Tubos Reunidos blinda su junta anual en medio del concurso de acreedores y de las sospechas de corrupción

Este martes, a mediodía, la compañía de Amurrio Tubos Reunidos celebra su junta general anual de accionistas. Por vez primera, la convocatoria es únicamente telemática y no será un foro abierto, sino que solamente podrán participar los socios que se hayan registrado previamente. Salvo filtraciones, se desconocerá lo que allí se discuta. La dirección de la empresa ha decidido blindarse al máximo coincidiendo con su entrada en concurso de acreedores y, sobre todo, con la investigación de la Audiencia Nacional por corrupción. Otro detalle: la reunión llega al límite legal, que obliga a hacer esas reuniones dentro del primer semestre del año.

2026 está siendo el 'annus horribilis' de Tubos Reunidos. Centenares de despidos, huelgas y movilizaciones y ahora el concurso de acreedores son la muestra de la delicadísima situación económica, con un pasivo de unos 260 millones de euros. De esa deuda, unos 160 millones corresponden a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Son los 112,8 millones del rescate de 2021 y otros más de 40 millones en intereses acumulados. Y la SEPI es, precisamente, el otro gran problema para la compañía.

El juez Santiago Pedraz inició a finales de 2025 una causa penal para analizar si el rescate de 2021 escondió el pago de comisiones ilegales a quienes lo posibilitaron. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que vio una sólida base de indicios. ¿De dónde surgieron? En junio de 2025 fue arrestado en Elorrio el empresario guipuzcoano Antton Alonso, amigo del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De su casa y de una oficina en Pamplona, la UCO de la Guardia Civil se llevó decenas y decenas de documentos, aparatos electrónicos e incluso bolsas con dinero en efectivo. Ese material se fue procesando y, en noviembre, la Policía judicial elaboró un atestado para la causa contra Cerdán.

En él, se mencionaba por vez primera que Alonso usaba una aplicación de mensajería supuestamente mejor encriptada que WhatsApp y Telegram, Threema. Allí tenía un grupo llamado Hirurok con dos socialistas, Leire Díez, de Portugalete, y Vicente Fernández Guerrero, andaluz. Éste último había sido presidente de la SEPI desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 hasta su imputación en un proceso sobre Aznalcóllar en Andalucía, en 2019. Sin embargo, se sospecha que mantuvo capacidad de influencia sobre el organismo estatal y que movió los hilos para engrasar la inyección económica a Tubos Reunidos a cambio de un “agradecimiento”, como llamaba a la presunta comisión en un mensaje el propio expresidente de la SEPI.

El sumario del caso muestra que la trama Hirurok se empezó a interesar por Tubos Reunidos en 2020, cuando ya iba barruntando la necesidad de apoyo público. La relación no se cortó hasta noviembre de 2025, hasta el momento previo a que Alonso, Fernández Guerrero y Díez acabaron detenidos. La causa, que ha comportado varios registros policiales en las instalaciones de Tubos Reunidos de Amurrio y de Bilbao, ha permanecido en secreto hasta junio. El sumario ha generado más morbo porque, a la vez, analiza el papel de Díez y Cerdán en las presuntas 'cloacas' del PSOE, pero su origen está en el rescate de Tubos Reunidos, que dobla al de la aerolínea Plus Ultra por el que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según la Guardia Civil, se eleva a 247.459 euros la presunta mordida que obtuvo Hirurok. La compañía no niega que se produjeran los pagos. Se canalizaron por una doble vía. Hay 114.950 euros que se pagaron a través de una pantalla, una mercantil de Zaragoza llamada Mediaciones Martínez. Giraba unas facturas por supuestos asesoramientos que eran “mendaces”, en descripción de la UCO. En realidad, era una sociedad controlada en un 98% por Alonso. Asimismo, Fernández Guerrero obtuvo directamente 130.000 euros más. Los “agradecimientos”, siempre usando la expresión de Fernández Guerrero, se produjeron por facilitar el rescate en 2021 y, tres años después, en 2024, para flexibilizar la devolución de intereses. La empresa obtuvo una inyección de 15 millones por la venta de un terreno en Sestao, tenía que devolver 9,8 a su acreedor, a la SEPI, y presuntamente entró en juego de nuevo la intermediación de Hirurok y de Cerdán a cambio de otro pago, que se cifra en 40.000 euros. Este dato está recogido también en un acta interna de Tubos Reunidos de 2025 a la que ha tenido acceso este periódico.

