Este 23 de marzo se celebra el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad. Fue instaurado en 2018 a propuesta del Congreso de los Diputados. El acuerdo recoge la conciliación como un derecho de todas las personas y la corresponsabilidad como la única garantía de que se sigan reduciendo las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

Ese mandato reconoce que los poderes públicos y las empresas deberán facilitar la conciliación aplicando horarios racionales, mecanismos de flexibilización, ampliando los permisos laborales para el cuidado de los hijos e hijas junto con los permisos de paternidad y maternidad.

Hoy, coincidiendo con la efeméride, el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a administraciones públicas y empresas sanitarias que “favorezcan la corresponsabilidad para posibilitar la conciliación de enfermeras y fisioterapeutas”. Además reclaman “las medidas necesarias para acabar con los problemas y barreras que existen en la actualidad y que están perjudicando su salud y desarrollo profesional, así como la atención que se presta a las personas”.

Pedimos medidas que favorezcan la conciliación de enfermeras y fisioterapeutas

SATSE

“Se prioriza el ahorro y la productividad por encima de las personas”

SATSE afea que el modelo laboral en el ámbito sanitario esté priorizando “el ahorro y la productividad por encima de las personas”, de ahí, subraya, que “los problemas de conciliación derivados de esta realidad no son responsabilidad de los y las trabajadoras, como desde algunos ámbitos se quiere trasladar a la opinión pública”.

“El sistema sanitario no permite conciliar y el problema no es de cada mujer o de cada hombre, porque la conciliación no es un problema privado, sino que es una responsabilidad colectiva y una obligación de los empleadores y las administraciones públicas”, apuntan desde la organización sindical.

Por ello, SATSE, en el marco de su nueva campaña de denuncia, información y sensibilización, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', ha demandado a administraciones y empresas sanitarias que no sigan quebrantando el derecho a la conciliación que tienen enfermeras y fisioterapeutas, colectivos, además, con una presencia mayoritaria de mujeres. Más de un 85 por ciento en el caso de Enfermería y de un 60 por ciento en el de la Fisioterapia.

Una macroencuesta reciente realizada por SATSE en el conjunto del Estado concluye que los problemas para conciliar su vida laboral con la familiar y personal han afectado la salud física y mental de seis de cada 10 enfermeras/os y fisioterapeutas y en una misma proporción se han planteado, incluso, abandonar su profesión, entre otros datos.

“Enfermeras y fisioterapeutas son esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario y la atención y cuidados que se presta a millones de personas. Sin embargo, mientras sostienen la vida de miles de personas, sus propias vidas quedan relegadas y en pausa por un sistema que no reconoce ni respeta su tiempo”, afirma SATSE.

El 70% de factores de la brecha salarial se deben a la conciliación

Desde CCOO Castilla-La Mancha, la secretaria de mujeres, juventud e igualdad, Ana Villaseñor, recuerda que “la brecha salarial es el reflejo de una sociedad en la que las mujeres siguen siendo las que más permisos no remunerados cogen, reducciones de jornada y excedencias, lo que demuestra que sigue habiendo desigualdad en la distribución de los cuidados”.

El 70% de esa brecha salarial está compuesta por factores ligados a la conciliación, como la parcialidad no deseada, detalla. En Castilla La Mancha el salario bruto anual de las mujeres es un 18% inferior al de los hombres, unos 4.100 euros menos al año.

Esto tiene una derivada futura, advierte, y es que sus pensiones también acabarán siendo más bajas.

Desde el sindicato reclaman “avanzar hacia un modelo laboral más justo que reduzca la excesiva parcialidad y apueste decididamente por la adaptación de las jornadas a las necesidades reales de la plantilla”.

Los datos evidencian una clara desigualdad: de las 135.200 personas ocupadas a tiempo parcial en la región, 103.400 son mujeres, lo que representa un 76,48% del total. Esta situación refleja que la parcialidad sigue recayendo de manera desproporcionada sobre ellas, limitando su estabilidad y desarrollo profesional.

Por ello, CCOO insta a “impulsar medidas que favorezcan jornadas completas cuando así se desee y a reforzar mecanismos de flexibilidad y conciliación que no penalicen, sino que garanticen igualdad de oportunidades para todas las personas trabajadoras”.

Instamos a impulsar medidas que favorezcan jornadas completas cuando así se desee y a reforzar mecanismos de flexibilidad y conciliación que no penalicen, sino que garanticen igualdad de oportunidades para todas las personas trabajadoras

Ana Villaseñor — Secretaria de Mujer de CCOO Castilla-La Mancha

Es importante concitar un nuevo modelo social de cuidados y debe ser la administración la que favorezca los instrumentos necesarios para no tener que decidir entre la carrera profesional y la vida familiar. La tramitación de la nueva Ley de brecha en Castilla-La Mancha es una oportunidad para avanzar y, junto a los agentes sociales, deben diseñarse medidas en el seno de las empresas para facilitar la conciliación. Por parte de la administración hay que ampliar la creación de plazas en escuelas infantiles, centros de día y residencias públicas que alivien la carga de los cuidados.

Por otro lado, es importante que los planes de igualdad lleguen a todas las empresas “y las que ya los tienen no los guarden en un cajón”. Y que la negociación colectiva tenga perspectiva de género.“Es fundamental garantizar que la aplicación de los convenios contribuya activamente a la igualdad, incorporando medidas que impulsen la equidad y ayuden a eliminar cualquier forma de discriminación”, ha señalado Villaseñor.

“En días como hoy hay que recordar que las medidas de conciliación y corresponsabilidad benefician tanto a mujeres como a hombres. Es la mejor herramienta para avanzar hacia una masculinidad igualitaria y un reparto justo de los cuidados”.

El sindicato de enfermería Satse, que es el mayoritario en Osakidetza, ha denunciado que las agresiones a profesionales sanitarios aumentaron cerca de un 26% en 2025 en relación al año anterior en Euskadi. Exigen al Servicio Vasco de Salud medidas reales para garantizar entornos laborales seguros, al tiempo que ha advertido que “las agresiones no pueden justificarse por la presión asistencial y las carencias estructurales”.

El 12 de marzo ha sido el día mundial contra las agresiones a profesionales sanitarios. Y Satse en Euskadi ha explicado que quiere visibilizar “una realidad que sigue creciendo”. “Las agresiones no pueden normalizarse ni justificarse por la presión asistencial, las demoras o las carencias estructurales. Es responsabilidad de la organización establecer medidas efectivas y garantizar entornos laborales seguros”, ha advertido Satse, según informa Europa Press.

El sindicato ha señalado que los datos recogidos de las diferentes comarcas sanitarias reflejan “cifras preocupantes en ámbito hospitalario, que impactan especialmente en Atención Primaria y sobre todo en el colectivo de enfermería, mayoritariamente femenino”. Según ha indicado, la mayoría de los episodios siguen siendo agresiones verbales (84%), aunque continúan produciéndose agresiones físicas, incluyendo agresiones de índole sexual. “Detrás de cada cifra hay una profesional que sufre miedo, ansiedad, desgaste emocional y, en muchos casos, una pérdida de confianza en su entorno laboral. Aunque no siempre causen baja, el impacto psicológico es evidente y con una clara repercusión en la vida laboral y personal”, han explicado desde la central sindical.

Por ello, Satse ha solicitado a la Unidad Corporativa de Salud de Osakidetza que retome el observatorio de agresiones y cree comisiones análogas en cada OSI, para tratar los casos que se detecten y “tomar medidas adaptadas a las particularidades de cada caso”. En opinión de Satse, debe ser la gerencia del centro donde se ha producido la agresión quien debe interponer la denuncia ante la autoridad policial, para “proteger a su trabajador”. En cualquier caso, ha dicho que “es primordial que la dirección del centro designe a alguien que realice labores de acompañamiento físico o psicológico a la persona agredida”.

Asimismo, han solicitado que se registre en la historia clínica una “alerta violencia” y ha exigido, entre otras medidas, refuerzo de plantillas, formación en prevención, medidas de seguridad o la evaluación periódica de puestos de trabajo de especial riesgo, incluyendo los riesgos psicosociales. “Proteger a quienes cuidan no es opcional, es una obligación legal y ética. Este 12 de marzo el mensaje es claro: ni una agresión más”, ha concluido.

Osakidetza, de su lado, ha señalado que un total de 1.047 profesionales de Osakidetza notificaron el pasado año una agresión verbal o física en el ejercicio de su actividad laboral, lo que supone un 11% menos que en 2024, siendo, la mayor parte de las notificaciones, un 91%, correspondientes a agresiones sin lesión, es decir, insultos y amenazas.

Más del 53% de las enfermeras y fisioterapeutas de Aragón se han planteado abandonar la profesión por problemas de conciliación, según una macroencuesta realizada por SATSE, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Además, el 90% de estos profesionales encuestados afirman que su salud física o mental se ve afectada por la permanente vulneración de su derecho a poder conciliar su vida laboral con la personal y familiar.

La encuesta, forma parte de la nueva campaña de información y sensibilización que, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', pretende visibilizar y denunciar los graves problemas de conciliación que sufren los/as profesionales de Enfermería y Fisioterapia en Aragón. 

Rosana Ferranado, responsable de Igualdad en SATSE Aragón, destaca que los datos ofrecidos por los profesionales encuestados han posibilitado tener una radiografía actualizada de los obstáculos y barreras que están sufriendo en Aragón y el resto de comunidades autónomas, así como sobre las consecuencias que están teniendo en su trabajo y desarrollo profesional, y también en su bienestar físico y mental y en su calidad de vida.

La encuesta concluye que más de un 63% se muestran insatisfechos/as con su conciliación; un 90% afirman que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y a su salud física. Un 72% apunta que inciden en sus relaciones familiares y personales, y el 87%, a su rendimiento laboral. 

Dejar la profesión

De otro lado, un 75%, resalta que la falta de medidas de conciliación afecta al cumplimiento de sus responsabilidades familiares y un 73% detalla que las tensiones generadas en el trabajo afectan a su vida personal y familiar. Como resultado “muy preocupante”, según SATSE, es que más del 53% se ha planteado abandonar la profesión.

El sondeo de SATSE también pregunta por cuáles son las condiciones de trabajo que más afectan a la conciliación, y prácticamente el total de los encuestados apunta a la falta de personal en los centros. Además, un 89% se refiere a los cambios de turnos imprevistos; un 85%, a trabajar los fines de semana y festivos; el 77%, a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo, y el 83%, a trabajar por las noches.

