El 18 de diciembre del año pasado, Eduardo Casanova, director de películas como Pieles y que saltó a la fama como Fidel en Aída, anunció en una publicación en su cuenta de Instagram que tenía VIH. “Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”, escribió, convirtiéndose en una de las pocas celebridades que lo han contado abiertamente.

Los comentarios en redes sociales a aquella publicación fueron terroríficos. Insultos homófobos que deberían haber desaparecido hace años resurgían como un vómito reaccionario ante el acto de valentía de Casanova. Eran la muestra de que el VIH sigue siendo un tabú, un estigma para el que lo padece y uno de los temas donde existe más desconocimiento.

Aquel anuncio venía acompañado de un pequeño vídeo que adelantaba que Eduardo Casanova había decidido, además, contar su ‘salida’ del VIH en un documental junto a Jordi Évole. Un documental que, además, contendría parte de su universo y que desde el título muestra su voluntad de cambiar las cosas. Sidosa, dirigido por Màrius Sánchez y Lluís Gauter, es, como dice Casanova en un momento del filme, la “reapropiación del insulto”. Igual que los gais lo hicieron con ‘maricón’, Casanova quiere reapropiarse de ese 'sidosa' que ha escuchado demasiadas veces.

Para Évole, aquellos comentarios de hace unos meses muestran lo importante que es poder ver este documental —que se ha proyectado en el Festival de Málaga— en estos momentos políticos. “Vivimos un momento de involución. Vivimos un momento de ir hacia atrás, y Sidosa pretende ser un puñetazo en la mesa para decir que no vamos a dar un paso atrás. Esto no va de retroceder, esto no va de escondernos todavía más. Ya nos podéis insultar todo lo que queráis, que no vais a poder. Y de ahí también el título. Es una provocación. Es una manera de decir: ‘Tú no me lo vas a decir. Voy a decirme a mí mismo sidosa de una manera mucho más cariñosa que lo utilizaría cualquiera que quiera usarlo como insulto'”, explica Évole.

Cree que ambos han creado “una especie de extraña pareja total”, y eso ha provocado situaciones cómicas en el documental, como cuando Casanova le dice a Évole: “No me hables en hetero”. Dos mundos diferentes que, en vez de colisionar, se acaban abrazando, porque para el periodista “era fundamental no tratar este tema desde la frivolidad, pero con humor”.

Eduardo Casanova confiesa que desde que fue diagnosticado con VIH “había sentido la necesidad de contarlo”. Con Jordi Évole lleva hablando más de tres años. Les puso en contacto Leticia Dolera. “Edu no estaba preparado para contarlo como lo ha contado ahora. Íbamos a hacer en principio un Lo de Évole, y en la comida que tuvimos en Madrid creo que todos tuvimos claro que no era el momento para él”, recuerda Jordi Évole. Era clave que él estuviera 100% seguro y que tuviera ganas de hacerlo. 

Es importante este documental en estos momentos. Vivimos un momento de involución, de ir hacia atrás, y 'Sidosa' pretende ser un puñetazo en la mesa para decir que no vamos a hacerlo

Jordi Évole — Periodista

El tema quedó aparcado hasta la primavera pasada, cuando Eduardo Casanova volvió a citarle. Esta vez era distinto, había una determinación muy clara por hacerlo. “Estaba muy seguro. Con miedo, evidentemente, porque significaba salir de un lugar en el que él se ha sentido escondido durante mucho tiempo, pero del que no se iba a perdonar no haber salido”, añade. Para el cineasta “fue importante encontrar la fórmula de contarlo a través del cine”, y esa fórmula se cumple con un documental que también introduce un cortometraje dirigido por él y habitado por su universo de color rosa, en el que aborda el tema del VIH desde su imaginario. 

Para Casanova “son necesarios proyectores culturales y artísticos de todo tipo, no solo películas, para hablar de este tema y poner el debate en el centro”. “En España hay avances clínicos gigantes, pero también necesito que se acabe con el estigma y el odio a las personas con VIH. Muchas veces el odio respecto al VIH viene de la desinformación, y tampoco le podemos pedir a la gente que esté informada cuando no hay una salud sexual coherente y efectiva. Yo me he encontrado con muchas personas con miedo, y ese miedo les hacía odiar, pero en cuanto te informas quizás dejas de ser idiota y dejas de odiar”, dice sin dudar. 

Subraya que el VIH iguala a todos, porque “no entiende de ideología”. “Una persona de un partido de ultraderecha también puede tener VIH y a mí me preocupa también la vida de esa persona porque va a sufrir. Hay que entender que el VIH atraviesa a todo el mundo más allá de cualquier ideología u orientación sexual. Todos merecemos tener una vida digna”, zanja.

Una de las cosas que se evidencian en Sidosa es el gran desconocimiento que hay en torno al VIH y a la educación sexual. Lo reconoce Jordi Évole y se ve en el documental cuando Casanova le pregunta cuánta gente famosa conoce que lo haya contado. Solo salen tres ejemplos: Rock Hudson, Freddie Mercury y Magic Johnson. Desde entonces ninguno más. “No pensé que hubiese un estigma sobre la enfermedad y sobre la gente que la padece, pero cuando me hizo esa pregunte, me dije, ‘ahí está la anomalía’. Ahora es una enfermedad que si se trata no es transmisible, puedes convivir con ella, no te vas a morir, y aun así nadie lo dice públicamente. Eso me rompió bastante los esquemas”, cuenta. Por eso valora tanto lo que ha hecho Eduardo Casanova, la valentía de abrirse en canal, servir de ejemplo a los que vendrán y dar el primer paso para que ‘sidosa’ no sea un insulto nunca más. 

El consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha comentado que en el año 2024 se produjeron 56 casos relacionados con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Castilla-La Mancha, el 80% en varones y el 20% en mujeres. Se espera que las cifras de 2025 sean muy similares.

También ha comentado la situación de la incidencia del SIDA, la etapa más avanzada y grave de esa infección, coincidiendo con este 1 de diciembre, en el Día Internacional de este síndrome. El consejero ha dicho que en Castilla-La Mancha la incidencia es baja respecto a otras comunidades autónomas.

El tramo de edad se sitúa entre los 25 y los 45 años y lo singular en esta región “es que en España la vía principal es la heterosexual, mientras que en Castilla-La Mancha es la de sexo hombre con hombre”, por lo que las medidas que adopta el Ejecutivo regional van dirigidas a ese perfil.

La pandemia del VIH en los años 80 y 90 marcó el origen de lo que conocemos como salud global. Las consecuencias económicas y sociales del virus, las movilizaciones por un acceso equitativo a los tratamientos y las protestas contra las normas de comercio internacional impulsaron una movilización histórica de la financiación para el desarrollo. El auge de la colaboración sanitaria internacional público-privada para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio facilitó la creación de organizaciones de salud global como Unitaid, el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria o el programa PEPFAR. Esta etapa de cooperación sin precedentes ha logrado importantes avances en el aseguramiento del derecho a la salud.

Veinticinco años después, el mundo ha cambiado. Aunque el VIH ya no debería ser una sentencia de muerte, más de nueve millones de personas siguen sin acceso a tratamiento. Los recortes a la ayuda al desarrollo amenazan con revertir décadas de progreso en esta y otras enfermedades que continúan asolando a los países de ingresos medios y bajos. A esto se suma un clima internacional en el que crece la desconfianza y el rechazo hacia el multilateralismo. En buena parte de Occidente cobran fuerza discursos que cuestionan los derechos humanos y promueven la idea de que la salud es una responsabilidad limitada a las fronteras nacionales. En el Sur Global, las desigualdades en el acceso a las vacunas contra la Covid-19 han acrecentado el rechazo a un sistema que se percibe como una extensión del poder occidental, impulsando iniciativas de ámbito local y regional para el desarrollo sanitario, científico e industrial.

Sin embargo, una nueva herramienta tiene la capacidad de cambiar el curso de la epidemia. El lenacapavir, un medicamento de acción prolongada que requiere solo una inyección cada seis meses, es fundamental para prevenir y tratar nuevas infecciones por VIH. Su potencial es enorme, pero solo si llega a quienes lo necesitan; y ese acceso está en cuestión con un precio de partida que, en países de ingresos altos, se encuentra en torno a los 28.000 dólares por paciente al año en su uso como profilaxis preexposición (PrEP).

El pasado septiembre, Unitaid, una organización asociada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI, por sus siglas en inglés) y el instituto de investigación sudafricano Wits RHI, firmó un acuerdo con el productor de medicamentos indio Dr. Reddy para comercializar lenacapavir a 40 dólares por paciente al año. Este paso es clave para ampliar el acceso a este medicamento para la prevención del VIH y nos muestra algunas de las lecciones aprendidas de las últimas décadas en salud global.

La primera es que el acceso a tratamientos vitales no solo depende de la innovación, sino también de factores comerciales e industriales. El acuerdo de lenacapavir muestra que los actores de salud global pueden moldear el mercado para aumentar la capacidad de producción global a precios asequibles y asegurar una demanda más estable.

La segunda lección es que la coordinación y cooperación entre los actores del sistema de salud global es esencial. En este caso, los acuerdos de producción a bajo coste firmados por Unitaid y la Fundación Gates facilitan que el medicamento sea más asequible. La OMS, al fijar estándares técnicos y regulatorios, crea las condiciones necesarias para que mecanismos como el Fondo Mundial o PEPFAR puedan realizar acuerdos de compra, agregando demanda y facilitando el acceso a países con menor capacidad de compra por sí mismos. Los gobiernos de varios países de ingresos medios trabajan para la integración del lenacapavir en sus sistemas de salud de manera rápida y eficaz, y la sociedad civil ejerce presión para que las promesas se cumplan.

Unitaid trabaja con estos actores a través de acuerdos de colaboración, financiación o en espacios de coordinación. Además del convenio de producción, ha financiado y aprovechado evidencia generada por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la reducción del precio. La organización también promueve la fabricación regional de productos esenciales para la salud y la transferencia de capacidades industriales para facilitar el acceso y reducir la dependencia de mercados externos. También apoya a los sistemas sanitarios en la integración temprana de nuevos tratamientos y financia el programa de precalificación de la OMS, clave para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y acelerar el acceso.

Finalmente, acuerdos como el de lenacapavir muestran que todos ganamos con la cooperación en salud. Los países de mayores ingresos contribuyen a reducir la carga mundial de enfermedad, pero también se benefician del conocimiento generado en otros contextos. Saber que el lenacapavir puede comercializarse de manera sostenible a unas decenas de dólares al año ayuda a tomar decisiones informadas sobre la fijación del precio en los países de ingresos altos. Al mismo tiempo, agencias regulatorias y pacientes de todo el mundo se beneficiarán también de la evidencia generada en los ensayos clínicos, muchos de ellos en países de ingresos medios y bajos.

España aplica estos aprendizajes en su acción en salud global. El Ministerio de Sanidad promueve la acción interministerial con herramientas como la Estrategia de la Industria Farmacéutica –junto con los ministerios de Hacienda, Industria, Economía y Ciencia–, o la Estrategia Española de Salud Global, elaborada conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La primera incluye una visión de salud global en la fijación de prioridades y la colaboración público-privada; la segunda sitúa la equidad y la cooperación entre iguales en el centro. También apuesta por mejorar la transparencia en los precios de los medicamentos, lo que influye directamente en su asequibilidad dentro y fuera del país; y continúa incrementando la financiación a organizaciones de salud global en un contexto internacional desfavorable. Finalmente, el Gobierno está impulsando la colaboración regional para reforzar los procesos regulatorios en América Latina y avanzar en la producción regional en la región.

En un momento en el que los principios que han sostenido la salud global están siendo erosionados, el trabajo de instituciones internacionales como Unitaid y de gobiernos como el de España demuestra que la cooperación internacional sigue siendo una estrategia de futuro para construir un mundo más sano y justo, una idea que cobra especial sentido en este Día Mundial del Sida.

Roy Galán y su hermana melliza Noa ya han vivido a sus 44 años más de lo que vivió su madre. Han pasado la frontera final que el verano de 1993 atravesó Sol en la isla canaria en la que vivían con su otra madre, Rosa. Contagiada de VIH hacía unos años y tras varios tomando el primer fármaco antirretroviral comercializado en España, la mujer falleció a los 43 atacada por una enfermedad innombrable. Sol fue una de las 4.227 personas a las que el sida mató aquel año tras bregar con un estigma que se empeña en impregnarlo todo. Lo saben bien quienes lo han heredado, que empiezan a romper con el silencio que ha marcado sus vidas.

“Nunca me imaginé estar hablando por teléfono de esto con alguien: pasar de que esto formara parte de mi jardín secreto y de mi intimidad a decir con naturalidad que soy hijo de una mujer que murió a causa del VIH”, afirma Roy. No es la primera vez: el escritor y novelista lo cuenta habitualmente en Instagram, donde suele escribir sobre el duelo y la ausencia ante su casi medio millón de seguidores. Es lo que también ha hecho en sus películas la directora de cine Carla Simón, cuyos padres fallecieron por VIH. “Recibo muchos mensajes de gente que ha vivido lo mismo y que me dice que es la primera vez que lo verbalizan. Hacerlo visible puede ser una puerta a través de la que otras personas vuelvan a su historia y la reescriban”, dice Roy.

