La madre de una niña de 2 años que murió el 8 de abril de 2005 y que ha declarado este martes en el juicio por el conocido como 'caso ataúdes' ha sostenido que están “moralmente destrozados” tras conocer que una funeraria pudo revender ataúdes que familiares de los difuntos ya habían comprado.

La vista oral se celebra en la Audiencia de Valladolid contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los fallecidos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta.

La testigo, entre muestras de dolor, ha narrado que cuando falleció su pequeña tenían seguro de decesos, contactaron con la compañía por teléfono y el comunicante les dijo que el sepelio se llevaría a cabo en el tanatorio de Las Contiendas y que le esperaran junto al hospital donde había muerto la menor tras un atropello.

Una vez en el lugar indicado, apareció una persona que les preguntó si eran ellos los de la niña y les condujo a la oficina del Grupo El Salvador - el grupo funerario por el que se desarrolla el juicio -, donde les manifestaron que el velatorio se iba a llevar a cabo en el Camino del Cementerio.

La madre ha narrado que expuso al empleado de la funeraria que les habían dicho que iba a ser en Las Contiendas, a lo que el trabajadores les respondió que sería un error y, tras dos llamadas con el comunicante de la aseguradora con el que habían hablado en primer lugar, el velatorio se fijó en el tanatorio del grupo de El Salvador.

Después vio a la niña ya en el ataúd y fue impactante observar su “cuerpecito” - 90 centímetros de estatura - en un féretro de adulto, ante lo que le manifestaron que en ese momento no tenían para niños, ha expuesto la testigo.

Posteriormente, fue trasladado el ataúd al cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) para la incineración y dijeron que no se podía ver la cremación, ha dicho la mujer, a la que, según ha contado, le dijeron lo mismo cuando falleció su padre en julio de 2011.

“No sabes si en las cenizas que te han dado está tu padre o no”, ha expresado otra testigo quien ha manifestado sentirse “muy mal” tras saber lo que pudo ocurrir con su progenitor fallecido el 6 de enero de 2010.

“A mí no me interesa el dinero, la duda que tengo es si esas cenizas son las de mi suegra”, ha subrayado en el mismo sentido otro testigo, que perdió a la madre de su esposa el 31 de diciembre de 2010.

A este testimonio ha seguido el de una mujer, cuyo padre falleció el 3 de febrero de 2011. “Me han engañado como a una tonta, me siento engañada”, ha expuesto.

Durante esta sesión han comparecido además otros dos testigos, entre ellos el padre de un bebé de meses fallecido, que han coincidido en señalar que, en Comisaría, les mostraron fotos de sus familiares difuntos sobre palés, no dentro de los ataúdes.

Otro hombre ha explicado que compró el ataúd más caro, de más de 4.000 euros, pero en las fotos que le enseñó con posterioridad la Policía el finado estaba en un simple caja que no tenía nada que ver con la que había adquirido. La vista continuará mañana con la comparecencia de más testigos. 

Fuentes del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco han confirmado a este periódico que la Agencia Vasca del Agua (URA) ha derivado funciones de su competencia a un organismo estatal, Tragsatec, dependiente de la Sepi, por tener una plantilla “limitada”, como publicó este periódico. Sin embargo, estas mismas fuentes del área que dirige el consejero Mikel Jauregi, del PNV, indican que en ningún caso se renuncia a las labores de “control”, ya que las decisiones últimas “siempre” son “tomadas por personal de URA”.

En pleno debate de reclamación al Estado de más competencias, URA acaba de proponer un acuerdo con una sociedad estatal para que asuma misiones relevantes en tareas como la gestión de los vertidos en 2026 y 2027. Y le pagará cerca de 250.000 euros cada uno de esos ejercicios. Se da la circunstancia de que en 2024 y 2025 se había realizado una encomienda similar -aunque por unos 190.000 euros anuales, más barata- y de que en 2024 también se tiró de Tragsatec para cubrir otras labores de aprovechamientos con un presupuesto de 446.437 euros.

“Tenemos algún contrato de asistencia técnica con Tragsatec, al igual que tenemos con otras empresas privadas”, ha confirmado el Ejecutivo. Sin embargo, insisten en que “en ninguno de estos contratos se delegan funciones de control, puesto que la decisión siempre es tomada por personal de URA”. “Al tener una plantilla limitada en personal, aumentamos nuestra capacidad de acción mediante la contratación de asistencias técnicas, que adelantan y desbrozan tareas y estudios para que luego sean completadas por el personal propio”, justifican sobre el encargo a un organismo estatal.

¿Por qué ha trascendido ahora? “Al final de año se hacen estos contratos, todos juntos, mediante una figura administrativa llamada 'encomienda', por ser entre administraciones. Sin embargo, no se encomienda la responsabilidad ni el control, por lo que el término 'encomienda' puede generar confusión. Es importante tener en cuenta que Tragsatec tampoco es una empresa privada al uso. Está regulada por un real decreto”, informan desde Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

En pleno debate de reclamación al Estado de más competencias, un relevante organismo del Gobierno de Imanol Pradales, la Agencia Vasca del Agua (URA), acaba de proponer encomendar a una sociedad estatal (Tragsatec, adscrita a la Sepi) que asuma funciones en tareas como la gestión de los vertidos en 2026 y 2027. Y le pagará cerca de 250.000 euros cada uno de esos ejercicios. Se da la circunstancia de que en 2024 y 2025 se había realizado una encomienda similar y de que en 2024 también se tiró de Tragsatec para cubrir otras labores de aprovechamientos con un presupuesto de 446.437 euros.

“En la actualidad, la Agencia Vasca del Agua no dispone ni de recursos personales ni materiales propios suficientes para poder llevar a cabo los citados trabajos. Ante la situación expuesta, cabe acudir a la contratación externa de servicios o servirse de los medios propios de la Administración General del Estado [...] como Tragsatec”, expone el director de URA, Asier López, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Se da la circunstancia de que el encabezamiento del “encargo” a la entidad estatal arranca con la constatación de que el Estatuto de 1979, algunos de cuyos puntos pendientes se están negociando ahora entre los Gobiernos central y vasco, otorga al Ejecutivo autonómico competencias “exclusivas” en materia de Aguas siempre que sean cauces interiores. Se añade que ya en 1994 se formalizó el acuerdo para el traspaso de esas funciones y se agrega que en 2024 hubo un convenio para que URA asumiese también las labores de “Policía de Aguas” en cuencas vascas ero que discurran también por otros territorios.

El “encargo” plantea que la sociedad estatal Tragasatec, del grupo Tragsa, pueda proporcionar a URA “apoyo técnico” en “control y seguimiento” de vertidos autorizados o ilegales y “soporte técnico especializado y asesoramiento en la tramitación”. Según el responsable de la agencia vasca, con esta participación del Estado se “reforzará” la capacidad de gestión de los vertidos “mediante actuaciones tecnificadas que permitan una respuesta ágil, eficiente y ajustada”. Este acuerdo es para los años 2026 y 2027 -y ya ha entrado en vigor el 1 de enero- y se apunta a un presupuesto de 495.000 euros en total, pagaderos en dos tandas anuales.

En detalle, la encomienda da importantes misiones a la entidad estatal. Tragsatec, por ejemplo, “colaborará en la elaboración de los contenidos sobre el seguimiento de los vertidos de mayor afección y los avisos”. Dos ejemplos concretos que se citan son el control de los lixiviados y posibles filtraciones de lindano en el vertedero de Gardelegi, en Vitoria, o “detectar virus específicos en las aguas residuales urbanas como señal de la aparición de epidemias o pandemias”.

URA admite que incluso necesita de “apoyo externo” para despachar los expedientes de vertidos ilegales. “La tramitación de estos expedientes debe producirse dentro del plazo máximo de prescripción del hecho denunciado, que en cuencas intercomunitarias es de seis meses y en cuencas intracomunitarias y vertidos tierra-mar es de un año. Para poder ajustarse a estos tiempos, es necesario un apoyo externo que permita la coordinación eficiente entre todas las partes implicadas y la suficiente celeridad en la emisión de los trámites desde que se recibe la denuncia hasta que se resuelve su archivo o el expediente sancionador”, argumenta la Agencia Vasca del Agua.

Tragsatec trabajará, eso sí, bajo la dirección de las autoridades vascas. Se ha designado a Josu Perea, director del Dominio Público Hidraúlico de URA, como coordinador. URA tiene en 2026 un presupuesto de 66,1 millones de euros. Su plantilla está compuesta por 182 personas: cuatro altos cargos, doce funcionarios y 166 laborales. Su sede central está en la capital, en Vitoria.

La protesta de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid para exigir mejoras laborales después de cinco meses de huelga ha acabado con cargas policiales, dos personas detenidas y tres denunciadas por atentado contra la autoridad, según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno a este periódico. La manifestación frente a la sede de la empresa estatal Tragsa, en la calle Maldonado, se ha saldado además con 14 heridos, según denuncian miembros del cuerpo de extinción de incendios. Han documentado lo ocurrido con imáges difundidas en redes sociales.

En ellas puede verse incluso como un agente policial llega a rociar con un spray a varios manifestantes uniformados. “Es una vergüenza el trato recibido”, critica la cuenta Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid en un mensaje publicado en X en el que cuestionan la actuación de la Policía Nacional. Afirman que “los compañeros detenidos no han hecho absolutamente nada”. Y recuerdan: “Estamos luchando por nuestros derechos”.

En un vídeo posterior grabado desde una comisaría de la Policía Nacional a la que han trasladado a los arrestados, varios bomberos portavoces tachan la situación de “inadmisible” y dicen sentirse “maltratados”. Exigen además la dimisión del delegado del Gobierno en la región, Francisco Martínez: “No puede tratar así a un colectivo público. Más de 10 personas están en las Urgencias del Hospital de la Princesa”.

El cuerpo regional de lucha contra el fuego ha cumplido 150 días de huelga, con la excepción del parón que iniciaron el pasado 15 de agosto por la ola de incendios que azotó la península. Los bomberos forestales han venido reclamando que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tome las riendas de la negociación, después del fracaso de propuestas como la que barajaron el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, y el presidente de Tragsa (la compañía estatal que presta el servicio mediante encargo), Jesús Casas, para que los bomberos forestales madrileños se acojan al convenio estatal que regula a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). “Lo tenemos súper claro”, indicaban los representantes de los trabajadores acerca del rechazo a esta medida.

Aunque la empresa contratante de las BRIF y los forestales madrileños es Tragsa, los convocantes de la huelga consideran que esta propuesta carece de sentido porque las brigadas autonómicas pertenecen a un sistema de prevención y extinción de incendios completamente diferente al de las BRIF. Por ejemplo, las BRIF se organizan en tres turnos, mientras que los forestales autonómicos únicamente hacen dos. Según el comité de empresa, los casi 500 efectivos autonómicos no podrían hacer frente de manera eficiente a una organización en tres turnos porque no son suficientes. Además, creen que las condiciones de vida en la Comunidad de Madrid, más costosa que en zonas rurales, requieren un convenio adaptado a la situación particular del cuerpo autonómico.

El representante de UGT, Rafael Fernández, calificó de “lamentables” los encuestros posteriores con autoridades de Tragsa y el Ejecutivo autonómico por la falta de iniciativa de ambos interlocutores (con subidas salariales “irrisorias”) y aseguró que estudiarán las siguientes acciones de los trabajadores en huelga. La de este jueves era una de ellas y eleva aun más tanto la tensión como la indignación de la plantilla.

El Gobierno de la Región de Murcia pagó un total de 559.302 euros por la tierra contaminada por metales pesados y residuos tóxicos que empleó para sellar el depósito minero de El Lirio, en Cartagena. La cifra se sitúa por encima del doble de su importe inicial, presupuestado en 252.000 euros, en lo que debía ser según los pliegos técnicos un material limpio. Así consta en la documentación aportada por la Consejería de Medio Ambiente al Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad portuaria tras la orden de la magistrada que investiga el sellado de la instalación minera, ejecutado en 2024 por el Ejecutivo autonómico y la empresa pública Tragsa.

La justificación esgrimida por la administración murciana sobre el coste de la tierra vegetal, de un 122% más con respecto a lo que en un principio estaba previsto, se basa en el incremento del volumen que finalmente se compró, 55.000 toneladas en lugar de 35.000.

Estas variaciones de precio y volumen de la tierra, de una envergadura significativa, fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia con posterioridad a su suministro. Fuentes jurídicas consultadas por este diario califican esta actuación de inusual, ya que toda modificación sustancial del coste de un contrato público debe someterse a los controles administrativos con carácter previo a su ejecución. Asimismo, añaden, la ley de contrataciones del sector público no permite modificar un contrato por encima del 50% de su importe original sin volver a sacar a concurso una licitación.