Así, el 84 por ciento cree que los problemas de conciliación afectan mucho a su desarrollo profesional y laboral. En concreto, el 49,64% renuncias a oportunidades de formación; el 21,65%, a oportunidades laborales, y el 13,63%, a oportunidades de promoción. 

Soluciones

Ante esta realidad, Rosana Ferranado recuerda que SATSE lleva años trabajando para que desde Servicio Aragonés de Salud se adopten todas las actuaciones necesarias para acabar con la falta de conciliación. 

A nivel estatal, ha conseguido que la reforma la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple “mejoras y avances reales”. Entre otras, Ferranado cita la generalización de la jornada de 35 horas en todos los servicios de salud; la implantación de sistemas de programación del trabajo y planificación anual o la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a los mayores de 55 años sin merma retributiva, así como a las profesionales embarazadas y en riesgo durante la lactancia.

Cientos de trabajadores del personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) se han concentrado este martes frente al Hospital General de Albacete a golpe de tambor y críticas contra el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el primer día de protestas para recuperar la carrera profesional sanitaria, en el cual han anunciado que mantendrán convocatorias mensuales, también en otras provincias de Castilla-La Mancha, hasta que el Gobierno regional cumpla sus exigencias.

El portavoz del Sindicato de Enfermería (Satse), Ángel García, ha insistido en el hecho de que “Castilla-La Mancha es la única de todas las comunidades autónomas que todavía no ha recuperado la carrera profesional 14 años después de su suspensión temporal”, la cuál ha considerado “un derecho que tienen todos los trabajadores” del sector.

Esto está afectando a “fugas de profesionales a otras regiones”, según ha explicado la secretaria de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Pilar Ramos, debido a la falta de reconocimiento y complemento salarial “que en algunos casos llega desde los 80 euros hasta los 700 euros mensuales”.

La petición ha unido a los siete sindicatos mayoritarios del sector, que han advertido que “no vamos a dejar las calles y las protestas hasta que Emiliano García-Page cumpla lo que ha prometido en sus últimas legislaturas”, tal y como ha recordado la secretaria regional del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), María José Soria.

Según detallan en el manifiesto, el 26 de octubre de 2021 los gestores del SESCAM se comprometieron con las organizaciones sindicales a alcanzar un acuerdo “riguroso, equilibrado y viable que se pudiera materializar a principios de 2023” que no se ha cumplido.

Los representantes sindicales han concretado que el bloqueo de la carrera profesional afecta a los ciudadanos al convertirla “en una sanidad de tercera división” y han señalado que el CIS sitúa estos servicios en Castilla-La Mancha como los penúltimos de todas las regiones en la lista de calidad.

“No vamos a seguir siendo cómplices de esto”, han sentenciado, advirtiendo que si las movilizaciones mensuales no son suficientes, plantearán más medidas como paralizar el ejercicio de la docencia o la investigación.

Los sindicatos de Osakidetza LAB, Satse y ESK están denunciando en las últimas horas que “decenas” de trabajadores simultanean su puesto en las ambulancias públicas y en las empresas privadas concesionarias del servicio externalizado. Alertan de que es una flagrante incompatibilidad y de que, además, en ocasiones comporta doblar turnos y que algunas jornadas se estiren hasta 36 horas, con los consiguientes riesgos para la calidad del servicio. UGT y LSB-USO también han realizado comentarios críticos al respecto.

El asunto ha adquirido actualidad con la publificación de las UVI móviles de Tolosa y Elgoibar, en Gipuzkoa. Desde el 6 de enero, Osakidetza asumió la gestión directa del servicio, con personal propio. Después de semanas de protestas en las que los sindicatos habían denunciado posibles despidos de no acometerse una subrogación, un derecho que existe cuando se cambia de una empresa a otra, se ha articulado una pasarela para que el personal de la antigua adjudicataria, Ambulancias Gipuzkoa, mantenga sus derechos laborales en el nuevo modelo público, en este caso como personal indefinido laboral.

Sin embargo, al realizar el procedimiento se han detectado casos de personas que iban a quedar subrogadas y que, en realidad, ya tenían una plaza de funcionario, de personal “estatutario”. “Como consecuencia de la reversión [o publificación], y teniendo en consideración que usted ostenta un vínculo de fijeza con Osakidetza en su condición de personal estatutario de carrera en la categoría de enfermera, no puede compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público”, expone la responsable de Recursos Humanos de Osakidetza, Josune Retegi, en una carta enviada a una extrabajadora de Ambulancias Gipuzkoa y a la que ha tenido acceso este periódico.

La sección sindical de LAB en las ambulancias públicas ha realizado un análisis de la situación y, con la premisa de “publificación sí, subrogación también, ¡fraudes y engaños no!”, asegura que la dirección de Osakidetza “lleva años mirando hacia otro lado” con este problema que ahora ha estallado. La central insiste en que un grupo de personas de Ambulancias Gipuzkoa ha estado años cobrando dos salarios y duplicando servicios con “impunidad”. Estima que lo sucedido “puede conllevar incluso consecuencias penales”.

Satse expone que la publificación de las ambulancias de Tolosa y Elgoibar ha generado “un clima de desconcierto e incertidumbre”. Fuentes de esta organización indican que parte del personal subrogable “tiene una plaza anterior”, aunque “trabajaban también para Ambulancias Gipuzkoa”. “¿Meten ahora en Osakidetza a personal que ya tenía una plaza?”, se preguntan.

Según Satse, la pasarela se ha articulado con negociaciones con los sindicatos de la antigua contratista, pero sin consenso con el comité de Osakidetza. En 2025 hubo doce reuniones de la mesa sectoral, un “margen más que suficiente” para tocar el tema. Pero no se hizo. Esta central insiste en que no cuestiona “en ningún caso” ni la “profesionalidad” ni la valía de la plantilla de Ambulancias Gipuzkoa, pero pide un proceso de integración con “equidad”. Y añade que lo sucedido no puede constituir un “precedente” ahora que hay que acometer la publificación de las UVI móviles de Donostia y, en un futuro no lejano, del hospital concertado de Tolosa.

En este sentido, ESK incide en que el problema es que Osakidetza no solamente ha tolerado esa duplicidad de puestos sino que, ahora, ofrece “privilegios” a este personal para que puedan elegir un destino a su gusto, por delante de otros trabajadores de la estructura. La central, de hecho, pide la dimisión tanto de Retegi como de la directora general, Lore Bilbao. “Esto ni es ético, ni es legal ni nada”, se quejan fuentes de este sindicato, que estima que incluso “dos tercios” de la cuarentena de personas subrogables podrían estar en estas circunstancias.

Las fuentes consultadas confirman que había personal doblando turnos, “haciendo jornadas de 36 horas, y en algunos supuestos de 48 ó 72”. “Ha estado pasando esto durante muchísimos años. Yo he visto a gente llegando tarde al turno en la pública porque venían del otro lado”, expone un trabajador a este periódico.

Ahora mismo, Osakidetza mantiene privatizados los servicios programados y de atención urgente en toda la comunidad autónoma. Ambulancias Gipuzkoa gestiona ambas redes en Gipuzkoa y en Álava y la UTE Bizkanb, compuesta por Sanir (la marca sanitaria de Alsa) y Baztan-Bidasoa, controla Bizkaia. Fuentes internas indican que aquí también hay personal compatibilizando en aparente irregularidad su labor en Osakidetza con servicios en las contratas, aunque no en un porcentaje tan alto o incluso haciendo algunas sustituciones en la pública, sin tener una plaza fija.

En 2022 hubo una denuncia interna con un listado de 80 personas en esta situación, 28 conductores, 29 enfermeros y 23 médicos. Fuentes internas indican que desde entonces se ha estrechado la vigilancia con los técnicos, a los que se les requiere la vida laboral para entrar en la pública, de modo que se evitan las incompatibilidades, pero no así con facultativos y enfermeros.

Se da la circunstancia de que este asunto ya se debatió en octubre de 2024 en una reunión de la dirección de Osakidetza, entonces en manos de Susana López Altuna, con los sindicatos. Según consta en el acta, LAB aludió a la necesidad de atajar las “incompatibilidades” y avisó también de que “en muchos casos” no se garantizaba “el descanso adecuado” en un servicio esencial. “Para este sindicato, se pone en peligro también a los pacientes”, dijo, textualmente, el representante de LAB.

Poco después, el portavoz de UGT pidió una respuesta “inmediata” al problema. “Es algo que ya conoce la dirección y hace caso omiso”, refleja igualmente el acta. Asimismo, el sindicato LSB-USO, sin representación en Osakidetza pero con peso en las contratas, insiste en que en Osakidetza “eran conocedores desde hace años” de la situación y que “lo han permitido”. Estima que solamente se debería poder mantener la doble plaza si las funciones son de diferentes categorías.

“Lo que se ha hecho precisamente en Elgoibar y Tolosa es resolver una situación anómala y, por primera vez, dar un servicio homogéneo”, indican fuentes de Osakidetza. Añaden que ha habido personal que había pedido mantener la segunda plaza laboral con una excedencia “y ya se les dijo que no cabe”.

La epidemia de gripe se ha adelantado este año: vino con la llegada del frío. Entre el 10 y el 23 de noviembre se han notificado 2.973 casos en la Comunidad de Madrid, más del doble que en la temporada pasada. En lo que llevamos de año se acumularon 8.387 enfermos de gripe en toda la región. La tasa actual se sitúa en 42 personas afectadas por cada 100.000 habitantes; una cifra que ya supera con creces el umbral epidémico, fijado en 22,38 casos para el mismo número de censados.

Es la advertencia que lanza Satse, el sindicato de Enfermería, que alerta de que esta nueva oleada de gripe se afronta “sin contratos suficientes” como para dotar al Servicio Madrileño de Salud de los recursos que consideran necesarios. En un comunicado, el órgano sindical ha tildado de “paupérrima” la plantilla actual de Enfermería al no abordarse “las contrataciones suficientes para abordar una epidemia de gripe con las mínimas garantías”.

Alegan que otras regiones como Andalucía ofrecerán contratos a más de 3.000 enfermeras para cubrir bajas en Navidad y otros temporales (de dos meses a jornada completa) a los interinos en plantilla. Mientras tanto, denuncian que la Comunidad de Madrid apenas les ha trasladado la incorporación de “una veintena de enfermeras en Atención Primaria para vacunar en las residencias, y poco más”.