“Por lo general uno acaba mintiendo. Cuando me preguntan de qué fallecieron mis padres suelo recurrir al cáncer, a otra enfermedad o incluso a un accidente de coche antes que al sida”, cuenta N.R.S, que prefiere ocultar su identidad. Su padre murió cuando ella tenía 13 años y a los 20 falleció su madre. “Ella se contagió de mi padre, que fue con quien perdió la virginidad en los 80 en Valencia”, describe la mujer, que aunque reconoce que a día de hoy lo tiene “más asumido” y con sus amigas “lo habla tranquilamente”, siente que el juicio ajeno por la enfermedad que contrajeron sus padres “sigue pesando mucho”.

Cora, que también les perdió por el mismo motivo en los 90, tiene una experiencia similar. Se llamaban Montse y Luis. “Mi hermana y yo no tuvimos tiempo ni siquiera de afrontar el duelo. Recuerdo no poder decir en el instituto de qué habían muerto por miedo a que nos miraran mal o nos rechazaran. A día de hoy intento no mentir, pero lo hago, lo oculto o intento desviar el tema. Hablar del sida en los años 80 y 90 conlleva muchas veces un juicio moral que no estoy dispuesta a escuchar”, explica Cora, que vive en Barcelona y tiene la misma edad que su madre cuando falleció, 41. “Me han llegado a decir que se lo habían buscado por drogarse, como si la gente eligiera o mereciera morir”.

La psicóloga y sexóloga Ana Koerting explica que es habitual que los casos de duelo por esta causa se le añadan “capas adicionales de complejidad” al ir acompañado en muchos casos de “silencio, secretos, culpa y discriminación”. Los hijos e hijas u otros miembros de la familia pueden experimentar “estigma por asociación” y sentir miedo a ser juzgados ellos mismos o sus progenitores o a que el resto piense que también tienen VIH. “Es posible que fueran testigos de situaciones de rechazo hacia sus progenitores, actitudes de evitación o juicios relacionados con la sexualidad o el consumo de drogas. Todo ello deja huellas emocionales”, sostiene.

Aunque el estigma asociado al VIH ha descendido y la situación dista de la crisis sanitaria que supusieron aquellas décadas, aún persisten grandes dosis de desconocimiento y prejuicios. Un informe de 2021 del Ministerio de Sanidad recoge algunos datos que dan cuenta de ello, como que casi el 40% de la población sentiría “incomodidad” si su hijo fuera a un colegio con otro estudiante con VIH o que uno de cada cuatro lo estarían en el caso de que un trabajador de la tienda en la que compra habitualmente fuera portador.

Eso a pesar de que la historia del VIH es una historia de enorme progreso científico y que tratado con antirretrovirales, el virus llega a ser indetectable en sangre e intransmisible por vía sexual. Lo que antes era una sentencia de muerte, ahora se ha convertido en una condición crónica.

Vergüenza “heredada”

Roy y su hermana tenían 13 años cuando su madre falleció. Los médicos descubrieron que portaba el virus de la inmunodeficiencia humana gracias a que se rompió el fémur bajando una escalera y vieron que algo no estaba bien en su cuerpo. “Cómo se contagió no lo sabemos: era enfermera de quirófano, tuvo sexo sin protección y también consumió heroína alguna vez, aunque no era adicta, lo hizo como mucha gente en aquel momento”, sostiene Roy, que recuerda la evolución que experimentó su madre en cuanto a la enfermedad: al principio vivía “en un estado depresivo” y lo ocultaba, después se convirtió en activista, montó una asociación y se hizo visible.

Pero el estigma “mancha todo lo que rodea” a la persona enferma, cree el escritor, que rememora la “vergüenza” con la que vivía en aquella época. “Tenía temor a que la gente lo supiera como si hubiera algo malo en ello y como si fuera nuestra culpa o nos lo mereciéramos. No quería llamar la atención ni que a mi madre se le notara y que al final el resto descubriera que yo mismo era contagioso o algo así. Sentía que podía ser alguien que es malo para el mundo”, resume. Roy recuerda “las miradas” cuando iba con ella por la calle y también “los murmullos” en el colegio, donde una vez “alguien fue diciendo” que su madre “tenía algo contagioso”.

Alba, hermana de Cora, habla de una “vergüenza heredada”. Tenía nueve años cuando su padre murió mientras que el fallecimiento de su madre le pilló en plena adolescencia, con 14. Se había enterado de su diagnóstico solo seis meses antes. “Me quedé en blanco. Ella no nos lo había dicho porque nos reconoció después que tenía miedo a que la rechazáramos, pero jamás hubiera sido así”, afirma. Sus compañeros de instituto sabían que su madre estaba enferma porque después de ir a clase, iba con su hermana a pasar el día al hospital, pero nadie sabía la causa.

“La gente sentía curiosidad. Mis padres eran drogodependientes y habían contraído el VIH por el consumo de heroína. Vivíamos en Mallorca”, cuenta Alba, que aunque intenta “todo el rato combatirla” reconoce que la vergüenza sigue a veces asomando. “Sé que no es mía, que no me corresponde, que es por el prejuicio con el que la sociedad mira a una enfermedad como la drogodependencia, que para el resto se traduce en que mi madre era una yonki sin entender los contextos sociales y culturales que les tocó vivir,” resume la mujer, integradora social y estudiante de psicología. “A veces romantizo su historia y pienso en ellos como hippies que viajaron y se divirtieron, que es verdad, pero no que eran drogodependientes y vivían en una barriada, como si hubiera yonkis de primera y de segunda”, reflexiona.

Roy compara la situación que se vivió durante la epidemia con el estallido del coronavirus en 2020. “Qué diferente la comprensión de quien se ha contagiado cuando la pandemia le tocaba a gente que parecía que se lo merecía por puta, yonki o maricón”, describe recordando cómo la puerta de la habitación de hospital de su madre estaba marcada con un punto rojo por fuera para advertir de que era portadora.

Romper el silencio

Las experiencias de quienes tuvieron progenitores que fallecieron por este motivo están marcadas también por la complejidad del duelo tras perderles. En muchos casos, además, se quedaron en un margen estrecho de tiempo sin padre y también sin madre o sin sus dos padres y madres. “Es como si no tuvieras derecho al duelo, que es ya un tabú al que se le añade otro. Perder a alguien es complicadísimo, pero si se le suma el hecho de que socialmente se piensa que quien se ha ido tiene responsabilidad, parece que no tienes derecho a la queja”, resume Roy, que hace referencia a los llamados “duelos desautorizados”, aquellos en los que no se reconoce plenamente la legitimidad para el dolor.

El cómo impactó lo sucedido en las familias es variable, pero no es poco común que el silencio sea la tónica dominante y en algunos casos incluso el rechazo de los hijos e hijas. N.R.S. menciona que hubo miembros de su familia que no llegaron a saber por qué había fallecido su madre. “La tía abuela, por ejemplo, sabía que estaba enferma, pero no sabía de qué. En cuanto dije la palabra sida puso una cara de la que aún me acuerdo”. Roy y su hermana se quedaron tras la muerte de su progenitora con su otra madre, Rosa, a la que Sol había conocido solo un año antes de que los médicos encontraran el virus en su cuerpo. “Y aún así Rosa se quedó y nos cuidó siempre”, agradece su hijo.

Alba y Cora tuvieron que ver cómo las hermanas de su madre, la poca familia de sangre que tenían, “no se hicieron cargo de nosotras”. Eran las mismas que, cuando su madre fue diagnosticada, “nos obligaron a hacerme un análisis de sangre para comprobar que no estábamos contagiadas”. “Había mucho estigma dentro de la familia. Mis primas pequeñas no nos querían dar besos y abrazos porque decían que teníamos bichos”. Las conversaciones “a escondidas”, el secreto y el bochorno fueron la manera familiar de vivirlo. “Nosotras hemos sido las primeras en hablar de cómo murieron y a no vivirlo así”, esgrime Alba, que a los 18 años sintió “una liberación” por empezar a contarlo.

Porque hablar y romper el silencio es una forma de devolverles a sus padres lo que la sociedad les intentó quitar y es despojarles, un poco al menos, de la vergüenza que nunca debieron sentir. “Es cambiarla por orgullo, el orgullo que tiene que ver con que les tocó vivir una situación para la que el mundo no estaba preparada. Tenemos una deuda pendiente con ellos”, cree Roy. Y es también nombrar y valorar el legado que dejaron. “Mi madre nos cuidó y nos quiso mucho. Nos dio mucho amor y eso es lo más importante. Nos preparó para ser fuertes, como ella decía”, se emociona Alba. Roy cree que si hoy es escritor, es gracias a la suya. “Mi forma de ver el mundo se construyó por ella, por cuándo murió y de qué. El arte es una forma de diálogo con nuestros muertos. Imagino que escribo, como todas, en contra de desaparecer, que es lo que hizo mi madre. Para mí, escribir es quedarse”.

Más de 4.000 personas están en lista de espera para acceder a la PrEP (profilaxis preexposición), la principal estrategia de prevención del VIH, solo en el centro catalán BCN Checkpoint, referente en el suministro de este tratamiento en España.

Este centro de salud sexual, especializado en la detección precoz del VIH, ha exigido este miércoles al Departament de Salut de Catalunya que adopte medidas urgentes para desbloquear el colapso de la PrEP en Catalunya y garantizar un acceso real y equitativo al tratamiento para toda la población.

Desde que el centro comenzó su actividad en 2020 –tras la incorporación de la PrEP a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en 2019–, el centro ha registrado 20 contagios de personas que estaban en su lista de espera, que actualmente se sitúa en unos dos años y medio.

Sin embargo, no existen datos que permitan conocer el alcance total del problema ni el volumen de listas de espera a nivel estatal en otros centros. BCN Checkpoint ha atendido desde el año pasado a unas 8.000 personas que, según su director, Ferran Pujol, fueron “descargadas del sistema público” a causa del cierre de servicios públicos de ETS.

Explica Pujol que la capacidad del centro está desbordada y que, incluso, algunos pacientes llegan derivados directamente desde los servicios públicos de salud; “Por un lado, nos consolida como centro de referencia, pero también nos genera una sobrecarga que ya no podemos asumir”, ha señalado.

El tratamiento consiste en administrar medicamentos —pastillas diarias o inyecciones bimensuales— a personas sin VIH para reducir drásticamente el riesgo de infección en caso de exposición. Desde BCN Checkpoint explican que el procedimiento es relativamente “sencillo” y “barato”, pero no la falta de recursos lo complica todo.

El centro ha alcanzado su límite asistencial y, según Félix Pérez, coordinador de estudios, esto tiene consecuencias “muy importantes” para las personas, ya que muchas de ellas piden la PrEP porque “saben que tienen riesgo de contagio”. Pujol ha denunciado una “vulneración del derecho a la salud” y la “falta de accesibilidad real a la PrEP”.

Según datos del Ministerio de Sanidad, unas 34.000 personas han accedido a la PrEP en España desde su inclusión al sistema público en 2019 hasta junio de 2025. Sin embargo, cada año aumenta la demanda, algo “positivo”, ya que quiere significa que “las personas cada vez están más concienciadas” –y no que haya más casos– pero que, a su vez, “está colapsando el sistema porque no hay capacidad suficiente para atender a todas las personas”, señala Pérez.

También han apuntado que no se han aumentado los recursos destinados a este propósito desde hace varios años, a pesar del incremento sostenido en las solicitudes. Desde 2022, las demandas han crecido de forma exponencial y el centro recibe unas 200 nuevas peticiones al mes. Con la lista de espera actual, calculan que entre 14 y 15 personas podrían infectarse cada año mientras aguardan atención.

La organización alerta además de la aparición de compraventa de PrEP en el mercado negro ante la falta de respuesta pública, sin control médico ni trazabilidad. Esto, según el director médico del centro, Àngel Rivero, “puede generar complicaciones en los tratamientos”, ya que antes de recibir este tipo de medicación “es necesario realizar analíticas”. Advierte de que “la gente busca protegerse por su cuenta, pero lo hace sin supervisión médica, con los riesgos que esto conlleva”.

Rivero señala que, aunque han optimizado “al máximo” su programa de seguimiento y ampliado su capacidad, el centro sigue enfrentándose a un colapso en la lista de espera y a una falta estructural de recursos que les impide garantizar una implementación eficaz del tratamiento.

“Tenemos las herramientas para erradicar el VIH y es imprescindible que el Departament de Salut asegure el suministro de PrEP a toda la población que la necesite”, señala Pujol. En su opinión, “no existe una prevención real del VIH en Catalunya”.

Pérez considera que una de las razones de la falta de atención prioritaria a este tema tiene que ver con la discriminación hacia las minorías que, mayoritariamente, son las más afectadas: “Tres de cada cuatro nuevos casos de VIH corresponden a hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres trans”. apunta. Sin embargo, insisten en que no se debe asociar la PrEP únicamente con prácticas de riesgo. “El medicamento es para todas las personas que quieren cuidar de su salud, algo que no se puede estigmatizar”, subraya Pujol.