El material tóxico costó a las arcas públicas, sin que se volviera a licitar, un 9% del total de los trabajos de restauración ambiental de El Lirio, que alcanzaron los 6,2 millones de euros, y que contaron con una subvención de cuatro millones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como con 843.000 euros procedentes de la Unión Europea.

Dos partidas de tierra vegetal

Tragsa adjudicó en 2021 35.000 toneladas de ‘tierra vegetal de primera calidad’ a la mercantil González Soto S.A., una constructora que en los últimos tiempos es contratista habitual de la empresa pública, por 209.300 euros. La tierra fue suministrada entre los meses de febrero y julio de 2024, aunque con una gran variación en el volumen: en las certificaciones firmadas por Medio Ambiente y por Tragsa consta una primera partida de 33.000 toneladas por la que se abonaron 338.158 euros, y otra de 22.000 toneladas que costó 221.144 euros.

Una fuente cercana a los trabajos de descontaminación de El Lirio, que ha colaborado en su ejecución, explica que es usual que “en este tipo de obras tan grandes” se den “aumentos de cantidades de materiales y precios”, aunque “siempre con un motivo justificado previo, y con oscilaciones más pequeñas”. “Nunca he visto que se dispare un precio hasta más del doble del inicial”, añade.

La tierra vegetal, que según los pliegos técnicos debía ser limpia y saludable para completar la remediación ambiental del depósito minero, fue el único árido de las obras que aumentó en un porcentaje tan alto. Dadas las condiciones de contaminación que presentaba y presenta, con valores de metales pesados como plomo, arsénico y manganeso que superan con holgura los umbrales de seguridad establecidos en la Región de Murcia, y con cientos de escorias de la fundición del plomo, que liberan tóxicos con el paso del tiempo, ésta carecía, en realidad, de valor comercial alguno.

El Gobierno regional no ha dado respuesta a las preguntas planteadas por este diario para recabar su versión.

Proyecto modificado a posteriori

La modificación del proyecto donde se debía acreditar el incremento del importe y el volumen de la tierra vegetal llegó meses después de haberla comprado, en septiembre de 2024, cuando las obras ya estaban prácticamente concluidas. El nuevo proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región el 31 de octubre. En él, entre otros motivos, se aduce que la superficie del terreno a descontaminar era mayor de la prevista. La tierra ya se había distribuido entre febrero y julio.

Con el suministro en marcha, en marzo de 2024, se hizo una modificación oficial del contrato licitado a González Soto. En ella se alzó el precio de la tierra hasta situarlo en 313.950 euros, una cifra aún lejos de los 559.302 a los que acabó ascendiendo finalmente. Fuentes de Tragsa consultadas detallan que “fue necesaria la modificación del espesor del perfil de la tierra vegetal durante la ejecución de los trabajos”. En el informe pericial aportado por la compañía estatal en el juzgado, donde aparecen más de un centenar de análisis que revelan su contaminación, no se menciona en ningún momento que el precio del material se incrementara.

Contaminación conocida por los responsables

El Gobierno regional y Tragsa conocían, además, antes de aumentar el gasto, que la tierra vegetal contenía una cantidad muy elevada de metales pesados. Valores de ensayos en origen encargados por la propia empresa pública en febrero de 2024 indican hasta 767 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo y 36,1 de arsénico, ambos muy por encima del proyecto de decreto de Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la Región de Murcia para la declaración de suelos contaminados del año 2025, que fijan máximos admisibles de plomo en 115 mg/kg y límites seguros de arsénico en 13. Éste último metaloide incluso superaba umbrales industriales. Asimismo, de las muestras tomadas por Tragsa tras la finalización de las obras, el 94% presenta concentraciones de plomo por encima de lo legal.

Expertos en edafología y suelos contaminados de la Universidad de Granada y la Universidad de Barcelona concluyeron en declaraciones a este periódico que esa tierra “no puede utilizarse bajo ningún concepto en un trabajo de restauración ambiental”, y que debería declararse como “potencialmente contaminada” y retirarse del sellado de El Lirio a la mayor brevedad. El material aceptado por técnicos y responsables de las obras contiene también, aparte de escorias de la fundición del plomo, restos de asfalto, ladrillos, losas, fragmentos metálicos y plástico.

Esta realidad contrasta con la versión aportada por la fuente vinculada a las obras a la que ha consultado este diario. “Desde el primer día, antes de su suministro, —Tragsa—fue muy escrupulosa con los materiales. Llevaba muestras a laboratorios, iba al origen a inspeccionar la calidad, cualquier detalle, por mínimo que fuera. Comprobaba los camiones cuando se transportaban, los pesaba. Todo estaba controlado. Es imposible que se pasara por alto un material tóxico con esos valores, y con residuos físicos visibles en la tierra”, relata.

En los pliegos técnicos, donde se menciona que la tierra vegetal debe ser “de primera calidad”, la mercantil estatal se compromete a “controlar tantas veces como sea necesario la correcta elaboración del material”, y se reserva la potestad de rechazarla “cuando así lo aconseje la experiencia local y cuando mediante la inspección visual no cumpla con lo descrito”.

Un negocio de millones de euros

Pese a la instrucción judicial de El Lirio, González Soto S.A., según han confirmado a este diario fuentes de la propia empresa, sigue siendo contratista de Tragsa para aportar áridos en las descontaminaciones de otros vertederos mineros que se están ejecutando actualmente en la zona de Cartagena y La Unión. La constructora ganó en agosto de 2025 una licitación de 3,2 millones de euros para suministrar áridos en el depósito de El Descargador, y participa junto a varias mercantiles en otro contrato de siete millones, formalizado en febrero de 2025, para el acopio de material, tierra vegetal incluida, en instalaciones mineras de la pedanía de Llano del Beal.

En la actualidad, según ha podido comprobar esta redacción, hay camiones de González Soto que acuden con frecuencia a las obras de El Descargador repletos de material. En los pliegos técnicos de dicha restauración ambiental, redactados también por Tragsa, constan valores máximos de metales pesados a los que deben ajustarse los áridos y limita la calidad de la tierra vegetal al Real Decreto 867/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, que sitúa el tope de plomo tolerable en un terreno en 45 mg/kg. Este tipo de información no aparece en los pliegos de El Lirio.

Riesgo ambiental

El sobrecoste económico de la tierra tóxica de El Lirio fue de 327.302 euros respecto a lo proyectado. El coste ambiental, en un entorno protegido por la Red Natura 2000, dentro de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y regulado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Región de Murcia (PORN), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, puede ser mayor.

En los documentos aportados al juzgado, el Ejecutivo murciano defiende la calidad de las obras bajo la premisa de que el suelo de El Lirio está sometido a un uso de tipo industrial al tratarse de una antigua instalación minera. Se da la circunstancia de que los NGR industriales son mucho más laxos, de modo que los metales pesados de la tierra vegetal estarían por debajo de ellos. Esta premisa choca frontalmente con el acuerdo rubricado entre la propia Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años. Esta condición fue imprescindible para financiar y hacer posible las obras.

Lo que el Gobierno autonómico calificó como “la mayor restauración ambiental minera de España” ha derivado en una causa judicial abierta que investiga indicios incriminatorios contra la administración regional y Tragsa, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de malversación de fondos públicos. 

Un total de 149 análisis de laboratorio realizados en la cubierta de sellado del depósito minero El Lirio, en Cartagena, cuya restauración ambiental concluyó en 2024 a cargo del Gobierno de la Región de Murcia y de la empresa pública Tragsa, evidencian que se utilizó en las obras una capa de tierra vegetal contaminada por metales pesados. Así lo constatan especialistas en suelos contaminados y edafología consultados por elDiario.es.

Los ensayos revelan que los tóxicos más abundantes en dicha tierra, que abarca una superficie de más de 70.000 metros cuadrados, y sobre la que se han sembrado 52.000 plantas, son plomo (Pb), arsénico (As) y manganeso (Mn), los tres en cantidades que sobrepasan —y multiplican— los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la comunidad murciana. El Lirio se encuentra protegido por la Red Natura 2000, y esta circunstancia supone un riesgo para un ecosistema de alto valor ecológico.

Este periódico ha tenido acceso, asimismo, a informes preliminares de la tierra efectuados por Tragsa antes de que ésta fuera suministrada, que arrojan valores de hasta 767 miligramos por kilogramo de plomo (mg/kg) —cuyo nivel de seguridad está fijado en 115 mg/kg—, de 36,1 mg/kg de arsénico —su umbral seguro es 13— y de 1190 mg/kg de manganeso —con NGR 600—. 

Estos datos de la tierra eran conocidos por la Administración autonómica y la mercantil estatal con carácter previo a su utilización en el sellado. Por ella se pagó, tal y como figura en los pliegos y contratos del proyecto, un total de 313.950 euros, a precio de material “de primera calidad”.

“Esa tierra no puede utilizarse en ninguna remediación”

Para Jordi Sierra, investigador de suelos contaminados de la Universidad de Barcelona, “es inconcebible que se restaure un emplazamiento tan delicado como un vertedero de estériles mineros con materiales que contienen una contaminación tan fuerte”.

La capa de sellado presenta, además, una cantidad inabarcable de escorias de la fundición del plomo, un residuo cargado de metales pesados sometidos a procesos de liberación con el paso del tiempo. Las especies vegetales plantadas como parte final de la regeneración del depósito están creciendo a día de hoy junto a este tipo de fragmentos. El sellado de El Lirio fue catalogado por el consejero de Medio Ambiente autonómico, Juan María Vázquez, el pasado 14 de febrero, como “la mayor restauración minera de España”.

“Esa tierra no puede utilizarse, bajo ningún concepto, en un trabajo de remediación ambiental”, opina, por su parte, el profesor de Edafología de la Universidad de Granada Francisco José Martín.

Los resultados de los ensayos de la cubierta vegetal que certifican su toxicidad forman parte de un informe pericial encargado por Tragsa a Sedwick Iberia, bajo una orden del propio Ejecutivo autonómico, después de que este periódico publicara el pasado 11 de febrero una investigación sobre la contaminación del suelo que se había utilizado para rehabilitar el vertedero. El documento, al que ha accedido esta redacción, fue entregado en sede judicial en julio. Previamente, en abril, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena había incoado diligencias previas de investigación al admitir indicios incriminatorios contra la Administración regional y la empresa pública tras una denuncia de Ecologistas en Acción.

En la cuenca vertiente del Mar Menor

La mayoría de las 149 muestras de la cubierta recogidas en el pericial presentan niveles de toxicidad ampliamente superiores a los NGR establecidos en el Proyecto de Decreto de NGR de la Consejería de Medio Ambiente de 2025. En concreto, a los valores referentes a ‘otros usos’ del suelo, los más restrictivos, al estar El Lirio en un sistema montañoso protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, y al estar regulado como “suelo de protección ambiental” por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales murciano (PORM), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. 

El depósito, además, se ubica en la cabecera de la rambla de la Carrasquilla, en plena cuenca vertiente del Mar Menor: el principal objetivo de las obras de restauración era proteger a la laguna salada de recibir metales pesados con la lluvia y el viento.

Con fondos europeos

El importe de dinero público ejecutado para acometer la remediación del depósito fue de 6,2 millones de euros. Cuatro de esos millones llegaron vía subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y 843.000 euros fueron inyectados a través de fondos europeos. El resto fue pagado por el Gobierno regional, promotor, supervisor y responsable último del proyecto.

Entregadas por la constructora González Soto S.A., los miles de toneladas de tierra vegetal ponen en evidencia la “gravedad” de que, actualmente, afirma el edafólogo José Matías Peñas, “una instalación minera identificada como peligrosa que contaminaba de metales pesados todo cuanto estaba a su alrededor siga haciéndolo tras ser sellada con un material también contaminado por metales pesados”.

Tierras en origen por encima de límites industriales

El Real Decreto 09/2005, por el que se establecen criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, define NGR como “concentración máxima de una sustancia contaminante que no conlleva riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas”. En la Región, para ‘otros usos’ del suelo, el NGR de plomo está fijado en 115 mg/kg, el de arsénico en 13 y el de manganeso en 600.

