En demasiadas partes del mundo dar a luz sigue estando más asociado al miedo que a la esperanza: una clínica sin electricidad, una enfermera sin suministros, una madre que sabe que dar vida puede costarle la suya. Estos temores no son meramente emocionales; están respaldados por los hechos. Cada dos minutos una mujer muere en el mundo al dar a luz. Cada año casi cinco millones de niños no llegan a cumplir cinco años. Una cifra que aumentará si continúan los recortes de ayuda. The Lancet estima que para 2030 podrían morir más de 14 millones de personas adicionales, incluidos 4,5 millones de niños menores de cinco años, el equivalente a borrar la población de ciudades del tamaño de Abuja, Brasilia o Roma.

La verdadera medida del progreso global no se encuentra en los mercados financieros ni en las declaraciones de las cumbres internacionales. Se encuentra en si una mujer sobrevive al embarazo y al parto, en si un niño es vacunado y está bien alimentado, y en si un adolescente puede crecer sano, seguro y con esperanza. Cuando mujeres, niños y adolescentes prosperan, las sociedades son más fuertes, las economías más resilientes y las naciones están mejor preparadas para el futuro. Cuando fallan, los costes no solo se miden en muertes evitables y sufrimiento, sino en la pérdida masiva de potencial humano.

Por eso, invertir en la salud de mujeres, niños y adolescentes es una de las inversiones más importantes que cualquier gobierno puede realizar. La evidencia es abrumadora. Cerrar la brecha en la salud de las mujeres por sí sola podría añadir al menos 1 billón de dólares a la economía global cada año para el 2040. Cada dólar invertido en vacunación infantil o en salud mental adolescente genera alrededor de 20 dólares a lo largo de la vida —en ahorro sanitario, en productividad, y en vidas que continúan construyendo algo—. Las mujeres sanas sostienen las familias y las economías. Los niños sanos se convierten en trabajadores y ciudadanos. Los niños y adolescentes sanos están mejor preparados para participar en la sociedad, desarrollar medios de vida y construir futuros más estables y prósperos.

Sin embargo, los sistemas de salud en todo el mundo están siendo llevados al límite por los recortes de ayuda, la deuda, los conflictos y la reducción del espacio fiscal. En 2025, la ayuda oficial al desarrollo cayó un 23,1%, el mayor descenso anual de la historia. En más de cincuenta países los trabajadores sanitarios están perdiendo sus empleos y se están rompiendo las cadenas de formación. En algunos lugares, la atención materna, la vacunación y la respuesta de emergencia se han reducido en un 70%. Al mismo tiempo, la salud y los derechos sexuales y reproductivos sufren crecientes ataques políticos, poniendo en riesgo avances logrados tras décadas de esfuerzo.

Las mujeres y las niñas soportan la carga más pesada. En 2023, seis de cada diez muertes maternas en el mundo ocurrieron en países en situación de conflicto o fragilidad. De hecho, una mujer que vive en un país afectado por conflictos tiene cinco veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que una mujer en un país estable. Demasiadas mujeres siguen sin acceso a una atención materna de calidad, a servicios anticonceptivos y a servicios reproductivos esenciales. Demasiadas niñas se enfrentan a violencia, discriminación y barreras de acceso a la salud que limitan no solo su bienestar, sino su libertad y su futuro. Cuando los presupuestos se recortan, mujeres y niños son con demasiada frecuencia los primeros en sufrirlos y los últimos en ser protegidos.

Esto no es inevitable. Es una cuestión de voluntad política.

En Sudáfrica, estamos trabajando para fortalecer la atención primaria de salud, ampliar el acceso equitativo a servicios de calidad, invertir en el personal sanitario y construir un sistema más inclusivo que llegue a quienes más lo necesitan. Entendemos que el progreso en salud es inseparable del progreso en igualdad y desarrollo. Una sociedad no puede prosperar si se niega atención a las mujeres, si los niños quedan desprotegidos o si los adolescentes son excluidos de los servicios y oportunidades que necesitan para prosperar.

En España, un sistema nacional de salud público ha proporcionado cobertura universal y una de las tasas más bajas de mortalidad materna e infantil del mundo. Creemos que —con visión, determinación y solidaridad—lo que hemos logrado en nuestro país puede lograrse a escala global. Por eso, la Estrategia Española de Salud Global 2025–2030 sitúa la equidad, los sistemas sanitarios resilientes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el centro de nuestra acción internacional; y por eso trabajamos para elevar la ambición global en la financiación del desarrollo sostenible y para defender la igualdad de género como un imperativo democrático y de desarrollo.

En la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla el año pasado, a través del Compromiso de Sevilla y la Plataforma de Acción de Sevilla, contribuimos a centrar la atención internacional en la deuda, la inversión sostenible y la reforma de la arquitectura financiera global.

Estas cuestiones pueden parecer técnicas, pero sus consecuencias son profundamente humanas. Determinan si los sistemas de salud pueden contratar y retener personal, si los medicamentos llegan a las clínicas, si las mujeres pueden acceder a la atención de forma segura y si los niños y adolescentes tienen una oportunidad justa en la vida.

También debemos ser inequívocos en la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos no son secundarios ni negociables. Son fundamentales para la dignidad, la igualdad y la salud pública. Ninguna mujer o niña debería ser privada de atención vital por razones políticas, económicas o de discriminación. Ninguna sociedad puede afirmar que valora la justicia mientras tolere la violencia de género persistente o la erosión sistemática de la autonomía y los derechos de las mujeres.

La cuestión que se plantea a la comunidad internacional no es si podemos permitirnos invertir en mujeres, niños y adolescentes, sino si podemos permitirnos no hacerlo. La respuesta es clara. Los costes a largo plazo de la inacción —mayor inestabilidad, más desigualdad, economías más débiles y millones de muertes evitables— son mucho mayores que el coste de actuar ahora. Mayores que el coste de mantener encendida la luz en esa clínica.

Este es el espíritu con el que España se incorpora a la Red de Líderes Globales, que reúne ya a doce jefes de Estado y de Gobierno comprometidos con avanzar en la salud y los derechos de mujeres, niños y adolescentes. Pero este esfuerzo no puede quedarse ahí. Los desafíos son demasiado grandes y los riesgos demasiado altos como para que el liderazgo recaigasolo en unos pocos países.

Necesitamos que más gobiernos den un paso al frente para proteger los servicios sanitarios esenciales, invertir en el personal de primera línea, defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar que las reformas de financiación beneficien a quienes más lo necesitan. Necesitamos más líderes que reconozcan que mujeres, niños y adolescentes no son una preocupación secundaria de las políticas globales. Son su mayor desafío.

Este es un momento de valentía política. Un momento para elegir la inversión frente al repliegue, la solidaridad frente a la indiferencia y la acción frente a la complacencia. Sobre todo, es un momento para reconocer una verdad simple: si mujeres, niños y adolescentes no están en el centro de nuestras decisiones, el futuro no será justo, estable ni sostenible. Pero si lo están, un futuro mejor permanece a nuestro alcance.

Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. 

El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.  

La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció. 

La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente. 

Dos tercios de las plazas médicas vacantes

Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes. 

Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.

Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”. 

En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. 

Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. 

“La falta de médicos se ha institucionalizado”, advierte Óscar Raluy, trabajador penitenciario y delegado de Acaip-UGT. “El modelo preventivo ha muerto. Ahora solo se atiende lo urgente, no hay tiempo para otra cosa”, señala. Ante la escasez de médicos, la presión asistencial recae sobre el personal de enfermería. Según denuncia Laura Rodríguez, estos profesionales se ven abocados a tomar decisiones “para las que no están preparados”, lo que les obliga a ejercer bajo una “grave indefensión jurídica”. 

Canarias sigue sin asumir su competencia

Todas las fuentes consultadas coinciden en situar el origen de esta crisis en el incumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su disposición adicional sexta, esta normativa ordenó la transferencia de los servicios sanitarios dependiente de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, con el objetivo de “lograr su plena integración en los servicios de salud autonómicos”. 

La ley daba un plazo máximo de 18 meses para ejecutar el traspaso. Han transcurrido 23 años desde entonces y solo Euskadi, Catalunya y Navarra han asumido formalmente estas competencias. Joaquín Leyva, portavoz nacional de Acaip-UGT, sitúa este bloqueo como uno de los principales factores para explicar la crisis de la sanidad penitenciaria, ya que, según explica, durante años “no se dotaron los servicios médicos” ni se renovó al personal de Instituciones Penitenciarias ante la expectativa de una transferencia de competencias que en la mayoría de las comunidades sigue sin llegar. 

Organizaciones como Rehoyando, en Gran Canaria, u Orahan, en Tenerife, han comenzado a movilizarse para exigir el efectivo traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y la dignificación de la atención sanitaria dispensada a la población reclusa. 

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aseguran que su determinación de transferir las competencias a Canarias “es clara” y achacan la parálisis a una “falta de voluntad política por parte de quien tiene que recibirla”. La Consejería canaria de Sanidad no ha contestado a las preguntas de este periódico. 

Para los sindicatos, este bloqueo en el traspaso se explica por dos razones: la falta de “voluntad política” y una cuestión económica. Laura Rodríguez (CCOO) sostiene que las comunidades no quieren estas competencias “por el gasto que genera”. La representante sindical define el escenario actual como un “negocio” para las comunidades autónomas. Cuenta que cuando un recluso tiene que ser excarcelado y trasladado a un hospital, el Servicio Canario de Salud (SCS) factura unos gastos a la administración estatal que, en caso de asumir la asistencia directa de los precios, ya estarían cubiertos. 

Detalla que “el traslado en ambulancia son 80 euros por trayecto”, las consultas externas rondan los 150 euros o que un parto “cuesta 4.000 euros”. Según la información de la que dispone CCOO, el gasto sanitario anual en una prisión grande (como las dos de Gran Canaria o la de Tenerife II) se sitúa alrededor de los 625.000 euros. El gasto total farmacéutico es de 415.000 euros, indica la portavoz sindical. 

Las comunidades autónomas se quejan de que Instituciones Penitenciarias no les paga por atender a los reclusos. Rodríguez señala que esa deuda es consecuencia directa de no haber asumido las competencias que le corresponden desde 2003. “Si se hubiera cumplido la ley desde el minuto uno no habría esa deuda y si seguimos esperando a transferir las competencias se seguirá generando más deuda”, sostiene la representante de CCOO. 

Una visión que comparte Joaquín Leyva (Acaip-UGT), quien cuestiona la inacción de comunidades como Canarias: “No sabemos si es un problema financiero, de organización o simplemente un problema político que no se quiere resolver”. 