BCN Checkpoint ofrece todos sus servicios de manera gratuita y se financia mediante ingresos directos e indirectos del Departament de Salut, pero denuncian que llevan años solicitando un convenio estable sin obtener respuesta. “No podemos financiarnos indefinidamente con subvenciones”, afirman. La situación asistencial del centro es ya “insostenible” y deriva en “una ineficiencia del sistema”. Por ello, reclaman medidas urgentes no solo para su propio centro, sino también para el resto de dispositivos que gestionan la PrEP en Catalunya.

La Comisión Anti-Sida de La Rioja ha alertado del aumento de nuevos diagnósticos de VIH en jóvenes de 20 a 29 años. Ante esta situación, han puesto en marcha una innovadora iniciativa que formará a estudiantes universitarios como embajadores en prevención y sensibilización frente al VIH, con el objetivo de frenar esta tendencia mediante mensajes rigurosos entre iguales.

Esta iniciativa, desarrollada por la Comisión Anti-Sida de La Rioja en colaboración con la Universidad de La Rioja y con el apoyo de Gilead Sciences, implicará activamente a estudiantes del Grado en Enfermería, que asumirán el liderazgo comunitario en sus entornos universitarios y actuarán como referentes clave en salud sexual entre iguales.

Las personas embajadoras recibirán formación integral en prevención del VIH -uso del preservativo, profilaxis pre-exposición, comunicación y lenguaje inclusivo-, además de herramientas para analizar críticamente la información de salud en redes.

Con ello, podrán frenar la desinformación y promover mensajes rigurosos y basados en evidencia científica. La estrategia combina presencia digital en Instagram, TikTok y X (antes Twitter) con charlas presenciales y encuentros virtuales, ampliando el alcance de la sensibilización en la universidad.

La Comisión Anti-Sida refuerza así su compromiso con la educación para la salud y la prevención del VIH, y consolida una alianza con otras instituciones para que la juventud lidere la promoción de una sexualidad informada, responsable e inclusiva.

La Coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida) ha denunciado este viernes la “censura” de la campaña con la que están promocionando una marcha que reivindica los derechos de las personas que viven con este síndrome en España. La imagen que se propuso colocar en los andenes de Metro de Madrid incluía una foto en bañador de su secretario general, Oliver Marcos, explicando cómo la visibilización de su situación médica le permitió disfrutar de su sexualidad “de una manera respetuosa y placentera”.

Cesica denuncia que después de presentar esta campaña el pasado 7 de octubre, la empresa que gestiona la comercialización de los espacios publicitarios del suburbano -JCDecaux- se negó a colocar la imagen de Oliver en bañador, argumentando que los menores que viajaban en la red de transporte “no tienen ni deben estar sometidos al visionado de cuerpos semidesnudos”. Los responsables de esta empresa indicaron a su servicio jurídico que se vetaba la imagen “al no estar el producto vinculado como un cuerpo semidesnudo, como sucede en campañas de bañadores, lencería”.

Debido a esta decisión, Cesida retiró la imagen y la sustituyó por otra de la misma persona, con ropa pero también con el mismo mensaje y un código QR que lleva a la web oficial de la iniciativa, donde sí que aparece la imagen original. La campaña la componen otras cinco historias, con sus correspondientes fotos, bajo el lema Vidas conectadas.

Desde Cesida lamentan el razonamiento ofrecido para “censurar” su campaña, que contrasta a su entender “con la abundante presencia de modelos en bañador y ropa interior asociados a marcas comerciales que pueblan los espacios promocionales del servicio de transportes de la Comunidad de Madrid”. Y también reclaman para la entidad “el mismo grado de libertad que se otorga a las marcas comerciales”.  

También recuerdan desde esta plataforma que “en el Metro de Madrid se han permitido campañas que contravienen los derechos humanos, adoctrinan a la juventud y ponen en la diana a ciertos colectivos”, citando la que criticaba “ir de flor en flor” puesta en marcha por la Asociación de Familias Numerosas de Madrid o la que desde la Asociación Católica de Propagandista aseguraba que “rezar frente a una clínica abortista es genial”. 

Oliver Marcos había explicado hace unos días que tomó la decisión de fotografiarse en ropa de baño por la necesidad de mostrarse sin etiquetas ni prejuicios, ya que “hablar abiertamente de que tienes VIH implica desnudarte personal y emocionalmente”. Y subrayó la necesidad de campañas donde “la gente nos ponga cara, y salgamos guapas, y no sea la típica imagen derrotista que quizás se asocia un poquito más a la realidad del VIH”.

Este periódico se ha puesto en contacto con JC Decaux para obtener su versión de este episodio, sin que hasta ahora haya obtenido respuesta. También con Metro de Madrid, que aclaran no han participado en ninguna decisión relativa a la gestión de esta campaña. “Desde Metro de Madrid no se ha censurado nada”, indica un portavoz, poniendo el peso de la decisión en JC Decaux.

La versión “censurada” de la campaña de Cesida ocupa 23 estaciones del Metro de Madrid durante la semana previa a la marcha del Pride Positivo, una manifestación que se desarrollará el próximo 18 de octubre en Madrid para visibilizar y concienciar sobre la realidad de las más de 150.000 personas que viven con el VIH en España.

Entidades sociales como Cesida, Apoyo Positivo o Médicos del Mundo, entre otras, denuncian “un preocupante desmantelamiento progresivo del compromiso político y económico por parte de la Comunidad de Madrid” mientras, aseguran, viven una “situación límite” por el “repunte de prácticas de riesgo y el aumento de infecciones de transmisión sexual”. En un manifiesto remitido a la Dirección General de Salud Pública y la Consejería de Sanidad, las asociaciones exigen una reunión con esta última para encontrar soluciones que puedan “garantizar la viabilidad, eficacia e impacto de la respuesta comunitaria frente al VIH, las ITS y la atención de los colectivos vulnerables”. 

Según datos de Madrid Salud, la cifra de personas admitidas a tratamiento por 'chemsex' ha escalado desde los 50 de 2017 a 512 en 2022. Los últimos datos reflejan que el 99,1% de los atendidos son hombres. Las ITS no han dejado de aumentar en España en las últimas décadas, según el Ministerio de Sanidad. Desde el inicio de los 2000, se observa un aumento en la incidencia de infecciones de ITS como la gonorrea, la sífilis y la clamidia, especialmente en hombres jóvenes.

“Las entidades comunitarias nos encontramos ante una tormenta perfecta: aumento de la demanda social, complejidad creciente de las situaciones que abordamos y una drástica reducción o ausencia de financiación pública para sostener nuestros programas. Esta situación puede comprometer la respuesta comunitaria del VIH en la región”. El chemsex o sexdopaje —el uso intencional de drogas, principalmente metanfetamina, GHB/GBL y mefedrona en largas sesiones de sexo— es uno de los fenómenos crecientes que, según señalan las asociaciones, carece de una respuesta adecuada: se entrelazan “consumo de sustancias, prácticas sexuales en grupo, exclusión social, y violencia sexual o psicológica, todo ello en ausencia de dispositivos públicos preparados para abordarlo integralmente”.

Señalan que los recursos públicos de la Comunidad de Madrid destinados a estas dos cuestiones —prevención del VIH y atención a usuarios de chemsex— “han sido, en el mejor de los casos, residuales y, en el peor, inexistentes”. Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo, explica que desde 2018 el presupuesto que dedica la comunidad a este tipo de proyectos no ha subido de los 500.000 euros. Sin embargo, desde entonces el número de asociaciones ha incrementado, por lo que deben repartir esa dotación entre más entidades resultando en que se reduzcan notablemente las cuentas de cada una. Por ejemplo, los 30.000 euros que recibía Apoyo Positivo en años anteriores, ahora se reducen a 18.000 euros, según asegura Velayos. 

“Los profesionales comunitarios están desbordados”

Además, por el convenio de acción e intervención social, deben afrontar estos recortes presupuestarios mientras incrementan los salarios del personal sociosanitario que trabaja para las asociaciones: hasta un 12% en los últimos 10 años. A esta disminución de fondos se le suma la situación de precariedad que denuncian en el manifiesto: los equipos profesionales comunitarios “se encuentran desbordados en las tareas de gestión, coordinación e intervención dentro de los programas, asumiendo tareas y recepción de casos por encima de los objetivos e indicadores presupuestarios en los proyectos, ya que no hay una respuesta eficaz desde la administración pública”, dicen.

Aunque en años anteriores las asociaciones podían presentar ante la administración un número ilimitado de proyectos que quisieran realizar financiados por el IRPF y gestionados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ahora, denuncia Velayos, sólo tienen permitido presentar un máximo de tres. En el caso de apoyo Positivo, esta restricción les ha llevado a sacrificar un proyecto de sensibilización sobre chemsex, una práctica que, de hecho, fue declarada como problema de salud pública en Madrid en 2017. 

Otra de las cuestiones que critican son las “barreras administrativas y burocráticas” que dificultan el acceso a los programas de prevención y atención de ITS a los colectivos más vulnerables como las personas migrantes, así como la “falta de información y formación de los profesionales sanitarios de atención primaria y de urgencias médicas” en distribución de tratamientos preventivos contra el VIH para personas en riesgo de contraerlo como la PrEP (profilaxis preexposición). 

“La invisibilización del VIH en la agenda política madrileña no sólo perpetúa el estigma, sino que vulnera los derechos fundamentales de quienes viven con el virus y de aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo”, añade el comunicado. 

Un nuevo informe elaborado por la organización Physicians for Human Rights (PHR) alerta de que la congelación de los fondos para la asistencia humanitaria decretada por el Gobierno de Donald Trump ha puesto en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la epidemia de VIH y ha desencadenado una catástrofe sanitaria en la región de África oriental. El estudio documenta casos de mujeres seropositivas que decidieron abortar por miedo a trasmitir el virus a sus hijos, así como bebés que acabaron contagiados durante el embarazo ante la falta de acceso a medicamentos.

“Estamos creando una bomba letal para el futuro”, denuncia uno de los trabajadores entrevistados para el informe.

El Gobierno de Donald Trump emitió el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva que congeló todos los nuevos fondos de asistencia humanitaria y ordenó una revisión de 90 días de los existentes. Apenas cuatro días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, envió órdenes de paralización de todos los programas en curso, lo que supuso el freno inmediato de cientos de proyectos, incluido el PEPFAR, el plan estrella de Washington para combatir el VIH en países de bajos ingresos, sobre todo del África subsahariana.

La congelación de los fondos fue parte de la paralización general de la ayuda internacional de Estados Unidos. Aunque posteriormente se concedieron excepciones parciales, la primera semana tras las órdenes de suspensión fue especialmente crítica: clínicas de Uganda y Tanzania tuvieron prohibido dispensar medicamentos comprados con fondos estadounidenses y se interrumpieron por completo los servicios comunitarios de distribución de antirretrovirales.

En los testimonios recogidos por PHR, profesionales sanitarios describen que recibieron mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que les ordenaban detener inmediatamente todas las actividades, dejando a pacientes y programas abandonados y sin alternativas. Uno de los trabajadores comunitarios en Tanzania relata: “Ese día ya teníamos organizadas las rondas para entregar la medicación en la comunidad, y de repente nos dijeron que parásemos todo. Muchos pacientes llevan meses llamando y no sabemos cómo ayudarles”.

No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar

El mismo informe recoge testimonios de mujeres que han interrumpido su embarazo por miedo a dar a luz a un niño con VIH: “No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar”, cuenta. Según los datos recogidos, en algunas de las regiones hasta un 25% de las mujeres embarazadas seropositivas trasmitieron el virus a sus hijos durante esos meses críticos. “Es realmente doloroso ver a alguien dar a luz a un bebé cuyo primer test de ADN es positivo en VIH, simplemente porque no tuvo acceso al tratamiento”, dice un trabajador sanitario ugandés.

Además, varios pacientes describieron la angustia de ver sus reservas de medicamentos agotarse y tener que saltarse la dosis. “Me dieron solo 14 pastillas, cuando antes recibía medicación para tres meses. Me entró miedo y ansiedad. Pensé: '¿y si mañana ya no hay más?'”, explica una joven ugandesa en el informe.

Aumento del estigma

La crisis ha tenido un efecto colateral especialmente grave: la intensificación del estigma. El informe documenta un aumento de agresiones físicas y verbales contra personas con VIH y contra colectivos históricamente discriminados. Desde Tanzania, un médico alerta en el informe: “Si dejamos atrás a las poblaciones clave y vulnerables, estamos creando una bomba letal para el futuro”. PHR añade que la exclusión de estos grupos tras la suspensión de los fondos agravó aún más la discriminación.

Las interrupciones también supusieron la desaparición de los espacios comunitarios seguros que habían sido financiados con cargo al PEPFAR, lo que dejó a muchos sin un lugar donde recibir tratamiento o apoyo sin ser señalados. En Uganda, un trabajador comunitario explica en el informe que, tras la cancelación del programa, los locales que servían de puntos de distribución de medicinas fueron desalojados y alquilados a otros inquilinos, lo que impidió retomar el servicio incluso recibir la autorización parcial para reanudarlo.