Ricardo Furió, portavoz de Satse Madrid, ha alertado que la llegada de la gripe impactará en los servicios de Urgencias. “En breve vamos a volver a encontrarnos pacientes en los pasillos, soportando luces encendidas todo el día, esperando varios días en incómodas camillas para poder subir a una habitación, a una cama”, lamenta. En este sentido, señala a la Consejería de Sanidad por “no hacer sus deberes a tiempo”.

“Maltratan a sus enfermeras con contratos cortos, pagando peor que el resto de comunidades, denegando permisos, no dejándoles descansar”, ha censurado. Desde la organización sindical han censurado así la falta de previsión del Gobierno regional. “Cuando se autorice la contratación en lo más crudo de la epidemia de gripe no habrá enfermeras disponibles. Y entonces la Consejería volverá a argumentar que quiere contratar, pero no hay gente en la Bolsa de Contratación”, han remarcado en su escrito.

Sanidad aseguran que la situación está controlada

Desde la Consejería de Sanidad han recalcado que el servicio “está correctamente dimensionado” y han recordado que “se va a producir un refuerzo de manera inminente con la presentación del Plan de Invierno”. De momento, según han indicado desde el departamento que dirige Fátima Matute, la gripe A se mantiene en niveles estables y monitorizado en todo momento por la Dirección General de Salud pública. “Los refuerzos contemplados en el plan de invierno ya contemplan la situación estacional de la gripe y se actúa conforme a las necesidades asistenciales”, recuerdan en declaraciones publicadas por Europa Press.

En la misma línea, desde la Consejería han recordado que se ha superado el umbral epidémico, lo que significa que hay circulación del virus e incremento del número de casos. “Es en esta etapa cuando las medidas de prevención ( vacuna, uso de mascarilla ante síntomas respiratorias, etc) tienen un impacto para frenar la transmisión”, insisten. Asimismo, han recalcado que es Salud Pública la autoridad sanitaria que determina la fase en la que determina si se ha entrado en fase de epidemia, que en cualquier caso “no es sinónimo de pandemia”.

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El sindicato Satse ha acusado a Osakidetza de “invisibilizar y despreciar” a las Enfermeras de Salud Mental en su nuevo proyecto de atención a trastornos emocionales leves, ya que despliega la figura de psicólogos sanitarios en Atención Primaria “ignorando a estas enfermeras especialistas, pese a ser profesionales clave con más de 20 años de experiencia en el sistema”.

En un comunicado, el sindicato de Enfermería ha criticado el anuncio realizado por Osakidetza sobre la implantación de psicólogos y psicólogas sanitarias en Atención Primaria para el abordaje de trastornos emocionales leves, un despliegue que, según la central sindical, “da la espalda a las Enfermeras de Salud Mental”.

A su juicio, “invisibiliza su labor y desprecia un perfil profesional esencial en el sistema sanitario vasco”. Según ha indicado, en su comunicación pública, Osakidetza define a estos nuevos perfiles como “el referente del bienestar emocional de los pacientes en la Atención Primaria, actuando de manera escalonada entre Medicina de Familia -que será quien derive a su paciente- y la atención especializada de los centros de Salud Mental extrahospitalarios”informa Europa Press.

En opinión de Satse, esta descripción supone una “exclusión deliberada y totalmente injustificada” de las enfermeras especialistas en Salud Mental. “Es incomprensible que Osakidetza anuncie un proyecto de estas características sin mencionar, valorar ni integrar a las enfermeras de Salud Mental, que trabajan con rigor, especialización y resultados en nuestra red pública”, ha denunciado.

A su juicio, “lo peor de todo es que no solo se las ignora; se las relega, se las invisibiliza y se desprecia un rol profesional imprescindible para la ciudadanía”, ha añadido. Por ello, ha reclamado una rectificación “urgente” del proyecto y un rediseño que integre plenamente a las enfermeras de Salud Mental, “reconozca su rol y aproveche su experiencia para mejorar la atención a la ciudadanía”.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Ciudad Real ha denunciado la agresión sufrida por una enfermera cuando realizaba su trabajo en el Centro de salud 2 de Ciudad Real.

Los hechos sucedieron durante la jornada asistencial cuando una paciente que iba a acompañada de su pareja y que tenía cita con la enfermera a las 10:30 horas de la mañana “se negaba a esperar su turno” porque alegaba que tenía cita a las 10:00 horas. Fue al decirles que esperaran a la hora de su cita cuando comenzaron a realizar “comentarios despectivos” sobre el trabajo de los profesionales sanitarios, según destaca el sindicato.

Ya en la sala de espera siguieron “elevando el tono de voz” y pasaron entonces a la consulta de una médico con tono “muy agresivo y amenazas”. Tras valorar la médico que no precisaban de atención médica de urgencia acudieron de nuevo a la consulta de la enfermera, continuando con el “tono de voz elevado” y con comentarios “intimidatorios” lo que obligó a la enfermera a salir de la consulta para buscar ayuda.

SATSE muestra su más absoluto rechazo a esta nueva agresión a los profesionales sanitarios durante el desempeño de su labor asistencial. Desde SATSE se insta igualmente a los profesionales sanitarios a que denuncien todas las agresiones, tanto físicas como verbales, como mejor instrumento para disuadir a los posibles agresores, así como para que se refuercen las medidas de seguridad en los centros.

Para SATSE es “intolerable que los profesionales sanitarios continúen sufriendo agresiones, ya sean físicas o verbales, cuando están trabajando para ofrecer la mejor atención sanitaria posible a los ciudadanos”. Por ello, vuelve a “demandar al Sescam una respuesta firme y que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para evitar este tipo de incidentes en los centros sanitarios”.

Las últimas agresiones denunciadas por SATSE, como la reciente agresión en el centro de salud de Madridejos y esta de Ciudad Real, son solo una “pequeña muestra del clima de inseguridad que sufren los profesionales durante el desarrollo de su trabajo”.

SATSE reclama una norma que garantice una actuación conjunta y coordinada (prevención, formación, información y atención) en los servicios de salud de todas las comunidades autónomas para acabar con las agresiones a los profesionales.

Concentración en Ciudad Real el 14 de agosto

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real ha convocado una concentración bajo el lema 'No me agredas, déjame curarte', que tendrá lugar el próximo jueves, 14 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.

El acto tiene como objetivo “denunciar el aumento de agresiones a profesionales sanitarios en la provincia y en todo el país, exigir medidas más eficaces y ejemplares para garantizar su seguridad y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de respeto hacia quienes cuidan de su salud”, según ha informado el Colegio.

La convocatoria está abierta a todos los colectivos, instituciones y organizaciones vinculadas a la sanidad, así como a la sociedad en general, para que se unan y muestren su apoyo a la profesión médica y al conjunto de los profesionales sanitarios.

El presidente del Colegio, Manuel Rayo Gutiérrez, ha subrayado que “cada ataque a un sanitario es un ataque a todo el sistema de salud. Necesitamos un respaldo unánime de la sociedad, las instituciones y la justicia para erradicar esta lacra”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una agresión a un enfermero en el Punto de Atención Continuada (PAC) la localidad toledana de Madridejos. Se trata de la segunda agresión a sanitarios en Castilla-La Mancha en 24 horas, después que se conociese una agresión a una médica el pasado 4 de agosto en Ciudad Real. Por esta última, ha sido detenida una mujer como presunta autora de los hechos.

En el caso de la agresión en Madridejos, según el sindicato, los hechos ocurrieron a las 22:15 horas del pasado domingo 3 de agosto, cuando una mujer, acompañada de su marido y su hijo menor de edad, acudió al centro sanitario de la localidad toledana para quitarle los tapones de los oídos, dos días después de acercarse por primera vez. En aquella ocasión, el médico y el enfermero de guardia le indicaron que, durante cinco días, tenía que echarse unas gotas y pedir después cita en su médico de Atención Primaria para proceder a su extracción, ya que en el PAC solo se atendían las urgencias, según explican desde el sindicato.

Al llegar el domingo al centro de salud, el personal sanitario volvió a informar a la mujer: allí no se quitaban los tapones, por lo que el marido comenzó a vociferar: “No queréis trabajar” y “os estáis rascando la barriga”.

Al salir de la consulta del médico, y pasar por la del enfermero, el hombre “se dirigió a este con aire chulesco”, según la versión de CSIF. El enfermero le reprochó su actitud y le dijo que se guardase las malas palabras para casa, ante lo cual el marido de la paciente “le pegó un empujón y se encaró con él”, apuntan. El enfermero salió de su consulta al pasillo y allí volvió a recibir otro empujón, además de amenazas: “Te estás librando porque estás aquí dentro. Vamos a fuera a solucionar las cosas”, le dijo. Fue en esos momentos cuando lo agarró de la camisa y alzó el puño para propinarle un puñetazo, hecho que no ocurrió al intervenir la mujer y el hijo de ambos que consiguieron llevárselo, según CSIF. Rápidamente, avisaron a la Policía Local y Guardia Civil quienes se personaron en el centro sanitario.

Cabe destacar que, en el momento de los hechos, en el PAC de Madridejos “tan solo se encontraba un equipo integrado por un médico y un enfermero, puesto que no hay otro de relevo”, pese a existir una población superior a los 10.000 habitantes y dos autovías cercanas. Posteriormente, la víctima se dirigió al cuartel de la Guardia Civil donde interpuso una denuncia.

El sindicato, que condena los actos violentos acaecidos en el PAC de Madridejos, así como los ocurridos en la madrugada del martes en el PAC de la calle Pío XII de Ciudad Real, lamenta que el centro sanitario de Toledo, dependiente de la GAI de Alcázar de San Juan, “carezca de personal de vigilancia e insiste en la necesidad que todos los centros de salud de la región dispongan de él para evitar situaciones tan lamentables como las vividas el pasado domingo”.

“No podemos consentir que se sigan produciendo este tipo de actos violentos y que las agresiones queden impunes. Hay que poner fin a esta lacra definitivamente”, apunta la presidenta del sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.

El Sindicato de Enfermería (SATSE) también ha mostrado su más absoluto rechazo a la agresión sufrida por un enfermero en Madridejos.

Para SATSE es “intolerable que los profesionales sanitarios continúen sufriendo agresiones, ya sean físicas o verbales, cuando están trabajando para ofrecer la mejor atención sanitaria posible a los ciudadanos”. Por ello, vuelve a demandar al Sescam una respuesta firme y que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para evitar este tipo de incidentes en los centros sanitarios.