Una serie de analíticas demuestran que la tierra vegetal seleccionada por González Soto ya estaba contaminada antes de utilizarse en la obra. En febrero de 2024, como paso previo a llevarla a El Lirio y completar la capa de sellado, compuesta también por geotextiles, gravas y arcillas, un análisis efectuado por Tragsa en un laboratorio acreditado halló cantidades de 767 mg/kg de plomo y 36,1 mg/kg de arsénico. Se multiplicaban por siete los niveles seguros del primer tóxico y por casi tres los del segundo. El arsénico incluso superaba su umbral tolerable de uso industrial, fijado en 30 mg/kg. El material iba repleto, aparte, de escorias de la fundición, trozos de asfalto, bloques de hormigón y escombros.

Las tierras fueron elegidas, según la documentación facilitada al juzgado por la empresa pública, de seis fincas del Campo de Cartagena. En esos ensayos previos aparecen también magnitudes de 209 y 357 mg/kg de plomo, 15 de arsénico y 1120 de manganeso.

“No es admisible que a estos suelos se les llame de primera calidad, cuando, precisamente, se pretende eliminar el impacto ambiental de un vertedero minero. Esos niveles de metales pesados indican que se han utilizado tierras contaminadas, o que se han mezclado residuos contaminantes con otros materiales y se han depositado en el sellado”, explica Jordi Sierra.

“Da la impresión de que se ha hecho una mezcla de suelos de distintas fincas, unas más contaminadas que otras, para diluir las concentraciones de metales pesados de tierras con valores más altos de contaminación. Es evidente que no son, en ningún caso, de primera calidad”, determina, en el mismo sentido, Francisco José Martín.

Triplicando el NGR de plomo

En enero de 2025, una vez asentada la tierra sobre la superficie ya aparentemente restaurada del depósito, Tragsa llevó a laboratorio otras 16 muestras. De toda ellas, 15, el 94%, sobrepasan el NGR de plomo, con valores de hasta 373 mg/kg, más del triple del límite seguro. El 100% supera el nivel permitido de manganeso, con cifras máximas de 1940 mg/kg. 

En marzo, como parte de la auditoría ordenada por el Gobierno regional, la empresa pública encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) que hicieran sus respectivos análisis de la cubierta. La UPCT realizó 44 ensayos, con números de plomo de hasta 295 mg/kg. La UAM llevó a cabo 39 muestreos, de los cuales el 48% supera el rango permitido de arsénico y el 61% el de plomo, con cantidades que alcanzan los 360 mg/kg. El CEBAS-CSIC recolectó 50. La mitad de ellos supera el nivel de referencia de arsénico, con máximos de 27 mg/kg. El 84% excede el de plomo, con guarismos totales de 406 mg/kg.

“Esos suelos se deberían declarar, de manera oficial, como potencialmente contaminados. Todos los datos de los análisis nos dan una idea del posible riesgo que pueden tener con el paso del tiempo. Se trata de valores anómalos que no deberían estar ahí. Las tierras utilizadas en restauraciones de este tipo deben tener buenas propiedades para que no se generen problemas a corto plazo”, incide Martín.

“Lo que se debería hacer ahora es sustituir, inmediatamente, esos materiales por otros limpios para eliminar el riesgo ambiental. Nunca antes había visto utilizarse un terreno así para sellar un lugar contaminado. Cualquier suelo limpio, cualquier tierra de cultivo decente, no daría ni de lejos esos niveles de metales y metaloides”, apunta Sierra.

Fuentes consultadas de Tragsa se limitan a afirmar, a preguntas de este diario, que “los datos de los informes validan que la tierra vegetal es apta para el uso dado”, sin entrar en más detalles.

Un suelo plagado de escorias

En el pericial de la mercantil pública se rechaza una y otra vez, asimismo, la presencia de escorias de la fundición del plomo, que saltan sin embargo a la vista a lo largo de la capa de sellado. “Tanto en la inspección como en las campañas de muestreo, la tierra vegetal presentó una apariencia sana y natural”, certifica el documento. UPCT, UAM y CEBAS-CSIC también niegan haber visto fragmento alguno.

Pero las escorias brotan cada pocos metros en El Lirio. Tienen un color negro muy característico y surcos que recuerdan a la lava solidificada. José Matías Peñas afirma que con el paso de los meses irán descubriéndose todavía más por acción de la “erosión hídrica y eólica”, y que éstas se verán sometidas a “procesos de meteorización que incrementará la carga de metales pesados del suelo”.

La tierra contaminada, dirección Mar Menor

“En la actualidad”, continúa Peñas, “ya se observa cómo, ante episodios de lluvia, la tierra se erosiona y es transportada por escorrentía a la rambla de la Carrasquilla. Esto provoca la contaminación de las aguas y los terrenos a lo largo de su recorrido hacia el Mar Menor”. En El Lirio, tras las precipitaciones recientes, la cubierta presenta signos evidentes de haber sido removida por el agua. El barro y los sedimentos se acumulan en las canalizaciones y las arquetas, y también aguas abajo, en el lecho del cauce.

Los estudios preliminares mencionan que el viento y el transporte biológico de los metales pesados a las especies vegetales eran los otros dos principales riesgos que el depósito minero exponía al entorno natural. Esos problemas, según el edafólogo, no se han eliminado. “La erosión es evidente que se está produciendo, y, con la vegetación introducida en la capa de sellado, se iniciará la transferencia de contaminantes desde el suelo hacia las plantas, lo que facilitará la entrada de los metales pesados en la cadena trófica”.

Prohibido el uso industrial

El Gobierno de la Región de Murcia y Tragsa argumentan la defensa de la calidad de las obras, en los documentos aportados al juzgado, en torno a la premisa de que el suelo de El Lirio presenta un uso de tipo industrial, y ese dictamen es avalado tanto por la Dirección General de Minas —encargada de la supervisión del sellado— como por la consejería de la que depende, la de Medio Ambiente. Es necesario recordar que los NGR de ‘uso industrial’ son mucho más laxos que los de ‘otros usos’, por lo que los baremos que arroja la tierra vegetal, en la mayoría de casos, estarían por debajo del límite.

Pero en los informes redactados por el propio Ejecutivo murciano antes del comienzo de la restauración, en concreto el proyecto y el estudio de impacto ambiental del mismo, se hacen múltiples referencias al “uso forestal” del terreno de El Lirio, a su protección biológica, a su localización dentro del PORN regional, al LIC y a la Red Natura 2000. El uso industrial no sería legal según estos mismos documentos. A su vez, el acuerdo rubricado entre la Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años vista.

La tierra vegetal suministrada en la remediación de El Lirio debía ser, atendiendo a los pliegos contractuales, una tierra “de primera calidad, rica en materia orgánica y minerales para el correcto desarrollo de las plantas”. Pero ha resultado ser un aglomerado de escorias y tóxicos que sobrepasan las cantidades establecidas legalmente como seguras, y nadie encargado de la supervisión de los trabajos se percató de ello, a pesar de haber realizado análisis previos que alertaban de una alta presencia de metales pesados.

La clave del caso radica ahora en las próximas decisiones que tome la jueza. Está por encargar un informe pericial a la Guardia Civil, tal y como explicó en un auto el pasado abril.

Ninguna de las peticiones que elDiario.es ha hecho a la Consejería de Medio Ambiente para recoger su versión de los hechos ha sido respondida.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) solicitó ayuda logística a la empresa pública del Estado Tragsa gracias al convenio de colaboración que tienen ambas entidades, según una respuesta a la jueza de la dana a la que ha tenido acceso elDiario.es. En concreto, Tragsa movilizó a tres operarios para suministrar avituallamiento, a una licenciada en divulgación que estuvo toda la madrugada trabajando y se preavisó a todo el equipo técnico para que tuviera a punto toda la maquinaria. Tragsa envió al Centro de Emergencias y al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

La AVSRE y Tragsa tienen un convenio de colaboración, por el que la empresa pública del Estado da apoyo logístico. La mayoría apoyo está previsto para el Puesto de Mando Avanzado, que se constituyó en Paiporta el día 30 cuando la catástrofe ya había sucedido. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja quería conocer que apoyo dio Tragsa el día 29 de octubre, que se limitó al avituallamiento y a estar preparado para cuando hubiera que movilizar la maquinaria pesada.

El convenio, firmado de 2024 a 2027, suponía un pago anual por parte de la AVSRE de 696.229,16 euros, según la documentación aportada al juzgado.

No hay acuerdo. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid continuarán en huelga indefinida tras la finalización de la reunión a tres que han mantenido este jueves los representantes de los trabajadores (UGT, Firet y CGT) con el Gobierno de Ayuso y Tragsa -la empresa estatal que presta el servicio-. Según el representante de UGT, Rafael Fernández, este encuentro ha sido “lamentable” por la falta de iniciativa por parte de ambos interlocutores y ha asegurado que estudiarán las siguientes acciones de los trabajadores en huelga.

La Consejería de Medio Ambiente ha hecho una propuesta de subida de salario “irrisoria”, en palabras del portavoz del comité de empresa Julio Chana. Este aumento retributivo se limita, según estas fuentes, al cumplimiento de la ley estatal de bomberos forestales de 2024, que establece unos incentivos por peligrosidad y toxicidad de 136 euros mensuales, una cantidad que continúa lejos de las reclamaciones de los convocantes de la huelga, que recuerdan que llevan diez años con el salario congelado en 1.300 euros. “La reunión ha sido totalmente insuficiente”, ha añadido.

La negociación de un nuevo convenio colectivo para brigadas forestales de la Comunidad de Madrid es otra de las peticiones que ha quedado sin respuesta por parte de la administración. Según la consejería, se trata de una responsabilidad exclusiva de Tragsa, mientras que ésta “se niega en rotundo a todo”. Fernández teme que, sin una negociación abierta para un nuevo convenio y la negativa de la comunidad para asumir la gestión del servicio, el nuevo encargo a Tragsa que comenzará en 2026 suponga “cuatro años más de precariedad”.

En cuanto a la reducción de la temporalidad, el consejero, Carlos Novillo, anunció el pasado miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que habían acordado un aumento de la plantilla de prevención durante el invierno hasta los 425 brigadistas, una condición que se reflejará en el nuevo encargo que se haga a Tragsa para comienzos de año. Desde UGT denuncian que este aumento de la plantilla permanente también implicará una reducción de los trabajadores que trabajan en la extinción durante los meses de verano, que pasarán de los alrededor de 500 actuales a los mismos 425 que prestarían servicio durante el invierno. “Nos toman el pelo a los brigadistas y a todos los madrileños”, ha denunciado Fernández tras la reunión en conversación con este periódico.

Por su parte, la empresa pública Tragsa ha señalado que valora “positivamente” la reunión informativa de este jueves en la que se han puesto sobre la mesa lo que la Comunidad de Madrid está “dispuesta a introducir en el nuevo encargo” para las brigadas forestales. Según recoge Europa Press, la empresa ha asegurado que “acatará y aplicará” las nuevas condiciones que se recojan en el nuevo encargo. “El Grupo Tragsa solicitará las autorizaciones oportunas para materializar las condiciones que establezca el encargo”, añaden. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, repite las palabras del comité de empresa para referirse a la propuesta de subida salarial. “Es algo irrisorio”, ha señalado, comparando la gestión “negligente” de Isabel Díaz Ayuso en los incendios con la de Carlos Mazón, presidente valenciano, durante la DANA.

Mientras tanto, el comité de empresa de los bomberos forestales madrileños mantienen convocada la huelga indefinida y no tienen prevista próximamente otra reunión a tres para continuar con las negociaciones. En cambio, en las próximas semanas celebrarán una Asamblea de Trabajadores y plantearán posibles siguientes acciones para mantener el pulso por sus reclamaciones: una subida salarial suficiente, estabilidad en la plantilla, un reconocimiento de la peligrosidad de su trabajo y la negociación de un nuevo convenio.

Durante la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente de Tragsa, Jesús Casas, y el consejero madrileño, Carlos Novillo, la Comunidad de Madrid propuso que los bomberos forestales autonómicos se acogieran al convenio estatal por el que se rigen las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), un cuerpo estatal cuyo estatuto fue revisado hace menos de dos semanas por el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, los bomberos forestales madrileños lo han rechazado porque consideran que no se adapta a las especifidades de su trabajo, ya que prestan servicio en planes y administraciones particulares.

Tragsatec e Ineco han informado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo que abonaron un total de 43.978,40 euros a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, durante el tiempo que estuvo contratada en ambas empresas públicas. Así consta en la documentación aportada por ambas empresas públicas al Juzgado Central de Instrucción 2 después de que el magistrado instructor reclamara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se hiciera con dicha información.