El otro efecto

Más allá de las cifras, el informe subraya el golpe de esta decisión sobre la confianza de los pacientes a la estabilidad de su tratamiento. Muchos de los seropositivos entrevistados han expresado el temor a que los medicamentos se agoten de manera definitiva. El trabajo de PHR recoge el caso de un paciente que le dijo a su médico: “¿Ahora quieres que me muera? Si no me das medicación para seis meses, temo no volver a recibirla nunca más”.

Los médicos entrevistados describen el efecto de la medida: “Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”, ha indicado a la organización un facultativo de Uganda.

“Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”.

Aunque la interrupción fuese temporal, fue suficiente para destruir el delicado ecosistema de la lucha contra el VIH, en el que no basta con tener medicinas en la estantería de una farmacia, sino que también se necesitan sistemas sostenidos de acompañamiento para que las personas puedan mantener el tratamiento, según la ONG. Los programas comunitarios, los equipos de gestores de casos y las estrategias de entrega adaptada de medicinas se desmoronaron con el recorte.

La paralización de los fondos vino acompañada de una reforma administrativa que incluyó recortes en el programa de asistencia USAID y alteraciones en su estructura operativa. Ahora, y con el foco en la región de África oriental, está en riesgo el futuro de miles de pacientes en Tanzania y Uganda.

La Casa Blanca propuso en mayo un recorte del 66% de la financiación internacional destinada al VIH. En paralelo, la Oficina del Presupuesto (OMB) retuvo cerca de la mitad de los 6.000 millones de dólares ya aprobados por el Congreso para el PEPFAR, lo que ha dejado a países como Uganda y Tanzania en estado crítico. El informe de PHR documenta que un 25% de los fondos de atención y tratamiento para Uganda se han cancelado o están en riesgo de desaparecer, un 30% de los recursos de prevención ya están suspendidos y un 17% del presupuesto global ha quedado sin destino definitivo.

Frente a este escenario, PHR llama al Congreso estadounidense a actuar de inmediato. Plantea restaurar en su totalidad la financiación del PEPFAR en el presupuesto para 2026, volver a autorizar el programa y asegurar una transición ordenada hacia los sistemas de salud locales.

El programa PrEP (Profilaxis Preexposición al VIH) está a punto de cumplir seis años en la sanidad pública española y necesita, según el Ministerio de Sanidad, algunos cambios. El departamento que dirige Mónica García quiere sacar esta estrategia preventiva de los hospitales porque “no tiene sentido que gente joven y sana” tenga que acudir a estos centros.

Su argumento es que la dificultad de acceso en zonas donde no hay estas instalaciones cerca disuade y obstaculiza la normalización del programa, que todavía arrastra estigma, señala Julia del Amo, directora de la División para el control del VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad. La prevención, defiende, “debe estar fuera de los hospitales”.

El cambio ha empezado por pedir a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) una modificación en la autorización del fármaco para que pase de ser de “uso hospitalario” a “diagnóstico hospitalario”, como avanzó El País. Aunque, advierte del Amo, “si te quedas solo en eso nada cambia”. “Lo que planteamos es trasladar la PrEP a la medicina comunitaria para que las personas hagan una primera consulta con el especialista pero después el seguimiento se lleve desde Atención Primaria o desde centros comunitarios”, explica. Ahora las personas dentro del programa, 34.000 desde 2019, tienen que acudir cada tres o seis meses a una consulta hospitalaria y con aún más frecuencia a la farmacia del centro para recoger los fármacos.

La PrEP es una estrategia preventiva dirigida a pacientes VIH negativos que actúa como antirretroviral y protege a las personas que mantienen relaciones sexuales sin preservativo. Si se toma bajo supervisión médica y de forma diaria reduce el riesgo de transmisión de este virus, aunque no protege frente a otras infecciones.

Lo que planteamos es trasladar la Prep a la medicina comunitaria para que las personas hagan una primera consulta con el especialista pero después el seguimiento se lleve desde Atención Primaria o desde centros comunitarios

Julia del Amo, directora de la División para el Control el VIH del Ministerio de Sanidad

El hecho de que todo dependa del hospital ha provocado listas de espera en las unidades de VIH porque, según llevan años denunciando organizaciones como Cesida, “no se han reforzado los servicios, ni en medicina ni en enfermería, en la mayoría de comunidades”. Todas las provincias tienen hoy al menos un punto al que acudir para solicitar entrar en el programa preventivo. “Pero si hay de repente 30.000 personas más para atender y las unidades son las mismas donde se trata a personas con VIH se va a dar más prioridad a estas consultas que a una primera cita PrEP”, argumenta Reyes Velayos, presidenta de Cesida, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida.

La organización bendice el plan del Ministerio como una manera de “acercar lo máximo posible esta herramienta preventiva a toda la población que lo necesite”: “Es muy interesante porque normaliza la PrEP y quita estigma”. Para Cesida, la mejor alternativa es mantener un modelo mixto que mantenga la dispensación hospitalaria para las situaciones más vulnerables y cuando haya menos adherencia al fármaco.

Las pastillas, en la tarjeta sanitaria

En el resto, el programa puede quedar en manos de la Atención Primaria. Las pastillas quedarían incluidas, como cualquier otro fármaco dispensable en farmacias, dentro de la tarjeta sanitaria de cada usuario. El Ministerio, a través de un convenio con SEISIDA, ha empezado ya a formar específicamente a los profesionales de Medicina de Familia y Comunitaria para que hagan un acompañamiento adecuado y sin estigmas, según del Amo. Eso sí, al dar el salto a las oficinas de farmacia, la PrEP tendrá un “pequeño” copago, confirma. “Si acercamos la Prep y eliminamos listas de espera, el copago no nos parece tan importante porque a la persona que no pueda no se la va a dejar desamparada”, dimensiona, por su parte, Velayos.

El diagnóstico del Ministerio, pese a que consideran que la PrEP ha tenido una “buena aceptación”, es que todavía no está llegando a todo el mundo que la necesitaría. “Sobre todo a personas que han nacido fuera de España. De los nuevos diagnósticos hay una proporción elevada de hombres homosexuales y bisexuales que son VIH positivo y se han infectado aquí. No hemos llegado a tiempo para prevenir la infección de estas personas. Y eso pasa porque no conseguimos que perciban los riesgos de salud o porque sí lo hacen pero el sistema es hostil y no les permite el acceso con facilidad”, analiza la directora de la División para el Control del VIH, que asegura, además, que todavía hay muy pocas mujeres y personas transgénero dentro del programa. El objetivo último de la Prep es que se corte la circulación del virus. Anualmente hay unos 3.000 nuevos diagnósticos.

Del Amo reconoce que sigue habiendo una “homofobia estructural” que deja ver su cara con estos programas, aunque “el estigma está disminuyendo”. “Nadie dice que las conductas que no tienen un efecto positivo sobre la salud se tengan que promocionar, pero lo cierto es que tenemos mucha más tolerancia y aceptación a dar un hipertensivo a heterosexuales que comen mal y beben cerveza”, argumenta. “En todo caso –continúa– nos parece fenomenal que el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres haya abrazado esta forma de prevención de manera tan proactiva. Son quienes han luchado por este derecho y los que tienen más interés en protegerse a ellos mismos y a su entorno”.

En un contexto de “retroceso de derechos”, el Ministerio quiere “seguir trabajando por las personas que son cabeza de turco en todas las crisis” mientras Cesida espera que este paso termine por extender a las farmacias también los antirretrovirales que toman las personas diagnosticadas para que el acceso sea “más cómodo” y “más normalizado”.

Las personas con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) podrán desde este martes donar órganos a otras con la misma infección, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado la Orden que deroga la norma anterior, de 1987, que impedía este procedimiento.

“Es una orden que tuvo su razón de ser en el año en el que se promulgó por el momento histórico que entonces se vivía y la necesidad de que las autoridades sanitarias evitaran la propagación de la infección. Pero derogar esta orden se ha convertido en una deuda histórica que tenía la ONT y que tenía el sector del trasplante con la población con infección por el VIH”, ha explicado la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez‑Gil.

La ministra de Sanidad, Mónica García, avanzó el pasado diciembre durante la celebración del Día Mundial del Sida la intención de su departamento de eliminar esta limitación. Según explicó, en la última década, 65 personas fallecidas con VIH podrían haber donado sus órganos y hecho posible hasta 165 trasplantes, de no haber existido esta limitación normativa y de contar con receptores VIH idóneos en lista de espera que hubieran otorgado su consentimiento.

A su vez, cada año, unos 50 pacientes con VIH entran en lista de espera para trasplante en España. Hasta ahora, a estos pacientes se les trasplantaba con órganos de donantes sin la infección y, tras el cambio normativo, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, tendrán la opción de recibir un órgano de donantes vivos o fallecidos con VIH.

Además de ayudar a aumentar la disponibilidad de órganos para todos los pacientes en lista de espera de trasplante, tanto los que presentan infección por el VIH como los no infectados, Mónica García ha destacado que la derogación de esta orden es uno más de los pasos que su Ministerio da para eliminar el estigma social de las personas con VIH.

Desde Sanidad, han explicado que, a principios de siglo, momento en el que el pronóstico del VIH comenzó a cambiar gracias a la terapia antirretroviral, comenzaron a publicarse las primeras experiencias sobre el trasplante de órganos en receptores con VIH con resultados esperanzadores. Esto hizo que la comunidad científica internacional se cuestionara si la infección por el VIH debía continuar siendo una contraindicación para el trasplante.

En España, este viraje quedó plasmado en el Documento de Consenso Nacional adoptado en 2005 por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), el Plan Nacional sobre el sida y la ONT. Hoy se realizan trasplantes de todo tipo de órganos en pacientes infectados por el VIH; hasta diciembre de 2024, en España se habían registrado 311 trasplantes de riñón, 510 de hígado, 11 de pulmón, 10 de corazón y 1 de páncreas‑riñón, con buenos resultados.

Asimismo, el trasplante de órganos entre personas con infección por VIH cuenta con la experiencia y los buenos resultados obtenidos en otros países, como Sudáfrica, donde se inició este procedimiento en 2008, que después se ha extendido a otros países europeos y a Estados Unidos. España se suma ahora a estos Estados, dando respuesta a una reivindicación histórica del colectivo con VIH y de los profesionales sanitarios.

La ONT se encargará de establecer los protocolos de actuación y los mecanismos de seguimiento necesarios para la evaluación de los resultados de los trasplantes de órganos entre personas con VIH, que después tendrán que ser adoptados por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

María Velasco Arribas empezó la residencia de Medicina Interna cuando la gente de su edad se moría de VIH. “Había muchos médicos que no querían hacer biopsias a los pacientes, algunos te lo hacían como un favor”, recuerda esta especialista en medicina interna que ha dedicado su vida profesional al VIH.

Acaba de ser elegida presidenta del grupo de estudio del Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y atiende a elDiario.es en el Hospital Fundación de Alcorcón, donde ha desarrollado los últimos años de su carrera. “Ha sido duro pero también muy bonito ser capaz de ofrecer a los pacientes tratamientos que mejoraban tanto, que les han permitido pasar de morir a tener una vida normal”, dice.

En España se diagnostican unos 3.000 nuevos casos de VIH al año. ¿Hay margen de mejora inmediato?

Llevamos un camino de mejora continua desde hace años ya y el número de diagnósticos ha disminuido casi el 70%, pero no hay que caer en la autocomplacencia porque sigue habiendo diagnósticos y son tardíos. Más o menos la mitad se diagnostican con retraso, muy avanzados. Tienen la infección y no lo saben. También hay poblaciones a las que sabemos que no llegamos bien, que no conocen bien el riesgo ni las herramientas de prevención.

¿Cómo llegan las personas al momento del diagnóstico?

Es muy heterogéneo porque depende de las prácticas de riesgo y de la experiencia vital de cada uno. Todavía hay personas (vulnerables socialmente, migrantes, mayores) que llegan al diagnóstico de casualidad porque aterrizan en el sistema sanitario por otros motivos que no son la infección. Es distinto hacerse el test voluntariamente porque sé que he tenido una relación puntual de riesgo o venir con fiebre y que me diagnostique cuando casi ni sabía lo que era. Son dos escenarios.

¿Es fácil acceder a la prueba?

Sí, hay bastante facilidad y de hecho existen ONG que hacen envíos periódicos de autotest. También está apoyado por la división de VIH del Ministerio de Sanidad. Pero sigue habiendo barreras en determinadas personas que no quieren ir a consultar a su médico de cabecera o no tienen acceso al hospital para pedir la prueba porque de alguna forma se pueden sentir discriminadas o tratadas diferente. Por eso tenemos que garantizar que la prueba diagnóstica sea anónima, muy accesible y que las personas tengan el acompañamiento que necesitan para hacerse un test que puede generar ansiedad o duda. Siempre se puede mejorar.

Un estudio europeo reciente dio unos datos sorprendentes sobre el desconocimiento de muchos profesionales de la salud de cuestiones básicas relacionadas con el VIH y cómo eso deriva en prácticas discriminatorias hacia los pacientes. ¿Cómo ve a sus colegas en esto?