El sindicato insta a los profesionales sanitarios a que denuncien todas las agresiones, tanto físicas como verbales, como mejor instrumento para disuadir a los posibles agresores, así como para que se refuercen las medidas de seguridad en los centros, ante el clima de inseguridad que sufren los profesionales durante el desarrollo de su trabajo.

SATSE reclama una norma que garantice una actuación conjunta y coordinada (prevención, formación, información y atención) en los servicios de salud de todas las comunidades autónomas para acabar con las agresiones a los profesionales.

Apertura del Plan Perseo

La víctima, que tuvo que ser atendida por su propio compañero al sufrir una crisis de ansiedad, ha abierto también un Plan Perseo; documento con el que se pretende prevenir, proteger y combatir el fenómeno de la violencia hacia los trabajadores, bienes y usuarios del SESCAM.

La Central Sindical lamenta que, a día de hoy, la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Alcázar de San Juan, a la que pertenece el PAC de Madridejos, aún no se ha puesto en contacto con la persona agredida, pese a haber iniciado este trámite.

Por ello, el sindicato solicita que, llegado el caso de juicio, la GAI de Alcázar de San Juan se persone como acusación particular. Por otro lado, que se lleve a cabo expediente sancionador al amparo del Decreto 74/2024 de 29 de octubre. Además, se establezca un sistema por el que acuda un vigilante de seguridad cuando se pulse el botón antipánico, a fin de proteger a los trabajadores tal y como existe en las Gerencias de Puertollano y Guadalajara.

En los ambulatorios de Osakidetza, el personal de enfermería resuelve ya el 74,1% de los casos leves de la población adulta y el 57,7% de los niños en edad pediátrica. En 2024, atendieron a 441.334 pacientes, más de seis veces más que los 70.574 de 2019, cuando se puso en marcha un nuevo modelo de atención primaria en el Servicio Vasco de Salud. Estos datos figuran en un informe enviado al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez tras una solicitud realizada por la portavoz del PP, Laura Garrido.

Osakidetza explica que la pandemia condicionó la implantación de este modelo, aunque lo da por “estabilizado” ya desde 2023. Los porcentajes de casos resueltos sin personal médico se corresponden con una “aplicación segura de los protocolos” y existen “criterios de derivación” en caso de necesidad, argumenta el Servicio Vasco de Salud. “La enfermería atiende síntomas de catarro, dolor de garganta, fiebre, diarrea, náuseas y vómitos, tapón de cerumen y síntomas urinarios de la mujer”, explica el informe.

El sindicato Satse, mayoritario en Osakidetza, añade que este personal lidera también curas, otras atenciones o programas de salud pública como los de deshabituación del tabaco. Amaia Mayor señala que prácticamente no hay casos que no sean actos administrativos (bajas) o pacientes con enfermedades crónicas que sean atendidos de saque por personal médico. Por ello, aprovecha para poner en valor la figura de este colectivo. “No podemos mentir y decir que desde 2019 no hay más recursos. Pero evidentemente no se han multiplicado por seis”, señala Mayor, la responsable de Satse en Euskadi.

Esta organización insiste en demandar que, como los médicos, los enfermeros tengan un “cupo” con un tope de pacientes y que varíe en función de su tipología. “No es lo mismo ser enfermera de pediatría en Miribilla, un barrio joven de Bilbao, que en Bilbao La Vieja. Y al revés con las de adultos. El colectivo médico lo tiene y se mide mejor la carga de trabajo”, señala Mayor.

Este mismo informe hace también un repaso a las demoras en atención primaria. En febrero de 2025 la media general era de 1,4 días. En este dato se incluyen todos los territorios -con una variabilidad importante- y todas las tipologías de citas, las pediátricas, las de cabecera, las de enfermería y las administrativas. El dato es idéntico al de febrero de 2023, por ejemplo. Y mejor que el de junio de 2024, cuando llegaba a 1,7. En noviembre de 2022 estaba en 1,9.

Las zonas que están por encima de la media son Vitoria, Bilbao, Barakaldo y Sestao, la comarca sanitaria en torno al hospital de Usansolo -que abarca desde el norte de Álava hasta el interior de Bizkaia-, el Bidasoa (Irún y Hondarribia), el Alto Deba (Arrasate-Mondragón y su zona de influencia) y Donostia. La zona de Debabarrena (Eibar, Ermua, Elgoibar o Mutriku) es la más rápida, según estos datos. Es la única con un promedio por debajo de las 24 horas.

Dentro de cada zona, los datos encierran diferencias importantes. En Vitoria, por ejemplo, la media es de 1,6 días de demora en atención primaria, pero son 2,7 para un médico de familia, 1,3 para pediatría, 0,7 para enfermería y 0,3 para administración. En el caso de Bilbao, la media es de 1,5, con 2,4 para un médico de cabecera, 0,9 para enfermería, 0,8 para pediatría y 0,1 para administración. Y en la tercera de las capitales, en Donostia, la media es también de 1,5 pero los facultativos tardan 2,7 días, por 0,9 de pediatras, 0,7 de enfermeros y 0,3 de administrativos.

El consejero Alberto Martínez y, por extensión, el Gobierno de Imanol Pradales ha logrado ya este viernes una de las fotografías que más anhelaba, la firma de un pacto de salud que marque una 'hoja de ruta' para mejorar la Sanidad vasca, una de las grandes preocupaciones ciudadanas y que se había convertido en un elemento de desgaste para el anterior Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Fue el primer gran reto fijado hace un año, cuando arrancó la legislatura. “Es un día importante. De significado especial”, ha querido solemnizar el propio Martínez a los medios de comunicación antes incluso de entrar a la reunión definitiva de este foro; “Histórico”, ha aplaudido mediada la mañana. “Es evidente que estamos ante un proceso inédito. No tiene referentes internacionales”, ha agregado al final de la larga jornada.

Sin embargo, en la impresión de la fotografía se han velado algunas zonas, sobre todo en la parte izquierda de la imagen, y el resultado final ha quedado borroso para muchos. El pacto, desde luego, no ha llegado con la unanimidad que se pretendía y que se publicitaba casi desde el mismo arranque. Y, aunque en los textos hay bases con amplio consenso, eso no se ha traducido en la firma. Ni mucho menos. En la imagen final no están ni la principal fuerza de la oposición (EH Bildu), aunque con matices porque sí ha firmado quedarse para hacer seguimiento del acuerdo, ni la coalición que gestiona el Ministerio de Sanidad (Sumar), ni el sindicato mayoritario de Osakidetza (Satse) ni tampoco las otras centrales que quedaban sentadas (UGT, CCOO y SME) con la excepción de la pequeña SAE, la octava fuerza, ni el resto de centrales (ELA, LAB y ESK). Con el consejero Martínez quedan los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, el PP y la patronal Confebask, así como otros agentes, como colegios profesionales, universidades o asociaciones de pacientes.

El peso de la privatización o externalización de servicios ha generado controversia en las últimas semanas y ha terminado por convertirse en el punto más difícil de encajar. El Gobierno ha insistido en que no hay en Europa sistema público con menos peso de lo privado que el vasco. Sitúa por debajo del 6% ese indicador, en el entorno del 5,6%. Y, a modo de argumentario, ha usado el concepto “colaboración público-privada” frente al de “privatización” y ha indicado que las entidades privadas que operan en Euskadi son Cruz Roja o Matía, orillando que en plena negociación de este pacto, por ejemplo, el propio Gobierno ha tenido que rescindir las adjudicaciones a Grup La Pau por graves irregularidades en el servicio externalizado de ambulancias de Bizkaia y de Álava o que se ha desistido del gran proyecto de almacén de Iurreta, valorado en 129 millones de euros. Es más, el propio foro introdujo estas cuestiones -y también una alerta por el incremento de los seguros privados- en un primer documento de “diagnóstico” del estado de las cosas que se trabajó al comienzo de este largo proceso.

El foro se inició en septiembre, a los tres meses de estrenado el Gobierno. Arrancó en Bilbao, en el mismo edificio de la EHU que ha acogido la última de las once reuniones de la mesa de salud. Entonces se prometieron resultados para marzo de 2025, un plazo sobradamente sobrepasado. Finalmente, el dictamen sobre la privatización ha contado con 20 votos a favor y 6 en contra. Confebask sí lo ha apoyado aunque introduciendo un matiz “crítico” por motivos evidentente contrarios a los de sindicatos y organizaciones de izquierdas.

Este documento ha tenido un recorrido muy tortuoso y ha sido la clave del resultado final. El grupo de trabajo que comandó la redacción aprobó una primera versión que aludía a la publificación de servicios pero el Gobierno forzó su modificación al entender que una minoría (EH Bildu, Sumar, Satse, LAB, CCCO o UGT, los que luego se han ido marchando) había impuesto su criterio a una mayoría. Se planteó otra redacción en la que, como gran objetivo, se fijaba que el reto era mantener y no superar ese umbral del 6% de externalizaciones. Finalmente, tras el pulido con las enmiendas, se ha optado por una redacción en la que el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno, ha mediado para que se recoja que se “priorizará” el servicio mediante “medios públicos y propios” y que solamente se contemplará la externalización si implica “valor añadido”, según las fuentes consultados. Sin embargo, eso no ha terminado de acercar posturas. De hecho, UGT, por ejemplo, ha apoyado 22 de los 24 apartados en los que se subdivide el pacto pero ha considerado que las diferencias sobre la privatización eran nucleares e imposibilitaban la firma.

El Gobierno invitó al foro a partidos de la oposición -salvo a Vox-, a sindicatos, a la patronal Confebask, a universidades -salvo Euneiz-, a colegios profesionales y a otras entidades del ámbito sanitario. Fueron una treintena en total los participantes, que luego han ido sumando expertos hasta llegar a los 550 en estos meses. De hecho, el Ejecutivo ha invitado a muchos de ellos a explicar a los medios cómo han apoyado el pacto frente a la cascada de comparecencias de quienes lo rechazaban, que tenían especial en comentarlo con la prensa. Entre los aliados del Gobierno han tomado la palabra los colegios de enfermería, de biología o de veterinaria, las universidades EHU, Deusto y Mondragon o los farmacéuticos y los fisioterapeutas.