El pasado febrero, cuando fue citada para declarar como testigo, la mujer afirmó que estuvo contratada como auxiliar administrativa durante dos años y medio en esas dos empresas públicas, pero que no acudió nunca a esos puestos de trabajo. Además, mensajes incautados a los investigados revelan que la mujer se quejaba de ser “mileurista”.

En un documento fechado a 10 de julio, Tragsatec informa que Jésica Rodríguez percibió un total de 9.500,54 euros por parte de la empresa durante el tiempo en el que estuvo contratada, entre el 2 de marzo y el 1 de septiembre de 2021. En esta cantidad se incluye desde el salario al plus de convenio, las extras, la indemnización por despido o la liquidación de las vacaciones.

Además, la expareja de Ábalos percibió un total de 34.477,84 euros por parte de Ineco, donde estuvo contratada como auxiliar administrativa entre marzo de 2019 y diciembre de 2021. Rodríguez ingresaba en esta empresa pública nóminas mensuales de algo más de 1.100 euros, dependiendo de cada mes, a lo que hay que agregar las correspondientes pagas extra.

Uno de los informes de la UCO que constan en el sumario incluye los mensajes entre los presuntos miembros de la trama que acreditan que la pareja de Ábalos durante cuatro años fue contratada en dos empresas públicas y que estuvo cobrando sin acudir a su puesto de trabajo.

El muñidor de su contrato es siempre Koldo García, quien se dirige en un primer momento a la entonces directora de Adif, Isabel Pardo de Vera, con mensajes en los que incluso alude al deseo del ministro de que Jessica sea contratada. “Por cierto te va a llamar Jose todo así que tranquila (sic)”, escribe Koldo el 28 de febrero de 2019.

Jessica Rodríguez estuvo contratada dos años en Ineco donde cobró 1.173,67 euros mensuales. En un mensaje a Joseba García, hermano de Koldo y quien también trabajaba en Ineco, Jessica Rodríguez le envía una foto de la nómina y añade: “Pues ya soy mileurista (…) Estos rojos comunistas que se llevan nuestros dineros”.

Después de dos años, y ante las dificultades para renovar su contrato en Ineco, Rodríguez pasa a Tragsatec, donde, ayudada por Joseba García tampoco habría acudido a trabajar.

El año pasado el alcalde Conrado Escobar anunciaba que a finales de septiembre de 2024 se podrían avanzar los primeras empresas y usos que ocuparían el vivero de empresas en el que se ha convertido el Colegio San Bernabé de Logroño. Sin embargo, ha habido que esperar un año para conocer la primera empresa que se instará en estas instalaciones, aunque desde el Equipo de Gobierno dicen que “hay más empresas interesadas”.

El Ayuntamiento de Logroño suscribirá -previsiblemente en el mes de septiembre- un convenio con la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. Tragsatec, una filial de la empresa pública Tragsa, para la concesión de la ocupación por parte de la empresa de una planta del Colegio de San Bernabé de la capital riojana. La sociedad se compromete a ubicar en los espacios cedidos a 44 trabajadores titulados de distintas especialidades.

Aunque se seguirán estudiando nuevas ofertas para el resto del edificio la portavoz del Gobierno municipal, Celia Sanz, ha asegurado que “la buena noticia es que, con este convenio hoy presentado, ya se da luz verde para que el colegio empiece de una manera real a tener vida empresarial”. Estos profesionales generalmente realizarán su actividad de manera presencial, con una actividad centrada en asistencias y servicios técnicos y gestión de apoyo a diferentes administraciones en ámbitos como el medio ambiente, las infraestructuras, la edificación y la arquitectura, el agua, la producción y las explotaciones.

Sanz ha explicado que el objetivo con el que se articula este convenio “es favorecer en un mismo edificio la convergencia de profesionales y pymes con iniciativas emergentes emprendedoras y con otros grupos público-privados, de manera que se puedan crear sinergias de interacción cooperativa que conduzcan al crecimiento, uniendo esfuerzo, talento y fortalezas”. Las dos partes firmantes convergen en la necesidad y en el interés por impulsar y fomentar el empleo y la promoción de la actividad económica.

Con todo ello, se busca también revitalizar económica y socialmente el Caso Antiguo, la dinamización de inversiones tecnológicas e incentivar la capacitación digital de la ciudadanía.

En concreto se concede a la sociedad la concesión de la ocupación por parte de la sociedad de la planta primera y la oficina 1 de la planta baja del antiguo Colegio de San Bernabé. Por su parte, el Ayuntamiento cede el uso de los espacios mencionados, con una superficie útil de 431,69 metros cuadrados útiles, la mayor parte de ellos en la primera planta, que se cede totalmente.

En el convenio se estima un canon anual fijo de 6.686,82 euros anuales, que la empresa deberá abonar, junto con la parte de los consumos reales de agua y electricidad del edificio correspondientes proporcionalmente a la superficie del edificio objeto de la cesión (51,24%).

Además, la portavoz del Equipo municipal ha asegurado que éste es “solo el pistoletazo de salida” para seguir ocupando el edificio con más profesionales “y ya hay empresas interesadas”. “Queremos que sea un espacio de coworking y se están revisando el resto de ofertas. Este es solo el inicio”, ha añadido.

Castilla-La Mancha es la región de España con mayor superficie de zonas vulnerables a nitratos, tanto en hectáreas (3,7 millones de hectáreas), como en porcentaje sobre la superficie total (el 46,4%), según el Ministerio de Transición Ecológica.

Esto ha tenido un efecto en la calidad del agua del grifo, según Ecologistas en Acción que alude a datos del Ministerio de Sanidad: desde 2016, 58 municipios de la región han superado “en algún momento” los 50 miligramos de nitratos por litro de agua, lo que implica, dicen, “que el agua deja de ser potable debido a los riesgos para la salud que suponen las elevadas concentraciones de nitratos”.

En marzo de 2024, el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no tomar suficientes medidas ante la creciente contaminación por nitratos. Uno de los gobiernos señalados fue el de Castilla-La Mancha.

Ahora el Ejecutivo castellanomanchego prepara un nuevo decreto que permita “garantizar” la reducción de la contaminación de las aguas causada o inducida por nitratos procedentes del sector agrario y prevenir su extensión. Es obligatorio porque lo marca una Directiva Europea. Hay que definir las zonas vulnerables a nitratos para actuar sobre ellas reduciendo el uso de fertilizantes nitrogenados y de purines. Los agricultores y ganaderos deberían adaptar sus prácticas (este no es el primer decreto) para evitar contaminar.

El decreto incluye un programa de actuación y un listado de “medidas adicionales y reforzadas”, establece un programa de control y seguimiento para evaluar la eficacia de las medidas, define el régimen sancionador e incluye revisar el código de buenas prácticas agrarias.

El sector agrario pide “compensaciones” y apuntan a otras fuentes contaminantes

La propuesta no gusta ni al sector agrario, ni a Stop Ganadería Industrial ni a Ecologistas en Acción que rechazan la masiva implantación de macrogranjas porcinas.

De un lado, colectivos como la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II critican la “notable falta de precisión” en los criterios utilizados para designar zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Dicen que no hay información “clara” sobre qué parámetros técnicos y científicos lo avalan. De otro lado, lamentan “el impacto económico” de esta normativa para los agricultores porque, dicen, “se verán directamente afectados por las restricciones impuestas”.

Piden compensaciones económicas, ayudas técnicas y formación especializada para los agricultores, que les permitan adaptarse “de manera gradual y efectiva” a las nuevas exigencias ambientales.

Y no solo eso, reclaman que el decreto excluya de forma “explícita” a los regantes de “cualquier responsabilidad derivada de la contaminación difusa o de otras formas de degradación ambiental atribuibles a factores externos o a decisiones administrativas ajenas a su control directo”.

Este colectivo del que forman parte 9.000 usuarios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo consideran que la Junta de Castilla-La Mancha debe tener en cuenta otros posibles focos de contaminación distintas a las agrícolas: desde los núcleos de población, hasta las industrias y vertidos urbanos. Lo ven “crucial” para evitar “la imposición de restricciones desproporcionadas a los agricultores sin un análisis riguroso de todas las causas de contaminación que afectan a las masas de agua”.

Y si hay que limitar el uso de fertilizantes, también sugieren estudios “específicos” para cada tipo de cultivo. Incluso piden un manual de buenas prácticas -que ya incluye el decreto-, pero “basado en tecnología validada científicamente”.

Se hace caso omiso a (algunas) confederaciones hidrográficas

El decreto que prepara el Gobierno de Emiliano García-Page reconoce que forma expresa que, pese a que las prácticas agrarias han mejorado “notablemente” en las últimas décadas desde un punto de vista ambiental, “siguen contribuyendo de forma significativa a la contaminación de las aguas”.

De hecho nuestro país es incapaz de limpiar sus acuíferos de la contaminación por nitratos. Las cuencas de los ríos Guadiana, Jarama o Tajo están entre las más contaminadas, según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica. El año pasado otro estudio de Ecologistas en Acción apuntó que más de 200.000 personas tienen contaminada el agua del grifo. Hay afectados en todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Por eso, Stop Ganadería Industrial considera insuficiente el decreto que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Las medidas reforzadas que proponen no están completas y además no se aplican nunca”, lamenta Toni Jorge, portavoz del colectivo.

Critica que la propuesta no incluya las recomendaciones de las confederaciones hidrográficas en informes emitidos entre 2020 y 2024 como las de la Confederación del Guadalquivir. En 2020 ya avanzaba “la necesidad de aumentar las inspecciones in situ y el establecimiento de medidas más coercitivas contra las malas prácticas”, recuerda Toni Jorge.

O la Confederación Hidrográfica del Segura que en 2024 iba “más allá”, dice el portavoz del colectivo ciudadano. “Dicen que la aplicación hasta la fecha de los programas de acción no ha logrado la reversión de la problemática de la contaminación por nitratos de origen agrario en las aguas continentales”, sostiene Toni Jorge. Este organismo de cuenca propone medidas reforzadas como la “prohibición de transformación de terrenos en regadío en las zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario y de la implantación de nuevas instalaciones, o la ampliación de las existentes, destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas”.

Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha y Ecologistas en Acción han presentado alegaciones al borrador del decreto y acusan a la Junta de Comunidades de hacer caso omiso a esas recomendaciones. “Es un despropósito que se aumente la cantidad de nitrógeno permitida en algunos cultivos de regadío y que se admita como garantía una simple declaración responsable en el plan de gestión de purines”.

Toni Jorge también lamenta las propuestas del sector agrario cuando piden compensaciones. “Siempre se socializan las pérdidas, nunca las ganancias”, ironiza para criticar la posición de la “agroindustria”, los grandes tenedores agrarios. “Normalmente no son los pequeños agricultores los que alegan. A ellos no les llegarán esas compensaciones y hay que ayudarles a cambiar de modelo. Estamos asistiendo a un proceso de concentración de la propiedad de la tierra”.

Tragsatec habla de control insuficiente y aumento de contaminación

Stop Ganadería Industrial y Ecologistas en Acción también pone el foco el informe CSIC-Tragsatec sobre la cuestión. Su análisis sugiere que la red de estaciones de control de aguas subterráneas es insuficiente. Está limitada y eso dificulta una evaluación precisa de la contaminación por nitratos.

El informe también concluye que sigue aumentando la contaminación. Lo dicen los datos que recogen esas estaciones de control dentro de las zonas consideradas vulnerables, con una excepción: el Campo de Montiel.

Como causas de esta situación, el informe habla de la transformación de terrenos de secano a regadío. Eso incrementa la necesidad de fertilizantes. De forma reciente, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page abogaba por “seguir creciendo en regadío”. “No lo entendemos”, comenta Toni Jorge.

Tragsatec y CSIC proponen además dos zonas nuevas para estudio con vistas a una posible declaración futura como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. Se trata de Molina de Aragón (Guadalajara) y la Sierra de Altomira, en Cuenca. Ambas suman 4.624 km2 más y se encuentran fuera de los límites de las Zonas Vulnerables (ZVN) actualmente designadas.

El informe también recuerda que Castilla-La Mancha sigue creciendo en número de explotaciones ganaderas intensivas, responsables de la generación de purines que contaminan los acuíferos.

Ese crecimiento que cita el informe será aún mayor, por cierto, teniendo en cuenta que desde enero ya no está vigente la moratoria para la instalación de macrogranjas porcinas y se ha levantado la veda de nuevas explotaciones. En cola para su reactivación en esa fecha había 61 proyectos en toda la región.