Este informe refleja que nos falta mucha formación y no solamente a los profesionales sanitarios, sino de manera transversal en la sociedad. Desde la educación primaria. Nos alerta de que tenemos que trabajar para eliminar el estigma.

¿Por qué es tan importante acabar con el estigma para acabar con el VIH?

El estigma impacta mucho. Es una barrera para la prevención porque las personas piensan que, en ese camino, las van a mirar raro o las van a discriminar. También es un obstáculo para la adherencia de los tratamientos. Si te sientes tratado de forma diferente por tomar determinada pastilla vas a ocultarlo o incluso no administrarlo en ciertos entornos. Y lo mismo pasa con el seguimiento en las consultas. Es una cuestión que marca globalmente, aparte de la pérdida de calidad de vida que supone en general sentirte menospreciado.

La normalización vendrá cuando se pueda hablar de tener infección por VIH sin que nadie se sorprenda. La cantidad de precauciones que tenemos que tener para hacer algunas pruebas también viene derivado de ahí, de que una persona se puede sentir agredida si le hacen la prueba sin solicitar el consentimiento. Eso no ocurre si le hacemos una hormona tiroidea o el colesterol. Cuando esto se equipare es cuando se habrá eliminado el estigma.

¿Es posible erradicar la infección?

Es difícil, pero estamos viendo el camino para conseguirlo. Ahora mismo tenemos fármacos potentísimos, excelentes y fáciles de tomar que producen que las personas estén indetectables y no transmitan la infección. El escenario buscado es que no quede nadie sin diagnosticar y sin tratar. Si todas las personas infectadas están en tratamiento y todas aquellas que potencialmente se pueden infectar están en prevención, se podrá erradicar. Esto en un escenario sin vacuna. La hoja de ruta la tenemos.

Los recortes en salud global no solamente desbarata todos los esfuerzos que se han hecho, sino que pone muchas personas en riesgo de morir de una forma muy terrible

ONUSIDA marca para 2030 que el 95% de los contagios estén detectados y que en ese mismo 95% la carga viral sea indetectable. ¿Cómo vislumbra ese horizonte, que ya está próximo?

El 2030 parece que está muy cerca y tenemos que contar con que no sabemos cómo van a impactar todos los recortes que hay en salud a nivel global. Es difícil hacer una predicción pero hay que ponerse estos retos porque no debemos rebajar el impulso ni la exigencia para intentar erradicar la infección. Hay que mantener el listón.

La situación es inédita: el nuevo Gobierno de Estados Unidos ha desmantelado USAID y creado mucha incertidumbre con la suspensión del programa PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida). ¿Es posible pensar en seguir avanzando con este panorama?

Pensar que se puede avanzar en un escenario de recortes no es compatible, y de hecho lo esperable, ya hay cálculos, es que se van a producir millones de nuevas infecciones en el medio plazo. Bien es verdad que los programas que se han suspendido no son los de tratamiento activo, pero sí los de mujeres embarazadas y los de prevención. Si esto no cambia, vamos a ver una vuelta a los años 80. Es cuestión de tiempo que, si no se invierte en prevención y en tratamientos, si no se revierten los recortes, volvamos a ver casos graves de Sida. En España no sé cómo impactará pero es de suponer que parte de esos casos los podamos ver aquí.

¿Cómo se toma personalmente una doctora como usted, que ha trabajado tanto tiempo en el campo, estos acontecimientos?

Con una mezcla de pena y rabia porque impacta sobre todo en quien tiene menos recursos. No solamente desbarata todos los esfuerzos que se han hecho, sino que pone muchas personas en riesgo de morir de una forma muy terrible.

Estados Unidos acaba de aprobar el lenacapavir, el primer tratamiento semestral preventivo de la infección. ¿Qué trae este fármaco que no tienen otros? ¿Por qué es tan revolucionario?

Es una maravilla que haya innovación con terapias inyectables que duran a largo plazo. Evita tener que estar dando explicaciones del tratamiento y una mejora en la adherencia a determinados grupos de población. En el plano de la prevención, este fármaco va a suponer un equivalente a lo que puede ser una vacuna porque evita infecciones. Tiene un potencial tremendo.

Siempre en estos casos el problema es si hay dinero para financiarlo, a cuántas personas van a poder acceder a esa innovación terapéutica. Hay que tener en cuenta qué poblaciones son más prioritarias, cuáles se pueden beneficiar más de los fármacos. Evidentemente lo que nos gustaría es disponer de todos los medicamentos y al mejor precio posible, porque significa que vamos a atender a más personas, pero eso es una negociación que se hace en otro ámbito.

España empezó a financiar la profilaxis postexposición (PreP) en 2019. ¿Qué balance hace de esta estrategia de prevención seis años después?

Ha sido una medida excelente para mejorar el control de las nuevas infecciones. Y a la vista está. Los números han bajado un 70% desde 2017. Pero el programa tiene detractores.

¿Por qué tiene detractores?

Es una manifestación del estigma porque se parte de la idea de que no te sabes cuidar. En realidad si vemos cuántas intervenciones hacemos para tratar malos hábitos de salud salen muchísimas: el tabaco, la ingesta de determinados productos… Y, sin embargo, eso no está penalizado. Nadie ve mal que se haga un escáner a los fumadores o se invierta en medidas para que dejen el tabaquismo.

¿La gente ha perdido el miedo a contagiarse ahora que se puede convivir con el virus como una enfermedad crónica?

Puede haber menos miedo si hay menos precaución. Una parte es porque los fármacos son muy eficaces y controlan muy bien la infección y otra porque también se ha olvidado lo que significó esta enfermedad, sobre todo en las personas más jóvenes. Los pacientes de más edad han vivido una época muy dura, han perdido a seres queridos… La percepción del riesgo es muy diferente. El repunte de todas las ITS viene a traducir esta pérdida de precaución. El mecanismo de transmisión de la sífilis es el mismo que la infección por VIH.

Que la PreP tenga detractores es una manifestación de estigma. Si vemos cuántas intervenciones hacemos para tratar malos hábitos de salud salen muchísimas: el tabaco, la ingesta de determinados productos… Y, sin embargo, eso no está penalizado.

¿Por qué el VIH entonces no entra en el conjunto de ITS que están creciendo tanto?

La probabilidad de infección es diferente. La de sífilis es más alta. Antes se decía que era el heraldo de la infección por VIH.

¿Cuál diría que es el mayor reto de España a la hora de afrontar esta infección?

Evitar las nuevas infecciones en las poblaciones vulnerables es el primero. El segundo es el estigma. En España ningún famoso ha dicho que tiene VIH cuando ya es normal decir “tengo cáncer”. Esta última enfermedad también antes era un tabú.

¿Con qué noticia le gustaría acabar su mandado al frente de Gesida en dos años?

En dos años el escenario va a cambiar poco. No puedo pretender algo muy grandilocuente. Si llegáramos mejor a la prevención y a la atención, de manera que recibieran el tratamiento antirretroviral a tiempo las poblaciones vulnerables me sentiría muy satisfecha.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos anunció este miércoles la aprobación del primer tratamiento semestral preventivo del VIH de venta en el país, según anunció el fabricante del medicamento, Gilead Sciences.

El fármaco, llamado Yeztugo (lenacapavir), fue diseñado para reducir el riesgo de contraer el VIH por vía sexual en adultos y adolescentes que pesen al menos 35 kilogramos. El inhibidor inyectable es la primera y única opción semestral disponible en Estados Unidos para personas que necesitan o desean recibir el tratamiento.

Este antirretroviral ya se usaba en países ricos en pacientes con cuadros resistentes al virus que no responden a otros tratamientos, pero un esperado ensayo clínico de fase 3 publicado en la revista NEJM y realizado con más de 5.000 personas mostró que también protegía de las infecciones: de las 2.134 mujeres jóvenes de Sudáfrica y Uganda que recibieron dos inyecciones anuales del medicamento, ninguna se contagió.

“Yeztugo nos ayudará a prevenir el VIH a una escala nunca antes vista. Ahora tenemos una manera de acabar con la epidemia del VIH de una vez por todas”, dijo Daniel O'Day, presidente y director ejecutivo de Gilead, a través de un comunicado en el que califica la aprobación como un “momento clave en la lucha de décadas contra el VIH”.

El médico Carlos del Río, codirector del Centro Emory para la Investigación del SIDA en Atlanta (Georgia), aseguró que la inyección semestral podría superar “en gran medida” barreras clave como la adherencia y el estigma, que pueden enfrentar las personas con regímenes de dosificación más frecuentes, especialmente la medicina oral diaria.

Un alto precio

La revista Science eligió este fármaco como el avance científico más importante de 2024. La publicación científica equiparó este salto al que se dio en los años noventa con los antirretrovirales, los compuestos que permiten neutralizar la carga viral hasta hacerla indetectable y, por tanto, intrasmisible.

Hace un año, el medicamento fue el protagonista de la 25 Conferencia Internacional sobre el Sida de Múnich (Alemania). Los asistentes salieron del encuentro entre el entusiasmo y la frustración a causa de este prometedor fármaco cuyo precio, sin embargo, es muy elevado.

Las dos dosis anuales –distribuidas en cuatro pinchazos, dos cada vez– tienen un coste de 28.228 dólares, según confirma la compañía. Otro estudio presentado en el congreso estimaba, sin embargo, que el antirretroviral podría venderse a un precio muy inferior, por 40 dólares por paciente al año, y mantener un 30% de beneficios.

Haití, Sudáfrica y Sudán del Sur son los países que más han acusado la sorpresiva decisión de Donald Trump en enero de poner fin a los programas de asistencia exterior financiados por Washington, según explica el recién publicado informe de Amnistía Internacional 'Vidas en riesgo: los recortes caóticos y abruptos de la ayuda exterior de Estados Unidos ponen en peligro millones de vidas'. El estudio analiza las consecuencias globales de la orden ejecutiva del líder estadounidense, que afecta a millones de personas en 177 países.

El trabajo señala los efectos de la suspensión de programas gestionados por USAID (5.200, según las cuentas de la ONG) y el Departamento de Estado (4.100). Además, el despido de la plantilla de USAID ha dejado a la agencia con solo unos 15 empleados, lo que imposibilita que, a pesar de las exenciones anunciadas posteriormente por el Gobierno estadounidense para algunas iniciativas, no quede personal para seguir desarrollando las actividades.

Entre los sectores más afectados destacan el de la salud; en especial en programas relacionados con el VIH/SIDA, atención materna y acceso a medicamentos, los derechos humanos en la protección a personas refugiadas, periodistas y activistas, la educación, la inclusión y los programas laborales, sobre todo contra el trabajo infantil y la explotación. Se estima que millones de personas en al menos 12 países se han visto privadas de servicios esenciales como alimentos, salud, albergue, protección legal y acceso a la educación.

A pesar de que diversas organizaciones interpusieron demandas contra la administración Trump y los tribunales federales estadounidenses ordenaron en febrero y marzo de 2025 la liberación de 2.000 millones de dólares en fondos congelados, el gobierno ha ignorado las órdenes judiciales y continúa paralizando cientos de proyectos.

El sistema de salud de Haití, al borde del colapso

Haití es el país que sufre el impacto más crítico tras la suspensión de la ayuda estadounidense, especialmente como consecuencia de su dependencia extrema del financiamiento internacional en temas de salud, según el estudio. El 97% de los tratamientos contra el VIH en el país antillano depende de la ayuda extranjera, de la cual el 62% provenía directamente de Estados Unidos. Al riesgo de colapso del sistema de salud, con un aumento de las infecciones no tratadas y muertes evitables, se suma el cierre de más de 128 centros de tratamiento de VIH y la interrupción de programas de salud materna y atención a supervivientes de violencia sexual. Todo ello enmarcado en un contexto crítico en el país, en el que la violencia de las pandillas va en aumento y la inestabilidad política y la emergencia humanitaria son crónicas.

Sudáfrica es otro de los países más perjudicados por el fin de la ayuda estadounidense. En un país donde el 17% de las personas de entre 15 y 49 años viven con VIH —la tasa más alta del mundo— el programa de Estados Unidos para el alivio del SIDA representaba el 18% del presupuesto nacional sudafricano para mitigar los efectos del virus y el síndrome derivado. El recorte podría provocar más de 600.000 muertes relacionadas con la enfermedad y más de 500.000 nuevas infecciones en solo una década, según el informe.

Además, se prevé el cierre de clínicas para poblaciones clave, como trabajadoras sexuales, personas trans y consumidores de drogas, así como la suspensión de medios de prevención como los medicamentos para la profilaxis previa a la exposición al virus, claves para evitar la transmisión del virus.

Sudán del Sur, que ya afrentaba una de las crisis humanitarias más graves del mundo, también empeora sensiblemente su situación tras los recortes estadounidenses. El joven país tienen más de siete millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa y un sistema de salud extremadamente frágil, que depende en gran medida de la asistencia internacional para limitar sus carencias.

