de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura son las que más tasa de cambio presentan, un 12,4% y un 10,8%, respectivamente, frente a las de Ciencias Sociales (8,1%) y Artes y Humanidades (9%). Por ello, la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, Ana Cobos, cree que debe encontrarse “una sintonía entre lo que uno quiere hacer con su vida y lo que el mercado de trabajo ofrece”.

Una vez tomada la decisión de cambiar de grado universitario, además de gestionar la frustración propia, el estudiantado debe enfrentarse a las reacciones de su entorno. “Para mis padres fue una decepción. Al principio ambos insistieron en que debería esforzarme en seguir”, cuenta Manuel Doval, aunque admite que después apoyaron la decisión. Ana Osle sentía que “había fallado”, pero su madre le amparó en el cambio, aunque con algo de preocupación: “Se pensaba que después de hacer un año de inglés me iba a querer cambiar de carrera. Entonces estaba como: 'haz lo que quieras, pero acábalo'”.

Natàlia Bohorquez y María Domínguez también recibieron el respaldo familiar, de hecho, en el caso de la segunda fue fundamental: “Me costó mucho tomar la decisión, pero me apoyaron mucho y me vino genial”. Sin embargo, no siempre sucede de esta forma. “Suele ser un disgusto porque las familias depositan expectativas y cuando se ven frustradas deben hacer un proceso de readaptación”, explica Ana Cobos e insiste en que es un proceso “triste”. Ejemplifica estas aspiraciones familiares con casos particulares: “Conozco casos de padres que se adelantaron a comprar la bata de medicina a un hijo que, finalmente, no entró en la carrera por falta de nota”.

Falta de asesoramiento

Los estudiantes estaban inseguros antes de decidir. “Tenía dudas porque me gustaban mucho las dos. Pero elegí Arquitectura porque creía iba a tener un poco de todo, que iba a ser más variada”, comenta Manuel Doval. Algo similar le ocurre a María Domínguez: “Cuando eché la matrícula no sabía muy bien si tirar más por Química o por Física, porque me gustaban las dos asignaturas en Bachillerato. Me decanté por Química porque la veía como más asequible y la que me iba a dar más conocimientos”.

Ana Osle eligió Ingeniería Industrial porque era “buena en mates” y los profesores del instituto correlacionaban sus conocimientos con sus gustos. “Se te dan muy bien las mates, seguro que esto se te da genial”, le decían, pero reconoce que se “llevó un palo” cuando llegó a la carrera.

En cualquiera de los casos, no recibieron asesoramiento profesional o fue “malo”. “En bachillerato no recibí ninguna orientación, nadie me informó de cuáles eran las salidas y ofertas laborales”, cuenta Ana Osle, a quien en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) le recomendaron hacer Administración de Empresas. “Nos explicaban algo, pero a mí me faltó bastante información, que igual la debería haber buscado yo por mi cuenta, pero sí, fui un poco a ciegas”, relata por su parte María Domínguez.

Tampoco Manuel ni Natalia recibieron ayuda profesional para tomar la decisión. Algunos de ellos admiten que probablemente la decisión habría sido similar. “Entré en ingeniería pensando que me iba a gustar, seguramente la habría cogido igualmente. Pero igual hubiera sido una decisión más informada”, concluye Osle.

La situación de Natàlia Bohórquez es peculiar. Puso de primera opción Periodismo, pero la cogieron antes en Ingeniería Industrial, carrera que comenzó y cursó durante unos meses. Cuando le comunicaron que finalmente había entrado en la que era, a priori, su opción preferida, cambió de carrera: “Me costó bastante porque el tiempo que estuve en ingeniería me gustó”. Años después la joven se arrepiente de su decisión: “Me volvería a meter en Ingeniería, Periodismo me ha decepcionado bastante”.