El Gobierno castellanomanchego apuesta ahora por un plan para el biometano con horizonte 2030. El Ejecutivo regional presume de la capacidad para producirlo, debido al elevado volumen de residuos orgánicos en el territorio, hasta 15 millones de toneladas. El plan será prioritario precisamente en zonas vulnerables a los nitratos.

Tanto los colectivos ecologistas como las plataformas ciudadanas contra las macrogranjas vienen defendiendo que lo que se busca en realidad es “satisfacer las demandas del 'lobby' gasista y de la industria cárnica, la más mimada por los mandatarios castellanomanchegos”.

¿Por qué no han funcionado las medidas para frenar la contaminación?

El decreto que prepara el Gobierno regional no es el primero. Desde 1998 la Junta de Castilla-La Mancha ha dictado 11 normas relativas a la lucha contra la contaminación por nitratos, según Stop Ganadería Industrial.

La pregunta que se hace este colectivo es por qué las medidas no han funcionado. La contaminación, sostiene su portavoz, Toni Jorge, sigue creciendo. “Se aplica la misma receta que no funciona una y otra vez”. Por eso pide una “profunda reflexión”. 

“Entendemos que la agricultura es necesaria, pero son necesarias otro tipo de prácticas que tendrá que propugnar la Administración regional o las cosas seguirán empeorando. ¿O es que vamos a seguir haciendo lo de siempre, que beneficia a los de siempre y fastidia a los de siempre y al medio ambiente?, se pregunta.

Un controlador financiero y de personal de Tragsatec, Sergio Bote, ha confirmado en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, no fichó mientras estuvo contratada y que le llegó un correo desde Adif, según sospecha, en el que se le pedía que parara porque la “estaba molestando” al recordarle que lo tenía que hacer, informa Europa Press.

En su comparecencia de este martes, Bote ha detallado que Jésica no rellenó el parte de imputación de actividad —relacionado con el parte horario— de los meses de marzo y abril de 2021, al comenzar en la empresa pública. Y ha explicado que, ante ello, mandó dos avisos a Jésica por correo electrónico para que hiciera los partes, lo que sí se cumplió a partir de mayo. Pero “fichar no fichó, lo que es el fichaje diario no lo hizo nunca”, ha indicado, para precisar que comunicó lo que pasaba a superiores y que en los avisos por correo que envió a Jésica le recordó que era obligatorio completarlos.

Avisos “protocolarios” 

Cuestionado por si supo de un correo electrónico en el que se decía que 'Hay un tal Sergio Bote molestando a Jésica, decirle que pare', el controlador ha explicado que ponía “eso” y que lo recibió a mediados de mayo, tras los dos correos a la que fue pareja de Ábalos. “Mi gerente me lo rebota y al día siguiente voy a su despacho, porque yo me lo tomé un poco mal y le digo que no lo entiendo, que lo único que he hecho a esta chica es mandarle dos correos protocolarios de aviso. Y fin, no vuelvo a saber nada”, ha relatado.

Preguntado entonces si el correo procedía de Ignacio Zaldívar, exdirector de gestión en Adif de trabajos encargados a Tragsatec para los que fue contratada Jésica, el controlador ha afirmado que intuye que venía de Adif, pero que no sabe quién es Zaldívar. “Doy por hecho que viene del cliente, pero no le sabría decir de quién viene. Por las comparecencias que he seguido de mis compañeras, evidentemente viene de Ignacio Zaldívar, pero yo no se lo puedo confirmar, es la sospecha que yo tengo al respecto”, ha apostillado.

Los trabajadores, “escandalizados” 

El compareciente ha asegurado que su trato con Jésica se limitó a esos dos correos y que no sabía quién era: “No tengo ni la menor idea, ni se me pasa por la cabeza”. Bote ha resaltado que los procedimientos de control “no fallaron”, si bien ha reconocido que no se hizo caso a los avisos, aunque desconoce la razón. “Los trabajadores estamos escandalizados. O sea, no entendemos cómo ha podido pasar esto”, ha manifestado, para añadir que comparte la opinión del presidente de Tragsa, Jesús Casas, que calificó de “asqueroso” que la expareja de Ábalos no fuera a su puesto de trabajo.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Cartagena, Consuelo Andreo, ha ordenado la apertura de una investigación sobre la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente y la mercantil pública Tragsa en el sellado del depósito minero de El Lirio, sobre el que este diario informó el pasado 11 de febrero que se había restaurado con una tierra contaminada por metales pesados y repleta de residuos industriales.

La jueza ha iniciado las diligencias de investigación después que la Fiscalía se haya pronunciado al respecto, tal y como le requirió hace un mes, el 10 de marzo, a raíz de una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente -también el Mar Menor, al encontrarse El Lirio en su cuenca vertiente- en los trabajos de restauración de la instalación minera, que fueron acometidos por Tragsa y cuya promotora y supervisora fue la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los hechos se remontan al año 2024, cuando se culminó el sellado de la cubierta de El Lirio con una supuesta tierra vegetal de primera calidad, según los pliegos de los contratos, que, tras los resultados obtenidos en un análisis de fluorescencia de rayos X y termogravimetría, resultó contener, entre otros tóxicos, 400 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, 46,4 de arsénico, 743 de zinc, 76 de cobre y 2.720 de manganeso, superando todos ellos los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) del sureste de la Región murciana para la declaración de suelos contaminados. La obra costó un total de 6,2 millones de euros de dinero público, de los cuales cuatro pertenecen a una subvención otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Esa tierra va a ser, precisamente, el objeto principal de la investigación. La jueza interpela, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, al Seprona de la Guardia Civil “a fin de que lleven a cabo la toma de muestras en distintas zonas del depósito minero El Lirio”. A continuación, la división ambiental del Instituto Armado deberá remitirlas, según la orden de la magistrada, a los laboratorios de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) “para la determinación de presencia de metales pesados, sus niveles y grado de afección al medio ambiente y la salud de las personas”.

Asimismo, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena oficia a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, “a fin de que informen y remitan los expedientes seguidos con relación a los trabajos de sellado del depósito”. En concreto, prosigue la jueza, “autorizaciones ambientales, evaluación ambiental y control de los trabajos llevados a cabo por la mercantil Tragsa, indicando si las obras están o no recepcionadas y la trazabilidad de los materiales de relleno”.

Por último, la magistrada Consuelo Andreo hace referencia a la propia empresa pública para que ésta “remita todas aquellas actuaciones y controles que se hubieran realizado sobre el material de relleno del depósito, procedencia, análisis y proceso de ejecución de los trabajos”.

Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción consideran que en dicha práctica de diligencias, por el momento, “no se ha dirigido la acusación contra nadie”. “La jueza pretende ver lo que pasa”, añaden. “Se tomarán muestras, se revisará la documentación y, en función de lo que se averigüe, si se confirman los indicios, se declararán investigados y habrá que tomar declaración”.

La magistrada da traslado de la situación, además, a “las entidades y personas denunciadas a fin de que tengan conocimiento de la denuncia presentada en su contra y puedan efectuar las alegaciones que le convinieran a su derecho”. Ecologistas en Acción solicita en su demanda que sean declarados como investigados, por su grado de responsabilidad en los trabajos, el director general de Medio Ambiente de la Región, Juan Antonio Mata Tamboleo, y el técnico de Minas León García García, director técnico de las obras.

El director de la empresa pública Tragsatec, Juan Pablo González, ha asegurado en el Senado que la contratación de una expareja del exministro José Luis Ábalos cumplió la normativa y ha explicado que fue contratada para un encargo de Adif, que “en todo momento” les comunicaba “que estaba trabajando en sus instalaciones”, informa Europa Press. 

González ha afirmado que “el proceso de selección se ajustó a las normas” y que “nada hacía sospechar que no hubiera estado trabajando antes en otra empresa pública”, en alusión a que la propia mujer declaró como testigo en el Tribunal Supremo que fue contratada en Ineco y luego en Tragsatec pero que nunca fue a su puesto de trabajo.

Durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', el director de Tragsatec ha indicado que la titulación de la mujer cumplía con los requisitos del puesto y ha dicho que no sabía que no acudiera a trabajar.

“En todo momento, de la persona sobre la que me está preguntando, el cliente nos decía mensualmente que estaba trabajando en sus instalaciones”, ha mencionado, tras relatar que fue contratada para un puesto administrativo para un encargo que les hace Adif —adscrita al Ministerio de Transportes— de apoyo a gestión presupuestaria, control de expedientes administrativos y soporte técnico.

“Daño reputacional total” 

González, que ha asegurado que se enteró de todo el año pasado por la prensa, ha reivindicado que Tragsatec encargó una auditoría interna que avaló que se cumplió “la normativa básica en materia de selección, contratación y control de actividad laboral”.

Pero ha subrayado que se detectó la “incidencia” de que, “a diferencia del resto de trabajadores, no se tiene constancia de que haya realizado fichajes en el periodo de duración de su contrato, ni que haya presentado a través de la aplicación justificación de incidencia alguna”, pese a que “se le haya requerido en diferentes ocasiones solventar los problemas técnicos para poder realizar los fichajes online sin resultado positivo”.

“Lo que le puedo asegurar es que con los resultados y las conclusiones de esa investigación, evidentemente, tomaremos las medidas necesarias para que este hecho no se vuelva a producir”, ha garantizado. El director de Tragsatec se ha declarado tanto “asombrado” como preocupado y ha admitido que esta situación ha provocado un “daño reputacional total” a la compañía, porque la ha puesto “en el disparadero” durante meses.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Cartagena ha abierto diligencias previas contra la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia, así como contra las mercantiles Tragsa y Portmán Golf por el sellado del depósito minero de El Lirio, sobre el que este periódico informó el pasado 11 de febrero que se ha vertido tierra contaminada por metales pesados.

La magistrada Consuelo Andreo ha tomado la decisión tras admitir a trámite la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en los trabajos de restauración de la instalación minera, que fueron acometidos por Tragsa y cuya promotora y supervisora fue la Comunidad Autónoma, y ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie por medio de un informe. Es una práctica común que la jueza, en este caso, pida opinión al Ministerio Público tras recibir una denuncia para que dé su visto y proponga, o bien las diligencias a practicar, o bien el archivo de la causa, según informan fuentes judiciales consultadas.

Los hechos se remontan al año 2024, cuando se culminó el sellado de la cubierta de El Lirio con una supuesta tierra vegetal de primera calidad, según los pliegos de los contratos, que, tras los resultados obtenidos en un análisis de fluorescencia de rayos X y termogravimetría, resultó contener, entre otros tóxicos, 400 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, 46,4 de arsénico, 743 de zinc, 76 de cobre y 2.720 de manganeso, superando todos ampliamente los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de metales pesados establecidos en el sureste de la Región de Murcia por la propia Comunidad Autónoma. La tierra presenta, además, muy visibles, residuos contaminantes tales como escorias de la fundición del plomo. La confederación ambientalista relaciona dicha tierra contaminada vertida en El Lirio con el “uso de tierra contaminada en el sellado del vertedero de residuos peligrosos Los Blancos, gestionado por la mercantil Portmán Golf S.A.”. 

Las diligencias que los servicios jurídicos de la confederación ambientalista proponen al juzgado tienen que ver con la elaboración de un informe pericial que contenga un análisis exhaustivo de los tóxicos presentes en la tierra y con la evaluación del impacto de su erosión hídrica y eólica, especialmente en el Mar Menor, pues El Lirio está ubicado en plena cuenca vertiente de la laguna. Ecologistas en Acción solicita, asimismo, que sean declarados como investigados, por su grado de responsabilidad en los trabajos, el director general de Medio Ambiente de la Región, Juan Antonio Mata Tamboleo, y el técnico de Minas León García García, director técnico de las obras.

La organización ecologista sospecha en la demanda que las mismas tierras que en su día, en 2017, se utilizaron para sellar el vertedero minero Los Blancos, y sobre las que la Guardia Civil ha constatado en un informe pericial reciente que llevan contaminando al Mar Menor desde entonces, han sido utilizadas ahora para hacer lo propio en El Lirio, y con las mismas consecuencias. La organización pone el foco en unos acopios de tierra, pertenecientes a la mercantil Portmán Golf, que presentan altas concentraciones de los mismos metales pesados hallados en la superficie recién restaurada, y que han sido excavados y transportados a otro lugar en 2023 y 2024, coincidiendo en el tiempo, exactamente, con las obras acometidas en El Lirio.