La retirada abrupta de fondos ha obligado a cerrar clínicas esenciales, refugios para mujeres víctimas de violencia y centros de atención nutricional para niños. Todo ellos eran servicios vitales para cientos de miles de personas desplazadas por años de conflicto interno y pobreza extrema. A las dinámicas internas se suma la intensificación del conflicto civil armado que estalló en el vecino del norte, Sudán, y que, según datos de Naciones Unidas, ya ha causado la movilización de 640.000 refugiados.

Refugio, migración y protección de la niñez

Entre el resto de los países afectados que menciona el informe de Amnistía Internacional destacan, en América Latina, Guatemala, donde se han cancelado los fondos para programas de apoyo a niñas supervivientes de violencia sexual; Costa Rica, donde se ha reducido en un 77% la capacidad para registrar nuevas solicitudes de asilo; y México, donde ya han cerrado las oficinas de ACNUR y de otras ONG como Asylum Access, esenciales para la protección de las personas migrantes.

Por otro lado, en la región de Oriente Medio, el campamento de Al-Halol en Siria, que alberga a 360.000 personas (en su mayoría, niños) ha perdido servicios esenciales, como clínicas y ambulancias. Y en Yemen se teme un aumento de los matrimonios infantiles, la trata y el trabajo forzado a raíz de la suspensión del apoyo psicológico y legal de las personas refugiadas. En el caso de Afganistán, la pérdida de empleos en ONG, especialmente entre mujeres, ha limitado el acceso a servicios humanitarios.

Por último, en el sudeste asiático, Myanmar y Tailandia son los más perjudicados por los recortes estadounidenses. Desde el golpe militar de febrero de 2021, Myanmar atraviesa una crisis política y humanitaria, agravada por el fuerte terremoto de marzo, que ha provocado el aumento drástico del desplazamiento forzado hacia su frontera con Tailandia. Actualmente, en la frontera entre ambos países se encuentran múltiples campos de refugiados que, tras la suspensión de los fondos, han tenido que echar el cierre a clínicas y hospitales. Esto ya ha provocado muertes por falta de oxígeno, atención médica básica y suministros elementales, como antibióticos y alimentos terapéuticos para menores desnutridos.

Marisol Touraine no esconde su rabia por el hachazo presupuestario de Donald Trump en la ayuda oficial al desarrollo. Exministra socialista francesa, actualmente preside la junta directiva de Unitaid, una iniciativa auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se dedica a encontrar soluciones para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades como el VIH, la malaria y la tuberculosis de manera más rápida y asequible en países empobrecidos.

Ahora, los recortes de Trump amenazan con deshacer décadas de avances en la lucha contra estas enfermedades. Un terremoto que, explica, ya está causando estragos, como el cierre de los primeros almacenes en algunos países, a la vez que se espera un aumento de infecciones y muertes. “Van a morir millones de personas que sabemos cómo salvar”, dice Touraine, contrariada, en una entrevista con elDiario.es durante una visita a Madrid, en la que describe el momento de “trastorno y confusión” que atraviesa el sector de la salud global.

Parece un mal momento para dedicarse a la salud global. ¿Qué es lo que más le preocupa?

El futuro de los millones de personas que contaban con nosotros para sus tratamientos y los millones de vidas que se van a perder. La situación es muy radical. Una persona decidió en Washington que había que cortar el apoyo de EEUU a la salud global y los que van a pagar el precio más alto, con su vida, son los más pobres en los países más vulnerables. Y eso me da rabia y mucha tristeza, porque sabemos cómo salvar estas vidas en África, América Latina o Asia. 

Hemos salvado millones de vidas en 20 años. El dinero invertido en la salud global no fue mal empleado. Por ejemplo, la mortalidad por el VIH/sida ha disminuido un 75%. La OMS dice que, si la decisión de EEUU se mantiene, unos 10 millones de personas van a morir en los próximos años por enfermedades infecciosas, sin hablar de lo demás. Los que están en riesgo son los más pobres y los que ya tienen dificultades.

Una persona decidió en Washington que había que cortar el apoyo a la salud global y los que van a pagar el precio más alto, con su vida, son los más pobres

¿Se ha visto afectado Unitaid por los recortes de EEUU?

A nivel general, vemos interrupciones de manera muy clara. Unitaid no recibe dinero directamente de EEUU, pero, como organización clave de salud global, para implementar los proyectos en los países, trabajamos con socios operativos de esos países que sí pueden recibir dinero de EEUU. 

El primer impacto es que hay organizaciones que van a desaparecer. Lo que importa no es el futuro de una organización en sí misma, sino que estas organizaciones llevan servicios, apoyo, tratamientos y pruebas que son absolutamente necesarios. Si desaparecen, va a ser complicado reemplazarlas. En algunos países como Sudáfrica, Kenia o Perú, han cerrado los almacenes donde se guardaban medicinas y pruebas. 

¿En qué otras cosas se está notando el hachazo presupuestario en la lucha contra el VIH, la malaria y la tuberculosis? Trump suavizó su ataque con una exención que permite la continuación o reanudación de la “asistencia humanitaria vital”, incluido el tratamiento del VIH.

La exención no se nota. Ha desaparecido el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR), que es la organización fundamental de EEUU y fue creada por un presidente republicano, George W. Bush. Él lo hizo con la idea de llevar un modelo de libertad internacional norteamericano, pero para otros era solamente solidaridad humana, porque tenemos la convicción de que, para vivir de manera más protegida en nuestros países, en EEUU o en Europa, necesitamos medicinas donde no hay, porque el mundo es uno. 

El presidente de EEUU se va a dar cuenta un día de esto. Uno puede decidir que cada uno vive en sus fronteras, pero, para las enfermedades, no significa absolutamente nada. Ya lo vimos durante la COVID-19. Si llega una nueva pandemia, todos los países están en riesgo. Hoy lo que vemos son las puertas cerradas de los almacenes. Pero, además del terremoto sanitario en estos países, existe el riesgo de sentir las réplicas aquí, no solamente allí.

La exención de Trump no se nota, ha desaparecido el PEPFAR, una organización fundamental de EEUU

Este golpe amenaza muchos años de progreso. La humanidad se marcó acabar con el VIH, la tuberculosis y la malaria en 2030, pero este objetivo parece lejano ahora mismo.

Sí. Ya con la COVID el objetivo de 2030 era bastante ambicioso. En esos años de pandemia tuvimos que enfrentarnos a desafíos bastante importantes, pero había una voluntad común. Y ahora, la política estadounidense no solo está destrozando lo que funcionaba bien desde hace 20 años, sino también los valores que inspiraban la política internacional. No digo que no hubiera imperialismo, pero había una idea compartida con Europa de que un mundo más liberal desde el punto de vista económico pero con solidaridad, apoyo financiero y ayuda sanitaria sería mejor para todo el mundo. 

Esos valores humanistas ya no existen y el presidente de EEUU lo dice de manera muy clara: a él no le interesa la influencia internacional, el soft power, su objetivo es el poder del más fuerte. Esto es volver a una concepción de las relaciones internacionales en las que gana el más fuerte, así que solo cuenta la fuerza militar y económica. El riesgo es que EEUU y quizás otros países empiecen a negociar con algunos países pobres, ofreciendo, por ejemplo, medicinas a cambio de agricultura, agua o minerales.

Va a ser difícil cumplir el objetivo de 2030. Hay que ser realistas. Se sabe que no vamos a cumplir el compromiso en su totalidad, pero los humanistas tenemos que unirnos y hacer todo lo que está en nuestra mano para cumplir la parte más amplia posible del objetivo. Como actor de una organización internacional no es suficiente expresar nuestra tristeza. Hay que reaccionar. La situación no es la misma que antes del 20 de enero, tenemos que inventar soluciones innovadoras.

¿A qué se refiere?

La única posibilidad es explorar soluciones: innovación, innovación, innovación. Innovación técnica, para que los productos sean más eficientes los remedios; innovación sistémica, para que el sistema funcione mejor y sepamos inventar nuevas colaboraciones con los países donde actuamos; innovación financiera y política, porque hace falta dinero. 

Vivimos un momento de trastorno y confusión. Es un choque como un terremoto, que es físico y emotivo al mismo tiempo. Nuestros productos salvan vidas. Para los padres y madres, que sus hijos pequeños se puedan curar es muy importante. 

En este contexto, el compromiso político de países como España es clave. Se escuchan pocas voces asegurando que van a seguir porque vale la pena. Y España lo dijo. Dijo que iba a mantener su compromiso político financiero y el presupuesto no iba a cambiar. Es muy importante que haya voces fuertes para que otros países puedan decir cosas similares.

Vivimos un momento de trastorno y confusión

¿Qué deben hacer entonces otros países como España? Llenar el vacío económico que deja EEUU parece casi imposible. 

Unitaid es una organización muy flexible y activa. Con nuestras innovaciones, otras organizaciones pueden después desarrollar proyectos y llevar tratamientos a los países. Desde que existimos, hemos inventado unas 100 innovaciones ‘de ruptura’, es decir, que suponen un antes y un después. Tenemos impacto en la vida de unos 300 millones de personas cada año. 

No es posible saber hoy el impacto financiero exacto que van a tener las decisiones de EEUU, hay que esperar. Pero el peso de EEUU era muy alto. En la política de desarrollo general, la contribución de Europa es dos veces más alta que la de EEUU. Sin embargo, en el sistema de salud global, EEUU era el actor principal, así que no es realista pensar que se puede llenar el vacío. 

Prefiero que pensemos en cómo nos podemos adaptar. Hay que reflexionar, lo estamos haciendo y ya hemos tomado algunas decisiones: tenemos que concentrarnos en las poblaciones más vulnerables y dar una atención prioritaria a los proyectos que tienen efectos secundarios en el sistema. Un euro invertido en Unitaid son 46 euros de beneficio para el sistema de salud global, así que sabemos bien cómo ampliar el efecto de nuestras inversiones. Hay que privilegiar algunas inversiones y tratar de no interrumpir los proyectos más interesantes. Y para eso, necesitamos innovación. 

¿Puede ser este momento de convulsión también una oportunidad para que los países del Sur global reduzcan su dependencia de potencias extranjeras?

El choque es tan fuerte que hablar de ‘oportunidad’ es pintar la realidad de color de rosa. Vamos a tener que cambiar la manera de trabajar, invertir y pensar el sistema. Hay que transformar lo máximo posible este choque en una oportunidad y eso solo se puede hacer hablando con los países, los gobiernos y las comunidades de pacientes. No somos las organizaciones internacionales basadas en Ginebra las que vamos a llegar a contar la historia, porque el que está hundiendo el mundo y creando una situación catastrófica es un país del norte. 

Hay que ver cómo facilitar la cooperación local sur-sur y la producción regional de productos, cómo se puede apoyar que los países estén en una situación de decisión y de organización de sus sistemas. Ya no es posible analizar la situación de manera vertical, norte-sur o enfermedad por enfermedad, de manera compartimentada. Hay que pensar en los proyectos de manera más global y transversal. Nosotros llevamos ya unos cinco años en ello. Hay que llevar soluciones a personas y poblaciones, no a enfermedades. Por eso invertimos en la producción local, porque si los países pueden producir tratamientos ellos mismos, se puede facilitar el acceso de las poblaciones de esos países.

La crisis de la COVID-19 dejó al descubierto la importancia de las cadenas de suministro en los productos sanitarios. ¿Esperan más problemas por los aranceles de Trump?

Es importante porque, independientemente de la decisión de Trump, los tratamientos innovadores son muy caros, así que tenemos discutir con las empresas cómo facilitar la producción de genéricos más baratos y si se producen de manera más cercana, menos caros. No se sabe exactamente el impacto de los aranceles. No estoy segura que haya un impacto directo si EEUU acepta no imponer aranceles sobre los remedios que van hacia el sur y por eso la producción regional es una respuesta. Antes, era una respuesta a la falta de acceso equitativo, como vimos durante la COVID, y ahora también es una cuestión de precio y acceso financiero.

En el sistema de salud global, EEUU era el actor principal, así que no es realista pensar que se puede llenar el vacío

En la pandemia se creó el Acelerador ACT para el acceso a las herramientas contra la COVID-19, como las vacunas y los tratamientos, del que Unitaid fue parte. Una evaluación concluyó que aunque fue la “mejor estructura posible” en esas circunstancias, no logró su objetivo principal: la equidad. ¿Está el sector aprendiendo de estos errores para evitarlos en el futuro?

El ACT-A era la mejor respuesta posible. Nunca se había puesto en marcha una respuesta tan rápidamente, en 15 días. Yo participé en reuniones en ese momento. Los jefes de Estado estaban todos movilizados. No hay que olvidarlo. El resultado no fue tan bueno como queríamos, pero tampoco fue tan malo. Por ejemplo, Unitaid impulsó lo que llamamos la alianza para el oxígeno, que todavía sigue. Durante la COVID, el 50% de la mortalidad venía de la falta de oxígeno y organizamos un sistema de oferta de oxígeno líquido para los lugares más lejanos donde no hay electricidad. Y eso todavía funciona.