Por esos motivos, la presidenta de la Copoe insiste en que el asesoramiento es fundamental: “La orientación es mucho más que la información. Ahora con la oferta online y el aumento de la oferta privada, las posibilidades se han multiplicado y hay mucha más información”. Así, señala que la orientación es “la mirada hacia dentro” que permite tomar decisiones “teniendo en cuenta la oferta con lo que me hace feliz y lo que me proporciona mi lugar en el mundo”.

El autoconocimiento es importante, asegura Ana Cobos, y el entorno puedo reconocer las aptitudes “desde pequeños”: “Tu abuela te dice: 'ay qué bien habla mi niño, o qué bien canta o qué manitas es'. Hay personas que desde pequeños se les da bien algo: uno se encarga de montar una fiesta, otro decora la mesa, uno hace los bocadillos y cada uno muestra sus habilidades”.

Los estudiantes abandonan las carreras universitarias en el primer año, la cifra se mantiene y varía ligeramente de un 22,5% a un 22,1% en una década. Mientras aumenta, también mínimamente, el cambio de grado de un 8% a un 9%. Aunque el proceso continúa siendo “frustrante”, se ha “normalizado”. “En mi grupo de amigos la mitad nos hemos cambiado de carrera o se han quitado y metido en un grado superior o han comenzado más tarde el grado”, cuenta María Domínguez.

Sin embargo, para la presidenta de la Copoe la “percepción es más o menos igual”, pero invita a que esta cambie: “No tiene por qué ser un fracaso, al contrario, es la oportunidad de aprender algo muy importante. Has empezado una carrera y sabes que no te gusta, pues ya has aprendido algo bastante importante, que es que no es tu camino”.

Para Manuel, un joven de 22 años afectado por una enfermedad neuromuscular degenerativa, el Real Racing Club es mucho más que un equipo de fútbol; es su “única ilusión” durante los largos meses de invierno cuando solo sale de casa para ir al campo. Lo mismo le ocurre a Miguel Ángel que, a sus 61 años, lleva 23 temporadas apoyando de forma incondicional al equipo, incluso cuando el racinguismo estaba en sus peores momentos. “Cuando empecé a ir al campo todavía caminaba con muletas”, recuerda. Ahora lo hace en silla de ruedas.

Sin embargo, el ansiado regreso del club a Primera División ha traído consigo una realidad amarga para ellos y otros cerca de 20 aficionados con movilidad reducida (PMR) con los que comparten emociones cada partido en los Campos de Sport de El Sardinero.

Lo que debería ser una temporada ilusionante se ha convertido en “una inesperada decepción” que Gisela Saiz, la madre de Manuel y presidenta de la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (Asemcan), trata de reconducir.

Saiz ha remitido una reclamación por escrito al club el pasado 23 de junio, a petición de ese pequeño colectivo de abonados PMR del Racing con los que ella y su hijo comparten habitualmente grada desde hace 15 años. “Cuando el equipo todavía estaba en Segunda B”, recuerda. El motivo: el cambio de política por el que se han visto sorprendidos al ir a renovar su abono para la temporada 2026-2027 y que consideran “insensible y excluyente”.

Desplazados al “relente” del Fondo Sur

Hasta ahora, este grupo de aficionados PMR se situaba en una esquina del Fondo Norte, una zona donde aunque “la visibilidad no era perfecta” estaban protegidos de las inclemencias del tiempo en las filas superiores, aseguran.

La nueva ubicación que el Racing les ha asignado se encuentra en el otro extremo del estadio de El Sardinero, en el Fondo Sur donde se ubican las aficiones de los equipos visitantes, a pie de campo y justo detrás de una de las porterías.

La preocupación principal es la exposición total al sol, el viento y, sobre todo, a la lluvia. Para aficionados como Manuel, mojarse no es solo una incomodidad, es un riesgo vital. “Si mi hijo se moja y coge un frío, a los tres días está en la UCI de Valdecilla por problemas respiratorios”, advierte Saiz, recordando que el joven ya pasó 12 días ingresado el año pasado por un resfriado.