“El análisis comparativo entre los antecedentes del sellado del vertedero Los Blancos y la noticia sobre la restauración de El Lirio”, reza el texto de la denuncia, “demuestra una clara relación entre los materiales empleados en ambas capas de sellado”. “En los dos casos se suponía que debía utilizarse una tierra vegetal de primera calidad para garantizar una correcta restauración ambiental. Sin embargo, las investigaciones y análisis han evidenciado que, en lugar de tierra vegetal, se empleó material altamente contaminado con metales pesados y residuos industriales”.

Ahora será la Fiscalía la que se pronuncie sobre las diligencias de investigación que deben practicarse a través de un informe que remitirá de nuevo a la jueza, que será la que decida en última instancia cómo abordar el caso.

En el ámbito político, asimismo, la Asamblea Regional admitió hace dos semanas la petición del PSOE para la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, de modo que éste dé explicaciones durante una sesión plenaria completa sobre las obras de El Lirio. La Mesa del Hemiciclo murciano no ha fijado todavía una fecha concreta para que se produzca dicha comparecencia. El consejero Vázquez ya respondió el pasado 14 de febrero a una pregunta formulada por Podemos sobre el mismo asunto: “Ni a la Consejería que represento ni a mí nos consta que se haya utilizado ninguna tierra contaminada para los trabajos de restauración de la balsa”, dijo entonces.

El Gobierno de la Región de Murcia y la mercantil pública Tragsa culminaron en 2024 las obras de recuperación y sellado de ‘El Lirio’, el depósito minero más peligroso de toda la Comunidad, vertiendo sobre la capa superficial del renovado terreno miles de toneladas de una supuesta “tierra vegetal de primera calidad” que, en realidad, es una tierra contaminada por metales pesados y repleta de, entre otros residuos, escorias de la antigua fundición del plomo. Se trata de un hecho que ha confirmado elDiario.es a raíz de la sospecha del edafólogo José Matías Peñas tras la extracción de unos acopios de tierra también cargada de contaminantes en la corta de Los Blancos que coincidió temporalmente con los trabajos de restauración ambiental ejecutados en el depósito.

Por dicha tierra contaminada vertida en ‘El Lirio’, que carece de cualquier valor comercial, que presenta, entre otros elementos tóxicos, 400 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, 743 de zinc o 46,4 de arsénico, y cuya procedencia exacta no ha especificado a este periódico ni el Ejecutivo autonómico ni Tragsa, se pagó, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso, un total de 313.950 euros de dinero público a la constructora González Soto S.A.

El montante liberado para efectuar la totalidad de las obras acometidas en la instalación minera, que está situada en el término municipal de Cartagena y en plena cuenca vertiente del Mar Menor, es de 6,2 millones de euros, de los cuales cuatro pertenecen a una subvención otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y, el resto, a la Administración murciana, promotora del proyecto.

El material cargado de metales pesados y metaloides que se halla ahora en la superficie de ‘El Lirio’ supera con holgura los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) fijados en el año 2007 para el sureste de la Región en un estudio de la propia Comunidad Autónoma en base al Real Decreto 09/2005, por el que se establecen criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Se trata, a juicio de Peñas, de una “negligencia” sin precedentes que ha sido pasada por alto por los múltiples supervisores de los trabajos, empezando por la entidad al mando de los mismos, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de Murcia, y continuando por su ejecutora, la empresa estatal Tragsa.

La doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en derecho ambiental, Aitana de la Varga, señala que la utilización de tierra contaminada en el sellado del depósito minero de Cartagena podría vulnerar el propio Real Decreto 09/2005, y también “el Título VIII” de la ley 07/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la ley 26/2007, de responsabilidad ambiental, así como la Declaración de Impacto Ambiental a la que fue sometida el proyecto.

La experta establece dos posibles vías a nivel jurídico para acometer la situación: por un lado, “el delito ambiental”, que podría producirse “por negligencia o por no hacer el trabajo correctamente” si “el perjuicio y el riesgo que genera para los ecosistemas o para la salud de las personas es elevado”. Por otro, la “vía contencioso-administrativa”, que podría activarse “si no se ha aplicado bien la ley ni se han cumplido los contratos públicos”.

Metales pesados por encima de los niveles de referencia 

La tierra contaminada y sin valor económico alguno que inunda ahora la capa superficial de ‘El Lirio’ se ha comprado a precio de tierra vegetal de primera calidad para un exhaustivo trabajo de descontaminación de un suelo ya cargado desde hace décadas de metales pesados y elementos tóxicos que, tras 18 meses ininterrumpidos de obras, continúa con unos niveles de metales pesados que pulverizan los baremos seguros. El error cometido en la ejecución del proyecto es todavía mayor porque, además, no se ha neutralizado el que era, ante todo, su principal objetivo: evitar la llegada al Mar Menor de estériles mineros a través de su escorrentía por la rambla de la Carrasquilla.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia han asegurado en un comunicado, no obstante, que “se han exigido las máximas garantías ambientales” durante la realización de las obras y que “el material utilizado es de buena calidad”. “Se han desarrollado”, inciden las mismas fuentes autonómicas sin responder a casi ninguna de las preguntas planteadas por este periódico, “controles y análisis del suelo, con su informe agronómico, así como inspecciones ‘in situ’ de la descarga sobre el terreno”. Por su parte, fuentes adscritas a Tragsa se han limitado a decir que “la procedencia de la tierra vegetal es de seis zonas diferentes, todas ellas de uso reciente de cultivos agrícolas”.

Ni Medio Ambiente ni la empresa pública han detallado pormenor alguno acerca de esos análisis a los que, aseguran, ha sido sometida la tierra vegetal de ‘El Lirio’, ni tampoco de las supuestas seis zonas de procedencia de la misma. La información ofrecida por ambas entidades es genérica y escasa. Asimismo, fuentes de la mercantil suministradora del material contaminado, González Soto S.A., han afirmado a este medio, sin entrar en detalles, que éste “procede de tierras en propiedad en el Campo de Cartagena y de excavaciones sin ningún tipo de residuo”. Califican de “imposible” que se haya mezclado con contaminantes ni metales pesados. “Lo que se haya hecho después de entregar la tierra no es cosa nuestra, sino de Tragsa”, han sentenciado.

La realidad es bien distinta. En muy pocos metros cuadrados, a lo largo de la cubierta vegetal de ‘El Lirio’, sobrevienen, muy visibles, trozos de gran envergadura de asfalto, bloques de hormigón, de cemento, alquitrán, losas y mármoles rotos, ladrillos, plásticos comidos por el sol y metales oxidados. No es tierra vegetal: es una amalgama de escombros mezclados con tierra, de excavaciones de solares abandonados y construcciones derrumbadas. Y lo que es peor: de escorias -o gachas, como son comúnmente conocidas en la zona minera de La Unión- de la fundición del plomo. Fragmentos de un color negro muy característico, con surcos o arrugas como de lava solidificada y burbujas de aire, que contienen grandes cantidades de metales pesados y que desprenden los contaminantes, de forma irremediable, con el paso del tiempo. La presencia de todos esos elementos sí ha sido calificada por fuentes de Tragsa, no obstante, y sin mencionar en ningún momento las escorias, como “puntual”, pese a que su cantidad es inabarcable.

Los resultados de un estudio de Fluorescencia de Rayos X y Termogravimetría realizado sobre una muestra de tierra tomada de diferentes puntos y profundidades de la capa de sellado no dejan lugar a dudas. El análisis determina que los niveles de metales pesados y metaloides concentrados en ella superan con creces los NGR establecidos en los suelos de la Región por un estudio de la Comunidad Autónoma en base al Real Decreto 09/2005. Se trata, en concreto, de 400 mg/kg de plomo, valor que multiplica por diez el nivel de referencia; 46,4 mg/kg de arsénico (cuya base segura es de 12 mg/kg); 743 mg/kg de zinc (con nivel seguro de 96); 76 mg/kg de cobre (con base de referencia 23); 98 mg/kg de cromo (con NGR 67); 67 mg/kg de níquel (cuyo nivel genérico es de 37) y 2.720 mg/kg de manganeso, entre otros.

El Mar Menor, principal perjudicado

“Hay elementos, como el elevadísimo nivel de plomo, que explican muy bien que las escorias de la fundición se están meteorizando y liberando tóxicos sobre el terreno. Se ha pagado una gran suma de dinero por realizar un sellado, que se supone que debería dejar una superficie desprovista de contaminación, con una tierra que supera todos los niveles de referencia”, señala a este respecto José Matías Peñas.

El depósito minero y lo que debería ser una superficie limpia y natural que favorezca el crecimiento de vegetación abarca más de 70.000 metros cuadrados de la sierra minera de La Unión y Cartagena. El MITECO hizo público en 2020 que aportó “cuatro millones para la clausura y restauración de una de las instalaciones de residuos mineros calificada como ‘peligrosa’, y para eliminar el impacto de la escorrentía de metales pesados de esta instalación al Mar Menor”. Pero la eliminación de dicho “impacto” no se va a producir.

“Estamos hablando de siete hectáreas de terreno selladas con plomo y otros metales pesados que ahora están expuestas a la acción del agua, que va a provocar la erosión laminar de la tierra y la va a transportar, por la rambla de la Carrasquilla, hasta el Mar Menor. No es una mejora ambiental. Cada vez que haya procesos de precipitación o que soplen vientos con velocidades superiores a cuatro metros por segundo habrá erosión y dispersión de metales” explica Peñas.

Tras un año y medio de trabajos en ‘El Lirio’ y más de seis millones de euros procedentes de las arcas públicas invertidos, la realidad es que se ha restaurado un terreno contaminado con una capa de tierra de aproximadamente treinta centímetros de grosor que también está contaminada, y que se ha comprado, a juzgar por los contratos rubricados entre Tragsa y la empresa adjudicataria de su suministro, González Soto S.A., como “tierra vegetal de primera calidad”. Bajo esa capa más superficial descansan otras de materiales obligatorios por ley, como geotextiles, láminas impermeables y arcillas.

El depósito, que debe su nombre al lavadero de flotación gigantesco ubicado solo unos metros colina arriba, era una bomba de relojería abarrotada de residuos que llegaban al Mar Menor cada día de lluvia. La recuperación, sellado y estabilización de sus suelos fue catalogada “de interés público” por la Administración regional en 2018. Se trataba de la primera restauración ambiental minera de la cuenca vertiente de la laguna. La primera de muchas que todavía están pendientes.

Las gachas de la fundición saltan ahora a la vista con solo pasear por los nuevos terrenos, donde ya se han plantado árboles, arbustos y flora autóctona. José Matías Peñas explica que la mayoría de esa vegetación “va a absorber y acumular los metales en los tejidos y las hojas”, y que las escorias están, además, tipificadas como residuos peligrosos y calificadas por la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo Europeo como material “potencialmente radiactivo”.

Un contrato que se incrementó en más de 100.000 euros

El acopio de tierra vegetal está enmarcado dentro de los “áridos” en los pliegos oficiales de los contratos de las obras de ‘El Lirio’. Tragsa subcontrató el suministro de todos los materiales a varias empresas externas a finales de 2021. La mercantil pública dividió esos áridos en siete lotes. El de “tierra vegetal de primera calidad” fue designado como lote número seis, a razón, en un primer momento, de 209.300 euros. Éste recayó, en enero de 2022, mediante el procedimiento estándar de contratación pública, en González Soto S.A., una de las constructoras más recurridas por la administración municipal, autonómica y estatal para ejecutar obras públicas, excavaciones y asfaltados de carreteras, autovías y autopistas.

Sin embargo, dos años después de la rúbrica del contrato, y una vez iniciados los trabajos en el depósito, en marzo de 2024, el documento relativo al lote seis se modificó de forma imprevista. Fue el único contrato de acopio de áridos que se vio sometido a una variación. El importe a pagar por la tierra aumentó en 104.650 euros, exactamente el 50% de la cantidad inicial, hasta situar el pago definitivo a González Soto S.A. en 313.950 euros. Ni Tragsa ni la Administración murciana han arrojado razón alguna, a preguntas de elDiario.es, que justifique una modificación de tal envergadura. González Soto S.A. terminó acopiando la tierra, un total aproximado de 35.000 toneladas, durante varios meses hasta agosto de 2024.

A juzgar por los pliegos de los contratos, la tierra vegetal suministrada debía ser “una tierra rica en materia orgánica y minerales para el correcto desarrollo de las plantas”, y debía “cumplir los requisitos mínimos para asegurar la calidad de la humedad y PH y encontrar un equilibrio entre tierra arenosa y arcillosa para conseguir los beneficios de ambas y coger todos sus nutrientes”. Pero, en muchas áreas, es un aglomerado compacto de metales pesados, gachas, escombros, asfalto, metales, losas, mármoles, plásticos y demás residuos, y nadie encargado de la supervisión del proyecto se percató de ello.