Pero, más allá de que más agentes han firmado que los que no lo han hecho, cualitativamente el resultado de este largo viernes en Bilbao ha sido el de la salida de EH Bildu y Sumar en el plano político y de un puñado de sindicatos. En detalle, ELA, principal sindicato vasco, optó por no participar desde el principio. En el camino se cayó ESK y a última hora, este jueves, también LAB. Este viernes, finalmente, han decidodo no firmar Satse -que ganó las elecciones en Osakidetza en otoño-, el Sindicato Médico de Euskadi, CCOO y UGT. La patronal Confebask y el PP -aunque con críticas en buena parte del documento- sí han optado por adherirse.

“Esta mesa no es el Parlamento Vasco. Tampoco es la mesa sectorial [con los sindicatos]. Pero, con su imperfección, creo que merece un reconocimiento”, ha respondido Martínez sobre el resultado final. Preguntado por los periodistas por si la mesa queda “coja”, el consejero ha respondido que no, que es robusta, “viva” y “consolidada”. El consejero Martínez ha puesto en valor expresamente al pequeño sindicato SAE y ha deslizado que ha recibido “mensajes de responsables políticos a nivel nacional” [por España] felicitándole por el pacto. Sumar dirige el Ministerio de Sanidad. “Es un hito”, ha enfatizado.

El cambio en euskera

La división no solamente se ha dado en el punto sobre el peso de la privada en la Sanidad vasca. También el documento sobre euskera ha precisado ajustes 'in extremis' y ha recibido críticas. Así, la redacción final elimina una referencia como “amenaza” de las sentencias judiciales que están anulando exigencias de euskera en convocatorias públicas -es algo que divide a PNV y PSE-EE a un nivel más alto- y se rebaja la exigencia del nivel C1 -el quinto de seis en el marco europeo- en Osakidetza. También se retira que sea “mérito adicional” no el conocimiento sino la utilización de la lengua vasca en el trabajo en Osakidetza. Este apartado, de hecho, es el que menos apoyo ha recibido de los 24 que componen el pacto, 18 votos a favor. La EHU, por ejemplo, lo ha considerado claramente insuficiente y el PP claramente exagerado.

De los 26 agentes que se han quedado hasta el final, solamente han secundado como una sola voz lo relativo a “innovación organizativa”. El documento final del pacto es un gran volumen encuadernado de unas 500 hojas en ambas lenguas oficiales. En él hay también algunos apuntes de última hora para mejorar la coordinación con la EHU, una voluntad de reforzar la atención primaria y referencias a la salud mental, a los cuidados paliativos o la cronicidad.

La “ilusión” del Gobierno

El consejero Martínez, lleno de “ilusión”, ha explicado a los medios de comunicación ya hacia las 11.30 horas, que había fumata blanca, que los 24 bloques del pacto de salud quedaban aprobados. Ha mencionado un “consenso amplio”. También que ninguno de los puntos ha estado en riesgo a pesar del ruido exterior, que ha atribuido a la facilidad de oposición y sindicatos de tener voz en los medios de comunicación. Sin embargo, en las siguientes horas se han ido conociendo los 'noes' de muchos agentes con peso.

“Hemos discutido pero también hemos acordado”, se ha congratulado el consejero, que ha agradecido las aportaciones de todos los agentes, incluso de los más críticos. “Se lo debíamos a la sociedad vasca. Es un acuerdo histórico para Euskadi; un acuerdo histórico para Osakidetza”, ha manifestado. La viceconsejera Lore Bilbao se ha expresado en términos similares en euskera. Ella y el consejero han comparecido una veintena de veces cada uno durante estos meses.

El Gobierno ha dejado claro que con la fotografía no termina el recorrido del pacto de salud. De hecho, ahora se abre la fase más relevante, la de aplicar las medidas previstas. Se creará un marco de seguimiento. De hecho, ya se anunció para abril de 2026 una reunión en la que, entre otras cuestiones, se hará un descargo sobre la situación relativa a lo público y lo privado. Martínez entregará el dictamen final al lehendakari, según ha indicado. “Este pacto es un éxito. Es un acuerdo histórico”, ha recalcado también el portavoz del PNV, Jon Aiartza, un partido que ha querido dar máximo realce al anuncio.

El PSE-EE, el socio de Gobierno, también ha destacado el “consenso” suscitado en el pacto y el trabajo “serio” y “alejado” de los focos en la “mayoría” de casos, en palabras de Ekain Rico. Los socialistas han defendido sus enmiendas para rebajar las exigencias de euskera porque la “defensa de los derechos lingüísticos” tiene que hacerse “sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores y de los estudiantes”. También entendían inapropiado “en un Estado de Derecho” que se planteara como “amenaza” el control judicial. Los socialistas, eso sí, han demandado al Gobierno que apliquen las medidas. “No es el final de nada. Es el principio de todo”, ha subrayado Rico.

Las críticas de la oposición

EH Bildu, ante los medios de comunicación, ha enfriado la “ilusión” del Gobierno. “Nos dicen que hay un acuerdo pero, ¿qué acuerdo? Aquí no hay acuerdo”, ha lanzado Rebeka Ubera, que ha acusado al Ejecutivo de haber querido cerrar “deprisa y a toda velocidad” todos los textos pero “sin hacer bien los deberes” y con una dinámica de trabajo poco “transparente”. En el caso de la principal fuerza de la oposición, finalmente ha votado a favor de menos de la mitad del pacto, 11 de 24 textos. En ocho apartados ha dicho 'no' y en cinco se ha 'abstenido'. Y Ubera ha precisado que no iban a estar en la fotografía final.

“Hay desacuerdos importantes en personal, cartera de servicios o en lo público-privado. Es una pena cómo se va a cerrar este proceso. Parece que se quiere instrumentalizar esta mesa. No hemos participado para eso y no vamos a estar para eso. Nuestro compromiso es total con el trabajo. Ahí vamos a estar. Pero no vamos a estar en esa foto que quieren vender. No vamos a estar”, ha insistido Ubera.

A lo largo de la mañana ha habido cierta confusión con la decisión final de EH Bildu. Fuentes de la formación han recalcado que “no han firmado” el pacto aunque sí deseen continuar “trabajando” en la mesa de seguimiento. Esto ha sido utilizado por otras voces para no incluir a la principal fuerza de la oposición entre los disidentes, pero esto ha sido claramente desmentido por fuentes de la coalición.

Desde el PP, Laura Garrido ha querido “poner en valor” el pacto, aunque la realidad es que no han secundado diez de los 24 subgrupos, con siete abstenciones y tres 'noes'. Ha señalado que el pacto era una idea de su partido en el programa electoral, retomando el 'Osasuna zainduz' de hace tres décadas, porque “la Sanidad vasca estaba en una situación muy delicada”. Eso sí, ha matizado que la “metodología” ideada por el Gobierno “no ha sido la más adecuada”.

El PP ha rechazado duramente, por ejemplo, el bloque sobre política lingüística incluso después del cepillado -“en un escenario de falta de profesionales, no nos podemos mantener el lujo de mantener la exigencia del euskera en los niveles que se exigen y se va a seguir incidiendo en los mismos errores”-, la propuesta sobre atención sociosanitaria y el informe “ideológico” sobre cuidados al final de la vida. Garrido, en todo caso, ha asegurado que no se quieren quedar fuera del acuerdo y ha demandado que “ahora llega lo importante”, la de aplicar de modo “exhaustivo” las medidas acordadas. Y ha reclamado “protagonismo” para los firmantes en el “seguimiento”, para que el foro no quede en una fotografía. “Estaremos vigilantes”, ha manifestado.

“No vamos a firmar este pacto de salud”, ha señalado, de su lado, el portavoz de Sumar, Jon Hernández. Para el parlamentario, no basta con fijar un porcentaje cuando lo “nuclear” es que, a su juicio, no hay una apuesta unívoca por lo público sobre lo privado. “Que nadie haga negocio”, era su deseo. Vox no fue invitado de saque al foro en aplicación de un cordón sanitario a la ultraderecha.

Entre los sindicatos, Satse avisa de problemas en “aspectos estructurales” en el documento final. Sin consenso en políticas de personal, en la cartera servicios o en torno a la privatización no hay mimbres para suscribir el pacto. En parecidos términos se ha expresado CCOO, por ejemplo, aunque en su caso ha añadido críticas a las exigencias de euskera.

El SME, entre otros aspectos, entiende que “la problemática compleja que afecta al colectivo facultativo, sobre todo en la falta de profesionales, ha quedado totalmente diluida entre otros aspectos del texto”. Desde fuera de la mesa, ELA ha interpretado que el pacto ha sido “un año perdido” y un “intento de maquillar los graves problemas de Osakidetza y aparentar que se ha estado trabajando en medidas estructurales que no son tales”.

Enfermeras y fisioterapeutas se han sumado hoy a las concentraciones impulsadas por el Sindicato de Enfermería, SATSE, en los hospitales de las cinco capitales de Castilla-La Mancha, para manifestar su indignación por el recorte salarial que sufren en sus dos pagas extraordinarias y que les supone cobrar unos 700 euros menos de media al año.

A las puertas de los hospitales General de Albacete, General de Ciudad Real, Virgen de la Luz de Cuenca, Universitario de Guadalajara y Universitario de Toledo los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) han coreado distintas proclamas como “de mi extra ni un euro”, “Mi extra no se toca” o “es mi sueldo, es mi derecho”.

De esta forma, enfermeras y fisioterapeutas han visibilizado su profundo rechazo a una discriminatoria y perjudicial realidad que llevan padeciendo desde ya hace 15 años. En total, son 30 pagas ya recortadas y cerca de 11.000 los euros que ha perdido el profesional que ha trabajado ese tiempo.

Los manifestantes han puesto “nombres y apellidos” a los responsables del recorte a sus pagas extra. José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, presidentes del Gobierno desde 2010, son los “comepagas” que han permitido que las sucesivas leyes de PGE no hayan incluido la recuperación del cobro íntegro de las pagas.

“No han movido ni un dedo”

En las concentraciones se recordó que la crisis económica fue el argumento esgrimido por Zapatero para imponer este recorte salarial y, a pesar de ir mejorando con el paso de los años, Rajoy y Sánchez no han querido tampoco recuperar este derecho laboral. Lo mismo ha sucedido con los partidos políticos que podrían haber enmendado las cuentas públicas y “no han movido ni un dedo”, apuntan.