Miguel Ángel comparte este malestar y no entiende por qué el club ha tomado esta decisión sin consultarles: “No han tenido en cuenta nuestras necesidades, nos han menospreciado”, afirma con rotundidad. “La mayoría de las personas tiene sillas eléctricas, con motores que si se mojan se pueden estropear, con el coste que eso supone”, añade.

La nueva zona es un espacio “al relente” y sin tejavana que lo cubra, lo que obligaría a los aficionados a utilizar paraguas de grandes dimensiones, dificultando la visión de los socios situados detrás.

Además de la meteorología, argumentan que la ubicación detrás de la portería conlleva un riesgo físico evidente. “Estamos justamente detrás de la portería; una persona ágil se aparta de un balonazo, pero nosotros no tenemos tiempo de reacción”, explica Miguel Ángel.

La presidenta de Asemcan contrasta esta situación con la de otros estadios como San Mamés o el Santiago Bernabéu, donde las zonas PMR están en tribunas elevadas y debidamente cubiertas. Es por ello que la respuesta telefónica recibida por parte del responsable de comunicación de la entidad, Roberto González —quien según Saiz se limitó a decir que “se mojarían como el resto”—, le ha parecido “increíble”.

“Soy sus brazos y sus pies”

De otro lado, y por primera vez, los acompañantes de las personas con movilidad reducida deberán pagar el 50% del precio de un abonado nuevo. Hasta la fecha, estos asientos estaban exentos de pago, reconociendo que la persona con movilidad reducida (PMR) no acude con un asistente por ocio, sino por necesidad vital.

Para Gisela, esta medida ignora la realidad de grandes dependientes como su hijo, quien tiene una discapacidad reconocida del 85% y requiere ayuda para realizar cualquier acción cotidiana, desde vestirse hasta beber agua o abrir un paraguas. “Yo soy una extensión de mi hijo; soy sus brazos y sus pies”, recalca, por lo que, en su opinión, cobrar por este asiento “penaliza doblemente a familias que ya soportan gastos elevados derivados de la discapacidad”.

Miguel Ángel pone cifras a este “hachazo” económico: ha pasado de pagar unos 116 euros por su carné a un total de 470 euros (299 por su abono y 171 por el de su acompañante). “Es el 50% de un nuevo abonado, no de lo que yo pago con mi descuento del 5% por antigüedad”, matiza con malestar.

Abono de acompañante nominativo

Además, advierten que a esto se suma la obligatoriedad de que el abono sea nominativo, lo que impide que diferentes familiares o cuidadores se turnen para asistir al estadio. “Mi hija de 16 años lleva toda su vida atendiendo a su hermano y lo hace perfectamente, pero ahora dicen que los menores no pueden entrar como acompañantes”, lamenta Gisela, calificando la medida de otra complicación “injustificada”.

Según relatan, el club les ha llegado a sugerir el uso de voluntarios -que proporcionaría el Racing- para atender a las PMR, una propuesta que la presidenta de Asemcan ha tachado de “locura”: “Un voluntario cualquiera no sabe cómo movilizar a mi hijo para llevarle al baño o cómo actuar ante una urgencia médica”.

“Discriminación cero” y mejor visibilidad, según el Racing

En respuesta a las preguntas de elDiario.es, desde el Real Racing Club, su director de comunicación y portavoz, Roberto González, ha negado que exista una queja formal de una veintena de socios, atribuyendo el escrito únicamente a la presidenta de Asemcan y negando que hubiera “siquiera 20 abonados PMR la pasada temporada”, pero sin especificar el número preciso.

De otro lado, según González, el cambio de ubicación responde a dos objetivos: “mejorar la visibilidad” y garantizar que “no exista ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa” entre los abonados. “Ahora podrán vivir intensamente los partidos junto a todos los aficionados de Preferencia Sur. Desgraciadamente, y dependiendo del viento, un tercio de los asientos del estadio, todas las preferencias, están sujetas a las inclemencias de la lluvia. También la esquina en donde habían estado hasta ahora las personas con movilidad reducida”, alega.