Dicha circunstancia podría derivar, según la jurista Aitana de la Varga, en un caso de “incumplimiento de contrato”. “La tierra está contaminada, y ya venía contaminada de antes. Pero se firmó para adquirir una de primera calidad. Se deberían depurar responsabilidades y, si se determina, habría que volver a proceder a descontaminar el terreno”, añade.

Una fuente consultada por este periódico cercana a las obras de ‘El Lirio’, que ha trabajado en ellas y en otras recuperaciones ambientales del estilo en la Región de Murcia y en provincias limítrofes, asegura que la tierra vegetal “no se suele analizar de manera exhaustiva” en este tipo de trabajos. 

La clave ahora es saber quiénes son los responsables de que se pasara por alto esta circunstancia en la restauración ambiental de la Comunidad murciana, conocer exactamente de dónde se ha sacado la tierra contaminada, a quién pertenecía, qué precio ha pagado en realidad la empresa suministradora por ella y si se llevaron a cabo análisis fidedignos y se constató, por parte del Gobierno regional y de Tragsa, la veracidad de su procedencia.

Se han invertido más de seis millones de euros públicos para recuperar el terreno. Se ha construido una escollera, canales y arquetas que encauzan el agua cuando llueve. Pero toda la tierra cargada de metales pesados y residuos y escombros irá a parar, según la explicación del edafólogo José Matías Peñas, de nuevo a la rambla de la Carrasquilla y, en última instancia, a la laguna salada. “Lo verdaderamente preocupante, además del volumen de residuos, de gachas, es la extensión del terreno que está a merced de los agentes erosivos. Es un escándalo. Se ha creado una falsa apariencia de restauración, pero no se ha descontaminado nada”, sentencia el investigador.

El derrumbe de un porchado en el colegio Lluís Vives de Massanassa donde ha muerto un operario de Tragsa y otro ha resultado herido leve resultaba “imprevisible”. Así lo ha asegurado este domingo el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, en una comparecencia en la que ha insistido en que “en ningún momento había un informe que dijera que el edificio corría riesgo de colapsar”.

Sin embargo, esta versión contrasta con las declaraciones del alcalde de esta localidad de l'Horta Sud, el también popular Francisco Comes, quien ha dicho en declaraciones a los medios que el centro estaba catalogado como “rojo” tras ser revisado por los técnicos de la Conselleria. Esta catalogación, apuntaba Comes, supone que “lo tienen que derribar”.

El primer edil ha confirmado que el Ayuntamiento había sido informado hace “varios días” de que se iban a hacer trabajos allí. “En el caso de este colegio, me parece que eran trabajos fuera, no bajo ni por dentro del colegio”, ha precisado.

Precisamente, el consistorio de Massanassa publicaba un mensaje redes sociales el pasado 7 de noviembre en el que alertaba: “Se prohíbe a toda la población, por precaución, la entrada en los colegios Lluís Vives y Ausiàs March ante el aviso de posible derribo”. 

Desde la Universitat de València se hacían eco de esta información porque les afectaba en unas clases de Master que se daban en unas instalaciones en Monteolivete: “Por petición de gerencia y de Conselleria se ha cedido todo el edificio de la sede del Máster al Ceip Lluís Vives de Massanassa”. Según explicaban, esta cesión era debida a que el edificio que albergaba el colegio “va a derribarse a consecuencia de la DANA y hay 500 alumnos de Primaria que necesitan un lugar para retomar las clases y seguir, con toda la normalidad que se pueda, el curso escolar”. Esta cesión, prosiguen, se iba a prolongar todo el curso 2024/2025.

“Daños importantes” pero sin “riesgo inminente”

“Los informes técnicos señalan que el centro sufrió daños importantes pero que no suponían un riesgo inminente de la estructura”, pero sí “un riesgo su ocupación”, ha especificado el conseller, que ha recordado que el siniestro se ha producido “en el exterior, en un porche que conecta un edificio con otro”.

Desde el Grupo Tragsa han informado esta misma tarde de que el hundimiento del porchado, según las primeras averiguaciones, se ha debido al “colapso de una estructura metálica exterior que protegía de las inclemencias el paso entre edificios”.

Por su parte, en atención a los medios tras la “reunión de urgencia” celebrada este domingo en el Palau de la Generalitat, Rovira ha comentado que el centro educativo tiene “ya 50 años” y, tras los graves daños ocasionados por la dana, “todo apuntaba a que valía más la pena hacerlo nuevo que repararlo”.

Ercávica es una ciudad romana parcialmente excavada en la provincia de Cuenca que está abierta a visitas durante todo el año. Es una de las joyas arqueológicas de Castilla-La Mancha. Se encuentra muy cerca del municipio de Cañaveruelas y en la zona hay intervenciones arqueológicas sistemáticas durante la época estival.

El yacimiento está gestionado por la empresa TRAGSA, aunque la titularidad corresponde al Gobierno de Castilla-La Mancha. Las sucesivas olas de calor en este año 2022 han puesto de manifiesto las condiciones en las que trabajan quienes se ocupan de realizar las visitas a los usuarios. Las altas temperaturas han sido la gota que ha colmado el vaso de lo que los trabajadores denuncian como “condiciones infrahumanas y hasta peligrosas”.

Los guías, que prefieren mantener su nombre en el anonimato, explican a elDiarioclm.es que llevan ya tres años denunciando su situación: “Trabajamos entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde. Comemos en una caseta sin climatización ni agua corriente, con un ventilador que traemos de casa. Y tenemos que hacer visitas incluso con aviso naranja”.

Al yacimiento se accede a través de un empinado camino de tierra con sombra que ofrecen algunos árboles en parte del recorrido hasta llegar a la zona de excavación que se encuentra a la intemperie.

Estos profesionales realizan cuatro visitas diarias. Dos en turno de mañana, a las 10.30 y a las 12.00 horas y otras dos por la tarde, a las 17.00 y a las 18.30 horas. Tienen un contrato de obra y servicio.

“En 2021 ya trabajamos a las cinco de la tarde, con visitas, a pesar de estar en aviso naranja por altas temperaturas”, lamentan. Una de las trabajadoras tuvo que ser atendida en el centro de salud de Villalba del Rey tras una visita a 35 grados a las seis y media de la tarde. El diagnóstico que refleja el parte médico al que ha tenido acceso elDiarioclm.es habla de “agotamiento por calor”.

“Le pedimos a la empresa que nos comunicase por escrito la obligación de trabajar con esos horarios y con esas temperaturas. La respuesta fue que ya estaba por escrito en la web de la Junta. Escurren el bulto diciendo que son las condiciones que pauta la Junta de Castilla-La Mancha”, aseguran.  El problema, dicen, afecta también a los usuarios: “Es igual de peligroso que nos expongamos nosotros a las altas temperaturas o que lo hagan los visitantes”.

Y lo cierto es que en la última semana, en el intervalo para la publicación de este artículo, la página web para reservar visitas -que son gratuitas hasta el 30 de junio de 2023- advierte que, ante “inclemencias adversas del tiempo”, puede cambiar la duración y el itinerario. También se ha añadido el mensaje de que “dada la ubicación del yacimiento arqueológico en terreno rústico, se informa a los visitantes que no hay servicio de bebidas ni aseos”.

TRAGSA asegura que “los guías están autorizados a no realizar la visita al pasar de un umbral de temperatura”, frente a las preguntas de elDiarioclm.es pero los guías mantienen su versión. “No estamos autorizados a no hacer la visita. Esto es, estamos obligados al margen de la hora y los grados”, dicen.

“En el protocolo de riesgos laborales el estrés térmico está considerado como riesgo medio. La empresa tiene la obligación de tomar medidas y parar a ciertas horas, como lo hacen los trabajadores del monte. En nuestro caso no se toman medidas”, insisten.

La empresa también argumenta que el yacimiento “dispone de varias zonas de sombra a lo largo del recorrido y no existe mayor exigencia en cuanto a los ritmos de la marcha, que suelen ser bastante bajos a fin de adaptarse a todo tipo de visitantes”. Un extremo que también niegan los profesionales. “No es ninguna broma, que se está muriendo gente, joder. He llegado a hacer visitas a 35 y 37 grados y me niego a seguir así”, señala una de las profesionales.

En la caseta habilitada para la espera de los guías entre visita y visita pusieron hace unos meses unas placas solares que les permite tener luz a través de un generador: “Después de dos años quejándonos nos pusieron una nevera para tener agua y un microondas. Tenemos un mostrador y una silla de escritorio, pero nada más para poder descansar teniendo en cuenta que estamos desde las diez de la mañana y hasta las ocho de la tarde en mitad del monte”.

Se llevan su propio ventilador: “Aunque a 35 grados dentro de la caseta no sirve de nada. Hace seis meses que nos están dando agua embotellada, pero si se acaba nadie está pendiente. Muchas veces nos la llevamos de casa”.

“No hay agua corriente y no la ha habido nunca”, explican. Así que en Ercávica usar el inodoro no es posible para las visitas. Una “cabina de plástico con un pozo ciego” hace las veces de aseo para el personal: “Solo se puede hacer pis, pero no defecar. Llevamos tres años haciendo todo en el campo y cuando tenemos la regla no le quiero ni contar. Hemos llegado a coger infecciones. Un día no pasa nada, pero después de tres años no hace gracia”.

A veces optan por coger su vehículo para acercarse hasta el bar del pueblo, Cañaveruelas, que se encuentra a 4,5 kilómetros. “La empresa no pone vehículo, así que gastamos nuestra gasolina”, dicen.

“En invierno hemos estado varios años con una estufa vieja de leña de la que se salía el humo y teníamos que abrir las ventanas porque nos ahogábamos. Ahora ya la han cambiado”, comenta una de las guías.

Las deficiencias se repiten en Noheda

Estos trabajadores turnan su estancia en Ercávica con el trabajo en Noheda. Este yacimiento es una villa romana de los siglos I a.C.-VI d. C a unos 18 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Abrió sus puertas en 2019 y hay quien lo califica como la ‘Pompeya española’ en la que todavía queda mucho por descubrir.

Mientras tanto, los mismos guías de Ercávica se ocupan de mostrar su espectacular mosaico figurativo con casi 300 metros cuadrados y gran calidad artística. Pero tras la riqueza arqueológica está, de nuevo, la realidad de sus trabajadores.

“Aquí las condiciones están algo mejor, pero no nos proporcionan agua y no hay ni una bombilla en la caseta. Hay muchas humedades, los baños no cuentan con fosa séptica y el olor es tremendo. No cumplen con ninguna medida ni para nosotros ni para los visitantes”, relatan.

“En Noheda el aire acondicionado es para el mosaico, pero no para las visitas. Y en la caseta hemos puesto un ventilador que hemos traído de casa”, dicen.  

El yacimiento de Noheda sí dispone de luz, agua (en una máquina de vending, previo pago) y aseos además de un servicio de limpieza, responde la empresa.

Los guías de turismo abundan que en este yacimiento hay un problema añadido por “la pugna política” entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Villar de Domingo García. Hace justo un año este consistorio anunciaba que daría de baja la luz “ante los impagos de la Junta de Castilla-La Mancha”.

En su opinión, “las consecuencias las pagamos nosotros porque llega el alcalde y apaga la luz. A las cinco de la tarde, con un edificio de chapa, hemos llegado a tener 50 grados”.

¿Qué dicen la empresa y el Gobierno regional?

Cuando preguntamos por las quejas de estos profesionales, desde el Gobierno regional se remiten a las explicaciones de TRAGSA. Y la empresa desmiente, uno a uno, sus argumentos. “Las condiciones de trabajo son seguras y saludables”, responde la empresa “teniendo en cuenta el número de trabajadores, el tiempo de uso de las instalaciones y los trabajos que se realizan en ese centro, las posibilidades técnicas del entorno, y las condiciones del propio yacimiento presente en una zona agrícola/forestal, sin urbanizar”. En este sentido, también aseveran que “no existen riesgos incontrolados, ni condiciones insalubres o indignas”.

Hablan de las condiciones de las casetas que sirven como estancia entre visita y visita: “El trabajo allí consiste únicamente en ‘espera’ hasta la llegada de visitantes, y como mucho unos minutos de explicación antes de hacer la visita”. TRAGSA afirma que no hay “un trabajo efectivo” en el lugar al que considera como “una estancia de descanso”.