También se incidió en el hecho de que, mientras las pagas extra siguen “parcheadas”, el coste de la vida se ha disparado en los últimos años, suponiendo una pérdida de poder adquisitivo para estos profesionales sanitarios de en torno a un 20 por ciento. A modo de ejemplo, el precio del litro aceite de oliva virgen extra cuesta más del doble desde 2010, pasando de 2,80 a 6,5 euros.

Estas concentraciones, que se suman a otras realizadas también en hospitales y centros de salud del resto de autonomías, son una más de las acciones que SATSE está realizando en todo el Estado, bajo el lema “de nuestra extra, que no se coman ni un euro”. Otras actuaciones son el reparto de cartelería y octavillas a todos los profesionales y reuniones y contactos con responsables públicos y políticos.

“Hasta 15 nuevas generaciones de enfermeras y fisioterapeutas no han visto una paga íntegra en su vida laboral y no queremos ya más excusas. No vamos a permitir que se quieran seguir haciendo fotos con nosotros para vender en los medios de comunicación lo buena que es la sanidad y sus profesionales y que luego minusvaloren nuestro trabajo”, subrayan desde SATSE.

Las pagas extraordinarias son un complemento retributivo al que tiene derecho todo trabajador y que, en el caso de los que desarrollan sus servicios en el sector privado, cobran de manera íntegra. “¿Por qué no ocurre lo mismo en el sector público?”, se preguntaron los manifestantes.

Otro aspecto destacado en las concentraciones fue que, con este recorte, el Gobierno está vulnerando leyes, como el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen que el sueldo base y trienios de las pagas extras deben tener un importe igual al de una paga mensual.

SATSE también ha denunciado que, en un país donde los casos de corrupción, malversación y despilfarro de dinero público siguen siendo habituales, resulta aún más indignante que no se quiera devolver a enfermeras y fisioterapeutas lo que les pertenece por derecho.

“Mientras se han rescatado bancos, financiado obras faraónicas, pagado sobresueldos o contratado a cientos de asesores, a nosotras nos han mantenido injustamente el recorte en nuestras pagas extra desde el año 2010”, han resaltado.

Osakidetza adjudicará finalmente 173 plazas de difícil cobertura en la última OPE de atención primaria, 30 más de las inicialmente previstas, una medida con la que se pretende contribuir a solucionar “parte del problema de la escasez de profesionales en los centros de salud”. La medida ha sido planteada este miércoles en la reunión de la mesa sectorial, en la que también se ha aprobado el nuevo modelo de OPE con el apoyo de los sindicatos Satse y Sindicato Médico, según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

En la reunión, se han dado a conocer los criterios de identificación de las plazas de difícil cobertura, que son aquellas que, por distintas circunstancias, resultan menos atractivas para los profesionales y que, por lo tanto, cuesta adjudicar los procesos selectivos ordinarios. Concretamente, los criterios de las plazas de difícil cobertura, que cuentan con el visto bueno de Sindicato Médico, se aplicarán a las siguientes categorías: Medicina de Familia y Comunitaria de Atención Primaria, Pediatría de Atención Primaria, Psiquiatría de Atención Primaria-Extrahospitalaria y Psiquiatría Infantil de Atención Primaria-Extrahospitalaria.

De esa forma, para los puestos funcionales de Medicina de Familia y Pediatría, se consideran plazas de difícil cobertura aquellas cuyas jornadas de trabajo sean de tarde o tarde con agenda abierta a mañana y las que tengan jornadas de trabajo de mañana, pero modificables a distintos horarios. También tendrán esta consideración las plazas adscritas a Puntos de Atención Continuada (PAC), a los consultorios, a unidades penitenciarias y a más de un centro de trabajo. Por su parte, se consideran plazas de difícil cobertura la totalidad de las plazas de Psiquiatría y Psiquiatría Infantil en el ámbito de la Atención Primaria- Extrahospitalaria.

En total, se ofertarán 173 plazas de difícil en la OPE de Atención Primaria, 30 más de las inicialmente previstas. Las plazas están distribuidas de la siguiente manera: 133 de Medicina de Familia, 22 de Pediatría, 12 de Psiquiatría y 6 de Psiquiatría Infantil. Más de 800 personas se han inscrito en esta OPE, que Osakidetza prevé resolver a lo largo del mes de julio para que las personas seleccionadas puedan incorporarse cuanto antes a los centros de salud.

La contratación de puestos específicos de difícil cobertura es una de las grandes prioridades del Departamento de Salud y de Osakidetza para la presente legislatura. Además, Osakidetza está a punto de culminar la adjudicación de más de 7.000 plazas dentro de la OPE estabilización y la ordinaria de los años 2020-2021-2022, y que ha puesto en marcha un 'Programa de Rejuvenecimiento y Fidelización' para poder ofrecer contratos de larga duración y condiciones salariales atractivas a los residentes MIR que terminan la formación este verano.

Por otra parte, Osakidetza ha aprobado este miércoles en la mesa sectorial, con el apoyo de Satse y Sindicato Médico, el nuevo modelo de OPE, que se aplicará a los procesos selectivos que se celebren a partir del año que viene. El nuevo modelo tiene como principal objetivo agilizar dichos procesos, y contempla entre las medidas principales la realización de un único examen, mediante la fórmula de batería de preguntas, y la convocatoria de OPE cada tres años, manteniéndose el 'ranking' de aspirantes durante este periodo de tiempo para que puedan adjudicarse en ese orden las plazas que se vayan generando año a año.

La mesa de Salud que sienta a Gobierno de Imanol Pradales, oposición, sindicatos, universidades, colegios profesionales y otros colectivos para tratar de alumbrar un pacto para mejorar Osakidetza ha dado finalmente una nueva redacción al apartado sobre privatizaciones en la Sanidad pública, como deseaba el equipo del consejero, Alberto Martínez, después de una tensa reunión la pasada semana. Así, el documento final incluirá una reflexión sobre la “colaboración público-privada” en la que se planteará no incrementar el porcentaje actual de externalizaciones, que se ubica en torno al 6%, según los datos del Ejecutivo, pero no recogerá la versión inicial de revertirlas como demandaban organizaciones de izquierda como EH Bildu y Sumar en lo político pero también sindicatos como Satse, UGT, CCOO o LAB, entre otros grupos.

Este acuerdo, en todo caso, no despeja para nada el futuro del anhelado pacto que se quiere escenificar ya que aunque objetivamente sí incorpora bajo la manta del consenso a nuevos agentes que no estaban de acuerdo con la primera redacción excluye a quienes la plantearon de saque. De hecho, muchos de ellos han enviado un comunicado conjunto en el que acusan al resto y singularmente al Ejecutivo, como dinamizador de la mesa, de haber modificado “unilateralmente” formulaciones ya acordadas.

Para comprender el alcance de la polémica hay que conocer el funcionamiento del foro. Se constituyó en septiembre y prometió medidas en seis meses. Se acumulan ya tres meses de retraso. Inicialmente, se elaboró un diagnóstico del estado de salud de la Sanidad vasca. Ahí ya hubo discusiones sobre el peso de la privada. Después llegó una fase intermedia y ahora se buscan medidas concretas. Para ello, se crearon 24 subgrupos de trabajo especializados en otras tantas materias. Y el relacionado con lo “público-privado” ha terminado por mostrar las costuras.

El grupo ya se reunió y votó un texto impulsado por siete organizaciones que demandaban ir reduciendo el peso de las privatizaciones, por ejemplo en la contrata de ambulancias. Sin embargo, la coordinadora de la mesa, un alto cargo del equipo de Martínez, interpretó que esa votación no era concluyente porque faltaban agentes cuando se produjo. El Gobierno y el PNV plantearon no dar por bueno ese texto y lanzaron una alternativa más genérica y cuya plasmación pasa por adquirir el compromiso de no superar ese 6%. El consejero Martínez insiste en que no hay sistema con menos peso de la privada que el vasco.

En la sede de Lakua del Gobierno, este martes, tuvo lugar una reunión de más de cuatro horas -con asistentes por vía telemática también- para volver a discutir el asunto. Finalmente, se sometió a votación el texto planteado por el Ejecutivo y de nuevo el ya aprobado días atrás. El resultado es que 15 entidades votaron 'sí' al del Gobierno, con dos votos en contra, una abstención y seis personas que no participaron, en su mayoría quejosos por tener que repetir la toma de decisiones de algo ya previamente decidido. En la segunda votación, la del texto vigente, hubo nueve 'síes', los mismos 'noes' y una abstención.

Se ha dado el 27 de junio como fecha de referencia para la firma del pacto de salud. Sin embargo, EH Bildu, Sumar (representada por IU), Satse (que es el principal sindicato de Osakidetza), LAB, UGT, CCOO y los colegios de trabajo social alavés, vizcaíno y guipuzcoano rechazan “rotundamente” el planteamiento que se hace y, sobre todo, “que se ignoren o sustituyan propuestas acordadas por el grupo solo porque no son del interés del Gobierno o de Confebask”, la patronal empresarial. “Consideramos que el proceso del pacto de salud ha llegado a un momento muy delicado, y que lo que toca ahora es, más que nunca, poner negro sobre blanco el compromiso para reducir la privatización y recuperar la autosuficiencia del sistema público de salud”, insisten.

Formalmente, no adelante aún un rechazo a entrar en el pacto pero sí que mantienen la necesidad de “impulsar acciones que busquen el fortalecimiento de una Osakidetza pública y de calidad”. “Por lo tanto, en la fase de enmiendas que ahora comienza, pondremos todo nuestro empeño en introducir medidas que frenen los efectos de la privatización, avanzar hacia una publificación real del sistema y recoger pronunciamientos concretos, más allá de los análisis efímeros, los tópicos y los discursos vacíos de compromisos reales”, señalan estas organizaciones.

Los recortes de cada verano

Por otro lado, se han conocido ya los recortes en los ambulatorios propios de cada verano por la ausencia de personal por los turnos de vacaciones. El Gobierno asegura que mantendrá los horarios habituales en el 63% de los centros de salud, lo que implica reducciones en un 37%. El patrón general es menos horas de apertura -los que cierran a las 20.00 horas lo harán tres horas antes- pero se admite que se darán “cierres puntuales” en algunos supuestos. Son 211 los que componen la red.