Respecto al cobro a los acompañantes, González defiende que un descuento del 50% es “de lejos, el mayor de los existentes en el club”, comparándolo con el 15% que reciben los abonados Oro más antiguos del club. El portavoz racinguista asegura también que aquellas familias con dificultades económicas pueden solicitar ayudas a la Fundación Racing en la taquilla del estadio.

En cuanto a la obligatoriedad de que los carnés de acompañante sean nominativos, el portavoz explica que el sistema no permite abonos sin asignar, aunque sostiene que en los accesos “no se hacen controles de identificación” estrictos y que, “si la persona con movilidad reducida lo desea, excepcionalmente, puede solicitar poner los dos abonos, el suyo y el del acompañante, a su nombre”.

Conflicto entre el club y el Ayuntamiento de Santander

La accesibilidad del estadio de El Sardinero es un problema que va más allá de los asientos. Gisela y Miguel Ángel recuerdan la falta de ascensores y rampas adecuadas, así como el estado de los baños. Miguel Ángel teme que los baños compartidos de la nueva ubicación sean un foco de infección: “Si hay una cola y el baño de discapacitados está libre, entrará todo el mundo; el agua sucia que se forme en el suelo me la llevaré en las manos al mover mi silla, que es manual”.

El portavoz del Racing traslada la responsabilidad de estas mejoras estructurales al propietario de la instalación: el Ayuntamiento de Santander. “El Racing lleva años reclamando una actuación, ya que no solo las personas con movilidad reducida, sino cientos de nuestros abonados veteranos deben renunciar a acudir al estadio por las escaleras”, lamenta.

Según el club, existe un proyecto de renovación integral que incluye ascensores en las zonas Este y Oeste, pero “a pesar de la sensibilidad de ambas partes”, sigue siendo un “tema pendiente de resolver” dentro del convenio de mantenimiento con el Consistorio santanderino.

¿Qué dice la normativa?

Lo cierto es que la nueva política que ha decidido aplicar el club cántabro en su regreso a Primera División choca, en primer lugar, con su propio 'Reglamento Interno del Recinto Deportivo Campos de Sport de El Sardinero' aprobado en 2019 y que en su página 48 recoge lo siguiente:

Movilidad Reducida.- Se trata de un abono personal e intransferible exclusivamente para abonados/as con movilidad reducida que vayan en silla de ruedas. Ubicados en la zona asignada de preferencia norte-este, con acceso exclusivo por puerta 7. Para darse de alta por primera vez, es indispensable presentar el certificado de discapacidad correspondiente que en todo caso deberá ser superior al 65% de grado de discapacidad física. Cada abonado/a con movilidad reducida podrá acceder con un acompañante.

De otro lado, la legislación nacional más reciente, el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, establece en su artículo 11 que los asistentes personales o personas de apoyo tienen derecho a acompañar a la persona con discapacidad a los servicios de atención al público “siempre que esta así lo requiera, sin que ello suponga un sobrecoste para dichas personas”.

En cuanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque no regula los precios en Primera División (dejando libertad a cada club), sí establece para los eventos que organiza directamente (como la Copa del Rey o partidos de la Selección Española) que “la entrada para la persona usuaria de silla de ruedas incluye una invitación gratuita para el acompañante”.

Esta normativa refuerza la postura de Asemcan, desde donde inciden en que gran parte de los clubes de La Liga aplican la gratuidad total entendiendo el asiento como una “extensión” de la PMR. En consecuencia, a medida que se acerca el inicio de la liga, el próximo 15 de agosto, el malestar crece en el grupo de WhatsApp que comparten estos aficionados, que ya barajan medidas de protesta como acudir al primer partido del Racing con pancartas que denuncien su “exilio”.