“El horario siempre es partido y disponen de una hora para comer que no tiene por qué ser en el yacimiento. Y los jueves y domingos, al ser sólo media jornada de mañana, no tienen por qué quedarse en el yacimiento, una vez finalizada su jornada laboral”, señala la empresa.

TRAGSA reconoce que en Ercávica no hay agua corriente, pero alega que suministra agua embotellada “que en verano se mantiene en el frigorífico”. Y, sin embargo, la versión de los trabajadores es que “la empresa no siempre suministra agua embotellada. Nos han llegado a decir que llevemos agua de casa cuando les notificamos que ya no hay”. 

“La caseta tampoco tiene acometida de red eléctrica”, explican fuentes de la empresa, pero apunta que “TRAGSA de conformidad con la Viceconsejería de Cultura, ha instalado placas fotovoltaicas, para dotar de suministro eléctrico a la caseta, y así poder dotarla de frigorífico y microondas, también nuevos”. Y en invierno “la temperatura interior se mantiene gracias a una estufa nueva, en perfecto estado”, sin desmentir las condiciones anteriores que alegan los trabajadores.

TRAGSA cree que las medidas adoptadas “son suficientes para evitar riesgos”

“¿Cambiarán las condiciones y horarios en situaciones de alerta por altas temperaturas?”, preguntamos. Sobre esta cuestión, TRAGSA asegura que las medidas ya adoptadas “son suficientes para evitar un riesgo por altas temperaturas”.

Esas medidas pasan por campañas informativas para los trabajadores sobre los riesgos de las altas temperaturas, entrega de agua potable y ropa de trabajo “adecuada” aunque consideran que el trabajo que realizan los guías turísticos “requiere una actividad física muy ligera”.

También esgrime que se presta “un servicio de atención pública, con unos horarios establecidos por la demanda turística principalmente” y que “no hay prohibición de hacer trabajos en el exterior”.  

“Lo que procede es tener en cuenta esta circunstancia” y en todo caso “adoptar las medidas preventivas oportunas que consigan disminuir el riesgo hasta hacerlo controlable”, sin especificar cuáles. En sus argumentos, la empresa termina reconociendo que las condiciones de confort en trabajos al aire libre no son fácilmente controlables como en centros de trabajo cubiertos“.

“Hay que tener en cuenta que Ercávica está en un cerro, en el que siempre corre brisa, por lo que la sensación térmica siempre es de 2 o 3 grados menos”, añade en sus explicaciones. “Es un yacimiento con pocos visitantes. El pasado mes de junio sólo recibió la visita de 119 personas, por lo que hay muchos días que no hay visitas y el guía no tiene que hacer el recorrido”, dice.

Sobre las condiciones del aseo, lo achacan a la “lejanía” del yacimiento de un núcleo urbano: “Se dispone de un aseo químico, con unas condiciones higiénicas garantizadas mediante un servicio de mantenimiento realizado por empresa especializada”. Un aseo que, dicen, “es de los más grandes y completos adaptado a minusválidos, dispone de retrete y lavabo (con agua suministrada mediante depósito). Y se puede utilizar para cualquier tipo de necesidad”.

Los trabajadores insisten en no compartir estos argumentos. “Nos ha fallado toda la cadena: la Junta, la empresa y nuestros representantes sindicales”, lamentan. El presidente del Comité de Empresa Alfredo Muñoz explica que estas cuestiones ya se han planteado tanto ante el Comité de Empresa como ante el de Seguridad y Salud Laboral: “Nos hemos reunido con ellos, pero lleva los tiempos que lleva y a veces las soluciones no son las que gustarían”. Aunque, añade, “si es necesario se elevará a la Comisión nacional de interpretación del convenio. Lo único que quedaría después sería ya la vía legal”.

De hecho, estos profesionales que trabajan en ambos yacimientos no descartan acudir a la vía judicial: “Ya está bien. Es un abuso. Sabemos que nos enfrentamos a dos gigantes, pero hay cuestiones que son objetivas”. Ahora dicen estar esperando a los informes sobre prevención de riesgos laborales que se han realizado sobre sus condiciones de trabajo, pero lamentan que “mientras tanto, fin de semana tras fin de semana, hemos de trabajar en alerta naranja. Acaban de fallecer dos trabajadores en Madrid y todo el mundo se lava las manos. Podría pasar en nuestro caso”.

Advierten de que su caso se repite en otros puntos de la región: “Sabemos que tienen mejores condiciones, pero en el resto de yacimientos de la región también tienen que hacer visitas a las cinco de la tarde. Nuestros horarios son los de un museo, pero claro es que no es lo mismo”. 

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado una decisión de la Xunta que suponía encargar a personal externo los informes de impacto sobre el patrimonio y en el entorno del Camino de Santiago. La Dirección Xeral do Patrimonio Cultural aprobó a finales de 2020 una encomienda de gestión para que la empresa mercantil Tragsatec, dependiente del grupo público Tragsa, se ocupase de los análisis, pero la justicia considera que la medida no estaba justificada y que de esas tareas debían encargarse funcionarios del Gobierno gallego.

La sentencia, con fecha del 14 de enero de este año, da la razón al sindicato CIG, que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra la encomienda de gestión. La Xunta explicaba en la disposición publicada el 21 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de Galicia que lo que se encargaba a Tragsatec era el “análisis e informe de las intervenciones que se pretendan realizar en bienes de interés cultural o catalogados” y en su entorno de protección.

El TSXG considera que no queda justificada la necesidad de recurrir a una empresa para hacer estas labores en lugar de aumentar el número de funcionarios. La argumentación del Gobierno gallego se centra en un primer momento en justificar que no tiene suficientes medios propios, pero los jueces concluyen que, de las pruebas, “no se desprende tal insuficiencia”. Agregan que la Xunta no desmiente que las labores que se encargan a Tragsatec entran dentro de las competencias de la escala de arqueólogos. Además, indican que en las listas publicadas para contratar interinos en esta escala hay 132 aspirantes, de modo que “la insuficiencia de medios humanos disponibles para la Administración autonómica es un hecho desvirtuado”.

De acuerdo con la sentencia, “carece de sentido” defender que la Xunta no tenía medios propios suficientes pese a poder recurrir a contratos temporales, “y en cambio sostener que Tragsatec sí contaba con esos medios personales suficientes no en función del personal propio de dicha entidad, sino del que podía contratar”.

La encomienda de gestión puede justificarse con que resulta más eficiente que hacer las tareas con medios propios y en este sentido termina por dirigir sus alegaciones la Xunta, que cambia de estrategia. Sin embargo, los jueces señalan que “no hay ninguna justificación en el expediente de cuáles son las razones de esa eficacia o en qué medida se mejora la realización de la actividad”.

Además, la sentencia considera que la actividad encomendada incluye labores propias de la inspección del patrimonio cultural y que es ilegal. La ley gallega de protección del patrimonio cultural establece que esa actividad inspectora “corresponde al personal funcionario” y que, al desarrollar estas funciones, este personal tiene “condición de agente de la autoridad pública”. Eso, añade el texto, “evidencia la improcedencia de que las funciones de inspección se realicen por personal no funcionario contratado ad hoc por una sociedad mercantil a la que se realiza una encomienda de gestión”. “Ni el personal de Tragsatec tiene la condición de autoridad ni son susceptibles de encomienda de gestión funciones que comporten el ejercicio de la autoridad”, recalca.

Los jueces añaden otro argumento más para anula la decisión de la Xunta: las funciones que se le encomiendan a la empresa “no se corresponden con su objeto social”. Aunque entre las tareas que se pueden pedir a Tragsatec están hacer determinados informes sobre protección del medio ambiente, no se incluye, “ni en una interpretación extensiva, la realización de informes valorativos” sobre su las intervenciones cumplen con la ley gallega de patrimonio cultural “con un pronunciamiento sobre la conveniencia de autorizar o no” las obras.

La empresa pública Tragsa prevé seguir aumentando su cifra de negocios gracias a los fondos europeos, tras el fuerte crecimiento que propiciaron los encargos extraordinarios derivados de la pandemia; pero su presidente, Jesús Casas, no quiere “repetir” la experiencia vivida tras la expansión puntual que en la anterior crisis financiera propició la ejecución del Plan E de estímulo económico y los posteriores recortes que aplicó la firma estatal.

“Después del ruido, viene la furia”, ha señalado este martes Casas, durante un coloquio en Executive Forum, para resumir que le suscita “cierta preocupación” el impacto que pueden tener los fondos europeos en una empresa que quiere ser “lo más homogénea posible” y “no crecer en estructura”.

“Lo que no quiero es repetir la aventura” y que para “2025 o 2027” quien dirija en ese momento la empresa se encuentre con una situación parecida a la de la anterior crisis, sin “gasolina con que alimentar el depósito porque el coche sea demasiado grande”.

Entonces, Tragsa aplicó un polémico expediente de regulación de empleo (ERE) no pactado con la representación social “que probablemente no fue necesario” y que “dejó bastante dolor y bastante frustración”. “Conviene aprender del pasado para no repetirlo”.

“Época oscura”

Tras registrar pérdidas entre 2012 y 2017, en lo que Casas ha calificado de “época oscura”, Tragsa volvió a los beneficios en 2018. En 2020, un ejercicio “absolutamente manchado del efecto del Covid” que “no es representativo”, superó por primera vez desde 2010 los 1.000 millones de euros de facturación y cuadruplicó su beneficio hasta 23,8 millones, frente a los 700-800 millones de cifra de negocios que marca su vigente plan estratégico. Una senda ascendente que probablemente seguirá al calor de los fondos Next Generation, según Casas.

El directivo ha explicado el papel de Tragsa, segunda empresa pública en número de empleados tras Correos, con 15.000 efectivos, como medio propio de la administración. La firma estatal, una de las 200 mayores empresas de España, tiene un parque de unas 5.000 máquinas y realiza el 73% de su actividad en el medio rural, donde se concentra el 68% de su fuerza laboral. Está presente “en 1.000 municipios de esos que se dice están en riesgo de desaparición”.

El año pasado, realizó unos 2.000 encargos para las distintas Administraciones. Fue contratada por la Comunidad de Madrid para adecuar en agosto más de 200 colegios a los protocolos Covid. En julio, se le encomendó el “encargo verdaderamente complicado de gestionar el ingreso mínimo vital” (IMV), lo que obligó a Tragsa a “contratar 600 personas en cuestión de seis días” y propició una “sarta de estupideces, de tonterías y de mentiras” en redes sociales cuando se decía que era una empresa privada que torpedeaba las ayudas para perjudicar al Gobierno.

Un episodio que llevó a la dirección de la empresa a percibir que “en general la sociedad española no sabe qué hacemos” en una empresa cuyo papel en la gestión de emergencias ha puesto en valor: “El día que cae Filomena en Madrid aquí aparecen 500 señores de Tragsa; el día que llega el Prestige a las costas gallegas, aquí aparecen 2.000 señores de Tragsa; y el día que se rompe la presa de Aznalcóllar aparecen 500 máquinas de Tragsa”.

Con presencia en todo el territorio nacional y en 14 países como consecuencia de encargos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Consejo de Ministros ha autorizado recientemente a la empresa cerrar una ruinosa filial que abrió en Brasil en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, que Casas ha puesto como ejemplo de los “resultados discutibles” del intento de Tragsa de competir con el sector privado en el exterior.

La empresa, con cuatro décadas de existencia, ha dado carpetazo a “todas aquellas actividades que no están estrictamente relacionadas con su objeto social”, como la obra civil que sea ajena, y ha “vuelto al núcleo duro, que es el del servicio público”.

Casas ha negado que Tragsa compita con el sector privado: “Somos parte de la Administración pública” y “las administraciones son libres para acudir a un contrato público externo o gestionarlo internamente”. “A nadie le sorprende que en la administración española exista una abogacía del Estado” o una Intervención, de la que carecen Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente.

La empresa, que depende de 74 administraciones de distintos niveles, “no puede presentarse a licitaciones” sino que hace lo que estas le piden sin “ninguna obligación de encargarnos absolutamente nada”; la empresa “no está para ganar dinero” y cobra las tarifas que fija la propia Administración a través de una comisión específica. “¿La Policía Nacional infringe la libre concurrencia de los detectives privados?”, se ha preguntado Casas.

El directivo ha destacado el “plus de responsabilidad” que implica trabajar con dinero público: “Yo soy plenamente consciente de que los últimos céntimos de mi sueldo los paga la persona más pobre de este país y eso aparte de ponerme la carne de gallina me supone un compromiso de responsabilidad con todo el país”.