Hubo éxitos, pero también nos dimos cuenta de que la organización no fue perfecta y algunas organizaciones funcionaron mejor que otras. Hay países donde la organización local facilitaba la distribución de los productos y en otros no había un mínimo de organización. También nos dimos cuenta de que, cuando se necesitan millones de vacunas, quienes se benefician de ellas son los países que las producen. Así que hay que pensar todo el sistema y por esa razón nos hemos enfocado en la producción regional. Es una respuesta adaptada a lo que hemos visto durante la pandemia.

¿En qué países se están centrando en ese sentido? 

Por ejemplo, en Senegal y en Kenia. En América Latina no hay proyectos tan avanzados, pero Brasil y Chile están reflexionando sobre ese tema.

Más allá de las turbulencias por los recortes de Trump, ¿cuáles siguen siendo las principales barreras para acceder a los medicamentos de las enfermedades con las que trabajan?

La principal es la existencia de remedios. A veces hay que pensar nuevos remedios que faciliten el acceso. Por ejemplo, el tratamiento clásico para la tuberculosis es muy pesado, así que hay que inventar productos que sean más simples y más adaptados a la vida de la gente –en lugares donde no hay frigoríficos o en los que haya que caminar kilómetros, por ejemplo–. Es fundamental. Hay que pensar que sean también lo más baratos posible, y eso significa negociar rápido con las empresas sobre las patentes y el precio van a proponer para los países del sur.

Vamos a tener que cambiar la manera de trabajar, invertir y pensar el sistema

Unitaid ha sido una de las primeras organizaciones que han analizado los efectos negativos de los productos sanitarios en el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la fabricación hasta el transporte y la eliminación.

Sí, el informe sobre clima y salud fue pionero. No solamente habla del impacto del clima sobre la salud de la gente, sino también del impacto de las políticas de salud sobre el cambio climático: por ejemplo, la energía usada por los hospitales, el uso de plástico… Lo analizamos y concluimos que la producción de medios que salvan vidas usado cada día por millones de personas enfermas representa el impacto ecológico de una ciudad como Ginebra [según el informe, diez productos sanitarios –desde medicamentos contra el VIH hasta mosquiteros que protegen a las familias de la malaria– emiten 3,5 megatoneladas de carbono cada año]. Pero este impacto se puede reducir: sin un costo adicional, en un 40%, y con un costo adicional, en un 70%. 

Cinco años después del comienzo de la crisis de la COVID, se sigue diciendo que el mundo no está preparado para la siguiente pandemia y el sistema global está más debilitado, con EEUU abandonando la OMS. ¿Hemos aprendido algo?

Cinco años después, hay algunos países que no han aprendido nada. La COVID fue la demostración de que necesitamos más solidaridad, más interacción, más multilateralismo y más acciones de cooperación. EEUU está haciendo exactamente lo contrario. Es muy preocupante. Si tenemos que volver a enfrentarnos a una pandemia o una amenaza sanitaria importante, aunque no sea tan impactante como la COVID, vamos a tener muchas dificultades y los riesgos son muy altos.

La Xunta realizará pruebas rápidas anónimas para detectar VIH y hepatitis C en zonas de ocio, fundamentalmente nocturnas; localidades que reciban aglomeraciones puntuales, como fiestas patronales y gastronómicas; y festivales y eventos similares, de los principales núcleos de Galicia.

Esta actuación forma parte de las 48 intervenciones, como mínimo, que se harán en las cuatro provincias gallegas para fomentar la prevención de estas enfermedades de transmisión sexual y que la Consellería de Sanidade ha lanzado a licitación este viernes por un total de 42.398 euros, según recoge Europa Press.

Respecto a las pruebas, en caso de dar un resultado reactivo o dudoso, se le facilitará a la persona diagnosticada el acceso al sistema sanitario por la vía rápida.

Del mismo modo, las intervenciones que salen a licitación también contemplan el asesoramiento sobre los riesgos de estas infecciones y la entrega de folletos, guías y otros materiales preventivos.

Así, la empresa adjudicada deberá contar con una unidad móvil que permita el desplazamiento a las diferentes localidades, y coordinarse con los técnicos del Servizo de Prevención e Control de Enfermidades do Centro Galego para o Control e Prevención de Enfermidades (Cegace) para la planificación y cronograma de las intervenciones.

Chemsex. El término es inglés y combina las palabras chemicals (en alusión a las drogas) y sex (sexo). Se refiere al uso sexualizado de drogas, con el único propósito de aumentar la duración o intensidad de las relaciones sexuales.

“Se ha convertido en un problema de salud pública en el colectivo gay”, asegura Santiago Moreno, catedrático de Medicina en la Universidad de Alcalá.

Es un fenómeno que comenzó a describirse a finales del siglo XX en Londres, aunque en realidad algunos informes clínicos ya informaban, allá por 1930, de los posibles efectos de las anfetaminas sobre la libido y las funciones sexuales.

Su práctica es ahora objeto del libro Chemsex, consecuencias sobre la infección por VIH y otros aspectos de la salud, coordinado por el propio Santiago Moreno, junto a Daniel Íncera y Manuel Gámez.

Publicado por la Editorial de la Universidad de Alcalá, forma parte de los proyectos de la Cátedra RIS-Gilead que nació en 2019 con el objetivo de fomentar la docencia, la investigación y la difusión de los conocimientos en el campo del VIH/Sida y para fomentar nuevas vocaciones científicas entre jóvenes.

“Nos interesamos por este fenómeno por lo preocupante que resultan las consecuencias que van desde la esfera psicológica o psiquiátrica, hasta la social y sus efectos a nivel biológico”, explica este catedrático de Medicina.

Se trata de un libro coral que aborda la cuestión desde varias perspectivas, incluida la divulgativa o las recomendaciones técnicas dirigidas a profesionales sanitarios. “Se intenta abordar el problema, no solo desde el punto de vista médico, sino sobre el aumento del fenómeno, la descripción de las drogas utilizadas, las causas o las consecuencias, entre otros muchos aspectos”.

La literatura científica sobre el chemsex es abundante. “Es un vehículo de transmisión de infecciones”, recuerda Santiago Moreno, “no solo por la desinhibición de quien lo practica que lleva a no usar protección, sino porque es frecuente el slamming, usar jeringuillas para pincharse”.

Es como un viaje a los años 80 del siglo XX en los que el consumo de heroína hizo estragos, con diferencias acusadas respecto de lo que ocurre en nuestros días, pero con “el mismo problema de fondo”, advierte el médico, que ejerce como jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del madrileño Hospital Ramón y Cajal.

Apunta además un dato alarmante. “No hablamos de algo ocasional por los datos que tenemos en las consultas médicas. Lo practican entre un 10% y un 30% de las personas que atendemos, afectadas por enfermedades infecciosas”. Un 96% de los usuarios de esta práctica son hombres que tienen sexo con hombres, y la mayoría con alto poder adquisitivo.

No hablamos de algo ocasional por los datos que tenemos en las consultas médicas. Lo practican entre un 10% y un 30% de las personas que atendemos, afectadas por enfermedades infecciosas

El fenómeno se describió inicialmente asociado a tres tipos de drogas: la mefedrona, el GHB y el cristal de metanfetamina. Sin embargo, este experto explica que en la actualidad la tipología de sustancias se ha diversificado. Además, es habitual usar varias al mismo tiempo durante los encuentros, que se administran por vías también muy variadas: oral, esnifada, rectal, intravenosa, intramuscular…

Las consecuencias biológicas del chemsex

El chemsex no es un fenómeno globalmente conocido. Ni siquiera entre los profesionales sanitarios. “El colectivo sanitario no está familiarizado. Sería importante que lo conocieran los psiquiatras y psicólogos clínicos e incluso los profesionales de Atención Primaria”, apunta el especialista.

En este tipo de encuentros es habitual que se practique sexo sin protección, y además con diferentes parejas sexuales, lo que incrementa el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH y la hepatitis C, e incluso infecciones en la piel por el uso de jeringuillas.

A eso se suma, añade Santiago Moreno, “la toxicidad asociada a este tipo de productos puede ser leve, pero también llega a causar la muerte, y no solo por sobredosis. Este tipo de drogas pueden tener consecuencias psicóticas o cardíacas entre los consumidores”.

Una tercera consecuencia tiene tintes sociales. “He tenido pacientes tan adictos que terminaron por abandonar la medicación del VIH y el trabajo”.

Por eso la publicación propone estrategias específicas para su prevención, identificación, evaluación, intervención, así como para reducir y minimizar sus consecuencias.

El libro quiere ser un manual de referencia para profesionales interesados en el estudio y abordaje de este fenómeno, incluyendo profesionales de la medicina, psicología, farmacia, sociología, enfermería, antropología o el trabajo social, entre otros. De igual manera, está destinada a cualquier persona interesada en profundizar en el chemsex desde una perspectiva científica y multidisciplinaria.

La Administración Trump ha puesto fin a su financiación del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, conocido como ONUSIDA, asestando otro golpe devastador a la lucha mundial contra la enfermedad.

La notificación de que se corta la financiación estadounidense de ONUSIDA es la última medida del Gobierno para poner fin a la participación estadounidense en programas de salud y lucha contra la pobreza que salvan vidas en todo el mundo. Fue emitida por Peter Marocco, un leal a Trump que está encabezando el destripamiento del programa de ayuda exterior de Estados Unidos a través de ONUSIDA.

En una carta a ONUSIDA, Marocco dice que su financiación se acaba “por interés del Gobierno de Estados Unidos”. La medida se ha tomado, dice, “por alinearse con las prioridades de la agencia y el interés nacional”.

La congelación de la financiación de la ayuda exterior por parte de la administración Trump ya ha causado estragos en los programas de tratamiento del VIH en todo el mundo. Un nuevo informe de la ONU ha revelado el impacto de los recortes en 55 países diferentes.

Antes de la congelación de la financiación, el Gobierno estadounidense era responsable de dos tercios de toda la financiación internacional para la prevención del VIH en países de ingresos bajos y medios. Gran parte de ella procedía del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (Pepfar), fundado por George W. Bush en 2003 y que ha financiado alrededor del 70% de la respuesta mundial a la enfermedad.

Los países que más dependen de la ayuda financiera de Washington para la lucha contra el VIH/sida se encuentran entre los más afectados del planeta. Entre ellos se encuentran República Democrática del Congo, Costa de Marfil y Costa de Marfil. 

Vidas en riesgo

Un estudio encargado por la Fundación Desmond Tutu contra el VIH calcula que hasta 500.000 personas podrían morir en Sudáfrica en la próxima década como consecuencia de los recortes de fondos estadounidenses. Otro medio millón de nuevas infecciones podrían registrarse como consecuencia de la interrupción de las aportaciones de la agencia de cooperación USAid a los grupos sanitarios sudafricanos.

“Veremos cómo se pierden vidas”, dice Linda-Gail Bekker, de la fundación.

El ataque inicial de Trump a la ayuda exterior llevó en los primeros días de la Administración a una congelación total de la financiación en el extranjero. Eso se suavizó con una exención el 1 de febrero que permitió reanudar algunos servicios que salvan vidas para prevenir la transmisión de madre a hijo, permitiendo que 20 millones de personas que viven con el VIH sigan recibiendo medicación.

A pesar de la exención, la confusión y el flujo esporádico de ayuda ya han causado un sufrimiento generalizado. Ahora, el nuevo recorte de fondos a ONUSIDA, que opera en 70 países, probablemente se sumará a la devastación.

“ONUSIDA ha recibido informes de 55 países que están experimentando interrupciones en sus respuestas al VIH debido a la pausa de la ayuda exterior estadounidense”, ha declarado en las redes sociales la directora ejecutiva de la agencia, Winnie Byanyima. “Cualquier reducción podría interrumpir gravemente los programas de prevención que salvan vidas, con el riesgo de nuevas infecciones y revertir el progreso para acabar con el sida”.

La ONU ha informado del colapso casi total de los servicios en Costa de Marfil desde que comenzó la congelación de la financiación. Los programas estadounidenses habían proporcionado ayuda vital al 85% de las 265.000 personas que viven con el VIH en el país.

La congelación inicial de la financiación provocó el cierre total de los servicios. Desde que se introdujo la exención, la mayoría de los servicios de prevención del VIH financiados por Estados Unidos para las personas con mayor riesgo de infección siguen cerrados.

Como artista multidisciplinar, como persona queer y como residente en la ciudad de Nueva York, el trabajo de Carlos Motta (Colombia, 1978) se ha centrado desde sus inicios en dar voz a las historias silenciadas de las distintas minorías, tanto sexuales como de personas migrantes. Primero en su país natal y posteriormente en Estados Unidos.

Tras una trayectoria vital y artística marcada por su relación con colectivos disidentes en sus respectivos entornos, lo que en ocasiones implica una doble o triple disidencia –por ejemplo ser persona queer, migrante y afectada por el VIH–, ahora Motta desembarca en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con Plegarias de resistencia, una exposición que sin llegar a ser una retrospectiva, sí recoge distintos trabajos de Motta a lo largo de los últimos 25 años.

El objetivo de la misma es, según explica la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, “iniciar un nuevo ciclo del museo en el que buscamos reformular el concepto de la institución tras nuestros primeros 30 años de existencia”. Este nuevo enfoque museístico al que apunta Dyangani, se encarna en Plegarias de resistencia por la voluntad de Motta de mostrar el papel que el poder colonial y la religión, este último concepto como instrumento perpetuador del primero, han tenido en el silenciamiento las vidas y los cuerpos queer y disidentes sexuales en América latina.