“Solo pedimos que recapaciten; no es un capricho, es una cuestión de derechos básicos”, concluye Gisela. “Siento que nos han tratado bastante mal, no nos han querido escuchar y cuando se les ha preguntado hemos recibido muy malas contestaciones”, sostiene Miguel Ángel. “El Racing no se ha portado bien. Cuando estábamos en Segunda B íbamos cuatro pelagatos, pero ahora que el campo está lleno…”, sentencia.

La llamaban Pinito como a tantas niñas grancanarias, en honor a la patrona de la Isla. En los papeles oficiales, María Cristina del Pino Segura; en los carteles de las funciones del circo, Pinito del Oro. Y llegaron a ser funciones de cuarenta elefantes en la pista, veinte caballos, más de cincuenta bailarinas, vestuario de plumas y 16.000 personas en la grada. Aquel debut en el Madison Square Garden era el resultado de años de trabajo y penurias; desde una vida ambulante, tres caídas en la arena casi mortales y un circo familiar que no se lo puso nada fácil.

“No existe la gravedad para Pinito”, titulaba aquellos días la prensa extranjera. Y no solo la gravedad que atrae los cuerpos al suelo, sino la que marcó toda su vida con eventos traumáticos, atravesada por una infancia dura con 18 hermanos que la denostaron y un matrimonio apresurado para escapar de ese asfixiante contexto familiar en una vida de sacrificios por el circo y por la aprobación de quienes más amó.

Su vida es una leyenda, y también de película, como ha sabido ver la directora canaria Arima León, que ha escrito y dirigido Tal vez, un film sobre la vida de la trapecista, que se estrenará en España el próximo 10 de julio y que trae de nuevo al presente a una de las canarias más famosas de la historia.

El día que su padre se fue con los titiriteros

La decisión de José Segura, padre de Pinito del Oro, de irse con los titiriteros e ignorar los planes que su familia tenía para él, no solo marcaría su vida, sino la de toda su familia y la historia del circo mundial. Pero en ese momento él no lo sabía. Ni siquiera cuando fundó el Gran Circo Segura en Canarias, con el que viajó por toda España vendiendo ilusiones a un precio muy bajo a gente que no lo podía pagar.

Fue en ese circo, fundado con su mujer, Atilana, donde nació en 1936 María del Pino Segura, la más chica de la casa. “Mi madre me retuvo, no quería que yo fuera artista porque había sufrido mucho en el circo con las caídas de mis hermanos. Quería que fuera para ella, no para el circo”, contó la artista en una entrevista a Televisión Española en 1991. La profecía fue autocumplida: como su madre no quería que se dedicara al espectáculo como el resto de sus hijos, no practicó ninguno de los números del circo familiar y tampoco parecía que ninguno se le diera bien, circunstancia que sus hermanos le recordaban siempre que podían.

La muerte y el equilibrio

Pero, un día, decidió subirse a un alambre que había de palo a palo bajo la lona, y se mantuvo en pie, e incluso dio unos pasos. Su padre, sorprendido de que no se cayera, le puso el alambre todos los días y Cristina empezó a ensayar. “De esa manera me hice alambrista. Mala, pero como era una niña, era un número que pasaba”. El día de su debut, su madre estaba gravemente enferma y Pinito triunfó aquel día sin poder compartirlo con ella. Fue la primera vez que la muerte y los hitos de la carrera de la artista cruzaron sus caminos.

Entonces, Pinito tenía once años. Su padre quedó viudo, sus hermanos mayores casados y ella, una niña que ya entraba en la adolescencia. “Me vi perdida en este mundo extraño que es el circo, pero entonces me di cuenta de que estaba atada a él ya para siempre”.

En 1945 mueren en un accidente los dos puntales del Circo Segura, los hermanos de Pinito Salvador y Esther. El resto de sus hermanos llegó a desear que hubiera sido Pinito la que muriera aquel día, pero ella justificaría esas afirmaciones como fruto del dolor y la frustración, declinando con bastante elegancia entrar en polémica en entrevistas posteriores.