La brecha salarial que ahuyenta a los médicos

A la desidia autonómica para asumir la sanidad en las prisiones se suma la falta de incentivos para atraer y retener profesionales. “No hay médicos en prisiones porque cobran menos”, resume de forma tajante Rodríguez, que precisa, a modo de ejemplo, que los facultativos del SCS cobran alrededor de un 35% más por hora de guardia que los de Instituciones Penitenciarias. La portavoz de CCOO añade que las diferencias salariales pueden rondar los 1.000 o 1.500 euros al mes “dependiendo de las guardias y los centros”. 

“En el Estado, a nivel general, es la administración que menos paga a los facultativos”, redunda Joaquín Leyva. A los peores salarios, el representante de Acaip-UGT añade las limitaciones que tienen los facultativos de Instituciones Penitenciarias para ejercer en la sanidad privada o tener otros trabajos complementarios. “No es ya que cobren menos de por sí, sino que, además, no pueden incrementar de ninguna manera sus retribuciones”. 

La salud mental

Los sindicatos sostienen que los principales damnificados de estas carencias son la población reclusa y la plantilla de las cárceles. Leyva incide en que la escasez de médicos dificulta la detección temprana de patologías, con especial gravedad en el caso de las enfermedades mentales. El portavoz sindical explica que el ingreso en prisión suele actuar como un “estresor” que “desenmascara” patologías psiquiátricas latentes que, al no ser detectadas a tiempo por un médico, acaban produciendo brotes que “a menudo” derivan en agresiones entre internos o hacia los propios trabajadores. 

El último informe del Defensor del Pueblo sobre la prisión de Tenerife II constató que casi el 63% de los internos estaba bajo tratamiento con psicofármacos. Los centros penitenciarios no disponen de psiquiatras propios en la plantilla. Solo se programan visitas de profesionales externos a los centros “una o dos veces al mes”, según los sindicatos. El Defensor del Pueblo advierte de que, al no haber psiquiatras ni psicólogos clínicos, los programas de atención a la enfermedad mental no funcionan de forma adecuada. Los reclusos “no tienen una intervención especializada, sino un control basado en la farmacoterapia”. Ante la falta de un diagnóstico claro, muchos internos “descompensados” acaban siendo clasificados en módulos de “conflictivos”. 

Leyva señala que la figura del médico es, además, “un requisito legal indispensable” para la aplicación de medidas disciplinarias. “Tú no puedes aislar a un preso que está violento si no hay una supervisión médica”, dice el portavoz de Acaip, que también subraya el perfil del paciente recluso, que suele requerir mayor atención que la población general debido a la alta prevalencia de problemas graves derivados de afecciones o enfermedades como la diabetes o la hepatitis.

El PRC ha urgido al Gobierno regional (PP) una solución para reabrir el consultorio de Cueto de Santander, cerrado desde el pasado 6 de marzo por el desprendimiento parcial del techo, y ha anunciado que en caso de no acometerse una obra de urgencia, presentará una enmienda para que se recoja esa actuación en el presupuesto de este año.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, lo ha anunciado en su visita al centro sanitario, acompañada por el portavoz municipal de Santander, Felipe Piña, y por el presidente de la Asociación de Vecinos de Cueto, Arsenio Callejo.

Los usuarios del consultorio de Cueto, del que es titular la asociación de vecinos, tienen que desplazarse ahora al centro de salud de referencia para ser atendidos, el del Sardinero.

En el momento del desplome no había pacientes y tampoco estaban ni el médico ni la enfermera del Servicio Cántabro de Salud porque se produjo un viernes y el consultorio está abierto de lunes a jueves.

Para los regionalistas, el consultorio necesita una obra de urgencia porque su cierre afecta a la salud de los vecinos de la zona, sobre todo de personas mayores, a quienes que resulta “bastante difícil” desplazarse hasta el centro de salud de referencia que tienen ahora.

En caso de que de aquí al trámite de las enmiendas presupuestarias no haya una solución para acometer esta obra, el PRC intentará que se incluya en el presupuesto de 2026, que los regionalistas se han comprometido a apoyar, con una cantidad que se dirigirá a la asociación.

“Es una obra urgente y muy necesaria para todos los vecinos de Cueto, que ya han visto cómo en otras ocasiones su consultorio se ha cerrado por falta de médico. Ahora hay que acometer esta obra. Además, no sabemos si esto va a ir a peor, con lo cual es muy importante hacerlo con urgencia”, ha incidido.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Cueto ha explicado que este consultorio, construido hace unos 50 años, atiende a cerca de 700 personas.

La asociación ha encargado varios presupuestos para la obra, que oscilan entre 70.000 y 107.000 euros, más IVA, para arreglar los 300 metros cuadrados de tejado del centro, en el que actualmente hay varios cubos colocados por la existencia de goteras, ha explicado Callejo.

La asociación “no tiene medios por sí sola para afrontar una obra de este calibre”, ha reconocido su presidente, quien espera que se pueda encontrar una solución satisfactoria para emprender el arreglo.

El PSOE de Torrelavega ha denunciado este jueves que existe una “inaceptable discriminación sanitaria” para los vecinos del municipio, ante la espera de más de 30 días para resultados de biopsias en el hospital de Sierrallana, mientras en el hospital Valdecilla, de Santander, apenas tardan siete días.

El secretario general del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca, ha considerado, en una visita al hospital de Sierrallana, que esta situación es “una vergüenza” y convierte a los torrelaveguenses “en ciudadanos de segunda” para el Gobierno regional del PP.

Ha asegurado que los vecinos viven “semanas de angustia innecesaria” hasta conocer los resultados ante un posible cáncer y ha achacado esa situación a la falta de personal y los recursos en Anatomía Patológica de los hospitales periféricos, como es el caso de Sierrallana.

El responsable del PSOE en Torrelavega y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento ha exigido al presidente del PP de Torrelavega y diputado regional, Miguel Ángel Vargas, que vote a favor de una propuesta del grupo parlamentario socialista, que se debatirá en el pleno de la Cámara, para establecer un plazo máximo de 15 días en toda la red asistencial.

El Sistema Público de Salud de La Rioja dispone, desde el 1 de noviembre de 2025, de un dispositivo de atención presencial continuada por parte de los profesionales del Servicio de Oncología en el Hospital Universitario San Pedro, garantizando así la continuidad asistencial a los pacientes que padecen patologías oncológicas.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha mantenido esta mañana, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, una reunión con el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González; el Jefe de Servicio de Oncología del SERIS, Alfonso Martín Carnicero; y profesionales del Servicio de Oncología, con el fin de analizar los tres primeros meses de funcionamiento de este sistema de continuidad asistencial, así como incidir en la importancia del diagnóstico precoz. 

Carnicero ha explicado que hasta hace poco, las necesidades asistenciales de los pacientes con cáncer se cubrían mediante la atención ordinaria en horario de mañana y un dispositivo de tarde, de lunes a viernes, hasta las 21.00 horas. Sin embargo, el aumento de la incidencia del cáncer y el mayor número de pacientes supervivientes han incrementado las necesidades asistenciales y, en respuesta a esta realidad, se ha puesto en marcha el nuevo dispositivo de atención presencial continuada las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que garantiza la presencia permanente de un oncólogo de guardia. “Esta nueva prestación está orientada fundamentalmente a mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes”, ha señalado.

Gracias a este dispositivo, los pacientes que acudan a Urgencias por complicaciones derivadas del tumor o del tratamiento pueden ser valorados de forma inmediata, sin necesidad de esperar al día siguiente. Además, permite una atención más precoz a los pacientes ingresados, facilitando la toma de decisiones tempranas y contribuyendo a reducir ingresos innecesarios, de manera que solo ingresen aquellos pacientes que realmente lo precisan.

Martín Carnicero ha destacado, asimismo, que la complejidad en la atención al paciente oncológico es cada vez mayor, debido al aumento de las líneas de tratamiento y a los múltiples matices que presenta la enfermedad, lo que hace imprescindible contar con un oncólogo de guardia de forma continuada para garantizar una atención especializada, segura y de calidad.

Atención integral del cáncer en La Rioja

En ese sentido, la titular de Salud ha destacado que, en La Rioja, al igual que en el conjunto de España, los programas de cribado que ya están plenamente implantados son, en primer lugar, el de cáncer de mama, que alcanza una cobertura del 92 % y permite detectar en torno al 4 % de los diagnósticos anuales de este tipo de cáncer. En segundo es el de cáncer colorrectal, gracias al cual se detectan aproximadamente entre el 3 y el 4 % de los diagnósticos anuales. Y, por último, el cribado de cáncer de cérvix.

Estos cribados están dirigidos, en el caso del cáncer de mama, a mujeres de entre 45 y 69 años; el de cáncer colorrectal, a mujeres y hombres de entre 45 y 74 años; y el de cérvix, a mujeres de entre 25 y 65 años. María Martín ha subrayado que “animamos a la ciudadanía a participar en estos programas y apelamos a la corresponsabilidad en el cuidado de la salud”. 

Asimismo, la consejera ha lanzado un mensaje de “apoyo y cariño a los pacientes con cáncer y a sus familias” y ha afirmado que “la mejor forma de demostrar ese apoyo es reforzando la investigación, aumentando las posibilidades de vencer al cáncer a través del avance científico”.

En este ámbito, ha destacado que desde el Sistema Público de Salud “no solo impulsamos la investigación básica, sino también la investigación clínica, gracias a la implicación de nuestros profesionales del SERIS, que aportan su conocimiento y experiencia”, así como “la nueva Unidad de Ensayos Clínicos, puesta en marcha el pasado año y centrada en ensayos en fase I, que supone un importante avance en la investigación y en la búsqueda de nuevos tratamientos frente a esta enfermedad”.

Para concluir, la consejera ha expresado “el agradecimiento a los profesionales sanitarios y a todas las personas que contribuyen a que el cáncer sea cada vez una enfermedad más crónica y menos mortal”. “Este progreso es posible gracias a quienes participan en la investigación, en los programas de cribado y en la asistencia sanitaria, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento”, ha dicho. 

Estimaciones de la incidencia de la enfermedad en La Rioja durante 2026

El Sistema Público de Salud de La Rioja consolida el abordaje integral del cáncer impulsando la investigación y la innovación clínica. Ejemplo de ello son la reciente entrada en funcionamiento de la Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos, avance que se ve reforzado con la próxima ampliación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR+), que incorporará unidades de investigación preclínica y clínica. Estas unidades potenciarán a su vez la actividad investigadora de los cuatro grupos científicos del área de Oncología del CIBIR. 

Del mismo modo, el Sistema Público de Salud de La Rioja cuenta con comités moleculares de tumores, equipos multidisciplinares que apoyan a los facultativos clínicos en la interpretación del perfil genómico para ofrecer una atención personalizada a cada paciente.