Osakidetza insiste en que el plan también se justifica por la “menor demanda de servicios, una vez superado el invierno” pero la realidad es que estos recortes se aplican igualmente en Navidad, por ejemplo, en pleno pico de enfermedades respiratorias. La Administración insiste, eso sí, en que la atención está perfectamente garantizada fuera de los horarios de apertura con los PAC (puntos de atención continuada) o servicios de Urgencias. Los horarios detallados están en la web de Osakidetza y se ofrece también información por vía telefónica.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, continúa persuadido de que en junio podrá cerrar un gran pacto para mejorar Osakidetza en la mesa que sienta al Gobierno con partidos, sindicatos, universidades, colegios profesionales y otras entidades, uno de los grandes compromisos iniciales en la legislatura de Imanol Pradales. Y eso que la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, ha exhibido en la reunión de este miércoles -la octava de este foro- ciertas discrepancias de forma por la “metodología” para fraguar los acuerdos y de fondo al entender que ha de quedar clara la priorización de la Sanidad pública sobre la privada. También el PP, Sumar, Satse o LAB han sido críticos.

En la fase actual de los trabajos, se han creado 24 subgrupos para lanzar propuestas y objetivos en otras tantas áreas de Osakidetza. La pasada semana se presentaron las conclusiones de ocho y esta semana de otros seis. Quedan diez y, además, los documentos como tales no están aprobados por la mesa aunque Salud insiste en que tienen mucho consenso detrás. Uno de los más relevantes y que sí concita adhesiones, según varias fuentes, es el relativo a la mejora de la atención primaria.

La doctora Magdalena Presmanes, una de las coordinadoras del dictamen sobre primaria, ha explicado a los medios de comunicación que hay voluntad compartida de lograr un “fortalecimiento” de este ámbito, que tiene que ser mucho más allá de la “puerta de entrada” a Osakidetza para convertirse en un eje integral de cuidados. Esta profesional ha destacado la importancia de incorporar nuevos perfiles a los ambulatorios, desde psicólogos, ópticos o nutricionistas hasta administrativos especializados en el ámbito sanitario que vayan más allá de la burocracia. “No todo se resuelve con la bata blanca. Tenemos mucha cultura medicocentrista. La expertía en muchas cosas no está en la medicina. Cada uno desde su perfil puede aportar mucho”, ha indicado también Presmanes.

También ha apuntado a la “importancia de mantener equipos estables” porque la “continuidad asistencial”, que siempre te vea el mismo profesional e idealmente “desde el nacimiento hasta la muerte”, también cura. Se busca una atención primaria “proactiva” y no tanto “reactiva” imbricada en la prevención en su comunidad y que tenga formación continua para hacer frente a retos como la cronicidad, la violencia de género, la desprotección de los menores, la soledad, las consecuencias de los procesos migratorios indeseados o la salud mental.

Preguntada por las dificultades que atraviesan los ambulatorios de Osakidetza, no ha negado los problemas por la escasez de personal y ha admitido que el verano será “apretado”. Es ya una costumbre que haya recortes horarios generalizados e incluso cierres. Pero ha señalado que aunque haya percepción de empeoramiento de la calidad y aunque “las listas de espera sean mejorables”, “en las distancias cortas, en general, los pacientes están satisfechos” cuando salen del ambulatorio. “Es cierto que tenemos dificultades, que tenemos menos profesionales y que para dar respuesta tenemos que lidiar con lo que tenemos. Pero más allá de ese discurso del 'mi médico no está', en general, la satisfacción de los pacientes es alta”, ha insistido.

Presmanes ha avisado también de que el centro de salud no puede convertirse en una urgencia extrahospitalaria ni pretender que atienda todo al instante. Se han presentado, asimismo, las conclusiones sobre las mejores necesarias en salud mental y aquí también se ha pedido descongestionar -“bajar la presión”, según palabras textuales- el sistema. Hay problemas importantes que “no son patologías” y que se pueden tratar en otros ámbitos, ha apuntado el dinamizador de este subgrupo, Rafael Segarra. Ha sido muy claro: “El problema de la soledad no se trata con una pastilla. El problema de las diferencias conyugales no es un problema de salud. Como tampoco un profesional de la salud mental puede mejorar un contrato laboral o hacer que el jefe desaparezca”.

En el resto de bloques, se ha incidido en las patologías “tiempodependientes”, es decir, en aquellas que son críticas cuanto más tiempo tardan en ser atendidas, como los ictus e infartos. Se ha abogado por reducir la brecha entre la cobertura en las capitales y en la zona rural y también por formar a escolares en el uso de desfibriladores o en técnicas básicas de reanimación. Asimismo, se ha planteado también tener sensibilidad en el final de la vida, “empoderar” a las personas en ese momento vital para que decidan su muerte con “dignidad”. Se ha planteado un observatorio sobre la materia aunque, en febrero, el Parlamento rechazó una propuesta en esa línea de EH Bildu a instancias del Gobierno.

Precisamente esa formación, por boca de Rebeka Ubera, observa con preocupación el devenir de los trabajos de la mesa. La parlamentaria ha indicado que no hay un criterio común a la hora de votar los bloques. EH Bildu detecta “prisa” del Gobierno en tener el pacto -en puridad se prometió que estaría listo ya en marzo- y ha demandado “seriedad” para tejer un documento que responda a lo “mucho” que hay en juego. Por ejemplo, Ubera exige que quede clara la priorización absoluta de la pública frente a la privada, un punto “gordiano” si el Ejecutivo quiere contar en el pacto con la principal fuerza de la oposición y, por extensión con otros participantes como Sumar o LAB.

“Hacemos una lectura de que es un foro difícil. Algunos documentos, es verdad, tienen bastante consenso. Pero hay otros en que hay discrepancias. Estamos haciendo el camino. No se puede decir que haya nada aprobado”, apunta también Amaia Mayor, del principal sindicato de Osakidetza, Satse.

El Gobierno, de su lado, destaca los avances que ya se están dando. La viceconsejera Lore Bilbao, de hecho, ha calificado de “excelente” en euskera la jornada de este miércoles por los documentos presentados y porque se ha puesto al paciente en el centro de las medidas. Para el consejero Martínez este posible pacto es una “pista de despegue” y ha comprometido que al menos anualmente se hará un seguimiento para garantizar que los compromisos no queden en papel mojado. De hecho, dando por hecho que habrá acuerdo, ha indicado que esa reunión se hará coincidir con el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril.

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Castilla y León ha criticado que el nuevo Decreto por el que se desarrolla la tipología de centros de Servicios Sociales para cuidados de larga duración y se regulan las ratios mínimas de personal “no recoja la obligatoriedad de que estos centros cuenten con personal sanitario como las enfermeras y fisioterapeutas”.

Ante la publicación del borrador del Decreto en el Portal de Participación Ciudadana de la Junta, Satse ha anunciado “alegaciones” y se ha mostrado “decepcionado” porque esta norma “no garantiza que los centros cuenten con profesionales sanitarios para atender las necesidades asistenciales de los residentes”. No se puede olvidar, según el Sindicato de Enfermería que estas personas tienen, en su mayoría, un elevado grado de dependencia y requieren numerosos cuidados enfermeros y de fisioterapia.

Satse lamenta que la Junta excluya a los profesionales sanitarios de las residencias, cuando, en sus palabras, son centros sociosanitarios, que deben contar con profesionales para hacer frente a las cuantiosas demandas de asistencia que presentan los residentes de los centros de mayores y de personas con discapacidad, población muy dependiente, con varias dolencias crónicas, pluripatologías, entre otras.

La Ley aprobada en abril del año pasado, recuerdan, recogía que en el plazo de ocho meses se regularían las ratios de personal, algo que lleva a cabo la Administración con este borrador Decreto, en el que “no aparecen ni enfermeras ni fisioterapeutas”. “Se hace una mención general a los profesionales técnicos, pero no se especifica qué categorías de profesionales técnicos están obligados a tener. De esta forma, la Junta está indicando a las residencias que no están obligadas a tener enfermeras, que son los profesionales especialistas y titulados en cuidados”.

Satse alerta de que no contar con enfermeras y fisioterapeutas en los centros residenciales tiene“ consecuencias negativas para la asistencia sociosanitaria, ya que disminuirá la garantía de calidad en dicha asistencia”.

En la anterior ley, derogada, se recogía el número de horas diarias de presencia de enfermeras según el número de residentes con que contara el centro. En este sentido, por cada 25 usuarios se exigía una prestación mínima de dos horas diarias de enfermería. Adicionalmente, por cada 8 usuarios se realizaría una prestación de una hora diaria más. El actual borrador no recoge nada de esto, ha denunciado.

Satse se ha mostrado preocupado “por el nulo interés” de la Junta de Castilla y León en que las residencias cuenten con los profesionales que precisan, las enfermeras y fisioterapeutas, y exige que el Gobierno autonómico “rectifique e incluya en ese Decreto todas las categorías profesionales sanitarias precisas para estos centros”.

El Sindicato de Enfermería SATSE ha presentado un documento con recogida de firmas de las enfermeras del área quirúrgica del Hospital de Laredo ante la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y el consejero de Salud, César Pascual, para denunciar los cambios “impuestos” en el bloque quirúrgico del hospital, que tienen previsto entrar en vigor el 1 de febrero y que han causado “malestar” entre el personal.

Entre las causas principales está la apertura de dos quirófanos -que se suman a otro más que se abrió en junio 2024--, sin un aumento de plantilla enfermera, lo que obliga a la plantilla existente a “asumir importantes cambios en sus carteleras, dificultando su conciliación laboral y personal, y viendo también disminuidas sus retribuciones, al perder más de 20 noches al año”, ha indicado SATSE en nota de prensa.

Además, estos cambios suponen para el hospital “la pérdida de una enfermera del turno de noche y otra en el servicio de esterilización”. “Se está imponiendo una cartelera que, además de deficitaria, imposibilita la conciliación de la vida personal y laboral”, ha criticado la secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio.

Desde SATSE, junto con el personal de quirófano, se han propuesto opciones a la dirección del hospital, como la contratación de una enfermera más en el turno de mañana, lo que “evitaría tener que realizar cambios tan importantes y negativos para la plantilla existente”. “Solo con la contratación de una enfermera se podría reorganizar el servicio, opción que no es admitida por la dirección”, ha añadido Samperio.

Según han censurado, “las enfermeras de quirófano están sufriendo cambios constantes de turno, llegando al sorteo para cubrir las necesidades e incidencias que se producen diariamente”. “Es inadmisible que las enfermeras sufran presiones por la mala gestión por parte de la dirección del centro”, ha censurado la secretaria de SATSE.

Por esta razón, se han presentado las firmas con la voluntad de abrir un periodo de negociaciones y de intercambio de opciones entre las enfermeras y la dirección del hospital.