Un trapecio heredado

Estando en Canarias y en recuerdo a su hermana fallecida, Pinito cogió entre sus manos su trapecio, lo acarició, y su padre, que vio la escena le dijo: “Qué pena que un número tan bonito desaparezca”. Aquellas palabras fueron recibidas por Pinito más que como una invitación, como una última oportunidad de pertenecer a aquel mundo que era su familia y podía ser también su oficio, y al día siguiente probó en el trapecio y, no solamente se mantuvo sino que realizó un vuelo. Su padre le enseñó el vuelo hacia atrás y hacia adelante, que era el más peligroso -con el que Pinito sufrió las tres caídas-, ya que la trapecista añadió una variante que lo hacía más peligroso: en lugar de poner una mano delante y otra detrás, para tener siempre a mano una cuerda del trapecio, hacía sus acrobacias con las dos manos delante.

A partir de ahí, la carrera de Pinito fue en ascenso. Fue también su padre quien le eligió su nombre artístico. Dado que existía una famosa trapecista llamada “La Rita de Plata”, el padre de Cristina decidió llamarla “Pinito de Oro”. Fue ahí cuando reanudó una buena relación con su padre y comenzaron los ensayos de más de cuatro horas diarias.

Firmaba todos sus contratos, incluso añadía de su puño y letra la cláusula: “Es mi deseo, y mía toda la responsabilidad, trabajar sin red”

“Cuando estás toda la vida escuchando que no vales para nada y de pronto descubres que tienes un don que no todo el mundo posee, entiendo la necesidad que tenía de demostrar lo mucho que se equivocaban”, cuenta a este periódico Arima León, directora de Tal vez. “Se jugaba la vida noche tras noche para conseguirlo, hasta ese nivel de compromiso (o quizás de locura) llegaba su visión del circo”, explica.

“Sacrifiqué al hijo”

Pinito del Oro tenía 16 años cuando conoció a Juan de la Fuente, su marido durante dos décadas, el hombre que se ponía debajo de los 20 metros para coger a su esposa si se caía, llegando a romperse los brazos en esta hazaña. Casarse para Pinito fue emanciparse, fue viajar sola y poder aceptar la oferta del circo más famoso del mundo, el Ringling Bross, y fue también actuar en Nueva York y por todo el mundo.

“Es curioso porque, a pesar de sentir y vivir la vida desde una perspectiva ampliamente liberal, negada a vivir bajo el yugo impuesto de nadie, ni su padre, ni su marido, Pinito del Oro, artista y empresaria, siempre se consideró una mujer conservadora y de derechas”, explica a este periódico la cineasta Arima León. “Muy jovencita abortó porque quiso apostar por su carrera profesional y estuvo con quien ella quiso (o se permitió). Quizás porque en los momentos más duros del franquismo ella vivió grandes periodos en otros países. Es una de las contradicciones que más me han llamado la atención de ella”, cuenta la cineasta a Canarias Ahora.

De ese aborto voluntario hablaría Pinito con determinación en la Televisión Pública española de los años 90. “Sacrifiqué al hijo”. Después, más adelante, tendría dos, Juan José y María Isabel. Tras su presentación en Nueva York, se fijó en ella Cecil B. de Mille y la contrató para su película El mayor espectáculo del mundo. Pinito, la más pequeña de los Segura, había llegado a Hollywood.

Fama y franquismo

En 1956, Pinito del Oro regresa a España de Estados Unidos y se presenta en el circo Price de Madrid. “Es muy interesante el desarrollo profesional de Pinito durante la época del franquismo”, cuenta a este periódico Esaú Hernández, doctorando especialista en la Cultura Popular por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “Aunque parezca contraproducente, muchas de las artistas femeninas de la época, sobre todo las cupletistas o de las folclóricas, eran herramientas que el propio régimen utilizaba para un blanqueamiento de cara”, explica. Pinito del Oro firmaba todos sus contratos, incluso añadía de su puño y letra la cláusula: “Es mi deseo, y mía toda la responsabilidad, trabajar sin red”, motivo por el que ninguna compañía circense la aseguró jamás.