Según datos del Registro de Tumores de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, las estimaciones de la incidencia en La Rioja muestran que en 2026 se producirán 1.962 nuevos diagnósticos de cáncer (tasa bruta de 590,9 casos por cien mil). Del total, 1.175 serán nuevos casos en varones y 787 en mujeres.

Las principales localizaciones estimadas en mujeres serán mama (233 casos), colorrectal (110) y tráquea, bronquios y pulmón (60 casos). En el caso de los varones, la mayor incidencia se concentrará en próstata (224), colorrectal (185 casos), y tráquea, bronquios y pulmón (153 casos). 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso presentado por la familia de Piotr Piskozub, el joven sin hogar que murió 12 horas después de haber sido dado de alta en el Hospital Virgen del Rocío, al no contemplar relación de causalidad entre la prestación sanitaria que se le dispensó en el servicio de urgencias y su posterior fallecimiento, a pesar de que presentaba un estado de desnutrición severa. Pesaba 30 kilogramos y sufría neumonía y tuberculosis, según el informe de la autopsia.

El esfuerzo de la familia se ha centrado a lo largo de la década en que la administración reconozca su responsabilidad a la hora de atender a esta persona vulnerable. El argumento esgrimido por el órgano judicial, y los diferentes actores implicados en el proceso, se centra en que, aun con todo el apoyo de los facultativos que le dieron el alta, de ninguna forma se hubiera podido evitar su pérdida. Sin embargo, como aseveró el hermano del fallecido a este medio, la cuestión era haberlo ingresado con el fin de darle un trato humano en sus últimos instantes de vida. “Si hubiera muerto rodeado de atención profesional, no nos hubiésemos quejado y hubiésemos tenido la certeza de que se había hecho todo lo posible desde el punto de vista médico”, dijo.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, a la que ha tenido acceso esta cabecera, llega más de 12 años después de lo ocurrido. El hecho se produjo el día 2 de octubre de 2013, cuando el varón de 23 años se desplomó sobre el suelo mientras esperaba en una cola para comer en un albergue municipal de Sevilla, lugar al que se le había derivado al dar por finalizado el protocolo de actuación en el centro sanitario en el que había estado momentos antes. Acudió al servicio de emergencias hospitalarias con el propósito de que lo alimentaran, pero, pese a su estado físico y anímico, no se realizaron las pruebas complementarias, como una hemograma bioquímico o una radiografía de tórax, que habrían facilitado un diagnóstico de las patologías que, finalmente, causaron su deceso.

En el auto, para el que cabe un nuevo recurso, se cita el informe forense, según el cual la muerte Piskozub “se hubiera producido igualmente en las horas siguientes a la atención hospitalaria, aun cuando se hubiera diagnosticado su enfermedad y este hubiera quedado ingresado en el centro médico”, a lo que se añade que “los peritos fueron tajantes respecto a esta conclusión”. Por tanto, se manifiesta que “no se puede pretender una indemnización conforme a baremo como si cupiera apreciar una relación de causalidad entre la prestación sanitaria prestada con el desenlace luctuoso” ni, tampoco, alegando lo que se conoce como “pérdida de oportunidad”, concepto jurídico relacionado con evitar un perjuicio.

“Falta de medios”

El caso removió a la sociedad hispalense, cuya movilización bajo el lema No más muertes sociales aglutinó a asociaciones aparte de a su círculo familiar, desde donde se pedía responsabilidad al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por lo que entendían como una negligencia asistencial. Con ello, se puso el foco en la atención sanitaria a las personas sin hogar, motivo por el que la Junta de Andalucía actualizó el procedimiento marco de asistencia a personas en riesgo social en las urgencias hospitalarias. Al echar la vista atrás, el periplo judicial se ha convertido en un rosario de la aurora en el que se ha negado en varias ocasiones la relación entre los hechos que denunciaba la familia y, por tanto, una cobertura digna al paciente que se encontraba desnutrido.

El primer dictamen llegó en 2013 cuando la jueza de Instrucción número 5 de Sevilla archivó la causa. Ante la ausencia de responsabilidades, los allegados del joven sin hogar apelaron el fallo y, tres años más tarde, la Audiencia de Sevilla desestimó el recurso al no ver un ilícito de imprudencia médica, como pedía la Fiscalía, por lo que la actuación de los tres médicos y el enfermero que atendieron al joven de origen polaco quedó impune desde el punto de vista penal, pese a que la acusación aludía a delitos de homicidio por imprudencia grave. De cualquier forma, el auto señalaba que “si bien la actuación de los imputados no fue del todo correcta, pues se omitió la realización de pruebas necesarias para llegar a un diagnóstico acertado, produciéndose, por tanto, la infracción del deber de cuidado, no existe, sin embargo, relación de causalidad con el resultado final, es decir, el fallecimiento del paciente”.

Aun así, la representación legal de los afectados, ejercida por Luis Santos, de la Cooperativa Jarsia Abogados, encauzó la causa a través de una reclamación patrimonial contra el SAS. Con este movimiento, se logró que la administración reconociera su implicación en los hechos, otorgando una compensación económica de 6.000 euros a la madre y el hermano de la víctima a raíz de la muerte que se había producido tras acudir a las instalaciones hospitalarias.

La Dirección Gerencia del SAS expuso en 2016, en la resolución que puso fin a la vía administrativa, que “se produjeron daños morales por la falta de medios que, siendo oportunos, dada la situación, no se le dispensaron”. Así, se admitía “el daño moral originado con motivo de la asistencia dispensada a don Piotr Piskozub”. En la condena, la jueza apunta que el estado del hombre “requería la realización de pruebas” que “no se realizaron”. De todos modos, concluía que “incluso de haber efectuado las pruebas diagnósticas mencionadas, y haber diagnosticado antes la enfermedad, se hubiera producido el desenlace fatal”, determinando que “no cabe hablar de pérdida de la oportunidad, ya que no ha quedado probada la probabilidad de que la actuación médica hubiera evitado el fallecimiento”, ya que padecía neumonía y tuberculosis.

En sus últimos instantes, Piotr Piskozub murió, según la autopsia, por una neumonía por neumococo y S. aureus en paciente con tuberculosis miliar que afectaba al pulmón, hígado y riñón. Sus pulmones pesaban en conjunto 1.760 gramos cuando el peso normal sería de 750 a 800 gramos, lo que indicaba que había “una enfermedad o infección”. Tal y como recoge el escrito del TSJA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que un estado de desnutrición severa (cuando el Índice de Masa Corporal —IMC— es inferior a 16 Kg/m2) es indicativo de hospitalización, tratamiento de malnutrición, realización de pruebas diagnósticas para la detección de las enfermedades de base y tratamiento de las mismas. El joven tenía un IMC DE 12,6 Kg/m2.

UGT ha denunciado este martes lo que considera un “nuevo episodio de déficit asistencial” en el Hospital Universitario de Toledo. En concreto, el sindicato asegura que se ha habilitado “un parking de pacientes” en la sala de los ascensores, donde las personas esperan a ser trasladados en ambulancia tras las consultas o el alta hospitalaria. 

Según afirma UGT en un comunicado, este espacio “no es el adecuado para la instalación de camillas ni tampoco para las necesidades que puedan tener estos pacientes”. Y es que asegura que se trata de una “zona aislada, lejos de los celadores y sin llamadores”.

La responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Toledo, Inés Pedreño, denuncia que “este parking de pacientes va en contra de la calidad asistencial y de la política de humanización de la que tanto hace gala el Sescam”.

La zona de espera anterior ahora es una zona comercial

Además, UGT ha criticado que la zona que se utilizaba anteriormente para esta espera ha sido cerrada para convertirse en “un área comercial”. Sería ese el motivo por el que el Hospital “ha decidido llevar a los pacientes a un lugar que ni es digno ni reúne las condiciones más básicas”, en opinión del sindicato.

Tras afirmar que las instalaciones del Hospital Universitario de Toledo “son propiedad de la empresa concesionaria que lo construyó”, Pedreño ha zanjado que “ahora vemos las consecuencias de poner en manos privadas un recurso que debería ser 100% público; se está priorizando las áreas comerciales sobre las asistenciales”.

Preguntado por este medio sobre esta información, desde el Hospital Universitario de Toledo se han limitado a señalar que el espacio del que habla UGT “es una zona de tránsito para salida y entrada de pacientes que llegan en ambulancia, donde la condición fundamental es facilitar la comunicación tanto horizontal como vertical”.

Belén Navas es sorda y dio a luz a su bebé sin poder apenas comunicarse con el personal sanitario durante su parto. “De repente sentí que alguien estaba tirando de la placenta sin haberme avisado”, relata en El parto como territorio político, una jornada sobre violencia obstétrica celebrada el pasado 12 de noviembre en Alcorcón. Aquella “extracción forzosa”, cuenta, le causó una hemorragia: “Parte de ella se había quedado dentro, y eso hizo que me tuvieran que llevar a quirófano”. En ese momento, sin que se informara debidamente de lo que estaba ocurriendo, recuerda preguntarse dónde estaba su hijo y pensar: “¿Esto tiene que ser así o está pasando por ser yo sorda y que no tengan un interés real en informarme?”.

Su hospital, en la Comunidad de Madrid, no le ofreció un intérprete de Lengua de Signos Española (LSE) porque la empresa adjudicataria de este servicio en la región, SAMU, le dijo que “no dan intérpretes para emergencias como partos”, según su relato. Este servicio, según figura en la página web de la Comunidad, tiene que solicitarse con al menos 48 horas de antelación. Sin embargo, Belén vuelve a estar embarazada ahora y, según denuncia a este diario, ha tenido que ir a consultas médicas sin intérprete —teniendo en cuenta que su marido también es sordo— porque “no había disponibilidad” a pesar de que solicitó el servicio con antelación de sobra. “Quiero tener intérprete presencial en mi segundo parto pero no sé si va a ser posible”, añade. 

Pero Belén no es la única que señala deficiencias en este servicio: “En muchas ocasiones no hay disponibilidad de intérpretes, aun gestionando el servicio nada más conocer la cita médica, que con las actuales listas de espera son para más de seis meses en el caso de citas de especialidad”, asegura Mónica Rodríguez, que cuenta que se ve obligada a comunicarse con su médico por escrito. “Es una situación muy incómoda: no todos los médicos tienen empatía y se adaptan, ni siquiera en recepción, donde suelen llevar mascarilla, por lo que se generan situaciones muy violentas”.