En este segundo momento, la investigación ha localizado una reunión en Ferraz, la sede del PSOE, con Díez, Cerdán y directivos de la empresa. Allí, en el cuartel general socialista, apareció una “agenda con anotaciones manuscritas” de Cerdán. ¿Qué decían? Estaban “específicamente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI”, cree la Fiscalía. Añade que “dichas anotaciones pondrían de manifiesto, en conjunto con los indicios recogidos en el atestado [de la UCO de mayo de 2026] que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos”.

La investigación judicial tiene tres focos. Por un lado, está el grupo Hirurok. Cerdán, por el momento, no consta como investigado en este procedimiento. Por otro lado, están los directivos de Tubos Reunidos. Son tres los señalados. Francisco Irazusta es el primero. Era el presidente de la compañía en el momento del rescate y quien conversaba con regularidad con Fernández Guerrero sobre el asunto, como consta en los mensajes del sumario. “Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa.

Pero Irazusta se marchó en 2023. Es más, la trama Hirurok dudó si las facturas que giraba Mediaciones Martínez iban a continuar sin él en la empresa. Sin embargo, lograron mantener la relación con Carlos López de las Heras, su sucesor y todavía primer ejecutivo de la empresa alavesa. Fue él el que gestionó la renegociación de los intereses en 2024. El nexo común entre ambos mandatos era Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, directivo bilbaíno afincado en Andalucía y relacionado con Fernández Guerrero en la mercantil Denarius. Él estuvo en los contactos para el rescate y también en Ferraz por los intereses. Dimitió hace dos semanas tras ser imputado por el juez Pedraz, aunque alegó que era por otras razones profesionales. Según 'El Correo', López de las Heras ha sido apartado de las negociaciones con inversores interesados en reflotar la compañía.

Y, claro, el tercer grupo investigado son los miembros de la SEPI que, supuestamente, se dejaron controlar por su expresidente desde fuera, facilitándole información privilegiada. En otras derivadas del caso, como la relacionada con un contrato en Asturias a la empresa navarra Erri Berri, incluso hicieron movimientos a su dictado, siempre según la Fiscalía y la Policía judicial. “Estoy influyendo”, se jactaba Fernández Guerrero en otro mensaje. Son hasta ocho los diferentes cargos del 'holding' estatal los señalados en los informes policiales.

Mediaciones Martínez, según la Guardia Civil, tuvo una facturación próxima al millón de euros. Entraba dinero también en Servinabar 2000, la principal empresa de Alonso. El sumario muestra que, con esos fondos, Alonso se reformó su casa de Elorrio -160.000 euros de obra-, que Fernández Guerrero siguió comprando pisos en Marbella para alquiler turístico y que Díez cambió de coche.

Hasta hace pocas semanas, ya con la existencia de la investigación de la Audiencia Nacional con un elemento de dominio público, diferentes cargos institucionales han abogado por que la SEPI facilite una quita de la deuda para salvar a Tubos Reunidos, que busca inversores que den continuidad a la actividad industrial en la comarca más tocada de Álava, la de Ayala. El consejero del PNV Mikel Jauregi, de hecho, lo hizo el mismo día que la Guardia Civil estaba realizando registros en el marco de esta operación, a comienzos de junio. Sin embargo, fuentes de la compañía dan por hecho que dadas las circunstancias el organismo estatal no puede hacer ningún movimiento con dinero público que pueda dar a entender que hay un nuevo trato de favor a una empresa bajo la lupa de la Justicia.