La primera etapa artística de la trapecista terminó en 1960, pero volvió ocho años más tarde por diversos motivos, como que cuando se retiró en Tenerife le parecía que le faltaba algo y sintió un deber culminar su carrera en Madrid. También, con la crisis matrimonial, ella quiso demostrarse a sí misma que sin el apoyo de nadie, trabajando sola, continuaba siendo Pinito del Oro. Se retiró definitivamente en 1970. “Quise hacerlo en el apogeo de mi vida y creo que fue oportuno”.

Dejó su nombre en todo lo alto. Más alto que nadie sin red y en la estrecha relación que la muerte siempre tuvo con su carrera, su padre murió el día de su última actuación. La deuda estaba saldada.

Tal vez

Tras retirarse escribió varios libros: Cuentos de circo, Técnica del trapecio, La víspera, Nacida para el circo y El italiano, así como una obra inédita sobre mujeres que han logrado alcanzar el éxito pese a las adversidades estructurales.

Pinito del Oro recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Circo (1990), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1998) y la Medalla de Oro de Canarias (2017), año en que falleció.

Cerca de donde nació, en el barrio grancanario de Guanarteme, de vez en cuando aparecen flores anónimas que recuerdan a la más internacional de sus vecinas, con una placa en una fachada descascarillada por el salitre que al mirarla crea la ilusión circense de los recursos austeros para contar grandes cosas.

Al preguntar a Arima León por qué escogió Tal vez para el nombre de la película que honra la vida de la trapecista, se remite a un verso de la escritora canaria Natalia Sosa Ayala, coprotagonista del film, “Tal vez no has existido”, que hizo reflexionar a la cineasta en la manera en que nos esforzamos por conservar la memoria colectiva. “Pinito del Oro no fue solo la mejor trapecista del mundo, también fue una mujer contradictoria, que vivió sin dejarse nada para los restos, o quizás sí, nunca lo sabremos. Ojalá conservar siempre la valentía de vivir la vida sin red, puede que esa sea la mayor de sus enseñanzas”, sentencia.

El director del centro de desintoxicación Zeus, en Tarragona, y otras dos personas vinculadas a la investigación policial sobre la clínica fueron detenidos el pasado 30 de junio por la mañana, según informan fuentes judiciales a elDiario.es. Las denuncias recogidas por la Policía Nacional de expacientes y un extrabajador a las que ha tenido acceso este periódico apuntan a la atribución de presuntos hechos delictivos vinculados a delitos contra las personas: desde insultos constantes a los usuarios por parte del personal del centro y aplicación de castigos, hasta la manipulación y aislamiento de las familias de los ingresados. También se indica posible publicidad engañosa, mediante el uso de fotografías que no corresponden a las instalaciones reales de sus centros.

Los detenidos quedaron en libertad sin que pasaran a disposición judicial y el juez los citará para declarar próximamente.

Además, se señalan presuntos delitos relacionados con la prolongación indebida de los ingresos con un único interés económico y sin criterio médico: el centro cobra entre 4.800 y 11.000 euros por mes de estancia, dependiendo de la habitación. Los relatos de los nueve expacientes y dos extrabajadores que recoge elDiario.es revelan prácticas presuntamente abusivas y humillantes: “Me quitaron toda la ropa y me dejaron una sola muda, me pusieron piedras en los pies, me pusieron a recoger mierda de caballo, me pusieron fuera en una silla ocho horas sin hacer nada, sin poder moverme y acabé quemándome la cara, me tuve que poner crema antiquemaduras”, relata un expaciente, Iván Izard.

Las fuentes consultadas indican que no acceder a castigos como estos podía acarrear que el personal del centro contactara con los familiares del paciente para comunicar que habían tenido una “recaída de conducta” y conseguir alargar su tratamiento.