De esta manera, se incumpliría, en la práctica, la Ley de reconocimiento de las lenguas de signos españolas, que regula el derecho de estas personas a contar con un intérprete en lengua de signos para poder comunicarse con el personal sanitario como cualquier otro paciente. Es lo que denunciaron ante el hospital Fundación Jiménez Díaz, la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) Charlotte Berthier y su pareja, Leyre Subijana. 

Un largo camino hasta conseguir un intérprete a un día del parto

Charlotte es sorda y dio a luz el pasado mes de octubre. Junto con su pareja, pusieron varias reclamaciones para exigir que el hospital ofreciera el servicio de un intérprete de LSE: “Tras un largo camino de trámites administrativos, asesoradas por una abogada, 19 horas antes de que ingresásemos en el hospital para la inducción que teníamos programada, el hospital llamó para decir que aceptaban nuestra solicitud y contaríamos con intérpretes durante el parto”. Su presencia, explican, fue “clave” en momentos críticos, como “cuando se consideró la opción de llegar a cesárea”. A pesar de que el desenlace fue positivo, apuntan que “nadie debería pasar de nuevo por el laberinto burocrático e institucional por el que nosotras hemos pasado para que este derecho se reconozca”. 

Hasta el día anterior al parto, con la incertidumbre y los nervios que supuso la tardanza, la única alternativa que daba el hospital era el SVIsual. Se trata de un servicio de videointerpretación en el que, a través de una pantalla, el usuario puede comunicarse con un intérprete que traduzca las conversaciones a tiempo real. Pero, según argumentó la pareja, esta opción podría suponer una “experiencia nefasta”. 

La videointerpretación presenta varias deficiencias incompatibles con la situación que supone un parto para la madre, argumentan, “como una carga extra de atención —la paciente debería mantener la mirada fija en la pantalla para saber lo que están diciendo los médicos y se vería obligada a expresarse—, la mala imagen debido a la mala cobertura que suele haber en los hospitales, que le toque una intérprete que no cumpla el perfil necesario, que tenga que estar en la cola de espera…”.

Sin servicio de videointerpretación

Más allá de situaciones como partos, este sistema solía ofrecerse en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y era la única herramienta de la que disponían las personas sordas cuando acudían, por ejemplo, a las urgencias, donde resulta imposible solicitar un intérprete con antelación. Sin embargo, desde febrero de este año, ya no está operativo dado que el Gobierno de Ayuso no lo financia. Es lo que asegura la Fundación CNSE, que trabaja para la supresión de barreras de comunicación. Ellos han ofrecido este servicio de videointerpretación de Lengua de Signos Española (LSE) de manera gratuita durante más de ocho años sin recibir un sólo euro por parte de la Comunidad. Por su parte, la Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas de este diario al respecto. 

En 2023 la Fundación plantea a la Comunidad “la necesidad de que este servicio fuera debidamente financiado por la Consejería de Sanidad, pues desde 2017 estaba siendo sostenido con recursos propios”. Al año siguiente, vuelven a insistir y avisan de que si las arcas públicas no toman las riendas, en febrero de 2025 se verían obligados a dejar de ofrecer el servicio. Y así fue, afirman. La única razón por la que se lo ofrecieron a Charlotte es que la Fundación Jiménez Díaz pertenece al Grupo Quirón, donde sí se da ese servicio por iniciativa privada. 

“Esta interrupción no responde a una decisión técnica ni a una falta de voluntad por parte de nuestras entidades sociales, sino a la imposibilidad material de seguir manteniendo el servicio de videointerpretación SVIsual sin la debida contraprestación económica por parte de la administración autonómica”, aclara la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (Fesorcam), otra de las asociaciones implicadas en el convenio. Apuntan, además, que en otras comunidades autónomas, como Galicia o Valencia, este sistema sí que está financiado por el gobierno autonómico. Actualmente, los únicos hospitales en Madrid donde se sigue proporcionando este servicio son los pertenecientes al grupo Quirón. 

Las deficiencias del SVIsual: “Jamás pude disfrutarlo”

Pero incluso mientras estaba disponible, las mujeres consultadas por este periódico sostienen que el sistema SVIsual estaba lejos de ser satisfactorio: “Jamás pude disfrutarlo en las ocasiones en que he ido a hospitales públicos”, asegura Mónica Rodríguez. En una ocasión, acudió a urgencias con una lesión grave. Esta “no se trató bien por la nula accesibilidad a la información y a la comunicación”, asegura, y explica que el personal sanitario “no sabe de qué se trata, ni qué dispositivo coger”, que recibe “malas actitudes por el desconocimiento y estrés de la situación que genera” o que incluso no funciona por no haber cobertura de internet. 

Belén Navas coincide en este sentido. La “mala cobertura”, “larga espera en la cola”, el hecho de no saber quién te tocará como intérprete, que no haya “soporte adecuado para el tablet en caso de que la paciente sorda esté tumbada y quiera usar las dos manos para comunicarse”, o que el sistema no funcione “por falta de actualización”, son algunos de los problemas que nombra.

En concreto, la garantía de la cobertura y wifi para el funcionamiento de la videointerpretación es responsabilidad de la administración. Era una de las únicas responsabilidades del servicio madrileño de salud a cambio de obtener el servicio en sí de manera gratuita: “Buscar soluciones a los problemas de conectividad (apertura de puertos en su red de comunicaciones, implantación de wifi), la adquisición de dispositivos (tablets) y la definición de procedimientos para la adecuada utilización del servicio de videointerpretación”, detalla la Fundación CNSE. 

Para estas mujeres, las soluciones pasan, por ejemplo, por sensibilizar al personal sanitario sobre la comunidad sorda, tener un equipo propio —y no externalizado— de intérpretes y garantizar a un equipo de guardia para emergencias y reservar el uso del sistema SVIsual a trámites como el triaje en las urgencias. 

Conseguir a tiempo una cita para el médico de familia en Andalucía es una misión difícil. Según una encuesta aleatoria realizada por UGT y otra recogida de datos y testimonios hecha por este periódico, la demora asistencial en la atención primaria supera ampliamente la semana y se mueve en rangos que llegan incluso a los 20 días, en todo caso lejos de las 72 horas de plazo máximo a las que se comprometió la Consejería de Salud a finales del año pasado. Mientras el presidente Moreno anunciaba esta martes la contratación de más de 4.000 profesionales sanitarios en 2026 y admitía que había que acometer una “reforma a fondo” del SAS, el día a día para la cuestiones cotidianas en los centros de salud no sabe de grandes números sino de dificultades de base.

En concreto, según las cifras del muestreo del sindicato UGT, siete de cada diez andaluces tienen que esperar más de 10 días para que su médico de familia les pueda atender, lo que representa al 40% del total de citas solicitadas. Mientras, el 30% de los usuarios esperan en una horquilla que se mueve entre los 18 y los 20 días e incluso un 20% se quedan sin cita disponible, pudiendo recurrir al plan de 72 horas que puso en marcha en enero la Junta a través del método “back office” por el que otro médico y no necesariamente el asignado le debe atender. Solo un 10% consiguen citas con una demora de entre 1 y 5 días.

Mientras Salud, que está ahora en manos del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, tras la salida de Rocío Hernández por la crisis de los cribados del cáncer de mama, habla de que la demora media se sitúa en 4,74 días -según la última cifra oficial de enero-, la realidad que dibujan los muestreos aleatorios desmiente esa estadística porque los números no encajan con la media que establece la Junta de Andalucía. Las encuestas a pacientes señalan que la atención primaria, que sanitarios y mesa sectorial recuerdan que es la puerta de entrada al Servicio Andaluz de Salud (SAS), está colapsada.

La falta de médicos de familia, en muchos casos porque los que hay renuncian a aceptar contratos por los grandes cupos de pacientes que deben atender -superando los 1.500 usuarios que se recomiendan porque la población crece y han de responder a demandas fuera de sus propios cupos-, está taponando la atención en los ambulatorios. Ni siquiera el triaje que realizan las enfermeras para determinar la urgencia de los casos que impuso ya hace años la Consejería de Salud está aliviando la carga de los centros de salud.

“Antes de la pandemia podíamos ver a los pacientes en uno o dos días, ahora lo normal es que tarden entre diez y quince en conseguir una cita”, explica Carmen Dastis, médica de familia en Sevilla. La principal razón, apunta, es el envejecimiento de la población y la acumulación de enfermedades crónicas: cada paciente requiere más tiempo, más seguimiento y múltiples pruebas y tratamientos. La situación se complica porque los recursos no han aumentado al mismo ritmo que la demanda: los médicos trabajan con los mismos cupos y hay incluso menos personal que hace años, mientras el número de pacientes y la complejidad de sus patologías ha crecido de forma constante.

Una combinación de factores

Dastis apunta además a la pérdida de incentivos para dedicarse en exclusiva a la sanidad pública. Desde hace un par de años, todos los médicos perciben el complemento salarial de exclusividad con independencia de si trabajan en un centro público o privado, cuando antes solo lo percibían quienes trabajaban en el SAS, fomentando así la pertenencia al sistema público. No obstante, las presiones del Sindicato Médico Andaluz (SMA) para acabar con esa diferencia, hicieron que este complemento dejase de ser una herramienta para fidelizar a los sanitarios.

Por otro lado, recuerda la doctora, “hay una gran rotación de profesionales”, que afecta sobre todo a la atención especializada y repercute en primaria. Los retrasos para ver a un especialista pueden superar un año, “lo que obliga a los pacientes a regresar al médico de cabecera varias veces, generando un efecto dominó que aumenta la saturación”. Tampoco hay sustituciones suficientes para cubrir bajas o vacaciones, “por lo que los compañeros deben asumir turnos extras y agendas cada vez más sobrecargadas”. La médica explica que, aunque su cupo de 1.400 pacientes pueda parecer razonable, “la combinación de enfermedades crónicas, programas adicionales, consultas administrativas y seguimiento hace que la carga diaria sea extrema”.

Esa realidad la viven los pacientes. Víctor, de Málaga, relata cómo la tecnología no siempre ayuda: “En mi centro de salud son de media entre 15 y 20 días de espera y la mayoría de las veces tengo que bajar a pedirla al mostrador porque por la app no hay citas. Las funcionarias incluso te dan el truco de entrar a las 00:00 a la app para pillar cancelaciones”. La rotación de personal también complica la continuidad: “Entre 2023 y 2024 tuve cuatro médicos distintos con contratos cortísimos”.

“Acabamos yendo a urgencias”

En la provincia de Sevilla, Isabel, de La Puebla del Río, describe una situación similar: “Por la app me dicen que no hay citas y que me llamarán en 72 horas. Eso nunca lo hacen. A veces, me dicen que la agenda del mes siguiente no está abierta y que espere. Mi madre pidió cita hace tres semanas y la tiene para el día 29. Su médico se jubiló hace meses y todavía no han enviado sustituto”. Isabel, que tiene una enfermedad crónica, se ve obligada a recurrir directamente a especialistas para pruebas y medicación porque es más fácil que pasar por primaria. “Muy triste todo”, añade.