Una declaración necesaria en un momento crítico

Agustín Pérez Rubio, comisario de la exposición junto con María Berríos, quiere dejar clara “la inesperada oportunidad de la muestra como una contestación” al contexto político global en el que nace, en especial en Estados Unidos, lugar de residencia de Motta. Dice Pérez, en este sentido, que Plegarias de resistencia “es una exposición necesaria en estos tiempos de neofascismo en que regresan las taxonomías sexuales y el meternos a todos de nuevo en cajitas borrando nuestra identidad, de modo que solo se nos pueda reconocer por el DNI”.

Preguntado sobre la coyuntura creada por la administración Trump, Motta muestra, como persona disidente sexual, activista queer y migrante en Estados Unidos, su profunda preocupación por las consecuencias que ya están teniendo las medidas aplicadas por el actual Gobierno. “Lo que nos ha mostrado la instalación del fascismo en la administración federal en estos pocos meses es que no se puede dar nada por sentado”, lamenta el artista.

Venimos de unas décadas de gran progreso en materia de igualdades sociales, pero ahora todos esos avances se desvanecen de repente

Carlos Motta, artista

“Venimos de unas décadas de gran progreso en materia de igualdades sociales, pero ahora todos esos avances se desvanecen de repente y nos encontramos ante una estrategia perversa en la cual personas minorizadas, por ejemplo adolescentes trans, que habían encontrado maneras de identificarse, de tener acceso a procesos de salud y formas de organizarse, ven cómo se les arrebata todo”, concluye seguidamente con pesimismo.

Pero Motta también advierte que lo que está sucediendo en Estados Unidos “también representa una gran alarma roja para España, para Francia, para Alemania y demás países donde hoy se considera que estas cosas [los derechos LGTBI+] están sedimentadas, porque no lo están”. Finalmente, asegura que la administración actual está empleando formas de denuncia similares a las que empleaba la Inquisición española en el siglo XVI, esto es “el señalamiento de los disidentes sexuales” para después ajusticiarlos y silenciarlos.

Por supuesto, los departamentos de Diversidad e Inclusión ya han sido eliminados en todos los museos públicos estadounidenses

Carlos Motta, artista conceptual

No se muestra Motta tampoco optimista respecto al futuro del trabajo de los artistas en Estados Unidos, y menos en el caso de los activistas queer o en favor de los migrantes. “La mayoría de los museos estatales dependen de la administración federal y sabemos que ya se están dando protocolos para filtrar contenidos de forma ideológica, lo que sin duda va a suponer una restricción para que muchos artistas puedan exponer”, explica.

“Por supuesto, los departamentos de Diversidad e Inclusión ya han sido eliminados en todos estos museos”, apostilla. Aun así, Motta quiere dejar claro que lo que sucede ahora allí es la tónica habitual fuera de Occidente, donde “las minorías sexogenéricas siempre han estado reprimidas” y en este sentido se considera “un privilegiado que puede sentarse ante la prensa y expresarse”.

Un arte pensado para visibilizar minorías

Carlos Motta nos sumerge en Plegarias de resistencia en la historia colonial y en la instrumentalización del cristianismo como herramienta ideológica que oprime a las disidencias sexuales y de género. Y su exploración busca “reivindicar y reescribir”, mediante el arte multidisciplinar –que incluye fotografía, video documental y performativo, y escultura– las conversaciones homoeróticas que llevan siglos silenciadas y reprimidas en América Latina.

“Cuando empecé mi carrera pude escoger entre decantarme por el activismo o por la sociología, además del arte”, confiesa Motta durante la presentación de la exposición. “Decidí trabajar como artista, pero diferentes prácticas de los campos del activismo y las ciencias sociales han influenciado mi trabajo y me han dado estrategias metodológicas para acercarme a ciertas temáticas de algunas formas particulares”, reconoce a continuación.

Su arte no está, de este modo, pensado para vivir recluido en un museo y alejado del público, sino para impactar en la conversación social y llevar a la misma a los grupos minorizados, casi siempre en un trabajo conjunto con distintos colectivos. Un ejemplo de ello es el “contramonumento al sida” que diseñó, junto al arquitecto Koray Duman y el escritor Theodore Kerr, como propuesta para The High Line Plinth, un tramo elevado, y abandonado, del metro de Nuevo York en el barrio de Chelsea, en Manhattan, al que se le dio en 2010 categoría de espacio verde.

El proyecto, que consistía en dos triángulos gigantescos, uno rosa y otro negro para visibilizar los estragos que todavía hoy causa la enfermedad, fue presentado al concurso que convocó el Ayuntamiento de Nueva York, pero finalmente fue desechado. Sin embargo, Motta lo conservó y ahora se exponen, junto a muchas otras obras, en el MACBA los planos de cómo se concebía sobre el terreno.

“Planteamos coger la figura del triángulo rosa en conjunto con un triángulo negro –que representa a las mujeres y otras minorías– y situarlos como espacios formales, pero también cargados de significado, creando un espacio en el medio, un tercer triángulo en el cual se enmarca un vacío, que es un vacío discursivo, una ausencia de conversación en lo que concierne a la crisis pasada, presente y futura del VIH en el mundo”, resume el artista.

Una exposición articulada en cuatro capítulos

María Berríos explica para terminar que Plegarias de resistencia se articula en cuatro ámbitos o capítulos. El primero se titula Queerizar/cuirizar los relatos coloniales y en el Motta realiza a partir de grandes paneles de videos una disección de cómo la colonización acabó con los relatos homoeróticos en América.

El segundo ámbito expositivo ha sido bautizado como Cuerpos desviados. De él destaca Berríos “la reivindicación del cuerpo como un lugar político y un espacio de conocimiento”. Asegura la comisaria que tanto la pandemia de VIH como la más reciente de COVID, “donde algunos cuerpos han sido considerados como desechables o no recuperables”, han dejado claro que el cuerpo es “un espacio de lucha de poder”. Este ámbito se distribuye especialmente en los pasillos que conectan las distintas salas de la muestra, reflejado en especial en video instalaciones y algunos dibujos.

El tercer ámbito lleva por título Actos de fe. El amor como resistencia. “Hay como una vuelta al archivo colonial y al peso de la iglesia sobre el cuerpo”, apunta Berríos, que explica que, a diferencia del primer capítulo, en este “la reescritura colonial se vuelve feroz y lasciva”. Finalmente, el cuarto eje se llama Mundos transliminares y expone algunas de las obras más tempranas del artista, sobre todo fotografías en blanco y negro de finales de los 90. Sobre ellas comenta Berríos, para cerrar la presentación, que “iluminan lo que años después será la carrera artística de Carlos Motta”.

Suele decirse que la pandemia del VIH y su evolución durante los años 80 y 90 es una herramienta potente de memoria colectiva en el ámbito de la salud sobre la cual aprender para otras epidemias. El miedo a lo inicialmente desconocido, la estigmatización y discriminación de grupos enteros de población, las desigualdades en el acceso a las innovaciones terapéuticas y diagnósticas, los choques entre los derechos de las patentes y los derechos de los pacientes o el protagonismo constante de las organizaciones sociales y los liderazgos comunitarios son ejemplos que poder extrapolar a otras epidemias a las que tengamos que hacer frente.

Sin embargo, suele olvidarse que la pandemia del VIH es un elemento de memoria y aprendizaje para sí misma, y esto es algo que estamos viendo en la actualidad. La llegada de los antirretrovirales de acción prolongada y los estudios que parecen mostrar una reducción muy importante de la transmisión cuando son utilizados de manera preventiva para evitarla, plantean que por primera vez en dos décadas estamos ante un nuevo avance que puede cambiar por completo las reglas del juego, en un momento en el que lograr el  objetivo de reducción en un 90% de los nuevos casos de VIH se antoja cada vez más complicado.

La llegada de los antirretrovirales en los años 90 supuso un avance monumental en lograr que la infección por el VIH se cronificara. Además, la supresión de la carga viral hizo que se frenara la capacidad de transmisión (indetectable = intransmisible). Ahora estamos ante la posibilidad de reducir de forma drástica las nuevas infecciones gracias a la aparición de una profilaxis pre-exposición de acción prolongada que, con unas pocas inyecciones a lo largo del año (6 con el cabotegravir y 2 con el lenacapavir) tiene la capacidad de prácticamente eliminar por completo la posibilidad de contraer la infección.

El lenacapavir, el medicamento cuyos resultados fueron presentados en la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Munich hace unos meses y que ha cambiado el tablero global de las expectativas frente al VIH, ha sido nombrado este año como el avance científico del año por la revista Science. Sin embargo, aunque la ciencia haya hecho su parte, aún queda mucho para que ese avance se pueda materializar en un cambio en la vida de la gente y en el panorama global de la infección.

En el año 1996, en la Conferencia Internacional sobre el SIDA celebrada en Vancouver, se presentaron los datos de la terapia antirretroviral de alta actividad (TARGA). Fueron datos que mostraban la efectividad de un tratamiento que podía cambiar la vida de millones de personas. Sin embargo, no fue hasta 9 años después, 2005, cuando esa terapia llegó al primer millón de personas en los países de rentas medias y bajas. Esas brechas de inequidad que suponen un retraso una década en la adopción de las innovaciones en los países de rentas medias y bajas, han sido una constante a lo largo de la historia del VIH, como mostró recientemente un artículo publicado en la revista New England Journal of Medicine.

La pregunta ahora es, ante la llegada de una innovación que podría cambiar por completo la evolución de la pandemia de VIH en el mundo e, incluso, hacer real las aspiraciones de acabar con ella como preocupación de salud pública global, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a pasar lo que ocurrió con los antirretrovirales? ¿De qué manera podemos conseguir que una innovación que viene a cambiarlo todo no acabe siendo solamente un reproductor de la desigualdad sin impacto real en la evolución de la pandemia a nivel global hasta dentro de varios años y muchos millones de nuevas personas infectadas?

La respuesta a esto está en el tejado de la política. La empresa dueña de la patente del lenacapavir (Gilead) ha anunciado la emisión de licencias voluntarias con acuerdos de comercialización que cubrirían un total de 120 países. Más allá de las condiciones de estas licencias, el problema lo tenemos en qué países quedan fuera. En un análisis publicado por Salud Por Derecho, podemos observar cómo muchos países de rentas medias, especialmente en América del sur, donde el número de nuevos casos de VIH es considerable y, además, donde la dinámica epidemiológica no es ni mucho menos descendente, quedarían fuera de este acuerdo, siendo muy difícil que pudieran garantizar la accesibilidad al lenacapavir de manera efectiva.

El reto que tenemos por delante es, una vez cronificada la infección por VIH y lograda la supresión viral de un porcentaje muy elevado de la población, seguir avanzando por esa vía mientras ponemos una barrera infranqueable a los nuevos casos. No estamos hablando de ganancias marginales de supervivencia o pequeñas mejoras en la posología o la adherencia. Estamos hablando del mayor hito desde la prueba de la efectividad de la TARGA; el mayor hito en la lucha contra el VIH en este siglo y que puede hacernos pensar en pasar página en lo que a importancia global del VIH se refiere.

Para lograrlo, la respuesta no puede tener una orientación solo de países de rentas bajas y centrada en África. Hace falta abordar el acceso como una condición de necesidad para el valor de la innovación, y desde un marco de universalidad. La única manera de que países como Perú, Argentina o Brasil no queden fuera es entender que Centroamérica y Sudamérica son uno de los puntos calientes de las dinámicas epidémicas del VIH en la última década y, además, también lo son de su posible respuesta política. Reforzar las iniciativas que sus gobiernos puedan llevar a cabo en el ámbito de la producción locorregional de genéricos y la implantación de programas de acceso universal, como ya hizo Brasil hace más de dos décadas, es una responsabilidad para el llamado Norte global.

Dentro de 10 años nos preguntaremos qué estábamos haciendo en 2024 cuando se nos puso delante la posibilidad de acabar con el VIH como preocupación de salud global, ¿estábamos garantizando el acceso a lenacapavir o dolutegravir para todos los países de rentas medias y bajas? ¿estábamos proponiendo mecanismos de desvinculación del proceso de I+D y de comercialización para garantizar el acceso global? ¿estábamos promoviendo una alianza global que rechazara la financiación en los países de rentas altas hasta que la empresa dueña de la innovación no llegara a un acuerdo de acceso en los países de rentas medias y bajas? Sin lugar a dudas, lo único que no debemos estar haciendo es como si no pasara nada, como si habláramos de un tratamiento más que meter en la rueda donde se generan las brechas de acceso como si no supiéramos qué cosas hacer para evitarlo.

El momento es ahora, además, porque existe un grupo de países con capacidad para plantear alternativas políticamente valientes y efectivas, como Brasil, Sudáfrica o Colombia. Garantizar que esa ventana de oportunidad política se convierte en una realidad epidemiológica es responsabilidad todos los países, no solo de aquellos que temen que la brecha de la desigualdad se cebe con sus habitantes.