Estos procedimientos por parte del personal de la clínica venían directamente de las órdenes de uno de los psicólogos del centro, que a su vez recibía las direcciones de Luis Pérez, el director del centro, según lo que cuenta Sergi de Mingo, extrabajador: “Hoy revienta a este, para que saque el bicho”, “hay que desmontarlos”, “derrumbarlos”, eran algunas de las instrucciones que afirma que recibía. Otro de los presuntos hechos atribuídos a los detenidos es la sobremedicación de los pacientes sin supervisión médica. Según De Mingo, el director indicaba al personal: “Tienen que estar con la baba colgando”.

David Alonso, otro expaciente, recuerda cómo el personal terapéutico trataba de socavar su autoestima y transmitirle una sensación de aislamiento respecto a sus seres queridos: “Desde el segundo o tercer día en terapia recibía insultos de ‘yonqui’, ‘tu familia no te va a abrir la puerta’, ‘nadie te va a creer’... Te anulaban como persona”. En su caso, Alonso cuenta que este maltrato le llevó a pensar en quitarse la vida.

Las víctimas se preparan para personarse en la acusación

Después de meses de investigaciones de oficio llevadas a cabo por iniciativa propia de la Policía Nacional, las víctimas ya se preparan para personarse próximamente como acusación en el caso. La Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de la Debilidad (RedUNE), ha acompañado a los expacientes durante meses desde su experiencia denunciando a grupos que ejercen la persuasión coercitiva en personas vulnerables. Ahora, su presidente, Juantxo Domínguez, asegura que la asociación se personará en la causa.

Además de defender los intereses de los expacientes, desde RedUNE denunciarán que “personas cercanas o pagadas por Zeus” torpedearon la publicación de testimonios de usuarios en su página web. “Nos parece muy importante que a nivel judicial se vaya trabajando la materia de los centros de adicciones”, reivindica Domínguez. “Hay un problema muy grave, que es que no hay ninguna regulación ni inspección de las autoridades sanitarias de cada autonomía”, añade.

Berberena Abogados representará la acusación particular de uno de los expacientes y ven imputables delitos de “vejaciones, maltrato físico y psicológico además de restricción de derechos fundamentales de las personas” como la libertad de movimiento y comunicaciones. Además, ven un posible delito de estafa y una posible organización criminal por la colaboración del personal del centro en este tipo de prácticas. Su objetivo en el proceso será “cerrar Zeus para que los responsables paguen por sus acciones”. También subrayan la necesaria “regulación del sector”.

Luis Pérez, el director del centro, negó ante preguntas de este periódico hace una semana haber sido detenido. La clínica se limita ahora a remitir un comunicado en el que aseguran que Zeus “defenderá la legalidad de su proceder y, sobre todo, el fin, el método, con el objetivo de que [sus] pacientes se rehabiliten y eviten recaídas que provoquen la vuelta al mundo, no querido, de las adicciones”. Según ha expresado Pérez, el centro sigue abierto y continúan tratando a usuarios.

Algunos de los pacientes entran a Zeus atraídos precisamente por el relato de Luis Pérez. Muchos le conocieron a través de entrevistas que ha concedido en grandes medios de comunicación, contando su historia de superación como exadicto. Además, cuenta con más de 159.000 seguidores en TikTok y más de 37.000 suscriptores en su canal de YouTube, ‘Adicciones al Descubierto’, donde se presenta como “exadicto recuperado y terapeuta especialista en Adicciones y Neurociencias”.

En su página web, destacan dos premios otorgados a Zeus: el Galardón internacional como Centro de Referencia Europeo en el Tratamiento de las Adicciones de los European Awards of Medicine, que ha ganado en dos ocasiones consecutivas, y el Galardón al Centro Referente Nacional en Tratamiento y Recuperación de Adicciones en España de los Premios Bienestar y Calidad de Vida de La Razón. Algunos expacientes destacan el papel de estos reconocimientos como uno de los factores que les hicieron confiar en el centro. Sin embargo, ambos están lejos de tener el mismo nivel de validez científica que un premio otorgado por una sociedad médica o institución de investigación.