En Granada, Rafa narra cómo su madre, de 84 años, sufrió un retraso de cinco semanas para ser atendida: “Acabamos yendo a urgencias dos veces. Allí le tratan lo inmediato y le dicen que la vea su médico de cabecera. La pescadilla que se muerde la cola”. En su caso, además, su madre tiene diversas patologías asociadas a su edad, que se suman a una demencia que no facilita ni el cuidado ni la atención que merece por su situación sanitaria.

Así, el muestreo de UGT confirma estos relatos: solo un 3,7 % de las personas consigue cita antes de cinco días, mientras que 7 de cada 10 esperan más de 10 días y 1 de cada 5 ni siquiera obtiene fecha asignada inmediata. La percepción de saturación que describen pacientes y médicos coincide con los datos del sindicato: el sistema está colapsado y mal gestionado, y los planes de choque implementados por la Junta son, según UGT, meros “lavados de cara”.

Mientras la Consejería de Salud no actualiza los datos de demora pese a las solicitudes de este periódico y la última cifra oficial es de 4,74 días, la estadística de la Junta no refleja la experiencia diaria de los usuarios ni la carga real de trabajo de los profesionales. “El plan de las 72 horas suena bien sobre el papel, pero en la práctica es una ficción”, señalan desde UGT.

Para Carmen Dastis es fácil resumir esta saturación: “Hay pacientes que llegan con cuadros que podríamos haber resuelto en primaria si hubieran podido vernos a tiempo. Y eso acaba saturando también los hospitales. Es el pez que se muerde la cola”. Por todo ello, sindicatos y profesionales llevan años reclamando soluciones estructurales: más plantilla estable, cupos razonables y planificación real, en lugar de parchear un sistema que la ciudadanía ya ha normalizado como lento e ineficiente. “Esperar diez o quince días para ver a tu médica de cabecera no debería ser la norma en un sistema público”, sentencian desde UGT.

Justo antes de las últimas elecciones regionales, en el año 2023, la Comunidad de Madrid colocó un cartel en el solar de la calle Antonio Grilo, un terreno de unos 500 metros cuadrados donde se había comprometido levantar un centro de salud para el barrio. El lugar había sido cedido por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2019 para poder trasladar el ambulatorio del barrio, dividido en dos locales alquilados en la calle Palma, que presentan múltiples deficiencias.

Dos años y medio después de que se colocara aquel cartel, el Gobierno de Ayuso no ha movido ni un metro cuadrado de terreno para construir el centro de salud. Y parece que todavía tardará bastante en hacerlo, según las cartas que está enviando su Consejería se Sanidad a los vecinos de la zona, en las que explica que todavía se encuentra revisando el proyecto básico de ejecución de las obras. A ese trámite -asegura en las mismas misivas- seguirán otros, por lo que la Comunidad de Madrid no ofrece aún ninguna fecha estimada para el arranque de los trabajos.

Debido a la falta de un horizonte claro, la Asociación Vecinal Maravillas ha convocado a vecinos del barrio a una concentración para exigir la construcción urgente del nuevo centro. Tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 12.00 horas, frente al solar de Antonio Grilo 8.

La asociación teme que “las limitaciones estructurales y de espacio existentes” que admite la Comunidad de Madrid puedan acabar alargando este proceso para levantar el nuevo centro de salud y denuncian la precariedad de la atención sanitaria en este barrio del centro: actualmente, el servicio se presta en dos pequeños locales alquilados en las calles Norte y Palma, con un coste anual superior a 160.000 euros. Estos espacios, ubicados en los bajos de edificios, atienden a 24.000 pacientes —además de la población flotante— en condiciones que los vecinos califican de “indignas”: falta de aparatos, materiales escasos, humedades y equipamiento deficiente.

El Gobierno de Ayuso se comprometió con el de Almeida a construir esta dotación en un solar de la pequeña calle de Antonio Grilo, gracias a un convenio firmado el 11 de septiembre de 2019 por el entonces delegado de Urbanismo.

El acuerdo de ambas partes establecía un derecho de superficie durante 75 años para la administración regional, a cambio de levantar un ambulatorio muy demandado en un barrio que actualmente tiene este servicio distribuidos en dos locales alquilados de las calles Palma y Norte. La firma fue polémica porque se ofrecía un solar ocupado por un huerto urbano -el Solar Maravillas- y abundante vida comunitaria, al estilo de otros espacios permitidos por el Ayuntamiento en diferentes puntos de la ciudad.

Pasados unos meses, el Ayuntamiento de Madrid ejecutaba el desalojo de los colectivos que gestionaban el solar, pese a que estos habían pedido permanecer allí hasta el inicio de las obras. Cinco años después, el candado sigue puesto y las obras no tienen fecha de arranque.

La Plataforma Toledo por la Sanidad Pública ha protestado este lunes contra las “largas” listas de espera en la atención sanitaria presentando ante la Consejería de Sanidad 6.421 firmas, recogidas principalmente en el Centro de Salud del toledano barrio del Polígono y del Hospital Universitario de Toledo.

“Esta espera hace que se retrasen los diagnósticos, los tratamientos, y puede que las personas enfermen o se agrave más su situación. Por eso iniciamos esta campaña en marzo”, ha explicado la integrante de la plataforma, Elena Moreno.

Emiliano García García, otro de los asistentes en la entrega de firmas ha recalcado que esta acción “no va en contra de nadie” sino que, el objetivo principal es “defender” la sanidad pública. “Teníamos un tesoro, pero poco a poco, como una lluvia fina, nos la están deteriorando”. 

Moreno ha recalcado que hace una semana se le envió una carta al consejero de Sanidad, en la que reivindicaban acortar los plazos de espera de las atenciones sanitarias, y de la que aún no han obtenido contestación. Además, matiza que esta situación está “empujando” a que la población recurra a lo privado igual que “ya hacen” parte de las administraciones: “mandar” a los pacientes a las clínicas privadas para “intentar solventar” esa lista de espera.

“Nosotros decimos que sí, que hay que hacer un plan de choque, pero siempre desde medios públicos. No entendemos que se derive dinero a la privada para intentar reducir la lista de espera”, apunta Elena Moreno. 

La plataforma también ha comunicado que seguirán con las reivindicaciones. Para ello, han convocado una concentración el próximo 11 de octubre a las 12:00 horas que irá desde el Centro de Salud del Polígono hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Hay patologías y especialidades como, traumatología o cardiología, donde “más” se aprecia la larga lista de espera. “El problema son los datos que han subido en el último semestre, porque teníamos unas 100.000 personas esperando para cirugía, para un médico, para una prueba”, asegura Moreno. 

'Toledo por la Sanidad Pública' insiste en que no se está llevando a cabo “ninguna” solución. “Han subido a unos 600 pacientes en este primer semestre, sobre una cifra de 37.000 aproximadamente, para cirugía. Y hay 50 y tantos mil esperando especialistas con una subida en el primer semestre de unos 7.000”. 

La Atención Primaria también “sufre” las listas de espera

No solo las listas en patologías y especialidades están incrementándose. La Atención Primaria es otra de las partes que está viéndose “afectada” por la “falta” de recursos en la sanidad pública actual.

“Estamos viendo que para pedir cita con nuestro médico de familia tenemos que esperar alguna vez en dos semanas. Para sacar una analítica podemos esperar 15 días o un mes”, afirma Elena Moreno.  

Aseguran que, esta situación, está siendo la que “provoca” la saturación en las urgencias además de que, las citas se estén dando entre uno y dos meses.

“¿Cómo va a costear una familia 1.200 euros cada mes solo en terapias?”, se pregunta Begoña Morales, madre de Hugo y creadora de la plataforma “Hasta los seis” que lucha por la ampliación de la atención temprana para niños con necesidades especiales hasta los seis años en Asturias.

Su hijo, de poco más de tres años, está diagnosticado con una enfermedad muy rara. Su dolencia, poco estudiada por la ciencia, hace que necesite semanalmente varias terapias para poder asegurar una mejor calidad de vida y una evolución positiva de sus capacidades.

La peor región en atención temprana

Asturias es la única comunidad autónoma del país donde el acceso gratuito a la atención temprana para niños y niñas que padecen alguna enfermedad rara termina a los tres años. En el resto, es gratuita hasta los seis e incluso hay comunidades, como Andalucía, donde las terapias se financian hasta los doce años.

Cuando los niños comienzan su etapa escolar, institucionalmente se considera que ya son los centros educativos quienes deben hacerse cargo de las terapias de los menores. Pero, tal y como apuntan las familias, nada tiene que ver la terapia sanitaria con la educativa.

El colegio se queda corto

Begoña Morales resalta que es precisamente en la etapa entre los 3 y los 6 años cuando se produce un máximo desarrollo en los niños, tal y como confirman los estudios científicos y que, por tanto, “cortar una terapia a los 3 años es dejar el trabajo a medias. En el colegio hay recursos, pero no es el mismo servicio que la atención temprana con especialistas sanitarios”.

“Desde los centros de atención temprana atienden profesionales sanitarios como fisioterapeutas, psicólogos, logopedas y/o terapeutas ocupacionales. Pero en los colegios, cuando existen apoyos, estos son ofrecidos por maestros. Además, la fisioterapia en ese contexto se enfoca de manera educativa, no terapéutica. Al final, las familias debemos financiar de forma privada las terapias que los niños siguen necesitando para que no frenen en su evolución”, explican desde la plataforma.

Dos amigas, la misma situación

Begoña Morales y Cristina Arias se conocen desde pequeñas y ahora, además de amigas, comparten una situación similar: ambas han tenido hijos con enfermedades raras que necesitan refuerzos constantes para poder hablar, escuchar o mover partes del cuerpo. Los hijos de las dos requieren que los apoyos gratuitos se extiendan más allá de los tres años. Como la realidad no cubre las necesidades de sus pequeños, deciden poner en marcha la plataforma “Hasta los seis” para luchar por una cobertura más amplia.

Se calcula que en Asturias unas dos mil familias con hijos e hijas menores de seis años necesitan terapias de atención temprana.

Un espacio para recoger la lucha

La plataforma nació en marzo de este año como un espacio “donde recoger la lucha”, explican sus fundadoras. “Había mucha protesta en muchos niveles, pero faltaba un espacio donde aglutinarla. El diagnóstico de una enfermedad rara es una etapa muy vulnerable para las madres. Es muy duro”, concretan ambas, y agradecen enormemente el apoyo constante que se dan la una a la otra, como madres y como “amigas de toda la vida”.