“Yo respeto la opinión del sindicato, que quiera aumentar la plantilla, pero el Hospital de Laredo no ha hecho nada que no esté en las ratios normales”, ha zanjado el consejero de Salud este jueves cuestionado por este asunto. Las ratios de plantillas es la de todos los quirófanos de todas partes“, ha sentenciado Pascual.

El pacto para mejorar Osakidetza, convertido en una preocupación ciudadana en los últimos años, fue una de las grandes propuestas con las que el lehendakari, Imanol Pradales, accedió al cargo en verano y una de las tareas urgentes que fijó a su consejero de Salud, Alberto Martínez. Ese foro, que reúne a una treintena de agentes entre partidos de la oposición, sindicatos, patronales, universidades o colegios profesionales, ha celebrado este miércoles en Irún su quinta reunión. Nuevamente, antes de ella, algunos medios de comunicación daban por hecho ya un acuerdo sobre el documento en el que ahora se trabaja, el de “principios y valores” del sistema sanitario, el segundo ya a la luz de la metodología de trabajo fijada por el Ejecutivo.

Pasó lo mismo hace unos meses, cuando se dio por hecho el consenso sobre el “diagnóstico” que no llegó hasta semanas después y con profundos cambios en el texto, como los relativos a la privatización. La realidad es que la cita ha terminado sin consenso pleno, hasta el punto de que el consejero ha salido de ella admitiendo en público que ha habido “un poco más de debate del previsto”. Así las cosas, aún no ha arrancado la fase resolutiva, donde se plantearán medidas concretas. La promesa era tener conclusiones para marzo de 2025 y que los cambios se empezaran a aplicar en verano, en palabras del propio Pradales.

“A los plazos iniciales no se va a poder llegar. Llevamos con los principios, que se supone que era lo fácil, dos meses y pico. La fase nuclear, que es donde van a surgir las discrepancias, no creo que dure tres minutos. Necesitaremos tiempo”, explica una de las personas participantes en el foro. En público, la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, asegura que “el Gobierno vasco debe demostrar ahora que tiene voluntad real de transformar Osakidetza más allá de meros titulares”. “En los últimos tiempos estamos viendo muchos titulares pero pocas medidas estructurales, ha señalado Rebeka Ubera, que demanda también entrar ya a la fase ”decisiva“ y que no se oculten debates como ”las puertas giratorias“, en velada referencia al reciente fichaje de la predecesora de Martínez, Gotzone Sagardui, como directora médica de una clínica privada, al igual que el salto a la privada de otro alto cargo, Mikel Sánchez. Sumar también ha rechazado el documento al entender que busca un ”consenso superficial“ sin hincar el diente a los ”cambios reales“ que precisa Osakidetza.

En el plano sindical, ya antes de la reunión LAB aseguró que no iba a ir. La central explica que no compartía ya el primer documento, el del diagnóstico, y que se “ocultó” su voto particular para escenificar un consenso inexistente. Ahora, para que no quepan dudas, no ha ido a la reunión porque se opone también al segundo documento. Eso sí, adelanta que seguirá lanzando propuestas. Satse, central mayoritaria tras las recientes elecciones sindicales, ha explicado a este periódico que toca pasar ya a ser “operativo” con las medidas y se queja de que se pretenda dar por cerrados documentos que se entregan con pocos días de margen para que sean contrastados por las organizaciones. El que se quería consensuar este miércoles llegó a todo el mundo el lunes.

Eso sí, Martínez, aunque queden flecos para consensuar un texto compartido de “principios y valores”, ha dado por iniciada ya la nueva fase. Para que sea más ágil, se formarán subgrupos de trabajo para avanzar en 17 materias que se han enumerado ya y que van desde planes oncológicos hasta la participación ciudadana en la Sanidad pública pasando por el “fortalecimiento” de la atención primaria. El consejero aboga por lograr el “máximo dinamismo posible a esta tercera fase” y ha insistido en la idea de que las conclusiones que se logren sean asumidas por todo el mundo ya que se nutren de las aportaciones de todos los agentes aunque con renuncias también en aras al entendimiento. En la nota oficial, el Gobierno habla del “primer semestre” de 2025 para tener “operativo” el pacto sanitario.

En la cuenta atrás para cerrar el año, el sindicato de enfermeras da un golpe sobre la mesa. SATSE ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el convenio laboral suscrito por el resto de órganos sindicales vinculados al sector sanitario, CCOO, UGT, CSIF y CSIT, y ha pedido nada menos que su suspensión cautelar. Aunque estas entidades suelen sentarse juntas en muchas mesas de negociación y presionan desde intereses similares para mejorar las condiciones de los profesionales en centros u hospitales, a dos días de 2025 se abre una brecha. Y afecta a un pacto que entrará en vigor nada más comenzar el año.

SATSE ha acusado al resto de sindicatos firmantes de “plegarse” a los intereses de la administración regional, y reprocha que hayan sido partícipes de un cambio que hará que las enfermeras o los fisioterapeutas “cobren hasta 500 euros menos en enero”. También señalan a CCOO, UGT, CSIF y CSIT por abandonar la reclamación de las 35 horas semanales al haber pactado una de 37,5 horas, según denuncian los representantes de las enfermeras en un comunicado.

El convenio laboral que abrirá paso a 2025 permanecerá al menos cuatro años en vigor, hasta el 31 de diciembre de 2028. Apuntan desde SATSE que este acuerdo pasa a “eliminar el complemento compensatorio de carrera”, un bonus retributivo que los profesionales “llevan años percibiendo”. De ahí se restaría ese medio millar de euros respecto a diciembre, indica el sindicato.

Su acusación va a más: “Parece que la hoja de ruta que han diseñado sindicatos y administración tiene como objetivo obligar al personal laboral a solicitar la estatutarización, y evitar sufrir un gran quebranto económico. Pero a la vez, lo hacen perdiendo muchos derechos alcanzados y que se han conseguido tras décadas de lucha”.

También hacen alusión a los empleados en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid que ejercen como personal laboral, y que dependen de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). “Están viendo cómo estos sindicatos han eliminado ese extra a cambio de abonar la carrera. En muchos casos, ambas cantidades se parecen tanto que la mejora será de cero o de muy escasos euros al mes”, asegura el órgano sindical, díscolo en esta cuestión respecto a los demás.

Discrepancias internas entre los firmantes

Por su parte, en Comisiones Obreras -uno de los firmantes a los que ataca SATSE- hay opiniones dispares. Fuentes de la entidad en la Comunidad de Madrid señalan que el convenio decidió aprobarlo su sector autonómico, un órgano inferior dentro de la estructura de CCOO Madrid, y que el conjunto del sindicato no está de acuerdo e incluso ha pedido revisar el pacto, ya en firme.

El pasado 28 de diciembre emitían un comunicado a este respecto en el que anunciaban que, una semana antes, habían exigido eliminar algunos acuerdos del próximo convenio colectivo: los que quebrantaran “derechos fundamentales y laborales básicos” o supusieran un “atropello a las personas trabajadoras afectadas” por el acuerdo sectorial. No se especifica cuáles en concreto.

En cambio otro de los signatarios, CSIF, reitera que es un “buen acuerdo” para los empleados públicos de la administración de la Comunidad de Madrid. “No estamos de acuerdo en que se restrinja ningún derecho, por eso lo hemos firmado todos los sindicatos con representacin”, sentencian fuentes del sindicato de funcionarios. Pero SATSE insiste: “La carrera profesional que han acordado estos sindicatos con la administración retribuye un 50% menos por el mismo concepto”.

Como ejemplo, aseguran que una enfermera del ámbito estatutario percibirá el doble que una compañera que lo hace bajo el régimen laboral. No importa si trabajan una al lado de la otra, en el mismo hospital o en el mismo servicio. Tendrán que esperar, no se sabe cuánto tiempo, hasta conocer si los tribunales coinciden o no con su reivindicación.

Satse ha ganado las elecciones sindicales de Osakidetza, unos comicios muy singulares al ser los primeros en más de una década y en los que más de 45.000 personas tenían derecho a participar. La central del enfermería es la primera fuerza con 89 delegados de 361 posibles. ELA queda como segunda fuerza con 81 y UGT ha protagonizado la mejor evolución al crecer en 12 representantes.

En concreto, Satse sube de 78 a 89 delegados, ELA pasa de 74 a 81 y LAB de 42 a 44. El Sindicato Médico de Euskadi (SME) y UGT empatan a 34. CCOO se desploma y pierde peso incluso con un aumento notable de los representantes que eran elegibles, 45. Baja de 31 a 29. Por detrás, se el acercan ESK, que crece de 18 a 29, y la candidatura corporativa de técnicos sanitarios, USAE, pasa a 23.

En un comunicado, Satse ha celebrado “un triunfo indiscutible” y haberse “consolidado” como el sindicato “mayoritario” no ya solamente en representación de las enfermeras o fisioterapeutas, sino de “otros profesionales” de Osakidetza. “Este resultado es un éxito tras una década sin que se celebre un proceso electoral y supone un impulso para continuar defendiendo los derechos laborales y profesionales del personal de Osakidetza”, agrega Amaia Mayor, secretaria general en Euskadi.

“Nos comprometemos a seguir luchando por sus derechos, porque sabemos que aún queda mucho por hacer. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que las enfermeras y fisioterapeutas tengan un papel central en el futuro modelo sanitario de Osakidetza. Exigiremos un liderazgo real, con más presencia de enfermeras en puestos de dirección, y seguiremos reclamando herramientas como las guías de prescripción colaborativa que nos permitirán desarrollar todo nuestro potencial profesional”, ha dicho Mayor. Las categorías aglutinadas en Satse suponen alrededor del 30% de la plantilla, tres veces más que los facultativos. “Queremos dar las gracias a quienes nos han apoyado con su voto, pero también a quienes han participado en este proceso electoral, porque juntas fortalecemos la democracia sindical”, ha señalado también Mayor.

ELA, por su parte, considera satisfactorio ser “el primer sindicato no corporativo”. Destaca que ha ganado en algunos ámbitos y lo ve como un “respaldo” al trabajo de estos años. La central demanda más inversión para la Sanidad pública porque “sufre problemas estructurales”. Se considera la única “alternativa” todos los demás sindicatos, que participan con el Gobierno, oposición y otros agentes en la mesa creada por el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, para articular un pacto sanitario.