El objetivo del colectivo es reivindicar una atención infantil temprana al menos hasta los seis años . “En Asturias, muchos niños incluso quedan sin atender por haber recibido diagnósticos tardíos o listas de espera” explican las portavoces.

El caso de Deva

María Jesús es madre de Deva, una niña diagnosticada a los 13 meses con síndrome de Angelman y que, desde entonces, ha necesitado apoyos constantes para mejorar su calidad de vida.

Deva, que hoy tiene más de seis años, comenzó a recibir terapias a finales de 2019. Sin embargo, en 2020 se vieron interrumpidas por la pandemia y, en 2021, limitadas por los protocolos para evitar contagios. En julio de ese mismo año, un mes antes de cumplir los tres, Deva perdió la opción de seguir recibiendo estimulación temprana porque había alcanzado la edad máxima permitida.

Diez mil euros en terapia

Desde entonces, su familia costea sus terapias para que la pequeña pueda continuar con su evolución. “Fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología, natación... Hablamos de 7.000 euros el primer año y unos 10.000 en el segundo y posteriores”, desgrana su madre, que incide en la necesidad de . que los apoyos de atención temprana tengan carácter sanitario.

El caso de Hugo también refleja esta realidad y las mismas necesidades. Con casi cuatro años está perdiendo visión y necesita las terapias porque “son claves en su crecimiento”, dice su madre. Hugo acude al psicólogo, al fisioterapeuta y al logopeda, especialistas que cobran una media de entre 35 y 40 euros por hora. “Nos han concedido una prórroga de un año”, matiza su madre, consciente de que muchas familias desconocen que esta posibilidad existe.

Sin diagnóstico

Por su parte, Cristina Arias cuenta que su hija Inma, de tres años y medio, padece una “enfermedad ultrarrara sin diagnosticar”. “El genoma no está estudiado al 100% y no son capaces de darnos un diagnóstico”, explica.

Inma presenta discapacidad en los sistemas motor, cognitivo e intelectual, y necesita terapia incluso para poder comer. Su familia ya ha agotado el apoyo del Principado de Asturias para la atención temprana, y ahora asumen un gasto de unos 500 euros al mes. “Gracias a la Asociación Nora, que ofrece ciertos servicios sanitarios a bajo coste. Si no fuera por este apoyo, con los precios del mercado estaríamos gastando alrededor de 1.000 euros”, señala Arias.

“No podemos esperar”

Las portavoces de la plataforma “Hasta los seis” recuerdan que, antes del verano, el Partido Popular presentó en la Junta del Principado una Proposición No de Ley (PNL) para ampliar esta cobertura, y todos los partidos votaron a favor. Sin embargo, en la práctica, “ese compromiso no tiene fecha, puede tarde mucho y no podemos esperar”.

Estas madres también lograron reunirse con el presidente Adrián Barbón, quien mostró interés en trabajar por una solución. No obstante, mientras las promesas se convierten en hechos, la plataforma insiste en la necesidad de seguir visibilizando este problema que condiciona la vida de sus hijos y la de familias enteras. “Queremos que la sociedad asturiana conozca la plataforma y apoyar a otras familias”, sostienen. Hecha la unión, hecha la fuerza.

Un total de 82 consultorios rurales de Cantabria no tendrán médico en diversos períodos del verano de 2025, según ha informado la Consejería de Salud en el cuadro de previsiones publicado esta semana en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) dentro de la resolución por la que vuelven a convocarse las ayudas municipales al transporte para que los usuarios afectados puedan acudir a sus centros de salud de referencia.

Son casos contados los consultorios que no tendrán alguna ausencia por vacaciones o falta de facultativo este verano. De los 82 en que sí tendrán ausencias o cerrarán puntualmente no se salvan ni los que tienen más de un médico en plantilla.

De este modo, los siguientes consultorios, con más de un médico en plantilla, se quedarán sin facultativo en algún momento durante este verano hasta el 30 de septiembre: Bareyo, Castañeda, Camaleño, Guriezo, Comillas, Marina de Cudeyo-Rubayo, Mataporquera, Noja, Puente Viesgo, San Felices, Somo y Santibáñez de Carriedo.

La propia convocatoria de subvenciones al transporte se justifica en la situación “crítica” que se va a generar por segundo año consecutivo, toda vez que aparte de las ausencias previstas hay que tener en cuenta las bajas sobrevenidas, una variable que afectó gravemente el pasado verano a los servicios de urgencia de la Atención Primaria.

“Para hacer frente a la situación 'crítica' de falta de sanitarios que garantice el 100% de la asistencia sanitaria este verano, las Consejerías de Salud y de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente llevarán a cabo una serie de medidas coordinadas de manera conjunta y en colaboración con los ayuntamientos”, se indica en la resolución publicada en el BOC y consultada por elDiario.es.

Dichas medidas consisten en la puesta a disposición de los ayuntamientos de 200.000 euros en total para que puedan financiar el transporte de pacientes, cuya cita médica no pueda realizarse en su consultorio por la falta previsible de facultativo. El sistema de ayudas a los ayuntamientos no salió como se esperaba el pasado año dada la prolija tramitación que conlleva para, a la postre, recibir en muchos casos varios cientos de euros.

En cualquier caso, la Consejería de Fomento sufragará este verano los gastos de ese transporte que se generen, mientras que serán los ayuntamientos -aquellos cuyos consultorios con ausencia profesionales programada-, los que pongan en marcha el nuevo sistema. Los ayuntamientos deberán comprobar que los solicitantes del transporte disponen de justificante de cita médica.

Investigadoras de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han puesto en marcha un proyecto interdisciplinar que estudia el uso de la narrativa biográfica y la inteligencia artificial en el contexto de la atención domiciliaria. La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con Familiados, entidad que financia esta investigación y ofrece sus servicios de atención domiciliaria en Navarra y Aragón, y con Amaia Cuida, empresa responsable del desarrollo de una herramienta digital basada en inteligencia artificial. Esta aplicación permite recoger los testimonios de vida de personas mayores y transformarlos en relatos biográficos accesibles.

El proyecto está dirigido por las investigadoras Nuria Carcavilla González, del Departamento de Ciencias de la Salud, y Sagrario Anaut Bravo, del Departamento de Sociología y Trabajo Social, y se desarrollará a lo largo de nueve meses. Durante ese periódo se evaluará cómo la recuperación de la historia personal, mediada por esta tecnología, influye en variables como el bienestar emocional, el sentido vital y la identidad narrativa de las personas mayores, así como en la satisfacción profesional y el desgaste emocional de quienes las acompañan en el hogar. La investigación combinará métodos cuantitativos y cualitativos, integrando cuestionarios validados, entrevistas y análisis narrativo de los relatos generados.

Respuesta a uno de los mayores desafíos sociales

“El progresivo envejecimiento de la población constituye uno de los grandes desafíos sociales, sanitarios y educativos del siglo XXI. En este contexto, la atención domiciliaria se ha consolidado como una forma de cuidado cada vez más extendida”, indican las investigadoras de la UPNA. “Las y los profesionales que acompañan a personas mayores en sus hogares generan vínculos cotidianos sostenidos en el tiempo, pero en muchos casos carecen de herramientas para conocer a fondo la historia de vida de quienes cuidan. Esta desconexión puede afectar tanto a la calidad del vínculo como al bienestar emocional de ambas partes”, explican.

Para el equipo de investigación, esta colaboración intersectorial abre la posibilidad de integrar la tecnología en procesos de cuidado relacional, desde una perspectiva ética y centrada en la persona. “Se trata de un estudio pionero a nivel estatal, que aspira a sentar las bases para futuras líneas de investigación aplicadas a los cuidados domiciliarios y el uso responsable de la inteligencia artificial en el contexto del envejecimiento”, aseguran las investigadoras.

Para Familiados y Amaia Cuida, el proyecto “supone una oportunidad para innovar en el ámbito de los cuidados a domicilio y validar nuevas herramientas que humanicen el acompañamiento”. Como se indica desde el proyecto, ambas entidades participan de forma activa en la implementación de la intervención y el seguimiento del trabajo de campo.

El Gobierno ampliará la cobertura sanitaria de los españoles en el exterior a varios “colectivos vulnerables”, ha anunciado este viernes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un encuentro con la comunidad española en Buenos Aires (Argentina). La extensión de este derecho, que ahora solo tenían los pensionistas, alcanzará a “menores de edad, víctimas de violencia machista y personas con discapacidad”, ha anunciado Saiz. 

Se trata de una de las medidas que se incorporarán al nuevo Reglamento de la Ciudadanía Española en el Exterior, para atender a los emigrantes españoles y facilitar su retorno, y que verá la luz “antes de final de año”, sostienen en el Ministerio de la Seguridad Social.

Entre las novedades, también se prevé “facilitar el acceso a la sanidad pública en las estancias cortas de la colectividad a España, a la que ya tienen derecho”, añaden en el departamento de Saiz. “Hemos adaptado la norma a la realidad actual y hemos ampliado los instrumentos de protección y asistencia a la ciudadanía española en el exterior”, ha dicho la ministra desde la capital argentina.

La responsable de Migraciones se ha reunido en Buenos Aires con los consejeros del Consejo de Residentes españoles (CRE) y con la colectividad española en Argentina. “Cerca de 530.000 españoles viven en el país andino, lo que supone el mayor colectivo de españoles residentes fuera de España, el 17% del total”, destacan en el Ministerio.

Además de la ampliación del derecho a cobertura sanitaria, “la protección a estos colectivos más vulnerables se refuerza de forma específica en otros aspectos”, destaca el Ministerio. Por ejemplo, “los colectivos vulnerables tendrán facilidad para acceder a los programas de retorno y se concede una protección especial a mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo la posibilidad de recibir ayuda en el país de residencia o facilidades para volver a España”, detalla Migraciones.

Mejorar y facilitar el retorno a España

Elma Saiz ha destacado que el nuevo Reglamento de Ciudadanía Española en el Exterior “mejora la tramitación del certificado de emigrante retornado”, que ahora se podrá realizar de forma telemática y en cuyo proceso se han eliminado trabajas burocráticas, apuntan en el Ministerio.

Saiz también se ha refereido a la nueva Oficina Española del Retorno, que será un punto de información y apoyo en temas como “empleo, vivienda, educación y papeleo”. El Ministerio indica que se “facilitará la homologación de títulos extranjeros, evitando largos procesos burocráticos y se coordinará con ayuntamientos y comunidades autónomos para que el retorno sea más sencillo”.

La nueva norma aumentará la financiación para centros y asociaciones y crea un censo de asociaciones y centros para facilitar su participación y acceso ayudas, añaden en el Ministerio. “Al reforzar los Consejos de Residentes en el Exterior buscamos que los emigrantes tengan más voz en las decisiones del Gobierno”, ha sostenido Elma Saiz. “Queremos escuchar cómo podemos serles útiles, cuáles son sus demandas”, ha añadido la ministra.

Más de 150 profesionales de los centros de salud de Navarra han participado este martes en la jornada de presentación del documento inicial de la Estrategia de Salud Comunitaria en Atención Primaria del Departamento de Salud, que se ha desarrollado conjuntamente entre Atención Primaria y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) y que comenzará a implementarse en septiembre.

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha realizado la apertura de esta jornada, que ha tenido lugar en Baluarte, junto al gerente del Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea, Alfredo Martínez. En su intervención, Domínguez ha afirmado estar “convencido” de que la implementación de la estrategia “será un éxito” y ha explicado que la salud comunitaria en atención primaria “se fundamenta en un enfoque integral que reconoce la influencia de los determinantes sociales en la salud y promueve la participación activa de la comunidad en la identificación y resolución de sus necesidades”.

“Este modelo busca fortalecer la equidad y mejorar la calidad de vida de las personas, abordando no sólo la enfermedad sino también las condiciones que la generan”, ha dicho, tras añadir que “participación comunitaria es involucrar a la población en la identificación de problemas de salud y en la toma de decisiones”.

Según ha subrayado, “poner el foco en los determinantes sociales de la salud y reconocer que factores como la educación el empleo, el entorno físico y social, entre otros, influyen significativamente en las salud de las personas puede ayudarnos en nuestro cometido”.

En este sentido, ha apostado por “defender la atención integral y continua, ofrecer cuidados que aborden las necesidades físicas emocionales y sociales de los individuos a lo largo del tiempo, trabajar con un modelo de atención que va más allá del tratamiento de la enfermedad, poniendo el foco en las condiciones que la generan, y promoviendo la participación activa de la comunidad”.

Por su parte, Martínez ha considerado que “hay que mirar a largo” plazo, con estrategias “que nos permitan de verdad superar los problemas a los que nos dedicamos todos los días con el pico y pala, y esta yo creo que puede ser esa estrategia”.

“Llevamos 30 años diciendo que tenemos que girar de la asistencia a la prevención y a la promoción, pero no acabamos de hacerlo y esta estrategia pone el foco ahí, pone el foco en la comunidad y no en las consultas, los centros, los hospitales”, ha indicado, tras añadir que “no por poner más tecnología o más consultorios o más profesionales, que son muy importantes, que son necesarios, vamos a conseguir” mejorar el nivel de salud de la población.

“Es una estrategia que tiene interés porque aúna los esfuerzos de la atención primaria con salud pública”, ha apuntado Martínez, tras remarcar que “es una estrategia que mira al futuro, contando con los distintos testamentos profesionales y contando con los conocimientos de las distintas disciplinas”.

La estrategia plantea trabajar en tres niveles: asistencia individual y familiar con orientación comunitaria -que se centra en “buscar las causas de las causas”-; trabajo grupal con orientación comunitaria; y acción comunitaria en salud -que plantea que “hay otros agentes que generan salud, no solo el centro de salud”-.

En primer lugar, busca ofrecer una atención individual y familiar en las consultas y domicilios “que tenga muy en cuenta el contexto social de la persona que se está atendiendo, tanto a la hora de entender su situación o problema de salud como de explorar las posibles vías para afrontarlo”.

En segundo lugar, pretende “potenciar en los centros de salud la educación para la salud grupal en función de las necesidades detectadas en la comunidad”. En estos talleres, “personas con una misma situación vital o enfermedad reflexionan colectivamente sobre su proceso, mejoran sus conocimientos y adquieren más capacidades para afrontarlo”.

En tercer y último lugar, apuesta por que los profesionales de este nivel asistencial “se impliquen en los procesos comunitarios de su zona junto a la ciudadanía, el tejido social, profesionales de otros sectores y las administraciones locales para, de manera colaborativa, mejorar el bienestar y la salud colectiva”.

Durante la jornada se ha puesto en valor el trabajo realizado en las últimas cuatro décadas en este ámbito en los centros de salud de toda Navarra. Los equipos de Atención Primaria “juegan el rol fundamental” dentro de esta estrategia y contarán a partir de ahora con un equipo de apoyo conformado por ocho profesionales vinculados a la gerencia de Atención Primaria y al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

Este equipo multidisciplinar estará conformado por profesionales de Trabajo Social, y de Enfermería y Medicina especialistas en Atención Familiar y Comunitaria. De hecho, se han creado cuatro plazas de enfermería especializada específicamente desde la gerencia de Atención Primaria para la constitución de este equipo de apoyo.

En el encuentro también se han presentado diferentes herramientas que buscan “poner los medios para facilitar que los equipos de Atención Primaria puedan profundizar en la orientación comunitaria de su trabajo, como un plan formativo, mecanismos para agendar el trabajo, para establecer la dedicación horaria, herramientas digitales y espacios de encuentro para avanzar en este ámbito”.

El acto se ha dividido en dos partes. En la primera, se ha explicado en qué consiste la propia estrategia. En la segunda parte, de carácter participativo, profesionales de las tres áreas de salud de Navarra (Pamplona, Estella y Tudela) han reflexionado en grupos de quince personas sobre la estrategia y han realizado sus aportaciones a la misma.

Además, la jornada ha sido grabada para que esté disponible para todas las personas que trabajan en Atención Primaria y se ha establecido un mecanismo de participación, mediante un correo electrónico, para que puedan hacer llegar sus propuestas de mejora hasta el 30 de junio. El acto ha sido clausurado por la gerente de Atención Primaria, Susana Miranda, y por la directora gerente del ISPLN, María Ángeles Nuin.

Desde 1987, el Hospital Virgen del Valle funciona como un centro de referencia en la atención a pacientes de Geriatría en Castilla-La Mancha. Forma parte del Complejo Hospitalario de Toledo desde el año 1995. A pesar de toda la historia y arraigo que tiene el centro en el edificio actual -situado en un punto estratégico entre Toledo capital y otras localidades de los alrededores-, el Gobierno regional planea su traslado a las instalaciones del Hospital Universitario de Toledo.

Así lo anunció Emiliano García-Page durante la apertura de la Mezquita de Tornerías en Toledo, cuando puntualizó que la intención era licitar el proyecto de traslado antes de verano de 2025. Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha confirman que este proceso no se ha iniciado. El traslado incluye también lo que resta de los servicios que se mantienen en el Hospital Provincial.

García-Page señalaba entonces que el edificio del Hospital del Valle tiene “pocos años de vida útil”, y que transferir los servicios será en “beneficio de los usuarios y los trabajadores”. 

“No saben lo cómodo, caro y difícil que es trasladar de un hospital a otro porque no hay quirófanos, o por realizar pruebas. Hay días en los que se han llegado a mover 100 ambulancias para prestar el servicio”, detallaba entonces. A pesar de todos los beneficios que señalaba García-Page entonces, el personal sanitario ha reunido, junto a pacientes y familiares, unas 2.880 firmas para mostrar su rechazo al traslado y que se han presentado ante las administraciones competentes.

El sindicato CSIF ha mostrado la “necesidad” de mantener el centro, al resaltar que es el “único” centro de referencia y especializado en tratamientos geriátricos de la región, junto al del Hospital del Perpetuo Socorro de Albacete. Esto, señalan, es “fundamental” para la formación de personal que se especialice en estos tratamientos. Otros sindicatos como CCOO han declinado hacer declaraciones al respecto, al no conocerse de forma firme el traslado del servicio.

Desde CSIF resaltan que su “inserción” en el nuevo Hospital Universitario “iría en detrimento de la cada vez más numerosa población geriátrica del área sanitaria” de Toledo. “El Sescam vuelve a no tener en cuenta el interés de la cada vez más numerosa población geriátrica dependiente (que se beneficia más de cuidados específicos que de alta tecnología) con el proyectado cierre de un hospital geriátrico”, lamentan. 

Miguel Ángel González, médico en Urgencias del Hospital Universitario de Toledo y sindicalista de CSIF explica que la organización se opone a este traslado porque el Hospital Universitario toledano está ya “colapsado” y que esto solo haría que dicha saturación aumente. 

Tampoco consideran que esta medida redundaría en beneficio de los pacientes, sino todo lo contrario. “Son pacientes que necesitan de estos centros”, explica González, no solo en relación a Geriatría, sino también a los servicios psiquiátricos que se ofertan en el Hospital Provincial.  En cuanto a la falta de vida útil de los edificios a la que alude García-Page, el profesional lo tiene claro: “Si no inviertes en las instalaciones, si no se mantienen, se estropean”. 

Los pacientes de Geriatría, explica González, no son “al uso”, sino que requieren de una atención especializada y un seguimiento también específico. Una atención que, resalta, no se ofrece en el Hospital Universitario. 

González insiste en que el Hospital está “colapsado” y que ese colapso se vive “todos los días”. “No hay camas de hospitalización suficientes, tenemos más de 40 pacientes pendientes de ingreso todos los días; las consultas y pruebas diagnósticas siguen por el mismo camino y no va a mejorar, por lo que vemos de falta de profesionales”, describe el profesional. 

El traslado de los servicios del Hospital del Valle supondría más de 100 camas, más los profesionales que atienden que son más de 700. “Imagínate el movimiento de personas que significará para estas infraestructuras. Y la demanda de pacientes geriátricos es cada vez mayor. Antes encontrar un paciente con 90 años era algo muy raro, pero ahora lo normal es tener pacientes de 100 años”, concluye el profesional.  

La violencia de género es una lacra que se extiende a las mujeres de toda la sociedad, por lo que las personas con discapacidad no son una excepción. Se ha detectado que la prevalencia de la violencia de género en mujeres con discapacidad intelectual es del 40% y la violencia más común en este colectivo es la física/sexual. En el caso de las mujeres con trastorno mental grave, la prevalencia se eleva a 3 de cada 4 y la violencia más común es la psicológica, además se suele ejercer en el núcleo familiar y/o de pareja.

Existe una clara relación ya que la violencia contra las mujeres es la primera causa de tener un problema de Salud Mental, según indica la Organización Mundial de la Salud. Es muy común que mujeres que acaban desencadenando un trastorno mental grave, hayan experimentado en algún momento de su vida, sobre todo de la infancia, algún tipo de trauma o abuso infantil (un 26%), lo que también se relaciona en la edad adulta a ser más susceptible de acabar repitiendo patrones de relaciones abusivas.

Cuando una mujer con trastorno mental grave entra en una relación de abuso, lo que puede ocurrir es que éste empeore los síntomas de trastorno y a la vez esos síntomas la hagan más vulnerable a la violencia psicológica, por lo que cada vez resulta más difícil romper esa dinámica y cortar la situación que se ha creado.

Además, las personas con trastorno mental grave, y en este caso, las mujeres, sufren normalmente un gran estigma que implica mayor vulnerabilidad social. Como consecuencia, suelen ser mujeres que sufren aislamiento, un hecho que las puede hacer más susceptibles a la manipulación y el control. De la misma manera, al tener menos recursos económicos, la relación de dependencia de sus parejas se vuelve aún mayor. Esto puede llevar a una mayor inseguridad emocional y una autoestima más baja, otro punto clave que puede llevar a convertirlas en víctimas de abuso y maltrato. 

La violencia de la que son objeto es física, sexual, psicológica y económica, incluyendo situaciones de abandono, aislamiento, denegación de cuidados, confinamiento, esterilizaciones forzosas o sobre medicalización, entre otras. 

Trastorno mental grave

Tal como lo define el Ministerio de Derechos Sociales, el término Trastorno Mental Grave (TMG) se refiere a alteraciones psiquiátricas de duración prolongada que conllevan un grado variable de discapacidad y disfunción social. Las personas con este trastorno han de ser atendidas en diversos recursos asistenciales de la red de atención sanitaria y social.

Las personas que sufren TMG presentan características comunes como son: una mayor vulnerabilidad al estrés, déficit en las destrezas y capacidades y la manera de ponerlas en juego para manejarse autónomamente, dependencia elevada de otras personas y de servicios sanitarios y/o sociales, dificultad de acceder al mundo laboral, alteración conductual grave, entre otras.

Estos elementos definitorios del trastorno, muestran que las necesidades y problemas intrínsecos de la población con trastorno mental grave, son múltiples y complejos e incluyen tanto aspectos psiquiátricos o sanitarios como psicosociales.

Nueve cada diez reclamaciones presentadas el pasado año por los usuarios del Servicio Extremeño de Salud estaban relacionadas con la atención especializada, muy especialmente por disconformidad con la lista de espera y citaciones para revisión, con mayor incidencia en Oftalmología, Otorrinolaringología, Neurología y pruebas diagnósticas, entre otras áreas.

Destacan en el ejercicio de 2024 “las reclamaciones reiteradas” de los pacientes para la realización de intervenciones quirúrgicas aún pendientes en las especialidades de Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial, Traumatología, Urología, y Angiología y Cirugía Vascular.

Estos datos y referencias están recogidas en el informe de 2024 de la Oficina de la Defensora de los usuarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) que este miércoles ha sido publicado.

Las cifras globales reflejan que esta institución incoó el pasado año 4.350 expedientes de reclamaciones y 25 sugerencias presentadas por usuarios y pacientes, un total de 4.375, lo que supuso un aumento del 35% respecto al ejercicio anterior.

De las 4.350 reclamaciones, 3.932 se dirigieron a la atención especializada, un 90,3 % de las mismas, lo que supone un aumento del 41 %, frente a los 290 de la atención primaria (un 7 % del total), cuya cifra marca una caída del 16 %.

Por lo que respecta a las reclamaciones en Atención Primaria, el informe resalta principalmente la disconformidad con la atención personal y/o sanitaria, deficiencias en recursos humanos y demora para iniciar el tratamiento de fisioterapia indicado en los centros de salud.

Asimismo, se indica que los motivos más reclamados fueron nuevamente la disconformidad por lista de espera y citaciones, un total de 3.613 casos, que abarca un 83 % del total de las reclamaciones, a diferencia del año 2023 que representaba un 76 % del total de las mismas y donde destaca un incremento significativo de reclamaciones por esta causa respecto al ejercicio anterior de un 46%.

Se incluyen en este grupo las reclamaciones de pacientes que “consideran excesivo el tiempo en recibir atención sanitaria”, independientemente de que se trate de fallos por citación o por lista de espera, principalmente para acceder a las consultas sucesivas de revisión de sus patologías en las distintas especialidades, especialmente en Oftalmología, Neurología, Cardiología, Traumatología, Digestivo, Rehabilitación y Urología.

También para la realización de pruebas diagnósticas de control y seguimiento (Radiología, Digestivo y Medicina Nuclear, principalmente), así como por demora para iniciar el tratamiento de fisioterapia indicado en los centros sanitarios.

Áreas de salud

Como en el ejercicio anterior, los ciudadanos del Área de Salud de Mérida fueron los que mayor número de reclamaciones presentaron en cifras absolutas, con 1.554 reclamaciones frente a las 990 en 2023, lo que supone el 36% del total de las reclamaciones incoadas en la Oficina de la Defensora de los Usuarios. En proporción a la población de referencia, esta cifra supone una reclamación por cada 107 habitantes.

En el 94% de sus reclamaciones, se expone la demora en recibir atención sanitaria, ya sea por lista de espera o fallos de citación, con un aumento del 66 % respecto a 2023, especialmente las dirigidas a Oftalmología, Neurología, Urología, Cardiología, Rehabilitación, Dermatología, Neumología y Oncología, así como para la citación de consultas sucesivas y realización de pruebas de control por Radiología y Digestivo (Colonoscopias).

Tras el Área de Salud de Mérida, se sitúan las de Cáceres, con 737 reclamaciones y Badajoz (675). Los tres centros hospitalarios que más reclamaciones generaron en la Oficina de la Defensora de los usuarios fueron el Hospital de Mérida (1.466), Zafra (598) y Hospital Universitario de Cáceres (315).

En atención primaria, las áreas de salud más reclamadas son la de Badajoz, que abarcó el 26 % del total de las reclamaciones; el área de Cáceres (un 19 % total), el área de Plasencia (17 %) y la de Mérida (15 %).

Dentro del capítulo de conclusiones, la Oficina considera que es preciso que los gestores del SES “incrementen los esfuerzos” en las medidas adoptadas con objeto de reducir la demora asistencial de los pacientes en las revisiones de sus patologías y pruebas diagnósticas de control-seguimiento en los centros hospitalarios y especialidades detectadas y reiteradas en las reclamaciones de los usuarios. 

El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es una de las misiones fundamentales de la Seguridad Social. Cuando es reconocido este derecho, los asegurados y sus beneficiarios tienen la posibilidad de solicitar su tarjeta sanitaria individual en el centro de salud correspondiente, pero ¿cómo se da de alta a un beneficiario? Actualmente, son muchos los trámites de la Seguridad Social que se gestionan de forma telemática y tantos procedimientos online pueden dificultar el proceso. Si necesitar dar de alta a un beneficiario o cambiarlo de un titular a otro, te explicamos cómo puedes hacerlo.

Cómo dar de alta a un beneficiario en la Seguridad Social

Cualquier titular de alta en la asistencia sanitaria puede solicitar el alta de un beneficiario, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos. Los casos más comunes suelen ser los descendientes. Sin embargo, hay otras situaciones que garantizan la situación del mismo. Si eres titular, puedes solicitar el alta de un beneficiario de asistencia sanitaria siempre que cumpla los siguientes requisitos:

La solicitud del alta se puede hacer tanto si se dispone de certificado digital como si no. Con identificación digital a través del certificado electrónico o clave, puedes hacerlo a través del portal Tu Seguridad Social (TUSS). Necesitarás identificarte con alguno de los métodos que mencionamos anteriormente. También existe la opción de hacerlo a través de un representante que también tenga certificado o cl@ve en el mismo portal.

Por otro lado, si no cuentas con ninguna de estas identificaciones, puedes hacerlo vía web si utilizas el Portal oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Solo necesitarás hacerte una fotografía para identificarte y subirla a la plataforma. Para solicitar la inclusión de beneficiarios, también se requiere tener acceso a un correo electrónico y hacerse una foto mostrando el DNI/NIE.

Además de cumplir estos pasos, para realizar la solicitud es obligatoria presentar una serie de documentos. Necesitarás tu documento de identidad y el de las personas beneficiarias, desde los 14 años si tienen nacionalidad española y desde los seis meses si tienen nacionalidad extranjera. Es también esencial acreditar la relación familiar o la situación de acogimiento o tutela con la persona beneficiaria.

En el caso de que el beneficiario sea descendiente mayor de tres meses, es obligatorio presentar el libro de familia o el certificado de nacimiento que acredite su relación con la persona asegurada. Para hijos menores de esta edad no es necesaria esta documentación debido a que el Registro Civil envía estos datos automáticamente al INSS. Además de esto, hay que presentar el certificado de discapacidad si es mayor de 26 años.

Cómo cambiar el beneficiario de asistencia sanitaria de un titular a otro

Por si necesitar cambiar el titular del beneficiario, puedes hacerlo de manera presencial en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) con cita previa. Puedes solicitarla con INSS por teléfono durante las 24 horas del día a través de los teléfonos 91 541 25 30 o 901 10 65 70. 

Si necesita cambiar el titular por el que tiene derecho a la asistencia sanitaria un beneficiario, puede hacerlo de manera telemática (con y sin certificado digital) o presencialmente con cita previa en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Un consejo útil es tener a mano tus datos de identificación y tu código postal al realizar la llamada. Cuando te den la cita, se te proporcionará un localizdor que te servirá para cambiar o eliminarla. Si decides conseguir tu cita previa por Internet, puedes hacerlo tanto con certificado digital como sin él.

La segunda vía con la que puedes cambiar el beneficiario de un titular a otro es de manera telemática con y sin certificado. Con certificado digital o cl@ve puede hacerlo en su nombre o mediante representante o apoderado a través del portal Tu Seguridad Social sin tener que adjuntar la solicitud.

Si no dispones de estas herramientas de identificación, utilice el Portal oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. A través de este enlace accederás al formulario on line de solicitud de la asistencia sanitaria desde donde deberá tramitar este cambio. No necesitarás presentar el modelo de solicitud, pero deberás rellenar los campos marcados. En el formulario es obligatorio completar los datos del beneficiario y los tuyos como titular. Hay que tener en cuenta que cuando el cambio sea de un beneficiario menor de 18 años, la solicitud la hará el nuevo titular y tendrá que acreditarse el consentimiento firmado del titular actual.

En cuanto a la documentación necesaria, el propio modelo de la solicitud incluye instrucciones sobre los documentos a presentar en cada supuesto. Para el cambio en la asistencia sanitaria del beneficiario tiene que quedar acreditado el parentesco con el libro de familia, pero también puede demostrarse con el certificado de nacimiento u otro documento donde figure el parentesco con el solicitante. Con cualquiera de estos documentos y el acreditativo de identidad del nuevo titular.